20 enero 2009

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Que paguen lo que nos deben

Beverly Keene

Mucho se habla de crisis en estos días, y no es para menos. Crisis financiera, crisis económica, crisis alimentaria, crisis climática, crisis energética, crisis cíclica, crisis sistémica, crisis del capitalismo, cri-sis civilizatoria…. Muchos están convencidos que es la crisis más grande desde la gran crisis de hace 70 años, mientras otros y otras todavía juran que ape-nas nos va a tocar, a pesar de que todo indica que se está iniciando un período de crisis grave que será largo y de consecuencias que aún no logramos vis-lumbrar del todo. En fin, hay que seguir debatiendo si ésta es la crisis de todas las crisis, o sólo una más, como quien dice, de la crisis nuestra de todos los días.

Sea cual sea, en medio de tanta incertidumbre lo que es seguro es que son pocos quienes hablan de la relación entre esta crisis financiera-económica, con su epicentro en el corazón mismo del sistema capitalista, y la crisis de endeudamiento de hace apenas 30 años que tuvo, y de hecho sigue tenien-do, al Sur como protagonista principal. Una crisis que dejó a los pueblos de América Latina, el Caribe y todo el Sur, a su patrimonio, derechos, industrias, agricultura, recursos, territorio, servicios públicos, agua, en fin todo de nuestros países, a merced del mismo proceso de especulación, acumulación, glo-balización y concentración de la economía mundial que hoy, cual casa de naipes, parece tumbarse so-bre lo que queda de nosotros. Y que son todavía menos, quienes están prestando atención a los vín-culos insoslayables entre el modelo de dominación impuesto a través de ese sistema de endeudamien-to y las demás crisis alimentaria, climática y ener-gética, sobre todo.

“Con esta negociación he-mos superado el proble-

ma de la deuda”, “la deuda quedó para la historia” son, entre otras, expresiones que -palabras más, palabras menos- se han venido profiriendo desde esferas ofi-ciales estableciendo que el tema prácticamente se había cerrado. Pero he ahí que ya está de regreso nuevamente, tras la presentación del informe final de la Comisión para la Auditoría Integral del Cré-dito Público (CAIC) conformada por el presidente ecuatoriano Rafael Correa para conocer la verdad sobre el endeudamien-to, cuyos resultados revelan un proceso marcado por acciones fraudulentas e ilegítimas. A esta iniciativa, enmarcada en la polí-tica soberana de endeudamiento y de manejo de la deuda pública que se dispone a seguir el gobier-no ecuatoriano, haciéndose eco de las demandas en ese sentido de los movimientos sociales de ese país, se han sumado innume-rables manifestaciones de adhe-sión que, entre otras, plantean avanzar hacia la conformación de una “red mundial contra la deuda ilegítima y los tributos colonia-les”, al tiempo que varios gobier-nos en la región han anticipado que acogerán este instrumento de las auditorias para evaluar la legalidad de la deuda de sus respectivos países. Se abre un momento de definiciones.

Una panorámica de esta situa-ción ofrecemos en la presente entrega.

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Pero la venta de valores en bolsas de todo ta-maño y color, los rescates multibillonarios de los pasadores de riesgo y organizadores crimina-les de esquemas piramidales, la conversión del maíz y del trigo en fichas de casino y las reservas de aire puro en derivados a la caza de un buen comprador, síntomas y causas todas de las va-riopintas crisis que sin duda están convergiendo sobre nosotros con un ritmo y gravedad inusi-tados, son una continuidad tal cual de la crisis de endeudamiento gatillada en agosto de 1982 cuando el gobierno mexicano anunció la suspen-sión de sus pagos. De ahí a la firma del primer tratado de libre comercio en la región, sólo pasó la tristemente denominada década pérdida.

En realidad, la convergencia de las crisis que desde el Norte mismo se viene expandiendo mundialmente como fuego sobre la pampa resecada, viene a ser como la otra cara de la moneda que desde entonces el Sur viene tribu-tando al Norte en concepto de servicio de esas deudas. Conlleva un costo enorme en vidas humanas, en destrucción de la naturaleza así como también de nuestras sociedades, cultu-ras, instituciones, prácticas políticas y todo lo que hace al buen vivir de nuestras comunida-des y las generaciones futuras. La cara de la moneda que nunca vimos pero igual pagamos, o, parafraseando a Galeano, lo que de tanto más pagar, más quedamos debiendo y menos teniendo.

Porque la deuda de aquellos años fue, al igual que la acumulación incendiaria ahora de cré-ditos hipotecarios “subprime” ofertados por chupasangres sedientos e inescrupulosos, mas-carándose como inversionistas, banqueros ilus-tres u otros ciudadanos de primera, una deuda que creció al ritmo de los intereses de los pres-tamistas y no de las posibilidades o, en muchos casos, siquiera de las necesidades de los pres-tatarios. Una deuda ilegítima y en muchos as-pectos ilegal, las más de las veces ofertada en condiciones estupendamente favorables, con períodos de gracia amplios, tasas de interés flexible y hasta negativas en términos reales. ¿Por qué? Porque abundaba la liquidez en los bolsillos de quienes ya venían, desde hace va-rios años, impulsando todas las medidas nece-

sarias para derribar los muros que estorbaban la libertad de movimiento de sus capitales y bienes y servirse del mundo entero para lograr las tasas de ganancias que ya no encontraban en otros lares.

Cuando después EE.UU. necesitaban de esos capitales para reponer su economía de tanta guerra y subversión militarizada, aumentaron las tasas de interés y lo lógico sucedió. Los países tomadores de crédito que ya no podían pagar los créditos tomados, fueron forzados a entregar no sólo lo que habían ofrecido en ga-rantía, sino todo lo poco o mucho que habían logrado en todos los años de la independencia y el período pos-guerra. Pocas fueron las excep-ciones. Pueblos enteros quedaron en la calle, desalojados, sin trabajo ni acceso a la tierra, la vivienda, la educación o la salud, mientras sus verdugos fueron también “rescatados” con Pla-nes Brady y Bonos Global, jugosas privatizacio-nes y concesiones sin límite. Y de esa bonanza en manos ajenas se nutrió el crecimiento de la economía-casino mundial que hoy gira y gira, fuera, prácticamente, de cualquier control.

La deuda que continúa creciendo

En las tres décadas de múltiples crisis que han significado el pago continuo de una deuda que ya en 1985 fue definida por el Comandante Fidel Castro como una deuda “impagable, en términos matemáticos, humanos, y políticos”, además ha quedado patente que cada crisis trae perdedores, así como también ganadores. Sin mirar más lejos, es bueno recordar que de los Comités de Bancos que en los años ochen-tas reunían decenas cuando no centenares de bancos e instituciones financieras para decidir sobre los procesos de remate en los países de la región, hoy quedan sólo una pequeña mana-da de caras, cada una hinchada por los proce-sos de compras, fusiones, diversificaciones y concentración que han protagonizado. Desde quienes provocan las crisis a su medida, hasta quienes pescan en río revuelto, es otra mane-ra de ver las similitudes y continuidades entre la crisis de endeudamiento de ayer para hoy, y las crisis de hoy para mañana.

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Según el World Economic Outlook (FMI, 2006 y 2008), entre 1986 y 2006 los países de Améri-ca Latina y el Caribe pagaron más de US$ 2,4 millones de millones en concepto de servicio de la deuda externa, mientras la deuda recla-mada no hacía más que incrementarse. Para fines de 2007, las deudas externas exigidas a la región sumaban ya 824 mil millones de dó-lares, y se proyectaban aumentos hasta 898 mil millones (fines de 2008) y 936 mil millones (fines de 2009).

Si bien estas cifras sólo señalan una parte de la realidad, combinando los niveles de endeuda-miento público con lo privado y escondiendo el proceso de conversión de deuda multilateral y bilateral, en emisión de bonos u otros tipos de endeudamiento en los mercados comerciales –generalmente a un precio más elevado y pla-zos más cortos- , más significativa aún ha sido la acelerada conversión de deuda externa en deuda interna, alcanzando ya niveles mayores en varios países de la región y vinculado es-trechamente no solo a la privatización de los sistemas de seguridad social, impulsada desde el Banco Mundial, sino también al crecimiento de las reservas internacionales experimentado en los últimos años.

Así tampoco reflejan esas cifras la pérdida neta de patrimonio social, cultural, físico y ecológico que ha caracterizado este período como resultado, en gran medida, de las polí-ticas neoliberales impuestas al calor del abul-tado endeudamiento financiero y las presiones ejercidas contra las víctimas de las estafas, para que además salden las cuentas de los pa-quetes de rescate.

Contabilizar estas nuevas deudas continúa siendo una asignatura pendiente, y más aún la necesidad de sumar este cúmulo de endeu-damiento financiero, social, y ecológico a la ya abundante deuda colonial, acumulada tras 517 años de sometimiento y expoliación que sentaron las bases de opresión y saqueo que perpetúa el presente sistema y que juntas exi-gen una respuesta integral de memoria, ver-dad, castigo y reparaciones. Lo que sí queda

claro, aún sin la necesaria sistematización, es que la deuda con los pueblos de América Latina y el Caribe, que en todos estos años no ha cesado de crecer, apunta ahora, ante el panorama de crisis convergentes abierto, a un recrudecimiento importante tanto en térmi-nos financieros como sociales, políticos, cul-turales y ecológicos, a menos que los pueblos y los gobiernos logren unirse en un cambio de rumbo profundo y acelerado.

Esperanza de cambios

En ese sentido, sin duda van surgiendo señales positivas. Una de ellas es el hecho que institu-ciones y actores de la talla del Banco Mundial, el Club de París, la CNUCED (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y el desa-rrollo) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han sido forzados finalmente a iniciar su propio abordaje de las problemáti-cas de deuda odiosa e ilegítima.

Mientras todavía distan mucho de tener algún impacto concreto en el panorama de endeu-damiento en la región, junto con las acciones tomadas recientemente por los gobiernos de algunos países prestadores, como por ejemplo la decisión de Noruega de anular algunos re-clamos de deuda surgidos de una política que declaró “fallida”, de prestar para que países del Sur les comprara barcos, abren nuevas po-sibilidades.

Pero ciertamente de mayor esperanza, sobre todo en América Latina y el Caribe, es el camino abierto por los movimientos ecuatorianos que lograron que el Presidente Correa instalara la primera experiencia de auditoría integral de las deudas reclamadas a su país, a fin de determinar su legitimidad y posibilitar medidas tendientes a lograr justicia y el pleno reconocimiento, como durante años lo habían denunciado los movi-mientos populares del país, que Ecuador “no debe nada, la deuda ya está pagada”. El infor-me de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, que investigó durante más de un año los pormenores de la deuda acumulada a partir de 1976, fue presentado públicamente el

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20 de noviembre y en poco tiempo ha desenca-denado una serie de acciones, incluyendo la sus-pensión de algunos pagos, que si bien no llegan a colmar todas las expectativas tan justamente levantadas, marcan un antes y un después de fuerte repercusión.

Algunos gobiernos de la región, entre ellos los de Fernando Lugo en Paraguay, de Evo Mora-les en Bolivia y de Hugo Chávez en Venezuela, comprometieron de inmediato su apoyo y a se-guir el ejemplo. Junto con la concurrencia de Cuba y otros países integrantes del ALBA-TCP, también anunciaron medidas para seguir avan-zando en el diseño y puesta en funcionamiento de una nueva arquitectura regional; sumando a la realidad del Banco del ALBA y la creación estancada del Banco del Sur, una propuesta de moneda única -el SUCRE- y de un fondo de es-tabilización regional que podrían contribuir al fortalecimiento y a la construcción de alterna-tivas de financiamiento soberanas y solidarias, junto con la renuncia de Bolivia al Centro Inter-nacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI), dependiente del Banco Mundial.

Vale la pena mencionar, además, la declara-ción de apoyo a la auditoría y a todas las ac-ciones consecuentes del gobierno ecuatoriano, emitida en noviembre por el Sistema Integral Centroamericano con la firma de todos los pre-sidentes del istmo.

