1 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

MEDIOAMBIENTECampaña Presidencial de Sergio Fajardo

Propuesta de

Co

nt

en

idoPROPUESTA DE MEDIO AMBIENTE

COLOMBIA, PAÍS DE ABUNDANCIA, RIQUEZA

Y OPORTUNIDADES

¿QUÉ PROPONEMOS?

1. Colombia controla la deforestación y promueve

la restauración

2. Manejo integral de la minería ilegal, nuevas

oportunidades legales. Regulaciones a la minería legal

3. Transición energética justa, apuesta por

alternativas energéticas renovables

4. Fortalecimiento institucional ambiental,

cero corrupción, llegada efectiva y articulada

a los territorios

5. Colombia país de agua

6. El agro y la infraestructura: actores fundamentales

en el desarrollo sostenible

7. Biodiversidad: conocer, conservar, utilizar

8. Cambio climático, más allá de los

compromisos internacionales

9. Economías verdes

¿CÓMO ESTAMOS EN MATERIA AMBIENTAL?

1. Deforestación

2. Minería

3. Matriz energética

4. Déficit institucional y de implementación

5. Abundancia y calidad del agua

6. Desarrollo industrial y sector agropecuario

7. Áreas protegidas

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PROPUESTA DE

MEDIO AMBIENTE

Llevamos años recorriendo a Colombia. La conocemos de norte a sur, desde sus desiertos, selvas y páramos has-ta sus costas, altiplanicies, mares y llanos. Conversando con sus habitantes, conociendo cada rincón del territo-rio, analizando el entorno, hemos aprendido mucho de la maravillosa y muy diversa geografía colombiana. En este recorrido emocionante hemos podido comprobar que en cada esquina, en cada ciudad, en cada pueblo y vereda, hay cada vez más y más personas preocupadas por cuidar el ambiente, nuestros recursos naturales. Son valiosos, son maravillosos, son de los más ricos y diver-sos del mundo, pero también son frágiles. Son nuestra gran oportunidad y nuestra responsabilidad. De ahí que ciudadanos conscientes y responsables nos pregunten con mucha frecuencia cómo hacer de Colombia un país más comprometido con su entorno natural, más volca-do a su protección y a su uso responsable. Es con estos ciudadanos con los que queremos construir una socie-dad más conectada con su entorno. Los jóvenes cum-plen un papel estelar en este capítulo.

A pesar del interés y compromiso de muchos jóvenes, la realidad es que en la historia de Colombia no se ha prio-rizado el medio ambiente como un eje fundamental del desarrollo. Los cómplices del deterioro ambiental son la corrupción, la codicia sin límites, el desconocimiento y la ilegalidad. Por otro lado, desde la política no se le ha da-do un rol protagónico, pasando los costos del deterioro a generaciones futuras. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una iniciativa colombiana para el mundo, será una prioridad para nuestro gobierno.

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Llegó el día, es el momento de escribir la página de las oportu-nidades por medio de una arti-culación profunda con nuestro ambiente. Es el momento de ha-cer de Colombia un país a la al-tura de sus retos y posibilidades ambientales. Nuestra inmensa riqueza natural debe ser apro-vechada y protegida al mismo tiempo, dentro de límites defi-nidos con criterios serios que le den prioridad al futuro de la hu-manidad, es decir, a privilegiar lo esencial para la vida: aire y agua puros, suelos sanos, biodi-versidad y un paisaje que no sea destruido por la codicia; un uso racional, científico y sostenible de nuestros ecosistemas. Llegó la hora, se puede.

Nuestra propuesta de gobierno en materia ambiental busca alcanzar los siguientes 13 objetivos:

1. Nos comprometemos a conti-nuar con las metas a 2020 de controlar decididamente la de-forestación neta en Colombia y llevarla a 0% para el año 2030, con una estrategia diferencia-da en los municipios con altas tasas de deforestación.

2. Incrementaremos el número de hectáreas en procesos de restauración y reforestación

de alrededor de 200.000 en 2017 a 600.000 en 2022, a través de procesos de pa-gos por servicios ambientales, compensación por biodiversi-dad y reconversión de siste-mas productivos.

3. Lograremos una reducción significativa de extracción ilí-cita de minerales en el terri-torio nacional, en especial del oro, pasando de un actual 80% de ilegalidad en la producción total de este metal a un 40% a 2022. La meta es llegar a 0%, iniciaremos esta ruta de mane-ra decidida. En cuanto a la mi-nería legal buscaremos pleno cumplimiento de las licencias ambientales y promoveremos decididamente prácticas me-nos riesgosas en cuanto al uso de cianuro, afectación a sistemas hidrogeológicos y metales pesados que suelen liberarse. Haremos cumplir la Ley que prohíbe el mercurio en su totalidad a 2022.

4. Mantendremos las condicio-nes habilitantes para que la energía eléctrica provenga de energías limpias, incluyendo la hidroeléctrica. Aumentaremos la resiliencia del sistema con la penetración de energías reno-vables no convencionales, de-jando trazado el camino para

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que en 2050 Colombia ten-ga capacidad instalada para generar 100% de su energía eléctrica a partir de fuentes renovables a un precio com-petitivo lo que garantizará la seguridad energética de to-dos. Si bien un gran porcentaje actualmente reside en las hi-droeléctricas que son más lim-pias, son altamente vulnerables a fenómenos de variabilidad climática y cambio climático, por ende es necesaria la diver-sificación que proponemos.

5. Fortaleceremos la capaci-dad del Sistema Nacional Ambiental (SINA), a través de una articulación efectiva del Ministerio de Ambiente y de-sarrollo sostenible (MADS), Parques Nacionales Naturales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), los Institutos de Investigación del SINA y las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).

6. La protección efectiva de los páramos, humedales y el ma-nejo integral de cuencas que abastecen el agua de los cen-tros urbanos va a ser una realidad de la mano de las comunidades. Revisaremos los Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas –POMCAS- para fortalecer la

variable de la participación social y comunitaria.

7. Terminaremos de consolidar la representatividad de ecosis-temas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, garan-tizando la conservación del 17% del territorio nacional en cumplimiento del Convenio de Diversidad Biológica. Pero declarar no será suficiente: vamos a fortalecer la gestión y sostenibilidad financiera del sistema nacional de áreas protegidas en trabajo manco-munado con las autoridades indígenas y la sociedad civil.

8. Desarrollaremos una agen-da de innovación científica y tecnológica para promover el conocimiento, conservación y uso de la biodiversidad.

9. Integraremos la gestión am-biental en la educación de escuelas, colegios y univer-sidades como mecanismo de apropiación y construcción de sostenibilidad.

10. Continuaremos comprometi-dos con la meta de reducción de la emisión de gases de efec-to invernadero como mínimo entre 20% a 30%, de acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de París. Incorporaremos la ges-tión ambiental en las agendas

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de desarrollo sectorial, especialmente en el desarrollo rural, la expansión de infraestructura y la prevención del riesgo. La agricultura será uno de los ejes de mayor contribución a la solución de los problemas ambienta-les en Colombia.

11. Priorizaremos la adaptación al cambio climático a partir de estudios técnicos científicos precisos. Los municipios y territorios categorizados de mayor vulnerabilidad se-rán los primeros a los que se llegará con una estrategia de prevención, manejo del riesgo y de alternativas para combatir los embates del cambio climático. Llevaremos a cabo un programa nacional de reubicación de las vi-viendas y barrios que se encuentran en lugares de alta vulnerabilidad no mitigable.

12. Construiremos, desarrollaremos y dejaremos en mar-cha los siete proyectos estratégicos de país que se cimientan en la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura. Cuatro de estos proyectos son de fuerte carácter ambiental: energías renovables, movilidad más limpia, biotecnolo-gía y ecoturismo.

13. El modelo de crecimiento verde será esencial para la creación de 1.500.000 nuevos empleos.

Principios

1. Nuestro punto de partida es la Constitución Política de Colombia que establece que el derecho a un am-biente sano es un derecho colectivo. El ambiente es nuestro patrimonio común. Nuestro deber es prote-ger este derecho de todas y todos los colombianos.

2. El orden de los factores sí afecta el producto. En cualquier programa, proyecto o llegada al territorio priorizaremos la sostenibilidad en sus dimensiones interrelacionadas: ambiental, social, cultural y económica.

