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RECURSOS CONTRA ENTIDADES
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UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“Nulidad en el Proceso
Contencioso Administrativo”
Juan Pedro Ortega van Beusekom
Al conferir el grado académico de:
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Central
Guatemala, Marzo 2012.
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
“Nulidad en el Proceso
Contencioso Administrativo”
TESIS DE GRADUACIÓN
Presentada al Consejo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
Universidad Rafael Landívar por:
Juan Pedro Ortega van Beusekom
Previo al otorgamiento de los títulos de:
Abogado y Notario
Al conferir el grado académico de:
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
Campus Central
Guatemala, Marzo 2012
Autoridades de la Universidad
Rafael Landívar Campus Central
Rector.
Padre Rolando Enrique Alvarado S.J.
Vicerrectora Académica.
Doctora Lucrecia Méndez de Penedo.
Vicerrector de Investigación y
Proyección Social Padre Carlos Cabarrús Pellecer.
Vicerrector de Integración Universitaria. Padre Eduardo Valdés Barría S.J.
Vicerrector Administrativo.
Licenciado Ariel Rivera Irías.
Secretaria General.
Licda. Fabiola Padilla Lorenzana.
Autoridades de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Decano.
M.A. Rolando Escobar Menaldo.
Vicedecano.
M.A. Pablo Gerardo Hurtado García.
Secretario.
Lic. Alan Alfredo González de León.
Director de Área Pública.
Lic. José Alejandro Villamar González.
Director de Área Privada.
M.A. Enrique Sánchez Usera.
Directora de Área Internacional y
Humanística. M.A. Ena Virginia Porras Bravo.
Directora de Postgrados.
M.A. Claudia López David.
Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas. M.A. Gustavo García Fong.
Directora de Bufete Popular.
Licda. Claudia Abril Hernández.
Directora de Proyectos y Servicios.
Licda. Vanea Carolina Soto Peralta.
Representante de Catedráticos.
Lic. Alfonso Godínez Arana.
Lic. Gabriel Estuardo García Luna.
Representante Estudiantil.
Ana María Córdova Noguera.
Luis Rodrigo Molina López.
Asesora de Tesis
Licenciada Norma Elizabeth García-Bauer Mazariegos
Revisor de Fondo
Licenciada Wendy Marcela Rivas López
Dedicatoria
A mis Padres quienes desde pequeño formaron valores y principios, con esfuerzo
y dedicación lograron brindarme los estudios como herramientas necesarias para
enfrentar los retos de la vida. A mi madre quien no tuvo oportunidad de ver este
logro.
A mi Familia quienes han sido el mayor apoyo para lograr y alcanzar mis
objetivos. Mi esposa y mis hijos son mi motivación e inspiración y me han dado
sueños y metas por las cuales vivir y luchar.
A mis Amigos quienes después de tanta insistencia les doy el gusto de decir el
objetivo se ha cumplido, gracias por sus regaños y sermones.
A mi Universidad quien a través del Programa Especial de Graduación brindó un
espacio para lograr este objetivo, principalmente al Licenciado Luis Ricardo
González por ese espíritu de lucha; y a la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales por no permitir que el barco se hundiera, gracias.
Listado de Abreviaturas.
M.A. Máster Degree.
Licda. Licenciada.
Lic. Licenciado.
IGSS Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
USAC Universidad de San Carlos de Guatemala
REGLAMENTO DE TESIS PARA LA LICENCIATURA DE
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD
RAFAEL LANDÍVAR.
Artículo 4.: “Responsabilidad. EL autor será el único
responsable del contenido y conclusiones de su tesis.”
Resumen Ejecutivo de la Tesis
Esta investigación tiene como principal objetivo el estudio del proceso
jurisdiccional y sus medios de impugnación, de los procedimientos de la
administración pública y el proceso judicial Contencioso Administrativo con el fin
de determinar la admisibilidad de la Nulidad como medio de impugnación y los
argumentos jurídicos y doctrinarios sustentados por las Salas de lo Contencioso
Administrativo que fundamenten la procedencia o improcedencia de dicho recurso
dentro del Proceso Contencioso Administrativo.
Esta investigación contiene el análisis de conceptos, normas y doctrina legal
que permite comprender la naturaleza, principios y medios de impugnación
generales para todos los procesos y de esta manera poder analizar las
características especiales del procedimiento administrativo y el proceso
Contencioso Administrativo. Con esos elementos de estudio se busca determinar
la admisibilidad o no de la nulidad dentro del Proceso Contencioso Administrativo
fundamentando la investigación en los artículos 17, 18, 26 y 27 del Decreto 119-96
del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo; para ser
contrastados con el estudio de expedientes de procesos contenciosos
administrativos y la entrevista al personal de la Salas de lo Contencioso
Administrativo como encargados de impartir justicia en materia administrativa y
establecer si el Organismo de Judicial está sujeto a que las prácticas pesen más
que las mismas normas, descalificando la juricidad y legalidad de los procesos
judiciales.
INDICE
Introducción.
CAPÍTULO 1
El Proceso
1.1. Procedimiento y Proceso. 1
1.2. El Proceso Jurisdiccional. 2
1.3. Principios del Proceso. 5
1.4. Características del Proceso. 6
1.5. Clasificación de Procesos. 7
1.6. Etapas Procesales. 9
1.7. Instancias Procesales. 9
1.8. La Relación Jurídica Procesal. 10
1.8.1. Sujetos Procesales. 11
1.8.2. Clases de Sujetos Procesales. 13
1.8.3. Litisconsorcio. 14
1.8.4. Intervención. 16
1.8.5. Capacidad y Legitimación de Sujetos Procesales. 17
1.8.6. Representación Procesal. 19
1.9. Medios de Impugnación. 20
1.9.1. Revocatoria. 21
1.9.2. Reposición. 22
1.9.3. Nulidad. 22
1.9.4. Aclaración y Ampliación. 23
1.9.5. Apelación. 23
1.9.6. Casación. 24
1.9.7. Amparo. 24
CAPÍTULO 2
Procedimiento Administrativo.
2.1. El Derecho Procesal Administrativo. 27
2.2. La Administración Pública. 28
2.2.1. Elementos de la Administración Pública. 30
2.3. El Procedimiento Administrativo. 30
2.3.1. Derecho de Petición Administrativa. 31
2.3.2. Principios del Procedimiento Administrativo. 34
2.3.3. Características del Procedimiento. 34
2.3.4. Elementos del Procedimiento Administrativo. 36
2.3.5. Fases del Procedimiento Administrativo. 36
2.4. Acto Administrativo. 38
2.4.1. Elementos del Acto Administrativo. 39
2.4.2. Clasificación del Acto Administrativo. 40
2.5. Recursos en el procedimiento administrativo. 42
2.5.1. Revocatoria. 43
2.5.2. Reposición. 44
2.5.3. Recursos Específicos dentro de Instituciones Públicas. 44
CAPÍTULO 3
El Proceso Contencioso Administrativo.
3.1. El Proceso Contencioso Administrativo. 52
3.1.1. Sistemas del Proceso Judicial Administrativo. 54
3.1.2. Características del Proceso Contencioso Administrativo. 55
3.1.3. Condiciones de Procedencia. 56
3.1.4. Sujetos que Intervienen. 57
3.2. La Actividad Jurisdiccional. 59
3.2.1. Demanda. 60
3.2.2. Emplazamiento. 62
3.2.3. La Notificación. 63
3.2.4. Actitud del Demandado. 64
3.2.5. Prueba. 70
3.2.6. Periodo Extraordinario de Prueba. 72
3.2.7. Vista y Auto para Mejor Fallar. 72
3.2.8. La Valoración de la Prueba. 72
3.2.9. Sentencia. 73
3.3. Recursos dentro del Proceso Contencioso Administrativo. 74
3.3.1. Reposición y Revocatoria. 75
3.3.2. Nulidad. 75
3.3.3. Aclaración y Ampliación. 81
3.3.4. Apelación. 82
3.3.5. Casación. 83
3.3.6. Amparo. 86
CAPÍTULO FINAL
Presentación, Discusión y Análisis de Resultados.
Conclusiones. 105
Recomendaciones. 107
Referencias. 109
Anexos.
I. Encuesta para personal del Organismo Judicial Salas de lo Contencioso Administrativo
II. Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial Salas de lo Contencioso Administrativo
III. Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 2 de Febrero 1999. Expediente: 365-1998 Corte de Constitucionalidad.
IV. Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 24 de Enero 2007. Expediente: 2174-2006 Corte de Constitucionalidad.
i
Introducción
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es parte del Organismo Judicial y
tiene las facultades de resolver las controversias derivadas de las actuaciones de
la administración pública, como principio de una filosofía política fundamentada en
la primacía de la ley, la separación de las autoridades administrativas y judiciales
que tienen como objetivo la igualdad de los ciudadanos frente a la administración
pública.
La palabra proceso en su simple acepción significa una sucesión de actos
que modifican una determinada realidad; en su aceptación jurídica se desarrolla
en el tiempo de manera ordenada de acuerdo a las normas que lo regulan. En
materia administrativa, el proceso tiene dos fases que son la vía administrativa o
procedimiento administrativo el cual se desenvuelve en la administración pública y
la vía judicial o Proceso Contencioso Administrativo quien revisa la juridicidad y
legalidad de las actuaciones de la administración pública.
Los Magistrados, Jueces, Funcionarios, auxiliares y trabajadores
administrativos son el eje esencial de la administración de justicia y actúan para el
servicio de la comunidad, por lo que es necesario que su función sea prestada
ajustándose a las normas vigentes interpretándolas y aplicándolas de buena fe.
Es importante mencionar en cuanto a las normas vigentes el Decreto 119-
96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo que nació
de la necesidad de establecer un procedimiento general para girar solicitudes,
peticiones, denuncias y medios para impugnar actos administrativos ante la misma
administración pública y establecer un proceso judicial para resolver las
controversias entre los administrados y la administración pública. El problema
surge al aplicar de manera supletoria e integral el Decreto 2-89 del Congreso de la
República Ley del Organismo Judicial y del Decreto 107 del Jefe de Gobierno de
la República Código Procesal Civil y Mercantil, especialmente en cuanto a los
medios de impugnación.
ii
En el análisis de los antecedentes de procesos diligenciados ante las Salas
de lo Contencioso Administrativo, específicamente los medios de impugnación
para hacer valer el derecho de defensa y el debido proceso, se apreció una
controversia en la aplicación del artículo 27 de la Ley de lo Contencioso
Administrativo el cual establece: "Salvo el recurso de apelación en este proceso
son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso
civil, incluso el de casación, contra la sentencias y autos definitivos que pongan fin
al proceso los cuales se substanciarán conforme tales normas."
La Sala de lo Contencioso Administrativo ha sustentado el criterio de
rechazar para su trámite la nulidad, bajo el argumento que su interposición es
improcedente y además de no ser idónea dentro del Proceso Contencioso
Administrativo. Sin embargo, al ser reformada la Ley del Organismo Judicial las
normas debían de interpretarse de conformidad a su texto y no permite el
sustentamiento de criterios, razón por la cual surgen las preguntas de tesis ¿La
nulidad es un medio de impugnación procedente dentro de un proceso
Contencioso Administrativo? y ¿Existe fundamento Legal y doctrinal para que la
Salas de lo Contencioso Administrativo no admitan para su trámite la nulidad
dentro de un Proceso Contencioso Administrativo?
Esta investigación tenía como principal objetivo el estudio de la naturaleza
jurídica del proceso jurisdiccional y sus medios de impugnación y por otro lado los
procedimientos de la administración pública y los mecanismos de defensa para
determinar si la nulidad es un medio de impugnación admisible dentro de un
Proceso Contencioso Administrativo y los argumentos jurídicos y doctrinarios de la
Sala de lo Contencioso Administrativo que fundamentan el rechazo de la Nulidad.
Los alcances de la investigación se suscribieron en poder establecer la
admisibilidad o no del medio de impugnación (Nulidad) y los fundamentos
jurídicos, legales y doctrinales y/o jurisprudenciales utilizados por la Sala de lo
Contencioso Administrativo para no admitir la Nulidad para su trámite, teniendo
como límites la falta de normativa específica dentro de la Ley Contencioso
iii
Administrativo que regule los medios de impugnación, la forma de interponerlos y
diligenciarlos.
Las Salas de lo Contencioso Administrativo y profesionales del derecho han
mantenido el criterio que la Nulidad no es admisible dentro del proceso
Contencioso Administrativo. Con la reforma del artículo 10 de la Ley del
Organismo Judicial la interpretación de las normas debe de ser conforme a su
texto, al hacer la interpretación de la Ley de lo Contencioso Administrativo y la Ley
del Organismo Judicial profesionales del derecho han sustentado que la Nulidad
es un medio de impugnación admisible dentro del proceso Contencioso
Administrativo, sin embargo hasta la presente fecha las Salas de lo Contencioso
Administrativo rechazan para su trámite la Nulidad como un medio de
impugnación. En ese sentido el aporte en la presente investigación es analizar e
interpretar las normas que regulan el Proceso Contencioso Administrativo y
determinar la procedencia o no de dicho recurso con la finalidad de garantizar que
el derecho del debido proceso y de defensa no se vea atentado por malas
prácticas e interpretaciones.
Se realizaron entrevistas como instrumento de investigación practicada a los
oficiales y secretarios de las Salas de lo Contencioso Administrativo como
auxiliares de los Magistrados en impartir justicia en materia administrativa, siendo
quienes directamente aplican la ley procesal administrativa y se complementó en
la investigación el análisis de tres expedientes de Apelación de Amparo de la
Corte de Constitucionalidad que tiene en como agravio la violación del derecho de
defensa y del debido proceso al haber sido rechazada para su trámite la Nulidad
dentro del Proceso Contencioso Administrativo.
1
CAPÍTULO 1
El Proceso
1.1. Procedimiento y Proceso.
Es frecuente que se utilicen los términos proceso y procedimiento para
indicar la misma cosa, sin embargo, dentro del marco normativo tienen elementos
de diferenciación entre ambos conceptos.
El tratadista José María Asencio Mellado desarrolla el concepto de
procedimiento como “la forma o método o simplemente sucesión de actos que
desarrolla el órgano jurisdiccional y las partes para el fin de la aplicación del
Derecho. Procedimiento se refiere, por tanto, al aspecto puramente externo de la
actividad, a su desenvolvimiento formal.”1
El Procedimiento está sujeto a resolver conflictos sociales evitando
arbitrariedades para lo cual tiene impuesta un modo de actuar preestablecido para
cada actuación y trámite.
El mismo autor por su parte indica que proceso “se refiere a una realidad
bien distinta y, en concreto, a un aspecto sustancial de la actividad de los órganos
jurisdiccionales o bien con relación al objeto procesal.”2
Es importante resaltar la diferenciación entre procedimiento y proceso,
principalmente en materia administrativa la cual deriva mucha confusión. El
procedimiento es la etapa del derecho procesal administrativo que se desarrolla en
la administración pública o ente encargado de conocer el asunto sometido a su
conocimiento y resolverlo conforme los procedimientos ya preestablecidos, esta
etapa concluye con una resolución definitiva de la administración pública que
causa estado. Por otro lado el proceso es la fase judicial que permite al
administrado velar por la juricidad y legalidad de los actos administrativos a través
1Asencio Mellado, José María. Introducción al Derecho Procesal , Editorial Guada Litografía S.L. España, Valencia 1997, Pág. 196 – 198. 2 Ibid. Pág. 197.
2
de un proceso judicial. Ambos conceptos están íntimamente relacionados pero
corresponden a etapas y circunstancias distintas en el Derecho Procesal
Administrativo siendo el procedimiento la vía administrativa y el proceso la vía
judicial.
1.2. El Proceso Jurisdiccional.
El tratadista Carlos Arellano García3 desarrolla el término proceso y lo acredita
a una sucesión de actos, relacionados entre sí con un objetivo común. La finalidad
del proceso jurisdiccional es la solución de una controversia donde se resuelven
sus respectivas reclamaciones deducidas en un órgano que ejerce las facultades
jurisdiccionales. Los conceptos procedimiento y proceso son aplicados como
sinónimos y pueden generar confusión, sin embargo no hay sinonimia entre
ambos conceptos. El proceso es abstracto y el procedimiento es concreto. En ese
sentido, el proceso es el desarrollo sucesivo de actos o etapas regulados por la ley
cuyo objetivo es resolver controversias. El procedimiento es el desenvolvimiento
de cada uno de los actos o etapas desarrollado de manera progresiva a través del
tiempo y que además mantengan vínculos que los relacionen entre sí sea por el fin
que tienden todo el proceso, sea por la causa generadora del mismo.4
Como complemento el Maestro Rafael de Pina define el proceso desde una
perspectiva jurídica como: “el conjunto de actos regulados por la ley realizados
con la finalidad de alcanzar la aplicación judicial del derecho objetivo y la
satisfacción consiguiente del interés legalmente tutelado en el caso concreto
mediante una decisión de Juez competente.”5
Al hablar de una decisión de Juez competente es prudente relacionar y enfocar
el concepto de proceso desarrollado por el Tratadista Carlos Arellano García quien
manifiesta que el “proceso jurisdiccional es el cumulo de actos, regulados 3Arellano García, Carlos. Teoría General del Proceso , Editorial Porrúa, S.A. México 29 de Mayo 1980, Pág. 3 4Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil . Editorial Porrúa, 5ª Edición, México 1966. Pág. 602. 5 De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho . Editorial Porrúa, S.A., México 1965, Pág. 237.
3
normativamente, de los sujetos que intervienen ante un órgano del Estado, con
facultades jurisdiccionales, para que se apliquen las normas jurídicas a la solución
de la controversia o controversias planteadas”.6
Las facultades jurisdiccionales del Juzgador permiten resolver dentro del
desarrollo un proceso preestablecido las controversias sometidas a su
conocimiento, -La teoría general del proceso- la cual es definida por Mario Aguirre
Godoy como “la parte general de la ciencia del derecho procesal que se ocupa del
estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes a las
diversas disciplinas procesales especiales. Como su propio nombre lo indica, la
teoría general del proceso es la parte general de la ciencia del derecho procesal.”7
Desde el Derecho Romano se relacionan tres conceptos procesales especiales
de manera integrada que son acción, jurisdicción y proceso, a los que la doctrina,
considera como fundamentales, y a los que el procesalista argentino Ramiro
Podetti denominó la Trilogía Estructural de la Ciencia del Proceso. En cualquier
disciplina procesal se manifiestan estos tres conceptos:8
1.2.1. La acción.
Derecho subjetivo procesal es el poder jurídico o facultad que las personas
tienen para promover la actividad del órgano jurisdiccional, con el fin de que, una
vez realizado los actos procesales correspondientes, resuelva sobre una
pretensión litigiosa.
1.2.2. La Jurisdicción.
La función que tienen determinados órganos del Estado para resolver
conflictos de trascendencia jurídica, mediante determinaciones obligatorias para
las partes y susceptibles de ejecución.
6Arellano García, Carlos. Op.cit., Pág.4. 7Aguirre Godoy, Mario. Derecho Procesal Civil de Guatemala. Tomo 1, Editorial Academia Centroamericana, Guatemala 1982, Reimpresión de la Edición de 1973. 8Podetti J. Ramiro. Trilogía Estructural de la Ciencia del Proceso . en Revista de Derecho Procesal. Buenos Aires, número 1. 1944, párrafo 113-170.
4
1.2.3. El Proceso.
Conjunto de actos que realizan las partes, el juzgador y otros sujetos que
intervienen en el mismo, y que tienen como finalidad lograr la composición del
litigio por medio de la sentencia.
Otro concepto especial a considerar que se encuentra íntimamente relacionado
al proceso jurisdiccional es el de prueba, como condición esencial para resolver la
controversia.
1.2.4. Prueba .
Medio por el cual las partes verifican sus afirmaciones de hecho y, con base en
la misma, el juzgador determina los elementos que servirán de motivación a su
sentencia. “Aun en los casos en que las partes no hayan aportado pruebas; el
juzgador debe aplicar las reglas sobre la carga de la prueba, para poder resolver
el conflicto.”9
Existe una diversidad de conceptos derivados dentro de cualquier tipo de
actividad procesal, para las ciencias que investigamos; y como lo desarrolla el
Tratadista Carlos Arellano García10 se puede establecer que el proceso es una
serie de actos, de hechos y actos jurídicos, imputables a los sujetos que han de
actuar en el proceso y que sometieron sus controversias a un órgano
jurisdiccional. Este órgano jurisdiccional tiene establecidas una serie de
normativas legales generales para todos los procesos que regula la conducta de
cada uno de los sujetos que intervienen y otra serie de normativas legales
específicas para cada caso en concreto con la finalidad de solucionar la
controversia o controversias planteadas.
9Frase. Ovalle Favella, José. La Teoría General de la Prueba. En Estudios cita. Pág. 48. 10Arellano García, Carlos. Op.cit., Pag.6-7.
5
1.3. Principios del Proceso.
El proceso se ventila ante el órgano jurisdiccional encargado de resolver las
controversias sometidas a su conocimiento. El Tratadista Hugo Alsina11 desarrolla
los siguientes principios mínimos que garantizan los derechos a las partes:
1.3.1. Preclusión Procesal.
La preclusión es el medio del cual se vale el legislador para hacer progresar el
procedimiento impidiendo el retroceso de los actos procesales. La preclusión solo
produce efecto dentro del proceso y para ese proceso.
1.3.2. Principio de Contradicción.
La actividad que las partes desarrollan en el proceso se influye
recíprocamente, en el sentido de que no solo beneficia a quien ejecuta el acto y
perjudica a la contraria, sino que también puede esta beneficiarse del acto en
cuanto pueda perjudicar a su autor.
1.3.3. Principio de Inmediación.
El principio de inmediación significa que el Juez debe encontrarse en un
estado de relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas,
prefiriendo entre estas las que se encuentren bajo su acción inmediata.
1.3.4. Principio de Concentración.
Tiende el principio de concentración a acelerar el proceso eliminado trámites
que no sean indispensables, con lo cual se obtiene al mismo tiempo una visión
más concreta de la litis.
11Alsina, Hugo. Fundamentos de Derecho Procesal . Serie de Clásicos de la Teoría General del Proceso volumen IV, Editorial Jurídica Universitaria S.A. 2001, México.
6
1.3.5. Principio de Eventualidad.
Consiste en aportar en un solo acto todos los medios de ataque y defensa
como medida de prevención, para el caso de que el primeramente interpuesto sea
desestimado.
El Catedrático José María Asencio Mellado12 desarrolla también los
siguientes principios esenciales de todo proceso:
1.3.6. Principio de Igualdad.
Asegura la equidad de todos los hombres ante la ley, la obligación estatal de
establecer las condiciones objetivas que aseguren la actuación de las partes y de
evitar toda suerte de privilegios irrazonables.
1.3.7. Principio de Publicidad.
Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que prevean
las leyes de procedimientos. La publicidad procesal es un principio de naturaleza
política que tiene por fin el control o fiscalización de la actividad judicial por el
pueblo en quien reside la soberanía.
1.4. Características del Proceso.
La Licenciada Crista Ruiz Castillo de Juárez13 simplifica las características
esenciales del proceso de la siguiente manera:
1.4.1. Imparcialidad.
El Juez está obligado a resolver el conflicto sometido a su conocimiento y
hacerlo de conformidad con los principios del debido proceso.
12 Asencio Mellado, José María. Op.cit., Pág. 196 13 Ruiz Castillo de Juárez, Crista. Teoría General del Proceso. XIV Edición 2008 Guatemala. C.A. Pág. 9.
7
1.4.2. Idoneidad.
Las normas fueron creadas con el objetivo de preestablecer procedimiento y
conceptos específicos para la administración de justicia.
1.4.3. Garantía.
La justicia será impartida conforme los principios legales del debido proceso
y con los principios éticos de la envestidura de un Juez.
Como complemento el tratadista Fiaren Guillen14 se refiere a las
características del proceso dentro de la actividad jurisdiccional los siguientes:
1.4.4. Jurídico.
Corresponde a una norma del ordenamiento jurídico ya creada o por crear ad
hoc, que se refiere a una expresión adverbial que significa: para esto, para el
caso; lo que sirve a un fin de terminado.
1.4.5. Favorable.
“Uno o ambos sujetos procesales debe ser favorecido en la sentencia.” 15
1.4.6. Evolutivo.
El Juez está íntimamente vinculado con cada uno de los actos o etapas
procesales tratando de inferir la convicción judicial que se plasmará en su
resolución final.
1.5. Clasificación de Procesos.
Clasificar es ordenar las actuaciones bajo todas sus perspectivas y el tratadista
español Pedro Aragoneses Alonso,16 enumera una clasificación que se aplica en
toda normativa procesal.
14 Ibid. Pág. 9. 15 Ruiz Castillo de Juárez, Crista. Op. cit., Pág. 9 16 Aragoneses, Pedro Alonso. Proceso y Derecho Procesal . Editorial Aguilar, Madrid, 1960. Págs. 255-256.
8
i. Ordinarios y Especiales: El legislador ha regulado los procesos con normas
y principios aplicables a todos los procesos, sin embargo por su naturaleza
y el fin que persigue existen procesos con regulación especial.
ii. Oral o Escrito: Existe una relación entre el Juez y las partes en las cuales
se desenvuelven varios actos o fases en las que deberán de existir las
constancias procesales correspondientes. Los procesos aunque se
encuentren clasificados como orales o escritos en la práctica judicial son
mixtos.
iii. Sumario u Ordinario: Un sumario establece un procedimiento especial por
la naturaleza de los asuntos puestos en conocimiento del Juez, esta vía se
desenvuelve de una manera más progresiva y rápida a diferencia del
Ordinario que tiene normas generales para su tramitación.
iv. Singular o Colectivo: Los sujetos que intervienen en el proceso pueden
entablar procesos individuales o colectivos dependiendo de las
pretensiones y el objetivo el cual debe de ser de común interés.
v. Por su Materia: Según la naturaleza del proceso al que pertenecen los
derechos controvertidos los cuales pueden ser civiles, penales, laborales,
administrativos, Constitucionales.
Varios tratadistas desarrollan otras clasificaciones de las cuales podemos
resaltar de manera complementaria las siguientes:
vi. Declarativo: En este proceso se reclaman derechos que tiene como
finalidad obtener una resolución (sentencia) que declaren la existencia de
un derecho o no.
9
vii. Ejecutivo: Una vez declarado el derecho en sentencia, el proceso ejecutivo
tiene como finalidad materializar lo resuelto y que se puede llevar a cabo
con la asistencia y acompañamiento de la autoridad pública para su
cumplimiento.
viii. Cautelar: Asegura el resultado del proceso y busca prevenir que con el
transcurso del tiempo se perjudique el derecho del actor.
ix. Voluntario: Se caracteriza por no existir controversia de partes, ni exigir su
dualidad, comprende todos los actos en que por disposición de la ley o por
solicitud los interesados, se requiere la intervención del Juez, sin que esté
promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas
x. Contencioso: Es el proceso mediante el cual el administrado se ve afectado
por un acto administrativo el cual tiene como finalidad verificar y declarar la
legalidad de los actos de la administración pública.
1.6. Etapas Procesales.
El proceso tiene una multiplicidad de actos jurídicos, de hechos y de actos
materiales y algunas de sus fases pueden ser susceptibles de suprimirse. Un
ejemplo de cuando no se agotan todas las fases procesales se da porque los
sujetos lograron un común acuerdo que se eleva a la categoría de fuente de
obligaciones como si se tratara de sentencia ejecutoriada. Las etapas generales
en todo proceso son: la interposición de la solicitud, denuncia o demanda; la
calificación y admisión; posición ante la controversia del denunciado o
demandado, el diligenciamiento de pruebas; valoración y resolución.
1.7. Instancias Procesales
En ningún proceso habrá más de dos instancias y el Magistrado o Juez que
haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas no podrá conocer en la otra o en el
10
mismo asunto, sin incurrir en responsabilidad. Existen procesos legales17 donde se
asegura la revisión jurídica de lo resuelto dentro del proceso y todo aquello que
afecte este principio constitucional puede llevar en otros casos diferentes a su
rechazo in limine. Ningún tribunal o autoridad puede conocer de procesos
fenecidos, salvo los casos y formas de revisión que determine la ley.
En ese sentido la Constitución tiene prohibido desnaturalizar18 la función del
amparo y no convertirlo en un medio revisor de asuntos que se agotaron en las
instancias ordinarias, la materia permite el control constitucional sobre las
resoluciones judiciales únicamente cuando se hubiese vulnerado el debido
proceso.
El Órgano Judicial es una de los pilares de la estructura del Estado otorgándole
constitucionalmente la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado con exclusividad e
independencia; circunstancia que no permite que otros medios de revisión como el
amparo puedan constituirse en instancia revisora de lo resuelto ya que es a la
jurisdicción ordinaria a la que corresponde valorarlas o estimarlas en la función
que legalmente tiene atribuida.19
1.8. La Relación Jurídica Procesal.
Dentro del concepto desarrollado de proceso jurisdiccional existe una relación
entre todos los sujetos que intervienen y que por ser preestablecido debe hacer
referencias a los sujetos que están involucrados y su relación jurídica.
El Tratadista Rafael de Pina20 hace referencia a la vinculación o conexión de
una cosa con otra o a la correspondencia o nexo entre personas y cosas,
constituidos por elementos como: el sujeto, el objeto, y el acto jurídico. Considera
17 Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 59, expediente No. 366-00, página No. 114, sentencia de fecha 25 de enero 2001. 18 Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 40, expediente No. 879-95, página No. 193, sentencia de fecha 29 de mayo 1996. 19 Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 60, expediente No. 59-01, página No. 734, sentencia de fecha 6 de abril 2001. 20 Rafael de Pina. Op.cit., Pág. 253.
11
que es la relación entablada entre las partes y entre el Juez desde el momento de
la notificación de la demanda en cualquiera de las formas legalmente autorizadas.
Por otro lado el Procesalista Mexicano Eduardo Pallares,21 se refiere a toda
relación entre seres humanos sujeta a la norma jurídica o que está reglamentada,
únicamente cuando se trata de un derecho de propiedad sobre una cosa y
convendría aclarar que, la relación jurídica no solo puede darse entre seres
humanos, sino también entre personas jurídicas.
Existen otros sujetos que no están directamente vinculados en la relación
jurídica procesal y que refiere el tratadista Devis Echandía,22 como los abogados
que no son parte en el proceso donde sus responsabilidades se ven limitadas al
desempeño profesional y porque no se ventilan sus intereses propios en el centro
del desempeño de la función jurisdiccional. Así mismo los testigos y peritos son
sujetos dentro del proceso pero no son parte porque no se ventilan sus intereses
propios. En consecuencia se debe resaltar que existe una diferencia entre sujetos
del proceso y partes del proceso.
Las partes que tienen un interés dentro del proceso están sujetas al resultado y
obligaciones que se puedan derivar del mismo pero no todos los sujetos dentro del
proceso son parte. El Juez es un sujeto pero no es parte dentro del proceso
únicamente ejerce una función jurisdiccional para resolver el conflicto sometido a
su conocimiento.
1.8.1. Sujetos Procesales.
Los sujetos procesales son todas aquellas personas naturales o jurídicas en
el ejercicio de sus derechos que entablen o se apersonen a un proceso para
pretender la solución de un conflicto de intereses, asumiendo derechos, deberes,
cargas y responsabilidades inherentes al juicio. Dentro de una controversia existen
el sujeto o los sujetos activos quienes legalmente se denominan actores o
21 Pallares, Eduardo. Op.cit., Pág. 663. 22 Devis Echandía, Hernando. Derecho Procesal. Editorial Universidad S.R.L. Buenos Aires 1984.
12
demandantes, querellante o acusador y el sujeto o sujetos pasivos denominados
legalmente demandados o acusados. Los sujetos sin embargo pueden recibir
cualquier denominación según la participación o posición, que ocupen en el
proceso.