Desde entonces, Paraguay ha seguido avanzan-do al proponer a Brasil la realización conjunta de una auditoría integral de las deudas binacio-nales acumuladas en el marco del Tratado de Itaipú y en Brasil, la conjunción de la auditoría y sobre todo el cuestionamiento por parte del gobierno ecuatoriano a créditos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil, a la empresa Odebre-cht por una represa malograda, sin duda con-tribuyeron a la decisión del presidente del Con-greso brasileño, anunciada la primera semana de diciembre después de meses de espera, de crear la Comisión Parlamentaria de Investiga-ción (CPI) sobre la Deuda de Brasil. Dos veces ya el movimiento de lucha contra la deuda ha-

bía logrado reunir la cantidad de firmas parla-mentarias necesarias para iniciar ese proceso, pero siempre otras prioridades políticas habían tomado la delantera.

Cada uno de estos pasos requiere de la movili-zación permanente de los movimientos y orga-nizaciones de toda la región, para consolidarse frente a los obstáculos e intereses confronta-dos y lograr además los necesarios cambios en otras políticas que pueden seguir nutriendo la construcción de alternativas soberanas y soli-darias. Constituyen esperanzas de cambio, que podrían converger en otras medidas incluyendo un cuestionamiento profundo a las políticas de nuevos endeudamientos lanzadas por el Banco Mundial y el BID –con el pleno apoyo entre otros de Brasil, Argentina y México, entre el Grupo de los 20 frente a la crisis financiera– frente a la multiplicación de la crisis.

La ocasión del 50º aniversario del BID, a fines de marzo, cuya Asamblea de Gobernadores se encontrará en Medellín con una Asamblea de Damnificados como parte de la campaña lanza-da ¡BID, 50 Años Basta!, sería un momento pro-picio para plantear el cierre de ese organismo y la creación ya de instituciones alternativas como el Banco del Sur, que bajo el mando de procesos controlados democrática y participa-tivamente en la región, podría ofrecer una ver-dadera esperanza de cambio.

El Tribunal que proyectan los movimientos cen-troamericanos para Tegucigalpa en abril, para denunciar los casos de deuda histórica y eco-lógica en el marco de las negociaciones con la Unión Europea, será otra ocasión para avanzar en el fortalecimiento de iniciativas de resisten-cia a la dominación ejercida por medio de la deuda y sobre todo, en medio de las crisis, reclamar justicia y la reparación de los críme-nes de deuda cometidos. Es hora que se reco-nozcan quienes son los verdaderos acreedores, y empezar a saldar las deudas pendientes con los pueblos.

Beverly Keene es Coordinadora global de Jubileo Sur

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La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana

¿Un paso histórico o una maniobra electoral?

Alberto Acosta

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la for-mación de la República. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controla-das por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones de-finitivas”, apegadas a la racionalidad del mer-cado, a la postre han ahondado las crisis.

Por otro lado, muchas propuestas alternati-vas, por diversas razones, no cuajaron o no superaron las actitudes discursivas o los plan-teos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indis-cutible, se han entrampado en posiciones in-movilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas es-tructurales que aborden sus causas.

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público (externo e interno). Un es-fuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Deuda y corrupción, dos caras de una misma moneda

El análisis debe ser integral. No se entiende la negociación de los Bonos Global, sin analizar la negociación de los Bonos Brady, incluyendo los Bonos Global 2015, y la comprensión de es-tos obliga a conocer las negociaciones anterio-res, hasta llegar, caminando hacia atrás, a la contratación de deuda en la época de la dic-tadura militar. El punto de partida para iniciar cualquier proceso de resolución definitiva de la deuda es, sin duda, la realización de una au-ditoría. Ecuador lo ha hecho.

Hay que indagar sobre la legalidad y la legiti-midad de la deuda. No todas las deudas me-recen similar tratamiento. Muchas deben ser desechadas desde el inicio, sobre todo aque-llas que caen en la categoría de deudas odiosas (contratadas por una dictadura, por ejemplo); además, existen otros créditos que, por sus condiciones, podrían ser considerados como usurarios (con tasas de interés desproporcio-nadas, que de antemano hicieron imposible el servicio de la deuda) y corruptos (contratadas en condiciones que no se ajustan a las normas legales del país acreedor o deudor, o a normas internacionales), que por definición deberían ser nulos. A modo de ejemplo de los factores que habría que considerar, se puede mencio-nar la existencia de cláusulas ilícitas, vicios de consentimiento, anatocismo, tasas de interés usurarias, gastos y comisiones desproporcio-nados (cubiertas por los deudores, sin control alguno), operaciones simuladas, colusión dolo-sa, deudas “estatizadas” o “socializadas”, etc. Realidad que aparece en casi todos los contra-tos de la deuda externa ecuatoriana, tal como

Alberto Acosta es economista ecuatoriano, ex Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, autor de varios libros y

artículos sobre la deuda externa.

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se ha comprobado documentadamente.

Igualmente, hay deudas cuyo servicio falló porque las condiciones impuestas a los países deudores por los organismos multilaterales de crédito dependían de escenarios imposibles de cumplir. Incluso las políticas económicas de los países ricos volvieron directamente impagables las deudas; por ejemplo el incremento de las tasas de interés de los EEUU a inicios de los años 80, provocó una transferencia neta nega-tiva de recursos desde América Latina por 210 mil millones de dólares en una década. En el lapso analizado por la Comisión de Auditoría, sólo en el tramo de la deuda comercial, esta transferencia negativa habría superado los 7 mil millones de dólares en el caso de Ecuador.

Tengamos presente que en Ecuador, tal como ha demostrado la Auditoría, los acreedores privados aseguraron sus intereses en abierto contubernio con los organismos multilaterales de crédito: FMI, Banco Mundial, BID; e, inclu-so de algunos gobiernos; casi siempre con el cómplice apoyo de los negociadores naciona-les. Siguiendo los hallazgos de la Comisión de Auditoría, se configuró una “coalición multila-teral para apoyar y asegurar, en primer lugar, la negociación del Plan Brady, cuya legitimidad y legalidad están sólidamente cuestionadas en el examen que la Comisión hace de la deu-da comercial; y, con la percepción de ocasión

propicia, introducir la doctrina económica del momento relacionada con la reducción del tamaño y rol del Estado, las privatizaciones, la liberalización comercial y productiva, a es-paldas de las inequidades prevalecientes y los impactos sociales”. Este es otro elemento fun-damental: la deuda sirvió como palanca para impulsar el Consenso de Washington.

Los ejemplos de deudas impugnables, en los cuales la corresponsabilidad de los acreedo-res es indiscutible, sobran. Un caso digno de mención es la compra de unos barcos pesque-ros noruegos por parte de empresarios ecua-torianos a fines de los setenta. Estos barcos, construidos porque el gobierno noruego es-taba interesado en apoyar a sus debilitados astilleros, fueron adquiridos con un crédito estatal noruego y sin considerar todas las nor-matividades legales para este tipo de “ayuda al desarrollo”. Tan flagrante es la ilegalidad del proceso, que éste fue calificado pública-mente como una “vergüenza” por la ministra noruega de Desarrollo. Esta deuda corrupta se resolvió por la acción de la sociedad civil de los dos países y la sensibilidad del gobierno noruego. Esta es una muestra que hay cómo impugnar por ilegítimos e ilegales al menos al-gunos tramos de la deuda externa.

En todos estos años, los representantes de los organismos internacionales y aún los gober-

Los recursos provenientes del crédito externo e interno han constituido una de las fuentes para que el Estado ecuatoriano financie proyectos de desarrollo económico y social.

Sin embargo, en las últimas décadas este importante instru-mento de política económica ha sido utilizado no precisamente de acuerdo con los intereses so-

beranos del país, sino bajo pre-siones y condicionalidades de los prestamistas. Se ha caracteri-zado por un manejo poco trans-parente, que ha derivado en el predominio del pago de amorti-zaciones, intereses y comisiones en el gasto presupuestario; en la necesidad creciente de nuevos créditos; y, consecuentemente, en la dependencia recurrente del

Estado y la economía nacional de fondos provenientes de la deuda pública y privada.

El alto costo del endeudamien-to ha sido cubierto con recursos del Presupuesto del Estado que, con rigidez, ha debido entregar ingentes sumas para el servicio de la deuda, mermando el finan-ciamiento de programas e inver-siones sociales y, consiguiente-

Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público - EcuadorLa carga del endeudamiento y la auditoría

Fuente: Informe Final – Resumen Ejecutivo, http://alainet.org/images/inf_CAIC.pdf

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nantes de los países ricos, acolitados por sus infaltables analistas y de sus fieles voceros en los países endeudados, no se cansaron de repe-tir que la culpa de la crisis del endeudamien-to externo tienen los gobiernos de los países empobrecidos, sobre todo por el dispendio de los recursos contratados y por haber aplicado políticas económicas “populistas”. En esta afir-mación, se sintetiza una apreciación unilateral que endilga los problemas a los países subde-sarrollados. Desde esta posición los países de-sarrollados, de paso, han negado cualquier co-rresponsabilidad en su calidad de acreedores y, de hecho, no han permitido investigar los pro-cesos de endeudamiento externo, su legalidad y menos aún su legitimidad. Por otro lado, no han faltado representantes de los países endeuda-dos y líderes de opinión en dichas naciones que asumen como indiscutible el compromiso de pago de la deuda. Y son reiteradas las voces de estos personajes que nos amenazan de catás-trofes insospechadas en caso de suspensiones del servicio de la deuda…

Es cierto que el problema del endeudamiento externo se explica, en parte, por las inadecua-das políticas económicas (impuestas por los centros de poder mundial) y, también, por la acción de los gobiernos y, en especial, de las elites dominantes en los países endeudados. Dichos gobiernos, muchos de ellos dictatoria-les, en muchas ocasiones, aprovechando las

condiciones reinantes en el mercado financie-ro internacional, recurrieron alegremente al endeudamiento externo en lugar de introducir las reformas estructurales que habrían sido indispensables. Los gobernantes en reiteradas ocasiones han transferido masivamente los re-cursos contratados en el exterior en favor de las clases propietarias; recursos que en más de una ocasión se fugaban de los países deu-dores. Por eso, a primera vista, parecería que el problema se circunscribe en el ámbito de los deudores. Sin embargo, esa apreciación es incorrecta, como demuestra la misma Comi-sión de Auditoría. En el proceso de endeuda-miento hay una indudable participación de los acreedores, que han impuesto su voluntad en una suerte de chantaje perpetuo.

La auditoria de la deuda, apenas un primer paso

Como producto de esta auditoría se abre un abanico de posibilidades de acción. Las con-clusiones, presentadas aquí en forma resumi-da para apenas dos tramos de la deuda, son contundentes:

1. Refiriéndose a la deuda comercial, “ante todas las evidencias de ilegalidades e ilegi-timidades determinadas durante el proceso de auditoría de la Deuda Externa Comer-cial de Ecuador y el elevado costo de los

mente, limitando la atención de necesidades prioritarias del pue-blo ecuatoriano.

En el proceso de endeuda-miento del país, que comienza a fines de los años 1970, aunque su mayor incremento se produce durante las dos décadas siguien-tes, se puede observar una conti-nuidad estructural, desarrollada minuciosamente siempre en be-neficio de los acreedores y afec-tando visiblemente los intereses de la nación.

En las refinanciaciones que se efectuaron con el invariable con-

curso de los bancos acreedores, que impusieron sus condiciones obligando al país a renunciar a todos sus derechos, se utiliza-ron los mismos argumentos: la normalización de las relaciones de Ecuador con los mercados financieros internacionales y la posibilidad de atraer la inversión extranjera.

Como el país no podía afron-tar las obligaciones impuestas en los plazos establecidos, se re-curría incesantemente a nuevas renegociaciones, crecientemen-te onerosas debido a las condi-

ciones financieras impuestas por los mercados, que encarecían el costo de los créditos pese a que las transferencias efectuadas por Ecuador para servir la deuda au-mentaban cada vez más. Es de-cir, cuanto más se pagaba, más se debía, por efecto de perversos mecanismos de capitalización y cláusulas contractuales perjudi-ciales para el país.

