Montevideo, 10 de octubre de 2013.

Señores Miembros del

Consejo y de la Asamblea del Claustro de la

Facultad de Derecho.

Estimados Colegas Universitarios:

Concurrimos a la convocatoria realizada para la sesión extraordinaria del día de la fecha con el convencimiento de que resulta necesario contextualizar el escenario en que se impulsa este encuentro.

Un intento dirigido a modernizar los planes de estudio de nuestras principales carreras de grado merece el apoyo y el compromiso de todos, si bien no es un acto ajeno a la realidad en que está inmersa la Facultad de Derecho. El diseño de un nuevo modelo curricular no es una labor posible de separar del medio en que se desenvuelve.

En virtud de que no es posible ni recomendable olvidar cómo llegamos a esta sesión conjunta del Claustro y del Consejo, nos permitimos efectuar este aporte como contribución a la mejor comprensión colectiva del proceso que ha estado viviendo la Facultad de Derecho en los últimos años, del cual se deriva la necesidad de realizar la citación que hoy nos convoca.

1) La Facultad ha incumplido con lo dispuesto en la Ordenanza de Estudios de Grado aprobada en agosto de 2011 por el Consejo Directivo Central. No se ha observado el plazo de un año otorgado para asignar créditos a las unidades curriculares (artículo 41 de la Ordenanza). Tampoco se ha cumplido con el plazo de dos años para poner en marcha la adecuación a la nueva normativa (art. 40).

2) Al no haberse procedido a cumplir con lo dispuesto en la Ordenanza, tampoco se ha podido informar al CDC respecto a las estructuras organizativas que debieron ser creadas para las carreras de Abogacía y Notariado (arts. 17 y 21). Ni siquiera con la incorporación de los nuevos planes de estudio de Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales, se ha cumplido con la previsión del artículo 18° en cuanto a la creación de un organismo especial encargado del seguimiento de las carreras. No se ha presentado ninguna iniciativa al respecto desde el año 2011 hasta la fecha.

3) Se constatan situaciones inadecuadas. Así por ejemplo, se han remitido al Consejo programas de estudios de materias cuyo dictado ya se había comenzado en el marco de las carreras que han modificado sus planes de estudio. Las carencias en la institucionalidad requerida (señaladas en el punto anterior), derivan en dificultades para cumplir con lo previsto en el artículo 32° de la ordenanza.

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4) No ha habido propuestas ni se ha generado un solo ámbito de trabajo para ello. Quienes son funcionalmente responsables (art. 42 inciso a de la Ley Orgánica), han carecido de propuestas e iniciativa.

5) La Universidad cuenta con casi un centenar de carreras de grado. Entre las cinco carreras con plan de estudio más antiguo, tres pertenecen a la Facultad de Derecho. Para Abogacía y Notariado, más allá de las adecuaciones realizadas en 1989, el modelo corresponde al Plan 1957. Ello por sí solo, ameritaría conducir un proceso hacia su indispensable actualización, pero lamentablemente se ha carecido de liderazgo por parte de las autoridades que tienen la responsabilidad de llevar adelante el proceso.

6) El último intento de modificación de los planes de estudio data del decanato de la Esc. Teresa Gnazzo. Fue un proceso interno, autogenerado, que no tuvo éxito. Hoy presenciamos un nuevo impulso hacia la renovación que es externo. El vencimiento de todos los plazos parece testimoniar que los universitarios que apoyan la actual gestión son los primeros que no están convencidos de la necesidad de renovación, pues ningún proyecto concreto ha sido presentado en el Consejo o en el Claustro de la Facultad, pese a las mayorías existentes desde el año 2006 hasta la fecha.

7) La demora en abordar la renovación de los planes tiene principio de explicación en la negativa en atender y trabajar a partir del Informe Final del Proceso de Autoevaluación de la Facultad de Derecho. El punto tiene el triste privilegio de estar en el orden del día del Consejo desde que asumiera la actual Decana en junio del año 2006. No ha habido interés en los resultados del diagnóstico institucional que fuera iniciado durante el Decanato de la Esc. Gnazzo y finalizado durante el siguiente, del Dr. Abal. El tiempo transcurrido ha provocado la desactualización de un estudio profundo, que poco podrá contribuir hoy como punto de partida, lo que comprueba la liviandad con que se permite perder una cantidad muy importante de recursos económicos aportados especialmente por la Universidad a la Facultad durante tres años consecutivos, los que posibilitaron los trabajos implicados en el auto estudio institucional y sobre sus carreras.