Para sustentar doctrinariamente, Calamandrei señala que es indispensable
que hayan por lo menos dos partes, no necesariamente tienen que ser activas o
pasivas, pero, en todo caso, es necesario que “la providencia demandada por la
persona que se dirige al Juez, este destinada a obrar con eficacia de sujeción en
la esfera jurídica de otra persona, de manera que, frente a la parte que pide la
providencia, haya, aunque se mantenga inerte, la parte contra la cual se pide la
providencia.”23
Y una definición clásica nos la proporciona Guissepe Chiovenda “es parte el
que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre es demandada), una
actuación de la voluntad de la ley, y aquel frente al cual esta demandada.”24 En
sentido similar, Alcalá –Zamora define a las partes como “los sujetos que reclaman
una decisión jurisdiccional respecto a la pretensión que en el proceso de
debate.”25
El procesalista Italiano Chiovenda se basa en el tema del escrito inicial,
definiendo que: “parte es el que hace la demanda (o en cuyo nombre se hace) y
aquel frente al cual esta es hecha. La primera es la parte atacante: el actor o
demandante en los procesos no penales el acusador en el proceso penal.”26
También la definición de Alcalá-Zamora tiene un enfoque procesal, pues
considera que las partes someten sus controversias con el fin de obtener una
decisión jurisdiccional. Bajo esa premisa “la parte actora o acusadora es la que
23Calamandrei, Piero. Instituciones de Derechos Procesal Civil . Tomo I. Trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1973. Pág. 367. 24Chiovenda, Guissepe. Curso de Derecho Procesal Civil . Supra nota 183, tomo II pág. 6. 25Alcalá Zamora, Liberalismo y Autoritarismo en el Proceso. Supra nota 277. Pág. 278. 26Chiovenda. Op.cit., Pág. 6.
13
reclama una decisión jurisdiccional estimatoria de la pretensión por el contrario, la
parte demandada o acusada se encontrará en la posición de reclamar una
decisión jurisdiccional desestimatoria de la pretensión de la contraparte.”27
Con una postura distinta el tratadista García Ramírez considera que las
partes, al igual que el juzgador, son los sujetos principales de la relación jurídica
procesal cuyos intereses jurídicos se controvierten en el proceso. El concepto de
parte, en nuestra materia, sólo puede elaborarse sobre bases de carácter
procesal. “En el derecho procesal no es acertado definir a las partes en función de
su titularidad o no de la relación jurídica sustantiva, pues la existencia y la
naturaleza de esta relación es lo que normalmente se debate en el proceso y sólo
pueden ser definidas hasta que se dicte sentencia.”28
1.8.2. Clases de Sujetos Procesales.
Habiendo hecho referencia de quienes pueden considerarse sujetos
procesales29 y aquellos que intervienen en el proceso, las clases de sujetos
procesales son:
i. Simples: Es el sujeto procesal integrado por una persona o sujeto de
derecho.
ii. Múltiple o Plural: Son los sujetos procesales integrados por varias personas
o varios sujetos de derecho, ya sean activos o pasivos. Con esta clase de
sujetos se entra al campo del litisconsorcio.
iii. Principales: Son los sujetos procesales que se desempañan en el proceso
preferentemente, su participación es personal e independiente de la litis.
27Alcalá Zamora, Op.cit., Pág. 278. 28 Ibid. Pág. 280. 29Calamandrei Piero. Derecho Procesal Civil . Volumen 2, Oxford University Press, México 2000.
14
iv. Accesorios: Son los sujetos procesales que se desempeñan en el proceso
en un papel de ayuda, coadyuvando con los principales; participan sin
pretensión procesal en lo reclamado por alguno de los principales.
v. Originales: Son los sujetos procesales que comparecen al proceso en
calidad de demandante y demandado, acusador o acusado, o de varios de
uno u otros, figurando en el proceso desde un principio.
vi. Intervinientes: Son los sujetos procesales que comparecen en el proceso
con posterioridad a su iniciación, sin haber sido mencionados en la
demanda u otra actuación, hasta que el órgano jurisdiccional les llama a
participar. Dentro de estos se encuentran: Los que intervienen forzada u
obligatoriamente, deben participar en el proceso porque han sido llamados
a intervenir en la litis; y los que intervienen voluntariamente, son los que
participan en el proceso en defensa de sus propios derechos, de manera
voluntaria.
vii. Con intereses propios: Son los sujetos procesales que manifiestan en el
proceso tener interés, ya porque persigan alguna cosa o ya porque
defiendan a uno de ellos.
viii. Sin intereses propios: Son los sujetos procesales como la administración
pública, en algunos casos, participan en nombre de otro y no en nombre
propio.
1.8.3. Litisconsorcio.
En el proceso pueden intervenir varias personas como actores o
demandantes, acusados y querellantes, es la pluralidad de sujetos que pueden
intervenir en un proceso con el fin de reclamar sus pretensiones de manera activa
o pasiva.
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El litisconsorcio nace como una facultad que tienen los sujetos y el Juez de
instar a todos los litisconsortes que nombren un represente común y facilitar el
diligenciamiento de cada uno de los actos y fases procesales generando una
economía procesal.
1.8.3.a. Clases de Litisconsorcio.
Atiende a los sujetos que intervienen en el proceso. Puede ser activo,
pasivo y mixto. Adicionalmente la normativa legal guatemalteca reconoce el
litisconsorcio necesario, voluntario, facultativo y a instancia de parte.
i. Activo: Es la clase donde son varios los sujetos demandantes y uno solo el
sujeto demandado, tal es el caso de varios acreedores y un solo deudor.
ii. Pasivo: Es la clase donde es uno el sujeto demandante y son varios los
sujetos demandantes, tal es el caso de una empresa que cobra como
acreedora a varios deudores.
iii. Mixto: Existe esta clase cuando son varias las personas demandantes y
varias las demandadas; esto es, las partes activas y pasivas son múltiples.
iv. Necesario:30 No puede seguirse la litis sin la partición o representación de
todos los interesados o vinculados siendo necesario un litisconsorcio para
continuar y garantizar el debido proceso a todos los sujetos procesales.
v. Voluntario:31 En esta clase de litisconsorcio hay independencia absoluta de
los litisconsortes y lo que beneficia o daña a uno, solo a él afecta.
30Congreso de la República de Guatemala. Decreto 107 Código Procesal Civil y Mercantil . Artículo 53. 31 Ibid. Artículo 56.
16
vi. Facultativo32: Varias partes pueden demandar o ser demandadas en el
mismo proceso, cuando entre las causas que se promueven exista
conexión por razón del objeto o del título de que dependen, o bien cuando
la decisión dependa, total o parcialmente, de la resolución de cuestiones
idénticas.
vii. Instancia de parte33: Al demandar o al contestar la demanda, cada una de
las partes puede llamar al proceso a un tercero, respecto del cual considere
común la causa o de quien pretenda una garantía.
1.8.4. Intervención.
La intervención es conocida como tercería por representar una pluralidad de
sujetos procesales que se produce cuando los litigantes aparecen situados en un
mismo plano, sin confrontación directa en la actuación procesal, por lo que la
intervención causa un cierto tipo de litisconsorcio.
1.8.4.a. Clases de intervención.
i. Principal o excluyente: Se conoce esta intervención como tercería
excluyente y es la entrada que hace un tercero en el proceso alegando
derechos sobre el o los objetos motivo de la controversia jurídica, con el fin
de excluirlos por dominio o preferencia.
ii. Adhesiva34: El tercero coadyuvante se reputa una misma parte con aquel a
quien ayuda, debiendo tomar el proceso en el estado en que se halle; no
puede suspender su curso, ni alegar ni probar lo que estuviere prohibido al
principal.
32 Ibid. Artículo 54. 33 Ibid. Artículo 57. 34 Ibid. Artículo 549.
17
iii. Coactiva35: En un proceso seguido entre dos o más personas, puede un
tercero presentarse a deducir una acción relativa al mismo asunto. Esta
nueva acción se llama tercería y el que la promueve, tercero opositor o
coadyuvante. Al demandar o al contestar la demanda, cada una de las
partes puede llamar al proceso a un tercero, respecto del cual considere
común la causa o de quien pretenda una garantía.
1.8.5. Capacidad y Legitimación de Sujetos Procesal es.
Según el Tratadista Faustino Gordon Moreno la legitimación y la capacidad
están íntimamente relacionadas con la capacidad de goce y la capacidad de
ejercicio. En efecto, cualquier persona que comparece a un proceso debe tener la
capacidad y aptitud para configurar como parte dentro del proceso como actora o
acusadora o para ser parte demandada o acusada. “La capacidad procesal es la
aptitud para comparecer en juicio y realizar válidamente los actos procesales que
corresponden a las partes. Por lo que se refiere a la capacidad para ser parte, la
regla general es que todas las personas, tanto físicas como jurídicas (o morales),
pueden ser parte en el proceso.”36
La legitimación y capacidad procesal se entiende como la aptitud jurídica para
ejercer los derechos y responder por las obligaciones, a las cargas y asumir las
responsabilidades que se deriven de su tramitación. Debe distinguirse entre lo que
es capacidad para ser sujeto procesal y capacidad procesal o de obrar
procesalmente y Faustino Gordon Moreno37 las define de la siguiente manera:
i. La capacidad: para ser parte consiste en la titularidad de los derechos,
cargas y responsabilidades en un proceso; debe entenderse como la
aptitud general que tienen las personas para reclamar lo que les
corresponde.
35 Ibid. Artículo 56. 36Gordon Moreno, Faustino. “Anotaciones acerca de la legitimación” en Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. Madrid, número 2 de 1979. Pago. 313-315 37Ibid. Págs. 316-319.
18
ii. La capacidad procesal o de obrar procesal: es la aptitud general, no referida
a un proceso en especial, sino la potencialidad que tienen las personas
para figurar como sujetos en cualquier proceso que se inicie en su favor o
en su contra, por ella o por otra persona.
La legitimación del sujeto procesal es la facultad jurídica que se otorga para
figurar dentro de un proceso para ejercer sus derechos y cumplir obligaciones, en
ese sentido las clases de legitimación que tiene el sujeto procesal en el proceso
son:
i. La legitimación procesal activa: que corresponde al sujeto activo, al actor, al
demandante, al acusador.
ii. La legitimación procesal pasiva: que atiende al sujeto pasivo, al demandado
al acusado.
“La doctrina suele distinguir entre legitimación ad processum (o legitimación
procesal) y la legitimación as causam (o legitimación en la causa). Sin embargo, la
doctrina no parece estar muy de acuerdo en la forma de entender estos dos
conceptos.”38 Así, por ejemplo, mientras Chiovenda considera que “la legitimación
ad processum no es sino la capacidad procesal o capacidad para comparecer en
juicio. Su discípulo, Liebman, sostiene que efectivamente la primera incluye a la
segunda, pero que también comprende a la aptitud que tienen las personas que
actúan en representación de quienes carecen de capacidad procesal.”39
En este último sentido, Couture define la legitimación procesal como “la aptitud
o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en
representación de otro. La legitimación en la causa es la condición jurídica en que
38Couture, Eduardo. Fundamento de Derecho Procesal Civil . Editorial Arte y Fotografía, S.A., México, D.F., 1984. Pág. 379. 39Chiovenda, Guissepe. Op.cit., Pág. 8
19
se halla una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón
de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión.”40
También sobre la legitimación en la causa existen diversidad de opiniones, sin
embargo Chiovenda hace un apunte importante en el sentido que sin legitimación
o capacidad no se puede obtener una sentencia favorable y la entiende como “la
identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción
(legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona
contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva).”41
La capacidad de ser parte y la capacidad procesal son aptitudes intrínsecas y
generales de las personas. La legitimación en el proceso es una condición
indispensable del sujeto, pues no depende de las aptitudes propias y generales de
la persona, sino de la vinculación de ésta con el litigio sometido a proceso. “Por lo
mismo, es una condición particular que se tiene en relación con un proceso
determinado. Con base en lo anterior, podemos afirmar que la legitimación ad
causam consiste en la autorización que la ley otorga a una persona para ser parte
en un proceso determinado, por su vinculación específica con el litigio.”42
1.8.6. Representación Procesal.
Según Guillermo Cabanellas43 hay dos formas de representación procesal, la
voluntaria o forzosa que una persona ostenta para actuar en juicio en nombre de
otra por requerirse la especial intervención de quien posee determinadas
cualidades. Además de tener facultades para representar legalmente a una
persona individual o jurídica, solo podrán comparecer en juicio los que estén en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles. Por los que no se hallen en este caso
comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad
con arreglo a Derecho. Por las corporaciones, sociedades y demás entidades 40Couture, Eduardo. Op.cit., Pág. 379 41 Chiovenda Guissepe. Op.cit., Pág. 6. 42 Loc. cit. 43Cabanellas, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual , Tomo IV. Editorial Heliasta S.R.L. Viamonte 1730, 11ª edición, República de Argentina, Buenos Aires. Págs. 553, 554.
20
jurídicas comparecerán las personas que legalmente las representen. Una
representación esta forzosa en cierto aspecto en la designación del representante,
dentro de los capaces para actuar con determinadas facultades y con voluntad de
hacerlo.
1.9. Medios de Impugnación.
El artículo veintisiete del Decreto 119-96 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo establece: “Recursos. Salvo el
recurso de apelación en este proceso son admisibles los recursos que contemplen
las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra la
sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso los cuales se
substanciarán conforme tales normas.”
En ese sentido y como marco teórico se desarrolla en este capítulo el
concepto y naturaleza jurídica de los medios de impugnación reconocidos de
manera general para todos los procesos, dentro del capítulo III se profundizará
sobre los medios de impugnación aplicables al procedimiento administrativo y en
el capítulo IV los medios de impugnación aplicables al Proceso Judicial
Contencioso Administrativo.
Guillermo Cabanellas conceptualiza impugnación como “Objeción, refutación,
contradicción. Se refiere tanto a los actos y escritos de la parte contraria, cuando
pueden ser objeto de discusión ante los tribunales, como a las resoluciones
judiciales que no son firmes, y contra las cuales cabe algún recurso”44 y
conceptualiza la acción de impugnar como “combatir, refutar, objetar, contradecir,
a pelar, recurrir.”45
En el sistema guatemalteco las resoluciones judiciales se clasifican en
decretos, autos y sentencias y según la naturaleza y materia del proceso. La
44 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual . Tomo II. Editorial Heliasta S.R.L. Viamonte 1730, 11ª edición, República de Argentina, Buenos Aires. Pág. 349. 45 Loc. Cit.
21
legislación establece el medio de impugnación que procede en contra de cada una
de las resoluciones judiciales.
1.9.1. Revocatoria.
Según Guillermo Cabanellas revocar es “ dejar sin efecto una declaración
de voluntad o un acto jurídico en que unilateralmente se tenga tal potestad; como
testamento, mandato, donación (por ciertas cusas) y otros.”46
La revocatoria es el medio de impugnación establecido para interponer en
contra de decretos que se dicten dentro de la tramitación del proceso, la
revocatoria puede darse de oficio por el Juez que las dictó, pero la parte que se
considere afectada también puede pedir su revocación la cual es resuelta dentro
de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación.
El Juez47 ante quien se interponga la revocatoria, deberá resolver, sin más
trámite dentro de las veinticuatro horas siguientes.
La revocatoria48 es el medio de impugnación en contra de decretos de mero
trámite, que no tiene mayor complicación. Si el propio Juez o tribunal puede
dejarlas sin efecto, de oficio, no hay razón para correr audiencia a la otra parte
alargando innecesariamente el proceso. Sin embargo, existen otros
procedimientos para la tramitación de la revocatoria de los decretos. Se mantiene
el principio de que los decretos son revocables de oficio por el tribunal que los
dictó, pero imponen para su tramitación dar audiencia a la otra parte por dos días,
con su contestación o sin ella, deberá resolver la revocatoria dentro de los tres
días siguientes.
46 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta S.R.L. Viamonte 1730, 11ª edición, República de Argentina, Buenos Aires. Pág. 301. 47 Decreto Ley número 107. Op.cit., artículo 599. 48 Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala. Ley del Organismo Judicial. artículo 145.
22
1.9.2. Reposición.
Según Guillermo Cabanellas reposición “en Derecho Procesal, es el acto por el
cual el Juez vuelve las actuaciones en el estado en que se encontraban antes de
dictar sentencia o resolución, dejando las mismas sin efecto, o modificándola de
acuerdo con las disposiciones legales y la petición formulada.”49
Los litigantes pueden pedir la reposición50 de los autos originarios de la Sala,
dentro de las veinticuatro horas siguientes a la última notificación. También
procede la reposición contra las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que
infrinjan el procedimiento en los asuntos sometidos a su conocimiento, cuando no
se haya dictado sentencia.
Los autos resuelven materia que no sea de puro trámite, o bien resuelven el
asunto principal antes de finalizar su tramitación. Autos originarios51 se refieren a
aquellos que surgen en la tramitación que del proceso lleve a cabo la Sala en
Segunda Instancia, pero motivados no por el conocimiento en grado, sino por una
cuestión o incidente que nace precisamente en la Segunda Instancia.
La reposición procederá “contra las resoluciones de la Corte Suprema de
Justicia que infrinjan el procedimiento de los asuntos sometidos a su
conocimiento, cuando no se haya dictado sentencia.”52
1.9.3. Nulidad.
Según Guillermo Cabanellas dentro de la técnica jurídica, “nulidad constituye
tanto al estado de un acto que se considera no sucedido como el vicio que impide
a ese acto la producción de sus efectos. La nulidad puede resultar de la falta de
las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales de las
partes, sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la existencia de la
voluntad y la observación de las formas prescritas para el acto. Puede resultar
49 Cabanellas, Guillermo. Tomo II. Op.cit., Pág.550. 50 Decreto Ley 107. Op.cit., artículo 600. 51 Decreto Ley 2-89. Op.cit., artículo 145. 52 Decreto Ley 107. Op.cit., artículo 600.
23
también de una ley. Los jueces no pueden declarar otras nulidades de los actos
jurídicos que las expresamente establecidas en los códigos.”53
Los efectos de la nulidad declarada judicialmente consisten en que las cosas
vuelvan al mismo o igual estado en que se encontraban antes del acto anulado y
podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se
infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o casación.54
1.9.4. Aclaración y Ampliación.
La aclaración es el medio de impugnación judicial55 que procede cuando los
términos de un auto o de una sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios;
por otro lado la ampliación es el medio de impugnación judicial que procede
cuando se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre que versare el
proceso.56 Interpuesta la aclaración y/o la ampliación, se dará audiencia a la otra
parte por dos días, y con su contestación o sin ella, se resolverá lo que proceda.
1.9.5. Apelación.
Según Guillermo Cabanellas “recurso que la parte, cuando se considera
agraviada por la resolución de un Juez o tribunal, eleva a una autoridad judicial
superior; para que, con el conocimiento de la cuestión debatida, revoque,
modifique o anule la resolución apelada.”57
Son apelables58 los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin al
proceso, las sentencias definitivas dictadas en Primera Instancia, así como los
autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Las
resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de
53 Cabanellas, Guillermo. Tomo III. Op.cit., Pág. 52. 54 Decreto Ley 107. Op.cit., artículo 613. 55 Decreto Ley 107. Op.cit., artículo 596. 56 Ibid. artículo 597. 57 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual . Tomo I. Editorial Heliasta S.R.L. Viamonte 1730, 11ª Edición, República de Argentina, Buenos Aires. Pág. 196. 58 Decreto Ley 107. Op.cit., artículo 602.
24
jurisdicción voluntaria, son apelables. El término para interponer la apelación es de
tres días y deberá hacerse por escrito.
1.9.6. Casación.
En caso de no interponer59 ningún recurso en contra de una sentencia o
auto que le ponga fin al proceso en el término señalado por la ley, la sentencia
queda firme, es decir ejecutoriada.
La finalidad de la interposición del recurso de casación es la fiscalización de
las actividades judiciales en la actuación dentro la ley, con ello se logra la
realización de la seguridad jurídica en todos los procesos.
1.9.7. Amparo.
Son diversas las definiciones que para el concepto de amparo se han vertido.
Para Edmundo Vásquez Martínez, el amparo es un “proceso constitucional,
especial por razón jurídico material, que tiende a obtener la satisfacción de una
pretensión de mantenimiento o restitución en el goce de los derechos
fundamentales.”60
Héctor Fix Zamudio, citado por Ignacio Burgoa, encuadra al amparo en el
concepto de proceso afirmando que se traduce en “un procedimiento armónico,
ordenado a la composición de conflictos suscitados entre las autoridades y las
personas individuales y colectivas por violación, desconocimiento e incertidumbre
de las normas fundamentales.”61
Para Martin Guzmán Hernández el amparo es “el proceso judicial, de rango
constitucional y extraordinario, tramitado por un órgano especial temporal o
permanente, cuyo objeto es preservar o restaurar, según sea el caso los derechos
59 Decreto Ley 2-89. Op.cit., artículo 153 inciso b). 60 Vásquez Martínez, Edmundo. El Proceso de Amparo en Guatemala . Colección Estudios Universitarios, Editorial Universitaria USAC, Guatemala 1980. Pág. 107. 61 Burgoa Ignacio. El Juicio de Amparo . Editorial Porrúa S.A. México 1989. Pág. 179.
25
fundamentales de los particulares cuando los mismos sufren amenaza cierta e
inminente de vulneración o cuando han sido violados por personas en ejercicio del
poder público.”62
Para el desarrollo del presente trabajo es importante la compresión de
conceptos necesarios que permitan ilustrar y facilitar la compresión jurídica. En
ese sentido se ha hecho una diferenciación de procedimiento y proceso donde se
puede concluir que estos a pesar de estar íntimamente relacionados, poseen
características propias que los hacen diferentes. Doctrinalmente ambos están
sujetos a una sucesión de etapas reguladas específicamente para cada caso en
concreto. Por otro lado, la legislación guatemalteca y principalmente en el ámbito
administrativo hace una diferenciación en cuanto a etapas siendo el procedimiento
la fase administrativa y el proceso la fase judicial, sin embargo para iniciar la fase
de judicial es necesario la concurrencia de la fase administrativa.
Dejando a un lado la diferenciación entre proceso y procedimiento al ser
sometido a un órgano jurisdiccional es necesaria la concurrencia de requisitos
para que se pueda cumplir con la finalidad que es la aplicación de ley en
protección de los derechos objetivos a través de las facultades delegadas que
permiten resolver las solicitudes y controversias sometidas a su conocimiento del
órgano jurisdiccional.
En un sentido más procesalista, tanto doctrinal como jurídicamente la
clasificación de los procesos va enfocada a su finalidad, ya sea para obtener la
declaración de la existencia de un derecho o no, materializar o ejecutar lo
resuelto, prevenir el perjuicio de un derecho, los que se caracterizan por no existir
controversia y aquellos que tienen por finalidad verificar y declarar la legalidad de
los actos de la administración pública.
Para garantizar la juricidad y legalidad en todo procedimiento y/o proceso,
cada una de las fases se encuentran reguladas en la ley especifica y la aplicación
62 Guzmán Hernández, Martin. El Amparo Fallido . Editorial Serviprensa S.A., Guatemala 2004 Pág. 27.
26
supletoria de la Ley del Organismo Judicial y el Código Procesal Civil y Mercantil y
para garantizar que cada una de las fases se desenvuelvan bajo un debido
proceso, los sujetos involucrados cuentan con medios de defensa como son los
medios de impugnación, cada uno cumple con una función específica y son
procedentes en situaciones procesales distintas. En la presente investigación la
Nulidad es el medio de impugnación que tiene como fin evitar vicios dentro del
proceso y que se violenten derechos contenidos en ley.
La regulación Guatemalteca por principio constitucional a establecido que todo
proceso no puede tener más de dos instancias con excepción del proceso
contencioso el cual es sometido al conocimiento de un tribunal colegiado y según
su espíritu es de una única instancia lo cual ha generado controversia en cuanto a
la aplicación e interpretación; curiosamente la ley de lo Contencioso Administrativo
limita el medio de impugnación de apelación, sin embargo las actuaciones del
tribunal de lo contencioso administrativo siempre estarán sujetas a revisión ante la
Corte Suprema de Justicia a través del medio de impugnación de casación. Para
una mejor compresión en el presente trabajo se analizara y desarrollara en los
próximos capítulos lo correspondiente al procedimiento y el proceso cada uno con
sus medios de impugnación correspondientes.
27
CAPÍTULO 2
Procedimiento Administrativo.
2.1. El Derecho Procesal Administrativo.
El derecho procesal administrativo es una rama de las ciencias jurídicas que
estudia los principios, las normas y los fenómenos jurídicos de todo el proceso
administrativo, que abarca todos sus procedimientos o fases en las que se
desenvuelve de manera progresiva. En ese sentido, para conceptualizar el
derecho procesal administrativo judicial es necesario estudiar su procedencia que
conlleva implícitamente la fase del procedimiento puramente administrativo.
El tratadista uruguayo Enrique Sayagués Laso manifiesta que el
“Derecho Procesal Administrativo es aquella rama del Derecho que regula el
proceso administrativo, del mismo modo como el derecho procesal común regula
el procedimiento judicial”.63
El tratadista argentino Enrique Sayagués Laso afirma que “El derecho procesal
administrativo es aquella rama del derecho que tiene por objeto el estudio de las
normas que regulan el desenvolvimiento jurídico-formal del accionar de la
administración pública para el logro de sus fines específicos”.64
De ambos conceptos se puede decir que el derecho procesal administrativo es
el conjunto de normas que establecen los procedimientos mediante los cuales se
formaliza el acto administrativo. Este acto administrativo puede lesionar derechos
de los administrados estableciendo los procedimientos mediante el cual se puede
hacer efectivo el derecho de defensa y los mecanismos de impugnación del acto
administrativo.
63Sayagués Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Publicado: Fundación Educativa Universitaria; Uruguay 2002. 64Sayagués Laso, Enrique. Tratado General del Procedimiento Administrativo. Editorial De palma, Buenos Aires 1973.
28
2.2. La Administración Pública.
La administración pública se encuentra regulada dentro de un ordenamiento
jurídico desde la Constitución Política de la República hasta el reglamento interno
de cada administración pública, principalmente donde se encuentra estructurado
todo el Estado y sus organismos y las entidades descentralizadas y autónomas.
La Constitución Política de la República de Guatemala regula otros órganos
administrativos, como la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad
de San Carlos, la Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público entre otros.
En la Constitución Política de la República, la ley ordinaria administrativa y su
reglamento, los convenios y tratados internacionales se encuentra enmarcada la
competencia administrativa. La competencia de la administración pública debe
someter su actuación estrictamente a la ley fundamentalmente a los principios de
legalidad y juridicidad. Los órganos administrativos no pueden actuar
arbitrariamente ya que su fin primordial es el bienestar común.
Siendo los órganos administrativos,65 aquellos que pertenecen a la
administración pública y que son el medio o el conducto por medio del cual se
manifiesta la personalidad del Estado.
Integrando las regulaciones anteriores, la administración pública es el
conjunto de órganos administrativos que desarrollan una actividad para el logro de
un fin común a través de los servicios públicos y que tienen regulada su estructura
y funcionamiento.
Para abordar el concepto doctrinal de la administración pública66 es
necesario recurrir a la etimología de vocablo proveniente de latín donde se forma
la palabra ad u ministrare, que significa servir o según otros por contracción de
admanus trahere, que implica alusión a la idea de manejo o gestión.
65 Constitución Política de la República de Guatemala. Op.cit., artículo 224. 66 Garrido Falla, Fernando y otros. Tratado de Derecho Administrativo. Editorial Tecnos, Grupo Anaya, S.A. Madrid 2006Litografía Orión, 6ª edición. Guatemala febrero 2011. Pág. 33.
29
El tratadista Garrido Falla expone que la acción del Estado67 se manifiesta
en formas diversas, que pueden reconducirse a las siguientes: la legislativa que es
el establecimiento por vía general de las normas a que deben ajustarse las
conductas de los miembros de la comunidad política; la jurisdicción, que es poder
tomar la decisión concreta de los conflictos intersubjetivos de intereses que se
planteen entre los individuos o entre estos y la comunidad; y la ejecutiva concreta
las medidas pertinentes para satisfacer las necesidades que se plantea la vida en
común.
La función legislativa del Estado consiste en establecer por vía general y
obligatoria las normas que ha de cumplir los miembros de toda comunidad, así
como la forma de organización, tales normas se denominan leyes, reglamentos,
acuerdos, códigos entre otros.
La función jurisdiccional tiene como principal característica la aplicación de
las normas en un supuesto abstracto y la jurisdicción es la aplicación en casos
concretos que tiene como finalidad la declaración y aplicación del Derecho.
La función ejecutiva es la existencia material de la voluntad del Estado,
estos actos están referidos fundamentalmente al orden como un todo, si bien se
emite una ley para la construcción de una carretera o se sentencia a un criminal al
cumplimiento de una condena, estas no trascienden por si sola requieren de la
función ejecutiva para concretar o materializar la función legislativa y jurisdiccional.
La función ejecutiva está íntimamente68 relacionada con la función
administrativa del Estado. Para hacer una aplicación de Guatemala es necesario
hacer referencia a la función del Presidente de la República, ya que la función
legisladora y la función jurisdiccional no bastan para integrar la actividad jurídica
del Estado, pues el Presidente es quien tiene a su cargo la administración a través
del Organismo Ejecutivo con las facultades de gobernar y administrar.
67 Ibid. Págs. 35-38. 68 Mendoza, Lissette Beatriz. Ricardo, Mendoza Orantes. Constitución Explicada . Editorial Jurídica Salvadoreña, 2008. Págs. 197-199.
30
El Licenciado Hugo Haroldo Calderón afirma que el Organismo Ejecutivo
puede ser definido como: “uno de los organismos del Estado que se encarga de la
administración pública, del gobierno y de la prestación de servicios públicos y el
conducto por el cual se realiza la finalidad del Estado, el bien común o bienestar
general, bajo un sistema excesivamente centralizado, en donde en la cúspide se
encuentra el Presidente de la República, quien actúa siempre en Consejo de
Ministros o separadamente con uno o más de estos”.69
2.2.1. Elementos de la Administración Pública.
La actividad administrativa se desarrolla a través de la prestación de los
servicios públicos, a los cuales está obligada la administración pública para el
logro de su finalidad, que es el bien común o bienestar general de toda la
población en general, elemento no sólo doctrinario sino Constitucional70: “El
Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es el
Bien Común.” Es a través de servicio público que la administración pública utiliza
este medio para el logro del bienestar general o el bien común.
2.3. El Procedimiento Administrativo.
El procedimiento administrativo71 constituye la forma de expresión donde se
prepara, forma y produce la actividad administrativa que contiene la voluntad de la
administración pública.
Contra esa voluntad se crearon mecanismos para que los administrados se
encontraran protegidos contra las irregularidades, con el fin de dar seguridad
jurídica.
El procedimiento administrativo72 resulta entonces un elemento fundamental
para determinar la juridicidad y la legalidad del acto administrativo, que puede
69 Calderón M, Hugo Haroldo. Derecho Procesal Administrativo . Litografía Orión, 6ª edición. Guatemala febrero 2011. Pág. 11. 70 Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 1. 71 Calderón M, Hugo Haroldo. Op.cit., Pág. 5.
31
únicamente manifestar su voluntad en la forma que se encuentra preestablecida,
con el objeto de mantener el equilibrio entre el ejercicio de la función
administrativa y el goce de las garantías ciudadanas.
