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CON ESTUDIOS RECONOCIDOS ANTE LA SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA (SEP), SEGÚN ACUERDO No. 20080224 DE
FECHA 14 DE MARZO DE 2008 Y CLAVE DE REGISTRO DEL PLAN
DE ESTUDIOS 2006
“SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL Y ORAL, EXIGENCIA DE
LA ÉTICA SOCIAL.”
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
QUE PARA ACREDITAR LA MATERIA DE:
ESTADÍA EMPRESARIAL
DENTRO DE LA LICENCIATURA DE DERECHO
PRESENTA:
ISAURA MADRIGAL MIGUEL.
ASESOR ACADÉMICO:
LICENCIADA MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ MARROQUÍN
METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, JULIO DE 2012.
ÍNDICE
2
CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.2 OBJETIVO GENERAL
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.4 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
1.5 LIMITACIONES DE ESTUDIO
1.5 JUSTIFICACIÓN
CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
2.2 MARCO JURÍDICO
2.3 MISIÓN
2.4 VISIÓN
2.5 OBJETIVOS
2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA
CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
3. DERECHO PROCESAL PENAL EN MÉXICO
3.1 REFORMA DEL 18 DE JUNIO DEL 2008 SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Y DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PAÍS.
3.1.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
3.2 DEL SISTEMA PROCESAL PENAL INQUISITORIO AL SISTEMA
PROCESAL PENAL ACUSATORIO.
3
3.3 ANTECEDENTES. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO EN LA
LEGISLACIÓN COMPARADA (OTROS PAÍSES)
3.4 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA PROCESAL PENAL
ACUSATORIO.
3.4.1 PUBLICIDAD
3.4.2 CONTRADICCIÓN
3.4.3 CONCENTRACIÓN
3.4.4 CONTINUIDAD
3.4.5 INMEDIACIÓN
3.4.6 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
3.4.7 EL EQUILIBRIO ENTRE LOS DERECHOS DEL IMPUTADO CON LOS
DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO.
3.4.8 LA PROTECCIÓN DEL INOCENTE.
3.4.9 PROCURAR QUE EL CULPABLE NO QUEDE IMPUNE.
3.4.10 QUE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL DELITO SE REPAREN.
3.5 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA INTEGRAL.
3.5.1. LEGALIDAD.
3.5.2 OBJETIVIDAD.
3.5.2 EFICIENCIA.
3.5.3PROFESIONALISMO.
3.5.4 HONRADEZ.
3.5.5 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
3.6 LOS DERECHOS HUMANOS
3.6.1 LA DIGNIDAD HUMANA. DERECHO FUNDAMENTAL
3.6.2 DERECHO A TENER UN PROCESO JUSTO
3.7 REGULACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS
3.7.1 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
4
3.8 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ÉTICA SOCIAL
3.8.1 PRINCIPIOS DE LA ÉTICA SOCIAL
3.8.2 LA DIGNIDAD HUMANA
3.8.3 LA JUSTICIA
3.8.4 EL BIEN COMÚN
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS ÉTICO DE LA LEY
4.1 EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. RESULTADO DE UNA
EXIGENCIA ETICA.
4.2 CRÍTICA AL SISTEMA PROCESAL PENAL INQUISITORIO.
4.3 ANALISIS ÉTICO DE LA REFORMA DE DE DEL 2008.
4.3 BIENES JURÍDICOS QUE GARANTIZA Y TUTELA EL NUEVO SISTEMA
PENAL ACUSATORIO.
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BIBILOGRAFÍA
5
CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación el Decreto que reforma los artículos 16, 17, 18, 19, 20,
21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del
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artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para regular el
nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país.
En esta reforma constitucional se instituye un nuevo sistema procesal
penal de corte acusatorio y oral, que se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación,
en el que se establecen además como principios generales la
presunción de inocencia, el equilibrio entre los derechos del imputado
con los de la víctima u ofendido; la protección del inocente, procurar
que el culpable no quede impune y que los daños causados por el
delito se reparen; se crea la figura del juez de control; se instituye la
acción penal privada; la defensoría pública; el juez de ejecución de
sentencias, así como un sistema de seguridad pública integral, bajo
los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos, es por ello que es de
suma importancia demostrar que éste nuevo sistema surgió como una
exigencia social puesto que predominaba un considerable problema
ético y por ende corrompía a la corrupción, violación a los Derechos
Humanos, misma razón por la que se pretende demostrar que está
exigencia de carácter ético lo es con la finalidad de corromper estás
anomalías sugeridas de tiempo pasado. Una sociedad justa es cuando
reconoce la dignidad de la persona, cada persona es única e
irrepetible.
1.2 OBJETIVO GENERAL
Brindar información a la comunidad mexicana para que por medio de
ésta pueda adquirir la misma conocimientos sobre los principales
sistemas procesales penales, mediante el fomento de los valores
éticos en los servidores públicos y así que permitan al participante
7
ubicar en el contexto nacional la transparencia del nuevo proceso
penal acusatorio y oral que establece la reciente reforma
constitucional.
1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Conocer los principios del antiguo Sistema Penal como del
nuevo.
- Culturizar a la sociedad respecto al nuevo sistema brindando
más información acerca de la reforma.
- Demostrar la intervención de la ética para el bien común
asiendo referencia si el nuevo sistema rige con todos los
principios.
- Analizar la dignidad del ser humano como el derecho más
importante y privilegiado para el hombre, la sociedad y la
religión así ejercitando la acción de Derechos Humanos para
evitar la violación de éstos.
- Enunciar las principales líneas de la ética social, mediante la
identificación de problemas sociales.
1.4 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
En este punto se acredita que el estudio en esta materia será mejor entendible
para los litigantes en Juicios Orales y a su vez tratar de digerir la forma mas
idónea de actualizarse en forma practica, cabe mencionar que es de suma
8
importancia el estudio de este tema puesto que en la actualidad solo tenemos
el escaso funcionamiento del sistema inquisitivo por escrito ya que para
beneficio de la comunidad se reformo dicho sistema con la finalidad de hacer
más eficaces los procedimientos, evitar la sobrepoblación en los Centros de
Readaptación Social , dar celeridad al proceso y por ende no se preste caso
alguno para acciones de tipo corruptas ya que a través de la exigencia Ética
que México requiere es una forma vital y trascendente para mejorar nuestro
país por ello es interesante el presente, en nosotros está un mejor futuro en el
que exista la paz, la verdadera Justicia, bien lo dijo el Jurista Ulpiano “Dar a
cada quien lo que se merece” respetando los derechos humanos tanto de
la victima, del ofendido como del indiciado.
1.5 LIMITACIONES DE ESTUDIO
1.6 JUSTIFICACIÓN
En los últimos años se ha desarrollado considerablemente la
corrupción en nuestro país así como la violación de derechos humanos
por lo que se originó el nuevo sistema Acusatorio que permite mejorar
así como modificar las limitaciones del sistema actual y/o anterior,
9
que a su vez este diseñado para que permitan demostrar, comprender
y aplicar los PRINCIPIOS rectores y REGLAS del sistema acusatorio sus
diversas etapas, recursos y casos prácticos el cual consiste en que
puedan ser transferidos a las diferentes circunstancias del
procedimiento penal, contribuir al fortalecimiento de la administración
Pública y por ente me interesa de manera personal pues en la vida
cotidiana familiar me he percatado de muchas injusticias así que
considero que ya es tiempo de dar a conocer el presente documento
con la finalidad de culturizar a nuestra sociedad mexicana refiriéndole
que con esta exigencia se retomará la ética en todos y cada uno de
los procesos penales.
CAPÍTULO II
MARCO REFERENCIAL
2.1 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE
MÉXICO
Según Rafael de Pina Vara dice que el Ministerio Público es un cuerpo
de funcionarios que tiene como características aunque no única la de
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proveer el ejercicio de la jurisdicción en los casos preestablecidos
personificando el interés publico existente en el cumplimiento de la
función estatal y le están conferidas muchas atribuciones que
desvirtúan su verdadera naturaleza que pudieran ser confiadas al
abogado del estado.
Marco Antonio Díaz de León, afirma que es un órgano del estado
encargado de investigar delitos y ejercitar la acción penal ante el juez
o tribunal de lo criminal.
En este nuevo sistema de justicia penal, los agentes del ministerio
publico deben estar separados de la funciones judiciales, para poder
desempeñar un papel activo en el procedimiento penal, donde se
incluya la iniciación del procedimiento, la investigación de delitos, la
supervisión de la legalidad y de la ejecución de fallos judiciales, así
como el ejercicio de otras funciones correspondientes al interés
publico.
Es fundamental que se cumplan las funciones de imparcialidad,
firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana, así como
defender los derechos humanos para asegurar el debido proceso y el
buen funcionamiento del sistema de justicia penal.
Los agentes del ministerio público están obligados por la constitución
política de los estados unidos mexicanos a mantener el carácter
confidencial de los asuntos que tengan en su poder, salvo que
requieran otra cosa el cumplimiento de su deber o las necesidades de
la justicia.
En el articulo 20 constitucional apartado B y C, se menciona que las
autoridades entre Incluyendo las ministeriales) en todo momento
respectaran los derechos del indiciado, como e las victimas, así como
deberán prestar atención de los funcionarios públicos que hayan
cometido delitos, especialmente en los casos de corrupción abuso de
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poder, violaciones graves de derechos humanos y otros delitos
reconocidos,
Cuando la institución ministerial tenga en su poder pruebas contra
algún indiciado y tengan sospechas fundadas que fueron obtenidas
por medios ilícitos que constituyan una violación grave de los
derechos humanos, especialmente torturas, tratos o castigos crueles,
inhumanos o degradantes u otros abusos, no tendrán valor probatorio
en el proceso.
Cabe destacar que el Ministerio Público entre sus múltiples
ocupaciones, en la carpeta de investigación tiene los siguientes
deberes y obligaciones:
1.- Durante la carpeta de investigación es una autoridad de
naturaleza administrativa.
2.- Es el encargado de la investigación jurídica de los hechos y se
debe coordinar a través de servicios periciales y su policía ministerial.
3.- el ministerio público no valora las pruebas, las estima.
4.- Establece la teoría del caso, para sustentar, cualquier asunto en
juicio oral.
5.- El ministerio Público no ordena al juzgador, sino que formular una
imputación respecto de un hecho concreto.
EL MINISTERIO PÚBLICO (ARTS. 135 A 141, Y ART.177)
ARTICULO 135. El ministerio público, bajo su más estricta
responsabilidad y en absoluto respeto a los derechos humanos debe
practicar y ordenar todos los actos de investigación necesarios para
determinar la existencia del hecho delictivo motivo de la denuncia o
querella, y en los casos en que proceda ejercerá la acción penal en la
forma establecida por este código.
Dirigirá la investigación bajo control jurisdiccional en los actos que así
lo requieren conforme a este código. En el cumplimiento de sus
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funciones vigilara que la policía cumpla con los requisitos de legalidad
de los actos de investigación que lleve a cabo.
