PROPUESTA DE PROGRAMA DE GOBIERNO EN MATERIA AMBIENTAL PERÍODO 2010-2014∗

Fundación Terram da a conocer hoy, cuando se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente, a todos los candidatos presidenciales y a la opinión pública su propuesta de programa de gobierno en materia ambiental para el período 2010-2014. Hoy el tema ambiental y la problemática del cambio climático resulta ineludible, por lo que debe estar inserto en los programas de gobierno de cada uno de los candidatos a la Presidencia de Chile.

Introducción El mundo atraviesa actualmente por dos grandes crisis: una económica, que surge a mediados de 2008, y otra de orden ambiental, provocada por el Calentamiento Global y el Cambio Climático, que es consecuencia de la actividad humana y su relación con el entorno. La primera será de corto plazo, mientras que la segunda es un problema permanente y, por lo mismo, es necesario abordarla desde esa perspectiva. Aunque parezcan crisis distintas, ambas tienen elementos en común. En primer lugar, las dos han sido provocadas por comportamientos errados, por un lado, en los mercados financieros y, por otro, en el modelo de producción y consumo imperante. Además, ambas se producen por ignorar o no respetar los límites en los ámbitos que se desarrollan las actividades. En segundo término, ambas demuestran que la interacción entre las sociedades y economías de hoy no se remite exclusivamente a los temas comerciales. Ambos fenómenos se han ido transfiriendo desde las mayores economías mundiales hacia las economías de menor tamaño dependientes del comercio y la relación con éstas. Finalmente, las dos crisis obligan a repensar los sistemas financieros, económicos y productivos. En el caso del Cambio Climático, además, surge como imperativo diseñar una nueva institucionalidad ambiental y social que se hagan cargo de un nuevo ordenamiento mundial, en el que la reducciones de emisiones y las acciones que tiendan a frenar/mitigar los efectos del Cambio Climático deberán estar incluidas y ser la base de cualquier política pública. El fenómeno del Cambio Climático es uno de los problemas más complejos que ha enfrentado la Humanidad. En el 2007, a partir del cuarto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, el Calentamiento Global y el Cambio Climático han sido reconocidos mundialmente como el gran desafío para el futuro del planeta y del propio ser humano. Pero a pesar de tener un alcance mundial, el grado de vulnerabilidad para las personas, su modo de vida, el impacto en la economía y el mantenimiento de los ecosistemas varía de un país a otro. Según los criterios establecidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Chile es un país vulnerable pues tiene zonas costeras bajas, ecosistemas de montaña, territorios áridos y semiáridos expuestos a la sequía y a la desertificación, porciones proclives al deterioro forestal, áreas propensas a desastres naturales, áreas urbanas altamente contaminadas y ecosistemas frágiles. Esto significa que en el futuro Chile enfrentará impactos como la aparición de nuevos problemas de salud y sanitarios;

∗ FUNDACIÓN TERRAM NO ADHIERE A PARTIDOS POLÍTICOS, DESDE SU CREACIÓN ES UNA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL INDEPENDIENTE, CRÍTICA Y PROPOSITIVA.