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3. La correcta protección de nuestros ecosistemas no va en contravía del progreso eco-nómico, ni es un asunto que concierne solamente a los am-bientalistas. El medio ambiente es una fuente de oportunida-des para toda la sociedad co-lombiana y la mejor manera de proteger esos recursos es ser más productivos y eficientes en su uso. La supervivencia de nuestra especie y el bienestar de los colombianos están ba-sados en los bienes y servicios que nos presta la naturaleza. El aprovechamiento sosteni-ble de los recursos naturales y la adecuada gestión de la biodiversidad pueden hacer de Colombia un país próspe-ro, equitativo y competitivo. Estamos convencidos de que ¡se puede! dar un crecimiento verde en nuestro país.

4. Los ecosistemas son sistemas complejos compuestos por una gran cantidad de factores interconectados. La mirada al ambiente debe ser integral. Se requiere estudiar y enten-der esas interdependencias al proponer cualquier proyec-to sobre el territorio para mi-nimizar al máximo posible las perturbaciones y daños cola-terales a los ecosistemas.

5. La nueva forma en la que de-bemos mirar a Colombia es a partir de un ordenamiento del territorio con base en su es-tructura ecológica principal, a partir de los ecosistemas, del agua y los bosques; éste es uno de los grandes retos del posconflicto y la apertura territorial que supone.

6. Cada territorio, ecosistema y población tiene retos, forta-lezas y vulnerabilidades dife-rentes. Nuestro abordaje es a partir de un enfoque regional que reconoce la diversidad local ; las soluciones deben adaptarse a cada territorio.

7. La protección de la naturaleza y los servicios ecosistémicos no puede tener como herra-mienta única la declaración de áreas protegidas sino también la implementación de técnicas y tecnologías que le brinden a las personas oportunidades para vivir y aprovechar el ca-pital natural sin destruirlo. El conocimiento derivado de la ciencia y el uso de la tecno-logía, en conjunto con los co-nocimientos indígenas, afros y de las comunidades locales, son fundamentales para una adecuada gestión del am-biente. La solución parte tam-bién del fortalecimiento de las

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comunidades locales y de que se generen todas las capacidades para una gestión eficiente de los recur-sos y los ecosistemas.

8. Los servicios ecosistémicos son un factor fundamen-tal en la construcción de bienestar, calidad de vida y sostenibilidad. Nuestras políticas se cimientan en el correcto aprovechamiento de los mismos.

COLOMBIA, PAÍS

DE ABUNDANCIA,

RIQUEZA Y OPORTUNIDADES

Si existe alguna dimensión que pueda representar una verdadera riqueza para Colombia y su gente es su ri-queza natural. Colombia es el segundo país más biodi-verso del planeta; esa variedad inmensa de seres vivos nos brinda gran cantidad de beneficios que aportan a la calidad de vida de todos. Los casi 50 millones de co-lombianos hacemos uso de estos servicios diariamente, incluyendo el consumo de alimentos, remedios, materia-les, agua y aire limpios. Si logramos aprovechar correc-tamente los recursos naturales, Colombia puede no sólo crecer económicamente sino que se abrirán las puertas de las oportunidades y mejorará la calidad de vida y el bienestar de las personas.

Nuestra diversidad natural es también cultural: un gran porcentaje del territorio nacional está en resguardos y consejos comunitarios. Fortalecer las institucionalidades

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locales de gobernanza y entender desde la lógica de los planes de vida de nuestras diversas culturas es funda-mental para el cuidado de nuestra biodiversidad.

Uno de los retos más grandes e importantes que tenemos como nación biodiversa es el desarrollo de herramientas de educación ambiental, de producción, de divulgación y de apropiación social del conocimiento y de nuestra riqueza natural. Una buena porción del cuidado y de la correcta conservación ambiental en Colombia está y estará en manos de los políticos. Solamente si hay un compromiso político decidido será posible afrontar los retos del posconflicto en términos ambientales.

¿QUÉ PROPONEMOS?

Nuestra mirada ambiental es integral y por tal motivo es transversal a diversos sectores, actores y territorios de Colombia. En lugar de dejar el cuidado del ambiente a la burocracia de los procesos de licenciamiento, vamos a preguntarnos, frente a cualquier programa, plan o pro-yecto, ¿cuál es su impacto ambiental y cómo potencia nuestra ventaja competitiva de ser un país biodiverso y rico en recursos naturales?

Por medio de la mirada de los Objetivos de Desarrollo Sostenible comprendemos que velar por la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de los re-cursos naturales es algo que debe permear la economía, la salud, la vivienda, la educación, el desarrollo agrario

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entre otros. La mirada de la sos-tenibilidad estará presente en to-dos los sectores: en la Colombia rural la abundancia de recursos no debe continuar siendo una excusa para la improductividad en su uso. En la Colombia urba-na vamos a valorar de una vez por todas la biodiversidad de las ciudades y el rol que tiene ésta en la vida de los ciudadanos.

1. Colombia

controla

la deforestación y promueve la

restauraciónControl y vigilancia:

• Frente a los ilegales y corrup-tos que deforestan e incen-dian los bosques y selvas del país para acaparar tierras o explotar maderas y minerales seguiremos las mismas estra-tegias que en la lucha contra el narcotráfico organizado: seguir la huella del dinero pa-ra encontrar a sus verdaderos culpables en lugar de seguir castigando a los eslabones más débiles en las cadenas de la ilegalidad.

• Para contar con un sistema nacional de monitoreo am-biental integrado basado en gestión de información y del conocimiento aseguraremos que la misma tecnología que contribuye a la seguridad y la fuerza pública monitoree el es-tado de los recursos naturales. La sociedad civil adicional-mente podrá aportar en nutrir permanente esta información.

• Priorizaremos la presencia de la fuerza pública y las auto-ridades ambientales en los lugares de mayor riqueza am-biental, ya que muchos coin-ciden con aquellos con mayor riesgo de resurgimiento de violencia. Pero nunca habrá policías o soldados suficien-tes para detener la degrada-ción ambiental si no son los ciudadanos mismos, como resultado de la educación y la comprensión sobre la im-portancia de los ecosistemas para la prosperidad, los que los protegen y cuidan activa-mente. Adicionalmente vin-cularemos a excombatientes en los procesos de protección y restauración dentro de su programa y paso por la JEP.

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• Para que la normatividad am-biental llegue al territorio forta-leceremos, en lugar de debilitar a las autoridades ambientales, no solamente en su capacidad y conocimiento técnico, sino en su habilidad para construir consensos e identificar alter-nativas productivas para las comunidades.

• Para articular el trabajo de las autoridades ambientales con las comunidades indígenas, afrocolombianos y de campe-sinos que hoy en día cuidan parte del territorio boscoso será necesaria su presencia continua en el territorio.

Incentivos efectivos y oportuni-dades económicas para la pobla-ción que cuida de los bosques:

• Política forestal renovada: los bosques serán fuente de opor-tunidades a partir de progra-mas de pagos por servicios ambientales (PSA), incenti-vos económicos a la explota-ción sostenible de madera y frutos del bosque, ecoturis-mo, agroecología, reconversión ganadería extensiva por sis-temas de agrosilvopastoreo. Siguiendo el modelo de países como Guatemala vamos a lo-grar un manejo comunitario de

bosques. Asignaremos recur-sos del impuesto al carbono a la gestión directa del MADS (al menos un 25%), de manera que generemos incentivos económi-cos reales para las poblaciones que habitan en cercanía a las zonas boscosas. En este pun-to se hará el programa nacional de restauración y reforestación como alternativa económica sostenible en el tiempo.

• El trabajo con las comunida-

des de dichas zonas tendrá como prioridad el blindaje de las fronteras de los bosques.

Posconflicto y expansión de la frontera agrícola:

• Garantizaremos un poscon-flicto productivo sin defo-restación por medio de una revisión integral de los PDET en las zonas más afectadas por el conflicto para identifi-car oportunidades producti-vas sostenibles.

• La Agencia Nacional de Tierras incrementará su ca-pacidad y conocimiento técni-co en temas ambientales para garantizar que la restitución de tierras se hace con crite-rios de sostenibilidad y diver-sidad cultural y ambiental.