Y las diligencias que practica serán:
Una vez que se haya tomado la noticia criminal al denunciante, el
agente del Ministerio Publico seguirá con las indagaciones dentro de
la carpeta de investigación para el establecimiento de una teoría del
caso, y por ende de una estrategia.
Para tal efecto, una indagación es una etapa procesal en la que el
agente del Ministerio Publico, a través de la policía judicial y de los
servicios periciales, averigua, sobre los hechos que revisten
características del delito y que han llegado a su conocimiento por
alguno de los medios formales e informales.
La indagación puede tener algunos limites los cuales se inician con la
noticia criminal y pueden extenderse hasta l prescripción de la
pretensión punitiva en tanto no haya surgido elementos materiales,
probatorios que permitan individualizar los autores o participes del
hecho y aparezcan los suficientes datos para formular imputación en
su contra o se actualice una de las causales de extinción de la
pretensión punitiva o de archivo de diligencias.
La investigación de los hechos derivados de las indagatorias, forman
una carpeta, donde el agente del Ministerio Publico tiene los
elementos materiales probatorios evidencias física o información
legalmente obtenida que le permite inferir razonablemente que el
indiciado es autos o participe de algún delito que se investiga.
Una vez que el agente del Ministerio Publico haya encontrado los
datos que establezcan la existencia de un hecho delictuoso y la
probable comisión o participación en su comisión del indiciado,
procederá a solicitar al juez de control y garantías el señalamiento de
día y hora para la celebración de la audiencia preliminar en la que
formulara la imputación en contra del indiciado a partir de este
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momento el indiciado, adquiriría la calidad de imputado y deber ser
citado con su defensor a todas las audiencias.
La investigación judicial se define como la etapa procesal en la que el
agente del ministerio publico, con apoyo de la policía judicial busca
fortalecer los elementos materiales probatorios, evidencias física, o
información legalmente obtenida que sirvieran de fundamento para la
formulación dela imputación, con el objeto de poder acusar a los
presuntos autores o participes de la conducta investigada, solicitar la
preclusión o dar a aplicación al principio de oportunidad.
La investigación judicial comienza con la formulación de imputación y
se extiende hasta la presentación del escrito de acusación, toda vez
que durante su desarrollo es posible la aparición de elementos
probatorios, evidencias físicas o información legalmente obtenida no
cocidos hasta ese momento, los que de manera excepcional pueden
ser aducidos por las partes durante la etapa probatoria del debate,
Las actuaciones de investigación realizadas por el agente del
Ministerio Publico, deberán ser secretas para los terceros ajenos al
proceso. El imputado y los demás 9ofendido, victima) en el proceso
podrán examinar los registros y documentos de la investigación, una
vez formulada la imputación y no antes, atendiendo al principio de
confidencialidad de las actuaciones.
El nuevo rol que deben desempeñar el ministerio Publico como líder
de la trilogía investigadora (agente del Ministerio púbico, como líder,
la policía investigadora y los servicios periciales como sus auxiliares
directos en la investigación científica en los hechos típicos) implica
implementar retos y formas radicalmente nuevas de trabajo, con el
propósito de instaurar un sistema proponedoramente acusatorio y
garante de los derechos fundamentales de todos los involucrados en
el proceso penal.
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2.1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Su antecedente se tiene en Grecia y Roma, sin embargo la figura del
Ministerio Público nace en Francia; al caer la monarquía desaparece la
figura del abogado del Rey y se encomienda sus funciones a un
Procurador y a Comisarios que acusaban y ejercitaban la acción.
En México 1857, la Constitución incluía un Fiscal y un Procurador
General dentro de la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
En 1880, nace la figura del Ministerio Público en el Código de
Procedimientos Penales.
En 1903, se expide la primera Ley Orgánica del Ministerio Público
Federal.
En 1917, la Constitución en su artículo 21, institucionaliza al Ministerio
Público como órgano encargado de la persecución e investigación de
los delitos, en su texto original dispuso lo siguiente:
Artículo 21.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la
autoridad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio
Público y a la Policía judicial, la cual estará bajo la autoridad y mando
inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa el castigo
de las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía; el
cual únicamente consistirá en multa o arresto hasta por treinta y seis
horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no
excederá en ningún caso de quince días.
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Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podrá ser castigado con
multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana.
Puede afirmarse sin vanidad alguna, que una reforma substancial a la
Constitución es la referente al Ministerio Público. Así, el artículo 52
otorgó de manera expresa a la institución, atribuciones no sólo de
procurar y vigilar el cumplimiento de las leyes y ejercer las acciones
correspondientes en contra de los infractores de la ley, sino además,
aquellos que tienen por objeto la efectiva reparación del daño
causado y la protección de los derechos de la víctima del acto ilícito.
Asimismo, la exigencia implícita de revisar y modernizar los
procedimientos de averiguación previa para subsanar cualquier
deficiencia de las mismas a los efectos que pudieran detectarse en su
integración serán objeto de revisión mediante la impugnación de las
determinaciones de reserva de la averiguación previa, el no ejercicio
de la acción penal y el auto de sobreseimiento resultante del
desistimiento de dicha acción. También debe destacarse el artículo
33, en su fracción XX que en relación con el artículo 53, dispuso que el
nombramiento del Procurador, hecho por el Gobernador será
ratificado por las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.
2.2 MARCO JURÍDICO
2.3 MISIÓN
A través de una procuración de justicia eficaz, pronta, imparcial y
oportuna que asegure el cumplimiento del orden jurídico, el respeto a
los derechos humanos así como la integridad, vigilando el principio de
la legalidad, persiguiendo al delincuente y fortaleciendo la vida
democrática.
2.4 VISIÓN
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Ser una Procuraduría General de Justicia con servidores públicos
rigurosamente seleccionados, capacitados, motivados, evaluados y
altamente comprometidos con la sociedad que dispondrá de una
Institución ágil, dinámica, confiable, transparente y profesionalizada
que da respuesta inmediata a la demanda del servicio y propicia una
eficaz acción de la justicia.
2.5 VALORES
Dentro de nuestra empresa predominan ciertos valores como la
justicia, eficiencia, legalidad e imparcialidad en el servicio,
honestidad, responsabilidad, veracidad con la sociedad y ante el
órgano jurisdiccional, comprometiéndose a mejorar continuamente la
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
2.5 ESTRUCTURA ORGÁNICA
Obsérvese la estructura siguiente:
Procurador
Subprocurador
Agentes del MP.
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Fig. 1 Agencia del Ministerio Público.
El Ministerio Público del Estado estará a cargo de un Procurador
General de Justicia quien, para el ejercicio de sus funciones, contará
con los Subprocuradores, Agentes, Policía Ministerial y demás
personal, que estarán bajo su autoridad y mando directo, en los
términos que establezca la ley, la cual señalará los requisitos y, en su
caso, el procedimiento para los nombramientos, sustituciones y
remociones. La ubicación exacta donde se está llevando a cabo la
estadía empresarial se define de la siguiente manera “Agencia del
Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial con residencia en Almoloya de Juárez.”
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO
3. DERECHO PROCESAL PENAL EN MÉXICO
Es el conjunto de actividades, formas y formalidades de carácter legal,
que son previamente establecidas por el órgano legislativo del Estado,
y que llevan a cabo las personas que intervienen en una relación
jurídica de derecho penal, con la finalidad de que un órgano del propio
Estado, con facultades jurisdiccionales, determine la aplicación de la
ley penal a un caso concreto, en el supuesto de que se resuelva sobre
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la existencia del delito y se atribuya su realización a un sujeto, las
penas impuestas serán aplicadas por el órgano ejecutivo del Estado.
3.1 REFORMA DEL 18 DE JUNIO DEL 2008 SISTEMA DE JUSTICIA
PENAL Y DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL PAÍS.
Decreto de reforma publicado en el Diario Oficial de la
Federación 18 de Junio de 2008.
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia,
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal
del procedimiento.
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y
sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale
como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su
comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá
poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su
más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será
sancionada por la ley penal.
Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en
que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de
haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del
Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la
detención.
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado
por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda
sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda
20
ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o
circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad,
ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven
su proceder.
En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación
del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar
la libertad con las reservas de ley.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y
tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá
decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de
lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de
cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la
investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o
cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga
a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse,
siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten
las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total
del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Por delincuencia organizada se entiende una organización de
hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma
permanente o reiterada, en los términos de la ley de la
materia.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más
de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad
o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado
por la ley penal.
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En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a
solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y
los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la
diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar
cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la
diligencia.
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará
penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de
las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma
voluntaria por alguno de los particulares que participen en
ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando
contengan información relacionada con la comisión de un
delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen
el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad
federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la
entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de
cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente
deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando
además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración.
La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones
cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil,
civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del
detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las
solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y
22
técnicas de investigación de la autoridad, que requieran
control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y
de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro
fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y
Ministerio Público y demás autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites
previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no
cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos
sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones
fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las
formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará
libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa
particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna.
En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes,
alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley
marcial correspondiente.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por
tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de
controversias. En la materia penal regularán su aplicación,
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asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en
los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales
deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de
las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena
ejecución de sus resoluciones.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la
existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para
la población y asegurarán las condiciones para un servicio
profesional de carrera para los defensores. Las percepciones
de los defensores no podrán ser inferiores a las que
correspondan a los agentes del Ministerio Público.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad
habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que
se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente
separados.
El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo,
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte
como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus
penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal
efecto.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar
convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de
24
su competencia extingan las penas en establecimientos
penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el
ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de
justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una
conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre
doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se
garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta
Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos
específicos que por su condición de personas en desarrollo les han
sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan
realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán
sujetos a rehabilitación y asistencia social.
La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de
instituciones, tribunales y autoridades especializados en la
procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán
aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que
amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés
superior del adolescente.
Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la
aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos
los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la
garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las
autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas.
Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán
como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el
pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se
utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que
proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de
25
catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales
calificadas como graves.
Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren
compurgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a
la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas
de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados
de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero
común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia,
sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado
para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con
su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley,
podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más
cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la
comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no
aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de
otros internos que requieran medidas especiales de
seguridad.
Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en
materia de delincuencia organizada se destinarán centros
especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las
comunicaciones de los inculpados y sentenciados por
delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su
defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes
se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior
podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas
especiales de seguridad, en términos de la ley.
26
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea
puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de
vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se
impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así
como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho
que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de
que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión
preventiva cuando otras medidas cautelares no sean
suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en
el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la
víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el
imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado
previamente por la comisión de un delito doloso. El juez
ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de
delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, delitos cometidos con medios violentos como
armas y explosivos, así como delitos graves que determine la
ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo
de la personalidad y de la salud.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá
revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.
El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá
prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que
señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será
sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del
establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que
dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto
27
de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o
de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar
la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de
concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de
las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos
delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito
distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación
separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la
acumulación, si fuere conducente.
Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a
proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la
acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que
lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto
con los plazos para la prescripción de la acción penal.
EL PROCESO PENAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL EN MÉXICO. (INICIATIVAS)
A. Iniciativa presentada por el diputado Jesús de León Tello
El diputado de Jesús de León afirma que la víctima u ofendido del
delito son la parte más débil del sistema penal. Después de resentir el
daño cometido en su integridad física, moral o en sus bienes
materiales, las víctimas luego son víctimas de un orden jurídico y de
una praxis tanto ministerial como judicial que, en lugar de facilitarle
las cosas, se las dificulta de manera real, sistemática y estructural a
28
grado tal, que resulta ineficaz el ejercicio de sus derechos
fundamentales.
Sostiene que no sólo sufren por el daño que les causa el delincuente
sino que, además, tienen que defenderse contra la falta de protección
jurídica que se da por las antinomias, defectos y lagunas normativas
en el contenido esencial de sus derechos fundamentales.
La víctima u ofendido están indefensos. No se encuentran en igualdad
de armas para enfrentar al ministerio público, al juez, al inculpado y a
su defensor. La ley, por un lado, tiene un alcance restringido y los
jueces, por su parte, no tienen una vocación garantista para
desarrollar el discurso de los derechos pro víctima.
Su iniciativa, por tanto, tiene por objeto avanzar en el fortalecimiento
de los derechos fundamentales del ofendido o víctima del delito, a
partir de tres propuestas: el derecho fundamental al defensor público;
el fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y
el derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal
y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de
legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus
problemas actuales.
El iniciante refiere que la víctima debe ser la protagonista en el
proceso penal, ya que nadie como ella tiene el interés de defender el
bien jurídico que se le ha afectado, equilibrando la respuesta de los
órganos de control social, pero protegiendo y garantizando el respeto
de los derechos de las víctimas. Por tal razón, propone otorgar
garantías individuales que salvaguarden los derechos inherentes de
todo ofendido o víctima del delito, a fin de que tengan la posibilidad
29
de proteger sus derechos, consolidando lo anterior a nivel
constitucional.
Finalmente, plantea que el Estado tiene la obligación de prestar apoyo
total y protección inmediata a la víctima del delito, satisfaciendo así
uno de los reclamos más sentidos de la población, crear mecanismos
para garantizar los derechos y las garantías de las víctimas y los
ofendidos del delito.
B. Iniciativa presentada por los diputados César Camacho
Quiroz, Felipe Borrego Estrada, Raymundo Cárdenas
Hernández y Faustino Javier Estrada González
Refieren que uno de los reclamos más persistentes y sentidos de los
ciudadanos en México tiene que ver con el funcionamiento de la
justicia penal, lo que hace necesario reformar el marco institucional
aplicable, de manera que se asegure a favor de todas las partes
involucradas, el debido proceso legal, conforme a las exigencias que
existen y funcionan en otros países, muchas de las cuales derivan de
tratados y convenciones internacionales que México ha firmado y
ratificado. Destacan como un principio básico que el trabajo judicial se
haga bajo la mirada de todos los ciudadanos y, en particular, de los
usuarios del sistema de justicia, pues un sistema de juicios orales, en
el que las pruebas se rinden bajo la mirada del público y en el que el
juez escucha a las partes, es más confiable que un sistema opaco y
escrito, como el que tenemos actualmente.
Proponen incluir los principios de proporcionalidad entre delitos y
penas, de lesividad, la obligación de que toda persona que sea
detenida por el ministerio público sea conducida inmediatamente ante
una autoridad jurisdiccional, para desaparecer así la irregular figura
30
de la "retención", pues la incomunicación de un detenido es no
solamente un grave atentado a sus derechos fundamentales, sino
también una forma por medio de la cual se generan prácticas de
corrupción. La comunicación del detenido con su abogado debe
asegurarse a lo largo de todas las etapas del proceso penal.
Sugieren también incorporar medios alternativos de justicia penal, de
manera que se permita resolver el conflicto generado por la comisión
de delitos, y asegurar la satisfacción del derecho a la reparación del
daño por parte de la víctima, siempre bajo supervisión judicial, para
evitar su mal uso, como ha ocurrido en otros países. Asimismo,
plantean prescindir de la prisión preventiva en los casos en que ésta
pueda ser sustituida por una sanción diversa.
Prevén como excepción que sólo cuando sea necesario decretar la
medida cautelar extrema, es decir la prisión preventiva, se requerirá
que el ministerio público pruebe, ante la autoridad judicial, la
existencia del cuerpo del delito y de la presunta responsabilidad del
inculpado, toda vez que esta exigencia es una protección que debe
permanecer, cuando se trata de justificar una medida tan intrusiva
como la prisión preventiva.
Respecto al artículo 20 constitucional, estiman que debe ser
completamente modificado para incorporar las bases del debido
proceso legal y el mandato claro para crear juicios orales en México,
tanto en el ámbito federal como local. Para tal efecto, se propone
incluir como características del proceso penal la acusatoriedad,
adversarialidad y oralidad, y como principios básicos la publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
31
En este orden de ideas, no consideran apropiado que la Constitución
explique los alcances de cada uno de estos principios, sino que en el
régimen de transitoriedad se establezca que el Congreso de la Unión
deberá emitir, en un plazo máximo de un año, una Ley del Debido
Proceso Legal, respetando el principio de que la Constitución debe
contener solamente las líneas maestras que rigen al Estado, sin
convertirse en un diccionario de términos jurídicos o en una norma de
carácter reglamentario.
Sugieren también una ampliación de derechos tanto para las personas
vinculadas a un proceso penal, como para las víctimas u ofendidos por
la comisión de un delito. Para las primeras, proponen presunción de
inocencia, delimitar el uso de la prisión preventiva y limitar su uso,
derecho a guardar silencio o a declarar, obligación de rendir y
desahogar todas las pruebas ante el juez, prohibición de que una
persona rinda prueba confesional ante el ministerio público, nulidad
de prueba ilícita, nulidad de audiencias sin la presencia del juez,
medidas alternativas al proceso, indemnización por error judicial,
obligación de poner en conocimiento de toda persona detenida sus
derechos básicos y derecho a una debida defensa por abogado. Para
las víctimas, plantean el derecho a la reparación del daño a través de
la obligación del Estado de crear un fondo económico, que ninguna
víctima será obligada a carearse con su victimario, salvo que ella
misma lo solicite.
Un protagonista importante del proceso penal mexicano es el
ministerio público, expresan, ya que al investigar la posible comisión
de un delito, al ejercer la acción penal y al velar por el interés de la
legalidad dentro del proceso, lo convierten en una pieza clave de
cualquier diseño institucional; no obstante, el ministerio público se ha
tenido que enfrentar como institución a retos de complejidad
32
creciente, que han ido minando su actuación, por lo que consideran
importante revalorar su papel como titular único de la acción penal y
como órgano acusador dentro del correspondiente proceso, pero que
ello no supone un impedimento para que los particulares sean
copartícipes, cumpliendo con los requisitos que establezca la ley, en el
buen desarrollo de la justicia penal, por lo que los particulares deben
tener el derecho para ejercer directamente la acción penal.
Cuando el Estado se enfrenta con procesos delictivos de gran escala,
como puede ser el caso de la delincuencia organizada, debe contar
con los medios apropiados para hacerles frente. Mejoran la redacción
vigente de las normas referidas a los "reglamentos gubernativos y de
policía" y, en cuanto a las sanciones que pueden contener,
extendiendo la limitante temporal del arresto hasta por treinta y seis
horas a las sanciones disciplinarias y penitenciarias, en congruencia
con el principio de proporcionalidad propuesto, agregando el trabajo
en favor de la comunidad.
C. Iniciativas presentadas por el Diputado César Camacho
Quiroz
El diputado César Camacho considera que la revisión del sistema de
justicia en México se presenta actualmente como un reto
impostergable, pues la sociedad mexicana percibe que la lentitud,
iniquidad, corrupción e impunidad son el denominador común en la
mayoría de los casos cuando las personas intervienen en la
sustanciación de un proceso penal, lo que genera desconfianza en las
instituciones y debilita su consolidación.
Manifiesta su preocupación porque el sistema actual se ha agotado,
sumándose a las corrientes que se han pronunciado por migrar hacia
33
un modelo garantista, retomando algunos planteamientos del
anteproyecto de la Red, para ser matizados por otras necesidades de
regulación. Considera que las expresiones "juicios orales" y "debido
proceso" son acertadas, toda vez que el impacto mediático busca un
lenguaje sencillo para la sociedad. Sobre la oralidad, afirma que es
una característica que da pauta para la consecución de los principios
del debido proceso, pues no es en sí misma la esencia de la reforma
que se necesita, sino la expectativa de que el sistema de justicia sea
más eficaz en la resolución de los conflictos sociales derivados del
delito y que dichas soluciones se tomen siempre con la convicción de
que se han respetado puntualmente los derechos fundamentales
reconocidos a los gobernados en la Constitución, los instrumentos
internacionales y las leyes.
Señala que la finalidad debe ser contar con un diseño normativo
capaz de proporcionar a los agentes encargados de hacer cumplir la
ley, las herramientas necesarias para perseguir con eficacia el delito,
sin que ello obste para hacerlo respetando las garantías del debido
proceso.
En materia de delincuencia organizada, propone eliminar la prórroga
de noventa y seis horas, toda vez que se pretende eliminar criterios
de excepción que atentan contra el principio de seguridad jurídica y
que, con la nueva sistemática procesal, el ministerio público ya no
deberá acreditar con un estándar tan exigente los requisitos para
consignar ante el juez.
El diputado César Camacho Quiroz sostiene que, en nuestro país, el
sistema procesal penal está pensado desde el encarcelamiento del
imputado, desde su inmediata puesta en desventaja; si se pretende
construir un proceso democrático, es necesario empezar a hablar y a
34
pensar desde la libertad y desde los derechos. Así pues, en lugar de
usar la añeja expresión "auto de formal prisión", apoya acuñar el
término "auto de prisión preventiva", cuyos requisitos serían los
mismos que actualmente existen, a excepción de la noción de cuerpo
del delito, además de la exigencia de acreditar los mismos
presupuestos que para la necesidad de cautela, es decir, el peligro de
fuga, la obstrucción al curso del proceso y la probabilidad de que el
imputado afecte a terceros o a la sociedad, cometiendo delitos.
3.1.1 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Ha quedado manifiesto que una de las más evidentes inquietudes de
la sociedad mexicana hoy día se refiere a la ineficacia del sistema de
justicia penal en el país. Esto es, que la procuración e impartición de
justicia lejos de satisfacer las necesidades de los sujetos que
intervienen en su sustanciación, se han visto rebasadas por prácticas
de corrupción e inequidad provocando que víctimas y acusados
padezcan, indistintamente, la incertidumbre jurídica e impunidad que
caracteriza al sistema.