reducciones y/o variaciones en la producción de alimentos; alteraciones en la biodiversidad y ecosistemas; disminución en el acceso a suministro de agua; pérdidas y modificaciones en actividades económicas; desplazamiento de centros urbanos, especialmente en zonas costeras, entre otros. Además, es necesario tener en cuenta que a pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero de Chile sólo alcanzan el 0,23% del total mundial, según el “Informe de Desarrollo Humano 2007-2008, La lucha contra el cambio climático: solidaridad frente a un mundo dividido”, nuestro país registra el mayor aumento en el nivel per cápita de emisiones de CO2 respecto al resto de los países latinoamericanos y del Caribe (1,2 toneladas anuales en 14 años). También nos situamos en el segundo lugar en porcentaje, tras China, en el aumento de las emisiones de CO2 durante el 2008, según la Agencia Internacional de Energía. Los pronósticos en tal sentido no son nada alentadores, pues Chile está optando en el corto y mediano plazo por una matriz energética para generación eléctrica mayormente a carbón o similares, opción preocupante debido a que no resuelve los problemas de vulnerabilidad ni de independencia en el abastecimiento eléctrico. En este contexto, Chile debe ser capaz de enfrentar el desafío y ponerse a la altura de los procesos de cambio que está viviendo el mundo y dar un salto cualitativo en la forma de enfrentar los temas ambientales. El Cambio Climático y la crisis económica le dan a Chile la oportunidad de transformar sus procesos productivos y su modelo de desarrollo económico y energético, y lo obligan incorporar estos problemas como telón de fondo en el diseño de políticas públicas, reconociendo que los años venideros y por tanto la planificación del país se enmarcara en un contexto variable. Nuestro país debe dejar la costumbre de que cada gobierno desarrolle su agenda de trabajo en función de su periodo de duración. Es urgente tener una mirada de país de mediano y largo plazo y desarrollar políticas públicas en función del nuevo escenario mundial: cada política debería tener como consideración y trasfondo los problemas de Chile como país vulnerable y los impactos que esto traerá sobre las personas y todas las formas de vida. Toda la gestión de gobierno, toda política de Estado debe tener en consideración los impactos sociales del cambio climático, y por tanto articular acciones de prevención, adaptación y mitigación. Las políticas de protección social deberán tener en cuenta, por ejemplo, la pérdida de empleos; la malnutrición provocada por la escasez y el aumento en los costos de los alimentos; los impactos que tendrá el aumento del costo de la energía; prever los incrementos en la pobreza y los desplazamientos de población provocados por enfermedades o variaciones en la disponibilidad de agua y alteración de actividades económicas derivadas del Cambio Climático. Las agendas programáticas de los candidatos a la presidencia de Chile deben insertar cada una de sus propuestas de gobierno –económica, social, laboral, educación, salud, obras públicas, agricultura, ambiental- en el marco del cambio climático, entendiendo éste como un fenómeno que afecta no sólo en lo ambiental sino también en lo social y económico de manera transversal. El presente texto centrará su análisis en aquellos temas que Fundación Terram considera son las principales prioridades ambientales para los próximos años, con el objetivo de aportar al debate público en el actual contexto preelectoral. Entregaremos este documento a cada uno de los candidatos presidenciales, con el objeto de que sea parte de las discusiones al interior de sus comandos y que finalmente sea parte de sus Programas de Gobierno y, por ende, del Programa Ambiental del futuro gobierno de Chile. Cabe destacar que durante la contienda electoral de 2005, un conjunto de organizaciones ambientales y ecologistas plasmaron en un documento titulado “Agenda Ambiental de las organizaciones ecologistas y ambientalistas”, las prioridades ambientales para el período 2006-2010, muchas de las cuales formaron parte de los programas de los candidatos a la presidencia. En términos generales, los programas fueron similares, centrados fundamentalmente en la Reforma a la Institucionalidad Ambiental, dado el contexto de crisis ambiental vivido durante 2005 que evidenció la

debilidad de la Conama, y el interés de Chile de ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En el caso de Michelle Bachelet, su Programa de Gobierno incluyó además la firma de un compromiso explícito de 10 puntos en materia ambiental con algunas de las organizaciones ambientales que participaron en la elaboración de la Agenda Ambiental conocido como “Acuerdo de Chagual”, el cual fue desahuciado por las organizaciones firmantes debido a que la presidenta incumplió el punto Número 7: “No incluir la opción nuclear en la política energética nacional". Consideramos que el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, desde el año 2006 a la fecha, ha cumplido parcialmente los compromisos ambientales asumidos en su programa de gobierno. Destaca la creación del cargo de Ministro de Medio Ambiente y el nombramiento de la primera ministra de esta cartera, así como el envío al Congreso del Proyecto de Ley que Reforma la Institucionalidad Ambiental creando el Ministerio de Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización Ambiental, proyecto que ya superó su primer trámite constitucional e inició su discusión en el Senado. Sin embargo, junto con ello, se ha mantenido la política de la desregulación y de priorizar lo económico por sobre lo ambiental -inaugurada en el gobierno de Frei y profundizada en el de Lagos-, e incluso se ha consolidado, lo que ha significado una agudización de los problemas institucionales y de los conflictos socioambientales, el aumento del descrédito de los servicios públicos y de las COREMAs ante la ciudadanía debido a los criterios utilizados a la hora de evaluar los proyectos de inversión, entre otras consecuencia. Seguimos manteniendo la política explicitada en 1998, que hasta ahora ha sido incapaz de responder adecuadamente a los problemas ambientales del país, proteger el patrimonio ambiental de Chile y menos aún, afrontar los desafíos futuros. La implementación de las propuestas del presente documento es fundamental para mejorar la gestión ambiental en Chile. Tenemos el convencimiento de que para avanzar hacia la sustentabilidad y hacia una sociedad con mayor justicia social y ambiental, además de afrontar el cambio climático, es necesario efectuar importantes modificaciones legales e institucionales al orden vigente, las que además del ámbito ambiental, deben incluir modificaciones a la Constitución Política e importantes cambios en la política económica. Al igual que los problemas sociales, los problemas ecológicos que sufre el país no se pueden resolver con “parches ambientales”, sino por medio de profundas correcciones al modelo de desarrollo que los genera. Resolver la problemática ambiental requiere también enfrentar temas como la descentralización y el ordenamiento territorial, y al mismo tiempo abordar los desafíos que representa la desigualdad en la distribución del ingreso y las distorsiones del sistema binominal en la representación popular, estableciendo un sistema de elección directa de autoridades regionales. No estamos de acuerdo con la concepción de que la degradación ambiental y social es el precio del desarrollo y el costo del progreso. Estamos convencidos que el respeto de los derechos de las personas, incluyendo su derecho a una buena calidad de vida, así como la protección del medio ambiente, no limitan ni restringen el desarrollo, sino que posibilitan generar un desarrollo socialmente justo, ecológicamente responsable y económicamente más equitativo. Por ello, los candidatos presidenciales, además de asumir los temas del programa de gobierno en materia ambiental 2010-2014 propuestos por Fundación Terram, deberán pronunciarse sobre los desafíos sociales, económicos y políticos que presenta el modelo de desarrollo vigente considerando como contexto el cambio climático y la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo energético.

