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“No somos ciudadanos, porque antes ni siquiera somos habitantes, ya que no tenemos hábitat adecuado” Lalo, líder de Identidad Vecinal, asentamiento San Cayetano, La Matanza – Buenos Aires.

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3

SUMARIO

1. Introducción:¿Por qué un manual para abordar el fenómenode los asentamientos informales? ............................................................... 4

2. Presentación: Discriminación en asentamientos informalesde Argentina .................................................................................................. 8

3. Herramientas para la cobertura de la situación de losasentamientos .............................................................................................14

4. Aspectos multidimensionales de la pobreza ........................................18

5. Glosario para el correcto tratamiento periodístico de losasentamientos informales en los medios de comunicación .....................21

6. Marco normativo ....................................................................................24

7. Calendario para periodistas ..................................................................29

8. Bibliografía, artículos, links de interés .................................................31

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1. INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ RECOMENDAMOS HERRAMIENTAS PARA ABORDAR EL FENÓMENO DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES?

5

Uno de los aspectos fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y sin pobreza, es el reconocimien-to, protección y reivindicación de los derechos humanos de las personas que viven en los asentamientos informales, por parte del Estado y la sociedad civil.

Los medios masivos de comuni-cación y las noticias pueden ser he- rramientas de interés público que, a la vez, enseñen, promuevan y defiendan estos derechos. Animados por el deseo de enriquecer el debate público sobre los asentamientos en nuestro país y la situación de pobreza en la que vi- ven miles de familias allí, presentamos esta iniciativa colectiva para construir y reflexionar, consensuando con líderes de opinión, académicos, organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores

del Estado, recomendaciones para el abordaje periodístico, que esperamos, puedan traducirse en la misma línea en la toma de decisiones en las esferas so-ciales, políticas, económicas. Esto des-de ya, implica asumir nuevos desafíos desde los medios.

Esta propuesta, está destinada a pe- riodistas y profesionales de la comu-nicación. Están realizados con el rigor conceptual del equipo de Comunica-ciones de TECHO en Argentina, basados en trabajos e investigaciones propias, así como de expertos en la temática de los asentamientos, académicos y otras organizaciones de la sociedad civil y Estado que abordan la problemática de la estigmatización hacia personas que residen en asentamientos informales y la repercusión que ello conlleva en el ejercicio de sus derechos.

INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ UN MANUALPARA ABORDAR EL FENÓMENO DELOS ASENTAMIENTOS INFORMALES?

1.

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EL ROL DEL PERIODISMO Y SU CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN DE OPINIÓN PÚBLICA

Las asociaciones del tipo -villas/delincuencia, asentamientos/ilegali-dad, vecinos/oportunistas por nombrar algunas- en las que muchos medios incurren frecuentemente, conducen a la estigmatización y la consecuente producción de imaginarios sociales que suelen estar atravesados por la discriminación. Estos preconceptos cri- minalizan la presencia de asentamien-tos y a sus habitantes, así como la situ-ación de pobreza en la que viven.

Según Stella Martini1, “El imaginario social opera en la construcción de la opinión pública. La opinión pública es la voz que se expresa en los espacios pú-blicos y que está basada en juicios com-partidos, aunque no necesariamente opiniones teóricas, compartidas por una parte considerable de la población, no determinada individualmente. Al ser públicamente manifestada se convierte en un hecho independiente de la opi-nión que se expresa en un reducido cír-culo de personas”

El imaginario, resulta una imagen cristalizada del pensamiento que se produce en una sociedad determinada en un momento dado de la historia. Si bien los imaginarios no son directa-mente aprehensibles ni cuantificables ni medibles, su presencia puede ras-trearse en los discursos sociales. En este sentido, los medios masivos de comunicación como constructores de opinión pública, pueden producir ima- ginarios que criminalizan la pobreza y la formación de asentamientos, por ejemplo, al denominarlos en muchas

1 Martini, Stella (2003): “La sociedad y sus imaginarios”. Buenos Aires, Documento de la Cátedra, Universidad de Buenos Aires (versión original 2002).

ocasiones, arbitrariamente, como “ile-gales”, sin interpretación de un juez competente, desentendiendo o dejando de lado procesos como la exclusión a la ciudad formal y al hábitat adecuado que sufren miles de familias en nuestro país.

7

Siguiendo esta línea, entendemos también que la información actual que se utiliza como fuente sobre la pro- blemática es insuficiente, quedando casi siempre relegadas las voces de los vecinos, reforzando así la construcción de un imaginario que condena a los sectores más vulnerables a la ilegali-dad y la estigmatización.