Esta situación, que por cierto no atañe solo a nuestro país, ha conducido a que movimientos sociales y organizaciones civi-les nacionales e internacionales

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pagos a la banca prestamista, la Comisión recomienda la inmediata suspensión de los pagos de la Deuda Comercial actual repre-sentada por los Bonos Global 2012, 2030 y 2015 para preservar el Patrimonio Público del país y atender debidamente las urgen-tes necesidades sociales del pueblo ecua-toriano.”

2. Frente a la deuda multilateral, se sugiere “tomar medidas de suspensión definitiva de pago respecto de los 45 créditos multi-laterales auditados (incluye 3 créditos bila-terales cofinanciados con multilaterales). (…) Paralelamente se podría declarar la suspensión in temporis del pago de la deu-das (…) que quedan por auditar.”

3. Para las definiciones casa adentro, “la Co-misión recomienda, asimismo, la ejecución de acciones penales, civiles y administra-tivas contra los responsables, para su san-ción, y la devolución de los recursos saca-dos del país.”

Hay suficiente información para iniciar los co-rrespondientes procesos penales, civiles o ad-ministrativos en contra de quienes fueron los responsables del manejo de la deuda externa. La atención debe centrarse sobre todo en aque-llas épocas en donde se habrían dado los casos más clamorosos de manejos dolosos, cuando

gobernaron los dictadores militares de los años setenta, Oswaldo Hurtado Larrea, León Febres Cordero, Sixto Durán Ballén, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez…

También habrá que incorporar las medidas ne-cesarias para investigar el manejo de la deuda interna, que involucra a los gobernantes ya mencionados. Las emisiones de Bonos del Es-tado fueron pilares para sostener el pago del servicio de la deuda pública. En este campo la acción de la justicia debe ser también im-placable.

En el ámbito internacional, de una primera lectura de la documentación presentada, se desprenden varias opciones. (Pero que quede absolutamente claro que el éxito de las gestio-nes a emprender dependerá de la calidad del trabajo de auditoría realizado y también de la estrategia que despliegue el Estado ecuatoria-no). La tarea es compleja.

Hay que analizar la posibilidad de plantear juicios en contra de los prestamistas involu-crados en las negociaciones dolosas, en los propios países acreedores. Igualmente hay que preparar acciones en los tribunales inter-nacionales en donde se ventilan los casos de violación de derechos humanos en contra de los acreedores involucrados, pues los abusos perpetrados en el manejo de la deuda exter-

planteen sus demandas de cara a la crisis de la deuda y sus impac-tos en las condiciones de vida individuales y colectivas

La sociedad civil está cons-ciente de las implicaciones ne-gativas que ha supuesto el drama del endeudamiento para el desa-rrollo del país y, en frecuentes ocasiones, sus organizaciones han manifestado el rechazo a los abusos de acreedores que se aprovecharon y enriquecieron más a costa del empobrecimien-to de las naciones deudoras, co-locando créditos muchas veces

innecesarios.La gestión organizada ha sido

incesante, particularmente desde inicios de la presente década, a través de eventos, medios edito-riales y cuanta convocatoria ha sido necesaria para lograr una toma de conciencia por parte de los gobernantes y de la comuni-dad.

Por otro lado, ante la recu-rrente e injusta asimetría que ha caracterizado al endeudamiento Norte-Sur, en el ámbito inter-nacional han surgido voces de

autores y movimientos que apo-yan el reconocimiento de la co-rresponsabilidad en la deuda, la anulación de obligaciones ilegí-timas y la reparación de perjui-cios ocasionados.

En un caso concreto, Noruega, la demanda combinada de orga-nizaciones sociales ecuatorianas con movimientos civiles de ese país acreedor logró que el crédi-to concedido por esa nación para la adquisición de cuatro barcos fuera condonado y cancelados los pagos pendientes.

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na no sólo produjeron pérdi-das económicas, ocasionaron enormes costos en nuestra so-ciedad y a la Naturaleza.

A partir de las acciones que se desplieguen en este amplio espectro de posibilidades, se puede llegar a una moratoria de la deuda sin condiciones; una decisión de este tipo es preferible adoptarla en forma consciente y planificada, y no desesperada, como sucedió en 1999. Además, es hora de desarmar ese discurso de te-rror alrededor de las morato-rias (default).

Esta Auditoría no tendrá tras-cendencia sino hay respuestas jurídicas y también políticas respaldadas con amplias ac-ciones sociales. Por otro lado, el Estado requiere una estra-tegia que anticipe todos los escenarios y acciones posibles. Pero sobre todo una estrategia que sea coherente… pues no se entiende, a la luz de esta Auditoría, cuyo valor históri-co es incuestionable, que en la Asamblea Constituyente se haya otorgado amnistía a uno de los gobernantes responsa-bles de los capítulos más os-curos de la deuda externa, el de la negociación de los Bonos Global, Gustavo Noboa Beja-rano, por iniciativa de este gobierno que conformó y alen-tó la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público. Y tampoco se entiende que el mismo gobierno, que tuvo el valor de suspender los pa-gos de los Bonos Global 2012 y 2030, haya seguido pagando los Bonos Global 2015.

Deuda pública brasileña:

¿Problema superado?

Sandra Quintela

En 1998, cuando en Brasil se reanudó la discusión sobre el peso de la deuda pública en la vida de los trabajadores y trabajadoras, el punto de partida fue el rescate de las deudas sociales, en el contexto del trabajo de las pastorales sociales vinculadas a la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil. En ese mismo año, se realizó un simposio en Brasilia donde conocidos economistas, incluso los de izquierda, por unanimidad afirmaron que la deuda externa ya no era problema para el país. Para aquel entonces, la deuda externa había aumentado de 148 mil millones de dó-lares, al final de 1994, a más de US$ 235 mil millones al finalizar 1998. En este mismo período, Brasil pagó aproximadamente R$ 126 mil millones a los acreedo-res, solamente en intereses de la deuda.

10 años después, en 2008, la deuda interna en sep-tiembre estaba en R$ 1,5 billón, y la deuda externa en US$ 275 mil millones. Los intereses pagados en 2007 sumaban R$ 138 mil millones y las amortiza-ciones R$ 52 mil millones. Aun así, la gran prensa, buena parte de los economistas, y la opinión pública general se compraron el cuento que la deuda ya no era un problema para Brasil.

Para 2009, el escenario no ha cambiado. Sumados los valores del pago de intereses y comisiones de la deuda (R$ 127,1 mil millones) y la amortización (R$ 106,1 mil millones), se llega al monto de R$ 233,2

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mil millones que serán desembolsados para el pago de la deuda financiera. Si sumáramos a eso la parte del presupuesto destinado a diferir la deuda (títulos viejos que son cambiados por títulos nuevos) se llega al monto de R$ 758,8 mil millones. Por lo tanto, casi la mitad del presupuesto fiscal y de la seguridad social de 2009 (48%) está comprometida con los acree-dores financieros del gobierno.

Aun así, el tema de la deuda todavía no ocupa un papel protagónico en las luchas sociales en Brasil. El trabajo para que eso acontezca se ha venido haciendo en forma sistemática a lo lar-go de los últimos 10 años. En este sentido, la Red Jubileo Sur está realizando un esfuerzo sig-nificativo, impulsando varias actividades. En 1999, se llevó a cabo un tribunal popular sobre la deuda externa que reunió a dos mil personas durante dos días en la ciudad de Rio de Janei-ro, donde se elaboró un veredicto que sirvió de orientación política para el trabajo que se ha ejecutado a lo largo de los últimos años.

En 2000, una consulta popular, que se denominó plebiscito, se organizó alrededor de la cuestión de la deuda. La asistencia al mismo sorprendió a todos: más de 6 millones de votantes. En la papeleta constaron las siguientes preguntas:

1. ¿El gobierno brasileño debe mantener el actual acuerdo con el Fondo Monetario In-ternacional -FMI-?

2. ¿Brasil debe continuar pagando la deuda externa, sin realizar una auditoría pública de esta deuda, como preveía la Constitu-ción de 1988?

3. ¿Los gobiernos federal, estaduales y muni-cipales deben continuar usando gran parte del presupuesto público para pagar la deu-da interna a los especuladores?

Basándose en el resultado del plebiscito, y en especial en el de la segunda pregunta con respecto a la auditoría, un grupo de activistas comenzó a reunirse en Belo Horizonte y, a tra-vés de articulaciones con otros movimientos y

organizaciones, empezó a realizar un estudio detallado de los contratos de deuda externa de los últimos años.

De las 815 resoluciones aprobadas por el senado brasileño para contratación de nuevas deudas, apenas 238 contratos de endeudamiento se lo-calizaron en los archivos del Senado, sugiriendo el hecho de que los senadores no analizaban los contratos, aprobándolos sin siquiera leerlos. Tales contratos encontrados representan US$ 42,7 mil millones, apenas el 20% del aumento del endeudamiento ocurrido desde 1964 hasta la fecha.

Es más, en los 238 contratos analizados, se en-contraron cláusulas abusivas que violan la cons-titución y las leyes nacionales. Para tener una idea más clara de la situación, basta ver algunos rubros en la siguiente tabla que demuestran la participación en el total financiado de los con-tratos de endeudamiento puestos a disposición por el Senado entre 1964 y 2001.

Cláusula %Intereses flotantes 91,78Todos los pagos de la deuda se deberán hacer libres de todo o cualquier impuesto o tasa brasileños

77,19

Pago de intereses sobre la parte no desembolsada del préstamo 58,61

Fuero extranjero (renuncia a la soberanía) 49,24

Es decir, en el 77,19% de los contratos analiza-dos, las deudas fueron pagadas completamente exentas del pago de impuestos. En el 58,61% de los contratos, se pagó intereses sobre mon-tos que no habían sido desembolsados... y por allí va la maraña ilegal de la cuestión de la deu-da externa en nuestro país.

El trabajo realizado por la Campaña de la Audi-toría Ciudadana, como parte de la Red Jubileo Sur Brasil, se entrelaza con sus objetivos que son los de: concienciar a la población sobre el hecho que una de las causas de sus problemas

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sociales y económicos es la deuda externa e in-terna; profundizar la relación entre deuda ex-terna e interna y deudas sociales y ecológicas, llevando ese debate a la opinión pública y a las bases sociales; y recolocar el tema en la agen-da de las movilizaciones populares, cuestionan-do el modelo económico neoliberal.

Hoy, el grupo operativo de la Auditoría Ciu-dadana se encuentra en Brasilia y una de sus miembros integró la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público de Ecuador, a nom-bre de la Red Jubileo Sur Global.

En 2009

Entre tanto, nuevos ciclos de endeudamiento se avecinan. La crisis económica por la cual estamos atravesando, está sirviendo para mos-trarnos cómo el sobreendeudamiento es uno de los mecanismos centrales del capitalismo globalizado. La crisis está en el corazón del funcionamiento del sistema del capital mun-dial. La crisis financiera, detonada por la crisis inmobiliaria en EE UU, es una crisis de deuda. La deuda de los hipotecados con los bancos, la deuda de los bancos con las aseguradoras y los mercados financieros internacionales y la deuda del gobierno de EE UU con el resto del mundo a través de la venta de títulos del Tesoro norteamericano.

El castillo de arena que comenzó a derrumbarse en 2007, nos enseña lo que significa un sistema basado en un poder de compra que no es real y cuyas prioridades son establecidas para abaste-cer una máquina mortífera que es el modelo de desarrollo actual. Este modelo está basado en la explotación máxima de los recursos naturales y en mega conglomerados industriales, que se desplazan en dirección a los países del Sur, de-jando los territorios de los países del centro del capital “limpios” de industrias contaminantes y altamente consumidoras de energía y materia prima. En Brasil, por ejemplo, hoy, han sido implementados o están en implantación unos nueve polos siderúrgicos en regiones de bahías y estuarios. ¿Desarrollo para qué? ¿Para quién? ¿Quién está financiando todo eso?