Programa de Gobierno en materia ambiental 2010-2014 Los desafíos de la política ambiental para el próximo gobierno se enmarcan en el contexto de un nuevo escenario mundial en el cual el Cambio Climático y las políticas de reducción de emisiones de los GEI serán un tema de permanente debate. A esto se suma la crisis financiera mundial que tendrá repercusiones en el corto plazo en todas las economías mundiales. Así como la aspiración por parte de Chile de una mayor inserción en la economía global, que incluye en el corto plazo que nuestro país se integre como miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En este contexto, el modelo exportador primario que ha caracterizado el desarrollo de Chile durante los gobiernos de la Concertación enfrentará desafíos tanto a nivel nacional como internacional. Es esperable, entonces, que tanto el cambio climático, como la crisis financiera y las restricciones que impone el ingreso de Chile a la OCDE se conviertan en el motor de cambios relevantes en la política ambiental chilena. En los últimos años, simultáneamente a la expansión e intensificación de los mercados y las inversiones en el área de los recursos naturales, se han generado procesos de transnacionalización del patrimonio natural del país, especialmente en sectores como minería, acuicultura, agricultura, agua y energía. El retraso en la dictación de normas ambientales sectoriales; la laxitud de la normativa vigente, junto la deficiencia en la fiscalización de las existentes; y la lentitud para avanzar en el mejoramiento de la legislación e institucionalidad ambiental, han agravado los procesos de degradación del ambiente y de los recursos naturales, intensificando tanto los impactos ambientales sobre los territorios y las economías locales, como los conflictos entre comunidades y actividades económicas o entre dos o más tipos de actividades económicas que compiten por el uso de un mismo territorio o recurso. En este contexto y teniendo como paraguas orientador el fenómeno del cambio climático, nuestras prioridades para el periodo 2010-2014 se orientan en torno a 6 ejes: agua; uso sustentable de los recursos naturales; conservación de especies y ecosistemas; política energética; prevención de la contaminación; y ordenamiento territorial, clave para superar la gran mayoría de los conflictos socioeconómico-ambientales. Adicionalmente, se necesita avanzar en la reforma a la legislación e institucionalidad ambiental, en el acceso a la información y en la participación ciudadana en la toma de decisiones, temas transversales a todos los ejes. INSTITUCIONALIDAD DEL CAMBIO CLIMATICO Como primera tarea, Chile debe orientarse a institucionalizar el tema del Cambio Climático, de manera de contar en el más breve plazo con una estructura pública de coordinacion que sea la encargada de: a- Tener una visión común frente a los fenómenos de cambio climático, encargada de ejecutar

el Plan de Acción; b- Dar seguimiento y evaluar en forma permanente las acciones que se generan en relación al

Cambio Climático; c- Proponer y ejecutar políticas/acciones de corto, mediano y largo plazo de prevención,

adaptación y mitigación; d- Desarrollar mecanismos de participación ciudadana efectiva en la elaboración de propuestas

de programas y acciones en esta materia. e- Contar con financiamiento de mediano y largo plazo para ejecutar las acciones de

prevención, adaptación y mitigación frente al cambio climático que no esté sujeto a la discusión y aprobación anual del presupuesto de la Nación