Es necesario comprender la coyuntu-ra local de los asentamientos y sus ca- racterísticas, en el marco de una pro- blemática que además, es nacional. Allí habitan ciudadanos y ciudadanas cuyos derechos son vulnerados sistemática-mente, detalle que suele omitirse, así como sus trayectorias de vida, marca-das generalmente por la falta de ac-ceso al mercado inmobiliario formal, créditos accesibles, empleo formal y la fuerte especulación del suelo.

Por otro lado, sostenemos la necesi-dad de consensuar definiciones e in-

cidir en el diseño de una nueva agenda mediática, concentrada en poner los asentamientos como prioridad, en-tendiéndolos como una problemática compleja en donde es necesario recu-perar las voces de los vecinos que allí habitan, así como también de especia- listas en temáticas de hábitat y pobre-za, organizaciones de la sociedad civil, universidades y gobiernos, entre otros, pero fundamentalmente, abordándolo desde una perspectiva de derechos.

Nos guía la certeza que existe un conjunto de aspectos y temáticas que pueden ser objeto de dudas, preguntas y estereotipos que valen la pena despe-jar. Con el objeto de contribuir a la re-flexión crítica desde la presentación y tratamiento de noticias y en pos de generar una sociedad más inclusiva, los invitamos a recomendar, proponer y reflexionar en esta primera instancia de trabajo.

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2. PRESENTACIÓN: DISCRIMINACIÓN EN ASENTAMIENTOS INFORMALES DE ARGENTINA

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Desde TECHO entendemos que vi-vir en un asentamiento es una forma de discriminación en sí misma, pues los asentamientos se encuentran se- parados del resto de la sociedad y son denigrados a partir de varios criterios, algunos de los que puntualizamos en estas líneas.

En el continente más desigual del mundo, en términos de ingresos2, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el crecimien-to preferentemente urbano ubica den-tro de los asentamientos, a quienes no pueden acceder formalmente a la ciu-dad. Ya sea por migración rural-urba-na, imposibilidad de acceder a políticas públicas o la inexistencia de estas, por nombrar algunos ejemplos, parte de la población queda relegada a estos espa-cios. Resultado:

El 32% de los latinoamericanos vive en asentamientos informales.

Habitan en viviendas de materialidad precaria con infraestructura y servicios inadecuados, tenencia irregular de la tierra y en hacinamiento crítico. En Ar-gentina, hay al menos 500.000 familias

que viven en 1.834 asentamientos in-formales, según datos generados por el Centro de Investigación Social de TE-CHO3. Dicho informe fue realizado en el territorio en donde habita el 60% de la población Argentina (Provincias de Bue-nos Aires y Córdoba, Gran Rosario, Gran Posadas, las cuatros ciudades más importantes de Salta y el Alto Valle de Neuquén-Río Negro). Del resto del país no existe información oficial disponible respecto de la cantidad de asentamien-tos y familias viviendo en ellos. Según el Dr. Bernardo Kliksberg, considerado un referente en pobreza y padre de la gerencia social, en la mayor parte de los países de Latinoamérica, más del 80% dice que hay personas discriminadas4: “Aparecen como los más discriminados en primer lugar, según estas percep-ciones, los pobres, seguido por los in-dígenas”.

En esta misma línea, según el último informe de Desarrollo Humano5, los que viven en la extrema pobreza y la privación se encuentran entre los más vulnerables: “Las personas que son estructuralmente vulnerables pueden ser tan capaces como las demás, pero quizás sigan teniendo que afrontar barreras adicionales para superar las condiciones adversas”.

PRESENTACIÓN:DISCRIMINACIÓN EN ASENTAMIENTOSINFORMALES DE ARGENTINA

2.

2 CEPAL. Panorama Social de América Latina. [Documento en línea]. 2013. [Consulta: 4-11-2014] http://www.cepal.org/publicaciones/xml/9/51769/panoramasocial2013docinf.pdf 3 Para conocer los asentamientos informales de Argentina, ver www.mapaasentamientos.com.ar 4 Kliksberg, Bernardo. Escándalos Éticos. Buenos Aires: TEMAS, 2012.5 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe sobre Desarrollo Humano 2014. Sostener el Progreso Humano: reducir vulnerabilidades y construir resiliencia. [Documento en línea]. 2014: Communications Development Incorporated. [Washington, DC]. [Consulta: 29-10-2014] http://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/HDR/2014HDR/HDR-2014-Spanish.pdf

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Según señala dicho informe, todavía hay 2.200 millones de personas vi- viendo en pobreza multidimensional. Eso significa que más del 15 por ciento de la población del mundo sigue siendo vulnerable a la pobreza multidimensio- nal6, esto es, sujetos que no alcanzan la plenitud de su desarrollo producto de la vulneración sistemática de sus dere-chos.