Según el Licenciado Jorge Mario Castillo González, el procedimiento
administrativo se define como procedimiento legal y reglamentario. “Este
procedimiento administrativo usualmente culmina con una decisión administrativa
que es conocida con el nombre de resolución administrativa.”73
Por otro lado el Licenciado Hugo Calderón Morales, establece que: “el
procedimiento administrativo puede ser conceptualizado como la serie de fases o
etapas que comprende un expediente administrativo, que se ejecutan por o ante
las autoridades administrativas o los funcionarios o empleados públicos, cuya
finalidad es la decisión administrativa.”74
El procedimiento administrativo es diferente al procedimiento judicial o
jurisdiccional o de tribunal. El trámite no es igual. Las etapas, formalidades,
efectos y consecuencias de uno y de otro, son diferentes. El procedimiento
administrativo se basa en normas previstas en la Constitución, en las leyes y en
los reglamentos.
2.3.1. Derecho de Petición Administrativa.
El Derecho de Petición está reconocido en la Constitución75 y contempla
que la autoridad está obligada a tramitar peticiones, obligando a tramitar y resolver
conforme a la ley sin dejar de resolver ninguna petición formulada. La Constitución
fija un plazo a la administración pública para resolver sin incurrir en violación a
derechos que darían lugar a la interposición de la garantía constitucional de
Amparo, con el objeto de obligar a la admisión de la petición para su trámite y
72 Ibid., Pág. 20. 73 Castillo González, Jorge Mario. Derecho Procesal Administrativo Guatemalteco . 17 Edición Actualizada 2011. 74 Calderón M, Hugo Haroldo. Op.cit., Págs. 4-5. 75 Constitución Política de la República de Guatemala Op.cit., Artículo 28.
32
según el caso puede producir una causal de negligencia y el delito de
incumplimiento de deberes.
2.3.2. Principios del Procedimiento Administrativo.
El Lic. Jorge Mario Castillo González76 desarrolla los principios aplicables a
todos los procedimientos y son complementados por la normativa constitucional y
administrativa.
2.3.2.a. Principio de Legalidad y Justicia.
El objetivo principal es la protección del administrado y de la administración
pública, elaborando una estructura normativa que regula la actividad administrativa
y que a su vez permite: su fiscalización, reducir la arbitrariedad de la
administración pública obligándola a resolver toda petición para que prevalezca la
legalidad y la justicia.
2.3.2.b. Principio del Seguimiento de Oficio.
La administración pública está obligada a resolver dentro de un plazo
determinado toda petición, dándole el seguimiento de oficio para que esta no sea
rogada en sus procedimientos y pueda realizar la práctica de todas las diligencias
necesarias para poder emitir su resolución final.
2.3.2.c. Principio de Informalidad.
El procedimiento no debe sujetarse a formalismos, salvo en los casos
especiales donde sí se requiere de algún tipo de formalismo en cuanto a
requisitos, por ejemplo la solicitud de inscripción de una sociedad anónima en el
Registro Mercantil.
76 Castillo González, Jorge Mario. Op.cit., Págs. 21-42
33
2.3.2.d. Principio del Derecho de Defensa.
Como condición para la administración pública previo a emitir una
resolución definitiva debe de permitir a las partes poder hacer todas las diligencias
necesarias para que los argumentos y hechos propuestos contengan su
fundamento, siendo obligación de la administración pública resolverlas conforme
las normas y leyes vigentes.
2.3.2.e. Principio de Imparcialidad.
La imparcialidad obliga al funcionario y al empleado a basar sus
actuaciones en la igualdad de oportunidades.
2.3.2.f. Principio de Procedimiento Escrito.
El procedimiento debe ser escrito y por excepción puede ser oral. En
Guatemala el procedimiento es escrito.
2.3.2.g. Principio del Procedimiento Sin Costas.
Las resoluciones administrativas no condenan en costas.
2.3.2.h. Principio de Sencillez, Rapidez, Economía y Eficacia.
Sencillez significa simple, fácil y sin complicaciones. Rapidez significa
velocidad en los trámites que pueden llevarse a cabo sin esperar el vencimiento
de los plazos. Economía significa evitar pérdida de tiempo que consecuentemente
aumente costos y gastos. Eficacia significa obtención de resultados.
2.3.2.i. Principio de Legalidad, Juricidad y de Jus ticia Administrativa.
El principal objetivo en el procedimiento administrativo es garantizar la
debida protección al administrado77 que solicita la decisión administrativa o la
impugna. Este principio busca que la administración pública no dicte actos
arbitrarios, contrarios a su finalidad o a los intereses de la generalidad o de los 77 Calderón M, Hugo Haroldo. Óp.cit., Pág. 25.
34
administrados en particular garantizando con ella la equidad administrativa en las
resolución o actos que emite.
2.3.2.j Principios Legales.
Los principios legales se encuentran regulados en el Decreto 119-96 del
Congreso de la República la Ley de lo Contencioso Administrativo artículo dos que
establece: “Los expedientes administrativos deberán impulsarse de oficio, se
formalizarán por escrito, observándose el derecho de defensa y asegurando la
celeridad, sencillez y eficacia del trámite. La actuación administrativa será
gratuita.”
2.3.3. Características del Procedimiento.
Las características son aplicables a todos los procedimientos, en el decreto
Ley 119-96 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de lo Contencioso
Administrativo se encuentran reguladas las del procedimiento administrativo. El
Licenciado Agustín Gordillo78 desarrolla las siguientes:
2.3.3.a. Sencillez.
Significa que el procedimiento no es complicado ni artificioso. Que está
desprovisto de ostentosas diligencias.
2.3.3.b. Rapidez.
Equivale al procedimiento conducido por la administración pública con
celeridad y prontitud.
2.3.3.c. Informalidad.
Los errores, omisiones y deficiencias que puedan atribuirse al particular, se
podrán subsanar. Suprimiendo el formalismo se da la informalidad a favor del
78 Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Cuarta Edición, Fundación de Derechos Administrativos, Buenos Aires Argentina, 2000. Págs. 9-20.
35
particular. Gracias a esta informalidad no se requiere auxilio de abogados ni cita
de leyes.
2.3.3.d. Iniciación de oficio.
El procedimiento lo inicia cada organización pública de acuerdo con su
interés, sin descartar que también lo inicia el interesado. El procedimiento puede
iniciarse de oficio y posteriormente, el interesado lo impulsa por el interés de que
siga adelante.
2.3.3.e. Prevalencia del Sistema de Prueba Legal.
Constituye el medio probatorio a favor y en contra de la petición del
interesado, siempre que el documento y la diligencia se fundamente en leyes y
reglamentos, de manera que el funcionario y el empleado pueda resolver
exclusivamente con base en lo probado.
2.3.3.f. Público para los Interesados.
Todos los actos de la administración son públicos.79 La Constitución Política
de la República de Guatemala establece en su artículo 30 “Publicidad de los actos
administrativos. Todos los actos de la administración son públicos. Los
interesados tienen derecho a obtener, en cualquier tiempo, informes, copias,
reproducciones y certificaciones que soliciten y la exhibición de los expedientes
que deseen consultar, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de
seguridad nacional, o de datos suministrados por particulares bajo garantía de
confidencia.”
2.3.3.g. Resolución Definitiva.
El procedimiento administrativo concluye con una resolución que contiene la
voluntad de la administración pública. Al momento de ser notificadas las partes de
79 Constitución Política de la República de Guatemala. Op.cit., Artículo 30.
36
la resolución definitiva queda sujeta a impugnación por quien se vea afectado o
lesionado en sus derechos.
2.3.4. Elementos del Procedimiento Administrativo.
Para que se admita una petición o para el desarrollo del procedimiento
administrativo existen elementos indispensables para que este pueda existir.
2.3.4.a. Los Sujetos.
Los sujetos dentro del procedimiento administrativo son el administrado y la
administración pública a través del órgano que recibe o resuelve una petición o un
recurso.
El órgano administrativo80 es el sujeto principal. Todo procedimiento debe
de sustentarse ante un órgano administrativo como conducto o medio por el cual
se manifiesta la voluntad del Estado. El órgano administrativo requiere del
funcionario público para ejercer su voluntad a través de su representante legal.
Lo administrados pueden ser cualquier persona que se deba a la
administración pública ya que es al administrado directamente a quien se va a
beneficiar o a perjudicar un acto administrativo.
2.3.4.b. Causa.
La motivación que impulsa al administrado o a la administración pública a
realizar determinado acto que pueda alterar el derecho de cualquier de los sujetos.
2.3.5. Fases del Procedimiento Administrativo.
Las peticiones en la administración pública se realizan a través de
formularios que facilitan el cumplimiento de requisitos formales. Y aquellos que no
tengan formulario a través de los documentos establecidos en sus reglamentos y
80 Calderón M, Hugo Haroldo. Op.cit., Págs. 43-44.
37
en caso de no estar regulado se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil y
Mercantil.
En materia administrativa los requisitos de toda petición, solicitud,
interposición de recursos se encuentran regulados en la Ley de lo Contencioso
Administrativo.
Posteriormente de darle trámite a la solicitud, la administración pública debe
notificar a todas las partes involucradas en el caso concreto, a efecto de darles
audiencia para que puedan ejercer su derecho de defensa, el cual es inviolable, su
omisión afectaría todo el procedimiento que podría estar sujeto a impugnaciones
por violaciones al procedimiento.
Existen casos concretos donde la misma ley establece a quienes se les debe
de correr audiencia como es el caso de los recursos de Revocatoria y
Reposición,81 que indica que se les correrá audiencia a: todos los sujetos
involucrados que hayan señalado lugar para recibir notificaciones; a la
administración pública según la naturaleza del acto impugnado y; a la
Procuraduría General de la Nación.
Los procedimientos administrativos, en su mayoría, se pueden resolver sin la
necesidad del diligenciamiento de medios de prueba y en aquellos procesos que
amerite el diligenciamiento y valoración de determinados medios de prueba la
administración pública deberá de facilitarlos para obtener la mayor cantidad de
elementos que le permitan emitir su resolución definitiva.
Habiendo dado audiencia a todas las partes y recibido sus pruebas la
administración pública decide82 sobre el fondo del asunto por medio de una
resolución la cual debe de cumplir con formalismos para su validez como la
competencia, declaración de voluntad, objeto y forma.
81 Congreso de la República de Guatemala. Decreto Ley número 119-96. Ley de lo Contencioso Administrativo. Artículo 12. 82 Ibid. Artículo 3.
38
Estas resolución definitivas83 pueden ser: resolución de fondo o resolución
originaria donde la administración pública manifiesta su voluntad plasmada en una
resolución que producirá sus efectos después de notificada a los sujetos para
garantizar el derecho de defensa.
2.4. Acto Administrativo.
La estructura y organización de un Estado de Derecho ha impuesto
principios como el de legalidad, donde el funcionario84 no puede emitir un acto o
una resolución sin la existencia de una norma legal que faculte la actuación de la
administración pública y el de juricidad en donde el funcionario a falta de una
norma debe de aplicar los principios del Derecho Administrativo.
Al agotarse las etapas del procedimiento administrativo y los requisitos de
fondo y de forma que señale la ley se produce un acto administrativo que empieza
a surgir sus efectos desde el momento de ser notificadas las partes salvo este sea
impugnado por los medios legales establecidos.
El acto administrativo puede ser:85 a) imperativo cuando lleve implícita una
prohibición; b) conformadores creados para crear, modificar o suprimir una
relación concreta con los administrados; c) declarativos cuando llevan implícita
una declaración sobre propiedades, cosas o personas; d) registrales que son
aquellos que constituyen hechos ya registrados y tienen carácter de documentos
públicos y; e) por requerimiento que pueden tener lugar por una solicitud de un
administrado a la administración pública.
El acto administrativo es la declaración de voluntad, de juicio y de
conocimiento emitido por la administración pública dentro de las facultades
concedidas legalmente. El acto administrativo es entonces toda la actividad que
realizan los funcionarios públicos en el ejercicio sus facultades legales.
83 Ibid. Artículo 1. 84 Constitución Política de la República de Guatemala Op.cit., Artículo 155. 85 Gordillo, Agustín. Op.cit., Págs. 33-37.
39
2.4.1. Elementos del Acto Administrativo.
Los elementos del acto administrativo son:86 sujeto, manifestación de
voluntad, objeto, forma, motivo, finalidad y mérito, ejecutores de la voluntad del
órgano administrativo.
2.4.1.a. Sujeto.
El sujeto emisor del acto, es un órgano administrativo, el cual debe tener la
competencia que la ley le asigne, para actuar en el caso concreto. El servidor
público ha de estar facultado legalmente para tomar y externar decisiones
públicas.
2.4.1.b. Declaración de Voluntad.
Tal voluntad de carácter unilateral, debe originarse y expresarse de manera
libre, sin vicios ni error, dentro de un marco competencial y de facultades
delimitado y conferido conforme a la ley. La ausencia de dicha declaración de
voluntad, cuando debió haberla, puede producir consecuencias de derecho. Si
este es el supuesto estaremos frente al llamado silencio administrativo.
2.4.1.c. Objeto.
Es lo que persigue la administración al emitir el acto; es decir, crear,
reconocer, modificar o extinguir situaciones subjetivas de derecho, con miras a
satisfacer el interés de la colectividad.
2.4.1.d. Forma.
Es la manera como se exterioriza o expresa la voluntad del órgano
administrativo. El acto administrativo puede ser escrito o verbal según la institución
y la solicitud que se realice a la administración pública. En la forma escrita de
externar la decisión de la administración, han de observarse ciertas reglas o
formalidades que la ley y la costumbre establecen, entre ellas la fecha, firma, a
86 Oviedo García, Carlos. Enrique Useros Martínez. Derecho Administrativo. Tomo II, novena Edición. Artes Graficas Iberoamericanas. Madrid 1968.
40
quien se dirige, su fundamentación y motivación.
2.4.1.e. Motivo.
Las consideraciones, de hecho y de derecho, que tiene en cuenta el órgano
emisor para tomar una decisión.
2.4.1.f. Finalidad.
La finalidad es de carácter general prevaleciendo el interés público, el
beneficio de la sociedad.
2.4.1.g. Mérito.
El mérito es un elemento que debe tener cualquier acto emitido por el órgano
administrativo, pues el ejercicio total de la función administrativa ha de hacerse de
manera oportuna, conveniente, útil, eficiente y justa.
2.4.2. Clasificación del Acto Administrativo.
La clasificación del acto administrativo es a través de diferentes elementos
y características propias, quien lo dicta, el contenido, por su ajuste a la normativa
y por sus efectos. El tratadista Julio Comadira87 desarrolla la siguiente clasificación
del Acto administrativo:
2.4.2.a. Reglados.
Que cumple con todas las formalidades de ley, siendo prescindible el
establecimiento de un procedimiento reglamentario para cumplir con todas las
formalidades y garantizar la legalidad en los actos jurídicos.
2.4.2.b. Discrecionales.
Se establecen procedimientos preestablecidos que permiten que el funcionario
pueda actuar con libertad siempre y en cuando sus actuaciones se encuentren
87 Comadira, Julio Rodolfo. Acto Administrativo . Editorial Lexis Abelardo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 2004.
41
dentro de la ley.
1.4.2.c. Atendiendo a su Contenido.
i. Imperativos: los que imperan, mandan fuerzan u obligan su cumplimiento, puede
llevar consigo una sanción por desobediencia.
ii. Conformadores: Son aquellos que van dirigidos a crear, modificar o suprimir una
relación jurídica concreta con los administrados.
iii. Declarativos: Son aquellos en los que lleva implícito declaraciones sobre
determinadas propiedades de personas o cosas, de cuya existencia o ausencia
depende determinadas consecuencias jurídico-administrativas.
iv. Registrales: son los que se limitan a consignar que en los registros se
encuentran asentadas determinadas particularidades y tienen el carácter de
documentos públicos.
v. Requerimiento del Interesado: son aquellos en los que las leyes prescriben que
sólo pueden tener lugar con la previa solicitud de los administrados.
2.4.2.d. Por sus Efectos.
i. Internos: son los que surten efectos dentro de la esfera de la administración
pública sin afectar a los particulares.
ii. Externos: son los que trascienden hacia los particulares los efectos jurídicos del
acto o bien a otras entidades o dependencias del Estado.
2.4.2.e. Según el Órgano que los Dicta.
i. Simples: cuando emanan de una sola voluntad, en ejercicio de una competencia
administrativa exclusiva.
ii. Complejos: son aquellos que se forman por el concurso de varias competencias
o que son emitidos por varios órganos administrativos.
42
2.4.2.f. Según la Concurrencia de Elementos.
i. Válidos o Perfectos: se dan cuando el acto administrativo contiene todos los
elementos de fondo y de forma necesarios, están ajustados a derecho.
ii. Viciados o Imperfectos: son los que adolecen de algún elemento de forma o de
fondo y pueden ser susceptibles de cualquier impugnación administrativa y
judicial.
2.5. Recursos en el Procedimiento Administrativo.
Los medios de impugnación o más conocidos como recursos, son el medio
legal de que dispone el administrado afectado por un acto administrativo, con el fin
de que la autoridad administrativa modifique, revoque o anule y preserve la
legalidad y jurídica en el acto administrativo.
Para que exista una resolución administrativa esta debe de estar
legalmente emitida y notificada al administrado para su emplazamiento y la
interposición del medio de impugnación que se considere pertinente. Ante la
interposición de un recurso, la administración pública deberá de resolverlo dentro
de un plazo preestablecido. Cuando la resolución del recurso se considera
desfavorable implica que el acto administrativo ha causado estado, agotando la
vía administrativa.
La Ley de lo Contencioso Administrativo reconoce únicamente en la fase
del procedimiento administrativo los recursos de revocatoria y reposición, sin
embargo debido a las deficiencias del ordenamiento jurídico guatemalteco en
materia administrativa es necesario acudir a la norma o reglamento específico de
cada institución y establecer que no existe un recurso o medio de impugnación o
los recursos de revocatoria y reposición con diferentes plazos y etapas en el que
se desenvuelve.
43
2.5.1. Revocatoria.
En el Derecho Administrativo a la Revocatoria se le conoce como el recurso
de alzada y por su naturaleza se plantea en contra de un acto resuelto por un
órgano subordinado. Esto quiere decir que el recurso será resuelto por un órgano
superior jerárquico de quien emitió el acto administrativo.
El tratadista Hugo Haroldo Calderón M.88 expuso que el recurso de
revocatoria se presenta contra de cualquier institución administrativa que tenga
subordinación de un Ministerio de Estado y en consecuencia sus representantes,
sus directores.
En contra de la resolución que resuelve el recurso de revocatoria no cabe
otro medio de impugnación administrativo causando estado, un requisito de
admisibilidad de la demanda contenciosa administrativa.
La Ley de lo Contencioso Administrativo en su artículo 7, recurso de
Revocatoria, establece que: “Procede el recurso de revocatoria en contra de
resoluciones dictadas por autoridad administrativa que tenga superior jerárquico
dentro del mismo ministerio o entidad descentralizada o autónoma. Se interpondrá
dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución, en
memorial dirigido al órgano administrativo que le hubiere dictado.”
Al analizar textualmente el artículo anterior cabe indicar que89 el recurso
procede en contra de resoluciones que contienen un acto o decisión
administrativa. Como formalismo esta resolución debe de estar contenida en un
documento formal y por su naturaleza la decisión de la administración es
considerada como resolución.
88 Ibid. Págs. 12-13 89 Corte de Constitucionalidad, expediente 624-2003 de fecha 13 de enero de 2004.
44
2.5.2. Reposición.
En el Derecho Administrativo el recurso de reposición se plantea en contra
del órgano administrativo superior jerárquico y es el encargado de revisar su
propia actuación y resolver el recurso planteado.
Este recurso se plantea contra los Ministros de Estado y contra las Juntas
Directivas de órganos colegiados y algunos órganos descentralizados.
El tratadista Hugo Haroldo Calderón M.90 expone que siendo el órgano
administrativo superior jerárquico quien emite el acto impugnado y quien lo
resuelve en contra de su resolución no cabe otro medio de impugnación
administrativa, implicando tener que acudir a un proceso judicial en la vía
contencioso administrativa, es decir la resolución del Ministerio de Estado causa
estado, un requisito de admisibilidad de la demanda judicial contencioso
administrativa.
La resolución administrativa que los órganos superiores emiten al resolver
con competencias exclusivas, son originarias, por ser el mismo órgano quien las
dicta y las resuelve.
La Ley de lo Contencioso Administrativo en su artículo 9 establece lo
relativo al recurso de reposición, establece que: “Contra las resoluciones dictadas
por los ministerios, y, contra las dictadas por las autoridades administrativas
superiores, individuales o colegiadas, de las entidades descentralizadas o
autónomas, podrá interponerse recurso de reposición dentro de los cinco días
siguientes a la notificación. El recurso se interpondrá directamente ante la
autoridad recurrida.”
2.5.3. Recursos Específicos dentro de Instituciones Públicas.
2.5.3.a. Recursos en Materia Tributaria.
90 Calderón M, Hugo Haroldo. Op.cit., Págs. 125 – 135.
45
La administración tributaria se encuentra a cargo de la Superintendencia de
Administración Tributaria, actividad que se encuentra regulada en la Ley Orgánica
de la Superintendencia de Administración Tributaria, Código Tributario y otras
leyes de naturaleza fiscal como la Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley del
Impuesto sobre la Renta, en las cuales quedan enmarcados todos los
procedimientos ante esta organización.
El Código Tributario reconoce el recurso de revocatoria con un
procedimiento y plazos específicos fuera de la esfera regulada en la Ley de lo
Contencioso Administrativo. Este recurso se interpone ante la administración
tributaria quien se limitará a conceder o denegar el mismo, si lo deniega deberá de
razonar el rechazo. Sin embargo si el recurso se interpone en el Ministerio de
Finanzas Publicas este resolverá confirmando, modificando, revocando o
anulando la resolución impugnada.
Como un medio de defensa ante la arbitrariedad de la administración
Tributaria cuando deniegue el trámite del recurso de revocatoria, la parte que se
tenga por agraviada podrá ocurrir mediante la interposición de un Ocurso,91 al
Ministerio de Finanzas Públicas pidiendo se le conceda el trámite del recurso de
revocatoria.
Como regla general del procedimiento administrativo contra las
resoluciones originarias del Ministerio de Finanzas Públicas, puede interponerse
recurso de reposición.
La administración tributaria también cuenta con facultades para enmendar
el trámite, dejando sin efecto lo actuado, cuando se hubiere incurrido en defectos
u omisiones de procedimiento. Declarar la nulidad de actuaciones cuando se
advierta vicio sustancial en ellas. Se entenderá que existe vicio sustancial, cuando
se violen garantías constitucionales, disposiciones legales o formalidades
esenciales del expediente o cuando se cometa error en la determinación de la
91Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 6-91. Código Tributario, artículo 155.
46
obligación tributaria, multas, recargos o intereses. Cuando se otorga uno de estos
recursos no se verán afectadas las pruebas válidamente recibidas. En ambos
casos no se pueden interponer cuando sean procedentes los recursos de
revocatoria y de reposición.
2.5.3.b. Recursos ante la Superintendencia de Banco s.
La Superintendencia de Bancos92 es un órgano de la banca central,
organizando conforme a la ley, eminentemente técnico, que actúa bajo la
supervisión general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del
Banco de Guatemala, bancos e instituciones de crédito, empresas financieras,
entidades afianzadoras, de seguros y las demás que la ley disponga. La
Superentendería de Bancos goza de la independencia necesaria para el
cumplimiento de sus fines, y para velar porque las personas sujetas a su vigilancia
e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones
normativas aplicables en cuanto a la liquidez, solvencia y solidez patrimonial.
“Las resoluciones del Superintendente de Bancos con relación a sus
funciones de vigilancia e inspección serán obligatorias pero admitirán recurso de
apelación ante la Junta Monetaria. No son apelables las resoluciones de la
Superintendencia de Bancos que cuenten con la aprobación de la Junta
Monetaria, de acuerdo con la ley, ni las que la Superintendencia de Bancos emita
para ejecutar resoluciones de la propia Junta Monetaria sobre casos específicos
que involucren a la entidad de que se trate.” 93
2.5.3.c. Recursos ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGGS).
El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una entidad autónoma
con personalidad jurídica, patrimonio y funciones propias, esta regulada por su ley
orgánica y tiene la facultad de auto reglamentarse la que le corresponde a su
máxima autoridad, Junta Directiva que es un órgano colegiado.
92 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 19-2002 , Ley de Banco y Grupos Financieros. 93 Ibid. Artículo 104.
47
En el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,94 se encuentra
fundamentalmente el Recurso de Apelación, pero también existe otro recurso que
no tiene denominación que se plantea contra las notas de cargo que se envían a
los patronos que se encuentren morosos con la institución.
La procedencia del recurso, se refiere a los reclamos que formulen los
patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de la Ley Orgánica del Instituto
y los asuntos que deban ser tramitados y resueltos por la Gerencia.
La Apelación cabe contra las resoluciones de la Gerencia del Instituto que
decidan el asunto y resuelve la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.
2.5.3.d. Recursos ante la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).
La Universidad de San Carlos de Guatemala se rige por su Ley Orgánica,
estatutos y reglamentos que ella emita, tiene personalidad jurídica propia95 y el
carácter de única universidad estatal. Le corresponde con exclusividad dirigir,
organizar y desarrollar la educación superior del Estado.
Todos los miembros de los órganos de dirección de la Universidad, son cargos
por elección interna de la comunidad universitaria y de los Colegios Profesionales.
En la Universidad se encuentran algunas impugnaciones que han surgido como
revisiones, pero fundamentalmente existe un reglamento que regula las
impugnaciones administrativas, Reglamento de Apelaciones de la Universidad de
San Carlos de Guatemala.
Como medios de impugnación administrativos reconocidos en la Universidad
de San Carlos de Guatemala son la revisión y la apelación que están regulados
para poder interponerse por actos derivados de la Junta Universitaria del Personal
Académico, Concurso de oposición del Profesor Universitario y Auxiliares,
94 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 295 , Ley Orgánica del Instituto de Seguridad Social, artículo 52. 95 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala . artículo 82.
48
Relaciones Laborales entre la Universidad de San Carlos de Guatemala y su
personal y lo relativo a las elecciones internas de la Universidad. Por otro lado
reconoce también dentro de su estructura organizacional el medio de impugnación
conocido como ocurso de hecho, doctrinariamente se le denomina Recurso de
Queja.
2.5.3.e. Recursos ante la Contraloría General de Cu entas.
La Contraloría General de Cuentas96 es una institución técnica y
descentralizada. De conformidad con esta ley, goza de independencia funcional,
técnica y administrativa y con competencia en todo el territorio, con capacidad
para establecer delegaciones en cualquier lugar de la República.
Contra las resoluciones que dicte el Contralor General de Cuentas,97
procede el recurso de reposición y contra las resoluciones que dicten los Sub
contralores, Directores y Jefes de dependencias de la Contraloría General de
Cuentas, procede el recurso de revocatoria. En ambos casos, deberá observarse
el procedimiento que para el efecto establece la Ley de lo Contencioso
Administrativo.
2.5.3.f. Recursos ante la Ley de Contrataciones del Estado.
La Ley de Contrataciones del Estado tiene por objeto98 regular la compra y
venta y la contratación de bienes, suministros, obras y servicios que requieran los
organismos del Estado, sus entidades descentralizadas y autónomas, unidades
ejecutoras, las municipalidades y las empresas públicas estatales o municipales,
se sujetan a la presente ley y su reglamento.
96 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 31-2002 , Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas, artículo 1. 97 Ibid. artículo 44. 98 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 57-1992 , Ley de Contrataciones del Estado, artículo 1.
49
La aclaración y ampliación99 proceden en contra de la resolución de la
adjudicación por la Junta de Licitación o Comisión de Cotización. El de aclaración
procede cuando la resolución sea obscura, ambigua o contradictoria y el de
ampliación procede si se hubiere omitido resolver sobre algún aspecto que incida
en la negociación.
El recurso de revisión100 procede contra la resolución de la autoridad que
apruebe la adjudicación de toda licitación o cotización.
En cualquier expediente que se tramite derivado de la aplicación de la Ley de
Contrataciones del Estado, agotada la fase conciliatoria entre las partes,101 la
autoridad deberá dictar la respectiva resolución que dé por concluido el
procedimiento administrativo. Contra esta resolución, la parte que se considere
afectada podrá interponer Recurso de Revocatoria.
2.5.3.g. Recursos ante el Registro de la Propiedad Intelectual.
Contra las resoluciones definitivas del Registro102 podrá interponerse el
recurso de revocatoria, que se interpondrá y tramitará en la forma que determina
la Ley de lo Contencioso Administrativo.
Asímismo dentro de las solicitudes giradas al Registro de la Propiedad
Industrial para el registro de marcas, denominación de origen se podrá interponer
oposición103 y en contra de la resolución que resuelve la oposición cabe la
interposición del Recurso de Revocatoria.
2.5.3.h. Recursos ante el Registro Mercantil Genera l de la República.
En la inscripción de sociedades mercantiles cualquier particular que se
encuentre afectado por el objeto o sea la actividad a la que va a realizar la
99 Ibid., artículo 99. 100 Ibid., artículo 100. 101 Ibid. artículo 101. 102 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 57-2000 , Ley de Propiedad Industrial, artículo 13. 103 Ibid. artículos 27, 28, 86.
50
sociedad puede impugnar104 su inscripción, el cual deberá ventilarse por el
procedimiento de los incidentes, ante un Juez de Primera Instancia del domicilio
de la entidad contra cuya inscripción se formula la oposición.
En la inscripción de sociedades mercantiles relativas a la razón social, la
denominación social o del nombre comercial puede estar sujetas a oposicion105
por parte de los particulares que se ven afectados serán resueltas por el
Registrador Mercantil. Contra lo resuelto por el Registrador Mercantil en este
caso, no cabe recurso alguno.
2.5.3.i. Recursos regulados en la Ley Constituciona l Electoral y de Partidos
Políticos.
Ante la Junta Electoral puede interponerse el recurso de nulidad,106 el cual
procede contra todo acto del proceso electoral. Contra las resoluciones107 del
Tribunal Supremo Electoral procede el recurso de revisión.
Procede el amparo108 contra las resoluciones definitivas del Tribunal
Supremo Electoral, siempre que previamente, se haya agotado el recurso de
revisión ya mencionado. Es la Corte Suprema de Justicia el órgano competente
para conocer y resolver del amparo en esta materia y su apelación la Corte de
Constitucionalidad.
El tribunal Supremo Electoral por su actividad reguladora ante la actividad
política y electoral reconoce en los procedimientos administrativos los recursos de
Apelación, Oposición, Aclaración, Ampliación y Amparo.
104 Congreso de la República de Guatemala. Decreto número 2-70 , Código de Comercio, artículo 350. 105 Ibid. artículos 341, 343. 106 Asamblea Nacional Constituyente. Decreto Ley número 1-85 , Ley Electoral y de Partidos Políticos, artículo 256. 107 Ibid. artículo 247. 108 Ibid. artículo 249.
51
En este capítulo se desarrolló la fase administrativa como una etapa previa al
Proceso Contencioso Administrativo. El derecho procesal administrativo formaliza
la relación entre administrado y administración pública al regular los mecanismos
para garantizar la juricidad y legalidad de los actos administrativos. Estos actos
son emitidos por la administración pública con las facultades otorgadas
constitucionalmente y mediante el reconocimiento de la estructura y organización
del Estado, sus organismos, entidades descentralizadas y autónomas, actividad
que se desarrolla a través de la prestación de servicios públicos.
Para la concurrencia de un procedimiento administrativo es necesaria la
existencia de elementos como el sujeto y causa. Toda solicitud debe de ser
resuelta conforme la ley y dicha resolución es lo que se denomina acto
administrativo el cual puede ser impugnado cuando se considere que viola los
derechos del administrado. En la legislación guatemalteca se pretendió simplificar
los recursos administrativos en reposición y revocatoria según la naturaleza de la
institución que emitió el acto administrativo, sin embargo muchas leyes y
reglamentos propios de la administración regulan recursos específicos que ha
generado una mayor complejidad en la aplicación de ley para los tribunales de
justicia encargados de velar por la juricidad y legalidad de dichos actos
administrativos.