1. Agua, Cuencas y Recursos Hídricos La Constitución Política establece que el agua es un bien nacional de uso público, pero también establece que este bien común puede ser cedido a particulares mediante un derecho de aprovechamiento; es decir, se otorgan derechos que en la práctica constituyen un derecho real a través del cual el titular puede usar, gozar y disponer del agua como cualquier otro bien susceptible de apropiación. Esto significa en términos reales que el agua es un bien privado. El país debe avanzar en generar mecanismos que garanticen que el agua sea realmente un bien común, tal y como lo establece la Constitución, garantizando con ello el acceso al agua para todas las personas, regulando su uso de manera que este bien, que pertenece a todos los chilenos/as pueda ser usado por las personas y que se resguarde el mantenimiento de los ecosistemas que dependen de él. Hasta ahora, sin embargo, la gestión del agua se ha realizado sin una visión de bien común y olvidando que es un elemento fundamental para el desarrollo de vida, lo que se ha complejizado aún más por la existencia de múltiples organismos del Estado encargados de regular y fiscalizar en la materia, sin una visión común. En Chile existe una desigual distribución del agua a lo largo del territorio nacional -escasea en el norte y abunda en el sur-, a lo que se suma su condición de país vulnerable al cambio climático, lo que significa que en el futuro habrá una gran variación de la disponibilidad de los recursos hídricos y por tanto existe un alto riesgo de escasez hídrica en algunas zonas del territorio. Esto traerá como consecuencia cambios en la forma en que se desarrollan algunas actividades económicas, desplazamiento de poblaciones locales, etc. Por ello, Chile debe empezar a considerar el acceso al agua como un derecho humano básico e incorporar la dimensión ambiental en su gestión, asegurando el mantenimiento de los ecosistemas y la vida que habita en ellos. Chile necesita avanzar hacia una política de conservación y uso sustentable de las cuencas hidrográficas, en la cual se promueva el mantenimiento de la sanidad y calidad de las aguas de los lagos, los ríos y todos los recursos hídricos, incluido glaciares y ventisqueros –reservas de agua dulce--, así como establecer un sistema normativo, políticas y estrategias que permitan gestionar las aguas continentales y oceánicas -especialmente estuarios y borde costero- de forma integrada y coherente. El Plan de Acción de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cuencas -en su fase piloto-, así como la recientemente aprobada política de glaciares impulsada por el gobierno de Bachelet, si bien son valorables, no son suficientes; se necesitan acciones más efectivas para garantizar el acceso a los recursos. Además, estas políticas públicas no cuentan con la visión ciudadana y/o de las comunidades locales ni de los sectores productivos, ya que fueron elaboradas a puertas cerradas por “expertos”, por lo que difícilmente podrán responder de manera adecuada a los problemas reales de los territorios. En el caso de los glaciares y considerando que éstos ya están siendo afectados por los cambios del clima, Chile no cuenta con información completa sobre el número de glaciares -dimensiones, capacidad de almacenamiento de recursos hídricos, velocidad de derretimiento y cómo esto afectará las cuencas aguas abajo, entre otras- que le permita desarrollar una política efectiva de protección. La política de Bachelet en la materia ha supeditado la protección de estas reservas estratégicas de agua dulce a los “intereses nacionales”, sin que nadie tenga muy claro cuáles son estos intereses y qué organismos o personas serán las encargadas de definirlo. Adicionalmente, durante este período se ha avanzado poco en la dictación de las normas de calidad secundarias de los ríos y lagos. • El mejoramiento de la gestión del agua en Chile pasa necesariamente por una reforma en materia de derechos de agua que garantice el acceso al agua a todas las personas, el mantenimiento de los ecosistemas y la protección de glaciares como reservas estratégicas de agua dulce. En concordancia, el acceso al agua debe ser considerado como un derecho humano básico, ya que sin agua no hay vida y por tanto lo que está en juego es el derecho a la vida.

• En al más breve plazo se debe dictar una Ley sobre protección de glaciares. • Se requiere establecer caudales ecológicos y estándares de calidad de las aguas en lagos y cuencas. • Establecer sistemas de gestión integrado en cada cuenca. • Se debe avanzar en la dictación de normas secundarias de calidad de las aguas en todos los ríos de Chile. • Establecer un sistema de monitoreo y vigilancia permanente de contaminantes provenientes de la utilización de pesticidas y agroquímicos de la industria agrícola y forestal. • Establecer condiciones a la instalación de represas, priorizando centrales pequeñas y de pasada y evitando los megaproyectos que represan los ríos e impactan negativamente los ecosistemas y las comunidades locales. • También es necesario establecer una clara reglamentación para la conservación, gestión y uso sustentable de acuíferos y aguas subterráneas en base a los espacios abiertos en la reforma al Código de Aguas. • Adicionalmente, se necesita establecer una estrategia para el uso eficiente de recursos hídricos, especialmente en el sector agrícola, y regulaciones para su tratamiento y reutilización en el sector industrial, especialmente en la minería y celulosa. Agua Potable y Saneamiento • En el ámbito del agua potable y el saneamiento se debe modificar la legislación que incentiva la privatización de los servicios de agua potable, pero que impide su compra por parte de organismos públicos, tales como municipios y organizaciones comunitarias de agua potable rural. • Dictar, en forma urgente, una norma de emisión de olores, en virtud de los graves problemas suscitados por las plantas de tratamiento de aguas servidas. • Desarrollar programas y planes tendientes a solucionar el bajo nivel de saneamiento de aguas servidas del sector rural concentrado y no concentrado. 2. Recursos naturales Nuestro país basa su economía en la extracción y exportación de recursos naturales con bajos niveles de procesamiento. Productos provenientes de la minería, acuicultura, agricultura e industria forestal son importantes componentes de las exportaciones chilenas y representan más del 79% de las exportaciones (Banco Central, 2008). Chile requiere establecer políticas para el uso sustentable de los recursos naturales, como establece la Ley Ambiental en sus artículos 42 y 43, los que a 15 años de su dictación aún no se operativizan. Sector Forestal En el ámbito forestal el actual gobierno avanzó con la promulgación de la ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Sin embargo, es insuficiente para enfrentar los desafíos pendientes en la materia. Se debe trabajar en elaborar y perfeccionar instrumentos adecuados para la efectiva protección y conservación de nuestro patrimonio natural terrestre. Con la aprobación de esta Ley el Gobierno se comprometió, en un plazo de nueves meses, a enviar al Parlamento tres leyes complementarias: una ley orientada a promover la protección del bosque esclerófilo y otros sistemas