Diversas y complejas son las causas que han dado lugar a la
decadencia del funcionamiento del sistema de justicia penal;
reducirlas a una sola resulta simplista, sin embargo, es fundamental
identificar que el propio marco jurídico en el que éste encuentra su
fundamento ya no cumple con el objetivo para el cual fue creado y
que consiste en garantizar el debido proceso legal y cumplir con los
principios que lo conforman: celeridad, inmediatez, oralidad,
seguridad jurídica, entre otros. El propio marco jurídico contribuye a la
ineficacia de dicho sistema, lo que se traduce en injusticia para la
35
ciudadanía. Es urgente proponer las posibles alternativas para
corregir, a partir de la evidencia empírica, lo que no está funcionando.
En este sentido la sociedad mexicana comprometida con la
transformación y eficacia de dicho sistema ha generado una sinergia
participativa y responsable que, a partir de la realización de trabajos
de investigación y diagnóstico, como los que realizan los integrantes
de la "Red Nacional a favor de los Juicios Orales y debido Proceso
Legal", tiene como objetivo coadyuvar con el mejoramiento de las
instituciones mediante la realización de propuestas de posibles
soluciones al problema.
Es así que sociedad e instituciones se unen en aras de lograr un
objetivo común, en este caso, la eficacia del sistema de justicia penal
en México, para ello, el 13 de diciembre de 2006, la "Red Nacional a
favor de los Juicios Orales y debido Proceso Legal", la cual esta
conformada por destacados especialistas del sector académico e
integrantes del sector empresarial y de la comunicación, entre otros,
presentó ante los integrantes de las Comisiones de Justicia y Puntos
Constitucionales de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, una propuesta de reforma constitucional con la finalidad de
modificar los procedimientos judiciales en nuestro país, misma que,
para efectos de enriquecer el conjunto de iniciativas que, en la
materia, están radicadas en las comisiones antes citadas, hacemos
llegar a esta soberanía en los términos en que nos fue presentada y
que señala lo siguiente:
"Uno de los reclamos más persistentes y sentidos de los ciudadanos
en México tiene que ver con el funcionamiento de la justicia penal.
Varios diagnósticos apuntan hacia la necesidad de realizar una
profunda reforma en este campo. La mayor parte de los análisis
36
disponibles parecen indicar que la procuración y la impartición de
justicia en materia penal se encuentran aquejadas por varios y muy
severos problemas.
Una primera vía para resolver tales problemas consiste en reformar el
marco institucional aplicable, de manera que se asegure a favor de
todas las partes involucradas el debido proceso legal, conforme a las
exigencias que existen y funcionan en otros países, muchas de las
cuales derivan de tratados y convenciones internacionales que México
ha firmado y ratificado.
Un principio básico para poder contar con una impartición de justicia
confiable es que la tarea de los jueces se lleve a cabo a la vista de la
sociedad. Nada daña más la credibilidad de la justicia que el hecho de
que sus sentencias sean dictadas casi en secreto. El trabajo judicial
debe hacerse bajo la mirada de todos los ciudadanos y, en particular,
de los usuarios del sistema de justicia. Existen suficientes evidencias
que nos demuestran que un sistema de juicios orales, en el que las
pruebas se rinden bajo la mirada del público y en el que el juez
escucha a las partes, es más confiable que un sistema opaco y
escrito, como el que tenemos en México actualmente.
La construcción de los estándares internacionalmente reconocidos del
debido proceso legal, comienza desde los mandatos constitucionales.
La Constitución es el texto idóneo para precisar la manera en que el
Estado mexicano debe procurar e impartir justicia en materia penal.
Para alcanzar esos estándares se propone una reforma constitucional
que se limita a la modificación de siete artículos de la Carta Magna.
De estos artículos, solamente en el caso de uno de ellos se propone
37
una reforma integral, mientras que los demás son afectados de forma
tangencial.
Se propone modificar el párrafo tercero del artículo 14 constitucional
para incluir dos principios de derecho penal sustantivo bien conocidos
y plenamente aceptados por todos los especialistas en la materia.
Tales principios son el de proporcionalidad entre delitos y penas, y el
de lesividad.
El principio de lesividad consiste en que el legislador debe sancionar
penalmente sólo aquellas conductas que en verdad dañen bienes
jurídicos relevantes, ya sean de titularidad individual o colectiva. Con
ello se subraya el carácter del derecho penal como última ratio, como
recurso extremo del Estado para sancionar a personas que realicen
conductas antijurídicas.
3.2 DEL SISTEMA PROCESAL PENAL INQUISITORIO AL SISTEMA
PROCESAL PENAL ACUSATORIO.
El sistema inquisitorio nació desde el momento en que aparecieron las
primeras pesquisas de oficio en roma y en las monarquías cristianas
del siglo XII, lo cual origino el desuso del sistema acusatorio que se
practico con anterioridad. El modelo inquisitivo no solo fue un modelo
de organización de un procedimiento o de una administración de
justicia sino por el contrario, genero a su alrededor una cultura
inquisitiva. El sistema inquisitivo manejo un procedimiento escrito,
burocrático, formalista incomprensible, ritualista, poco creativo y
especialmente preocupado por el tramite y no por la solución de
conflictos. En un proceso inquisitivo el imputado era concebido como
un objeto de persecución penal y no como un sujeto de derechos y
titular de garantías frente al poder penal del estado, es decir se hacia
prevalecer ampliamente el interés estatal en detrimento de las
38
garantías de imputado. El principal rasgo del procedimiento inquisitivo
radico en la concentración de las funciones de investigación y
juzgamiento en un mismo órgano, lo que resulta incompatible con el
derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial.
En este tipo de procedimientos la fase de instrucción era central, en la
mayoría de los casos, las sentencias se fundaban en las pruebas
producidas durante la investigación , las cuales, no podían ser del
conocimiento del imputado lo que represento una constante violación
del derecho de defensa y del principio de contradicción.
Respecto de la fase de instrucción del procedimiento inquisitivo se
destacaban dos características que violaban las garantías del Debido
Proceso: en primer lugar, el extendido fenómeno de la delegación de
funciones en funcionarios subalternos; en segundo lugar, la
instrucción no era pública.
El principio de legalidad es sobre el que descansaba el procedimiento
inquisitivo en materia de persecución penal, de acuerdo con el cual
los órganos encargados de la misma, debían investigar y
eventualmente sancionar todos los hechos que llegaban a su
conocimiento.
Además de lo anterior el procedimiento no considera a la victima
como un actor del procedimiento, razón por la cual se ha dicho que es
la gran olvidada.
Algunas características en el sistema inquisitivo son:
1.- Un procedimiento escrito y secreto.
2.- Una administración de justicia secreta.
3.- La desnaturalización del juicio, entendido como consecuencia de
falta de juez en un juicio por delegación de funciones, en oposición al
principio de inmediación.
39
4.- Los testigos se convierten en actas y las partes se comunican y
conocen por medio de escritos.
5.- No existe plenamente el principio de independencia judicial.
6.- La función de acusar corresponde al Juez.
7.- Es biinstancial.
8.- Se da la prueba tasada, las pruebas que presenta el Estado tiene
mayor valor probatorio que las pruebas que presenta el acusado.
9.- La característica mas importante del sistema inquisitivo es la falta
de confianza social respecto de la administración de justicia.
En tanto que a la nueva reforma se presume una distinta justicia por
las siguientes razones.
SISTEMA ACUSATORIO.
El sistema acusatorio fue introducido en Europa durante el siglo XIX;
es propio de los estados democráticos de derecho. El sistema
acusatorio se basa en la necesaria existencia de una parte acusadora
que ejerce la acción penal distinta e independiente del Juez. A su vez
admite y presupone el derecho de defensa y la existencia de un
órgano judicial independiente e imparcial, asimismo este sistema rige
plenamente el juicio oral.
El sistema acusatorio, aunque existió en otras épocas anteriores es
propio del estado moderno ya que le reconoce al imputado su calidad
de sujeto de derechos al que le corresponden una serie de garantías
penales de carácter sustantivo y procesal, integrantes del Debido
Proceso que constituyen limites infranqueables para el poder penal de
estado.
El sistema acusatorio pretende equilibrar los dos intereses en pugna
en todo proceso penal: compatibilizar la eficacia de la persecución
penal y el respeto de las garantías del imputado.
40
La separación de las funciones de la investigación y juzgamiento
expresa una característica fundamental del procedimiento acusatorio,
como es la racionalización del sistema procesal penal. Este sistema
parte del principio de resolver conflictos que surjan entre las partes
con el énfasis puesto en el resarcimiento del daño que ha sufrido la
victima.
En el procedimiento acusatorio la investigación constituye solo una
etapa preparatoria del juicio desformalizada y sin valor probatorio, se
reconoce ampliamente como parte del derecho de defensa que el
imputado acceda a la pruebas durante la instrucción. Solo es
admisible el secreto parcial cuando resulta indispensable para la
eficacia de algún acto específico de la investigación.
El procedimiento acusatorio da mayor facilidad para las salidas
alternativas del juicio o aún la renuncia a la persecución penal, frente
a hechos menos graves de acuerdo con el principio de oportunidad.
En el procedimiento acusatorio la victima se convierte en un actor
importante respetándole en primer lugar su dignidad personal y
evitando así la llamada victimización secundaria a manos del propio
proceso penal. Se establece la obligación de protegerla por parte del
ministerio publico y de la policía; se le mantiene informada de las
actuaciones del proceso con lo que se incentiva su siempre útil
colaboración; se le concede el derecho de solicitar diligencias y de
apelar las decisiones que le afectan; se establecen como salida
alternativa al juicio en caso de criminalidad menos grave, los acuerdos
reparatorios entre el imputado y la victima.
Las principales características del sistema acusatorio son:
1.- La facultad jurisdiccional corresponde a los Tribunales dependiente
de un órgano jurisdiccional.
2.- La acción penal es pública, se basa en el principio de publicidad en
su totalidad.
41
3.- presencia de dos posiciones encontradas en igualdad de
oportunidades y con posibilidad de contradicción.
4.- El juzgado es un mero observador del proceso.
5.- La prisión preventiva se aplica como excepción y no como regla,
atendiendo al principio de presunción de inocencia.
6.- La introducción de las pruebas corresponde a las partes.
7.- Libre valoración judicial de las pruebas.
8.- Es uni-instancial, es decir principio de concentración.
3.3 ANTECEDENTES. SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO
EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA (OTROS PAÍSES)
1. Inserto dentro del poder ejecutivo, en cuyo caso el presidente o
jefe de gobierno tiene facultades decisivas en su conducción,
interviniendo en el nombramiento y destitución de sus
autoridades y demás fiscales (como sucede en el sistema
mexicano, francés, alemán y estadounidense).
2. Incorporado en el poder judicial, caso en el cual podría quedar
supeditado a la función jurisdiccional (como sucede en Colombia
a partir del cambio constitucional de 1991).
3. Inserto en el poder legislativo, pudiendo quedar el ejercicio de
su función influida por la contingencia política.