¿Quién está financiando el desarrollo del capital y quién está pagando la cuenta? ¿Quién finan-cia los déficits de las empresas que perdieron en octubre de 2008 con el estallido de la bur-buja financiera? Los gobiernos están corriendo para salvar a bancos y financieras, e industrias que especulaban... Esas mismas industrias que nunca hicieron un gesto significativo para con los gobiernos del Sur que estaban sobreendeu-dados en los años ‘80 y ‘90 por inducción de ellas mismas que se endeudaron en el exterior, aumentando la deuda externa consolidada. Al final, la deuda externa privada tiene la garan-tía de la tesorería nacional y, en momentos de crisis cambiaria, es común que sea estatizada. A la vez, las remesas de las ganancias a sus ma-trices, las remesas de dividendos a los accionis-tas extranjeros, las importaciones, el pago por servicios realizados en el exterior, etc., deman-dan dólares, los cuales requieren ser captados mediante las exportaciones y muchas veces también a través de la contratación de nuevas deudas para finiquitar tales débitos. ¿Por qué los gobiernos no dan a los pueblos el mismo tra-tamiento que están dando a los especuladores que invirtieron en lucrar sin producir y ahora son socorridos premiando incluso su riesgo?

¡Esta crisis está mostrando que ya no hay in-versión de riesgo! El riesgo es asegurado por los fondos públicos. Privatizar ganancias, sociali-zar costos y riesgos... y sus consecuencias que ciertamente recaerán en los pueblos, que los gobiernos los ubican siempre en segundo plano actuando en favor del capital.

La crisis está mostrando también que hay re-cursos disponibles en el mundo y que ellos son fácilmente disponibles cuando hay voluntad política. Podríamos hacer que las muertes por malaria -cerca de 1 millón de personas por año– sean cosa del pasado. La ONU estima que U$ 5 mil millones serían suficientes para lograrlo. (Traducción ALAI)

Sandra Quintela es socioeconomista, de la Red Jubileo Sur /PACS.

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Por qué es necesaria una auditoría de la deuda de Itaipú

Constancio Mendoza

La entidad binacional brasileño-paraguaya que administra la hidroeléctrica de Itaipú te-nía hacia finales de 2008 una deuda de más de 19 mil millones de dólares. En reunión reali-zada por representantes de los dos países el 11 de diciembre pasado, el Brasil aceptó que la Contraloría General de la República del Pa-raguay haga una auditoría de esa deuda. Aquí explicamos la importancia de esa medida y prospectamos las dificultades que habrá.

Cuando se firmó en 1973 el Tratado para la construcción de la hidroeléctrica, se proyec-taba que iba a costar poco más de 2 mil millo-nes de dólares. Para financiar las obras fueron tomados préstamos internacionales por Ele-trobrás, empresa eléctrica pública brasileña, que los repasaba a Itaipú (por eso, el princi-pal acreedor de Itaipú es Eletrobrás). Hacia finales de la década, rápidamente, ese costo previsto había subido. Los dos países se en-contraban bajo dictaduras militares y no había condiciones de tener ningún tipo de control público democrático sobre la administración del emprendimiento.

La empresa binacional Itaipú pagó hasta el presente a Eletrobrás y al Tesoro brasileño 30 mil millones de dólares en concepto de amor-tización e intereses de la deuda. Y se anuncia que hasta 2.023, cuando se espera que todos lo préstamos que se tomaron para su construc-ción estarán cancelados, la binacional habrá pagado algo como 60 mil millones de dólares.

¿Qué explica tamañas disparidades? La audi-toría ayudará a entender lo ocurrido. Pero, ya hay algunas pistas.

Primero, en su fase de construcción, Itaipú es-tuvo atravesada de casos de corrupción. Hacia 1978 pagaba el precio más caro del mundo por el metro cúbico de cemento armado, entre otras evidencias. La contratación de empre-sas del dictador Stroessner y sus amigos los convirtieron en multimillonarios. Así surgieron los que en Paraguay son conocidos como los “barones de Itaipú” que después de la caída del dictador Stroessner (1989) ocuparon la si-lla presidencial también por el Partido Colo-rado ya en la fase democrática. Ahora bien, recordemos que a las empresas paraguayas les correspondió el 15 % de las obras y a las bra-sileñas el 85 % restante. Falta estudiar si la repartija de la corrupción siguió esos mismos porcentajes.

Segundo, después de terminadas las obras y de haber sido contratados ya todos los pres-tamos necesarios, la deuda volvió a subir. ¿Por qué? La explicación está en que los gobiernos brasileños de los años 1980-90 propusieron (y los gobiernos paraguayos, dominados por “barones de Itaipú” aceptaron) medidas que favorecían al Brasil y eran perjudiciales para Itaipú (y para el Paraguay). Es así que entre mediados de los años 1980, cuando la usina comienza a producir electricidad, e inicios de los años noventa, las empresas brasileñas de-cidieron que no podían pagar el costo de la energía de Itaipu y pagaron valores menores que el costo. Ese perjuicio se fue acumulando y cuando llegó mediados de la década pasada,

Constancio Mendoza es sindicalista, miembro del Frente Social y Popular.

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a la deuda de las empresas eléctricas brasile-ñas, se le sumó a la deuda principal de Itaipú. Un caso único, donde los deudores (las em-presas eléctricas brasileñas) tienen sus deudas asumidas por el acreedor (Itaipú). Por eso, la deuda de Itaipú hoy es más alta que quince años atrás.

De esa forma, los gobiernos brasileños como proponentes, y los del Paraguay como cómpli-ces, violaron el propio Tratado de Itaipú. Se-gún éste, la tarifa debía cubrir todos los costos (operacionales y financieros del periodo) y no se podían acumular nuevos pasivos. Sin em-bargo, como era para favorecer a las empresas eléctricas brasileñas y a las grandes industrias consumidoras instaladas en Sao Paulo, los go-biernos de los dos países no vieron problemas en proceder de esa manera.

Decíamos que por el Tratado, Itaipú debe ven-der su energía a las empresas eléctricas bra-sileñas y paraguayas por el costo (operacional y financiero). La cuestión es que hoy día 65% del costo es para el pago de la deuda de Itai-pú con Eletrobrás (que desde hace una década tiene un fuerte componente privado y opera en las bolsas de valores de los Estados Unidos, etc.). Todos los años esa empresa recibe de Itaipú más de dos mil millones de dólares en ese concepto.

La contrapartida de eso es que del 50% de la energía de Itaipú que le corresponde al Para-guay y que en gran medida es utilizada por Brasil, dos tercios de los 40 dólares por MWh que las empresas brasileñas pagan vuelven a ese país a través de Eletrobrás en concepto de pago de la deuda.

En la fase de construcción de la usina, hubo problemas de corrupción que no fueron comba-tidos e investigados en su época. En la fase de funcionamiento, ha habido problemas de ges-tión que perjudicaron intereses del Paraguay.

Cuando fue conveniente para las empresas eléctricas brasileñas y las grandes industrias localizadas en Sao Paulo, el Tratado fue vio-

lado. En seguida, el gobierno brasileño exige que el Tratado vuelva a cumplirse cuando con-viene a sus intereses.

Así iban las cosas hasta el pasado 20 de abril cuando una amplia movilización popular llevó a la victoria del candidato Fernando Lugo para presidente de la República del Paraguay.

Desde 1973 las fuerzas progresistas y de iz-quierda del Paraguay cuestionaban el Tratado de Itaipú y la forma como vino siendo adminis-trada la binacional. El dictador Stroessner y sus sucesores colorados ya en la fase democrá-tica siempre se pautaron por sus propios inte-reses corruptos y fueron condescendientes con los manejos de los administradores brasileños. Para cambiar ese cuadro había que derrotar a la fuerza política heredera de la dictadura. El cambio solo vino cuando Lugo asumió la presi-dencia del país el pasado 15 de agosto.

Esto coloca un desafío al gobierno de Lula en Brasil. Su política bilateral con Paraguay se había acomodado al status quo dejado por sus antecesores porque le era conveniente a los “intereses nacionales brasileños” que es la de-nominación que se le da a los intereses de los grandes consumidores de energía paulistas, a los inversionistas privados de Eletrobrás y al Tesoro brasileño que percibe parte importante del lucro generado por esa empresa. Al mismo tiempo el gobierno de Lula ha sido muy activo en los proyectos de integración regional y como tal ha afirmado que el Brasil no puede enrique-cerse a costa de sus vecinos más pobres.

El gobierno Lugo y las fuerzas sociales y po-líticas que lo llevaron a la victoria electoral afirman justamente eso. Itaipú ha sido una he-rramienta con la cual sectores de Brasil se han enriquecido en perjuicio de intereses del Pa-raguay. El gobierno brasileño debe ahora optar entre ese statu quo y la integración regional.

Los dos gobiernos han iniciado negociaciones en torno a las reivindicaciones paraguayas, que están en curso. La aceptación por parte de

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Ilegitimidad de la deuda externa argentina

Julio C. Gambina

El monto total de deuda asumido por las au-toridades argentinas alcanza a 128.685 millo-nes de dólares a junio del 20081. A ello debe sumarse, según la misma fuente, una cifra de 29.712 millones de dólares de acreedores no presentados al canje instrumentado en mayo del 20052. De este total unos 22.671 millones de dólares están vencidos (13.502 millones en concepto de capital y 9.169 como intereses) y el resto por 7.041 millones es deuda no venci-da. La sumatoria de la deuda alcanza entonces a 158.397 millones de dólares (Cuadro I).

Cuadro IDeuda al 30/06/08

Deuda al 30.06.08 128.685 millones de dólares

Acreedores no presentados al canje

29.712 millones de dólares

Total de la deuda 158.397 millones de dólares

Fuente: Ministerio de Economía

En la información oficial3 se indica que la deu-da pública total sobre el PBI representa un 48,7%. Si adicionamos la suma no presentada al canje, la razón entre deuda y producto po-dría alcanzar al 50% del PBI. Son porcentajes similares a los guarismos existentes hace una década, al comienzo de la última recesión que se procesó entre 1998 y 2002. Vale la refe-rencia porque la Argentina transitó un ciclo de crecimiento entre 2003 y 2008, previéndose

una desaceleración, es decir una tendencia a la baja del producto para un cálculo de man-tenimiento o crecimiento del endeudamiento. Representará una incidencia mayor de la deu-da sobre el PBI en el futuro cercano.

La deuda fue, es y será un gran condicionan-te de la política económica en la Argentina. Pero, ¿cuánto de la misma es ilegal y cuáles son los criterios para identificarla como tal? En principio consideramos ilegal, o por lo me-nos motivo de estudio específico a la deuda contraída bajo gobiernos ilegítimos, lo que no exime de una auditoría integral sobre el conjunto de la deuda. Siguiendo el estudio de Eric Toussaint4 la deuda argentina en 1975 al-canzaba 7.875 millones de dólares y a fines de 1976 sumaba 8.280 millones de dólares. El golpe militar ocurrió el 24 de marzo de 1976 y

1 Dirección Nacional de Cuentas Internaciona-les, dependiente del ministerio de Economía de la Nación. En http://www.mecon.gov.ar/cuentas/in-ternacionales/documentos/deuda_externa_bruta.xls (verificado al 23/12/08)

2 Parte de los acreedores presentaron demandas ante los tribunales de Nueva York y recientemente, en octubre del 2008 y ante la propuesta de esta-tización del sistema previsional de la Argentina (transformado ya en Ley desde diciembre pasado), el Juez neoyorkino Thomas Griesa hizo lugar a la presentación de los acreedores congelando fondos por unos 2.500 millones de dólares que las Admin-istradoras de Fondos de Jubilación y Pensión tenían para entonces invertidos en EEUU. El tema sigue en discusión a comienzos del 2009.

3 Ministerio de Economía de la Argentina. En http://www.mecon.gov.ar/basehome/pdf/indicado-res.pdf (verificado al 26/12/08)

4 Eric Toussaint. La Bolsa o La Vida. Las finanzas contra los pueblos. 2a.ed. Buenos Aires, CLACSO, 2004. Página 290.

Julio C. Gambina es Profesor de Economía Política en universidades públicas de

Argentina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISYP) e integrante del Comité Directivo de CLACSO.

