Reforma Al Artículo 27 Constitucional

Martínez García Ana Priscila210242397

Seminario IVResumen.

La reforma al Artículo 27 constitucional.Arturo Warman Gryj

En los inicios de la reforma al Artículo 27, se reconocen tres procesos principales; por un

lado, un diagnóstico de la situación del campo mexicano; segundo, el diálogo con los

grupos y organizaciones involucrados; tercero, el debate público en los medios de

información.

En primer lugar se deja en claro que el campo está inmerso en un círculo de pobreza,

estancamiento, como consecuencia de que aquellos que viven y trabajan en el campo (la

cuarta parte de los mexicanos) producen apenas la treceava parte del producto nacional.

Además, el crecimiento de la producción agropecuaria es inferior al crecimiento de la

población, por esta razón el campo se sigue empobreciendo.

Antes, la tierra ejidal se vendía, rentaba y traspasaba al margen de la ley y en prejuicio de

los ejidatarios. La incertidumbre agraria provocó que disminuyera la inversión privada y la

inversión pública no puede cargar sola con el peso del desarrollo del sector agropecuario.

Es así como surge la llamada agricultura minera, que extrae y depreda los recursos de la

tierra.

La organización con los campesinos ejidatarios, perdieron fuerza, iniciativa, fuerza y

autonomía, la relación entre campesinos y Estado se volvió clientelar y populista. La

exclusión, silencio e indiferencia relegan al campo en la agenda nacional; la

autosuficiencia, como propósito inicial de la política agropecuaria se perdió en 1970; los

burócratas crecieron, los precios de garantía aumentaron los precios de los alimentos,

dejando a los residentes y productores rurales sin acceso a ellos; el crédito y el seguro eran

sólo una simulación.

Ahora, las demandas de las organizaciones rurales de cada sector y cada región, exigía las

modificaciones derivadas de su experiencia y perspectivas. Se inició un diálogo con el

Presidente de la República con las organizaciones rurales, se le sumaron algunos

funcionarios para ampliar la acción y presencia del Presidente. Finalmente se elaboró una

propuesta que se basaba en dos criterios: libertad y justicia. Se proponía responder al


Seminario IVinterés general del campo y de sus mayorías para solucionar problemas y demandas

emanadas del diagnóstico y la consulta. Si bien ninguna de las posiciones particulares

encontraron una respuesta plena a las demandas, si les pareció satisfactorio la respuesta a

las demandas tomadas en cuenta.

El Artículo 27 terminó con el reparto agrario, debido a que ya no era posible para el Estado

dotar con 10 hectáreas de tierra a cada solicitante de manera permanente, frente a un

crecimiento poblacional importante. Por otro lado, el 27 constitucional ya no cumplía la

función de redistribuir la riqueza, ya no sólo no se repartía la riqueza sino que se extendía y

prolongaba la pobreza, restricción y la incertidumbre. Ahora, ¿qué pasa con los campesinos

que no tienen tierras? Se pretende, con la reforma al artículo que se restablezca y se

recupere el desarrollo rural, al generar fuentes de trabajo en las actividades agropecuarias y

en las comunidades rurales.

El reparto agrario terminó con el latifundio de las haciendas como la propiedad dominante

en el México rural, sin embargo el fraccionamiento de los latifundios tendrá un efecto poco

trascendente para la redistribución territorial. La figura del minifundio se define porque la

producción de la tierra no alcanza para sustentar a sus poseedores; sólo se supera por la

ampliación de la superficie o por el incremento de la productividad.

La reforma permite la compactación de la tierra conforme a la voluntad de los ejidatarios y

sus asambleas. No la obliga ni la impone por razones técnicas o tecnocráticas, la hace

posible y la promueve a través de la asociación y la transición de derechos.