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• Dos regiones requieren de atención urgente y diferen-ciada en la lucha contra la deforestación: la Amazonía y el Chocó Biogeográfico. Allá se encuentran los más valiosos bosques continuos y las más diversas culturas ancestrales. Por esto tomaremos medidas que respon-dan a la magnitud del problema de manera directa.

• Estos territorios cuentan con la institucionalidad ambiental más débil de todo el país. Las corpora-ciones de desarrollo sostenible serán reforzadas por un cuerpo técnico para hacer presencia en el territorio de manera estratégica y concertar con los actores locales para tener una mayor com-prensión de los factores que en términos reales son los motores de la deforestación.

• Uno de los mayores retos en esas regiones es cumplirle a sus habitantes con el sueño del pos-conflicto: estar conectados a los mercados y las oportunidades de mejora de sus condiciones de vida. Los trenes y la navegabilidad fluvial siguen siendo las mejores alternativas para lograrlo sin acabar con nuestros bosques.

• Los resguardos indígenas y las propiedades colec-tivas establecidas en la Ley 70 siguen siendo los espacios de mayor importancia para la conserva-ción de los bosques. Daremos continuidad al tra-bajo iniciado en proyectos como Visión Amazonía y Visión Pacífico para continuar en la construcción de una visión conjunta, construida desde el territorio, que integre de manera efectiva los retos cotidianos de los habitantes de las regiones y sus líderes a las políticas para la protección del bosque.

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Educación:

• Educación, educación, educación. Por medio de pro-gramas de educación vamos a cambiar los imagi-narios y las prácticas de la Colombia rural sobre el bosque. El bosque debe volverse productivo para ser valorado no solo por su madera y por sus frutos, sino además por otras riquezas como su valor escénico para el turismo y por el agua.

• El desarrollo y divulgación de herramientas para pro-mover el uso eficiente de los recursos naturales y la productividad en el uso del agua y del suelo es la mejor manera de detener la deforestación de manera soste-nida en el tiempo. Una fuerza de tarea conjunta entre los sectores ambiental y agrícola, trabajando con las universidades, centros de investigación, llevará a cabo una revolución de asistencia técnica desde las UMATA y todas las entidades de apoyo y asistencia técnica enfocada en aumentar la productividad y uso eficien-te de los recursos. Más que de nuevos recursos, esta iniciativa exige su uso coordinado y eficiente.

2. Manejo integral de la minería ilegal, nuevas oportunidades legales. Regulaciones a la minería legalMayor y mejor comando y control:

• Vamos a incrementar significativamente los mecanis-mos de comando y control de la policía y las autori-dades ambientales en las zonas más afectadas por la extracción ilícita de minerales con el fin de ejercer mayor

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y efectivo control y vigilancia a dichos procesos ilegales.

• Sofisticaremos la penaliza-

ción de delitos asociados a la minería ilegal y exploraremos alternativas de justicia es-pecial para abordar casos de minería ilegal tales como jue-ces y fiscales especializados que no estén vinculados con los territorio afectado.

• Continuaremos e intensifi-caremos la lucha contra la minería criminal, particular-mente de oro, a partir de la intervención de los sitios de explotación y destrucción de maquinaria por parte de la fuerza pública. Para que sea realmente efectiva haremos que trascienda a otras es-calas de la cadena de valor de este negocio ilícito, iden-tificando y capturando a sus inversionistas, comercializa-dores y compradores de mi-nerales ilegales.

Participación ciudadana: • El catastro multipropósito debe

ser la herramienta central para que los territorios participen en la definición socioeconómi-ca de los territorios. Vamos a

identificar las formas organi-zativas y fuentes de recursos para dar inicio a un proceso que permita que todos los mu-nicipios del país cuenten con las herramientas necesarias para mejorar su ordenamien-to territorial, incorporando el sector social, ambiental y eco-nómico, de manera continua. El ordenamiento y los planes que lo establecen administra-tivamente no son documentos estáticos sino que evolucionan como lo hacen las personas en el territorio.

• La consulta previa es un de-

recho fundamental. Es un de-recho que tienen los grupos étnicos y vamos a respetarlo. Trabajaremos con las comu-nidades para que este meca-nismo constitucional revierta en atención efectiva a sus inquietudes y en beneficios reales. En nuestro gobierno vamos a liderar directamente estos procesos de consulta. La nación y no las empresas mineras, serán los protagonis-tas de un mecanismo genuino de comunicación y concer-tación con las comunidades, con plazos definidos, y como requisito previo al otorgamien-to de licencias mineras. Este

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proceso lo concentrará un Ministerio del Interior for-talecido en sus capacidades de diálogo multicultural. Se hace imperativo establecer reglas claras con com-pensaciones estándar para que esto no se convierta en foco de corrupción. Con el acompañamiento y el liderazgo del Gobierno Nacional podremos dinamizar estos procesos, brindando mayor seguridad jurídica a los diferentes actores involucrados, con todo el rigor científico y basándonos en procesos de adecuada di-vulgación de la información, diálogo y concertación.

Manejo de la contaminación:

• Estableceremos cuencas prioritarias abastecedoras para determinar la mejor forma de descontaminar los ríos de acuerdo a sus perfil toxicológico.

• Continuaremos y aumentaremos programas para la eliminación del uso del mercurio en la minería del oro y fomentaremos la implementación y adopción social de tecnologías de clasificación y concentración de oro basadas en métodos gravitacionales suficiente-mente probados.

• Haremos control y vigilancia al tráfico de mercurio,

para cumplir tanto con la nueva legislación nacional como con el Convenio de Minamata con total rigor.

Oportunidades económicas y formalización:

• Invertiremos significativamente recursos del Fondo Colombia en Paz para el desarrollo de alternativas productivas sostenibles para la población que de-pende de esta actividad económica actualmente.

• Para desterrar la extracción ilícita de materiales,

además de la acción de la fuerza pública, se hace necesaria una revisión de los proyectos productivos

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dentro de herramientas co-mo los PDET y los planes de desarrollo municipales pa-ra enfocar el acceso a otras ayudas del Estado para iden-tificar aquellos que ofrezcan alternativas inmediatas de subsistencia y productividad a las comunidades que de-penden de la minería ilegal.

• Simplificaremos el proceso de

formalización minera. Vamos a hacer una actualización al código minero vigente, con-siderando la realidad de las regiones, y en especial ge-nerando instrumentos que fomenten y posibiliten de ma-nera efectiva la formalización de los mineros tradicionales. Se tendrá en cuenta la forma de apoyo a los mineros arte-sanales para que puedan subir sus estándares y así cumplir las normas internacionales.

• La minería, como cualquier

otra actividad productiva, no es susceptible de ser de-sarrollada en todo lugar, in-dependiente de dónde se ubiquen los depósitos con los

minerales de interés. En nues-tro gobierno los procesos de titulación minera serán efec-tuados con el mayor rigor técnico y en correspondencia con los usos del suelo deter-minados para cada territorio.

• Estableceremos la etapa de

licenciamiento ambiental pa-ra la fase de exploración mi-nera. El objetivo central del “permiso de exploración mi-nera” consistirá en unificar el otorgamiento de los permisos actuales en un sólo trámite que sería adelantado por una sola autoridad ambiental me-diante un proceso integral de licenciamiento. El estableci-miento del nuevo permiso in-cluirá una etapa de transición para su entrada en vigencia. El nuevo proceso de licencia-miento para realizar trabajos de exploración minera le con-viene al Estado, a las comuni-dades y hasta a las empresas mineras. El procedimiento ambiental, más allá de su re-sultado final, incorporaría las mejores prácticas de admi-nistración y buen gobierno.

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3. Transición energética justa, apuesta por alternativas energéticas renovables.Incentivos al desarrollo, penetración y expansión de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables – FNCER:

• Continuaremos con los avances regulatorios y de in-versión que permitirán que el país haga de las ener-gías renovables un proyecto estratégico nacional. Queremos que estas energías ocupen un lugar cre-ciente en la matriz energética de Colombia para dar el tránsito a una economía baja en carbono, con la articulación de la educación, ciencia, tecnología, in-novación, emprendimiento y cultura en energías re-novables en las regiones de mayor potencial, como parte de un modelo de desarrollo sostenible que im-pulse la economía.

• Estableceremos una política y/o meta clara en capa-

cidad instalada de FNCER (MW), ya sea en % de la matriz energética o en valor absoluto. Esto con el fin de alinear las diferentes entidades del Estado y eli-minar las limitaciones regulatorias existentes al uso de FNCER.