vegetacionales críticos; una ley que regule el sistema de áreas silvestre protegidas, y un tercer proyecto que establezca una nueva institucionalidad para el sector forestal, pero hasta la fecha ello no ha ocurrido. En el ámbito forestal Chile debe: • Revisar toda la regulación con el objeto de implementar una legislación e institucionalidad forestal coherente y de una vez por todas contar con una entidad pública de alto nivel que sea la encargada de establecer y velar por la implementación de una política forestal, y un código forestal que articule las regulaciones y normativas. • Revisar los instrumentos de fomento forestal y orientarlos hacia el bosque nativo y los pequeños y medianos propietarios forestales. • Limitar el crecimiento de las megaempresas forestales y potenciar el desarrollo y consolidación de pequeñas y medianas empresas en este sector. • Diversificar el sector forestal fomentando el desarrollo silvícola con especies nativas. • Proteger con especies nativas las cabeceras de cuencas y cursos de agua que abastecen de agua poblaciones humanas. • Limitar las extensiones de las plantaciones forestales con especies exóticas, prohibir o limitar la tala rasa y fomentar la creación de corredores biológicos. • Avanzar en la dictación de una ley de suelos, una ley sobre incendios, y en normativas destinadas al control de la desertificación, y en la dictación de una política y normativa sobre uso sustentable de la leña como fuente energética. Agricultura • Deberán establecerse orientaciones técnicas y promoverse instrumentos económicos para una agricultura sustentable, que asegure la protección del suelo y las cuencas hídricas, la reducción en el uso de agroquímicos y la prevención de la contaminación genética. • Establecer una regulación más rigurosas para los cultivos transgénicos, un sistema de etiquetado, así como fortalecer la agricultura orgánica, de calidad o con determinación de origen, y generar instrumentos de bonificación e incentivo que permitan a pequeños y medianos campesinos acceder a sistemas de certificación para productos orgánicos con el fin de conservar y fortalecer el desarrollo de una agricultura sustentable. • Desarrollar e implementar una normativa para la protección de recursos genéticos y centros de origen de especies silvoagropecuarias. • Implementar una política de largo plazo para reducir los efectos negativos de la agricultura sobre el suelo y cursos de agua (relacionados con el riego, nutrientes, pesticidas y salinización, entre otros). Minería • Es necesario mejorar la utilización y reutilización de los recursos hídricos a través de una normativa de eficiencia, reciclaje y establecer marcos regulatorios que permitan la utilización del agua de mar en faenas mineras sin daño al medio ambiente y así reducir la presión sobre los ecosistemas altoandinos. • Se requiere mejorar las normas de emisión y el control de la contaminación, así como avanzar en la tramitación y promulgación de la Ley de Cierre y Abandono de Faenas Mineras, que actualmente se

discute en el Parlamento, de manera de asegurar la prevención e internalización de dichos costos por parte de las empresas del sector. • Desarrollar instrumentos de fomento que permitan el recambio tecnológico con mejores estándares ambientales en la pequeña y mediana minería. Pesca y acuicultura • En el ámbito pesquero es urgente proteger los recursos hidrobiológicos y sus áreas de reproducción, así como los ecosistemas vulnerables y generar regulación y control para limitar la pesca de arrastre y la práctica del descarte. • En la acuicultura y en especial en la salmonicultura se necesita una profunda reforma a la legislación y regulaciones vigentes, y prestar especial atención a las que están en proceso de dictación. La crisis de la industria salmonera ha demostrado que no es posible apoyar desde el Estado el desarrollo de una actividad de estas características sin los debidos resguardos en materia sanitaria y ambiental. • Es preciso una reestructuración y ordenamiento de la institucionalidad que actualmente rige al sector acuícola/ salmonícola. Compatibilizar estas actividades con los otros usos del borde costero que incluyen la pesca artesanal, la conservación, el turismo, las diferentes actividades acuícolas. • En términos generales, en el ámbito de la política fiscal debe orientarse la política pública para revertir la insustentabilidad en el uso de los recursos naturales. Ello supone reorientar los actuales subsidios y mecanismos de fomento; generar eco-impuestos y gravámenes con el fin de perfeccionar los mecanismos para que las empresas internalicen los costos ambientales y sociales que generan las actividades productivas; y prevenir pasivos ambientales. • Chile debe avanzar también hacia el establecimiento de un cobro de la renta (royalty) por el uso de los recursos naturales. Inicialmente, ello debe implementarse para aquellos sectores que utilizan recursos establecidos legalmente como bienes nacionales de uso público, tales como los recursos mineros, pesqueros e hídricos. Para lograrlo, primero se debe modificar la legislación para que se establezca con mayor énfasis la propiedad del Estado sobre los recursos. • Para los sectores asociados a recursos naturales no renovables se deben establecer mecanismos de compensación económica que permitan crear actividades económicas alternativas en las regiones donde éstas se emplazan. Esto permitirá la sustentabilidad de regiones que dependen, casi exclusivamente, de estas actividades. 3. Conservación de especies y ecosistemas relevantes de nuestra Biodiversidad En el 2004 se aprobó la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, pero su implementación no ha estado exenta de problemas. A pesar de que muchos lugares han sido decretados como prioritarias para la conservación bajo este esquema, no se ha podido garantizar su efectiva protección. Esto, fundamentalmente, debido a la falta de una institucionalidad dedicada exclusivamente a resguardar nuestros recursos genéticos y ecosistemas prioritarios. Pese al compromiso explícito de la presidenta Bachelet en su programa de gobierno de crear un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, reiterado en el Acuerdo de Chagual que en su punto 10 señala: “Establecer un Servicio Nacional de Parques”, el proyecto que reforma la actual institucionalidad ambiental dejó fuera la creación del Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas.

