Boletí n informati vo del Insti tuto de Estudios del Ministerio Público

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El IEMP, mejor grupo de trabajo de la PGN - 2012

El IEMP parti cipa en el Premio Nacional de Alta Gerencia 2012

En el 2012, el IEMP presente en toda Colombia

Experiencias internacionales 2.º Congreso Internacional de Contratación Estatal

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Innovación para el buen gobierno y el servicio a la ciudadanía

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Ciencia, tecnología e innovación para el buen gobierno

Ni éti ca ni moral, síntomas de una sociedad autodestructi va

Éti ca en los bordes de la democracia

El nuevo servidor público colombiano

Perspecti va consti tucional sobre objeción de conciencia

número 13 • noviembre de 2012

Reelegido el procurador Alejandro Ordóñez

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n.º 13 • volumen 3 • noviembre de 2012

Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Dirección generalChristian José Mora Padilla

Coordinación editorial y corrección de textosMónica Vega SolanoJuan David Durán Castañeda

Comité editorialLuis Enrique Martínez BallénCarlos Humberto García OrregoCarmenza Carreño GómezMónica Vega SolanoJuan David Durán Castañeda

Diseño gráfi co editorialHernán Hel Huertas OlayaDiseñador gráfi co IEMP

ImpresiónImprenta Nacional de Colombia

EditorInstituto de Estudios del Ministerio PúblicoBogotá, carrera 5 15 - 80 piso 16PBX: 587 8750 Ext. 11621www.procuraduria.gov.co/iemp

Envíe sus comentarios y aportes a inno-vaiemp@procuraduria.gov.co

Los contenidos del presente boletínson de responsabilidad exclusiva de sus autores.

innova

Alejandro Ordóñez MaldonadoProcurador general de la nación

Martha Isabel Castañeda Curvelo Viceprocuradora general de la nación

Christian José Mora PadillaDirector Instituto de Estudios del Ministerio Público - pgn

BOLETÍN TRIMESTR AL DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Novedades editoriales

Anatomía de la cooptación en ColombiaFundamentos de una línea de investigación para el fortalecimiento de la institucionalidad.

PVP $ 50.000.oo

christian josé mora padilladirector del iemp

A fi nales del mes de septiem-bre el IEMP presentó al Comi-té de Incentivos y Estímulos de la Procuraduría General de la Nación el proyecto de-nominado Mejoramiento en el desempeño del IEMP, con el fi n de participar en el proceso de selección de mejor grupo de trabajo de la entidad para el año 2012.

El documento con el que el Instituto  se inscribió fue elaborado por un equipo que adelantó esta actividad en nombre de los servidores de la dependencia, cuyo contenido da cuenta de la implementa-ción del Sistema de Gestión de Calidad (sgc), la metodología que se utilizó para incorporar-lo al día a día en las actividades del Instituto, el desempeño

institucional y los logros del año 2011 y comienzos de 2012, y la mejora de los procesos-gracias a esta herramienta de gestión.

La decisión de presentar al IEMP en esta convocatoria no fue solo para reconocer la im-portancia del concurso como política de talento humano en la pgn, sino también el espacio propicio para mostrar cómo es posible lograr el cambio de pa-radigmas en una organización pública, la forma de generar un nuevo modelo de gestión que puede ser ejemplo para otras entidades, y la necesidad de contar con indicadores que permitan verifi car, autoevaluar el quehacer y la satisfacción del cliente —mejorando continua-mente— como estrategia de sostenibilidad.

El pasado 18 de octubre el IEMP recibió del comité la

citación a la sustentación del proyecto, después de ser se-leccionado entre los grupos de trabajo que se presenta-ron, una vez cumplidos los requisitos exigidos como ob-tener el aval de la Ofi cina de Planeación por encontrarse la dependencia en los rangos de aceptación de efi ciencia y efi cacia de acuerdo con el poaestratégico de la pgn, según los registros realizados en el Sistema Strategos.

Los criterios de evalua-ción del documento escrito fueron los antecedentes, la ca-lidad, la metodología utilizada en el desarrollo, los resultados, los indicadores y la medición del proyecto, así como el im-pacto a nivel institucional y la presentación. El peso por-centual del puntaje fi nal co-rrespondiente a esta fase fue del 80%. El 20% restante se

El pasado 16 de noviembre, el IEMP fue reconocido como el mejor grupo de trabajo 2012 de la enti dad. En la foto los servidores del IEMP que recibirán del procurador general de la nación la medalla Carlos Mauro Hoyos Jiménez. No todos los funcionarios aparecen en la foto, aunque todos contribuyeron al logro de este reconocimiento.

El IEMP, mejor grupo de trabajo de la PGN 2012

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innova , marca registrada. Resolución 00056862 de 2012 de la Superintendencia de Industria y Comercio

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obtuvo de la sustentación que se califi có de acuerdo con los medios utilizados en la exposición, la claridad del mensaje, la participación y conocimiento de los inte-grantes del grupo y las respuestas dadas a las preguntas del jurado califi cador.

Este último, estuvo conformado por Martha Isabel Castañeda Curvelo, viceprocuradora general de la nación; María Juliana Albán Durán, secretaria general de la pgn; César Zapa Salgado y Carlos Tulio Franco Cuartas, repre-sentantes de los servidores inscritos en carrera administrativa y de la comisión de personal, respectivamente; y Carlos William Rodríguez Millán, jefe de la Di-visión de Gestión Humana, quien actúa como secretario técnico del Comité de Incentivos y Estímulos.

La sustentación del trabajo del IEMP, liderado por Luis Enrique Martínez Ba-llén, jefe de la División de Investigacio-nes Sociopolíticas y Asuntos Socioeco-nómicos, fue el pasado 25 de octubre junto con dos proyectos que también cumplieron los requisitos exigidos por el comité. Se trataban del proyecto «Vigi-lancia en los Procesos de Adopción de Menores», de la Procuraduría Regional de Norte de Santander, cuyos integran-tes fueron María Angélica Yáñez Peña-randa (líder), Héctor Maldonado Rodrí-

guez y Luz Marina Ortiz Flórez; el otro proyecto denominado «Ocupación In-debida de los Litorales Marítimos» esta-ba compuesto por Derly Sofía Guerrero Pérez (líder) de la Procuraduría Delega-da para Asuntos Civiles y Sandra Rojas Barrero del IEMP.

Durante la sesión el Instituto tuvo la oportunidad de presentar los anteceden-tes del sgc, los avances del Plan Estraté-gico «Innovación y Compromiso 2009–2012» en materia de reforma integral del Instituto, el fortalecimiento organizacio-nal, el componente de responsabilidad social, el modelo gerencial, la gestión del talento humano, la comercialización de servicios y productos, la remodelación del espacio y adecuación de la infraes-tructura.

El diseño, la implementación y sos-tenibilidad del sgc ocupó gran parte del tiempo de exposición de los compañeros Carlos Humberto García, jefe de la Di-visión de Capacitación; Omar Augusto Vivas Cortés, asesor del IEMP, y del líder del proyecto Luis Enrique Martínez, quie-nes hicieron visible al auditorio el camino del Instituto hacia el mejoramiento del desempeño con calidad y excelencia. Los compañeros de la pgn que presentaron los dos proyectos que llegaron también a la eliminatoria, mostraron los logros ob-

tenidos en la protección de los menores en procesos de adopción, que fue el caso de Norte de Santander; y la investigación y trabajo desarrollado con las comunida-des que habitan en construcciones pala-fíticas que ocupan de manera indebida los litorales marítimos y que afectan los bienes de uso público; ambos grupos de-mostraron las competencias y calidades de los servidores de la pgn y el compro-miso con su labor.

Resultado de todo este proceso fue la proclamación del IEMP como mejor grupo de trabajo, mediante Resolución 383 del 16 de noviembre de 2012, premia-ción que formalizará el procurador a tra-vés de la imposición de la medalla Carlos Mauro Hoyos Jiménez, máximo recono-cimiento para los servidores destacados y para el mejor equipo de trabajo de la en-tidad. Para mí es muy satisfactorio contar en el IEMP con funcionarios que han creí-do en el cambio, que se han identifi cado con los objetivos establecidos en el plan estratégico del IEMP desde el año 2009, que incorporaron por convicción el sgccomo herramienta de gestión y que, ante todo, tienen claro que lo que hacen apor-ta, indiscutiblemente, al conocimiento y desarrollo de nuestro país. ¡Felicitaciones a todas y todos!

La sustentación del proyecto del Insti tuto denominado Mejoramiento del desempeño del IEMP se realizó el pasado 25 de octubre ante el jurado califi cador compuesto por Martha Isabel Castañeda Curvelo, viceprocuradora general de la nación; María Juliana Albán Durán, secretaria general de la pgn; César Zapa Salgado y Carlos Tulio Franco Cuartas, representantes de los servidores inscritos en carrera administrati va y de la comisión de personal, respecti vamente; y Carlos William Rodríguez Millán, jefe de la División de Gesti ón Humana.

Con el fi n de parti cipar en la convocatoria del Mejor Grupo de Trabajo pgn 2012, el IEMP elaboró un documento que da cuenta de la labor desarrollada en el 2011, en el marco del Sistema de Gesti ón de Calidad.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

mónica vega solanoasesora dirección iemp

Con el propósito de reconocer a las «en-tidades en las cuales la actitud y trabajo de sus servidores, la utilización de tecno-logías, la aplicación de procesos y pro-cedimientos, el diseño de políticas y el manejo de los recursos» permitieron una gestión eficiente que genera beneficios para la sociedad, el Departamento Ad-ministrativo de la Función Pública (dafp) convocó a las entidades y organismos de la Administración pública colombiana a participar en el Premio Nacional de Alta Gerencia y Registro de Experiencias Exi-tosas en el Banco de Éxitos 2012.

La convocatoria, que cerró el pasado 31 de octubre, recibió postulaciones de entidades del orden nacional, departa-mental y municipal en líneas como inno-vación en gestión del empleo público, in-clusión social, trámites y procedimientos, fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor público, transpa-rencia y democratización de la Adminis-tración pública, entre otros.

La reglamentación de la organiza-ción del Banco de Éxitos y del Premio Nacional de Alta Gerencia nació a par-tir de la expedición del Decreto 921 de 2000 en el que, para la presentación de las experiencias, se exige la entrega del caso debidamente documentado para ser evaluado por un comité compuesto por personalidades de la academia, del cuerpo diplomático y empresarios, que reconocen y galardonan los mejores para ser divulgados y así promover la coordi-nación y cooperación entre entidades públicas, que pueden llegar a replicar las mismas acciones que han llevado al éxito a las experiencias seleccionadas.

La transformación de la cultura orga-nizacional, el desarrollo de nuevos y más eficientes sistemas de gestión y gerencia, el mejoramiento de la Administración

pública mediante la identificación y la adaptación de tecnologías son los objeti-vos esenciales del concurso que, a través de una sana competencia, permite cono-cer proyectos innovadores, creativos, con efectos positivos y mejoras significativas para las entidades y los usuarios, con po-sibilidades de ser replicados y sustenta-bles en el tiempo.

El comité evaluador fue el encargado de recomendar los casos considerados más relevantes, que fueron incluidos en el Banco de Éxitos, y se hicieron acreedores a una mención de honor otorgada por el Gobierno nacional por haber contribuido a la solución de problemas de gestión y al mejoramiento de la calidad en la presta-ción de los servicios. El estar registrado en el banco «compromete a las entidades y organismos de la Administración públi-ca, en sus actuaciones posteriores, para que actúen en concordancia con dicha distinción y a divulgar la información re-lacionada con los casos exitosos, a las en-tidades» que la requieran. De otra parte, la experiencia con mayor puntaje de ca-lificación obtuvo el Premio Nacional de Alta Gerencia 2012 que es un incentivo al desempeño institucional por aportar a la consolidación del modelo de gestión pú-blica colombiano.

El IEMP, conocedor de la importan-cia de hacer parte del Banco de Éxitos administrado por el dafp, y del recono-cimiento que implica la obtención de un premio de alta gerencia, entregó su expe-riencia –desde el año 2009 hasta la fe-cha– en un documento llamado Bitácora

hacia la excelencia que da cuenta del tra-segar del Instituto hacia la optimización de las funciones misionales y el mejora-miento de los procesos y procedimien-tos, para la formación integral y pertinen-te de los servidores públicos, así como la búsqueda de la sostenibilidad institucio-nal basada en la calidad del servicio.

A continuación transcribimos algunos apartes del caso presentado al dafp por considerarlo un modelo integral de gestión para otras entidades del Estado, y un pro-ceso que es orgullo para los servidores del IEMP y todo el ministerio público. El docu-mento fue elaborado por un equipo inter-disciplinario, con el liderazgo del director Christian Mora Padilla, que recoge la labor en la que todos aportamos. Igualmente, este resumen que presenta innova , describe los aprendizajes de esta unidad académica, y logros obtenidos durante los últimos cuatro años de gestión.

Bitácora hacia la excelenciaEl proceso de cambio del IEMP, de la Pro-curaduría General de la Nación (pgn), inició a partir de la definición del Plan Estratégico «Innovación y Compromiso 2009–2012»,1 en el marco del plan estra-tégico de la entidad «Procurando Orden y Rectitud 2009–2012».

A comienzos del año 2009, el IEMP enfrentó dificultades por la eliminación de su única fuente de recursos provenientes del cobro de los antecedentes disciplinarios, hecho que se presentó por la Ley 1238 del 24 de julio de 2008; asimismo, por la pérdida de imagen institucional en la pgn, al constituir-se en una dependencia académica que de-

1 Resolución 343 de 28 de octubre de 2009.

El IEMP participó en la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia 2012

El Departamento Administrativo de la Función Pública (dafp) garantiza la organización y funcionamiento del Banco de Exitos y promueve la participación en el concurso del Premio Nacional de Alta Gerencia.

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bía apoyarse en otros entes edu-cativos para adelantar procesos de formación, pues no ofrecía estos servicios directamente de-bido a la deficiente actualización de los docentes e investigadores internos. De otra parte, la des-articulación entre las divisiones de Capacitación e Investigacio-nes, la ausencia de una imagen corporativa que le permitiera competir con otras instituciones similares, los paradigmas de los servidores del IEMP que indica-ban como única alternativa para el funcionamiento del Instituto la asignación directa de recursos por parte de la nación, afectaban el buen desempeño del IEMP.

Frente a ese panorama, la nueva administración esta-bleció un plan estratégico am-bicioso y proactivo2 (a partir del diagnóstico obtenido en el primer semestre del 2009 con el método dofa), cuya imple-mentación se constituyó en un modelo de nueva gerencia pública con algunos elementos como la orientación hacia el mercado, la voluntad de prestar servicios eficientes, la aplicación de algunas teorías administrati-vas del sector privado, la racio-nalización en el manejo de los recursos públicos, el cambio de paradigmas y la capacidad de adaptación al entorno.

Innovación, creación y adaptación de tecnología administrativaEl IEMP estructuró el sgc bajo la ntc iso 9001:2008 que le per-mitió el diseño e implementa-ción, seguimiento, evaluación y mejoramiento continuo de los procesos; esta estructura del sgc se presenta y explica en el Manual de calidad del Instituto. Las actividades se ordenaron de forma secuencial a partir del ci-clo phva (planear, hacer, verifi-

2 «Innovación y Compromiso 2009-2012».

car y actuar), asegurando de esta manera que cada uno de los componentes identificados fuera parte integral de la mejora institucional y que, todos ellos, fueran instrumentos que per-mitieran alcanzar los objetivos del IEMP.

El Instituto, a través del proceso de dirección, realizó un análisis de su estado en el 2009. El equipo de trabajo, siguiendo las mejores prácticas de la ad-ministración moderna,3 iden-tificó las debilidades, oportu-nidades, fortalezas y amenazas (método dofa),4 lo cual per-mitió determinar las caracte-rísticas de funcionamiento que posteriormente fueron punto

3 David, Frederick, La gerencia estratégica. Editorial LEGIS 1990.

4 De acuerdo con el modelo de David, se de-ben ponderar cada una de las variables de tal forma que su sumatoria dé uno (1). Adicionalmente, se calificaron las variables de acuerdo con el grado de incidencia para el IEMP. Variables externas: califica-ción de uno (1) a las amenazas de mayor impacto, de dos (2) a las amenazas de menor impacto, tres (3) a las oportunidades menos favorables y cuatro (4) a las oportunidades más favorables.Variables internas: uno (1) a las debilidades más importantes, dos (2) a las debilidades de menor importancia; tres (3) a las fortalezas de menor relevancia y cuatro (4) las fortalezas de mayor relevancia.

de partida para la gestión de la nueva administración. Fueron valorados aspectos económi-cos, sociales, jurídicos, políticos y tecnológicos, que impactaron el desempeño del IEMP y que fueron factores determinantes para obtener o impedir los pro-pósitos institucionales.

El IEMP aplicó este ins-trumento, antes y después de la implementación del sgc (2009 y 2012), evidenciando un cambio significativo. Para el caso de los factores exter-nos, se resalta la capacidad de adaptación al entorno que nos permitió mejorar la imagen institucional y también adap-tarnos a algunas variables ma-croeconómicas del país, lo que finalmente reflejó un aumento del índice de 2.74 a 2.89.

En cuanto a los factores internos, se destaca la imple-mentación de un sistema de planificación y seguimiento, la creación de indicadores de de-sempeño, la formulación de po-líticas y directrices, la formación y actualización de los docen-

Antes del plan estratégico del IEMP, y de la implementación del sgc, en el Instituto los planes operativos anuales se ejecutaban contando con la guía del kit de herramientas, logrando una ejecución importante; sin embargo, no se contaba con procesos caracterizados, ni con procedimientos e indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión. Aunque los resultados fueron satisfactorios era susceptible la optimización.

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tes, la optimización de la labor editorial y la actualización de la normativa del IEMP, aspectos que pasaron de 2.31 a 3.1, es decir, un incremento del 34,19%.

Antes del plan estratégico del IEMP, y de la implementa-ción del sgc, en el Instituto los planes operativos anuales se ejecutaban contando con la guía del kit de herramientas,5

logrando una ejecución im-portante; sin embargo, no se contaba con procesos carac-terizados, ni con procedimien-tos e indicadores para hacer seguimiento y evaluación de la gestión. Aunque los resultados fueron satisfactorios era sus-ceptible la optimización.

Cambios fundamentales del IEMP Una vez formulado el plan es-tratégico se establecieron 12 metas para iniciar los cambios que requería la organización:

5 Kit de herramientas para procesos edu-cativos del Instituto de Estudios del Ministerio Público, material de apoyo metodológico desarrollado con la asesoría del gtz en el 2008.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

1. Reforma de reglamen-tos académico y editorial del IEMP (Acuerdo 01 de 2009).

2. Aprobación por parte del procurador del nuevo logo del IEMP.

3. Incluir en el Strategos6 de la pgn los indicadores del IEMP.

4. Publicación del boletín innova n.° 1 y del plega-ble promocional del Insti-tuto.

5. Participación en medios institucionales de la pgn.

6. Participación en telecon-ferencias sobre rendición de cuentas de la pgn, cambio cultural, debe-res ciudadanos y nuevas orientaciones del IEMP.

7. Elaboración del Manual de Programación del Ins-tituto.

8. Actualización de la pági-na web del IEMP.

9. Identificación de los principales procesos del Instituto, los cuales fue-ron presentados para la aprobación de la Oficina de Planeación de la Procu-raduría.

10. Aprobación el 3 de diciem-bre de 2009 del Plan Ope-rativo Anual (poa) 2010.

11. Comercialización de ser-vicios de capacitación a al-gunas entidades públicas.

12. Revisión de algunos con-venios interadministrati-vos del Instituto.Para hacer efectivas estas

metas la dirección conformó equipos de trabajo a los que asignó responsabilidades espe-cíficas a través de un acto admi-nistrativo en el que tuvo en

6 La pgn adoptó el «sistema de informa-ción Strategos para el seguimiento y control del Plan de Desarrollo Estratégico y los planes operativos anuales (…) de las dependencias que conforman la Procuraduría General de la Nación, incluyendo al IEMP» (Resolución 278 de 2007).

cuenta funciones y perfiles de los servidores adscritos al IEMP. La labor de los siete grupos: re-formas legales, comercializa-ción de servicios, procesos, co-municaciones, convenios, Red de Formadores y el de indica-dores, generó una dinámica que visualizó la necesidad de implementar el sgc como una nueva forma de organización del trabajo, de optimizar la prestación de los servicios y dar cumplimiento a uno de los ob-jetivos del plan estratégico.

Esta nueva etapa se en-marcó, en el mes de enero de 2010, en lo que se denominó la nueva generación de cambios del Instituto que se articularon en el sgc e hicieron énfasis en los siguientes temas:

• Calidad. • Acreditaciones. • Actualización estadística. • Estudio de la naturaleza

jurídica del IEMP.

• Dos proyectos internacio-nales y dos convenios na-cionales importantes.

• Ciencia y tecnología: apli-cación de normas, acredi-tación de la publicación Rostros & Rastros e ins-cripción y registro de gru-pos de investigación.

• Regionalización del Insti-tuto.

• Administración de la Red de Formadores.

• Virtualización de los pro-gramas.

• Formas de capacitación: aplicación del kit de he-rramientas.

• Rediseño de presentación de los poa.

• Comercialización de even-tos nacionales, publicacio-nes, video institucional y portafolio de servicios.

Cada una de los objetivos planteados se logró, entre ellos,

Identificación de los clientes del IEMP

Identificar las necesidades y requisitosde los clientes

Determinación de los serviciosofrecidos y sus características

Determinación de los procesos deapoyo y su infraestructura

Determinación de las estrategiasinstitucionales

Identificación de los requisitos de losmodelos de gestión

Modelación del Sistema del IEMP deacuerdo a su misión, su futuro y el

contexto de actuación

Determinación de los procesos y suinfraestructura necesarios para prestar

al servicio

En actividades deben realizarse con equipos de expertos con los que cuenta la organización, basados en la normatividad aplicable y conocedores de los clientes, los servicios, la organización y sus características.

El equipo de trabajo, debe tener muy buenos conocimientos en el enfoque por procesos, pues el riesgo que se corre es llamar procesos a situaciones que no lo son. Es critico este conocimiento. Si la organización no cuenta con este conoci-miento, es adecuado apoyarse en equipos de trabajo externos, asegurándose que ellos puedan aportar de manera significativa a la identificación.

Este es un trabajo, exclusivo de la alta dirección, quien debe dedicarle el tiempo necesario para proponer un horizonte institucional acorde con las necesidades internas y del contexto. La metodología usada es clave para lograr buenos resultados.

Es necesario contar con expertos en sistemas de gestión, esto incluye conocimiento de los modelos de referencia

Propuesta de expertos en sistemas de gestión en conjunto con los expertos técnicos de la organización, debe ser verificado, revisado y validado por la dirección de acuerdo a los objetivos institucionales y el contecto de actuación

Gráfica n.°1

Fuente: Tomado de Cambiando el horizonte de la gerencia pública (Angel J. et al., 2012: p 120)

el sgc que se describe a conti-nuación.

Secuencia lógica para la modelación de un sistema de gestiónUna vez establecido el plan estratégico —y los cambios mencionados—, en donde uno de sus objetivos globales fue «Implementar el Sistema de Gestión de la Calidad», se procedió a establecer la ruta a seguir (ver gráfica n.°1).

En este contexto, el IEMP desarrolló la estructura del sgc en la que se incluyen los distin-tos componentes del sistema como la política de calidad, el modelo de operación por pro-cesos, la matriz de delegación de responsabilidades, los requi-sitos de los clientes, la matriz de priorización de políticas institu-cionales, el plan de medición, la revisión por la dirección, el sistema de gestión documental,

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| número 13 | noviembre de 2012

CLIENTE (Usuario,Marcado, RS

PROCESOS(Tecnología,

procesos internos)

CONOCIMIENTO YTALENTO HUMANO

(Aprendizaje)

SOSTENIBILIDAD

ACREDITACIÓN REFORMA INTEGRAL DEL IEMP

EJES E STRATÉGICOS

PERS

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Comercializar algunos productos y servicios

del Instituto

Fortalecer el talento humano del IEMP

Implementar el Banco de programas y proyectos

INTERNACIONALIZACIÓNOPTIMIZACIÓN DELA INVESTIGACIÓN

Y DE LA CAPACITACIÓN

Implementar el Sistemade gestión de calidad

Reformar de manera integral el Instituto

Acreditar el Instituto y sus programas

académicos ante las entidades competente

“Gestion del Cambio yModernización”

Plan Estratégico de la ProcuraduriaOrden y Rectitud

2009-2012

"INNOVACIÓN Y COMPROMISO"Plan Estratégio 2009-2012

Instituto de Estudios del Ministerio PúblicoResolución No. 343 del 28 de octubre del 2009

Mejorar la infraestructura fisíca

Fortalecer la red deformadores de IEMP

Implementar el modelo gerencial y los indicadores

en el IEMP

Internacionalizar el IEMP

Mostrar resultados de responsabilidad social

y público

Fortalecer la identidad corporativa e imagen

institucional

entre otros.7 Posteriormente, se elaboró el Mapa Estratégico del IEMP, concebido como una he-rramienta a través de la cual se da cumplimiento a la visión ins-titucional, que está compuesto por las perspectivas de sosteni-bilidad, conocimiento y talento humano, de procesos y de clien-tes; y los ejes estratégicos corres-pondientes a la acreditación, la reforma del IEMP, la internacio-nalización y la optimización de los programas. El mapa integra los objetivos globales plantea-dos en el plan estratégico del IEMP (ver gráfi ca n.° 2).

Simultáneamente se iden-tifi caron los procesos del IEMP de acuerdo con la norma ntciso 9000:2005 que indica

7 Para mayor información consultar el Manual de calidad del IEMP y los documen-tos Mejoramiento del desempeño del IEMP y Bitácora hacia la excelencia que reposan en el Instituto.

que «un resultado deseado se alcanza más efi cientemen-te cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso» (Icontec, 2005), el Instituto adoptó el enfoque por proce-sos, a partir de una identifi ca-ción e interrelación cuidadosa de los áreas existentes en su funcionamiento. Este enfoque se concretó en tres niveles en el Mapa de Procesos del IEMP (ver gráfi ca n.° 3, página 8).

Sistema Integrado de Gesti ón (SIG)El IEMP, consciente de la nece-sidad de optimizar su gestión, ve la oportunidad de avanzar en el SIG para lo cual sigue la conceptualización establecida por Francisco José López Carri-zosa en su obra El Sistema In-tegrado de Gestión, publicada por el Icontec en el 2008, en

Gráfi ca n.° 2

donde indica que «la integra-ción del sistema de gestión es una etapa natural en la madu-ración del mismo, que se va a requerir para ser más efi ciente la gestión de los procesos, pero además de esto genera benefi -cios internos y externos” (Lo-pez J. 2008: p. 15). Entre los be-nefi cios señalados en esta obra se resalta la administración, la optimización y el desarrollo de una cultura organizacional orientada a los procesos; así mismo, mejora la comunica-ción interna y da mayor cohe-rencia a la organización.

Para implementar este nuevo sistema se incluyeron conceptos como la política integral y las autoevaluaciones, tanto de control como de ges-tión, al sgc. Mención especial tiene la inclusión de los pla-nes de mejoramiento, como una metodología que inyecta

dinámica a cada uno de los procesos y que compromete a los diferentes servidores con respecto a la entidad, lo mis-mo que crea una mentalidad de cambio permanente. Otro elemento que se incorporó en el SIG fue la administración del riesgo8 constituyéndose en una herramienta que se integra a la planeación, partiendo en su identifi cación y valoración, aplicables a cada proceso, y fi nalizando con el mapa cuyo propósito es controlar o evitar su materialización. Respecto al Mapa de Procesos, lo único novedoso en él es la incorpo-ración del control interno el cual realiza una evaluación independiente, neutral y con

8 Como lo defi ne Carrizosa (2008 p. 64) el riesgo «es la posibilidad de que suceda algo (evento) que tenga impacto en los objetivos y se evalúa en términos de las consecuencias y la ocurrencia».

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

objetividad basada en un plan y en un programa que estable-cen objetivos específicos de control a la gestión, a los resul-tados y al seguimiento de los planes de mejora del IEMP.

En esta nueva etapa se han venido actualizando los instru-mentos y adelantado las activi-dades necesarias para obtener la certificación ntcgp : 1000, cuyo trámite ya comenzó con las auditorías externas realiza-das por el Icontec en el mes de noviembre de 2012, y de las que se esperan resultados muy pronto. 9 Cabe resaltar que lo más importante, es que el SIG ya está siendo implementado en el instituto y ha sido de-terminado de acuerdo con la Resolución 246 de 2012 de la dirección del IEMP.

Apropiación de nuevos comportamientos y actitudes frente a la realización del trabajoEl IEMP cuenta con un equipo calificado en distintas áreas del conocimiento. Cada servidor

9 Al cierre de esta edición de innova , el 30 de noviembre de 2012, la auditoría realizada por el Icontec recomendó al ente certificador otorgar la ntcgp 1000 al IEMP.

Procesos IEMP

En los procesos estratégicos están los de dirección y comunicaciones. El pri-mero tiene como objetivo determinar y garantizar los propósitos institucio-nales acorde con los requisitos legales y los lineamientos de la pgn. El segundo busca informar, promover y divulgar la imagen y acciones del IEMP.

Los procesos misionales dan valor agregado de manera directa a los clien-tes o usuarios del IEMP. Este nivel lo integran los procesos de investigación sociopolítica y asuntos económicos, el de capacitación y el de publicaciones. El objetivo del primero es adelantar «investigaciones académicas en las líneas de acción del ministerio público que permitan la generación y socialización de conocimiento». El de capacitación «desarrollar procesos de formación integral y pertinente (…), para el fortalecimiento de las competencias del funcionario público, los entes gubernamentales y la ciudadanía en general, la promoción del conocimiento y el respeto de los derechos constitucionales». El tercero tiene como fin la publicación de «do-cumentos resultado de estudios, del conocimiento intelectual y académico, así como de la experiencia del ejercicio público en temas de interés y compe-tencia del ministerio público (…)».

En los procesos de apoyo están el de gestión contable y tesorería; planeación, presupuesto y control; almacén, archivo y sistemas; y contra-tación y jurídica. Adicionalmente, el IEMP estableció un sistema de gestión documental que permite consolidar el

Gráfica n.° 3

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Investigación sociopolítica yasuntos económicos

Capacitación Publicaciones

Gestióncontable ytesorería

Planeación,presupuesto y

control

Almacén,archivo ysistemas

Contratacióny juridica

Dirección Comunicaciones

conocimiento en cada uno de los pro-cesos permitiendo la estandarización de formatos y registros; la unificación de procedimientos; la conservación de la memoria institucional; y la continui-dad operacional, a pesar de la rotación del personal —mediante instructivos, fichas técnicas, caracterizaciones de procesos y manuales, entres otros—, así como el establecimiento de la base legal del sgc.

La implementación del sgc inicia con la sensibilización* a los servidores, la definición de los clientes reales y potenciales del Instituto y sus reque-rimientos. Posteriormente, se abordó la caracterización de los procesos y la definición de los correspondientes indicadores asignándoles un peso específico por parte de la dirección. El resultado del seguimiento y la evalua-ción es revisado con el propósito de concluir si el sistema está cumpliendo con todos los requisitos de los clientes y los legales que le corresponden (efi-cacia), si sus objetivos se están logran-do de manera eficiente, de acuerdo con los presupuestos establecidos (eficiencia), y si los servicios ofrecidos por el Instituto son útiles para los servidores del ministerio público y de aquellas entidades y población en general que requieran de sus servicios.

* Feria de la calidad IEMP. Con el propósito de interiorizar los distintos aspectos referidos a cada una de las caracterizaciones de los procesos y del sgc, así como para compartir a la pgn el trabajo que el IEMP estaba adelantando para su implementación, se realizó la Feria de la Calidad mostrando a través de distintas estrategias los diferentes componentes de los procesos.

público y grupo del Instituto hace parte de un complejo en-granaje que contribuye a la gene-ración de conocimiento. El logro de esta alta calidad en el desem-peño, que se evidencia en el per-manente avance de los indica-dores del plan gerencial, fue gracias a la implementación de una política del IEMP en materia de talento humano incluida en el Plan Estratégico «Innovación y Compromiso 2009 – 2012» que señala la necesidad de «valorar y dar importancia al servidor como ser humano, motivar de manera permanente, mejorar la productividad laboral de sus funcionarios, apoyar el talento humano que busca el crecimien-to personal y profesional, cons-truir conocimiento y desarrollar habilidades, mantener condicio-nes adecuadas de higiene, am-biente y seguridad en el trabajo y consolidar la identidad de la ins-titución a través del aprendizaje organizacional». El objetivo de esta política institucional no es solo mejorar la productividad y el clima organizacional sino po-tenciar el talento humano.

La eficiencia administrati-va se logra con servidores idó-neos, calificados, dispuestos a cambiar su modo de actuar cuando sus hábitos van en desmedro de los intereses co-lectivos que, de alguna manera y más temprano que tarde, se ven reflejados en la sociedad. En un mundo en el que cada vez es más complejo encontrar compromiso y credibilidad por lo que se hace, hallar funciona-rios que se identifiquen con su labor y se esmeren en sembrar con su trabajo una semilla de pertenencia, hace la diferencia.

El Instituto le otorgó im-portancia a este componente en la gestión y facilitó procesos de aprendizaje organizacional como estrategia para potencia-lizar el desarrollo del personal, la

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formación, las competencias laborales, el trabajo coordinado, el mejoramiento con-tinuo y el capital humano e intelectual del IEMP. Precisamente, el más relevante reco-nocimiento a todos los servidores fue en noviembre de 2011, con ocasión de la certi-ficación del Sistema de Gestión de Calidad en la norma iso 9001:2008, en donde to-dos y cada uno aportó en la construcción de este logro.

Algunas de las acciones destacadas, desde mediados de 2009 a la fecha, con relación al fortalecimiento del talento humano son:

• El reconocimiento a los servidores no solo como estrategia para generar productividad mediante la motivación a los trabajadores, sino también como mecanismo para aumentar el sentido de pertenencia y hacerlo visible en las labo-res cotidianas. Esta actividad se adelanta mediante estrategias de comunicación interna como la mención en la cartelera de funcionarios destacados, el boletín virtual, la página web, el reconocimiento público en las reuniones de trabajo y el boletín impreso innova .

• Las reuniones de la dirección con el equipo humano que conforma el IEMP es otro escenario para mostrar los resultados, tanto individuales como colectivos, que aportan a los objetivos institucionales. Igualmente, son espacios participativos que facilitan el desarrollo de propósitos y metas compartidas; la apropiación de va-lores; y el conocimiento, sensibilización e

interiorización de los cambios permanen-tes de la gestión en el IEMP en busca del mejoramiento continuo.

• El espacio abierto en el boletín tri-mestral innova , que se distribuye a ni-vel nacional y que además se incluye en la página web del IEMP, en el que los fun-cionarios escriben sobre su trabajo coti-diano en relación con los programas que adelantan, así como sobre las reflexiones que surgen de su labor. Su expresión es valiosa y, adicionalmente, hacen visible su quehacer en materia de capacitación, investigación, publicaciones o desde las áreas de apoyo. La página web también ha sido una herramienta eficaz para transmitir las fortalezas del IEMP.

• El sgc permitió conformar grupos de trabajo por procesos que han invo-lucrado a todos los servidores del IEMP reflejando el trabajo en equipo y convir-tiéndose en imán para aquellas acciones que se adelantaban de manera aislada. Así mismo, hizo evidente la necesidad de trabajar en un sistema en donde se ma-nifiesta claramente la interdependencia y cuyos resultados aportan valor a cada actividad por mínima que parezca.

• La delegación de responsabilidades concretas han generado confianza en los servidores del Instituto, lo que ha permiti-do madurar aspectos como el autocontrol y la autoevaluación en el marco del sgc.

• Los procesos de formación profesio-nal y en competencias no solo son promo-vidos por el IEMP fuera de sus instalaciones,

los funcionarios del Instituto han participa-do en diferentes programas de capacitación como formulación y evaluación de políti-cas públicas, formulación de proyectos de cooperación internacional, metodología de la investigación, liderazgo, gestión del cambio cultural, meci, sistemas de gestión de calidad, gestión documental, ofimática, coaching, nivelación de la Red de Forma-dores, contratación y presupuesto público, derecho disciplinario y gestión pública, en-tre otros.

• La administración del personal se ha basado en la definición de los perfiles y competencias definidos por el manual de funciones de la entidad y, especial-mente, en los detectados por las directi-vas del Instituto que han involucrado a los servidores en los procesos que pue-den fortalecer gracias a sus destrezas, ha-bilidades, aptitudes y actitudes.

• La remodelación de las instalacio-nes contrasta con la anterior infraestruc-tura  caracterizada por la desorganiza-ción espacial y la ocupación no planeada, incómoda y poco funcional que dificul-taba en forma significativa la cotidiani-dad laboral. El espacio se transformó en un lugar amable, confortable y perfec-tamente dotado para que los servidores del Instituto se sientan en mejores con-diciones laborales, y para que docentes e investigadores cuenten con los mejores lugares para realizar sus actividades. 

• La adquisición de nuevas herra-mientas de trabajo y actualización de las existentes específicamente en lo relacio-nado con tecnologías. La falta de instru-mentos para realizar el trabajo era uno de los principales factores de desmotivación de los servidores del Instituto que no contaban con los medios y recursos re-queridos para su cabal desempeño.

• Las encuestas, análisis y recomen-daciones en materia de clima laboral y cultura organizacional que se adelantan de forma periódica en el Instituto se han socializado y han permitido a las directi-vas la toma de decisiones para mejorar el ambiente laboral y las relaciones perso-nales, y a los servidores poner en común sus reflexiones acerca de las satisfaccio-nes y dificultades que se presentan en la dependencia tanto a nivel individual como colectivo.

Una vez cumplidos los requisitos exigidos por el Icontec para el sgc, dicha entidad expidió la certificación de calidad al IEMP el día 18 de noviembre del 2011 donde se indica: «Ha sido evaluado y aprobado con los requisitos especificados en iso 9001:2008 — ntc iso 9001:2008».

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Aporte de la experiencia a la resolución de problemas relacionados con la gesti ón públicaEntre los problemas que tradicionalmen-te acompañan la gestión pública y que se resuelven con los trabajos realizados se destacan, en primer lugar, los bajos ni-veles de desempeño, reto que se resuelve mediante la determinación de objetivos, la defi nición de indicadores y metas aso-ciadas, la orientación al resultado y el se-guimiento sistemático; un segundo obs-táculo constituido por la distracción o dilapidación de recursos que se evita con la alineación total de las labores huma-nas y de los recursos mediante la gestión basada en nuestra cadena de valor, que se refl eja en el Mapa de Procesos, acom-pañado por el diseño de proyectos y la suscripción de contratos de acuerdo con la misión y las estrategias defi nidas.

Un tercer reto corresponde a la negli-gencia, en este caso se comprende como las respuestas inadecuadas que generan insatisfacción, originadas por defi cientes competencias de servidores públicos o por diseños institucionales inefi cientes, y poco orientados a la satisfacción, incapa-cidad que se supera por la existencia de un modelo de gestión basado en proce-sos y orientado desde sus fi nes legales a la satisfacción de la ciudadanía y partes interesadas, que exige el cumplimiento de unas calidades de los servidores para el desempeño de las labores.

El cuarto obstáculo que se resuelve es la corrupción ya que los niveles de de-sempeño y compromiso adquiridos, así como una cultura orientada a la exacti-tud y el cumplimiento que emergen des-de nuestro sistema, constituyen un ópti-mo mecanismo de control de riesgos de corrupción: no se han presentado casos ni hechos aislados. Una quinta difi cultad superada es el bajo aporte a la sociedad, la democracia y la institucionalidad; algu-nas veces las entidades públicas terminan operando de manera enclaustrada o con autarquía, es decir que responden más a sus jerarquías y convencimientos sin considerar las dimensiones y problemas sociales; el montaje del sgc y la misma razón legal del IEMP le han conducido a anteponer el aporte al país, las comu-nidades, el Estado y el ministerio público

mediante la realización de investigacio-nes y capacitaciones que fortalecen la le-galidad y la calidad de la institucionalidad colombiana.

Resultados e impactos globales10

Como se puede observar en la gráfi ca n.° 4, aumentó en 217 % el número de pro-gramas: pasó de 28 del mes de septiem-bre de 2009 a 61 en el mes de septiembre de 2010, debido a varias razones. En pri-mer lugar, desde el 2010 se viene llevan-do a cabo un proceso de programación de las actividades, en donde participan los funcionarios del IEMP y pgn a nivel nacional; segundo, la comercialización de los servicios (seminarios, talleres, di-plomados, entre otros), que se adelanta desde dicha vigencia, para la obtención de recursos y para el posicionamiento del Instituto. Vale la pena resaltar que a corte de septiembre de 2012 se ha realizado el mismo número de actividades del 2010 y se espera que al fi nalizar el año se haya realizado igual o mayor número de pro-gramas que el 2011.

Con relación al número de capa-citados, en la gráfi ca n.° 5 se observa el incremento año a año. Esto teniendo en cuenta el inicio de las actividades de co-mercialización en el año 2010.

Consecuente con la importancia de la política de descentralización de las actividades de capacitación, el IEMP ha enfocado sus esfuerzos a nivel terri-

10 La relación de actividades y programas desarrollados de septiembre de 2009 al mismo mes de 2012 puede ser consultada en Bitácora hacia la excelencia. Asimismo, en la página web del IEMP, en los informes de gestión presentados en la rendiciones de cuentas de la pgn y en los 12 números del boletín trimestral innova .

torial en los 32 departamentos, y gran porcentaje de los municipios del país, logrando un mayor posicionamiento e involucrando a diferentes entidades, servidores y habitantes de las regiones, contribuyendo a la formación integral de un nuevo ciudadano.

Aprendizajes generados• El IEMP en la actualidad cuenta con

mejores prácticas organizacionales gracias a la interiorización de cono-cimientos y competencias que le permiten incrementar la efi ciencia y efi cacia en la gestión.

• El enfoque por procesos garantiza la mejora continua del desempeño lo que se refl eja en resultados que in-crementan el nivel de satisfacción en la población objeto de los servicios y productos del IEMP.

• La sistematización de la gestión permite contar con la información requerida para el seguimiento y eva-luación permanente de la gestión y, por ende, con argumentos sólidos y evidentes para la toma de decisiones. La memoria institucional, conserva-da a través de la gestión documental, facilita el control de la información, su rastreo y recuperación en caso de ser requerido.

• El uso de las tecnologías de infor-mación y comunicación (tic) son esenciales no solo para promover y difundir los programas académicos del IEMP sino también para hacer visible la gestión de la organización. El fortalecimiento de la imagen ins-titucional, el posicionamiento y la

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Gráfi ca n.° 4 Número de programas por año

2009 corte de septiembre

2010

2011

2012 corte a septiembre

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ta de la pgn, e instrumentos de gestión útiles que requieren de un bajo fi nancia-miento para su operación.

Desde el punto de vista social, el IEMP es una organización pública que ha formado una cultura orientada al logro y la efectividad que ya se encuentra institu-cionalizada, existen reglas formales e infor-males que facilitan la coordinación entre sus integrantes, la interacción de estos con los recursos y tecnologías disponibles, y la relación de todo el IEMP con los entornos gubernamentales y la sociedad, el conven-cimiento de los funcionarios y el contar con medios de comunicación tales como el boletín innova impreso y digital, la página web, las teleconferencias, los videos institucionales y piezas comunicativas, que han cumplido su propósito de formar y mantener una identidad e imagen que se ha convertido en ícono interno y exter-no de gestión y aporte en la formación en valores y el cumplimiento ético de la fun-ción pública. El IEMP tiene un conjunto de políticas de operación y de normas que se compadecen con los postulados del siste-ma y aseguran su continuidad.

Sobre la sostenibilidad económica, el sgc y sus componentes no demandan recursos signifi cativos en contratos, de-sarrollos informáticos o de estructura, al contrario, su operación permite una alta racionalidad en la utilización de los presu-puestos por optimizar la focalización de las

inversiones y gastos en temas fundamenta-les y disminuir los costos de las transaccio-nes en la prestación de nuestros servicios.