8) El Consejo de la Facultad ha carecido de una conducción productiva. Transitamos el período con menos sesiones anuales de trabajo desde la caída de la intervención. El orden del día se organiza completamente a partir de asuntos administrativos y de mero trámite sin abordar cuestiones de política universitaria de importancia. Se evita su estudio, como de manera similar, se ha descontinuado la reunión periódica con Directores de Carreras y de Institutos. No se convoca a sesiones temáticas para el

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tratamiento de cuestiones académicas de impacto, salvo el caso que hoy nos reúne, el cual se da a partir de la iniciativa institucional y reglamentaria externa.

9) La Facultad no padece de parálisis institucional por bloqueo pues existe una mayoría afín a la actual conducción. Esa mayoría se ha impuesto reiteradamente siempre que se ha querido justificar el enorme número de contrataciones directas, el ingreso como docentes de personas sin antecedentes en la enseñanza, la no realización de llamados para cubrir vacantes, la realización de nuevos concursos “de méritos” cuando quien obtiene el primer lugar no resulta del agrado de las autoridades, la ausencia en dar cuenta del resultado de licitaciones y destino de erogaciones, o la negativa a informar sobre el uso de los recursos. Al Consejo no se le da cuenta sobre la disponibilidad del presupuesto anual, ni se informa sobre su ejecución. La gestión está cuestionada en su transparencia y peor aún, también en su legalidad, al no haber dado cumplimiento a lo previsto en los arts. 40 literal f) y 23 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República.

10) La Facultad atraviesa un proceso de deterioro académico progresivo demostrado por indicadores oficiales de la propia Universidad. Datos objetivos permiten la comparación de su desempeño con otras Facultades, así como el análisis en su evolución, o mejor dicho, de su involución. En tanto, se encuentra influenciada en exceso por la confrontación de agrupaciones estudiantiles, en la cual sus autoridades toman parte con la deslegitimación consecuente.

Con esta realidad de descaecimiento de la calidad y de una conducción ajena a toda cuestión académica, se plantea desde fuera de la Facultad la evidente necesidad de impulsar la reforma de los planes de estudio de las carreras principales. Más allá de la generalizada convicción de que los planes requieren a esta altura de una actualización a los tiempos que corren, carecemos de estudios previos que funden comenzar a reflexionar sobre los cambios a que hace referencia el artículo 30 de la Ordenanza. Tampoco en esta materia se pueden acreditar trabajos preparatorios de carácter técnicos o académicos impulsados desde las actuales autoridades responsables de la conducción.

Como ejemplo, cabe citar el documento presentado al Claustro de nuestra Facultad en la sesión del mes de julio de 2012. Allí, se exponía: “… solicitamos a la brevedad, se incluya en el Orden del Día de este órgano, la discusión de la reforma de los planes de estudio de las carreras de Abogacía y Notariado que actualmente dicta nuestra Casa de Estudios”. Paradojalmente, la iniciativa no correspondió a las autoridades ni a los integrantes de los órdenes que las apoyan.

Queda demostrado entonces las tres notas típicas que caracterizan la actualidad: a) el apartamiento reiterado a las normas y disposiciones universitarias por parte de quienes tienen la responsabilidad de conducir a la Facultad de Derecho, con la consiguiente opacidad y falta de

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transparencia en su gestión, b) el escaso interés y capacidad para propiciar la reflexión y la construcción colectiva en materia de alta política académica y c) la complacencia de quienes han propiciado tal estado de cosas.

Con este punto de partida, evidentemente deficitario, consideramos indispensable compartir con los colegas de la Facultad de Derecho algunas apreciaciones sobre la iniciativa.

Los problemas que padece la Facultad son estructurales y se concentran fundamentalmente en la gestión de sus recursos docentes, su nivel presupuestal y de infraestructuras disponibles.