52
CAPÍTULO 3
El Proceso Contencioso Administrativo.
3.1. El Proceso Contencioso Administrativo.
Surge de la necesidad de tener un medio de control por parte del particular
para impugnar las resoluciones de la administración pública. Hecho que tiene que
ver con los medios de control judiciales que se utilizan en contra de las
resoluciones y actos de la administración pública guatemalteca, como lo es el
Proceso de lo Contencioso Administrativo.
El Proceso Contencioso Administrativo “es un garante de los derechos de
los administrados, asegura la efectiva tutela administrativa y jurisdiccional de la
juricidad de todos los actos de la administración pública garantizando el derecho
de defensa del particular frente a la administración.”109
El Decreto numero 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo
Contencioso Administrativo delimita el ámbito de aplicación de la jurisdicción
contenciosa administrativa. El Proceso Contencioso Administrativo110 es de única
instancia y su planteamiento no tiene efectos suspensivos, salvo para casos
concretos excepcionales en que el Tribunal decida lo contrario. Este proceso es
procedente111 cuando existan controversias en actos y resoluciones de la
administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado y las
controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas.
Para que un proceso Contencioso Administrativo pueda iniciarse112 se
requiere que la resolución que lo origina, no pueda remediarse por medio de los
recursos puramente administrativos y que lo resuelto vulnere los derechos del
administrado.
109 Mendoza, Lissette Beatriz. Ricardo Mendoza Orantes, Op.cit., Págs. 284-286 110 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 18. 111 Ibid. Artículo 19. 112 Ibid. Artículo 20.
53
La legislación Guatemalteca113 establece que ningún proceso tendrá más de
dos instancias. El proceso Contencioso Administrativo como se hizo referencia es
de una única instancia y en ese sentido la sentencia o resolución definitiva que se
emita no será apelable, sin embargo como medio contralor de la legalidad del
proceso, la Corte de Constitucionalidad ha sido del criterio que la casación tiene
como “finalidad la defensa del Derecho Objetivo que corresponde a la correcta
aplicación de la ley en los fallos judiciales.”114
La relación jurídica procesal típica está constituida por un administrado
demandante o recurrente y una administración pública demandada. También hay
que considerar que la propia administración pública puede ser recurrente cuando
considere que un acto o contrato administrativo es lesivo o perjudicial para el
Estado. El Tratadista Fernando Garrido Falla115 expone que este esquema esta
relacionado con la existencia de un Estado fuertemente centralizado en el que la
vía administrativa se agotaba, como regla, ante los órganos supremos de la
Administración del Estado.
Por otro lado el Catedrático Jorge Mario Castillo González116 deja plasmado su
descontento porque en Guatemala no se han organizado tribunales
administrativos, tal como los concibe la doctrina procesal administrativa. Esto
deviene que el Proceso Contencioso Administrativo es una mala copia de los
procesos y trámites regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil y Ley del
Organismo Judicial. A pesar de tener una ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo existen normas jurídicas en otros códigos que confunden al
administrado.
113 Constitución Política de la República de Guatemala. Op.cit., artículo 211. 114 Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha veinticinco de Agosto de dos mil novecientos noventa y dos dentro del expediente cuatro guion noventa y dos (4-1992). 115 Garrido Falla, Fernando y otros. Op.cit., Págs. 117–125. 116Castillo González, Jorge Mario. Derecho Procesal Administrativo Guatemalteco. Tomo II. Teoría Procesal 16ª Edición, Guatemala 2005. Págs. 709-710
54
El objetivo general del Contencioso Administrativo es controlar la actividad
administrativa y velar que los actos administrativos no contengan vejámen a los
derechos de los administrados o al mismo Estado. Para hacer posible que el
Contencioso Administrativo pueda controlar la actividad administrativa es
necesario que previo a cualquier acción, la existencia de un acto de la
administración pública y que hayan sido agotados los procedimientos puramente
administrativos, salvo sus excepciones, por ejemplo: cuando la administración
pública causa un agravio a una garantía constitucional y la vía ordinaria causaría
daños o vejámenes irreparables.
3.1.1. Sistemas del Proceso Judicial Administrativo .
El sistema francés contempla un órgano que se encuentra integrado a la
administración pública y en su mayoría de ocasiones recibe el nombre de Consejo
de Estado y tiene las facultades de resolver las controversias derivadas de las
actuaciones de la administración pública. El nacimiento de este sistema se
remonta a la Revolución Francesa donde se desarrolla la justicia delegada con el
fin de privar al Rey de sus poderes judiciales. Dentro de este sistema cabe
destacar principalmente la formulación de principios de filosofía política como: la
primacía de la ley, la separación de las autoridades administrativas y judiciales; el
liberalismo político, la igualdad de los ciudadanos frente a la administración y el
liberalismo económico.
En el sistema sajón o inglés, en este sistema no existe un órgano que resuelva
las controversias que se dan entre la administración pública y los particulares, sino
todo lo relativo a estas controversias se regula por el derecho común. En
consecuencia todo lo relacionado con las controversias que se deriven por actos,
resoluciones, contratos, con la administración pública se ventilan en los tribunales
de orden común.
55
3.1.2. Características del Proceso Contencioso Admi nistrativo.
El Catedrático Jorge Mario Castillo González desarrolla las características
del proceso administrativo guatemalteco117 en las cuales se pueden mencionar las
siguientes:
3.1.2.a. Dispositivo.
El proceso Contencioso Administrativo debe de ser iniciado mediante la
interposición de una demanda y la iniciativa probatoria corre a cargo de las partes.
3.1.2.b. Contradictorio.
Las partes118 del Contencioso Administrativo equivalen al administrado y la
administración en un plano de debate igual sin ventajas para el Estado. Esta
características no se ven reflejadas en la legislación guatemalteca, al permitir que
el Estado presente informe circunstanciado en cualquier etapa del proceso.
3.1.2.c. Escrito.
En la teoría el proceso contencioso debe ser una combinación de lo escrito y
oral. La ley contenciosa es la que determina que fases son escritas y cuales son
orales, sin embargo se considera un proceso meramente escrito, careciendo la
autoridad jurisdiccional de facultades para impulsar la oralidad.
3.1.2.d. No público.
El decir no público119 se refiere al secreto o reserva del proceso o expediente
para cualquier persona, siendo público sin limitación alguna a las partes
acreditadas dentro del proceso, esto una garantía constitucional y procesal. Este
principio doctrinalmente se refiere a que es público, exclusivamente para los
funcionarios en ejercicio de sus funciones y para las partes, representantes y
117 Castillo González, Jorge Mario. Op.cit., Págs. 720-725 118 Decreto número 119-96. Op.cit., artículo 32. 119 Loc. cit.
56
apoderados, y para quienes participen en el proceso en calidad de coadyuvantes o
impugnantes.
3.1.2.e. Instancias del Proceso.
En general los procesos no pueden tener más de dos instancias, por su lado el
Proceso Contencioso Administrativo se excluye la apelación del auto definitivo por
lo que este será de única instancia.120
3.1.2.f. Supletoriedad.
El Proceso Contencioso Administrativo está regulado con base a los principios
procesales de todos los procesos.121 En el Decreto 119-96, Ley de lo Contencioso
Administrativo establece en su artículo veintiséis que “en lo que fuere aplicable, el
proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la Ley del
Organismo Judicial y del código Procesal Civil y Mercantil.”
3.1.3. Condiciones de Procedencia.
Las condiciones de procedencia también se denominan de admisibilidad122
y no son más que los requisitos que se deben de considerar previo la
interposición de una demanda en la vía Contencioso Administrativo. Como regla
general el hecho controvertido deviene de un acto administrativo que debe ser
denegatorio en todo o en parte, sea expresamente, con ambigüedad, por silencio.
3.1.3..a. Acto Definitivo.
El acto agraviante tiene que ser definitivo123 se requiere que la resolución
que lo origina, no pueda remediarse por medio de los recursos puramente
administrativos y que lo resuelto vulnere los derechos del administrado.
3.1.3.b. Lesión de Derechos Subjetivos.
120 Ibid. Artículo 18. 121 Castillo González, Jorge Mario. Op.cit., 122 Linares, Juan Francisco. Derecho Administrativo. Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Guatemala 2005. Págs. 543-547 123 Decreto número 119-96. Op.cit., Artículo 20.
57
En la demanda se tiene que pretender que el acto administrativo lesiona
derechos subjetivos del administrado y que el único medio para repararlos es a
través de un Proceso Contencioso Administrativo.
3.1.3.c. Acto que Cause Estado.
Un acto causa estado124 después de haber agotado todas las instancias
administrativas y no pueda subsanarse125 por medio de los recursos puramente
administrativos.
3.1.3.d. El Plazo de Caducidad.
El proceso Contencioso Administrativo establece un plazo de tres meses126
para que el administrado pueda hacer valer sus derechos o medios de
impugnación, vencido dicho plazo el administrado se verá imposibilitado de ejercer
sus acciones.
3.1.4. Sujetos que Intervienen.
En el Proceso Contencioso Administrativo serán partes,127 el administrado
como demandante, la administración pública a través de su representante legal
como un órgano centralizado o la institución descentralizada de la administración
que haya conocido el asunto. En representación del Estado de Guatemala
interviene la Procuraduría General de la Nación quien tiene la función de
representar y sostener los derechos de la nación en todos los juicios que fuere
parte, de acuerdo con las instrucción del ejecutivo y promover la oportuna
ejecución de las sentencias que se dicten en ello y cuando el proceso se refiera al
control o fiscalización de la hacienda pública, también conocerá la Contraloría de
Cuentas.
124 Loc. cit. 125 Decreto número 119-96. Op.cit., Artículo 20. 126 Decreto número 119-96. Op.cit., Artículo 25. 127 Decreto número 119-96. Op.cit., artículo 22.
58
3.1.4.a. Capacidad Procesal.
Como ya se ha mencionado la capacidad y la legitimación equivalen a lo que
en el derecho sustantivo se conoce como la capacidad de goce y la capacidad de
ejercicio. En el proceso administrativo la capacidad128 consiste en la idoneidad de
una persona individual o jurídica para configurar en el proceso, es decir aquella
persona que se ve directamente afectada por un acto administrativo. En un sentido
más amplio la capacidad procesal es la aptitud para comparecer en juicio y
realizar válidamente los actos procesales que corresponden a las partes. Por regla
general todas las personas, tanto físicas como jurídicas (o morales), pueden ser
parte en el proceso salvo los impedimentos establecidos expresamente en la ley,
En línea con lo que se acaba de indicar se puede señalar que la capacidad
procesal en el ámbito Contencioso Administrativo, no tiene reglas propias aunque
si algunas matizaciones o concreciones a las establecidas con carácter general en
la que resalta el administrado y la administración pública a través de quien tenga
la representación legal para comparecer en el proceso.
3.1.4.b. Legitimación Procesal.
La legitimación debe de considerarse como la capacidad procesal129 de las
personas individuales o jurídicas para comparecer en juicio y hacer efectivos sus
derechos subjetivos. También comprende la aptitud de las personas que ejercen
una representación de quienes carecen de capacidad procesal. Dentro del
Proceso Contencioso Administrativo se debe de tener una condición130 de
idoneidad para actuar; que será determinada por la relación al derecho que se
invoca, siendo un acto administrativo que afecta de manera directa a una persona
individual o jurídica.
Cabe establecer diferencias entre la legitimación activa y pasiva en el Proceso
Contencioso Administrativo, por una lado la legitimación activa como la condición
128Gordon Moreno, Faustino. Op.cit., Págs. 313-315 129Chiovenda. Op.cit., pág. 8. 130 Couture. Eduardo J. Op.cit., Pág. 379
59
del demandante en quien recae la acción de exigir la titularidad de un derecho
subjetivo lesionado por la actuación administrativa, y por otro lado, la legitimación
pasiva como la condición para responder a la carga formulada por el demandante.
Por la naturaleza del Contencioso Administrativo el demandante es la
administración pública.
Una excepción a la legitimación procesal dentro del Proceso Contencioso
Administrativo es cuando la propia administración autora del acto administrativo
comparece con objeto de impugnación para la declaración de lesividad para el
interés público.
3.1.4.c. Representación y Defensa de las Partes.
Todo sujeto procesal sin incluir a los que intervienen indirectamente pueden
actuar en juicio mediante la representación procesal y se da cuando una persona
actúa en el proceso en nombre de otra. Los sujetos procesales han de participar
activamente durante todo el proceso y para ese objetivo, han de intervenir de
manera personal o por medio de representante quien deberá de tener capacidad
procesal y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles de goce y de
ejercicio.
3.2. La Actividad Jurisdiccional.
El Proceso de lo Contencioso Administrativo131 es un medio mediante el cual
los particulares pueden oponerse o solicitar la revisión de los actos de la
administración pública ante un tribunal colegiado. Según acuerdo de la Corte
Suprema de Justicia de Guatemala de fecha 28 de Septiembre de 1992 se
establecen la Sala Primera y la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo y
ante la necesidad de agilizar los procesos en el Acuerdo 32-2007 de la Corte
Suprema de Justicia se crea la Sala Cuarta y Quinta de lo Contencioso
Administrativo.
131 Castillo González, Jorge Mario. Op.cit., Pág. 738
60
El Licenciado Hugo H. Calderón Morales132 afirma que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo es un órgano jurisdiccional, no un órgano
administrativo, se trata de un Tribunal Colegiado y que pertenece a la estructura
del Organismo Judicial. No es un órgano de justicia delegada. Indica además que
en Guatemala no existe la jurisprudencia administrativa, sino lo que se da es la
jurisprudencia judicial, a través de las sentencias dictadas por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo.
La materia procesal administrativa133 la constituye el conflicto jurídico que
surge de cualquier actuación de la administración: resoluciones, contratos,
reglamentos, sanciones. Algunos asuntos quedan afuera de la materia
contenciosa.
3.2.1. Demanda.
Es el acto procesal134 por el cual el actor ejercita una acción solicitando de
un órgano jurisdiccional la protección, declaración o constitución de una situación
jurídica.
El Tratadista Guillermo Cabanellas135 define la demanda como una petición,
solicitud, súplica, ruego. En materia procesal es el escrito por el cual el actor o
demandante ejercita en juicio o una o varios acciones, constituyéndose el inicio de
un juicio.
Cada proceso tiene sus principios y formalidades, el Proceso Contencioso
Administrativo establece el contenido de toda demanda o escrito inicial:136
Designación de la Sala a la cual se dirige; nombre del demandante o su
representante, su abogado y el lugar para recibir notificaciones. Indicación de
manera precisa el órgano administrativo y del lugar para notificarlo, identificación
132 Calderón M, Hugo Haroldo. Op.cit., Pág. 142. 133 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 21. 134 Alsina, Hugo. Op.cit., págs. 171-176. 135 Cabanellas, Guillermo Tomo I. Op.cit., 136 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 28.
61
del expediente administrativo, la resolución controvertida; el ofrecimiento de los
medios de prueba, la pretensión de trámite y de fondo.
El actor acompañará los documentos137 en que funde su derecho, siempre
que estén en su poder; en caso contrario, indicará el lugar donde se encuentren o
persona que los tenga en su poder, para que el tribunal los requiera en la
resolución que le dé trámite a la demanda.
El memorial de demanda podrá presentarse138 directamente a la Sala del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo a la cual vaya dirigido, o a un Juzgado
de Primera Instancia departamental, quien lo trasladará al tribunal que deba
conocer de él.
Al recibir la demanda o escrito inicial el tribunal revisa139 que se cumplan
con todos los requisitos formales y en caso presente errores o deficiencias
deberán de ser subsanados para continuar con el proceso, si esos errores o
deficiencias son insubsanables la demanda será rechazada para su trámite.
Si la demanda contiene los requisitos de forma, el Tribunal140 pedirá los
antecedentes directamente al órgano administrativo correspondiente, con
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se le procesará por
desobediencia. El órgano administrativo requerido enviará los antecedentes, con
informe circunstanciado, si la autoridad no los envía, el Tribunal, admitirá para su
trámite la demanda.
Para continuar el trámite141 se debe establecer en el expediente, si el
Tribunal es competente para el caso planteado, si se agotó la vía administrativa y
si los recursos administrativos se plantearon dentro de los plazos, para que la
resolución haya causado estado, el Tribunal no revisa el fondo de las
pretensiones, únicamente si la demanda está ajustada a Derecho. La resolución
137 Ibid. Artículo 29 138 Ibid. Artículo 30 139 Ibid. Artículo 31 140 Ibid. Artículo 32 141 Calderón M, Hugo Haroldo Op.cit., pág. 22-29
62
de las pretensiones, que son el fondo del asunto, se decide en la sentencia.
Encontrándose los antecedentes142 en el Tribunal, éste examinará la demanda con
relación a los mismos y si la encontrare ajustada a Derecho, la admitirá para su
trámite.
Se pueden dictar providencias precautorias143, solicitadas por el actor,
medidas precautorias urgentes e indispensables, las que se decretan en la
resolución que le dio trámite a la demanda. Estas son una potestad del órgano
jurisdiccional.
3.2.2. Emplazamiento.
El Tratadista Guillermo Cabanellas144 expone que el emplazamiento es el
requerimiento o la convocatoria que se le hace a una persona por orden judicial
para que comparezca ante el Tribunal en el término que se designe, con el objeto
de poder hacer uso de su derecho de defensa.
El emplazamiento es entonces la audiencia145 que se les da a las partes, en
el Proceso Contencioso Administrativo son: el demandante, el órgano
administrativo o institución descentralizada, la Procuraduría General de la Nación
y en materia fiscal a la Contraloría General de Cuentas, terceros que aparecieren
dentro del expediente administrativo.
El medio146 por el cual se emplaza a las partes es un decreto donde se les
da audiencia, por las características de este decreto debe de ir firmado para cada
uno de los Magistrados del Tribunal.
A todas aquellas personas que se les pueda dar audiencia147 dentro del
Proceso, se les considera como terceros quienes pueden deducir una acción
relativa al mismo asunto puesto en controversia.
142 Decreto número119-96. Op.cit., Artículo 33 143 Ibid. Artículo 34. 144 Cabanellas, Guillermo. Tomo I. Op.cit., 145 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 35 146 Decreto Ley número 2-89. Op.cit., Artículo 143.
63
En el Proceso Contencioso Administrativo el órgano administrativo o
institución descentralizada,148 la Procuraduría General de la Nación, y en materia
fiscal a la Contraloría General de Cuentas no pueden dejar de pronunciarse sobre
el fondo del asunto.
Para la formación del juicio se requiere la concurrencia a él, tanto del
demandante como del demandado, por razón natural.
3.2.3. La Notificación.
La notificación es el acto judicial donde se hace del conocimiento de las partes
el asunto que pende en los tribunales de justicia a efecto de garantizar su derecho
de defensa y poder optar por una actitud procesal en relación a las providencias o
resoluciones dictadas por los Jueces.
Es indispensable que la persona notificada sea parte principal en el asunto
judicial ya que en caso contrario la notificación no podrá surtir sus efectos, esto
hace la diferencia con las citaciones porque estos actos judiciales pueden
comprender muy bien a personas que no sean partes principales en los juicios o
diligencias judiciales.
Los notificadores son auxiliares del Juez que gozan de fe pública,
precisamente para el efecto de hacer las notificaciones a los contendientes, que
puede hacerlas en las propias oficinas del Tribunal, si el interesado llega a ellas
con el fin de recibir notificaciones, en el domicilio de éste, o en cualquier lugar
aparente para el caso.
Toda resolución debe hacerse saber a las partes en forma legal149 y sin ello
no quedan obligadas ni se les puede afectar en sus derechos. También se
notificará a las otras personas a quienes la resolución se refiera. Las
notificaciones se harán, según el caso: personalmente; por los estrados del
tribunal; por el libro de copias; y por el boletín judicial. 147 Decreto Ley número 107. Op.cit., Artículo 56. 148 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 35 149 Decreto Ley número 107. Op.cit., Artículo 66.
64
Al notificar se entregará150 la copia de la solicitud con la trascripción de la
resolución en ella dictada, o solo de la resolución cuando no haya recaído en una
solicitud, identificando todo caso el expediente respectivo.
3.2.4. Actitud del Demandado.
Las partes procesales al ser notificadas del decreto que admite para su
trámite la demanda se encuentran emplazadas para comparecer al juicio y
manifestarse adquiriendo una actitud dentro del proceso. Esta actitud puede ser
negativa o positiva, la negativa es oponerse a la demanda e interponer los medios
de defensa que considere pertinentes y la positiva es allanarse, quiere decir
aceptar los hechos. Otras de las actitudes del demandado y reconocida
legalmente es la reconvención donde el demandado dentro del mismo proceso
demanda al demandante y la rebeldía donde el demandado adquiere una actitud
indiferente ante el proceso y no comparece al mismo.
3.2.4.a. Excepciones Previas.
La excepción procesal151 es el título o motivo que, como defensa, emplea el
demandado, contradiciendo o repeliendo lo que se le reclama, alegando en contra
del demandante para excluir, dilatar o enervar la acción del actor.
Dice Eduardo Couture,152 que se examina el problema de los presupuestos
procesales en relación con el de las excepciones, se comprueba que en múltiples
casos la excepción es un medio legal de denunciar al Juez la falta de
presupuestos necesarios para la validez del juicio.
Según lo previsto legalmente las excepciones previas153 tienden a postergar
la contestación de la demanda y procuran la depuración de elementos formales
del juicio. Se refieren más a la forma que al fondo. Se interponen antes de
contestar la demanda. Se puede replantear la demanda al subsanar el error.
150 Ibid. Artículo 70. 151 Alsina, Hugo. Op.cit., págs. 171-176. 152 Couture, Eduardo J. Op.cit., pág. 384 153 Decreto Ley número 107. Op.cit., Artículo 116.
65
i. Incompetencia.
Es aquella excepción previa que se interpone, cuando el Juez ante quien se
plantea carece de competencia154 para conocer el caso concreto, y por principio
se debe tener presente que toda acción judicial debe entablarse ante el Juez
competente155 para conocer de ella tomando en consideración por razón de la
materia, grado, territorio, y cuantía.
ii. Litispendencia.
Refiere a la situación jurídica en que el demandado se opone a la acción del
demandante alegando que el mismo asunto156 se encuentra ventilando en el
mismo o en otro tribunal competente ya que existe otra demanda entablada con
anterioridad en las que hay coincidencia de partes, causa y objeto. Se trata de dos
juicios o más juicios que, simultáneamente tramitados en el mismo o en distinto
tribunal contienen iguales personas litigantes, iguales cosas litigiosas e iguales
objetos o resultados litigiosos.
iii. Demanda Defectuosa.
Esta excepción puede interponerse cuando no se llenen los requisitos de
contenido y forma157 que deben concurrir en toda demanda. Normalmente estará
controlada por el interés de la parte, cuando el Juez no haga uso de la facultad
que le concede la ley para repeler de oficio las demandas que no contengan los
requisitos establecidos por la ley.
iv. Falta de Capacidad Legal.
Siendo la capacidad legal158, la aptitud para ejercer por sí mismo derechos y
obligaciones, procede esta excepción cuando las personas no tengan el libre ejercicio
154 Decreto Ley número 2-89. Op.cit., Artículo 62. 155 Decreto Ley número 107. Op.cit., Artículo 6. 156 Ibid. Artículo 540. 157 Ibid. Artículo 61, 106. 158 Ibid. Artículo 44.
66
de sus derechos,159 siendo entonces la falta de capacidad legal cuando el
demandado o demandante carece del pleno ejercicio de sus derechos civiles.
v. Falta de Personalidad.
Es el presupuesto que determina la legitimación de los sujetos es la facultad
para demandar (activa) y la de responder a la demanda (pasiva). Dicho en otras
palabras esta excepción procede cuando cualquiera de las partes dentro de un
proceso, carece de legitimidad para comparecer, es decir, no tiene esa facultad para
demandar o la obligación de soportar la demanda.
vi. Falta de Personería.
Se interpone en aquellos casos en que se alegue un título de representación
sin tenerlo o bien cuando, teniéndolo sea defectuoso. Dicho en otras palabras esta
procede cuando no se acredita la representación atribuida. Acreditar la
representación160 no consiste solamente en presentar el documento o título en el que
conste la representación, además es necesario que el documento cumpla con las
formalidades requeridas por la ley y que en él contengan o se deduzcan facultades
suficientes para el ejercicio de los derechos objeto del litigio.
vii. Caducidad.
Es el decaimiento de una facultad procesal que no se ejerció dentro de un
determinado plazo. Se halla ligada161 con los plazos denominados preclusivos, o sea,
aquellos actos que deben realizarse precisamente dentro de un determinado tiempo
ya que de no hacerse dentro de él, se produce la preclusión con su efecto,
impidiendo el ejercicio de algo que ha ocurrido indefectiblemente, siendo entonces
cuando no se ejercita la facultad procesal en un plazo determinado.
159 Congreso de la República de Guatemala. Decreto Ley número 106 , Código Civil Artículo 8. 160 Decreto ley número 107. Op.cit., Artículo 45. 161 Ibid. Artículo 588, 589.
67
viii. Prescripción.
Se invoca por el transcurso del tiempo fijado en la ley para reclamar un
derecho o para ejercitar la acción correspondiente, lo que hace perder la eficacia
procesal de los derechos pretendidos. El transcurso del tiempo califica a la excepción
como negativa, extintiva o liberatoria.
Tiene de común162 con la caducidad el elemento tiempo, pero se diferencia en
que la prescripción se regula por el derecho sustantivo y la caducidad por el derecho
procesal.
ix. Cosa Juzgada.
La parte que ha vencido en un proceso llevado por todas sus etapas
procesales que ha adquirido la categoría de autoridad de cosa juzgada, tiene el
derecho de oponer a su adversario la misma cuando pretende renovarlo. Esto es, la
cosa juzgada163 consiste en la eficacia que tiene una sentencia ejecutoriada, siempre
que haya identidad de personas, cosas y causa o razón de pedir y no permite ser
impugnada por contener decisiones concretas y firmes que hacen invariable e
inmutable, salvo que permitiera el juicio originario un juicio ordinario posterior en el
que no proceda intentarla.
x. Transacción.
En conclusión se dice que procede la excepción de transacción cuando el caso
sometido a discusión en un proceso ha sido oportunamente resuelto a través de un
contrato de transacción.
Las excepciones previas se tramitarán en incidente, que se substanciará en la
misma pieza del proceso principal. Declaradas sin lugar las excepciones previas,
continua corriendo el plazo para contestar la demanda.
162 Decreto Ley número 106. Op.cit., Artículo 1501, 1516. 163 Decreto Ley número 2-89. Op.cit., Artículo 143.
68
3.2.4.b. Contestación de la Demanda.
La demanda puede contestarse negativa o positivamente. La contestación
negativa164 de la demanda deberá ser razonada en cuanto a sus fundamentos de
hecho y de derecho.
Es el acto con que concluye la fase introductoria. Una vez realizado queda
formalmente constituida en su integridad la relación procesal; fijados los hechos a
probarse y agotado el contradictorio. El actor no podrá ya modificar y ampliar su
demanda ni el demandado oponer otras defensas o variar las propuestas.
La contestación de la demanda165 está sujeta a los mismos requisitos de todo
escrito inicial, en cuanto a sus elementos de contenido y de forma; y por consiguiente
no pueden faltar en ella los datos de relación de hechos, ofrecimiento de pruebas,
exposición del derecho y petición. Igualmente, el demandado, deberá acompañar a su
contestación de la demanda los documentos en que se funde su derecho y si no los
tuviere a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo
que de ellos resulte, y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se
encuentren los originales. Si no se cumpliere con este requisito no se admitirán los
documentos con posterioridad, salvo impedimento justificado.
Es en este momento en que deben oponerse las excepciones perentorias166
que el demandado tenga contra la pretensión del actor. Las que nazcan con
posterioridad a la contestación de la demanda pueden oponerse en cualquier
instancia y serán resultas en sentencia. Pueden interponerse en cualquier estado del
proceso, las excepciones de: litispendencia, falta de capacidad legal, falta de
personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad, y
prescripción. Estas últimas excepciones serán resueltas por el procedimiento de los
incidentes.
164 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 155. 165 Decreto Ley número107. Op.cit., Artículos 107, 108. 166 Ibid. Artículo 118.
69
3.2.4.c. Excepciones Perentorias.
Las excepciones perentorias167 atacan el fondo del asunto, o sea, la
pretensión. Se deciden en sentencia y anulan definitivamente la acción. No destruyen
la acción, la hacen ineficaz. Se interponen al contestar la demanda y se resuelven en
sentencia.
Las perentorias no son defensas sobre el proceso en sí, sino sobre el derecho
que se quiere hacer valer dentro del proceso, razón por la cual estas excepciones168
se resuelven en sentencia y se presentan con la contestación de la demanda, porque
atacan el fondo del asunto.
Las excepciones perentorias tienen las siguientes características como
indispensables para su procedencia que son innominadas, se plantean al contestar la
demanda, se discuten y se tramitan con la cuestión principal, se resuelven en
sentencia.
3.2.4.d. Reconvención.
La reconvención169 es el derecho que tiene el demandado de ejercer sus
propias pretensiones en contra del demandante dentro de un mismo proceso, sin
embargo para que la reconvención proceda se debe respetar los principios de no
contradicción, unidad de trámites y unidad de competencia. Impone la limitación de
que la pretensión que se haga valer en la reconvención debe tener conexión, ya sea
por razón del objeto o por el título, con la demanda del actor.
3.2.4.e. Rebeldía.
Transcurrido el emplazamiento, se declarará la rebeldía de los emplazados que
no hayan contestado la demanda, la que se tendrá por contestada en sentido
negativo y se tendrán como válidas todas las afirmaciones del demandante.
167 Loc. Cit. 168 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 39. 169 Decreto Ley 107. Op.cit., Artículo 119.
70
3.2.5. Prueba.
Según Hugo Alsina170 la prueba es “la comprobación judicial, por los modos
que la ley establece, de la verdad de un hecho controvertido del cual depende el
derecho que se pretende.” Por otro lado Eduardo Couture171 la define en un sentido
procesal como “un medio de verificación de las proposiciones que los litigantes
formulan en el juicio, expresa que la prueba es: En su acepción común, es la acción y
el efecto de probar; y probar y demostrar es de algún modo la certeza de un hecho o
la verdad de una afirmación.”
Las pruebas172 se recibirán con citación de la parte contraria; y sin este
requisito no se tomarán en consideración. Para la diligencia de prueba se señalará
día y hora en que deban practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con
dos días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada cuando por
su naturaleza, el tribunal lo juzgare conveniente. El Juez presidirá todas las
diligencias de prueba.
En el Proceso de lo Contencioso Administrativo puede abrirse a prueba o no,
es decir que cuando se está discutiendo cuestiones de puro derecho, no es necesario
que se abra a prueba el proceso, el derecho que hacemos valer contra la
administración pública se encuentra contenido en una norma legal y se discutirá en el
proceso la no aplicación de la misma y por derecho no deben resolver a base de ley.
Contestada la demanda y la reconvención en su caso,173 se abrirá a prueba el
proceso por el plazo de treinta días, salvo que la cuestión sea de puro derecho, caso
en el cual a juicio del tribunal se omitirá la apertura aprueba por existir suficientes
elementos de convicción en el expediente. La resolución por la que se omita la
apertura a prueba será motivada.
El ofrecimiento de la prueba deberá hacerse, según la parte que las haya
propuesto en la demanda o en su contestación. 170 Alsina, Hugo. Op.cit., págs. 171-176. 171 Couture, Eduardo. Op.cit., págs. 273-281 172 Decreto Ley número 107. Op.cit., Artículo 129. 173 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 41, 42.