El sistema es un desarrollo técnico administrativo y de gestión que se funda en la fi losofía del kaizen o mejoramiento continuo, que es útil para la celeridad de las labores, su control y el cumplimiento de propósitos que ha sido ampliamente demostrado en aquellos países y organi-zaciones que realmente le aplican; las ticcon que cuenta el IEMP en el momento son sufi cientes para su mantenimiento, y la introducción de innovaciones en ma-teria de redes, sitios de trabajo virtuales, conferencias en red, educación virtual, se constituyen desde ahora en metas que en el mediano plazo serán requeridas; así que la experiencia es y seguirá siendo exitosa porque los desarrollos tecnológi-cos son una fuente permanente para su fortalecimiento, así como la disposición de los funcionarios que hacen parte del proceso y que han incorporado nuevos paradigmas para la realización efectiva de sus actividades cotidianas.

El grado de satisfacción de los usua-rios, clientes y benefi ciarios del IEMP son una garantía para sus sostenibilidad ins-titucional, por la infl uencia que pueden ejercer en estamentos claves de decisión, aspectos que se han logrado gracias a la calidad de los servicios prestados y de los productos desarrollados por el Instituto.

Resulta oportuno aquí mencionar al autor Jose Souza da Silva quien consi-dera que el triángulo de la sostenibilidad institucional depende de tres factores: tener un proyecto institucional, capaci-dad y credibilidad. 11 Los tres aspectos se han cumplido en el IEMP a través de la formulación y ejecución del plan estra-tégico, el fortalecimiento del talento hu-mano del instituto, el fortalecimiento de la Red de Formadores y la creación de la Red de Investigadores, las permanentes políticas de capacitación del personal y el posicionamiento que se ha conseguido al interior del ministerio público, así como de las entidades estatales y de la ciudada-nía en general.

11 Da Silva, José, et all. La dimensión de entorno en la cons-trucción de la sostenibilidad institucional. Serie Innovación para la sostenibilidad institucional. San José. Costa Rica. Proyecto Isnar nuevo paradigma.

estrategia de mercadeo requieren de estrategias comunicativas.

• El conocimiento y las competen-cias del talento humano pueden ser orientadas de manera efi caz al logro de los fi nes institucionales cuan-do los perfi les son acordes con las funciones que se desempeñan. La motivación a través de incentivos como el reconocimiento propician el trabajo en equipo, la coordinación entre procesos, la adaptabilidad a los cambios organizacionales y del en-torno, la participación activa y mejo-ra del clima laboral.

• Los procesos de formación y la producción de conocimiento en el IEMP son las mayores fortalezas que deben ser constantes para optimizar la gestión.

• El liderazgo y la transparencia en la gestión son factores fundamentales a la hora del phva en la búsqueda de los objetivos institucionales.

• Perseverar es uno de los mayores aprendizajes frente a las difi cultades que presenta un proceso de cambio de estas magnitudes.

Sustentabilidad en el ti empo Son claves para la continuidad y sosteni-bilidad de la experiencia la institucionali-zación de un modelo de gestión efectivo soportado por funcionarios de la plan-

La relación de capacitados en 2009 es a septi embre de ese año antes de la formulación del plan estratégico, pues en el últi mo trimestre la capacitación aumentó en 5527 personas y en 12 programas.

Gráfi ca n.° 5 Número capacitados

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

jaime obregón puyana1

La prospectiva, disciplina que abunda en la fórmula emblemática de su fundador, Gaston Berger, «El futuro es la razón de ser del presente»,2 constituye un prome-tedor paradigma para reducir la incerti-dumbre en una época caracterizada por el cambio, y al asociarse con la estrategia, propende a la construcción del futuro. Por otra parte, el movimiento de la ca-lidad, tras un largo proceso de fructífera evolución, se ha impuesto como condi-ción necesaria en la búsqueda perma-nente de la excelencia organizacional, centrándose en «satisfacer o exceder las expectativas del cliente».

En ese orden de ideas, se intenta en el presente artículo, esbozar algunas ca-racterísticas esenciales de una y otra, con miras a desentrañar las sinergias que pro-duce su entrelazamiento y por ende las razones que motivan su utilización con-junta en el devenir de las organizaciones, tomando en consideración, particular-mente, a las entidades del aparato estatal.

Prospectiva estratégica: hacia el futuro deseadoLa necesidad de construir el futuro y no simplemente de padecerlo, o intentar predecirlo como si ya estuviera escrito, o pretender preverlo proyectando el pasa-do, estimuló en 1957 el relanzamiento de la prospectiva (del latín prospicere: mi-rar a lo lejos) que consiste según Juanjo Gabiña en «una reflexión que se prepa-ra para la acción estratégica»3 e implica una actitud, que según Michel Godet, se origina en «una rebelión del espíritu con-tra el yugo del determinismo y el juego

1 Administrador de empresas con especialización en alta gerencia, magíster scientiae en sistemas y magíster en estudios políticos con énfasis en políticas públicas. Es consultor empresa-rial, docente, investigador e historiador académico.

2 Berger, Gaston, citado por Godet, Michel. De la antici-pación a la acción: Manual de prospectiva y estrategia. Santafé de Bogotá: Alfomega, 1.999. p. 2.

3 Gabiña, Juanjo. Prólogo a la edición española. En: Godet, Op. cit., p. XV.

del azar».4 Sin perder de vista su enfoque voluntarista, Francisco Mojica, quizás el más notable de los prospectivistas co-lombianos, define a la prospectiva como «una disciplina que permite iluminar el presente con la luz del futuro».5

Se trata de una respuesta polifacéti-ca y humanista que considera relaciones dinámicas, concibe el futuro como una realidad múltiple y lo hace depender de la acción del presente. Su vinculación con la estrategia cobra sentido en los llamados tres tiempos de la prospectiva estratégi-ca: 6 anticipación (reflexión prospectiva), apropiación (motivación y movilización) y acción (voluntad estratégica).

Aceptando que el futuro no se adivi-na, ni se prevé, sino se prepara, y ante el vértigo del cambio en la era del conoci-miento y la globalización, la prospectiva estratégica se ofrece como un valioso pa-radigma para reducir la incertidumbre y el riesgo ante eventuales rupturas de ten-dencia, en cualquier empeño, y potenciar la capacidad de logro de los individuos y las organizaciones.

Esto implica asumir una actitud proactiva y apropiar las técnicas de la pros-pectiva asociada a la estrategia, para to-mar las decisiones acertadas con base en escenarios generados a partir de la identifi-cación de las variables estratégicas o clave, y del análisis de los proyectos, anhelos y temores de los actores relevantes, a fin de identificar y aprovechar la oportunidad en la crisis y orientar la acción hacia el alcance del futuro deseado a largo plazo.

Gestión de la calidad: aprendizaje y mejoramiento continuosEn la trayectoria del movimiento de la cali-dad 7 cabe distinguir esencialmente cuatro etapas: «Inspección, Control estadístico de

4 Godet, Op. cit., p.1.5 Mojica Sastoque, Francisco. La Construcción del futuro.

Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2005. p. 105.6 Godet, Op. cit., p. 4-5. 7 Ruiz-Canela, José. La gestión por calidad total en la

empresa moderna. México: Alfaomega, 2004. p. 2 y ss.

la Calidad, Aseguramiento de la Calidad y Gestión de la Calidad», donde cada etapa no necesariamente supera sino más bien complementa a la anterior, puesto que todas se aplican hoy por hoy en mayor o menor grado según el tipo de organización.

El concepto de la calidad ha venido evolucionando en gran medida debido a los aportes de los ya consagrados líderes del movimiento. Así, tenemos que W. Edwards Deming se refiere a «un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las necesidades del mercado»; Joseph M. Juran percibe la calidad como «adecuación al uso, satisfa-ciendo las necesidades del cliente»; y Phi-lip B. Crosby hace referencia a la «confor-midad con las especificaciones». Otros pensadores destacados son Armand V. Feigenbaum, quien pone el acento en la «satisfacción de las necesidades del clien-te», y Kaoru Ishikawa, quien considera los atributos de economía, utilidad y sa-tisfacción para el consumidor, que debe reunir un producto de calidad.

Según James R. Evans y William M. Lindsay 8, el American National Standards Institute (ansi) y la American Society for Quality (asq) estandarizaron, la definición de la calidad, en 1978, como: «La totalidad de los rasgos y características de un produc-to o servicio en que se sustenta su capaci-

8 Evans, James R. y Lindsay, William M. Administración y control de la calidad. 7 ed. México: Cengage Learning, 2008. p. 17.

Prospectiva estratégica y gestión de la calidad: una aproximación integradora

Jaime Obregón Puyana ha ocupado posiciones directivas en el sector público, la actividad gremial y el sector privado como la Subdirección y la Dirección (e) del Departamento Adminsitrativo Nacional de Estadística (DANE), la Dirección del Departamento de Catastro del Distrito Capital y la Presidencia de la Asociación Colombiana de Informática.

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dad para satisfacer determinadas necesida-des». Esta definición se basa principalmente en las llamadas perspectivas del producto y del usuario, y es «impulsada por la necesi-dad de dar valor agregado a los clientes».

A su vez, en el año 2000, la Organiza-ción Internacional para la Estandarización (iso) introdujo la siguiente definición de la calidad, en su vocabulario iso 9000:2000: «el grado en el que un conjunto de carac-terísticas inherentes satisface los requisi-tos». Y desde fines de los años ochenta, ha cobrado creciente popularidad entre las organizaciones una definición sencilla, aunque vigorosa: «La calidad es satisfacer o exceder las expectativas del cliente».

En suma, puede decirse que en el concepto de la calidad «se han venido introduciendo paulatinamente aspectos relacionados directamente con la voz del cliente y con la eficiencia del negocio. En este sentido, el concepto de calidad evo-luciona al de Calidad Total».

Son tres los principios9 fundamenta-les de aceptación universal en los cuales se basa la calidad total:13. «Enfoque en los clientes y accionistas». 14. «Participación y trabajo en equipo

de todos en la organización». 15. «Enfoque de proceso apoyado por

el mejoramiento y el aprendizaje continuos».Tales principios son aplicables a cual-

quier tipo de organización, pero, de cara a la intención del presente artículo, convie-ne examinar el tema específicamente en el ámbito estatal.

Al respecto, es oportuno hacer refe-rencia a la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública (ntcgp 1000:2009),10 la cual «especifica los requisitos para la im-plementación de un Sistema de Gestión de la Calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades pres-tadoras de servicios» y busca que las en-tidades «puedan mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar produc-tos y/o servicios que respondan a las ne-cesidades y expectativas de sus clientes».

9 Ibid., p. 19. 10 Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública

ntcgp 1000:2009. Departamento Administrativo de la Gestión Pública. «La implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la norma internacional iso 9001:2008, puesto que ajusta la terminología y los requisitos de ésta a la aplicación específica en las entidades. Sin embargo, la presente norma inte-gra requisitos y conceptos adicionales a los del estándar iso».

Así, con base en esta norma se pro-mueve la adopción de un enfoque basa-do en procesos que «permite mejorar la satisfacción de los clientes y el desempe-ño de las entidades», como «principal motivación para la implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad».

La norma acoge diez principios de gestión de la calidad entre los cuales se cuentan los de: enfoque hacia el cliente; coordinación, cooperación y articulación (trabajo en equipo); y mejora continua; que en esencia abundan en los mencio-nados principios de aceptación universal. Y es precisamente a partir de un breve análisis de corte hermenéutico sobre es-tos, que cabe establecer el vínculo exis-tente entre la calidad y la prospectiva.

Perspectiva integradora: encadenamiento entre calidad y prospectivaLos principios fundamentales de la cali-dad total, tomados en su conjunto, y de manera especial el tercero, que alude al mejoramiento y aprendizaje continuos, guardan una relación implícita con el concepto de la Organización Inteligente, aquella que está en «capacidad de crear, adquirir y transferir conocimientos y mo-dificar su comportamiento para reflejar nuevos conocimientos e ideas».11

Según Peter Senge,12 este tipo de or-ganización se apoya en «cinco disciplinas de aprendizaje que constituyen progra-mas permanentes de estudio y práctica», a saber: dominio personal, modelos men-tales, visión compartida, aprendizaje en equipo y pensamiento sistémico. En par-ticular, la visión compartida se entiende como «la elaboración de un sentido de compromiso grupal acerca del futuro» que se intenta crear, y de «los principios y lineamientos» con base en los cuales se espera lograr el propósito.

Ahora bien, como se mencionó ante-riormente, el proceso prospectivo permite adelantar una reflexión sobre los futuros posibles para seleccionar entre estos el futuro deseado a largo plazo, mediante la conformación de escenarios pertinentes,

11 Wheelen, Thomas L. y Hunger, J. David. Administración estratégica y política de negocios. 10 ed. México: Pearson, 2007. p. 9.

12 Senge, Peter et al. La quinta disciplina en la práctica. Barcelona: Granica, 1998. p. 6-7.

coherentes, verosímiles y transparentes. Identificado entonces el escenario desea-do o escenario apuesta, el concurso de la estrategia se concreta en la formulación de acciones orientadas a su alcance.

(A)Aprendizaje y mejoramiento

continuos

(C)Escenario deseado

(B)Organización

inteligente (visión compartida)

Figura n.°1 Encadenamiento calidad – prospectiva

Fuente: Obregón Puyana, Jaime. Creación basada en esquema de M. Godet.

En conclusión, se tendría una pers-pectiva sistémica (figura n.°1) que repre-senta los vínculos entre: (A) los principios de la calidad con el acento puesto en el aprendizaje y el mejoramiento continuos; (B) las cinco disciplinas necesarias para la creación de organizaciones inteligen-tes con énfasis en la visión compartida; y (C) el escenario deseado a largo plazo. Este esquema, análogo al propuesto por M. Godet� al referirse a los tres momen-tos de la prospectiva estratégica, permite, entre otras, la siguiente interpretación de la sinergia resultante: el azul del escenario deseado, al nutrir el amarillo de la visión compartida, da sentido al verde del apren-dizaje y el mejoramiento continuos.

En cuanto concierne a la gestión pú-blica, son dignas de encomio las entidades que habiendo percibido el prometedor encadenamiento señalado, estén obrando en consecuencia, con miras al logro de un escenario apuesta pertinente al respecti-vo campo de acción; y solo restaría hacer votos porque el empeño se generalice como corresponde al compromiso con ese cliente por excelencia de la entidad pública, que es el ciudadano, y al magno futuro deseado de una sociedad capacita-da para la integración y la acción estratégi-ca, que supere la profunda fragmentación actual y las limitaciones para la resolución de problemas colectivos.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Como complemento de la

gestión expuesta en páginas

anteriores, e invitación a

consultar la publicación

que lleva el título de este

artículo, innova incluye

la presentación de dicho

documento que compila «el

camino del IEMP hacia la

innovación y el compromiso»

en los últimos cuatro años.

christian josé mora padilladirector del iemp

La humanidad esta experimentando una serie de transformaciones y desafíos en los actuales momentos, en lo que se ha deno-minado la sociedad del conocimiento y la información; fenómenos como la globali-zación, una nueva geopolítica mundial, el cambio climático, el auge de las tecnolo-gías de información, la brecha entre ricos y pobres, la discriminación de la mujer, el crecimiento del crimen transnacional y, algo muy preocupante, la crisis generaliza-da de principios y valores en la mayor parte de las naciones conllevarán necesariamen-te a unas profundas reformas tanto de los modelos de desarrollo como del Estado.

Dentro de todo este panorama se percibe un interés permanente de dife-rentes sectores por hacer de las entidades públicas unas organizaciones innovado-ras y de excelencia que cumplan a caba-lidad con sus ejes misionales y sean pa-radigmas de eficiencia, eficacia y calidad,

dentro de un marco de desarrollo integral de su talento humano, obviamente basa-do en estructuras adecuadas, procesos y métodos efectivos. Los anteriores plan-teamientos han sido ilusiones de varias generaciones de dirigentes y estudiosos del tema y han sido factores motivadores de algunas reformas administrativas y del Estado orientados a su modernización, democratización y participación.

En este orden de ideas, se presenta el análisis de una experiencia de gerencia pública en Colombia, la del Instituto de Estudios del Ministerio Publico, unidad administrativa especial de la Procuradu-ría General de la Nación, en la que hay algunos elementos importantes como la gestión del cambio organizacional con énfasis en una orientación hacia el mer-cado, la voluntad de prestar servicios efi-cientes a la comunidad, la aplicación de algunas teorías administrativas del sector privado, el rompimiento de paradigmas, la capacidad de adaptación al entorno, la racionalización en el manejo de los recur-sos públicos, el compromiso de los inte-

grantes de la entidad y un sobresaliente sentido de pertenencia y de mejoramien-to del desempeño en general.

Es clara la aplicación de algunos ele-mentos de la nueva gerencia pública, princi-palmente el cambio de cultura, la aplicación de herramientas gerenciales privadas, las je-rarquías horizontales y los criterios de evalua-ción de los diferentes programas y proyectos.

También se evidencian en la expe-riencia los ejes principales del buen go-bierno, el cual se define como «aquel que promueve y logra que las organiza-ciones de la sociedad, públicas y privadas, brinden a los ciudadanos, especialmente a aquellos menos favorecidos, las opor-tunidades de mejorar sus capacidades y, a través de ellas, su calidad de vida. Un buen gobierno es un facilitador, un or-ganizador de esfuerzos, un arquitecto de propósitos sociales, un canalizador de las aspiraciones ciudadanas, un constructor de vías efectivas y un administrador efi-ciente de los recursos públicos».

En toda esta reflexión es importante pensar en el papel fundamental del ser-vidor público como eje fundamental de las transformaciones, como lo definió el doctor Guillermo Nannetti, exdirector de la esap, el día de su inauguración: «El fun-cionario debe tener, más que otros ciuda-danos, sentido de patria, espíritu cívico, ética ejemplar, anhelo de superación y, sobre todo, convicción de que cada cual en su parcela debe dar el máximo rendi-miento al propósito nacional».

En esta publicación se analizan algunos temas importantes como la responsabilidad del IEMP y su relación con la Procuraduría General de la Nación, el direccionamiento estratégico, las tendencias mundiales en la gerencia publica, el modelo de gestión en el IEMP, el diseño e implementación del mo-delo de gestión en el Instituto y desarrollo de los procesos a través de la gtz.

Aspiramos a que esta publicación sea de interés para los servidores públicos del país en general y para los directivos de entidades comprometidas con aquellas prácticas innovadoras de la Administra-ción, las cuales permiten, desde diferen-tes enfoques, la pertinente y necesaria acción para fortalecer la capacidad de un país que quiere una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

Cambiando el horizonte de la gerencia públicaLa transformación del IEMP 2009 - 2012

La publicación Cambiando el horizonte de la gerencia pública documenta y hace un análisis del camino recorido por el IEMP hacia la excelencia (IEMP 2012).

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nalmente, la estructura del sistema y sus componentes dentro del IEMP.

Las conclusiones de la publicación giran en torno a cinco temas claves a la hora de implementar un sistema de gestión en una institución pública o privada: el liderazgo, puesto que la vi-sión a futuro es clave cuando se quie-re progresar; el equipo de trabajo, ya que si los funcionarios o empleados no están motivados ni comprometidos, difícilmente se puede alcanzar el éxi-to; contar con buenos guías que sean capaces de liderar a su grupo y sortear los problemas que de seguro se encon-

Juan David Duran CastañedaComunicaciones IEMP

El primer capítulo del libro Cambiando el horizonte de la gerencia pública, «El Instituto de Estudios del Ministerio Pú-blico en la estructura del Estado como instancia de la Procuraduría General de la Nación», explica la importancia que tiene esta unidad administrativa dentro del ministerio público colombiano. La in-terrelación entre la pgn y el IEMP se expli-ca con mayor profundidad en la segunda sección del libro, llamada «El Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Pro-curaduría General de la Nación», en la que también se expone la importancia del IEMP con la sociedad civil.

Una vez terminados estos dos capítu-los, con los que se explica al lector la la-bor del IEMP, el lector se podrá encontrar con el apartado «Tendencias mundiales en la gerencia pública New Public Ma-nagement», mejor conocido como ngp, concepto que busca la reorganización de la gerencia pública, identificar fallas y pro-blemas con el ánimo de solucionarlos, y así prestarle un mejor servicio a la sociedad. Se exponen ejemplos internacionales.

La quinta sección de la publicación trata sobre «El modelo de gestión», en la que se familiariza el sistema de gestión, y se explica su funcionamiento y aspec-tos relevantes de manera clara y sencilla, ayudados con gráficos e ilustraciones, las cuales hacen amigable un tema que pue-de ser denso.

Finalmente, después de la larga pero necesaria y valiosa contextualización, se explica el caso de gerencia en el IEMP. Este último capítulo, bajo el título «Di-seño e implementación del modelo de gestión en el IEMP», se convierte en la sección más extensa del libro, pues narra todo el proceso que se llevó a cabo en el Instituto para implementar el modelo de gestión, desde la identificación de la ne-cesidad, las implicaciones que traía tomar esta decisión para la gerencia y todos los funcionarios, los pasos que se dieron y, fi-

Modelo administrativo del IEMPCaso de éxito en gerencia pública

«En ese orden de ideas, una entrada lenta se convertirá para los usuarios en una institución lenta una entrada rápida se convertirá en una institución que da respuesta rápida a los usuarios, generando prestigio, por lo menos en la variable rapidez, dado que las demás características dependerán de los otros componentes del sistema, como la competencia de los actores del mismo.» Angel Jairo, et al. Cambiando el horizonte de la gerencia pública (IEMP 2012).

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trarán durante el proceso; la disciplina necesaria para comprender que solo con dedicación y paciencia se podrán ver los cambios; y el diseño y uso de instrumentos de medición que permi-tan evaluar el avance.

Cambiando el horizonte de la geren-cia pública ya se encuentra disponible para ser adquirido en las oficinas del IEMP; y en él se podrán encontrar con la grata experiencia de una entidad pública que se atrevió a evolucionar, rompiendo paradigmas, y que actualmente está al-canzando la excelencia que se propuso en su ruta de navegación.

Tipos de entrada a los sistemas

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juan david duran castañedacomunicaciones iemp

Hay instituciones que han marcado pro-fundamente la historia de Colombia, y entre ellas se encuentra la Procuraduría General de la Nación, una de las entida-des con mayor recorrido desde la insta-lación de la democracia en nuestro país.

Asimismo, como es de esperar en te-mas trascendentales, se han escrito varios libros sobre la historia de la pgn, en los que se aborda el recorrido de la entidad que, en la actualidad, goza de mayor pres-tigio entre los colombianos. Sin embargo, estas obras presentan vacíos o se encuen-tran desactualizadas debido a que fueron publicadas en años pasados.

La importancia de productos como los libros, en entidades públicas, es altísi-ma, puesto que se convierten en la me-moria institucional que muchas veces se encuentra perdida o fragmentada en varios escritos, repartida en diferentes bibliotecas o bases de datos; debido a esto la entidad, a través del IEMP, encomendó al profesor Hernando Correa Peraza, historiador, aca-démico e investigador, la producción de un documento que compilara la historia de la pgn, labor que logró gracias al apoyo del Archivo General de la Nación, el Congreso de la República y la misma institución.

En el prólogo de su presentación el profesor Correa menciona que, aunque este documento es el libro más completo que se ha publicado sobre el asunto, to-davía existen algunos vacíos en la memo-ria institucional del país, puesto que faltan datos sobre procuradores y viceprocura-dores; y hace un llamado a las personas que tengan esa valiosa información para que la hagan pública, con el ánimo de be-neficiar futuras investigaciones.

«Es por esto que esta administra-ción consideró de suma importancia adelantar un análisis histórico desde su creación, teniendo como referencia antecedentes de la figura en distintas civilizaciones que la incorporaron en su ordenamiento jurídico y político», se-

ñala el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, en la presentación de la obra donde resalta su valor.

«Estudios históricos como el que en esta obra se presentan, resultan fun-damentales no solo para comprender el grado de desarrollo y los aportes que la institución le ha hecho al país, sino tam-bién resultan oportunos para proyectar-la, de acuerdo con las nuevas circuns-tancias, por lo que el trabajo que aquí presentamos constituye un mandato que desde ya estamos pensando cumplir a partir de un ejercicio de prospectiva, donde se vislumbren las transformacio-nes que muy seguramente tendrá nues-tra sociedad, así como las concepciones del Estado en las próximas décadas, cuando en 2030 la Procuraduría cumpla doscientos años de su creación», anota el procurador Ordóñez.

El libro, que está preparando el Ins-tituto de Estudios del Ministerio Públi-co, se convertirá en la publicación más completa sobre la historia de la entidad, realizando un trazado desde los inicios de la Procuraduría en la humanidad y analizando el desarrollo que ha tenido en Colombia a través de las distintas consti-tuciones que han regido al país.

Esta publicación también se caracte-riza por su facilidad de lectura, factor que a veces puede dificultar la consulta de textos especializados, tal como se consig-na en la introducción de la publicación, «constituye una obra didáctica, accesi-ble a cualquier colombiano a quien, por demás, deberá interesarle saber qué es la Procuraduría General, cómo se originó, por qué existe y cómo ella es la mejor garantía para la preservación de sus dere-chos ciudadanos».

Para lograr este objetivo, el libro está escrito en un lenguaje amigable y sencillo, aunque sin perder el rigor e importancia que debe tener la materia, para que pue-da ser fácilmente comprendido por todos los colombianos que reconocen el papel fundamental que cumple la Procuraduría General de la Nación en la democracia,

«el libro, por tanto, no está dirigido úni-camente a los científicos de los temas jurí-dicos sino también al público en general».

Su autor, el profesor Hernando Co-rrea Peraza, es reconocido a nivel nacio-nal por su trayectoria en la docencia e investigación universitaria. La publica-ción también contó con la coautoría de los funcionarios del IEMP Christian José Mora Padilla, Luis Enrique Martínez, Wal-ter Azula y el apoyo de Arturo Ronderos, Omar Augusto Vivas y el diseño de Her-nán Hel Huertas.

Asimismo, contó con el constante trabajo del economista Jaime Orlando Peña Ortiz, asesor del procurador gene-ral de la nación, el antropólogo Mauricio Tovar González, alto funcionario del Ar-chivo General de la Nación, y la abogada Dayana Becerra quien tuvo la dispendio-sa labor de incursionar en la recopilación y ordenamiento de toda la legislación que rige a la pgn.

El libro fue dividido en tres seccio-nes, la primera que trata sobre los ante-cedentes del ministerio público en la hu-manidad, el segundo sobre la historia de la entidad en Colombia y el tercero hace una mención a todos los procuradores y viceprocuradores que tuvieron el honor de ejercer tal cargo.

Gracias al trabajo de los autores y colaboradores, Colombia pronto tendrá una de las memorias institucionales más completas de una entidad de fundamen-tal importancia como lo es la Procuradu-ría General de la Nación.

Procuraduría General de la nación, 182 años de servicio al pueblo colombiano

La estampilla homenaje, con motivo de los 180 años de la creación del ministerio público, fue presentada al país el 10 de mayo de 2011.

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Año: 1830

Fondo: libros manuscritos y leyes originales de la República

Archivo General de la Nación

Tomo: 74

Folios: 26 (recto) 9 de mayo de 1830

Dotaciones (asignaciones) funcionarios Ministerio Público.

Orígenes, formación y actividades del Ministerio Público – 180 años

Transcripción:

[folio 346]:

«Don Andrés, Cacique de una de las parcialidades de Machetá, de la Encomienda de Doña Francisca de Monrroy, mujer de

Francisco de Estrada, Alguazil Mayor de esta ciudad, digo que para los pleytos y causas que yo tubiere y mis yndios y yo tubié-

remos en esta Real Audiencia, nonbro por mi defensor a Martín Camacho, Procurador de esta Real Audiencia.

«Suplico a Vuestra Alteza le aya por nombrado y le mande lo acete y jure y se le dé poder en

forma y para ello, etc.

[� rmado] Don Andrés»

Antecedentes históricosLa primera fracción del libro recorre el nacimiento de la Procuraduría desde los mismos inicios de lo que hoy conoce-mos como la sociedad occidental, en las antiguas Grecia y Roma, y su paso desde occidente hasta el Nuevo Mundo, con los aportes principales de España, que durante el reinado de Alfonso X «El Sabio» comien-za a erigir la figura del procurador, y Francia que en el periodo de Napoleón creó el ministerio público; lo que llevó en nuestro país a Simón Bolívar a crear la figura, que se estableció permanente en Colombia.

Esta sección se convierte en la base fundamental para comprender la impor-tancia de una entidad como la Procura-duría dentro del papel de un Estado de-mocrático y transparente, comprometido con el desarrollo de la sociedad civil, la que el procurador Ordóñez califica como «orientadora la descripción que el autor hace de las manifestaciones incipientes del Ministerio Público en la civilización griega, toda vez que en ella se descubre la

defensa de la Constitución y la ley, defensa que hoy es un imperativo de la institución como representante de la sociedad y que en aquel entonces se expresaba en la elec-ción de la Boulé o Consejo, integrado por 400 bouletas, como lo refiere aquí el au-tor, quien indica que a pesar de ello, solo es “en la etapa de máximo desarrollo del derecho romano cuando nace la figura del procurador».

El papel de la Procuraduría en ColombiaDespués de analizar los antecedentes más importantes que han ayudado a levantar la institución de la Procuraduría alrede-dor del mundo, el libro se centra en el papel que ha desarrollado a lo largo de la historia la entidad en nuestro país. En esta sección de la publicación se podrán comprender los hechos más importantes que ayudaron a la consolidación no solo del ministerio público como entidad, sino también de la figura del procurador gene-ral de la nación en Colombia.

Este capítulo, llamado «Historia de la Procuraduría y el Ministerio Público en Colombia», inicia con las referencias des-de la época colonial, «se puede apreciar que ya desde 1592 se hace referencia al procurador como responsable del con-trol de la alcabala; otra alusión temprana se presenta en 1782, cuando se resalta su papel ligado al “control del ramo de Abas-tos, ya que vigilaban permanentemente lo relacionado con aquello que tuviera que ver con los pesos y medidas en las poblaciones y el abasto y comercio de ví-veres”, como aparece transcrito en el capí-tulo correspondiente; posteriormente en 1810, a través de la intervención del sín-dico procurador se puede vislumbrar el importante rol que tendría la figura años más adelante como representante de los intereses de la sociedad», como apunta el procurador Ordóñez.

Continuando el camino nos encon-tramos con la Constitución de 1830, en la que se formaliza por primera vez el minis-terio público en Colombia y también se

«La importancia de productos como los libros, en entidades públicas, es altísima, puesto que se convierten en la memoria institucional que muchas veces se encuentra perdida o fragmentada en varios escritos, repartida en diferentes bibliotecas o bases de datos (...)».

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erige la figura del procurador, aunque se debe aclarar que anteriormente se tenían otros referentes que menciona Or-dóñez en su texto, «el genio del libertador Simón Bolívar, quien desde el Congreso de Angostura en 1819 definió unos lineamientos de lo que se lla-mó el poder moral, entre los cuales se refirió dentro de las funciones principales al castigo de los vicios públicos con la in-famia y el oprobio y el premio a las virtudes públicas, con el honor y la gloria; muy cerca a este año, en 1821, aparece la primera manifestación jurídica del Ministerio Público con los fiscales de la alta corte de justi-cia presentados en la Ley 14 de ese año”, y actualiza a medida que se promulgan nuevas car-tas magnas en los años de 1853, 1858, 1863, 1886 y, finalmente, la de 1991, que ha estructurado a la entidad de la cual gozan los colombianos en la actualidad.

Este capítulo también exa-mina su tarea como organismo

de control, que el procurador Ordóñez define como «rigu-rosa en el cumplimiento de las funciones que asigna la Consti-tución, sobre todo en circuns-tancias en que la conducta de muchos servidores públicos se convierte en factor de desesta-bilización social y en los que la corrupción administrativa dis-minuye la eficiencia y la credi-bilidad del Estado. De tal suerte que la entidad se ha constituido a través de la historia en un ada-lid de la defensa y fortalecimien-to de la democracia a través de la idónea aplicación de la justi-cia, de la lucha creciente contra la impunidad y de un accionar incansable y efectivo contra la corrupción en la administra-ción pública», y la interacción que tiene con la Contraloría General de la Nación. También, analiza la conformación del mi-nisterio público en Colombia, compuesto por la Defensoría del Pueblo, las personerías y la Procuraduría General de la Na-ción, así como las tres funciones

de esta última: disciplinaria, de intervención y preventiva.

El apartado cierra con una definición de la estructura de la pgn, y el proceso que ha lle-vado a cabo el Instituto de Es-tudios del Ministerio Público, desde su inicio en la etapa de experimentación, pasando por la reestructuración y moder-nización, hasta el actual perío-do del camino a la excelencia, como una de las dependencias más importantes de la institu-ción que con sus funciones de investigación, capacitación y publicaciones ha fortalecido y ayudado a cumplir la misión de la entidad.

Procuradores y viceprocuradores colombianosFinalmente, la publicación cie-rra con un recorrido por todos los hombres y mujeres que han desempeñado bien el papel de procurador general o vicepro-curador, el contexto en que cada uno de ellos ejerció su pa-

pel y la relación existente entre ambos funcionarios.

Se trata de un «recono-cimiento de los aportes que han hecho quienes osten-taron la dirección de la en-tidad, máxime cuando han contribuido con su gestión al desarrollo de la nacionalidad, iniciando aquí con el ilustre norte santandereano Fran-cisco Soto (1830-1831) y si-guiendo con los sucesores en el cargo, quienes con visión y responsabilidad inspiraron el desarrollo de esta entidad, cuyo devenir ha estado pro-fundamente entrelazado con la vida nacional. Su nombra-miento y las funciones asig-nadas se han definido dentro del marco del Estado de de-recho, y más recientemente del Estado social de derecho a partir de la Constitución de 1991, algunas se han manteni-do incólumes en el tiempo y otras han adquirido una ma-yor dimensión», como escri-be el procurador general. Un espacio para recordar a los colombianos que tuvieron el honor de ocupar tan impor-tante cargo para la política y la democracia nacional.

Para finalizar, cabe anotar la aspiración del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, quien desea llevar el libro a todos los rincones del país, para que «sea un material de estudio y reflexión para las generaciones futuras, sea mo-tivo de orgullo para los servi-dores actuales por pertenecer a una institución con raíces históricas, con tradiciones acendradas, con responsabili-dades compartidas y que avi-zoran un mejor país».

La publicación se encon-trará próximamente disponi-ble a la venta en las oficinas del Instituto de Estudios del Minis-terio Público.

La aspiración del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, es llevar el libro a todos los rincones del país, para que «sea un material de estudio y reflexión para las generaciones futuras, sea motivo de orgullo para los servidores actuales por pertenecer a una institución con raíces históricas, con tradiciones acendradas, con responsabilidades compartidas y que avizoran un mejor país».

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Durante todo el año, que ya está pronto a finalizar, el IEMP ha participado, orga-nizado o apoyado decenas de eventos regionales, nacionales e incluso interna-cionales, que han consolidado a esta uni-dad académica como la «editorial y uni-versidad de la Procuraduría», tal como la definió una vez Alejandro Ordóñez Mal-donado, procurador general de la nación.

Es notorio el incremento de progra-mas que ha realizado el IEMP desde que adoptó el Plan Estratégico «Innovación y Compromiso 2009–2012», ya que cada año este número sube; por ejemplo, en el 2010, se realizaron un total de 61 eventos, la misma cifra que se tenía en septiembre de este año, lo que demuestra el alto gra-do de compromiso que tienen todos los funcionarios del EMP que buscan alcanzar la excelencia, y robustecer al Instituto y sus funciones misionales, las cuales vigorizan el funcionamiento de la Procuraduría General de la Nación y la fortalecen ante la sociedad.

innova presenta una corta reseña de algunos de estos eventos, pues es impo-sible, por espacio, mencionarlos a todos.

II Congreso Internacional de Derecho DisciplinarioUno de los eventos más grande e impor-tante que realizado el IEMP fue el II Con-greso Internacional de Derecho Discipli-nario, desarrollado durante los días 26 y 27 de julio, que contó con la presencia de más de 250 asistentes. Dicho escenario académico contó con las ponencias de expertos en el tema como el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado; Paula Andrea Ramírez, procuradora dele-gada para el Ministerio Público en lo Pe-nal, el procurador regional de Antioquia, David Alonso Roa; Diomedes Yate Chi-mone, autor de varios libros entre los que se destacan Las faltas disciplinarias en la contratación estatal, y Modificación del nuevo Estatuto Anticorrupción al Código Disciplinario Único; entre otros.

Asimismo, al Congreso asistieron conferencistas internacionales de la talla de Patricia Villasana Rangel, asesora jurí-dica del director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra-bajadores del Estado (issste) de México; Luiz Gustavo Simões Valença de Melo, fiscal del ministerio público del estado de Pernambuco, Brasil; y Miguel Ángel Reyes

Poblete, profesor de derecho procesal de las universidades Santo Tomás, San Se-bastián y arcis en sus sedes de Concep-ción, Chile.

El texto completo de las ponencias fueron incluidas en la publicación del IEMP Reflexiones académicas en derecho discipli-nario y contratación estatal, volumen III.

Simposio de valorizaciónEn conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional y el apoyo del Lincoln Institute of Land Policy, el IEMP desarrolló el Simposio Técnicas y Modelos de Contribución de Valoriza-ción. Experiencia nacional e internacional. Este evento, se desarrolló en el auditorio de la Hemeroteca Nacional durante los días 17 y 18 de abril, y contó con las pre-sentaciones de expertos, internacionales y colombianos, en el cobro de valorización. Más de 180 asistentes aprovecharon este espacio para reflexionar sobre el tema, que se ha utilizado como instrumento para el desarrollo de varias ciudades y mu-nicipios del país desde 1921.

Estudio de prospectiva de la pgnEl martes 10 de julio, la pgn presentó el proyecto «Prospectiva de la Procuradu-ría General de la Nación a 2030», lidera-do por la entidad a través del IEMP con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia. El ejercicio marcó las pautas que permitieron al ministerio público el desarrollo del programa en el que se eva-luaron las capacidades de anticipación y adaptación para dar respuesta a las demandas ciudadanas en 2030, año en el que la entidad cumplirá 200 años de existencia al servicio de la sociedad.

En los resultados del estudio la pgn busca identificar los futuros posibles, pro-bables y deseables de la entidad, el país y la región, proyectando el fortalecimiento en el cumplimiento de sus funciones mi-sionales frente a una sociedad en evolu-ción, para así anticiparse al cambio que traerá el futuro.

Seminario de función preventivaEn el Centro de Convenciones Gonzalo Ji-ménez de Quesada se realizó el Seminario la Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación y las Buenas Prácti-

En el 2012, el IEMP presente en toda Colombia

El IEMP y la Universidad Externado de Colombia presentaron, en el mes de julio, el proyecto Prospectiva de la pgn para el año 2030. En la foto Francisco Gustavo Restrepo (izq.) y Francisco José Mojica (der.), investigador y director, respectivamente, del Centro de Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externado de Colombia; en el centro el director del IEMP, Christian José Mora Padilla.

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cas en la Contratación Estatal. Con el apoyo del IEMP la Pro-curaduría Delegada para la Vigi-lancia Preventiva de la Función Pública convocó, el pasado 26 de octubre, a alcaldes y gober-nadores de todo el territorio nacional.

Los objetivos del seminario fueron «promocionar y posi-cionar la función preventiva que en materia de contratación ejerce la pgn; generar una cul-tura de mejoramiento de las prácticas contractuales, funda-mentada en la prevención; y divulgar y promocionar el cum-plimiento de las normas que rigen la contratación estatal.

II Concurso Intercolegiado Civicón El lunes 22 de octubre, el IEMP convocó a las comunidades educativas a participar en un concurso intercolegiado con el fin de tender un puente entre la pgn y los estudiantes colom-bianos, y ganar mayor conoci-miento sobre la entidad y sus funciones. Los estudiantes que asistieron pusieron a prueba sus conocimientos sobre el minis-terio público y las tareas que realiza para proteger los dere-chos de los colombianos, a tra-vés del juego didáctico Civicón.

El evento contó con la pre-sencia de Adriana María Lopera Hernández, jefe del Grupo Siri, quien se encargó de dar una charla sobre los contenidos y el procedimiento relacionado con los antecedentes disciplinarios.

La actividad demuestra el compromiso que tiene el IEMP con la capacitación no solo de los funcionarios públicos, sino de toda la sociedad colom-biana, incluyendo estudiantes menores de edad.

Diplomado en familiaEl viernes 13 de julio, en la sala múltiple del IEMP, se dio inicio

al Diplomado en Matrimonio, Familia y Sociedad Actual, que se desarrolló junto con la Uni-versidad de la Sabana. En la instalación del evento el procu-rador general de la nación, Ale-jandro Ordóñez Maldonado, resaltó la importancia de la fa-milia como núcleo de la socie-dad, su deber como formadora de niños, jóvenes y adultos que servirán al país y el papel de esta en la crisis moderna.

El objetivo del proyecto fue apoyar la labor que des-empeña el departamento de Bienestar Social Integral de la pgn, que potenció y enrique-ció agentes de cambio social, comprometidos con el desa-rrollo integral de la familia, así como la incorporación de he-rramientas y estrategias en la construcción positiva del pro-pio proyecto familiar.

Diplomado para la Red de InvestigadoresTras el proceso de conforma-ción de la Red de Investigado-res internos, y la postulación y selección de los funcionarios del ministerio público que ha-cen parte de tan selecto gru-po, se dio inicio al diplomado en investigación denominado Formulación de Proyectos que tuvo una duración de 100 horas

de las cuales 80 fueron presen-ciales y las restantes virtuales.

El programa de formación lo realizó el IEMP, en conjunto con la Asociación Colombia-na para el Avance de la Ciencia (ACAC). Asistieron funcionarios de la pgn y la Defensoría del Pueblo, consolidando así la Red de Investigadores, y logrando fortalecer la gestión del IEMP y la comunicación con las depen-dencias a las que pertenecen los funcionarios seleccionados.

Diplomado de ConciliaciónEn convenio con la Universidad la Gran Colombia, de la ciudad de Armenia, el IEMP desarrolló desde el primero de junio y has-ta el 25 de agosto el diplomado que buscó apoyar la difusión de este mecanismo alternativo de resolución de conflictos y, con la firma de convenios con diferentes universidades a nivel nacional, facilitar el acceso tan-to de los servidores públicos como de los particulares a este instrumento.

Jornadas de reflexión

Pensiones: el Costo de las DemandasLa Procuraduría Delegada para el Trabajo y la Seguridad Social y IEMP, con el valioso apoyo

El lanzamiento de la publicación editada por el IEMP Las reformas del Estado y de la Administración pública, de autoría del exministro de Trabajo y expresidente del Consejo de Estado, Diego Younes Moreno, se realizó en la jornada de reflexión organizada por el Instituto. En la foto, de izq. a der., Diego Younes Moreno; la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda Curvelo; y el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.

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del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional de Colombia, realizaron el jueves 16 de febrero la jornada de re-flexión Pensiones: el Costo de las Demandas. El evento contó con la presencia del procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado; el vicepresiden-te de la república, Angelino Garzón; representantes de los ministerios de Trabajo, Salud y Protección Social; así como miembros del Consejo de Esta-do y expertos en el tema, que disertaron sobre el sistema pen-sional en Colombia. También fue presentado el libro que lleva el mismo nombre de la jornada, cuyo autor es el profesor Ricar-do Bonilla, actual secretario de Hacienda de Bogotá, a través del Centro de Investigaciones de la Universidad Nacional.

La jornada de reflexión promovió el estudio de una problemática tan importante para el Gobierno nacional, que se debe encargar de ofrecer garantías a los colombianos que tramitan sus pensiones, y exploró la búsqueda e imple-mentación de soluciones que signifiquen ampliación de co-bertura, respeto a los derechos adquiridos, reducciones en la judicialización y celeridad y efi-cacia en el trámite pensional.

