Propaganda Política y Despolitización Mediática en Ecuador

8/19/2019 Propaganda Política y Despolitización Mediática en Ecuador

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Propaganda política y despolitización mediática en Ecuador: el gobierno y los medios

privados de espaldas a la ciudadanía

Por: Mauro Cerbino, Isabel Ramos, Rocío Orlando1

FLACSO, sede Ecuador

Palabras clave: Ecuador- propaganda gubernamental- medios privados, mediatización

propagandística contenciosa.

Sinopsis del Capítulo: En Ecuador en los años recientes (2007-2012) la comunicación

política ha sufrido transformaciones medulares que la proyectan como un escenario muy

distinto al de la puesta en común, el intercambio y la participación. En su lugar, desde el

gobierno se ha implementado una estrategia de mediatización propagandística contenciosa,

que apunta a la generación de discursos controlados y unilaterales, que prescinden de los

colectivos de identificación como interlocutores en la construcción del proyecto político.

Asimismo, el gobierno ha construido a los medios privados como el principal enemigo

político a combatir, generando una contienda en la que las estrategias de ambos se

despliegan en el ámbito de lo mediático, polarizando y erosionando el debate público de

ideas a nivel nacional. El resultado: el amplio espectro de sujetos que forman el tejido

social permanecen al margen de las representaciones mediáticas dominantes. En ese

marco, tanto el gobierno como los medios comerciales se verían beneficiados.

1 Agradecemos especialmente la colaboración de Lorena Plua, periodista, estudiante de la maestría en

Comunicación y Opinión Pública de FLACSO- Ecuador.


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Caracterización del escenario

En Ecuador en los últimos años, en consonancia con países como Argentina y Venezuela,

el mimetismo de la política y la comunicación mediatizada ha traspasado los pocos límites

imaginables, configurando una reinvención de la comunicación política que, desde la

llegada de Rafael Correa al gobierno (2007), presenta dos rasgos específicos: la

comunicación gubernamental cuenta con un único narrador; y está fuertemente sostenida

por un dispositivo propagandístico que impugna cierto modo de concebir la política, y de

comprender y administrar lo público, objetando el imaginario liberal de la prensa, y

denunciando su actuación política y corporativa, pero que, paradojalmente, emplea

estrategias similares a la de los medios comerciales.

Del otro lado, el gran espectro de medios, cuya naturaleza se había alejado tiempo antes

del puro ejercicio de contralor de las instituciones democráticas, perdiendo terreno en

cuanto a equilibrio y calidad periodísticos, priorizó su actoría política, al desplegar

acciones abiertamente propagandísticas y corporativistas, y al disputarle directamente la

palabra política al Ejecutivo.

De este modo, la comunicación mediatizada se ha convertido en una de las principales

líneas de conflictividad política en el país, en el contexto de vigentes reformas estatales, al

punto tal que, en las alocuciones presidenciales más importantes para la agenda de

gobierno, el Ejecutivo dedica largas intervenciones a calificar la actividad de la prensa de

“mediocre”, “corrupta”, y “representante de los intereses de la partidocracia” , llevando la

contienda incluso al ámbito de la justicia ordinaria; tema que ha tenido amplias

repercusiones internacionales y le ha valido críticas de organismos como Reporteros Sin

Fronteras (RSF) y la Relatoría para la libertad de expresión, en la Comisión Interamericana

de Derechos Humanos (CIDH).

Asistimos a un escenario inédito donde la comunicación mediatizada ha cobrado un papel

medular en los modos de configurar representaciones sobre lo social y lo político, y donde

las estrategias propagandísticas del Ejecutivo y de los medios empresariales responden a

lógicas comunicacionales similares que se despliegan en el ámbito de lo mediático. El

corolario es la degradación del debate en torno a temas nacionales y de interés público, y

una formula contenciosa polarizada donde se representan y tienen la palabra

exclusivamente dos actores del juego político (las empresas de medios y el Ejecutivo),

excluyendo al amplio espectro de sujetos que forman el tejido social. Los beneficios de

este juego de espejos se reparten de lado y lado: el gobierno capitaliza, tanto el desgaste delos medios -que en el país es de años recientes- como la erosión de la oposición política, y


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éstos venden contenidos apocalípticos y futuristas sobre un gobierno al que califican de

“autoritario” y “déspota”, posicionándose abiertamente como contendores del arco

opositor. El resultado: ganar ganar.

El dispositivo propagandístico del gobierno

Desde su llegada al poder, el Ejecutivo ha venido delineando gradualmente una estrategia

comunicacional que ha tomado cuerpo en los últimos años. Una de las críticas más

reiteradas de los sectores opositores tiene que ver con la importancia que ha adquirido la

comunicación frente a las otras áreas de gobierno. Desde esta perspectiva, el régimen

estaría instrumentando una suerte de campaña permanente, una de cuyas estrategias clave

sería, en la presente coyuntura, la confrontación discursiva y judicial con las empresas

mediáticas concentradas, con sus accionistas y con sus periodistas emblemáticos.

El gobierno cuenta con un aparato de propaganda política que hemos denominado

“estrategia de mediatización propagandística contenciosa” (Orlando, 2012), y que se

configura a partir de tres dimensiones principales.

Primero, el haber generado transformaciones más o menos profundas en el sistema

mediático nacional. Destacamos dos rasgos de la configuración del mapa mediático:

históricamente, el país se caracteriza por una matriz de formación y práctica periodísticas

forjada en los medios privados, dado que los medios públicos no existían hasta 2008.

