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8/16/2019 Reflexiones Sobre El Delito Político y Pacifismo
Juridico
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24/5/2016 Reflexiones sobre el delito político
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Reflexiones sobre el delito político
Alberto Ramos Garbiras1
El Marco Jurídico para la Paz era indispensable tejerlo y se
hizo con unacto legislativo, de allí saldrá la Ley estatutaria, por
ende todas lasramificaciones de la justicia transicional, esta es
por lógica la prioridaddel nuevo Congreso elegido. La Corte
Constitucional resolverá unademanda y se pronunciará en sentencia
de exequibilidad oinexequibilidad (aplicación o inaplicación) sobre
el artículo 3 de esemarco jurídico que contiene este tenor literal,
“Una ley estatutariaregulará cuáles serán los delitos considerados
conexos al delito políticopara efectos de la posibilidad de
participar en política. No podrán serconsiderados conexos al delito
político los delitos que adquieran laconnotación de crímenes de
lesa humanidad y genocidio cometidos demanera sistemática, y en
consecuencia no podrán participar en políticani ser elegidos
quienes hayan sido condenados y seleccionados poestos delitos”.
Los estudiosos del tema pueden analizar cuatro posiciones que se
han
debatido en los medios de comunicación sobre este artículo
3Primera, la literal o gramatical del artículo mismo, esta es la
posicióntambién del Gobierno Santos, así como está escrito le
permite a
Congreso fijar cuales son los delitos cometidos durante el
conflicto que tienen conexión con el delito político para poder
recibirlos futuros desmovilizados unos beneficios de justicia
transicional. Segunda, la del demandante ex Viceministro de
DefensaRafael Guarín, y sus adláteres que, consideran muy elástica
y exagerada esta facultad otorgada al Congreso, entonces exponeque,
“no excluir de entrada actos de terrorismo, delitos internacionales
como el narcotráfico y otras violaciones a los derechoshumanos y el
derecho internacional, vulneraba tratados internacionales y los
derechos de las víctimas”. Tercera, la expuesta poel Fiscal
General, Eduardo Montealegre, quien solicitó, en la audiencia
convocada por la Corte Constitucional que, “Estaba deacuerdo con
que los condenados por delitos de lesa humanidad puedan participar
en política, así solicitó tumbar parcialmente eartículo 3 del Marco
Jurídico para la Paz, el texto contempla que responsables de
delitos de lesa humanidad y de genocidio,cometidos de manera
sistemática, no pueden participar en política; para el Fiscal esto
restringe la posibilidad de queexcombatientes, ex integrantes de la
guerrilla participen en política. “Al restringir esa libertad de
configuración, cercena laposibilidad de buscar una salida negociada
al conflicto porque impide en algunos aspectos que los miembros de
grupos ilegalespuedan participar legalmente en política”, señaló el
Fiscal. Cuarta, la posición que está sustentada en la ponencia de
sentenciadel Magistrado Alberto Rojas Ríos, va más allá del mismo
artículo 3, y de la posición de Fiscal porque flexibiliza el acceso
de
otros actores armados paraestatales con el argumento del
pluralismo constitucional, expone que, la Constitución no puede
excluila participación en democracia de miembros de los otros
grupos que hayan sido parte del conflicto, pudiéndose extender el
delitopolítico a sus acciones para respetar el pluralismo y la
participación en actividades políticas, por lo tanto evidencia que
el artículotercero es reducido y debe abrirse a otros protagonistas
de la violencia dentro del conflicto interno, o guerra interna
colombiana.
Esta posición del Magistrado de la Corte Constitucional, Rojas
Ríos (quien terminó sus funciones por anulación del Consejo),
ahorala ponencia la tomará un magistrado en provisionalidad, el
texto que deja Rojas Ríos rompe los parámetros de la
justiciatransicional hasta ahora aplicados,
porque no solo la flexibiliza demasiado, también la malforma y
desestructura llevándola a laliviandad. Pero ante la mirada
internacional, la tradición jurisprudencial y doctrinal, no es
conveniente extenderla a gruposarmados no insurgentes, inclusive
quedaría frágil el proceso de paz al abrir este amplio margen, y
los mismos interlocutores delas dos guerrillas (FARC y ELN), se
resistirían al trato extensivo. Porque es con la guerrilla con
quien se está negociando la Pazpor ser el contrincante dentro de la
guerra interna y no con grupos armados enmarcables en la
delincuencia común que hancaotizado el conflicto interno. Y que no
han enfrentado al Estado, por lo contrario: han enredado al
Estado.