Las Reformas del EstadoLlevada a cabo el lunes 9 de ju-lio en el auditorio Antonio Na-riño de la sede principal de la pgn, bajo el nombre de Segun-da Jornada de Reflexión: las Re-formas del Estado. Durante el evento se realizó el lanzamien-to del libro Las reformas del Estado y de la Administración pública, escrito por el exminis-tro de Trabajo, expresidente del Consejo de Estado y consultor de la Agencia Alemana de Co-operación Técnica (GIZ), Die-go Younes Moreno.

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TeleconferenciasComo se ha venido desarro-llando en los últimos años, el IEMP, en convenio con Radio Televisión Nacional de Co-lombia (Rtvc), realizó tres te-leconferencias en lo que va del 2012, y se espera una más para el mes de diciembre en la que se analice el cuatrienio de Ale-jandro Ordóñez Maldonado al frente de la pgn.

La primera de ellas, emi-tida por el canal Institucional el 5 de marzo, fue el Informe de gestión IEMP 2011, en el que el director del Instituto, Christian José Mora Padilla, acompañado de los jefes de las divisiones Administrativa y Financiera, Carmenza Carreño; Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos, Luis Enrique Martínez; y de Ca-pacitación, Carlos Humberto García, presentaron al país los resultados de esta unidad aca-démica en el año pasado.

El 7 de mayo se llevó a cabo la teleconferencia sobre el Nuevo Ciudadano Colom-biano, en la que el procurador general, acompañado por el director de la Fundación Ciu-dadelas Educativas de Colom-bia, Ricardo Zornosa, exterio-rizó algunos conceptos que recoge la investigación que lleva el mismo nombre, finan-

ciada por el IEMP, en la que se describen principios esenciales universales que permiten com-batir los flagelos que actual-mente afronta el país como la corrupción, la deshonestidad y la violencia.

Finalmente, se desarrolló la teleconferencia de Rendición de cuentas de la Procuraduría General de la Nación 2011 el 28 de junio, evento en el que, du-rante un espacio de tres horas, Alejandro Ordóñez, acompa-ñado por la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda Cur-velo, los procuradores dele-gados y el director del IEMP, resumió las actividades más importantes de la entidad du-rante el 2011.

Capacitación en derechos humanos para las personeríasUno de los eventos formativos más importantes realizados por el IEMP a lo largo de todo el 2012, fue la capacitación Las Personerías y su Responsabi-lidad Social, enfocada en el tema de derechos humanos. Este evento transitó por las ciudades de Pereira, Valle-dupar, Santafé de Antioquia, Villavicencio, Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, Cali, Cartage-na, Girardot, Paipa, Montería y Pasto, y en cada una de ellas se reunieron personeros muni-

cipales, procuradores provin-ciales y regionales, así como Carlos Humberto García, jefe de la División de Capacitación, y Luis Alberto Ujueta, gerente del programa del IEMP.

Justicia disciplinariaTambién se realizó el Programa Nacional de Justicia Disciplina-ria, que incluyó temas de pro-cedimientos ordinario y verbal disciplinarios, pruebas en ma-teria disciplinaria, notificacio-nes, comunicaciones, nulida-des, recursos, revocatorias en donde se analiza la normativa del Código Disciplinario y las reformas introducidas con la Ley 1474 de 2012, así como las doctrinas y jurisprudencia de las altas cortes.

Además, se realizaron va-rios eventos dirigidos a peque-ños y medianos grupos de fun-cionarios públicos de diferentes entidades tales como Ecopetrol, Sena, Fiduagraria, oficinas jurídi-cas y de control interno y, por supuesto, de la Procuraduría General de la Nación. Se pue-den destacar capacitaciones sobre el Nuevo Estatuto Anti-corrupción, el Régimen Disci-plinario, contratación y política pública.

Participación del IEMP en eventos

Primer Encuentro Internacional de Cooperativismo en CartagenaDurante los días 24 y 25 de julio, en la capital del depar-tamento de Bolívar, se llevó a cabo el encuentro Políticas Pú-blicas, Desarrollo Local y Coo-perativismo, evento en el que el IEMP recibió una condeco-ración por su aporte al sector cooperativo. La apertura del evento estuvo a cargo del di-rector nacional de Organiza-ciones Solidarias, entidad que tiene la misión de promover,

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La teleconferencia Informe de gestión IEMP 2011, hace parte del ejercicio de rendición de cuentas que toda entidad pública debe entregar a la ciudadanía sobre la gestión encomendada. En la foto, de izq. a der., los jefes de las divisiones de Capacitación, Carlos Humberto García Orrego, de Investigaciones Sociopolíticas y Asuntos Socioeconómicos, Luis Enrique Martínez Ballén, de Administrativa y Financiera, Carmenza Carreño Gómez, el director del IEMP, Christian José Mora Padilla, y el presentador Julio Roberto Reyes, de la Oficina de Prensa de la pgn.

fomentar y fortalecer el sec-tor solidario en Colombia, Luis Eduardo Otero Coronado, y contó con la participación masiva de diferentes sectores, especialmente del cooperativo nacional e internacional, en los que se dejó la huella del IEMP y su labor en este apartado.

Feria Internacional del LibroEl 18 de abril inició la edición 25 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones (Corferias), even-to que se extendió hasta el 1 de mayo en donde el IEMP hizo presencia. La unidad académica contó con un stand en el que los visitantes pudieron adquirir las publicaciones del Instituto con especial descuento, oferta conmemorativa por los 25 años de historia de la feria.

De igual manera, se debe destacar la presencia participa-tiva del IEMP en otros eventos tales como el Congreso Inter-nacional de Conciliación con la Cámara de Comercio de Bogotá, en la Feria del Libro en Bucaramanga (unab), en Expoestatal Bogotá, en el En-cuentro Nacional de Conceja-les, el Congreso Nacional de la Federación Nacional de Muni-cipios y en el Segundo Encuen-tro Nacional de Personeros.

Tal cantidad de eventos llenan de satisfacción al IEMP por la labor realizada en el año que estamos despidiendo, a la vez que lo motiva para que el próximo 2013 siga creciendo y se vuelva cada vez más impor-tante en el ámbito académico nacional, puesto que el Institu-to, en su mejoramiento con-tinuo, no puede permanecer estático y estancarse en medio de una sociedad de la infor-mación como la actual, que se encuentra en la búsqueda de conocimiento.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

teria de contratación pública, realizan todas las entidades públicas y se puede apreciar el valor que se genera a través del manejo racional de un vo-lumen de compras que equi-vale al 15% del Producto Inter-no Bruto (pib) del país.

Importantes objetivos se persiguen con el nuevo siste-ma y sus herramientas tecno-lógicas, tales como vincular la contratación pública con

Experiencias internacionales en el Segundo Congreso Internacional de Contratación Estatal

José Luis González Tamayo, ecuatoriano, quien obtuvo el premio «Joseph Francois Robert Marcello 2010» al liderazgo en compras públicas otorgado por la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, apoyada por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (bid), la Organización de Estados Americanos, International DevelopmentResearch Center, la Universidad Nacional San Martín y Canadian International Development Agency.

blica (Incop), como rector del sistema nacional de contrata-ciones, contribuyó a implantar rápida y eficazmente un por-tal electrónico y transaccional, con nuevos procedimientos innovadores, entre ellos la su-basta inversa electrónica y las compras por catálogo, luego de la selección de proveedores por convenios marco.

Hoy se conoce a ciencia cierta cada acción que, en ma-

los sistemas de planeación y gasto público, modernizar los procedimientos, aportar con eficiencia e incentivar la participación de proveedores confiables y competitivos en el mercado público.

Con el fin de enfocar en un caso práctico los alcances y beneficios que los nuevos procedimientos electrónicos aportan al Estado y a la socie-dad en su conjunto se anali-zará, en el Segundo Congreso Internacional de Contratación Estatal, el proceso de adquisi-ción corporativa de medica-mentos para el sector salud mediante el cual, a través de mecanismos de agregación de demanda, y usando la su-basta inversa electrónica en la primera etapa, y el acuerdo marco para la segunda etapa de operación de las compras, se obtuvieron ahorros de más del 44% respecto de los presu-puestos referenciales y precios históricos de adquisiciones. No está por demás resaltar que este proceso fue galardo-nado –entre más de cincuen-ta casos de países de todos los continentes–por el Centro de Desarrollo de Capacidades de las Naciones Unidas y el Banco Mundial con el primer premio al desafío en innova-ción en materia de compras públicas.

Los días 3 y 4 de diciembre de 2012 en Bogotá se realizará el segundo evento académico internacional sobre contratación estatal, organizado por el IEMP, que incluirá experiencias de otras latitudes. José Luis González Tamayo, ecuatoriano, compartirá con el auditorio la experiencia de su país en la implantación del Sistema Nacional de Contratación Pública y el innovador caso de adquisición de medicamentos. A continuación innovapresenta un resumen elaborado por el autor para nuestro boletín.

josé luis gonzález tamayo1

consultor internacional

Antes de agosto de 2008, la contratación estatal en el Ecua-dor se caracterizó por su falta de planeación, ejecución dispersa, multiplicidad de normativas y procedimientos, controles ine-ficientes y ausencia de políticas que aprovecharan de manera inteligente la gran cantidad de recursos que se reinvierten en la economía año a año.

Los ejes fundamentales del cambio fueron tres pila-res esenciales: transparencia, eficiencia y preocupación por incentivar la producción na-cional y las Mipymes.2

La creación del Instituto Nacional de Contratación Pú-

1 Doctor en jurisprudencia y abogado, especialista en legislación para la empresa, doc-torado en derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, candidato a doctor de la Univer-sidad de Valencia y major in managementskills de StetsonUniversity, Fl.

2 Actividades productivasdelas micro, pequeña y mediana empresa.

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Notas introductorias al Congreso Internacional de Investigación sobre Gestión Pública realizado en Cali entre el 19 y el 21 de noviembre de 2012 por la pgn, a través del IEMP, en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública (esap) y el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias).

fernando rojas1

La conferencia tuvo por objeto identificar agendas de reforma de la Administración pública relevantes para Colombia en este momento del desarrollo de la capacidad de gestión del Estado, y de la adecuación de esa capacidad a las demandas del contexto global y de los desafíos internos (sociales, po-líticos, económicos) del país.

Para ello, la conferencia desarrolla una secuencia que va desde las políticas que res-ponden a los desafíos y las oportunidades de la Adminis-tración pública en países de al-tos y medianos ingresos, pasa por las estrategias y la imple-mentación que hacen realidad dichas políticas, se detiene en los estímulos y en las institu-ciones que fomentan la inno-vación en la Administración pública y remata con expe-riencias exitosas y propuestas de reforma. Son cuatro áreas íntimamente conectadas, de manera que contribuyen para lograr los objetivos del congre-

1 Abogado, maestrías en derecho de la Universidad de Harvard y en Administración pública de la Escuela de Gobierno Kennedy, Harvard.

so; en este caso la suma de las áreas es mayor que cada una de ellas individualmente con-siderada.

Adicionalmente, la confe-rencia reconoce que las fortale-zas y las debilidades del Estado contemporáneo no se definen solamente con respecto a sí mismo; también se posicionan frente al cambio en un mundo cada vez más globalizado. Las reformas que puedan aplicarse hoy en la China, Europa o Nue-va Zelandia repercuten en las inversiones, la competitividad, la demografía, el talento hu-mano y el patrimonio de infra-estructura de América Latina y de Colombia en particular. De allí que hoy resulte ineludible mantener el ojo avizor en los cambios que ocurren en las administraciones públicas de países referentes por su creci-miento o por su gravitación en la geopolítica, la migración o el comercio del planeta.

Por ello, esta conferencia ha invitado a especialistas con visión global de lo que ocurre en la región latinoamericana y en el mundo de referencia. Ellos y ellas han sido protagonistas de reformas importantes que han inspirado cambios y renova-ción de estrategias de reforma en esos mismos países y pue-den dar testimonio personal de las nuevas agendas de reforma de la Administración pública, los determinantes comunes a ellas, las necesidades y particu-laridades de algunos países y la manera como se transmiten las innovaciones administrativas de un país a otro.

La primera área de la con-ferencia presenta las «Tenden-

cias mundiales de la Adminis-tración pública y los desafíos y oportunidades que tales tendencias presentan para Co-lombia». Un especialista con visión mundial presenta dichas tendencias mientras un espe-cialista nacional refleja cuáles de ellas se han materializado en Colombia, cuáles están en la agenda y cuáles definitiva-mente no caben en el país en esta etapa de nuestro desarro-llo. También cuáles desarrollos administrativos novedosos han obedecido a las parti-cularidades de Colombia (la reparación de víctimas, la in-tensidad de la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo) que no están presentes en otros países.

Dada la penetración de la Gestión Basada en Resultados (gbr), en toda América Lati-na y en el mundo entero, era de esperar que nuestros con-ferencistas se ocuparan de la evolución de esta imparable corriente en los países que han recorrido un kilometraje más largo que el colombiano en esta materia. No se trata de una innovación estática; al igual que los cambios conti-nuos en la telefonía, por ejem-plo, la GBR se ha movido en dinámica espiral, desde su for-mulación inicial a comienzos de los ochenta hasta la fecha. Se han identificado mejor los pre requisitos o condiciones necesarias de información y de utilización de la información; se han modificado una y otra vez las relaciones Principal-Agente para dar cabida a un mayor control y una mayor cohesión de las metas de Go-bierno; se han reformulado los

modelos de calidad y de exce-lencia para asegurar que las or-ganizaciones públicas cuenten con las capacidades adecuadas para hacer GBR; en fin, se ha afianzado la planeación estra-tégica participativa para garan-tizar que todo el personal de una organización ha ayudado a identificar metas institucio-nales, colectivas e individuales y la organización marcha con una mirada común de los ob-jetivos a lograr.

La segunda área se ocu-pa de la «Implementación de las políticas públicas». La se-lección de esta área para la conferencia se basó en una reiterada observación, parti-cularmente aplicable a Co-lombia y a América Latina. Ocurre que nuestro país y la región entera han establecido demostrada capacidad para formular metas de programas y proyectos, definir indicadores para esas metas, monitorear-las y evaluarlas. Pero no exis-ten desarrollos comparables de capacidad cuando se sube

Innovación para el buen gobierno y el servicio a la ciudadanía

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Fernando Rojas es consultor internacional en reforma del sector público. Se ha desempeñado como consultor - especialista líder en Gestión del Sector Público en el Banco Mundial, en numerosos organismos multilaterales y bilaterales incluidos el bid, el Banco Mundial, gtz, Usaid, Fescol y Novib. Fue director de investigaciones del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), ha sido profesor visitante en la Universidad de Harvard, catedrático y conferencista de la esap. Investigador, autor y coautor de libros y artículos. Participó como conferencista en el congreso de investigación sobre gestión pública.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

un peldaño en la escalera de la gestión del Estado y se exa-mina la calidad de las políticas públicas. De hecho, es mérito de Colombia haber desarro-llado, de manera casi pionera en la región latinoamericana, los documentos del Consejo Nacional de Política Econó-mica y Social (Conpes) como instrumentos técnico-políticos para formular políticas públi-cas de calidad. Pero aún falta mucho para que la planeación y la formulación de las grandes políticas públicas tenga, desde sus orígenes, el sello de facti-bilidad, la anticipación de los riesgos, la pre identificación de las entidades públicas respon-sables y la coordinación en-tre ellas, especialmente en las políticas multisectoriales. De manera que todavía es grande el riesgo de que ambiciosas o riesgosas políticas públicas se queden en las promesas de

campaña o en los gabinetes de Presidencia, Planeación o mi-nisterios sectoriales.

Pues bien ocurre que tam-bién el proceso de las políticas públicas ha sido blindado con-tra el riesgo de una gestión dé-bil o incierta. Es, una vez más, el impacto de las corrientes de gbr para asegurar que los gobiernos cumplen con sus promesas, que las políticas que aprueba el Congreso se traducen en hechos y que los hechos producen el resultado de los beneficios anunciados en el ciudadano y en la em-presa. Los tradicionales países que integran la Organización para la Cooperación y el De-sarrollo Económico (oecd) han desarrollado un arsenal de instrumentos para controlar la calidad y proteger la imple-mentación de las políticas pú-blicas y estimular la vigilancia informada de los ciudadanos

sobre su resultado e impacto. Países como Brasil, Chile, Chi-na, India o Turquía se están moviendo rápidamente en el mismo camino. La conferen-cia halló pertinente conocer algunas de esas experiencias y reflexionar cómo seguir con-solidando y profundizando instrumentos como los Con-pes, no sólo a nivel nacional sino territorial.

La tercera área programa-da para la conferencia fue la de «Ciencia, tecnología e innova-ción para la Administración pú-blica». Esta área reflexiona sobre los múltiples estímulos insta-lados en Colombia y en otros países para contagiar a la Admi-nistración pública del ritmo, la profundidad y la extensión de la innovación en la Administra-ción pública. Aunque la gestión estatal, como la privada, no ha sido tradicionalmente objetivo prioritario del apoyo público a

En las organizaciones públicas «se ha afianzado la planeación estratégica participativa para garantizar que todo el personal de una organización ha ayudado a identificar metas institucionales, colectivas e individuales y la organización marcha con una mirada común de los objetivos a lograr».

la creatividad científica o tecno-lógica, hoy se reconoce en los países de más altos ingresos, y en países como Brasil o Chile en nuestra región latinoamericana, la contribución esencial de los descubrimientos en materia de gestión novedosa, ya sea para ampliar la frontera de posibili-dades de producción, para ele-var la productividad, para redu-cir los costos de transacción o para incentivar la generación de ingresos de los pequeños y los microempresarios. De allí que los gobiernos estén hoy más dispuestos a incluir la Adminis-tración entre los sectores objeto del apoyo científico y tecnológi-co; también están más dispues-tos a someter sus propuestas de modernización al rasero de los costos y beneficios.

Mención especial mere-cen las aplicaciones de las tec-nologías informáticas al sector público. Vertiginosa ha sido la penetración de las nuevas tecnologías de información en el Estado, sea para identifi-car ciudadanos y familias que necesitan de los programas de protección social, para armar sistemas de gestión financie-ra integrada en tiempo real o para asegurar intercomunica-ción para estándares comunes de información y de servicios públicos en todo el territorio de un país. El llamado «go-bierno electrónico» se extien-de como pulpo a los servicios cotidianos de la Administra-ción. La informática agiliza la contratación pública y habilita la transparencia en las asocia-ciones público-privadas. Hoy en día la digitalización de los registros de salud de todas las personas está a la vuelta de la esquina, como también lo está el llamado «proceso digital» en la Administración pública. La atención pre escolar se ha hecho posible gracias al segui-

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El Congreso Internacional de Investi gación en Gesti ón Pública, para el buen gobierno y el servicio a la ciudadanía, contó con la parti cipación de representantes de centros de investi gación nacionales y extranjeros, comunidad académica, servidores públicos, expertos en gesti ón pública, ciencia, tecnología e innovación, y medios de comunicación.

miento individualizado de los infantes entre 0 y 2 años. Y así sucesivamente.

La cuarta gran área baja todo lo anterior al terreno de las experiencias concretas y de las agendas factibles de la modernización de la Administración pú-blica colombiana. Después de la reciente reforma administrativa del 2011, con sus énfasis en la misión y el valor agregado de la Administración pública, y de la sepa-ración y en el control de la relación Prin-cipal-Agente, queda todavía tan grande

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camino por recorrer para poner la Ad-ministración pública colombiana a tono con la de los tradicionales países OECD o la de Chile en nuestra región. Allí será necesario discutir cómo se llevan la mi-sión y la visión de mediano plazo a las reformas internas de los procesos, del personal, de los sistemas de información y de la atención al público en las entida-des del Estado.

Aparecerá necesariamente el tema de la transición de la organización cuyo

mandato ha sido superado por los he-chos a la organización de mandato fresco y duradero para la próxima década. En-tonces cobrarán importancia los temas de implementación del cambio, particu-larmente los de gestión participativa de la reforma y la comunicación interna y externa de la misma.

Especial atención merece la muy difícil, pero siempre vital y renovado-ra gestión de los alcaldes y los concejos municipales. La administración local está en contacto directo con el ciudadano; no puede escapar a sus demandas o sus expectativas; tampoco a su vigilancia. Por esto, muchas de las mayores innovacio-nes en la Administración pública con-temporánea se dan en los municipios de distintos tamaños. Desde adaptaciones tecnológicas para provisión novedosa del agua o protección creativa del medio ambiente hasta las mejores aplicaciones que ha visto el sector público del Balan-ced Scorecard. De allí que la programa-ción de la conferencia haya invitado al alcalde anfi trión a compartir sus desafíos de gestión, la manera ingeniosa como ha buscado atenderlos y los obstáculos o re-sistencias con que ha tropezado para esta modernización.

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deyanira duque ortiz1

colciencias

Desde el informe del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo  (bird) de 1993, el término «buen gobierno» entró a hacer parte de las recomendacio-nes de los organismos multilaterales, de cierta manera como respuesta al rechazo generado frente a las Políticas de Ajuste Estructural (pas por sus siglas en inglés) de los años 80.2 Aunque originalmente el término fue criticado porque parecía más una estrategia procedimental para legitimar las decisiones en materia de desarrollo económico (pas),3 por cuenta

1 Docente en disciplinas humanas y sociales. Candidata al doctorado en ciencias económicas; master en investigaciones comparativas sobre el desarrollo; políticas públicas; análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporá-neos. Actualmente se desempeña como asesora de Colciencias.

2 Duque, Ortiz, Deyanira. L institutionnalisation du développement : les contraintes du renouvellement. Écoles des Hautes études en Sciences sociales-EHESS. Paris, France, 2002, 127 p.

3 Gaudin, Jean-Pierre, Gouverner par contrat : l´action

de la globalización que hizo inevitable la entrada en escena de nuevos actores (empresarios, ong, multinacionales, en-tidades financieras, entre otros), el buen gobierno ya no es solo una exigencia para los países en vía de desarrollo o del sur.

La desregulación acaecida como co-rolario de las pas también afectó a los paí-ses desarrollados o del norte. Al alba del Tercer Milenio, la bancarrota de enron, así como los escándalos del 2008 en Wall Street, extendieron sus efectos hasta Eu-ropa con repercusiones que han incidido en la actual crisis económica y social. Ante este panorama, es indudable que el buen gobierno más que una recomendación, se impone como un imperativo ético para las sociedades contemporáneas.4

publique en question, Presses de Sciences Po, 1999, París. Stiglitz, La grande désillusion, Fayard, Paris, 2002. Nye.J, Nye.Jr, Donahue Jhon, Governance in a Globalizing World, 2002. Cohen, Elie, L´ordre économique mondialee : essai sur les autorités de régulation, Fayard, Paris, 2001.

4 Sapir Jacques, Les économistes contre la démocratie, Albin Michel, 2002, Paris.

En este contexto, y frente a la deci-dida voluntad del Estado colombiano de articular la investigación y la innovación con la estrategia de desarrollo económi-co y social, surge la necesidad de plantear una reflexión sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNC-TeI), desde el enfoque del buen gobierno.

En primer lugar, por el aporte que hace el bueno gobierno tanto para la in-teracción cooperativa entre los diferen-tes actores del SNCTeI, como de cara a la generación, difusión y transferencia de conocimiento, tecnología e innovación para apoyar la toma de decisiones públi-cas y privadas. Ofrecer un entorno favo-rable, sobre el comportamientos de los diferentes actores del sncteI con quienes se pretende interactuar, no solo es base para la confianza sino que constituye una estrategia para disminuir la incertidum-bre y, por ende, favorecer bajos costos de transacción. La generación de confianza es básica en el plano de la innovación por-que esta significa de una u otra manera cambio y mutación y, en definitiva, incer-tidumbre por la novedad que supone. Sin buen gobierno, la ciencia, la tecnología y la innovación (cteI) puede devenir erráti-ca, esporádica y/o azarosa, perdiendo así su aporte estratégico para el crecimiento económico y el desarrollo social.

En segundo lugar, porque con miras a consolidar un contexto favorable, promo-tor y estimulador para el logro de los ob-jetivos de la política de ciencia, tecnología e innovación, el bueno gobierno no solo aborda la manera como el marco institu-cional condiciona la actuación de los ac-tores y los orienta e induce hacia la acción o la inhibición sino que, además, permite visualizar el rol de los diferentes actores en la configuración de hábitos, rutinas, prácti-cas establecidas, reglas y leyes que regulan la interacción entre individuos y grupos. La reducción de la incertidumbre y la genera-ción de confianza requieren la emergencia de redes de cooperación y la creación de «comunidades» de intereses entre dife-rentes actores para enfrentar los limitan-tes de información, los costos que derivan de su acceso, así como la previsión frente a los cambios que plantea la innovación. Quiénes accederán a los nuevos escena-rios y quiénes y por qué verían limitado su

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Ciencia, tecnología e innovación para el buen gobierno

«(…) los gobiernos del mundo están siendo desbordados por temas cuyo abordaje y solución sobrepasan los criterios puramente técnicos y de carácter financiero, así como los clásicos problemas de la democracia. Por ejemplo, el calentamiento global, la contaminación ambiental, la alta prevalencia de enfermedades crónicas, la atención y prevención de desastres, entre muchos otros».

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acceso o podrían quedar al margen, son interrogantes que debe abordar el buen gobierno del SNCTeI para, así mismo, dina-mizar su institucionalidad de manera que logre articular los impulsos e intereses de actores individuales con el interés colecti-vo que ella representa.

En tercer lugar, los gobiernos del mundo están siendo desbordados por temas cuyo abordaje y solución sobre-pasan los criterios puramente técnicos y de carácter fi nanciero, así como los clá-sicos problemas de la democracia. Por ejemplo, el calentamiento global, la con-taminación ambiental, la alta prevalencia de enfermedades crónicas, la atención y prevención de desastres, entre muchos otros, son problemas cuya complejidad demandan la intervención de múltiples actores, saberes y tecnologías, en todos los niveles de decisión y de acción, en suma, la implementación de prácticas de buen gobierno. Prácticas que son tan variables y particulares como las culturas del mundo y, al tiempo, tan transversales como los mismos problemas a afrontar. Es pues innegable que el buen gobierno requiere ciencia, tecnología e innovación.

Por último, reconocer en la cteI su aporte al buen gobierno equivale, entre otros aspectos, a validar el hecho que: i) genera evidencia para la toma de decisio-nes, ii) favorece la efi cacia y la efi ciencia de la gestión pública (y privada) median-te el acceso a tecnologías más amables con el ciudadano y la misma administra-ción del Estado, iii) permite concebir for-mas de organización del servicio público más acordes con las condiciones del país y sus regiones, así como el que iv) ofrece señales más claras al mercado fi nanciero de manera que se incentive la inversión privada en cteI.

Ahora bien, ¿cómo plantear en Co-lombia la articulación entre buen gobier-no y cteI? Aquí sólo propondremos algu-nos posibles puntos de partida:

En primer lugar, esta la inversión en cteI. Desde sus orígenes la inversión pública (y privada) del país en ciencia y tecnología se ha mantenido por debajo del 0,5% del PIB. Sin duda, el aporte del 10% de las regalías al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado me-diante la reforma al Sistema General de

Regalías, constituye un esfuerzo de la mayor importancia para el país y, según la proyección de cifras al 2014, es posible que lleguemos al 1% del pib. No obstante, el reto es garantizar que, efectivamente, los proyectos que se fi nancien a través de este fondo son realmente de cien-cia, tecnología e innovación. Garantía que está en manos del Órgano Colegia-do de Administración y Decisión (ocad). Pues aunque la secretaría técnica de Col-ciencias es la encargada de verifi car los requisitos de tales proyectos, los criterios que conforman estos requisitos, pese a su propósito de contribuir a la disminu-ción de la inequidad regional, no corres-ponden a criterios de calidad científi ca. Adicionalmente, estos recursos no solu-cionan un problema central del sncteI, y es la escasez de recursos con que cuenta Colciencias y, en general el sncteI, para implementar las demás estrategias que conforman la política de cteI.

En segundo lugar, esta la institucio-nalidad del sncteI. Si bien en las últimas dos décadas este se encaminó hacia la construcción de una sociedad del cono-cimiento de cara al reto de la globaliza-ción y del desarrollo sostenible desde un esfuerzo prospectivo (Visión Colombia 2019, Ciencia, Tecnología e Innovación

como pilar de la Política Nacional de Competitividad-2007, Política Nacional de Fomento a la Investigación y la Inno-vación: Colombia Construye y Siembra Futuro - 2008), ahora, con la Ley 1286 y el actual Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 «Prosperidad para todos», la construcción de una sociedad del cono-cimiento plantea el reto de articular de manera sistémica todos los esfuerzos en cteI con la estrategia de buen gobierno para el desarrollo económico y social del país. La implementación de esta apues-ta estratégica plantea, sin embargo, res-tricciones y necesidades. Por ejemplo, i) cómo armonizar las diversas prácticas de la investigación y de la innovación (interdisciplinariedad, innovación social, diálogo de saberes (…) sin perder rigu-rosidad y avanzar en el conocimiento, ii) cómo «fl exibilizar» y ensamblar re-glas formales y la emergencia de reglas informales (grupos de investigación de comunidades tradicionales, investiga-ción-acción, ética de la investigación de áreas sociales y humanas (…), así como los diversos instrumentos y fuentes de fi nanciamiento (fis-2001, Ley 812 de 2003, Fondo de cteI de Regalías, recur-sos privados, responsabilidad social em-presarial), entre otros.

«(…)el aporte del 10% de las regalías al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, creado mediante la reforma al Sistema General de Regalías, consti tuye un esfuerzo de la mayor importancia para el país y, según la proyección de cifras al 2014, es posible que lleguemos al 1% del PIB». En el Congreso Internacional de Investi gación en Gesti ón Pública, para el buen gobierno y el servicio a la ciudadanía, se abrió un espacio para el eje temáti co de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Administración Pública.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

miguel álvarez-correa g.1

investigador y coordinador del ospa - osrpa / división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

Todo proceso de investigación debería tener como premisa y propósito desa-rrollar productos de directa y práctica utilidad para las instituciones y las comu-nidades que servimos. De hecho, creería que conforma una obligación moral y un deber profesional devolver algo de lo aprendido a nuestros semejantes, convir-tiéndose en el primer requerimiento del ABC de todo investigador. De ahí que es-conderse detrás de los formalismos invir-tiendo tiempo, energía y dinero en frutos de pocos impactos, podría considerarse desde la perspectiva del ejercicio institu-cional como la expresión de un tipo par-ticular de corrupción.

Así mismo, la búsqueda del creci-miento de nuestras comunidades por medio de la labor investigativa debería involucrar de forma sistemática la parti-cipación de estas en las etapas iniciales de los procesos, y la devolución de los resultados obtenidos en su fase final, ac-tividad que a menudo no se presenta. Por

1 Antropólogo con estudios en derecho. Minor´s en eco-nomía y derecho. Especialista en derecho de menores. Maestría en psicología.

ello, los temas a desarrollar deben partir de necesidades sentidas insatisfechas, de conflictos o de dificultades notorias, que afectan de alguna manera las comunida-des y las instituciones.

Finalmente, para terminar de conju-gar algunos de los más importantes as-pectos relacionados con la investigación y el quehacer de los investigadores, no podemos dejar de mencionar y de exigir idoneidad técnica y compromiso en el profesional que se dedica a este oficio; no se trata de hacer por hacer, sino construir para crecer.

Desde esta perspectiva y con estos antecedentes, los observatorios del Siste-ma Penal Acusatorio (ospa) y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adoles-centes (osrpa) vienen desarrollando en el 2012 diversas labores que tienen implícita-mente directa conexión con tres de los as-pectos que mencionamos anteriormente, a saber: las funciones de la Procuraduría General de la Nación, la misión del Institu-to de Estudios del Ministerio Público y los objetivos del ospa y osrpa.

Los proyectos que se han venido desa-rrollando, y los productos que se han entre-gado, están pensados desde una aproxima-ción interdisciplinaria, tanto en el marco de la justicia penal para adolescentes, como en la jurisdicción penal ordinaria. No se trata tan solo de apuntarle a los aspectos

relacionados con las dinámicas judiciales, sino también a todos los demás aspectos poblacionales, territoriales, psicológicos, sociales e institucionales conexos con ellos.

El 6 de julio del 2007, las cabezas de las distintas entidades judiciales firmaron el acta de compromiso por medio del cual se crea el Observatorio del Sistema Penal Acusatorio con la responsabilidad de brin-dar elementos investigativos que permi-tan luchar «en contra de la impunidad», el cual quedó bajo la responsabilidad del IEMP por acuerdo previo entre la Procu-raduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia y de Derecho, el Consejo Superior de la Judica-tura y la Fiscalía General de la Nación.

La creación del observatorio se realizó con la finalidad de honrar y cumplir con una solicitud expresa de las agencias inter-nacionales en términos generales, y de la Comunidad Europea en particular, hecha al Estado colombiano, en contrapartida por los elevados recursos invertidos por estas en el sistema penal colombiano.

En efecto, el Gobierno de Colom-bia, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, suscribió con la Comunidad Europea el convenio de financiación ala/2004/016/-831, el día 12 de diciem-bre de 2004, cuyo objetivo se concretó en el proyecto Fortalecimiento del Sector Justicia para la Resolución de la Impuni-dad en Colombia. El convenio delegó la ejecución del proyecto en el Ministerio del Interior y de Justicia como órgano res-ponsable del mismo, definiendo como entidades beneficiarias al Consejo Supe-

Paso a paso, la labor del OSPA en el IEMP

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rior de la Judicatura, a la pgn, a la Defensoría del Pueblo, a la Vicepresidencia de la Repúbli-ca, a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio del Inte-rior y de Justicia.

De esta manera, la «crea-ción de un Centro de Ob-servación del Sistema Penal Acusatorio» fue prevista, en-tre otras, como una de las ac-tividades del resultado 2 del convenio («El sistema judicial cuenta con modernas herra-mientas que facilitan su admi-nistración y el conocimiento para la toma de decisiones»), «atribuyéndosele a la Procu-raduría General de la Nación la responsabilidad de la ejecu-ción de la misma».

Su dinámica debe tender hacia la definición de las for-talezas y de las debilidades del Sistema Penal Acusatorio, así como a la identificación, análisis y evaluación de sus puntos crí-ticos. En virtud de ello, por ser el IEMP el ente académico de la pgn, se le encargó la función de desarrollar dicho centro, el cual desde un punto de vista opera-tivo inició labores a mediados del segundo semestre del 2008 con recursos del IEMP.

A la fecha, los productos del ospa han sido de buen reci-bo y reconocimiento por parte de la comunidad institucional, y conllevó a la ampliación de su área de estudio al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, de ahí su actual apelación ospa y osrpa.

Como producto de sus logros, la United States Agency for International Development (usaid) propuso aportar recur-sos al ospa para sus proyectos. Dicho ofrecimiento fue objeto de múltiples encuentros y con-versaciones realizadas en las de-pendencias del IEMP, de MSD y de la embajada norteamerica-na, buscando su mejor uso de

acuerdo con las metas a lograr. El presente texto representa el producto final de esta alianza, con la pretensión de brindar al sistema ejemplos de buenas y de malas prácticas.

De esta manera, el ospa y el osrpa han realizado en el trans-curso del año 2012 los siguien-tes productos investigativos, algunos de ellos en el marco de las líneas de investigación que se vienen desarrollando desde tiempo atrás; a saber:

• Dígame: ¿por qué? - Agre-sores sexuales, motivaciones y actuaciones judiciales.

• Drugs and sea - Política pública, geografía del consumo y expendio de sustancias psico-activas de los jóvenes escolares en la isla de San Andrés.

• El daño oculto - Bienestar, salud mental y política pública en trabajadores del sector justi-cia; estudios de casos: la conci-liación en equidad, el conflicto armado y los delitos sexuales.

• Las marcas del túnel - Las audiencias preliminares en el Sistema Penal Acusatorio co-lombiano: construyendo re-comendaciones con base en evidencia empírica.

• La última copa - El homi-cidio por accidente de tránsito por conductor bajo efecto de alcohol y de sustancias psico-activas – Política pública, ac-tuaciones procesales y caracte-rísticas psicosociales – Análisis.

• Caminantes del asfalto - Tribus urbanas, culturas juve-niles y política pública.

Así mismo. Se encuentran en proceso de escritura y de sistematización los siguientes temas para su entrega en el transcurso del año en curso:

• El peso de la medida - Evaluación económica del Sis-tema de Responsabilidad Pe-nal para Adolescentes; análisis y recomendaciones.

• Siembras de tiempo – Reubicación rural de pobla-

ción forzosamente desplazada y campesina; 1997 - 2012.

De igual manera, se tienen previstos para marzo del 2013 los siguientes documentos:

• ¿Dónde están? – Jóve-nes amonestados después del cumplimiento de la sanción.2

• Agresores sexuales en contexto de guerra (título por definir).

• Víctimas de abuso sexual – Reparación y atención, ¿dón-de estamos? (título por definir).

• Minería en zona de pára-mo – Un enfoque integral des-de la perspectiva del desarrollo (título por definir).

• Policía judicial y Sistema Penal Acusatorio (título por definir).

• Tráfico de estupefacien-tes (título por definir).

• Cartografía y joven in-fractor (título por definir).

Finalmente, es de anotar que en el mismo contexto del observatorio fueron ca-pacitadas más de 2 000 per-sonas, entre funcionarios y miembros de la comunidad en términos generales, en el transcurso de la presente vi-gencia, por medio de foros, seminarios y otros eventos.

El observatorio es de to-dos y ofrece distintas formas de vinculación independien-temente de los investigadores dedicados de tiempo comple-to a su desarrollo, de tal ma-nera que bienvenidos a todos aquellos que sientan la nece-sidad y el deseo de aportar desde el umbral de sus cono-cimientos.

2 Tal como lo reza el artículo 182 de la Ley 1098/2006 (Ley de Infancia y de Adolescencia), le corresponde al IEMP ejecutar la sanción de amonestación la cual consta de un Curso de Derechos Humanos y de Convivencia Ciuda-dana; dicha obligación se incorporó en el ospa y osrpa y conforma de esta manera un espacio de investigación que permite cumplir con el mandato judicial y, de manera simultánea, generar recomendaciones de política pública.

Miguel Álvarrez-Correa G., coordinador del Observatorio de Sistema Penal Acusatorio y del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes del IEMP, ha publicado 30 libros sobre temáticas de infancia, justicia en equidad, Sistema Penal Acusatorio, Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, delitos sexuales, consumo de sustancias psicoactivas, tribus urbanas y conflicto armado, entre otros.

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luis alberto ujueta cárdenascoordinador académico iempgerente programa personeros

Es necesario sensibilizar al país, a sus dirigentes y a la ciudada-nía en general en la promoción de una cultura de los derechos humanos, de transparencia en la gestión publica y de lucha contra la impunidad, que tras-cienda las campañas publicita-rias o los discursos.

El IEMP, en el marco del plan estratégico «Innovación y Com-promiso», determinó como uno de sus objetivos primordiales la realización del Segundo En-cuentro Nacional del Ministerio Público, espacio propicio para difundir las políticas de la en-tidad. El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Plaza Mayor de la ciudad de Medellín, Antioquia, los días 8 y 9 de noviembre de 2012, en donde se desarrollaron temas como la orientación y la atención a las víctimas, desde el enfoque del ministerio público; y la modernización, organización y funcionamiento de los muni-cipios a partir de la expedición de la Ley 1551 de 2012.

En la instalación, a cargo del jefe del ministerio públi-co, estuvieron presentes en la mesa principal el defensor del pueblo; Jorge Armando Otálo-ra; el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo; el presidente de la Federación Nacional de Per-soneros (Fenalper), Andrés San-

tamaría; y Christian José Mora, director del IEMP.

El Instituto, a través del Programa Nacional de Capaci-tación en Derechos Humanos para personeros municipales y distritales, con el apoyo de ins-tancias como la Defensoría del Pueblo, Fenalper, Colombia Hu-manitaria, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Mede-llín; las personerías de Santiago de Cali, Medellín y Bogotá; la Policía Nacional, el centro de convenciones y la Unidad Na-cional para la Gestión del Ries-go de Desastres, presentaron ante centenares de asistentes, los nuevos desafíos de las per-sonerías ante la reciente modi-ficación de la normativa dirigi-da a las entidades territoriales, ponencia a cargo de Alfredo Manrique Reyes, consultor ex-perto en la materia.

Everardo Murillo Sánchez, gerente de Colombia Humani-taria, abordó temas relaciona-dos con la inversión de los re-cursos para mitigar los efectos de la ola invernal; Ángel Martín Peccis, de la Organización de Estados Iberoamericanos (oei), expuso el papel del organismo internacional en la gestión te-rritorial y el proceso contrac-tual; la procuradora delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Paula Andrea Ramírez Barbosa, habló sobre la Ley de Víctimas y Restitu-ción de Tierras; y el procurador regional de Antioquia, David Alonso Roa Salguero, presen-

tó al auditorio el régimen dis-ciplinario de los funcionarios públicos frente a las víctimas. Durante dos días estos y otros expertos trataron aspectos de interés para el desempeño de las funciones de los personeros.

El director del IEMP parti-cipó no solo como expositor en el encuentro sino también en la transmisión en directo realizada a través del canal Institucional, compartiendo escenario con el gerente de Colombia Humani-taria y el procurador delegado para la Descentralización y En-tidades Territoriales, Carlos Au-gusto Mesa Díaz.

La segunda edición del Estatuto del Personero  En el marco del Segundo En-cuentro Nacional del Minis-terio Público, «La personería municipal y su responsabilidad social», se presenta la  segun-da edición de un trabajo rea-lizado por Alfredo Manrique Reyes, para el Instituto de Es-tudios del Ministerio Público en el año 2010, el cual ha sido complementado y actualizado con el objeto de ser una guía práctica para la buena gestión de las personerías municipales.

Segundo Encuentro Nacional del Ministerio Público«La personería municipal y su responsabilidad social»

Como se sabe, en estos últimos años se han expedido una serie de normas que inciden de ma-nera directa en las funciones y competencias del personero municipal, tales como el Nue-vo Estatuto Municipal, la leyes de Regalías, de Justicia y Paz, de Seguridad Ciudadana, y la Orgánica de Ordenamiento Territorial; el nuevo código del proceso y el Estatuto Antico-rrupción,  y la ley de defensa del consumidor, entre otras.

  Las personerías muni-cipales en Colombia tienen una larga historia que surge en el mismo momento del descubrimiento por parte de los españoles, se instaura du-rante la conquista y se con-solida durante la época de la colonia y en la república. Son más de 500 años de historia de esta institución que ha estado siempre orientada, de acuerdo a las características de cada época, a asegurar el respeto de las reglas de juego de la demo-cracia, la vigencia del respeto de la dignidad humana y  la lucha contra la corrupción.

  Paradójicamente, a pesar de su importancia misional y de su presencia en la historia

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institucional del país, la personería muni-cipal es hoy una institución sin el recono-cimiento social y político necesario para una entidad que es pieza maestra de la democracia por las tareas que debe cum-plir en materia de defensa, protección y promoción de los derechos humanos, y como garante de la moralidad pública, no solo en el actuar de los servidores públicos sino de todos los ciudadanos y de sus or-ganizaciones. 

 Como podrá leerse en este libro, la personería cumple un sinnúmero de fun-ciones y atribuciones que el legislador le ha encargado, relacionadas con la guarda y protección de los intereses más ele-vados de la sociedad y del bien común, con la lucha contra la corrupción admi-nistrativa y los abusos de poder de las autoridades, ya sean cometidos por ac-ción o por omisión, con la construcción de confianza social entre la comunidad y sus autoridades locales, y viceversa, y con el cumplimiento que el Estado social de derecho le ha encargado a los municipios como célula del ordenamiento político institucional colombiano.

El lector encontrará en este libro el régimen de calidades, elección, inhabili-dades, incompatibilidades y prohibiciones del personero y los aspectos más rele-vantes del funcionamiento interno de las personerías municipales, así como las im-portantes tareas que le competen como agente del ministerio público, en particular en lo relacionado con la función discipli-naria y la facultad de interponer acciones y recursos judiciales para salvaguardar los derechos y los intereses de la sociedad.  