Además, la actuación de los medios del país en defensa de intereses económicos y políticos

no es del todo novedosa. En Ecuador es conocida la guerra mediática durante los `90 entre

los medios del grupo financiero Isaías (dueño de Filanbanco y de medios como TC

Televisión) y los del grupo Egas (antiguo dueño del banco Pichincha y de medios como

Teleamazonas). Luego, durante la caída del gobierno de Lucio Gutiérrez en 2005, la

ciudadanía manifestó abiertamente su indignación contra los medios por haber dado la

espalda a las protestas.

Lo novedoso de los años recientes es que el gobierno está generando variaciones

significativas en este escenario, a raíz de tres factores fundamentales: por una parte, la

incautación en 2008 por parte de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) de medios

privados (entre ellos los canales TC Televisión, Gamavisión y Cable Noticias), que

pertenecían precisamente al grupo Isaías, acusado de corrupción y de ser el principalcausante de la crisis bancaria de 1999. La intención era que los medios fueran subastados


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para saldar las deudas vinculadas a la quiebra del banco; sin embargo, hasta la actualidad,

han funcionando en manos del estado. Otro factor de peso fue la puesta en marcha de

medios públicos estatales (televisión, radio y prensa). Desde 2008 el país cuenta con 3

medios de comunicación que funcionan bajo dicho rótulo.

En particular la creación del periódico estuvo atravesada por una gran controversia pública

pues su aparición ocurre en un momento de tensión política entre el gobierno nacional y las

fuerzas políticas y económicas tradicionales. Hasta hoy, el periódico encuentra serias

dificultades para consolidarse como medio autónomo del gobierno. Primero, el diario aún

sostiene su producción en una infraestructura obsoleta heredada de un antiguo medio. A

esta primera fuente de dificultades se agrega una segunda, situada esta vez en el plano de la

formación profesional. En su corto recorrido el diario no logró sostener procesos

formativos a periodistas bajo el concepto de periodismo público, que fueran distintos de la

cultura periodística construida por décadas en los medios privados y de los cuales proviene

la mayoría de periodistas que trabajan actualmente en el periódico. Tercero, el medio no

logró consolidar una base social de apoyo al proyecto que incluyera a organizaciones

sociales, colectivos de diversa índole y la academia. Además, el estatuto jurídico es otro

problema: el diario constituye una corporación privada; dicha condición se mantuvo

incluso luego de que el Ejecutivo declarara su voluntad de que el estado se hiciera cargo

del matutino. Un aspecto que muestra que el estatuto legal funcionó como elemento

problemático de peso, que posteriormente complicó el proyecto, es el cambio del eslogan

“Primer diario público”, que existió durante la dirección del primer director, y que a partir

del 1 de mayo de 2010 pasó a ser: “El decano de la prensa nacional”. De allí la necesidad e

importancia de que la Asamblea Nacional sancione una Ley Orgánica de Comunicación

que contemple un capítulo específico sobre medios públicos.

Finalmente, una tercera decisión del gobierno que reconfiguró el paisaje mediático

nacional fue la creación de medios gubernamentales: tal es el caso de la Agencia Pública

de Noticias del Ecuador y Suramérica (Andes), creada en diciembre de 2009 con el

impulso de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, que mantiene una relación

estrecha con las agencias públicas de otros países; y el periódico El Ciudadano, que circula

desde abril de 2008 con el eslogan “el periódico del gobierno de la revolución ciudadana”.

Lo que sostenemos es que el hecho de romper los vínculos de connivencia con el gran

espectro de medios privados generó para el gobierno un escenario de amenazas y

oportunidades; entre las últimas se cuentan el apoyo a medios que actúan como


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políticamente afines y la creación de medios propios (gubernamentales) que funcionan

como el brazo propagandístico dentro de la estrategia general.

Segundo, el ejecutivo construyó la identificación de las empresas de medios privados

como el principal enemigo político a combatir y un afán regulatorio que estaba

ausente en las agendas legislativas de sus antecesores.

Si bien Correa contó con el apoyo de las más importantes empresas de medios nacionales

durante la campaña y luego, durante los primeros meses de gestión, él rápidamente cortó

vínculos. Cronológicamente es posible establecer marzo de 2007 como la fecha exacta de

la ruptura de relaciones con los medios comerciales, a propósito de un editorial publicado

por el diario La Hora titulado “Vandalismo oficial”, en referencia a la disputa entre el

Ejecutivo y el Congreso. A partir de ese momento los descalificativos del Ejecutivo hacia

la prensa fueron in crescendo y el enfrentamiento escaló, empeorando progresivamente los

vínculos, en parte porque la prensa no supo desmarcarse de la capitalización política que

hizo el gobierno de su imagen ya desgastada, y en lugar de intentar mantener o incluso

mejorar el equilibrio y calidad periodísticos, le hizo el juego al gobierno, asumiendo el rol

de confrontación.

Los enlaces sabatinos son el espacio privilegiado donde el presidente califica la actividad

de la prensa de “mediocre” y “representante de los intereses de la partidocracia”. Las

siguientes declaraciones del mandatario ejemplifican lo dicho:

“Lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión – no nos dejemos engañar -, la

cual somos los primeros en defender, sino la contradicción ética y técnica de negocios privados con

fines de lucro e intereses políticos y grupales, proveyendo un bien público indispensable para la

sociedad: la información” (Declaraciones del Ejecutivo durante el Informe a la Nación, 10/08/

2011).

“En general, la práctica común fue siempre crear un grupo económico y usar los medios, no para

informar, sino para defender los intereses de ese grupo económico. La falta de objetividad,

descontextualización, sesgo en la información son, por decir lo menos, patéticos. Como soy unPresidente que enfrenta a cierta prensa, si a mí me muerde un perro…!al día siguiente esa prensa

entrevista al perro!” (Conferencia del Presidente Correa en la Universidad de Columbia,

23/09/2011).

