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c) Instruye al citado Consejo, emita nueva decisión conforme lo resuelto
en este fallo.
GLOSARIO
Coalición: Coalición por un Coahuila Seguro
INE: Instituto Nacional Electoral
NIF: Norma de Información Financiera
PVEM: Partido Verde Ecologista de México
Reglamento de Fiscalización:
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
SIF: Sistema Integral de Fiscalización
Unidad Técnica: Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
1. ANTECEDENTES DEL CASO
1.1. Proceso electoral 2016–2017. El uno de noviembre de dos mil
dieciséis, inició el proceso electoral local para renovar gubernatura,
diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos en el estado de
Coahuila de Zaragoza.
1.2. Periodo de campaña. Del dos de abril al treinta y uno de mayo de
este año, transcurrió la etapa de campaña para elegir los cargos referidos.
1.3. Informes de campaña. A partir del inicio de la etapa de campaña, los
partidos tienen el deber de presentar a la Unidad Técnica, por periodos de
treinta días, informes y la documentación comprobatoria de los ingresos y
gastos de campaña de sus candidaturas.
1.4. Dictamen consolidado y resolución impugnada. El diecisiete de
julio2, el Consejo General del INE aprobó la resolución INE/CG313/2017
respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de
la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos,
correspondientes al proceso electoral local ordinario en el estado de
Coahuila de Zaragoza, en ella sancionó al partido recurrente por omitir
reportar y comprobar diversos gastos.
1.5. Recurso de apelación. Inconforme, el veintiuno de julio siguiente, el
PVEM interpuso recurso de apelación ante el INE. El ocho de agosto, por 2 La sesión extraordinaria en la que se aprobó la resolución se celebró el pasado catorce de julio y concluyó el diecisiete siguiente.
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Conclusión 9, omisión de reportar el gasto por banderas, la producción
de un jingle y la renta de un espectacular por $130,306.76 ciento treinta
mil trescientos seis pesos 76/100 M.N.
Conclusión 10, omisión de reportar el gasto por la pinta de seis bardas, la
renta de doce panorámicos y por la rotulación de un vehículo por
$796,465.96 setecientos noventa y seis mil cuatrocientos sesenta y cinco
pesos 96/100 M.N.
Conclusión 11, omisión de reportar la pinta de una barda por $1,082.72
un mil ochenta y dos pesos 72/100 M.N.
Conclusión 12, omisión de reportar la pinta de bardas, de rotulación de
vehículo y renta de espectaculares por $718,349.51 setecientos dieciocho
mil trescientos cuarenta y nueve pesos 51/100 M.N.
Conclusión 13, omisión de reportar la producción de un spot de radio y
televisión por $23,200.00 veintitrés mil doscientos pesos 00/100 M.N.
Conclusión 13 bis, realizar un prorrateo indebido por la producción de
spots de radio y televisión genéricos que beneficiaron a candidatos a la
gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos postulados por la
Coalición y a los partidos políticos que la integran, por la cantidad de
$69,600.00 sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.
Conclusión 14, omisión de reportar el gasto por propaganda en banderas
y playeras, y por la renta de un equipo de sonido, por $68,052.36 sesenta
y ocho mil cincuenta y dos pesos 36/100 M.N.
Conclusión 20, omisión de reportar la renta de casas de campaña por
$34,668.48 treinta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho pesos 48/100
M.N.
Conclusión 24, omisión de comprobar propaganda en lonas por
$23,055.00 veintitrés mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.
Conclusión 26, omisión de comprobar la renta de espectaculares por
$204,656.58 doscientos cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos
58/100 M.N.
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2. Falta de fundamentación y motivación para determinar el costo
más alto de la matriz de precios en las conclusiones 2, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 20 y 27.
3. Indebida determinación del costo de gastos no reportados en las
conclusiones 2, 9, 14, 20, 30 y 37.
4. Imposición de una doble sanción por la omisión de reportar gastos
por la renta de espectaculares en las conclusiones 10 y 12.