Capítulo especial de sus funciones es el relacionado con la salvaguarda de los derechos humanos, donde el perso-nero se levanta como el principal aliado de las comunidades locales y en parti-cular de los ciudadanos más vulnerables y desposeídos o golpeados por las injus-ticias y exclusiones, para que sus dere-chos no se atropellen,  para que su voz se escuche y sea tenida en cuenta en la definición del destino colectivo, aliado de las víctimas y de los desplazados por la violencia, para restituir sus derechos y combatir la impunidad, aliado de las autoridades para buscar el desarrollo humano y la prosperidad local.

 Finalmente, el lector encontrará dos capítulos relacionados con las funciones del personero como veedor ciudadano y otro dedicado a una serie de funciones que diversas leyes le han otorgado a esta autori-dad municipal, haciendo énfasis en el tema de atención a las víctimas de la violencia.

  Al terminar de analizar las páginas de  este libro, con seguridad el lector se hará muchas preguntas pero anticipamos tres: ¿Qué pasaría en Colombia si todo lo que se señala en este manual se cum-pliera? y ¿por qué tanta legislación para proteger víctimas?, ¿no es, acaso, función primordial de un estado democrático de derecho evitar que haya víctimas? Estos interrogantes nos están poniendo de pre-sente la grave crisis de nuestro pacto so-cial y la debilidad del Estado y de sus ins-tituciones para responder a las demandas ciudadanas y, sobretodo, para construir el bien común que la misma constitución prevé para todo el pueblo colombiano.  Nos advierten de un grave divorcio entre lo que las leyes señalan y lo que en reali-dad sucede en las comunidades.

 Las personerías también tienen sus propios desafíos. Tal como lo señalamos al finalizar el libro, esos desafíos no son necesariamente jurídicos, sino que están más relacionados con la actitud y el com-promiso ejemplarizante de los servidores públicos de este organismo de control y vigilancia para combatir la corrupción, la negligencia administrativa y las violacio-nes a los derechos humanos. También tienen que ver con la propia comunidad, 

que debe prestar mayor atención a quien va a desempeñar el cargo de personero y al seguimiento de su actuar durante el periodo correspondiente. Si el trabajo eficiente, eficaz y comprometido del per-sonero municipal se realiza con la partici-pación y respaldo de la comunidad, gana la democracia local.

  Hoy es urgente para Colombia re-construir las reglas de juego de su demo-cracia formal, para que esta realmente se fundamente en la vigencia de los de-rechos humanos y en el paradigma ético que los inspira; derrotar la corrupción y la rampante impunidad, para reconstruir la confianza pública como fuente de la solidaridad social; y emprender acciones contundentes para la superación de un gigantesco sistema de privilegios econó-micos, sociales y políticos consagrados para unos pocos,  en desmedro del bie-nestar de las grandes mayorías.

Alcanzar estos propósitos liberadores de la injusticia y la pobreza, deberían ser los objetivos de toda la sociedad en estos tiempos en que se inician los diálogos de paz con la insurgencia y que también se conmemora el bicentenario del grito de independencia del 20 de julio de 1810 y de la libertad ganada en la batalla de Boyacá en 1819. Es evidente que estos propósitos se pueden alcanzar si se cuenta con la coope-ración de todos los estamentos de la so-ciedad, y que serán el sustento de una paz duradera y de un proceso de reconcilia-ción que supere las violencias que hemos padecido en el último medio siglo.

«Si queremos fortalecer la institucionalidad territorial, los municipios, debemos empezar por fortalecer al órgano más añejo en la historia colombiana, la personería (…). Es una obligación que no podemos eludir y menos en las circunstancias actuales. A la Procuraduría le corresponde ejercer ese liderazgo». Palabras del jefe del ministerio público en Medellín en el marco del Segundo Encuentro Nacional del Ministerio Público. En la foto Christian Mora, director del IEMP; Everardo Murillo, gerente de Colombia Humanitaria; Sergio Fajardo, gobernador de Antioquia; el procurador Alajandro Ordóñez; Jorge Armando Otálora, defendor del pueblo; el presidente de la Federación Nacional del Personeros (Fenalper), Andrés Santamaría; y Rodrigo Ardila, personero de Medellín.

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procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública y división de capacitación iemp

El Centro de Convenciones Gonzalo Jimé-nez de Quesada, en la ciudad de Bogotá, recibió a más de 500 alcaldes, gobernado-res y servidores del país, que acogieron la invitación del procurador general, Alejan-dro Ordóñez Maldonado, para participar en una jornada de promoción y difusión de buenas prácticas en la gestión, en mate-ria de contratación estatal, que permitan alcanzar mejores resultados, prevenir da-ños antijurídicos y la inadecuada inversión de los recursos públicos.

La Procuraduría Delegada para la Vi-gilancia Preventiva de la Función Pública, en su condición de instancia coordina-dora de la función preventiva integral en materia de contratación, «ha evidencia-do que los operadores de la gestión con-tractual de las entidades públicas o par-ticulares, que ejercen funciones públicas, desconocen la integralidad de la norma-tividad que rige el cumplimiento de sus funciones o tienen dudas frente a su al-

cance, lo que puede generar falencias en la actividad que realizan y que a su vez se traducen en la comisión de faltas discipli-narias por la vulneración de los principios y normas que rigen la materia, y la pérdi-da de recursos del erario público».1

La capacitación se realizó en el marco de un proyecto estratégico que ejecuta la Procuraduría Delegada que, en virtud de la Resolución 456 de 2010, coordi-na la gestión institucional preventiva en contratación estatal; y del plan estratégi-co de la pgn cuyo eje «Lucha contra la corrupción y la impunidad» pretende evitar que las «acciones u omisiones en ejercicio de la función pública atenten contra el interés general o particular, en beneficio propio o de un tercero, y busca garantizar que si dichos hechos llegaren a ocurrir sean mitigados, corregidos y se emprendan acciones orientadas a preve-nir su reincidencia y que sus responsables sean sancionados».2

El procurador y Tatiana Londoño Ca-margo, procuradora delegada para la Vi-gilancia Preventiva de la Función Pública, fueron los encargados de la apertura del

1 Tomado del folleto del evento. 2 Íbidem.

evento. Posteriormente, Diana Marcela Bravo, coordinadora del componente del Programa de Fortalecimiento de la Fun-ción Preventiva, y María Lorena Cuellar, asesora experta en contratación esta-tal, expusieron al auditorio conformado esencialmente por mandatarios del or-den departamental y municipal, la expe-riencia y el aprendizaje adquirido por los servidores de la entidad en estos temas, lo que permitió conocer desde la praxis las dificultades, y soluciones aplicables, a la hora de invertir el presupuesto público.

Tal como lo mencionó el director del IEMP, Christian José Mora Padilla, la capa-citación se convierte en la mejor herra-mienta para conocer la normativa vigente, su aplicación y el intercambio de saberes a través de la exposición de casos en esce-narios educativos que, a través de la discu-sión y el análisis, facilitan la comprensión de las múltiples etapas de la contratación estatal y la mejor y más eficiente, así como transparente manera de abordarlas.

Para el procurador, Alejandro Or-dóñez, gracias al trabajo permanente de la entidad en todo el país se «ha comprendi-do el valor de la gestión de los gobernado-res y alcaldes (…), que pese a las muchas dificultades que enfrentan a diario, alcan-zan metas importantes para el desarrollo de sus regiones y municipios»; y a su vez hizo un llamado para que acudan al acom-pañamiento preventivo de la Procuraduría que alcanzó, en estos cuatro años, 500 000 solicitudes de seguimiento a procesos, sin caer en la coadministración, sino como medida preventiva que evita riegos y caer en dificultades mayores. En muchas oca-siones los operadores de la gestión con-tractual «desconocen la integridad de las normas» lo que lleva al error, especialmen-te por la constante expedición de estas.

Por último, invitó a consultar la estra-tegia de Índice de Gobierno Abierto (iga) de la Procuraduría que «permite hacer se-guimiento al cumplimiento de las normas estratégicas anticorrupción en la gestión pública territorial», la cual puede ser con-sultada en la página de la entidad.

Seminario la Función Preventiva de la PGN y las Buenas Prácticas en la Contratación Estatal*

* Consulte información relevante para la función pública en la página htlp://www.procuraduria.gov.co/portaINigilancia-de la Funcion Publica.page

La planeación de la contratación, que incluye los estudios previos, y el seguimiento y control de los contratos estatales, como las actas, modificaciones y liquidación de estos, fueron aspectos tratados en el seminario de alcaldes y gobernadores realizado en Bogotá el 26 de octubre de 2012.

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ricardo zornosa salazarinvestigador – director fundación ciudadelas educativas de colombia

En los últimos meses el IEMP ha venido recorriendo el país socia-lizando dos de sus programas de claro contenido ético: el Nuevo Ciudadano Colombiano y el Iti-nerario Ético de la Personalidad Histórica de Colombia.

El Instituto ha cubierto buena parte del territorio co-lombiano benefi ciando a más de 8 000 personas. No solo ha visitado ciudades capita-les como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Montería o Ba-rranquilla, sino ciudades inter-medias como Fonseca en la Guajira, Girardot, Sincelejo, Pai-pa o Villa de Leiva.

En esta correría el IEMP ha cubierto gran diversidad de escenarios y públicos. Ha esta-do presente en encuentros de personeros, de rectores, de fun-

cionarios públicos, de líderes juveniles, en todos ellos apo-yando en su tarea formativa a municipios y gobernaciones o a prestigiosas instituciones nacio-nales como el Ejército Nacional, la Policía o el Sena.

Tanto el contenido ético de las conferencias como los materiales pedagógicos utiliza-dos, (audiovisuales y multime-dia), han despertado vivo inte-rés en los diferentes públicos. Los ha llevado a refl exionar con profundidad y seriedad no solo sobre las causas de la ac-tual crisis moral sino, también, sobre la responsabilidad nece-saria e ineludible —individual, familiar, colectiva o social— de corregir actitudes y posiciones mentales con decisión y forta-leza para construir una socie-dad armónica y en paz. Es por este interés que el IEMP está recibiendo una creciente de-manda de los programas y de sus materiales pedagógicos.

Las capacitaciones las ha elaborado el IEMP dentro de las políticas de su actual ad-ministración en concordancia con las acciones que viene cumpliendo en este mismo sentido el procurador general, Alejandro Ordóñez Maldona-do, quien en algunos escena-rios ha acompañado personal-mente al Instituto.

La importancia de los pro-gramas radica principalmente en poner sobre la mesa y anali-zar de manera franca y abierta el aspecto ético que afecta a los colombianos. Por ejemplo, la corrupción política y admi-nistrativa o la desintegración familiar que en Colombia son galopantes creando un clima desintegrador, oscuro, caótico y pesimista en la sociedad con graves consecuencias econó-micas, políticas y culturales.

Los asistentes a las confe-rencias han tenido la oportu-nidad de abordar estos temas de manera constructiva enten-diendo la importancia capital de los principios, valores y vir-tudes, sin los cuales es imposi-ble construir una sociedad de la que todos hagamos parte activa para el bien común.

El IEMP presente en Colombia

Las conferencias muestran, por una parte, las profundas transformaciones fi losófi cas su-fridas por los colombianos a lo largo de su historia. Con ello los asistentes pueden dilucidar y entender el complejo fenóme-no ideológico que fi nalmente ha desembocado en nuestra época en un maremágnum de corrupción y violencia; y, por otra, la caracterización esencial del nuevo ciudadano basada en los mismos principios pro-pios de la Procuraduría, tales como la trascendencia, la liber-tad, la responsabilidad o el res-peto, entre muchos otros.

Para la socialización de es-tos programas el IEMP ha con-tado con la colaboración de la Fundación Ciudadelas Edu-cativas de Colombia, entidad que también ha desarrollado los materiales pedagógicos, cartillas y audiovisuales.

Avanza a todo ritmo la socialización de dos

de sus programas: el Nuevo Ciudadano

Colombiano y el Iti nerario Éti co de la

Personalidad Histórica de Colombia.

Algunos de los eventos han contado con la parti cipación del procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

Evento en Fonseca (Guajira).

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mónica vega solanoasesora dirección iemp

Del 30 de octubre al 2 de noviembre se llevó a cabo en Cartagena de Indias una versión más del congreso en el que se pre-sentan y analizan diversas experiencias e investigaciones internacionales sobre el Es-tado y la Administración pública. El Cen-tro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (clad)1 y el Gobierno de Colombia, a través de la Escuela Supe-rior de Administración Pública (esap) en coordinación con el Departamento Ad-ministrativo de la Función Pública (dafp), fueron los encargados de la monumental organización de este evento.

El encuentro entre instituciones, inves-tigadores, servidores públicos y expertos de

1 La misión del clad es «promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública, mediante la organización de reuniones internacionales especializadas, la publicación de obras, la prestación de servicios de documentación e información, la realización de estudios e investigaciones y la ejecución de actividades de cooperación técnica entre sus países miembros y proveniente de otras regio-nes». Tomado el 12 de octubre de 2012 de http://www.clad.org/info/index.php/Acerca-del-clad/.

mas pasados y presentes de los diferentes gobiernos que aceptaron la convocatoria, también hicieron parte del congreso, en don-de fueron exhibidos pósteres y libros edita-dos durante el año 2012. Algunos especialistas expusieron ante el auditorio los resultados de estudios sobre la modernización del Es-tado, los avances y dificultades en la materia, apoyándose en documentos que soportan los argumentos, análisis y recomendaciones puestas en común durante las sesiones.

El congreso, que fue patrocinado por el Banco Interamericano de Desarro-llo (bid), el gobierno de Brasil, la Corpora-ción Andina de Fomento (caf), las Nacio-nes Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (un-desa) y la Se-cretaría General Iberoamericana (Segib), contó con panelistas, para las plenarias, como el profesor brasilero Paulo Roberto Motta, de la Escola Brasileira de Adminis-tração Pública e de Empresas de la Fun-dação Getulio Vargas, quien tuvo a cargo la exposición sobre la «Administración para el nuevo desarrollo: propuestas e ideas en búsqueda de relevancia»; el ca-tedrático de ciencia política e investiga-dor del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Joan Subirats, con la ponencia «Nuevos tiempos, ¿nuevas políticas pú-blicas? Explorando caminos de respues-ta»; y Michael Barzelay, profesor de Pu-blic Management at the London School of Economics and Political Science (lse), del Reino Unido, con su experiencia acer-ca de la educación en gestión pública y su relación con el fortalecimiento y la modernización del sector.

Las áreas temáticas seleccionadas por el Comité Académico del clad para esta ocasión fueron siete, cada una de las cuales era coordinada por un experto. in-nova incluye, para nuestros lectores, los temas y una breve anotación que resalta el enfoque tratado, con el fin de que quien esté interesado en profundizar sobre la materia consulte el cd-rom del congre-so, que conservan los organizadores, o en el Siare2 del clad. Los temas3 fueron:

1. La profesionalización de la función pública para fortalecer la capacidad de

2 http://www.clad.org/siare_isis/.3 Extraído de la página web del evento.

El IEMP en el XVII Congreso Internacional del CLAD Reforma del Estado y de la Administración Pública

diferentes países como Reino Unido, Brasil, España, República Dominicana, México, Chile, Uruguay, El Salvador y Argentina, entre otros, permitió al IEMP crear nuevos lazos con redes académicas que abordan temáticas similares a las que son materia de estudio en la unidad del ministerio público. Así mismo, facilitó un espacio para entregar información sobre la labor que adelanta el Instituto tanto en capacitación como en investigación. Las conferencias, en modalidad de ple-naria, y los diferentes talleres y foros de variadas áreas temáticas hicieron posible que más de 2000 participantes seleccio-naran las ponencias y experiencias que más se adecuaran a su necesidad y a la institución que representaban. El inter-cambio de conocimientos y de saberes propicia nuevas formas creativas e inno-vadoras de tratar las dificultades que se presentan en la región, especialmente las relacionadas con las reformas del Estado y de la Administración pública. Las publicaciones, que contienen la memoria institucional de prácticas exitosas y el trata-miento y gestión realizada sobre los proble-

Joan Subirats, catedrático de ciencia política e investigador del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, España, fue ponente en la plenaria del congreso con el tema «Nuevos tiempos, ¿nuevas políticas públicas? Explorando caminos de respuesta». En la foto de izq. a der. Omar Augusto Vivas, investigador del IEMP; Joan Subirats; y Christian José Mora Padilla y César Augusto Nieto, director e investigador del IEMP, respectivamente.

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gestión del Estado. Coordinador Pedro Alfonso Hernández, presidente de la Cor-poración Función Pública de Colombia. La profesionalización del empleo público es un medio para fortalecer la legitimidad institucional en entornos democráticos, que exige, para su efectiva aplicación, la búsqueda de respuestas que trasciendan los tradicionales límites asignados a la fal-ta de voluntad política para implantar o generalizar sistemas meritocráticos en el acceso y permanencia en el empleo pú-blico (…). Esta área temática es el escena-rio para evaluar modelos de profesionali-zación del empleo público en los países de la región para fomentar el diseño de soluciones acordes con cada realidad administrativa y de conformidad con los elementos que la identifiquen.

2. La implantación de la cultura de la gestión de calidad como mecanismo de fortalecimiento de la administración pública. Coordinadora  Johana Guerrero, directora de Innovación en la Gestión del Ministerio de Administración Pública (MAP) de República Dominicana. Co-nocer a través de cada panel las acciones concretas desarrolladas en las Adminis-traciones públicas de Iberoamérica para implantar una cultura de calidad: inno-vaciones, metodologías aplicadas, mo-delos y/o sistemas de gestión sobre los que se han apoyado, tiempos, recursos necesarios y, así mismo, incluir informa-ción acerca de los resultados obtenidos y cómo estos han contribuido a fortalecer la Administración pública.

3. La gestión local en el marco de la descentralización. Coordinador  Enri-que Cabrero  Mendoza, director general del  Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide) de México. Se con-templan tanto propuestas de análisis técnico sobre cómo los gobiernos loca-

les se han comportando en materia de índices de eficiencia en el manejo de los recursos públicos o en materia de eficacia en la atención de las diversas demandas sociales, hasta planteamientos de análisis político o de políticas públicas que hagan énfasis en los cambios que surgen a partir de nuevas formas de relación gobierno-ciudadanía, o de relaciones interguberna-mentales, o de sectores público y privado en el ámbito local. Se trata en suma de visualizar el «nuevo mapa» de lo local, la «nueva agenda» de los gobiernos subna-cionales, y los «nuevos retos» de los pro-cesos descentralizadores.

4. Una Administración pública inclu-siva, no discriminatoria y participativa. Coordinador Francisco Javier Estévez Va-lencia, integrante y fundador de la Fun-dación Ideas de Chile. La calidad inclusi-va, no discriminatoria y participativa de la Administración pública es un desafío estratégico que el Clad ha puesto con es-pecial énfasis en la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y sus documentos de propuestas sobre la reforma del Estado y la moder-nización de la gestión pública (ámbitos de participación reforzada; derechos ciudadanos, respeto a la diversidad y ac-ción afirmativa contra la discriminación estructural; y agendas pro participación ciudadana en la gestión pública).

5. Derecho público y garantías jurídicas en la Administración pública. Coordina-dor Jaime Rodríguez Arana, presidente del Foro Iberoamericano de Derecho Admi-nistrativo de España. El ciudadano dispo-ne hoy en día de un derecho fundamental a una buena Administración pública del que se deriva un amplio corolario de dere-chos subjetivos que definen la centralidad de su posición jurídica en relación con las diferentes administraciones públicas (…). Por supuesto, los controles a los que debe someterse la Administración, que debe actuar con sometimiento pleno a la ley y al derecho así como servir objetivamente al interés general, deben animar cambios relevantes en la estructura y contenidos de las leyes que regulan el sistema de con-trol judicial de la actuación administrativa así como las demás técnicas de control que operan sobre el conjunto del sector público. Estos cambios son consecuencia

del impacto que el principio y derecho fundamental a la tutela judicial efectiva está produciendo en instituciones tradi-cionales como la ejecutividad y ejecuto-riedad de los actos administrativos, hoy en plena transformación.

6. Políticas públicas eficaces en un contexto de crisis financiera global. Coor-dinado por César Ramírez, profesor de la Esap, Colombia. El mundo avanza en una profunda transformación. Por una parte, la globalización y el desarrollo tecnológico hacen cada vez más interdependientes a los mercados, imponiendo una novedo-sa movilidad a los recursos. Por otra, la irrupción de nuevos actores (como Brasil, China e India) que resquebrajan la hege-monía económica y política de los países del Atlántico Norte (especialmente Esta-dos Unidos y Europa), están imponiendo una recomposición de los centros de po-der. Esta área temática hace un análisis a dos factores que afectan los procesos de estructuración de las políticas públicas, a saber: los márgenes de soberanía y la natu-raleza de las crisis.

7. Transparencia y rendición de cuen-tas para la implantación del buen go-bierno y de la ética pública. Coordinador Pedro Narbondo, director del Instituto de Ciencia Política, fcs-Universidad de la República de Uruguay. Con la llegada de las leyes de acceso a la información públi-ca a la mayoría del continente, la transpa-rencia y la rendición de cuentas parecen tomar especial relevancia en aspectos normativos, político-institucionales y de racionalidad política. Las altas esperanzas puestas en esta temática fuerzan a rever el impacto que realmente pueden tener en términos reales, particularmente en lo que tiene que ver con la relación Estado-ciudadanía.

De esta forma el IEMP continúa con su estrategia de internacionalizar la ges-tión del conocimiento, no solo organi-zando eventos internacionales como los congresos de derecho disciplinario y de contratación estatal, sino también asis-tiendo a espacios académicos que refuer-zan, recrean y renuevan los aprendizajes organizacionales sobre la investigación en Administración pública y, por supuesto, la aplicación de las recomendaciones en su propia labor.

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* Licenciado en ciencias políticas y relaciones internacio-nales de la Universidad Católica de Argentina y maestría en políticas públicas con especialización en finanzas públicas de la Universidad de Maryland (Estados Unidos). Es autor de diversas publicaciones y artículos sobre gestión pública y políticas públicas de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)

Conversatorio con Mariano Lafuente* experto internacional sobre políticas públicas del BID

omar vivas cortésinvestigador y catedrático asesor div. de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

En desarrollo de la estrategia de internacio-nalización del IEMP se realizó un conver-satorio con Mariano Lafuente, especialista senior en gestión y políticas públicas del Banco Interamericano de Desarrollo (bid) —quien anteriormente se desempeñaba en la región de América Latina y el Cari-be para el Banco Mundial—, evento que contó con la asistencia de profesores e in-vestigadores de las universidades Central, Javeriana y Nacional, integrantes de la Red de Investigadores del IEMP e interesados en estos temas del ministerio público.

La sesión partió de la presentación de un estudio sobre el proceso que se

lleva desde la decisión de una política pú-blica hasta su implementación, que reco-ge experiencias del Reino Unido, Francia, España, Canadá y Chile, en el que se pre-cisan cuáles son los desafíos que asumen el alto Gobierno y las agencias ejecutoras, y se aportan algunas ideas para mejorar el denominado ciclo de políticas públi-cas; la implementación de las decisiones materializa las condiciones y vocación democráticas que tiene un sistema gu-bernamental, y evidencia las capacidades que se requieren para la gobernabilidad de los asuntos públicos y las interaccio-nes con diversas instancias y actores.

Con base en los apuntes tomados y en la presentación realizada por el exper-to invitado, Mariano Lafuente, se asume que los desafíos se agrupan en tres:

(i) Desconexión entre propuestas de políticas públicas y los resultados de pro-gramas que se originan en la insuficiente capacidad técnica de quien la formula, por ser producto de un proceso altamen-te politizado, con relativamente baja in-teracción de actores («contestabilidad»)

Publicaciones realizadas por Mariano Lafuente que pueden ser consultadas en Internet:

- «Mejorar la calidad de las políticas públicas para restaurar la confianza en el gobierno», Revista del clad Reforma y Democracia n.° 52, (Feb. 2012). http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/052-febrero-2012

- «Studying the Use of Public Sector Boards for Enhancing Ministry-Agency Coordina-tion and Agencies’ Performance in Selected OECD Countries», Working Paper Series on Public Sector Management, World Bank (2011).

- http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPPUBSECGOV/Resources/Use_of_Boards_in_public_sector_OECD_FI-NAL_v3.pdf

- «La modernización del Estado en América Latina y el rol de los Bancos de Desarrollo: balance y agenda a futuro (Banco Mundial – bid)» (2011). http://segib.org/publicacio-nes/files/2011/10/Tranformacion-EyD1.pdf

- «La agenda de la descentralización en Chile: Propuestas de Corto y Mediano Plazo para Mejorar la Gestión, Fortalecer la Rendición de Cuentas y Asegurar el Control de Resultados en el Nivel Municipal» (2010).

- http://imagebank.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/2011/06/16/000020953_20110616150241/Rendered/PDF/624460P12252600centralization0FINAL.pdf

- «La Formulación de Políticas en la OCDE: Ideas para América Latina» (2010).

- http://go.worldbank.org/47K7YE74M0 - «Performance-Informed Budgeting:

Experiences and Opportunities» (2010) en Results, Performance Budgeting and Trust in Government. www.worldbank.org/bookperformancebudgeting

- «Brazil Federal Government 2010: OECD Reviews of Human Resource Management in Government» (2010).

- http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=en&sf1=DI&st1=5KMN1C3WW548

- «Estudio de Caso sobre los Aspectos de Gestión de la Reforma Previsional Chilena».

- http://go.worldbank.org/DMVD4NHFH0 - «Executive-Legislative authority over public

servants pay: Lessons from Paraguay» (2009). http://siteresources.worldbank.org/EXTLACREGTOPPUBSECGOV/Resourc-es/LAFUENTE-MANNING(final).pdf

- «Reversing the Brain Drain: The Role of the Argentine Diaspora in Building the Entrepreneurial Skills of Argentina Youth». International Conference on Diaspora for Development, World Bank, Washington DC, July 13-14, 2009, Task Team Leader.

- http://siteresources.worldbank.org/INTPROS-PECTS/Resources/334934-1110315015165/Paglayan_Lafuente.pdf

Mariano Lafuente es autor de diversas publicaciones y artículos sobre gestión pública y políticas públicas de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina, así como gerente de proyectos a nivel nacional y subnacional en esta materia.

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y escasa coordinación entre políticas sectoriales.

(ii) Desconexión entre for-mulación e implementación de políticas públicas, lo que indica la existencia de objetivos ambi-guos, en conflicto, con rigidez de las normas, baja motivación de servidores públicos y la frag-mentación de las agendas.

(iii) Desconexión entre implementación y evaluación de políticas públicas. En esen-cia indicaría que el uso de la evaluación ex post de políticas públicas para implementación no es sistemática; mientras que la evaluación se enfoca en po-líticas y programas específicos el monitoreo de la implemen-tación se centra en las institu-ciones, lo que impide una utili-zación más dinámica.

Las ideas que se proponen como opciones de acción para atender a estos desafíos son: el fortalecimiento del centro de Gobierno, de los ministerios de línea para el monitoreo de las agencias ejecutoras, y del legisla-tivo y organismos de control; ha-cer cumplir un sistema organiza-cional; promover cuadros de alta dirección pública profesional y promover un mercado de aseso-ría externo ex ante y ex post para mejorar la «contestabilidad».

La exposición suscita el interés y debate esperado, la calidad de los asistentes, el co-nocimiento en temas públicos y de políticas públicas, provoca interesantes disertaciones sobre las causas que originan la distan-cia entre política pública y resul-tados, el carácter democrático de la participación en el diseño y ejecución de políticas públi-cas, la posibilidad de proyectar estas recomendaciones a países con otras condiciones políticas, sociales y económicas, el posi-ble divorcio entre la respuesta técnicamente correcta versus lo posible en la práctica política,

diana sulma pardocoordinadora académicadivisión de capacitación iemp

Tal como fue presentado en nuestro innova de agosto, arrancó el concur-so «Civicón Virtual». Un juego que permite conocer la entidad y sus funciones a partir de 135 preguntas distribuidas en dos nive-les. Dada la novedad de la estrategia se abrieron inscripciones escalonadas hasta completar 215 parti-cipantes. De este grupo, 65 corresponden a ciudada-nos que por invitación de los mismos funcionarios se interesaron en conocer el juego y que, hoy por hoy, concursan desde ciudades tan distantes como Sole-dad (Atlántico) o Guate-que (Boyacá).

Este concurso, que ade-más de permitir refrescar los conocimientos sobre nuestra entidad, ofrece pre-mios a los que obtengan más puntaje, se integra a una gran estrategia del IEMP consistente en fortalecer los

medios virtuales para capa-citar y divulgar información institucional. Es por ello que, también en este año, se de-sarrolló con la esap el Diplo-mado Virtual de Derecho Disciplinario que se enca-minó a las zonas más apar-tadas del país y que cubrió 210 funcionarios; así como el Diplomado Virtual en Con-tratación Estatal que se está promoviendo actualmente con el Politécnico Granco-lombiano.

La clave para aprove-char todas estas oportuni-dades está en mantener libre el correo electrónico institu-cional y leer las convocato-rias que seguirá haciendo el IEMP en el 2013.

el papel del ministerio público y los organismos de control y la continuidad de investigaciones sobre estos temas.

La observación de la imple-mentación de las políticas pú-blicas, del denominado Estado en acción, constituye un cam-po de permanente interés por parte de la academia y de las instituciones nacionales e inter-nacionales, cuando una política pública reúne las condiciones de calidad y factibilidad requeridas en su diseño y comunicación, la posibilidad de su concreción está en cabeza de las agencias ejecu-toras y del convencimiento de llevarlas a cabo, las condiciones fácticas en que opera en las are-nas políticas de las organizaciones públicas es vital para garantizar la viabilidad y proximidad hacia los fines iniciales, la reconfiguración de los contenidos no puede ir más allá de las interpretaciones necesarias para su gestión en el proceso de territorialización y le-gitimidad en lo local.

El IEMP agradece a Ma-riano Lafuente su visita, a los asistentes al evento les hace un extensible reconocimiento por sus calidades intelectuales y el compromiso con los proyectos del IEMP y el ministerio público.

La asistencia de Mariano Lafuente fue posible gracias a los convenios de cooperación interinstitucional que existen con la Escuela Superior de Ad-ministración Pública (esap), la labor conjunta con este ente académico reditúa beneficios en el desarrollo de este tipo de actividades, en las investigacio-nes sobre cooptación y captura del Estado terminada, y en los estudios diseñados sobre coop-tación y corrupción en minería, redes y culturas de corrupción en materia de contratación pú-blica, sobre la política de ges-tión de riesgos de desastres y desplazamiento ambiental.

Concurso virtual Civicón: una forma distinta de aprender

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Mediante Resolución 247 del 26 de octu-bre de 2012, el director del IEMP, Christian José Mora Padilla, creó las condecoracio-nes al mérito en las modalidades de ex-celencia académica e investigativa, y otra de carácter especial, como un reconoci-miento que se otorgará anualmente a las personas que se destacan en el desempe-ño como mejores formadores e investiga-dores de las redes creadas en el Instituto de Estudios, o por sus ejecutorias de im-portancia nacional o internacional en las áreas académica, científi ca y cultural.

Las órdenes al mérito podrán ser otorgadas por el director de esta unidad académica en ceremonia especial, como una alta dignidad honorífi ca, personal e intransferible, a personas naturales, na-cionales o extranjeras, o a una entidad, institución o persona jurídica que haya desarrollado y materializado importantes logros y aportes para el IEMP.

Este reconocimiento nace de la ne-cesidad de enaltecer los méritos sobre-salientes y los servicios destacados pres-tados al IEMP por los integrantes de las redes de formadores e investigadores, conformadas por miembros internos o externos eméritos que por su trayecto-ria académica profesional, experiencia y conocimientos fueron nominados por el Instituto previo el lleno de requisitos legales y reglamentarios. Igualmente, para exaltar las personalidades que han contribuido al desarrollo socioeconó-mico y científi co del país desde otros escenarios.

El artículo 2.° de la norma menciona los requisitos para ser condecorado, a sa-ber: a) para los integrantes de las redes de investigación y capacitación del IEMP cumplir los requisitos establecidos en la

resoluciones por medio de la cuales se adoptan y reglamentan; y b) en el caso de personas naturales, nacionales o extran-jeras, entidades, instituciones o personas jurídicas, que apoyen y aporten a la labor del Instituto de Estudios en investigación o en capacitación. Los postulados serán propuestos por el Comité de Condeco-raciones IEMP para las siguientes catego-rías: Mérito a la Excelencia Académica, Mérito a la Excelencia Investigativa y con-decoración Categoría Especial.

El comité estará integrado por el director, los jefes de las divisiones de Ca-pacitación y de Investigaciones Socio-políticas y Asuntos Socioeconómicos del IEMP. El periodo a tener en cuenta es desde el 2 de enero al 31 de octubre de cada año. Los miembros sesionarán en el mes de noviembre y analizarán las pos-tulaciones de acuerdo a las categorías y criterios establecidos para la selección entre los que se destacan el número de horas de capacitación dictadas en even-tos, la elaboración de investigaciones sobresalientes contempladas en el poa(Plan Operativo Anual) del Instituto de Estudios en el año respectivo, los artí-culos publicados en boletines y publi-caciones del IEMP, la participación en redes del conocimiento nacional e inter-nacional y la gestión para la generación de recursos del Instituto, entre otros. En la Categoría Especial se verifi cará que las personas e instituciones hayan prestado servicios importantes al país en el área académica, científi ca y cultural.

La fecha de reconocimiento de las condecoraciones será en la última quincena del mes de noviembre del año respectivo, comenzando desde el 2012, en el sitio que determine el director del IEMP. De manera extraordinaria se po-drá conceder en diferente fecha, previa aprobación del director, para ser entre-gadas por el procurador general de la nación, en su calidad de presidente del Consejo Académico del IEMP. Espere en el número 14 de innova quiénes fue-ron los afortunados.

Mérito a la excelencia en el IEMPUn reconocimiento a los mejores

Publicación IEMPActualización de la historia del IEMP

juan david duran castañedacomunicaciones iemp

En el 2010, para conmemorar los 15 años de historia del IEMP, se publicó el libro Un compro-miso permanente hacia la exce-lencia, en el que se hace un tra-zado sobre el recorrido que ha hecho esta dependencia dentro de la Procuraduría General de la Nación.

El documento se divide en cuatro partes: la fase experi-mental que va de 1995 al 2000, la reestructuración de 2001 a 2004, la modernización de 2005 a 2008, y el camino a la excelen-cia, que es la actual etapa bajo la dirección de Christi an Mora, la cual comenzó en el 2009.

El libro está en proceso de actualización para exponer los avances de los años 2011 y 2012. En él se resumen todos los resul-tados del cuatrienio destacando las investi gaciones, capacitacio-nes y publicaciones, así como la implementación del Sistema de Gesti ón de Calidad, elementos que han contribuido a alcanzar el logro de la excelencia.

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ingrit danila pacheco cubillos secretaria dirección iemp

Cada vez que se escuchan las palabras de «gestión docu-mental», se suele pensar en una carga más de trabajo, un tiem-po que consideramos perdido. Pero, ¿usted alguna vez se ha informado sobre el tema? ¿Sabía que, inconscientemente, en su hogar, usted practica la gestión documental? Cuando guarda y clasifica aquellos documentos de tipo financiero como los extractos, los pagos de cuentas que, en ocasiones, son nuestros soportes para cualquier recla-mación. También entran aquí los documentos de nuestros bienes, ya sean escrituras, propiedades, o aquellos que conciernen a la salud como exámenes, progra-maciones médicas, y qué decir de las certificaciones de estu-dios, diplomas o memorias.

Estos documentos us-ted los administra, determina

el tiempo de utilidad, define cuándo deben eliminarse y conservarse. ¿Se da cuenta cómo usted realiza una prác-tica activa de gestión docu-mental, continuamente?  Si queremos definirla, la gestión documental es «el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiem-po que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conser-vación indefinida de los docu-mentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía».1

Podemos decir que este «coco» es una idea imaginaria y creada con base en aquellos instrumentos o palabras técni-cas. Pero al utilizarlo en nuestras labores de oficina nos damos

1 Wikipedia- Gestión documental

cuenta del gran beneficio que aporta la gestión documental ya que permite el seguimiento pertinente y oportuno de re-gistros, comunicaciones o for-matos. Gracias a ella se pueden localizar, recuperar, actualizar y consultar la documentación para informes o memoria insti-tucional, reduciendo así el pro-ceso de trabajo en la entidad y reduciendo costos.

Actualmente en un mun-do lleno de tecnología existen los más diversos sistemas de gestión documental, donde encontramos desde el simple registro manual de la corres-pondencia que entra y sale, hasta los más modernos siste-mas informáticos que manejan no solo la documentación en papel o en formato electró-nico que registran las salidas de trabajo del proceso de tra-mitación de los expedientes, sujetan la  información desde bases de datos, vinculan con la información el contenido de

archivos o centros de docu-mentación, y permiten realizar búsquedas y recuperar infor-mación de cualquier lugar.

El buen fin de un sistema de gestión documental es per-mitir a quien lo utilice encon-trar archivos con una pequeña descripción del tema, fecha o palabras clave, como también recopilar los archivos en un orden desde donde se puede acceder o descargar, que per-miten revisar la gestión.

Después de todo lo an-terior, es fácil deducir que la gestión documental es una herramienta que le permiti-rá mejorar el control de sus documentos y gestiones, como también de realizar la ubicación de aquellos do-cumentos que en ocasiones necesitamos con suma ur-gencia. Una buena gestión documental nos liberará del desorden, y de situaciones que usted y yo podemos y debemos controlar.

El «coco» de la gestión documental…

El IEMP estableció un sistema de gestión documental que permite consolidar el conocimiento en cada uno de los procesos.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

luis leguizamón 1 consultor en asuntos legales e institucionales

Parece ser que la «bonanza» minero–energética en boga en el país, ha generado síntomas de «enfermedad holandesa».2

Por lo menos, ya impactó la institucionalidad haciendo ne-cesario un implante constitu-cional para regularizarla. Más aún, el proyecto de reforma tributaria radicado por el Go-bierno nacional en el Congre-so de la República, prevé reglas para suavizar sus efectos en la economía, particularmente para frenar la revaluación del

1 Abogado, especialista en derecho admi-nistrativo, master y PhD. en politics and public policy, Macquarie University, Australia.

Cuenta con más de 15 años de experien-cia en trabajos de asesoría legal e institucio-nal en el sector público, autor de diversas publicaciones.

2 La exposición de motivos del proyecto de ley «Por medio de la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposi-ciones», señala que «enfermedad holandesa» se define como el conjunto de efectos negati-vos que conlleva para la economía la entrada masiva de divisas como consecuencia del auge de un sector, generalmente el minero. Como principales efectos se mencionan: la apreciación en la tasa de cambio real, pérdida de compe-titividad de sectores transables diferentes al minero, aumento del gasto y reasignación de recursos a los sectores no transables (pág. 16, pp. 3).

peso y su impacto en la pér-dida de competitividad de las exportaciones, así como para controlar el desplazamiento de mano de obra hacia la in-formalidad (entre ellas la mine-ra). Ello pese a que, para evitar recalentamientos de la eco-nomía, la reforma al régimen de regalías ordena ahorrar en el exterior una parte de estos ingresos y los orienta exclusi-vamente a inversión.

Pero, sin adentrarse en sofisticados análisis econó-micos y fiscales, la pregunta obligada es, ¿qué origina esta «enfermedad holandesa»? La respuesta es sencilla: la proyec-ción de col$ 98 billones que ingresarán a la economía en el

período 2012 – 2022,3 como re-sultado del boom de recursos por regalías, compensaciones u otros derechos producto de la explotación minero–energé-tica, como lo registra la tabla:

Para regularizar la distribu-ción y administración de esta «bonanza», el Acto Legislativo 05 de 2011 crea el Sistema Ge-neral de Regalías (sgr),4 con-formado por la totalidad de los recursos que el Estado percibe por concepto de regalías por la

3 Para la proyección de recursos, el pro-yecto de ley «Por medio de la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones», utiliza una tasa de cambio ($/US$) de Col$ 1800.

4 Reglamentado mediante la Ley 1530 de 2012 «Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías».

explotación de recursos natu-rales no renovables. La premisa de esta reforma constitucional es tozuda: antes de su expedi-ción, el 80% de los recursos de regalías se dirigía a nueve de-partamentos productores (en donde solo habita el 17% de la población), y el 20% restante (a través del Fondo Nacional de Regalías) a las demás entidades territoriales. Es decir, la reforma busca repartir la mermelada de las regalías sobre la torta nacio-nal en forma equitativa. Para el efecto, el sgr prevé la siguiente distribución de la mermelada (ver Gráfica 1):

Como se observa, el SGR contempla el Fondo de Ahorro y Estabilización, el cual constitu-ye el mecanismo para promover la estabilidad fiscal y macroeco-nómica (aparte de prevenir los síntomas de la «enfermedad holandesa»). Adicionalmente, prevé el Fondo de Compensa-ción Regional y el Fondo de De-sarrollo Regional, orientados a fortalecer la distribución regio-nal de recursos de regalías para inversión (con preferencia a las zonas más pobres); el Fondo de Ciencia Tecnología e Innova-ción para formar capital social e inducir competitividad; el giro para ahorro pensional territorial que contribuirá a provisionar contingencias pensionales; adi-cionalmente, las entidades pro-ductoras mantendrán su cuota de participación con las asigna-ciones directas y el sistema en

La mermelada de las regalías

Sistema General de Regalías - Plan de recursos 2013 - 2022

Miles de millones de pesos

VARIABLE 2013 2014 Bienio2013 - 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL

Regalías hidrocarburos 7.582 6.944 14.526 7.709 7.771 7.885 8.043 8.039 8.029 8.010 8.006 78.018

Regalías minería 1.558 1.642 3.200 1.846 2.003 2.092 2.144 2.163 2.216 2.285 2.358 20.307

Total regalías 9.140 8.586 17.726 9.555 9.774 9.977 10.187 10.202 10.245 10.295 10.364 98.325

«(...) sin adentrarse en sofisticados análisis económicos y fiscales, la pregunta obligada es, ¿qué origina esta "enfermedad holandesa"? La respuesta es sencilla: la proyección de COL$ 98 billones que ingresarán a la economía en el período 2012 – 2022, como resultado del boom de recursos por regalías, compensaciones u otros derechos producto de la explotación minero–energética (...)».

Fuente: Exposición de motivos al proyecto de ley “Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1. de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014”.

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su conjunto dispondrá de recursos para su funcionamiento.

Para administrar la mermelada, el SGR ha dispuesto un complejo entrama-do institucional, el cual se halla integrado, de manera esquemática, (ver Gráfi ca 2):

En su operación, el sgr actúa bajo dos conceptos básicos: la asociatividad territorial y la estructuración de proyec-tos. 5 La asociatividad se refi ere a que los proyectos de inversión obedezcan a un enfoque regional (el SGR prevé seis regiones que comparten características económicas similares por región). Es decir, las entidades territoriales deberán

5 Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2012.

identifi car prioridades y necesidades comunes para emprender proyectos de impacto regional, generando ren-dimientos de escala y sustentando un desarrollo económico y social que tras-cienda la división política de cada enti-dad territorial. 6 Para el efecto, los pro-yectos serán viabilizados, priorizados y aprobados por un órgano colegiado de administración y decisión (ocad), inte-grado por delegados del Gobierno na-cional, los respectivos gobernador(es) y alcalde(s), así como delegados de uni-versidades públicas y privadas (en el caso del Fondo de Ciencia, Tecnología

6 Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2012, pág. 313.

e Innovación). Sin embargo, las decisio-nes serán territoriales.

Respecto de la estructuración, cual-quier persona podrá formular un proyecto de inversión y presentarlo ante una entidad territorial determinada. Tratándose de pro-yectos que tengan enfoque diferencial en los grupos étnicos, su presentación se reali-zará por los representantes de esos grupos, sin necesidad de hacerlo por intermedio de las entidades territoriales. La correspon-diente secretaría de planeación presentará los proyectos a consideración del respecti-vo ocad, a través de la Secretaría Técnica, una vez hayan revisado que se formularon atendiendo la metodología y lineamientos defi nidos por el Departamento Nacional de Planeación (dnp) y la Comisión Rectora. Posteriormente, el ocad realizará las labores de viabilización y priorización y aprobará los proyectos considerados acordes con los cri-terios previstos en la Ley 1530 de 2012 y de-signará al ejecutor público de los mismos.