Existen varios mecanismos que ge- neran esta discriminación: invisibili-zación, discriminación urbana, falta de acceso a los servicios básicos, inequi-dad en el acceso a la salud, educación y justicia, la discriminación de nacionali-dad y quizás la más profunda, la estig-matización de las familias que enfren-tan la situación de pobreza multidimensional que implica vivir en un asentamiento.

LOS CIUDADANOS INVISIBLES

El punto de partida de la discrimi-nación de las personas que habitan en asentamientos informales es que casi “no existen” para el resto de la socie-dad. Los barrios no figuran en los regis-tros oficiales y en las guías ciudadanas y turísticas figuran en muchas ocasiones como espacios verdes. La mayoría de los habitantes de los asentamientos no tienen dirección postal, lo que les difi-culta muchas cosas, tan sencillas como recibir el resumen de un pago; la noti-ficación de un banco o de la justicia o el poder ponerlo en un currículum para ser entrevistado por un profesional en el examen psicoambiental.

Según UNICEF, uno de cada seis niños en América Latina “no existe” para la sociedad, ya que no fue inscripto en el registro civil. Según datos propios de las familias con las que TECHO tra-baja, alrededor del 12% de las perso-nas7, carece de documento de identi-dad. Son ciudadanos y ciudadanas que pasan por la vida sin que la sociedad se haya enterado jamás que nacieron ni qué fue de ellos. Están condenados a vivir al margen. Los niños indocu-mentados no se pueden inscribir en la escuela, difícilmente podrán acceder a un trabajo formal, con todo lo que esto implica. Tampoco podrán abrir cuentas bancarias ni tener títulos de propiedad, no podrán votar ni casarse y finalmente, tampoco podrán inscribir a sus hijos en el Registro Civil.

En el catastro municipal no figuramos como barrio. Pero nosotros

no somos un espacio verde, somos un barrio.

Norma, vecina del asentamientoAvenida Argentina, Río Cuarto

6 Ver sección pobreza multidimensional7 Fuente: Centro de Investigación Social (CIS) de TECHO Argentina

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LOS “VAGOS Y CHORROS”

En sociología, el estigma es una condi-ción, atributo, rasgo o comportamiento que hace que su portador sea incluido en una categoría social hacia cuyosmiembros se genera una respuesta negativa y se les ve como cultural-mente inaceptables o inferiores.

Del primer prejuicio falaz habla fre-cuentemente Kliksberg. Él lo llama la “gran coartada”, ya que entiende que es el mejor justificativo para no sentirse responsable. El argumento es que los pobres carecen de ambiciones, no se esfuerzan y no estudian. La pobreza así sería un tema de responsabilidad indi-vidual.

Kliksberg afirma que es inconcebible sostener que son malas decisiones in-dividuales en lugar de graves insuficien-cias estructurales, sobre todo cuando se observa que la mitad de la humanidad vive en situación de pobreza o cuando surge el dato de que 1.200 millones de personas no acceden al agua potable y 2.000 carecen de electricidad. Una evidencia inobjetable es reconocer que existen muchos ejemplos de países que lograron superar la pobreza.

Otro prejuicio frecuente es señalar a las personas que habitan en asenta-mientos como los “culpables de la in-seguridad”. Esto es reconocido como un fenómeno social y es estudiado por varios académicos, como la filósofa e investigadora Roxana Kreimer8, quien señala:

“La desigualdad vuelve mucho más probable la violencia social, pero se tra-ta de una relación probabilística vincu-lada con otras variables que inciden en menor proporción. De otra manera se podría cometer el error de afirmar que todos los pobres son delincuentes.

La desigualdad no genera por sí sola el delito, pero acentúa sus condiciones de posibilidad mediante el debilitamien-to familiar, la pérdida de lazos comu-nitarios y el atractivo de un camino trasgresor para acceder a los bienes que la sociedad promueve pero escati-ma. Es el factor que más correlaciona con la inseguridad porque las socie-dades que se pretenden democráticas plantean en lo formal las mismas me-tas para todos, pero en la práctica sólo algunos las pueden alcanzar”.

Los medios de comunicación, pueden llegar, a través de diversas

estrategias de narración y ficcionalización, a construir a las personas viviendo en

situación de pobreza, a los excluidos del sistema, como “caóticos, amenazantes y

peligrosos”9.