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por ello podemos asignar un valor aproximado en 7.900 millones de dólares a la deuda asu-mida por el Estado argentino bajo regímenes constitucionales antes del golpe. A su vez, la dictadura militar entregó el gobierno en di-ciembre de 1983, cuando la deuda acusaba un total de 45.087 millones de dólares. La di-ferencia (45.087 – 7.900) puede considerarse deuda odiosa, ilegítima e ilegal, alcanzando así los 37.787 millones de dólares (Cuadro II).

Cuadro IIDeuda ilegitima

Deuda estimada al inicio dictadura

7.900 millones de dólares

Deuda al final de la dictadura

45.087 millones de dólares

Deuda ilegítima (diferencia)

37.787 millones de dólares

Fuente: estimaciones propias sobre datos de Eric Toussaint

Claro que al no denunciarse, ese monto conti-nuó integrando la deuda argentina y generan-do intereses, los que se dispararon desde 1979 por efecto de la iniciativa Volcker. La Argen-tina renegoció parte importante de su deuda con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987; con Carlos Menem en 1992; con Fernando De la Rúa en 2000 y con Néstor Kirchner en 2003. De ese modo, diferentes turnos constitucionales (1983-2008) legitimaron la deuda odiosa. No parece arbitrario señalar que unos 50.000 mi-llones de dólares (un tercio del total) debieran ser denunciados como ilegítimos para el caso argentino (Cuadro III).

Cuadro IIIPorcentaje de ilegitimidad

Monto total de deuda al 30.06.08

158.397 millones de dólares

Estimación deuda ilegítima

50.000 millones de dólares

Porcentaje sobre el total 31,56%

Fuente: estimación propia con base en datos del Ministerio de Economía

No solo se trata de la ilegitimidad del gobier-no que asumió la deuda, sino también del uso de los recursos. Entre otros aspectos se puede destacar la utilización de los fondos para fines bélicos. Se reconoce en tiempos de la dictadu-ra genocida (1976-1983) dos acontecimientos de conflicto militar: con Chile en 1978 por la disputa sobre las islas australes y en 1982 con Inglaterra por las Malvinas. Fueron ocasiones que fundamentaron el crecimiento del gasto militar. Más grave aún representó el aumen-to del gasto público con destino a las Fuer-zas Armadas por su incursión en el gobierno de facto. Se estima que un tercio del nuevo endeudamiento en ese periodo se justifica por mayor gasto militar.

Resulta curioso mencionar el endeudamiento externo de empresas públicas y entre ellas de la petrolera estatal: YPF. Es incomprensible el crecimiento de su deuda cuando los precios internacionales del petróleo se encontraban en alza en el sistema mundial. Se puede adi-cionar que las principales empresas privadas asumieron un fortísimo endeudamiento con el exterior que luego fuera asumido por el Esta-do. En las postrimerías de la dictadura, siendo Presidente del Banco Central Domingo Cava-llo, se estatizaron las deudas privadas. Pue-de recordarse que la empresa más endeudada para ese tiempo era la acería Acindar, cuyo ti-tular al momento del golpe en 1976 asumió el Ministerio de Economía entre 1976 y 1981, en representación de la asociación de empresa-rios más concentrados. La deuda actuó como uno de los mecanismos económicos para la profunda reestructuración del capitalismo en la Argentina. Se trató de un endeudamiento deliberado para facilitar objetivos estratégi-cos de transformación reaccionaria del capi-talismo local.

Con la decisión ecuatoriana de no pagar deu-da ilegítima e ilegal en base a una Auditoría realizada por consultores externos, se habili-ta la discusión sustentada en nuestros países por movimientos, campañas y personalidades sobre la necesidad de denunciar las deudas so-bre la base de su revisión integral para desen-

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trañar la legitimidad de las mismas y cuánto es lo que se debe pagar. En los cálculos de Toussaint, sustentado en datos de la OCDE, para el año 1999 la deuda alcanzaba 169.066 millones de dólares y los pagos de amortiza-ción del capital e intereses sumaban, entre 1976 y 2000, 212.280 millones de dólares. Mientras la deuda creció 19 veces desde el inicio de la dicta-dura, el país reembols7 25 veces lo que debía en 1976.

La deuda argentina fue llevada a la Justicia siendo el objeto procesal: “El proceso de endeudamiento ex-terno y el manejo de las reservas internacionales de la Nación en ge-neral. El proceso de endeudamiento externo de las Empresas del Estado en general y de YPF S.E. en parti-cular. La investigación de los avales caídos otorgados a empresas pri-vadas con endeudamiento externo por el Tesoro Nacional y pagados por éste al vencimiento de los mis-mos”.5 El fallo de sobreseimiento por prescripción penal, que incluye los indagatorios y peritajes, con las responsabilidades claramente de-mostradas, fue trasladado al Parla-mento.

La cuestión de la deuda es un pro-blema común a nuestros países. En los ochenta se propuso una estra-tegia de “club de deudores” que no se implementó por la esperanza “democrática”. Los años noventa enterraron esos peregrinos sueños y ahora renacen las expectativas por cambios económicos favorables a las clases subalternas. Ello supone el enfrentamiento con el poder local y mundial, las transnacionales, los or-ganismos internacionales y los prin-cipales estados del capitalismo.

5 Fallo del Juez Ballesteros del 13 de Julio de 2000.

La anulación de la deuda de Haití:

No hay razón para más retrasos

Mark Weisbrot Luis Sandoval

Es evidente que la anulación inmediata de la deuda externa de Haití, de US$ 1,7 mil millo-nes, liberaría los recursos que el pueblo de ese país necesita desesperadamente. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, con 76 por ciento de su población por debajo de la línea de pobreza y una esperanza de vida de 58,1 años; sin embargo, en 1996 quedó inicial-mente excluido de la Iniciativa a Favor de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), debido a un tecnicismo en relación a su servicio de la deuda. Por ello, mientras que las deudas de los otros PPAE en el Hemisferio Occidental (Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua) ya fueron anuladas

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bajo la PPAE y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), Haití todavía tiene que alcanzar el “punto de realización” en el marco de la iniciativa para poder acceder a la anulación de su deuda, que solo se espera a partir de mediados de 2009.

El hecho de que se trataba de un error fue re-conocido implícitamente con la incorporación de Haití a la Iniciativa para los PPAE en 2006. Organismos ciudadanos argumentan que no es justo que Haití deba esperar y cumplir con otras condiciones, mientras que los demás PPAE de América Latina ya han visto anulada su deuda con prestamistas multilaterales. De-bido a este retraso Haití está luchando actual-mente para cumplir con los requisitos para la anulación de la mayor parte de su deuda pú-blica externa.

Según los datos más recientes del Ministerio de Economía y Finanzas de Haití, para mayo de 2008, el total de la deuda pública externa del país alcanzó los US$ 1.7 mil millones1. La mayor parte de esta deuda es con el Banco Mundial (más concretamente, con la Asocia-ción Internacional de Fomento, AIF) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Estas deudas juntas representan actualmente al-rededor del 18 por ciento del PIB de Haití y constituyen un 76,3 por ciento del total de su deuda pública externa.

Dado que el punto de realización no se alcan-zó para septiembre de 2008, ahora Haití tiene que desembolsar $ 44.5 millones adicionales para el servicio de la deuda a las institucio-nes multilaterales (principalmente el BM y el BID). Este monto es equivalente a aproxima-damente el 26 por ciento de su gasto en salud pública, área donde hay muchas necesidades vitales insatisfechas. Es más, este total no in-cluye el servicio de la deuda bilateral de US$ 11,4 millones, cuya anulación parcial también se podría esperar.

Una vez que Haití cumpla con los requisitos, accederá, en un cierto plazo, a la anulación de US $ 212,9 millones de su deuda con los acree-

dores multilaterales ($ 110,9 millones) y bilate-rales ($ 102,0 millones), en virtud de la Inicia-tiva para los PPAE. Además, este cumplimiento también permitirá que se aplique la IADM, que significará una mayor reducción de su deuda. El BM, por su parte, podría anular $ 464,4 mi-llones de la deuda haitiana. Adicionalmente, si bien el BID no participó en la IADM, ha dis-puesto el pleno alivio de la deuda de aproxi-madamente $ 525 millones, en pagos futuros, del capital principal e intereses. Así pues, hay en total un poco más de US $ 1,2 mil millones en anulación de la deuda, que depende de que Haití alcance el punto de realización.

Hay pocos motivos como para creer que las condiciones fijadas por el FMI y el BM para proseguir con la anulación de la deuda pue-dan redundar en beneficio de Haití. Si bien la experiencia de anulación de la deuda a los PPAE ha sido buena con respecto a la utiliza-ción de los fondos liberados para gastos de reducción de la pobreza, las condiciones aso-ciadas a esta anulación de la deuda no tienen un historial positivo. Por ejemplo, en abril de 2007, la Oficina de Evaluación Independiente del FMI publicó un análisis de la experiencia de 29 países del África subsahariana que se sometieron a programas PRGF (Facilidad para la Reducción de la Pobreza y el Crecimiento, sigla en inglés) y, por lo tanto eran sujetos a las condiciones del FMI, entre 1999 y 2005. El análisis fue muy crítico del papel del FMI y, entre otras conclusiones, señaló que casi las tres cuartas partes de los fondos de ayuda que llegaron a estos países no se gastaron. Por el contrario, a instancias del FMI, este dinero se utilizó para pagar deudas y para aumentar las reservas.2

Otra razón por la que los acreedores de Haití

1 Ministère de l’Economie et des Finances de la Republique d’Haïti (MEF), “Dette externe du secteur public (Mai 08)”: http://www.mefhaiti.gouv.ht/download.php?dwn=Dettemai%2008.xls

2 Independent Evaluation Office of the IMF (2007), “The IMF and Aid to Sub-Saharan Africa.” http://www.imf.org/External/NP/ieo/2007/ssa/eng/pdf/report.pdf

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-el BID y el BM en particular- deberían con-ceder de inmediato la anulación de la deuda es que han causado un enorme perjuicio eco-nómico a ese país al suspender todos los de-sembolsos de 2001 a 2004. Existen evidencias sustanciales de que este recorte de la ayuda era parte de un esfuerzo deliberado del go-bierno de Estados Unidos para desestabilizar y, en última instancia, derrocar al gobierno elegido de Haití. Como señaló el economista Jeffrey Sachs, ex asesor del FMI y del BM, “los funcionarios estadounidenses sabían segura-mente que el embargo de la ayuda significaría una crisis de balanza de pagos, un aumento de la inflación y una caída de los niveles de vida, todo lo cual alimenta la rebelión [contra el Presidente Aristide].”3

Para un país tan pobre como Haití, el embar-go de la ayuda fue enormemente destructivo para la economía, y la violencia durante y des-pués del golpe causó aún más daños y costó miles de vidas. Debido a su participación en este esfuerzo, las instituciones multilaterales deberían, como mínimo, anular la deuda de Haití con la mayor rapidez posible.

Estabilidad macroeconómica

En noviembre de 2006, Haití firmó un acuerdo con el FMI, por un período de tres años, de reducción de la pobreza y crecimiento (bajo el programa PRGF), cuyo principal objetivo era lograr un crecimiento económico sostenido para reducir la pobreza y mejorar las condi-ciones de vida. Se fijó una tasa de crecimien-to anual del PIB real del 4 por ciento. Otra meta era lograr un mayor crecimiento econó-mico, pero bajo un entorno macroeconómico estable, que se centró en reducir la inflación y en aumentar el nivel de las reservas inter-nacionales.

En el primer año del programa, la inflación se redujo sustancialmente del 12.4 por ciento en septiembre de 2006 al 7,9 por ciento en sep-tiembre de 2007, por debajo de la meta del 9 por ciento para finales del año fiscal 2007. Esto parece haber sido el resultado de una po-

lítica fiscal y monetaria demasiado rígida. De hecho, en la segunda revisión de los indica-dores de resultados del programa, para sep-tiembre 2007, el FMI recomendó al gobierno haitiano que aumente la inversión pública y afloje la política monetaria.

También aumentaron las reservas internacio-nales más allá de la meta en el primer año del programa, desde alrededor de US$ 125,5 millones en septiembre de 2006 a US$ 259 millones en septiembre de 2007, $ 30 millo-nes por encima del objetivo. Sin embargo, es probable que el gobierno haitiano haya me-jorado la estabilidad macroeconómica a costa del crecimiento. Las cifras oficiales ubican la tasa anual de crecimiento del PIB real para 2007 en el 3,2 por ciento, inferior al objetivo del 4 por ciento.