Lo anterior se complementa con un sistema presupuestal propio para el sgr, materializado en un presupuesto bienal que distribuye los recursos de regalías, que debe ser presentado por el Gobierno nacional y aprobado por el Congreso de la República en las fechas, plazos y proce-dimientos dispuestos por la Ley 1530. En este presupuesto de caja, los ingresos se estiman en una proyección que elabora el Ministerio de Minas y Energía y se ma-terializa en el Plan de Recursos, elaborado de acuerdo con lo efectivamente recau-dado y los gastos de acuerdo con los pa-gos efectuados durante el bienio.

Desde luego se espera que este im-plante institucional permita ejecutar programas estratégicos para apoyar el crecimiento económico, la generación de empleo y programas sociales que coadyuven a disminuir las inequidades regionales, como lo señala el proyecto de presupuesto de regalías 2013–2014. 7

Es decir, que además de que controle los síntomas de la «enfermedad holandesa», la distribución de la mermelada de las regalías contribuya a enriquecernos. 8

7 Exposición de motivos al proyecto de ley «Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014», pág. 1.

8 Asobancaria. Semana Económica. ¿El nuevo régimen de regalías puede contribuir a enriquecernos? Septiembre 10 de 2012.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2011.

(OCAD: Órgano Colegiado de Administración y Decisión; GN: Gobierno Nacional; G: Gobernador; A: Alcalde)

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, 2012.

Gráfi ca 1

Gráfi ca 2

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

arturo ronderos salgadoelsa patricia ordóñez pérez coordinadores académicosdivisión de capacitación iemp

El IEMP, como ente académico encargado de dirigir y coordi-nar la capacitación de los fun-cionarios del ministerio público, propende por la actualización permanente de los operadores disciplinarios y de quienes im-parten justicia. A la Procuradu-ría General de la Nación, a tra-vés del Instituto, le corresponde orientar mediante actividades pedagógicas a los personeros distritales y municipales como agentes del ministerio público en procesos penales, de ahí la importancia de capacitarlos para que su intervención sea idónea en el nuevo esquema del proceso penal colombiano.

Como recordarán nues-tros lectores en anteriores ar-tículos mencionamos que la Procuraduría fue unas de las instituciones beneficiarias del «Proyecto de fortalecimiento

del sector justicia para la re-ducción de la impunidad en Colombia», en desarrollo del convenio de financiación for-malizado entre el Gobierno nacional y la Comunidad Euro-pea en 2004, mediante el cual se lograron recursos cercanos a los 240 000 euros para capa-citar y formar, hace tres años, a 332 procuradores judiciales penales como estrategia para fortalecer las competencias requeridas para el desempeño del rol constitucional del mi-nisterio público en el Sistema Penal Oral Acusatorio (spoa).

En desarrollo de este pro-yecto, la entidad dispuso como contrapartida la capacitación de un grupo de servidores públicos de la pgn que cumplen funcio-nes como procuradores judi-ciales penales I y II, personeros municipales y distritales, en diez sedes del país, cuya función es intervenir ante autoridades judi-ciales o administrativas, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio

público, o de los derechos y ga-rantías fundamentales.

En el año 2011 este compro-miso internacional se cumplió con seminarios de actualización de 16 horas académicas para 183 servidores en las ciudades de Cali, Bucaramanga, Mede-llín y Cartagena ejecutados por procuradores judiciales penales que integran la Red de Forma-dores del IEMP, cuyo programa académico se basó en las suge-rencias de temas consignados en las evaluaciones realizadas en los eventos del año 2010.

En 2012 el programa se adelanta en ciudades como Ibagué, Barranquilla, Mede-llín, Cali y Bogotá con el apo-yo del equipo de trabajo de los procuradores regionales y coordinadores de los procura-dores judiciales penales. Los te-mas son la justicia premial, los acuerdos y las negociaciones, los allanamientos a cargos (las rebajas y tiempos procesales), los preacuerdos (principio de legalidad), las nulidades, el dic-tamen pericial, la prueba testi-monial y el papel del ministerio público, entre otros. Asimismo, se analizarán casos como el de los Nule, el de los servidores de la dian (principio de opor-tunidad), Agro Ingreso Seguro, el del exalcalde distrital (for-mulación de la acusación) y los casos Colmenares, Sigifredo López y concejales de Cúcuta (prueba testimonial) y el pre-acuerdo en el de Julio Gómez.

Justicia disciplinaria y derecho probatorioMás de 500 servidores públi-cos con funciones disciplina-

Avanzan las jornadas de capacitación en SPOA, justicia disciplinaria y derecho probatorio

Además de los programas de formación en derecho disciplinario el IEMP edita publicaciones sobre la materia. La producción del conocimiento en justicia disciplinaria y su conservación en libros es uno de los mayores logros del ministerio público gracias al IEMP.

rias de ciudades como Yopal, Ibagué, Valledupar, Barran-quilla, Popayán, Manizales y Bogotá han actualizado cono-cimientos y unificado criterios de interpretación en la mate-ria gracias al programa de for-mación que adelanta el IEMP. Con un promedio de califica-ción a los docentes de 95 se han tratado temas, sugeridos por los operadores disciplina-rios, que generan dificultad en su aplicación.

Este escenario ha permi-tido analizar el procedimiento ordinario disciplinario desde las formas de iniciar el pro-ceso (la queja, el informe, el anónimo), las etapas de in-dagación, las pruebas que se pueden practicar y el derecho a la defensa; la investigación de acuerdo a las modificaciones introducidas con la Ley 1474 de 2011 que amplió el término para faltas gravísimas hasta con 18 meses y para faltas graves o leves con 12 meses; y el auto de cierre de investigación que fue creado por la misma ley.

Asimismo, temas como el procedimiento verbal, las prue-bas en materia disciplinaria, las notificaciones, las comunica-ciones, las nulidades y las revo-catorias fueron tratadas en el Programa Nacional de Justicia Disciplinaria y Derecho Proba-torio que coordina el IEMP. La capacitación, con tres años de existencia, ha llegado también a Puerto Carreño, Arauca, Villa-vicencio, la costa Atlántica, San Andrés, Cartagena de Indias, Pasto, Cúcuta, Bucaraman-ga, Pereira, Neiva, Medellín y Quibdó.

Finalmente, el Instituto agradece el apoyo de las sedes regionales, con sus excelentes equipos de trabajo, que han contribuido a la descentraliza-ción del conocimiento y al éxito de los eventos académicos.

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gloria isabel reyes duarteasesora dirección iemp

Desde cuando iniciamos la tarea de comercializar los pro-ductos de capacitación del IEMP, hace ya tres años, la la-bor se ha ido enriqueciendo y consolidando porque cada vez son más las entidades que solicitan y requieren nuestros servicios. Ha sido una tarea continua e insistente. A la fe-cha podemos afirmar, con sa-tisfacción, que hemos logrado posicionar y comercializar los programas de formación del IEMP en el sector público. Al finalizar 2012, registramos casi 3000 funcionarios capacitados en distintas áreas de nuestro quehacer misional, en entida-des que van desde la Empresa Colombiana de Petróleos (Eco-petrol) y Fiduagraria, hasta el

Instituto Nacional Penitencia-rio y Carcelario (Inpec) y la Dirección Nacional de Estupe-facientes (dne).

La mayor demanda de servicios se sitúa en los diplo-mados de contratación estatal y derecho disciplinario que, se-gún las solitudes de los clientes,

pueden tener una intensidad académica entre 80 y 146 ho-ras de duración; igualmente, contamos con seminarios de 16 hasta 40 horas en los mismos temas. En este año también han tenido gran demanda pensum relacionados con el nuevo Esta-tuto Anticorrupción, y el nuevo Código de Procedimiento Ad-ministrativo y de lo Contencio-so Administrativo.

Cerca de 3 000 personas han sido capacitadas mediante la comercialización de servicios del IEMP

Clausura del Diplomado en Contratación Estatal y Estatuto Anticorrupción dictado por el IEMP a 37 servidores del Ministerio de VIvienda, Ciudad y Territorio en Bogotá.

Desde 2009 hasta la fecha algunos de nuestros clientes son la Superintendencia de Tránsito y Transporte, el anti-guo Departamentos Adminis-trativo de Seguridad (das), la dne, la Comisión Reguladora en Salud (cres), la Policía Na-cional , la Registraduría Nacio-nal del Estado Civil, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (unodc), el Fondo Financiero de Pro-yectos de Desarrollo (Fonade), el Departamento Administra-tivo Nacional de Estadística (dane) y la Agencia Nacional del Espectro; y los ministerios de Educación Nacional, del In-terior y el de Vivienda, Ciudad y Territorio. Otras empresas como Ecopetrol, el Inpec, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (igac), la Superin-tendencia Nacional de Salud, Fiduagraria y el Instituto Co-lombiano Agropecuario (ica), han contratado en más de una ocasión al IEMP para el desa-rrollo de capacitaciones en di-versos temas.

La labor continúa día a día y las ofertas de servicios son enviadas permanente-mente a las distintas enti-dades. Esperamos para 2013 continuar con el posiciona-miento de nuestros servicios no solo en el sector público, queremos incursionar en el privado, atendiendo necesi-dades que este sector empie-za a manifestar sobre todo en los distintos temas de contra-tación estatal.

Por último, el IEMP pre-tende complementar y forta-lecer las capacitaciones con el área editorial, entregando el material en un proceso sis-temático que dé soporte a los temas ofrecidos en los progra-mas de formación con nues-tras publicaciones.

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maría fernanda ardila lópezsubdirectora de metodologías, seguimiento y evaluación de ticdirección de apropiación de ticministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones

Gracias al desarrollo del Programa de Ciudadanía Digital que lidera el Minis-terio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en alianza con la Universidad Nacional Abierta y a Distan-cia (unad) y el Ministerio de Educación —en el componente maestros—, todos los servidores(as) y docentes públicos del país tienen la posibilidad de certificarse gratuitamente en competencias tic.

El Programa Ciudadanía Digital se inscribe en el Plan «Vive Digital Colom-bia», (www.vivedigital.gov.co) que lidera el Ministerio de Tecnologías de la Infor-mación y las Comunicaciones, que parte por reconocer que el conocimiento, uso y difusión de las tecnologías de la infor-mación y las comunicaciones (tic) son requisitos esenciales para el crecimiento sostenible del país. Con este programa se

busca contribuir al impulso a la compe-titividad y productividad del Gobierno, y a la calidad de la educación en todos sus niveles y ámbitos, a fin de aportar a la meta «Vive Digital» de impulsar la masi-ficación del uso de Internet para dar un salto hacia la Prosperidad Democrática.

Entre los sectores que requieren am-pliar su capacidad para utilizar y emplear efectivamente no solo la infraestructura y tecnologías instaladas sino los servicios y aplicaciones promovidos en desarrollo del «Plan Vive Digital» se encuentran el Gobierno y el sector educativo, lo que exige preparar de manera particular a los servidores(as) públicos y a los(as) edu-cadores del país, con el fin de validar su conocimiento para la efectiva utilización y óptimo aprovechamiento de las tic.

Es de anotar que en el 2011 el Ministe-rio tic estableció alianza con icdl Colom-bia1 para el desarrollo del Programa de Ciu-

1 «icdl Colombia, es una entidad sin ánimo de lucro, representante exclusiva de ecdl Foundation con sede en Irlanda, cuya misión principal es superar las barreras digitales promoviendo el acceso a la Sociedad de la Información, ayudando a organizaciones, personas y comunidad en general a desarrollar competencias necesarias para el uso productivo

dadanía Digital, y que en el 2012 se logran crear dos estándares nacionales —Servidor Público Digital y Maestro Digital— con el aval en el desarrollo de contenidos del cer-tificador internacional Pearson,2 lo que da vida al programa a través del desarrollo de los procesos de formación y posterior cer-tificación a cargo de la unad.

El curso se realiza a través de cinco entornos. El primero es de conocimien-to, con un contenido dispuesto en for-mato pdf como versión de descarga y en eXelearning,3 para ser ejecutado en línea; un segundo entorno, con un foro de discusión general acerca de los temas contundentes de cada curso; el tercero de aprendizaje práctico con actividades lúdicas; un cuarto entorno de evaluación y seguimiento con un pretest alusivo al tema de herramientas informáticas y telemáticas y, por último, el postest que es el examen de certificación.

El curso está diseñado de manera que el participante pueda aprender de dos maneras; la primera, al realizar todo el proceso de formación para la presen-tación de la certificación; y la segunda, para ingresar de inmediato al entorno de evaluación y seguimiento con el fin de desarrollar la certificación —para aquellos que crean contar con todas las competencias para aprobar fácilmente el examen de manera directa.

Además de ello se dispone de una ver-sión portable del material, para las personas que tengan dificultades de acceso, con el fin de que puedan estudiar los documen-tos y actividades y así acercarse a presentar su prueba una vez se sientan en las condi-ciones académicas para abordarlo.

Para el desarrollo de competen-cias en los participantes, la unad ha

de las tic, a través del desarrollo, promoción e implementación de programas de certificación en diferentes países». Explicación incluida por innova tomada de http://www.icdlcolombia.org/icdl-colombia el 10 de octubre de 2012.

2 « Pearson vue es una compañía que desarrolla exámenes o pruebas electrónicas. Fue fundada en 1994 por E. Clarke Por-ter. Actualmente opera con más de 5,000 centros autorizados en 165 países. Pearson vue ofrece servicios de pruebas a través de una serie de industrias, desde el académico hasta el guber-namental. Entre sus principales socios están empresas líderes a nivel mundial en el mundo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (…)». Explicación incluida por innova tomada de http://www.uv.mx/FEI/noticias/vue.html el 10 de octubre de 2012.

3 « Exelearning es un programa tipo open source (recursos libres o gratuitos); una creación de aplicación que permite a profesores y académicos la publicación de contenidos didácticos en soportes informáticos (cd, memorias usb, en la web), sin necesidad de ser ni convertirse en expertos en html o xml». Explicación incluida por innova tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Exelearning el 10 de octubre de 2012.

¿Ya estás certificado como servidor público digital o maestro digital?

El Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaicones (tic), Diego Molano Vega, promueve a nivel nacional la estrategia de uso responsable y seguro de las tic.

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diseñado una propuesta de acompañamiento tutorial en línea en las que los(as) parti-cipantes podrán contar con asesorías respecto a los temas tratados en el entorno de co-nocimiento y las actividades desarrolladas a través de los otros entornos.

El proceso de acompaña-miento tiene como fin dar res-

Confianza y seguridad en las TIC, un compromiso de todos

apropiación de las tecnologías de información y comunica-ción como herramientas de desarrollo y de oportunidades de crecimiento. Internet no es una amenaza, pero su mal uso nos puede exponer a riesgos fácilmente mitigables.

El Ministerio tic y sus alia-dos buscan el reconocimiento y prevención de conductas que, así como se dan en la vida cotidiana, también se presen-tan en el mundo virtual, como el ‘Sexting’ que es cuando al-guien se toma una foto suges-tiva o sexualmente explícita y la envía a alguien vía teléfono o Internet; el ‘cyberbulling’ o ciberacoso que es un tipo de agresión sicológica que se da usando las tecnologías, los co-rreos electrónicos, los mensa-

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones promueve la estrategia nacional En tic Confío que busca fomentar el uso responsable de estas herramientas, e identificar y prevenir los riesgos a los que nos exponemos como usuarios de Internet y otras tic.

jes o las imágenes que buscan herir o intimidar a otra perso-na; y el ‘grooming’, cuando un posible abusador o pedófilo trata de incitar a una relación en línea con un menor de edad y que busca involucrarlo en actos sexuales y en conver-saciones con contenido sexual.

La estrategia incluye la puesta en marcha de varias he-rramientas y plataformas como la página www.enticconfio.gov.co, que ayuda a que los jóvenes sepan cómo cuidarse «dentro y fuera de la red», un directo-rio acerca de terminología que reconoce los malos usos y deli-tos, consejos sobre cómo actuar de forma adecuada en caso de presentarse en una situación de estas y de los increíbles usos que se pueden hacer de las tic. Tam-bién se pondrán al aire grupos en las redes sociales de Twitter (@enticconfio), Facebook (en-ticconfio.mintic), YouTube (en-ticconfiotv), y una conferencia interactiva que ya ha impactado a cerca de 41 000 personas en el territorio nacional.

puesta en un máximo de ocho horas a todas las inquietudes de tipo pedagógico, didáctico y/o tecnológico por parte de los intervinientes en el proce-so. Además, se desarrolla un segundo momento de acom-pañamiento para el repaso y la recuperación, el cual ha sido diseñado exclusivamente para los participantes que no

aprueben en su primer intento de certificación. Para acceder al segundo intento, el funcio-nario o maestro debe ingresar y participar activamente de las actividades de repaso y recu-peración, con el fin de fortale-cer las competencias que debe afianzar para presentar de nuevo la prueba y desarrollarla de manera satisfactoria.

Si requiere más informa-ción sobre «Ciudadanía Di-gital» lo invitamos a entrar al link http://web.unad.edu.co/ciudadaniadigital/ donde en-contrará contenidos corres-pondientes a los procesos de certificación así como los con-tenidos para su estudio y pos-terior presentación directa de la prueba de certificación.

Cerca de 23 millones de colom-bianos entran y navegan a diario en Internet, la mayoría de ellos menores de edad, que no siem-pre saben que —además de un mundo de posibilidades de educación, comunicación y co-nocimiento–, también les abren las puertas de sus casas a riesgos que llegan a través de la Red.

El Ministerio de Tecno-logías de la Información y las Comunicaciones (tic) lanzó el pasado 30 de agosto de 2012 la gran estrategia de uso res-ponsable y seguro de las tic, que incluye una gran alianza con el sector público-privado para la promoción de buenas prácticas y del ‘cibercuidado’.

La estrategia a la que se unen Red Papaz, la Policía Na-cional, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (icbf), Canal tr3ce, Radiónica, Plaza Sésamo, entre otros, se basa en tres líneas programáticas: el aprovechamiento de las tic; las medidas para usarlo de manera segura, responsable, respetuosa y saludable; y cero tolerancia con la explotación a menores de edad en redes electrónicas.

En tic Confío  promoverá la confianza y seguridad en el uso de las tic en Colombia. Esta estrategia busca proteger a nuestros niños pero tam-bién involucrar a los padres y profesores en el proceso de

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mario iván algarra lobo1

investigador división de investigacionessociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

«Chispas, centellas y caudales de prosa sobre las causas, con-secuencias, estrategias para su contención y demás detalles de la presencia de la corrup-ción en Colombia han pasado por debajo del puente de la in-telectualidad, sin que hasta el momento se haya podido en-contrar un derrotero que deje ver una luz de optimismo y aliento al final del camino para su sometimiento».2

Innumerables intentos y diagnósticos, unos mejor intencionados que otros, po-dríamos citar como expresión

1 Magíster en administración pública.2 Algarra L. Mario Iván. «Acerca de la lu-

cha preventiva contra la corrupción». Periódico Cambalache, Año 11, No. 29. Pág. 12, sep. 2010.

de tácticas cuyo designio se encamina en hacerle frente a la contención del flagelo: que establecimiento de una cultu-ra favorable a la ética, que una mayor participación ciudada-na, que mayor voluntad políti-ca, que diseño de un nuevo sis-tema de control integral, que creación de un frente común entre Gobierno y organismos de control, que incorporación de estrategias correctivas no punitivas, que creación de un frente de coordinación inte-rinstitucional y capacitación, que fomento y aliento a la de-nuncia ciudadana y a los fun-cionarios públicos honestos, que saneamiento del cliente-lismo, que creación de un or-ganismo interinstitucional an-ticorrupción, que una mayor especialización de los jueces y unidades de policía judicial, que creación de mecanismos de estímulos o incentivos

para la denuncia de actos co-rruptos, que eliminación de nóminas paralelas, que redi-mensionamiento de la discre-cionalidad, que unas mayores y severas sanciones, que..etc., etc.; así, se tornaría en una lis-ta de considerable extensión la descripción de todos estos impulsos, acción que des-afortunadamente ocuparía el invaluable y reducido espacio que tenemos para el presente escrito; pero al parecer, y aún todos estos intentos sin hallar el indicado, la corrupción ad-ministrativa sigue avasallándo-nos con su látigo inquisidor.

Estados y gobiernos de otras latitudes, en la tarea de enfrentar escenarios con des-órdenes administrativos simi-lares, diseñaron métodos para superar las falencias e inepti-tudes propias del anquilosado modelo clásico de la Adminis-tración pública al estilo webe-

La nueva gerencia pública: incógnito paradigma anticorrupción

Una de las categorías de la nueva visión pública administrativa es contar con mayor competencia en el sector, lo cual, sin error a equívocos, incluye el componente del aprendizaje organizacional que se logra a través de la generación de conocimiento.

riano –causante para muchos de todas estos trastornos–, y que ha dado lugar a la emisión de aquellas medidas que se enumeran en el párrafo ante-rior. Algunos de esos estados –especialmente del bloque anglosajón–, han encontrado en la filosofía de la «Nueva Ge-rencia Pública», la respuesta y un mejor acercamiento para el aplacamiento de actos genera-dores de tropiezos administra-tivos o corrupción.

Pero, ¿qué es la «Nueva Gerencia Pública» (NGP)?Aun cuando se palpan ma-tices diferentes, la tenden-cia mayoritaria la entiende como la «reorganización de los cuerpos administrativos focalizando su gerencia, sus reportes y sus mecanismos de control de una manera cerca-na a la metodología ejecuta-da en los negocios privados. Apunta en identificar las fallas y deficiencias del funciona-miento del sector público y los problemas en la actividad de la administración para me-jorar la gestión, movimiento de reforma del sector público basado en el Mercado como modelo de relación política y administrativa, cuyo sustento doctrinario está fundamen-tado en la opción pública, la teoría del agente principal, la gerencia de calidad total y la economía de costos de tran-sacción».

Haciendo uso de las rece-tas de la ngp, varios gobiernos del mundo han intentado in-troducir este «nuevo paradig-ma de la gerencia pública» con el único propósito de abordar de una mejor mane-ra sus realidades políticas, so-ciales y económicas. Tal es el caso de países pioneros como los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelan-

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da y Suecia; posteriormen-te otros seguidores de estos pasos y pertenecientes a los cinco continentes que, para el caso de América Latina, visi-bilizan su afán de implemen-tación, estados como Brasil, Argentina, Chile y algunas administraciones públicas del bloque centroamericano.

La ngp presenta una filo-sofía gerencial dominante en la agenda de la Administración pública. Comoquiera que los componentes de esta nueva visión pública administrativa adquieren novedosos roles y categorías; en un contexto macro, una clasificación expo-ne las visiones que interpretan la filosofía del modus operan-di de la ngp, entendiéndola como los valores, políticas e instrumentos que explican una manera de intervención para exponer una realidad y proponer soluciones. Esas ca-tegorías de análisis son: • Nominación de gerentes

públicos profesionales. • Estándares explícitos de

rendimiento. • Mayor énfasis en los con-

troles de salida. • La desagregación de las

unidades del sector pú-blico.

• Mayor competencia en el sector público.

• Estilo de gerencia como en e l s ector p rivado.

• Gran disciplina y econo-mía en el uso de recursos.

Y, partiendo del entendido que contienen estos enunciados, ¿en qué forma contribuye la NGP en la contención del fenómeno corruptivo?Estudios anticorrupción lleva-dos a cabo bien por entidades como Fedesarrollo o por doc-trinantes como el exministro Fernando Cepeda Ulloa, han

concluido que la «Ineficien-cia Administrativa» es el cau-sante de primer orden para la presencia de este fenómeno en el Estado colombiano. Esa ineficiencia toma diferentes matices. Se tantea, entre otros, en la ineptitud para desempe-ñar las tareas propias del cargo del gran porcentaje del perso-nal vinculado al servicio civil, también en la falta de con-troles efectivos con los cuales establecer niveles aceptables de competitividad, de efectivi-dad y eficacia en las labores de la función pública ejecutadas por ese personal; se visibiliza esa ineficiencia, además, en la finalidad con la cual se proce-de a la vinculación de algunos trabajadores, la que al ser di-ferente al de la prestación de los servicios públicos brinda-dos por el Estado –como por ejemplo servir de enlace o cla-ve para un político de turno–, ello se desvía en la comisión de hechos irregulares como des-

pilfarros y toda esa larga cade-na de hechos peculiares de la corrupción.

Al introducir el estilo ge-rencial en el manejo de la ac-tividad pública, muchos son los factores causantes del fla-gelo que se van a desarticular y que engendran el ambiente propicio para la presencia de prácticas corruptas, pues este estilo recoge la articulación de elementos tales como la proyección de objetivos, me-tas y resultados; herramientas que exigen la presencia de gerentes públicos al frente de las entidades y responsables directamente por el cum-plimiento de esos objetivos, con el deber de enfrentar una buena gestión por resultados y para la cual deberá emplear utensilios de medición –in-dicadores de gestión– para el correcto e integral control del proceso correspondiente y con los cuales esa ineficien-cia administrativa –causante

«Al introducir el estilo gerencial en el manejo de la actividad pública, muchos son los factores causantes del flagelo que se van a desarticular y que engendran el ambiente propicio para la presencia de prácticas corruptas, pues este estilo recoge la articulación de elementos tales como la proyección de objetivos, metas y resultados (...)». En la foto presentación sobre SIstemas de Gestión de Calidad dictada por el Icontec a los servidores del IEMP.

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del flagelo– no tendrá funda-mentos para su presencia.

La ngp, cuya filosofía se traduce, en términos de un catedrático anglosajón,3 en la «reorganización de los cuer-pos administrativos focalizan-do su gerencia, sus reportes y sus mecanismos de control de una manera cercana a la metodología ejecutada en los negocios privados», utili-za unas estructuras de medi-ción en un altísimo grado de exigencia, al punto de que al usar utensilios del entorno empresarial privado, se tiene en cuenta todo un proceso de planeación, de control en la ejecución de tareas y labo-res acorde con organigramas predispuestos; con registros de medición presentes a lo largo del proceso, en donde se cierran las puertas para que el riesgo de factores que afecten el buen desarrollo de

3 Falkoner Peter. Glasgow University.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

las labores ejecutadas es mínimo y don-de los factores de eficiencia y eficacia siempre están al alza ante la presencia de escenarios de competencia y de mer-cado que obligan a que los prestadores del servicio mejoren ante la posibilidad de desaparecer del entorno ante bajos guarismos de rendimiento; en palabras interpretadas a la luz del entorno de la función pública, con una modalidad de gestión en la cual la posibilidad de que se generen actos de corrupción se redu-cen a su mínima expresión.

Al adquirir el ciudadano la calidad de cliente –caracterización prioritaria en el entorno de la ngp–, se convierte en do-liente directo del servicio que se presta, del recurso que utiliza, por tanto estará atento y se asumirá el papel de guardián de primer orden del correcto desempe-ño, destino y uso de los recursos utiliza-dos por la Administración que él mismo ha suministrado para una buena presta-ción de los servicios públicos.

¿Y como operaría la NGP como bastión anticorrupción en el Estado colombiano?Podría afirmarse que no ha habido, hasta el momento, una claridad sobre el tópico des-de diferentes puntos de vista: por un lado, no se sabe si el país se encuentra sumer-gido en una corriente burocrática o post burocrática de manejo público –estados anteriores a la implementación de la ngp–, para definir su preparación y adecuación a la entrada de la ngp; y por otro lado, no se vislumbra la existencia de una política integral contundente ni con la voluntad política suficiente para su implementación en Colombia; por tanto, la tarea de primer orden se remite a ordenar y aclarar las con-diciones actuales para su operatividad en el sistema administrativo nacional.

Dentro de un vacío de tal magnitud, el IEMP pretende, atendiendo la misio-nalidad legal que lo faculta para estruc-turar estudios destinados en la lucha anticorrupción, aportar esfuerzos en ese cometido. Es así como en la programa-ción de sus líneas de acción, el Instituto en el año 2012 llevó a cabo el Proyecto de Gerencia Pública Anticorrupción (Progac), en el 2013 pretende desarrollar el denominado Gestión por Resultados

(Gepros) y en el 2011 colaboró en la ela-boración del rotulado Índice de Gobier-no Abierto (iga).

El Progac contempla varios objeti-vos. Por una parte, el cumplimiento de puntos básicos de gerencia pública in-cluidos en los denominados Estatutos Anticorrupción (Leyes 190 de 1995 y 1474 de 2011), y por otro, la obediencia de tres preceptos que, dado su particu-laridad en la lucha contra el flagelo y su talante gerencial, adquieren la relevancia de estratégicos en el escenario.

De otro lado, el programa iga,4 ma-terializa una de las caracterizaciones pro-pias de la ngp al introducir el concepto de «Competencia» como valor agregado en la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado; pues existe el criterio que ante la mejor opción por varios pres-tadores del servicio, se subirán estándares de calidad y de eficiencia en la prestación de ese servicio. El modelo operativo del iga introduce tal concepto, al poner en el escenario de competencia los servicios que deben prestar los alcaldes del país en puntuales tópicos propios de su entorno administrativo.

En lo que respecta a los Estatutos Anticorrupción, son compilaciones jurídicas que contienen estrategias ge-renciales valiosas no puestas en mar-cha, por tanto no deben dejarse pasar

4 El iga lo coordina el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa Diaz y con la colaboración del director del IEMP, Christian José Mora Padilla, se formalizó su natalicio oficialmente el 9 de diciembre de 2010 en las instalaciones del auditorio de la pgn de la ciudad de Bogotá.

desapercibidas. Establecen destrezas eficientes como el deber de todas las entidades de formular sus propios pla-nes anticorrupción, mapas de riesgo de corrupción, el diseño de objetivos, sus planes con recursos puntuales, las es-trategias antitrámites y una democrati-zación de la Administración pública por medio de convocatorias de audiencias públicas para la evaluación de políticas públicas, así como la incorporación de planes de desarrollo para fomentar la participación ciudadana y el apoyo de los mecanismos de control social que se constituyan. En ese entendido, el proyecto estructura una dinámica en la que todos esos propósitos serán efecti-vamente monitoreados, para lo cual un grupo de trabajo hará seguimiento al cumplimiento de las estrategias conte-nidas en dichos estatutos, con lo cual se contribuirá de una manera más eficaz a la lucha contra el flagelo en el país.

En lo que tiene que ver con los pre-ceptos objeto de medición, el proyecto se ocupa de dos perspectivas funda-mentales en la contienda: en primera instancia, y en armonía con el Art. 90 cp sobre la consagración de la responsabili-dad patrimonial del Estado por la acción o la omisión de sus agentes, se estudia la Ley 678 de 2001. Esta Ley determina di-cha responsabilidad a través del ejercicio de la acción de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición, don-de realmente poco y nada han sido los resultados obtenidos desde su sanción presidencial. Su implementación contri-buiría de una manera eficaz a la lucha contra el flagelo en la medida en que consigna un mecanismo para que, en el evento de un detrimento patrimonial estatal, se haga partícipe de esas pérdi-das al agente que dolosamente o por su grave culpa se hizo la condena.

En segunda instancia, y atendiendo su perspectiva constitucional, el artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en los órganos y entida-des del Estado son de carrera y que los funcionarios, cuyo sistema de nombra-miento no haya sido determinado por la constitución o la ley, serán nombra-dos por concurso público. Tales cánones constitucionales han sido desarrollados

«(…)el programa IGA, materializa una de las caracterizaciones propias de la NGP al introducir el concepto de «Competencia» como valor agregado en la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado (...)». Mayor información sobre el IGA en la página web de la Procuraduría General de la Nación.

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por la Leyes 27 de 1992, 443 de 1998 y 909 de 2004, sin que a la fecha haya sido posi-ble establecer el entorno de la carrera administrativa como el marco general en los empleos públicos en Colombia; lo que de suyo se constituye en fac-tor para la presencia de actos generadores de corrupción en el país. En ese entendido, la estructura del proyecto esque-matiza una dinámica en la que se establecen que entidades del Estado –en todos sus órde-nes–, han dado cumplimiento a los propósitos del constitu-yente expuestos en la legisla-ción constitucional en men-ción y clara y detalladamente especifi cados en las leyes men-cionadas y cuáles no. Se debe investigar y determinar qué tanto cumplimiento se le ha dado a estas normas claves, as-pecto que contribuiría de una manera efi caz a la lucha contra el fl agelo.

Sobre el programa Ge-pros, se debe destacar que las tendencias y guías contempo-ráneas de gobernanza claman por la incorporación de líneas y modelos cuya direcciona-lidad apuntan más en la ob-tención de resultados que en otros aspectos propios de la Administración pública.

Vale la pena, y ante la inexistencia de programas que a nivel nacional alienten tal expectativa, arriesgar la pre-sentación de un modelo que contemple un acercamiento –así sea primario– en la ma-terialización de esa mirada. En esa visión, el IEMP dentro de su contexto investigativo ha incluido este proyecto, con el cual se espera hacer un arcaico diagnóstico sobre conceptua-lización, importancia, moda-lidades, programas y demás detalles que deambulen por la institucionalidad colombia-na; prescripción que servirá

de base para futuros designios administrativos y punto de partida para la sugerencia de políticas públicas que alienten su propagación.

En estos entornos, el IEMP considera que con su aporte, el cual responde a la magnitud de los recursos que tiene a su disposición, podrá contribuir en el acoplamiento de este nuevo paradigma en nuestro sistema administrativo, como mecanismo de control. En un ambiente de ngp, no habrá lugar a la presencia de la inefi -ciencia propia que se detectan en estados como el colombia-no, donde el desorden, des-pilfarro de recursos tanto téc-nicos como humanos y caos administrativo dan lugar a los altos índices de corrupción administrativa que a diario se presentan. Esta es la razón por la cual urge su implementa-ción al interior de nuestra ins-titucionalidad.

La vinculación a la carrera administrati va se surte a través de concursos públicos de méritos. «Desde la primera ley de carrera (Ley 165 de 1938) se adoptó la costumbre de la no aplicación efecti va por “(…) falta de voluntad políti ca gubernamental y por la profunda injerencia del clientelismo y del espíritu corporati vista de parti dos y movimientos políti cos que han encontrado, en la burocracia estatal, una fuente prebendaria y un objeto de corrupción"(González, 2004: 32)». La carrera administrati va en Colombia, análisis y perspecti vas (Ramírez, 2011: 77).

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adriana otálora buitrago 1

En la vida cotidiana al igual que en los medios de comunicación e incluso en los medios acadé-micos, muchas son las oportuni-dades en que abordamos temas relacionados con la actualidad política. Temas que giran en tor-no al triunfo de la corrupción, a cotidianos casos de impunidad, a inequidades en el acceso a la justicia, en el drama de los de a pie. En otras palabras, temas ine-vitablemente deprimentes.

Sin embargo, ya resultan raras las conversaciones sobre ética y moral, incluso en la aca-demia, con excepción de cam-pos como el de la filosofía que para la mayoría de la pobla-ción guarda cierta semejanza con el Olimpo, ¡no saben de lo que se pierden!

Quisiera por tanto hacer re-ferencia al artículo escrito por el profesor Vivas sobre la ética es-

1 Docente Universidad de La Salle, economista, politóloga, magíster en educación y desarrollo humano, candidata a doctorado en estudios políticos.

tratégica.2 Incluso, quisiera tomar esta reflexión como una oportu-nidad para desarrollar un ejerci-cio de deliberación en el que no se propende hacia el consenso, un ejercicio en el que podamos libremente expresar nuestras posturas para felizmente encon-trar que hay más en común de lo que a primera vista nos hubiéra-mos podido imaginar.

Es claro el sentido paradó-jico del término de ética estra-tégica que bien podría definir-se como relativismo moral. La manera en que el profesor Vivas aborda este término, manifies-ta lo volátil y peligroso que es correr los linderos y límites de la ética y la moral; sin embargo, el adjudicarle un principio de racionalidad que, si bien se ha popularizado en nuestra socie-dad, contiene una dicotomía con el fundamento moral y con la decisión. No necesariamente la obtención de un beneficio o de un resultado positivo en

2 Revista innova 12, páginas 64-65, agosto de 2012.

una transacción implica la me-jor o la más deseable decisión. De hecho, las segundas mejo-res opciones en términos mi-croeconómicos, o de la teoría de juegos de John Nash, generan mayores beneficios para el total de participantes.

Es este un punto impor-tante, ya que incluso desde la teoría económica, así como en la teoría política desde Aristó-teles hasta Maquiavelo y poste-riormente, para todos los filóso-fos políticos modernos y hasta posmodernos, el bien general está constituido como el obje-tivo, nunca el interés particular.

Puntualiza además esta disertación la distinción entre beneficio e individualismo, la economía no se fundamenta en el egoísmo, no es una cien-cia sin corazón; para Adam Smith el egoísmo se constituye en una manifestación del ego así como el altruismo, y en la medida en que el individuo es consciente de que su mayor beneficio particular lo obten-drá a través de participar en un mercado en el que se busca el beneficio general, este es capaz de ceder parte de su soberanía.

El libre mercado hace parte de una teoría que ha evoluciona-do a lo largo de los siglos y que, como herramienta metodoló-gica, demanda las condiciones ideales del ceteris paribus,3 la obra completa de Smith integra la ri-queza de las naciones con la teo-ría de los sentimientos morales, lo que da una complementariedad entre tener y ser, una riqueza con conciencia es lo deseable.

El planteamiento de nue-vas comprensiones es un desa-

3 Ceteris Paribus: Todo lo demás constante.

Ni ética ni moral, síntomas de una sociedad autodestructiva

«Deberíamos preguntarnos también la razón por la que nuestros niños y jóvenes cada vez sufren más de este tipo de enfermedades, por qué cada vez se incrementan fenómenos como el matoneo, ¿será una reproducción de nuestro culto a figuras de acción como las del capo, y a otros insumos «educativos» que, a través de la TV nacional, llegan a nuestros cada vez más adictos a la TV: niños y jóvenes?».

fío, todo acto humano contiene aspectos morales y éticos, no puede haber comportamiento ético sin base moral, dado que forman parte de un mismo hecho, comportamiento o ex-presión se presentan en forma coetánea. La moral es intrínse-ca al individuo, hace parte de su carácter y de sus compor-tamientos más adecuados, es determinada por los procesos de socialización que le interio-rizan, que le convierten en una respuesta natural, casi como un reflejo, no es por tanto un ele-mento presente o ausente en uno u otro individuo; la ética, por su parte, resulta ser más ra-cional, corresponde a juicios ba-sados en los valores comparti-dos por la sociedad, juicios que en últimas son juicios morales.4

El problema inicia cuando esos juicios morales tienen fun-damentos ambiguos e incluso nocivos para la propia sociedad o el individuo; ahora, la relación entre moral e ideología,5 lleva a resaltar que la moral es el resul-tado de la serie de valores que han sido aprendidos y aprehen-didos durante la socialización política, a través de la reflexión y de la experiencia, en la cons-trucción de la capacidad del in-dividuo para emitir juicios mo-rales y en la consolidación de su concepción de justicia.

El problema inicia tam-bién cuando los valores fun-

4 Entendido como la capacidad de emitir una valoración mental frente a una situación o acción concreta en el mundo real. De tal manera el individuo será capaz de evaluar como acepta-ble, reprochable o indiferente acciones propias y ajenas con base en lo que considera bueno o malo, como manifestación de los valores éticos aprehendidos durante su socialización.

5 Entendida como un conjunto de doctrinas que fundamentan una forma ideal del mundo para un grupo particular de individuos. No es posible emitir juicios morales respecto a ideologías, ya que son manifestación de las preferencias y aspiraciones de estos individuos, así como constituyen el fundamento con base al cual los mismos participan en escenarios deliberativos para lograr conquistas políticas y consensos conducentes a la convivencia pacífica. La democracia en este sentido requiere del constante diálogo entre ideologías como mecanismo de garantía de la pluralidad.

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dantes de la sociedad relati-vizan la moral. Tal relativismo moral impide la existencia de unas bases comunes en esa sociedad, de tal manera que ninguna norma positiva o con-suetudinaria responderá a las necesidades o a los intereses de esa sociedad, sin un con-cepto compartido de justicia nos encontramos ante socie-dades divergentes habitando el mismo Estado; ¿podría con-siderarse como una sociedad con personalidad múltiple?

Ahora bien, no pretende-ría alcanzar una sociedad ho-mogénea, esa sería la mayor afrenta a la democracia, ese sistema político que tanto nos ha costado alcanzar y, aun así, el mismo que tanto solemos demeritar. Al contrario, la de-mocracia requiere escenarios deliberativos,6 aquellos en los que sea posible comprender nuestros propios procesos so-cietales y asumirlos de manera integral, de la misma manera en que se asumen los cambios físicos y emocionales que su-fre el adolescente, requerimos entonces cambios en nuestra estructura y en nuestras creen-cias, ante estos tiempos tan convulsionados, vivimos en una constante adolescencia.

De tal manera, propon-dría una representación dis-tinta a la del profesor Vivas, la estructura dicotómica que expone conlleva a un ámbito de aceptación y otro de recha-zo, la anarquía no necesaria-mente es inmoral, en ciertos

6 Se defi ende acá una postura liberal de la democracia, de acuerdo a la cual en términos de la teoría de la justicia, o justicia como equidad de John Rawls, individuos iguales en dignidad par-ticipan en un sistema cooperativo en el cual las instituciones tanto formales como informales se encargan de solucionar la posición original, o las desventajas que impiden una participación justa y equitativa de todos los individuos igualmente dignos. Todo esto es posible en la medida en que se garantiza la pluralidad materializada en la razón publica, para lo cual es necesario constituir escenarios dialógicos y deliberativos que propen-dan por un consenso traslapado.

contextos como los regímenes autoritarios, la anarquía puede incluso ser más moral que la tiranía, la realidad se presenta en matices, la fi gura planteada es (ver Figura):

Los valores de la sociedad como fun-damento ético de la misma, se constituyen como el eje deter-minante tanto de la apropiación moral y el ejercicio indivi-dual de los mis-mos, como de la democra-cia y la ma-terial i-

zación de derechos y deberes en el contrato social. Los valores son, en últimas, los que deter-minan la concepción de bien y mal, y por tanto los que posibi-litan al individuo la emisión de juicios morales. Ahora bien, li-bertad, igualdad y reciprocidad son manifestaciones del ejerci-cio ciudadano al interior de un escenario democrático plural, en el que si bien se promueve la diferencia, existe consenso en torno a los valores fundantes de la sociedad, consenso7 al menos en cuanto es moral y éticamen-te aceptable o reprochable.

El problema está en el ob-jeto común de la sociedad y en sus valores fundantes, no todo lo socialmente aceptado será deseable para la misma socie-dad, pero tampoco todo lo de-seable se encuentra en las nor-mas establecidas; es necesaria la existencia de procesos delibera-

7 Consenso en los valores no implica ho-mogeneidad, existirán puntos de disenso en el consenso los que hacen parte de la negociación del contrato social en el consenso traslapado, pero sería deseable el consenso en cuanto a va-lores fundamentales como la dignidad humana y el derecho a la vida.

tivos de transformación social que conduzcan a un proceso dialógico que dinamice las rela-ciones sociales y que permita in-cluir nuevos parámetros. Es un proceso natural, y deseable, es

un proceso que debe ser regu-lado por las instituciones de la sociedad, tanto las forma-

les como las informales, es decir, tanto el Estado

c o m o los mo-vimientos

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prometidos con el interés general de su sociedad.

Si lo dejamos al libre mer-cado (en el que incluso para Smith se requería regulación), el más poderoso tomará las riendas y no necesariamente el más fuerte o el más poderoso es el más indicado para tomar las riendas de la sociedad. No es una sociedad primitiva en donde prima la fuerza, tam-poco la sociedad de los más cultos, es la sociedad humana 8

en donde todos desde la igual dignidad promovemos una mejor forma de vida.

Podría establecerse un símil entre la sociedad actual y ciertas enfermedades men-tales en las que el individuo desde su propia racionalidad se autoinfl inge daño.