8 Kreimer, Roxana, “Violencia social, de la mano de la desigualdad”, Clarin.com, 10/05/2011, Opinión. Disponible en http://www.clarin.com/opinion/Violencia-social-mano-desigual-dad_0_478152260.html 9Arzeno, Federico y Contursi, Eugenia, “Policías en acción: género y representaciones de la vio-lencia”, Question, N°22 (2009).

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Lamentablemente, sobran ejemplos cotidianos y que también vemos por fuera de los medios, de este tipo de estigmatización hacia los asentamien-tos. Quizás el más ilustrativo es el de los GPS que los caracterizan como “zo-nas peligrosas” cuando uno se acerca a ellos. INADI, en esta línea, comenta en un informe10:

“Las personas en situación de pobreza deben trabajar para mejorar sus condi-ciones de vida en contextos económi-cos y sociales desfavorables. Al mismo tiempo, atraviesan constantes situa-ciones de discriminación a causa de es-tereotipos que recaen sobre ellas, como aquel que asocia la condición de pobre-za con la de ser delincuentes, ladrones/as. O el ser vistos como objeto de siste-mas clientelares que les imponen los políticos, sin poseer capacidad crítica ni resolutiva frente a los mismos”

El caso prototípico de la estigma-tización de la pobreza es el que la aso-cia a la delincuencia. El prejuicio más común, construido y utilizado de mane-ra recurrente por los medios de comu-nicación, es que las personas en situ-ación de pobreza salen a robar desde asentamientos, villas o barrios popu-lares y que esto se vincula directamente con los crímenes y homicidios ligados a la idea de “inseguridad”. “La violencia

y el delito, entonces, aparecen como intrínsecos a los sectores más pobres de la sociedad, a los que se construye como otros exóticos y lejanos”11.

Otro punto que alimenta el estigma de que quienes viven en asentamientos no se esfuerzan, es que en sus apariciones en medios se ven constantemente re- lacionadas a espacios de crónica roja o como entes receptores de “ayuda” de parte de los gobiernos u organi-zaciones. No se visibiliza a menudo el trabajo que están haciendo por superar su situación, mientras se le da espacio a noticias que los relegan como espec- tadores del acontecer nacional.

Las personas en situación de pobreza deben trabajar para mejorar sus condiciones de vida en contex-tos económicos y sociales desfavo- rables. Al mismo tiempo, atraviesan constantes situaciones de discrimi-nación a causa de estereotipos que recaen sobre ellas, como aquel que asocia la condición de pobreza con la de ser delincuentes, ladrones/as. O el ser vistos como objeto de sistemas clientelares que les im-ponen los políticos, sin poseer ca-pacidad crítica ni resolutiva frente a los mismos.

10 INADI. Buenas Prácticas en la Comunicación Pública. 201311 Arzeno, Federico y Contursi, Eugenia (ob.cit)

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Las familias de los asentamientos no solo viven excluidas, sin acceso a los servicios básicos, sin seguridad en la tenencia de la tierra, más otras aristas de la pobreza como el trabajo informal, malnutrición, deficiente acceso a la ed-ucación, justicia, salud, violencia social, institucional, trata de personas o trá- fico de drogas, por mencionar algunas. También deben cargar a estas vulne-raciones de derechos humanos, con los prejuicios de la otra parte de la socie-dad.

Para revertir esta injusta percepción social, lo primero es hacer públicas y visibles estas historias de trabajo in-cansable por sobrevivir y mejorar su

calidad de vida a base de esfuerzo de la inmensa mayoría de las familias de los asentamientos. Aquí es donde las orga-nizaciones que trabajamos en los ba- rrios tenemos mucha responsabilidad. También los constructores de opinión y los medios de comunicación.

A su vez, también podemos decir que no hacerlo provoca una escasa pon-deración de los habitantes de asenta-mientos como ciudadanos, restándole instancias en las que puedan “levantar su voz”. Aquellas sociedades menos participativas van de la mano de entor-nos más desiguales, condición que no solo afecta a Argentina, sino a toda la región.

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15

HERRAMIENTAS PARALA COBERTURA DE LA SITUACIÓN DELOS ASENTAMIENTOS

3.

A partir de lo desarrollado ante-riormente y motivados por la preocu-pación que nos genera el tratamiento de los medios sobre los asentamientos y la pobreza, es que partimos de estas recomendaciones.

Cada nota sobre la situación de los asentamientos informales debe te- ner un análisis amplio, que contemple aspectos jurídicos, sociales, políticos, económicos, y/o de salud. Esto con-tribuye a que la noticia proporcione una visión integral, transversal, mejorando la comprensión, a fin de dejar en cla-ro que no se trata de una situación que las personas eligen, sino más bien, es la presencia de un derecho vulnerado, como por ejemplo, el acceso a la vi- vienda.

