1) RGIMEN ECONMICO1
RGIMEN ECONMICO CONSTITUCIN POLTICA DEL 1993El Rgimen Econmico
que establece la Constitucin Poltica del Per se encuentra
establecido en su Titulo Tercero subdividido en sus VI Captulos, de
los cuales procederemos a comentar el Primero que lleva por Nombre
Principios Generales y el cual se encuentra distribuido en ocho
artculos (Artculos 58 - 65)CONSTITUCION POLITICA DEL PERU.Artculo
58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economa
social de mercado. Bajo este rgimen, el Estado orienta el
desarrollo del pas, y acta principalmente en las reas de promocin
de empleo, salud, educacin, seguridad, servicios pblicos e
infraestructura.Comentario:Con este artculo se protege el ya
reconocido derecho que todos tenemos a participar ya sea
individualmente o asociados en vida econmica de la Nacin. Esto
implica que todos y cada uno de nosotros podemos participar en
actividades econmicas se cual sea para la subsistencia o progreso
econmico; claro esta siempre y cuando no atente contra normas
imperativas, no obstante sta no es la nica excepcin. Al respecto el
articulo hace mencin de una Economa Social de Mercado que se
sustenta en un control por parte del Estado que permita mantener un
equilibrio en el crecimiento econmico, donde el gobierno ha de
tomar iniciativas y polticas econmicas en pro del desarrollo de la
educacin, seguridad, servicios pblicos e infraestructura estatal.La
modelo Economa Social de Mercado es completamente distinta al de
Economa de Libre Mercado utilizada generalmente como modelo
econmico en pases mas desarrollados, pero donde todos lo que
participan en ella necesitaran tener un alto nivel de
competitividad, alto nivel de responsabilidad y conciencia social
de tal manera que no resulta necesario que el Estado este atrs
controlando las actividades econmicas de los agentes que participan
en la economa nacional.Esta situacin resulta ajena a nuestra
realidad donde manda la disparidad por lo que creemos que resulta
intil la aplicacin de una Economa de Libre Mercado que a pesar de
resultar contemporneo y la Social de Mercado obsoleta para otros
pases desarrollados, resulta ser la mejor para nuestra realidad,
puesto que aun existiendo el control estatal en pro del desarrollo
social se ve tanta desigualdad y abuso de pociones dominantes, como
seria de imaginarlo al legitimizar una Economa de Libre Mercado la
situacin seria catica.De lo dicho anteriormente y como opinin muy
personal creemos que no solo para nuestra realidad sino para la
gran mayora (ya sea un Estado Desarrollado o un
Subdesarrollado-Tercer Mundista) no existe la suficiente conciencia
ni responsabilidad social como para que verdaderamente puedan tener
la eficacia querida, ya que el egosmo y el abuso prevalece por
sobre cualquier criterio social.Artculo 59. El Estado estimula la
creacin de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad
de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades
no debe ser lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad
pblica. El Estado brinda oportunidades de superacin a los sectores
que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las
pequeas empresas en todas sus modalidades.Comentario:El Estado
promueve el derecho que tiene el hombre de aplicar su actividad a
la produccin de la riqueza, es importante reconocer las
limitaciones del caso donde no habrn de atentar contra las buenas
costumbres, el orden publico ni ningn tipo de norma imperativa.En
el presente articulo tambin se ha de reconocer que el estado
promueve el desarrollo de la Pequea y Micro-empresa, tanto as que
existe una Ley especializada donde regula las actividades,
beneficios, derecho y obligaciones del las MYPES (micro y pequea
empresa). El estado tambin ha demostrado reconocer la importancia
hacia las MYPES de tomar polticas econmicas como la de creacin de
de REMYPE (Registro de Micro y Pequea Empresa) donde se les brinda
una serie de beneficios para promover la formalizacin y el progreso
de la pequea y micro empresa, beneficios que van desde los aspectos
laborales hasta los tributarios.Artculo 60. El Estado reconoce el
pluralismo econmico. La economa nacional se sustenta en la
coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa.Slo
autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar
subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por
razn de alto inters pblico o de manifiesta conveniencia nacional.