• En el periodo 2010-2014 se debe avanzar en crear una institucionalidad que tenga la misión de conservar y proteger los ecosistemas naturales, la biodiversidad y las áreas silvestres públicas terrestres y acuáticas, así como promover la conservación privada. • Se debe realizar un ordenamiento de todos los Parques Nacionales y Áreas Protegidas que constituyen el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y de las otras figuras legales de conservación y protección de la biodiversidad y se debe, en el más breve plazo, generar Planes de Manejo para todas las que aún no cuenten con este instrumento. Se debe avanzar en una legislación coherente en materia de conservación marina, acuática y humedales. Chile debe consolidar la protección bajo diversas categorías de conservación sin considerar las Áreas de Manejo de Recursos Bentónicos (AMERB) de al menos el 10% de los ecosistemas marinos. También debe concretarse una coordinación entre el Estado y el sector privado para articular una red público-privada de áreas protegidas, de ecosistemas relevantes y de corredores biológicos, entre otros. • Establecer una política de protección y conservación de la biodiversidad terrestre que contemple la creación de corredores biológicos entre diversos tipos de aéreas silvestres y ecosistemas relevantes y/o de alto valor de conservación. • Adicionalmente, deben implementarse los Planes de Acción para la Conservación de la Biodiversidad a nivel regional y comunal, incluyendo los Sitios Prioritarios establecidos por la Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad, en la categoría de áreas de protección, dentro de los planes de ordenamiento territorial regional y en los PLADECOS a nivel comunal. • Regular el tipo e intensidad de las actividades con potenciales impactos negativos que pueden desarrollarse en Sitios Prioritarios y en las áreas silvestres protegidas, sean estas públicas o privadas, obligándolas a someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. • Para fortalecer la protección de estos Sitios Prioritarios es necesario dictar un instructivo presidencial, con el objeto de que se prevenga impactos en ellos, mientras se establece la institucionalidad encargada de su conservación y manejo. • Es imprescindible iniciar un proceso de revisión y armonización de la legislación vigente en relación a las especies declaradas Monumentos Naturales y en otras categorías de conservación para que se genere una normativa nacional coordinada y coherente, tanto para las especies acuáticas como para las terrestres. • Ratificar el Protocolo de Cartagena e incorporar en nuestra legislación las medidas establecidas en dicho Protocolo. Humedales y Glaciares: ecosistemas críticos • Hasta ahora la Ley 19.300 de Bases Generales para el Medio Ambiente ha sido incapaz de proteger y manejar adecuadamente los ecosistemas críticos, tales como humedales, estuarios, salares y sistemas altoandinos. Por ello, se requiere establecer una política y reglamento para la protección y el manejo de los mismos. • En relación a los glaciares, el actual gobierno está avanzando en la realización de un catastro y recientemente aprobó la política para su protección y conservación. Sin embargo, considerando la amenaza del calentamiento global y de la actividad minera, esta política no da cuenta de toda la problemática ni garantiza la efectiva protección de los glaciares. Se requiere entonces elaborar una ley específica que proteja este Patrimonio Natural, considerando, además, que son de interés geopolítico y que constituyen reservas estratégicas para el mantenimiento de las cuencas hídricas y el desarrollo económico de todas las regiones del país.