5. Se registró en el SIF la documentación comprobatoria de los
gastos detectados en las conclusiones 7, 8, 10, 12, 13, 14, 24, 26, 29 y
37.
6. No se realizaron gastos por las banderas observadas en las
conclusiones 9 y 14, pues se reutilizaron las del pasado proceso
electoral.
7. No tenía el deber de reportar gastos por la pinta de las bardas o
muros observados en las conclusiones 11 y 28, porque se trata de
propaganda genérica que no llama al voto, de ahí que no son gastos
de campaña electoral.
8. Indebida calificación de faltas como sustanciales y no como
formales, por la omisión de comprobar los gastos identificados en las
conclusiones 8, 24, 26 y 29, pues en su caso, se violó el mismo
precepto –artículo 127 del Reglamento de Fiscalización–, pero no se
vulneraron directamente los principios de certeza y transparencia en la
rendición de cuentas, dado que la Unidad Técnica tuvo certeza del
origen, destino y aplicación de los recursos utilizados, de ahí que no se
obstaculizara su facultad de revisión.
9. Utilización de un nuevo criterio de prorrateo, sin previa notificación
a la Coalición, lo cual generó una duplicidad de los gastos identificados
en las conclusiones 13 bis y 37 bis.
10. Falta de fundamentación y motivación de la sanción consistente
en reducción de ministraciones hasta alcanzar el 150% –ciento
cincuenta por ciento– del monto involucrado en las conclusiones 2, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 20, 27, 28, 30 y 37, la cual es excesiva y
desproporcional a la capacidad económica del partido.
Los agravios se analizarán en orden diverso al expuesto; en primer
término, los relacionados con la incorrecta elaboración de la matriz de
precios y la falta de fundamentación y motivación para determinar el costo
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Del dictamen se advierte que la Unidad Técnica de manera expresa
señaló que consideró la información relacionada en los registros contables
presentados a través del SIF por los sujetos obligados en el estado de
Coahuila.
Sobre la obtención de la información, el artículo 27, párrafo 1, inciso d), del
Reglamento de Fiscalización, establece que para determinar los costos, la
autoridad podrá obtener la información del Registro Nacional de
Proveedores o con las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate,
como correctamente apunta el apelante.
Para dicha determinación, la autoridad fiscalizadora consideró, de inicio,
que las facturas registradas por los partidos en el SIF, correspondientes a
las campañas electorales en el estado de Coahuila, eran adecuadas y
suficientes para conformar la matriz de precios. Además, precisó que, en
los casos en los cuales, de la información allegada por los sujetos
obligados, no se advirtió un registro similar, procedió a recabar
información del Registro Nacional de Proveedores, cumpliendo así lo
establecido en el referido artículo 27, del Reglamento de Fiscalización.
Una vez recabada la información, las operaciones realizadas por los
sujetos obligados deben registrarse en términos monetarios, de acuerdo
con lo dispuesto por la NIF A-6, de modo que, además de indicarse el bien
o servicio al cual corresponden, deben cuantificarse numéricamente a
partir de procesos formales de valuación, en los cuales se consideren las
características y naturaleza del gasto a ser valuado7.
Es de destacar que estas normas guían las acciones u operaciones
contables; que la NIF A-6 contiene las reglas básicas de valuación. La
valuación consiste en la cuantificación monetaria de los efectos de
determinadas operaciones financieras –activos, pasivos y capital contable
o patrimonio contable–.
A partir de lo establecido en las NIF, sobre lo que debe entenderse por
valor razonable, en el Reglamento de Fiscalización se establecieron las
reglas que, de manera específica, la autoridad debe aplicar para la
valuación de los bienes tratándose de las operaciones de los partidos
políticos y coaliciones.
7 Conforme al artículo 25, del Reglamento de Fiscalización.
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SM-RAP-55/2017
10
Por ello, resulta explicable que en las NIF se consideren, como técnicas
de valuación, la información financiera de los partidos políticos –aquella
reportada en el SIF– y el valor en los mercados –a través del Registro
Nacional de Proveedores–, pues ambas son técnicas objetivas e
imparciales.
