REPÚBLICA ARGENTINA V E R S I Ó N T A Q U I G R Á F I C A · Nos acompaña la licenciada Maristella Svampa, recordando donde están enterrados nuestros muertos, aparentemente sería

REPÚBLICA ARGENTINA

V E R S I Ó N T A Q U I G R Á F I C A C Á M A R A D E S E N A D O R E S D E L A N A C I Ó N

REUNIÓN DE LA COMISIÓN AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE

Salón “Arturo Illia” — H. Senado de la Nación

8 de noviembre de 2012

Presidencia del señor senador Rubén Giustiniani

PUBLICACIÓN DE LA DIRECCIÒN GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

08/11/2012 Reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable Pág. 2

Dirección General de Taquígrafos

— En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Arturo

Umberto Illia del H. Senado de la Nación, a las 12 y 36 del

jueves 8 de noviembre de 2012. Locutor. – Bueno días señoras y señores, amigas y amigos, le damos la bienvenida a esta jornada El Senado Nacional Discute la Megaminería que ha sido convocada por el señor senador nacional don Rubén Giustiniani, presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable y autor de uno de los proyectos sobre prohibición de la utilización de sustancias tóxicas en los procesos mineros.

Por primera vez el Senado nacional recibe a las asambleas en defensa del agua del interior de nuestro país como así también a representantes de países latinoamericanos como Chile y Perú donde también se está llevando adelante este debate.

Contaremos en esta jornada con la presencia de especialistas, legisladores y referentes políticos que oportunamente se han de mencionar.

Vamos a iniciar esta jornada teniendo la palabra a modo de bienvenida del señor presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable senador nacional Rubén Giustiniani. Sr. Presidente (Giustiniani). – Buenos días a todos ustedes. Es un gusto poder estar todos en un debate que el país necesita. El debate de la megaminería es un debate que nos parece fundamental y que ya lo estamos dando en el Congreso de la Nación, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Nos hemos encontrado con muchos de ustedes en muchos lugares del país. Estuvimos en Famatina, en Mendoza, en San Juan, en Esquel, en distintas oportunidades y desde hace muchos años y nos parecía que el abordaje de un tema de esta naturaleza en el Senado de la Nación debía darse con la participación de ustedes, con la participación de las asambleas que son las que luchan para defender el medio ambiente o un modo de vida. Luchan por su agua, su forma de producción y de vivir. Luchan para que el interés económico de unos pocos no se contraponga al modo de vida de la inmensa mayoría. Y sabemos que muchas veces es una lucha desigual. Es una lucha que se da contra intereses gigantescos que se mueven en los medios de comunicación. Vemos en estos días, y desde hace un tiempo, profusas campañas publicitarias, vemos por estos días y en estos tiempos, la dificultad de que un tema de esta naturaleza se debata democráticamente a la luz del día. Tengo recuerdos de esta recorrido por el país que son maravillosos. Cuando estuvimos en el aniversario de los 400 años del pueblo de Famatina una asamblea de más de cinco horas, una docente decía: “¿por qué no vienen a debatir acá con nosotros las empresas? ¿Por qué no dan la cara y dan el debate?”. Por eso nosotros hemos invitado a todos. Queremos que este sea un debate democrático entre todos. Pero nos pasó como en otros temas que hemos abordado –como recordábamos con el senador Fredy Martínez por Santa Cruz–, por ejemplo, cuando hicimos la audiencia pública para regular la tarifa y el uso de los celulares en el país, invitamos a todos, pero las empresas no vinieron. Sr. Martínez. – No pudimos comunicarnos con las empresas. (Risas.) Sr. Presidente. – Hablar, en ese caso, con las asociaciones de usuarios y ahora con las asambleas, les da miedo. Y usan aquello de trabajar de otra manera. Por eso, en esta audiencia pública queremos poner todo a la luz del día. Es un debate democrático que nos parece necesario por la experiencia que vivimos con la ley de bosques o la de glaciares. En mi provincia cada hectárea desmontada en el Noroeste de la provincia de Santa Fe, límite con Santiago del Estero, son muchos millones a partir de la explotación de la soja. Son



bosques nativos que nunca más veremos. Esa devastación no es gratis. Eso lo sabemos todos y lo sufrimos cuando se producen las inundaciones de la manera que se producen o esos intereses económicos corren a los pueblos originarios de sus lugares para engrosar a las villas miserias de las grandes ciudades. Entonces, nos parece que estamos en un tiempo de posibilidad de que la participación democrática sea la que pongan el límite a todo eso. Es el momento de hacerlo, con esto le damos formalmente tratamiento a los proyectos que están en la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación.

Sabemos que no tenemos mayoría, pero tampoco la teníamos cuando se inició la ley de bosques, tampoco la teníamos cuando se inició el debate de la ley de glaciares. Pero logramos una transversalidad para que las disciplinas políticas partidarias no obturaran la posibilidad de que la voluntad ciudadana se impusiera. Y se impuso, hubo veto, volvimos a insistir.

Ahora, está la dificultad que denunciábamos el otro día en el recinto, durante el tratamiento del Presupuesto en el que todavía no está incluida la partida para el inventario que impone la Ley de Glaciares, sabemos de las dificultades de implementación pero estamos vigilantes y vamos construyendo herramientas a partir de una lucha, la lucha de los ciudadanos para vivir dignamente.

Así que hoy vamos a escuchar a todos, la mecánica que nos propusimos es la de audiencia pública, cada uno tendrá 10 minutos para exponer, cuando llegue el tiempo les acercaremos un papelito para que nadie quede afuera del listado de quienes quieren hablar en el día de hoy. Hemos hecho una estructuración de temas de manera orientadora. Queremos que todos los que se quieran dirigir hoy en esta audiencia pública, lo puedan hacer.

Vamos a comenzar escuchando a los senadores que presentaron proyectos en este sentido. Me acompañan, por un lado, integrantes de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como Alfredo Martínez, perteneciente al bloque de la Unión Cívica Radical, senador por la provincia de Santa Cruz, y la senadora Graciela Di Perna, del bloque del Peronismo Federal, de la provincia del Chubut. Los senadores Artaza y Morales están en camino, ellos también son autores de iniciativas y se van a dirigir a ustedes. Luego, en representación de la Cámara de Diputados, le vamos a dar la palabra a la diputada Victoria Donda, quien también es fuerte impulsora de estos temas en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

Posteriormente, arrancamos con el listado previsto para abordar el tema de megaminería en el esquema del modelo de desarrollo actual. Les comento esto para que vayan sabiendo su orden de participación. Expondrán el licenciado Marcelo Giraud, el licenciado Horacio Machado Aráoz, el doctor Diego Segui y Jorge Cuello.

Les agradecemos a todos la presencia. Tiene la palabra el senador Alfredo Martínez.

Sr. Martínez. – Buenos días. Es una profunda satisfacción que podamos estar debatiendo estos temas en ámbitos como esto. Hoy parece casi natural que podamos hacerlo y realmente ha sido bastante complejo poder llevar adelante. Cuando hablamos de este tema, entre otras cosas, hablamos de la distribución de la riqueza. Hablamos de muchas cosas. Hablamos de lo que tiene que ver el poder. Hablamos de lo que tiene que ver con esa nueva forma de poder expresarse, que la sociedad ha ido construyendo en estos últimos tiempos. Nos acompaña la licenciada Maristella Svampa, recordando donde están enterrados nuestros muertos, aparentemente sería un relato pero en definitiva tiene un mensaje muy fuerte con respecto a lo que tiene que ver con estas nuevas formas de organización que tiene



la sociedad. Bienvenido sean esos relatos. Nosotros veíamos como esta nueva forma en la provincia del Chubut, a la que pertenece la senadora Di Perna, allá en Esquel, en 2002, comenzó a organizarse la sociedad para enfrentar a este tipo de imposiciones que la megaminería en forma asociada con el poder económico y político avanzaba y avanza hoy en nuestro país. Cuando uno ve como no solamente, por suerte en nuestro país sino en estos diez años, se ha modificando de alguna manera lo que en su momento se denominaba el apoyo al Consenso de Washington y se fue transformando en el consenso de commodities y eso fue, de alguna manera, desplegándose en todo lo que era la parte de la producción. En especial, lo que estamos hablando de megaminería que no está desenganchado de cada una de las cosas y de las construcciones políticas que se van desarrollando en nuestra sociedad. Cuando uno ve la forma en la que los pueblos se organizan… Quiero ser muy claro, nadie está en contra de la minería, uno está en contra de la megaminería en estas condiciones, con esta forma, con esta forma de actuar. Como bien decía el senador Giustiniani, es muy difícil que las empresas quieran sentarse a debatir y a dialogar, aunque las hemos convocado. El senador Giustiniani es muy cuidadoso, debe ser por su origen socialista, pero sería por ahí interesante enviar una copia de lo que nos han mandado el Colegio de Ingenieros en Mina, para que vean las cosas que nos han dicho. Realmente, son interesantes, más que eso son estimulantes para seguir trabajando en el camino que estamos intentando, que también lleva conduciendo la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Una cosa en la que nosotros estamos de acuerdo, vuelvo a repetir, es una minería que sea sustentable, que no sea contaminante, que respete las cuestiones culturales. O sea, hoy tenemos cuestiones extractivas que son milenarias y que uno debe respetarlas en la medida que no hagan lo que hacen. Por esas cosas del destino, un hermoso fotógrafo de la Patagonia, de mi ciudad, –los invito a que vean su trabajo, en el salón contiguo hay una muestra de fotos– escribió allí: Cuando lastiman a mi tierra, cuando se envenena el oxígeno que sacan los árboles, cuando se intoxican los ríos que nos dan la vida, mis fotos lo que quieren hacer es testimoniar que un lugar existe. Y deseo que los que vienen después a estos lugares encuentren lo mismo que hoy le estoy mostrando. Es un mensaje muy sencillo, pero tiene que ver con el respeto a la tierra, lo dicen nuestros amigos y hermanos del norte, a la Pachamama, en cada uno de los lugares que nosotros tengamos la posibilidad de poder avanzar en esto. Nosotros no podemos dejar de entender y tenemos que estar muy atentos es que es un proceso donde los lobbies que generan las megaempresas que generan la megaminería tienen un poder demasiado fuerte. Muchos de los que estamos acá compartimos todo el itinerario con la Ley de Protección de Glaciares. Recuerdo, en su momento, haber logrado una gran alegría que se avanzaba y luego tuvimos un veto presidencial. Entonces, uno se ha planteado cómo puede ser que el oficialismo… Bueno, cuando luego en forma conjunta con Chile se firmó el acuerdo impositivo nos dimos cuenta por qué había sido ese veto y eso nos incentivó a seguir insistiendo, y realmente hoy tenemos una Ley de Protección de Glaciares. No sólo contamos con esa ley, como decía el senador Giustiniani, hay que ver en el presupuesto la posibilidad de darle más al IANIGLA para poder hacer el inventario. Hoy, la Corte nos alegró con un dictamen en contra de una presentación hecha por empresas como Barrick, que en su momento declaraban la inconstitucionalidad de uno de los artículos. Hoy se habla y hoy se visibiliza este tema. Creo que este es mayor compromiso que tenemos todos. Ustedes lo demuestran todos los días con las actitudes y con las cosas que llevan adelante, y a nosotros nos toca ser herramientas de este proceso para poder ir



transformándolo en leyes. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Senadora Di Perna, tiene la palabra. Sra. Di Perna. – Buenos días a todos. Como dijo el senador Giustiniani, represento a la provincia del Chubut, por el sector del PJ Modelo Chubut, que fue en mi provincia gobierno durante ocho años, donde se respetó el plebiscito que en su momento se realizara para no desarrollar la actividad minera hasta que el avance de la tecnología garantice el cuidado ambiental, que es el derecho de las futuras generaciones, y el cuidado de la salud de las personas hoy, ya que la salud para muchísimas personas en nuestro país es su único capital. En el sentido del cuidado de la salud y del ambiente he presentado este proyecto, que hoy figura en el listado, expediente S. 1231/11 para la creación de un registro nacional sobre la identificación de los diques de cola provenientes de la extracción minera. Este es un aporte puntual, no quiere decir que resuelva toda la problemática ambiental, pero sí creemos que hay un vacío en este sentido. La creación de este registro que permitiría la identificación y la localización de los diques de cola creemos que es algo muy importante. Como ustedes saben, los diques de cola son aquellos lugares donde las empresas mineras, en el proceso extractivo, colocan los residuos que pueden ser rocosos o barrosos, con líquidos, que no están identificados en nuestros país, ni los actuales ni los pasados. Luego de tantos años de actividad minera en nuestro país, consideramos que es importante su identificación y dimensionamiento, para aplicar las medidas correctivas y de saneamiento posibles que fueran necesarias. Y, también, identificar y atribuir las responsabilidades a los daños causados. Menciono lo que consideramos que debiera tener el inventario: la ubicación geográfica y las dimensiones de estos diques de cola, cuál ha sido la empresa concesionaria, las características de la producción minera, los caracteres de los efluentes, las aguas subterráneas que van más allá o llegan a cursos de ríos, el riesgo sísmico en la región, el análisis, valoración y prevención de riesgos, la remediación, el monitoreo y la identificación de pobladores y actividades productivas cercanas a estos diques. Consideramos que el Estado nacional debe contemplar las partidas presupuestarias necesarias para llevar adelante las actividades necesarias para el cumplimiento de este proyecto de ley; es decir, para llevar adelante este registro. Los diques de cola son parte del proceso productivo. Y como tales, tiene que haber un involucramiento del Estado nacional y de las empresas y en función de esta realidad, mejorar las condiciones ambientales y de salud de la población. Hacia eso apunta nuestro proyecto. Hay antecedentes de catástrofes que han ocurrido. Una muy cercana fue en Bolivia, que llevó contaminación a nuestros ríos y causó la muerte de habitantes de la zona. El pasaje de estos químicos y productos a las aguas es una de las cuestiones que hay que prevenir. Si no sabemos dónde están y en qué estado se encuentran los diques de cola, mal podemos llevar adelante las medidas de prevención. Este es nuestro aporte desde nuestro proyecto. Gracias, señor senador. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el señor senador Morales del bloque de la Unión Cívica Radical. Es el vicepresidente de la Cámara de Senador. A su vez, es autor de un proyecto sobre la megaminería a cielo abierto. Sr. Morales. – Muchas gracias, señor presidente. Pido disculpas por llegar un poco tarde, pero estaba participando de la Comisión Bicameral de Reforma del Código Civil que está tratando los libros II y III.