“La prensa corrupta en nuestro país, en nombre de la libertad, nos hace esclavos y esclavas de loque calla o lo que dice. Media docena de familias son dueñas de medios de comunicación

nacionales; esa es la vulnerabilidad en la que estamos” (“Presidente insta a que los medios

demuestren si el Gobierno miente en cadenas nacionales (audio), El Ciudadano, 10/11/2011).


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El último episodio significativo de la contienda, aún abierto, fue su demanda por injuria

calumniosa al diario El Universo, a propósito de una columna de opinión de febrero de

2011 titulada “No a las Mentiras”, en la que el editorialista opositor, Emilio Palacio, llamó

al presidente "dictador" y le advirtió que podría ser juzgado por crímenes de lesa

humanidad al haber presuntamente ordenado disparar contra un hospital durante el intento

del golpe de estado que tuvo lugar el 30 de septiembre de 2010.

En julio, la justicia condenó a tres años de cárcel y al pago de una multa de 40 millones de

dólares a tres directivos y al ex editor del periódico. En ese momento la judicialización del

caso fue rechazada por Reporteros Sin Fronteras al considerarla un “acoso judicial”. Más

recientemente, en setiembre, el Secretario General de la organización se dirigió al

presidente Correa expresando que “la indemnización que [se] exige al diario El Universo

constituye una verdadera incitación a la autocensura”. El proceso de querella , que dura ya

seis meses, ha tenido algunos aspectos relevantes y polémicos. Inmediatamente después de

haberse dictado la sentencia a favor del presidente con una indemnización menor a la que

solicitó inicialmente (80 millones de dólares), el medio denunció al juez Juan Paredes por

la rapidez en que dictaminó el fallo: "en 33 horas aproximadamente, tomó posesión del

cargo, sustanció la audiencia de juzgamiento, estudió más de cinco mil hojas del

expediente, escribió 156 carillas de la sentencia, notificó a las partes y se retiró del cargo".

(Hoy, 20/09/2011).

El caso tomó aún más relevancia con algunas declaraciones de agencias como Human

Rights Watch, el Comité para la Protección de los Periodistas, la Asociación Internacional

de Radiodifusión quienes consideraron al caso como “desproporcionado”. A esto se suma

las propias declaraciones de los directivos del diario, que advertían sobre una supuesta

cadena de restricciones impuestas desde el Gobierno y el refugio solicitado por el

periodista Emilio Palacio a los Estados Unidos.

A nivel local, la Fiscalía del Estado Ecuatoriano colocó una indagación al juez Juan

Paredes y a cuatro servidores judiciales que trabajaban con él; El Universo a través de su

abogado, en su denuncia, atribuía la rapidez del fallo a una previa escritura de la sentencia

que “se habría colocado en el computador de Paredes”. El 16 de septiembre de 2011 el

Presidente Rafael Correa desiste del recurso de apelación en que volvía a solicitar la

indemnización por los 80 millones de dólares; según declaraciones, para “agilizar la

audiencia”. En los días posteriores, Correa asegura que existen “presiones mediáticas” en

los jueces a cargo del caso.


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“Aquí no hay censura previa, pero pueden decir lo que quieran los periodistas y los medios de

comunicación, de hecho usted revise la prensa ecuatoriana, de largo debe ser el presidente más

insultado y calumniado de la historia, pero deben ser responsables de lo que dicen y de lo que

callan. Acaso que por ser medios privados, ellos pueden ser selectivos entre lo que informan y

lo que no informan, o tan solo deben informar lo que tienen que informar, pero manipulan,

informan lo que les conviene y no informan lo que no les conviene, distorsionan la información:en Ecuador no hay censura previa” (Declaraciones del Ejecutivo para Prensa Latina, Cuba,

22/10/2011).

“Yo no soy corrupto, no soy dictador, creo que todos nosotros damos la vida por defender los

derechos humanos; y estos grupos, que frecuentemente apoyaron las dictaduras, que sí atentaron

contra los derechos humanos, ahora nos llevan acusados de atentar contra los derechos

humanos, por la osadía de haberle puesto un juicio, de acuerdo con la ley, a un medio decomunicación” (Extractos del discurso de Rafael Correa sobre libertad de expresión en la

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, 5/12/2011).

Hasta el momento, el caso del diario El Universo sigue sin resolverse en medio de la

asignación de nuevos jueces, si bien las alusiones del presidente a la “prensa corrupta”

continúan difundiéndose de forma regular en sus declaraciones públicas.

Tercero, el ejecutivo construye una estrategia de comunicación política fuertemente

anclada en la figura de Correa y en la lógica publicitaria, y con base en la

prescindencia relativa de la interfaz periodística. Para ello, desarrolla un trabajo

sistemático de propaganda política, que apunta al contacto unilateral y directo con la

ciudadanía y al uso intensivo de las nuevas tecnologías, en la línea de lo que Verón ha

denominado “campaña oficial” (2001:127-128). No obstante, dicha estrategia se completa

con la elaboración regular de información valiéndose de códigos mediáticos; es decir, se

producen contenidos “mediatizables” y se realiza un esfuerzo cotidiano de incidencia en la

agenda periodística, mediante una estructura comunicacional propia, que incluye grandes

infraestructuras tecnológicas y enormes presupuestos, equipos de numerosos

comunicadores, etc. Por ello, no es del todo correcto afirmar que se trata sencillamente de

la prescindencia del espacio mediático, y de las negociaciones complejas que se juegan en

la interfaz entre el discurso político y el discurso de la información.