Conforme a lo razonado, no asiste razón al recurrente cuando pretende
que la responsable aplique los distintos métodos de valuación previstos en
la NIF A-6, pues como se precisó, el Reglamento de Fiscalización otorga a
la autoridad fiscalizadora la atribución de elegir la técnica de valuación de
gastos.
Tampoco tiene razón el PVEM al afirmar que la matriz de precios no
contiene información homogénea por no identificar las condiciones de uso
de bienes o servicios –disposición geográfica y tiempo–, sus
características específicas, ni las condiciones especiales de cada
proveedor.
Ello es así, pues del análisis de la matriz de precios o anexo único del
dictamen consolidado, se constata que cuenta con las siguientes
características:
En cada caso se identificó el tipo de bien o servicio a cuantificar,
esto es, se precisó un concepto y la descripción correspondiente;
Se identificó que se trata de bienes o servicios prestados en el
estado de Coahuila y el municipio respectivo;
Se identificó el número de la póliza, fecha de registro en el SIF,
emisor, lugar y fecha de expedición de cada una de las facturas
consideradas;
Se precisó que se trata de campaña; y
Se identificó el valor unitario y número de unidades, y las
características del bien o servicio que cada registro ampara, tales
como: ancho, alto, cantidad, monto parcial, total más Impuesto al
Valor Agregado, total por metro cuadrado y monto mayor.
Estas características proporcionan elementos objetivos que permiten
comparar los bienes y servicios que integran la matriz de precios, contra
los gastos no reportados por los partidos políticos o sus candidaturas.
Asimismo, debe precisarse que la integración de la matriz de precios a
partir de bienes, productos o servicios de distintas características, no
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SM-RAP-55/2017
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Al respecto, debe tomarse en cuenta que cuando los partidos políticos no
reportan o no comprueban de manera fehaciente sus gastos, vulneran de
forma directa los principios de certeza, transparencia y rendición de
cuentas, al imposibilitar la primordial tarea de la autoridad fiscalizadora, la
revisión del origen y destino de los recursos públicos y privados a los que
tienen derecho.
Por esta razón, se ha considerado que asignar el valor más alto de
la matriz de precios para la valuación de los gastos no reportados es una
medida razonable, necesaria y proporcional11:
Razonable, dado que con ella se pretende inhibir la evasión del
régimen de fiscalización de la autoridad;
Necesaria, ya que persigue la transparencia y la rendición de
cuentas de los gastos que realizan los partidos políticos con el
financiamiento público; y
Proporcional, en la medida en que sólo se aplica cuando el sujeto
obligado no reporta gastos que han sido erogados.
3.3. Respecto de las conclusiones 7, 8, 10, 12, 13, 24, 26, 29 y 37, se
verificó que el PVEM no presentó en el SIF documentación necesaria
para comprobar los gastos
El recurrente sostiene que, contrario a lo decidido por la autoridad
responsable, sí reportó en el SIF los gastos observados.
El agravio debe desestimarse por infundado.
Del expediente y de la revisión que esta Sala realizó en el SIF, se constata
que no presentó la documentación que la Unidad Técnica le requirió en los
oficios de errores y omisiones, como enseguida se explica.
Respecto de la conclusión 7, el partido muestra en su demanda
impresiones de pantalla del registro en el SIF de diez facturas por compra
de gasolina.
En efecto, las facturas que indica se encuentran registradas en el SIF, sin
embargo, éstas únicamente demuestran que los diez candidatos a 10 Así lo sostuvo la Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-199/2017. 11 Criterio que adoptó la Sala Superior al resolver el expediente SUP-RAP-277/2015.
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Pues aun cuando las facturas que el recurrente indicó, sí se registraron en
el SIF, omitió presentar muestras, contratos, comprobantes, registro de
egresos, materiales, cotizaciones, permisos y autorizaciones, como le
solicitó la Unidad Técnica en el oficio de errores y omisión relativo al
primer periodo de revisión de informes de campaña18.