El crecimiento y el empleo son las variables macroeconómicas que más contribuyen a la reducción de la pobreza, y un énfasis exce-sivo en reducir la inflación y limitar el gasto público, sin tener en cuenta el crecimiento económico, podría reducir el crecimiento y el empleo por debajo de su potencial.

Desde agosto de 2007, la inflación comenzó a revertir su tendencia a la baja, impulsada por el aumento en los precios de los alimentos, que representan el 50 por ciento del índice de la canasta de precios al consumidor. Estos fuertes aumentos en los precios de los alimen-tos y de la energía han generado una grave crisis humanitaria en Haití, provocando el hambre masiva entre los sectores más pobres, que incluso obligó a algunos haitianos a comer tortillas de barro para poder sobrevivir.

También se anticipa un grave impacto negativo en Haití debido al reciente declive de la eco-

3 Jeffrey Sachs, “From His First Day in Office, Bush Was Ousting Aristide,” Los Angeles Times, March 4, 2004.

4 The Multilateral Investment Fund (2007). “Remit-tances to Latin America and the Caribbean 2007 (US$ millions)”. http://www.iadb.org/mif/remesas_map.cfm?language=English&parid=5&item1d=2

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nomía de EEUU. Sus exportaciones a ese país equivalen al 8,6 por ciento de su PIB en 2007. Haití depende también en gran medida de las remesas desde el extranjero, especialmente de EEUU; algunas estimaciones las ubican has-ta en el 28 por ciento del PIB4. Estas reme-sas disminuirán, con un significativo impacto negativo. A la luz de estos acontecimientos, la estabilidad macroeconómica prevista en el programa PRGF podría no ser alcanzada, si es que el gobierno haitiano prioriza tener sufi-ciente margen político y recursos para respon-der a la crisis y mitigar sus efectos.

Enfrentar los desastres naturales

Los fondos que se liberen a través de la anu-lación de la deuda también darían a Haití la oportunidad de enfrentar las necesidades hu-manitarias urgentes a raíz de los recientes desastres naturales. En el verano de 2008, Haití fue sacudido por sucesivos huracanes, con consecuencias desastrosas, que dejaron un saldo estimado de 800 muertes, según la ONU, y a más de un millón -o una novena parte de la población del país-, sin hogar, según la Primera Ministra Michèle Pierre-Louis.

El Secretario General Adjunto para Asuntos Hu-manitarios de la ONU, John Holmes, declaró que las tormentas eran “el peor desastre en los últimos 100 años” en Haití, y que hasta el 27 de octubre, sólo se había comprometido el 40 por ciento de los US $ 107 millones que se ne-cesitaban para el socorro de emergencia.5 El Presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, reconociendo la magnitud de la destrucción a raíz de las tormentas, cuando viajó a Haití en octubre, estimó los daños en cerca de US$ 1 mil millones, lo cual “es mucho para un país de 8 millones de personas y hay una terrible pérdi-da de vidas”. Sin embargo, en respuesta a las preguntas de los periodistas, Zoellick dijo que el BM no aceleraría la anulación de la deuda de Haití mediante el PPAE.

Mark Weisbrot es co-Director del Center for Economic and Policy Research en Washington,

DC. Tiene un doctorado en economía y ha escrito numerosos artículos de investigación

sobre política económica. Luis Sandoval es asistente de investigación

en el Center for Economic and Policy Research. Es licenciado en economía y

ciencias políticas.

Este texto es un resumen de: Update - Debt Cancellation for Haiti: No Reason For Further

Delays. Center for Economic and Policy Research: diciembre 2008 Texto original (y

notas completas): http://www.cepr.net/index.php/publications/reports/update-debt-

cancellation-for-haiti/. (Traducción ALAI).

Brasil de que la Contraloría paraguaya audite la deuda de la binacional es un paso pequeño pero importante obtenido en la mesa de nego-ciación. Hasta ese momento, resguardada por su carácter “binacional”, la empresa estaba fuera del control de los órganos fiscalizadores

viene de la página 13

Por qué es necesaria una auditoría...

5 UN News Center, “Appeal for hurricane relief in Haiti badly under-funded, UN aid chief says.” Octo-ber 27, 2008.

públicos de los dos países, una herencia propia de su origen en dos dictaduras militares con-trarias a la transparencia administrativa.

Transparentar es la única forma de definir si la gigantesca deuda de Itaipú, que en 50% es deuda de Paraguay, es legítima. Una deuda que impide que el país se beneficie del uso de su principal recurso natural, el caudal de sus ríos.

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La deuda ecológicaIvonne Yánez

Joan Martínez Alier

En mayo del 2007, Evo Morales envió a la Cum-bre de los Pueblos que se realizaba de forma paralela a la reunión de presidentes de la Unión Europea y América Latina, un documen-to que llamó “Cambio Climático: 10 manda-mientos para salvar el planeta, la humanidad y la vida”. Era el discurso que pocos días des-pués pronunciaría ante las Naciones Unidas.

En el magnífico manifiesto, el presidente de Bolivia señala claramente que para frenar el cambio climático debemos ser conscientes de que se trata de una lucha entre dos formas de entender el mundo, aquella de la muerte y la contaminación frente a la de la vida y la paz. Lo primero es la esencia del modelo capita-lista depredador que en lugar de crear, mata, que en lugar de proteger, vende, que en lugar de promover el buen vivir, alimenta la voraci-dad de pocos. En las relaciones entre países del Norte y del Sur ha sido un proceso histó-rico que persiste hasta nuestros días. Ningún país mejor que Bolivia conoce esta realidad, desde Potosí en adelante. Pero el saqueo y las injusticias ambientales y sociales continúan. Como bien lo enfatiza Evo, esta realidad ha provocado que sea el “Norte ‘desarrollado’ el que tiene una deuda ecológica con el Sur y con el mundo entero”. Los países del Sur, somos en realidad los acreedores de esta deuda y no como se tiende a pensar, que somos nosotros quienes debemos.

La deuda ecológica es, de acuerdo a la Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecológica, precisamente esta responsabilidad que tienen los países del Norte con los pueblos del Sur. Se la puede reconocer por diferentes factores.

Historia de saqueo

Uno de ellos es debido a la expoliación de re-

cursos que se dio durante la invasión, conquis-ta y colonización de Europa a las tierras ame-ricanas. Como parte de esta deuda histórica están los millones de toneladas de oro o pla-ta que fueran extraídas y llevadas a España, Portugal, Inglaterra, y otros países europeos. Como parte del botín salieron riquezas cultu-rales, de biodiversidad o de conocimientos. Durante siglos, se provocó la muerte de mi-llones de indígenas, o de africanos que fueron diezmados por enfermedades, o trabajos for-zados, o simplemente eliminados. Es muy im-portante que la deuda histórica de Europa con América y África sea reconocida en toda su di-mensión, y resarcida en la actualidad. Y tam-bién con otros países, como Indonesia (con la colonización holandesa) y tantos otros lugares del mundo donde el saqueo prosigue. No sola-mente como un proceso de conocer la verdad, sino por una cuestión de justicia y reparación. El reconocimiento de esta deuda debería estar presente en todos los tratados internacionales y en los mecanismos de cooperación entre las naciones deudoras y acreedoras.

Agricultura

Otro factor que va generando una deuda eco-lógica es aquella que tiene que ver con la agri-cultura. Los países del Sur, por imposiciones de instituciones financieras internacionales y grandes capitales relacionados con la alimen-tación, en lugar de cumplir con el objetivo de satisfacer primero las necesidades inter-nas, destinan tierras y otros recursos como el agua para establecer cultivos de exportación, muchos consumidos en países industrializados del Norte. De esta forma pone en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias, y afecta considerablemente las economías campesi-nas. Especial afectación ocurre con el agua, pues se degrada o pasa a ser controlada por manos privadas. Estos monocultivos utilizan

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además paquetes tecnológicos basados en se-millas “mejoradas” o transgénicas y agrotóxi-cos contaminando fuentes de agua, suelos y la salud humana. La nueva amenaza son los agrocombustibles, los cuales significarán un mayor incremento de la deuda ecológica.

De igual forma, los recursos marinos se ven diezmados por la demanda que se ejerce des-de los países del Norte.

Biopiratería

Los países del Norte, la industria de semillas y farmacéutica, se han enriquecido por medio de la apropiación de la diversidad agrícola y silvestre y de su conocimiento vinculado, con fines comerciales. La biopiratería constituye una parte muy importante de la deuda ecoló-gica pues se basa en la apropiación intelectual ilegal e ilegítima de conocimientos relaciona-dos con el mejoramiento de las semillas, uso de plantas medicinales y otros sobre los que se sustenta la biotecnología y la agroindustria moderna, por las que tenemos que pagar re-galías.

Industrias extractivas

Los megaproyectos como carreteras, hidroléc-tricas, puertos, hidrovías, entre otros, provo-can un conjunto amplio de impactos sociales y ambientales. Al ser la mayoría de estos pro-yectos orientados hacia la exportación de re-cursos hacia el Norte los hace generadores de deuda ecológica del Norte con el Sur.

Las economías del Sur del mundo se sostienen gracias a la extracción de recursos naturales, muchos de ellos no renovables y con carác-ter extractivo a gran escala. Por ejemplo, la minería o la industria petrolera. Estas activi-dades, por esencia contaminantes, destruyen los ecosistemas en el lugar donde se realizan y afectan la vida de las poblaciones locales. El principal destino de estos minerales e hi-drocarburos es la industria y el transporte del Norte. A veces son regiones internas (como Orissa, Jarkhand, Chhatisgarh en la India) las

que se convierten en colonias exportadoras de materias primas para las zonas industriales. Lo mismo ocurre en Brasil.

La deuda del carbono

Otra causa de la deuda ecológica del Norte hacia el Sur es la quema desproporcionada de combustibles fósiles como el gas, el carbón o el petróleo, que causa el cambio climáti-co y sus catastróficas consecuencias. Es así que también existe una deuda ecológica por el cambio climático, también llamada deuda de carbono, porque el CO2 es el principal gas con efecto invernadero. La deuda de carbo-no existe tanto por los impactos que causa el caos climático, como por las soluciones que se pretenden tomar para supuestamente frenar-lo, como son los mecanismos de Kioto. A su vez, los planes de adaptación, en lugar de ser un alivio, podrán ser nuevas cargas para los pueblos del Sur.

Deuda ecológica y deuda externa

En este sentido, debemos mencionar la rela-ción entre deuda ecológica y deuda externa. Los países de África, Asia o América Latina, sufren las cadenas de una deuda financiera. Deuda que fue adquirida en su mayor parte para llevar a cabo proyectos que significaron severos e irreversibles impactos, económicos, sociales y ambientales. En gran medida, a su vez, estos proyectos formaban parte de pla-nes de construcción de infraestructura desti-nada a la exportación de recursos. Todo esto se justificó con el argumento de que debemos cumplir con el servicio de la deuda. La ban-ca financiera internacional es en realidad un deudor gigantesco con los pueblos del Sur.

Si comparásemos el monto que reclaman de nosotros los países y bancos acreedores, con la suma de todas las deudas históricas, so-ciales y ambientales que hemos mencionado (quedando aún varias por detallar), vemos que es significativamente menor. Un ejemplo cla-ro es el de la Texaco y el Ecuador. Cálculos de científicos serios apuntan a que lo que Texa-

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co tendría que pagar al Estado ecuatoriano no sería menos de 27.000 millones de dólares para cubrir únicamente una parte de los daños (contaminación de aguas, suelos y enfrentar los problema de salud de la gente local), sin tomar en cuenta todas las demás externalida-des que se produjeron durante las operaciones de Texaco.

Ahora bien, la deuda financiera pública exter-na del Ecuador, de acuerdo a las cifras de la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Pú-blico (CAIC), alcanza cerca de 13500 millones de dólares, es decir la mitad de lo que debería Texaco al Ecuador.