• Desarrollaremos programas para la energización ru-

ral y cobertura del 100% de la población. Las renova-bles no convencionales son las fuentes idóneas para llevar el acceso a electricidad a los más de 400.000 usuarios que hoy en día no cuentan con este servicio. Esto se hará con enfoque de las posibilidades am-bientales y retos de cada región.

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• Al igual que con otros temas de participación social, juga-remos un papel más activo co-mo facilitadores y mediadores en los mecanismos de consul-ta pública para el desarrollo de proyectos de FNCER con el fin de ayudar a las partes a llegar a acuerdos y beneficios de una forma efectiva.

• Impulsaremos programas edu-

cativos con el SENA, tecno-lógicos y otras instituciones educativas para aumentar el conocimiento sobre el desarro-llo, instalación y funcionamien-to de FNCER.

• El emprendimiento será im-pulsado gracias a diferentes modelos de negocio que se desarrollarán en torno a las FNCER. En particular, la gene-ración a pequeña escala para sistemas de distribución local y zonas no interconectadas ha impulsado el crecimiento de diferentes esquemas.

• Terminaremos la reglamenta-

ción de la Ley 1715, revisando el modelo de cargo por con-fiabilidad y profundizando los incentivos para la instalación de plantas de generación de energía solares y eólicas. Se comenzará con el uso de éstas

a nivel institucional para dar un impulso en este sentido (ej: alumbrado público).

• Vamos a hacer un llamado y

promoción a los particula-res en el uso de energías re-novables. Fomentaremos la comercialización de paneles solares, molinos de viento, ve-hículos eléctricos, entre otros, con incentivos económicos y tributarios.

Medidas para limitar la dependen-cia de los combustibles fósiles:

• Vamos a propender porque el posconflicto sea un momento para ir dejando la dependencia de combustibles fósiles, promo-viendo que las inversiones en los territorios afectados priori-cen proyectos con FNCER.

• Instauraremos una morato-

ria al fracking por principio de precaución hasta que se com-pruebe que es inocuo para el ambiente y las comunidades.

• Impulsaremos un plan de diver-sificación de las exportacio-nes con incentivos poderosos a otros sectores exportadores con potencial de crecimiento económico y ventajas compe-titivas. Por ejemplo el turismo

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basado en la naturaleza que presenta una mayor ge-neración de empleo por dólar invertido si se compara con industrias extractivas.

Transición justa para poblaciones que dependen del car-bón y del petróleo:

• Haremos una transición socialmente justa para la salida definitiva del carbón. Esto incluye la identifica-ción de oportunidades de diversificación económica para las regiones y poblaciones pequeñas que de-penden del carbón.

• En los territorios que dependen en mayor medida del

carbón, invertiremos recursos en desarrollo de técni-cas en otras alternativas de vida. (Ej: Guajira).

Electrificación de la economía:

• Vamos a llevar a cabo una profundización de los in-centivos para la movilidad eléctrica de pasajeros y de carga, y un impulso a la inversión pública nacional y sub-nacional en infraestructura para la electrificación.

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4. Fortalecimiento

institucional ambiental, cero corrupción, llegada efectiva y articulada a los territoriosInstitucionalidad y gobernanza ambiental:

• Para que el sector ambiental pueda concertar y ar-ticularse con los demás no necesita mecanismos ni comisiones adicionales: necesita tener presupuesto y peso en el gabinete ministerial proporcional a sus responsabilidades. Nombraremos funcionarios con peso político, liderazgo moral y una voz fuerte y des-tacada en el desarrollo de las políticas públicas que además tengan la capacidad de ejecutar presupues-tos y programas que cambien la realidad ambiental del país.

• La gobernanza ambiental depende de la posibilidad del trabajo conjunto y la comprensión de las realida-des territoriales. El sector ambiental debe ser, por la naturaleza de sus funciones, el más descentralizado de todos. La construcción de confianza con las cor-poraciones autónomas regionales pasa por la mejora de los mecanismos de elección de sus directores y miembros del consejo directivo. Seremos el gobierno que logre pasar por el Congreso de la República un proyecto de Ley que le dé más recursos a las corpo-raciones, modifique sus mecanismos de elección y les dé la legitimidad que tanto necesitan para construir gobernanza en sus territorios.

• En ese proyecto incluiremos la creación de una Superintendencia para la vigilancia de la labor de

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las autoridades ambientales nacionales y territoriales. La autonomía es esencial y se respetará, pero la vigilancia es imprescindible para asegurar que el país cumple con la sos-tenibilidad de su desarrollo.

• Los institutos de investigación del sector ambiental son ejem-plo para la región latinoameri-cana y para el mundo. Desde sus liderazgos hay ideas só-lidas para encontrar nuevas formas de financiamiento que fortalezcan los puentes en-tre el conocimiento, la toma de decisiones y la gobernanza ambiental en el territorio. Los escucharemos y asegurare-mos que sean el faro de cono-cimiento que el país necesita.

• El Consejo Nacional Ambiental es un espacio de concertación y aprendizaje entre los funcio-narios públicos, otros líderes y sectores, pero en particular, con las autoridades ambien-tales y los territorios. En nues-tro gobierno nos reuniremos en este espacio de manera periódica y además brindare-mos otros espacios de con-certación, tareas para mejorar nuestra gestión ambiental.

• Vamos a identificar las for-mas organizativas y fuentes de recursos para dar inicio a un proceso que permita que todos los municipios del país cuenten con las herramientas necesarias para el desarrollo efectivo de estudios que me-joren su ordenamiento terri-torial, incorporando el sector social, ambiental y económi-co, de manera continua.

Corrupción:

• Vamos a poner todas las fuerzas para acabar con la corrupción del sector: Muchos ojos, pocas manos en el ma-nejo de los recursos del sector.

• La elección de los Directores e integrantes del Consejo Direc-tivo, particularmente el delega-do del Presidente, se hará por méritos técnicos. La comuni-cación entre la Presidencia, el ministerio y esos delegados será constante.

• Usaremos de manera transpa-rente y eficiente los recursos del impuesto al carbono, con énfasis en proyectos de miti-gación y adaptación al cambio climático, como lo son los de conservación de la biodiversi-dad y la prevención y control de la deforestación.

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• Vamos a proponer a alcaldes y gobernadores proyec-tos en innovación en materia ambiental y desarrollo sostenible para que sean financiados en el fondo de regalías (CTeI).

5. Colombia país de aguaIncentivos económicos al uso eficiente del recurso:

• Para mejorar la eficiencia del consumo de agua va-mos a aumentar su tasa de uso, diferenciando el uso agropecuario, industrial y residencial. Las tasas cum-plirán con principios de racionalización, eficiencia, equidad y solidaridad en la distribución del recurso.

Protección de las fuentes de agua:

• Concluiremos la delimitación definitiva de todos los páramos a nivel nacional. Para las comunidades que habitan en estos territorios haremos uso de los pro-gramas de identificación de oportunidades de diver-sificación económica para las regiones y poblaciones pequeñas que dependen de la minería, financiados con diversos incentivos, como por ejemplo el pago por servicios ambientales.

• Llevaremos a cabo un estudio de las cuencas, zonas de recarga hídrica, fuentes de agua para los acue-ductos de los principales municipios.

• Vamos a revisar, ajustar y hacer cumplir de manera ri-

gurosa el Plan Nacional de Restauración. La Ciénaga Grande de Santa Marta es un ejemplo de todo lo que no puede pasar en la gestión de un ecosistema es-tratégico y su recuperación será una prioridad.

2 3 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

• Promoveremos al agua co-mo factor determinante del ordenamiento y el uso de los territorios y en tal sentido, apo-yaremos la aplicación del co-nocimiento sobre el agua y los ecosistemas estratégicos para su producción y regulación.

• Apoyaremos y defendere-mos la consideración de que el derecho al agua potable y al saneamiento básico sean considerados derechos huma-nos fundamentales.

• Fortaleceremos la institucio-nalidad para la gestión del 45% del territorio nacional (los océanos), articulando la armada nacional, los centros de investigación, las univer-sidades y la sociedad civil. Formularemos una política de gestión y aprovechamiento de los recursos marinos dotán-dola de presupuesto suficien-te del sistema de regalías.