71
i. Declaración de Parte.
La confesión, considerada como prueba, es el testimonio que una de las
partes hace contra sí misma, es decir, el reconocimiento que uno de los litigantes
hace de la verdad de un hecho susceptible de producir consecuencias jurídicas a
su cargo.
ii. Documentos.
Los documentos174 que se adjunten a los escritos o aquellos cuya
agregación se solicite a título de prueba, podrán presentarse en su original, en
copia fotográfica, fotostática, o fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento
similar. Las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean
claramente legibles, se tendrán por fidedignas salvo prueba en contrario. Si el
Juez o el adversario lo solicitaren, deberá ser exhibido el documento original. El
documento que una parte presente como prueba, siempre probará en su contra.
iii. Prueba Pericial.
El medio de prueba pericial que consiste en la explicación cientifica acerca
de los hechos, circunstancias o condiciones personales inherentes al hecho,
conocidos dentro del proceso.
iv. Reconocimiento Judicial.
Según Echandía Devis,175 es una diligencia procesal, practicada por un
funcionario judicial, con el objeto de obtener argumentos de prueba para la
formación de su convicción, mediante el examen y la observación, con sus propios
sentidos, de hechos pasados, y en ocasiones de su reconstrucción.
v. Medios Científicos de Prueba.
Los medios científicos de prueba176 son aquellos medios que aportan
conocimiento al juzgador, mediante el empleo de métodos de evolución científica y
174 Decreto Ley número 107. Op.cit., Artículo 177. 175 Devis, Echandía. Op.cit., pág. 112 176 Decreto ley número 107. Op.cit., artículos 191-192.
72
técnica respecto a los hechos controvertidos en el proceso.
vi. Presunciones.
Es la actividad razonadora de que se vale el Juez para descubrir ciertos
hechos que no parecen demostrados en el proceso. La presunción como prueba,
constituye un silogismo, en el que la premisa mayor es el principio general y la
premisa menor el hecho conocido, siendo la conclusión el hecho que se desea
conocer.
3.2.6. Período Extraordinario de Prueba.
En el Contencioso Administrativo, por integración de la ley el Código
Procesal Civil y Mercantil, se debe aplicar el artículo 124 del mismo establece que:
“Cuando en la demanda o en la contestación de hubieren ofrecido pruebas que
deberán recibirse fuera de la república y procedieren legalmente, el Juez, a
solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable, suficiente
según los casos y circunstancias, que no podrán exceder de 120 días.”
3.2.7. Vista y Auto para Mejor Fallar.
El Decreto para mejor proceder o auto para mejor fallar,177 se justifica cuando
el Tribunal tiene dudas para emitir su fallo y cree conveniente la práctica de
algunas diligencias que suponen una sentencia más justa para las partes. El
tribunal tiene la facultad de solicitar: que se traiga a la vista178 cualquier
documento que crea conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes; que
se practique cualquier reconocimiento o avaluó que consideren necesario o que se
amplíen los que ya se hubiesen hecho y traer a la vista cualquier actuación que
tenga relación con el proceso.
3.2.8. La Valoración de la Prueba.
El Juez al terminar el período de prueba, al señalarse el día para la vista y
del auto para mejor fallar, al momento de dictar la sentencia debe valorar la
177 Decreto Ley número 119-96. Op.cit., Artículo 44. 178 Decreto Ley número 107. Op.cit., Artículo 197.
73
prueba, mediante la aplicación de la sana crítica.
La valoración de la prueba implica el estudio detenido de la prueba que
pueda servir de base al juzgador para inclinarse a dictar una sentencia a favor de
quien haya aportado la prueba, que determine la verdad sobre las pretensiones
hechas valer dentro del juicio.
Hay que recordar que las pruebas o medios de convicción son la forma de
demostrar que las pretensiones son reales, verdaderas y legales.
3.2.9. Sentencia.
Es el acto procesal por excelencia de los que están atribuidos al órgano
jurisdiccional. Mediante ella termina normalmente el proceso y cumple el Estado
en la tarea de actuar el derecho objetivo. La sentencia es aquel acto del órgano
jurisdiccional en que éste emite su juicio sobre la conformidad o inconformidad de
la pretensión de la parte con el derecho objetivo, y en consecuencia, actúa o se
niega a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo caso.
La sentencia de lo Contencioso Administrativo no difiere de las otras
decisiones jurisdiccionales en general. La sentencia dice Eduardo J. Couture179
sirve para denotar, a un mismo tiempo, un acto jurídico procesal y el documento
que en él se consigna. Como acto, la sentencia es aquel que emana de los
agentes de la jurisdicción y mediante la cual deciden la causa o punto sometidos a
su conocimiento. Como documento, la sentencia es la pieza escrita, emanada del
Tribunal, que contiene el texto de la decisión emitida.
Las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales respectivos deben
tener los siguientes requisitos:
Lugar, tiempo, sujetos e identificación del proceso, el Juez debe expresar
primero el lugar y fecha en que se dictó el fallo, los nombres, apellidos y domicilio
de los litigantes, de las personas que lo representen, de los abogados que hayan
intervenido en el juicio, el objeto de éste y la naturaleza del asunto. 179 Couture, Eduardo J. Op.cit., pág. 317
74
Los hechos de la demanda y contestación, reconvención y excepciones
deben en párrafos separados consignarse un resumen del contenido de los
escritos que se plantearon durante el proceso.
Los hechos sujetos a prueba y la valoración otorgada, donde quedara
documentada y justificada la decisión del Tribunal. El fallo ya se ha pronunciado,
antes de documentarlo. Por ello el Juez esta en posibilidad de indicar que hechos
han sido probados a su juicio y cuáles no.
Puntos de derecho, el Juez hará valoración de la pruebas rendidas, de las
cuales de los hechos sujetos a discusión se estiman probados, se exponen las
doctrinas y fundamentos de derecho que sean aplicables al caso, y se citarán las
leyes en que se apoyan los razonamientos.
En la resolución el Juez está obligado hacer la cita de las leyes aplicables.
En la parte resolutiva de la sentencia se deben tener en cuenta los requisitos que
veremos a continuación.
Congruencia con la demanda, este requisito es fundamental y por ello
constituye su inobservancia la base de algunos motivos de la casación. Este
requisito se exige en las sentencias estimatorias, en las desestimatorias no
pueden tacharse de incongruentes, como sucede con la desestimación de la
demanda. Este requisito asimismo, debe reunir los siguientes lineamientos: 1. la
sentencia solo puede y debe referirse a las partes en el juicio. 2. la sentencia debe
recaer sobre el objeto reclamado en la demanda. 3. la sentencia debe
pronunciarse con arreglo a la causa invocada en la demanda. 4. declaración sobre
derecho de los litigantes. 5. separación de cuestiones. 6. caso especial de
condena al pago de frutos, intereses, daños y perjuicios.
3.3. Recursos dentro del Proceso Contencioso Admini strativo.
El Proceso Contencioso Administrativo no es específico en cuanto a los
medios de impugnación idóneos y acordes a los principios de derechos procesal
administrativo, se reconocen como admisibles todos los recursos contemplados en
75
el proceso civil con excepción de la apelación en contra de auto definitivo que
ponga fin al proceso.
Podrá recurrir para impugnar una resolución o auto cualquiera de las partes
que se vea afectada con la pretensión que un Tribunal de grado superior revoque,
modifique o anule la resolución o auto que causa agravio.
3.3.1. Reposición y Revocatoria.
Tanto la revocatoria como la reposición se llaman con propiedad recursos,
porque persiguen la reforma de una resolución judicial o bien que se deje sin
efecto. Responden a la misma finalidad y se hacen valer ante el mismo órgano
jurisdiccional que dictó la resolución. En la aplicación como medio de impugnación
dentro de la administración pública si tiene una gran diferencia en cuanto al
órgano donde se interpone el recurso, el de reposición si no tiene superior
jerárquico y revocatoria si tiene superior jerárquico, según la institución pública
que emitió la resolución administrativa que se impugna.
La naturaleza de estos recursos es impugnar resoluciones de trámite o
decretos. El recurso de Revocatoria a pesar de que no existe limitación alguna para
su interposición no es procedente contra decretos dictados por tribunales
colegiados, el recurso de revocatoria en materia civil es procedente por ser
interpuesto en contra de decretos dictados por Jueces de Primera Instancia.
En el proceso Contencioso Administrativo procede la reposición de autos
originarios de la Sala, así mismo este recurso procede contra resolución emitida
por la Corte Suprema de Justicia. Es procedente este recurso para impugnar
resolución o decretos que infrinjan el procedimiento en los asuntos sometidos a su
conocimiento cuando no se haya dictado sentencia.
3.3.2. Nulidad.
La Nulidad es un “medio de impugnación otorgado a la parte perjudicada por
un error de procedimiento para obtener su reparación, acto nulo, acto equivocado
y produce los efectos de una sentencia nula o probada de eficacia, puede darse
76
durante todo el curso del proceso a medida que se van cumpliendo los actos
procesales.”180
La Nulidad también es considerada como un “fenómeno no específico de una
rama del ordenamiento jurídico, pues puede encontrase tanto en el derecho
público nulidad de ley, del reglamento o acto administrativo, como en el derecho
privado nulidad de un negocio jurídico. En todos estos casos la nulidad está
vinculada al incumplimiento de los requisitos que condicionan la eficacia jurídica
de cualquier de las figuras jurídicas.”181
El Licenciado Alvarado Velloso manifiesta que: “para intentar una aproximación
al concepto de nulidad, resulta conveniente recordar la estructura interna de todo
acto procedimental, pues se acepta doctrinariamente aunque con algunas
discrepancias que cuando las leyes en general se refieren a la inobservancia de
las formas de un acto, comprende algo más que la pura forma la propia
estructura.”182
También se ha considerado que la “Nulidad es un acto jurídico como
consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas
de fondo o de forma, vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado la
violación y omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo
como válido, por lo cual la nulidad se considera ínsita en el mismo acto, sin
necesidad de que se haya declarado o juzgado.”183
“La Nulidad se entiende que es siempre de pleno de derecho porque no
necesita ser reclamada por parte interesada, inversamente a lo que sucede con la
anulabilidad de los actos jurídicos, que se reputan válidos mientras no sean
anulados, y sólo se tendrán por nulos desde el día de la sentencia que así los
180 Ruiz castillo de Juárez, Óp. cit., Pág.270. 181 Montero Aroca, Juan y Mauro Chacón Corado, Manual de Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Universidad de San Carlos. Pág. 286. 182 Alvarado Velloso, Introducción al Derecho Procesal , Buenos Aires, Argentina, Editorial Heliasta 2003, Pág. 288. 183 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Soc iales , Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina, Pág. 628.
77
declare. La Nulidad puede ser completa, cuando afecta a la totalidad del acto, o
parcial, si la disposición nula no afecta a otra disposición válida, cuando son
separables.”184
Existe violación a la ley cuando en el proceso judicial se infringen las
disposiciones generales y obligatorias que el poder público a través del organismo
correspondiente reconoce como ley. Violación es la acción y efecto de violar, violar
significa a su vez, infringir o quebrantar una ley o un precepto.
El procedimiento por otro lado es la infracción que el órgano jurisdiccional
realiza en las normas reguladoras de los actos que materializan el fin del proceso;
Cuando el órgano jurisdiccional desvirtúa el fin del acto procesal, de tal manera
que el fin previsto por la ley deja de obtenerse o bien se obtiene de manera
viciada, la norma violada, es la norma adjetiva que actúa el derecho sustantivo.
Podrá interponerse nulidad185 contra las resoluciones y procedimientos en
que se infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o
casación.
Se establece la nulidad186 como medio impugnativo en forma bastante
amplia. Puede hacerse valer la nulidad por violación de ley (de fondo) contra las
resoluciones; o contra los actos procedimentales (de forma) cuando también haya
infracción legal. Puede, asimismo, hacerse valer la nulidad por ambos motivos.
Según Guillermo Cabanellas dentro de la técnica jurídica, “nulidad
constituye tanto al estado de un acto que se considera no sucedido como el vicio
que impide a ese acto la producción de sus efectos. La nulidad puede resultar de
la falta de las condiciones necesarias y relativas, sea a las cualidades personales
de las partes, sea a la esencia del acto; lo cual comprende sobre todo la
existencia de la voluntad y la observación de las formas prescritas para el acto.
Puede resultar también de una ley. Los Jueces no pueden declarar otras
184 Alvarado Velloso. Óp. cit., Pág. 628. 185 Decreto Ley número107. Op.cit., artículo 613. 186Aguirre Godoy, Mario. Op.cit., Págs. 448-452
78
nulidades de los actos jurídicos que las expresamente establecidas en los
códigos.”187
3.3.2.a. Naturaleza Jurídica.
Como la nulidad puede interponerse contra cualquier resolución o
procedimiento en que se infrinja la ley, se trata en verdad de un recurso ordinario,
así mismo se puede interponer Nulidad de Notificación cuando esta viole un
precepto legal y el mismo procedimiento.
3.3.2.b. Fundamento.
Para garantizar la legalidad y juricidad de todo proceso este debe
desenvolverse válidamente de acuerdo con las normas que lo regulan. Mientras se
cumplan los requisitos y procedimientos, éste terminará una sentencia
formalmente válida para las partes.
3.3.2.c. Principios.
El Tratadista Mario Aguirre Godoy188 desarrolla los principios que regulan el
medio de impugnación de nulidad y que deben de ser de observancia obligatoria
para que el recurso sea procedente que desarrolla a continuación:
i. Principio de Especificidad
Este principio enuncia que no hay nulidad sin un motivo legal específico que
así lo indique. Pero, con carácter general, no está instituida la obligatoriedad de
que existan motivos específicos en la norma para que pueda provocarse o
alegarse una nulidad.
ii. Principio de Trascendencia.
Aquí aparece la noción del prejuicio o agravio, porque para que pueda
determinarse una nulidad de forma debe existir realmente una lesión al derecho de
187 Cabanellas, Guillermo, Tomo III. Op.cit., Pág. 52. 188Aguirre Godoy, Mario. Op.cit., Págs. 452-454.
79
la otra parte, que le prive de una adecuada intervención en el proceso o de la
realización de actos procesales indispensables. Si no se ocasiona perjuicio a la
parte, o la desviación es insignificante, no debe haber nulidad.
iii. Principio de Convalidación.
Este principio, también llamado de subsanación, tiene por objeto proteger la
firmeza de los actos procesales.
Al contrario, debe establecerse que si la parte tuvo conocimiento del acto
irregular o nulo, ya sea en forma directa o indirecta, y continua interviniendo en el
proceso, se tendrá por consumado el acto irregular.
iv. Principio de Protección.
La nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan
indefensos los intereses del litigante o de ciertos terceros a quienes alcanza la
sentencia.
3.3.2.d. Efectos.
Si la nulidad fuere declarada por vicio de procedimiento,189 las actuaciones
se repondrán desde que se incurrió en nulidad.
Cuando se declare la nulidad por violación de la ley190 de una resolución, el
Tribunal dictará la que corresponda. Esta nulidad no afecta los demás actos del
proceso y si fuere por una parte de la resolución no afecta las demás y no impide
que el acto produzca sus efectos.
Los efectos de la nulidad declarada judicialmente consiste en que las cosas
vuelvan al mismo o igual estado en que se encontraban antes del acto anulado y
podrá interponerse nulidad contra las resoluciones y procedimientos en que se
189 Decreto Ley 107. Op.cit., artículo 616. 190 Ibid. artículo 617.
80
infrinja la ley, cuando no sean procedentes los recursos de apelación o
casación.191
Asimismo las notificaciones192 que se hicieren en forma distinta de la prevenida en
este capítulo, serán nulas.
3.3.2.e. Trámite.
La nulidad se interpondrá193 ante el Tribunal que haya dictado la resolución
o infringido el procedimiento; se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva,
es apelable ante la Sala respectiva, o en su caso, ante la Corte Suprema de
Justicia.
El incidente es un proceso paralelo al principal que resuelve la incidencia,
nunca el fondo del asunto principal y se utiliza cuando el asunto no tiene trámite
específico o porque lo ordena la ley.
El desarrollo del trámite del incidente se encuentra regulado en el Decreto
2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial, existen los
incidentes por cuestiones de hecho y los incidentes por cuestiones de derecho que
tienen un diferenciación en el procedimiento. El incidente por cuestiones de hecho
es aquel que no está en la Ley, por lo tanto deben probarse, mientras el incidente
por cuestiones de derecho es aquel que está regulado en la ley y no se prueba,
ya que sólo con invocar el artículo o su fundamento legal se tiene por probado.
Interpuesto el incidente se da audiencia por el plazo de dos días a las
partes para que se manifiesten (138), evacuado la audiencia si fuera cuestiones
de hechos controvertidos deberá de abrirse a prueba. Las partes al momento de
interponer el incidente o al evacuar la audiencia deben de ofrecer los medios de
prueba que considere y posteriormente diligenciarlos. Si fuera cuestiones de
derecho al ser evacuada la audiencia se dictará la resolución que en derecho
corresponde. 191 Ibid. artículo 613. 192 Ibid. artículo 77. 193 Ibid. artículo 615.
81
El auto que resuelve el incidente es apelable salvo los casos en que las
leyes que regulan materias especiales excluyan este recurso o se trate de
incidentes resueltos por tribunales colegiados.
3.3.2.f. Nulidad en el Contencioso Administrativo.
El Recurso de Nulidad,194 procede en el proceso Contencioso Administrativo
siempre y cuando se interponga de conformidad con la naturaleza del recurso, es
decir, contra violación de procedimientos o infracción de la ley. Su viabilidad,
idoneidad y procedencia sigue estando sujeta a los principios que la rigen y a su
propia naturaleza, ya que la nulidad pretende reparar una eventual concurrencia de
vicio de procedimiento o de violación de ley, sin que con ella se pueda examinar el
fondo de una decisión. La nulidad debe ser utilizada como una garantía que asegure
el apego a la ley en el procedimiento, por lo tanto, no es viable utilizarla como medio
de revisión del criterio de juzgamiento del fondo del asunto. El auto que resuelve la
Nulidad dentro del proceso Contencioso Administrativo no será apelable por tratarse
de un Tribunal colegiado.
3.3.3. Aclaración y Ampliación.
La aclaración y ampliación podrán interponerse cuando los términos de la
sentencia sean ambiguos, obscuros o contradictorios y cuando se limite resolver
unos de los puntos sujetos al proceso. Uno de los efectos más importantes de la
interposición195 de la aclaración y/o ampliación es la interrupción del plazo para la
interposición de otros recursos ordinarios como lo son la apelación, casación y
extraordinario el amparo, en ese sentido el término para interponer apelación,
casación o amparo del auto o de la sentencia, inicia desde la última notificación
del auto que rechace de plano, la aclaración o ampliación pedida, o bien el que los
resuelva. Al interponerse el recurso de casación196 cuando el fallo contenga
194 Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete dentro del expediente dos mil ciento setenta y cuatro-dos mil seis (2174-2006). 195 Decreto Ley 107. Op.cit., Artículo 622. 196 Ibid. artículo 622.
82
resoluciones contradictorias, si la aclaración hubiere sido denegada, es
indispensable haber pedido la aclaración como presupuesto para dar trámite al
recurso de casación; y al interponer el recurso de casación cuando el fallo otorgue
más de lo pedido o no contenga declaración sobre alguna de las pretensiones
oportunamente deducidas, si hubiere sido denegado el recurso de ampliación.
3.3.4. Apelación.
Son apelables197 los autos que resuelvan excepciones previas que pongan fin
al proceso, las sentencias definitivas dictadas en primera instancia, así como los
autos que pongan fin a los incidentes que se tramitan en cuerda separada. Las
resoluciones que no sean de mera tramitación dictadas en los asuntos de
jurisdicción voluntaria, son apelables.
La incompetencia, la litispendencia, falta de personalidad (o de legitimación) y
de demanda defectuosa, no siempre tienen por que terminar el proceso sin
producir cosa juzgada ya que subsanados los defectos que en la misma
aparezcan, el proceso debe continuar o se puede plantear uno nuevo.
En caso de no interponer198 ningún recurso en contra de una sentencia o auto
que le ponga fin al proceso en el término señalado por la ley, la sentencia queda
firme, es decir ejecutoriada.
3.3.4.a. La Apelación en el Proceso Contencioso Adm inistrativo.
El proceso judicial Contencioso Administrativo limita la interposición del
recurso apelación contra la sentencias y autos definitivos que pongan fin al
proceso los cuales se substanciarán conforme tales normas, los procedimientos
que concluyan con una resolución o auto no definitivos y que puedan estar sujetos
a una Apelación, no serán procedentes por tratarse de un Tribunal Colegiado esto
quiere decir que la Apelación está limitada para su interposición.
197 Decreto Ley 107. Op.cit., artículo 602. 198 Decreto Ley numero 2-89. Op.cit., artículo 153 inciso b).
83
3.3.4.b. La Apelación de Incidentes.
El medio de impugnación de nulidad es tramitado en la vía de los incidentes
regulado en la Ley del Organismo Judicial. El auto que resuelve una nulidad por su
naturaleza y características se resuelve en auto, el cual es apelable según nuestro
ordenamiento jurídico.
Según Guillermo Cabanellas la Apelación de Incidentes “dispone que,
recibidos los autos en la audiencia, y después de apersonarse en tiempo y forma
el apelante, se pasan al relator, para el apuntamiento. A continuación se da
traslado de los autos, por su orden, a cada una de las partes, por un plazo entre 6
y 10 días. Las partes, al devolver los autos, manifestaran su conformidad, o las
reformas y adiciones que propongan. Solo en este escrito puede el apelado
adherirse a la apelación. En tales escritos se formularan los reparos sobre la
inobservancia de las formas esenciales del juicio y en cuanto al recibimiento a
prueba.’’199
La naturaleza del Incidente200 es para regular un procedimiento de toda
cuestión accesoria que sobrevenga y se promueva con ocasión de un proceso y
que no tenga señalado por la ley procedimiento. Aquellos incidentes que pongan
obstáculos201 al curso del asunto, se sustanciarán en la misma pieza de autos
quedando éstos, mientras tanto, en suspenso y aquellos no pongan obstáculo202 a
la prosecución del asunto, se sustanciarán en pieza separada que se formará con
los escritos, documentos y auto.
3.3.5. Casación.
El medio de impugnación denominado Casación es procedente en contra
de autos definitivos o sentencias emitidas por un tribunal colegiado y la finalidad
de la interposición del recurso de casación es la fiscalización de las actividades
199 Cabanellas, Guillermo, Tomo I. Op.cit., Pág. 197. 200 Decreto Ley 2-89. Op.cit., artículo 135. 201Ibid., artículo 136 202Ibid. artículo 137.
84
judiciales con ello se logra la realización de la seguridad jurídica en todos los
procesos.
Dentro del medio de impugnación Casación203 se puede diligenciar una
inconstitucionalidad en la aplicación de la ley en casos concretos. En todo proceso
de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y
hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción,
excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El Tribunal
deberá pronunciarse al respecto.
Las sentencias de segunda instancia y de casación contendrán:204 Un resumen
de la sentencia recurrida; la rectificación de los hechos relacionados con
inexactitud; los puntos que hayan sido objeto del juicio; el extracto de las pruebas
y alegaciones de las partes contendientes; las consideraciones de derecho; las
leyes aplicables; y la resolución que proceda.
Las sentencias de segunda instancia deben de confirmar, revocar o modificar
la sentencia impugnada y en su caso se hará el pronunciamiento que en derecho
corresponda.
Las características del medio de impugnación denominado Casación son:
i. Condición preferentemente pública: “La cual se hace consistir,
fundamentalmente, en que no es recurso instituido a favor de los intereses
privados de las partes actuantes en el proceso, sino para mantener el
imperio de las normar de derecho y unificar la doctrina” 205
ii. Extraordinario: Tiene esta nota por las circunstancias ya referidas de que no
basta el simple interés de la parte, sino que se precisa de un motivo
específicamente determinado; y porque el Tribunal que conoce del recurso
tiene limitada su actividad jurisdiccional. 203 Constitución Política de la República de Guatemala. Op.cit., artículo 266. 204 Decreto Ley número 2-89. Op.cit., artículo 169. 205De la Plaza, Victorino. Derecho Procesal Civil . Volumen I pagina 628 y La Casación Civil, pagina 118.
85
iii. Limitado: no sólo por la razón ya indicada de la existencia de motivos
específicos de casación, sino también porque no se da en toda clase de
procesos.
iv. Formalista: Según De la Plaza206 también se caracteriza la casación por su
rigor formal, en el sentido de que limita extraordinariamente los poderes del
órgano jurisdiccional y la actividad de las partes en tal forma, que no se
haga uso de él innecesariamente.
3.3.5.a. Tipos de Casación.
Los dos tipos fundamentales de casación: casación por infracción de ley o
de fondo y casación por quebrantamiento de procedimiento o de forma.
3.3.5.b. Rama Constitucional.
Dentro del medio de impugnación Casación207 se puede diligenciar una
inconstitucionalidad en la aplicación de la ley en casos concretos. En todo proceso
de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación y
hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción,
excepción o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. El Tribunal
deberá pronunciarse al respecto.
3.3.5.c. La Casación en lo Contencioso Administrat ivo.
La función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo208 es ser contralor
de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en
caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades
descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias
derivadas de contratos y concesiones administrativas.
206Loc. Cit. 207 Constitución Política de la República de Guatemala. Op.cit., artículo 266. 208 Ibid. artículo 221.
86
Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos
inconstitucionales en actuaciones administrativas, que por su naturaleza tuvieren
validez aparente y no fuere motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo
durante el proceso administrativo correspondiente. En estos casos, la
inconstitucionalidad209 deberá plantearse en lo Contencioso Administrativo dentro
de los treinta días siguientes a la fecha en que causó estado a la resolución y se
tramitará conforme al procedimiento de inconstitucionalidad en caso concreto. Sin
embargo, también podrá plantearse de inconstitucionalidad en el recurso de
casación, en la forma que establece, si no hubiere sido planteada en lo
Contencioso Administrativo.
3.3.6. Amparo.
“Es un proceso judicial con rango constitucional, extraordinario y subsidiario
tramitado por un órgano especial temporal o permanente, cuyo objeto es preservar
o restaurar según sea el caso los derechos fundamentales de los particulares
cuando los mismos sufren amenaza cierta e inminente vulneración o cuando han
sido violados por personas en el ejercicio del poder público.”210 Para garantizar el
derecho de defensa y el debido proceso dentro del Proceso Contencioso
Administrativo se plantea exclusivamente cuando los procedimientos o recursos
de rango ordinario han fallado en la misión de proteger o preservar los derechos
reconocidos por la Constitución y otras leyes.
Opera como prevención permanente sobre los órganos del poder público
orientándolos a una atenta y pronta actuación de los principios constitucionales.
El recurso es el “medio que concede la ley procesal para la impugnación de las
resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de
forma en que se haya incurrido al dictarlas.”211
209 Loc. cit. 210 Guzmán Hernández, Martín Ramón. Op cit., pág. 27. 211 Osorio, Manuel. Op. cit., 1981. Pág. 64
87
El amparo es entonces un medio de impugnación contra una resolución judicial
o administrativa. Su ámbito es más amplio pues procede contra resoluciones,
actos, disposiciones y leyes que atenten contra derechos fundamentales.
3.3.6.a. Características del Amparo.
Las características que se puede mencionar y sintetizar acerca del amparo son:212
i. Es un proceso judicial con rango constitucional.
ii. Es un proceso especial por razón jurídico material. Esto por ser un proceso
extraordinario y subordinado que opera exclusivamente cuando los
procedimientos o recursos de rango ordinario han fallado en la misión de
proteger o preservar los derechos reconocidos por la Constitución y otras
leyes.
iii. Es político, pues opera como una institución contralora del ejercicio del poder
público.
iv. Es un medio de protección preventivo y restaurador.
3.3.6.b. Finalidad del Amparo.
De acuerdo con los juristas José Cascajo y Gimeno Sendra, dentro de los
argumentos que describen la finalidad del amparo se encuentran:213
i. Sirve para precisar, definir y redefinir continuamente el contenido de los
derechos fundamentales.
212 Cáceres Rodríguez, Luis Ernesto. Derecho Procesal Constitucional . Editorial Estudiantil Fénix, USAC. Guatemala, 2007. Pág. 72-73 213 Cascajo Castro, José y Vicente Gimeno Sendra. El Recurso de Amparo . Editorial, Tecnos, S.A., Madrid, España, 1985, Pág. 49-60.
88
ii. Conlleva un efecto educativo al transformar el amparo en una técnica que
permite a los tribunales constitucionales asumir un papel de intérprete
definitivo de los derechos fundamentales.
iii. Opera como prevención permanente sobre los órganos del poder público
orientándolos a una atenta y pronta actuación de los principios
constitucionales.
3.3.6.c. El Amparo como Recurso.
El recurso es el “medio que concede la ley procesal para la impugnación de las
resoluciones judiciales, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de
forma en que se haya incurrido al dictarlas.”214
El Amparo como recurso pierde su naturaleza jurídica como un medio de
defensa y garantía de la Constitución Política de la República y aunque en la
práctica215 se utilice dentro de los procesos judiciales es importante hacer
referencia que el Amparo no puede considerarse un recurso por las siguiente
razones:
i. En un recurso ordinario los sujetos son los mismos que en el juicio de
primera instancia; en cambio en el amparo el sujeto pasivo es la autoridad
responsable.
ii. El recurso es un medio de impugnación contra una resolución judicial o
administrativa; el amparo aunque es un medio de impugnación su ámbito es
más amplio pues procede contra resoluciones, actos, disposiciones y leyes
que atenten contra derechos fundamentales.
214 Osorio, Manuel. Op.cit., Pág. 644. 215 Cáceres Rodríguez, Luis Ernesto. Op.cit., Pág. 76
89
3.3.6.d. El Amparo en el Derecho Procesal Administr ativo.
La denuncia de la violación cometida por la administración pública o por los
tribunales de justicia, es suficiente para hacer valer las garantías constitucionales.
En el ordenamiento jurídico guatemalteco, la garantía se hace valer por medio de
recursos administrativos y recursos judiciales ordinarios de primera y segunda
instancia y si fuera necesario a través del recurso extraordinario de amparo. La ley
permite a que la persona que sea afecta en sus derechos sea oída o escuchada
antes de que se tome una decisión administrativa o judicial en su contra.
Dentro del proceso administrativo o contencioso administrativo la defensa
de la persona se hace efectiva por medio de la audiencia y el debido proceso. Por
definición legal, es el procedimiento o proceso sujeto a la ley que obligatoriamente
se observará como preestablecido, sin que puede ser modificado o alterado por la
administración pública o por los Jueces. En el campo administrativo, el debido
proceso debe de ser suficiente, sin embargo, es sujeto de revisión posterior en los
tribunales de justicia en que, en segunda oportunidad, estudia el fondo del asunto
y las formalidades propias de cada proceso. Constituyéndose de esta manera él
Amparo como un medio de garantía a los procedimientos y procesos
preestablecidos mediante los cuales se debe de resolver un proceso Contencioso
Administrativo.