Como lo expuse en mi artículo publicado en la edición anterior
de esta revista, en algunos períodos se han empleado fórmulas
de justicia transicional sin que hubiere habido transición y
por ende posconflicto. O, si se presentó transición, esta fue a
otra forma
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de violencia, más cruel o sofisticada: o con otros actores
transformados. La justicia transicional cuando ni siquiera se
llamaba as(se llamó amnistía o el armisticio, o treguas regladas,
etc.) ha obrado con una carga de normas jurídicas vertidas al
derecho deexcepción como los estados de sitio, sin transición y sin
posconflicto, gran parte de los fracasos se explica así: El
problemafundamental, la tenencia de la tierra, no ha sido resuelto.
Y ese derecho de excepción obró a la vez como justicia
transicionalsolo para beneficiar a los victimarios con el fin de
que dejaran las armas, para atraerlos, convencerlos e
incorporarlos. No seincorporaron las víctimas para ser reparadas.
(Ramos Garbiras, 2014)
Pero en este proceso actual de La Habana no se pueden volver a
cometer esos errores, lo que falta esclarecer es lo siguiente: 1)lo
rentable de las ilicitudes de varias épocas (coca, mariguana,
armas, esmeraldas, contrabando, y ahora minería del oro, másotros
minerales...), se mantiene la guerra como negocio y hace que todos
esos ciclos de violencia se repitan y los actores sereproduzcan
como transformers, alentados por los instigadores guerreristas para
que, las elites del bipartidismo a la vez,también transmutados con
otros ropajes jurídicos, sigan dominando. 2) el pacifismo jurídico
con reglas de justicia transicional sin
el aparecimiento de los posconflictos reales hace que solo se
atraiga a los desmovilizados (como el caso de casa, carro y
becas)pero no cambia nada para el grueso nacional de los excluidos,
aumentando el precariado .3) la reforma agraria integral no se
hadado. Y el despojo de tierras es el otro factor que hace rentable
la guerra para los guerreristas. Finalmente, el sistema
electoraestá montado para que exista abstención y eso permite la
continuidad hegemónica del Bipartidismo que en la última fase, los
23años después de 1991, domina el panorama político de manera
metamorfoseada con personerías jurídicas de fachada o tapaderapero
son los mismos miembros del bipartidismo revestidos. Sin voto
obligatorio no cambiaran las cosas. Podría uno pensar quesi este
voto hubiese existido en el 2006, Carlos Gaviria habría sido
Presidente, porque las mayorías habrían visto esa opción aconcurrir
a las urnas. No lo vieron porque ni se enteraron al no asistir a
votar. Y así otros casos que habrían podido cambiar lahistoria de
Colombia.
Está claro que el acto legislativo que creó el Marco Jurídico
para la Paz, o sea una reforma constitucional, estableció que
ellegislador podrá reglamentar los delitos políticos conexos. Pero,
el legislador no deberá sobrepasarse en una Ley
Estatutariaacogiendo a los delincuentes comunes individuales ni
colectivos por el solo hecho de que se vieron envueltos dentro del
conflictointerno por una u otra circunstancia, y no lo debería
hacer porque son actores desideologizados que no tienen proyecto
político,solo se mueven agenciando intereses económicos de grupos
consolidados, sean terratenientes, bananeros, ganaderos,
demultinacionales o enclaves económicos; o están al servicio de
gremios que los financian a la manera de los mercenarios. Dar
acceso a todos los grupos armados que no son guerrilleros,
incluidos delincuentes comunes colectivos, esto rompe con
losconceptos clásicos de rebelión, revolución, beligerancia y el de
desobediencia civil. Aquí está la clave de la discusión. Aunque
elegislador pueda debe tener los mínimos límites racionales que el
manejo del delito político ha tenido en el derecho internacionay en
el derecho interno, enmarcado en la evolución de estas cuatro
categorías propias de actores que se han enfrentado a
losgobernantes en diferentes países del planeta para confrontarlos
por encarnar dictaduras, gobiernos despóticos, ejercer el podercon
autoritarismo, no facilitar la inclusión social, o abusar de la
fuerza pública para reprimir.