Si bien antes el arrendamiento de la tierra era forzado por restricciones y decisiones

institucionales, se privaba al ejidatario de su derecho sobre la misma. Ahora, el ejidatario

puede rentar su tierra, trabajar en mediería o aparcería, antes prohibidas. El derecho del

ejidatario a la parcela se activa como capital para su propio desarrollo con la protección de

la ley. El derecho a la asociación es ahora legal. Los propietarios rurales quedan ahora

liberados del enfrentamiento con los ejidatarios, además se liberan de la invasión y pueden

asociarse libremente entre sí y con los ejidatarios en condiciones transparentes y de

equidad.


Seminario IVCon la finalidad de prevenir que las corporaciones propietarias de los “bienes de manos

muertas” adoptaran la figura de sociedad mercantil para preservar sus latifundios, se

disuelven las propiedades de estas corporaciones (Iglesias). La figura de latifundio ya no

existe; la propiedad de la tierra ya no es sustento de oligarquías con poder. La reforma

permite ahora la formación de sociedades mercantiles para la producción agropecuaria,

dedicada a la producción y a la dotación de bienes y servicios.

El ejido se fortalece porque el artículo 27 se libera de su dependencia burocrática, le

reintegra libertad e independencia a su representación. También en la reforma al artículo se

rompe con la dependencia corporativa que se deriva de la intervención de las autoridades y

de las decisiones jurisdiccionales que habían sido conferidas al Ejecutivo Federal. En

consecuencia restringe el poder de autoridades y burocracias y fortalece el de la sociedad,

el ejido y sus asambleas.

Las asociaciones rurales con propósitos productivos se están desarrollando y lo hacen en un

contexto en que la incertidumbre en los mercados internacionales y nacionales aún no han

superado las restricciones que afectan la rentabilidad del sector agropecuario. Sin embargo,

los cambios en las formas y modalidades para brindar apoyos directos a los productores

rurales a través de distintos programas que buscan corregir las distorsiones provocadas por

la acción pública, abren nuevas perspectivas.

Finalmente en el texto se aclara que la pobreza y la desigualdad persisten y que no basta

voluntad para superarlas, se necesita trabajo y constancia. Y que las reformas jurídicas son

apenas el primer paso de un nuevo acuerdo nacional para romper con la exclusión y el

deterioro del campo mexicano.


Seminario IVResumen

Política agraria y estructura territorialHubert C. de Grammont

Las políticas salinistas estaban principalmente enfocadas al cumplimento de las condiciones

establecidas en el TLC y a conveniencia de sus participantes el campo tiene que dividirse

en un campo empresarial, avanzado y competitivo; y por otro lado un campo campesino,

atrasado y apoyado en programas de combate a la pobreza. Sin embargo, se puede agregar

una tercera dimensión, la de las tierras improductivas, inútiles y abandonadas en un

esquema de mercado abierto.

Para lograr esa estructura trimodal el Estado debió abandonar su papel regulador y gestor

de la propiedad de la tierra. Renuncia también al derecho de expropiar y a la posibilidad de

mantener algunas formas de reparto agrario que coadyuven a contrarrestar la pobreza, anula

el concepto de neolatifundio que es un disfraz del latifundio y otorga las facilidades para la

concentración de tierra. Renuncia también a la función social de la propiedad que debe ser

útil y debe producir para la nación.

Ésta política neoliberal busca crear un nuevo actor productivo que sea capaz de sustituir la

acción gubernamental para invertir en el campo. El agricultor emprendedor, que fue el

agente primordial para poder alcanzar el cambio en décadas pasadas, el hombre

emprendedor del campo, el productor familiar, no es la pieza clave en los cálculos del

neoliberalismo. Además con la cartera vencida que afecta esencialmente a los medianos y

grandes productores crece a pesar de programas de reestructuración y se convierten en un

mal necesario para poder alcanzar la modernización en el campo y se espera que los

campesinos desaparezcan por no poder superar su endeudamiento y en el lugar de ellos se

surjan grandes empresas que estén íntimamente relacionadas con la inversión

agroindustrial.