4. Independiente de los poderes del estado, entendiéndose como
un órgano que no responde ante alguno de los poderes clásicos
en calidad de subordinado jerárquicamente (como sucede en el
sistema chileno, guatemalteco y peruano).
42
Como un poder del Estado por sí mismo, entendiéndose como un
órgano autónomo, consagrado constitucionalmente y en igualdad de
condiciones que los otros órganos del Estado (como sucede en el
sistema venezolano).
3.4 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SISTEMA PROCESAL PENAL
ACUSATORIO.
En el sistema preponderantemente acusatorio deberán estar
presentes todos y cada uno de los principios que forman un proceso:
publicidad, contradicción, concentración, continuidad, e inmediación.
Los cuales se entienden de la siguiente manera:
3.4.1 PUBLICIDAD: Éste principio refiere el derecho del acusado y de
la sociedad de observar los actos de la autoridad. El cual se podrá
restringir cuando se trate de personas menores de edad por razones
de seguridad pública, de seguridad nacional, se afecten derechos a la
moral de las victimas, y se trate de secretos protegidos por ley.
3.4.2 CONTRADICCIÓN: Significa igualdad procesal, pues consiste
en dar vista a la parte contraria para que diga lo que a su derecho
convenga con el fin de que toda a toda acción le corresponda una
reacción.
3.4.3 CONCENTRACIÓN: Significa que los distintos actos procesales
se llevaran a cabo en una sola audiencia o bien que ciertas
cuestiones litigiosas o accidentales se van acumulando para ser
resueltas en un solo acto en la sentencia definitiva.
3.4.4 CONTINUIDAD: Significa que los actos deberán ser continuos y
que por si algún motivo se suspende la audiencia, esta no deberá
exceder nunca de un tiempo determinado fijado por la ley.
3.4.5 INMEDIACIÓN: dentro de éste el juez debe actuar en contacto
personal con las partes, esto con la finalidad de una mejor valoración
de la prueba.
43
Los principios antes mencionados deben interactuar entre sí, en
conjunto, y no entenderse de manera aislada dentro del proceso penal
preponderantemente acusatorio.
3.4.6 PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.
Conceptos y fines:
“Es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de
derecho humano fundamental, que posee su eficacia en un doble
plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y
constituye el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o
no participe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; por
otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en el campo
procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de la prueba”1
“Es el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a
ser considerada y tratada como inocente, en tanto no se establezca
legalmente su culpabilidad...La razón de ser la presunción de
inocencia es la de garantizar a toda persona inocente que no será
condenada sin que existan pruebas suficientes que demuestren su
culpabilidad, que destruya tal presunción y que justifique una
sentencia condenatoria definitiva. En tal virtud, se convierte en una
garantía de la libertad personal, tanto contra la arbitrariedad de los
poderes públicos como contra la reacción vindicativa de la victima,
garantía que, en todo caso, debe beneficiar a cualquiera que sean las
sospechas o los cargos que sobre ella recaigan, debe ser considerada
y tratada como tal en tanto su culpabilidad no haya sido probada y
declarada mediante una sentencia regular y definitiva”2
“Es la primera y fundamental garantía que el procedimiento asegura
al ciudadano: presunción iuris, como suele decirse, esto es, hasta
1 Luzón cuesta, José Máría, La Presunción de Inocencia ante la Casación, Madrid, Ed. Colex, 1991, p. 13.2 Diccionario Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, UNAM, Tomo P-Z, 9ed; Ed. Porrúa, 1996.pp.2518-2519.
44
prueba en contrario. La presunción de la culpa- y no de la inocencia,
que se presume desde el principio- la que forma el objeto del juicio”3
“la presunción de inocencia tiene tres significados claramente
diferenciados:
1.-como garantía básica del proceso penal;
2.-como regla de tratamiento del imputado durante el proceso y
3.-como regla relativa a la prueba”4
“La condición de penado no podrá existir sin una previa y concreta
declaración jurisdiccional de responsabilidad penal, contenida en un
pronunciamiento firme conclusivo del proceso regular y legal. Antes
de ese fallo el imputado gozará de un estado de inocencia, al igual
que ocurre con cualquier habitante de la Nación aún no sometido a
proceso. Ese estado no se destruye ni con el procesamiento ni con la
acusación; tampoco lo destruye la sentencia que no ha obtenido
autoridad de cosa juzgada”5
De los conceptos referidos extraemos las siguientes consideraciones:
a) Es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría
de derecho humano fundamental
b) Es el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito,
a ser considerada y tratada como inocente, en tanto no se establezca
legalmente su culpabilidad
c) Goza de presunción iuris, como suele decirse, esto es, hasta prueba
en contrario.
d) Contra la arbitrariedad de los poderes públicos como contra la
reacción vindicativa de la victima
e) Como garantía básica del proceso penal;
3 Ferrajoli, Luiji, derecho y Razón. Teoría del Galantismo Penal, op.cit; p. 549.4 Vega Torres, Jaime, Presunción de Inocencia y Prueba en el Proceso Penal, Madrid, Ed. La Ley, 1992, pp.35 y 36.5 Claría Olmedo, Jorge A; Derecho Procesal Penal, Tomo I, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni, Editores, pp.67-68.
45
2.-como regla de tratamiento del imputado durante el proceso y 3.-
como regla relativa a la prueba
f) Ese estado no se destruye ni con el procesamiento ni con la
acusación; tampoco lo destruye la sentencia que no ha obtenido
autoridad de cosa juzgada
Y en atención a considerar que los principios de debido proceso legal
y el acusatorio, son símiles al principio de inocencia recurrimos a las
siguientes consideraciones: recurriendo, para sostener su conclusión,
a la evolución histórica del due process of law, de la concepción
francesa de presunción de inocencia contenida en el artículo 9 de la
Declaración de los Derechos del Hombre y ciudadano. En nuestro
proceso o juicio la presunción de inocencia es una garantía más que
debe reconocerse por la trascendencia jurídica de los tratados
internacionales en la resolución de controversias jurídicas.
Es importante señalar, que la Suprema corte de Justicia de la Nación
emitió Tesis en el 2002, en Pleno, que sostiene acertadamente que
corresponde al Ministerio Público la función persecutoria de los delitos
y la obligación (carga) de buscar y presentar las pruebas que
acrediten la existencia de éstos y que la presunción de inocencia ha
dado lugar ... a que el gobernado no esté obligado a probar la
licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un
delito, en tanto el acusado no tiene la carga de probar su
inocencia, puesto que el sistema previsto por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce, a priori, tal estado, al
disponer expresamente que es al Ministerio Público a quien incumbe
probar los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del
imputado.
46
3.4.7 EL EQUILIBRIO ENTRE LOS DERECHOS DEL IMPUTADO
CON LOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO.
Una de las finalidades del nuevo procedimiento penal es que sea un
juicio justo y equitativo para las partes puesto que genera derechos
para el ofendido o la víctima así como para el imputado ya que se
respetan los derechos y garantías de los mismos.
ARTÍCULO 153 DERECHOS DEL IMPUTADO
I. Que se presuma su inocencia mientras no se declare su
responsabilidad mediante sentencia ejecutoria.
II. Declarar o guardar silencia. Desde el momento de su
detención se le harán saber los motivos de la misma y su
derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en
su perjuicio. Queda prohibido y será sancionada por la ley
penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La
confesión rendida sin la asistencia de defensor carecerá de
todo valor probatorio.
III. Que se le informe, tanto en el momento de su detención
como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el
juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le
asisten. Tratándose de asociación delictuosa, la autoridad
judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el
nombre y datos del acusador.
IV. Que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes
que ofrezca, concediéndole el tiempo que este código señale
al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de
las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que
señale este código.
47
V. Que sea juzgado en audiencia pública por un juez. La
publicidad sólo podrá registrarse en lo casos de excepción
que establece este código, por razones de seguridad pública,
protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se
ponga en riesgo la revelación de datos legalmente
protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones
fundadas para justificarlo.
VI. Que le sean facilitados todos los datos que solicite para su
defensa y que consten en el proceso.
El imputado y su defensor tendrá acceso a los registros de la
investigación cuando el primero se encuentre detenido y
cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo.
Asimismo, antes de su primera comparecencia ante el Juez
podrán consultar dicho registros, con la oportunidad debida
para preparar la defensa. A partir de este momento no
podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la
investigación, salvo los casos excepcionales expresamente
señalados por este código cuando ello sea imprescindible
para salvaguardar el éxito de la investigación siempre que
sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de
defensa.
VII. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratarse de delitos
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, antes
de su año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que
solicite mayor plazo para su defensa.
VIII. A una defensa adecuada por abogado que cuente con cédula
profesional de licenciado en derecho, al cual elegirá
libremente incluso desde el momento de su detención. Si no
quiere o no puede nombrarlo, después de haber sido
requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor
48
público. También tendrá derecho a que su defensor
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá
obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. Tendrá
derecho a reunirse con su defensor en estricta
confidencialidad.
IX. A que en ningún caso se prolongue su prisión o detención,
por falta de pago de honorarios de defensores o por
cualquiera otra prestación de dinero, por causa de
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como
máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y
en ningún caso será superior a dos años, salvo que su
prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del
imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado
sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato
mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer
medidas cautelares.
En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se
computará el tiempo de la detención.
X. Que conozca desde su detención la causa o motivo de ésta y
el servidor público que la ordenó, exhibiéndosele, según
corresponda, la orden emitida en su contra.
XI. Al tener una comunicación inmediata y efectiva con la
persona, familiar, asociación, agrupación o entidad a la que
desee informar de su detención.
XII. Ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete si no
comprende o no había el idioma español.
XIII. A entrevistarse con su defensor, antes de decidir si declara o
se abstiene de hacerlo y, a que aquél esté presente en el
49
momento de rendir su declaración y en todas diligencias en
las cuales se requiera su presencia.
XIV. No ser sometido a técnicas ni métodos que induzcan o
alteren su libre voluntad o atenten contra su dignidad, y
XV. Solicitar desde el momento de su detención asistencia social
para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo
cuidado personal tenga a cargo.
ARTÍCULO 154 DERECHOS DEL IMPUTADO DETENIDO
La policía al detener a una persona o antes de entrevistarla en calidad
de imputada, le hará saber de manera inmediata sus derechos
contemplados en el artículo anterior. El Ministerio Público debe dar a
conocer el imputado sus derechos fundamentales desde el primer
acto en el que participe. El juez desde el primer acto procesal,
verificará que se hayan dado a conocer al imputado sus derechos
fundamentales y, en caso contrario, se los dará a conocer en forma
clara y comprensible.
ARTÍCULO 150 DERECHOS DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO
En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera
enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes:
I. Los establecidos en el artículo 20 apartado C de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
instrumentos y tratados internacionales, este código y demás
ordenamientos legales aplicables.
II. Recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que
en su favor establece la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, este código y demás ordenamientos,
50
cuando realice la denuncia o en su primera intervención en el
procedimiento y cuando lo solicite, ser informado del
desarrollo del procedimiento penal.
III. Recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o
traductor en caso de que no hable español o tenga
discapacidad auditiva, en cualquier etapa de la investigación
hasta el proceso.
IV. Coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciben y
desahoguen los datos o elementos de prueba con los que
cuente, desde la investigación hasta el proceso.
V. Intervenir en el juicio e interponer los medios de impugnación
que este código establece.
VI. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y
psicológica de urgencia.
VII. Ser notificados de todas las resoluciones que suspendan o
finalicen el proceso, así como todas la que sean impugnables.
VIII. Que se le repare el daño. En los casos en que sea
procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la
reparación del daño sin menoscabo que lo pueda solicitar
directamente.
IX. Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, se
llevarán a cabo sus declaraciones en las condiciones que
establezca este código.
X. Que se le resguarde su identidad y otros datos personales en
los siguientes casos:
a) Cuando sean menores de edad,
b) Cuando se trate de delito de violación, secuestro o
asociación delictuosa, y
51
c) Cuando a juicio del juzgador sea necesario para su
protección, salvaguardando en todo caso los derechos de
la defensa.
XI. Recibir del Ministerio Público protección especial de su
integridad física o psicológica, con inclusión de su familia
inmediata, cuando corra peligro en razón del papel que
desempeñe en el proceso penal.
XII. El Ministerio Público y el órgano jurisdiccional, garanticen que
ningún medio de comunicación publique información
confidencial, que haga referencia a datos personales y que
atente contra la dignidad de la víctima u ofendido.
XIII. Solicitar al Ministerio Público o al juez de control las medidas
cautelares y providencias para proteger su vida, integridad
física y psicológica, bienes, posesiones o derechos,
incluyendo los de familiares y de los testigos en su favor,
contra todo acto de intimidación y represalia, o bien cuando
existan datos suficientes que indiquen que estos pudieran ser
afectados por los probables responsables o terceros
implicados de la conducta delictiva.
XIV. Impugnar ante el juez de control las omisiones del Ministerio
Público en la investigación de los delitos así como las
resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la
acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba,
cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
XV. Recibir los servicios de mediación, conciliación y demás
medios alternos de solución de controversias.
XVI. Ser informada de las resoluciones que suspendan o finalicen
el proceso.
XVII. Ser escuchada antes de cada decisión que implique la
extinción o suspensión de la acción penal.
52
XVIII. Si está presente en el debate, a tomar la palabra después
de los informes finales y antes de concederle la palabra final
al imputado.
XIX. Que su declaración o interrogatorio sea realizado en su lugar
de residencia, previa dispensa solicitada por si o por un
tercero, si por su edad o incapacidad física, estuviere
imposibilitada para comparecer a ese acto procedimental.
XX. Ejercer y desistirse de la acción penal privada en los caso
que este código establece.
XXI. Solicitar justificadamente la reapertura de la investigación
cuando se haya decretado el archivo temporal, y
XXII. Que no se divulgue su identidad ni ser presentado
públicamente, sin su consentimiento.
3.4.8 LA PROTECCIÓN DEL INOCENTE.
Es indispensable que se brinde seguridad a la sociedad para
garantizar que se cuenta con la protección necesaria en caso de algún
hecho ilícito o anomalía en contra de su integridad y recordar que en
nuestro proceso penal hay garantías constitucionales que rigen la
protección del inocente puesto que toma la figura de victima u
ofendido.
3.4.9 PROCURAR QUE EL CULPABLE NO QUEDE IMPUNE.
Juez Presidente:
Señala las acusaciones objeto del juicio y advierte al acusado para
que esté atento.
Exposición.
Acusación (Alegato de apertura por parte del MP)
Exposición
53
Defensa (Alegato de apertura por parte de la defensa)
Declaración por parte del acusado.
Acepta o no acepta la acusación.
Desahogo de pruebas por parte del Ministerio Público.
Desahogo de pruebas por parte de la Defensa.
Alegatos finales de ambas partes
Ministerio Público y por parte de la Defensa.
Se le concede el uso de la palabra al acusado.
Se lleva a cabo la deliberación del Tribunal esto es en privado.
Se realiza la lectura del resolutivo; o sentencia:
Pudiendo ser en el sentido de Absolución o recondena.
A continuación se dará a conocer paso a paso como se lleva a cabo
una audiencia del nuevo Procedimiento Penal Acusatorio:
JUICIO ORAL
1.- Presentación de las partes.
Por el encargado de la Causa o encargado de la Sala.
Juez Presidente
TRIBUNAL ORAL Juez Secretario.
Juez Vocal.
El fiscal con la Victima.
Defensa con el Imputado.
Se verifica la Asistencia de los Sujetos Procesales:
Del Ministerio Público: Testigos, Peritos, etc.
De la Defensa: Testigos, Peritos, etc.
El encargado de la causa verifica:
2.- Vista a la parte acusadora.
54
El Ministerio Público: Expone su Alegato de Apertura; Narra los
hechos, presenta pruebas, señala acuerdos probatorios y señala las
Hipótesis de Derecho.
La Defensa Expone su Alegato de Apertura; en donde: Narra los
hechos, presenta pruebas, acuerdos probatorios y las hipótesis de
derecho.
3.- Desahogo de las pruebas de la Fiscalía.
El Fiscal desahoga, formula preguntas, interroga a testigos, peritos,
documentos, etc.
La Defensa Repregunta, argumenta
El juez Resuelve,
1.- La Declaratoria de la victima Hechos Propios.
2.- Testimoniales.
3.- Peritos.
4.- Documentos; Públicos.
Privados
Técnicos, Científicos.
5.- Otros medios de Prueba.
4.- Desahogo de las pruebas de la Defensa.
La Defensa. Fiscal. Juez.
Interroga. Contra Interroga. Tiene por desahogada la prueba
Se formula una pregunta categórica en sentido Afirmativo.
¿Donde estuvo el día _____?
Técnicas de Litigación Oral.
Mi primer Juicio Oral.
55
5.- Declaración del acusado.
El Fiscal Interroga. La Defensa contrainterroga. El Juez Resuelve y
tiene por desahogada.
El Juez solo pregunta cuestiones meramente aclaratorias. NO
categóricas.
No hay recursos hasta la sentencia.
6.- Alegatos finales.
Por parte de la Fiscalía: 1.- Hechos.
2.- Pruebas.
3.- Hipótesis. Estudio Dogmatico del tipo
penal, fundamentos y motivos.
4.- Pedimentos.
Por parte de la Defensa: 1.- Destruye alegatos de la Fiscalía.
2.- Hace uso de la palabra el inculpado.
El Juez. Resuelve.
Condenatoria.
7.- Deliberación del Caso.
Absolutoria.
Se hace en privado, puede ser en el mismo acto o hasta dentro de
cinco días después.
7.1. Actos preliminares
56
7.1.2. Radicación
Recepción del auto de apertura
Llegado el auto de apertura al Tribunal Oral competente, se procederá
a ingresarlo al Tribunal, enseguida si el Tribunal se encuentra formado
por más de una sala, entonces, el administrador agendará el juicio a la
sala que corresponda.
Efectuada la distribución se entregarán los antecedentes al Juez
Presidente de la Sala designada para que proceda a proveer el auto
de apertura.
Resolución que recae en el auto de apertura
El contenido de la primera resolución debiendo, al menos, fijar el lugar
y fecha del juicio, la composición del Tribunal y disponer la citación de
todas las personas que debieren concurrir a la audiencia.
Analizaremos enseguida cada uno de estos puntos.
Fecha, lugar, integración y citaciones.
Trámites anteriores a la audiencia del juicio oral
Lugar y fecha del juicio
El Juez Presidente de la Sala respectiva, en primer lugar, decretará la
fecha de celebración de la audiencia sujetándose a los parámetros
legales, esto es, no antes de quince ni después de sesenta días
contados desde dicha radicación.
Composición de la Sala
En su primera resolución, el Juez Presidente indicará también el
nombre de los jueces que integrarán la sala.
57
Las salas de los Tribunales orales en lo penal están integradas por tres
de sus miembros.
Cabe tener presente que no pueden integrar la sala del juicio, aquellos
jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas
anteriores al juicio oral, resguardando de dicha manera un principio
del debido proceso, esto es, a ser juzgado por un Tribunal imparcial,
según se recoge en el artículo 17 de la Constitución de los Estados
Unidos de México.
3.4.10 QUE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL DELITO SE
REPAREN.
Asimismo, en nuestro actual sistema no se impulsa la aplicación de la
justicia alternativa y existen diversos problemas procesales que
dificultan hacer efectiva la reparación del daño. Se estima necesario
que se prevean mecanismos alternativos de solución de controversias,
que por mandato constitucional expreso, procuren asegurar la
reparación del daño, sujetas a supervisión judicial en los términos que
la legislación secundaria lo juzgue conveniente. Tal medida generará
economía procesal, además de alcanzar un objetivo fundamental,
como es el de lograr que la víctima de un delito esté cobijada y que el
inculpado se responsabilice de sus acciones, reparando, en lo posible,
el daño causado.
3.5 PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INTEGRAL.
3.5.1. LEGALIDAD. El Principio De Legalidad es un axioma de
valoración de lo justo por una sociedad en virtud del cual no se puede
aplicar una sanción si no esta escrita previamente en una ley cierta.
58
3.5.2 OBJETIVIDAD. Consiste en que, en el ejercicio de sus
facultades, debe adecuarse a un criterio objetivo, velando únicamente
por la correcta aplicación del derecho.
3.5.2 EFICIENCIA. Refiere a la habilidad de contar con algo o alguien
es este caso para las autoridades buscando obtener un resultado justo
y equitativo.
3.5.3PROFESIONALISMO. Un individuo que tiene una profesión
particular y que la ejerce de acuerdo a las pautas socialmente
establecidas por la misma, las pautas de profesionalismo pueden
llegar a ser muy variadas e ir desde aspectos físicos y de apariencias
hasta actitudes morales y éticas (tales como el cumplimiento del
deber en cualquier situación y realidad)
3.5.4 HONRADEZ. Se refiere a la cualidad con la cual se designa a
aquella persona que se muestra, tanto en su obrar como en su
manera de pensar, como justa, recta e íntegra. Quien obra con
honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad por la
cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las
cosas las normas que se consideran como rectas y adecuadas en la
comunidad en la cual vive.
3.5.5 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.
Si se cuenta con la preparación necesaria y la voluntad de las
autoridades impartidoras de justicia, los juicios orales podrán abrir la
puerta para que el respeto a los derechos humanos sea la constante
en los procesos penales consideró la doctora Ana Lilia Ulloa Cuellar,
investigadora del instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Veracruzana.
Los abogados podrán dar una certeza jurídica basada en justicia,
humanidad y siempre en el respeto a los derechos humanos, destacó,
59
“se trata de una certeza en el derecho pero siempre garantista y en el
derecho y la justicia todo se vale negociar menos el coto vedado de
los derechos humanos”.