En cuanto a la primera, arrastra con la imposibilidad de completar su estructura de cargos docentes de Abogacía y Notariado para atender la necesaria cobertura de cursos dada su matrícula estudiantil. La situación ha empeorado con la incorporación de las modificaciones curriculares de Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales, sin el consiguiente financiamiento o incremento de recursos que acompañara el incremento de la actividad en esas carreras de grado, lo que en la actualidad afecta el poder completar muchas de las designaciones pendientes. Existe un número excesivo de cargos efectivos sin proveer, de concursos que se han eternizado y de llamados sin realizar, afectando la carrera profesional con la consiguiente desmotivación. Lamentablemente, en este aspecto, se ha constatado un marcado desinterés de las autoridades actuales en la designación de docentes de grados más altos en algunas materias, por razones que no alcanzamos a entender. Esto violenta naturalmente todo trato equitativo hacia los docentes y, fundamentalmente, vulnera el derecho a la carrera docente.

A nivel presupuestal, la Facultad de Derecho es uno de los servicios con menor dedicación horaria semanal de sus docentes en comparación con el resto de la Universidad. Cualquier intento de aplicar una mayor dedicación docente a las actividades formativas, no cuenta con el respaldo presupuestal consiguiente.

En relación a las superficies disponibles, hace tiempo que constituyen limitantes contundentes para el buen desarrollo de la enseñanza. Los grupos, aún aquellos que son reglamentados, han adquirido una proporción tal que impide cualquier estrategia didáctica orientada al fomento de la calidad en la educación.

Descritos de manera sucinta, estos problemas estructurales deberían ser atendidos y habría que trabajar en pos de una mejora, al menos en forma concomitante con la reflexión sobre los nuevos planes de estudio. Estas carencias no disminuyen la necesidad de transformar los currículos, pero sin soluciones paralelas se incrementarán las dificultades.

En esta instancia y como forma de lanzamiento de un proceso de actualización de los planes de estudio que necesita la más alta legitimación abriendo cauce para que todo interesado tenga oportunidad de expresar sus ideas y participar, proponemos la organización de un “Coloquio Universitario”.

El mismo constará de una fase de presentación de trabajos, los que serán colgados en la página Web de la Facultad en un sitio armado en especial para difundir el pensamiento universitario. La convocatoria será abierta a todos los miembros de nuestra Casa de Estudios, mientras que institucionalmente, el Consejo de la Facultad procederá a invitar a los Institutos y demás

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unidades académicas a realizar sus aportes, así como a las entidades gremiales de profesionales vinculados al Derecho. El plazo no podrá ser inferior a 45 días a los efectos de permitir la elaboración de trabajos conceptuales de nivel. Culminado el plazo, tendrá lugar una instancia presencial con algunas exposiciones, las que serán introductorias a la realización de un taller de debate abierto.

A modo de propuesta para ordenar la discusión, y sin perjuicio de la más amplia libertad para incorporar perspectivas, temas, metodologías y contenidos, sugerimos incorporar a la discusión y eventualmente promover el pronunciamiento de todos los interesados, en las áreas que detallamos seguidamente. La interrogante que sigue a cada área puede servir de punto de partida motivador, aunque la respuesta afirmativa refleja en buena medida la opinión de los firmantes:

Objetivo de las carreras y perfil de egreso de las carreras de Derecho: ¿es la adquisición de las máximas competencias técnico-científicas, con una formación general amplia que permita afrontar las ramas del derecho y forme a los egresados en la defensa irrestricta del Estado de Derecho? ¿Debe el egresado contar con competencias que le permitan afrontar las nuevas realidades desde una perspectiva crítica y constructiva, siendo capaz de resolver problemas, consciente de su insustituible función social y con el máximo compromiso hacia las personas que asistirá? ¿Debe el egresado contar con herramientas que le permitan discernir éticamente los caminos de su quehacer profesional?

Desarrollo de los Planes de Estudio: ¿es posible y deseable la reducción de la duración de las carreras tradicionales a 5 años? ¿Es deseable la obligatoriedad de concurrencia a cursos de grado, incorporando la modalidad semi -presencial con apoyo en las plataformas virtuales para la inclusión de quienes no pueden asistir personalmente por razones geográficas, laborales, etc.? ¿Es esencial l incorporación obligatoria u opcional de herramientas jurídicas en otros idiomas? ¿Resulta conveniente el aumento radical en las materias opcionales, en una etapa más temprana dentro de la currícula? ¿Deben instrumentarse definitivamente pasantías obligatorias, comprometiendo al Estado y a los agentes privados en esta experiencia esencial? ¿Debemos instrumentar los planes de Doctorado para la generación constante de investigación? ¿Y ampliar las Maestrías para crear verdaderos especialistas en las áreas específicas del Derecho?