Es un gusto participar de esta jornada que ha impulsado la Comisión. Quiero plantear algunos ejes del proyecto que presentamos, que está avalado por todo el bloque de la Unión Cívica Radical. El mismo tiene que ver con el establecimiento de presupuestos mínimos en torno a la minería a cielo abierto y la prohibición de tecnologías mineras en base a cianuro. Obviamente, tenemos iniciativas que prohíben la minería a cielo abierto, la cual no compartimos. El objeto fundamental de este proyecto tiene que ver con la prohibición de las tecnologías en base a cianuro y el establecimiento de determinadas pautas. El capítulo I de este proyecto aborda la cuestión de los presupuestos mínimos, la autoridad de aplicación, el relevamiento, la creación de un fondo de incentivos para tener un fondo que vaya generando el estudio de políticas alternativas a la utilización del cianuro. El proyecto tiene por objeto el establecimiento de un marco de presupuestos mínimos en torno a la minería para la protección de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y aguas subterráneas de las cuencas hidrográficas e hidrológicas de la República Argentina, en todo lo vinculado al proceso de extracción de minerales que se lleven a cabo en el territorio argentino, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional y la Ley 25.675. Establecemos una serie de concepto que tienen que ver con el cianuro, tecnologías en base a cianuro, aguas superficiales, aguas subterráneas y una serie de terminologías que creemos que hay que precisar en la legislación. Se plantea que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Medio Ambiente.

Se establece precisamente regímenes de sanciones por incumplimiento de la presente ley. Creemos que hay un vacío normativo al respecto. Planteamos apercibimientos, multas del 1 al 3 por ciento del total de exportaciones; pérdida de beneficios fiscales; suspensión del emprendimiento o de la actividad de 30 días a un año; revocación de concesión e inhabilitación temporal o definitiva.

Creemos que había que establecer un abordaje particular en el tema de la sanción. También, establecemos obligaciones de fiscalización, porque el problema que hay en las autoridades de aplicación nacional y, particularmente, provinciales es que no ejercen el poder de policía y no hay un acabado control del Estado respecto de las cuestiones de impacto ambiental.

En relación a las provincias, se plantea el principio de congruencia conforme lo establecido por el artículo 41 de la Constitución. Tratándose de presupuestos mínimos, son de obligatorio cumplimiento y las provincias tienen que dictar normativas de prohibición de uso del cianuro. Algunas provincias lo hicieron, otras derogaron la normativa y creemos que es un tema que, como país, tenemos que abordar decididamente y producir la prohibición.

Planteamos la necesidad de realizar un inventario de yacimientos minerales metalíferos y la creación de un fondo de sustentabilidad ambiental que decimos que es para el desarrollo de tecnologías alternativas al uso de cianuro. Allí prevemos la aplicación de una tasa del 0,05 por ciento del total de las exportaciones realizadas para crear este fondo, que financie específicamente el desarrollo y estudio de tecnologías alternativas.

Planteamos la obligación en los términos del artículo 22 de la Ley de Ambiente. Las empresas no contratan el seguro ambiental. No está establecido. No se ha generalizado la contratación de seguros ambientales, pero, tampoco, el Estado está obligando la contratación de dichos seguros.

El capítulo II plantea puntualmente la prohibición de tecnologías de minería a base de cianuro.

El 14 plantea la prohibición y establece un plazo de 180 días para que los emprendimientos que ya están en marcha se adecuen a las normativas de la ley. Establece la



obligación de tener planes de compensación para quienes hubieran impactado el ambiente. El capítulo III plantea el fortalecimiento de los procesos democráticos para la toma de

decisiones sobre el desarrollo local. Acá regulamos la participación de las comunidades originarias y de los pueblos; de las comunidades donde se localizan los emprendimientos, en línea con lo establecido por el artículo 15 del Convenio 69 de la OIT, respecto de las comunidades originarias. Pero, lo hemos ampliado en general a todos los pueblos que, aunque no sean originarios tengan que ver con la localización de un emprendimiento.

Se plantean reclamos a la autoridad de aplicación con un procedimiento establecido para poder ejercer el derecho de reclamar por parte de las distintas comunidades y la obligación de la autoridad de aplicación de dar respuesta a dichos reclamos. Hasta el momento, se hacen reclamos, y la autoridad de aplicación no tiene la exigencia de decir que sí, que no o cuáles son las medidas que se están tomando sobre las distintas compañías mineras.

Así que creemos que es un marco normativo que establece sanciones, autoridad de aplicación, la obligación sobre la autoridad de aplicación de dar respuesta y de resolver las cuestiones de impacto ambiental que son planteadas por la comunidad. Quisiera, señor presidente, dar algunos datos que, si bien no tienen que ver puntualmente con el proyecto, sí están relacionados con la actual situación. La verdad es que tratamos el presupuesto hace poquito. Estaba viendo las partidas que hay para planificación de política ambiental, promoción del desarrollo sustentable, coordinación de políticas ambientales y control ambiental. Ahí hay un tema: habrían pasado créditos de la Secretaría General de la Presidencia a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Hay un crédito presupuestario para este año del orden de los 680 millones de pesos para todos los programas ambientales. Obviamente, Fútbol para Todos tiene 1.200 millones de pesos, de los cuales ya tiene ejecutados 800 millones en publicidad y propaganda. Nosotros hicimos un corte al 22 de octubre; tomamos toda la ejecución del Poder Ejecutivo y vimos que Fútbol para Todos va a ejecutar 1.200 millones. Se están ejecutando 9.000 millones de pesos, a octubre, de subsidios para el sistema de colectivos del Área Metropolitana; mientras que para el interior del país no supera los 3.000 millones de pesos. Hay 4.200 millones de pesos para AYSA, que es el sistema de agua potable de la Capital Federal y el conurbano; mientras que, no sé en su provincia, pero nosotros tenemos que pagar el agua lo que cuesta, sin subsidio. Y la política ambiental del Poder Ejecutivo tiene un crédito presupuestario sólo de 680 millones.

Pero lo que más llama la atención es el nivel de ejecución. Por ejemplo, para el caso del crédito que está en la Secretaría General, hay una ejecución para la promoción de desarrollo sustentable del 12 por ciento, a octubre; cuando la ejecución a octubre de los distintos programas es del 80 por ciento. En todos los créditos ambientales la ejecución es muy baja. Se ha gastado muy poco. En ese crédito se ha gastado el 12 por ciento; en coordinación de políticas ambientales, el 7 por ciento, y en control ambiental, el 10 por ciento. En cuanto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en planificación de política ambiental se ha ejecutado el 15 por ciento, mientras que en coordinación de políticas ambientales, el 48 por ciento.

El promedio de ejecución de los 680 millones de pesos en todos los programas ambientales a octubre es del 35 por ciento. A dicho mes, el nivel de ejecución tendría que ser del 80 por ciento. Es decir que el nivel de gasto da cuenta de que, en términos de capacidad o decisión de gestión, es bajo el nivel de ejecución de crédito presupuestario. Porque,



realmente, no se tiene una decisión concreta de tener una política ambiental contundente en el país. Esto es, por lo menos, lo que surge de los números del presupuesto, señor presidente, los cuales estuvimos mirando junto con otras partidas. Quería agregar este dato para dejarlo a disposición de la Comisión, de forma tal que también se chequee cómo van los ritmos de ejecución de las partidas que necesitamos. A nivel jurisdiccional, en muchos municipios, en relación con el tema de disposición final de residuos y demás cuestiones ambientales, hay un nivel de ejecución bastante bajo.

Esta es la estructura de la iniciativa y aquí hay algunos datos, señor presidente. Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador Morales. Tiene la palabra el señor senador Artaza, que es el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías y también autor de una iniciativa para prohibir la megaminería a cielo abierto. Sr. Artaza. – Gracias, señor presidente, y buenos días a todos. Creo que el desafío del siglo XXI es cuidar el ambiente. Bajo ese precepto, hemos trabajado con la organización no gubernamental Conciencia Solidaria, durante muchos meses, para sacar una ley de protección de la salud pública, además del agua, de los recursos, del bien natural. Porque también está en juego la salud pública, como decía el fiscal Gómez al hacer la presentación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por eso es que pongo a su disposición, al igual que sucede con los proyectos e iniciativas de los demás senadores, el proyecto S-2444/11. Quiero hacer hincapié, sobre todo, en el capítulo penal que prevé este proyecto de ley para quienes infringen la ley y, por ende, contaminan el ambiente. Es la salud pública, como decía recién, lo que está en juego, especialmente la de los más débiles de nuestra sociedad: los pueblos originarios; los que viven lejos de los centros urbanos, haciendo patria, y los más pobres. Ninguna de las leyes ambientales que en los últimos años se han sancionado en nuestro país tiene el peso imprescindible para ser aplicada. No nos dan resultados concretos. Si la Ley General del Ambiente, la recientemente sancionada ley de bosques nativos o la ley de glaciares hubiesen tenido el capítulo penal correspondiente, no existirían acciones de amparo, medidas cautelares o largas esperas para su reglamentación. Estamos seguros de que el derecho penal ambiental es la última instancia, la ultima

ratio. Pero la realidad nos atropella. Vemos que las acciones civiles son insuficientes y que, además, están plagadas de sospechas de corrupción. Por ejemplo, el caso del Riachuelo, cuya sentencia debió ejecutar el juez federal de Quilmes, doctor Armella, es el caso más evidente. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen grandes dificultades para hacer cumplir sus fallos. Por eso, insistimos en los delitos ambientales que se cometen con la excusa de ejercer una actividad lícita como la minería. Por último, no podemos ignorar que estamos en presencia de los casos más graves, como el de La Alumbrera o Abra Pampa, de delitos de lesa humanidad. Así fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Gustavo Gómez, el fiscal federal de Tucumán. Por eso, nos interesa sobremanera mantener este proyecto de ley, como otros que seguramente vamos a consensuar en el Senado de la Nación, como lo hemos hecho con miles de organizaciones no gubernamentales; en este caso, Conciencia Solidaria, que también está presente acá. Nosotros entendemos y sabemos contra qué enormes y mundiales intereses colisionan todos estos proyectos. Ustedes tienen que estar atentos. Les voy a contar una historia, que es quizás una historia de amor. Yo tengo dos hijos con una chica francesa. Una vez fuimos a Canadá y nos mostraban, como turistas, lo que pasaba con el grave pasivo ambiental que



causaba la minería a cielo abierto, y la lucha que las personas que vivían ahí llevaban a cabo para defender su salud y el medioambiente. La lucha contra enormes intereses que podían comprar senadores, diputados, gobernadores y hasta presidentes; que tenían un poder económico enorme y que, inclusive, podían convencer a pueblos enteros para ganar esa licencia social, que hoy en la Argentina no tienen, a pesar de las grandes publicidades que estamos viendo por parte de esas grandes corporaciones.

Por eso, yo celebro que estemos aquí manteniendo estos proyectos. Es necesario que tengan el acompañamiento de toda la sociedad argentina y que vayamos tomando conciencia. No va a ser fácil a través de los medios. Como vemos, la Barrick Gold hoy está haciendo publicidad en los grandes medios de comunicación. Cuando luchaba contra los intereses de los bancos, venían desde los canales de televisión y me decían: “decí lo que quieras de la política, pero no te metas con los bancos”. Hasta los propios políticos, a veces, me decían: “Mirá que financian las campañas políticas”. Imagínense el poder económico que tienen hoy estas grandes corporaciones. Felizmente, con esta conciencia política los senadores y diputados aquí presentes vamos a mantener estos proyectos porque tenemos la esperanza. Nadie pensaba en tener una ley de inventario de glaciares y hoy la tenemos. Quiere decir que depende de esta lucha. Esto hay que militarlo. Estas leyes no van a salir de un día para el otro. Reitero, hay que militarlo. Por eso, invitamos a todos a este acompañamiento. No es fácil ir contra estas enormes corporaciones. Fíjense lo que ha sucedido con los convenios que se han firmado con el gobierno nacional. Hay que pedirle con inteligencia al Poder Ejecutivo de la Nación que apele al sentido humano y no tenga un doble discurso junto con legisladores oficialistas, porque si queremos cambiar esta situación debemos tomar este compromiso ambiental, con la salud pública, con el desafío del siglo XXI, que es cuidar el ambiente.

Entre todos los bienes naturales de los que escucharán hablar hoy, deseo mencionar que he estado, por ejemplo, en el parlamentario del agua hace muy poco simplemente, donde hay voces con tantas luces, muchas más luces de lo que puede tener uno a través de estos conceptos que estoy vertiendo y lo van a escuchar seguramente acá.