3.6 LOS DERECHOS HUMANOS
La experta en temas del derecho consideró que los nuevos retos que
enfrentan los abogados podrían fortalecer el sistema penal, “en estas
épocas de crisis es cuando podemos rescatar lo mejor de este pueblo
veracruzano y mucho de lo mejor está en estos juristas brillantes, si
bien es cierto que hay muchísimos de los que no podemos decir
muchas cosas positivas, no obstante con dos o tres podemos mover el
mundo”.
La también catedrática de las facultades de derecho y filosofía de la
UV, mantiene su investigación alrededor de la teoría que ha
denominado “Del amarre de las agujetas”, la que detalló, “es una
teoría lógica sobre la importancia de la argumentación en el derecho y
ahora en los juicios orales”.
Durante los juicios orales, comentó, el abogado tendrá la capacidad
de manejar la retórica positiva de Aristóteles, “donde se toma en
cuenta el contexto, la situación económica, política y social y sobre
todo el derecho humano, el derecho es un derecho de normas
jurídicas que siempre se van a aplicar a seres humanos y partir que el
derecho lo más importante no es la norma sino la dignidad humana”,
puntualizó.
3.6.1 LA DIGNIDAD HUMANA. DERECHO FUNDAMENTAL
60
La dignidad de la persona, dice Beuchot, "da al ser humano el
derecho fundamental de realizar su finalidad, su destino. Es el
derecho de alcanzar su propia esencia". Alcanzar su propia esencia
significa que el ser humano tiene derecho a perfeccionar su propio
ser en los órdenes que lo constituyen: intelectual: estudiar,
reflexionar, observar, analizar...; volitivo: elegir el bien que sea mejor
para él; corporal: desarrollar habilidades manuales, etc. Ahora bien,
como ningún hombre puede perfeccionarse, desde que se está
gestando en el vientre materno, a sí mismo, tiene derecho a que
otras personas (sus padres, sus tutores) le vayan dando bienes que lo
irán perfeccionando paulatinamente: derecho, en primer lugar, a que
viva, a que se eduque, a que se alimente, se vista, juegue ... ; hasta
que llegue a la edad en que pueda valerse por sí mismo. Llegada esa
edad, la persona sigue teniendo derechos que le permiten, ahora,
vivir por sí mismo, dignamente: derecho a formar una familia, a un
trabajo honesto y remunerado, a formar asociaciones lícitas, etc.
Cuando Beuchot afirma que la persona tiene derecho a realizar su
finalidad, su destino, quiere decir que el ser humano tiene derecho a
trazar sus propias metas y alcanzarlas. La palabra "destino" hay que
entenderla como el punto de llegada de la acción humana. Así, por
ejemplo, el destino de un estudiante es ser ingeniero civil. Esta
profesión es su meta. Tiene derecho a estudiar en tal o cual
universidad para obtener los conocimientos adecuados que le
permitan realizarse en el campo propio de esa profesión.
El reconocimiento de la dignidad humana y de su protección forma
parte de las constituciones modernas y como tal se ha transformado
en derecho constitucional común europeo. La influencia de la
Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha quedado
anclada en el artículo 1,1 de la Ley Fundamental, y se encuentra
61
igualmente en el artículo 10,1 de la Constitución Española al
comienzo del título sobre "derechos y obligaciones fundamentales".
La dignidad humana es parte integrante de las modernas
constituciones de Europa y así mismo se hace referencia a ella en el
artículo 1 - 2 del Proyecto de Tratado de la Constitución para Europa
como uno de los valores de la Unión. A partir de ahí tanto el Derecho
Europeo como el Derecho Internacional contienen reglas sobre
aspectos parciales de la misma, en especial, sobre la prohibición de la
tortura, de la esclavitud así como de todo trato cruel, inhumano y
actos o penas degrandates. Algunos aspectos están regulados
también en el Derecho Constitucional interno.
Así, las constituciones de los territorios alemanes de Brandenburgo y
Turíngia garantizan el derecho a tener en cuenta, o lo que equivale a
proteger, la dignidad de los seres humanos en su muerte. En la nueva
Constitución Federal de la República Helvética, las normas
constitucionales referentes a la medicina de reproducción asistida y a
la tecnología genética en el ámbito humano, así como en trasplante
de órganos, hacen mención a la dignidad humana como objeto de
protección. A partir de ahí, en el artículo 120 de la Constitución
Federal, que hace referencia a la tecnología genética fuera del ámbito
humano, la "dignidad de la criatura" aparece como criterio de decisión
para la legislación. En las constituciones más antiguas, en las que
suele faltar un reconocimiento expreso de la dignidad humana, se
intenta, a través de construcciones dogmáticas relativamente
discutibles, derivar o llegar a la protección de la dignidad humana
como principio constitucional no escrito.
3.6.2 DERECHO A TENER UN PROCESO JUSTO
Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo.
62
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa,
públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal
independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los
litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el
fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra
ella.
La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la
sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante
la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden
público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática,
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada
de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada
necesaria por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la
publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
Artículo 6. Derecho a un proceso equitativo y justo.
2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente
hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a) A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que
comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la causa de la
acusación formulada contra él.
b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la
preparación de su defensa.
b) A disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la
preparación de su defensa.
c) A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de
su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido
gratuitamente por un abogado de oficio cuando los intereses de la
justicia lo exijan.
63
d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él
y a obtener la citación y el interrogatorio de los testigos que declaren
en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan
en su contra.
e) A ser asistido gratuitamente de un intérprete, si no
comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.
3.7 REGULACIONES INTERNACIONALES EN MATERIA DE
DERECHOS HUMANOS
La Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos
Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de
diciembre de 1998. Expone los principios básicos que todo gobierno
debe respetar sin reservas para garantizar que las personas que
defienden los derechos humanos pueden llevar a cabo su trabajo
libremente y sin temor a represalias.
Declaración de la ONU sobre el derecho y el deber de los
individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades
fundamentales universalmente reconocidos (Declaración
sobre los Defensores de los Derechos Humanos
3.7.1 DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Fecha de expedición:
Proclamada en la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, dispone en su artículo
11, inciso 1, que:
“Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma
su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la
64
ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las
garantías necesarias para su defensa.”
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser
oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e
imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y
en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías
necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de
cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o
internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito.
3.8 LOS DERECHOS HUMANOS Y LA ÉTICA SOCIAL
La palabra ética proviene del latín ethĭcus, y este del griego antiguo
ἠθικός, o transcrito a nuestro alfabeto, "êthicos". Es preciso
diferenciar al "êthos", que significa "carácter", del "ethos", que
significa "costumbre", pues "ética" se sigue de aquel sentido y no es
éste.
65
La ética estudia qué es lo moral, cómo se justifica racionalmente un
sistema moral, y cómo se ha de aplicar posteriormente a los distintos
ámbitos de la vida personal y social. En la vida cotidiana constituye
una reflexión sobre el hecho moral, busca las razones que justifican la
utilización de un sistema moral u otro.
El estudio de la ética se remonta a los orígenes mismos de la filosofía
en la Antigua Grecia, y su desarrollo histórico ha sido amplio y
variado. Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios
determinados. Una sentencia ética, juicio moral o declaración
normativa es una afirmación que contendrá términos tales como
"bueno", "malo", "correcto", "incorrecto", "obligatorio", "permitido",
etc., referidos a una acción, una decisión o incluso también las
intenciones de quien actúa o decide algo.
3.8.1 PRINCIPIOS DE LA ÉTICA SOCIAL
66
Fig. 2 Principios de la Ética Social como se observan en el esquema superior.
3.8.2 LA DIGNIDAD HUMANA
"La dignidad de la persona manifiesta todo su fulgor cuando se
consideran su origen y su destino. Creado por Dios a su imagen y
semejanza, y redimido por la preciosísima sangre de Cristo, el hombre
está llamado a ser "hijo en el Hijo" y templo vivo del Espíritu; y está
destinado a esa eterna vida de comunión con Dios, que le llena de
gozo. Por eso toda violación de la dignidad personal del ser humano
grita venganza delante de Dios, y se configura como ofensa al
Creador del hombre." (Christifidelis Laici, n. 37)
3.8.3 LA JUSTICIA
Ética Social
67
Este principio se sustenta en la obligación ética de dar a cada una de
las personas lo que verdaderamente necesita o corresponde, en
consecuencia con lo que se considera correcto y apropiado desde el
punto de vista moral.14 La aplicación consecuente de este principio
puede suscitar el surgimiento de problemas éticos, que últimamente
se presentan con gran frecuencia en la práctica médica y que están
en relación directa con los adelantos tecnológicos de carácter
diagnóstico y terapéutico. El alto costo de estos recursos obliga, la
más de las veces, a utilizarlos de manera selectiva y es entonces
cuando surge el conflicto de decidir quiénes deben beneficiarse de
ellos y quiénes no.
3.8.4 EL BIEN COMÚN
“El Bien Común está siempre orientado hacia el progreso de las
personas: ‘el orden social y su progreso deben subordinarse al bien de
las personas y no al contrario’ [...]. Este orden tiene por base la
verdad, se edifica en la justicia, es vivificado por el amor” (CIC, n.
1906-9 y 1912).
3.8.5 SUBSIDARIEDAD
Protección a los núcleos, especialmente a la familia en su sentido
cristiano.
"La Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad
acerca del bien precioso del matrimonio y de la familia y acerca de
sus significados más profundos, siente una vez más el deber de
anunciar el Evangelio, esto es, la «buena nueva», a todos
indistintamente, en particular a aquellos que son llamados al
matrimonio y se preparan para él, a todos los esposos y padres del
mundo..." (Familiaris Consortio, nº3)
68
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS ÉTICO DE LA LEY
69
4.1 EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. RESULTADO
DE UNA EXIGENCIA ETICA.
Como resultado de una exigencia de carácter ético cabe mencionar
que nuestro nuevo sistema con la actual reforma en el procedimiento
penal cubre todos los principios procesales así como de justicia por lo
que en efecto agilizará indudablemente los procesos, de la misma
manera hacemos referencia en cuanto a que se respetan los derechos
del imputado como de la victima u ofendido ya que con la
intervención de los Derechos Humanos se respetan de manera
sobresaliente este nuevo beneficio al presunto responsable ya que
con anterioridad la inocencia se demostraba hasta que el imputado
demostrara lo contrario sin embargo en la actualidad basándonos en
la nueva Reforma expedida el 18 de junio del año dos mil ocho hace
referencia que ahora la carga de la prueba la tiene la parte acusadora.
Éste nuevo sistema permitirá que no siga sobrepoblado todos y cada
uno de los Centros Preventivos puesto que la mayoría están saturados
por delitos menores.
4.2 CRÍTICA AL SISTEMA PROCESAL PENAL INQUISITORIO.
Tomando en cuenta las referencias anteriores podemos observar con
el siguiente cuadro comparativo las diferencias entre el sistema
tradicional y el acusatorio adversarial.