Es recomendable en este sentido, uti-lizar información exacta, fuentes confi-ables y variables, desde vecinos de los barrios hasta organizaciones que traba-jan con la temática del hábitat como por ejemplo la Asociación Civil por la Igual-dad y la Justicia (ACIJ), Asamblea Per-manente por los Derechos Humanos (APDH), Habitar Argentina; estadísticas como los que suele presentar la Revis-ta Humanum; informes realizados por organismos públicos o internaciona-les como CEPAL, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); centros de investigación como Gino Germani de la Facultad de Cien-cias Sociales de la Universidad de Bue-nos Aires, Instituto del Conurbano de la Universidad General Sarmiento, Obser-vatorio Urbano de la Universidad Nacio-nal de Córdoba, Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda de la Uni-versidad Torcuato Di Tella, Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y legislación como por ejemplo, la Ley 14.449 de Acceso justo al Hábitat de la Provincia de Bue-

A. Contextualice

B. Diversifique

nos Aires; Derecho de Acceso a la Vivi-enda Digna, reconocido dentro del Artí-culo 14bis de la Constitución Nacional; tratados con jerarquía constitucional que reconocen el Derecho de Acceso a la Vivienda Digna como el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos So-ciales, Económicos y Culturales; el artí-culo 21 del Pacto de San José de Costa Rica (a través del reconocimiento del interés social de la propiedad privada), el artículo 3 inciso m de la Ley de Ser-vicios de Comunicación audiovisual que prevee la promoción, protección y sal-vaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igual-itario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual entre otros.

Por último, aproveche las redes socia-les que utilizan las comunidades orga-nizadas para saber más sobre el tema.

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En noticias que involucren a una fami- lia particular, a un conjunto de familias (por ejemplo en una toma de terrenos reciente o desalojos) o a una perso-na particular, evite enfatizar aspectos como su nacionalidad, lugar en donde vive, condición económica, social o le-gal sino aportan a la noticia. Ante todo, debe respetarse la intimidad y la vida privada.

Las voces de los vecinos de los asen-tamientos, respetando el trato desde la identidad de la persona en las no-ticias. Por lo general, la identificación de quienes viven en asentamientos es “Doña Juana”, la “vecina Rosa”, mien-tras que la de otras fuentes desta-ca su nombre y apellido, ocupación o edad.

La caracterización “pobre” al refe-rirse a una persona que vive en situación de pobreza. Es excluyente y evita la in-terpretación de que no es una condición permanente y por tanto, transformable.

Historias que representen la lucha y el trabajo que miles de personas rea- lizan en procesos de autogestión y de-sarrollo comunitario para mejorar sus barrios y su calidad de vida. En general, se le da espacio a noticias que los re- legan como espectadores del acontecer nacional invisibilizando su rol activo.

Las leyes que protegen el derecho humano a la vivienda.

C. Evite D. Incluya

E. Destierre

G. Difunda

F. Comparta

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El término “asentamiento ilegal”. En su lugar, hable de asentamiento infor-mal. Al caracterizarlo como ilegal, se asume la comisión de un delito. La ile-galidad en todo caso, se encuentra en la violación del derecho a la vivienda que supone nuestra Constitución Nacional y Tratados Internacionales. Informal en cambio, da cuenta de la inaccesibilidad a los servicios básicos formales, segu-ridad en la tenencia, entre otras cosas.

H. Erradique

La información y recorra los asenta-mientos de manera presencial para ampliar sus fuentes y conocer otras his-torias y puntos de vista. Pueden servir para diversificar y generar nuevos con-tenidos y contextualizar las noticias.

I. Profundice

El uso del lenguaje policial para na-rrar historias de las personas que viven en asentamientos. Puede resultar dis-criminatorio y encierra la idea de ile-galidad. En este sentido, evite guiar la noticia sobre sus propios prejuicios.

Por último, para las ediciones on-line, sugerimos vincular las noticias a artículos relacionados que puedan profundizar su versión, muchas veces editada rápidamente por los tiempos que demanda la web.

J. Evite

K. Relacione

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ASPECTOSMULTIDIMENSIONALESDE LA POBREZA

4.

TECHO entiende a la pobreza como una situación vinculada a la vulneración de derechos sociales, económicos, políticos, culturales y civiles de las per-sonas. En este sentido, desde una visión estructural y multidimensional.