Por eso es que renuevo este compromiso que va a ser constante y que es desigual, pero no van a tener la licencia social. Aquí está el Padre; hemos estado en Famatina y hemos visto esa lucha constante por cuidar el ambiente. No quieren la minería a cielo abierto, no quieren esa contaminación. Nadie puede estar en contra del desarrollo, pero no estamos hablando del desarrollo a costa de la salud de las personas.

Este compromiso no es solamente con la minería sino también con el agua que tenemos en nuestra provincia, con el acuífero Guaraní, y con otras cuestiones ambientales. Creo que este es el gran desafío del siglo XXI.

Respecto de la ley, quería destacar sobre todo el capítulo penal para las personas y funcionarios que infringen la ley.

Vuelvo a la historia de amor, —en definitiva es por amor lo que uno hace y trabaja, esto es importantísimo, por lo menos para un libriano como yo— 20 años después, con una cordobesa con quien también tengo hijos me tocó ir a Montana a ver los desastres de la minería a cielo abierto. Ojalá no ocurra esto, estamos a tiempo de pararlo, ¿qué va a pasar cuando se cumplan los contratos en Catamarca? ¿Qué va a pasar cuando termine lo de San Juan? Si está ese desarrollo prometido o también ese pasivo ambiental, que hoy lo estamos viendo con el petróleo… Hace falta un compromiso muy grande desde los gobiernos.

Me gustaría traer acá, pero los invito a que lo lean simplemente, el discurso del señor presidente de Uruguay en la última cumbre que hubo cuando habla y pregunta —ojalá lo



tomemos nosotros también—: ¿Para qué sacrificar el ambiente, la salud de la humanidad y seguir generando estos pasivos ambientales?

Creo que estamos a tiempo. Los invito puntualmente a ver el proyecto 2444 que hace referencia a la prohibición de la actividad minera, metalífera, en la modalidad denominada “a cielo abierto” —ustedes ya lo saben— o “tajo abierto” en todas sus etapas constituidas por cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales.

En el artículo 2° se prohíbe la actividad minera en todas sus etapas, de minerales nucleares, uranio y torio bajo cualquiera de sus formas, cielo abierto o por galería. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deben proceder al cierre contando con seis meses para el cese de sus actividades o adecuación a una modalidad congruente con la presente ley, conforme a las estipulaciones que se establecen en esta ley.

Además, se prohíbe el uso, obviamente, del cianuro, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ioduro de sodio, bromuro de sodio, xantatos, alquil xantatos, alquil ditiofostatos, xantoformiatos, detergentes, espumantes químicos y otras sustancias químicas contaminantes tóxicas o peligrosas.

Asimismo, se prohíbe la prospección, exploración, explotación minera, la utilización de ríos, arroyos, cualquier vertiente o depósito natural de agua superficial o subterránea, manipulación o invasión de glaciares, de áreas periglaciares, y cuerpos de hielo de cualquier tipo o formación.

Tenemos copias para todos y además lo pueden consultar a través del sitio de Internet. Los invito a que lo vean. Hemos trabajado con conciencia solidaria en este proyecto de ley, como seguramente lo habrán hecho otros senadores y diputados con otras organizaciones no gubernamentales. Tenemos la esperanza de que así como contamos con una ley de glaciares, regulación y leyes en Córdoba, San Luis o en otras provincias argentinas, tengamos una ley nacional. Creo que podríamos estar a la vanguardia de la protección del ambiente desde nuestro país teniendo una legislación nacional. Hace falta muchísimo compromiso, hace falta un trabajo de ir contra estas enormes corporaciones que no tienen la licencia social. Nosotros hoy lo estamos renovando.

La gente de Conciencia Solidaria, señor presidente, me pidió hacer uso de la palabra, usted después lo dispondrá, pero comprendo también que aquí hay otras organizaciones no gubernamentales que quisieran hablar y en este caso la idea de hoy, fundamentalmente, es poner en conocimiento de todos ustedes los diferentes proyectos de los senadores aquí presentes.

Renuevo este compromiso que va a ser largo, pero no perdamos la esperanza. Tenemos una ley de glaciares, se sancionó una ley ambiental, una ley de bosques también y espero que en este compromiso no ganen las grandes corporaciones, que no puedan comprar como les contaba los casos de amor de Montana o los casos de Canadá, Estados Unidos u otros lugares donde terminan imponiéndose a través del poder económico convenciendo a comunidades de los supuestos bienes de desarrollo de crecimiento que van a tener. Gracias a Dios en Argentina todavía estamos a tiempo de tener una ley nacional. En esto va mi compromiso, no sólo en mi mandato como senador sino posteriormente para seguir trabajando con todas las organizaciones no gubernamentales, también las del gobierno nacional y de mi propio bloque de la Unión Cívica Radical, del cual aquí están presentes dos senadores más. Es nuestro compromiso desde esta Comisión y desde otras comisiones para cuidar el ambiente, que es el desafío del siglo XXI. (Aplausos)



Sr. Presidente. – Llegó tarde, senador, pero la asamblea y la audiencia pública —lo dijimos al principio— está abierta a todos. Así que todos van a tener el uso de la palabra.

Justamente planteamos que más que tarea distractiva, esta asamblea y esta jornada era el punto para poder impulsar todos los proyectos. Sabemos que si hoy, con el número que tenemos, ponemos el tema en tratamiento en la Comisión, inmediatamente se caerían los proyectos porque no tenemos mayoría. Así que esperamos que esta reunión sirva como caja de resonancia para, justamente, darle celeridad al tratamiento de los proyectos.

Hemos invitado a todo el mundo: al gobierno, al secretario Juan José Mussi de Ambiente y Desarrollo; al secretario de Minería, al ingeniero Jorge Mayoral; al presidente de COFEMA, el señor Montalván. Así que estamos los que quisimos estar, porque inclusive se hizo con la suficiente antelación y demás. Hemos recibido adhesiones de quienes quisieron estar y no pudieron, como la senadora Estenssoro y los diputados de La Rioja, Julio Martínez y Olga Inés Brizuela y Doria de Cara.

En este punto, dada la presentación de los proyectos aquí en el Senado, ahora le vamos a dar la palabra, en nombre de la Cámara de Diputados, a la señora diputada Victoria Donda, que es integrante de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. Sra. Diputada Donda. – Muy buenos días a todos y a todas. Quería hacer me presente y saludar la iniciativa del Senado de empezar a abrir el debate, que en realidad ya está abierto, pero hacerlo también hacia la comunidad.

La verdad es que no entiendo la preocupación del senador Artaza. Acá no hay diputados, legisladores, senadores, gobernadores ni presidentes que se puedan vender a las grandes corporaciones. (Risas.) Era un chiste, porque creo que hay muchos legisladores y gobernadores que se venden a las grandes corporaciones. Así que es una preocupación muy fundada.

También hay un pueblo que está presente. Por eso, cuando hablamos de megaminería, lamentablemente también tenemos que hablar de represión. Yo acá estoy como autora de uno de los proyectos de prohibición de la megaminería, que consensuamos en el bloque del Frente Amplio Progresista, en el cual Diego Seguí participó de su armado, en el que junto con Silvia Ferreira y con otros asesores trabajaron en ir convenciendo y discutiendo con cada uno de los diputados para que el proyecto sea de consenso, que por un lado prohíba la megaminería con tóxicos -que no voy a mencionar, porque no tengo el machete que tenía el senador Artaza, pero están todos en el listado de la Ley de Residuos Peligrosos.

Es un proyecto que también apunta a prohibir aquellos emprendimientos que utilizan el agua como recurso fundamental para la vida y que incluye la creación de consejos sociales con decisiones vinculantes dentro de cada uno de los pueblos para que la participación y las formas de participación se expresen también. Así que no difieren de lo que están discutiendo y presentando en la Cámara de Senadores.

Yo soy vicepresidenta 1° de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación. La Comisión tuvo cuatro reuniones, a pesar de ser una actividad económica importante hoy en nuestro país y de que la señora presidenta plantea la necesidad de que haya una discusión profunda. La verdad es que la discusión se dio, y es por eso que en nueve provincias está prohibida la megaminería, a pesar de que en dos de ellas derogaron la ley cuando asumieron sus presidentes.

A pesar de eso, hubo cuatro reuniones; una se suspendió, y en la otra se discutió un proyecto de repudio presentado por la diputada Griselda Herrera, de la provincia de La Rioja, quien repudiaba a los legisladores y a las legisladoras, entre las cuales estaba yo y el senador Giustiniani, por la visita a Famatina y los dichos inconvenientes que habíamos tenido porque



la diputada mencionada pensaba que nuestros dichos sembraban ignorancia en el pueblo, y que por eso el pueblo se ponía en contra la megaminería. Eso lo dice el proyecto, que lo pueden buscar porque está presentado. Esa fue una de las reuniones de la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados. Eso fue lo que se discutió: un proyecto de repudio a los legisladores nacionales que fuimos a visitar la provincia de La Rioja.

¿Por qué cuento esto? Porque me parece que a los proyectos de ley, técnicos, con nombres que muchos de nosotros no entendemos muy bien qué quieren decir, qué es la megaminería, qué es lo que se saca, qué es el litio, para qué se usa el agua, qué es un dique de cola, por qué se filtra el agua, por qué se contamina, y que la verdad es que hay que ponerse a estudiar para entenderlos -por lo menos, eso me pasó a mí-, detrás hay hombres y mujeres que le ponen el cuerpo, que le ponemos el cuerpo a la pelea.

Yo solamente voy a contar la historia de uno de esos hombres, que si acá hay un compañero o compañero de Catamarca, de Andalgalá, seguramente la conoce. Es la historia de uno de los hermanos Flores, de El Moro. El Moro es parte de la Asamblea de Andalgalá; asamblea que peleó y sigue peleando contra la megaminería en Andalgalá.

El Moro es un compañero grandote, morocho, que se quedaba las noches en El Algarrobo, en nombre de esa asamblea que funciona en Andalgalá, que peleó contra Pascua Lama, que consiguieron con la lucha comprar una antena para que la asamblea tenga una radio popular, porque la diversidad de voces no llegó a Catamarca, a pesar de la Ley de Medios. Y mientras colocaba esa antena, se cayó de espaldas de una altura importante.

Pensábamos que nos íbamos a quedar sin El Moro, pero dio pelea. Hoy todavía sigue internado -esto pasó hace aproximadamente seis meses- en un hospital de Buenos Aires, con una operación de cadera. Y mientras El Moro estaba agonizando después de haberse caído de la antena, lo fue a buscar una ambulancia, pero no del Municipio de Andalgalá, porque no tiene ambulancias ni hospital. A pesar de esta mentira de progreso que prometen las empresas, las multinacionales, cuando se instalan en cada una de las ciudades, no había una ambulancia. Y la ambulancia que le habían donado al pueblo se la había donado la misma minera.

Con lo cual, a El Moro, que es un compañero que peló y sigue peleando por su vida y en contra de la minera, lo lleva la ambulancia de Andalgalá pero con un gran escudo de la minera, esa minera que para él era su enemiga. Y por supuesto, atrás de esa ambulancia estaban los hermanos Flores, que también son grandes luchadores y que son parte de esa asamblea.

Quería contar esta historia para que los conozcan, porque hay hombres y mujeres que entregan su vida, que siguen peleando y de los cuales podemos aprender.

Durante el menemismo fue firmado un tratado minero con Chile que, por supuesto, sigue vigente. En realidad, es un tratado que crea una especie de territorio autónomo -en realidad, una especie de territorio de una multinacional, no autónomo- y nosotros estamos empeñados, junto con hermanos chilenos, en que se denuncie ese tratado.

Así que hemos conformado un grupo binacional. Esto, en realidad, se empezó a discutir en la Universidad de Mendoza, y la verdad es que para nosotros es muy importante discutir la denuncia de este tratado porque es algo que tampoco se dice.

Cuando hablamos de megaminería, hablamos de saqueo, muerte, pobreza, pero también hablamos de resistencia, hablamos de pueblos que hoy están resistiendo y que aquí dentro también tienen que tener una voz, aunque no lo quieran escuchar, aunque hoy no estén los senadores del oficialismo acá sentados, aunque no estén los representantes de las empresas.



La verdad es que representantes de la Barrick Gold a mí me llamaron –supongo que a ustedes también, porque llaman a todos–, pero no se quieren juntar en una audiencia pública, te quieren citar a una de las oficinas porque están acostumbrados a que todo se compra y se vende. Me parece que es hora de demostrarles que no todo se compra y se vende, que la dignidad de un pueblo no se compra ni se vende y que el agua vale más que el oro. Por eso, no se vende. Gracias. (Aplausos.)

Sr. Presidente. – Gracias, Victoria. Tiene la palabra el licenciado Marcelo Giraud, que es licenciado en Geografía y

profesor asociado en las cátedras de Geografía de los Espacios Mundiales y Problemas Ambientales de las Zonas Secas en la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo. Es coautor del libro 15 mitos y realidades de la minería trasnacional en la Argentina con Maristella Svampa, Horacio Machado, Enrique Viale y otros. Es miembro de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza y de la Unión de Asambleas Ciudadanas y ha representado al Consejo Provincial del Ambiente ante la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera para las evaluaciones de impacto ambiental de los proyectos mineros Potasio Río Colorado y San Jorge. Sr. Giraud. – Buenos días a todos. En primer lugar, agradezco profundamente la oportunidad de estar participando de esta jornada, de esta audiencia pública. Agradezco al senador Giustiniani y a quienes desde esta Comisión han promovido esta jornada. Quiero comenzar preguntándome y preguntándoles, en particular a los senadores, qué entendemos justamente por el nombre de la Comisión que ustedes integran, la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable; ceo que ahí hay mucho de lo que se puede llegar a discutir. No voy a profundizar ampliamente en la conceptualización del desarrollo y la posibilidad de un desarrollo sustentable y qué es lo que se entiende por sustentable; en todo caso, no sé si luego Horacio Machado o Maristella harán alusión a esto.