Articulación con los sectores productivos:

• El Consejo Nacional del Agua, creado en 2017, debe hacerse realidad y ponerse en funcio-namiento como está previsto en la ley.

Calidad del recurso hídrico:

• Invertiremos eficientemente en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales en ciudades y municipios claves. Haremos un estricto control y vigilancia sobre vertimientos, minería ile-gal y calidad de agua potable.

Río Magdalena:

• Recuperar la navegabilidad del río Magdalena es una enor-me oportunidad para el país en términos de que puede ser una autopista fluvial. Sin embargo, el éxito se dará solamente en la medida que haya una articula-ción con proyectos de desarrollo territorial. El río es un socioeco-sistema conectado y por eso en nuestro gobierno vamos a tra-bajar desde una aproximación y entendimiento integral, esto significa que comprendemos un gran número de actividades humanas dependen del buen funcionamiento del ecosistema.

• Vamos a fomentar la importan-cia que tiene el río en cuanto a la identidad y cultura del país.

• Vamos a recuperar la nave-gabilidad haciendo una cui-dadosa protección, vigilancia

2 4 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

y seguimiento del medio ambiente. Vamos a asegu-rar los más altos estándares técnicos, financieros y ambientales. Utilizaremos las herramientas que pre-sentan instituciones como The Nature Conservancy (TNC) que ya tiene desarrollado modelos para prever el impacto cumulativo de la intervención.

• Si bien hubo algunas iniciativas de CORMAGDALENA

que fueron importantes, como el Centro de Investigaciones del Rio Magdalena CIRMAG, és-tas no perduraron por la corrupción del escandalo ODEBRECHT, pues su financiación venía a través de CORMAGDALENA desde NAVELENA. Revisaremos el rol de CORMAGDALENA, una entidad que no ha cum-plido con el propósito de integrar las intervenciones públicas y privadas a lo largo del Río. Además de eli-minar la corrupción con procesos de selección impe-cables, CORMAGDALENA durante nuestro gobierno va a tener un rol coordinador al ser un espacio de en-cuentro para todos los sectores y gobiernos locales.

• Frente al estado de degradación en el que se encuen-tra la cuenca del Río Magdalena, la estrategia am-biental más importante que llevaremos a cabo será la restauración ecológica, que permitirá la recupera-ción de la conectividad del paisaje y la funcionalidad del sistema. Esta estrategia será beneficiosa tanto para empresarios, campesinos, pescadores y habi-tantes de las ciudades de la cuenca.

• En la cuenca del Río Magdalena se encuentran todas las ciudades más importantes del país, que vierten la contaminación doméstica e industrial a estas aguas, que en su totalidad son recibidas por entre las tierras bajas de la planicie de inundación. Esto sumado a la contaminación por minería está causando el colapso de la calidad del agua del río. Vamos a iniciar todas las estrategias de mitigación y control en este aspecto.

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6. El agro y la infraestructura: actores fundamentales en el desarrollo sostenibleProductividad, crecimiento económico sostenible.

• Colombia tiene ventajas comparativas únicas para el desarrollo del sector agropecuario sostenible. Entre otras, cuenta con muchos productos de exportación fundamentados en la biodiversidad. Con el potencial combinado de conservación y de mercado, vamos a potenciar estas riquezas del territorio.

• Haremos una apuesta de Estado para el desarrollo de

productos agrícolas sostenibles de exportación con esfuerzos importantes para apoyar la admisibilidad en el extranjero de productos como frutas tropicales, cafés especiales, cacao y otros cultivos con potencial sinérgico con los ecosistemas.

• Desarrollaremos políticas fuertes de apoyo a la re-conversión de la agricultura y la ganadería con una visión de cadena, para que todos los eslabones tra-bajen en función de la sostenibilidad, lo cual redunda en mayor productividad, menores costos y menores impactos ambientales.

• La sustitución de cultivos busca integrar 150.000 ha sembradas en coca. Las áreas cultivadas que es-tén dentro de áreas protegidas serán restauradas como parte del Plan Nacional de Restauración. Las restantes serán integradas al sistema de producción agrícola con prácticas sostenibles a través del apoyo

2 6 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

técnico. Para esto abordare-mos este tema de forma in-tegral con otros ejes como seguridad, desarrollo y am-biente, con énfasis en el apro-vechamiento con agregación de valor de las especies de nuestra biodiversidad.

• Antes de hablar de ampliar la frontera agrícola, vamos a afrontar el reto de mejorar la eficiencia de los mercados in-ternos de alimentos, para que los alimentos lleguen a la po-blación, los productores ob-tengan ganancias y se use de manera más eficiente el suelo. Para esto articularemos polí-ticas y regulaciones del sec-tor agropecuario con otros sectores como infraestructu-ra y ambiente.

• Conectividad de los mercados agrícolas para llegar a merca-dos internos e internacionales por medio del mejoramiento de vías terciarias con la debi-da articulación con alcaldías y gobernaciones.

Nuevas tecnologías, nuevos pa-radigmas de desarrollo rural;

• Implementaremos el progra-ma nacional de agroecología y conversión de la ganadería

extensiva mediante asisten-cia técnica en sistemas silvo-pastoriles, cercas vivas, usos mixtos del suelo, agroforeste-ría, permacultura, acuacultu-ra, agricultura de precisión y prácticas ancestrales con es-pecies nativas.

• Propenderemos por un ma-

nejo más eficiente del agua y los agroquímicos en la agri-cultura, a partir de diferen-tes herramientas que van desde créditos, subsidios y asistencia técnica hasta la determinación de límites a los vertimientos en suelos y cuer-pos de agua.

• Fomentaremos una transfor-mación gradual de algunos de los sistemas productivos (abarcando sistemas tradi-cionales hasta los más recien-tes avances en biotecnología).

Regulaciones y medidas control en busca de reducción de impactos:

• Instauraremos la licencia am-biental en actividades agríco-las de alto impacto y de amplia extensión (monocultivos, cul-tivos extensivos, uso intensivo de distritos de riego, uso de pesticidas de alto impacto en la calidad de los suelos). Para

2 7 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

esto se aplicarán estándares de producción, certifi-cación de buenas prácticas, monitoreos, incentivos y mecanismos de compensación.

• Todas las actividades productivas tienen costos al am-biente en menor o mayor medida, por tal razón implemen-taremos cobros o medidas de compensación, avanzando decididamente en la puesta en marcha del manual de compensaciones por pérdida de la biodiversidad.

7. Biodiversidad: conocer, conservar, utilizar• La política nacional de gestión integral de la biodi-

versidad y los servicios ecosistémicos (PNGIBSE) es una de las políticas más importantes en la gestión de la biodiversidad, ya está por cumplir diez años. El punto de partida será realizar una revisión y ajuste riguroso de la misma.

Manejo y gestión del sistema de áreas protegidas:

• Consolidaremos el sistema de áreas protegidas de Colombia con mirada enfática a los ecosistemas es-tratégicos. Cumpliremos con la meta de protección del 17% del territorio. Se realizará un esfuerzo por representatividad de ecosistemas o regiones como el bosque seco, manglares, los arrecifes de coral, y áreas estratégicas de la Orinoquia). Vamos a ga-rantizar la gestión efectiva y sostenible del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que muchas veces se ha quedado en papel.

• En términos de representatividad, vamos a declarar los parques que faltan para garantizar la represen-tatividad del sistema, incluyendo un sector de la se-rranía de San Lucas y el río Manacacías, entre otras.

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• La Unidad Administrativa de Parques Nacionales Naturales debe incrementar su capa-cidad de construcción de consensos y resolución de conflictos. Para eso, duplica-remos su personal actual.

• Llevaremos a cabo proyectos de reinserción social de excomba-tientes y poblaciones afectadas por la violencia como guarda-bosques y guardaparques.

• Haremos pactos ambientales regionales con las comunida-des locales para fomentar los sistemas de producción sos-tenibles en las zonas ambien-talmente estratégicas.

• Fortaleceremos la capaci-dad de las autoridades lo-cales para conservación de la biodiversidad en resguar-dos indígenas, territorios de comunidades negras, reser-vas campesinas y distritos agrarios, entre otras figuras existentes para proteger e in-centivar la economía familiar y la identidad de las comuni-dades del campo.