Todo proceso contiene sus fases y etapas en las que se desenvuelven con
sus características propias según la materia de que se trate. Dentro del proceso
Contencioso Administrativo se tiene como parte a la administración pública quien
por ser parte del Estado el diligenciamiento de este proceso es aun más
especializado que cualquier otro. La regulación procesal administrativa contiene
vacios legales que confunden a los sujetos procesales, un claro ejemplo es la falta
de criterios en la aplicación de la ley y el rechazo de la nulidad como medio de
impugnación. La integración de Salas con Magistrados se pretendía hacer de este
un proceso eficaz y rápido, sin embargo los Magistrados son profesionales del
derecho y no especializados en ciertas ramas que se necesitan de otras ciencias
para su compresión. Ante dicha situación es eminente que el diligenciamiento de
90
este proceso sea apegado a las normas que lo regulan para garantizar la defensa
y del debido proceso a los sujetos procesales. El Proceso Contencioso
Administrativo no admite la apelación como medio de impugnación por ser un
proceso de una única instancia, sin ser una limitación para que todas las
actuaciones de las Salas están sujetas a revisión por parte de la Corte Suprema
de Justicia mediante el medio de impugnación casación como un recursos técnico,
que no procede si no se hizo la salvedad de la violación denunciada dentro del
proceso ante las Salas de lo Contencioso Administrativo.
91
CAPÍTULO FINAL
Presentación, Discusión y Análisis de Resultados.
El tribunal de lo Contencioso Administrativo es parte del Organismo Judicial
y tiene las facultades de resolver las controversias derivadas de las actuaciones
de la administración pública. En el desarrollo del marco teórico se hizo una
investigación del Derecho Procesal Administrativo, la vía administrativa o
procedimiento administrativo en el cual se desenvuelve la administración pública
desarrollado en el capítulo 2 del presente trabajo y la vía judicial o proceso
Contencioso Administrativo quien revisa la juricidad y legalidad de las actuaciones
de la administración pública, desarrollado en el capítulo 3 del presente trabajo.
Los antecedentes de procesos diligenciados ante las Salas de lo
Contencioso Administrativo, específicamente los medios de impugnación para
hacer valer el derecho de defensa y el debido proceso se apreció una controversia
en la aplicación del artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Donde
surgen las preguntas de Tesis: ¿La Nulidad es un medio de impugnación
procedente dentro de un Proceso Contencioso Administrativo? Y ¿existe
fundamento Legal y doctrinal para que la Salas de lo Contencioso Administrativo
no admitan para su trámite la Nulidad dentro de un Proceso Contencioso
Administrativo?
Para poder dar respuestas a la preguntas de tesis, se investigó, analizó e
interpretó no solo el marco teórico sino la normativa jurídica aplicable lo cual se
confrontó con las entrevistas como instrumento de investigación practicada a los
oficiales de las Salas de lo Contencioso Administrativo como auxiliares de los
Magistrados en impartir justicia en materia administrativa. Se complementó la
investigación con el análisis de tres expedientes de Apelación de Amparo números
365-1998; 2174-2006; 3645-2008 de la Corte de Constitucionalidad que fueron
interpuestos por considerar violados los derechos de defensa y del debido proceso
al denegarles el trámite de la interposición del medio de impugnación Nulidad
dentro del Proceso Contencioso Administrativo.
92
Las unidades de análisis empleadas para la presente investigación son los
oficiales y secretarios de Sala Primera, Segunda, Cuarta y Quinta de lo
Contencioso Administrativo y la aplicación del artículo 27 de la Ley de lo
Contencioso Administrativo. El Estudio de tres expedientes consistente en
sentencias de la Corte de Constitucionalidad que pueden aportar conocimientos
importantes en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley en el sistema de
administración de justicia. Aunado a ello se practicó una encuesta con una única
muestra para los Secretarios y Oficiales de las Salas de lo Contencioso
Administrativo como auxiliares de los Magistrados que imparten y administran
Justicia.
Los cuestionarios fueron respondidos por 16 trabajadores del Organismo
Judicial entre secretarios y oficiales de las Salas Primera, Segunda, Cuarta y
Quinta de lo Contencioso Administrativo quienes respondieron de la siguiente
manera:
1. Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de
impugnación reconocidos?
Revocatoria: El 87% respondió que sí es admisible y un 13% que no es admisible.
Reposición: El 87% respondió que sí es admisible y un 13% que no es admisible.
Nulidad: El 31% respondió que sí es admisible y un 69% que no es admisible.
Aclaración y Ampliación: El 100% respondió que sí es admisible.
Apelación: El 12% respondió que sí es admisible y un 88% que no es admisible.
Casación: El 81% respondió que sí es admisible y un 19% que no es admisible.
Amparo: El 31% respondió que sí es admisible y un 69% que no es admisible.
El artículo 27 del Decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo
Contencioso Administrativo establece que: “Salvo el recurso de apelación en este
proceso son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el
93
proceso civil, incluso el de casación, contra la sentencias y autos definitivos que
pongan fin al proceso los cuales se substanciarán conforme tales normas.” Si se
interpreta dicho artículo conforme el articulo 10 del Decreto 2-89 del Congreso de
la Republica, Ley del Organismo Judicial, en su texto el único medio de
impugnación que se encuentra excluido es el de Apelación y serán admisibles
todos los medios de impugnación reconocidos y regulados en el Decreto Ley 107
del Jefe de Gobierno de la República, Código Procesal Civil y Mercantil. Las
encuestas reflejan que dentro de las Salas de lo Contencioso Administrativo, que
efectivamente la Apelación se encuentra excluida de los medios de impugnación
procedentes dentro del Proceso Contencioso Administrativo, siendo según la
encuesta únicamente admisibles los medios de impugnación de Revocatoria,
Reposición, Aclaración y Ampliación, Casación. Sin embargo excluyen el medio de
impugnación de nulidad cuando no existe legalmente ninguna limitación para su
interposición. El amparo propiamente no es un medio de impugnación dentro del
Proceso Contencioso Administrativo y su interposición se encuentra vinculado con
garantizar los derechos constitucionales del debido proceso y del derecho de
defensa.
2. Contra las resoluciones de trámite ¿qué medios de impugnación son
admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
Revocatoria: El 75% respondió que sí es admisible y un 25% que no es admisible.
Reposición: El 81% respondió que sí es admisible y un 19% que no.
Nulidad: El 12% respondió que sí es admisible y un 88% que no.
Aclaración y Ampliación: El 100% respondió que no es admisible.
Apelación: El 100% respondió que no es admisible.
Casación: El 100% respondió que no es admisible.
Amparo: El 12% respondió que sí es admisible y un 88% que no es admisible.
94
Las características de cada medio de impugnación hace que su
procedencia se encuentre sujeta a la naturaleza jurídica de la resolución que se
pretende impugnar. En el presente caso para impugnar una resolución de trámite
es procedente la revocatoria, la reposición es procedente en contra de autos y
nulidad cuando ésta contenga una violación a la ley o al procedimiento, sin
embargo en la encuesta se excluye la Nulidad como un medio idóneo para
impugnar una resolución puramente de trámite.
3. Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento
¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del Proceso Contencioso
Administrativo?
Revocatoria: El 75% respondió que sí es admisible y un 25% que no es admisible.
Reposición: El 75% respondió que sí es admisible y un 25% que no es admisible.
Nulidad: El 19% respondió que sí es admisible y un 81% que no es admisible.
Aclaración y Ampliación: El 100% respondió que no es admisible.
Apelación: El 100% respondió que no es admisible.
Casación: El 6% respondió que sí es admisible y un 94% que no es admisible.
Amparo: El 12% respondió que sí es admisible y un 88% que no es admisible.
El medio de impugnación nulidad según su naturaleza procede contra las
resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley, cuando no sean
procedentes los recursos de apelación o casación. Bajo esa premisa la Nulidad es
el medio idóneo para impugnar las resoluciones que contienen violación de ley y/o
vicio del procedimiento. Las encuestas reflejan según el personal de las Salas de
lo Contencioso Administrativo que los medios de impugnación para atacar este
tipo de resolución son la Revocatoria y la Reposición excluyendo a la Nulidad
como un medio idóneo para subsanar las violación a la ley y el procedimiento.
95
4. ¿Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia ¿qué medios de
impugnación son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
Revocatoria: El 87% respondió que sí es admisible y un 13% que no es admisible.
Reposición: El 87% respondió que sí es admisible y un 13% que no es admisible.
Nulidad: El 31% respondió que sí es admisible y un 69% que no es admisible.
Aclaración y Ampliación: El 100% respondió que sí es admisible.
Apelación: El 12% respondió que sí es admisible y un 88% que no es admisible.
Casación: El 81% respondió que sí es admisible y un 19% que no es admisible.
Amparo: El 69% respondió que sí es admisible y un 31% que no es admisible.
Para impugnar los autos que ponen fin al proceso o las sentencias según su
naturaleza jurídica y el Código Procesal Civil y Mercantil son idóneos y
procedentes la aclaración, ampliación, la apelación y la casación. Dentro del
Proceso Contencioso Administrativo se encuentra excluida la interposición de la
Apelación, siendo procedentes los antes mencionados y en casos extraordinarios
cuando existen violación a derechos y garantías constitucionales es procedente el
Amparo. Las encuestas reflejan todo lo contrario porque los encuestados
consideran que la revocatoria y reposición si son idóneos para impugnar autos que
ponen fin al proceso o sentencia y hay otros que consideran que si es procedente
la Apelación cuando se encuentra expresamente prohibida su interposición.
5. ¿Es admisible la Nulidad dentro del Proceso Contencioso Administrativo como
medio de impugnación a resoluciones judiciales?
El 25% respondió que sí es admisible y un 75% que no es admisible.
Según los oficiales y secretarios de las Salas de lo Contencioso Administrativo
la Nulidad no es admisible dentro de un proceso Contencioso Administrativo
cuando el artículo 27 del Decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo
Contencioso Administrativo establece textualmente que serán admisibles todos los
96
medios de impugnación regulados en el Decreto Ley 107 del Jefe de Gobierno de
la República Código Procesal Civil y Mercantil con excepción de la Apelación. Sin
encontrarse expresamente prohibida o excluida la interposición de la Nulidad
como un medio de impugnación dentro del proceso Contencioso Administrativo en
la práctica las Salas de lo Contencioso Administrativo no admiten para su trámite
la Nulidad por considerar que es un medio de impugnación improcedente y no
idóneo.
6. ¿En la práctica se admite para su trámite la Nulidad dentro del Proceso
Contencioso Administrativo?
El 37% respondió que sí y un 63% que no.
La encuesta refleja que dentro de las Salas de lo Contencioso Administrativo
independientemente de ser admisible la Nulidad como medio de impugnación
existen una discrepancia en los criterios para la aplicación la ley, lo cual implica
una falta de legalidad y de juricidad para los sujetos procesales.
7. ¿Considera que la Nulidad es un medio idóneo de impugnación dentro del
Proceso Contencioso Administrativo?
El 27% respondió que sí y un 73% que no.
Los resultados de la encuesta refleja que los oficiales y de secretarios en la
práctica rechazan para su trámite la Nulidad como medio de impugnación en
contra de resoluciones que violen la ley o el procedimiento por considerar que no
es un medio idóneo o por notoriamente improcedente.
8. ¿Considera que la interposición de Nulidad viola los principios del Proceso
Contencioso Administrativo?
El 19% respondió que sí y un 81% que no.
Los resultados reflejan que la interposición de la Nulidad no viola los
principios del Proceso Contencioso Administrativo y sin existir una prohibición
expresa en la ley, la nulidad debería de ser un medio de impugnación procedente
97
y que en la práctica este se rechaza por no ser idóneo dentro del proceso
Contencioso Administrativo.
9. ¿En qué momento considera que se tiene por agotada la Instancia dentro de
un Proceso Contencioso Administrativo?-
Al emitirse un auto definitivo o sentencia. El 50% respondió que en esta etapa
procesal se tiene por agotada la instancia.
Al emitirse una sentencia en casación. El 69% respondió que en esta etapa
procesal se tiene por agotada la instancia.
Al emitirse una sentencia en Amparo. El 6% respondió que en esta etapa procesal
se tiene por agotada la instancia.
Según la mayoría de encuestados la instancia se tiene por agotada la instancia
cuando la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia de Casación,
seguidamente se considera que se tiene por agotada la instancia cuando se emite
el auto definitivo o sentencia. Según los procesos generales la instancia se tiene
por agotada cuando el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el proceso
concluye con las fases procesales y emite una sentencia o un auto que pone fin al
proceso.
10. ¿Considera como Profesional de Derecho que la Ley de lo Contencioso
Administrativo tiene vacíos legales?
El 33% respondió que sí tiene vacios legales y un 67% que no.
Los encuestados consideran en su mayoría que la Ley de lo Contencioso
Administrativo no tiene vacios legales; sin embargo los que consideran que si tiene
vacios legales son por motivos derivados de la falta de unificación de los recursos
admisibles durante el procedimiento administrativo y la falta de certeza en la
aplicación supletoria del Proceso Contencioso Administrativo del Código Procesal
Civil y Mercantil y la Ley del Organismo Judicial.
98
11. ¿Qué cambios realizaría administrativos, jurídicos o legales para lograr una
mayor eficiencia en la administración de Justicia en materia contenciosa
administrativa?
Los cambios que los encuestados realizarían van enfocados a cuestiones
de procedimientos que permitan una mejor aplicación de la ley, unificando los
criterios tanto en la administración pública como en los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo, principalmente en la prueba y en los recursos. Una
problemática generalizada en todo el sistema de justicia es el exceso de
expedientes, por lo que sugieren la creación de más Salas de lo Contencioso
Administrativo.
Para poder realizar un análisis extensivo es necesario analizar e interpretar
sentencias de Apelación de Amparo que han dejado plasmado su criterio en
cuanto a la admisibilidad o no de la Nulidad dentro del Proceso Contencioso
Administrativo y los motivos que impulsan a las Salas de lo Contencioso
Administrativo en rechazar de plano la interposición de la Nulidad como un medio
de impugnación.
PRIMER EXPEDIENTE: Sentencia de Apelación de Amparo de fecha dos
de febrero de dos mil nueve dentro del expediente (365-1998) de la Corte de
Constitucionalidad. Autoridad impugnada: la Sala Primera de lo Contencioso
99
Administrativo; Acto reclamado: al habérsele dado audiencia dentro del recurso
contencioso administrativo impugnó de nulidad por violación de ley y vicio en el
procedimiento la correspondiente resolución, que fue rechazada de plano el trece
de octubre del mimo año; contra ésta interpuso recurso de reposición, que fue
declarado sin lugar el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete
mediante el acto reclamado. Estima que la autoridad impugnada violó sus
derechos constitucionales porque rechazó de plano la nulidad no por condiciones
de inadmisibilidad del recurso sino por estimar que el planteamiento era
improcedente, lo cual sólo podía declarar observando previamente el trámite
incidental del recurso, como lo establecen los artículos 615 del Código Procesal
Civil y Mercantil y 138, 139 y 140 de la Ley del Organismo Judicial, lo cual no se
hizo. En el presente expediente se otorgo la tutela constitucional, restableciendo el
derecho de defensa y del debido proceso.
En el presente expediente la Corte de Constitucionalidad consideró que los
Jueces están facultados para rechazar de plano los recursos o incidentes
notoriamente frívolos o improcedentes, la facultad judicial tiene que respaldarse
precisamente en lo notorio de la frivolidad o de la improcedencia, la nulidad
planteada debe de tramitarse como incidente, señalado que al rechazar la nulidad
sin un respaldo legal y sustancial sí se vulneró el derecho de defensa y no existe
un debido proceso.
Los Magistrados en este caso tienen la facultad discrecional de rechazar
recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, estando facultados
de rechazar la nulidad cuando exista un respaldo que su procedencia deviene
notoriamente improcedente, esta norma es aplicable a todos los procesos, en
todos los recursos y en todos los incidentes, pero no es una norma que prohíba
expresamente la interposición y procedencia de la nulidad dentro del Proceso
Contencioso Administrativo.
SEGUNDO EXPEDIENTE: Sentencia de Apelación de Amparo de fecha
veinticuatro de Enero de dos mil siete dentro del expediente (2174-2006) de la
Corte de Constitucionalidad. Autoridad impugnada: la Sala Primera de lo
100
Contencioso Administrativo dentro del proceso Contencioso Administrativo número
ciento vientres – dos mil cuatro (123-2004). Acto reclamado, contra la resolución
que contiene vicios en el procedimiento y violación de ley se presentó
simultáneamente (i) solicitud de enmienda del procedimiento y (ii) recursos de
nulidad por violación de ley y por vicio de procedimiento, que fueron rechazados in
límine. En el presente caso se otorgo la protección constitucional solicitada y
ordena a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo que admita para su
trámite el recurso de nulidad.
En el presente expediente se hace una interpretación extensiva del artículo
27 del Decreto 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo Contencioso
Administrativo, dispone de manera expresa que en el proceso de esa naturaleza,
salvo el recurso de apelación -por ser de única instancia-, “…son admisibles los
recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil, incluso el de
casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso,
contrario al criterio sostenido por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, al rechazar de plano la nulidad planteada.
La Corte de Constitucionalidad ha sostenido que sí procede el recurso de
nulidad, en tanto que el mismo forma parte de los medios de impugnación que
contempla el Código Procesal Civil y Mercantil, al que remite el artículo 27 de la
Ley de lo Contencioso Administrativo y al haber rechazado de plano el medio de
impugnación nulidad incurre en vulneración de los derechos constitucionales del
debido proceso y del derecho de defensa.
TERCER EXPEDIENTE: Sentencia de Apelación de Amparo de fecha once
de diciembre de dos mil ocho dentro del expediente (3645-2008) de la Corte de
Constitucionalidad. Autoridad impugnada: la Sala Primera de lo Contencioso
Administrativo dentro del expediente numero ciento veintitrés–dos mil cuatro (123-
2004). Acto reclamado, la emisión de ocho resoluciones de doce de abril de dos mil
siete, dictadas por la autoridad impugnada, dentro del proceso contencioso
administrativo tramitado en contra de la amparista por el Estado de Guatemala, en
las que se rechazaron in límine las nulidades interpuestas contra las resoluciones
101
que declararon sin lugar los recursos de reposición interpuestos en los incidentes de
impugnación de documentos por falsedad. La protección constitucional solicitada no
fue otorgada habiendo denegado el amparo solicitado.
En el presente expediente existe una contraposición a los casos anteriores,
si bien es cierto la Corte de Constitucionalidad estimó que conforme el artículo 27
de la Ley de lo Contencioso Administrativo es procedente plantear nulidad dentro
de la tramitación del proceso contencioso administrativo; sin embargo, su admisión
y resolución está sujeta a los requisitos que rigen a la nulidad, procede
únicamente como medio reparador de vicios por violación de ley o en el
procedimiento, pero no es un recurso en el que se discuta nuevamente el fondo de
resuelto, ya que el admitirlo para ese fin, daría lugar a la interposición interminable
de impugnaciones que impedirían la aplicación de justicia.
La nulidad, es admisible en los procesos contenciosos administrativos,
según lo regulado en el artículo 27 de la Ley de Contencioso Administrativo que
dispone que “...son admisibles los recursos que contemplen las normas que
regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra las sentencias y autos
definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se substanciarán conforme tales
normas...”, su viabilidad, idoneidad y procedencia sigue estando sujeta a los
principios que la rigen y a su propia naturaleza, ya que la nulidad pretende reparar
una eventual concurrencia de vicio de procedimiento o de violación de ley.
Hace referencia la Corte de Constitucionalidad que la nulidad no puede convertirse
en el máximo recurso procesal, sino que debe ser utilizada como una garantía que
asegure el apego a la ley en el procedimiento.
102
Análisis y Discusión de Resultados.
El Decreto Ley número 119-96 del Congreso de la República, Ley de lo
Contencioso Administrativo, dentro de la fase del Proceso Contencioso
Administrativo solo un artículo hace relación a los medios de impugnación. El
artículo 27 establece que: “Salvo el recurso de apelación en este proceso son
admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil,
incluso el de casación, contra la sentencias y autos definitivos que pongan fin al
proceso los cuales se substanciarán conforme tales normas.”
Las normas jurídicas de conformidad con el artículo 10 del Decreto Ley 2-89
del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial se interpretan
primeramente conforme el sentido literario y su texto. Los recursos ordinarios que
se regulan en el Proceso Civil son, revocatoria, reposición, nulidad, aclaración y
ampliación, apelación, casación, en ese sentido todos los recursos enunciados
con excepción de la Apelación son procedentes y admisibles dentro del Proceso
Contencioso Administrativo y de aplicación general a todos los procesos la acción
constitucional de amparo como un recurso extraordinario.
La única exclusión que hay es el medio de impugnación Apelación y por la
naturaleza del recurso no es admisible contra autos que pongan fin al proceso o
en contra de la sentencia.
El Recurso de Nulidad,216 sí procede en el proceso Contencioso Administrativo
siempre y cuando se interponga de conformidad con la naturaleza del recurso, es
decir, contra violación de procedimientos o infracción de la ley. Su viabilidad,
idoneidad y procedencia sigue estando sujeta a los principios que la rigen y a su
propia naturaleza, ya que la nulidad pretende reparar una eventual concurrencia de
vicio de procedimiento o de violación de ley, sin que con ella se pueda examinar el
fondo de una decisión. Por tratarse de un tribunal colegiado y por su naturaleza, el
216 Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil siete dentro del expediente dos mil ciento setenta y cuatro-dos mil seis (2174-2006)
103
auto que resuelve la nulidad dentro del Proceso Contencioso Administrativo no será
apelable, este extremo no excluye o limita la interposición del recurso de nulidad.
El fundamento utilizado por las Salas de lo Contencioso Administrativo para
rechazar de plano la nulidad como un medio de impugnación ha sido el criterio que
la interposición de la nulidad atenta contra el principio de única instancia en el
Contencioso Administrativo, sin embargo con la reforma de la Ley del Organismo
Judicial en 2006 la ley debe de ser interpretada y aplicada conforme a su texto y
no da cabida a criterios. Al no existir facultad para aplicar la norma conforme al
criterio, las Salas de lo Contencioso Administrativo empezó a fundamentar su
rechazo de plano de la Nulidad por considerarlo notoriamente frívolo e
improcedente siendo una facultad discrecional de los Magistrados, esta aplicación
a tenido como resultado la interposición de acciones constitucionales de amparo
donde en su última instancia la Corte de Constitucionalidad ha considerado que al
no admitir para su trámite la nulidad en el proceso Contencioso Administrativo
constituye una violación al debido proceso y al derecho de defensa de las partes.
La presente investigación ha cumplido con sus objetivos al evidenciar que la
nulidad si es admisible dentro del Proceso Contencioso Administrativo y que no
existe un fundamento jurídico y legal válido para rechazar de plano la nulidad,
siendo preocupante que las Salas de lo Contencioso Administrativo no tengan
unificado un criterio en la forma de interpretar y aplicar la ley. Los alcances de la
presente investigación consisten en dejar manifiesto que el constante rechazo de
la nulidad como un medio de impugnación dentro del Proceso Contencioso
Administrativo constituye una violación al debido proceso y al derecho de defensa.
Si la aplicación de la ley en el sentido de admitir para su trámite la nulidad como
medio de impugnación atenta contra la naturaleza y los principios del Derecho
Procesal Administrativo es necesario reformar la ley para no continuar causando
agravios y vejámenes a los derechos del debido proceso y de defensa de los
sujetos procesales.
El Artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo no excluye a la
nulidad como un medio de impugnación dentro del Proceso Contencioso
104
Administrativo y no existe ninguna limitación legal o procesal que fundamente el
rechazo de este medio de impugnación cuando es interpuesto por conforme la
naturaleza del recurso. Sin embargo el criterio de la Sala de lo Contencioso
Administrativo es que la nulidad atenta contra el principio de única instancia, el
cual no es válido toda vez que la misma Ley del Organismo Judicial en su artículo
cuarenta en su parte conducente establece que la resolución del incidente será
apelable, salvo los casos en que las leyes que regulan las materias especiales
excluyan este recurso o se trate de incidentes resueltos por tribunales colegiados.
Esto no implica que los incidentes tramitados en tribunales colegiados deban de
ser rechazados para su trámite, únicamente que se excluye el recurso de
apelación, en consecuencia la nulidad tramitada en la vía incidental no atenta
contra el principio de única instancia dejando sin valor jurídico el criterio de la
Salas de lo Contencioso Administrativo, sin embargo es la consecuencia de tener
solo un artículo en la Ley de lo Contencioso Administrativo que regule los medios
de impugnación.
105
Conclusiones.
1. El Artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo no excluye a la
nulidad como un medio de impugnación dentro del Proceso Contencioso
Administrativo y no existe ninguna limitación legal o procesal que
fundamente el rechazo de este medio de impugnación cuando es
interpuesto por Nulidad de Notificación o por nulidad por violación de ley o
vicio del procedimiento.
2. Las Salas de lo Contencioso Administrativo tienen criterios diferidos en
cuanto a la admisibilidad del recurso de nulidad dentro del proceso
Contencioso Administrativo, que desde esa premisa ya constituye una falta
de garantía procesal para los sujetos que intervienen en el mismo. Sin
embargo está claro que el rechazar la nulidad en el Proceso Contencioso
Administrativo cuando ésta se interpone en contra de resolución o
notificaciones que violen la ley o el procedimiento constituye una violación a
las garantías constitucionales del debido proceso.
3. A pesar de establecer a la reposición y de revocatoria como únicos recursos
procedentes en la fase administrativa, varias instituciones tienen diferentes
procedimientos, esta falta de integración de procedimientos en la
administración pública confunde al administrado en cuanto a los medios de
defensa en contra de los actos administrativos.
4. La nulidad es un medio de impugnación que se tramita a través del
procedimiento de incidentes que por sus características tiene una serie de
etapas, inclusive, donde se diligencian pruebas lo cual lo hace tardado;
aunado a ello el auto que lo resuelve es apelable según la Ley del
Organismo Judicial. Las Salas de lo Contencioso Administrativo a
sustentado el criterio que esto atenta el principio de única instancia que rige
el proceso Contencioso Administrativo, sin embargo la inadmisibilidad de la
106
nulidad cuando existen eminentes violaciones al proceso y a la ley ha
generado violaciones a garantías constitucionales.
5. Las Salas de lo Contencioso Administrativo tiene juristas especializados
procesalmente, sin embargo no se encuentran especializados
profesionalmente para resolver cuestiones técnicas derivados de
controversias con instituciones como la Superintendencia de Administración
Tributaria, Propiedad intelectual e industrial, Ministerio de Energía y Minas,
otros; aunado a ello la falta de criterios unificados hacen difícil la aplicación e
interpretación de cuestiones puramente técnicas; que tiene como
consecuencia la falta de un criterio unificado para la administración de
justicia que pueden vulnerar garantías constitucionales a las partes
procesales.
iii. El medio de impugnación de nulidad sí es procedente y admisible en los
procesos contenciosos administrativos sin importar si es tributario o no. El
personal que auxilia a los Magistrados de las Salas de lo Contencioso
Administrativo doctrinalmente reconocen que la nulidad es admisible pero
en la practica la instrucción es no darles trámite siendo esto una eminente
violación a los derechos procesales al violar lo establecido en el artículo
veintisiete del Decreto Ley 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo y
el articulo diez del Decreto Ley 2-89, Ley del Organismo Judicial, lo cual
según la Corte de Constitucionalidad si es procedente siempre u en cuando
se interponga de conformidad con la naturaleza del recurso sin atentar a los
principios que rigen el derecho procesal administrativo.
107
Recomendaciones.
1. Las Salas de lo Contencioso Administrativo a través de la dirección de la
Corte Suprema de Justicia deben de unificar criterios para la aplicación de
la Ley de lo Contencioso Administrativo, para que él actuar se encuentre
enmarcado en derecho sin que constituya una violación al debido proceso y
al derecho de defensa en el desarrollo de los medios de impugnación
dentro de la ley.
2. La Ley de lo Contencioso Administrativo contiene vacios legales en cuanto
su aplicación principalmente a los medios de impugnación dentro del
Proceso Contencioso Administrativo ya que únicamente los regula en un
único artículo y hace aplicación supletoria a un proceso civil que tiene
diferentes principios y características, por lo que es necesario el desarrollo
de un capitulo dentro de la Ley de lo Contencioso Administrativo que regule
los medio de impugnación específicos sin que atente contra sus principios y
características.
3. Los Jueces y Magistrados deben de establecer parámetros que permitan
diferenciar entre un recurso procedente e improcedente; y entre un recurso
frívolo y no frívolo, para que la facultad discrecional de Jueces y
Magistrados de rechazar los incidentes que sean improcedentes y
notoriamente frívolos no sea un instrumento para causar agravios al
derecho de defensa y del debido proceso de los sujetos procesales.
4. Es necesaria la unificación de criterio en cuanto a la aplicación de la ley
para garantizar los derechos del debido proceso y derecho de defensa. La
mala aplicación de la ley o algún vicio del procedimiento será corregido en
últimas instancias en la Corte de Constitucionalidad en sentencia de
Amparo quien ordenará cumplir con las garantías del debido proceso y el
derecho de defensa. En la aplicación de los principios que rigen el derecho
procesal administrativo para lograr la rapidez y eficiencia es importante
108
garantizar las fases procesales respetando la ley y los procedimientos
establecidos y evitar el atraso en la Administración de Justicia.
109
Referencias.
1. Bibliográficas.
1.1. Aguirre Godoy, Mario. Derecho Procesal Civil de Guatemala. Tomo 1,
Editorial Academia Centroamericana, Guatemala 1982, Reimpresión de la
Edición de 1973.
1.2. Aguirre Godoy, Mario. Derecho Procesal Civil . Unión Tipográfico,
Guatemala 1982, Tomo II volumen I.
1.3. Alcalá Zamora. Liberalismo y Autoritarismo en el Proceso. Supra nota
277.
1.4. Alsina, Hugo. Fundamentos de Derecho Procesal . Serie de Clásicos de la
Teoría General del Proceso volúmen IV. Editorial Jurídica Universitaria S.A.
2001, México.
1.5. Alvarado Velloso, Introducción al Derecho Procesal , Buenos Aires,
Argentina, Editorial Heliasta 2003.
1.6. Aragoneses, Pedro Alonso. Proceso y Derecho Procesal . Editorial Aguilar,
Madrid, 1960.
1.7. Arellano García, Carlos. Teoría General del Proceso , Editorial Porrúa,
S.A. México 29 de Mayo 1980.
1.8. Asencio Mellado, José María. Introducción al Derecho Procesal , Editorial
Guada Litografía S.L. España, Valencia 1997.
1.9. Burgoa Ignacio. El Juicio de Amparo , Editorial Porrúa S.A. México 1989.
110
1.10. Cabanellas, Guillermo. Diccionario de Derecho Usual. Tomo I, II, III y IV
Editorial Heliasta S.R.L. Viamonte 1730, 11ª Edición, República de
Argentina, Buenos Aires.
1.11. Cáceres Rodríguez, Luis Ernesto. Derecho Procesal Constitucional .
Editorial Estudiantil Fénix, USAC, Guatemala, 2007.
1.12. Calamandrei, Piero. Instituciones de Derechos Procesal Civil . Tomo I.
Trad. de Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires, EJEA, 1973.
1.13. Calamandrei Piero. Derecho Procesal Civil. Volumen 2, Oxford University
Press, México 2000.
1.14. Calderón M, Hugo Haroldo. Derecho Procesal Administrativo . Litografía
Orión, 6ª edición. Guatemala febrero 2011.
1.15. Cascajo Castro, José y Gimeno Sendra, Vicente. El Recurso de Amparo.
Editorial, Tecnos, S.A., Madrid, España, 1985.
1.16. Castillo González, Jorge Mario. Derecho Procesal Administrativo
Guatemalteco. Tomo I, II y III Teoría Procesal 16ª Edición, Guatemala
2005.
1.17. Chiovenda, Guissepe. Curso de Derecho Procesal Civil . Supra nota 183,
tomo II.
1.18. Comadira, Julio Rodolfo. Acto Administrativo. Editorial Lexis Abelardo-
Perrot, Buenos Aires Argentina, 2004.
1.19. Couture, Eduardo. Fundamento de Derecho Procesal Civil . Editorial Arte
y Fotografía, S.A., México, D.F., 1984.