La comunicación política constituye el principal aparato de apelación y movilización de los

votantes de Correa: el gobierno basa su estrategia en un triángulo de fuego formado por los

enlaces sabatinos, las cadenas nacionales y la publicidad oficial, espacios en los que se

maneja una estrategia de contacto directo con los ciudadanos-votantes, que intenta restituir


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la entidad política de la comunicación para preservar las “condiciones de verdad del

discurso político” (Verón, 2001: 129).

Lo interesante es que estos mismos discursos, al tiempo, objetan el imaginario liberal sobre

los medios nacionales, intentando deslegitimarlos como agentes políticos de marcada

incidencia en la configuración de la opinión pública del país e incluso ante organismos

internacionales. El ejecutivo intenta disputarle a las empresas mediáticas del país el lugar

de privilegio que históricamente han tenido, de construcción y reproducción de las

representaciones sobre lo social y lo político. Se trata de una suerte de recuperación de

terreno por parte de la institucionalidad de gobierno, en lo que respecta a esta función

social clave, en un contexto de vigentes reformas estatales. Esto se advierte en las

declaraciones del Ejecutivo, a propósito de la presentación ante el Parlamento del Informe

a la Nación, el 10 de agosto de 2011, al cumplirse el segundo año de mandato tras la

reelección: “Ante la impotencia de vencernos en las urnas, durante estos cuatro años y

medio hemos enfrentado solapadas o abiertas conspiraciones por parte de la prensa, que

legítimamente ocupó el espacio de la partidocracia derrotada. Si fuesen un contrapoder la

elemental decencia exigiría que mostraran su línea política de forma explícita para que el

lector tenga en claro que ese medio no está informando sino haciendo política” (“Los

cobardes y los asesinos no están en la revolución ciudadana”, El Universo, 11/08/2011).

El hecho de que Correa se haya erigido como el principal enunciador público de su

gobierno le ha proporcionado un espacio y un alcance incomparables para colocar a

empresarios periodísticos y a periodistas reconocidos en la misma bolsa en la que suele

ubicar a la partidocracia y a la oligarquía, utilizando para ello formas expresivas sencillas e

impactantes, coincidentes con los códigos mediáticos, fundamentalmente televisivos pero

prolongables también a la prensa papel y web. En otras palabras, el ejecutivo ha sabido

incorporar los criterios de impacto mediático para sustentar y legitimar el imperativo

político de sancionar una ley de Comunicación que, según sus expresiones “ponga freno a

la prensa corrupta que miente y no deja de mentir”2.

Asimismo, en los productos de comunicación gubernamental es posible advertir una clara

intención de hablar a las mayorías, aproximándose a su cotidianidad y a sus prácticas. El

lenguaje sencillo y directo que usa el Presidente y las reuniones públicas del gabinete

gubernamental itinerante (una acción inédita en relación a anteriores gobiernos),

2 Enlace presidencial 24 de julio de 2010.


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información sobre la gestión, que sería difundida a través de los spots y cuñas. En palabras

de un alto funcionario:

El Presidente, todos los sábados, se expone al escrutinio público, contando, para bien o para mal, lo

que hizo -minuto a minuto- durante todos los días de su semana. ¿Y quién aprueba o desapruebaeso? Entonces, nosotros creemos firmemente que, así como en la empresa privada hay un grupo de

accionistas y un directorio que debe rendir cuentas, el Gobierno tiene la obligación de decirles a los

ciudadanos qué hace, qué va a hacer y cómo piensa el bien de su país 3.

El debate de la Ley de Comunicación como escenario de la contienda política

Según mandato constitucional, el gobierno nacional ha impulsado en 2009-2010 la sanción

de la Ley Orgánica de Comunicación, para reemplazar la antigua normativa sancionada en

1979 y las reformas parciales efectuadas en los subsiguientes períodos democráticos.

Inicialmente, su discusión en el legislativo fue posible por el fortalecimiento del estado en

el ámbito de las comunicaciones y los medios. Sin embargo, el articulado se discutió entre

diciembre de 2009 y diciembre de 2011 de modo accidentado y con sucesivas

interrupciones, por lo que actualmente el proyecto se discute en segundo debate ampliado,

sin voluntad política y acuerdos mínimos de los bloques legislativos, incluido el del partido

de gobierno. Los debates públicos sobre la Ley se han convertido en el escenario

intensificador de los enfrentamientos, que ya eran abiertos y sistemáticos, entre el ejecutivo

y las empresas mediáticas.

En este contexto de polarización discursiva, las estrategias del gobierno nacional y de los

medios empresariales responden a lógicas comunicacionales similares que se despliegan en

el ámbito mediático. La consecuencia más palpable es que el oficialismo no ha logrado

involucrar en este debate a los ciudadanos, en tanto que el sector de los medios

empresariales consiguió unificar una agenda y aglutinar a otros actores en torno a sus

reivindicaciones corporativistas.

En el contexto ecuatoriano reciente los espacios abiertos por la Asamblea Constituyente

del año 2008 para la discusión de los derechos a la comunicación fueron ocupados por

algunos colectivos y organizaciones que concurrieron a presentar diversas propuestas.

Algunas de ellas -por ejemplo la definición del espectro radioeléctrico como recurso

público administrado por el Estado de modo equitativo, o la garantía de acceso universal a

3 Vinicio Alvarado, Secretario General de la Administración Pública y Comunicación, según entrevista

realizada con fecha 28 de enero de 2009.