Tal es el caso de episodios como la depresión o enfermeda-des alimenticias como la anorexia

8 Con humana, me refi ero al profundo respeto por el ser humano en todas sus dimen-siones, en términos de La condición humana de Hannah Arendt, por su posibilidad de contar con las dimensiones de labor, trabajo y acción; o en términos de Las fronteras de la justicia de Martha Nussbaum, por la posibilidad de soñar y desarro-llar en totalidad sus capacidades humanas.

o la bulimia; en el primer caso la gran congestión de frustracio-nes, problemas, falsas creencias de incapacidad para resolverlos, y la eterna sensación de impo-tencia, desencadena una serie de dinámicas emocionales y físicas que sin mayor difi cultad pueden terminar en la muerte del indivi-duo, no solamente por suicidio, sino por las implicaciones que en términos de salud conlleva tal impotencia-infelicidad.

En el caso de enfermedades alimenticias, el individuo desde su racionalidad, pretendiendo cumplir con aquello que con-sidera bueno o deseable se au-toinfl inge daño al evitar comer, o propiciar episodios de vómi-to. En este caso, tales personas creen fi rmemente estar ha-ciendo lo mejor para ellas, es lo que se les ha transmitido como fundamento moral y, aun así, el daño puede ser tan severo que puede terminar en la muerte.

Deberíamos preguntarnos también la razón por la que nuestros niños y jóvenes cada vez sufren más de este tipo de enfermedades, por qué cada vez se incrementan fenóme-nos como el matoneo, ¿será una reproducción de nuestro culto a fi guras de acción como las del capo, y a otros insumos «educativos» que, a través de la tv nacional, llegan a nues-tros cada vez más adictos a la tv: niños y jóvenes?; debería-mos preguntarnos especial-mente por qué razón los niños y niñas que promueven la jus-ticia son considerados como débiles y, por tanto, aislados.

Considero que es un pro-blema de valores sobre los que estamos construyendo la socie-dad, es un problema de educa-ción ciudadana, un problema del cual no se puede separar la moral de la ética, y un pro-blema que nos está llevando a nuestra propia destrucción.

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luis guillermo lópez r.1

En todas las sociedades los grupos que las conforman han logrado un mínimo de acuerdos para convivir; algunas veces esos acuerdos son explícitos y, en otros momentos, son tácitos.

La anterior premisa pone de pre-sente que la vida social es un acuerdo, un contrato social (Rousseau, 1999) que permite a los seres humanos convivir entre el egoísmo y la solidaridad, entre el autoritarismo y la democracia, entre la opulencia y la miseria, entre la liber-tad de cultos y el teocentrismo, etc.; en todo caso entre la fluidez de matices que permiten dos opuestos. Aunque, en muchas ocasiones, los opuestos no son tan marcados por la predominancia de uno de los dos polos.

Así, entonces, la ética está en fun-ción del contrato socialmente pactado (Rousseau, 1999) y construido a través de muchos años de historia, pues los opues-tos pactados y la fluidez o predominio de alguno sobre otro no surge de un día para otro, ni por voluntad de alguien con carismas especiales, sino que se incuba en lo más profundo del consciente colecti-vo a través de años de prácticas sociales consentidas, acompañadas de relatos muy particulares. Se interiorizan porque hay una práctica iluminada por un relato que, haciendo las veces de teoría, cons-truye los supuestos indiscutibles o actos de fe colectivos.

Así, la idea de un ser superior que regenta todas las acciones de los huma-nos impregna la actividad de todos los creyentes; la idea de que hay un líder ma-ravilloso que es el guía de ese pueblo crea un culto a la personalidad convirtiendo esa persona en benefactor imprescindi-ble; la creencia de que debo vivir en la miseria para recibir apoyo de un Estado asistencialista, predispone a no trabajar ni

1 Mg. en educación.

desarrollar iniciativa; cuando se generali-za el concepto de que la mujer es inca-paz de pensar y de tomar decisiones por sí misma crea una condición de menor de edad; cuando existe la idea de que un pueblo es superior a otro esto crea rela-ciones de dependencia.

Lo anterior, demuestra y argumenta que hay ideas básicas que sirven de so-porte a la construcción de opuestos sig-nificativos sociales –como diría Francois Lyotar «metarrelatos»– construidos y le-gitimados por ideologías dominantes en algún grado, que crean entre sí el flujo de elementos éticos permisibles y necesarios en una sociedad.

Es decir, que si bien existe una ética con base en los derechos humanos, la heterogeneidad del poder y las formas culturales e ideológicas que lo legitiman, permiten la práctica de los derechos hu-manos bajo comprensiones diferentes y en categorías polares muy diversas y significativas para cada una de las res-pectivas sociedades en su múltiple di-versidad.

Los derechos humanos (dd. hh.) no alcanzan a un siglo de vigencia y fueron una declaración del final de la segunda guerra mundial, proclamada por la onu en 1948; para ese enton-ces, muchos pueblos no entendieron qué eran los dd. hh., ni culturalmente estaban dispuestos a aceptarlos; pues negarían su forma tradicional de ejer-cicio del poder y la participación, así como diversas concepciones teocéntri-cas, como ejercicios de dominación de caudillos o dinastías en pueblos cultu-ralmente diferentes a los presupuestos de países occidentales.

Por lo anterior, en la sociedad civil contemporánea la existencia de diversos grupos con intereses no solo disímiles, sino también contrapuestos moviéndose en medio de dos polos, que por devenir histórico cada sociedad ha creado, hacen que, por las tensiones, en ocasiones co-yunturales, en otras estructurales, creen conflictos y luchas polarizadas, inspirados en diversos tipos de éticas: consecuencia-listas, deístas, religiosas, militares, ciuda-danas, tradicionales, hedonistas, purita-nas y católicas.

Todos los grupos, con algún grado de poder en la sociedad, por su prestigio, por sus patrimonios y economías, por su fuerza militar, por el dominio psicológico que ostentan, buscan justificar sus accio-nes como éticas en medio de las tensio-nes que se presentan.

En el anterior sentido la actuación ética de los servidores de un poderdan-te, sea este un grupo de interés llamado partido político, movimiento u clientela o cualquier otro tipo de grupo, espera de sus servidores en el cargo una lealtad en función al mismo, por parte del burócra-ta en un puesto político, porque el cargo es patrimonio de ese grupo, en el reparto del botín del Estado.

Por ende, el comportamiento ético de un funcionario de este talante, no es otro que en función de una estrategia para hacer quedar bien un partido, pero a su vez sirve a su grupo haciendo un aco-modamiento ético en función de los in-tereses de su grupo, por ello, este tipo de acción ética estratégica (Vivas, 2012) es en defensa de un patrimonio del grupo en el seno mismo del Estado.

Los grupos de interés imponen una ética en conflicto permanente

«(…) la ética está en función del contrato socialmente pactado (Rousseau, 1999) y construido a través de muchos años de historia, pues los opuestos pactados y la fluidez o predominio de alguno sobre otro no surge de un día para otro (…)».

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La heterogeneidad de la cultura como marco de compresión de lo éticoEntre los diversos enfoques de creencias que constitu-yen los sujetos colectivos (Touraine, 2000) es de na-tural importancia examinar cómo participan los diversos grupos, que por su naturale-za no necesariamente com-parten el mismo punto de vista, pues la cultura no es homogénea en ningún país e incluso en ninguna región ni ciudad, hay puntos de vis-ta mayoritarios opuestos y minoritarios contradictorios en la constitución de los di-versos presupuestos sobre lo que consideran la realidad.

Por lo anterior, esa caren-cia de uniformidad hace que las relaciones entre los diver-sos grupos sea un asunto de identificar acuerdos y des-acuerdos en un proceso de negociación permanente, con base en los diversos intereses que cada grupo persigue. Los intereses son los mediadores de la participación de los di-versos sujetos en la conforma-ción de aquello que en una sociedad se acuerda como ético o no ético.

Ese acuerdo de lo ético o no ético es fluido. Es, en el fondo, una pauta cultural convenida que poco a poco integra unas normas y, con ellas, el cuerpo en la reflexión axiológica y praxeológica de un proceso que puede con-siderarse la formación de un código de ética.

Muchos aspectos surgen al analizarlos a partir del ante-rior presupuesto. Por ejemplo: mucho se ha hablado, propa-gado y difundido la idea sobre lo perjudicial del trabajo infan-til, al punto que hay una ley sobre infancia y adolescencia, pero la realidad es que esta ley

opera a medias pues no con-sultó de forma adecuada la realidad colombiana y, por lo tanto, muchas prácticas socia-les y de familia no consideran el trabajo infantil como pro-blema.

Específicamente los cam-pesinos pobres o los hogares urbanos pobres, para ellos el aporte en trabajo de sus niños hace la diferencia entre tener agua o no tenerla, pues son los pequeños los encargados de proveer el agua para el hogar transportándola desde la fuen-te más cercana. De otra forma, hay un aprendizaje básico para la subsistencia en el campo y

en lugares urbanos de pobreza que está asociado a prácticas laborales.

Por otro lado, este tipo de prácticas laborales tradi-cionalistas, como el cuidado del cultivo o de animales en las pequeñas explotaciones campesinas o el aprendizaje en el taller del padre de fami-lia por parte de sus hijos es endogámico y, si se quiere, conservador, pues no permi-te un desarrollo de la fuerza laboral, pero garantiza la exis-tencia de pequeñas explota-ciones agrícolas y artesanales para la sobrevivencia de una familia.

Por ende, ese código de ética no necesariamente satis-face a todo el mundo, porque generalmente los acuerdos sobre el mismo, por parte de diversos grupos, no son com-pletamente sinceros, son po-líticos; tampoco es clara la escritura de los enunciados normativos, esta deja espacios a la interpretación y al incum-plimiento de la norma en al-gún grado.

En el anterior sentido, los aspectos sobre cuáles son los mínimos de convivencia y cuáles los máximos es apenas un modelo ético de compor-tamiento necesario, pero no efectivo, pues el mismo de-pende de qué tipos de prác-ticas sociales estén vincula-das a las pautas culturales de cada grupo en razón de sus intereses, por un lado, y por el otro cómo se valore desde cada grupo de interés la vida, la naturaleza y el ser humano; pues, así como se valora el ser humano, la vida y la naturale-za, así se los trata.

El ser humano y la naturaleza en los criterios de los grupos de interésDesde los comienzos de la hu-manidad, los diversos grupos de interés han venido defi-niendo quiénes pertenecen al género humano y quiénes no. Quiénes piensan y quiénes deben ser pensados; quiénes se dedican a construir cono-cimiento y quiénes a trabajos materiales; en gran parte, unos seres humanos les han negado tal condición a otros con el fin de dominarlos y ponerlos a su servicio.

Con lo anterior, los grupos de interés construyeron los fun-damentos éticos en función de su poder y bienestar y no en función de la humanidad. Esta

«(…) la cultura no es homogénea en ningún país e incluso en ninguna región ni ciudad, hay puntos de vista mayoritarios opuestos y minoritarios contradictorios en la constitución de los diversos presupuestos sobre lo que consideran la realidad».

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hipótesis ha tejido todo este escrito y la misma se puede argumentar con muchos ejem-plos. Algunos de esos ejemplos pueden llegar desde épocas re-motas y primitivas en las cuales los cromagnones atacaron y sometieron a los Neardentales, los primeros eran nómadas, los otros sedentarios.

Igual, se defi nió durante mucho tiempo en la cultura egipcia que habían unas castas gobernantes de faraones, hijos del dios Ra, el sol; castas de guerreros y castas sacerdota-les. La sociedad griega, por su parte, muy cerca a la sociedad egipcia, determinó que solo los hombres libres pensaban, las mujeres eran para la repro-ducción de la especie, pero no pensaban (si llegaban a pensar o estudiar eran brujas) y los es-clavos eran máquinas vivientes que tenían dueños.

En América Latina durante mucho tiempo, en el siglo XVI, se discutió si los indígenas te-nían alma, para poderlos cate-gorizar como humanos, porque teniendo alma se les podía con-siderar racionales; y si no tenían alma, pues eran animales y se les podía cazar y asesinar. Esta tesis se mantuvo hasta el siglo XX en Colombia y exponiendo la misma un grupo de homici-das de indígenas alegó que no sabían que los indígenas eran seres humanos.

Con estas defi niciones sobre quiénes eran quiénes se construyeron códigos de éti-ca que establecían quién era humano, qué importancia y valoración tenía en función de su catego ría y a quiénes, siendo humanos, se les negaba su de-recho a pensar por ser mujeres o se les negaba la condición de humanos por ser esclavos. De nuevo, así como se defi ne quién es y qué es el ser humano, así se trata y con ello se huma-niza o deshumaniza y se cons-truye una ética de convivencia y conveniencia, teniendo en cuenta los intereses y el poder de los diversos grupos.Por lo anterior, existen pensa-dores como Hans Küng , Ade-

la Cortina, Edgar Morin, para quienes el asunto ya es de una ética planetaria y humanitaria: hay que construir una ética para la humanidad, más allá del poder de las naciones y de las religiones y de las éticas estratégicas que estos desarro-llan para mantener su statu quo, pues ambos proclaman la necesidad de fi eles y patrio-tas, y las soportan con con-cepciones éticas que parecen humanistas, pero sus infl uen-cias reales sobre la sociedad han llevado a guerras que han puesto y ponen en riesgo la vida, la naturaleza y la huma-nidad misma, por el sentido de exclusión, confl icto y barbarie que generan, en la medida en

que son dos grandes grupos de interés que acumulan varia-das formas de poder.

Bibliografí a- Cortina, Adela. (1995). Razón co-

municativa y responsabilidad so-lidaria. Editorial Sígueme. Ciudad Salmanca.

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- López, Luis G. (2006). El compor-tamiento humano en el ámbito de la vida organizacional. Edit. EAN.

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- Morin, Edgar.(1999). Los siete sa-beres necesarios para la educación del futuro. Edit. Unesco.

- Perrow, Charles. (1981). Sociología de las organizaciones. Editorial Mc GrawHill.

- Rivet, Paul. (1964). Los orígenes del hombre americano. Editorial Fon-do de Cultura Económica.

- Rousseau, J. Jacobo. (1999). El con-trato social o principios de derecho político. Editado por

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- Touraine, Alain. (2000). Crítica de la modernidad. Edit. Fondo de Cultura Económica.

- Vivas, Omar. (2012). Ética estraté-gica: estética de la corrupción. Bo-

letín INNOVA del IEMP, 12, 64-65.

«Ese acuerdo de lo éti co o no éti co es fl uido. Es, en el fondo, una pauta cultural convenida que poco a poco integra unas normas y, con ellas, el cuerpo en la refl exión axiológica y praxeológica de un proceso que puede considerarse la formación de un código de éti ca».

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Novedades editoriales

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jorge eliécer martínez posada 1

« (...) vacío es el discurso del filósofo que no cura ninguna afección humana. En efecto, así como una medicina que no expulsa las enfermedades del cuerpo no es de utilidad alguna, tampoco lo es una filosofía si no expulsa la dolencia del alma». Epicúreo.

Como sugieren algunos especialistas en ética, entre ellos Alain Badiou (2003), el creciente protagonismo de la palabra ética es directamente proporcional a la ignorancia que pesa sobre ella, lo que ha llevado a que los más corrup-tos sean los mayores defenso-res de esta palabra. Es el caso del curso que tiene la palabra ética entre la clase política, los gobernantes, los administra-dores del Estado, al punto que la palabra se junta de manera simbiótica a todo aquello que sea sinónimo de poder en los ámbitos político y económico. Al respecto, es notable el in-terés por abordar la temática como lo presenta apropiada-mente Omar vivas en su traba-jo «Ética estratégica: estética de la corrupción» en el bole-tín informativo innova del IEMP (2012).

El protagonismo de la pa-labra ética se adquirió después de la segunda guerra mundial

1 Doctor en filosofía Programa Historia de la Subjetividad, U. Barcelona; doctor en ciencias sociales, niñez y juventud, cinde-um y Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en Filosofía U. Barcelona; magíster en desarrollo educativo y social cinde- upn. Posdoctorado en ciencias sociales cinde- clacso. Director del ciep (Centro de Investigación en Estudios Sociales, Políticos y Educativos) de la Univer-sidad de la Salle y director de la línea en edu-cación, comunicación y nuevas subjetividades en el doctorado de educación y sociedad de la Universidad de la Salle. Correo electrónico jmartinezp2@gmail.com

debido a los sucesos del holo-causto judío, la repartición del mundo entre dos polos de po-der y el relativo fortalecimiento de las minorías como de la so-ciedad civil a partir de la década de los sesenta en occidente.

En Latinoamérica, el pro-gresivo debilitamiento de la democracia y el surgimiento por largo tiempo de dictadu-ras militares en Centroamérica, lo mismo que en el Cono Sur, condujo a un debilitamien-to de la vida civil, lo que entre otras tantas cosas ocasionó la pérdida del control social sobre el Estado y los asuntos públicos, contribuyendo de esta forma a abonar las condiciones para el fortalecimiento de los distintos modos y formas de corrup-ción. La explotación petrolera, lo mismo que las trasferencias de tecnología de material bé-lico procedente de occidente, especialmente de los Estados Unidos, representan, junto con el dinero proveniente del nar-cotráfico, los principales meca-nismos a través de los cuales se inocularon las diversas formas de erosión de la vida social que, sumadas al hambre y la pobre-za, ponen a Colombia como uno de los grandes ejemplos de corrupción en el mundo; a esto se suma la liquidación efectiva del movimiento social por la violencia del Estado ejercida sobre la ciudadanía, la violencia de los grupos paramilitares de izquierda y de derecha, que for-man parte de las condiciones sobre las cuales el ejercicio de la vida pública no es posible, me-nos aún, la posibilidad de que las personas cuenten con las condiciones materiales y men-tales para actuar como tales.

el descrito anteriormente, una alternativa válida es la de resis-tir desde la autoconstrucción subjetiva y social, al revisar el conjunto de significados y ac-ciones significativas que deter-minan el ser personal y social. El «cuidado de sí», el cultivo de la propia significación y la construcción mediada a través del lenguaje y de una racionali-dad que incluye integralmente al sujeto y no solo sus variables lógicas, es la posibilidad que incluye la reflexión ética y, por consecuencia directa, la políti-ca; que pretende ser el punto de partida de toda la reflexión ética y por lo tanto de esta en las profesiones.

Desarrollar una reflexión en torno a los problemas de la ética, desde lo que se cree son sus propios fundamentos universales, es decir, introdu-

Ética en los bordes de la democracia

La pérdida de referentes humanos y colectivos, la su-jetación a los significantes de violencia, de exclusión, marcan la distancia entre las posibilida-des de ser con otros, y de ha-cer en una vida social normal y mentalmente sana, y efecti-vamente al cumplimiento de reglas que acerquen a las cos-tumbres sobre valores sabidos y compartidos.

La ética se constituye en-tonces en reflexión filosófica dirigida a la comprensión de las condiciones de construcción humana del sujeto y la socie-dad; es decir, en revisar el con-junto de posibilidades inclui-das en el sujeto en tanto que proyecto y su papel a la hora de actuar –en el sentido ya explicado de acción humana– en el contexto social y trans-formarlo. En un mundo como

«El orden social es construido, no es inmutable; por eso son posibles las transformaciones en la sociedad».

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cir una crítica a la ética que en tal ejer-cicio permita deconstruir, o sea, hacer la operación de desmontaje para que aparezcan a la vista sus postulados, ar-gumentos, observar la precariedad de su estructura formal que, en el fondo, no explica nada, puesto que no constituye un centro ni un principio, ni una fuerza, y ni siquiera explica la ley de los acon-tecimientos. Pero que, simultáneamente, en tal desmontaje vaya implícita la afir-mación de una propuesta constructiva sobre la ética, en un momento en que crece su circulación mediática y pare-cería que la tendencia consiste en pro-poner una ética de fines. La crítica a las formas de ver la ética pretende que esta se vea actual, por ello debe ser un ejerci-cio vivo y no de una simple evocación histórica, menos aún, de recreación de lo

que otros dijeron en un tiempo ya perdi-do, sin un análisis que pueda ser aplicado al presente. De ahí que otro tanto ocu-rre con los términos de responsabilidad que naturalmente asociado a la palabra «ética» terminan perdiendo sentido y se convierten en palabras cliché para llamar la atención o permitir discursos demagógicos. Se habla de «hacerse res-ponsable» o «asumir la responsabilidad por los actos cometidos», de «saber de-cidir» y de ser «consecuente con lo que se decidió», creyendo decir con ello algo sobre el sujeto en cuestión, olvidando la relación biunívoca presente en la liber-tad humana y la responsabilidad: es mi primera decisión libre ser responsable de ser libre. Esta es pues la idea de pensar una ética en las profesiones en el desa-rrollo reflexivo de la libertad.

La democracia nació «palabras más palabras menos» con la siguiente frase de los sofistas griegos: «El orden de los hom-bres no depende de los dioses, depende de los hombres». Los griegos creían en la otra vida, pero tenían un problema: juz-gaban que la otra vida era más mala que esta, y juzgaban que como los dioses del Olimpo no tenían nada que hacer para divertirse controlaban a cada ser humano. De ahí viene el concepto de destino. Pero si todos tenemos destino no existe la his-toria, porque existe solamente la voluntad de los dioses. Lo que hacen los sofistas es cortar con ese modelo para poder decir, en términos de hoy, que el orden social es una construcción. El orden social es cons-truido, no es inmutable; por eso son po-sibles las transformaciones en la sociedad.

En este orden de ideas, el proyecto democrático no es simplemente un pro-yecto político, es una forma de construir la realidad. Si una sociedad decide ser democrática tiene que hacerse muchas preguntas; por ejemplo, ¿cómo serán los matrimonios democráticos? ¿Cómo se-rán los noviazgos democráticos? ¿Cómo serán las universidades democráticas? ¿Cómo serán la política y los políticos democráticos? ¿Cómo serán los Estados democráticos? ¿Cómo será la empresa democrática? Es decir, como la democra-cia es una cosmovisión tiene que invadir todas las concepciones.

La democracia es como el amor, no se puede comprar, no se puede imitar, no se puede imponer, simplemente se pue-de vivir y construir. Entonces la democra-cia no se la puede dar nadie a una socie-dad. O la sociedad toma esa decisión o no existe el proyecto. De otra parte, el proyecto democrático no lo pueden to-mar los políticos, lo tiene que tomar la misma sociedad.

Sin embargo, en un mundo globaliza-do, la democracia misma tiene otros signi-ficados que nos llevan a preguntarnos por su concepción, «la crisis actual de la demo-cracia tiene que ver no solo con la corrup-ción y la insuficiencia de sus instituciones y prácticas, sino también con el concepto mismo. En parte, esa crisis proviene de que no queda claro lo que significa la demo-cracia en un mundo globalizado» (Har-dt- Negri 2004, p. 268); las respuestas de

«La modernidad, si bien planteó la idea de la universalidad de la democracia, no instituyó, por el contrario, excluyó por mucho tiempo a las mujeres; continua en muchos espacios excluyendo a los homosexuales, a los negros, a los indígenas, a los niños, a los jóvenes, en fin, a todos los que de una u otra manara no respondan a los parámetros definidos por la mayoría hegemónica».

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los griegos en el siglo V a. C., o los que en su momento dieron las naciones modernas sobre esta concepción, cambian ra-dicalmente ante el deterioro del sentido de soberanía de los estados nación y el surgir de los entes trasnacionales de control económico global. « (...) desde el 11 de septiembre las presiones bélicas han polarizado las pos-turas y, en la mente de algunos, subordinado la necesidad de democracia a las preocupacio-nes de seguridad y estabilidad» (Hardt- Negri 2004, p. 268).

Lo anterior ha constituido una máquina de guerra que está dirigida a crear y mantener el or-den mundial convirtiéndose en un biopoder, es decir, en una for-ma de dominio con el objetivo no solo de dirigir la población, sino de producir y reproducir todos los aspectos de la vida.

«(…) el problema de la de-mocracia en un mundo globa-lizado, (…) se presenta al mis-mo tiempo que el problema de la guerra, otro de las cuestiones que no resolvió la modernidad. (…) una de las características de la globalización es que la guerra vuelve a revelarse hoy como un problema, o mejor dicho, que la violencia desor-ganizada e ilegítima plantea un problema para las formas de soberanía existentes. Nos en-frentamos a un estado global de guerra en el que la violen-cia puede estallar en cualquier lugar, en cualquier momento» (Hardt- Negri 2004, p. 275).

En esta lógica de la máqui-na de guerra actual los países no tienen solamente enemigos internos sino que las fronte-ras entre el campo amigo y el campo enemigo se pierden y los discursos sobre la temática giran en torno a los enemigos de la paz y a la democracia; constituyendo de esta manera un cambio en la concepción

de soberanía. El problema de la guerra surge a escala global y los conflictos de una población x alteran la paz del planeta.

De otra parte, el concep-to de democracia en el siglo XVIII fue entendido en térmi-nos de «El gobierno para to-dos», dándole al término una característica que no estaba contenida en los griegos debi-do a que la noción antigua de democracia era un concepto limitado al «gobierno de la ma-yoría», la democracia moderna es como lo presenta Spinoza «absoluta», «Este paso de la mayoría a todos es un salto semántica pequeño, pero ¡que consecuencias tan extraordi-nariamente radicales tuvo! Esta

universalidad viene acompaña-da de otras concepciones no menos radicales tales como la igualdad y la libertad. Para que todos gobernemos, nuestros poderes han de ser iguales, con libertad para actuar y elegir como a cada uno le plazca» (Hardt- Negri 2004, p. 278).

La idea de la democracia como un gobierno «para to-dos» implica la idea necesaria-mente «de todos», lo cual se constituye en la búsqueda de otras maneras de entender la democracia, de otras maneras de la participación, de «otro mundo posible» como se pro-clamaba en Seattle.

La modernidad, si bien planteó la idea de la univer-

salidad de la democracia, no instituyó, por el contrario, ex-cluyó por mucho tiempo a las mujeres; continua en muchos espacios excluyendo a los ho-mosexuales, a los negros, a los indígenas, a los niños, a los jó-venes, en fin, a todos los que de una u otra manara no respon-dan a los parámetros definidos por la mayoría hegemónica.

«En realidad, la noción universal de democracia toda-vía no ha sido constituida, aun-que se la haya tenido siempre como meta a la que tendían las revoluciones y las luchas de la modernidad. La historia de las revoluciones modernas se puede interpretar como una progresión intermitente e irre-gular, pero real, hacia la realiza-ción del concepto absoluto de democracia. Es la estrella Polar que sigue guiando los anhelos y las prácticas políticas» (Har-dt- Negri 2004, p. 278).

Por otra parte, un asunto que en la actualidad es fun-damental en el tema de la democracia y que tiene sus raí-ces en la forma como esta fue asumida en la modernidad es el de la representación. La crí-tica a las formas existentes de representación constituyen la mayoría de las protestas con-temporáneas. «En efecto, hoy se plantean quejas constantes y ubicuas contra los sistemas institucionales de representa-ción local en todas las nacio-nes del mundo. La representa-ción falsa y distorsionada que resulta de los sistemas electo-rales locales y nacionales viene siendo objeto de quejas desde hace mucho tiempo» (Hardt- Negri 2004, p. 310).

El voto como instrumento para la representación ha que-dado relegado a la obligatorie-dad de elegir un candidato no deseado que gracias a los me-dios masivos de comunicación,

«En efecto, hoy se plantean quejas constantes y ubicuas contra los sistemas institucionales de representación local en todas las naciones del mundo. La representación falsa y distorsionada que resulta de los sistemas electorales locales y nacionales viene siendo objeto de quejas desde hace mucho tiempo» (Hardt- Negri 2004, p. 310).

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y de un manera concreta la tv, convierten a los ciudadanos en públicos la cual es «(…) un ins-trumento de poder económico y político que se despliega en el dominio del discurso ajeno para oponerse al impuso del plurilingüismo, que es una con-dición tan importante como las condiciones económicas para la constitución de la multiplici-dad y de sus creencias, deseos e inteligencias» (Lazzarato 2006, p.162). La tv trata de eliminar las posibilidad de las voces di-ferentes que constituyen la ciu-dadanía presentando un mo-nolingüismo en la posibilidades de la elección, en el momento de una partida electoral. En este mismo sentido de la represen-tación, es un signo de protesta contra el sistema los bajos nive-les de participación en las elec-ciones, protesta silenciosa que puede ser leída como un grito

silencioso de unas inmensas mayorías ante el sistema demo-crático representativo.

Pero las quejas de la repre-sentación que se da en el pla-no nacional y local entran en relación con los procesos de globalización. Las decisiones de las grandes corporaciones en cuanto a sus elecciones de ge-rentes, directivos, entre otros, si bien no son fruto de elecciones democráticas marcan decisio-nes que competen al ciudada-no de la calle, al sujeto de car-ne y hueso. La frase «lo que es bueno para la General Motors es bueno para América», es un hecho que manifiesta esta de-pendencia de los llamados es-tados nacionales con las gran-des transnacionales gererando una sociedad productora de productores (Martínez, 2010).

Por lo anterior, y a modo de conclusión, decimos que la

relación entre ética y política ha sido siempre un tema inevi-table por una razón esencial; ambas, al menos en su sentido filosófico y desde su propia identidad, tienden al mismo fin: el bien. Desde Aristóte-les, es considerada el arte del bien común; la ética, carácter y comportamiento atribuible a una comunidad determinada, la acción que persigue un fin, ese fin es el bien.

La ética aristotélica tiene a la felicidad como objetivo principal que conlleva la vir-tud, sin la cual, aquella, no es posible. La polis, formada por la conjunción de la sociedad y del Estado, tiene un carácter, una ética, que le es particular y que de alguna forma la pre-figura. El éthos, carácter pero también conducta, identifica a una comunidad, a una polis de la cual proviene.

En un sentido etimológico y ontológico, ambos términos forman una unidad. No son la misma cosa, pero cada uno de ellos es parte necesariamente complementaria de esa uni-dad que es un todo, cada una de ellas, para formar su indivi-dualidad, necesita el comple-mento de la otra.

Toda polis tiene un éthos. En consecuencia, la política entendida como quehacer de la polis, como desarrollo de un conjunto de tácticas y estra-tegias, es el ámbito en el cual el éthos se realiza como ética. Para los griegos, era un sin sen-tido la existencia de la política sin la ética, porque toda polí-tica debe ser una ética en su desarrollo.

Entre ambas hay una serie de nexos que hacen de ellas un complejo tejido: objetivo, intención, adecuación entre medios y fines, justificación racional del porqué y para qué de las acciones.

Estas ideas elementales con las que los griegos funda-ron la filosofía ética y la po-lítica, por ende la educación desde sus posibilidades éticas, lo que pretende es clarificar las conciencias para transformar el mundo, el indagar por los elementos para configurar la responsabilidad no es asumir que esta sea una meta sino que es en sí misma un camino, un devenir constante en el que la sociedad que reconoce en ella una utopía no como algo inalcanzable sino como un cómo, un lugar posible que se realiza en acciones y prácticas concretas pero que se funda-menta en la posibilidad de la crítica como la interrogación de los discursos y las acciones que llevamos para mirar los límites de las mismas y posibi-litar otras formas de ser, otras formas de aparecer en el mun-do. La ética se presenta como una práctica que es necesaria-mente reflexiva y que implica prácticas de libertad y ejerci-cios de liberación, por eso no podría terminar este escrito sin decir que es la ética una esté-tica de la existencia en la cual el individuo se configura a sí mismo en sus prácticas, que se hacen patentes en el ejercicio de lo público.

Referencias:- Badiou, A. (2003). La ética. Barce-

lona : Paidos. - Lazzarato, M. (2006). Políticas del

acontecimiento. Buenos Aires: Ed. Tinta Limón.

- Martínez-Posada, Jorge Eliécer (2010). La universidad Productora de productores entre biopolítica y subjetividad. Bogotá: Universidad de La Salle.

- Negri, A. &Hardt, M. (2002). Im-perio. Buenos Aires: Paidós.

- Vivas Omar. (2012) «Ética estra-tégica: estética de la corrupción». Boletín informativo innova del Instituto de Estudios del Ministe-rio Publico IEMP. 2012. Bogotá

«Para los griegos, era un sin sentido la existencia de la política sin la ética, porque toda política debe ser una ética en su desarrollo».

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investigador y catedrático. división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

El objetivo de este artículo es proponer un enfoque de análisis distinto sobre la relación Estado-sociedad, que contribuya a la disminución de la distancia y asime-tría entre ciudadano y servidor público, mediante la alteración de las reglas que le definen, cambio institucional provocado desde el servidor y fundamentado en la consolidación de una opción ética hacia la creación de valor público por parte del servidor público, que sea asimilable en las culturas de las agencias estatales; propuesta que resuelve la elección «ética estratégica»2 como base inadecuada de relacionamiento (Vivas, 2012).

1 Magíster y doctorando en estudios políticos.2 La ética estratégica es un concepto que se introduce para

señalar la flexibilidad con que se asume en forma contemporánea lo ético y lo moral, donde existe una acomodación por las circunstan-cias y conveniencias. Al respecto ver Vivas O. innova 12.

La hipótesis, necesaria, es que «los servidores públicos colombianos están en capacidad de consolidar e institucio-nalizar una Administración pública más enfocada, amplia, deliberativa y que crea valor público» al resolver de fondo los temas sociales, que asume nuevos para-digmas de lo público, la política y la par-ticipación, con aperturas en la gestión a nuevas miradas sobre la ciudadanía, la so-ciedad civil, su rol y aportes en las accio-nes públicas, que instituye nuevas reglas, convenciones y prácticas que dejan en el centro opciones viables y sostenibles de desarrollo fundadas en el hombre.La relación del ciudadano y de la sociedad con las autoridades estatales presenta una serie de fallas y limitaciones que con-ducen a generar una distancia y asimetría entre el ciudadano y el servidor público, lo que perpetúa la pérdida de confianza preexistente y la eterna creencia sobre la perfidia del actuar de burócratas y polí-ticos, situación que finalmente impacta la cultura política al convertir la desidia

y el desinterés ciudadano sobre lo públi-co y la política en el motor de un círculo vicioso que, sistemáticamente, degrada una democracia que se desdibuja.

Las implicaciones de esta condición se dejan ver en las fallas y limitaciones que en forma amplia y profunda caracterizan nuestra forma de construir la democracia participativa, que como forma de gobier-no se pactó en el proceso constituyente; lo paradójico se acentúa al percatar que la naturaleza orientadora de las reglas cons-titucionales, que definen mecanismos de participación democrática, en ocasiones se disipan por parte de aquellos servido-res públicos que deben promoverla y fa-cilitarla, debido precisamente a la visión que se tiene en los pasillos oficiales sobre el papel del ciudadano, de allí se forma un conflicto de visiones sobre los roles que cumple la ciudadanía, el funcionariado, las élites políticas y administrativas, y la misma sociedad civil.

Entre las fallas y limitaciones se apre-cian la ausencia de una efectiva participa-ción en el estudio, decisión y programa-ción de acciones públicas y presupuestos, en el manejo de bienes públicos y bienes de uso común, en la poca capacidad de agenciar necesidades y preferencias en los procesos de decisión de opciones colec-tivas sobre derechos y en la modificación de arreglos normativos e institucionales, también se muestra en la debilidad del control social y la fiscalización.

La baja exigencia de mostrar y justi-ficar la gestión en los procesos de rendi-ción de cuentas los convierte en un acto meramente formal y de propaganda de sus protagonistas; es especialmente rui-nosa la escasa politización y corresponsa-bilidad de la ciudadanía en los procesos electorales operados a través de esque-mas cooptados, de redes de clientelismo, o la politiquería que se posibilita por la imposibilidad de revocatorias por incum-plimiento de metas programáticas de campaña debido al conformismo social y al marco normativo vigente.

El nuevo servidor público colombiano Una opción ética por la gobernabilidad, la efectividad y la gobernanza, triada para combatir la corrupción y superar la negligencia

Como servidor público ocasionalmente me he preguntado ¿qué aporta mi trabajo al país?

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«La burocracia para Weber es, simultáneamente, la máxima expresión del mundo occidental y la “nueva servidumbre” de la humanidad» (Zabludovsky, 2009, 31).

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Esta gama de problemas asociados y con un eje estruc-tural común es ampliamente reconocido y tratado por la comunidad académica, y en la esfera institucional y so-cial nacional e internacional, las revisiones y concepciones que orientan los estudios y la construcción de la frontera de comprensión sobre lo que pasa y cómo superarlo ha fluc-tuado de visiones estadocén-tricas a miradas centradas en la sociedad, de la autoridad de una tecnocracia o una éli-te político administrativa a la gobernanza, de la penetración y primacía del mercado a la gobernabilidad, de los estados fallidos a la institucionalización de un Estado democrático, de la Administración burocrática a la gerencia pública y de allí a la gobernanza.

Estas visiones y sus dialéc-ticas requieren ser más descri-tas y explicadas para superar el aislamiento de comprensiones y de acciones, unas visiones han sido aportadas desde la concepción burocrática en donde el ciudadano aparece como un receptor pasivo de beneficios y objeto de auto-ridad, o visiones que desde la Nueva Gerencia Pública (ngp) le reconocen la capacidad de exigencia de aquellos atribu-tos que un cliente espera de un bien o servicio, bajo es-quemas de medición y resul-tados, e incluso de visiones de una gobernanza centrada en la ciudadanía que constituiría vías de auto organización y autogestión que, cuando es in-comprendida por sus mismos promotores, llega a descono-cer la necesaria articulación con actores gubernamentales y empresariales.

De manera que las visio-nes se refuerzan en andamiajes conceptuales que aparente-

mente parecen darles la razón; sin embargo, sostengo que tal conflicto de visiones se supera en la realidad cuando una ac-ción pública reúne unas con-diciones de orden, efectividad, participación e inclusión, don-de el funcionariado asume un rol central. Una presentación especialmente clara de algu-nos de estos aspectos es dada por Guy Peters (2001).

Como corolario de esta problemática, se defiende que este trasegar ha opacado al funcionariado como obje-to de estudio, a pesar de ser uno de los actores indispen-sables en la explicación, su papel se ha instrumentalizado en la revisión de los procesos, en la literatura parece consi-derarse superada la necesi-dad de comprensiones más amplias, lo que indicaría que hay suficiencia explicativa de su comportamiento, decisio-nes, preferencias, cultura, in-fluencia, etc., avance que no es verídico porque al aceptar que la investigación del tema es suficiente lo que ocurre en las arenas políticas de las orga-nizaciones públicas se asume como una caja negra, se ge-nera un inconveniente atraso, máxime si observamos que la

vida política ha evolución con las tic, la aldea global, las nue-vas dinámicas sociales y polí-ticas de una sociedad líquida, posmoderna o poscapitalista, la emergencia del tema am-biental, el fin de las ideologías. La preocupación por el tema es vigente, el análisis político de la racionalidad, el compor-tamiento y las instituciones incluyen la revisión de la bu-rocracia y las relaciones inte-riores al Gobierno (Shepsle K. & Bonchek M. , 1997).

Esta opacidad explicati-va, además de postergar su integración en las ecuaciones causales 3 de las dinámicas polí-ticas, conduce también a la fal-sa concepción de algunos de que el funcionariado no tiene poder, capacidad o influencia para reconfigurar, alterar o di-latar las decisiones de las élites político administrativas, o los afanes ciudadanos que logran incluirse en agendas políticas; de manera que hay preguntas y respuestas pendientes, algu-nas de las cuales han sido asu-midas desde la denominada burocracia de la calle, el análisis

3 Modelos o arquetipos que permiten conformar las categorías, factores o elementos de comprensión y explicación de la realidad, los fenómenos o lo observado.

Cuando el nuevo servidor público colombiano asume la opción ética con el ciudadano eleva su valor moral y edifica barreras a la corrupción y cooptación.

de políticas públicas centrado en los actores, los enfoques bottom-up de abajo arriba, los que ponen de manifiesto el importante rol que cumplen las burocracias.

Para contribuir en la solu-ción de este conflicto de visio-nes, sostengo que la tricotomía entre burocracia, nueva ge-rencia pública y gobernanza, como modelos de gestión o énfasis en el tratamiento de lo público, es aparente, y subse-cuentemente ha conducido a errores artificiales en el estudio e intervención de las realidades de la Administración pública.

Existe complementarie-dad entre estos modelos en la acción pública real, es anacró-nico creer que entre ellos existe linealidad o exclusión, conside-rarlos como subsecuentes en una linealidad cronológica de desarrollo es inadecuado por-que induce a creer falsamente que no prevalecen aspectos del modelo burocrático o de la nueva gerencia pública que sean vigentes o útiles, siendo evidente que algunos de sus elementos son efectivos para la gestión y que su integra-ción armónica brinda mayor responsabilidad, capacidad, orientación e inclusión.

Es demostrable que la formalidad en el desarrollo de procedimientos es vigente y útil para su cumplimiento con responsabilidad, que los sis-temas de calidad mejoran las capacidades para garantizar y efectivizar derechos creando valor público, que la participa-ción ciudadana efectiva en es-quemas de gobernanza otorga legitimidad y confianza a una autoridad local.

La literatura y los estudios sobre políticas públicas, acción pública, participación, control y fiscalización, ciudadanía, go-bernabilidad, gobernanza, de-

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mocracia participativa, cultura política, neoinstitucionalismo, burocracia, servicio civil, resultan prolíficos y permiten ex-tractar algunos conceptos centrales para matizar el estado de las aproximaciones y comprensión del problema de distancia y asimetría ciudadanía–servidor público, desafío que asumo inicialmente al abor-dar algunos conceptos centrales.

Lo público y el valor público. Lo pú-blico ha de comprenderse como un pro-ceso construido en forma convergente por los ciudadanos y por las autoridades cuyo objetivo es promover aquellos valo-res que le son necesarios para su desarro-llo y que atiende a la convergencia de ne-cesidades, no ha de asumirse lo público meramente como aquellos asuntos que conoce una entidad estatal ni tampoco como los espacios o esferas que no son privadas o íntimas, siendo así la esfera pública es el lugar de encuentro de los procesos de construcción de lo público.

La creación de valor es concebi-da como un proceso de agregación de atributos, cualidades y condiciones que hacen que un bien o servicio sea progre-sivamente más deseable para quienes lo van a recibir siendo el umbral que tales atributos superen las expectativas de quien los recibe, en este sentido la crea-ción de valor público es (1) el suministro de respuestas a demandas y problemas socialmente relevantes que superan las expectativas y alcances esperados por la ciudadanía, (2) que preservan una ima-gen y una condición de legitimidad en la respuesta que da, como la da y por-qué debe hacerlo, (3) que en su proceso, dada su naturaleza pública, haya permi-tido la participación y deliberación so-bre la definición del problema y la forma como se debe atender, (4) que muestre corresponsabilidad en la ejecución de la acción pública, y (5) que adicionalmen-te conforme o dinamice los elementos estructurales necesarios para el desarro-llo. 4 Conceptualización que interpreta lo planteado por Moore (1998, 87-91).

La creación de valor público agen-ciada por el nuevo servidor público co-

4 Queda pendiente una disertación sobre los paquetes de valor que son entregables a los segmentos políticos o actores políticos y entre ellos las élites político administrativas que por razones de espacio no asumo aquí.

lombiano ubicado, competente y que asume una opción ética resulta el mejor paliativo para institucionalizar esquemas avanzados de Administración pública con mejores prácticas de participación, que permitan superar males endémicos de corrupción y cooptación, de negli-gencia y despilfarro. Un funcionario que instituye formas de gobernanza, crea las barreras y se acompaña en la resistencia a los agentes criminales y a actores legales que pretendan imponer intereses ilegíti-mos (Vivas O., Peña J., Bazzani C., Gómez D., Younes D., Torres J., & Torres, U., 2012).

Gobernabilidad y gobernanza son conceptos centrales en esta propuesta, sobre la concepción de gobernabilidad, es relevante asumir que «en el ámbi-to latinoamericano, se dará lugar a una connotación específica para el término gobernabilidad, entendido en estrecha relación con la legitimidad, como la serie de condiciones que le permiten a un go-bierno en particular el ejercicio del poder y la ejecución de las acciones y políticas propias del Estado, con el objetivo de alcanzar un mayor bienestar para la po-blación, así como condiciones de convi-vencia y estabilidad Política» (Otálora, A. Vivas, O, 2011, 75).