La precariedad de la vivienda, la falta de servicios básicos, el restringido ac-ceso a la educación y salud de calidad, la mala alimentación, la informalidad laboral, la inequidad en el acceso al suelo urbano y la justicia, son algunas de las principales características de la pobreza. Siendo un proceso heterogé-neo y que impacta de forma distinta

según cada región y comunidad, por tanto, debe ser abordada desde un en-foque multidisciplinario.

Además, es importante destacar que la pobreza es una problemática que ex-cede al factor económico, aunque es claro lo determinante que esto puede ser para muchas familias que se ven imposibilitadas de una adecuada ali-mentación por falta de dinero.

La desigualdad es constructor depobreza.

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MEDIR LA POBREZA

Según cómo midamos la situación de pobreza, estaremos haciendo explícita nuestra mirada de la misma – causas, consecuencias, posibles soluciones-. Aquellas mediciones basadas en el in-greso, dan cuenta de una mirada de po-breza desde el costo de adquirir una ca-nasta básica de bienes y servicios. Más allá de que son mediciones frecuente-mente utilizadas por los gobiernos, in-stituciones académicas y medios de co-municación, que por su bajo costo y fácil implementación permiten tener una evolución actualizada de la pobreza; sin duda dista de ser un indicador que nos diga mucho de la situación de pobreza de una sociedad ya que no está vincu-lado a una mirada multidimensional y sobretodo, que considera al ingreso familiar como factor determinante de una situación mucho más compleja y estructural que un aumento de los in-gresos. Un claro ejemplo de esto es que en muchos países aún cuando experi-mentan un gran crecimiento económico que “saca” mucha gente de la pobreza, en términos de “línea de ingresos”, la vulneración de los derechos vincula-dos al hábitat, el acceso a la justicia y a la salud y educación de calidad, entre otros, pueden seguir perpetuándose e incluso profundizarse, llevando a gene-rarse aún mayor desigualdad, exclusión y marginalidad en la población. Adicio-nalmente, al ser la forma de medición más frecuente y popularmente conoci-da, genera una percepción que solo con dinero se puede superar la pobreza de un país, y que por consiguiente, dificulta visibilizar y considerar políticas públi-cas vinculadas a atacar las cuestiones más estructurales y poco visibles.

En este sentido, desde TECHO cree-mos que es fundamental la utilización y la elaboración de varios índices vincula-

dos a la vulneración de derechos -tales como el Índice de Desarrollo Humano- y que consideren la trayectoria en el ac-ceso a las oportunidades y la cohesión social. Por ejemplo, la confección de un mapa de barrios informales vulnera-bles, y su actualización periódica, nos permite comprender con mayor facili-dad los avances o retrocesos en térmi-nos de hábitat y por consiguiente el fuerte impacto que tiene el mismo en las condiciones de vida de las comu-nidades más vulnerables. Indicadores vinculados a la calidad de la enseñan-za, la salud, el acceso a la tierra y la justicia, deben ser dimensiones fun-damentales a la hora de considerar la evolución de la situación de pobreza en una sociedad.

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GLOSARIO5.

A. Asentamientos: Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de vivien-das, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, buscan mantener la trama urbana como con-tinuidad del tejido de la ciudad formal. Éstos fueron conformados a través de diversas estrategias de ocupación del suelo, presentan un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situ-ación dominial irregular en la tenencia del suelo.

I. Asentamiento informal

II. Definición operativa: Un conjunto de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni cuenta con acce-so regular a al menos dos de los servi-cios básicos: red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domi-ciliario y/o red cloacal.

III. Definición conceptual: Los asenta-mientos informales se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de vivien-das, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, buscan mantener la trama urbana como con-tinuidad del tejido de la ciudad formal. Éstos fueron conformados a través de diversas estrategias de ocupación del suelo, presentan un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una si- tuación dominial irregular en la tenen-cia del suelo.

B. Derecho a la ciudad: Amplía el tradi-cional enfoque sobre la mejora de la calidad de vida de las personas centra-da en la vivienda y el barrio hasta abar-car la calidad de vida a escala de ciudad y su entorno rural.

C. Hábitat adecuado12:

1. Seguridad en la tenencia. Garanti-zando protección legal contra amenazas

2. Disponibilidad de servicios e infrae-structura. Agua, luz, cloacas, alumbra-do, drenaje, recolección de basura, ser-vicios de emergencia.

3. Gastos soportables. Que no impida el logro y satisfacción de otras necesi-dades básicas como alimentación, edu-cación, recreación

4. Habitable. Espacio adecuado y pro-tección contra el clima.

5. Asequible. Para todos los grupos familiares

6. Localización. Cercana a trabajo, centros de salud, escuelas, servicios sociales. No debe construirse en lug-ares contaminados ni en la proximidad inmediata que amenace la salud de los habitantes.