111
1.20. Devis Echandía. Derecho Procesal. Editorial Universidad S.R.L. Buenos
Aires 1984.
1.21. De la Plaza, Derecho Procesal Civil. Volúmen I, página 628 y La Casación
Civil.
1.22. De Pina, Rafael. Diccionario de Derecho . Editorial Porrúa, S.A., México
1965.
1.23. Ovalle Favella, José. La Teoría General de la Prueba. En Estudios cita.
1.24. Garrido Falla, Fernando. Alberto Palomar Olmeda, otros. Tratado de
Derecho Administrativo. 2ª edición. Editorial Tecnos, Grupo Anaya, S.A.
Madrid 2006. Litografía Orión, 6ª edición. Guatemala febrero 2011.
1.25. Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Cuarta
Edición, Fundación de Derechos Administrativos, Buenos Aires Argentina,
2000.
1.26. Gordon Moreno, Faustino. “Anotaciones acerca de la legitimación”, en
Revista de Derecho Procesal Iberoamericana. Madrid, número 2 de 1979.
1.27. Guzmán Hernández, Martin. El Amparo Fallido , Editorial Serviprensa S.A.,
Guatemala 2004.
1.28. Linares, Juan Francisco. Derecho Administrativo. Editorial Astrea de
Alfredo y Ricardo Guatemala 2005.
1.29. Mendoza Lissette Beatriz, Ricardo Mendoza Orantes. Constitución
Explicada , 2ª Edición, Editorial Jurídica Salvadoreña, 2008.
112
1.30. Montero Aroca, Juan y Mauro Chacón Corado, Manual de Derecho
Procesal Civil Guatemalteco. Universidad de San Carlos.
1.31. Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Soci ales ,
Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina. 1981.
1.32. Oviedo García, Carlos. Enrique Useros Martínez. Derecho Administrativo,
Tomo II, novena Edición, Artes Graficas Iberoamericanas. Madrid 1968.
1.33. Pallares, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil . Editorial
Porrúa, 5ª Edición, México 1966.
1.34. Podetti J. Ramiro. Trilogía Estructural de la Ciencia del Proceso , en
Revista de Derecho Procesal. Buenos Aires, numero 1. 1994.
1.35. Ruiz Castillo de Juárez, Crista. Teoría General del Proceso. XIV Ed. 2008
Guatemala. C.A.
1.36. Sayagués Laso, Enrique. Tratado General del Procedimiento
Administrativo. Editorial De palma, Buenos Aires 1973.
1.37. Sayagués Laso, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Publicado:
Fundación Educativa Universitaria; Uruguay 2002.
1.38. Vásquez Martínez, Edmundo. El Proceso de Amparo en Guatemala .
Colección Estudios Universitarios, Editorial Universitaria USAC, Guatemala
1980.
2. Normativas
113
4.1. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República
de Guatemala. 1985.
4.2. Asamblea Nacional Constituyente, Decreto número Ley 1-85 , Ley
Electoral y de Partidos Políticos.
4.3. Jefe de Gobierno de la República de Guatemala, Decreto Ley número
107. Código Procesal Civil y Mercantil.
4.4. Congreso de la República de Guatemala Decreto número 2-89 , Ley del
Organismo Judicial.
4.5. Congreso de la República de Guatemala Decreto número 19-2002 , Ley de
Bancos y Grupos Financieros.
4.6. Congreso de la República de Guatemala, Decreto Ley número 2-70 ,
Código de Comercio.
4.7. Congreso de la República de Guatemala, Decreto Ley número 119-96,
Ley de lo Contencioso Administrativo.
4.8. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 295 , Ley
Orgánica del Instituto de Seguridad Social.
4.9. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 31-2002 , Ley
Orgánica de la Contraloría de Cuentas.
114
4.10. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 57-1992 , Ley de
Contrataciones del Estado.
4.11. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 57-2000 , Ley de
Propiedad Industrial.
4.12. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 6-91 , Código
Tributario.
4.13. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número Ley 106 ,
Código Civil.
4.14. Congreso de la República de Guatemala, Decreto número 215 , Ley
Orgánica del Banco de Guatemala.
3. Otras Referencias.
3.1. Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 40, expediente No. 879-95,
sentencia de fecha 29 de mayo 1996.
3.2. Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 59, expediente No. 366-00,
sentencia de fecha 25 de enero 2001.
3.3. Corte de Constitucionalidad, Gaceta No. 60, expediente No. 59-01,
sentencia de fecha 6 de abril 2001.
3.4. Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha veinticinco de Agosto de
dos mil novecientos noventa y dos dentro del expediente cuatro guion
noventa y dos (4-1992).
115
3.5. Corte de Constitucionalidad, expediente 624-2003 de fecha 13 de enero de
2004.
3.6. Corte de Constitucionalidad, sentencia de fecha veinticuatro de enero de
dos mil siete dentro del expediente dos mil ciento setenta y cuatro-dos mil
seis (2174-2006).
3.7. Corte de Constitucionalidad, sentencia de Apelación de Amparo de fecha
once de diciembre de dos mil ocho dentro del expediente tres mil
seiscientos cuarenta y cinco guion dos mil ocho (3645-2008).
ANEXOS
ANEXO I Encuesta para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Nombre: _______________________________ Edad: ___________________
Lugar de trabajo: __________________________________________________
1. Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de
impugnación reconocidos?
Revocatoria Reposición
Nulidad Aclaración y Ampliación
Apelación Casación
Amparo
2. Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
Revocatoria Reposición
Nulidad Aclaración y Ampliación
Apelación Casación
Amparo
3. ¿Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
Revocatoria Reposición
Nulidad Aclaración y Ampliación
Apelación Casación
Amparo
4. ¿Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
Revocatoria Reposición
Nulidad Aclaración y Ampliación
ANEXO I Encuesta para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Apelación Casación
Amparo
5. ¿Es admisible la Nulidad dentro del Proceso Contencioso Administrativo
como medio de impugnación a resoluciones judiciales?
SI NO
6. ¿En la práctica se admite para su trámite la Nulidad dentro del Proceso Contencioso Administrativo?
SI NO
7. ¿Considera que la Nulidad es un medio idóneo de impugnación dentro del proceso Contencioso Administrativo?
SI NO
8. ¿Considera que la interposición de Nulidad viola los principios del Proceso Contencioso Administrativo?
SI NO
Cuales?___________________________________________________________
9. ¿En qué momento considera que se tiene por agotada la Instancia dentro de
un proceso Contencioso Administrativo?-
Al emitirse un auto definitivo o sentencia.
Al emitirse sentencia de Casación.
Al emitirse sentencia de Amparo.
Otros:_____________________________________________________________
ANEXO I Encuesta para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
10. ¿Considera como profesional de derecho que la Ley de lo Contencioso Administrativo tiene vacíos legales?
SI NO
Cuales? ___________________________________________________________
11. ¿Qué cambios realizaría administrativos, jurídicos o legales para lograr una
mayor eficiencia en la administración de Justicia en materia contenciosa administrativa?
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
1. Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuales son los medios de
impugnación reconocidos?
Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de impugnación reconocidos?
Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de impugnación reconocidos?
87%
13%
Revocatoria
SI
NO
87%
13%
Reposición
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de impugnación reconocidos?
Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de impugnación reconocidos?
31%
69%
Nulidad
SI
NO
100%
0%
Ampliación y Aclaración
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de impugnación reconocidos?
¿Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, cuales son los medios de impugnación reconocidos?
12%
88%
Apelación
SI
NO
81%
19%
Casación
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Dentro del Proceso Contencioso Administrativo, ¿cuáles son los medios de impugnación reconocidos?
2. Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son
admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
69%
31%
Amparo
SI
NO
75%
25%
Revocatoria
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso
Contencioso Administrativo?
Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso
Contencioso Administrativo?
81%
19%
Reposición
SI
NO
12%
88%
Nulidad
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso
Contencioso Administrativo?
Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso
Contencioso Administrativo?
0%
100%
Apelación
SI
NO
0%
100%
Ampliación y Aclaración
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso
Contencioso Administrativo?
Contra las resoluciones de trámite, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del proceso
Contencioso Administrativo?
0%
100%
Casación
SI
NO
12%
88%
Amparo
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
3. ¿Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el
procedimiento, ¿qué medios de impugnación son admisibles dentro del
proceso Contencioso Administrativo?
Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento , ¿qué medios de impugnación
son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
75%
25%
Revocatoria
SI
NO
75%
25%
Reposición
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento , ¿qué medios de impugnación
son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento , ¿qué medios de impugnación
son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
19%
81%
Nulidad
SI
NO
0%
100%
Ampliación y Aclaración
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento , ¿qué medios de impugnación
son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento , ¿qué medios de impugnación
son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
0%
100%
Apelación
SI
NO
6%
94%
Casación
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra las resoluciones que violen la ley o tenga vicio en el procedimiento , ¿qué medios de impugnación
son admisibles dentro del proceso Contencioso Administrativo?
4. Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿qué medios de
impugnación son admisibles dentro del proceso Contencioso
Administrativo?
12%
88%
Amparo
SI
NO
87%
13%
Revocatoria
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿que medios de impugnación son admisibles dentro
del proceso Contencioso Administrativo?
Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿que medios de impugnación son admisibles dentro
del proceso Contencioso Administrativo?
87%
13%
Reposición
SI
NO
31%
69%
Nulidad
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿que medios de impugnación son admisibles dentro
del proceso Contencioso Administrativo?
Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿que medios de impugnación son admisibles dentro
del proceso Contencioso Administrativo?
100%
0%
Ampliación y Aclaración
SI
NO
12%
88%
Apelación
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿que medios de impugnación son admisibles dentro
del proceso Contencioso Administrativo?
Contra los autos que ponen fin al proceso o sentencia, ¿que medios de impugnación son admisibles dentro
del proceso Contencioso Administrativo?
81%
19%
Casación
SI
NO
69%
31%
Amparo
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
5. ¿Es admisible la Nulidad dentro del Proceso Contencioso Administrativo
como medio de impugnación a resoluciones judiciales?
6. ¿En la práctica se admite para su trámite la Nulidad dentro del Proceso
Contencioso Administrativo?
25%
75%
Si
No
37%
63%
Si
No
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
7. ¿Considera que la Nulidad es un medio idóneo de impugnación dentro del
proceso Contencioso Administrativo?
8. ¿Considera que la interposición de Nulidad viola los principios del Proceso
Contencioso Administrativo?
Cuales? Celeridad, Sencillez, Independencia Judicial, Única Instancia.
27%
73%
Si
No
19%
81%
Si
No
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
9. ¿En qué momento considera que se tiene por agotada la Instancia dentro
de un proceso Contencioso Administrativo?
50%50%
Al emitirse un auto definitivo o
sentencia
SI
NO
69%
31%
Al emitirse sentencia de casación
SI
NO
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
Otros: Al emitirse sentencia de amparo dentro del recurso de casación o sentencia de amparo que
puso fin al procedimiento.
10. ¿Considera como Profesional de Derecho que la Ley de lo Contencioso
Administrativo tiene vacíos legales?
Cuales: No especifica impugnación, pruebas, impugnación, nulidad y artículo 25.
6%
94%
Al emitirse sentencia de amparo
SI
NO
33%
67%
Si
No
ANEXO II Resultados de Encuestas para personal del Organismo Judicial
Salas de lo Contencioso Administrativo
ANEXO III Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 2 de Febrero 1999. Expediente: 365-1998
Corte de Constitucionalidad.
Gaceta Jurisprudencial Nº 51 -Apelaciones de Sentencias de Amparos
EXPEDIENTE No. 365-98
APELACION DE SENTENCIA DE AMPARO
CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, dos de febrero de mil
novecientos noventa y nueve.
En apelación y con sus antecedentes se examina la sentencia de uno de abril de
mil novecientos noventa y ocho dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara
de Amparo y Antejuicio, en el amparo promovido por el Alcalde de la Municipalidad
de Santa Catarina Pínula del departamento de Guatemala contra la Sala Primera
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El postulante actuó con el patrocinio
del abogado Epifanio Monterroso Paniagua.
ANTECEDENTES
I. EL AMPARO
A) Interposición y autoridad: presentado en la Corte Suprema de Justicia, el once
de diciembre de mil novecientos noventa y siete. B) Acto reclamado: auto de
veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que declaró sin lugar
el recurso de reposición, interpuesto por el postulante contra la resolución dictada
el trece de octubre del mismo año por la Sala Primera del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo. C) Violaciones que denuncian: derechos de defensa,
al debido proceso y tutelaridad judicial. D) Hechos que motivan el amparo: lo
expuesto por el postulante se resume: a) en la Sala Primera del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo el Cómite Pro-Introducción de Agua Potable de la
Aldea Puerta Parada del Municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de
Guatemala promovió recurso contencioso administrativo contra el Ministerio de
Gobernación, que fue admitido para su trámite en resolución de veintidós de
septiembre de mil novecientos noventa y siete; b) al habérsele dado audiencia
dentro del recurso contencioso administrativo impugnó de nulidad por violación de
ley y vicio en el procedimiento la correspondiente resolución, que fue rechazada
de plano el trece de octubre del mimo año; c) contra ésta interpuso recurso de
reposición, que fue declarado sin lugar el veintiocho de noviembre de mil
ANEXO III Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 2 de Febrero 1999. Expediente: 365-1998
Corte de Constitucionalidad.
novecientos noventa y siete mediante el acto reclamado. Estima que la autoridad
impugnada violó sus derechos constitucionales porque rechazó de plano la nulidad
no por condiciones de inadmisibilidad del recurso sino por estimar que el
planteamiento era improcedente, lo cual solo podía declarar observando
previamente el trámite incidental del recurso, como lo establecen los artículos 615
del Código Procesal Civil y Mercantil y 138, 139 y 140 de la Ley del Organismo
Judicial, lo cual no se hizo. Solicitó que se le otorgue amparo. E) Uso de recursos:
ninguno. F) Caso de procedencia: invocó los contenidos en los incisos a), b), d) y
h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de
Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó los artículos 12 y 29 de la Constitución
Política de la República; 615 del Código Procesal Civil y Mercantil; 138, 139 y 140
de la Ley del Organismo Judicial.
II. TRAMITE DEL AMPARO
Amparo provisional: no hubo declaración alguna. B) Terceros interesados: Comité
Pro-Introducción de Agua Potable de la Aldea Puerta Parada del Municipio de
Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala y Procuraduría General de
la Nación. C) Remisión de antecedentes: a) Expediente noventa y uno - noventa y
siete de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; b)
Expediente administrativo mil doscientos cuarenta y nueve del Ministerio de
Gobernación. D) Prueba: los antecedentes incorporados al amparo. E) Sentencia
de primer grado: el Tribunal consideró: "...Al hacer el análisis de los antecedentes,
se establece que efectivamente se violó el debido proceso en la resolución que
rechaza por frívola la nulidad interpuesta por el postulante, en contra de la que
admitió para su trámite el proceso contencioso administrativo. En el auto
impugnado el Tribunal manifiesta que el auto del trece de octubre de mil
novecientos noventa y siete se encuentra conforme a derecho, porque se basó en
el artículo 66 literal c) de la Ley del Organismo Judicial, que no sólo faculta a los
jueces a rechazar de plano, sino que los obliga a razonar la resolución respectiva.
Lo manifestado por el Tribunal es cierto, pero el razonamiento no debe exceder de
manera tal que de una vez resuelva el fondo de la nulidad que se plantea, como
se hizo en este caso. Si la autoridad impugnada quería pronunciarse sobre los
ANEXO III Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 2 de Febrero 1999. Expediente: 365-1998
Corte de Constitucionalidad.
extremos de la nulidad en la forma en que aparece redactado el mencionado auto
del trece de octubre, tal como el postulante lo señala, debió haber dado la
audiencia debida a las partes para que dentro del incidente se pronunciaran al
respecto; y hacer ellas tales consideraciones al finalizar aquél; pero como se dijo
anteriormente, el Tribunal entró a analizar los motivos de fondo por los cuales la
nulidad se promovió, y con este proceder, efectivamente se violó el debido
proceso, por lo que el amparo deviene procedente y en ese sentido deberá
declararse, exonerándose a la autoridad impugnada del pago de las costas
procesales por estimarse que actuó de buena fe." Y resolvió: "...I) Otorga el
amparo solicitado por Francisco Paniagua Alvarez, en calidad de Alcalde
Municipal de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala; en
consecuencia: a) Deja en suspenso en cuanto al reclamante, la resolución dictada
el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y siete por la Sala Primera
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dentro del expediente del recurso
contencioso administrativo número noventa y uno guión noventa y siete; b)
restituye al postulante en la situación jurídica anterior a esa resolución; c) ordena a
la autoridad impugnada resolver conforme a derecho, respetando los derechos y
garantías del postulante, bajo apercibimiento de imponer una multa de quinientos
quetzales a cada uno de los Magistrados, en caso de no acatar lo resuelto dentro
del plazo de tres días, sin perjuicio de las responsabilidades legales
correspondientes. II) No hay especial condena en costas."
III. APELACION
El tercero interesado Comité Pro-Introducción de Agua Potable de la Aldea Puerta
Parada del Municipio de Santa Catarina Pinula apeló.
IV. ALEGATOS EN EL DIA DE LA VISTA
El postulante reiteró lo manifestado en su escrito de interposición del amparo y
solicitó se confirme la sentencia impugnada. B) El tercero interesado, Comité Pro-
Introducción de Agua Potable de la Aldea Puerta Parada del Municipio de Santa
Catarina Pinula del departamento de Guatemala, manifestó que el accionante se
basa en que la autoridad impugnada al declarar sin lugar la reposición -acto
reclamado-, violó sus derechos de defensa, a un debido proceso y a la tutela
ANEXO III Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 2 de Febrero 1999. Expediente: 365-1998
Corte de Constitucionalidad.
judicial, cuando en realidad ha tenido la oportunidad de defenderse, de
conformidad con la ley. Solicitó se dicte la sentencia que en derecho corresponde.
C) La tercera interesada, Procuraduría General de la Nación, manifestó que la
Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo al dictar la resolución
de trece de octubre de mil novecientos noventa y siete no violó ningún derecho
constitucional de persona individual ni los principios de legalidad o del debido
proceso aludidos por el amparista, en virtud de que al rechazar la nulidad
planteada lo hizo apegada a las facultades emanadas por la Ley del Organismo
Judicial en su artículo 66 inciso c). Solicitó se dicte la sentencia que en derecho
corresponde. D) El Ministerio Público reiteró lo manifestado en primera instancia,
expresando que al rechazar de plano por frívola la nulidad y confirmándose la
misma con la resolución del recurso de reposición, el que constituye el acto
reclamado, se determina que en efecto se ha vulnerado el derecho de defensa y el
debido proceso del interponente. Solicitó que se confirme la sentencia impugnada.
CONSIDERANDO
-I-
El amparo se ha instituido con el fin de proteger a las personas contra las
amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar su imperio de cuando la
violación ha ocurrido y procede siempre que las leyes, disposiciones, resoluciones
o actos de autoridad lleven implícito amenaza, restricción o violación a los
derechos que la Constitución y la ley garantizan. El amparo, dada su finalidad,
debe operar como un instrumento de prevención para evitar que se consumen
actos violatorios a derechos constitucionales o legales, o como medio reparador
para restaurar el imperio de tales derechos cuando la violación hubiere ocurrido.
-II-
El reclamante acudió en amparo alegando que la resolución de veintiocho de
noviembre de mil novecientos noventa y siete que dictó la Sala Primera del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo violó sus derechos de defensa, debido
proceso y tutelaridad judicial, y se fundamentó en que dicha autoridad resolvió el
fondo de una nulidad planteada sin haberla admitido previamente para su trámite,
sino rechazándola de plano. La Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y
ANEXO III Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 2 de Febrero 1999. Expediente: 365-1998
Corte de Constitucionalidad.
Antejuicio, otorgó en primera instancia la protección pedida por el postulante e
hizo las declaraciones que en derecho correspondían.
-III-
Lo que debe examinarse en esta acción constitucional es si se violaron o no los
derechos que el amparista señaló como afectados y, para ese efecto, por haber
similitud de los casos, oportuno resulta aplicar en este asunto lo considerado y
resuelto por esta Corte en sentencia de trece de mayo de mil novecientos ochenta
y ocho, dentro del expediente sesenta y nueve - ochenta y ocho (69-88), en la que
se sustentó: "...que los jueces están facultados para rechazar de plano los
recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, conforme lo dispone
el inciso 2o. del artículo 86 de la Ley del Organismo Judicial (ahora artículo 66
inciso c) de la citada ley). Interpretando debidamente tal norma debe tenerse en
cuenta que la facultad otorgada a los jueces está obligadamente supeditada a que
los recursos o incidentes que se rechacen lo sean porque adolecen de frivolidad o
improcedencia notoriamente. En el primero de los casos, se necesita que la
argumentación sea fútil o insubstancial en relación a lo que se litiga; en el segundo
caso la procedencia o improcedencia debe estimarse como la admisión del
recurso o del incidente en su debido momento procesal o porque conforme
disposiciones expresas de la ley fuere inadmisible, pero en ambas oportunidades
la facultad judicial tiene que respaldarse precisamente en lo notorio de la frivolidad
o de la improcedencia, situación que no muestra el caso que se examina, toda vez
que habiéndose fundamentado la resolución en una estimación del juzgador y
afecta el fondo de la nulidad planteada, la cual debe tramitarse como incidente, es
el caso de señalar que al no cumplirse con los aspectos legales señalados sí se
vulneró el derecho de defensa del interponente de la nulidad y, como
consecuencia, no existe un debido proceso."
LEYES APLICABLES Artículos 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política
de la República; 1o., 2o., 3o., 4o., 6o., 8o., 10 inciso a) 42, 44, 45, 46, 47, 49 inciso
a) 52, 53, 54, 60, 61, 67, 149, 163 inciso c) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición
Personal y de Constitucionalidad y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de
Constitucionalidad.
ANEXO III Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 2 de Febrero 1999. Expediente: 365-1998
Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO: a Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes
citadas resuelve: I) Confirma la sentencia venida en grado. II) Notifíquese y con
certificación de lo resuelto, devuélvase los antecedentes.
RUBEN HOMERO LOPEZ MIJANGOS
PRESIDENTE
JOSE ARTURO SIERRA GONZALEZ
MAGISTRADO
CONCHITA MAZARIEGOS TOBIAS
MAGISTRADA
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE
MAGISTRADO
FERNANDO JOSE QUEZADA TORUÑO
MAGISTRADO
CARMEN MARIA GUTIERREZ DE COLMENARES
MAGISTRADA
JOSE ROLANDO QUESADA
MAGISTRADO
AYLIN BRIZEIDA ORDOÑEZ REYNA
SECRETARIA GENERAL
ANEXO IV Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 24 de Enero 2007. Expediente: 2174-2006
Corte de Constitucionalidad.
APELACIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO EXPEDIENTE 2174-2006 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veinticuatro de enero de dos mil siete. En apelación, y con sus antecedentes, se examina la sentencia del trece de junio de dos mil seis dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en los amparos acumulados promovidos por Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, por medio del Presidente de su Consejo de Administración y Representante Legal Luis Pedro Chang Figueroa. La postulante actuó con el patrocinio del Abogado Mynor Pinto Frese. ANTECEDENTES I. EL AMPARO A) Interposición y autoridad: presentados el treinta y treinta y uno de agosto de dos mil cinco, respectivamente, ambos en la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. B) Actos reclamados: a) la resolución de veintidós de julio de dos mil cinco, por la que la autoridad impugnada declaró sin lugar el recurso de revocatoria promovido por la entidad postulante, contra la resolución de diecinueve de mayo de dos mil cinco, que rechazó por notoriamente improcedente la solicitud de enmienda del procedimiento, formulada también por la amparista; y b) la resolución de veintidós de julio de dos mil cinco, por la que la autoridad impugnada declaró sin lugar el recurso de revocatoria promovido por la entidad accionante, contra la resolución de veintitrés de mayo de dos mil cinco, que rechazó de plano los recursos de nulidad por violación de ley y por vicio en el procedimiento interpuestos por la amparista; ambos, dentro del proceso contencioso administrativo iniciado por el Estado de Guatemala para que se declare la nulidad del contrato de arrendamiento de maquinaria celebrado entre la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y la entidad Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, cuya lesividad se declaró mediante Acuerdo Gubernativo número 93-2004 del tres de marzo de dos mil cuatro. C) Violaciones que denuncia: derecho de defensa y al debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: de lo expuesto por el postulante y de las constancias procesales se resume: a) ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Estado de Guatemala promovió proceso contencioso administrativo número ciento vientres – dos mil cuatro (123-2004) en contra de la entidad postulante, de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla y de Danilo Efraín Morales Arévalo, ex Interventor de esta última entidad, pretendiendo la declaratoria de nulidad del contrato administrativo de arrendamiento de maquinaria celebrado entre tales entidades (declarado lesivo por Acuerdo Gubernativo 93-2004), la restitución o recuperación de los vehículos (maquinaria) propiedad de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, el pago de daños y perjuicios y la determinación de responsabilidades civiles y/o penales de ex funcionarios públicos implicados; b) dentro del citado proceso, el trece de diciembre de dos mil cuatro fue planteado conflicto de jurisdicción, momento a partir del cual, de conformidad con el artículo 9 literal b) de la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, quedó en suspenso la jurisdicción de la autoridad recurrida para continuar
ANEXO IV Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 24 de Enero 2007. Expediente: 2174-2006
Corte de Constitucionalidad.
conociendo de dicho proceso; c) al momento de plantearse el conflicto de jurisdicción, se encontraba corriendo el cuarto día del plazo de emplazamiento, por lo que quedaba un día aún para que la entidad ahora postulante pudiera contestar la demanda; sin embargo, cuando retornaron a la Sala impugnada los antecedentes respectivos, de manera precipitada y sin esperar a que concluyera el plazo del emplazamiento, en resolución de dieciséis de mayo de dos mil cinco se le declaró en rebeldía en violación clara a su derecho de defensa; d) el argumento de la autoridad recurrida para declarar la rebeldía de la ahora postulante, lo fue que cuando se planteó el conflicto de jurisdicción, dicho Tribunal no tenía en su poder el expediente respectivo por haberse remitido a la Corte Suprema de Justicia con motivo de una acción de amparo, razón por la que no podía resolver sino hasta regresar el proceso, por lo que durante el lapso comprendido entre el planteamiento del conflicto y la devolución del expediente su jurisdicción no se encontraba en los casos de suspensión establecidos en la Ley; e) contra aquella resolución se presentó simultáneamente (i) solicitud de enmienda del procedimiento y (ii) recursos de nulidad por violación de ley y por vicio de procedimiento, que fueron rechazados in limine por medio de las resoluciones del diecinueve y veintitrés de mayo de dos mil cinco, respectivamente; f) impugnó cada resolución mediante sendos recursos de revocatoria, los que fueron declarados sin lugar por medio de las dos resoluciones ambas de fecha veintidós de julio de dos mil seis, que constituyen los actos reclamados; g) dentro del mencionado conflicto de jurisdicción se plantearon ante la Corte Suprema de Justicia dos ocursos de hecho, por haberse denegado dos recursos de apelación de lo cual a la fecha de presentación de los amparos aún no se ha notificado lo resuelto a los sujetos procesales y, además, también dentro del conflicto de jurisdicción se encuentra en trámite un incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, situaciones que son del pleno conocimiento de la autoridad impugnada y que le imposibilitaban, no sólo declarar la rebeldía de la entidad postulante, sino también continuar con el trámite del proceso contencioso administrativo en suspenso precisamente por el planteamiento del conflicto de jurisdicción; h) con su actuar la autoridad impugnada viola el derecho de defensa, que incluye el derecho al debido proceso, pues al declarar su rebeldía dentro del proceso contencioso administrativo ha ejecutado una resolución que no se encuentra firme, contra lo cual ha hecho uso de los recursos ordinarios a su alcance (enmienda de procedimiento y recursos de nulidad), más sin embargo aún subsiste la violación que denuncia. Solicitó se le otorgue amparo, dejando sin efecto las dos resoluciones señaladas como actos reclamados y se ordene que se dicte las resoluciones que corresponde conforme a derecho, resolviendo, en cuanto al primer acto reclamado, admitir la solicitud de enmienda de procedimiento por ser evidente que se cometió error sustancial y, en cuanto al segundo acto reclamado, que se admita para su trámite los recursos de nulidad interpuestos. E) Uso de recursos: ninguno. F) Casos de Procedencia: en ambos amparos invocó el contenido de los incisos a), b), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4º de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 16 de la Ley del Organismo Judicial;
ANEXO IV Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 24 de Enero 2007. Expediente: 2174-2006
Corte de Constitucionalidad.
y 9 inciso b) de la Ley del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. II. TRAMITE DEL AMPARO A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Tercero interesado: Danilo Efraín Morales Arévalo, el Estado de Guatemala <a través de su mandatario especial judicial con representación Alfonso Novales Aguirre>, la Contraloría General de Cuentas y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla. C) Antecedentes remitidos: copia certificada de todo el expediente del proceso contencioso administrativo número ciento veintitrés – dos mil cuatro (123-2004), que se tramita ante la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. D) Pruebas: a) las actuaciones contenidas en los antecedentes del amparo; b) presunciones legales y humanas. E) Sentencia de primer grado: el Tribunal consideró: “…Al constituir el agravio alegado por la entidad Equipos del Puerto, Sociedad Anónima en el primer acto reclamado, de la declaratoria de rebeldía de que fue objeto por la emisión de la resolución de fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco, esta Cámara estima que dicha entidad si se encontraba habilitada para atacar la mencionada resolución, a través del recurso de nulidad, el cual forma parte de los medios de impugnación que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil, por ser procedente conforme al contenido taxativo del articulo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo… De tal suerte, la Sala impugnada en esta instancia constitucional, al haber rechazado el aludido medio de impugnación y confirmado tal rechazo en el acto reclamado, vulneró los derechos de la entidad postulante. Del estudio del artículo 27 ibid, se colige que la autoridad impugnada se encuentra obligada, no solo a admitir para su trámite los medios de impugnación contenidos en el Código Procesal Civil y Mercantil, sino también a tramitarlos conforme a los procedimientos contenidos en el citado cuerpo legal y, no como se advierte al analizar los antecedentes, que solo admite para su trámite la revocatoria como medio de impugnación para los decretos y, la reposición para los autos, dándoles el trámite que se encuentra en la Ley del Organismo Judicial, fundamentando tal criterio en los artículos 145 y 146 de dicho cuerpo legal, con lo que ha violado el debido proceso y en el presente caso, también el derecho de defensa de la amparista. Se puede advertir así mismo, que la autoridad impugnada hace una integración de procedimientos en atención al artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo… Sin embargo, la expresión ‘En lo que fuere aplicable,…’ no puede ajustarse a los casos de integración del proceso contencioso administrativo en materia de impugnaciones, dado que el artículo 27 ibid es específico y categórico al imponer la obligación al tribunal de lo contencioso administrativo, de admitir para su trámite los medios de impugnación que regulan el proceso civil con excepción del recurso de apelación, imponiendo a su vez, la obligación de tramitarlos conforme las disposiciones procesales reguladas en la citada norma civil adjetiva; de allí la sujeción que se deduce para la Sala impugnada, de atender al contenido taxativo del artículo precitado. Aunado a lo anterior, se hace necesario agregar que la Sala de mérito incurre en una contradicción en el criterio plasmado en la parte considerativa del acto reclamado objeto de estudio, por cuanto en principio niega la procedencia del recurso de nulidad en el proceso contencioso administrativo, no obstante, lo estima procedente con posterioridad en casos de actos procesales, habiendo citado como
ANEXO IV Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 24 de Enero 2007. Expediente: 2174-2006
Corte de Constitucionalidad.
ejemplo: ‘...el caso de una notificación...’ Esta Cámara estima también necesario hacer mención a que no comparte lo considerado por la autoridad impugnada, en el sentido que ‘...el criterio del Tribunal se sustenta en normas convencionales de interpretación y aplicación de la ley...’·; por cuanto: En primer lugar, la primera parte del artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial establece que las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras y; en segundo lugar, el criterio de este tribunal ha sido que cuando el sentido de la ley es claro, no puede desatenderse su tenor literal con el pretexto de consultar su espíritu, criterio que en similares términos fue adicionado al artículo 10 ibid, por el decreto 59-2005 del Congreso de la República -haciendo constar que el mismo entró en vigencia posteriormente a la emisión del acto reclamado-. Por lo anterior, al evidenciarse la materialización en el primero de los actos reclamados, de las vulneraciones a los derechos: de defensa, al debido proceso, de libre acceso a los tribunales y al principio de tutela judicial, que importan a la entidad postulante, resulta procedente la función restauradora del amparo como garantía contra la arbitrariedad, por lo que se hace necesario resolver lo que en derecho corresponde, otorgando el amparo solicitado a la entidad amparista y, ordenando a la Sala impugnada dictar nueva resolución respetando lo aquí considerado, en la que se dé trámite al recurso de nulidad a que se ha hecho mención a lo largo del presente fallo, respetando en lo sucesivo, el contenido íntegro del artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. –Esto se ordena a la Sala de mérito, sin prejuzgar sobre el sentido de la resolución del recurso de nulidad-… En cuanto al segundo de los actos reclamados, esta Cámara es del criterio que la enmienda del procedimiento constituye un acto facultativo de los jueces y no un medio por el cual los sujetos procesales puedan atacar las deficiencias en los procedimientos dado que, para ello se han establecido legalmente diversos medios de impugnación, por lo que no se estima que se haya vulnerado derecho alguno de la accionante, con el rechazo por notoriamente improcedente de la enmienda del procedimiento que solicitó a la autoridad impugnada; por lo anterior, se considera que, no haber accedido a su petición en este sentido, no puede aducirse como una violación reparable a través de la vía del amparo, situación que hace necesario resolver lo que en Derecho corresponde… Por la forma en que se resuelve el presente proceso, no se condena en costas a la autoridad impugnada por la presunción de buena fe de que están investidas las actuaciones procesales salvo prueba en contrario, ni se impone multa al abogado patrocinante…”. Y resolvió declarar: “…I) Otorga el amparo solicitado por la entidad Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, a través del señor Luis Pedro Chang Figueroa en cuanto al primer acto reclamado, en consecuencia: I.a) Restituye a la entidad postulante en la situación jurídica afectada. I.b) Deja sin efecto el auto de fecha veintidós de julio de dos mil cinco proferido por la autoridad impugnada dentro del proceso contencioso administrativo número ciento veintitrés guión dos mil cuatro, que declaró sin lugar el recurso de revocatoria interpuesto por la entidad Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, contra la resolución dictada por este tribunal con fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco y, que confirmó el rechazo de la interposición de un recurso de nulidad; I.c) Conmina a la autoridad impugnada, para que tramite al recurso de nulidad interpuesto por la Entidad Equipos del
ANEXO IV Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 24 de Enero 2007. Expediente: 2174-2006
Corte de Constitucionalidad.