Las mineras también dicen hacer desarrollo sustentable. Uno entra a la página de cualquier empresa minera, petrolera, de agronegocios y todas –absolutamente todas– tienen un mas o menos amplio capítulo dentro de sus sitios web dedicado al desarrollo sustentable. Claro que en el caso de que pudiéramos llegar a hablar de sustentabilidad –estrictamente hablando en sentido estricto a la minería–, no le cabría la posibilidad de este apelativo sustentable en tanto y en cuanto extrae –en principio para siempre– un recurso natural o bien común –acá también hay otra enorme distinción conceptual de términos– no renovable. Esto de por sí inhabilita la posibilidad de hablar de sustentabilidad en el tiempo de la actividad minera, sí podemos hablar de una mayor o menor responsabilidad o irresponsabilidad en los modos de practicarla. En la definición tradicionalmente aceptada del informe Brundtland sobre el desarrollo sustentable, hay una palabra que muy pocas veces se ve problematizada, que es la de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras de satisfacer las propias. Creo que esta cuestión de la necesidad es una de las grandes trampas con las cuales se pretende enredar el discurso sobre el desarrollo sustentable, porque en la inmensa mayoría de los casos se entiende por necesidades como sinónimo de la demanda solvente en el mercado. Si el mercado mundial requiere equis cantidad de toneladas mundiales de cobre al año, o de oro, o de plata, o de litio y paga por ellas, se supone que hay una necesidad humana detrás, y creo que esta es una de las enormes trampas.

En este sentido, detrás de esto justamente se juegan muchos de los desafíos en torno a lo que podría llegar a ser la superación del extractivismo depredador que tenemos hoy no solamente en los temas de la minería. Recién evocó muy bien el senador Giustiniani el tema



de los desmontes en el noroeste de Santa Fe para volcarlos a la explotación sojera, que es otra de las caras del mismo modelo extractivista. He tomado algunas citas que vienen bien para ir intercalando. Dice: La necesidad eterna celestina de todas las matanzas y guerras deberá evaluarse conforme a las condiciones humanas de supervivencia digna y al uso no abusivo de todos los entes naturales y no a la conveniencia de pura obtención de mayores réditos. Creo que justamente esto de plantear las necesidades en el centro del debate hace que podamos llegar a pensar qué minería tenemos. Toda la minería o gran parte de la minería que actualmente tenemos en nuestro país es la que estamos repudiando. La que podríamos justificar, sería la minería indispensable; es decir, aquella a la cual realmente se le haría muy cuesta arriba a la humanidad llegar a renunciar para hacer mínimamente congruentes con el hecho de estar utilizando instalaciones aquí que requieren, por ejemplo, del uso del cobre. Pero resulta que de América Latina se ha extraído el 30 por ciento de todo el cobre extraído en el mundo desde 1913 hasta 2010. Y no sólo eso, sino que actualmente se está extrayendo –el quinquenio 2006-2010– el 47 por ciento de todo el cobre mundial. Podríamos seguir con el 19 por ciento del oro; el 47 por ciento de la plata; el 18 del hierro, el 24 de la bauxita, etcétera, etcétera. ¿Por qué cito estos porcentajes? Porque si hiciéramos una media ponderada de todas las extracciones de los nueve, agregamos cinc, níquel, estaño y plomo –principales metales que se están extrayendo en el mundo–, resulta que de América Latina se está extrayendo el 24 por ciento aproximadamente de los metales puestos en el mercado y los latinoamericanos somos el 8 por ciento de la población mundial.

Entonces suponiendo que el nivel de consumo actual de los habitantes latinoamericanos no implicara una participación en el despilfarro mundial de metales que está efectivamente ocurriendo y que es responsable de gran parte de la demanda de los mismos y considerando que los latinoamericanos somos el 8 por ciento, podríamos llegar fácilmente a la conclusión de que si la demanda o el uso del latinoamericano medio pudiera ser enteramente justificable y no incluyera derroches, de aquí se está extrayendo el triple de lo que necesitamos de las necesidades que supuestamente podríamos llegar a llamar indispensables.

Las empresas mineras y demasiados funcionarios de los distintos poderes pretenden ampliar aún más la frontera de extracción minera metalífera en nuestro país y en América Latina. Sin embargo, en la provincia de Mendoza se viene resistiendo denodadamente a través de las luchas populares, de la participación en audiencias públicas y de la recolección en pocas semanas de 35.000 firmas –en Mendoza es mucha cosa 35.000 firmas en tres semanas– para pedir que permanezca vigente la Ley 7722, una ley que en muchos sentidos es similar a la que está proponiendo el senador Giustiniani de prohibición de utilización de determinadas sustancias tóxicas. Asimismo, la audiencia pública sobre el proyecto San Jorge duró trece horas y en dicha audiencia estuvieron presentes casi dos mil personas e hicieron el uso de la palabra casi trescientas a lo largo de esa histórica jornada.

Todo eso para que después el Poder Ejecutivo diga: “Nosotros aprobamos el proyecto y la Legislatura, que por ley tiene que ratificar la aprobación del proyecto, será la encargada de dar la licencia social porque estamos en una democracia representativa”. Después de que el 77 por ciento de los habitantes de Uspallata dijeran categóricamente que ¡no! y de que la totalidad de los participantes, el 75 por ciento, dijera que no, y de que 2000, 3000, 5000, 7000 y 10.000 personas desfilaran, año tras año en la previa del carrusel vendimial, también diciendo que ¡no! a estos proyectos megamineros. Entonces, entiendo que estas empresas



tienen un modo bastante particular de entender la licencia social. Vuelvo a lo que decía recién, el 24 por ciento de la extracción –o del precio del

mercado, muy distinto al valor de uso–, de los metales extraídos de América Latina, está destinado al 8 por ciento de la población. Eso significa que hoy podríamos pensar en distintos porcentajes según los metales y, en lugar de abrir aún más minas, podríamos cerrar dos de cada tres; y todavía seguiríamos autoabasteciéndonos. Es decir que continuaríamos siendo autosuficientes luego de haber cerrado dos tercios de las minas operantes en América Latina.

Me refiero a América Latina porque me parece que es la escala adecuada para pensar estas cuestiones, dado que evidentemente realizar cierres a escala nacional o provincial sería bastante complejo. Por ejemplo, los argentinos deberíamos renunciar al aluminio o, por lo menos, a ingresar más aluminio a nuestro territorio –si lo pensáramos en términos cerrados o estrechos– porque, prácticamente, no tenemos yacimientos de bauxita fácilmente aprovechables en nuestro territorio.

Reitero, la escala latinoamericana regional me parece apropiada a fin de empezar a enfrentar a estos monstruos globalizadores de estas empresas transnacionales que están retrocediendo aceleradamente en la extracción de los metales en sus países de origen –y, en particular, en los Estados Unidos y Canadá–, mientras que América Latina es el blanco preferido y principal de su ampliación metalífera.

Si comparamos el quinquenio 1986-90 con el quinquenio 2006-2010 resulta que en esos veinte años la extracción mundial de cobre aumentó 74 por ciento; de oro, 32 por ciento; de plata, 53 por ciento; de hierro, 127 por ciento y, así sucesivamente, muchísimo más de lo que aumentó la población mundial que se incrementó el 30 por ciento. Pero resulta que en América Latina la extracción del cobre y del oro se triplicó con creces.

Por otro lado, la extracción de la plata, del hierro, de la bauxita, del zinc y del níquel se duplicó –o más– en tan solo veinte años, y el estaño y el plomo también aumentaron, aunque no tanto. Mientras que para todos los metales que mencioné recién –en todos los casos, excepto el zinc– en los Estados Unidos y el Canadá –dos grandes países mineros y donde tienen origen esas multinacionales– la extracción disminuyó aceleradamente. Es decir que ellos se están retirando, están resignando sus posiciones allí en función de las posibilidades ampliamente abiertas, ofrecidas aquí durante la década neoliberal de los noventa. Condiciones que han cambiado muy poco en lo sustancial durante la década pasada hasta hoy y esto hace que, precisamente en términos ambientales de regulaciones laborales y fiscales, América Latina resulte el territorio preferido, predilecto para la maximización de la tasa de ganancia y para la externalización de los costos ambientales.

No voy a ampliar mucho sobre los aspectos técnicos –aunque lo merecerían–, ya que hay muchísimo por decir en cuanto a los procedimientos para la evaluación de los impactos ambientales. Podría contarles muchas anécdotas sobre estos dos procedimientos en torno a Potasio Río Colorado y San Jorge, pero simplemente quiero decirles que tengamos muchísimo cuidado y tratemos de difundir, en la medida de lo posible, algunos de todos esos enormes mitos y falacias que tanto circulan y que hemos tratado de rescatar –algunos de ellos– con Maristella, con Horacio, con Quique y con varios compañeros más en el libro de los quince mitos.

A continuación mencionaré algunas estadísticas –muy recientes– de las descaradas mentiras propagadas desde los organismos oficiales. Entre ellas, cuando se nos dice que la minería, el año pasado, llegó a proveer un récord de más de 500.000 empleos en nuestro país.

Este es uno de los argumentos preferidos en aquellas provincias donde surge este tema de discusión. Ahora bien, si consultamos las estadísticas del Ministerio de Trabajo –



estadísticas oficiales– resulta que el cuarto trimestre del año pasado se registraron 9739 empleos en minería metalífera y 14.550 en otras minas y canteras, es decir, algo más de 24.000 respecto de los más de 500.000 publicitados por la Secretaría de Minería.

Así podríamos seguir con muchas otras cuestiones, entre ellas, con el mito del desarrollo que trae a estas provincias la actividad minera. Sí, en cuanto al desarrollo, el crecimiento del PBI, de los indicadores macroeconómicos. En este sentido, es verdad que el año pasado San Juan exportó por un valor superior al de la provincia de Mendoza. Como consecuencia de ello, a nosotros se nos dice: “Miren cómo los sanjuaninos nos pasan el trapo”. Pero veamos absolutamente todos los indicadores socioeconómicos –de indigencia, de pobreza, de vivienda, de equipamiento de los hogares, de educación, de salud, etcétera– de la provincia de San Juan o los de Catamarca y, en todos los casos, Mendoza, que le sigue diciendo que no a la minería, sigue teniendo indicadores mucho mejores. A pesar de que San Juan recibe, según datos oficiales, per cápita, el doble de transferencia del Estado nacional que la provincia de Mendoza; y Catamarca, el triple.

Según datos oficiales, haciendo el cálculo per cápita, resulta que el gobierno mendocino se tiene que conformar con la mitad de lo que recibe el gobierno sanjuanino y, aún así, sigue obteniendo resultados mucho mejores. En efecto, si Mendoza recibiera lo mismo que San Juan, el año pasado hubiese tenido 5.700.000.000 de pesos adicionales.

No obstante, Mendoza se debate en torno a las regalías y a cómo esas regalías mineras pueden suplantar en el futuro a las regalías petrolíferas, recurso que empieza a disminuir en nuestra provincia. Estamos hablando de 100 o 200.000.000 de pesos respecto de 5.700.000.000.

Ahora bien, el año pasado, San Juan recibió 4.400.000.000 de pesos del Estado nacional y acá los compañeros de San Juan nos pueden decir cuánto se recibió de regalías mineras: aproximadamente 150.000.000 de pesos. De tal manera que ese es otro de los tantísimos mitos que nos quieren hacer creer a los argentinos.

A modo de conclusión, quisiera terminar con un comentario. Recién se habló sobre la cuestión de los derechos humanos y sobre la visión global que debemos tener en cuanto a estas cuestiones. Creo que es bastante escandaloso que un país reciba oficialmente a presidentes dictadores que, durante décadas, fueron sistemáticos violadores de los derechos humanos. Esto ocurrió recientemente con la visita del dictador Obiang de Guinea Ecuatorial. Dictador del país que más crudamente expresa a qué extremos puede llegar el extractivismo combinado con la violación de los derechos humanos.

Esa persona fue invitada, estuvo aquí y durante la celebración de un convenio se le salió a enrostrar –por parte de la presidenta– la violación de los derechos humanos que él está cometiendo en su país. Ahora bien, el dictador ni siquiera tendría que haber sido invitado, porque con los violadores de los derechos humanos no se negocia.