7. Adecuación cultural.

12 Fuente: ONU - Pacto de derechos económicos, sociales y culturales en su observación general nro. 4, desde 1994 tiene rango constitucional en nuestro país.

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D. Relevamiento de Asentamientos In-formales: estudio realizado por TECHO comprende la caracterización, georre- ferenciación y localización de los asen-tamientos informales de la Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Córdoba, el Gran Rosario, el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, el departamento Capital de la Provincia de Misiones, y parte de la Provincia de Salta (Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal).

E. Servicios Urbanos Básicos: Red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y red cloacal.

F. Toma: No es una terminología jurídi-ca. Es el “lunfardo” de ocupación.

G. Usurpación: es un delito penal, tipifi-cado en el artículo 181 de nuestro Códi-go Penal. Dado que en Argentina pre-valece la presunción de inocencia, salvo que un juez lo dicte, es erróneo decir que alguien es “usurpador” porque es acusarlo previa sentencia judicial.

H. Villas: Se caracterizan por ser ba- rrios cuyos conjuntos de viviendas, que presentan diferentes grados de pre-cariedad y hacinamiento, conforman una trama urbana irregular, es decir, no son barrios amanzanados. Éstas fueron conformadas a través de diversas es-trategias de ocupación del suelo y se caracterizan por presentar deficiencias en el acceso formal a los servicios bási-cos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo. No cuentan con suficiente infraestructura de ciudad como espacios verdes o de recreación, calles en donde puedan circular au-tomóviles, equipamiento público, para-das de colectivo, entre otros.

Son barrios a las cuales se accede por medio de pasillos estrechos, y tienden a crecer en altura ya que la disponibilidad de suelo es escasa o nula. Presentan una alta densidad poblacional y gen-eralmente se encuentran localizadas cercanas a centros de producción y de consumo, y en terrenos cercanos a vías del ferrocarril y cursos de agua.

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25

MARCONORMATIVO 134.

El derecho a la vivienda adecuada constituye un derecho social fundamen-tal dentro del ordenamiento jurídico internacional. Como tal, se encuentra reconocido en numerosos tratados y convenciones internacionales de dere-chos humanos entre los que se desta-can:

I. la Declaración Universal de Dere-chos Humanos que en el artículo 25, numeral 1°, señala que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecua-do que le asegure, así como a su fami- lia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios so-ciales necesarios (…).”;

II. la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que en el artículo XI establece que “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médi-ca, correspondientes al nivel que per-mitan los recursos públicos y los de la comunidad”;

III. el Pacto Internacional de Dere-chos Económicos, Sociales y Cultura-les (en adelante PIDESC), que señala en su artículo 11 que “Los Estados Partes

en el presente Pacto reconocen el dere-cho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda ade- cuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre con-sentimiento”;

IV. la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 26 establece que “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especial-mente económica y técnica, para lograr progresivamente la que se derivan de las normas económicas, sociales y so-bre educación, ciencia y cultura, con-tenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropia-dos”.

V. El Protocolo Adicional a la Con-vención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” que en su

13 Informe completo en “Derecho a una vivienda digna en Latinoamérica, Análisis normativo y jurispru-dencial”, http://www.trust.org/contentAsset/raw-data/d54c4446-8a0c-4000-b30e-3672a1f52dd0/file

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artículo 11 establece que “Toda persona tiene derecho a vivir en un medio am- biente sano y a contar con servicios pú-blicos básicos”.

VI. la Convención Internacional so-bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que en su artículo 5 establece que “(…) los Esta-dos partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el dere-cho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u ori-gen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: (…) el derecho a la vivienda (…)”; DERE-CHO A UNA VIVIENDA DIGNA EN LATI-NOAMÉRICA 11

VII. la Convención sobre la Eli- minación de todas las Formas de Dis-criminación contra la Mujer que en el artículo 14 señala que “(…) Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discrimi-nación contra la mujer en las zonas ru-rales (…), y en particular le asegurarán el derecho a: (…) h) Gozar de condi-ciones de vida adecuadas, particular-mente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, de transporte y las comunicaciones”;

VIII. la Convención sobre los Dere-chos del Niño que en su artículo 27 es-tablece que: “(…) Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas respon- sables por el niño a dar efectividad a este derecho (el de todo niño a un ni- vel de vida adecuado para su desarro- llo físico, mental, espiritual, moral y

social) y, en caso necesario, proporcio-narán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda (…)”;

IX. la Convención sobre los Dere-chos de las Personas con Discapacidad que en su artículo 28 señala que “Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un ni-vel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la me-jora continua de sus condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejerci-cio de este derecho sin discriminación por motivos de discapacidad (…)”.