Puerto, Sociedad Anónima y que fue rechazado del plano con fecha veintitrés de mayo de dos mil cinco; bajo apercibimiento de imponer a cada uno de sus Magistrados, la multa de quinientos quetzales, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que puedan incurrir. I.d) No se condena en costas a la autoridad impugnada por lo considerado. II) DENIEGA EN CUANTO AL SEGUNDO DE LOS ACTOS RECLAMADOS el amparo solicitado por la Entidad Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, a través del señor Luis Pedro Chang Figueroa; III) No se hace especial condena en costas ni se impone multa al abogado patrocinante por lo considerado…”. III. APELACIÓN El Estado de Guatemala y el Ministerio Público apelaron. IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA A) La entidad accionante: reiteró el substrato de sus argumentaciones vertidas en primer grado. Solicitó se declare sin lugar las apelaciones y se confirme la sentencia apelada. B) El Ministerio Público: manifestó que no comparte el criterio sustentado por el Tribunal a quo en cuanto a otorgar el amparo, pues en el caso concreto no se cumplió con el principio de definitividad, en tanto que la resolución por la que se rechazó de plano el recurso de nulidad era susceptible de apelación, por lo que al no haberse interpuesto el recurso idóneo de naturaleza ordinaria se deriva la inviabilidad de la acción intentada. Solicitó se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque el numeral I) de la sentencia impugnada y, resolviendo conforme a derecho, se deniegue el amparo, condenando en costas a la postulante y sancionando con multa al abogado patrocinante. C) El Estado de Guatemala, tercero interesado, expuso: a) que conforme el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, salvo el recurso de apelación, únicamente son admisibles los recursos del proceso civil que proceden contra autos y sentencias definitivos, es decir, son las únicas resoluciones impugnables; b) que a su criterio al regular la Ley del Organismo Judicial el recurso que cabe contra los decretos y ser la primera norma que debe utilizarse para integrar la Ley de lo Contencioso Administrativo, conforme su artículo 26, una nulidad no puede ser admitida contra un decreto; c) en el caso concreto al haberse rechazado un recurso de nulidad contra el decreto que resolvió declarar rebelde a la entidad postulante y, luego, no haber acogido la petición en el recurso de revocatoria intentado contra ese rechazo, la Sala impugnada actuó conforme a derecho y por consiguiente no pudo causar la violación a derecho alguno. Pidió se declare con lugar el recurso de apelación, se revoque la sentencia y se dicte la que en derecho corresponde, condenando en costas a la postulante e imponiendo la multa respectiva. G) La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, tercera interesada, alegó: a) que se causa agravio cuando una persona es afectada por un acto que le perturbe un derecho constitucional, lo que no sucede en el presente caso, ya que de los cuatro recursos interpuestos por la postulante en el proceso contencioso solamente el recurso de revocatoria es un recurso idóneo, de conformidad con lo que preceptúa el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, integrado con lo que regula el artículo 146 de la Ley del Organismo Judicial, razón por la que no se vulneró el artículo 12 de la Carta Magna; b) que se evidencia que con el amparo, la postulante logró que se efectuara una revisión de lo resuelto por la
ANEXO IV Sentencia de Apelación de Amparo de fecha 24 de Enero 2007. Expediente: 2174-2006
Corte de Constitucionalidad.
autoridad impugnada y, asimismo, que se defina una controversia que legalmente no le compete, ya que su pretensión no es dable ejercitarse jurídicamente, pues se desnaturalizaría la finalidad del amparo y se infringe el artículo 211 constitucional que no permite una tercera instancia. Solicitó se declare con lugar el recurso de apelación planteado por el Estado de Guatemala y, como consecuencia, se revoque la sentencia apelada y se dicte la que en derecho corresponde.
CONSIDERANDO - I -
Se ha considerado por esta Corte que la concurrencia de agravio en la esfera jurídica del solicitante de amparo, es lo que posibilita el otorgamiento de la protección constitucional que esta garantía conlleva; de ahí que si no existe agravio, el amparo es inviable.
- II - El presente caso surge dentro del proceso contencioso administrativo que inició con la demanda que presentó el Estado de Guatemala en contra de: a) la entidad privada Equipos del Puerto, Sociedad Anónima; b) la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla; y c) el señor Danilo Efraín Morales Arévalo, como ex interventor de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, por haber suscrito el contrato de arrendamiento de maquinaria, que fue declarado lesivo por medio del Acuerdo Gubernativo número 93-2004 de fecha tres de marzo de dos mil cuatro, publicado en el Diario de Centro América, el cuatro del mismo mes y año. El amparo incoado tiene su génesis en el planteamiento del Conflicto de Jurisdicción que, dentro del citado proceso contencioso, promoviera Danilo Efraín Morales Arévalo el trece de diciembre de dos mil cuatro -justamente el último día de labores previo al período de vacaciones del personal de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo-, argumentando que si se discutiera la supuesta responsabilidad civil de ex funcionarios públicos, los tribunales competentes para conocer lo son los del orden civil. El catorce de enero de dos mil cuatro -día de inicio de labores de la respectiva Sala, después del goce de período de vacaciones-, el Estado de Guatemala solicitó la rebeldía de los demandados. Fue hasta el ocho de febrero de dos mil cinco, que la referida Sala conoció el memorial donde se planteó el conflicto de jurisdicción y resolvió suspender el trámite del proceso y remitir las actuaciones al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. El dieciséis de mayo de dos mil cinco, la misma Sala declaró la rebeldía de la entidad Equipos del Puerto, Sociedad Anónima y de Danilo Efraín Morales Arévalo, teniendo por contestada la demanda en sentido negativo. En contra de ésta resolución, la ahora postulante procedió: a) a solicitar la enmienda del procedimiento; y b) a interponer recurso de nulidad por vicio del procedimiento y nulidad por violación de ley, argumentando en ambos casos que no podía ser declarada rebelde por que el proceso se encontraba en suspenso. En resolución de diecinueve de mayo de dos mil cinco, la Sala rechazó, por notoriamente improcedente, la solicitud de enmienda del procedimiento “en virtud de que no se ha vulnerado ningún derecho” y, en resolución de veintitrés del mismo mes y año, rechazó de plano los recursos de nulidad, al estimar que “contra las resoluciones dictadas por el Tribunal procede únicamente el (sic) reposición o revocatoria al
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tenor de los artículos 145 y 146 de la Ley del Organismo Judicial”. Equipos del Puerto, Sociedad Anónima interpuso recursos de revocatoria en contra de cada una de las dos resoluciones antes identificadas (diecinueve y veintitrés de mayo de dos mil cinco). Agotado el procedimiento en cada caso, la Sala recurrida resolvió sin lugar esos recursos mediante dos resoluciones, ambas del veintidós de julio de dos mil cinco <actos reclamados>.
- III - La sentencia de primer grado que se examina, otorgó el amparo solicitado únicamente en cuanto al segundo de los actos reclamados (que declara sin lugar el recurso de revocatoria en contra de la resolución que a su vez rechazó de plano los recursos de nulidad intentados en contra de la declaratoria de rebeldía), denegando a su vez la protección frente al primero de los actos reclamados. Inconformes con el otorgamiento de la protección constitucional, el Estado de Guatemala y el Ministerio Público apelaron el fallo en referencia, motivo por el cual esta Corte procede a su examen, pero limitado a lo resuelto en cuanto a la concesión de la tutela constitucional a la entidad accionante respecto al segundo de los actos reclamados. El otorgamiento del amparo ha sido justificado por el Tribunal a quo , al estimar que contra la resolución que declaró la rebeldía de Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, sí procede el recurso de nulidad, en tanto que el mismo forma parte de los medios de impugnación que contempla el Código Procesal Civil y Mercantil, al que remite el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, cuando dispone que “Salvo el recurso de apelación, en este proceso son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se sustanciarán conforme tales normas”. Concluye la sentencia que, al haber rechazado de plano el aludido medio de impugnación, y confirmado tal rechazo al emitir la resolución que constituye el acto reclamado que se examina en esta instancia, se incurrió en vulneración de los derechos constitucionalmente reconocidos a la entidad postulante.
Esta Corte comparte lo estimado por el Tribunal de Amparo de primer grado, por cuanto que el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, dispone de manera expresa que en el proceso de esa naturaleza, salvo el recurso de apelación -por ser de única instancia-, “…son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se substanciarán conforme tales normas”; es decir, resulta insostenible, por ser contrario a la precitada norma, el criterio expresado por la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al rechazar de plano la nulidad planteada por la entidad amparista, en resolución del veintitrés de mayo de dos mil cinco, en el sentido que “…contra las resoluciones dictadas por el Tribunal procede únicamente el (recurso de) reposición o revocatoria al tenor de los artículos 145 y 146 de la Ley del Organismo Judicial” (sic). Tal criterio lo pretende justificar la indicada Sala en el auto de veintidós de julio de dos mil cinco <acto reclamado>, cuando al declarar sin lugar el recurso de revocatoria intentado por la entidad postulante sostiene que “…se podría pensar en que es aplicable el recurso
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de nulidad, que según el artículo 613 del Código Procesal Civil y Mercantil, esta previsto para resoluciones y procedimientos, pero es el caso que a partir de la vigencia de la Ley del Organismo Judicial, posterior a la ley procesal referida, en sus artículos 145 y 146 quedaron especificados como únicos recursos para las resoluciones, la reposición para los autos y la revocatoria para los decretos, lo que provocó una derogatoria parcial del artículo 613 citado, por incompatibilidad con las referidas disposiciones contenidas en la mencionada Ley del Organismo Judicial, quedando la nulidad aplicable para los procedimientos o actuaciones que por naturaleza no sean resoluciones…” Omite considerar la Sala impugnada, que si bien el artículo 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo dispone que, en lo que fuere aplicable, el proceso contencioso administrativo se integrará con las normas de la Ley del Organismo Judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil, no es dable acudir a la aplicación de la primera de éstas por cuanto que el ya precitado artículo 27 de la propia Ley remite, en materia de medios de impugnación, únicamente a lo previsto en el Código Procesal Civil y Mercantil. Se trata, pues, de un caso en que la disposición especial de una Ley (el artículo 27) prevalece sobre una disposición general (el artículo 28), conforme el principio regulado en ese sentido en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial.
En virtud de lo anterior y no habiendo obtenido, la sociedad postulante, la reparación del agravio causado por medio del recurso de revocatoria -declarado sin lugar en la resolución reclamada-, medio ordinario judicial por el cual debía ventilarse adecuadamente el asunto de conformidad con el debido proceso, no puede sino concluirse en la procedencia del amparo solicitado y, consecuentemente, habiéndose pronunciado en ese sentido el Tribunal de primer grado, corresponde confirmar lo resuelto en la sentencia que se examina, con la sola modificación de precisar en el numeral I) de su parte resolutiva que, para los efectos positivos de la protección constitucional otorgada, debe conminarse a la autoridad impugnada para que, dentro del término de los dos días, contados a partir de la recepción de la ejecutoria respectiva, proceda a dictar nueva resolución por la que declare con lugar la revocatoria y, en congruencia con lo considerado en este fallo, admita a trámite el recurso de nulidad interpuesto por Equipos del Puerto, Sociedad Anónima.
LEYES APLICABLES Artículos citados y 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 1º, 4º, 8º, 10 inciso h), 42, 44, 45, 49, 52, 53, 60, 61, 63, 66, 67, 149, 163 inciso c) y 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas,
resuelve: I. Confirma la sentencia apelada, con la sola modificación de precisar en el numeral I) de su parte resolutiva que, a los efectos positivos del amparo otorgado, se conmina a la autoridad impugnada para que en el término de los dos días siguientes a la recepción de la ejecutoria respectiva, dicte resolución por la que resuelva con lugar el recurso de revocatoria y admita a trámite el recurso de nulidad interpuesto por Equipos del Puerto, Sociedad Anónima; II. Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.
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ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE PRESIDENTE
VOTO DISIDENTE MARIO PÉREZ GUERRA GLADYS CHACÓN CORADO
MAGISTRADO MAGISTRADA VOTO DISIDENTE JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ JORGE MARIO ÁLVAREZ QUIRÓS
MAGISTRADO MAGISTRADO JOSÉ ROLANDO QUESADA FERNÁNDEZ C ARLOS ENRIQUE LUNA VILLACORTA MAGISTRADO MAGISTRADO
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL
AMPLIACIÓN
EXPEDIENTE 2174-2006 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, veinticuatro de enero de dos mil siete.
Se tiene a la vista para resolver, la solicitud de ampliación presentada por Ramón Bolaños García en su calidad de Mandatario Judicial Especial con Representación de Danilo Efraín Morales Arévalo, de la sentencia emitida por esta Corte, el veinticuatro de enero de dos mil siete, en la apelación de sentencia en amparo, en las acciones constitucionales homónimas acumuladas, interpuestas por Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, por medio de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal Luís Pedro Chang Figueroa contra la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
CONSIDERANDO Conforme al artículo 70 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, “… si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el amparo, podrá solicitarse ampliación…”. El solicitante pide que se amplíe la sentencia dictada por esta Corte que resolvió la apelación de sentencia en amparo, por haber omitido condenar en costas al Estado de Guatemala, en la sentencia aludida pues el mencionado estado indujo a error a la autoridad impugnada ya que el actuar del representante de dicha institución es el responsable que se violen reiteradamente los derechos de la parte demandada dentro del juicio respectivo, por lo que ese actuar indebido fue el motivo del planteamiento de las presentes acciones con el objeto de que no continuaran vulnerándose sus derechos constitucionales.
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Del análisis del fallo que se refiere la solicitante se determina que este tribunal en el numeral I de la sentencia mencionada confirmo el fallo de primer grado dentro del cual la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, se había pronunciado en relación a las costas procesales, con base en los motivos considerados lo que hace improcedente la ampliación solicitada y al no adolecer la citada sentencia de ninguna de las deficiencias indicadas su solicitud carece de fundamento y por lo mismo, debe declararse sin lugar.
LEYES APLICABLES Artículo citado y, 268 y 272 inciso i) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 71, 149 y 163 inciso i) y 185 de la Ley de Amparo Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
POR TANTO La Corte de Constitucionalidad con base en lo considerado y leyes citadas resuelve: I) Sin lugar la ampliación solicitada. II) Notifíquese
MARIO PÉREZ GUERRA PRESIDENTE
GLADYS CHACÓN CORADO JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ
MAGISTRADA MAGISTRADO
ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE VINICIO RAFAEL GARCIA PIMENTEL MAGISTRADO MAGISTRADO
JOSÉ ROLANDO QUESADA FERNÁNDEZ CAR LOS ENRIQUE LUNA VILLACORTA MAGISTRADO MAGISTRADO
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL
APELACION DE SENTENCIA DE AMPARO EXPEDIENTE 3645-2008 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, once de dic iembre de dos mil ocho. En apelación y con sus antecedentes, se examina la sentencia de once de julio de dos mil ocho, dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, en el amparo promovido por Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, por medio del Presidente de su Consejo de Administración y Representante Legal, Luis Pedro Chang Figueroa, contra la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El postulante actuó con el patrocinio del abogado Adolfo Cabrera Albizures.
ANTECEDENTES I. EL AMPARO A) Interposición y autoridad: presentado el veintitrés de abril de dos mil siete, en la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. B) Acto reclamado: la emisión de ocho resoluciones de doce de abril de dos mil siete, dictadas por la autoridad impugnada, dentro del proceso contencioso administrativo tramitado en contra de la amparista por el Estado de Guatemala, en las que se rechazaron in límine las nulidades interpuestas contra las resoluciones que declararon sin lugar los recursos de reposición interpuestos en los incidentes de impugnación de documentos por falsedad. C) Violaciones que denuncia: derechos de defensa, audiencia y al principio jurídico del debido proceso. D) Hechos que motivan el amparo: lo expuesto por el amparista se resume: D.1) Producción del acto reclamado: a) dentro del proceso contencioso administrativo promovido por el Estado de Guatemala en su contra, se tramitan en la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo -autoridad impugnada- ocho incidentes de impugnaciones de documentos presentados como prueba, por falsedad, los cuales fueron declarados sin lugar en resoluciones de doce de diciembre de dos mil seis; b) contra dichas resoluciones interpuso recursos de reposición, los cuales mediante resoluciones de veintiséis de febrero de dos mil siete, la autoridad impugnada los declaró sin lugar, por lo que interpuso ocho nulidades por violación de ley y vicio de procedimiento, las cuales le fueron rechazadas in límine en los autos de doce de abril de dos mil siete -actos reclamados-. D.2) Exposición de Agravios : estima violados sus derechos constitucionales enunciados en virtud que la autoridad impugnada la deja en total indefensión, ya que de manera ilegal y arbitraria rechaza in límine ocho nulidades planteadas sin observar el procedimiento respectivo y sin respetar las normas procesales y constitucionales que garantizan el derecho de audiencia y del debido proceso, porque según el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, son admisibles los recursos que regulan el proceso civil, por lo que no debe excluirse la nulidad como medio de impugnación. D.3) Pretensión: solicitó que se le otorgue amparo y, como consecuencia, se deje sin efecto los autos reclamados. E) Uso de recursos: ninguno. F) Caso de procedencia: invocó el contenido en los incisos a), b), d) y h) del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. G) Leyes violadas: citó los artículos 12 y 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4º de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 27 de la Ley
de lo Contencioso Administrativo y 16 de la Ley del Organismo Judicial. II. TRÁMITE DEL AMPARO A) Amparo provisional: no se otorgó. B) Terceros interesados: a) Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla; b) Estado de Guatemala; c) Contraloría General de Cuentas; d) Danilo Efraín Morales Arévalo. C) Antecedentes remitidos: expedientes de los incidentes A, B, B1, C, D, E, E1 y F tramitados dentro del proceso contencioso administrativo ciento veintitrés–dos mil cuatro (123-2004) de la Sala Primera del Tribunal Contencioso Administrativo. D) Pruebas: no hubo. E) Sentencia de primer grado: el tribunal consideró: “...esta Cámara establece que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al rechazar de plano los recursos de nulidad por violación de ley y nulidad por violación en el procedimiento, actuó dentro del ejercicio de sus facultades, de acuerdo a lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de lo Contenciosos Administrativo y, 146 de la Ley del Organismo Judicial. En relación a lo manifestado por la postulante, sobre la sentencia dictada por la Corte Suprema, Cámara de Amparo y Antejuicio, del trece de junio de dos mil seis, respecto a los amparos acumulados ochocientos sesenta y cuatro, y ochocientos sesenta y nueve-dos mil cinco (864, 864–2005), y que posteriormente confirmó la Corte de Constitucionalidad mediante sentencia del veinticuatro de enero de dos mil siete, dentro del expediente dos mil ciento setenta y cuatro–dos mil seis (2174-2006), en dicho caso, los recursos de nulidad por violación de ley y vicio en el procedimiento, se interpusieron contra una declaratoria de rebeldía, y al ser rechazados por la Sala, se violó el derecho de defensa de la postulante, siendo que en el presente caso, dicha situación no sucede, pues ante los autos que resolvieron los incidentes de impugnación de documentos por falsedad, la postulante interpuso recursos de reposición, los cuales luego de ser tramitados conforme lo establece la ley, fueron declarados sin lugar, habiendo tenido en el presente caso, la oportunidad procesal para ejercitar su derecho de defensa, situación que difiere de los casos señalados como antecedentes para la procedencia de este amparo. Por lo que esta Cámara concluye que ninguna violación al derecho de defensa, debido proceso y audiencia, se ha producido en el presente caso, encontrándose adverso a la postulante, no puede ni debe ser considerado como causa suficiente para la procedencia del amparo, siendo que como en el presente caso, el amparo no puede convertirse en una instancia revisora de lo resuelto, pues dicha labor corresponde con exclusividad a los tribunales ordinarios, cuyo ámbito de competencia no debe ser invadido por la justicia constitucional, razones por las cuales el amparo interpuesto deviene improcedente, tal como se declarará al hacerse los demás pronunciamientos de ley. Ante la abundante jurisprudencia existente sobre la improcedencia del amparo, como en el presente caso, se hace necesaria la condena en costas a la interponerte y la imposición de la multa respectiva al abogado patrocinante...”. Y resolvió: “…DENIEGA, por improcedente el amparo planteado por EQUIPOS DEL PUERTO, SOCIEDAD ANÓNIMA, a través de su Presidente del Consejo de Administración y Representante Legal, Luis Pedro Chang Figueroa; y en consecuencia: a) condena en costas a la entidad solicitante; b) impone la multa de un mil quetzales al abogado patrocinante Adolfo Cabrera Albizures, quien deberá hacerla efectiva en la Tesorería de la Corte de Constitucionalidad, dentro de los cinco días siguientes de
estar firme este fallo, cuyo cobro en caso de incumplimiento, se hará por la vía legal correspondiente...”. III. APELACIÓN La postulante apeló. IV. ALEGATOS EN EL DÍA DE LA VISTA A) La postulante reiteró lo expuesto dentro del memorial de amparo y solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación planteado, se revoque la sentencia objetada y se le otorgue amparo. B) El Estado de Guatemala - tercero interesado- por medio del abogado Alfonso Novales Aguirre, expuso que el postulante no debe considerar que porque el fallo sea adverso a sus intereses, esa sea una causa suficiente para la procedencia del amparo, el cual no puede utilizarse como una tercera instancia revisora de lo resuelto por los órganos de la jurisdicción ordinaria, cuyo ámbito de competencia no debe ser invadido por la justicia constitucional. Solicitó que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirme la sentencia venida en grado. C) La Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla -tercera interesada- por medio de su Gerente General y Representante Legal, Jorge Estuardo Vargas Morales, adujo que el postulante como medio de prueba trajo a colación una sentencia donde procede la nulidad, pero el caso es totalmente distinto, y así lo hizo saber la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de amparo impugnada, porque ante los recursos de reposición planteados y denegados, el accionante tuvo la oportunidad plantear los recursos necesarios e idóneos, por lo que no se le deja en estado de indefensión, no hubo menoscabo en su patrimonio o perjuicio en su esfera jurídica, además estableció que el amparo no se puede constituir en una instancia revisora de lo actuado por la jurisdicción ordinaria. Solicitó que se declare sin lugar el recurso planteado por el amparista y se confirme la sentencia venida en grado. D) El Ministerio Público manifestó su conformidad con lo considerado y resuelto por el Tribunal de Amparo en la sentencia venida en grado, ya que lo resuelto por la autoridad impugnada está adecuada a derecho y la misma actuó dentro de las facultades que le confiere los artículos 26 y 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y 66 inciso c) y 146 de la Ley del Organismo Judicial, por lo que solicitó que se declaré sin lugar el recurso de apelación.
CONSIDERANDO -I-
Para lograr la tutela del amparo, es preciso no sólo que las leyes, resoluciones, disposiciones o actos de autoridad lleven implícito violación de los derechos que Constitución y las leyes garantizan, sino que con ello se cause o se amenace causar agravio a los derechos de la postulante y no puedan repararse por otro medio legal de defensa. Existe agravio cuando una persona es afectada por un acto que perturbe la esfera de sus derechos que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes le garantizan, siendo éste un elemento esencial para la procedencia del amparo, sin su concurrencia no es posible el otorgamiento y protección que conlleva, sobre todo cuando la autoridad impugnada ha actuado en el uso de sus facultades y los estatutos que la rigen, y no se evidencia violación de ningún derecho.
Conforme el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo es procedente plantear nulidad dentro de la tramitación del proceso contencioso administrativo; sin embargo, su admisión y resolución está sujeta a los requisitos que rigen dicho remedio procesal, que en la legislación guatemalteca, procede únicamente como medio reparador de vicios por violación de ley o en el procedimiento, pero no es un recurso en el que se discuta nuevamente el fondo de resuelto, ya que el admitirlo para ese fin, daría lugar a la interposición interminable de impugnaciones que impedirían la aplicación de justicia.
-II- En el presente caso, Equipos del Puerto, Sociedad Anónima, por medio del Presidente de su Consejo de Administración y Representante Legal, Luis Pedro Chang Figueroa, promueve amparo contra la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, señalando como acto reclamado la emisión de ocho resoluciones de doce de abril de dos mil siete, dictadas por la autoridad impugnada, dentro del proceso contencioso administrativo tramitado en contra de la amparista por el Estado de Guatemala, en las que se rechazaron in límine las nulidades interpuestas contra las resoluciones que declararon sin lugar los recursos de reposición interpuestos en los incidentes de impugnación de documentos por falsedad, ya que considera que se violan sus derechos de defensa, audiencia y al principio jurídico del debido proceso, puesto que se rechaza in límine ocho nulidades planteadas sin observar el procedimiento respectivo y sin respetar las normas procesales, porque según el artículo 27 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, son admisibles los recursos que regulan el proceso civil, por lo que no debe excluirse la nulidad como medio de impugnación. Previo al análisis correspondiente es oportuno señalar que si bien como se analizó en la sentencia de veinticuatro de enero de dos mil siete, dentro del expediente dos mil ciento setenta y cuatro-dos mil seis (2174-2006) de esta Corte, la nulidad, como remedio procesal, es admisible en los procesos contenciosos administrativos, según lo regulado en el artículo 27 de la Ley de Contencioso Administrativo que dispone que “...son admisibles los recursos que contemplen las normas que regulan el proceso civil, incluso el de casación, contra las sentencias y autos definitivos que pongan fin al proceso, los cuales se substanciarán conforme tales normas...”, su viabilidad, idoneidad y procedencia sigue estando sujeta a los principios que la rigen y a su propia naturaleza, ya que la nulidad pretende reparar una eventual concurrencia de vicio de procedimiento o de violación de ley, sin que con ella se pueda examinar el fondo de una decisión, caso contrario al recurso de reposición planteado por la amparista. La nulidad no puede convertirse en el máximo remedio procesal como un fin en sí misma, sino que debe ser utilizada como una garantía que asegure el apego a la ley en el procedimiento, por lo tanto, no es viable utilizarla como medio de revisión del criterio de juzgamiento del fondo del asunto, porque ello podría provocar la impugnación interminable de un criterio que, por ser contrario a los intereses de alguna de las partes, sea impugnado indefinidamente, provocando su inejecución.
-III- Esta Corte ha señalado que los jueces están facultados para rechazar de plano los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, conforme lo dispone el inciso c) del artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial, cuando los
recursos o incidentes sean fútiles o insubstanciales en relación a lo que se litiga -frívolos-, o cuando no sea su debido momento procesal o porque conforme disposiciones expresas de la ley fuere inadmisible -improcedentes-, en ambas situaciones la facultad judicial tiene que respaldarse precisamente en lo notorio de la frivolidad o de la improcedencia, circunstancia que se muestra el caso que se examina, toda vez que, del estudio de los antecedentes se advierte que, las nulidades planteadas por la amparista por violación de ley y vicio del procedimiento, no fueron rechazadas por la autoridad impugnada con el argumento que señala la amparista, sino con base en la Ley del Organismo Judicial; además, las mismas van encaminadas a cuestionar los argumentos de fondo con los cuales fueron resueltos los recursos de reposición y a su vez el incidente de impugnación de documentos aportados como pruebas dentro del proceso contencioso administrativo de mérito, por lo que, la autoridad impugnada, al rechazar de plano las nulidades presentadas por la postulante no incurrió en las violaciones denunciadas, actuando conforme a sus facultades, sin causar el agravio denunciado. Por lo anterior, al emitirse las resoluciones reclamadas conforme lo que establece la ley, sin que se advierta violación a los derechos constitucionales de la amparista, no existe ningún agravio que pueda ser reparado por esta vía, el presente amparo debe denegarse y habiendo resuelto en éste sentido el Tribunal de primera instancia, procede confirmar la sentencia apelada.
LEYES APLICABLES Artículos citados y 265, 268 y 272 inciso c) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1º, 5º, 6º, 8º, 27, 42, 44, 46, 47, 60, 61, 62, 63, 64, 149, 163 inciso c), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y 17 del Acuerdo 4-89 de la Corte de Constitucionalidad.
POR TANTO La Corte de Constitucionalidad, con base en lo considerado y leyes citadas, resuelve: I) Confirma la sentencia apelada. II) Notifíquese y, con certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes al tribunal de origen.
GLADYS CHACÓN CORADO PRESIDENTA
JUAN FRANCISCO FLORES JUÁREZ ALEJANDRO MALDONADO AGUIRRE
MAGISTRADO MAGISTRADO
MARIO PÉREZ GUERRA CARLOS ENRIQUE LUNA VILLACORTA MAGISTRADO MAGISTRADO
HILARIO RODERICO PINEDA SÁNCHEZ JORGE MARIO ÁLVAREZ QUIRÓS
MAGISTRADO MAGISTRADO
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL
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