Desde mi punto de vista, la misma política debiera tener el Estado argentino y las provincias respecto de las empresas que están violando los derechos humanos y los derechos ambientales básicos de la naturaleza de cualquier parte del mundo, siguiendo un poco el ejemplo de lo que hace una década viene haciendo el Ministerio de Finanzas de Noruega, el cual salió a vender –a deshacerse para no ser cómplice de semejantes violaciones de derechos humanos y de protocolos mínimos de protección ambiental– todas las acciones que tenía el Fondo de Pensiones Noruego –uno de los fondos soberanos más grandes del mundo– de las acciones de Barrick Gold, de Río Tinto, de Valiant Resources, de Freeport-McMoRan y de otras numerosas empresas, muchas de ellas, de las más encumbradas de entre las grandes transnacionales mineras. Se deshizo por completo porque no importaba el lugar del mundo



donde ellas estuvieran trabajando, no quería ser cómplice de ellas. Lo mismo digo yo respecto, por ejemplo, Vale Oil. No me importa que tan limpio o no e implica muchos riesgos para la cuenca del Río Colorado el proyecto que están construyendo en el extremo sur provincial con conflictos mineros y con la proyección de consumir un millón de metros cúbicos de gas por día, el equivalente a todo el consumo residencial de la provincia de Mendoza, más allá de eso, Vale, está violando derechos laborales y ambientales sistemáticamente en distintos puntos del mundo y no me importa qué tan bonito me quieran venir a pintar el proyecto Potasio Río Colorado en tanto sigan teniendo esas prácticas en otros países, en Mendoza y en la Argentina no los quiero. Debemos entender que hay que enfocar estas cuestiones de una manera integrada y tener la mirada global al respecto.

Simplemente quería citar un par de cuestiones más. Respecto de este choque entre la cultura científica que supuestamente pretende imponer una racionalidad y una supuesta garantía de riesgo cero en las actividades mineras que sabemos, sobra la experiencia para saber que esto no es así, se trata de un encuentro entre una cultura científica que se alarma y otra tradicional que ya conocía el peligro que hoy le vienen a anunciar y también su prevención e incluso su remedio. Es como si los niños de Hegel le dijeran hoy al viejo sabio: “Tonto: ya lo sabíamos antes de que tu llegaras. Nos venciste por bruto pero por bruto, tampoco te diste cuenta de lo que hacías”. Quizás lo saben demasiado. Esto es parte de un libro, no de un fundamentalista ambientalista, sino de uno de los ministros de nuestra Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Zaffaroni. Les invito a leer La Pachamama y el

Humano acerca de los derechos de la naturaleza, una noción que puede parecer absolutamente traída de los pelos pero que está discutiéndose ampliamente y ya ha sido incorporada la cuestión del buen vivir o el vivir bien en las constituciones de Ecuador y de Bolivia.

Me quedan los votos de que si al doctor Zaffaroni le llega alguna causa relacionada con todos estos temas a la Corte, no haga lo que se hizo, lamentablemente, en demasiadas oportunidades está haciendo hoy el gobierno de Rafael Correa en Ecuador y en algunos o muchos sentidos, el gobierno de Evo Morales, en Bolivia, violando, en la práctica, los principios del vivir bien o del buen vivir que han sancionado a través de sus constituciones. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Tiene la palabra el licenciado Horacio Machado Aráoz de la Universidad Nacional de Catamarca. El licenciado es magister en Ciencias Sociales, Convención en Teoría Política, diplomado en Planificación Social para el Desarrollo Local, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba y candidato a doctor por el doctorado en ciencias humanas de la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. Sr. Machado Aráoz. – Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. En estos minutos, por la complejidad de la temática me voy a centrar exclusivamente de qué hablamos cuando hablamos del modelo minero, ¿qué implicaciones tiene el modelo minero en términos de desarrollo nacional? En ese sentido voy a tomar tres aspectos. El origen principal de la legislación y las reformas institucionales que hicieron posible que hoy haya megaminería transnacional a gran escala en nuestro país y en América Latina, las vinculaciones que esto tiene con el neoliberalismo, la mirada que podemos proyecta del neoliberalismo como algo que empezó y terminó en los años 90, sino que algo que tiene que ver con sus orígenes en los 70, en el terrorismo de Estado y en todo América Latina y que este modelo, régimen extractivista del cual varios de nosotros venimos hablando y estudiando no viene a ser la superación del neoliberalismo, sino su faz superior. Para mostrar eso vamos a tratar de centrarnos en las consecuencias geopolíticas y macroeconómicas de este modelo. Entonces, yendo a las reformas institucionales y legales hay que decir que esta



minería, la transnacional a gran escala está destinada a abastecer un consumo que no tiene que ver con las necesidades del país donde se practica esta fase extractivista. Por otro lado, aparte de dibujar una geografía desigual en la que se producen los daños ambientales, la extracción de los recursos no renovables y otra geografía que va a usufructuar esos bienes estratégicos y críticos. Estamos hablando de la escala transnacional porque se trata de una actividad que controla todo el proceso productivo de la cadena de valor a escala mundial.

Evidentemente, el origen de esta megaminería transnacional tiene que ver con los orígenes del neoliberalismo, la crisis ecológica que se desata en la década del 70 y cómo empieza a producirse una fuerte disputa por la apropiación y el control de los recursos naturales.

En América Latina y en el caso minero podemos ver que hay dos hechos sintomáticos de esto. Los intentos de Getulio Vargas por limitar el control que tenían las empresas americanas sobre la industria del hielo y del acero de la que se abastecían en Brasil y, por otro lado, la nacionalización del cobre el 11 de septiembre de 1971 por parte de Salvador Allende en Chile. Estos dos intentos de estos dos presidentes desembocaron en sendos golpes de Estado. En 1964 es derrocado Getulio Vargas y en 1973 es derrocado Salvador Allende. Inmediatamente después del golpe de Salvador Allende, dicho sea de paso, de ese momento se salía el 50 por ciento del cobre que se consumía en el mundo salía de Chile y era explotado por dos empresas norteamericanas.

Luego de ese golpe de Estado, Pinochet, introduce las reformas legislativas que después, el Banco Mundial va a generalizar en os 90 en toda América Latina. Fundamentalmente el decreto legislativo 600 que casi tiene el mismo ADN que la ley 24.196 sancionada acá en 1993 en nuestro país. Para ir rápido porque no quiero robarle mucho tiempo al os que van a seguir hay que decirles que en nuestro país esta disputa también se produjo y tiene lugar en nuestra provincia

En los años 57 y 58, algunos gobernadores puestos por el régimen militar de esa época intentan hacer un contrato de transferencia del yacimiento Bajo de la Alumbrera a la City Service, una empresa norteamericana. Eso desencadenó el Catamarcazo y eso terminó en la sanción de la ley 14771 que crea YMAD, Yacimientos Mineros de Agua del Dionisio que tiene un artículo, el 5 originario, que prohibía la concesión o contratos con empresas privadas, sean estas nacionales o extranjeras. En ese momento el vicegobernador de la época decía lo que ustedes pueden leer ahí abajo. Se trata de la defensa de la riqueza mineral nacional de los acaparamientos de los trust internacionales. Sabemos lo que podrían hacer estas provincias, sobre todo, las provincias pobres como Catamarca, las que ante la posibilidad de contar con mucho dinero, cualquier gobierno es capaz de entregar riqueza a estas organizaciones internacionales. Lo dijo en 1958 y después se cumplió 1995 cuando empieza a explotarse la Minera Alumbrera, porque este artículo 5°, que prohibía la concesión a empresas extranjeras y empresas privadas nacionales, y que reservaba la explotación minera de recursos estratégicos al Estado nacional, va a ser después derogado. Primero, bajo el régimen de Onganía a través de su ministro de Economía, Adalbert Krieger Vassena, en el pequeño interregno del retorno del período representativo. En el año 75, el senador Saadi vuelve a imponer este originario artículo 5°, y después va a ser la dictadura de Videla, con el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, quien va a insistir con la supresión de ese artículo 5° permitiendo la concesión de nuestros yacimientos a empresas transnacionales. Esto que pueden leer ahí tiene mucho significado, fue escrito en 1980 en el libro Bases para una Argentina moderna, página 175-176, y su autor es José Alfredo Martínez de Hoz. Las argumentaciones que hace en la época sosteniendo y justificando la legislación de la



dictadura militar son las mismas que hoy escuchamos de gobernadores y legisladores pro mineros, aun aquellos que dicen que están implementando un gobierno y un régimen nacional y popular. La minería ha sido una actividad permanentemente incomprendida y no alentada en el país.

Durante los años 76-80 la política minera tuvo el objetivo fundamental de cambiar la mentalidad, procurando la eliminación de las restricciones para explorar, explotar y comercializar la producción de minerales. El negocio minero requiere un largo período de retorno del capital invertido, implica correr altos riesgos, completar inversiones de capital. Solo es factible mediante la participación de grandes empresas.

La ley 22.095, sancionada en el 79, estableció un nuevo régimen de promoción para el desarrollo de la minería en el país, otorgando beneficios impositivos a los capitales que se vuelquen a esta actividad, propugnando el retorno de la libre iniciativa privada y alentando la inversión de capitales extranjeros en el campo de la minería. En consonancia con lo que se hizo en la dictadura militar del 64 en Brasil y en el régimen de Pinochet en Chile, también se quiso aplicar acá bajo la dictadura del período 76-83; sin embargo, la legislación que va a permitir toda esta avanzada de los grandes capitales mineros transnacionales en nuestro país se va a sancionar recién en 1993 con la ley 24.196 y sus subsidiarias.

Año 93, emblemático del neoliberalismo. Y acá hay un equívoco cuando muchas veces se asocia el neoliberalismo a políticas de ajuste. El neoliberalismo no tiene que ver solo con políticas de ajuste, sino de expropiación de territorios, que es sinónimo de expropiación de derechos. En esos términos, estas políticas se implementaron en la década de los 90, pero se aplicaron y profundizaron desde el año 2000 hasta nuestra época. Tal es así que esta legislación fue hecha no por legisladores nuestros, no fue pensada ni diseñada por nuestros legisladores para nuestra población, ya fue implantada –como dije en el Decreto 600-, y es el Banco Mundial el que a través de más de 2.500 millones de crédito impuso estas reformas en toda América Latina.

Un documento desclasificado del Banco Mundial en el año 96, no sabemos cuándo había sido publicado y estaba circulando, dice: “A mining strategy for Latin America and the

Caribbean” –La estrategia minera para América Latina y el Caribe-, sentaba las bases de cuáles son los fundamentos de esta legislación minera: la seguridad de la tenencia, es decir, evitar todo proceso de expropiación; los criterios discriminatorios deben ser eliminados, es decir, permitir el acceso del capital extranjero; el libre acceso a los recursos mineros; el acceso libre a la tierra en condiciones que no sean excesivamente onerosas; acceso a divisas, libertad de importación y exportación; reembolso de préstamos; y repatriación de ganancias. Todo esto es lo que -palabras más, palabras menos- está puesto en las leyes de 1993 y sus correlativas. Fernando Sánchez Alvabera fue ministro de Energía y Minas de Perú, en 1991 –acá hay compañeros y compañeras de Perú-, gobernaba Fujimori, después de haber hecho las reformas fue director de la División de Infraestructura y Recursos Naturales de la CEPAL y desde ahí promovió las reformas mineras en toda América Latina; sin embargo, en 2005, empieza a reconocer los gravosos efectos que tenían, y tuvieron, estas reformas en términos de pérdida de soberanía nacional y pérdida de control de los recursos estratégicos. Para finalizar, quiero decir algunas palabras sobre las implicaciones macroeconómicas de este modelo. Hablamos de la implantación de enclaves primario extractivos que han sido largamente estudiados por toda la teoría política, sociológica y económica latinoamericana, porque tiene que ver con esa economía primario-exportadora bajo la cual se constituyeron los modelos de coloniaje en el Siglo XIX. De manera tal que no es nada nuevo, sino algo



largamente conocido en toda América Latina. Estas reformas tienen que ver con el hecho de que son grandes capitales extranjeros los que hoy tienen el control y la disposición sobre los territorios, y bienes y servicios ambientales claves, como el agua, la energía y la biodiversidad, la apropiación de recursos naturales estratégicos. Decimos estratégicos por dos aspectos: por un lado, se trata de recursos no renovables y que se están agotando en el mundo; por otro, tiene que ver con el hecho de que financia dos industrias fundamentales para el poder global mundial, como la economía del oro y de la industria armamentística. El 95 por ciento del oro se usa como reserva de valor y tiene que ver con el poder de los grandes bancos transnacionales que hoy manejan las finanzas y la economía mundial. Y el otro gran uso que tienen los minerales es la industria armamentística donde más o menos hay un 60 por ciento de los minerales que va a parar a la industria de la guerra. En ese sentido, decimos recursos estratégicos. Hay una apropiación diferencial de la renta minera, que esto viene a ser algo casi anecdótico porque no es lo más importante, pero las grandes empresas transnacionales hacen grandes negocios con esto y se implanta un modelo cuya estructura productiva está caracterizada por una alta concentración, la extranjerización y la reprimarización de todas nuestras economías. Las consecuencias macroeconómicas han sido largamente estudiadas por las teorías económicas latinoamericanas, tanto el estructuralismo de Prebisch, bajo la teoría de la dependencia después en la década de los 60. De manera tal que si algo puede ser la antítesis de un modelo de desarrollo nacional con inclusión social es un modelo centrado en una economía de enclave primario-exportadora, como implica este modelo de minería. Porque estamos hablando de un modelo que genera un sistema de dependencia estructural.

Toda la actividad económica interna, es decir el nivel de consumo, el nivel de empleo, el nivel de inversión, está determinada por el funcionamiento del mercado mundial. Esto lo vemos ahora, no solamente con la minería sino también con la soja. Vemos que va a pasar con la economía argentina en función de la cotización de la soja.

Los sectores primarios exportadores están bajo el control comercial, tecnológico, financiero, de grandes conglomerados trasnacionales. Nosotros no manejamos esa tecnología y somos dependientes de eso. No sólo eso, sino que nosotros exportamos concentrado de cobre, que es el primer eslabón del proceso productivo, e importamos cobre refinado. Esto no tiene nada que ver con desarrollo industrial, no tiene que ver con generación de puestos de trabajo, entre otras cosas.