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las tecnologías de la información y comunicación- lograron ser incorporadas a la nueva

constitución y han enriquecido las formas de concebir los derechos a la comunicación.

Resta saber si la ley que se sancionará próximamente es capaz o no de asegurar

mecanismos institucionales efectivos para el ejercicio de estos derechos. De todos modos,

las organizaciones sociales que participaron en la constituyente, al cabo de dos años,

continúan planteando importantes desafíos a las instituciones políticas tradicionales; ello

podría orientar la construcción de políticas públicas de comunicación.

En ese marco, y pese a la resistencia expresada por las empresas mediáticas, el texto

constitucional actualmente vigente contiene, por primera vez, algunos derechos vinculados

a la comunicación que han sido históricamente reivindicados por sectores progresistas y

organizaciones de base. La Constitución obliga entre otras cosas a que el Estado garantice

la existencia de medios de propiedad pública, privada y comunitaria e impida la

monopolización directa o indirecta del espacio mediático (artículo 17). Adicionalmente, en

el artículo 18, se dispone que la información que circule públicamente sobre hechos y

acontecimientos de interés general deberá ser “veraz, verificada, oportuna, contextualizada,

plural, sin censura previa”.

El presente texto se escribe cuando la Asamblea Nacional se dispone a discutir en el

segundo pleno el proyecto de Ley, luego de un año y medio de retraso y sucesivas

interrupciones. El mismo busca asegurar el ejercicio y la exigibilidad de estos derechos

constitucionales. La presentación del proyecto en el mes de septiembre de 2009 abrió un

período de fuertes enfrentamientos -que se mantiene hasta el primer trimestre de 2012-

entre el Presidente Rafael Correa, los altos funcionarios de su gobierno y los representantes

más reconocidos de la denominada “prensa nacional”. Se ha inaugurado así un episodio

contencioso (Tilly, 2005) de características particulares, dadas las repercusiones políticas,

y sobre todo económicas, que podría tener la aprobación de esta ley en el funcionamiento

de los medios de comunicación privados o comerciales.

Inicialmente, es posible constatar que una primera característica de este episodio de

contienda política es que las estrategias y acciones de los actores en disputa se visibilizan y

tienen lugar, de manera casi exclusiva, en el espacio de los medios de comunicación.

Evidentemente, esto contribuyó a que las grandes empresas periodísticas, que han

manifestado su oposición a todo intento de regular sus actividades sosteniendo el leit motif

de que la mejor ley es la que no existe, se hayan convertido en enunciadores privilegiados

de la discusión en torno a la nueva ley de comunicación. En tanto que el Gobierno Nacional, mostrando su incapacidad para crear espacios extra mediáticos de circulación de


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ideas y opiniones sobre una ley que debería beneficiar a la ciudadanía, terminó por

priorizar la producción y difusión de contenidos mediatizables ubicándose de este modo en

el mismo terreno de los medios. Con las consecuencias de un empobrecimiento de la

discusión y una escasa participación de la ciudadanía en este proceso.

Por todo esto, el rechazo generado desde las empresas mediáticas a la iniciativa

gubernamental de impulsar una nueva estructura legal para el sector ha dado forma a una

serie de acciones de corte corporativo que se describen a continuación.

Los medios de mayor cobertura nacional4 no están produciendo contenidos que

contribuyan a un debate democrático en el cual las audiencias puedan formarse su propia

opinión sobre los contenidos de la futura ley de comunicación. Por el contrario, a partir del

mes de septiembre de 2009, fecha en la cual se instaló el debate en la Asamblea Nacional,

han promovido en bloque una campaña de grandes proporciones en contra de la regulación

estatal de sus actividades.

La característica fundamental de esta campaña es la implementación de estrategias

comunes entre las mismas empresas que al momento de captar segmentos de mercado se

habían comportado como rivales. Un ejemplo fue la decisión tomada en 2011 por dos

diarios de circulación nacional de editorializar en contra de la regulación utilizando la

primera plana del día domingo (día de mayor circulación semanal). Hasta donde hemos

podido indagar, nunca antes un artículo editorial había ocupado la portada completa de un

diario ecuatoriano.

Otra expresión de lo señalado fue la publicación en 22 medios gráficos a nivel nacional de

una sobrecubierta a página completa con la siguiente leyenda:

Querido Lector, te agradecemos por preferir nuestro diario. Sabemos que podrías escoger otro, estás en la

libertad de hacerlo, es tu derecho, tu elección y eso se respeta. Tienes todo nuestro respeto. Elegiste leer esto

en total libertad y por tu derecho a estar informado. Por respeto a tu decisión asumimos con seriedad la tarea

de informar.

Adicionalmente, nunca antes el país había presenciado un intercambio tan asiduo de notas

de opinión. Es muy común que una columna que aparece en un medio gráfico sea

reproducida al día siguiente por otro y que, además, sea leída, total o parcialmente, en los

noticieros de radio y televisión.

4 Los medios de comunicación que se encuentran confrontados con el gobierno desde 2007 son los periódicos El Universo, El Comercio, La Hora y Hoy, y las cadenas televisivas Ecuavisa yTeleamazonas.


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En el caso de las notas informativas, predomina el uso de fuentes significativamente afines

a los intereses de empresarios mediáticos, en tanto que en las entrevistas publicadas sobre

el tema, los “expertos” y “técnicos” consultados, con rarísimas excepciones, argumentan

en contra de los contenidos del proyecto de ley de comunicación.