La gobernanza resuelve «(…) la ne-cesidad de buscar una aproximación más horizontal que vertical a las políticas públicas, especialmente en sociedades multiculturales como la nuestra. […] En

ese segundo aspecto es en donde co-bra vigencia el concepto de gobernanza, toda vez que se hace imperante el esta-blecimiento de relaciones bidireccionales y multidireccionales en el ejercicio del gobierno y en el diseño de las políticas públicas. Así, no basta con el reconoci-miento mutuo del Estado o el Gobierno y la sociedad civil, sino que se requiere de mecanismos que propicien el ejercicio del poder también de abajo hacia arriba, en una forma cooperativa de construc-ción de la sociedad y de sus políticas» (Otálora, A. Vivas, O, 2011, 75).

La gobernanza espera superar crisis preexistentes y construir nuevas relacio-nes entre el Gobierno y los nuevos ac-tores colectivos, que son reticentes a la unilateralidad directiva del Gobierno por considerarla insuficiente y contraprodu-cente (Aguilar Villanueva, 2006), incluye como precondición la gobernabilidad y asume una orientación al logro de resul-tados, de allí que incluso se hable ya de gobernanza por resultados.

De manera que el nuevo servidor pú-blico colombiano está incrustado en un proceso interactivo de creación de valor público, con capacidad de control sobre recursos para desarrollar unas competen-cias orientadas a armonizar las propues-tas y solicitudes de la ciudadanía con planes, programas y políticas de distintos niveles de respuesta, donde el acompa-ñamiento social y empresarial genera ba-

¿Cuáles atributos de valor aporta el servidor público?

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rreras conjuntas a agentes de corrupción o cooptación.

Con un alcance intermedio se han de asimilar por parte del nuevo servidor pú-blico conceptos y métodos que reducen las distancias y asimetrías con andamia-jes conceptuales y cajas de herramientas asociadas con la rendición de cuentas, la transparencia, el gobierno abierto, el buen gobierno, los presupuestos partici-pativos, el control social y la fiscalización, las políticas públicas como enfoque de análisis y acción pública, entre otros.

La formación de creencias sobre lo público, y las visiones de la relación ciu-dadano–servidor público formadas des-de la labor del servidor han de superar el conflicto de visiones y se dan en un pla-no de orientación al logro y el reconoci-miento del otro.

A manera de conclusión, sostengo que otorgar al funcionariado el rol de instituyente de formas de gobernanza que faciliten la acción pública orienta-da a la creación de valor social, desde la base de un funcionariado con identidad y convicción, comprometido más con la creación de valores públicos que con sus benefactores, permite reducir las asime-trías y distancias entre el ciudadano y la sociedad civil, mejoran la confianza y la legitimidad y son pasos en el camino a re-correr para llegar a la democracia partici-pativa pactada en 1991 en la Constitución de Colombia; es necesario ver este re-conocimiento desde una mirada actual, donde las tentaciones burocráticas han sido superadas por las propias dinámicas políticas, lo que profundiza Olsen Johan al reclamar una mayor comprensión de la Administración pública (Olsen, 2005).

El reconocer este carácter de institu-yente conduce a definir un programa de acción con espacios de formación, sensibi-lización, ajustes normativos, introducción de operadores culturales, que enfoque al servidor público en el fortalecimiento de sus capacidades y competencias para for-mar esquemas de gobernanza y de gestor de construcción pública y participativa de valores públicos desde sus labores co-tidianas, en el uso de su tiempo, en sus formas de trabajo; cambio paradigmático que conducirá a reformar la concepción sobre la forma de cumplir con el proce-

so administrativo 5 en la Administración pública y que además de profundizar la democracia hará que su trabajo se digni-fique y se convierta en referente de una nueva sociedad «allí donde antes existía una cultura de la tecno burocracia, ha ido emergiendo de forma gradual una cul-tura de la tecno democrática» (Santos, 2003, 101).

Lo adecuado es sumar bajo un orden armónico y con equilibrios orientados a un proyecto de país que aproveche las fortalezas de los diversos agentes y acto-res de la sociedad, el mercado y el Estado, siendo en todo caso menester resaltar que el ciudadano es un miembro central y activo de la política, detentador de de-rechos que van más allá de la atención de sus necesidades y que le permiten parti-cipar efectivamente en la Administración pública, en la deliberación que teleológi-camente conduzca a la creación de valo-res públicos.

Está demostrado que las decisio-nes tecnocráticas y de autoridad que se imponen a la sociedad vía legislaciones crean insatisfacción y deslegitiman la democracia participativa, tampoco es aceptable que con un enfoque gerencial se asuma que la mera entrega de un bien o servicio es suficiente para reconocer

5 El proceso administrativo está formado por la planea-ción, organización, dirección y control.

derechos, también hay error al asumir que solo en el ciudadano está la capaci-dad de autogestión en esquemas de go-bernanza que demeritan la contribución que hacen los gestores institucionales; la fortaleza de nuestro país no puede estar en dividir sino en armonizar lo bueno que tienen estas visiones, que conviven en las acciones públicas concretas y en la realidad (Merino M., Cejudo G., Are-llano D., Bracho T., Casar M., Gil-García J., Maldonado C., Mariscal J., Santibañez L., Sour L.,, 2010), asi que «la democracia participativa debe ser producto de un contrato social construido desde la base y no solo puede estar impulsado desde lo intitucional» (Garay, Luis Jorge & Angulo, Alfredo, 1999).

Bibliografía- Aguilar Villanueva, L. F. (2006). Gobernanza y

gestión pública. Méjico D.F.: Fondo de Cultura Económica.

- Garay, Luis Jorge & Angulo, Alfredo. (1999). Construcción de una nueva sociedad. Bogotá: Tercer Mundo.

- Merino M., Cejudo G., Arellano D., Bracho T., Casar M., Gil-García J., Maldonado C., Mariscal J., Santibañez L., Sour L.,. (2010). Problemas, deci-siones y soluciones. Enfoques de política pública. Méjico D.F.: Fondo de Cultura Económica.

- Moore, M. (1998). Gestión estratégica y creación de valor en el sector público. Barcelona: Paidos.

- Olsen, J. (2005). «Quizás sea el momento de redescubrir la burocracia». Recuperado el 10 de Noviembre de 2012, de Revista clad: http://www.clad.org/portal/publicaciones-del-clad/revista-clad-reforma-democracia/articulos/031-febrero-2005/0049620

- Otálora, A. Vivas, O. (2011). Aproximación cul-tural a las políticas públicas:. Equidad y Desarro-llo, 69-99.

- Peters, G. (2001). La política de la burocracia (4 ed.). Méjico, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

- Santos, B. d. (2003). Democracia y participación. El ejemplo del presupuesto participativo de Porto Alegre. Barcelona: El viejo topo.

- Shepsle K. & Bonchek M. . (1997). Analyzing po-litics. New York: Norton & Company.

- Vivas O., Peña J., Bazzani C., Gómez D., Younes D., Torres J., & Torres, U. (2012). Anatomía de la cooptación en Colombia. Bogotá: IEMP Edicio-nes - esap.

- Vivas, O. (2012). «Ética estratégica: estética de la corrupción». Recuperado el 10 de Noviem-bre de 2012, de innova 12: http://www.pro-curaduria.gov.co/iemp/media/file/Innova%2012%20(e-book).pdf

- Zabludovsky, G. (2009). Intelectuales y burocra-cia. Barcelona: Anthropos.

La negligencia genera tantos costos o más que la corrupción.

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william millán monsalveprofesional dirección iemp

En los albores de la Revolución Industrial y el declive del feuda-lismo, en Inglaterra, surgió una nueva sociedad compuesta por actores aparentemente idén-ticos pero que cumplían roles muy distintos a los que estaban acostumbrados a ejercer por años. Surgía el obrero asalariado, como una realidad necesaria frente al papel que habían cum-plido los siervos frente al señor feudal que, a cambio de permi-tirles vivir en sus parcelas, les exi-gían trabajar para él sin ningún otro tipo de compensación.

Ese conglomerado, que incrementó la población de las ciudades, habitó en los nuevos cinturones de miseria ambicio-nando una nueva realidad y un mejor futuro para sí y sus fami-lias e impactó, enormemente, el acontecer de la vida tal y como se conocía hasta esos momentos, generando un cú-mulo de perspectivas que se tradujeron en crecimiento de la pobreza y que, como cin-turones de miseria, se fueron asentando en los emporios empresariales. La nueva fuer-za laboral, en muchos casos, trabajaba por la alimentación y el techo, pocas veces recibía como contraprestación un sa-lario. En estas circunstancias de explotación surge el movi-miento sindical que perseguía la reivindicación de los dere-chos de los trabajadores y a la par de esas luchas surgieron los mínimos derechos en favor de estos seres humanos.

En pleno siglo xxi nos pa-rece tan normal que un traba-jador cuente con un mínimo

de derechos y no hacemos ninguna reflexión en relación con toda el agua que tuvo que pasar bajo el puente para que, mínimamente, gocemos unos derechos que dignifican al ser humano en su dimensión. En los albores de estos aconteci-mientos se fueron edificando las bases del derecho laboral que hoy conocemos, empezan-do por el concepto de contrato de trabajo con sus tres compo-nentes básicos: prestación per-sonal de un servicio, subordi-nación y salario; siguiendo con prestaciones sociales, salario mínimo, jornada de ocho ho-ras, no discriminación, principio de favorabilidad, descansos en dominicales y festivos, estabili-dad en el empleo, vacaciones, seguridad social, edad mínima de admisión en el trabajo, de-

rechos de los niños y mujeres, es decir, todo un conjunto de derechos que son recogidos en las normas a nivel mundial como los que conciernen a los derechos de asociación, nego-ciación colectiva y huelga, así como la prohibición de esclavi-zar a otros seres humanos.

Este acumulado de aportes en favor de la paz mundial per-mitió que en el preámbulo de la constitución de la Organización Internacional del Trabajo (oit), luego de las discusiones que se llevaron a cabo con ocasión del triunfo de la revolución rusa y la finalización de la Primera Guerra Mundial, se consolidara la idea de un organismo supranacional que velara por el respeto de la clase trabajadora y así asegurar la paz mundial, sobre todo ante la constatación de situaciones

Comentarios sobre el origen del derecho laboral

de injusticia en materia de ex-plotación de los trabajadores que podían interferir en la con-solidación de dicha paz y que debía surgir como consecuen-cia de la justicia social. En este entorno, y gracias al apoyo de la mayoría de los países de Europa, se hace posible el nacimiento de la oit y, con ello, el surgimiento de una nueva doctrina interna-cional que aboga por el derecho de los trabajadores que «alqui-lan» su fuerza y capacidad de trabajo a un tercero que se enri-quece o progresa como conse-cuencia de ello.

Con el tiempo se fueron adoptando los convenios inter-nacionales del trabajo y fue sur-giendo y consolidándose el de-recho laboral interno que, en la mayoría de los casos, replica las consagraciones de las normas internacionales del trabajo. El de-recho laboral es pues una conse-cuencia lógica de la lucha de cla-ses y de la negociación colectiva, por un lado, y de la sensibilidad de gobiernos, empleadores y tra-bajadores que fueron tejiendo el entramado que permite afirmar que el derecho laboral de hoy es bien distinto al incipiente que, a fuerza de costumbre, se daba hace un poco más de 120 años en los países desarrollados en donde era permitido que los niños trabajaran en las fábricas de tela, hecho que repercutía en una proliferación de los acci-dentes de trabajo en donde los infantes eran las mayores vícti-mas. No existía el concepto de accidente de trabajo ni de en-fermedad común, ni de salario mínimo sino que esas relaciones de trabajo eran asimilables a la contratación civil; en resumen, es mucho lo que debemos a los esfuerzos desplegados por los sindicatos de trabajadores como el surgimiento de una disciplina del derecho —el laboral—, y la existencia de la oit.

«En los albores de la Revolución Industrial y el declive del feudalismo, en Inglaterra (…) la nueva fuerza laboral, en muchos casos, trabajaba por la alimentación y el techo, pocas veces recibía como contraprestación un salario».

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diana marcela bravo a.asesora procuraduría delegada para la vigilancia preventiva de la función pública

La falta de eficiencia en la ges-tión pública es una realidad con la que nos acostumbramos a vivir; son muchos los aspectos que contribuyen a esta proble-mática, desde la corrupción, la politiquería, hasta la falta de idoneidad y experiencia de quienes administran lo público, cuestiones que agudizan este fenómeno.

Las quejas por la falta de eficiencia en la gestión pública son recurrentes, todos los días se pierden recursos públicos valiosos por la gerencia defi-ciente del Estado, los escánda-los por corrupción son el pan de cada día en los medios de comunicación y las denuncias que reciben los organismos no paran de llegar.

Para enfrentar esta situa-ción, y el reto de alcanzar efi-ciencia en la gestión pública, se requiere más que sancionar las malas conductas, se necesitan implementar buenas prácticas, trabajar en una gestión pública por resultados.

A partir de la experiencia que se ha recaudado en el ejer-cicio de la vigilancia y control de gestión preventivo realiza-do por la Procuraduría Delega-da para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, a conti-nuación se comparten algunos aspectos que se consideran claves para contribuir a una administración pública eficien-te, que garantice los derechos de los ciudadanos, de forma oportuna y eficaz.

¿Qué es la eficiencia en la gestión pública?Las entidades públicas traba-jan para cumplir con su fun-

ción misional, asignada por la Constitución o la ley, pero pierden de vista todas las ac-tividades que deben realizar para el cumplimiento del ob-jetivo propuesto, es decir, no examinan los procedimientos, los tiempos, ni la forma en la que emplearon los recursos. La eficiencia en la gestión pública busca cumplir los objetivos propuestos con un grado su-perior de aprovechamiento de los recursos humanos, técni-cos y económicos.

GerenciaGerenciar es esencialmente el proceso de convenir y alcanzar objetivos organizacionales. En el Estado la disponibilidad de recursos es limitada pero las necesidades por resolver son infinitas, lo que se evidencia en todos los niveles y sectores del país; el reto, entonces, es ges-tionar y administrar de forma

más adecuada esos recursos. Muchos países poseen menos recursos naturales y humanos pero alcanzan mayor calidad de vida para sus habitantes, eso se debe a que administran de manera inteligente lo que se tiene y al conocimiento pro-fundo de lo que se requiere.

Liderazgo El liderazgo, como comple-mento de la buena gerencia, es influenciar, guiar en una direc-ción, curso, acción u opinión a un grupo humano para alinear el actuar corporativo, enfoca-do en el objetivo de cumplir con la misión institucional y alcanzar las metas de gestión que contribuyan a fortalecer la organización.

Para ello, quienes ejercen la dirección de una entidad pú-blica deben tener claro cómo visualizan su acción en el inme-diato y largo plazo, traducir esta visión en objetivos estratégicos y coordinar todas las activida-des, saberes y entenderes de los miembros de la institución bajo una línea de acción definida, es, verdaderamente, liderar la ge-rencia pública.

Desde luego, nada mejor que tener un comportamiento ético y coherente para influir en los demás; un líder debe seducir con sus propias accio-nes y servir de ejemplo para la adopción de buenas prácticas. Al fin y al cabo, el liderazgo es el arte de conseguir que al-guien haga algo que tú quie-res porque él quiere hacerlo (Dwight D. Eisenhower).

BenchmarkingGenerar valor público es ir más allá de las funciones constitucio-nales y legales e impactar directa-mente a la comunidad, respon-diendo verdaderamente a sus expectativas de forma oportuna y eficaz. Esto exige innovación,

Factores claves para la eficiencia de la gestión pública

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«Las quejas por la falta de eficiencia en la gestión pública son recurrentes, todos los días se pierden recursos públicos valiosos por la gerencia deficiente del Estado, los escándalos por corrupción son el pan de cada día en los medios de comunicación y las denuncias que reciben los organismos no paran de llegar».

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entendida como el análisis de las situaciones para transformarlas en oportunidades. Para ello es esencial identificar las buenas prácticas del sector que hayan desarrollado ya otras institucio-nes. Esta estrategia gerencial se conoce como benchmarking, que no es otra cosa que analizar la causa de los éxitos o buena gestión de otros, de su mismo perfil, para identificar puntos de mejora en su propia gestión. El proceso de benchmarking es una herramienta valiosa para el mejoramiento continuo de las entidades.

Planeación y controlMuchos han sido los instru-mentos desarrollados por la legislación para que la Ad-ministración pública planee y controle su gestión, es así como se cuenta hoy con pla-nes de desarrollo, planes ope-rativos y con el Modelo Están-dar de Control Interno (meci). Pero lo importante no es pro-mocionar estos mecanismos con una retórica desgastada

sino aprovechar sus potenciali-dades y aplicarlos a las realida-des diarias, no para cumplir un mero requisito sino para gene-rar el valor público deseado.

Sistemas de informaciónContar con sistemas de infor-mación que organicen y dis-pongan la información insti-tucional de forma oportuna y veraz, permitirá que se cuente con el conocimiento necesario para la toma de decisiones en todos los niveles.

Estos sistemas han sido creados para facilitar la con-sulta de la información ins-titucional, para estandarizar las actuaciones y controlar la gestión de la organización, pero su éxito no depende solo de una plataforma tecnológica idónea sino de un ejercicio de identificación de los datos que se requieren ingresar y consul-tar, de ejercicios de análisis de la información recaudada y de funcionarios capacitados y comprometidos que ingresen con calidad y oportunidad la

información exigida por los sistemas creados.

Talento humanoEl recurso más valioso de las entidades públicas son los fun-cionarios. Gestionar el talento y ponerlo al servicio de la enti-dad, reconocer su valía y empo-derarlo, son las primeras claves del éxito corporativo. De allí que el buen trato, la administra-ción participativa, la creación de equipos de trabajo autodiri-gidos y la disponibilidad de in-fraestructura técnica, tecnoló-gica y operativa adecuada para el bienestar de los empleados faciliten y promuevan el trabajo institucional y alienten el com-promiso de todos en el mejora-miento continuo.

Transparencia y rendición de cuentasLas personas le tienen miedo a la evaluación, pero no hay nada que temer, si nos auto-controlamos y somos estrictos en los procedimientos es fácil rendir cuentas de lo que hace-

mos. Por ello, sin importar el cargo donde esté, se debe pro-mover la rendición de cuentas, la presentación de informes, reportes y la implementación de mecanismos de comuni-cación para saber qué se está haciendo bien, cómo perciben los demás el trabajo y cómo puede hacerse mejor.

Participación ciudadanaLa participación ciudadana en los diferentes ciclos de la polí-tica pública es de gran relevan-cia para alcanzar eficiencia en la gestión pública, pues en el desarrollo de este ejercicio se pueden conocer las necesida-des a satisfacer, los resultados de las acciones adoptadas y las posibles debilidades o for-talezas institucionales; tener en cuenta este aspecto además de dar cumplimiento a un deber constitucional, retroalimenta la gestión pública para su mejora-miento continuo.

ActualizarseNo importa la edad que tenga un funcionario, ni el tiempo que se encuentre vinculado en el sector público, se le deben facilitar herramientas de estu-dio y actualización permanen-te, recordando que la normati-va es cambiante y las teorías de la Administración pública que la sustentan también. Si en lo que hace una entidad se man-tiene a la vanguardia, reapren-diendo, explorando e investi-gando, evitará cometer errores involuntarios por desconoci-miento y liderará el sector, con innovación y eficiencia.

«Porque en el ejercicio de la función pública, la prevención es la mejor opción»

«No importa la edad que tenga un funcionario, ni el tiempo que se encuentre vinculado en el sector público, se le deben facilitar herramientas de estudio y actualización permanente, recordando que la normativa es cambiante y las teorías de la Administración pública que la sustentan también».

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lizeth milena figueredo b.área jurídica división administrativa y financiera del iemp

En Colombia, la libertad de conciencia y de religión ha sido reconocida tanto en el derecho constitucional co-lombiano como en el derecho internacional. En las normas internas, el Art. 18 de la Cons-titución Política (cp) colom-biana reconoce la objeción de conciencia como un ejercicio legítimo derivado del derecho de la libertad de conciencia, al señalar que «nadie será moles-tado por razón de sus convic-ciones o creencias ni compe-lido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia».

Por su parte, el Art. 19 de la cp establece que se garanti-

za la libertad de cultos, según la cual (i) todas las personas tienen derecho a profesar li-bremente su religión y a di-fundirla en forma individual o colectiva; y (ii) todas las confesiones religiosas e igle-sias son igualmente libres ante la ley.

En el ámbito internacio-nal, tanto la Declaración Uni-versal de Derechos Humanos, como el Pacto de Derechos Ci-viles y Políticos, ratificados por Colombia el 12 de diciembre de 1968 y el 29 de octubre de 1969, en su Art.18 señalan que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión». Asimismo, el Art. 12 de la Con-vención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Colombia es Estado parte, des-

de el 31 de julio de 1973,1 esta-blece lo siguiente:

1. Toda persona tiene dere-cho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su reli-gión o sus creencias, o de cam-biar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creen-cias, individual o colectivamen-te, tanto en público como en privado. 2. Nadie puede ser ob-jeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus

1 De acuerdo con el Art. 93 de la cp «Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los Tratados Internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia».

Perspectiva constitucional sobre la objeción de conciencia

«(...) el Art. 19 de la cp establece que se garantiza la libertad de cultos, según la cual (i) todas las personas tienen derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva; y (ii) todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley».

creencias o de cambiar de reli-gión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la segu-ridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o liberta-des de los demás. 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

En el momento actual no existe en Colombia una regula-ción interna específica del de-recho a la objeción de concien-cia. No obstante, se encuentra en curso el proyecto de Ley Estatutaria 022 de 2011,2 en el que se regula legislativamente el derecho de objeción de con-ciencia, y en el que se reconoce expresamente la libertad de conciencia. De esta forma, en su articulado se establece:

Artículo 2.°: La libertad de conciencia comprende el de-recho de formar libremente la propia conciencia, religiosa o no, de actuar conforme a los impe-rativos de la misma, individual o colectivamente, y de no ser mo-lestado por razón de las propias convicciones éticas, morales o religiosas ni compelido a actuar en contra de ellas.

Artículo 3.°: La libertad de conciencia incluye asimismo el derecho de objeción de concien-cia, entendida como el derecho de toda persona de ser eximida del cumplimiento de aquellas obligaciones jurídicas (de carác-ter constitucional, legal, admi-nistrativo, judicial o contractual)

2 El texto del proyecto, con su Exposición de Motivos, se encuentra disponible en: http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_documento?p_tipo=18&p_numero=022&p_consec=29627 (Consultado 3 noviembre 2012).

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que le impongan acciones u omisiones contrarias a los propios y graves imperativos religiosos, morales o éticos, sinceramente asumidos y debidamente probados.

El proyecto, además establece que la objeción de conciencia no puede ser objeto de más restricciones que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias en una sociedad democrática, para la se-guridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las liberta-des de los demás.

Asimismo, prohíbe discriminar, di-recta o indirectamente, a aquellas perso-nas físicas que ejerzan el derecho de obje-ción de conciencia; reconoce que por vía de tutela el objetor de conciencia puede buscar el amparo de sus derechos; seña-la que los jueces deben examinar, en los conflictos que se presenten, si la objeción corresponde a un imperativo religioso, ético o moral sincero, grave e ineludible, pero sin entrar a juzgar la pertinencia o procedencia de la convicciones alegadas por el objetor.

Añade que toda duda debe interpre-tarse del modo menos restrictivo para la libertad de conciencia del objetor, y que el derecho de objeción de conciencia po-drá ejercitarse en los supuestos de obje-

ción al servicio militar, al de obligaciones en el ámbito de la profesión médica o de profesiones relativas a la salud, en el ám-bito de relaciones laborales y educación, farmacéutica, y en el ejercicio de funcio-nes públicas, entre otros.

A la espera de que el proyecto de ley tenga el correspondiente trámite legisla-tivo para su aprobación por el Congreso, el proceso de desarrollo de la objeción de conciencia en Colombia ha sido exclusi-vamente de tipo jurisprudencial. La Cor-te Constitucional Colombiana (ccc) ha proferido una interesante jurisprudencia en la que se ha ocupado de la objeción de conciencia en materias relativas a la salud, a las relaciones laborales, al servicio militar, a la educación y el juramento. Por tanto, quien ha determinado el conteni-do y los límites del derecho de objeción de conciencia ha sido esa instancia a tra-vés de sus fallos.

Entre las decisiones más represen-tativas, encontramos que en materia de servicio militar la ccc, en Sentencia c-728 de 2009, resolvió la demanda de incons-titucionalidad en contra del Art. 27 de la Ley 48 de 1993, en la que decidió declarar conforme a la Constitución el artículo demandado y modificar expresamente la línea jurisprudencial anterior. Al mis-mo tiempo, en la parte resolutoria, con-

mina al Congreso de la República para que regule lo concerniente a la objeción de conciencia frente al servicio militar. La controversia que originó este pronuncia-miento, consistió en que dos ciudadanos demandaron ante la Corte Constitucio-nal el citado artículo pues, según su crite-rio, el legislador incurrió en una omisión legislativa relativa por no incluir, entre las exenciones para prestarlo, a los objetores de conciencia. Por el contrario, sí admitió que los indígenas que residan en su terri-torio y los limitados físicos y sensoriales permanentes sí estén exentos de prestar el servicio militar.

La Corte declaró conforme a la Constitución el artículo citado, y después de realizar una reseña de la jurisprudencia que había sido emitida sobre la objeción de conciencia al servicio militar, afirma que de los artículos 18 (libertad de con-ciencia) y 19 (libertad de religión y cultos) de la Constitución, a la luz del bloque de constitucionalidad, se desprende la ga-rantía del derecho de objeción de con-ciencia.

Junto a lo anterior, expone que la libertad de conciencia garantiza a toda persona el derecho constitucional a no ser obligada a actuar en contra de su conciencia.

De este modo, quien de manera se-ria presente una objeción de conciencia, vería irrespetado su derecho si, pese a ello, se le impusiese un deber que tiene un altísimo grado de afectación sobre la persona en cuanto que, precisamente, su cumplimiento implicaría actuar en contra de su conciencia. Como se ha dicho, si bien la garantía constitucional a partir de la cual es posible plantear ob-jeciones de conciencia al cumplimiento de distintos deberes jurídicos, requiere un desarrollo legislativo, la ausencia del mismo no comporta la ineficacia del derecho, el cual, en su núcleo esencial, puede hacerse valer directamente con base en la Constitución.

De este modo, la posibilidad de presen-tar una objeción de conciencia está supedi-tada a la valoración que, en cada caso con-creto se realice en torno a, por una parte, los elementos que configuran la reserva de conciencia, frente a, por otro, la naturaleza

En Colombia «se encuentra en curso el proyecto de Ley Estatutaria 022 de 2011, en el que se regula legislativamente el derecho de objeción de conciencia, y en el que se reconoce expresamente la libertad de conciencia (…)». En la imagen el Capitolio Nacional de Colombia donde legisla el Congreso de la República.

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del deber que da lugar al reparo. Si a la luz de ese análisis se concluye que hay lugar a la objeción de conciencia, la falta de previ-sión legislativa sobre el particular, no puede tenerse como un obstáculo para la efectivi-dad del derecho, el cual podría ejercerse con base directamente en la Constitución.

Como consecuencia de estos princi-pios, la Corte se aparta de la línea juris-prudencial que había sido expuesta hasta ese momento que, en concreto, exigía para el reconocimiento de la objeción de conciencia, al servicio militar, que se encontrara admitida expresamente por la legislación.1 En este sentido, indica la Corte que se aparta de la interpretación conforme con la cual, en el pasado, había llegado a la conclusión que la Asamblea Nacional Constituyente, al rechazar la propuesta de incluir de manera expresa en el texto de la Constitución la garantía de la objeción de conciencia al servicio militar, había excluido del orden consti-tucional la posibilidad de dicha objeción.

Esa conclusión parte del criterio según el cual el ejercicio de la objeción de concien-

1 Vid. entre otras, las Sentencias T-409/1992; T-224/1993; C-511/1994; T-363/1995; C-740/2001 y T-332/2004.

cia requiere que, en cada caso, la misma se consagre de manera expresa por la Consti-tución o por la ley. Sin embargo, observa la Sala que no ha sido esa la lectura que a la garantía del derecho a no ser obligado [sic] a actuar contra su conciencia le ha dado la jurisprudencia, ni el alcance que en relación con la misma se precisa en esta sentencia. En efecto, una cosa es que las condiciones para el ejercicio del derecho deban ser definidas por el legislador, y otra que cuando se den los supuestos que, a la luz de la Constitución, le dan base, el mismo puede ejercerse por sus titulares, aún sin que el legislador haya fijado las condiciones para ese ejercicio.

Añade más adelante, que si las con-vicciones o creencias que justifican la objeción de conciencia al servicio militar son «profundas, fijas y sinceras», estas deben ser protegidas por los jueces de tutela. Por tanto, explica que cuando se habla de profundas se refiere a que afec-ten de manera integral la vida, forma de ser y de actuar de la persona, así como la totalidad de sus decisiones y apreciacio-nes; fijas quiere decir que no se puedan cambiar rápidamente y sinceras que se demuestren en los hechos, que son ho-nestas, que no son falsas, acomodaticias o estratégicas. Además, considera que las

convicciones o creencias susceptibles de ser alegadas pueden ser de carácter reli-gioso, ético, moral o filosófico.

En este contexto determina que en el concepto de objeción de conciencia confluyen dos aspectos distintos, por un lado, «está el derecho constitucional que tiene una persona a no ser obligada a ac-tuar en contra de su conciencia o de sus creencias» y, por otro:

(…) el procedimiento que debe esta-blecer el legislador en orden a puntualizar las condiciones requeridas para que se re-conozca a una persona su condición de objetor de conciencia al servicio militar. El primero es un derecho fundamental de in-mediato cumplimiento, cuyo goce efectivo, como se ha dicho, puede ser garantizado por el juez de tutela. El segundo es un de-sarrollo legal que en Colombia no existe. No obstante, el cumplimiento del primer dere-cho no puede depender de la existencia del procedimiento legal para que se reconozca a alguien su condición de objetor.

De otro lado, nos parece especial-mente relevante que la Corte resalte la relación que existe entre la objeción de conciencia y la libertad religiosa, consa-grada en el Art. 19 de la cp. De esta for-ma argumenta que en la medida que la objeción de conciencia al servicio militar esté relacionada con consideraciones religiosas, el no reconocimiento de la primera implicaría el desconocimiento de la segunda que comprende a la vis-ta del Art.19, no solo la posibilidad que las personas tengan unas determinadas creencias religiosas, sino que comparte también la posibilidad de adecuarla a sus actuaciones externas.2

Por otra parte, respecto a la obliga-ción de prestar juramento, el pronuncia-miento más relevante que se encuentra sobre esta cuestión corresponde a la Sentencia c-616 de 1997, que resolvió una demanda de inconstitucionalidad inter-puesta contra varias normas contenidas en diferentes leyes que exigen el deber de

2 Sentencia c-728 de 2009 de la ccc analizada por J. David Casas. Los debates de la objeción de conciencia al servicio militar en un Estado militarista. Una mirada crítica a la Sentencia c-728 de 2009, en revista electrónica Facultad de Derecho y Ciencias Políticas Universidad de Antioquia No.4 (2010), pp. 2-20.

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«(…) el derecho de objeción de conciencia podrá ejercitarse en los supuestos de objeción al servicio militar, al de obligaciones en el ámbito de la profesión médica o de profesiones relativas a la salud, en el ámbito de relaciones laborales y educación (...)», entre otras.

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prestar juramento en actua-ciones judiciales y administra-tivas, además de los tipos pe-nales de falsa denuncia y falso testimonio.

En dicha decisión, la Corte señala que la concepción del juramento como acto religio-so ha evolucionado,3 hasta el punto que:

(…) para la convicción po-pular, el juramento es, simple-mente, la afi rmación que un sujeto hace, procurándoles a sus destinatarios la convicción que dice la verdad. Atenuado o eliminado el contenido religio-so del juramento en las normas legales, hoy en día el sustento fi losófi co-jurídico de las normas que lo consagran sin imponer el pronunciamiento de fórmu-las sagradas que expresamente mencionen a Dios, se encuentra simplemente en el deber general de conducirse de buena fe; en las normas que prescriben así la obligación de jurar, puede decir-se que la intención del legislador no es otra que la de exhortar de manera especial al juramentado, para que su buena fe en la decla-ración de la verdad sea especial-mente observada.

Así pues, para la Corte, el juramento contenido en las normas acusadas constituye un mero formalismo, ajeno a todo contenido religio-

3 En relación a este argumento expuesto por la Corte, el profesor Vicente Prieto, señala que: «las afi rmaciones rotundas de la Corte en el sentido de que el juramento sin referencias explícitas a Dios ha evolucionado hasta el punto de haber perdido su signifi cado religioso, al menos en Colombia, no corresponde a la realidad. La idea de que el juramento consiste en poner a Dios por testigo de lo que se afi rma sigue estando muy extendida. Al menos, la Corte pudo haber contemplado la posibilidad de que así ocurra, y la respuesta jurídica ante la eventual objeción de conciencia tendría que haber sido más elaborada, proponiendo, por ejemplo, algún tipo de promesa cualifi cada que sustituya el juramento propiamente dicho cuando este provoque difi cultades de conciencia» Vid., V. Priero, Estado laico y libertad religiosa. Antecedentes y desarrollos de la Constitución Colombiana de 1991, Bogotá, 2011, pp. 303-344.

so, que es empleado como un simple arbitrio legislati-vo para, de un lado, poner al juramento de presente la obligación de observar una buena fe especialísima en la manifestación de la verdad, y de otro, derivar una respon-sabilidad penal en caso que se llegue a faltar a la misma. Por tanto, su exigencia no lesiona la libertad de con-ciencia o la libertad religiosa, siendo por ello inadmisible la objeción de conciencia, pues en el evento que se admitie-ra, se lesionaría el principio de igualdad establecido en el Art. 13 de la cp, en razón a que admitida la objeción, las personas que la propusieran quedarían desvinculadas de la responsabilidad penal que se deriva del hecho de faltar

a la verdad en los casos en que la ley exige el juramen-to, mientras que, a aquellas que dieran cumplimiento a la obligación de jurar, sÍ podría deducírseles la referida res-ponsabilidad.

Otra de las cuestiones que ha llamado la atención es la relativa al cumplimiento de los deberes cívicos y el de-recho a la educación. Un pri-mer pronunciamiento se en-cuentra en la Sentencia t-075 de 1995 que denegó la tutela presentada por una alumna, a quien un establecimiento educativo le exigía participar en un desfi le cívico, al que ella se negaba a acudir dado que su religión le prohibía adorar algo distinto a la divinidad. En esta decisión la Corte con-sideró que la exigencia del

cumplimiento del deber hacia la patria, derivado del con-cepto de unidad de la nación plasmado en el preámbulo, del Art. 2.° sobre participación de todos en la vida de aquella y del Art. 95.5, que obliga a la persona y al ciudadano a par-ticipar en la vida política, cívi-ca y comunitaria del país, no signifi ca vulneración o ataque a la libertad de conciencia.

La sentencia considera que en los actos en honor a la patria, o en general en los eventos cívicos, no se está celebrando un culto ni con-curriendo a una ceremonia religiosa, sino desarrollando un papel que corresponde a la persona en virtud de su senti-miento de pertenencia a la na-ción, pues se trata de asuntos cuya naturaleza difi ere clara-

«La Corte Consti tucional Colombiana (ccc) ha proferido una interesante jurisprudencia en la que se ha ocupado de la objeción de conciencia en materias relati vas a la salud, a las relaciones laborales, al servicio militar, a la educación y el juramento. Por tanto, quien ha determinado el contenido y los límites del derecho de objeción de conciencia ha sido esa instancia a través de sus fallos».

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mente. Por tanto, por el hecho de exigir a un estudiante su concurrencia a un acto de ca-rácter cívico, se puede acusar al centro educativo de que-brantar la libertad de concien-cia del alumno renuente, pues apenas se cumple con una función indispensable para la formación del educando que hace parte insustituible de la tarea educativa. En conse-cuencia estos deberes no se oponen en modo alguno a la libertad de pensamiento y de creencias ni a la práctica de cultos.4

Otro pronunciamiento so-bre esta cuestión se encuentra en la Sentencia t-026 de 2005 en la que se resolvió a favor de una estudiante perteneciente a la Iglesia Adventista del Sép-timo Día, a quien dado que se negaba a asistir a clases los sá-bados por motivos religiosos, la institución educativa en la que estudiaba le había cancelado la matrícula. Para resolver en concreto el caso, la Corte esti-mó que de conformidad con el artículo 19 de la Constitución y el artículo 6 de la Ley Estatuta-ria 133 de 1994,5 las personas, en

4 Sentencia t-075 de 1995 de ccc. En aclaración de voto a esta sentencia el magis-trado Carlos Gaviria Díaz expresó: «El punto de discrepancia del suscrito magistrado con la mayoría de la Sala radica justamente allí: en que juzga que la actora podía, en ejercicio de su li-bertad de conciencia, religiosa y de cultos, hacer preponderante su deber de conciencia sobre la asistencia al acto patriótico. Y no se diga que es que el punto de vista de la actora es equivo-cado. Que rendir homenaje a la bandera no es un acto de adoración porque el Diccionario de la Real Academia dice otra cosa. Resulta, a mi juicio, equivocado y arrogante prescribir desde afuera a los fieles de una iglesia cómo han de entender sus preceptos. Hasta allá no creo que llegue la competencia de la corte. Finalmente pienso, así mis respetados colegas que no quieran hacerse cargo de lo que lógicamente puede inferirse en su dictum, que en un Estado pluralista y liberal, como es Colombia bajo la Constitución de 1991, es perfectamente legíti-mo que alguien ponga a Dios por encima de la bandera. Y que conste que esa aseveración la hago desde una perspectiva agnóstica pero, eso sí, profundamente respetuosa de las creencias religiosas, sean éstas ortodoxas o marginales».

5 Art. 6 de la Ley 133 de 1994 establece que la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la con-siguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda per-

ejercicio de su libertad religiosa, tienen entre otras garantías el derecho de practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; conmemorar sus festivi-dades, y no ser perturbados en el ejercicio de estos derechos y, tampoco, podrán ser obligados a actuar contra su conciencia. Para la Corte, el reconocimien-to del derecho de libertad en esos términos implica, «que cuando es parte esencial de la

sona: a) De profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que tenía; manifes-tar libremente su religión o creencias religiosas o la ausencia de las mismas o abstenerse de declarar sobre ellas; b) De practicar, individual o colectivamente, en privado o en público, actos de oración y culto; conmemorar sus festividades; y no ser perturbado en el ejercicio de estos derechos; c) De recibir sepultura digna y observar los preceptos y ritos de la religión del difunto en todo lo relativo a las costumbres funerarias con sujeción a los deseos que hubiere expresado el difunto en vida, o en su defecto expresare su familia».

libertad de religión y culto la consagración de un día para la adoración de Dios, esta acti-vidad se encuentra dentro del ámbito de protección del dere-cho. Tal es el caso de los miem-bros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que debido a sus particulares creencias tienen el derecho fundamental consti-tucional de consagrar a Dios el tiempo comprendido entre la puesta del sol del viernes y la puesta del sol del sábado».

Desde esta perspectiva consideró que la vulneración del derecho a la libertad reli-giosa de la estudiante se arti-culó a través de dos actuacio-nes de forma unilateral, de un lado por la omisión o elusión de diálogo para llegar a un acuerdo con ella por la enti-dad demandante, y por otro, la cancelación de su matrícula

argumentando la acredita-ción de las faltas de asistencia suficientes para ello.6

En la misma línea, en las Sentencias t-448 de 2007 y t-044 de 2008, la Corte falló a favor de dos estudiantes fieles a la Iglesia Adventista del Sép-timo Día, quienes se negaban a presentar los exámenes de ad-misión en la Universidad Na-cional de Colombia por estar previstos en el día del sábado.

En la primera sentencia ci-tada, la Corte enfatizó que en relación con el caso concreto:

(…) no se puede admitir el argumento expresado por la Universidad para no acceder a las solicitudes elevadas en su oportunidad, que conduce al quebrantamiento de los dere-chos fundamentales reclamados, por la negativa de la entidad a llegar a un acuerdo que posi-bilitara presentar el examen de admisión en tiempo diferente al Sabbat, permitiendo así el desa-rrollo de los derechos a la liber-tad de cultos y a la educación, que en nada se excluyen entre sí. Debe aclararse que especial-mente las entidades educativas de carácter público, pero tam-bién las privadas, están vincula-das por el deber de procurar el acuerdo con los estudiantes que, por razón de sus convicciones religiosas, no pueden cumplir re-gularmente el calendario acadé-mico u otras obligaciones estu-diantiles. Así, ha de propiciarse la obtención de tales acuerdos con los alumnos o aspirantes que es-tén en esos supuestos, siempre y cuando el interesado lo solicite

6 A partir de esta Sentencia la Corte cambió la jurisprudencia anterior dictada en casos muy similares. Este cambio de posición, se debió, entre otras cosas, por la suscripción de un acuerdo entre la Iglesia Adventista del Séptimo día y el Estado, relativo al respeto del Sabath. Vid. C. Pardo Schlesinger. La objeción de conciencia en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, en Persona y Bioética 26 (2006), pp. 60-61.

(…) «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión», Art.18, Pacto de Derechos Civiles y Político.

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desde el primer momento y demuestre que es miembro activo de una iglesia o confe-sión religiosa previamente reconocida por el Estado colombiano.

Por su parte, en la segunda sentencia, la Corte precisó que no era aceptado el argumento expuesto por la Universidad, en el sentido que dado que las actoras no eran estudiantes y que por tanto no tenía la obligación de llegar a acuerdos con ellas en relación con las fechas para la presentación de los exámenes de ad-misión, por cuanto de conformidad con el Decreto 354 de 1998, por el cual se aprueba el Convenio de Derecho Pú-blico Interno número 1 de 1997, entre el Estado colombiano y algunas entidades religiosas cristianas no católicas, dispone en la letra c) del artículo adicional para la Iglesia Adventista del Séptimo Día que los exámenes o pruebas selectivas con-vocadas para el ingreso a cargos de las instituciones del Estado o a las institucio-nes educativas, «que hayan de celebrarse durante el tiempo expresado en los lite-rales anteriores [el comprendido dentro del Sabbat], serán señalados en una fe-cha alternativa para los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, cuando no haya causa motivada que lo impida. Pero, además, el hecho que la Universidad Na-cional de Colombia sea pública implica una exigencia aún mayor para que ella responda a la concepción pluralista del Estado colombiano, de tal manera que tenga en cuenta, en este caso, las creen-cias religiosas de los aspirantes a ingresar al Alma Mater».

Ahora bien, a la cuestión relativa a la objeción de conciencia a los tratamien-tos médicos. En este supuesto, el crite-rio que ha seguido la ccc ha consistido en que en aquellos casos en los que el conflicto se plantea entre dos derechos fundamentales, que han de ser objeto de igual protección, ha resuelto haciendo primar, por ejemplo, el derecho a la vida sobre el derecho a la libertad de concien-cia; sobre todo, en aquellos casos en que el conflicto se plantea en torno a un me-nor de edad.

Así, en Sentencia t-411 de 1994, que resolvió el caso de una niña a la que a pesar de que se le diagnosticara una

bronconeumonía lobar, desnutrición y deshidratación, sus padres se negaron a hospitalizarla por cuanto el culto evangé-lico al que pertenecían se lo impedía. La Corte consideró en este caso que es ob-vio que debe primar el derecho a la vida y a la salud de la menor, y que «las creen-cias religiosas de la persona no pueden conducir al absurdo de pensar que, con fundamento en ellas, se pueda disponer de la vida de otra persona, o de someter a grave riesgo su salud, y su integridad fí-sica, máxime, como ya se dijo, cuando se trata de un menor de edad, cuya indefen-sión hace que el Estado le otorgue una especial protección».