Aquí pueden ver lo que decía Marcelo Giraud, cómo en América latina se extrae todo el consumo de minerales y qué es lo que realmente se consume.

En cuanto a los impactos socio económicos locales, yo vengo de la provincia de Catamarca que desde hace quince años tiene minería, con un modelo trasnacional a gran escala. El modelo minero se resume por una serie de récords: récord de exportaciones, récord de corrupción, récord de clientelismo y récord de asistencialismo. Es la provincia donde durante todo el año 2000 tenemos el desempleo y los niveles de pobreza por encima de la media nacional y por encima de la media del NOA. El 58 por ciento de las familias cobra la Asignación Universal por Hijo, es la más alta tasa de población con asistencia en el país. Esto es el modelo minero.

De modo que a los señores senadores, les diría que son muy buenos todos los proyectos para la prohibición de la minería a cielo abierto, para la prohibición del cianuro… Pero me parece que el tema fundamental es que si nosotros realmente queremos salir de las garras de las consecuencias geopolíticas y macroeconómicas del neoliberalismo, tendríamos



que empezar por derogar y revisar las leyes de los años 90 que siguen lamentablemente vigentes. Muchísimas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Muchas gracias. Me parece importante señalar, por las restricciones de tiempo de las exposiciones, la posibilidad de que los expositores pongan a disposición de todos lo que han preparado, para poder colectivizarlo. Les comento que por la falta de tiempo no vamos a hacer el cuarto intermedio previsto. Pero para los que quieran salir, a la derecha tiene un refrigerio para poder tomar o comer algo. Vamos a continuar con el desarrollo de esta audiencia pública. Agradecemos a todos los integrantes que trabajan en la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que han hecho posible no sólo esta audiencia pública con su trabajo sino también dar todas las posibilidades para que hoy la desarrollemos. Tiene la palabra el doctor Diego Segui, abogado, de la provincia de San Juan, que está actuando en uno de los casos mencionados por ustedes en la Corte Suprema de Justicia por los proyectos de Veladero y Pascua Lama. Sr. Segui. – Buenas tardes. Antes que nada, agradezco en la persona del senador Giustiniani a todos los integrantes de la Comisión y al Senado. Por supuesto, también agradezco a los señores diputados que están presentes y, como dijo la diputada Donda, a todos aquellos que estamos humildemente en cada una de las trincheras tratando de traer una voz de alerta sobre este fenómeno tan particular que los argentinos empezamos a vivir en Catamarca, Chubut, y ahora, con un altísimo grado de desarrollo –quizá el mayor–, en la provincia de San Juan. La verdad es que uno viene a estas reuniones y se deleita escuchando a gente que conocen del tema en términos generales. Humildemente mi contribución sólo se va a limitar a una cuestión de rigor científico y jurídico. Me toca llevar adelante dos causas por daño ambiental, una por el proyecto Veladero y la otra por el proyecto Pascua Lama, se están sustanciando en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen dictamen favorable de la Procuración aconsejando la competencia de la Corte. En este sentido, la Corte ha dispuesto, sin aún declararse competente, una serie de medidas informativas a Cancillería, a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y al gobierno de la provincia de San Juan. ¿Por qué nos vamos a circunscribir a esto? Porque es la mejor manera de mostrar, quizá, de qué se trata la megaminería, pero no apelando a las sabias opiniones que tienen muchísimas personas que son entendidas en el asunto. Las demandas están basadas exclusiva y rigurosamente en las informaciones de impacto ambiental que las propias empresas tienen que presentar ante la autoridad local. Para que se entienda, para los abogados significa que se trata de un instrumento público que hacen plena fe en su contenido de cada una de las cosas que dicen o, dicho vulgarmente, a confesión de parte relevo de prueba. Entiéndase esto más allá de lo que pueda decir la publicidad de la empresa Barrick. Como bien dijo Marcelo Giraud tienen un departamento de Desarrollo Sustentable y también tienen un departamento de Marketing. Estos son instrumentos públicos evacuados por la empresa que tienen a cargo esta concesión. El lugar donde se desarrollan estos proyectos, con particular localización en San Juan sin desmedro del resto del país donde se hace megaminería, en el caso de Veladero y Pascua Lama, está incluido dentro de la reserva de biósfera de San Guillermo. Se trata de una reserva que tiene estatus internacional, que tiene un nivel de protección reconocido por este Congreso de la Nación a través de una ley que constituyó un Parque Nacional y que dispuso en un convenio con la provincia de San Juan establecer un plan de manejo maestro, que en términos



del derecho ambiental no es otra cosa que una norma de presupuestos mínimos en la que se tenía establecer qué actividades se pueden desarrollar y cuáles de ellas pueden admitirse sin afectar la fauna y la flora de esta reserva. Ambas empresas, a pesar de que el holding es Barrick Gold Corporation, pero en la Argentina se multiplica para jurídicamente eludir luego responsabilidades, los proyectos Veladero y Pascua Lama están en una reserva de biósfera. Entiéndase, es como si estuvieran en las adyacencia de las Cataratas del Iguazú, no están en cualquier lado. Aquí se habló de la participación ciudadana necesaria que la Ley General del Ambiente reconoce a todos los argentinos como un presupuesto mínimo. Sin embargo, el proyecto Veladero se llevó adelante sin audiencia pública. Esto ha sido reconocido tanto por la empresa Barrick en su declaración de impacto ambiental como por el gobierno de la provincia de San Juan. No hubo audiencia pública. No hubo consulta pública, ergo, mal se puede si quiera imaginar qué licencia social alguna pueda tener. Otra de las cuestiones que ponemos en conocimiento de la Corte Suprema se refiere a cuál es el principal insumo que tiene esta actividad megaminera. Pido, por favor, que rápidamente se proyecte el video de toma de agua.

– Se proyecta un video.

Sr. Seguí. – Se cree que el principal insumo de la actividad megaminera puede ser el cianuro. También, se cree que puede ser gasoil o el anfo, que no son otra cosa que los explosivos que llevan adelante la voladura. Voy a solicitar que pasen el video más rápido hasta llegar al momento donde hay una toma de agua, una obra hidráulica gigantesca. Ahí empieza. De eso estamos hablando. Ese es el principal insumo que tiene la actividad megaminera. La megaminería no se puede desarrollar sin agua. Minerales hay en todo el territorio nacional. Minerales: oro, plata, zinc y litio hay en todo el territorio nacional. Sólo hay megaminería donde existen estos volúmenes de agua. Por eso, la actividad compite inexorablemente con los ciudadanos que vamos a disputar la escases de agua y con los sectores agrícolas que dependen del agua. Veladero consume diariamente 180 litros/segundo. Esto es, en términos diarios, 15 millones de litros de agua. Esa cantidad es bastante más que lo que consume, por ejemplo, la ciudad capital de la provincia de San Luis, en términos de producción de agua potable. Ahí se ve la envergadura de la toma hidráulica del proyecto Veladero, que es el que está en ejecución. Es un corte que se hace directamente, como quien corta una arteria de un corazón. Se corta longitudinalmente un río. No desde la parte superficial, porque el agua superficial no alcanza. Hay que sacar el agua subterránea. Entonces, se corta longitudinalmente y, a través de energía eléctrica, se succiona como quien succiona sangre, porque lo que se está sacando no es sólo el agua superficial, sino el agua subterránea. Así se trabaja, en términos concretos, en relación de consumo de agua por parte de la megaminería. Aclaro que la vida útil de cada uno de estos proyectos orilla entre 15, 20 o 25 años, como el caso de Pascua Lama. Ahora les voy a pedir que proyecten otro video que es el de Andes y el agua. Este trabaja, también, es un instrumento público. No es creación ni elucubración particular. Lo pueden ir pasando. Es un trabajo hecho por el ingeniero Aguado quien es el titular del departamento de Hidráulica de la provincia de San Luis. Esto va a quedar en la Comisión. El trabajo del ingeniero Aguado releva todas las cuencas hidrográficas andinas de la República Argentina, que tiene pendiente atlántica, hacia las provincias de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.



Desarrolla provincia por provincia y se ve cómo la hidrografía de nuestro país está atravesada desde la Cordillera de los Andes hasta el Océano Atlántico. Acá, en Mendoza, se ven las cinco cuencas. San Juan tiene dos cuencas. Esto es poner un mapa sobre otro. Este es el mapa de las cuencas hidrográficas argentinas puesto debajo del mapa de los yacimientos metalíferos que publica la Secretaría de Minería del país. No hay megaminería sin agua. La frase que dice: “venimos por todo” se refiere a que: “venimos por el agua”. No hay megaminería sin agua. Es imposible. Esos son los yacimientos con factibilidad económica. Por supuesto que hay yacimientos mucho más hacia el este de la Cordillera de los Andes, pero no son factibles económicamente de explotarse porque no están al lado de los recursos hidrológicos. Esa es la razón y la disputa concreta de la que socialmente hablaba la diputada Donda. Es una disputa de vida o muerte. O la minería o las sociedades o la agricultura histórica, que algunas provincias han logrado defender, como es el caso de Mendoza. El capítulo de glaciares que es conocido por este Senado, tiene una historia trágica para San Juan. Si la Nación argentina tuvo un veto, los sanjuaninos tuvimos un doble veto de la ley de glaciares. La presidenta de la Nación vetó, con un compromiso concreto, claro y carnal con Peter Moon, la primera sanción de la ley de glaciares. El segundo veto para la provincia de San Juan fue a través de una ingeniería judicial que diseño Carlos Zannini junto al fiscal de la provincia de San Juan, para llevar adelante un amparo y una medida cautelar que suspendiera la aplicación de los artículos más sustanciales de la ley de glaciares de nuestra provincia. Dicha ley quedó suspendida durante dos años, para poder seguir haciendo lo que recién mostrábamos, es decir el desarrollo y el avance de Veladero y de Pascua Lama. Gracias a Dios, la Corte Suprema de Justicia, el 2 de julio, revoca esas cautelares dictadas por el juez federal de San Juan; torna aplicable en el territorio de nuestra provincia la ley de glaciares y estamos esperando –como acá se ha dicho– que se tomen cartas en el asunto.

Esperamos que el titular de IANIGLA, el licenciado Villalba cambie de criterio. Él confunde y cree que sólo tiene que auditar e inventariar los glaciares de Mendoza. Eso no es lo que han querido los legisladores nacionales. Lo que ellos quisieron era que el IANIGLA, ese organismo nacional que tiene sede en Mendoza, haga el inventario en todo el territorio del país. ¿Por qué los mendocinos van a tener la garantía de ser auditados por el IANIGLA y por qué los catamarqueños, los riojanos y los sanjuaninos no lo hemos de tener? Eso no puede quedar en manos del criterio del señor Mussi ni del señor Villalba. Para muestra, en función de lo que recién estábamos diciendo, información de la propia empresa, estas son las obras de infraestructura de Veladero. Esta filmina, que le voy a dejar a la Comisión, contiene las obras de infraestructura de Veladero: el rafo, el valle de lixiviación y las escombreras. Esto es de consulta pública. En el mismo mapa, se ven debajo las zonas de glaciares y periglaciares. El rafo, la escombrera y el valle de lixiviación están arriba de glaciares hoy en la provincia de San Juan. Muchas gracias. (Aplausos.)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el doctor Jorge Cuello, quien es abogado especialista en derecho ambiental, docente en la materia Régimen Jurídico de los Recursos Naturales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una participación en la materia Ambiente y Mercosur del CPO. Sr. Cuello. – En primer lugar, quiero felicitar a la Comisión del Senado que está convocando a este encuentro público para discutir el modelo actual del desarrollo de la megaminería en



Argentina y felicitar, también, a todos por estar aquí en este día tan caluroso, con los inconvenientes de trasladarse en esta ciudad, cada vez más caótica. Aprovechando que esta Comisión nos ha dado el uso de la palabra para expresar algunas ideas, quería ser lo más breve posible y plantear dos cuestiones que tienen que ver estrictamente con la responsabilidad que este Congreso de la Nación tiene respecto de las cuestiones vinculadas con la megaminería. Una que la toca de cerca y que, como bien se ha dicho acá en las anteriores intervenciones, es producto de las políticas neoliberales de los años 90, cuando, en el proceso de entrega del patrimonio nacional, no solamente se entregaron y privatizaron las empresas de servicios públicos, sino que también se instrumentó una serie de medidas jurídicas aprobadas en este Parlamento, algunas de esas privatizaciones, con hechos lamentables como fue, por ejemplo, un diputado trucho en una sesión en la que no tenían quórum para poder garantizar dicha privatización –creo que fue para la empresa del gas–. Y no dudaron, en su momento, en sentar un diputado trucho.

Respecto de ese proceso de entrega de los años noventa, quiero hacer referencia, entre otras cosas, a algo que aquí se ha mencionado, que es la ley 24.196 –de promoción de las inversiones mineras–, que establece un régimen que luego brevemente vamos a puntear y que después voy a hacer llegar a la Comisión para que esté a disposición de todos.

El otro tema, que, si bien no está vinculado directamente con la legislación de la cuestión minera, sí lo roza de cerca, y diría que está íntimamente vinculado con ella, tiene que ver con otra discusión que se está dando en el Congreso, no ya sobre una ley, sino sobre un proyecto de ley que se va a discutir, que se está analizando en las comisiones, sobre la reforma del Código Civil y Comercial. En el proyecto original, que había sido elaborado por la comisión redactora integrada por Lorenzetti y otros juristas, había un artículo, el 241, por el cual se establecía que el agua es un derecho humano, un recurso vital para las personas, y que su acceso debe estar garantizado. No de manera casual, sino más bien en forma intencionada, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se ocupó expresamente de amputar ese proyecto, enviando al Congreso Nacional un proyecto de reforma y unificación de los códigos Civil y Comercial que excluía este artículo 241.