Ahora, con relación a la diversa conclusión 1219, el partido apelante
sostiene que se le sanciona dos veces por la renta de espectaculares, la
pinta de bardas y la rotulación de un vehículo que reportó en el informe
correspondiente al primer periodo (conclusión 10).
No le asiste la razón. Si bien, tanto en la conclusión 10 como en la 12 se
observó el mismo tipo de propaganda, cada conclusión corresponde a un
periodo distinto de revisión de informes de campaña, de ahí que si el
partido obtuvo un beneficio derivado de dicha propaganda en ambos
momentos, estaba obligado a reportar los gastos que realizó20.
Como se demostró al analizar la conclusión 10, está acreditado que el
recurrente no reportó la propaganda observada en el primer periodo; por
tanto, ante esa irregularidad, la autoridad válidamente observó en el
segundo periodo, su falta de reporte.
En este sentido, si la Unidad Técnica le hizo saber dicha falta21 y concluyó
que el partido no registró los gastos en el informe de campaña, la
aclaración que aquí realiza no es suficiente para considerar cumplido su
deber de reportar.
Respecto del gasto por la producción de un spot de radio señalado en la
conclusión 13, el PVEM únicamente manifiesta que sí lo registró, lo cual
busca demostrar con la impresión de pantalla de una factura, de las
cláusulas de un contrato, y de su ubicación en el SIF.
Sin embargo, de la revisión a cargo de esta Sala, se constata que en el
oficio de errores y omisiones del primer periodo de revisión de informes22,
la Unidad Técnica observó cinco promocionales, tres de radio y dos de
televisión con las denominaciones y nomenclaturas siguientes: 18 Oficio INE/UTF/DA-F/6997/2017. 19 Del segundo periodo de revisión de informes de candidaturas a diputaciones locales. 20 Conforme al artículo 79, apartado 1, inciso b), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, deben presentarse informes de ingresos y gastos de campaña por periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres días concluido cada periodo. 21 Como detalló en el anexo 3 del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-F/10193/17. 22 Oficio INE/UTF/DA-F/6997/2017.
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SM-RAP-55/2017
16
observación ante la respuesta al oficio de errores y omisiones del PVEM,
en el cual expresó que ya habían sido registrados23.
Sin embargo, lo que autoridad fiscalizadora detectó en esa ocasión fueron
tres spots de radio y cinco de televisión:
Radio Televisión Referencia Dictamen Versión Nomenclatura Versión Nomenclatura
Actitud verde 1 Coah
RA00320-17 Actitud verde 1 Coah
RV00337-17 (1)
Actitud verde 2 Coah
RA00321-17 Actitud verde 2 Coah
RV00338-17 (1)
Coahuila F2 G3 v2 RA00558-17 Coahuila F2 G3 v2 RV00577-17 (2) Coahuila F2 G3 v4 RV00610-17 (2) Coahuila F2 G3 v5 RV00644-17 (2)
La sanción que se impuso al partido recurrente en la conclusión 37, fue
por la omisión de reportar los promocionales identificados con el número
(2), los cuales son distintos a los observados en la conclusión 13.
En este sentido, es correcto que la autoridad responsable concluyera que
no se acreditaba el reporte del spot de radio Coahuila F2 G3 v2, y de los
spots de televisión Coahuila F2 G3 v2, Coahuila F2 G3 v4 y Coahuila F2
G3 v5, dado que la documentación localizada en el SIF, a partir de lo que
en apelación manifiesta el PVEM, sólo demuestra el reporte de los spots
identificados con el número (1), los que no motivaron sanción alguna al
recurrente.
Además, aun cuando es evidente que se trata de diferentes
promocionales, su agravio también es ineficaz, porque si bien el partido
refiere que éstos fueron informados en la conclusión 13 pero registrados
con un nombre distinto, su argumento es novedoso, pues al responder el
oficio de errores y omisiones, únicamente indicó que los había reportado
en su primer informe, mas no que se trataba de los mismos
promocionales.
La afirmación que en esta instancia realiza, correspondía hacerla ante la
autoridad fiscalizadora para que, en la etapa de revisión, pudiera constatar
el dicho del partido y verificar si se trataba de promocionales idénticos.