El neoliberalismo agroexportador intenta sustituir al agricultor lo que explica que la nueva

Ley limite el concepto de patrimonio familiar ejidal al espacio ocupado por el asentamiento

humano pensado antiguamente como un mecanismo para proteger al productor familiar del

despojo de sus bienes personales y productivos, y abre las posibilidades de privatizar las

tierras parceladas o de uso común.


Seminario IVSin embargo, ley no aporta nada nuevo en cuanto a las posibilidades de asociación entre

pequeños productores. Simplemente reitera, en su título cuarto, la existencia de tres formas

asociativas: unión de ejidos, asociación rural de interés colectivo (ARIC) y sociedad de

producción rural. En contraste, dedica un título completo, el sexto, a la creación de las

sociedades mercantiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, pensadas

para atraer el capital financiero, en particular el extranjero.

La principal organización nacional del sector empresarial agroindustrial, el Consejo

Nacional Agropecuario, apoyó incondicionalmente la proposición gubernamental. Sin

embargo, es importante destacar que en los siguientes meses a la aprobación de la nueva

Ley Agraria, numerosas organizaciones regionales o sectoriales de agricultores hicieron

fuertes críticas a algunas de sus propuestas, en especial en torno a la creación de sociedades

mercantiles.

La propuesta del Consejo Agrario Permanente

A pesar de las tensiones dentro del Consejo Agrario Permanente (CAP) se terminó

aceptando los cambios que se le realizaron al Artículo 27 Constitucional por parte del

gobierno, y se reconoció la necesidad de terminar con el reparto agrario; la inconformidad

de las organizaciones campesinas estuvo enfocada en los capítulos de la Ley referidos a la

tenencia de la tierra, al fomento a la producción agropecuaria a la estructura organizativa

del ejido y de las asociaciones mercantiles.

Las propuestas hechas por el CAP a la nueva ley mantienen como punto principal, la

autosuficiencia alimentaria, la protección del mercado, un Estado benefactor eficiente,

respeto a la autonomía de las organizaciones, planificación de la producción agropecuaria

entre organizaciones campesinas y el gobierno, además, que se vea al pequeño productor

como protagonista del desarrollo agropecuario-forestal. Sin embargo, no son suficientes los

esfuerzos hechos por la CAP para proponer una ley alternativa que tomara al pequeño

productor familiar como el actor fundamental del desarrollo del campo, sus propuestas más

importantes no fueron tomadas en cuenta por el Congreso de la Unión.


Seminario IVUna política agraria vinculada a la reestructuración productiva

Se consolida la política de apertura comercial y la privatización después de la aprobación

de la nueva Ley Agraria, entonces resulta ineludible repensar el problema de la tierra. Se

debe cambiar la idea de hacer de la gran empresa sea el remedio de la modernización y

darle su lugar a todas las formas de producción, especialmente a la familiar; ya que es

incapaz de asegurar un desarrollo equilibrado, sustentable y con justicia social.

Algunos de los principales elementos que deben guiar la reflexión anterior son las

siguientes:

1. La apertura comercial, aun si se lograra revisar para asegurar la autosuficiencia

alimentaria, provocará profundos cambios en la estructura productiva nacional y traerá

como consecuencias inmediatas: la bancarrota de una parte de la agricultura nacional,

incremento en los procesos de migración campo-ciudad y el abandono de tierras

improductivas mientras hay sobreexplotación de otras.

2. El ejido ha dejado de ser la unidad básica unívoca de todas las acciones en el campo. Ya

no es una unidad económica eficaz, no sólo por la falta de apoyo gubernamental sino

porque los procesos de diferenciación social en su interior han creado múltiples intereses

que tienden a fraccionarlo en grupos de interés claramente diferenciados. Uno de los

efectos de esa diferenciación social es que las empresas campesinas no integran

indistintamente a todos los ejidatarios sino a grupos específicos, normalmente de un mismo

nivel económico. Por otro lado es contradictorio mantener un solo marco jurídico rígido

que determine el funcionamiento del ejido en todo el país. Se abre la posibilidad de que

grupos sociales que al no tener parcela no tienen canales de representación en el ejido,

participen en la dinámica agraria.