También el analista Andreas Forer citó a la Corte Suprema de
Justicia, en el fallo de julio 11 de 2008, donde se expresó que
losparamilitares no son delincuentes políticos, debido a que
carecen de los móviles altruistas que definen la naturaleza del
delitopolítico, excluyéndolos así de la posibilidad de ser
investigados y condenados por conductas como la sedición.
Cuando el pueblo se amotina y promueve la resistencia es porque
ha percibido la injusticia del derecho. Los que se levantan enarmas
también impugnan y desconocen el derecho vigente y buscan otro
orden jurídico. El derecho a la resistencia visto comolegítima
defensa social porque de no rebelarse la población el tirano o el
dictador continuarían cometiendo tropelías y abusos encadena.
Entonces la población indignada sale a las calles, desconoce el
derecho vigente y reclama cambios. Si no se producenesos cambios,
se gestan revueltas, luego confrontaciones con el ejército y puede
avanzar la dinámica hacia la revolución. La
resistencia es una forma de oponerse, si el gobernante civil o
el dictador escucha, acata y corrige, entonces disminuye
laresistencia. Si el gobernante es contumaz y extrema las medidas
impopulares, estallará la desobediencia civil hasta llegar a
laexplosión social. La resistencia se genera contra el derecho
injusto. Reclama corrección, atemperamiento, revocatoria,
equidadetc. Si la resistencia crece es porque hay una legitimación
moral que se levanta contra la presunción de legalidad de todo
elorden jurídico.
El realismo jurídico en medio del pacifismo jurídico que se
aplique para tejer la justicia transicional, no puede perder los
linderosentre el delito político y el delito común. Al referirse al
delito político el analista Andreas Forer escribió para el
periódico “ElEspectador” que, “La figura ha sido definida por la
doctrina y la jurisprudencia como aquella conducta punible que
atenta contrael régimen constitucional y legal y cuyos
perpetradores tienen la intención de subvertirlo o cambiarlo,
principal diferencia con losdelitos comunes. De acuerdo con esa
interpretación, los delitos de ‘rebelión’, ‘sedición’ y ‘asonada’
son los que se encuentran enel Código Penal colombiano y
corresponden con la categoría de los delitos políticos. Su
existencia, es reconocida por laConstitución que en varios
artículos se refiere a los beneficios que matizan la gravedad del
delito político, entre ellos: posibilidadde ejercer derechos
políticos como elegir y ser elegido en cargos públicos de elección
popular, la prohibición de extradición, laposibilidad de conceder a
quienes lo comenten amnistías e indultos, entre otros”(Forer,
2012).
En Colombia el derecho interno respecto al delito político
podemos verlo en parte dentro del Código Penal de 1980, art. 127,
allaparecía el delito político: “Los rebeldes o sediciosos no
quedarán sujetos a pena por los hechos punibles cometidos en
combatesiempre que no constituyan actos de ferocidad, barbarie o
terrorismo”. “Con la Constitución del 91, la elegibilidad de
personasque fueron delincuentes políticos fue posible. Luego de
acuerdos de paz con guerrillas como el M-19, la misma Carta
reconocía lalegitimidad del delito político permitiendo que quienes
habían incurrido en él fueran los únicos delincuentes que
conservaban elderecho a ser elegidos”. (Segura, 2012)
Y en el art. 19 de la Ley 782 de 2002, aplicando la conexidad de
los delitos políticos para obtener un indulto se preceptúo,
para “hechos constitutivos de delito político”, condicionado a
que los delitos cometidos no fueran “conductas constitutivas de
actosatroces de ferocidad o barbarie, terrorismo, secuestro,
genocidio, homicidio cometido fuera de combate o colocando a la
víctimaen estado de indefensión”. Esta Ley prorrogó la vigencia de
la Ley 418 de 1997 que fue ampliada también por la Ley 548
de1999.