Para comprobar los gastos observados en la conclusión 24, el
inconforme muestra seis fotografías de lonas, cinco facturas y la captura
de pantalla de su ubicación en el SIF.
23 En respuesta registrada el dieciocho de junio, el PVEM manifestó a la Unidad Técnica, lo siguiente: los spots de actitud verde se anexaron en el primer informe, toda la documentación está en la cuenta concentradora así como su prorrateo. respecto a Coahuila esta versión fue pagada por el PRI, ellos tienen todo el respaldo del gasto.
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SM-RAP-55/2017
18
Al respecto, esta Sala constata que las candidatas del PVEM, Wendoly
Domínguez Meza y Ma. Esther Herrera Ventura registraron en el SIF, cada
una, un cheque, una factura y un contrato, documentos relacionados con
las pólizas que a ellas les habían observado; sin embargo, no puede
considerase que el partido cumplió el deber de comprobación de gastos,
pues dejó de presentar los avisos de contratación, las evidencias
fotográficas de la publicidad y el informe pormenorizado de la propaganda
observada.
En cuanto a la conclusión 29, para acreditar que comprobó el gasto por
la producción de dos spots, el partido señala que debe considerarse lo
expresado con relación a la conclusión 13.
Como se indicó, en esa conclusión el partido mostró la impresión de
pantalla de una factura, de la página de un contrato, y de su ubicación en
el SIF; si bien esta Sala localizó en el sistema la factura y el contrato que
se refieren en la demanda, éstos son insuficientes para tener por cumplido
el deber de comprobar gastos.
Para que la Unidad Técnica considerara subsanada la irregularidad, el
PVEM debió presentar, como se le requirió en el oficio de errores y
omisiones26 y se precisa en el dictamen consolidado, también las
muestras, programas piloto y el reporte de avance de la producción de
spots, lo cual no sucedió.
3.4. La Unidad Técnica fue omisa en analizar diversos gastos
reportados en los informes de campaña (conclusión 14)
Es fundado lo aducido por el partido recurrente, respecto del debido
reporte de los gastos identificados en la conclusión 14 por concepto de
playeras y renta de equipo de sonido.
En el procedimiento de revisión, la Unidad Técnica derivado del monitoreo
realizado en páginas de internet y redes sociales, identificó gastos de
propaganda no reportada en el informe de campaña.
Para demostrar el debido reporte de esos gastos, el partido presentó
impresiones de pantalla de diversas facturas y su ubicación en SIF. De la
revisión que esta Sala realizó en el sistema, a partir de lo expresado por el
apelante, se constata que contrario a lo que concluyó la autoridad
fiscalizadora, los candidatos a diputaciones locales Fernando Ariel 26 INE/UTF/DA-F/6997/2017.
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SM-RAP-55/2017
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periodo en etapa normal, el gasto de $1,684.77 –un mil seiscientos
ochenta y cuatro pesos 77/100 M.N.– por equipo de sonido, y de
$26,100.00 –veintiséis mil cien pesos 00/100 M.N.– por playeras,
acompañando las facturas correspondientes.
Lo anterior evidencia la omisión a cargo de la autoridad responsable de
revisar a completitud los informes presentados por los candidatos del
PVEM. En efecto, la Unidad Técnica tenía la obligación de examinar todos
y cada uno de los documentos registrados en el sistema y, en esa medida,
debió establecer en el dictamen lo correcto o incorrecto de lo reportado,
con base en las facturas presentadas.
En consecuencia, por ser fundado el agravio del partido, procede revocar
en la parte conducente la conclusión 14 de la resolución
INE/CG313/2017, para dejar sin efectos la sanción impuesta, por
cuanto hace al porcentaje atinente a la omisión de reportar gastos por la
renta de equipo de sonido y la compra de playeras, a fin de que la
responsable analice en forma exhaustiva la documentación presentada
por el PVEM en el SIF, y determine lo que en derecho corresponda.