4. Política Energética La crisis energética, fundamentalmente en el sector eléctrico, de los últimos años evidencia la necesidad que tiene el país de contar con una política energética de mediano y largo plazo que sea capaz de abordar las necesidades del país y los desafíos que impondrá el cambio climático para los años venideros. Esta política debe estar basada en la independencia, diversidad de fuentes y plena autonomía, garantizando con ello mayor seguridad, autonomía y sustentabilidad. Durante el mandato de la presidenta Bachelet se ha avanzado en materia de institucionalización del tema energético con el envío del proyecto que crea el Ministerio de Energía y la Agencia de Eficiencia Energética, que actualmente se discute en el Parlamento, y en materia de diversificación de la matriz energética a través de la dictación de la Ley de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y del fortalecimiento del Programa País Eficiencia Energética (PPEE). Sin embargo, estos instrumentos todavía son insuficientes para disminuir la vulnerabilidad de la matriz y garantizar el suministro eléctrico para que Chile se siga desarrollando. Seguimos sin tener una política energética de largo plazo. En materia energética Chile necesita: • Reorientar su comportamiento en la generación, distribución y consumo energético, terminando con la excesiva dependencia de combustibles fósiles importados, situación que lo hace altamente vulnerable. En ese sentido es necesario diversificar la matriz eléctrica y frenar el cuasi-monopolio basado en megacentrales hidroeléctricas y termoeléctricas. • Fortalecer el rol del Estado como ente generador y regulador de la política energética nacional. • En el sector eléctrico es necesario generar cambios regulatorios que permitan diversificar los actores que participan en la generación, transmisión y distribución, así como descentralizar la producción y consumo de energía al interior del país. El actual sistema de transmisión y distribución a través de los sistemas interconectado central y norte grande en el futuro no será capaz de dar cuenta de las necesidades del país ya que es un sistema muy vulnerable. Dados los efectos del cambio climático, se debe promover el diseño de un sistema que contribuya a la descentralización de Chile en materia energética. • Desarrollar una política real de eficiencia energética que apunte a disminuir el consumo energético por parte de la industria, transporte, minería y residencial, principales sectores consumidores, a través del uso eficiente de la energía. Se deben desarrollar políticas sociales que incorporen el criterio de eficiencia energética. • Implementar nuevos y mejores instrumentos de promoción para el uso de las fuentes renovables no convencionales de energía (ERNC) en la matriz energética, tales como biomasa, geotermia, eólica, etc., energéticos propios y abundantes a lo largo del territorio nacional, de manera de terminar con las ineficiencias en su utilización. • Avanzar en la promulgación de una legislación e institucionalidad eficientes que permitan planificar de manera integrada los recursos energéticos, con una mirada de largo plazo que nos acerque a la equidad y a la sustentabilidad. • Descartar el desarrollo de la opción nuclear, dado los problemas de seguridad de esta opción en un país sísmico y la insuficiente tecnología para el tratamiento de los desechos nucleares. • Rechazar megaproyectos de generación eléctrica que producen grandes impactos ambientales locales y regionales (por ejemplo, megahidroeléctricas), privilegiando aquellos de menor escala orientados a satisfacer las necesidades energéticas de las comunidades locales y sus actividades productivas.

• Elaborar un Sistema Nacional de Certificación de Eficiencia Energética para artículos de uso masivo. • Dictar normativa de emisión para centrales termoeléctricas. • Desarrollar e implementar una política nacional para el uso de biocombustibles y leña con una normativa que garantice los mínimos impactos ambientales que generan este tipo de insumos 5. Prevención de la contaminación • Para prevenir los graves riesgos a la salud pública producto de la contaminación atmosférica y teniendo como consideración las recomendaciones de la OMS y las investigaciones sobre los efectos en la salud de las personas de los distintos contaminantes, se deben revisar los límites establecidos en las normas de calidad primaria y en las normas de emisión. Adicionalmente, se debe avanzar en la dictación de nuevas normas de calidad primaria (por ejemplo: PM2,5) y de normas de emisión por sector productivo, así como la utilización de indicadores biomédicos para decretar episodios críticos de contaminación atmosférica. • Varias ciudades han sido o están a punto de ser decretadas zonas latentes y/o saturadas por algún tipo de contaminantes. Se deben agilizar los procesos de dictación de los Planes de Prevención y Descontaminación. • Establecer Sistemas de Alerta Temprana en áreas urbanas y enclaves industriales. • Establecer un Sistema de Monitoreo de la contaminación difusa producida por las actividades productivas, especialmente en el sector agrícola, forestal, minero e industrial. • Se recomienda avanzar en el inventario de sustancias peligrosas (mercurio, cops, dioxinas, etc.) y en el catastro de sitios contaminados de manera de implementar programas de descontaminación y recuperación. • En el ámbito de los residuos sólidos domiciliarios es necesario dictar una Ley Marco de Residuos, la que deberá, entre otras cosas, modificar la institucionalidad vigente, traspasando desde los municipios a los gobiernos regionales la responsabilidad legal del manejo y gestión de los lugares de disposición, dejando en los municipios sólo las labores de recolección y transporte. Regularizar los lugares de disposición de los residuos sólidos domiciliarios a lo largo del país de manera que se garantice la salud de las personas y el cuidado del medioambiente. El reciclaje no puede seguir siendo una campaña solidaria, debe transformarse en una política de estado, de manera de disminuir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios y de ampliar su vida útil. 6. Ordenamiento territorial El ordenamiento territorial es uno de los principales instrumentos de gestión ambiental estructural utilizado en el mundo y que hoy en el contexto de Cambio Climático adquiere una importancia mayor. Chile necesita urgentemente crear un Ordenamiento Territorial Estratégico y un Sistema de Gestión Integral del Territorio que organice las distintas actividades en el país de acuerdo a la vocación de los territorios y a las prioridades de sus habitantes y teniendo en consideración la condición de país vulnerable y las nuevas condiciones de temperatura y lluvias proyectadas, que harán que la realidad del país se modifique. Esta medida requiere: • La dictación de una Ley Marco de Ordenamiento Territorial con capacidad vinculante y con participación de los diversos sectores representativos de las regiones (agricultura, medio ambiente, turismo, urbanismo, Gobiernos Regionales, etc.) que zonifique, ordene y compatibilice el ordenamiento rural y urbano, la gestión integrada de cuencas hidrológicas, el ordenamiento integral