SISTEMA TRADICIONAL. SISTEMA ACUSATORIO-ADVERSARIAL
70
No existe una clara diferencia en las funciones de los operadores del sistema. (Jueces, ministerios públicos, policía, defensores, etc.);
Se diferencían claramente las funciones de investigar, acusar y juzgar de cada uno de los operadores del sistema.
El juez tiene un papel activo, principal protagonista, dirige de uno u otra forma todo el proceso penal
El ministerio Público, el Defensor y en algunos caso la Víctima (vía sus asesor jurídico) son los protagonistas del proceso. El Juez tiene un papel más pasivo. Partes activas (adversarialidad)
Información se recopila por escrito y se acumula en grandes expedientes. Proceso eminentemente escrito
La información se percibe en forma hablada y las audiencias en las que participan las partes se guardan en un CD. Es un proceso eminentemente oral
Quienes están presentes en las diligencias son el secretario de acuerdos y la mecanógrafa.
Quien está presente en las audiencias, las dirige y valora la prueba desahogada ante su presencia de viva voz, por los intervinientes, testigos, peritos, etc., es el Juez.
Parte de la presunción de culpabilidad del acusado , éste es quien debe probar su inocencia
Parte del principio de presunción de inocencia
La información que se utiliza para resolver el caso (testimonios, pruebas, argumentos, etc.) se presentan en forma escrita y se valora de lo que consta en el papel
Toda la prueba es desahogada en forma oral y ante la presencia ininterrumpida del juez, quien valora la misma en todo momento. (Los testigos, peritos, policías tendrán que decir de viva voz al juez lo que vieron o como participaron en el proceso)
La averiguación previa y el expediente judicial, no están disponibles para el conocimiento del público, por lo que las sentencias que dictan los jueces (secretarios de acuerdos o proyectistas) suelen ser poco transparentes y la sociedad duda de su certeza.
Toda la información contenida en la carpeta de investigación puede ser consultada por las partes y conocidas por terceros, ya que pueden acudir a las audiencias a presenciar el desempeño de las autoridades que participan o de los abogados y las sentencias que dictan los jueces son transparentes y se dictan y explican de manera oral en audiencia pública
El expediente formado por el MP prácticamente es la prueba que conoce el Juez (secretario de acuerdos) y esta celosamente integrado y es con eso, con lo que dictara sentencia.
La carpeta de investigación, contiene todas las diligencias realizadas para la investigación, y en todo momento está a disposición del imputado y su defensor. Por tanto se puede ejercer una defensa técnica, adecuada y oportuna.
El que afirma está obligado a probar. El imputado con su defensor deben por tanto probar su inocencia.
La carga de la prueba es para el Ministerio Público, por tanto el es quien tiene que aportar las pruebas de que hubo un delito y la persona que lo cometió. El imputado tiene un principio de presunción de inocencia, por tanto no tiene que probarla
El juez en la mayoría de los casos no conoce ni oye al imputado, víctima o a los testigos. Las audiencias casi nunca se celebran ante la presencia del juez, sino del secretario de acuerdos y su mecanógrafa.
Las audiencias son públicas, cualquiera puede acudir a verlas, y siempre se hacen ante la presencia del Juez o tribunal, quien escucha de viva voz la declaración de testigos, peritos, la víctima y en su caso del
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imputado.
El mismo Juez (o secretario de acuerdos) conoce todo el asunto, tanto la etapa de investigación como la etapa de juicio. Lo que hace difícil su imparcialidad y objetividad pues ya ha creado un ánimo o postura en etapas previas, con la cual llegará al juicio y será muy difícil de destruir por la defensa.
El Juez (llamado de Control) que conocen de las etapas previas al juicio, no podrá ser juez de Juicio Oral. En esta etapa los Jueces no conocen el asunto con anterioridad lo que les permite respetar el principio de presunción de inocencia al no tener ningún prejuicio del imputado. Son jueces parciales y objetivos pues van a valorar las pruebas en ese momento sin tener una idea preconcebida de lo sucedido
Prisión preventiva en la mayoría de los casos. Excepto cuando la ley prevea la fianza y el imputado tenga las condiciones o posibilidades de pagarla
Prisión preventiva en delitos graves, cuando se trata de reincidentes, y en atención a las características del acusado, ya sea porque pueda sustraerse de la acción de la justicia, alterar o destruir evidencia, o ponga en riesgo a la víctima
Generalmente no se garantiza la reparación del daño a la víctima
Se logra en la mayoría de los casos la reparación del daño. Sea con el apoyo del MP, o porque lo puede solicitar directamente la víctima. Existen mecanismos para garantizar el pago de la reparación del daño a la víctima, independientemente de que, quien supuestamente cometió el daño, este o no en prisión preventiva durante el proceso
Procesos judiciales largos. Las audiencias se pueden posponer por años
Las Audiencias se desahogan en una sola vez, y los tiempos en el proceso judicial, son cortos y definitivos, y su falta de cumplimiento ocasiona consecuencias jurídicas a quienes no los respeten
Participación pasiva de la defensa, es más de carácter formal. No está en igualdad de condiciones que el Ministerio Público, ya que lo hecho por el MP, al tener fe pública, hace prueba plena, en perjuicio y desventaja con respecto al acusado y al defensor
Participación activa de la defensa. En igualdad de derechos, armas y condiciones que el Ministerio Público. La prueba de ambos vale lo mismo antes del juicio y será valorado por el juez con las mismas reglas, tanto para el Ministerio Público como para el Defensor.
El Ministerio Público que inicio la averiguación previa, no es el mismo que fue al juicio, en cada etapa del proceso habrá un Ministerio Público diferente
Generalmente el Ministerio Público que realice la investigación, será el mismo que vaya al juicio
El papel del defensor es pasivo, en la mayoría de los casos solo firma o representa formalmente a alguien, pero en la realidad su desigualdad de armas, facultades y derechos con respecto al Ministerio Público, no le permiten ejercer una defensa activa, eficaz y eficiente
El papel del defensor es activo, de alto nivel de conocimientos y con las mismas capacidades y destrezas que debe tener el MP, y con igualdad de derechos, armas y condiciones dentro del proceso
No existen salidas alterna para solucionar los conflictos penales, sin necesidad de ir a juicio
Existen salidas alternas al proceso penal, que permiten a las partes de común acuerdo llegar a una solución, que les evite un proceso largo y un juicio.
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4.3 ANÁLISIS ÉTICO DE LA REFORMA DE DE DEL 2008.
Cabe mencionar que desde el punto de vista del legislador tomo en
cuenta como prioridad agilizar los procedimientos penales así como
los derechos del imputado puesto que también es persona y ante el
derecho de la dignidad nadie puede faltar interpuesto por nuestra
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la misma
manera recaemos en la ética brindada por nuestros servidores
públicos para que no caigan en la corrupción y así se brinda total
confianza en nuestras autoridades.
4.3 BIENES JURÍDICOS QUE GARANTIZA Y TUTELA EL NUEVO
SISTEMA PENAL ACUSATORIO.
Lo dicho anteriormente, nos da una visión general de la reforma
integral al sistema de justicia penal. Respecto a texto del proyecto de
decreto, aprobado en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y
de Justicia, presentamos la siguiente justificación y motivación,
necesaria para guiar y comprender el sistema procesal penal
acusatorio, ahora sometido a consideración de esta soberanía.
Para garantizar un sistema penal democrático, refiere que es preciso
no sólo construir sus alcances, sino también definir los límites de
intervención que un Estado social y democrático debe ofrecer a sus
gobernados. En este sentido, coincide con la propuesta de la red de
agregar la proporcionalidad y la lesividad como principios
fundamentales. No obstante, estima de suma relevancia incluir el
principio de mínima intervención, el cual establece en primer término
el carácter subsidiario o ultima ratio, mediante el cual se limita la
intervención del derecho penal única y exclusivamente cuando los
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demás instrumentos o medios han fallado y, por otro lado, su carácter
fragmentario, lo que significa que el derecho penal sólo regula los
casos en que los bienes jurídicos deben ser protegidos cuando la
amenaza o lesión sea relevante o peligrosa.
CAPÍTULO V
CONCLUSIONES
La implementación de los juicios orales en México, en materia penal,
implica principalmente una tarea de planeación estratégica de
políticas públicas, que comprende básicamente los siguientes rubros:
a) Adecuación de la legislación secundaria. En este rubro
mínimamente es necesario modificar diez ordenamientos legales: 1)
Ley de Seguridad Pública; 2) Ley Orgánica de la Procuraduría General
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de la República; 3) Ley Federal de Delincuencia Organizada; 4) Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 5) Código penal; 6)
Código Federal de Procedimientos Penales; 7) Ley de Amparo; 8) Ley
de Justicia para Adolescentes; 9) Ley Federal de la Defensoría Pública,
y 10) Ley de Ejecución de Sanciones.
b) Capacitación de los actores jurídicos. La actividad de capacitación
se debe de desarrollar considerando a todos los actores jurídicos por
igual, sin exclusión de función competencial o nivel gubernamental,
esto es, debe comprender de manera integral a: los agentes
policiales, agentes del Ministerio Público, juzgadores, secretarios de
juzgado y tribunal, defensores públicos, peritos, abogados y docentes.
Asimismo, debe ser enfocada en la trasmisión de los conocimientos
jurídicos que vayan más allá del dominio de la expresión oral y se
enfoquen en el conocimiento del sistema acusatorio garantista.
c) Nuestro nuevo sistema Procesal Penal en efecto cumple con todos
los principios mismos que demuestran una justicia transparente, de
esta manera se hace acreedor el nuevo sistema de confianza para el
buen funcionamiento por parte de los Tribunales ya que ante todo se
implanta la ética y evitamos la corrupción por parte de los servidores
públicos.
BIBLIOGRAFÍA
BAYTELMAN, Andrés y DUCE, Mauricio, Litigación penal. Juicio oral y
prueba, Santiago, Universidad Diego Portales, 2002.
PÁSARA, Luis (coord.), En busca de una justicia distinta; experiencias
de reforma en América Latina, México, UNAM, Instituto de
Investigaciones Jurídicas, 2004.
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Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, núm. 22, 2006.
Revista del Instituto de la Judicatura Federal, México, núm. 24, 2007.
1 Para ampliar el conocimiento sobre la posición de los juzgadores
federales, sobre este tema véase Revista del Instituto de la
Judicatura Federal, México, núm. 22, 2006, México. Asimismo,
puede consultarse: Vázquez Marín, Óscar y Rivas Acuña, Israel,
"Los juicios orales en México: ¿condición o alternativa del sistema
penal acusatorio?", Revista del Instituto de la Judicatura Federal,
núm. 24, 2007, pp. 179-201.
2 Pásara, Luis (coord.), En busca de una justicia distinta;
experiencias de reforma en América Latina, México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004.
3 Baytelman, Andrés y Duce, Mauricio, Litigación penal. Juicio oral y
prueba, Santiago, Universidad Diego Portales, 2002, p. 36.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Código de Procedimientos Penales para el Estado de México.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia.