Finalmente, es de precisarse que, si bien en la conclusión 14 también se
observó la omisión de reportar propaganda en banderas, por cuestión de
método, esta irregularidad se estudiará en el apartado siguiente.
3.5. Los agravios relativos a las conclusiones 9, 11, 14 y 28 se
desestiman por tratarse de argumentos novedosos
Los agravios deben desestimarse porque son aclaraciones que se hacen
por primera vez ante esta Sala, cuando correspondía realizarlas ante la
Unidad Técnica al responder los oficios de errores y omisiones, en los
cuales se comunicó al PVEM las irregularidades detectadas en la revisión
de informes de campaña, pues es en esa fase del procedimiento de
revisión en la que tuvo la oportunidad de aclarar lo que estimara
conveniente para subsanar las observaciones, lo cual no sucedió.
Por cuanto hace a las banderas observadas en las conclusiones 9 y 14,
el partido refiere que no tenía el deber de reportar ese gasto porque no
las compró, las reutilizó del proceso electoral pasado, lo que sostiene
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SM-RAP-55/2017
22
En aquella oportunidad, el PVEM se limitó a manifestar respecto de la
conclusión 11, que el reporte solicitado no aplicaba para Coahuila; y a la
conclusión 28, no dio respuesta.
De ahí que, si el partido no reportó las bardas y mantas detectadas en las
visitas de verificación a cargo de la Unidad Técnica, y pretende justificar
su omisión aduciendo que no tenía ese deber, su afirmación no es
suficiente para considerar atendida la irregularidad detectada por la cual
se le sancionó.
3.6. Son ineficaces los agravios relativos a las conclusiones 2, 9, 14,
20 y 37 en las que se impugna la incorrecta determinación de gastos
omitidos
Son ineficaces los planteamientos del partido en relación a que la Unidad
Técnica determinó de forma incorrecta los costos de los gastos omitidos
en las conclusiones 2, 9, 14, 20 y 37.
Respecto de las conclusiones 2, 20 y 37, el apelante refiere que la
autoridad responsable atendió de forma incorrecta el precio más alto por la
renta de casas de campaña y de un vehículo, conforme a gastos
registrados en el SIF para la campaña a la gubernatura, cuando los gastos
que omitió corresponden a diputaciones locales y ayuntamientos, con
topes de gastos inferiores.
Como se señaló en el apartado 3.2 de esta decisión, el procedimiento de
elaboración de la matriz de precios únicamente establece que para la
valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica deberá utilizar el
valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto específico
no reportado, sin que debiera atender al tipo de elección o campaña en el
cual se empleó el recurso, lo que constituye una medida razonable,
necesaria y proporcional.
En la conclusión 9, en cuanto al jingle, considera el PVEM que el costo
se obtuvo con base en una factura por producción de audio, video y jingle
para radio, por $24,128.00 –veinticuatro mil ciento veintiocho pesos
00/100 M.N.–, lo cual resulta elevado, porque a él se le observó un jingle
que no incluye video; agrega el apelante que en el dictamen consolidado
la autoridad responsable señaló la cantidad de $20,800.00 –veinte mil
ochocientos pesos 00/100 M.N.– como el precio más alto de la matriz, y
de manera arbitraria asignó un monto distinto, más alto.
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SM-RAP-55/2017
24
Por tanto, a juicio de esta Sala, el costo del gasto relativo a las banderas
observadas en las conclusiones 9 y 14, conforme al principio de non
reformatio in peius –no reformar en perjuicio–, no amerita un ajuste porque
éste resultaría en perjuicio del partido político.
En cuanto al gasto por un espectacular identificado en la conclusión 9,
el PVEM sostiene que la autoridad responsable determinó el valor más
alto de $106,056.96 –ciento seis mil cincuenta y seis pesos 96/100 M.N–,
cuando en la matriz de precios se encuentran tres espectaculares con las
mismas medidas que el observado.
No asiste razón al partido, toda vez que de acuerdo con el artículo 27,
párrafo 3, del Reglamento de Fiscalización, cuando se trata de un gasto
no reportado, como es el caso, la Unidad Técnica deberá atender al valor
más alto de la matriz de precios para definir los recursos que pudieran
emplearse en este bien.