del borde costero, las áreas protegidas, los corredores biológicos, los planes y redes de transporte urbano e interurbano, entre otros. Todo ello, considerando las variaciones en temperaturas y regímenes de lluvias pronosticados a propósito del cambio climático. • Avanzar en instrumentos de gestión territorial también implica desarrollar espacios de democratización a nivel territorial y en el ámbito de las instituciones políticas regionales (Intendentes y Gobernadores), para que respondan más directamente a los ciudadanos de las regiones que representan. Ello implica una política proactiva y decidida de descentralización, en las decisiones y en la redistribución de beneficios por el uso de los recursos naturales. 7. Reforma de la legislación y la institucionalidad ambiental Como se señaló, el Gobierno de Bachelet avanzó con la creación y nombramiento de la primera Ministra de Medioambiente del país y con el envío del proyecto de Ley que Reforma la Institucionalidad Ambiental creando el Ministerio de Medioambiente, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización. Sin embargo, resulta poco probable que esta ley sea promulgada antes de que finalice su mandato. Además, los proyectos presentados por el Ejecutivo presentan una serie de deficiencias que deberán ser abordadas por el próximo gobierno. Entre ellas destaca: la forma y el órgano que estará a cargo de la aprobación de los proyectos de inversión, antes a cargo de la COREMA; las negociaciones incompatibles entre las empresas y las comunidades y/o organizaciones locales durante el proceso de calificación ambiental; la necesidad de que las comunidades cuenten con asesorías técnicas durante la evaluación de los proyectos, de manera de resguardar la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. • Avanzar en la discusión de la nueva institucionalidad ambiental -Ministerio de Medio Ambiente, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental y Superintendencia de Fiscalización-, incluyendo la creación del Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas. • Crear el Ombudsman/defensor ciudadano, figura encargada de proteger los derechos ciudadanos frente a acciones arbitrarias del Estado o de privados en materia ambiental. • Crear una Unidad de Mediación de Conflictos Ambientales. El Estado tiene que hacerse cargo de los innumerables conflictos ambientales que existen en el país producto de los pasivos ambientales, de la contaminación y de la ubicación de los proyectos de inversión. Éstos no pueden seguir resolviéndose como un problema/negociación entre privados. El Estado está llamado a garantizar el derecho constitucional a vivir en un ambiente libre de contaminación. • Establecer un Sistema Nacional de Cuentas Ambientales e indicadores que permita mantener información y monitoreo del Estado en relación a la cantidad y calidad del Patrimonio Natural del país. El Sistema deberá incluir los activos y pasivos ambientales en las cuentas nacionales e indicadores económicos sectoriales. 8. Participación Ciudadana en la toma de decisiones y Acceso a la Información La participación ciudadana y el acceso oportuno a la información constituyen dos herramientas fundamentales para avanzar en las políticas ambientales. Durante el gobierno de Bachelet se avanzó en la promulgación de la Ley de Transparencia de la función pública y de acceso a la información de la Administración del Estado, ley que recién inicia su implementación. Sin embargo, la Ley de participación ciudadana, la Ley del Lobby y el Ombudsman siguen entrampadas en el Parlamento. Además, se debe avanzar en la creación de un sistema de financiamiento por parte del Estado a las organizaciones no gubernamentales, ya que no es posible que un país que pretende ser miembro de la OCDE no cuente con sistema de financiamiento propio para instituciones sin fines de lucro.

• Crear un Fondo de Asesoría Ciudadana que incluya tanto recursos técnico como financieros, al que las organizaciones ciudadanas y las comunidades podrán postular para acceder a asesorías que le permitan participar dentro del proceso de evaluación ambiental en los términos previstos en la Ley. • Poner a disposición de la ciudadanía información ambiental sobre estudios y monitoreos existente en los organismos públicos y generados por los proyectos ingresados al SEIA. • Establecer un Sistema Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable, con objetivos y programas para la educación escolar, técnica, universitaria; y para las instancias de educación formal e informal de funcionarios públicos, dirigentes sociales y políticos, que considere la diversidad cultural existente en Chile y una comprensión sistémica del medioambiente y el desarrollo.