La Corte Constitucional, ante una demanda de Pedro Pablo
Camargo, dentro expediente D-3945, dictó Sentencia con ponencia
deJaime Córdoba Triviño, declarando exequible o aplicable el
artículo 13 de la Ley 733 del año 2002. Este artículo expresa:
“Enningún caso el autor o partícipe de los delitos de terrorismo,
secuestro, extorsión, en cualquiera de sus modalidades, podrá
se
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beneficiado con amnistías e indultos, ni podrán considerarse
como delitos conexos con el delito político dada su condición
deatroces”. Esta Ley contenía medidas tendientes a erradicar los
delitos de secuestro, terrorismo, extorsión y se expiden
otrasdisposiciones. Y dentro de los considerandos argumentó:
“Cuando el constituyente determina el ámbito de aplicación de
laamnistía y del indulto, lo circunscribe a los delitos políticos
por oposición a los delitos comunes. No obstante, guarda silencio
enrelación con los delitos conexos. De este modo, si se tiene en
cuenta que, como se lo expuso, al legislador le asiste una
ampliacapacidad de configuración normativa siempre que se ejerza
dentro de los límites constitucionales, es claro que de esa
capacidadhace parte la posibilidad de extender tales beneficios a
los delitos conexos con los delitos políticos”.
El terrorismo era excluido del delito político porque para
consumarlo no requiere combate, se comete de súbito,
sinenfrentamientos y con ferocidad. La guerrilla en Colombia se
insertó en esa modalidad sin ser desembozadamente
terroristasmezclan las dos acciones, las ejercen paralelas
(guerrilleros y terroristas), de manera saltuaria, por ello en
algunas épocas hanperdido el rango de guerrilleros como durante los
dos gobiernos del Presidente Uribe Vélez. En los países donde han
existido
terroristas (Italia, Alemania, Irlanda, España…) estos no son
guerrilleros. Las únicas excepciones con dualidad son Afganistán
conlos talibanes, Colombia y ahora Irak, donde los sunitas
levantados en armas recientemente, hacen de terroristas y
guerrillerosColombia sufre un terrorismo interno o terrorismo
nacional que utilizan las guerrillas de manera saltuaria, porque no
essistemática, diario, ni la única forma de ataque que los grupos
subversivos emplean. Además Colombia vive y presencia
variasmodalidades de terrorismo: guerrillero, paramilitar y
narcoterrorismo mafioso. Los dos últimos son una expresión distinta
a lalucha armada. El terrorismo practicado por las guerrill as está
ligado al conflicto interno, como una forma de combate combinadocon
la guerra de guerrillas.
Los delitos comunes tienen otro tratamiento bajo la lupa del
derecho retributivo con enfoques del derecho penal y la
criminología.Casi el 90% del derecho penal común está construido
para enfrentar a los delincuentes comunes. En cambio las
acciones,razones y actuaciones de los actores armados colectivos
con visos políticos han sido evaluadas por la violentología y
lasociología.
“Es necesario remiti rnos a la larga tradición
constitucional de vincular estrechamente al delito político con la
búsqueda de la pazpara fundamentar un tratamiento privilegiado que
le distinga del dado a la delincuencia común (véase por ejemplo el
art. 5 de laConstitución de 1853, art. 29 de la Constitución de
1858 y arts. 30, 76 y 119 de la Constitución de 1886). Incluso el
mismo
proceso de elaboración de la Constitución de 1991 evidenció que
este tratamiento diferenciado le permite a los
delincuentespolíticos reincorporarse por medio de un gran acuerdo
nacional donde se les brinde espacios políticos de inclusión, de
tal formaque la vía armada sea descartada como alternativa para el
acceso al poder y sean reconsideradas las vías institucionales
ydemocráticas. Previendo esta situación, el constituyente dejó
consignadas las herramientas necesarias para que se pudiese llevaa
cabo un nuevo pacto de paz y reconciliación con los sectores que
por diversas razones quedaron por fuera de aquel acuerdo en1991,
sin necesidad de promover o convocar una nueva asamblea
constituyente. Estos antecedentes constitucionales y el
procesomismo de elaboración de la Constitución de 1991 fueron
determinantes para el diseño del tratamiento actual del delito
políticoEn dicho modelo, la participación política de
excombatientes juega un rol muy importante, al ser una cláusula de
inclusióndirigida a reintegrar social y políticamente a aquellos
que han cometido delitos políticos”. (Tarapués, 2014)
El delito político tiene su caracterización porque las
actividades con las que se cometió están ligadas a la subversión,
alevantamiento en armas contra un sistema político al que los
actores armados consideran injusto, esgrimiendo los intereses delos
amplios sectores populares que dicen representar, además quienes se
levantan en armas buscan derrocar a la clase en epoder para
establecer un nuevo tipo de Estado. Para sólo citar dos casos de
revoluciones triunfantes tenemos en América latinael caso de Cuba y
Nicaragua. Y otros dos conflictos armados terminados con
transacción con pactos políticos por no habervencido una de las
partes a la otra: en Guatemala y El Salvador. Las pretensiones de
los levantados en armas que, enarbolan
ideas y tratan de lograr un proyecto político de
transformaciones sociales que, de vencer, ejercerían como Estado
naciente.