• Trabajaremos para estable-cer corredores biológicos a lo largo y ancho del territo-rio nacional para integrar y

fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

• Promoveremos la equidad, mediante el reconocimiento económico y las regalías am-bientales, entre los territorios que proveen bienes y servicios ambientales y aquellos que los consumen; es decir, redu-ciremos la brecha económica entre la Colombia Urbana y la Colombia Rural.

Bioeconomía: puerta de oportu-nidades para el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad.

• Construiremos los megapro-yectos de nación biodiversa con oportunidades económi-cas, de desarrollo, laborales y sociales a partir de nuestros recursos naturales. El cimien-to de estos programas son la educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Uno de los puntos de partida para lograr esto es limpiar la normatividad y ha-cer una reforma del INVIMA.

• Nuestro gobierno le aposta-rá al desarrollo de estas eco-nomías verdes en el Chocó, la Amazonia y la Orinoquia para que se creen importan-tes nodos de investigación y

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desarrollo sobre todas estas riquezas. También vamos a promover negocios verdes que provengan de nuevas formas de manejo y de la restaura-ción ecológica en las regiones Andina y Caribe. La agenda de promoción de inversión va a priorizar las apuestas produc-tivas verdes de estas regiones.

• Vamos a impulsar el ecoturis-mo de manera responsable en las áreas protegidas, para que los colombianos y extranjeros conozcan estas bellezas na-turales y la población sea la primera en querer defenderlas. Nuestro gobierno actuará de-cididamente para que el eco-turismo se constituya en un renglón económico sólido que sea una real alternativa para muchas comunidades locales. Adicionalmente promovere-mos con los gobiernos locales el ecoturismo en territorios que actualmente ya son importan-tes nichos turísticos y tienen el potencial para incluir la mira-da ecoturística como es el ca-so de Cartagena, San Andrés y Santa Marta entre otros.

• Haremos una apuesta nacio-nal por el desarrollo, fortaleci-miento y mejoras económicas

a las investigaciones en bio-tecnología, ciencia aplica-da, negocios verdes: vamos a mostrar el valor y las oportu-nidades de la ciencia. Nuestra biodiversidad es la gran venta-ja competitiva ante el mundo.

Educación, apropiación del conocimiento:

• Fortaleceremos decididamen-te la educación ambiental y el contacto con la naturale-za ya que esto es primordial para crear conciencia en las nuevas generaciones sobre la protección del medio natural y su fragilidad ante los impac-tos humanos. La educación ambiental será parte integral de la formación ciudadana.

• Llevaremos a cabo un gran proyecto nacional de edu-cación ambiental en sentido amplio. Estamos convencidos de que la verdadera solución al problema ambiental en el mediano y largo plazo es la conciencia. El proyecto parti-rá en los colegios, pero tam-bién incluirá trabajar con las universidades para fortalecer carreras en temas ambien-tales. Adicionalmente tendrá un trabajo profundo con los

3 0 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

medios de comunicación, y el fortalecimiento de mu-seos, parques, jardines botánicos y espacios cultu-rales como actores clave en la educación no formal. Continuaremos con los proyectos exitosos en este sentido, como Colombia BIO, y además aumentaremos los esfuerzos en este sentido.

Control efectivo y regulación:

• La restauración, el control del tráfico ilegal y el res-cate de especies al borde de la extinción serán una de nuestras tareas urgentes para empezar a revertir daños acumulados sobre nuestra fauna, flora y eco-sistemas. En tiempos de posconflicto es necesario fortalecer el control y la prioridad que le da la fuer-za pública y las autoridades policivas, ambientales y aduaneras a este tráfico; así como coordinar accio-nes con países vecinos.

• Desde el gobierno plantearemos una gran cruzada na-cional para la recuperación de las especies más amena-zadas, en donde participarán comunidades, científicos, universidades, sector privado y la sociedad civil.

• Es necesario erradicar manualmente, y jamás con as-persión aérea, los cultivos ilícitos en áreas protegi-das y llegar a acuerdos con los campesinos que los han establecido con programas claros de transición y reubicación. No obstante, estos programas deben tener tiempo limitado, para que no se generen incen-tivos perversos que propicien nuevos cultivos.

3 1 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

8. Cambio climático, más allá de los compromisos internacionalesCompromisos, regulación, normatividad:

• Ajustaremos el impuesto al carbono para que sea ambientalmente más efectivo y realmente incentive la transformación energética del país, gravando al car-bón con el mismo. No abandonaremos a las comuni-dades mineras de carbón, pues crearemos programas fuertes de apoyo para diversificar sus economías.

• Respaldamos la ley de cambio climático que cursa en

el Congreso en donde se busca instaurar un mercado de carbono con un sistema de cupos y créditos de emisiones de gases de efecto invernadero.

• Estamos firmes con el Compromiso de Colombia de reducir emisiones en un 20% como nuestro aporte al esfuerzo global por mitigar el cambio climático y del 30% si se cuenta con la cooperación interna-cional. Analizaremos las alternativas para aumentar esta meta actual y así dar ejemplo a nivel mun-dial, entre otras por medio del fortalecimiento del Sistema de Cambio Climático (Sisclima) y la Comisión Intersectorial de Cambio Climático.

• La educación será uno de nuestros ejes vertebrales

para lograr que los colombianos conozcan los im-pactos del cambio climático y cómo afrontarlos y mitigarlos, y así crear una cultura ciudadana verde, informada y consciente.

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Planeación territorial con enfoque ambiental y enfoque de protección de ecosistemas estratégicos:

• Nuestros páramos, bosques, humedales, playas y manglares son nuestras pólizas de seguro frente a los embates del cambio climático: lluvias torrencia-les, sequías, incendios, deslizamientos. Protegeremos estos ecosistemas para conservar la biodiversidad, lo cual ayudará a mantener el agua, proteger los suelos y contener la erosión en las costas.

• El modelo de planificación territorial está en proble-mas en el país y los POT se encuentran desacredi-tados por múltiples razones. Dentro de los ajustes que se hagan a los POT, los temas de cambio climá-tico y riesgo deben ser primordiales, para no repe-tir tragedias anunciadas como la de Mocoa. Todos los municipios tendrán sistemas de alerta temprana y conocerán sus niveles de riesgo. Así mismo, deben contar con un plan de mitigación y adaptación al cam-bio climático. Una onza de prevención puede evitar una tonelada de daños. Aunque estas medidas son de orden local desde el gobierno nacional realizare-mos acompañamiento y articulación con los munici-pios para fortalecer sus capacidades e incidir en que se logren los objetivos mencionados. Continuaremos con el programa de POT modernos que tiene puntos muy valiosos pero que aún presentan fallas de imple-mentación y ejecución.

• La adaptación al cambio climático contará con un ta-

blero de control para zonas vulnerables dentro del sector ambiental, pero las responsabilidades son sec-toriales y territoriales. Las herramientas y espacios de concertación creados por el Sisclima serán fortalecidos.

3 3 • P R O P U E S T A D E M E D I O A M B I E N T E

9. Economías verdes• Ciudades como Bogotá y Medellín especialmente,

aunque también sectores muy importantes de otras ciudades como Cali y Bucaramanga están asfixiadas por su mala calidad de aire y la situación tiende a empeorar. La solución a este grave problema de sa-lud pública exige una gestión integral con visión de largo plazo. De manera inmediata, vamos a promo-ver fuertemente los vehículos eléctricos e híbridos (motos, carros, buses y bicicletas) y una canasta de opciones de movilidad sostenible, en la que promo-cionaremos los vehículos eléctricos e híbridos (motos, carros, buses y bicicletas). Simultáneamente, vamos a trabajar por el mejoramiento radical de los com-bustibles para reducir la toxicidad de las emisiones de su combustión a la que se generan con los mejores combustibles del mundo que se utilizan en los países más avanzados en esta materia.

• Nuestro gobierno asumirá su responsabilidad en la

promoción de hábitos de consumo más sostenibles a través del desarrollo de la cultura ciudadana.

• El país ha tenido muchas promesas incumplidas de revivir al Río Magdalena y los corredores férreos. Vamos a sacar adelante estos proyectos indispen-sables para reducir los costos de transporte al inte-rior del país y disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles.

• Nuestro gobierno promoverá el aprovechamiento eco-

nómico del manejo de residuos para reducir impactos ambientales.