Hablar de deuda ecológica en el contexto de la deuda financiera es útil y necesario, pues no solamente que permite efectuar compara-ciones entre las deudas ecológica y financiera sino que el análisis de los impactos ambienta-les que pueden haber causado determinados proyectos permitiría tener más argumentos para la declaratoria de ilegitimidad de estos créditos.

Así fue que en Ecuador, a partir del Decreto Presidencial del 9 de julio del 2007, dictado por Rafael Correa se constituye la CAIC, cuyo objetivo fue realizar una Auditoría Integral y una acción fiscalizadora. La CAIC presentó sus resultados a fines del 2008, y abre el camino para una posterior declaración de ilegitimidad de créditos contraídos por el Ecuador basán-dose en consideraciones ambientales.

El gobierno del Ecuador ha dado algunos pasos importantes en cuanto al reconocimiento del Ecuador como un país acreedor de una deu-da histórica, social y ecológica. Así lo mos-tró en su momento la ex canciller María Fer-nanda Espinosa, la constitución de la CAIC, o los discursos del presidente en diversos foros internacionales. Sin embargo, como dice el dicho, “lo que se hace con la mano no se pue-de borrar con el codo”, y esto es lo que está haciendo Rafael Correa.

Hace pocos días, el lunes 12 de enero, fue aprobada la Ley de Minería por parte de la Asamblea Nacional, mientras que, tanto eco-logistas en las afueras del Palacio legislativo, como dirigentes indígenas al Sur del país, sos-tenían una huelga de hambre en rechazo a la Ley Minera. La minería, así como la industria petrolera, es una de las más contaminantes y es generadora de una gran deuda ecológica. Los principales consumidores de estos mine-rales serán los países del Norte mientras en el Ecuador quedarán los daños sociales y am-bientales. Hace poco también Correa anun-ció la licitación del Bloque ITT Yasuní, dando la espalda a miles de voces que apoyaban su propuesta inicial de dejar el crudo en el sub-suelo. Esperemos que la baja del precio de las materias primas no lleve a los países expor-tadores a exportar todavía más para intentar vanamente mantener los ingresos.

Correa está perdiendo una oportunidad his-tórica, de ser reconocido como el presidente que iniciara un camino distinto, semejante al que Evo Morales señala en sus 10 mandamien-tos. Un camino hacia el buen vivir, hacia un Ecuador que respete la vida y el bienestar de sus habitantes. Reconocerse acreedor de una deuda ecológica y al mismo tiempo echar al traste propuestas como la de salvar el Yasuní o acuñar la Ley de Minería es una gran contra-dicción e inconsecuencia. A los viejos econo-mistas (aunque sean de izquierda) les cuesta mucho entender el valor de lo ecológico y de lo humano que no se expresa en precios.

Ivonne Yánez es Cordinadora Regional de Oil Watch Sudamérica. Miembro de la Alianza de

los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda Ecológica. sudamerica@oilwatch.org /

www.deudaecologica.org Joan Martínez Alier es catedrático de

economía e historia económica en la Universidad Autónoma de Barcelona, y

autor de varios libros. Miembro fundador de la Sociedad Internacional de Economía

Ecológica.

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Calificadoras de riesgo país y control de los flujos de capital

Eduardo Gudynas

La actual crisis económica internacional obli-ga a revisar el papel de las llamadas “califi-cadoras de riesgo”. Empresas como Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch Ratings, si bien no son muy conocidas, juegan un papel clave en regular los flujos de capital a nivel global, y han tenido una influencia notable en América Latina. Según las posturas convencionales, estas ca-lificadoras ofrecen una evaluación externa y objetiva del riesgo de una inversión. Se en-tiende ese riesgo como las posibilidades de poder recuperar el dinero invertido y asegurar la rentabilidad. Esas evaluaciones se apoya-rían, según la visión convencional, en análisis rigurosos y “externos”, tanto a los inversores como a quienes toman los préstamos, y por lo tanto ofrecerían una visión independiente.

Sus formas más conocidas de operar son otor-gando calificaciones a los países (expresado en letras, tales como AAA), o bien bajo un “índice de riesgo país” (que aparece como un número). Por ejemplo, la calificadora Fitch asigna una A para Chile (máxima nota), mien-tras que Ecuador recibe un RD (que es la pe-núltima nota, indicando suspensión parcial de pagos). En cuanto al riesgo, por ejemplo en Brasil es bajo (en el orden de los 470 puntos a fines de 2008), y muy alto en Argentina (1 800 puntos).

El descrédito de las calificadoras cobró noto-riedad en los últimos años. Un primer golpe ocurrió con el derrumbe de la corporación

energética Enron, a pesar de sus excelentes calificaciones. Más recientemente, estas em-presas otorgaron magníficas evaluaciones a los préstamos hipotecarios de Estados Unidos, y fueron totalmente incapaces de alertar a tiempo sobre las “hipotecas tóxicas” o la in-sustentabilidad de los bancos de inversión.

Pero a pesar de todo siguen presentes, pre-miando y castigando, y afectando la dinámi-ca de la deuda externa. Por ejemplo, tras la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar inválida parte de su deuda externa, las cali-ficadoras reaccionaron, disparando las califi-caciones de riesgo hasta el nivel de los 4500 puntos (casi tan altos como los observados al inicio de la crisis argentina en 2001).

El control del capital

Las calificadoras de riesgo, más allá de su dis-creción, en realidad desempeñaron un papel clave en regular y controlar los flujos de ca-pital. Operan en más de cien países y evalúan miles de empresas. Si se contaba con su visto bueno, un país o una empresa podía aspirar a recibir inversiones. Cualquier crítica que par-tía de sus oficinas terminaba impactando en re-ducir el ingreso de capitales, y en muchos casos obligaba a que los gobiernos modifiquen sus po-líticas (por ejemplo, reduciendo la cobertura social o aumentando las tasas de interés). Los gobiernos deseaban ser “serios” en su manejo macroeconómico, para así alcanzar la codicia-da calificación de “investment grade”.

El poder simbólico es enorme; recordemos que el presidente de Brasil, Lula da Silva, celebra-ba en abril de 2008 la obtención del grado de inversión afirmando que “traduciendo esto a un lenguaje” que todos entendieran, significa-

Eduardo Gudynas es investigador en CLAES / D3E, un centro de investigación y promoción del desarrollo sostenible. Más informaciones

sobre el riesgo país en www.EconomiaSur.com.

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ba que “Brasil fue declarado un país serio, con políticas serias”, siendo una “conquista del pueblo”, avalando que “pasamos a ser dueños de nuestra nariz y podemos determinar las po-líticas más convenientes”.

La crisis de las calificadoras

A pesar de sus pretensiones de rigurosidad y objetividad, las calificadoras fueron totalmen-te incapaces de predecir los desplomes en el mercado hipotecario y financiero. En Estados Unidos se preguntan si evaluaban con rigurosi-dad o si estaban ocultando la verdadera situa-ción de las hipotecas de baja calidad, cuyo de-rrumbe dio el empujón final a la actual crisis. Por ejemplo, la calificadora Moody’s evaluó la empresa de créditos hipotecarios más grande de EE UU, Countrywide Financial, y a pesar de sus muchos problemas, se suavizaron los análi-sis otorgándole un puntaje alto. Eso permitió que esos paquetes de hipotecas se colaran en los mercados.

En efecto, las calificadoras alentaron la “se-curitización” de las hipotecas (agrupamiento de préstamos individuales en grandes paque-tes para ser vendidos a otros bancos e inverso-res). El complicado sistema era considerado seguro en buena medida por el visto bueno de estas agencias calificadoras. Esos paque-tes, que recibían en el año 2006 las mejores calificaciones (triple A), a inicios de 2008 se desplomaron. El cambio de las calificaciones a la baja se hizo en muchos casos después del desplome, con lo cual quedó en evidencia la incompetencia de los procedimientos de eva-luación, cuyo principal objetivo era alertar con anticipación.

Muchos analistas consideran que la califica-ción se convirtió en un negocio, y entonces aparecieron problemas como las evaluaciones benévolas con grandes clientes, o las denun-cias de empresas que afirmaban que esta-ban siendo calificadas sin haberlo solicitado, y esto era usado como excusa para reclamar una contratación de servicios. Los detalles metodológicos permanecieron en la oscuri-

dad, y los factores subjetivos eran cada vez más importantes. Se imponía la búsqueda de ganancias, ya que estas empresas cobran por sus evaluaciones y además venden sus resul-tados. El negocio es muy fructífero, con már-genes de ganancias operativos en la franja de 50% para Moody’s (superando a las empresas más exitosas de sectores como informática o hidrocarburos).

Una mirada alternativa

Frente a esta situación, el equipo de CLAES D3E está explorando evaluaciones alternati-vas. El punto de partida es abandonar la refe-rencia de las calificadoras tradicionales, don-de se toma como riesgo cero a los bonos del tesoro de Estados Unidos. La escala numérica que usan esas calificadoras expresan las tasas de interés adicionales a las que paga EE.UU., y que se considera necesaria para atraer ca-pitales.

En nuestra concepción alternativa se recha-za esa postura, y se toma como referencia un “riesgo aceptable”. Por ejemplo, se conside-ra la tasa de alfabetización, apuntando a un 98% de alfabetizados, donde se acepta como un riesgo aceptable únicamente un 2% que no accede a la educación. La composición del indicador también es radicalmente diferente. Se incluyen dimensiones sociales, políticas y ambientales ignoradas por las empresas califi-cadoras. Además, en la visión ortodoxa, esos otros aspectos hacen aumentar el riesgo, ya que se interpreta que pueden reducir la ren-tabilidad. En nuestro indicador alternativo, el avance en medidas sociales y ambientales, por el contrario, reduce el riesgo.

El indicador de riesgo país alternativo comen-zó a ser discutido en el Foro Social de las Amé-ricas en Quito (2004). En su primera versión, se encontró que Argentina y Brasil enfrenta-ban un default socio-ambiental. En la última versión del indicador, calculada unos meses atrás por Carolina Villalba, se encontró que ahora son once países los que se encuentran en “default socio-ambiental”. En esa condi-

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25ción están varias naciones centroamericanas y del Caribe (por ejemplo, Rep. Dominicana y Nicaragua, con los peores indicadores), junto a Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú. Si bien Argentina y Brasil mejoraron su situación, nin-gún país registra niveles bajos de riesgo.

Este tipo de ejercicios sirve, por un lado, para poner en evidencia las limitaciones de los

análisis convencionales, y por otro lado, para elaborar nuestras propias agendas de riesgos aceptables y metas del desarrollo. Sea bajo un caso u otro, debe quedar en claro que las calificadoras de riesgo convencionales siguen presentes, incidiendo directamente en la con-formación de la deuda externa y actuando como porteros que controlan los flujos de ca-pital a nivel internacional.

Cambios para establecer relaciones deudores - acreedores ordenadas:

Hacia un Nuevo Orden de la Deuda

Kunibert Raffer

Las relaciones entre deudores y acreedores están experimentando cambios fundamenta-les, como lo ejemplifica la Comisión de Audi-toría de la Deuda de Ecuador. Sin embargo, el cambio empezó antes. Luego de que Argen-tina tuvo que declarar la cesión de pagos, en 2001, de manera unilateral propuso un recor-te sustancial a los tenedores de bonos priva-dos. Una mayoría aceptó. Los acreedores en desacuerdo han intentado, desde entonces, apoderarse de bienes, sin tener mayor éxito. Brasil y Argentina comenzaron la ola de reem-bolsos al Fondo Monetario Internacional (FMI), que sacudió la base económica de éste. En 2005, Nigeria recibió (en palabras del Club de París) un “tratamiento excepcional”, luego de una resolución parlamentaria que repudió las deudas por odiosas e ilegítimas.