Otro recurso de esta campaña es la publicación, en la mayoría de medios gráficos del país,

de segmentos o de secciones creadas ad hoc, cuyos títulos intentan destacar que estos

medios han cumplido siempre con su obligación de informar: “Lo conoces porque pudimos

informarte”, “Periodismo positivo”, “No hemos callado” y “La historia en los medios”; es

decir, se observan altos índices de auto-referencialidad en la producción informativa. De

este modo, los contenidos encaminados a posicionar una imagen positiva de los medios son

presentados como si se tratara de notas informativas o de grandes reportajes. Algunos

medios han optado incluso por realizar series de entrevistas a personajes de la cultura, la

farándula y el deporte, a quienes se les consulta sobre sus ideas acerca de la libertad. La

sección se denomina “Así ejerzo mi libertad”.

Lo novedoso es que asistimos a la construcción de una voz unificada corporativamente,

que se ejecuta mediante la articulación de ayudas recíprocas. En otro trabajo hemos

mostrado cómo en el caso de diario El Comercio, dicha “cooperación” se da inter países

pues se realiza entre este periódico y el diario Clarín, el de mayor circulación de Argentina.

Se trata, si cabe, de relatos periodísticos alineados regionalmente (Orlando: 2012). Así

vemos que, toda vez que el conflicto entre Clarín y gobierno alcanzó sus puntos más

álgidos en Argentina en el período 2009-2010, El Comercio, desde sus páginas, salió

rápidamente en defensa de Clarín con un editorial. Los ejemplos más ilustrativos son la

inspección de la AFIP a las instalaciones del diario en Buenos Aires, y la presentación ante

la justicia por parte del gobierno argentino del informe titulado “Papel Prensa, la verdad”,

en el que se investiga de qué manera se transfirieron las acciones de la papelera Papel

Prensa S.A. a los diarios Clarín y La Nación durante la última dictadura militar. En ambos

casos, El Comercio asumió en sus páginas la defensa de la causa de Clarín, en nombre de

la defensa de la libertad de expresión formulada en abstracto. En una operación que

Chomsky denominó como una “acción colectiva táctica de los medios”, en el marco de “un

sistema de mercado dirigido” (Chomsky, 2003: XIV).

En todos los casos, el argumento central ha sido la defensa de la “libertad de expresión” y

del libre flujo de la información, en consonancia con los contenidos desplegados en los

spots, cuñas y espacios publicitarios que constituyen otro componente de la mayorcampaña mediática que se ha instrumentado hasta el momento en Ecuador.


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El problema principal de este argumento es que el reclamo de este derecho se hace desde

una concepción restringida; es decir, los medios de comunicación lo interpretan como su

patrimonio exclusivo, equiparándola con libertad de información (libertad editorial), y

ocultando con ello la condición específica de esta última, dentro de la cual la

responsabilidad democrática es definitoria. En tanto los periodistas trabajan con un

material que es un bien público, sus responsabilidades (que desde nuestra perspectiva

deben ser ulteriores) no pueden ser equiparadas a las del “orador individual” (Fiss, 2010).

Entonces, los periódicos defienden en bloque la libertad de expresión como condición

necesaria para vivir en democracia y fortalecerla, pero paradójicamente, al ocultar las

diferencias de responsabilidades que existen entre la información expresada por el

ciudadano común y aquella expresada por los periodistas, se alejan precisamente de su

“misión democrática” (Fiss, 2010: 4). Como corolario, escamotean el debate público sobre

los otros derechos asociados a la comunicación, que la Constitución garantiza a todos los

ciudadanos, y no solo a los periodistas o empresarios mediáticos.

Entonces, la manifiesta convergencia entre contenidos informativos y publicitarios no hace

sino ratificar el doble rol que cumplen los medios de comunicación comerciales en las

sociedades capitalistas contemporáneas: en primer lugar como espacios de producción y

circulación de información sobre temas de actualidad y de interés común y, en segundo,

como defensores de determinados intereses empresariales y económicos. Esta situación,

“en el ámbito de la comunicación se legitima también por el carácter social de la

comunicación bajo la argucia de que los medios facilitan el proceso de información,

comunicación y entretenimiento social cuando en verdad solo sirven al proceso de

acumulación de capital de los propietarios mediáticos y a su dominio político” (Hernández,

2010: 21).

Lo interesante es que, en muy pocas ocasiones es posible advertirlo con tanta claridad

como en los momentos que se viven en Ecuador. Lo que podríamos cuestionar, sin

embargo, es que esta ostensible defensa de intereses corporativos disfrazándola como

“libertad de expresión” sea presentada como noticia de actualidad, como información de

interés general o como opinión experta.

Por su lado, el gobierno, como parte de su estrategia mediática de posicionamiento del

proyecto de ley de comunicación, realizó una fuerte inversión para la difusión de spots y

cuñas publicitarias durante los partidos del campeonato mundial de fútbol (junio de 2010).En dichas piezas, según han denunciado las asociaciones de empresarios mediáticos


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nacionales e internacionales: “el Gobierno usa[ra] la propaganda gubernamental con la

intención de viciar a la opinión pública y el debate parlamentario dedicado a aprobar una

Ley de Comunicación respaldada por el oficialismo y que tiene serias fisuras a la libertad

de expresión” .

Estas estrategias, de carácter meramente difusionista, desde nuestro punto de vista,

reproducen la misma lógica de la campaña instrumentada por los medios comerciales.

Es decir, desde el gobierno que, en su momento promovió el involucramiento y la

participación de organizaciones sociales y de ciudadanos de a pie en la construcción de la

propuesta de la ley, se apela, luego, a recursos de comunicación mediatizada y

unidireccional. Desgraciadamente, esta estrategia de difusión no ha sido complementada

con otras que podrían haber contribuido a potenciar sus repercusiones. Igualmente, se

había empezado con un discurso pedagógico que luego fue desapareciendo gradualmente

hasta convertirse en mera campaña.