La actividad empresarial, pblica o no pblica, recibe el mismo
tratamiento legal.Comentario:Este articulo hace referencia a la
igualdad condiciones en las que han de estar tanto la empresa
particular como publica, esto permite dar cierta seguridad jurdica
de que no ser opacada la inversin privada por la publica, as como
no ser acaparado el mercado por participacin del estado en
l.Artculo 61. El Estado facilita y vigila la libre competencia.
Combate toda prctica que la limite y el abuso de posiciones
dominantes o monoplicas. Ninguna ley ni concertacin puede autorizar
ni establecer monopolios. La prensa, la radio, la televisin y los
dems medios de expresin y comunicacin social; y, en general, las
empresas, los bienes y servicios relacionados con la libertad de
expresin y de comunicacin, no pueden ser objeto de exclusividad,
monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte
del Estado ni de particulares.Comentario:El Estado permite la
libertad de acceder y mantener una posicin en le mercado, si bien
INDECOPI permite la posiciones dominantes no se permite el abuso
del derecho de sta, donde dolosamente en el afn de mantenerse o de
alcanzar el xito empresarial se establezcan monopolios (atentando
contra la libre competencia) en el mercado nacional o conductas de
competencia desleal. Se establece asimismo de forma mas precisa se
establece que esas reglas tambin sern aplicables para los medios de
comunicacin y expresin social, tanto empresas publicas (en
representacin del Estado) como para particulares.
Artculo 62. La libertad de contratar garantiza que las partes
pueden pactar vlidamente segn las normas vigentes al tiempo del
contrato. Los trminos contractuales no pueden ser modificados por
leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos
derivados de la relacin contractual slo se solucionan en la va
arbitral o en la judicial, segn los mecanismos de proteccin
previstos en el contrato o contemplados en la ley.Mediante
contratos-ley, el Estado puede establecer garantas y otorgar
seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin
perjuicio de la proteccin a que se refiere el prrafo
precedente.Comentario:Se reconoce y protege el principio
contractual de libertad para contratar, el que implica la libertad
de elegir con quien se ha celebrar un contrato. Cuando la inversin
privada contrata con el Estado se puede dar un contrato ley que se
caracteriza porque estos gozarn de proteccin legal superior, aun
cuando existiendo un cambio de gobierno. Surge para efectos de
brindar seguridad jurdica a la inversin privada y no se pueda
abusar de la pocin de una de las partes que representa a un Estado,
y que, en cualquier momento por el poder y control que tiene
cambiara las condiciones y reglas del juego.Artculo 63. La inversin
nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. La
produccin de bienes y servicios y el comercio exterior son libres.
Si otro pas o pases adoptan medidas proteccionistas o
discriminatorias que perjudiquen el inters nacional, el Estado
puede, en defensa de ste, adoptar medidas anlogas.En todo contrato
del Estado y de las personas de derecho pblico con extranjeros
domiciliados consta el sometimiento de stos a las leyes y rganos
jurisdiccionales de la Repblica y su renuncia a toda reclamacin
diplomtica. Pueden ser exceptuados de la jurisdiccin nacional los
contratos de carcter financiero.El Estado y las dems personas de
derecho pblico pueden someter las controversias derivadas de
relacin contractual a tribunales constituidos en virtud de tratados
en vigor. Pueden tambin someterlas a arbitraje nacional o
internacional, en la forma en que lo disponga la ley.Comentario:Se
reconoce la igualdad de condiciones en que se encuentra la inversin
nacional y extranjera, no obstante se establece que ante medidas
proteccionistas y discriminatorias por parte de los otros pases, el
estado peruano se reserva el derecho de establecer tambin las
suyas, quizs un claro ejemplo se ve en las tasas arancelarias que
aduanas establece ante el ingreso de las importaciones. As mismo se
reconoce que han de someterse a la jurisdiccin nacional las
personas extranjeras domiciliadas en el Per, salvo contratos con
carcter financiero, o sobre aquellos derechos disponibles donde las