El Sur despierta

El actual gobierno de Ecuador encargó la in-vestigación de todos los reclamos por deudas a una comisión de auditoría, cuyo documento final fue presentado recientemente. Por pri-

mera vez, queda claro que la cuestión no es si un deudor puede pagar, sino si debe pagar. De hecho, la revisión de los préstamos no es algo nuevo. Hace más de dos décadas, Costa Rica ahorró casi el 10% de los intereses en mora, mediante la verificación, préstamo por prés-tamo, de los intereses vencidos reclamados por los bancos. En ese entonces, se trataba de comprobar si los cálculos eran correctos; ahora se está verificando la legalidad de los títulos. Este es un cambio monumental. En la actualidad, otros países están considerando seguir el ejemplo de Ecuador. Después de dé-cadas de infructuosa gestión de la deuda bajo imposición de los acreedores -que ha perju-dicado a las economías deudoras, violado el Estado de Derecho y provocado miseria, como el aumento de la mortalidad infantil- hoy el Sur comienza a tomar iniciativas propias.

Los gobiernos del Norte parecen estar relati-vamente indiferentes frente al fracaso de su “gestión de la deuda”. La única excepción es Noruega, un gobierno acreedor cuya actuación enfrenta una férrea resistencia y presión de otros gobiernos acreedores en el Club de París.

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El gobierno noruego ha asumido un papel muy proactivo en los esfuerzos por reducir la carga de la deuda de los países pobres, y para com-probar el estatus jurídico de los reclamos. La anulación unilateral por parte de Noruega de deudas para la exportación de buques, sobre la base de la corresponsabilidad acreedora, fue fuertemente criticada por los gobiernos del Norte, los cuales siempre defienden a la propiedad como sacrosanta, que en el caso de los reclamos, incluye el derecho a renunciar a pagos o a quemar pagarés, con o sin razón. Al parecer, los mismos derechos de propiedad ya no son sagrados cuando se utilizan a favor de los Países del Sur -un triste ejemplo de un do-ble estándar deshonesto. Durante demasiado tiempo, no se consideró necesario verificar la legalidad de los reclamos en contra de esta-dos soberanos. Incluso aquellos reclamos que claramente carecían de base jurídica, fueron tratados como deudas perfectamente legales y legítimas.

Las actuales reacciones de los países del Sur son el resultado de décadas de infructuosa “gestión de la deuda” dominada por los acree-dores, que ha ridiculizado cualquier noción de justicia o de Estado de Derecho y no ha podido formular soluciones sostenibles. Estas inicia-tivas no se estarían presentando, si una solu-ción viable y justa se hubiese implementado oportunamente, si a los Países del Sur se les hubiese tratado de acuerdo con los principios fundamentales del derecho, como a cualquier otro deudor. En cierto modo, son un sustituto para procedimientos justos de insolvencia so-berana; intentan reintroducir principios lega-les básicos reconocidos por cualquier sistema jurídico, en las relaciones Norte-Sur, allí don-de, lamentablemente, aún se carece de tales normas mínimas.

Económicamente, las deudas soberanas no son diferentes de otras deudas. Los hechos eco-nómicos se imponen. Lo que no se puede pa-gar debe quedar sin pago. La única cuestión es cómo distribuir las pérdidas. Al respecto, resulta útil examinar el fundamento jurídico de las reclamaciones. Protege a los deudores

y acreedores de buena fe. En cierto modo, estas iniciativas pueden interpretarse como un regreso al punto de partida. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se respetaban prin-cipios jurídicos básicos, que la actual “ges-tión de la deuda” se ha negado a acatar en el caso de los países del Sur. Sin desconocer las ocasionales intervenciones militares, otrora los países del Sur recibieron un trato mucho mejor, como contraparte con derechos, y no sujetos a la arbitrariedad de los acreedores, sin protección de ley alguna. Inclusive la pro-tección y los derechos de los deudores fueron generalmente aceptados. Es así que –en el caso de Costa Rica– Taft, Juez en Jefe de la Corte Suprema de los EE.UU., sostuvo, como único árbitro, que el Royal Bank of Canadá “sabía” o tenía que saber que el dictador se metería el préstamo al bolsillo. Por lo tanto, no se podía esperar que Costa Rica pague la deuda. El juez aplicó simplemente las normas generales del derecho contractual, un com-portamiento que fue considerado claramente como normal, como siempre ha sido el caso en cualquier jurisdicción, y lo sigue siendo, aunque se vuelve impensable para los acree-dores oficiales cuando se trata de los países del Sur. Antes de 1945, tales países no tenían que acatar contratos realizados por alguien sin la debida autorización, los llamados con-tratos ultra vires; sin embargo, los gobiernos del Norte y las instituciones multilaterales que ellos controlan han obligado a los países del Sur a “honrar” también tales “deudas”, incluidas deudas privadas ya en mora, “garan-tizadas retroactivamente” por los gobiernos, bajo presión. El Club de París y las institucio-nes financieras internacionales (IFIs) destru-yeron el Estado de Derecho y suprimieron el respeto de los derechos humanos, al crear una nueva clase específica de deudores –los países del Sur y sus pueblos- para los cuales los más elementales principios jurídicos, económicos y humanitarios fueron anulados.

Dobles estándares

Curiosamente, si bien señala el grave defecto de la actual gestión de la deuda, según el cual

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los acreedores actúan como jueces y no como partes, la Comisión de Auditoría de Ecuador no abordó este punto seriamente. Este pilar de la injusticia y de los dobles estándares mundia-les (que personas más críticas que yo podrían incluso calificar de apartheid mundial) perma-nece milagrosamente intacto. Muchas de las propuestas que, cuando las formulé en la déca-da de los ‘801 fueron consideradas tontamente “utópicas”, hoy son vistas como algo normal; sin embargo, esta piedra angular del desorden legal sigue básicamente sin ser cuestionada. La PPAE II (la iniciativa a favor de los países po-bres altamente endeudados) incorporó la idea de protección del deudor. La transparencia y el debate abierto sobre las estrategias de reduc-ción de la deuda se han convertido en práctica corriente; de hecho, de acuerdo a una publica-ción de la BIRF (Banco Internacional de Recons-trucción y Fomento), fueron las organizaciones no gubernamentales que llevaron la batalla desde los pasillos del poder hacia la arena política. Los afectados tienen ahora voz, un derecho de facto a ser oídos, lo cual sin duda supera lo que yo había imaginado siquiera en sueños en 1987, cuando lo formulé. En 2003, el Departamento de Evaluación de Operaciones reconoció “el papel clave desempeñado por la comunidad de ONGs internacionales” para me-jorar el marco del PPAE, y que sus “sugeren-cias y aportes han ayudado a formular nuevas ideas: desde cuestiones de procedimiento, a la introducción del concepto de la estrategia par-ticipativa de reducción de la pobreza, y hasta aspectos técnicos, como la adecuación poste-rior de umbrales de sostenibilidad”.2 En otras palabras, las reducciones y renegociaciones de la deuda se han convertido en ejercicios públi-cos, ya no ocultos bajo el manto del secreto y a puertas cerradas.

A pesar de la discusión sobre la ilegitimidad y la odiosidad, y de las numerosas propuestas de reformas de las instituciones de Bretton Woods, existe un caso claro de deuda comple-tamente ilegal e indefendible que parece ha-ber escapado en gran medida a la atención de las ONGs: son las graves y rutinarias infraccio-nes por parte de las instituciones financieras

internacionales (IFIs) de sus propios estatutos, que han ocasionado considerables perjuicios en los países del Sur. Es imposible decir por qué las deudas procedentes de obvios abusos ilegí-timos e ilegales prácticamente no se discuten. Estos daños a los países del Sur resultan de la violación abierta de los deberes estatutarios y de grave negligencia (en ocasiones incluso uno estaría tentado a hablar de daños infligidos in-tencionalmente). En comparación con estos daños y perjuicios, las cantidades obtenidas por los llamados “buitres” que atraen tanta atención, no pasan de ser bagatelas. Uno de los enigmas de las campañas de la deuda sigue siendo el por qué las IFIs y los gobiernos de la OCDE que los controlan se libran tan fácilmen-te de la crítica.

Las iniciativas como la de Ecuador demuestran que terminó la época en la que cualquier recla-mo debía simplemente ser servido, sin hacer preguntas; cuando las deudas eran deudas sin más calificación. Esta evolución es muy positi-va, bienvenida y necesaria. Pero queda corta. Mientras se siga permitiendo a los acreedores ser jueces en su propia causa, mientras las IFIs continúen violando impunemente sus propios estatutos en lo que se refiere a los derechos de los países del Sur, y que se les permita la falsa pretensión de ser acreedores preferi-dos, ningún orden de la deuda apropiado ni decente será posible. Los principios básicos de cualquier relación acreedor-deudor deben finalmente ser aplicados también a los países del Sur. Hasta entonces, un verdadero cambio no se producirá. Seguirán los dobles estánda-res, y los más pobres pagarán el precio.

Insolvencia soberana

El cambio necesario y suficiente en las rela-

1 Ver, por ejemplo, Raffer, Kunibert (1990) “Ap-plying Chapter 9 Insolvency to International Debts: An Economi¬cally Efficient Solution with a Human Face”, World Development, vol.18, n.2, pp. 301ff

2 Gautam, Madhur (2003) Debt Relief for the Poor-est, An OED Review of the HIPC Initiative, IBRD, OED, http://www.worldbank.org/oed, p 15.

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ciones Norte-Sur de la deuda sigue siendo la aplicación de un marco de insolvencia. Cual-quier otro deudor tiene el derecho a obtener el alivio de la deuda siempre que sea incapaz de pagar todos los reclamos o que sólo pueda hacerlo a costa de una gran miseria humana y de violar la dignidad humana. Lo que no se puede hacer a ningún deudor, se impone a los países del Sur: forzarlos a dejar morir de hambre a sus niños, o a reducir la atención primaria de salud, a fin de pagar (más) a los acreedores. Este desprecio de la dignidad hu-mana debe ser detenido.

Si las deudas claramente ilegales dejaran de acosar indebidamente a los deudores, si los principios del derecho de daños se apli-caran, para reducir en particular las deudas multilaterales, si se utilizara mi modelo de insolvencia soberana como la solución al so-breendeudamiento soberano, tanto deudores como acreedores de buena fe estarían en una posición sensiblemente mejor que la actual. La identificación de los reclamos indebidos y su manejo adecuado haría mucho más fá-cil encontrar soluciones. La abolición de los injustificados privilegios de facto de aquellos acreedores oficiales que contribuyeron sus-tancialmente a empeorar las crisis debe ser parte integral de un resultado aceptable y sostenible. Deben eliminarse aquellos reclamos multilaterales cuya misma existencia viola principios jurídicos bá-sicos. Una vez abolida la discriminación indebida de los países en desarrollo y de los acreedores de buena fe, los meca-nismos económicos reinstalados podrían de nuevo tener la posibilidad de desem-peñar su papel útil.

Tenemos que corregir el problema real, no sus síntomas. La discusión de la ile-

gitimidad debe centrarse en los evidentes e injustificados dobles estándares, en particu-lar, en los daños infligidos ilegalmente y de forma ilegítima por las instituciones financie-ras internacionales (IFIs), que en comparación hacen palidecer los pagos obtenidos por hold-outs (o “buitres”). Puesto que tomará tiempo elaborar y establecer la odiosidad o la ilegiti-midad como términos jurídicos, se debe con-templar una solución más rápida. Ésta sería el trato en términos de igualdad de todos los deudores, independientemente de su ubica-ción geográfica, así como la aplicación de los estatutos de las IFIs. Abogar por esta solución a corto plazo no significa que se deba descui-dar las perspectivas a largo plazo. Por el con-trario, una vez que estos cambios se apliquen, será más fácil trabajar en la codificación de un marco jurídico de las relaciones financieras internacionales, como lo han propuesto Acosta y Ugarteche3, y el perfeccionamiento de con-ceptos tales como la odiosidad o ilegitimidad, a la brevedad, restablecer el Estado de Dere-cho en las relaciones Norte-Sur. (Traducción ALAI).

Kunibert Raffer es Profesor de Economía a la Universidad de Viena, Austria. Más sobre sus

ideas se halla en su página web: http://homepage.univie.ac.at/kunibert.

raffer/net.html

3 Acosta, Alberto & Oscar Ugarteche (2003) “A favor de un tribunal internacional de arbitraje de deuda soberana (TIADS),” www.fesur.org.uy/archivos/file/TIADS%20Ugarteche%20y%20Acosta%206%5B1%5D.rtf (accessed 22/09/08).