De la rebeldía o la oposición han pasado a la subversión y se
han encarrilado en la revolución. Acuden a la guerra de guerrillas
ysus variables (guerra de posiciones, guerra de movimientos…), en
diferentes momentos la comunidad los ha diferenciado así olos
sucesivos gobiernos, etc. De esta manera ante un proceso de paz son
reconocidos como interlocutores con el fin de negocialas
diferencias que tengan respecto con el gobierno en el poder.
Es necesario hacer un comparativo entre el delito político para
poder participar un grupo armado desmovilizado en política, y
easilo político para obtener un beneficio individual, ante la
persecución En otro contexto, sin necesidad de pertenecer a
unaguerrilla activa, de manera similar ocurre con la figura del
asilo político, solo se le otorga al que comete un delito político
y no alos delincuentes comunes porque esto alteraría el
funcionamiento de la justicia ordinaria y permitiría el amparo en
embajadas dedelincuentes comunes y alteraría las relaciones
internacionales. El asilo político para concederse, exigen los
tratadosinternacionales, que el perseguido lo sea por sus creencias
políticas, religiosas o por la defensa que haga de los
derechoshumanos y represente la vocería de un sector social
discriminado etc. Al delincuente común no se le puede conceder
porque estasería una puerta de escape a la justicia ordinaria.
Bibliografía
Forer Andreas. ¿Una nueva oportunidad para el delito político?
Columna publicada en el periódico “El Espectador” de Bogotá, abri21
del año 2012.
Ramos Garbiras Alberto. “Justicia Transicional” . Artículo
publicado en la revista virtual Caja de Herramientas, Nº 407 Semana
de11 al 17 de julio de 2014. Corporación Viva la Ciudadanía
http://goo.gl/YRR9So
Segura Camilo. El delito político sobre la mesa. Artículo
publicado el 27 de septiembre del año
2012www.confidencialcolombia.com
Tarapués Sandino Diego. Marco jurídico para la paz, delito
político conexo y participación en política. Artículo publicado en
eperiódico El Mercurio, de Chile, junio del año 2014. (
www.tarapues.info)
1 Profesor de ciencia política y Derecho Internacional en
la Universidad Libre; Magister en ciencia política de la
UniversidadJaveriana; P.h.D, en política latinoamericana de la
Universidad Nacional (UNED) de Madrid-España.
http://www.tarapues.info/http://www.tarapues.info/2014/06/marco-juridico-para-la-paz-delito.htmlhttp://www.confidencialcolombia.com/http://goo.gl/YRR9So
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Edición N° 00408 – Semana del 18 al 24 de Julio – 2014
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Huevo con mango y tres tiras de pollo•
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Sindicalismo expectante por decreto quecrea Mesa de reparación
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…
Tiempo de constituyente un cuarto desiglo después
•
— "Constituyente Social
Siglo 21"...¡ Ya ! Desde Carta Ciudadana,desde las "Escuelas
Ciudadanas del …
CORPORACIÓN VIVA LA CIUDADANÍA
2 Comentarios 1
• •
Carlos •
Excelente artículo. Con este nuevo fenómeno en el marco jurídico
Colombiano dentro del
conflicto armado, el Estado por depurar y reivindicar la
solución dentro del proceso de paz,
dejaría abierta las puertas para que grupos armados sin ninguna
plataforma o ideología
política se pudieran beneficiar con esta formula de
conexidad delictiva, y así, ocultar y
engañar el abuso del derecho desprotegido, lo que seria una
falacia para el sistema
democrático.
• •
ose sanchez •
Son muchas las falencias palpables , en los temas mencionados,
pero las aceptamos con
permisividad y no hacemos nada para corregir, aparte de
lamentarnos. No hay derecho
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