De este modo, se ha escamoteado el carácter eminentemente colectivo del debate sobre el

papel del Estado en la regulación de la comunicación mediatizada.

En primer término, no se ha recogido información suficiente sobre demandas concretas de

los ciudadanos frente a los medios masivos. En segundo lugar, no se ha apostado, sino

marginalmente, a la construcción y al fortalecimiento de espacios de debate – no solo de

información – en torno al texto del proyecto de ley. Las convocatorias a actividades

públicas desarrolladas por organizaciones de comunicadores y por medios comunitarios no

han recibido adecuada atención por parte de las autoridades de gobierno. Adicionalmente,

tampoco se ha apoyado suficientemente el desarrollo de las actividades públicas de

formación y discusión convocadas por universidades y facultades de comunicación.

Por otra parte, desde la Asamblea Nacional, se ha privilegiado el diálogo con “expertos”

por encima de la participación ciudadana. En primer lugar, se conformó una comisión

asesora en la cual se procuró reunir a especialistas en temáticas comunicacionales y en

campos profesionales y académicos específicos. En segundo lugar, se promovieron

reuniones con titulares de cámaras empresariales, asociaciones de directivos de medios y

organizaciones de comunicadores alternativos. Finalmente, se consultó la opinión de

organismos internacionales, como UNESCO y la Organización de Estados Americanos

(OEA) sobre el proyecto de ley presentada por el sector oficialista de legisladores.

El Gobierno Nacional no ha sido capaz de promover procesos de acción y movilización

colectiva en torno al reconocimiento de la comunicación como derecho y de la informacióncomo bien público, como establece la Constitución. No ha conseguido interpelar a actores


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diversos, ni tampoco ha construido o fortalecido los espacios ya existentes para la opinión,

la deliberación y la participación ciudadana. Así, el debate de la ley de comunicación ha

convocado, mayoritariamente, a actores corporativos empresariales en defensa de sus

intereses.

La estrategia comunicacional del oficialismo captó, además -pero solo de manera muy

acotada y marginal- a algún activismo proveniente de los sectores “naturalmente”

interesados en la temática, como los profesionales y estudiantes de comunicación social y

las organizaciones nacionales y regionales de comunicadores. Sin embargo, dichos actores

se han limitado a posicionar demandas puntuales. Un ejemplo es la reivindicación de la

división tripartita del espacio radioeléctrico, reclamada fuertemente en el último tramo del

debate, por el Colectivo Auto-convocados por una Ley de Comunicación, que nuclea a

distintas organizaciones afines a la Comunicación y a un ámbito de la academia.

Otra expresión de lo dicho es la pretensión de algunas facultades de Comunicación, y de

dos asociaciones de periodistas profesionales (El Colegio de Periodistas y la Unión

Nacional de Periodistas), para que se exija el título de licenciatura en comunicación como

requisito para trabajar en un medio masivo.

Es por ello que, desde estos sectores no se avanzó en la articulación de proyectos comunes

ni en la construcción de alianzas que les permitieran lograr un espacio y una voz frente a la

Asamblea Nacional, el poder ejecutivo y los medios empresariales. Paradójicamente, las

organizaciones y grupos de interés en torno a la comunicación no actuaron como

facilitadores, y por ello sus demandas no fueron reconocidas ni apropiadas por actores

ajenos al espacio profesional o al del activismo en comunicación popular y alternativa.

Así, luego de dos años de campaña sostenida, es posible afirmar que las empresas

mediáticas ecuatorianas han logrado construirse como nunca antes en actores colectivos de

la contienda en torno a la regulación de las actividades de los medios de comunicación.

Han conseguido articular su accionar a través de una agenda común, cuyos ejes son la

defensa de la libertad y la resistencia al “autoritarismo” que denuncian como la

característica principal del régimen del Presidente Correa.

Estos actores, identificados colectivamente, han logrado que las discusiones y

negociaciones sobre la ley, cuya aprobación compromete intereses económicos y políticos

muy concretos, sea presentada como una especie de plebiscito de la acción del gobierno

nacional en su conjunto. De este modo, cualquier desacuerdo originado en un sector de

oposición podría ser, y de hecho ha sido, presentado como argumento en contra de laaprobación de la ley de comunicación.


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Comunicación y mediatización de la política

Cuando la comunicación en los ámbitos de la política se convierte en marketing político,

cuya estrategia principal es vender imágenes, se hacen patentes dos fenómenos. El

primero es la despolitización de la política entendida como espacio de deliberación y de

construcción consensuada de propuestas para la administración del bien público. El

segundo es que el panorama político se constriñe a una lucha mediática que tiende a

instaurar la polarización, lo que deja por fuera otras formas de representación política de la

sociedad.

Resulta muy complejo establecer un origen de la transformación que ha tenido la política

para pasar a ser espectáculo y proyectarse no como el espacio de la confrontación de ideas

y programas sino como ese espacio donde priman los recursos de la persuasión al puro

estilo de la publicidad. Tampoco sería adecuado atribuir esta transformación

exclusivamente al avance y consolidación de una representación mediática de la

información política que ha priorizado el escándalo o el gusto por la farándula.

Ingredientes que ciertamente han contribuido a hacer de la política un asunto meramente

de personas con sus idiosincrasias, defectos o virtudes y no de colectivos con sus

ideologías y proyectos políticos.

Sea que la política se ha ido adecuando a un escenario creado por los medios, sea que ella

misma ha ido perdiendo con el tiempo su filo crítico y su capacidad para establecer un

debate riguroso en torno a los temas de interés nacional, en la actualidad se observa que la

mediatización y el empobrecimiento de la política coinciden y se encuentran mutuamente.