Con respecto al primer punto, vinculado con la ley que aquí recién se mencionó, la 24.196, que establece un régimen de promoción de inversiones mineras, se trata básicamente de un régimen legal que favorece en términos fiscales a todas las empresas que vengan a nuestro país a realizar distintas actividades, no solamente de extracción y explotación, sino de prospección, exploración, desarrollo, preparación y extracción de minerales; quedando excluido de este régimen la cuestión del petróleo y el gas, que también están excluidos del Código de Minería. Esta lamentable ley de los noventa, que permite un grado de desarrollo de la actividad minera a gran escala en la Argentina, porque es un gran negocio, establece entre otras cosas una estabilidad fiscal durante 30 años. Es decir, la Nación, las provincias y los municipios que adhieran a esta ley van a estar impedidos por un lapso de 30 años de actualizar los gravámenes vinculados con las actividades que recién mencionaba: exploración, prospección y extracción de la actividad minera.

Otro beneficio de esta ley de los noventa fue la deducción del ciento por ciento del impuesto a las ganancias para aquellos montos invertidos en gastos de estas actividades.

El tercer beneficio que esta ley dio son los créditos fiscales originados en las importaciones y adquisiciones de bienes y servicios que tengan por destino realizar actividades mineras: luego de doce periodos fiscales, les serán devueltos estos créditos fiscales por derechos de importación.



Por otra parte, no hay que pagar impuesto a las ganancias, por ejemplo, por los avalúos de las reservas de mineral, los estudios que hacen los profesionales.

Asimismo, hay otro beneficio de esta ley que es la excepción del pago del impuesto sobre los activos. Es decir, a partir del ejercicio fiscal en curso de inscripción del registro de beneficiarios, o sea, cuando el Estado le otorga la concesión, no se paga impuesto a los activos. Está exento de pago de derechos de importación. Y solamente va para regalías de las provincias el 3 por ciento del valor del mineral en boca de mina, es decir, previo a todo proceso de transformación, en bruto.

A su vez, también hay que aclarar que este 3 por ciento es a partir de una declaración jurada que hacen las empresas, siendo que solamente se paga ese 3 por ciento sobre el mineral para el cual esa empresa obtuvo la concesión, es decir, por ejemplo, para el oro. Pero si en el proceso se incorporan otros minerales, sobre eso no se paga el 3 por ciento o, por lo menos, no se declara.

Con respecto a la conservación ambiental, dice que quedará a criterio de los emprendimientos mineros el monto que estas empresas destinarán para cualquier conflicto que pudiera sucederse a partir de su actividad. Es decir, la empresa, de acuerdo con su criterio, es la que establece cuánto es lo que debe prever en caso de algún incidente vinculado con la contaminación ambiental.

Por lo tanto, no solamente debería ser derogado este régimen que fue impuesto en 1993 –esta es una propuesta que ya hemos discutido en una audiencia pública en la Cámara de Diputados–, sino que además se debería instrumentar un régimen de promoción de inversiones de energías renovables. Este régimen se instrumentó durante los noventa para promover actividades extractivas altamente contaminantes, que tiene grandes beneficios porque, como aquí se ha dicho, no se derrama en los pueblos que están cerca de los emprendimientos, desmintiendo ese mito de la cantidad de empleo que genera.

Entonces, dado que en definitiva el Código de Minería es el código energético, porque rige la extracción de muchos minerales que sirven para la producción de energía, deberíamos promover un cambio en la matriz energética nacional, aprovechando los grandes beneficios que tiene nuestro territorio en extensión. Por ejemplo, en el sur podríamos promover la energía eólica o mareomotriz. Al respecto, hay varios estudios que se están haciendo en distintas universidades. También, por ejemplo, en algunas zonas donde el sol pega todo el día se podrían poner paneles solares, que no van a resolver el problema estructural, pero por lo menos van a ir dándole luz a distintos lugares sin necesidad de hacer grandes emprendimientos mineros. Aparte, les recuerdo que hay una ley de promoción de energías renovables que dice que para 2016 –esto es algo que sancionó este Congreso– debemos producir el 8 por ciento de la energía nacional a partir de energías renovables.

Concretamente, entonces, para cerrar el tema de la ley de inversiones mineras, propongo su derogación y la instrumentación de un régimen similar para la promoción de energías verdes o renovables.

El segundo tema está vinculado con el tema de la reforma del Código Civil y Comercial. En la anterior exposición se ha dicho que hay megaminería si hay recursos de agua disponibles para poder poner en marcha estos emprendimientos.

Concretamente, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al momento de enviar el proyecto de reforma, modificación y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, derogó el artículo 241 de ese proyecto, que decía lo siguiente: “todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales”. Este artículo, lamentablemente, fue derogado del proyecto de Código Civil y Comercial que se está



discutiendo en el Congreso. Entonces, la otra propuesta –ya la hicimos en una audiencia pública en La Plata– es

que los diputados y senadores de las distintas bancadas políticas incorporen nuevamente esta cuestión en la agenda y no dejen pasar esta omisión que ha hecho el gobierno nacional, como ya lo hizo en su momento con el veto a la ley de glaciares, esta vez, borrando del proyecto del Código Civil este artículo que garantizaba al agua como un derecho humano. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Tiene la palabra el doctor Ernesto Lloveras, que es abogado en representación de la agrupación Vecinos Autoconvocados en Defensa de Nuestro Cerro, de la provincia de San Juan.

Le hago una aclaración al doctor: más allá de las interesas entre sanjuaninos y mendocinos, la ley de glaciares es muy clara respecto de que el IANIGLA no puede decidir hacer el inventario en Mendoza. Lo tiene que hacer en todo el país, no solamente en dicha provincia. Quiero decir que hay una cuestión que se discute en cuanto a que San Juan no quiere que el IANIGLA haga el inventario en San Juan, por la cuestión obvia, que todos conocemos. Pero la ley es muy clara: el IANIGLA es responsable del inventario de glaciares no sólo en la provincia de Mendoza, sino en todo el país, inclusive en San Juan. Sr. Lloveras. – Agradezco principalmente al señor senador Giustiniani.

Voy a hablar en mi doble carácter de abogado y de periodista. De periodista porque nos toca muy de cerca a los periodistas de San Juan que no estamos de acuerdo con la megaminería y nos hemos quedado totalmente afuera de la actividad de prensa y actualmente la mayoría están desocupados. Me tuve que refugiar en mi estudio jurídico. Dirijo el Instituto de Derecho Ambiental del Foro de Abogados. Es muy lamentable lo que está pasando con la megaminería.

Hablaré muy brevemente sobre los efectos institucionales y a nivel de la libertad de expresión. Lo primero que muere cuando llega la megaminería es la posibilidad de opinar. La libertad de expresión muere e inmediatamente comienzan a asentarse estas megaempresas. Esto lo vimos nosotros. Provengo de medios importantes de San Juan; trabajé también aquí, en la Capital Federal, representé a muchos medios en Cuyo y puedo decir que tuve a mi cargo varias redacciones en televisión, radio y medios gráficos.

Cuando llegó la megaminería no digo que cometí el error sino que simplemente opiné —porque también conducía un programa de temas científicos y ambientales— que la megaminería no era para San Juan porque venía de ser una provincia exitosa a nivel agroindustrial con vinos, champagne, dulces, frutos, de primer nivel, que exportábamos a todo el mundo. Sin embargo, sin preguntarnos a los sanjuaninos, se cambió el modelo de la noche a la mañana. La prensa pasó a sufrir, como decíamos, el primer embate. Se secuestró una revista, la revista Rumbos que fue distribuida un día domingo por el Diario de Cuyo de San Juan, donde cualquier persona iba al quiosco y sacaba el diario con la revista normalmente. El primer efecto que vimos fuerte del gran impacto de la censura de la megaminería fue que nos topamos con la sorpresa de que la revista Rumbos no estaba en los quioscos, no solamente del Diario de Cuyo sino del diario Los Andes de Mendoza.

¿Quién había secuestrado la revista? El propio medio porque había tenido presiones empresariales y del gobierno, dado que allí había un artículo escrito por una periodista seria que había hecho una investigación sobre el tema de la megaminería en San Juan y era crítico. No diría que era un artículo totalmente científico, serio, como lo tenemos, lo vamos a distribuir. Realmente que nos vengan a decir qué tenemos que leer a los sanjuaninos, tierra de Sarmiento, o a cualquier ciudadano del mundo… A partir de allí comenzó una guerra mediática que llega hasta el día de hoy. No se ven programas de televisión que se generan en



Buenos Aires, programas de TN Ecología ni programas de diferentes medios de comunicación; los domingos a la noche tampoco se difunde, salvo los que tengan DIRECTV —y esto no es propaganda— porque simplemente se hace uso del satélite que no se puede cortar.

Yo mismo como abogado he presentado reclamos y quejas judiciales por censura sistemática a los temas ambientales, sobre todo cuando es tratado desde Buenos Aires el tema de la megaminería en los canales de televisión. No se publica ni siquiera pagando las solicitadas. Con respecto a los que hemos querido tratar de sacar alguna opinión distinta pagando, inclusive depositando el dinero judicialmente, jamás hemos podido sacar ni siquiera una solicitada en la provincia de San Juan en los medios gráficos.

Por otro lado, la discriminación a los periodistas es realmente grave. Hay un grupo de periodistas que no ha querido aflojar. Se trata de personas que tienen su dignidad, sus convicciones y no han querido dar marcha atrás en cuanto a seguir pensando lo que muchos de ellos han investigado, inclusive en el tema del periodismo.

Otro dato que deseo destacar es que no existe periodismo de investigación en San Juan. Es decir, si uno quiere hacer periodismo, escuchar la radio, ver televisión o leer un diario se va a encontrar siempre con editoriales y artículos a funcionarios o empresarios de la megaminería, jamás a las personas que representan las ONG ambientales, jamás a una persona que pueda decir algo distinto o una investigación contraria. Por lo tanto, está totalmente definido por los medios de comunicación a través de la pauta, que es millonaria. Por eso, hago un reclamo a los legisladores argentinos respecto de que alguna vez se pueda legislar, es decir, se pueda sancionar una ley donde se transparente el tema de las pautas publicitarias. Detrás de la pauta hay una gran corrupción en nuestro país, allí está el apriete principal a los medios, a los periodistas y muchas veces también indirectamente a los políticos, a través de pautas millonarias en la libertad de expresión y en los medios.

Hubo también un hecho muy complicado, complejo, cuando fue la ex secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, a San Juan. Tuvo una reunión a solas con el gobernador de la provincia. Todos los periodistas —yo en ese momento ejercía el periodismo— esperábamos ansiosos para ver qué pasaba con la megaminería, dado que la máxima autoridad ambiental de Argentina se encontraba reunida allí con nuestro gobernador. La verdad es que no solamente no se convocó a una conferencia de prensa, sino que fue casi una huída, lamentablemente, de Romina Picolotti, quien tuvo también declaraciones previas un poco críticas respecto del tema de la megaminería y por eso duró realmente poco en su cargo.

Hay una baja calidad institucional, esto es algo muy grave porque tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen mucho que ver con la corrupción institucional que causa la megaminería. Hubo un intendente del departamento Calingasta, donde hay actualmente megaminería, que quiso preguntar a su pueblo qué pensaba de la megaminería a través de la democracia semidirecta; está previsto en la Constitución de la Nación Argentina, en la provincial, Carta Orgánica, que se puede consultar a los pobladores de diferentes departamentos. En tres oportunidades, —reitero— el intendente Adolfo Ibazeta de Calingasta, San Juan, quiso preguntarle a su pueblo qué pensaba de la megaminería. Jamás pudo llevar adelante ese proyecto porque siempre había un elemento formal de mínima importancia que era observado por el Poder Judicial; el mismo Poder Judicial que siempre ve para otro lado, hace oídos sordos en torno a estos secuestros de revistas, falta de libertad de expresión y discriminación.

El Consejo de la Magistratura ha suspendido una ley realmente importante para elegir



los jueces. Actualmente se están eligiendo un promedio de cuatro jueces por mes, ¡cuatro jueces por mes!, en San Juan, con un Consejo de la Magistratura totalmente politizado. ¿Qué quieren los gobernantes actuales para el futuro? Tener impunidad. Impunidad porque la megaminería lamentablemente trae este tipo de interrogante, digámoslo, dado que otros adjetivos pueden ser utilizados en este tema. ¿Cómo podemos calificar el hecho de que dos funcionarios hayan denunciado que se estaban liquidando mal las regalías mineras? La provincia de San Juan estaba perdiendo millones de pesos por año y se presentó la denuncia ante el Tribunal de Cuentas de San Juan. Luego, esto es abordado por el gobierno y con una tesitura totalmente errónea, cerrada y arbitraria se dijo: “no, vamos a seguir liquidando tal como van las regalías porque si no, a las empresas no les va a convenir y se van a ir”. Es el mismo criterio que se utilizó judicialmente para suspender durante un año y medio la aplicación de la Ley de Glaciares. Como decía recién el doctor Seguí, San Juan tiene, lamentablemente, la peor de todas las notas en Argentina al suspender una ley que nos costó casi sangre, sudor y lágrimas. A este mismo Congreso de la Nación veníamos los sanjuaninos, los catamarqueños, los riojanos, prácticamente todo el país, a debatir algo que tendría que haber sido muy simple: defender el agua, la vida, a los pueblos originarios y a la gente que quiere transparentar, que quiere controlar. No se pudo hacer.