Procesos de enseñanza y aprendizaje: ¿debemos incorporar definitivamente metodologías de enseñanza más dinámicas y participativas? ¿Debemos ampliar las modalidades de tratamiento de los módulos temáticos, sumando Talleres, Seminarios y Coloquios, a ser organizados por los propios Institutos para el tratamiento de temas complementarios o la profundización de temas esenciales?

Evaluación de aprendizajes: ¿sería conveniente contar con pautas de evaluación más objetivas que permitan un seguimiento del estudiante de manera consistente durante su carrera? ¿Puede sugerirse la necesaria evaluación en la capacidad expositiva (reflejado en la tensión desarrollo-síntesis), en el conocimiento reflejo y en la resolución de problemas? ¿Deberíamos considerar los estándares comparados para la calificación de las competencias adquiridas?

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Investigación y extensión: ¿no resulta esencial la instrumentación de los planes de Doctorado para la existencia de investigación permanente? ¿No debemos apuntalar la investigación con el reforzamiento de la Unidad de Apoyo Pedagógico? ¿No debemos ponderar más adecuadamente la actividad de investigación y extensión en los reglamentos docentes?

Sobre estructura docente: ¿no deberíamos flexibilizar la estructura docente, otorgando a cada uno el grado que por sus méritos le corresponde, sin perjuicio del ajustar el reconocimiento presupuestal de la función a las posibilidades económicas de al institución? ¿podrá otorgarse un número de horas docentes por área o instituto para que, con la decisión del Consejo, se puedan flexibilizar y ampliar las ofertas de cursos, seminarios, etc., sin necesidad de contar con rigideces paralizantes?

Las resultancias y productos alcanzados en esta fase, constituirán los insumos principales para ingresar a un período de trabajo a nivel de la Asamblea del Claustro de la Facultad.

La ruta por la cual abogamos permite que el proceso se construya desde la base hacia arriba, sea lo más democrática e inclusiva posible y permita escuchar y dar un espacio de participación a todos los interesados en el tema. Habrá tiempo para los trabajos en comisiones y subcomisiones, para escuchar la opinión de técnicos, asesores y especialistas, para el debate, etc., pero el inicio debe pasar por escuchar la voz de los implicados, no para dejarlos por fuera.

Concluyendo. Dejamos constancia de la voluntad de los abajo firmantes por dar inicio al proceso de reforma del plan de estudios 1989. Se ha hecho referencia a las desfavorables condiciones institucionales en que se realiza este proceso. Pero también, se ha propuesto el camino a seguir que comienza abrazando el mismo sentido reformista universitario latinoamericano de ser una institución que se gobierne con el sentir de toda su comunidad, como el primer e indispensable paso en una construcción democrática y colectiva.

Con la esperanza de comenzar un camino que permita revertir el actual estado de cosas, saludamos a los colegas atentamente.

(Siguen firmas:)

Orden Docente: Fernando Martínez, Beatriz Bugallo, Carlos Labaure, Ana María Ranzetti, Gonzalo Lorenzo, Alejandro Borche, Juan Andrés Ramírez.

Orden Egresados: Graziano Pascale, Guillermo Chiribao, Pablo bicudo, María Cecilia Olaizola, Gastón Gianero, Juan Pablo Croce, G. Torres, Matías Abal.

Orden Estudiantes: Matías Santiestevan, Federico Gianero, Rodrigo Peralta, Facundo Gianero

c.c.:

Señor Rector de la Universidad de la República

Señor Pro Rector de Enseñanza de la UR

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Señores Miembros del Directorio del Colegio de Abogados del Uruguay

Señores Miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos del Uruguay

Señores Miembros de la Asociación de Magistrados del Uruguay

Señores Miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Licenciados en Relaciones Internacionales

Señores Miembros de la Comisión Directiva del Colegio de Traductores del Uruguay

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