3. Una ley agraria alternativa debería encontrar instrumentos adecuados para permitir la

integración de la actividad ganadera y agrícola, sin descuidar los instrumentos de control

del tamaño de la propiedad y del uso de los recursos naturales.

4. Si se quiere tener una política de fomento eficiente es necesario crear aparatos de

representación social que correspondan a los intereses económicos específicos de los


Seminario IVdistintos grupos de productores. La relación del gobierno con estos últimos debe

diferenciarse de acuerdo con el nivel económico de sus empresas y no con su estatus

jurídico.

Si se toman en cuenta esos elementos como conformadores del marco social y político de

toda acción agraria se cree que una política agraria alternativa debería tener dos ejes de

inversión fundamentales.

a) Un reparto agrario selectivo para impedir el acaparamiento ilegal de tierras y luchar en

contra de la pobreza.

b) La rehabilitación agraria para limitar los efectos del minifundio.

El primer eje, la idea de mantener un reparto agrario selectivo, señala que ahora menos que

nunca se puede abandonar la función social del Estado de luchar contra la pobreza y

repartir la riqueza social, porque la mitad de la población vive por debajo del nivel de

producción definido por los propios organismos internacionales de cooperación.

Retomamos la idea de un reparto selectivo, a diferencia del reparto masivo, existen

limitadas posibilidades para mantener la distribución de tierras y ninguna de satisfacer la

demanda potencial conformada por todos los pobres del campo (y tal vez buena parte de la

ciudad). Por modesta que sea la distribución de tierras, en el fututo debe vincularse con las

necesidades de una estructura productiva eficaz, tanto para el consumo familiar como para

la producción mercantil campesina.

La idea principal que se defiende es que los bienes naturales son propiedad de la Nación y

que su concesión a particulares no puede ir en contra de los intereses nacionales. Si se cree

que el gobierno debe regular el acceso a los medios naturales de producción para lograr un

desarrollo equilibrado, se puede pensar en mantener mecanismos de redistribución de la

tierra cuando ésta se beneficia de las obras de irrigación que mejoran su calidad,

independientemente de saber si el agua o la realización de las obras hidráulicas han sido

concesionadas a particulares. No hay ninguna razón que no sea de índole ideológica, que

impida mantener formas reguladas de acceso a la tierra en el marco de la política neoliberal.


Seminario IVEl segundo eje es la rehabilitación agraria, se relaciona con la necesidad de una estructura

agraria adecuada a las exigencias de la producción eficiente. Es decir, se trata de conformar

empresas compactas y de tamaño adecuado en contra de las históricas tendencias al

parcelamiento y disminución de la propiedad, sea ejidal o privada. Se propone entonces,

emprender una acción sistemática y de larga duración para compactar las parcelas ejidales.

La rehabilitación agraria puede constituir una salida a la falta de productividad de una

importante proporción de las unidades de producción familiar, siempre y cuando se vincule

estrechamente con la problemática de la reestructuración. Una tarea fundamental y

permanente de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), debería ser la regulación y

fomento de esos mercados regionales de tierra para hacerlos más eficientes y menos

costosos.

El establecimiento de reglas mínimas para regular la posesión de la tierra, permitiría luchar

contra la práctica de la agricultura extractiva e itinerante, que dañan considerablemente los

recursos y reduce la producción futura, cuestión que no se toma en cuenta en la nueva Ley

Agraria, por lo que se propone que se agregue un capítulo que norme las condiciones de

arrendamiento de la tierra y de su adecuada explotación.

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