En el mismo sentido, cabe destacar la Sentencia T-474 de 1996 relativa, también en este caso, a un menor de edad. En efec-to, los hechos que originaron esta decisión consistieron en que un menor que conta-ba con 16 años de edad al que debía prac-ticársele una cirugía urgente y necesaria dada la gravedad de su estado, manifestó a los médicos por escrito que, bajo ningu-na circunstancia, aceptaría recibir sangre vía endovenosa debido a que la religión que profesa, Testigo de Jehová, le prohibía hacerlo por considerar que dicha práctica

constituye un pecado mortal. Ante esta situación su padre interpuso acción de tu-tela con el objeto de proteger los derechos fundamentales a la vida, honra y salud de su hijo menor, pues argumentaba que él había sido influenciado por terceros per-tenecientes a dicho culto.

La Corte concedió la tutela y orde-nó a la entidad prestadora del servicio de salud proseguir con el tratamiento al menor, como quiera que (i) si bien el menor adulto goza de una capacidad re-lativa, esta no es suficiente para optar por una alternativa que pone en serio peligro su vida, pues aún no puede presumirse que ella sea el producto de su propia y autónoma reflexión, guiada únicamen-te por su razón y entendimiento, moti-vo por el cual las decisiones que tengan que ver con su salud, que comprometan su vida, deben ser compartidas con sus padres o representantes quienes tienen el derecho y el deber de participar en ellas. (ii) Si tal participación implica que se pre-sente contradicción insuperable entre sus decisiones y las que adopten sus padres, prevalecerán aquellas que en mayor me-dida garanticen la protección a su dere-cho fundamental a la vida, en este caso las del padre.7

Observamos, pues, cómo en los últi-mos años la jurisprudencia en Colombia ha evolucionado hacia una defensa más amplia del objetor de conciencia. Así, por ejemplo, de una jurisprudencia restrictiva en el supuesto de la objeción de concien-cia al servicio militar, se ha dado paso a un reconocimiento más amplio de esta objeción, en el sentido que es un derecho fundamental de inmediato cumplimien-to que debe ser garantizado por el juez aunque no haya sido desarrollada a tra-vés de una ley.

Por otra parte, en Sentencias t-026 de 2005, t-0448 de 2007 y t-044 de 2008, se establecieron criterios generales apli-cables a supuestos, en los que, como en el caso de los fieles a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se presente vulneración del derecho fundamental a la libertad de religión y culto.

7 Ibid., Sentencia comentada por: C. Pardo Schlesinger. La objeción de (…),cit. en nota 8 pp. 64-65; V. Prieto, Estado laico y libertad (…), cit. en nota 5, pp. 303-344.

En cuanto a la objeción de conciencia sobre tratamientos médicos «el criterio que ha seguido la ccc ha consistido en que en aquellos casos en los que el conflicto se plantea entre dos derechos fundamentales, que han de ser objeto de igual protección, ha resuelto haciendo primar, por ejemplo, el derecho a la vida sobre el derecho a la libertad de conciencia; sobre todo, en aquellos casos en que el conflicto se plantea en torno a un menor de edad».

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bg(r) fabio arturo londoño cárdenas

Aunque la ética es una de las primeras ciencias prácticas, en términos generales, recibe muchas definiciones y diver-sas formas de plantearla, según el cristal con que se mire (o sea del pensamiento filosófi-co particular) por lo que nos encontramos –desde épocas pretéritas– ante un espectro amplio de posiciones éticas que muchas veces son contra-dictoriamente pseudoéticas, lo cual nos conduce a determinar muy bien, y con ojo avizor, cuál es la ética verdadera y, en nues-tro caso, la que corresponde a la profesión policíaca. Ahora bien, los planteamientos orto-doxos que dan fundamenta-ción estable y propia al acto humano bueno, son a los que apelamos para los conceptos emitidos en el presente docu-mento.

Así, pues, el sistema moral se refiere a los fundamentos, fines, raciocinios y hábitos que integran la teoría ética, en que se originan los actos prácticos, los que exigen dos propieda-des:

• Armonía o coherencia con el fin que persigue.

• Veracidad real, en que las acciones se pueden cali-ficar de buenas o malas, con base en la realidad y no en el sujeto. El sistema moral en policía

ha de estar, entonces, funda-mentado en la coherencia y veracidad en todas las actua-ciones de los integrantes del ente y, por ende, el Cuerpo-Institución. Todo cuanto vaya en contra de tales condiciones propicia la corrupción y con-duce a la impunidad.

Ahora, ¿qué es lo ético? De conformidad con lo ya considerado, puede afirmarse que el hombre necesita de la ética para poder entender, sa-ber a ciencia cierta, cuál es el origen de sus conceptos sobre el bien y el mal; cómo reaccio-na la conciencia en los actos humanos libres y cuál es su posición, el proceder general y profesional ante la moralidad, como cualidad o calificación de sus actos.

Téngase bien en cuenta que no se puede permanecer absorto o indiferente en la es-cogencia del bien o del mal; tenemos que saber cuáles son los deberes y qué cualidades tienen ellos para que nos con-duzcan al fin último: la felici-dad trascendente. Es, también,

la condición imprescindible para hablar con autoridad y sobrenaturalidad a los demás.

Definiciones de la éticaVeamos algunas que confir-man lo dicho y que hemos de conocer para estar ciertos de su significación:

«Se trata de una realidad que se funda, que tiene su ci-miento en la misma persona humana y existe en razón de su propio bien, pues sería un contrasentido que la persona tuviere en sí misma un princi-pio de autodestrucción, esta sería la más radical contradic-ción con la ética».1

Los elementos de tal defi-nición son:

1 Hortta, Edwin y Rodríguez, Víctor. Op. Cit.

La ética bajo la óptica policíaca

El Centro de Pensamiento Policial, del que es director el bg(r) Fabio Arturo Londoño Cárdenas, tiene como misión «vislumbrar el desenvolvimiento de la policiología, para lograr hallazgos que permitan producir normas o medidas que contribuyan de manera efectiva para el actuar del ente policial, ante las dinámicas sociales».

• Una realidad fundada en la persona humana.

• Existente en razón de su propio bien.

• La persona humana con-traría un principio de autodestrucción en ella misma.

• Lo más contrario a la ética en la negación de la vida humana.

«(…) es la parte de la filo-sofía que estudia la moralidad del obrar humano,2 es decir, considera los actos humanos en cuanto son buenos o malos».

Es una definición simple y completa, cuyos elementos son:

• Es parte de la filosofía. • Estudia la moralidad del

acto humano. • Califica ese obrar como

bueno o malo.

En materia ética se trata de obrar sobre nuestras pro-pias personas para lograr la realización personal, lo cual nos exige conocernos, pene-trar en nuestro ser como razón de la ciencia ética, única disci-plina científica que hace posi-ble la realización personal.

Realidades que influyen en la ética Los principios normativos y las aplicaciones prácticas deben estar cimentados en lo moral, sin embargo, hay otras realida-des jurídico-sociales que influ-yen en ella como son:

• La tradición, como legado histórico, muchas veces producto del esfuerzo de los antepasados.

• El derecho, como conjun-to de normas y disposicio-nes jurídicas que rigen las naciones.

2 Rodríguez Luño, Ángel. Op. Cit.

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• La nación, o sociedad que conforma un Estado.

• El civismo, como conjunto de nor-mas de comportamiento que hacen grata y posible la convivencia, fin de la ciencia y el derecho policiales.

Objetos de la éticaMaterial: los actos humanos o accio-

nes libres nos permiten obrar como le plazca a cada uno, lo cual es diferente de los actos del hombre que son las accio-nes no libres.

Formal: es el estudio de los actos humanos en cuanto a su «rectitud mo-ral o moralidad», ya sean ellos buenos o malos, luego decimos que se presume la buena fe, como una bondad natural al acto humano; por lo que hemos de con-siderar otras clases de bondad, como: • La ontológica: todo acto la posee

por el hecho de ser. • La técnica o útil: que consiste en la

utilidad para un fin particular, según las reglas de un ente o técnica.

• El agrado o placer: que es el que nos puede producir una situación, ac-ción artística o técnica.

• La rectitud moral: que hace de la re-lación entre el acto libre y el fin últi-mo del hombre.

• La realidad humana. Al razonar se percibe, se observa y reconocen los principios morales generales y cier-tos.

• Fuentes primarias de la ética Expe-riencia moral. Que puede ser interna o personal y externa o social.

• La Revelación. La cual ilumina y re-

afirma las normas morales de la ética natural, como sucede con la religión.

PrincipiosPrincipio que estructura la actividad ética del hombre: «el bien supone la verdad y la verdad supone el ser». Ejemplo: cuan-do se daña una cosa, decimos que está mala, por lo cual la entregamos a alguien para que la repare –le haga un bien–, y no llamamos a cualquiera para ello, sino a alguien que sabe del oficio. Al arreglar-la decimos que ha hecho un bien, por lo que ha tenido que proceder bajo el su-puesto de que sabe o, lo que es lo mismo, está en la verdad de las cosas. La primera exigencia para el obrar bien es conocer.

Principio ético policialTodo actuar recto y libre del hombre po-licía se orienta hacia la convivencia al su-perar, mediante la observación de las vir-tudes propias que vencen los tropiezos u óbices, para conseguir el fin trascendente y su elevación a Dios.

Mantener y conservar la regla de oro de la ética que dice: es imposible exigir que los demás sean como yo quiero que sean.

El hombre policía lleva consigo el «ambiente» a donde vaya. No es el me-dio social en el cual se desempeña el que moldea o adecua su quehacer; es él quien con su ejemplo y el ejercicio de su fun-ción hace el ambiente: construye la dis-ciplina social; fundamento del fin de lo policíaco: la convivencia y sus cuatro ca-tegorías que, desde el punto de vista del derecho de policía se definen, sistemáti-camente, así:

Seguridad: protección de la vida y bienes de las personas y del ámbito en el cual desarrolla su libertad y sus derechos. La única seguridad total posible está en el Absoluto, en Él encontramos las fuerzas necesarias para andar rectamente por la senda cotidiana de los deberes propios. Es la única seguridad verdadera y total. La policía está en el mundo de la cultu-ra como una estructura supra individual cuya conexión de sentido es el concepto de lo ético, en relación funcional con las virtudes, orden y justicia, todos ellos su-premos en la ética social.

Tranquilidad: amparar y preservar el sosiego y el ámbito de paz en que las

personas desenvuelven su intimidad y la de su familia.

Moralidad: conservar y salvaguardar las buenas costumbres y las virtudes hu-manas que distinguen la nación.

Medio ambiente (ecología): la con-servación natural y propicia a la seguri-dad integral de los asociados con la con-servación de los recursos naturales en su estado nativo.

Consideramos que los elementos de la tesis antigua del derecho de policía de-ben variarse pues la salubridad, hoy, está contenida en el concepto ecológico que comprende el medio ambiente con sus recursos naturales renovables y, por con-siguiente, la salud, el paisaje y el ornato públicos, como una totalidad.

La convivencia exige de los asocia-dos un conocimiento cabal de su signi-ficación y contenido porque ella exige de cada uno su participación a fondo, concreta, palpable, más aún cuando sabemos que el objeto formal de los actos humanos busca el bien común, la rectitud en la moralidad, que se co-rresponde igualmente con los objetivos del ente policía, por ello mantendre-mos una conducta pulcra, imparcial, vertical, libre, sencilla, humilde, veraz y responsable.

El terreno propio a su dinámica se encuentra en la legítima y adecuada au-tonomía con que se disponga su relación íntima con la moralidad. Además, la mo-ralidad no puede excluirse de tales ele-mentos, como algunos lo pretenden, con fundamentos en presuntas éticas, porque constituye una categoría sin la que la exis-tencia misma de la sociedad se falsea y pierde sus fines trascendentes.

Finalmente, es sillar a la ética deon-tológica policíaca el proceder siempre con una mentalidad que no admite du-das con respecto a su honradez profe-sional, que, así mismo, le proveerá de la seriedad y gravedad en sus costumbres, la ejemplaridad en sus comportamien-tos, el afecto entrañable a su comuni-dad y demostración permanente del dominio de su voluntad, con la consi-guiente serenidad, templanza, pruden-cia, fortaleza y justicia, sin cuyas bonda-des no podría esperar el respeto social y político.

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

débora ibeth velásquez a.walter rafael azula trajanodivisión de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

Todas las sociedades, al pare-cer, van tejiendo un algo que las hace específicas, una esen-cia, un sello o el espíritu de la época. Para algunas de estas fue el bien; para otras el ejerci-cio de la justicia, y en ocasio-nes fue el honor el que fundió el rostro de una época.

Hoy, sin temor a equivocar-nos, podríamos decir que es el conocimiento el que imprime el sello de la época y, sobre este rasero, se edifican y jerarquizan las naciones y los pueblos.

Lo que algunos pensadores han llamado «la sociedad del conocimiento», resulta ser un imperativo de carácter trans-versal, que no solo modela la masa crítica de una nación o los círculos de la academia y la uni-

versidad; afecta también las ins-tituciones públicas que ven en la generación de conocimiento un instrumento valioso en el ejercicio de la labor institucional y un soporte conceptual nece-sario en la toma de decisiones y en los pronunciamientos que sobre diversos aspectos emiten.

La Procuraduría General de la Nación no es una institu-ción ajena a esta tendencia por lo que en 1995, para ajustarse a los nuevos retos del mundo contemporáneo, crea el Insti-tuto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), cuya función es la de promover el conoci-miento social, político y eco-nómico del país, herramienta fundamental para cualquier pronunciamiento que deba hacer como entidad garante de los derechos humanos de los colombianos.

En su afán de ir fortale-ciendo el capital científico de la pgn, desde el IEMP se diseña

la estrategia de la red interna de investigadores, cuyo propósito es encontrar dentro de la mis-ma entidad, como un esfuerzo endógeno, los perfiles más altos de los profesionales que quisie-ran conformar una red como apoyo a la labor del Instituto.

Una vez conformada, se da un salto cualitativo que consiste en potenciar teórica y metodológicamente procesos de formación investigativa, a partir de la realización de un diplomado que cobra vida con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (acac). La escogencia de esta institución no fue una labor menor, pues el abanico de las ofertas fue bastante nutrido y de la más alta competitividad.

Con la formación teórica y metodológica del diploma-do el IEMP pretende fortalecer el trabajo a través de la red in-terna de investigadores, como fórmula para potenciar no solo el capital social y acadé-mico de la Procuraduría, sino también aumentar el recurso profesional, racionalizándolo desde la estructura interna de la entidad y siendo consecuen-te con las condiciones propias de la labor institucional.

Esta estrategia logra hacer visible todo el trabajo intelec-tual que desde el IEMP se vie-ne fortaleciendo. El diplomado dirigido por la acac se cons-tituyó en un espacio de reco-nocimiento y discusión inte-resante. Reconocimiento, por cuanto se tuvo la oportunidad de conocer a los integrantes de la red y reafirmar el potencial que tenemos en materia inves-

Diplomado en Formulación de Proyectos de Investigación, un esfuerzo institucional

Desde el 19 de septiembre de 2012, más de 30 funcionarios del ministerio público asisten al Diplomado en Formulación de Proyectos de Investigación que busca consolidar y fortalecer la Red de Investigadores del IEMP.

tigativa. Y, también, resultó un escenario importante de dis-cusión, ya que se pusieron en juego las opciones teóricas y los trabajos que en otros con-textos los participantes han venido acumulando.

La metodología del diplo-mado, una combinación entre el trabajo presencial y el espacio virtual, contribuyó al éxito del ejercicio, por cuanto no solo validó la puesta en escena de la pedagogía de cada expositor, sino que con la cuota virtual nos impulsó a incursionar y com-prender la importancia de estar en red, actividad hoy imposter-gable en el campo investigativo.

El objetivo e interés pri-mordial de cada uno de los docentes fue el de que su tema fuera concatenado e in-tegrado por los asistentes en el proyecto de investigación, que cada estudiante realice; que lo tenga claro en el desarrollo de su problemática investigativa, aplicando los aprendizajes ob-tenidos en el tema tratado por cada uno de los expositores.

En este sentido, las temá-ticas abordadas fueron perti-nentes y acertadas, cubriendo la mayor cantidad de inquie-tudes y reflexiones que en el terreno ético, investigativo, así como en los formatos de pre-sentación de proyectos frente a los organismos nacionales e internacionales, teníamos los participantes.

Esta nueva etapa quie-re que a través del fortaleci-miento de la red interna de investigadores se promueva el desarrollo de proyectos y tra-bajos; que desde los diferentes profesionales y desde las diver-sas disciplinas se piense el país y sus problemáticas, para que aunando todos los esfuerzos intelectuales la pgn se acerque cada día más a su misión cons-titucional.

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flor inés montealegre díazinvestigadora de la división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

La Decisión 584 de 2004, adoptada en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) por la Comunidad Andina de Naciones (can), en el ordinal n) del artículo 1.°, definió el concepto de «accidente de trabajo», que se aplicó en nuestro país, hasta el pasado 10 de julio de 2012.

Resulta excepcional que en nuestro medio se utilicen conceptos de la can para aplicar en materia de salud ocupacio-nal, pero ello se debió a que la Ley 1295 de 1994, que consideraba lo relacionado con el accidente de trabajo, específicamente en su artículo 9, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sen-tencia c-858 de 2006, haciendo claridad que esta decisión no se debió a la defini-ción en sí, sino por vicios de forma.

Entonces, una vez quedó el vacío nor-mativo sobre qué se consideraba como accidente de trabajo, se adoptó la que en el año 2004 había expedido la can, que se transcribe en los siguientes términos: «Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca

en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor, bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo».

Pero ahora, a partir del pasado 11 de julio de 2012, entró a regir la Ley 1562 por medio de la cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales y se dictaron otras disposiciones en materia de Salud Ocu-pacional, la que guarda similitud con la anterior definición para el accidente de trabajo en lo que respecta a responder ¿qué es?, cuándo puede suceder?, dónde?; además cita algunas situaciones específi-cas que están incluidas (actividades re-creativas, deportivas o culturales, siempre y cuando sea en representación del em-pleador) y también algunas excepciones.

De igual forma, consideró como ac-cidente de trabajo el que tiene ocasión cuando se produce en el traslado de la casa al sitio de trabajo o viceversa, pero, cuando el medio de transporte lo sumi-nistre el empleador (accidente In Itinere).

En la parte donde sí hubo cambio trascendental, en la norma que ahora nos cobija, es la que consideró que «también se considerará como accidente de traba-

jo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se produzca en cumpli-miento de dicha función» (artículo 3.°, Ley 1562 de julio 11 de 2012).

En la norma que fue declarada inexe-quible, Decreto Ley 1295 de 2004, por el contrario, esta situación era una excepción y señalaba que el accidente de trabajo que sufriera el trabajador, fuera de la empresa, durante los permisos remunerados o sin remuneración, así se tratara de permisos sindicales, no se consideraban como tal.

Importante cambio para quienes adelantamos actividad sindical, pero de suma responsabilidad porque la condi-ción es que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

Con la entrada en vigencia de esta norma, se aporta un grano de arena a la actividad sindical, tan desprestigiada por el mal actuar de algunos, pero de suma importancia en la defensa de los dere-chos de los trabajadores.

No olvidemos que la pgn, desde el año pasado, lanzó una campaña tendien-te a difundir el derecho a la sindicaliza-ción de los trabajadores.

Importante que el recién nacido Mi-nisterio del Trabajo siga por el camino correcto de proteger en verdadera forma a los trabajadores de este país, y una for-ma es realizar eventos en todo el territo-rio nacional, como el que se llevó a cabo en Bogotá, el pasado mes de agosto, en el cual se difundió masivamente la en-trada en vigencia de la Ley 1562 de 2012, para que así conozcamos qué debemos hacer y ante quién debemos realizar los trámites una vez sufrimos un accidente de trabajo.

Apoyo de nuestra parte, es lo que también requiere el Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso), teniendo en cuenta que es el grupo que debe ejer-cer vigilancia y seguimiento en todos los accidentes de trabajo que se presenten en los trabajadores de la entidad.

Pero, a más de la norma, la invita-ción debe ser la de mitigar o minimizar los riesgos que generen accidentes de tra-bajo en la Procuraduría. Las invitaciones son variadas y la participación necesaria, la participación de todas y todas.

«(…) a partir del pasado 11 de julio de 2012, entró a regir la Ley 1562 por medio de la cual se modificó el Sistema de Riesgos Laborales y se dictaron otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional».

Mitigar los accidentes de trabajo, una tarea de todos

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dorian yamile moreno ortizasesora procuraduría delegada para la descentralización y entidades territoriales

La Procuraduría General de la Nación, consciente de su labor como ente de control y promotora de la transparencia en la gestión pública, en el marco de sus tres funciones misionales, la preventiva y de control de gestión, la disciplinaria y la de intervención, formuló en el Plan Estra-tégico 2009-2012 el fortalecimiento de la función preventiva como un eje de acción de gran importancia incluyéndose, allí mismo, la creación de herramientas para la vigilancia de la gestión pública territorial.

Teniendo en cuenta lo anterior, la pgn, con el apoyo de otras entidades como la Contraloría General de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fis-calía General de la Nación y la Auditoría General de la República, ha creado el Ob-servatorio Anticorrupción y de Integridad (oai) con énfasis territorial, con el objetivo de identificar patrones o prácticas relevan-tes que conducen a la ocurrencia de actos de corrupción, como evaluación e insumo para el ajuste de la política pública antico-rrupción. Esta importante herramienta ha sido puesta a disposición de la Comisión Nacional de Moralización, para constituirse en un espacio de articulación institucional y centro de convergencia con la sociedad civil y la comunidad internacional, que per-mita generar alarmas y prevenir el riesgo frente a hechos de corrupción.

El oai es una plataforma interacti-va que consta de tres componentes que

forman un ciclo virtuoso, entre los que se genera una relación de interdependencia. Estos elementos son: información, conver-sación y educación. El componente de la información reúne todos los datos relevan-tes sobre corrupción, generando 23 indica-dores que serán de libre acceso vía web los cuales, posteriormente, serán analizados a través del componente de la conversación en el que participan la sociedad, la aca-demia y el Estado; finalmente, a través de este diálogo, se genera el componente de educación y, en consecuencia, el ajuste de las políticas públicas que intervienen en la lucha contra la corrupción.

Así pues, el oai tiene como objetivo generar insumos que sirvan para que las entidades del Estado del orden nacional y territorial, los diferentes grupos de la so-ciedad civil, del sector privado, del mundo académico, de la comunidad internacio-nal y de la ciudadanía en general, cuenten con una mayor cantidad de información de calidad para la toma de decisiones y para la formulación, evaluación y ajustes de políticas públicas contra la corrupción, y a favor de la promoción de la integridad. Es por esto, que el oai busca promover la cultura de la legalidad, pues es una herra-mienta útil para señalar riesgos, prevenir y hacer visibles los actos de corrupción, y para elevar el nivel de integridad en la ges-tión pública en las relaciones interciudada-nía y entre esta última y el Estado.

El diseño, estructura y organización del observatorio ha sido un proceso de participación, incluyente, profundo y amplio, en el que intervinieron diversos actores y sectores de varias regiones del

país, donde se socializó y validó la pro-puesta presentada, pero lo que es aún más importante, donde se dio una re-troalimentación vital para el observatorio que contribuyó enormemente a alcanzar el «producto final» porque permitieron aplicar algunos correctivos y adicionar elementos complementarios.

Volviendo al componente de infor-mación, es importante hacer mención especial a los 23 indicadores que, en te-mas de corrupción e integridad, serán referentes que permitirán aproximarse con rigor a los fenómenos en cuestión y que se espera —al ser publicados— pue-dan emprenderse acciones a través de su socialización y participación de muchos colombianos para proponer acciones de política pública, que mejoren las puntua-ciones de los indicadores, para que de forma ascendente se genere la promo-ción de la integridad en el país.

Otra característica interesante del oai es que, además de contar con la valiosa participación de los entes ya menciona-dos, su interés es que más instituciones se involucren en la lucha contra la corrup-ción y en la promoción de la integridad. Es por esto que ha sido prioritario hacer del oai una herramienta presencial y virtual, lo cual brinda condiciones de accesibilidad, consulta, y de interactividad permanente, con potencial para la inclusión de todos los interesados en la materia.

Así se quiere hacer del observatorio una herramienta virtual, que funcione como un espacio de apertura de la información y libre acceso, que posibilite cada vez más nuevos escenarios para el diálogo, la cooperación, la

La presentación del Observatorio Anticorrupción y de Integridad, herramienta a disposición de la Comisión Nacional de Moralización, de los ciudadanos colombianos y de la comunidad internacional, que genera conocimiento e información y crea sinergias para la lucha contra la corrupción, se realizó el pasado 20 de septiembre de 2012. En las fotos, a la izq. Carlos Fernando Galán, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República; centro, funcionarios de la Procuraduría y el director del IEMP, Christian José Mora Padilla; a la der. Carlos Augusto Mesa Diaz, procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales pgn; y la viceprocuradora, Martha Isabel Castañeda Curvelo.

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juan david duran castañedacomunicaciones iemp

Con gran pesar se recibió la noticia del fa-llecimiento del maestro Negret el pasado 11 de octubre, mismo día en el que cum-plía 92 años, quien fue el autor de la obra Dinamismo, hoy presente en la entrada del edificio principal de la Procuraduría General de la Nación.

Negret estudió en la escuela de Be-llas Artes de Cali entre los años de 1938 y 1943, y fue en Popayán donde sus padres, el general Rafael Negret y María Dueñas, lo vieron nacer, y donde conoció al artis-ta vasco Jorge Oteiza que lo inició en la escultura moderna.

El arte lo llevó alrededor del mun-do, conoció ciudades como Nueva York, Barcelona, Madrid y Mallorca. Vivió en el exterior por quince años. Pero de todas sus experiencias alrededor del globo fue la exposición retrospectiva póstuma del es-cultor español Julio González, que vio en

coordinación y la concertación en torno a la lucha contra la corrupción.

Otro aspecto importante es que el oai surge en una coyuntura política e institucional que le da la mejor oportuni-dad de consolidarse como la herramienta interactiva de gestión del conocimiento fundamental en la agenda de lucha con-tra la corrupción y promoción de la in-tegridad. El observatorio coincide con el relanzamiento de la política integral de lucha contra la corrupción, especialmen-te en lo relativo a la implementación del Estatuto Anticorrupción y a la puesta en marcha de la Secretaría de Transparencia,

en lo nacional con su adscripción a la Co-misión Nacional de Moralización y en lo territorial con su respaldo a las comisio-nes regionales de moralización, al mismo tiempo que se está promoviendo la parti-cipación ciudadana en este proceso a tra-vés de la Comisión Nacional Ciudadana.

Como ya se ha mencionado, la con-solidación del observatorio es una realidad gracias a la participación de los entes intere-sados en luchar contra la corrupción y pro-mover la integridad, por lo cual es funda-mental emprender, en adelante, un camino de sostenibilidad del oai. Este camino debe ser trazado de acuerdo a las situaciones a

las que se enfrenten las entidades partici-pantes del proyecto, pero principalmente debe ser claro que la sostenibilidad del oai dependerá en gran parte de la constante alimentación de información y datos, pues-to que esto garantiza que puedan generar-se indicadores de calidad que logren efec-tivamente representar la realidad del país y, principalmente, de la problemática de la corrupción. Esto dependerá, por supuesto, de un activo rol por parte de la pgn y de to-dos los demás organismos que luchan con-tra la corrupción, entre otros ya menciona-dos, como la Secretaría de Trasparencia de la Presidencia de la República.

La huella de Édgar Negret, por siempre presente en la PGNParís en 1953, la que marcó definitivamente su estilo abstracto, caracterizado por usar láminas de hierro y aluminio, unidas por tornillos y tuercas, que se puede ver en obras como Dinamismo, El Sol, ubicada en el aeropuerto de Rionegro, o Cascada, en el parque El Virrey de Bogotá.

Al cumplir los noventa años, y un cuarto de siglo después de la inaugura-ción de su Casa Museo en Popayán, se le otorgó la Gran Orden Ministerio de Cul-tura. Paz en su tumba.

Historia de DinamismoEl artista payanés instaló la escultura con motivo del nuevo edifico del Banco Ga-nadero, que se convirtió en un símbolo de progreso y de aporte al servicio del sector agropecuario del país. Debido a esto, varios arquitectos empezaron a pro-poner la instalación de diferentes obras de arte en diversos lugares de la ciudad.

La obra fue inaugurada el 3 de julio de 1974 por el expresidente de la repú-

blica, Misael Pastrana Borrero, después de sortear la imposibilidad del Banco Ganadero de pagar el saldo que debía al maestro, por lo que se presentó una polémica por su emplazamiento, lo que llevó a la intervención del Ministerio de Educación, de Colcultura y varios medios artísticos, que hicieron respetar la idea original del artista.

Negret hizo una petición para que La Oruga o El Nuche, como se conoce co-múnmente a Dinamismo, permaneciera en su lugar aún después del trasteo del Banco Ganadero del edificio que actual-mente es la sede principal de la Procura-duría General de la Nación.

El 23 de mayo de 2005 debido al deterioro que había sufrido la estructu-ra con el paso de los años, fue retirada y restaurada por Luis Pérez García. El monumento fue reinaugurado el 15 de junio de 2006 por el entonces procura-dor general de la nación, Edgardo Maya Villazón.

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evaluación que buscaba medir la gestión del IEMP para ha-cer una mayor retroalimenta-ción, en el marco del Manual de evaluación de transferencia e impacto de la capacitación y cálculo de retorno y sobre inversión,1 pues el IEMP sabe que no es suficiente lograr una certificación, sino que se debe buscar la incidencia real en el ministerio público y, de ser po-sible, en la sociedad en gene-ral. Para esto, contrató, luego de un proceso de selección, al Centro de Investigaciones para el Desarrollo (cid), de la Universidad Nacional, que desarrolló la propuesta «Eva-luación de resultados y proce-sos del IEMP durante 2009-2012» como antecedente para un proceso de evaluación de impacto,2 sabiendo que esta es una estrategia para identi-ficar aspectos que permitan desarrollar y/o reforzar las

1 Cartilla n.° 7 del Kit de herramientas para procesos educativos del Instituto de Estudios del Ministerio Público, elaborado en 2008 con la asesoría de la gtz.

2 Nivel 4. Impacto, en el sistema de medición y evaluación de programas de capaci-tación, establecido en la cartilla n.° 7.

competencias individuales y organizacionales que permitan adelantar acciones correctivas y de mejoramiento.3

El cid adelantó el trabajo en Bogotá y tres regionales de la Procuraduría, utilizando dis-tintas estrategias, como con-sulta de información primaria y secundaria, grupos focales con usuarios internos, externos y con instituciones pares. En el informe final resalta que «a partir de 2009 el IEMP dio un giro en su gestión hacia la bús-queda de la autosostenibilidad financiera basada en la calidad del servicio. Para lo cual imple-mentó el Plan Estratégico del IEMP 2009—2012 «Innova-ción y compromiso»,4 orien-tado a fortalecer su naturaleza de unidad especial de apoyo a la misión del ministerio públi-co, mediante la optimización de sus funciones misionales y el mejoramiento de sus proce-sos y procedimientos, para la formación integral y pertinen-te de los servidores públicos, y luego agrega «desde entonces se procedió al fortalecimiento de su imagen corporativa, la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (sgc) y su certificación, la adecuación de su infraestructura física, la dotación de nuevas fuentes de financiación a través de la comercialización de servicios, el acceso a los proyectos de in-versión del Departamento Na-cional de Planeación y alianzas institucionales estratégicas, el fortalecimiento de la Red de Formadores y la creación de la Red de Investigadores, entre otras iniciativas».

3 Actualmente, en el marco del Sistema de Gestión de Calidad implementado en el IEMP, inicialmente con NTC 9001:2008 y luego con la Norma GP1000:2009, los procesos de investigaciones y de publicaciones tienen incorporada la medición de satisfacción de los usuarios y están avanzando hacia la evaluación de impacto.

4 Res. 343 del 28 de octubre de 2009.

Hacia la evaluación de impacto de la gestión del IEMP

luis enrique martínez b.jefe división de investigaciones sociopolíticas y asuntos socioeconómicos del iemp

El Instituto de Estudios del Mi-nisterio Público, preocupado porque su gestión sea efectiva, ha venido adelantando distin-tos cambios para consolidarlo como un centro de pensa-miento de políticas públicas, articulando la capacitación con la investigación académi-ca y con la labor editorial, con una gestión orientada hacia la sostenibilidad y la calidad del servicio; buscando hacer eco a la manifestación del procu-rador general, en el sentido de que el IEMP es la «universidad y editorial» de la pgn, para lo cual inició en 2010 el proceso de implementación del Siste-ma de Gestión de Calidad, lo-grando en noviembre de 2011 la certificación en la norma iso 9001:2008 y proponiéndose en 2012 se la certificación en la ntcgp 1000 : 2009.

Paralelamente, en cohe-rencia con el modelo phva, se inició en 2012 un proyecto de

La creación de la Red de Investigadores del IEMP es una de las fortalezas de esta unidad académica.

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Aspecto susceptible de destacar como resultado de esta investigación, el reco-nocimiento por parte de los usuarios internos del IEMP del capital humano dispo-nible en la pgn como uno de los principales activos del Instituto y una manifiesta dis-posición de los funcionarios para trabajar en él.

En el informe del trabajo adelantado se da cuenta de las potencialidades y vulne-rabilidades de los procesos misionales, así como acciones por mejorar, aspectos que sin duda serán objeto de análisis por parte de la dirección y los responsables de ellos; es para ello que se transcribe el siguiente planteamiento «en general, las metas estratégi-camente se podrían escalar por encima de las tendencias históricas con la finalidad de promover mejores resultados. Adicionalmente, se podrían promover sinergias entre los procesos definiendo indica-dores cruzados como inves-tigaciones utilizadas en las capacitaciones, publicaciones originadas en las capacita-ciones, por ejemplo». Adi-cionalmente, y resultado de los grupos focales, el análisis indica que Los tres procesos misionales del IEMP com-parten las sugerencias sobre hacer uso de las tic, desarro-llar procesos de evaluación estructurada, hacer produc-tos pertinentes en relación al ministerio público, e incre-mentar la cobertura y acceso a estos. De forma comple-mentaria se anota que según la percepción de los usuarios internos del IEMP, la calidad, la pertinencia, la cobertura, y el reconocimiento y marca de los productos que oferta el IEMP son susceptibles de mejoramiento destinado a

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• La evaluación de solicitudes.

• La cobertura de la población objetivo. Finalmente, para avan-

zar hacia la evaluación de impacto, los investigadores proponen unos lineamien-tos, teniendo como eje central los resultados del proceso de capacitación ar-ticulados a los procesos de

adriana patricia barco o.procuradora regional valle del cauca

Muchos nos preguntamos qué pasa con uno de los fines de la pena que no solo es la de castigar a quien ha infringido la ley sino también, por qué no se cumple con uno de sus fines que es la resocialización de las personas que se encuen-tran privadas de la libertad, encontrándonos con un pa-norama totalmente desolador en nuestras cárceles y que se constituye en un factor predo-minante que impide que este fin tan loable se cumpla, como es el hacinamiento, demasia-do tiempo para los internos sin ningún tipo de ocupación, imposibilidad de hacer un tra-

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potencializar la operación del conjunto del sistema, resal-tando los siguientes aspectos: • La pertinencia y

oportunidad de algunas capacitaciones.

• La difusión de las investigaciones.

• La actualización y diseño de las publicaciones.

• Acceso a los servicios a través de las tic.

investigación y publicacio-nes; de ellos, y en considera-ción al espacio de este artí-culo, únicamente se resaltan los dos primeros, a manera de incentivo, para consultar el informe completo:

En primer lugar, se propon-dría acotar el espectro de eva-luación del impacto del IEMP hasta el umbral de la promo-ción en profesionalización y efi-

ciencia de la gestión de los fun-cionarios del ministerio público, tomando como referencia la apropiación del conocimiento.

En segundo lugar, la pobla-ción objetivo de la evaluación, debería circunscribirse a los fun-cionarios del ministerio públi-co quienes son o debieran ser atendidos directamente por los procesos de capacitación, inves-tigación y publicaciones.

La resocialización como alternativa a la problemática penitenciaria en Colombia

bajo digno y remunerado, y con una población reclusa que supera los índices imaginables, agregando las pocas opciones que hay dentro de las mismas para aprender un oficio.

Los reclusos aumentan a un ritmo desmesurado y todos nos preguntamos ¿por qué razón se ha disparado la población en las cárceles colombianas? ¿Se delin-que ahora más que hace unos años como en los 80 y 90? Los expertos coinciden en afirmar que no se delinque significativa-mente más que en otras épocas, y que hay unas razones claras por las cuales los presos aumen-tan día a día, como la falta de oportunidades en educación, salud, vivienda digna y trabajo, entre otros. Generaciones que en cada época y momento his-tórico permiten que muchos acudan a un mecanismo fácil y mediato que les facilite tener a ellos y a sus familias lo que nece-sitan o han soñado tener.

Con este panorama ¿se puede pensar en medidas al-ternativas a la cárcel? ¿Se pue-de pensar en resocialización? ¿Se puede pensar simplemen-te en mejores cárceles? Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ante todo se debe-

ría hacer prevención para que no se tenga que llegar a ellas, ayudas sociales a poblaciones desprotegidas, más programas de prevención de drogas, fo-mentar el civismo, educación pública gratuita, capacitacio-nes, trabajo psicosocial, etc.

Es de suma importancia que en nuestro Estado social de derecho, se garantice y brinde por parte del Gobierno nacio-nal la resocialización en nuestros centros de reclusión, tema al cual, realmente, no se le ha dado la relevancia que se merece; pues si no queremos tener a muchos de ellos de nuevo engrosando las filas de presos en las cárceles, tenemos que tomar medidas in-mediatas y a corto plazo.

Y es que el panorama cuando visitamos estos centros carcelarios es desolador, predo-mina el hacinamiento desme-surado, personas durmiendo en pasillos, otros conversando, uno que otro jugando parques, otros sentados pensativos y otros grupos pensando maquiavelica-mente para conseguir sus fines delictivos desde los centros de reclusión. Estamos en mora de tomar acciones que realmente ayuden a cumplir con el fin de resocializar a nuestros internos,

pues los programas que se han implementado son insuficien-tes; hay que crear conciencia no solo en nuestros gobernan-tes, sino también a los internos y sociedad en general, de que esta debe ser una opción para el cambio de vida, de que debe ser un trabajo conjunto y para todos y no para unos pocos; tampoco, que lo acojan como opción para reducir la pena im-puesta. Hay que ir más allá, ser más eficaces y que esta herra-mienta de reinserción a la socie-dad se constituya en oportuni-dad de cambio de vida.

Es importante tener claro que no todos los internos de nuestras cárceles colombianas han herido ni asesinado, que un alto porcentaje lo constituye el narcotráfico, el hurto, las viola-ciones, el porte ilegal de armas, la estafa, etc. Y aun admitiendo que hay casos difícilmente reso-cializables, en teoría es posible trabajar con un gran número de internos, gente muy marginal, un material humano muy dete-riorado, enfermo, pero no siem-pre irrecuperable. Si se realiza un trabajo serio y comprometi-do con estas personas privadas de la libertad, se conseguiría recuperar a mucho más de la

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Innova | Boletín informativo del IEMP - Instituto de Estudios del Ministerio Público

Horizontales:A. Opinión sobre el riesgo invernal, que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido incierto y no es ajeno en Colombia y que la pgn ha realizado jornadas humanitarias de apoyo. B. Conjunción que denota alter-nativa. Cursos en este tema público que el IEMP ha desarrollado desde el año 2006. C. Símbolo químico del sodio. Inv., comando del estándar de Unix para crear un enlace. Personaje de videojuego. D. Aparecen, bro-tan. Institución de las fuerzas militares cuya labor es ejercer y mantener el dominio del espacio aéreo colombiano. E. Vocal cerra-da. Utensilio de forma alargada y estrecha utilizado por el ser humano desde oríge-nes prehistóricos para la pesca. Símbolo químico del estaño. F. Padre putativo de Jesús. Ascendencia o linaje. G. Inv., pone al sol para facilitar su fermentación o secado. Inv., palabra utilizada en la religión china. H. Nota de la escala musical. Inv., provincia de Varece, Italia. Símbolo químico del azufre. I. Nombre de letra. Inv., palabra latina uti-lizada en derecho. Pronombre posesivo. J. Derechos en que la Institución ha trabaja-do en su defensa, en los que la comisión de expertos de la oit se sienten muy com-placidos.

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Verticales: 1. X Congreso Nacional realizado en la ciudad de Bucaramanga en el pasado mes de julio, con la participación del IEMP. 2. Conjunción que deno-ta alternativa. Símbolo químico del oro. Nombre poco común. 3. Símbolo químico del neptunio. Plano, liso. Proposición que indica el lugar. 4. Se-gunda versión internacional de Derecho Discipli-nario realizado el pasado mes de junio, liderado por el IEMP. Cifra romana que vale quinientos. 5. Inv., vocalista de banda sueca de garaje rock. Famosa marca alemana de comercialización de figuras de peluche. 6. Letra del alfabeto griego. Inv., concurso virtual liderado por el IEMP como estrategia para que más personas conozcan la Procuraduría. 7. Diagrama o curva S que resume las posibles transformaciones de la austenita para cada acero, imprescindibles para el diseño de tra-tamientos térmicos. Confraternidad o asociación sin ánimo de lucro, para quienes las drogas se con-vierten en un problema muy grave. Siglas de país americano. 8. Entidad de inteligencia colombiana que combate y controla el lavado de activos. Inv., isla griega. Letra que tiene el valor de cincuenta en la numeración romana. 9. Medicamento para el tratamiento de la osteoporosis. Pronombre per-sonal. 10. Inv., ilicitud a que hace referencia el se-ñor procurador en su libro publicado por el IEMP Justicia disciplinaria.

Solución al cruci innova anterior No. 12

Horizontales: Compromiso – congreso – i – esto – lo – pr – pr – sdm – ola – tao – i – tara – a – jurídica – cia – ion – ab – integral – o – do – ea – rabí – prevención.Verticales: Cooptación – ostra – indo – mes – tajo – i – pres – u – cae – gr – dirigen – mono – roí – e – mol – vianda – ic – ira – ebl – s – placa – ar – probatorio.

CRUCI innova | 13por: julio armando gonzález albarracín

mitad de los internos de nues-tro país y eso sería ya un éxito. Pues no verían en el delito el camino a conseguir la solución a sus necesidades personales y familiares, sino ver que hay otros caminos como los de activida-des lícitas en las cuales ellos se pueden desempeñar y conse-guir lo que buscan obteniendo una mejor forma de vida.

Es necesario, como lo han dicho muchos tratadistas como Callejo, que «en términos gene-rales, un trabajo de reinserción adecuado para la mayoría de los presos que llenan las cárceles pasa por tratar aspectos que a menudo se relacionan direc-tamente con el propio delito, como el alcoholismo o la dro-gadicción, con la adquisición de hábitos laborales y el hecho de distinguir qué es antisocial y qué no». Vidal, en cambio, coincide al decir «algo básico como ma-yor control de entrada de dro-gas en las cárceles, asistencia ju-rídica gratuita, algo que ya se ha

El stand móvil de publicaciones del IEMP está presente en eventos nacionales y territoriales con una muestra de los documentos editados por el Instituto. En la foto (arriba) el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, procuradores delegados e invitados al XVIII Encuentro de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la ciudad de Neiva. Los servidores del IEMP que siempre acompañan nuestras publicaciones son Luis Alberto Díaz (el tercero de izq. a der.) y Guillermo Oidor (a la der. del procurador).

empezado a poner en práctica, trabajo remunerado, formación laboral adecuada y salidas labo-rales cuando el preso salga a la calle». Persiste también en afir-mar que «los módulos peque-ños permiten trabajar con gru-pos homogéneos, y esto hace que el trabajo sea mucho más efectivo». Callejo, por su parte, tiene un concepto claro cuando refiere que «para poder resocia-lizar un preso se necesita dinero. No es una cuestión de esta ad-ministración o de otra, pero por caro que resulte resocializar, a la sociedad le va a acabar saliendo barato, porque la reinserción beneficia no solo al preso sino a todos». Recuerda, adicional-mente, que la ley establece que el objeto del tratamiento peni-tenciario es «hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetan-do la ley» y conseguirlo, dice el jurista, «es mucho más útil para la sociedad que el castigo sin más».

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