No se trata de una fácil coincidencia, y para explicarlo hay que pensar en dos momentos, el

electoral y el de gobierno. En el primero los líderes políticos necesitan del aparato

mediático, especialmente de la televisión, para darse a conocer -máxime si son outsiders. Y

los medios, que dependen de la política, especialmente de la que promete sumar grandes

consensos electorales para elaborar sus agendas informativas, terminan por ser la

plataforma para viabilizar el éxito electoral. Sin embargo el astuto líder ganador deberá

entender rápidamente que su gobierno no puede depender del apoyo mediático recibido en

la campaña electoral, por lo cual deberá diseñar una estrategia para tener sus propios

medios de comunicación creando de este modo un espacio de lucha mediática. Ha habido

casos como el de Berlusconi quien ha desatado esta lucha propiamente en las sucesivas

campañas electorales, incluso antes de ellas, si se toma en cuenta que el conjunto de programas de entretenimiento y también políticos que se instalaron en las televisiones de


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su propiedad, muchos antes que decidiera candidatizarse, han producido contenidos que

paulatinamente han ido despolitizando la política convirtiéndola en un asunto simplista de

éxito personal o de un imaginario de héroe de telenovela.

Cuando la política es sobre todo aquella que se hace en los medios porque se considera que

es la única que llega a la ciudadanía (mejor sería decir al electorado) la política será

deudora de su propia mediatización y se verá obligada o a respetar la deuda contraída con

los medios que la apoyan (y ceder parte del poder a ellos) o tendrá que construir sus

propios medios para sostener una guerra entre aquellos medios cercanos o controlados por

el gobierno y los otros que asumirán el lugar de la oposición.

Dos reflexiones ameritan estas consideraciones. La primera tiene que ver con la naturaleza

de la guerra mediática que para mantenerse como tal no puede ni debe renunciar a que sea

eminentemente mediática, es decir que se dé en el terreno de lo mediatizable, lo que

significa reproducir aquellas lógicas y formatos que subyacen al modo de representación

política, que como hemos dicho subsumen los modos de representación del marketing o de

la publicidad.

La segunda es que el escenario político mediatizado otorga a los medios de comunicación

el papel de actor político directo, lo que implica fuertes distorsiones en la construcción de

la opinión pública con información útil y relevante que, como se sabe, es una de las tareas

que deberían desarrollar los medios de comunicación. De ahí el riesgo de que la política se

convierta en un escenario altamente polarizado en el que no caben otras posiciones de las

que apoyen una tesis en contra de otra. La consecuencia es la instauración de un escenario

político rarefacto que se sostiene sobre golpes de efectos de lado y lado, en una

competencia sin fin por atraer la atención de la ciudadanía sobre elementos de escaso

relieve político y social, y de mucha contundencia a la hora de definir dicotomías

plebiscitarias. ¿Qué clase de democracia construye una polarización que ve enfrentados en

el mismo terreno mediático gobierno y medios? Con el agravante de que, dado que cada

uno pretende sostener la verdad en contra del otro, lo que se produce es un esquema que

conduce al peor empobrecimiento de lo argumentativo y a un retroceso para construir más

democracia.

En los distintos ámbitos de la acción del Ejecutivo con sus necesidades de sostener el

consenso y a la vez capaz de crear espacios de procesamiento del disenso, de la instancia

parlamentaria donde se debaten tesis y proyectos de interés común, de los mismos medios

de comunicación con su deber de sostener públicamente los debates políticos, y de laciudadanía quien también participa de la discusión política en espacios deliberativos no


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mediatizados, la comunicación política afronta el desafío de no pervertirse limitándose al

show mediático. Para que esto deje de suceder es responsabilidad de todos los ámbitos

señalados (especialmente de los que nos condujeron a este estado de cosas: el Ejecutivo y

los medios) empezar un profundo examen crítico. El uno encontrando formas alternativas

de interlocución multiplicando los canales con modalidades más incluyentes,

preocupándose de que la ciudadanía participe efectivamente y de que no sea un simple

espectador. Los segundos, si pretenden pensarse como una instancia de servicio público,

más allá del tipo de propiedad en la que se inscriben, deberían desmediatizarse; esto es:

renovar profundamente sus modos de representación de la política elevando los niveles de

mediación entre los diversos actores políticos y elevando también la calidad de los

contenidos producidos mediante la cualificación de la escasa investigación periodística que

se realiza en el país; sin caer en el espectáculo o apostar solamente al impacto en las fibras

emocionales de las audiencias.


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Cinco claves de la estrategia de comunicación del gobierno nacional

La capitalización que hizo el Ejecutivo del desgaste de los medios de comunicación

privados, así como de la debilidad discursiva de la oposición política,

identificándolos con la “vieja política” que el gobierno busca dejar atrás.

Haber construido un dispositivo propagandístico potente que reinventó las formas

de comunicación política en el país, basándose en un lenguaje sencillo y familiar

para los votantes de la Revolución Ciudadana.

La creación de medios gubernamentales que funcionan como un brazo

propagandístico dentro de la estrategia de mediatización propagandística

contenciosa.

La construcción gradual del personaje del Ejecutivo como enunciador pedagógico

único del proyecto político funcionó también como una clave del éxito.

La utilización intensiva de los códigos mediáticos para impugnar a los medios

tradicionales, y al mismo tiempo hablar en y desde su mismo lenguaje para

disputarles el privilegio histórico de construcción de representaciones sobre lo

social y lo político.


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