X. la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados que en su artículo 21 establece que “En materia de vivienda y en la medida en que esté regida por leyes y reglamentos o sujeta a la fis-calización de las autoridades oficiales, los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren le-galmente en sus territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido ge- neralmente en las mismas circunstan-cias a los extranjeros”; y

XI. la Convención Internacional so-bre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares que en su artículo 43 establece que “Los trabajadores mi-gratorios gozarán de igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: (…) d) El ac-ceso a la vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y la protec-ción contra la explotación en materia de alquileres”

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Cabe destacar la importancia otorga-da por la mayoría de estos tratados a las obligaciones de los Estados Partes para velar por el efectivo cumplimiento de este derecho. El reconocimiento consti-tucional, la regulación dada por leyes, decretos y resoluciones y la creación de organismos y el nombramiento de auto-ridades encargadas del correcto cum-plimiento de las mismas en los países, son un indicio del nivel de compromi-so que cada país presenta respecto del derecho a la vivienda adecuada.

Asimismo, el derecho a la vivienda es bastante más amplio que el solo te-cho. Debemos entonces interpretar el derecho a la vivienda en concordancia con elementos como la seguridad, la iluminación, la infraestructura, acceso a los servicios sociales (ambulancias, policía, bomberos), entre otros. Mayor relevancia toma aún el derecho a la vi- vienda adecuada, pues en cuanto dere-cho humano universal y en virtud de los principios de universalidad e indivisi- bilidad de todos los derechos humanos, éste no debe ser considerado aisla-damente, sino que su interpretación y aplicación debe resultar congruente con el respeto, garantía y satisfacción de otros derechos humanos (Espejo, 2010).

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EL DERECHO A LA VIVIENDA EN ARGENTINA 14

En la Argentina, el derecho a una vivienda digna está contemplado ex-presamente en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma de 1957. Dicho derecho ya había sido receptado con anterioridad, en la reforma del año 1949, que consa-graba el derecho de los trabajadores a disponer de vivienda y el derecho de la ancianidad a un albergue higiénico, pero la misma fue dejada sin efecto. El artí-culo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma del año 1957, establece en su parte pertinente: “(…) El Estado otorgará los beneficios de la se-guridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: (…) la protección inte-gral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica fa-miliar y el acceso a una vivienda digna”. Asimismo, corresponde señalar que ciertos tratados internacionales so-bre derechos humanos ratificados por la Argentina integran el ordenamiento jurídico argentino con jerarquía consti-

tucional en razón de lo dispuesto en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Muchos de esos tratados in-ternacionales reconocen expresamente el derecho a una vivienda digna o ade- cuada.

La República Argentina no tiene una ley que establezca con claridad el al-cance y los contenidos del derecho a una vivienda digna, si bien existen di-versas normas que deben ser interpre-tadas como aplicaciones de la manda constitucional, pues crean programas específicos destinados a vivienda. Entre las últimas disposiciones normativas en la materia a nivel nacional se encuentra la creación de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con la intención de jerarquizar las áreas con competencia en materia de vivienda y establecer una nueva conformación or-ganizativa de los niveles políticos para dar rápida respuesta a las demandas de acceso al hábitat.

13 Continuar leyendo en “Derecho a una vivien-da digna en Latinoamérica, Análisis normativo y jurisprudencial”, http://www.trust.org/con-tentAsset/raw-data/d54c4446-8a0c-4000-b30e-3672a1f52dd0/file

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CALENDARIOPARA PERIODISTAS7.

20 DE FEBRERODía Mundial de la Justicia Social

21 DE MARZODía Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

22 DE MARZODía Mundial del Agua

21 DE MAYODía Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

12 DE JUNIODía Mundial contra el trabajo infantil

11 DE JULIODía Mundial de la Población

9 DE AGOSTODía Internacional de los Pueblos Origi-narios

8 DE SEPTIEMBREDía de la alfabetización

15 DE SEPTIEMBREDía Internacional de la Democracia

21 DE SEPTIEMBREDía Internacional de la paz

2 DE OCTUBREDía internacional de la no violencia

PRIMER LUNES DE OCTUBREDía Mundial del Hábitat

13 DE OCTUBREDía Internacional para la Reducción de los Desastres

17 DE OCTUBREDía Internacional para la Erradicación de la Pobreza

5 DE DICIEMBREDía Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social

10 DE DICIEMBREDía Mundial de los Derechos Humanos

20 DE DICIEMBREDía internacional de la solidaridad hu-mana

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