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¿CÓMO ESTAMOS

EN MATERIA

AMBIENTAL?

1. DeforestaciónUno de los problemas más graves en Colombia actual-mente es la deforestación, en especial si se tiene en cuenta que la tendencia de reducción que se veía vien-do en los últimos años ha cambiado dramáticamente. La deforestación aumentó un 44% entre 2015 y 2016, perdiendo 178.597 hectáreas de bosque (casi el tama-ño del departamento del Quindío). La deforestación en Colombia tiene seis causas principales: acaparamiento de tierras (45%), cultivos ilícitos (22%), construcción de infraestructura (10%), incendios forestales (8%), gana-dería extensiva (8%) y minería (7%). (IDEAM, 2017). Uno de los hechos más importantes en este panorama es que la expansión acelerada y desordenada de la fronte-ra agrícola ha aumentado por el posconflicto en zonas como la Macarena, el Guaviare, el Nordeste antioque-ño, amenazando de manera considerable los bosques, lo cual requiere atención urgente. Al mismo tiempo, en mu-chas localidades de la zona Andina y el Caribe, continua la deforestación de los remanentes de bosque que aún quedan; y en el Pacífico, cada vez mayores extensiones de bosques son destruidos por la minería y degradados por la extracción selectiva de maderas.

La deforestación no solo es un problema ambiental si-no que nuestro bienestar y calidad de vida depende en

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buena parte del buen funciona-miento de los ecosistemas fores-tales. La cobertura boscosa es la que protege las fuentes de agua, controla la erosión, captura car-bono, provee aire y alimento, es hogar de incontables especies de fauna y flora, y regula el clima local y regional. Adicionalmente, es la principal herramienta para adaptar y proteger al territorio ante eventos climáticos extre-mos. Las montañas deforesta-das son más susceptibles a los deslizamientos y derrumbes que nos impactan año tras año. Por otro lado, la deforestación de bosques tropicales contribuye cerca del 17% de los gases de efecto invernadero (GEI) a nivel mundial, y genera buena par-te de las emisiones del país. El sector de agricultura, silvicultu-ra y los cambios en el uso de la tierra son responsables del 60% de las emisiones en Colombia; de ese 60%, el 70% es directamen-te causado por la deforestación (IDEAM, 2017). De este porcen-taje 30% corresponde a la ga-nadería (fermentación entérica y gestión de estiércol), el 47,2% a cambios de la tierra (36,1% por cambios de bosques a pastizales y el 11.1% por cambios a tierras de cultivo) y el 22,5 por fuentes agregadas (Inventario emisiones

GEI Colombia, 2012). Por tal ra-zón es determinante entender que el desarrollo de un sector fo-restal sano que combine la res-tauración, el uso de productos derivados del bosque silvestre y el cultivo de la madera es una prioridad largamente pospuesta.

2. Minería La minería en Colombia ha existi-do desde tiempos prehispánicos, y aún hoy es el medio de subsisten-cia de miles de familias que la han ejercido ancestralmente. El último censo minero realizado en el país arrojó que la explotación de ma-teriales de construcción represen-ta el 47% de la actividad minera nacional (canteras), seguido por el oro con un 29% y el carbón con un 19%; otros minerales repre-sentan solo el 6% del número de minas en Colombia. De igual for-ma, este mismo estudio encontró que el 63% de la minería en el país se hace en zonas sin titulación. Según la Asociación Colombiana de Minería en 2016 el 80% del oro era extraído de esta forma con graves impactos socio-eco-nómicos y ambientales. En 2014 se perdieron 24.450 hectáreas de selvas por explotación minera ilegal, de las cuales el 77% fueron

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en el Chocó (UNODC, 2016). Se ha buscado diferenciar la minería informal tradicional de la criminal, donde la primera la hacen grupos pequeños con recursos limitados y métodos de bajo desempeño, y la segunda vinculada con grupos armados o delincuencia organi-zada que, aunque disponen de medios para cumplir la ley, no lo hacen. Por otro lado está la mi-nería legal en diversas escalas, donde predomina la extracción de carbón, oro, esmeraldas y ferroní-quel, entre otros.

Cada situación requiere de un tratamiento específico y de con-sideraciones particulares para su manejo. Para la minería a gran escala el país tiene un gran reto que es cumplir bajo parámetros muy precisos en dónde se pue-de hacer minería, en dónde no se puede hacer definitivamente y cómo cumplir en ambos casos.

Los intentos por ponerle orden a la minería informal, por ejem-plo con el Plan de Ordenamiento minero propuesto por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), no han logrado brindar seguridad y confianza a todos los actores implicados.

El Código de Minas (2001) vigen-te y demás instrumentos jurídicos

no se ajustan a la realidad de las regiones, en especial porque los diferentes requerimientos exigen considerables recursos económi-cos y condiciones técnicas que im-posibilitan a los pequeños mineros cumplir a cabalidad con el proceso.

3. Matriz energéticaComo en muchos otros temas, nuestra riqueza natural pone a Colombia en una incomparable situación de ventaja: la abun-dancia de agua que corre por los ríos colombianos ha resultado en que el 70% de la energía eléctri-ca que consume el país provenga de fuentes renovables. La energía restante proviene de plantas tér-micas que operan con combusti-bles fósiles en un 29% y solamente el 1% tiene como origen fuentes renovables no convencionales.

La sequía que produjo el fenó-meno de El Niño de 2016 evi-denció una realidad inevitable: la variabilidad y el cambio cli-mático afectan la provisión del recurso hídrico que está en el centro de nuestra matriz eléc-trica. Diversificar la composición de nuestra producción eléctri-ca es una decisión prioritaria, en primer lugar para hacernos

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menos vulnerables. Hacerlo ade-más cumpliendo con nuestros compromisos en materia de re-ducción de GEI y aprovechando nuestro potencial en energías renovables no convencionales es apenas natural y debería resul-tar en menores inversiones del Estado en el cargo de confiabi-lidad y en mejores precios de la energía para los colombianos.

La realidad global indica que las nuevas energías desplazarán en algunas décadas a los combus-tibles fósiles: varias decenas de países ya anunciaron la salida definitiva del carbón de sus ma-trices de generación de energía y en algunos ya se estableció la prohibición del diésel a partir del año 2025. Es prioritario que las regiones que dependen de la producción del carbón inicien una transición hacia la produc-ción de bienes y servicios con un mayor valor agregado.

La dependencia del petróleo ha sido para la economía colombia-na una adicción difícil de supe-rar: cuando bajan los precios el país se compromete a invertir en el desarrollo de otros bienes y servicios. Al subir los precios, sin embargo, nos acomodamos de nuevo a la producción petrolera

como principal fuente de inver-sión e ingresos para el Estado. La única manera de cortar con ese ciclo es con una apuesta más diversificada de la economía del país, invirtiendo en educación, ciencia, tecnología y emprendi-miento, sobre todo en épocas de vacas gordas.

4. Déficit institucional y de implementaciónColombia dio un paso muy im-portante con la creación del SINA a través de la Ley 99 de 1993. La institucionalidad am-biental en Colombia, sin em-bargo, es todavía muy débil. Su capacidad para ejercer coman-do y control ambiental en temas como calidad de aire, conta-minación del agua, tala ilegal, tráfico de especies, incendios, desecación de humedales, uso inadecuado y erosión de suelos, tráfico de especie y tala ilegal e incendios forestales es particu-larmente limitada. Son contados los casos de sanciones efectivas por delitos ambientales. Aunque hay una buena reglamentación en términos generales, existe un

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enorme déficit de implementa-ción, agravada por los casos de corrupción prevalentes en algu-nas Corporaciones Autónomas Regionales. Lo anterior se inten-sifica por problemas de gober-nabilidad en el diseño del SINA: la autonomía que la constitución del 91 le otorgó a las corpora-ciones ambientales procuraba protegerlas de los intereses polí-ticos y acabó, en muchos y des-afortunados casos, por dificultar la implementación de medidas ambientales coherentes a lo lar-go y ancho del territorio.