partes se sometan a tribunales extranjeros (de otros pases) as como
la arbitral (que es un mecanismo alternativo de solucin de
conflictos donde el tribunal arbitral o el arbitro es un experto en
la materia y quien decide cual a de ser la solucin al
conflicto).Artculo 64. El Estado garantiza la libre tenencia y
disposicin de moneda extranjera.Comentario:Esto implica que el
Estado reconoce la importancia del transito del la moneda
extranjera en el mercado, al no ser posible cerrarse a las
necesidades del mercado; el mundo globalizado exige la circulacin
de las monedas mas significativas del mundo, y de todas aquellas
que se con las que se considere necesario hacer la transacciones,
no obstante es de observarse en la realidad siempre prevalecen las
monedas de la economas mas fuertes como el caso del dlar y el
euro.Artculo 65. El Estado defiende el inters de los consumidores y
usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la informacin
sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposicin en
el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la
seguridad de la poblacin.Comentario:El estado defiende al
consumidor por la importancia que implica su rol en la economa como
el ultimo eslabn de la cadena productiva, garantizando y
facilitndole el acceso a sus derechos de los cuales el que mas
resalta es el de recibir informacin sobre los bienes o servicios
prestados a su favor.
a. ECONOMA SOCIAL DE MERCADOECONOMA SOCIAL DE MERCADODEFINICIN
DE ECONOMA SOCIAL DE MERCADOConcepto. Una economa social de mercado
parte de dos convicciones; La primera, la creencia de que el
mercado es el mejor invento para el desarrollo y funcionamiento de
la economa; La segunda, referida a que si bien el mercado puede
ordenar la economa, no crea necesariamente justicia.Una economa
totalmente libre sin lmite alguno, crea ms desigualdades y podra
agudizar las existentes, generando centros de poder econmico que
muy pronto falsearn la competencia y harn de las libertades
econmicas de los ms dbiles meras declaraciones legales. De ah que
una economa social de mercado postule que en situaciones de
desigualdad el Estado deber regular la libertad de mercado.Sin
embargo, si bien hay un relativo consenso respecto a la necesidad
de limitar la libertad de mercado, no existe la misma unanimidad en
relacin a cmo deben operar estas limitaciones en una economa social
de mercado. El problema reside en que para que este sistema
funcione debe combinarse eficiencia con justicia social, un
equilibrio esquivo, difcil de alcanzar. El sistema busca que el
mercado funcione sin distorsiones y sin actores econmicos con un
poder que haga imposible el libre juego, y permita que todas las
personas puedan tomar libremente sus decisiones econmicas. No
obstante, en muchas ocasiones el propio Estado puede llegar a ser
un agente distorsionador del mercado, de ah la clara limitacin que
la Constitucin le impone al Estado en cuanto a su accionar
econmico.En resumen, mercado eficiente y sociedad justa es lo que
persigue una economa social de mercado. Pero este equilibrio no es
fcil, exige la participacin del Estado pero de manera restringida,
estableciendo las reglas de juego de acuerdo a las cuales operar el
mercado y los agentes econmicos, reglas que no podrn exceder los
lmites impuestos por la propia Constitucin ni viola las libertades
econmicas que en ella se consagran. En este sentido, la iniciativa
privada y la libertad de mercado que la Carta Fundamental regula no
son ni pueden ser meramente formales, el Estado deber crear las
condiciones para su pleno ejercicio. Sin embargo, la Constitucin
tambin impone que el conjunto de las libertades econmicas que
implica el libre ejercicio de la iniciativa privada, se ejerzan en
armona con los intereses sociales. No hay que olvidar, como ya se
dijo, que la Constitucin es una norma de equilibrio, y en el plano
econmico el equilibrio ha de darse entre libertad de mercado e
intereses generales. Ahora bien, tal como sostiene Pfaller: el
concepto de economa social de mercado reconoce explcitamente que ni
siquiera un mercado altamente eficiente satisface todas las
necesidades de una sociedad. Es por ello que no solo le atribuye al