Al respecto, como se indicó en el apartado 3.232 de esta sentencia, el
parámetro contenido en ese precepto es razonable para cuantificar un
gasto omitido, ya que la falta de reporte vulnera de forma directa los
principios de certeza, transparencia y rendición de cuentas, al imposibilitar
la primordial tarea de la autoridad fiscalizadora, la revisión del origen y
destino de los recursos públicos y privados a los que tienen derecho los
partidos políticos.
Además, del dictamen consolidado se advierte que la Unidad Técnica
tomó en cuenta las medidas que el partido refiere, pues al ser un
espectacular de 8x12m –ocho por doce metros–, da un total de 96m2 –
noventa y seis metros cuadrados–; de ahí que si el valor más alto en la
matriz de precios es de $1,104.76 –un mil ciento cuatro pesos 76/100
M.N.– por metro cuadrado, al multiplicarlos por los 96m2 del bien
observado, da como resultado el costo de $106,056.96 –ciento seis mil
cincuenta y seis pesos 96/100 M.N.–,
Por tanto, no es posible, como sugiere el PVEM, que la autoridad
determinara un costo y gasto menor.
3.7. Es incorrecta la determinación del costo del gasto relativo a la
producción de spots en redes (conclusión 30)
32 En el que se analizó el agravio de incorrecta elaboración de la matriz de precios y la determinación del valor más alto correspondiente a gastos no reportados.
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SM-RAP-55/2017
26
estamos ante una misma conducta que no afectó directamente los
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, sino
únicamente los pusieron en peligro; agrega que tampoco se obstaculizó la
facultad de revisión de la Unidad Técnica y no se puso en riesgo la certeza
del origen, destino y aplicación de los recursos erogados por el apelante.
No le asiste la razón al recurrente, contra lo que sostiene, la omisión de
soportar documentalmente los gastos de campaña genera una lesión
directa al bien jurídico protegido, relacionado con los principios rectores en
materia de fiscalización consistentes en la transparencia y certeza en la
rendición de cuentas.
Tanto la omisión de informar como la de comprobación de gastos impiden
que se garantice la transparencia del manejo de los recursos, así como su
revisión.
Por tanto, si el PVEM en el plazo o periodo de corrección de informes de
campaña no exhibió la documentación comprobatoria de los gastos que
realizó, o lo hizo con errores como incluso reconoce en algunos aspectos,
este tipo de conductas constituye una falta sustancial o de fondo que
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas.
En tal sentido, no es procedente variar, como pretende el apelante, la
calificación de las faltas.
3.9. Las sanciones impuestas en las conclusiones 2, 9, 10, 11, 12, 13,
20, 27, 28 y 37 son proporcionales a la capacidad económica del
partido y no resultan excesivas
No asiste razón al PVEM cuando sostiene que la sanción del 150% –
ciento cincuenta por ciento–sobre el monto señalado en cada conclusión
carece de sustento legal y afecta su capacidad económica porque no
recibirá financiamiento público al no alcanzar el 3% –tres por ciento– de la
votación válida emitida en el proceso electoral local en Coahuila.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
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SM-RAP-55/2017
28
Además, en cuanto a la multa excesiva, el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha sustentado que para que una multa no sea
contraria al texto constitucional, debe establecerse en la ley que la
autoridad facultada para imponerla, tenga posibilidad, en cada caso, de
determinar su monto o cuantía, tomando en cuenta la gravedad de la
infracción, la capacidad económica del infractor, la reincidencia de éste en
la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento del que
pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, para así
determinar individualizadamente la multa que corresponda37.
Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha sostenido como
criterio que las sanciones deben cumplir una función preventiva dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y a la vez una específica, de
manera que quien comete una irregularidad se abstenga de incurrir en la
misma falta.