Sumado a esto, el sector ambien-tal cada vez tiene más respon-sabilidades, pero no aumentan concomitantemente los recur-sos. Esto se explica en parte por la baja capacidad de ejecución de recursos que se observa en el sector pero es sobre todo un re-flejo de la bajísima importancia política que los temas ambienta-les han tenido durante los últimos veinte años. A pesar de ser un país líder en la región en desa-rrollo institucional, herramientas de conservación y participación social en la política ambiental, en materia de implementación Colombia cuenta con muchos re-zagos en temas fundamentales

como el control de las pesque-rías, el manejo de pesticidas, el tratamiento de aguas, la calidad del aire en las ciudades y el con-trol a la deforestación. Una de las causas centrales de esta proble-mática institucional es la desar-ticulación del SINA, no solo no se trabaja de manera coordinada si-no que suelen ser instituciones en permanente conflicto entre ellas. Adicionalmente no hacemos una correcta gestión del conocimien-to, ni monitoreo ambiental robus-to a pesar del compromiso que adquirimos como país que quiere acceder a la OCDE.

A pesar de lo anterior, es impor-tante mencionar que Colombia cuenta con diferentes institutos de investigación ambiental, como el IDEAM, el Humboldt, el IIAP, el INVEMAR y el Sinchi, así como la sociedad civil floreciente y preo-cupada en materia ambiental, que cumplen un rol muy importante y deben ser priorizados en la ges-tión y articulación institucional, así como en la toma de decisiones. También es importante resaltar el rol creciente de las autoridades ambientales urbanas, en general con muchos más recursos que las CAR y con mayores capacidades en otras instancias de gestión.

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5. Abundancia y calidad

del aguaColombia es a la vez un país rico en agua pero altamente vulnerable al estrés hídrico y a las inundaciones. Las limi-taciones para diseñar e implementar POMCAS y Planes de Ordenamiento Territorial (POT) efectivos para resol-ver los problemas en los usos de los recursos naturales del territorio, y especialmente la dificultad de implemen-tación cuando algunos presentan avances destacables, han resultado en la degradación de cuencas de ríos tan importantes como el Magdalena y el Cauca, causando sedimentación, erosión, deterioro de la pesca, mayores déficits de agua en periodos de sequía e inundaciones en periodos de lluvias. La contaminación del agua en Colombia se debe principalmente a las aguas servidas urbanas y en segundo puesto está la agricultura como agente de contaminación.

La contaminación de diferentes fuentes, así como otro tipo de afectaciones al ciclo del agua, son cada vez más preocupantes. Este problema es crónico, histórico y acumulativo. A este contexto se suma la escasez que periódicamente asola a ciertas regiones del país, y que con el cambio climático empeorará, lo que está afectan-do la capacidad de suministro de agua potable.

Aproximadamente el 85% de las aguas residuales de nuestro país no se tratan pese que la normatividad avan-zada que exige el tratamiento de estas aguas fue estable-cida en el Decreto Ley 2811 de 1974 (Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente). La contaminación hídrica, aguas abajo, causa problemas para la pesca y otros recursos hidrobiológicos, costos adicionales para la potabilización y por supuesto, altísimo impacto en la salud humana y animal. Como en la

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producción de todos los residuos, una política adecuada de gestión integral del recurso hídrico parte por reducir el desperdicio del recurso. Aunque en Colombia existe ac-tualmente una buena política en este punto nuevamente se observan dificultades serias de implementación.

La protección de los páramos como proveedores del recurso es un paso determinante en corto plazo en Colombia para la provisión de agua, ya que la presión de la minería y otras actividades productivas amenazan constantemente estos ecosistemas únicos y esencia-les para la vida de toda la población colombiana. Ahora bien, dado que existen comunidades mineras en estos territorios será necesario brindar al máximo posible nuevas alternativas de desarrollo, y también abogar por la resolución de conflictos con estos pobladores locales con base en la innovación y la construcción de solucio-nes sociales.

6. Desarrollo industrial y sector agropecuarioLa economía colombiana depende en buena medida del sector agropecuario y el futuro del país, de su capacidad para transformarse y adoptar prácticas sostenibles que nos hagan más productivos y competitivos en la nueva economía global.

El crecimiento del sector agropecuario ha crecido a costa de la expansión de la frontera agrícola, la degradación del suelo y la deforestación, mostrando una gran ineficiencia en el uso del suelo, el agua y los servicios ecosistémicos y contribuyendo de manera desmedida a la emisión de ga-ses efecto invernadero (GEI). Aunque en muchas regiones y sectores específicos esa tendencia ya ha empezado a revertirse, la transformación es urgente y requiere de una

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fuerte conexión entre la investi-gación, la ciencia y tecnología y el campo.

La falta de conectividad del campo con la ciudad y de las regiones entre sí son un reto de infraestructura y para los mer-cados, que requieren de una po-lítica pública armonizada con el sector ambiental para evitar amenazas directas a los eco-sistemas esenciales del país. El país necesita generar acuerdos fundamentales sobre el uso del territorio en áreas en donde no se ha aclarado el nivel de protec-ción, de muchos terrenos baldíos e innovar en las estrategias de gestión ambiental de los mismos.

A partir de un estudio riguroso de las regiones y su gente, de los sectores económicos y de las realidades ambientales, se debe diseñar un modelo de concerta-ción y no de confrontación para llegar en la mayor medida de lo posible a una visión compartida de territorio donde todos se vean reflejados. Aún no hemos entra-do en el mundo de las nuevas prácticas agrícolas sostenibles enfocadas en la productividad, que es donde está su verdade-ra fortaleza. En este grupo está la bioeconomía, la agroecología,

los sistemas silvopastoriles, los cultivos mixtos, la agricultura de precisión y en general todas aquellas prácticas y tecnologías que aumentan la productividad actual de manera sostenible. Una vez más, poner la educación, la ciencia y la tecnología a dispo-sición del campo colombiano se-rá el motor de la transformación productiva de las zonas rurales del país. Adicionalmente, será determinante hacer un ejerci-cio de apropiación de las comu-nidades, no solo se entregando ayudas sino desarrollando pro-cesos para que la gente desee quedarse en el campo porque es un territorio de oportunidades. La misión de crecimiento verde ha formulado importantes reco-mendaciones para aumentar la productividad en el uso del agua y el suelo pero también para po-tenciar el papel de la bioecono-mía y el desarrollo de medidas para asegurar un capital humano enfocado en el aprovechamiento sostenible de los recursos en to-dos los ámbitos de la economía.

7. Áreas protegidasColombia cuenta con una gran di-versidad de ecosistemas naturales,

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gracias a su ubicación geográfica tropical que además es puente entre Norteamérica y Suramérica, así como por su historia geológica. Las cordilleras de Los Andes separan la costa del Pacífico de la Amazonia y la Orinoquia, y las cuencas del Magdalena y el Cauca abastecen de agua a millones de colombianos. La otra mitad de Colombia es mar, sin embargo: vivimos a sus espaldas.

Durante los últimos 30 años hemos avanzado mucho en la designación de áreas protegidas para la protección de ecosistemas estratégicos, como eje fundamental del ordenamiento territorial. En la actualidad el sistema de áreas protegidas nacionales, regionales, municipales y privadas abarcan casi 29 millones de hectáreas. Sin embargo, existen algunos ecosistemas importantes que no están bien representados, como por ejemplo los hu-medales de la Orinoquia, los valles secos interandinos, el bosque seco tropical, los bosques de manglares y el sistema de ciénagas en el medio y bajo Magdalena.

Muchas de estas áreas están protegidas en papel pero la capacidad de gestión del Estado es muy limitada. El Sistema de Parques Nacionales Naturales cuenta con una planta de 1.000 funcionarios para proteger cerca del 14% del territorio nacional, equivalente a un funcio-nario por más de 24.000 hectáreas, muy por debajo del promedio internacional de 1:6.000. El tema de las áreas protegidas va más allá del problema de Parques, una institución que si bien fue una política ambiental de gran importancia en la historia del país, aún presen-ta fallas considerables en cuanto a su consolidación, su estructura y en algunos casos su visión de la gestión territorial. Se debe actualizar y modernizar el Sistema de Áreas Protegidas a la luz de una política de conser-vación ajustada a las condiciones del postconflicto y la evolución de la gestión territorial.

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Este documento es una construcción

colectiva de personas que creemos que en Colombia llegó la hora de escribir una

nueva página, la de las oportunidades. Agradecemos a todos los que participaron

e hicieron posible esta propuesta.

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Sergio Fajardo Valderrama