Estado el derecho, sino incluso la obligacin de intervenir
activamente dondequiera que se produzca un menoscabo de intereses
sociales legtimos. Esta obligacin de intervenir abarca tres
aspectos: restriccin de la libertad del mercado, compensacin de
fallas del mercado, correccin de resultados generales por el
mercado.Probablemente la aportacin ms destacada que los padres de
la economa social de mercado hicieron al pensamiento poltico
econmico, consiste en la clara delimitacin que marcaron entre la
economa de mercado como conjunto de instrumentos organizados por un
lado, y el objetivo de una sociedad justa, concebida de manera
independiente de aquel. De modo expreso, no dejaron librada
enteramente a los mecanismos del mercado la distribucin del
bienestar social. Por el contrario, impusieron la vigilancia
permanente y eventualmente, la correccin de los efectos
distributivos del mercado con miras a alcanzar mejor el objetivo
distributivo del mercado.Precisamente aqu se halla la idea central
de la economa social de mercado, la participacin del Estado en la
economa solo se dar para contribuir a cumplir con el objetivo
distributivo en el mercado. Esta debe ser su medida y limite, no
sustituye al mercado, solo colabora con l. Segn las ideas de los
padres de la economa social de mercado, en lo esencial el propio
mercado eficiente deba asegurar una distribucin aceptable. La
competencia tena la funcin de socializar utilidades excesivas en
beneficio de la gran masa de consumidores. Por lo tanto, el mercado
era considerado como una fuerza igualadora y no polarizadora. La
fuente ms importante de una creciente desigualdad se detect ms bien
en la concentracin de patrimonio. Por tal razn, el modelo le asigna
al Estado la tarea de procurar una distribucin lo ms amplia posible
del patrimonio.As, un sistema de economa social de mercado marca
pautas claras a la actuacin del Estado; en primer trmino renuncia a
competir con los particulares en la actividad econmica,
abstenindose de la creacin y gestin de empresas pblicas; igualmente
se abstiene, en principio de participar en la formacin de los
precios; no obstante, asume la proteccin de los actores ms dbiles
del mercado (consumidores); por ltimo, se constituye en el garante
de la seguridad econmica de todos los ciudadanos. Todo lo cual no
debe llevarnos a confundir el rol del Estado, este no busca el
bienestar de todos los ciudadanos, sino garantiza que todos pueden
alcanzar dicho bienestar. No es su funcin crear riqueza, sino
facilitar que los particulares la generen, y que lo hagan a travs
del mercado. Su rol consiste en tutelar que el mercado funcione, y
que cumpla su funcin de distribucin. Sin embargo, por ms que el
Estado deje que la economa se organice a travs del mercado, siempre
su participacin en ella se dar de una manera mltiple, pero
igualmente importante (regulaciones, impuestos, proteccin,
incentivos, compras, subsidios, etc.), de ah la necesidad de que su
actuacin sea coherente y consistente en el tiempo, una actuacin
desordenada, con ausencia de principios rectores perturbar el
comportamiento de los particulares en el mercado, y har muy difcil
el planeamiento empresarial y ms onerosas las inversiones.Un tema
en el que conviene insistir es que si bien en la economa social de
mercado, el ordenamiento jurdico consagra libertades econmicas que
se debern respetar, esto no es suficiente, pues la convivencia de
tales libertades con abismos sociales y desigualdades econmicas
solo terminara por hacer inviable el sistema. Nuestro ordenamiento
constitucional consagra la economa social de mercado, por que en su
vrtice se halla el respeto y proteccin de la dignidad de la
persona, y no es posible hablar de dignidad sin un mnimo de
bienestar econmico que el Estado debe garantizar. El hombre
econmico es solo una realidad parcial. La libertad invocada para la
formacin de la voluntad democrtica no puede ser falseada por los
procesos de poder econmico, ya que la sociedad abierta no es un
juego de ganancia econmico. No se puede canjear el poder del Estado
por el poder de los grupos econmicos.Una teora constitucional del
mercado debe tener como premisa la dignidad de la persona,
orientndose a la justicia y al inters general, sin caer presa del
economismo.