De obtener un beneficio económico como resultado de dicha conducta, la
sanción debe incluirlo, y de acuerdo a ello, válidamente pueden ser
superiores o rebasar el monto involucrado como beneficio, con el fin de
disuadir la comisión de este tipo de conductas, como sucede en el caso38.
Ahora bien, es de destacar que aun cuando el PVEM afirma que la
autoridad responsable no consideró que derivado de la reciente jornada
electoral en Coahuila, por no haber alcanzado el porcentaje mínimo de
votación para conservar su registro o acreditación local, no recibirá
financiamiento público estatal, cierto es que esta circunstancia no tiene el
alcance de considerarlo insolvente y tampoco traer como consecuencia
que se dejen sin efectos las reducciones de ministraciones con las que se
le sancionó.
Su condición económica y la posibilidad de afrontar el pago de sanciones
no se liga necesaria o exclusivamente a los recursos del año o ejercicio en
el cual cometió la falta o fue sancionado, tampoco con aquellos con los
que cuente en el momento en que se le impone la sanción, pues podría y
estaría llamado a hacer uso de otras fuentes de ingresos –las
37 Jurisprudencia P./J. 97/2006, de rubro: MATERIA ELECTORAL. LA MULTA ESTABLECIDA POR LOS ARTÍCULOS 61, ÚLTIMO PÁRRAFO, Y 205 BIS-7, DEL CÓDIGO RELATIVO DEL ESTADO DE COLIMA, PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 31 DE AGOSTO DE 2005, TRANSGREDE EL NUMERAL 22, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, página: 1599, número de registro: 174422. 38 Véase sentencia dictada en el recurso de apelación SUP-RAP-170/2016.
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spot de radio.
Por su parte, en la conclusión 37 bis, se prorrateó la cantidad de
$197,200.00 –ciento noventa y siete mil doscientos pesos 00/100 M.N.–,
por un spot de radio y tres de televisión.
En ambas conclusiones los gastos se dividieron entre cuarenta y nueve
candidaturas –veintiuna del PVEM a los cargos de diputaciones locales y
ayuntamientos, y veintiocho postuladas por la Coalición–.
La suma total de los gastos prorrateados es equivalente al 100%
–cien por ciento– de las cantidades señaladas en cada conclusión;
$69,600.00 pesos en la 13 bis y $197,200.00 pesos en la 37 bis, no como
de forma inexacta afirma el partido apelante; por tanto, se descarta la
duplicidad de gastos42.
Adicionalmente, el PVEM refiere que dicho criterio no se le notificó a la
Coalición, por lo cual no se le garantizó el derecho de audiencia para
expresar su inconformidad respecto del procedimiento de prorrateo de
gastos.
Es ineficaz su agravio, pues la Coalición no fue sancionada en el dictamen
y resolución que aquí se controvierte; además, en su caso, ésta debería y
podría actuar por conducto de quien ostente su representación.
En consecuencia, por lo expuesto y fundado, procede revocar el dictamen
consolidado INE/CG312/2017 y la resolución INE/CG313/2017, para dejar
insubsistente lo relativo a la omisión de reportar gastos por renta de
equipo de sonido y compra de playeras en la conclusión 14, y la
determinación del costo de gastos no reportados en la diversa conclusión
30; y confirmar, en lo que fue materia de impugnación, las conclusiones
2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 bis, 14, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 37 y 37 bis.
41 Similar criterio sostuvo esta Sala Regional al decidir los recursos de apelación SM-RAP-46/2017, SM-RAP-48/2017, SM-RAP-56/2017 y SM-RAP-61/2017. 42 Véase en la foja 100 del expediente principal, el cuadro que el PVEM muestra como ejemplo en su demanda.
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32
En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido; en
su caso, devuélvase la documentación que en original haya exhibido la
responsable.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos de la Magistrada y los
Magistrados integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda
Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de
Acuerdos, quien autoriza y da fe.
MAGISTRADA PRESIDENTA
CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO
MAGISTRADO
MAGISTRADO
YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ JORGE EMILIO SÁNCHEZ-CORDERO GROSSMANN
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
CATALINA ORTEGA SÁNCHEZ