El Poder Judicial en gran sentido es cómplice —soy abogado y esto me cuesta muchísimo luego cuando vuelvo a San Juan—, pero hay que decirlo: el Poder Judicial mira para otro lado y las acciones de amparo mueren; mueren ante la posibilidad de que uno dice: “bueno, vamos a defender a tal o cual sector porque está siendo invadido, contaminado y el agua escasea”.

De allí en adelante podemos decir que el Poder Legislativo también tiene lo suyo porque hay una ley que acaba de sancionar la Cámara de Diputados de San Juan por primera vez después de años de lucha de los productores. Aquí está presente el presidente de la Asociación de Viñateros Independientes, el ingeniero Ramos. El tema que ya existe en Mendoza es el de la emergencia hídrica. Pero se ha sancionado algo que es enviado como paquete, con moño y todo, desde el gobierno de San Juan a la Cámara de Diputados con mayoría absoluta. Esa emergencia hídrica realmente no tiene sentido porque existe la posibilidad concreta de que se puedan otorgar nuevas concesiones de agua, que es lo que quieren las empresas mineras, más agua, más agua, más agua. Por lo tanto, ¿para qué queremos una ley que declare la emergencia hídrica si no prohíbe la concesión nueva de agua para perforaciones con fines mineros o industriales en general?

Respecto del tema de los glaciares deseo señalar que es realmente patético lo que le dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación al juez que intervino en la causa y que suspendió la aplicación de la protección de glaciares. Le dijo prácticamente: “mire, no se ha cumplido con los mínimos requisitos para las cautelares”, esto lo pueden entender mejor los abogados. Muy brevemente, no puede ser que un juez se ponga en el lugar de las empresas y suspenda una ley nacional sancionada en el Congreso de la Nación, con la mayoría que obtuvo y con todas las idas y venidas de la Ley de Glaciares para defender los intereses de las empresas contra lo que dice toda una ley de preservación de protección mínima, básica, de glaciares, del agua. Eso es lo que está pasando en la provincia de San Juan.

Lo decía recién el senador Giustiniani, estoy aquí también porque quizás creemos que todo existe allá arriba, en la cordillera, a 5.000 metros de altura y que está alejado de nosotros. Y, por allí, muchos dicen: “bueno, la gente lo deja porque no observa las explosiones, no ve lo que ocurre cuando se demuele la cordillera sobre los glaciares, lo que pasa en Pascua Lama y Veladero”. Pero ahora ha llegado a tanto la fiebre extractivista –



realmente, ahora no hay límites-, que han centrado la atención a veinte kilómetros de la ciudad capital de San Juan hacia el sur, es decir, hacia la provincia de Mendoza. Allí está localizado el Departamento Pocito, lo que nosotros llamamos el pulmón verde de toda la provincia, donde están las viñas, la producción agrícola, los frutales, de primer nivel. Se califican con certificaciones ISO a nivel internacional, porque lo que produce Pocito se exporta a todo el mundo, por lo que es el orgullo de San Juan. Allí, sin ningún tipo de consulta a la población, se está por instalar una megacementera. Es increíble, porque hay un plan de ordenamiento territorial hecho por universidades y ONG donde se prohíben este tipo de actividades. También hay un plan que realizó el propio municipio desde 2008 hasta 2020 para evaluar qué actividades son las que corresponden a ese departamento, en el que claramente se expresa que son dos: la agroindustrial y la turística; nada dice de la actividad minera o industrial.

Por otro lado, en la Carta Orgánica Municipal de Pocito se habla de priorizar el agua, el ambiente, porque realmente es un departamento -como decía el exintendente, ahora vicegobernador- para vivir. Ahora parece que es un departamento para contaminar, porque se piensa instalar una megacementera –la más grande de Latinoamérica- en la principal área de producción agrícola de San Juan, donde en plena emergencia hídrica se va a consumir agua que no tenemos, siendo la única argumentación que va a generar puestos de trabajo para doscientas personas. Un solo desarrollo agrícola puede emplear a quinientas personas o más. Entonces, ¿cuál es el avance? ¿Qué es lo que se puede obtener como satisfacción?

Allí hay seis escuelas, dos plantas potabilizadores, tres sedes centrales del INTA, once bodegas, la ruta del vino de San Juan, cuatro viveros y veinte emprendimientos turísticos. Realmente, no se puede entender cómo puede haber una megacementera sin estudios de impacto ambiental y con un procedimiento para otorgar el agua que no ha sido cumplido por el titular de Hidráulica, que ha sido juez y parte, porque más allá de ser el titular, el que concede el agua en San Juan, ha sido durante mucho tiempo el consultor de la Knight Piesold, consultor internacional de Barrick. Esa es la persona que otorga el agua en San Juan.

Hasta aquí llego, porque no tengo más tiempo. Le voy a dejar al senador Giustiniani una carpeta con toda la documentación. Los esperamos en Pocito, en San Juan, para seguir reclamando lo que nos pertenece, que es la vida, el agua y la salud de todos. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Le vamos a pedir ahora que nos dirija la palabra el amigo Pino Solanas, que además de diputado es cineasta y presidente de Proyecto Sur. Sr. Diputado Solanas. – Mucha gracias, buenas tardes. Les agradezco por esta invitación.

Como el calor y el tiempo apremian, sintetizaré mi mensaje. Hemos participado en todo tipo de eventos tratando de instalar el gravísimo tema de la megaminería a cielo abierto. Pero bueno, van pasando los años. Recién comentaba que faltan muy poquitos años para que termine el yacimiento de minera Bajo de la Alumbrera. Es decir, los tiempos nuestros y las complicidades fabulosas con el modelo depredador extraccionista de esta minería avanza a ritmos muy distintos.

Pensemos que exactamente un 18 de diciembre –Día de los Inocentes- de 1997 los presidentes Frei y Menem firmaron el ignominioso acuerdo, inédito en el mundo, de complementación minera argentino-chileno, por el cual se cedía una franja de soberanía de cien kilómetros a cada lado de la frontera argentino-chilena para la explotación minera. Es decir, un corredor con aduanas, fuerzas de seguridad y comunicación propias. Esto no existía antes en el mundo.

Vayamos un poquito más atrás. Ya en los años 80, la Barrick Gold, empujada por los estudios del Banco Mundial que alertaban que a partir de los años 90 se iba a producir una



estampida de demanda de metales en el mundo, sobre todo el crecimiento de Los Tigres Asiáticos, se impulsó desde el Banco Mundial la reforma de la legislación minera en setenta países. A la Argentina le llegaron sesenta y tantos millones de dólares, que se desparramaron en esta bendita Casa; puede ser que también en la Secretaría de Minería y hayan mordido algunos peces mayores de la época. Lo curioso es que esa reforma es pareja en esos setenta países. Era el estatuto del coloniaje y de la impunidad.

En ese entonces, quien presidía la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados era José Luis Gioja; su hermano, César, la presidía en el Senado; y Ángel Maza era secretario de Minería en el gobierno de Carlos Menem. ¿Les dice algo estos nombres? Cuando uno lee esas leyes y la reforma del Código Minero, dice: “No puede ser. ¿Esto lo aprobó el Congreso de la Nación?”, porque es tal la cesión de derechos, del interés nacional y de la soberanía a las grandes transnacionales mineras, que escandaliza. En estos treinta años de estabilidad fiscal, no cobrando impuestos ni del cheque, ni de la nafta, libres sus derechos de importación de todo el material, ¿dónde estaban los gobernantes y los legisladores de aquel momento? Algo realmente vergonzoso.

Bueno, la frutilla de todo esto era la necesidad de las transnacionales de asegurarse la salida por Chile de sus explotaciones mineras de la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes seguramente es la quinta o séptima reserva de metales del mundo. Desde Los Andes no era negocio hacer 1.000, 1.200 o 1.500 kilómetros hacia los puertos atlánticos. Entonces, ese fue el mayor acuerdo que coronaba y aseguraba el desembarco y las inversiones millonarias de las transnacionales.

En consecuencia, no solo somos víctimas de un despojo tremendo. Pensemos que verdad lo en sus páginas web nosotros rescatamos internacionales que Veladero anunciaba una media de producción de 6.000 onzas de oro por día, pero tuvo picos, como en octubre de 2010, cuando llegó a 11.000 onzas de oro por día. A 1.600 o 1.700 dólares la onza, solo de oro hay más de 4 mil millones de dólares. Pero donde se saca oro, se saca cobre, se saca plata y sesenta metales, todo sin control público, a simple declaración jurada La responsabilidad directa por ese despojo, por ese contrabando agravado, es de la presidenta de la Nación.

Ahora bien, ese es uno solo de los yacimientos, porque acá se declaran exportaciones por 4 o 5 mil millones de dólares al año. Uno de esos yacimientos exporta más, sin duda, de esos 5 mil millones de dólares.

Entonces, que ningún gobierno haya exigido la refinación de los metales en la Argentina, que ninguno haya tomado las innumerables denuncias del despojo y vaciamiento del agua en regiones desérticas y del impacto gravísimo que se provoca sobre regiones protegidas, como es la biósfera de San Jerónimo en Pascua Lama y Veladero, que ese tratado de los 3.000 kilómetros y 200 kilómetros de ancho atraviesa como treinta y tantas reservas naturales.

Estamos en el reinado de la impunidad, la sordera y el mirar para otro lado frente a la denuncia fuerte. Se lo ha denunciado de todas maneras. Hoy existen diez, veinte, treinta libros –no sé cuántos han escrito los especialistas–, hoy hay muchísima documentación. Se han presentado decenas de proyectos para prohibir esta minería contaminante que baja hacia los valles, que lesiona los cultivos y que, a la vez, saca la poca agua y contamina el nacimiento de las cuencas hídricas.

En definitiva, termino diciendo que esta es una de las mayores asignaturas pendientes que tiene este Parlamento Argentino y que tenemos los legisladores. Como la maquinaria es muy pesada de mover, nosotros dijimos que una de las líneas divisorias entre los intereses del neocolonialismo depredador, que es ese, y la defensa de los intereses de nuestros pueblos es



la megaminería y cómo nos plantamos frente a ella. Hemos tenido movilizaciones de poblaciones afectadas, el trabajo de las asambleas

ciudadanas y todo tipo de marchas, enfrentando incluso la represión y habiendo sufrido en carne propia esos impactos, sufriendo el castigo de las patotas de los gobernadores de esas provincias mineras, donde no tiene diferencia ninguno de los dos partidos tradicionales. El bipartidismo fue la heredera o la ejecutora y defensora de los intereses neocoloniales en la Argentina en toda esta década y en la década de los noventa. ¿O hay una diferencia entre los Castillo, Brizuela del Morral y los Gioja o esta muchacha que gobierna la provincia de Catamarca? Sr. Participante. – Corpacci. Sr. Solanas. – Ninguna diferencia. Viene uno, sale el otro, pero hacen uno dos frente a la corporación minera. En definitiva, hay que generar una fuerza política grande que se una para enfrentar los intereses del neocolonialismo, de cualquier color que venga. No lo veo por aquí, pero sé que está seguramente nuestro amigo Lucio Cuenca, con quien yo conversé este año. Conversamos sobre la necesidad de hacer, Rubén, una gran movida legislativa argentino chilena. Nosotros deberíamos hacer una movida sobre este tema en la Argentina y en Santiago de Chile, pero deberíamos ir en delegación a hacer una recorrida para cortar con una buena tenaza cualquier impedimento a que recorramos todos los caminos de los Andes sanjuaninos, por dar un ejemplo, de un lado o del otro de la frontera.

Hoy tenemos información de que se están lesionando glaciares ahí en Pascua Lama, pero esto es zona prohibida y no llega nadie. Creo que es urgente que nos organicemos y que una delegación de senadores y diputados de ambos países visitemos la zona y hagamos la denuncia correspondiente y esa movida la continuemos en nuestras dos capitales. Muchas gracias. (Aplausos.)

Participante. – Sin aviso previo. Sr. Solanas. – Sí, claro. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor Albero Lucero, que es director de la Cámara de Turismo de la provincia de Mendoza. Sr. Lucero. – Buenas tardes. Estoy orgulloso, satisfecho y muy emocionado de estar en este salón acompañado de estas celebridades, de estos legisladores, que han empezado a tomar en mano propia lo que desde las provincias afectadas venimos haciendo desde hace varios años.

Soy mendocino, nací en San Rafael, en el sur de Mendoza, y recuerdo ver allá por los años cincuenta camionetas conducidas por gente vestida como los exploradores ingleses. Yo con los ojos grandes los miraba, luego con los años entendí que estaban realizando el Plan Cordillerano. Estaban relevando físicamente, personalmente los yacimientos que había en nuestra cordillera; no existía la prospección satelital.

Con esto quiero decir que es cierto que en los últimos años del neoliberalismo salvaje que padecimos en la Argentina se acentuaron los avances de estos colosos financieros, pero las mineras respaldadas por grandes capitales internacionales tejen el tejido a décadas de anticipación. Entonces, hoy estamos viviendo en Latinoamérica lo que ellos habían previsto en el año 1950 y aún antes.

Tengo la suerte de haber sido desde los comienzos, casi los comienzos, de la lucha mendocina uno de los que participó junto a otros que acá estamos, con mucho mayores méritos que yo porque son de las zonas afectadas, son de los cátodos de sacrificio, son gente que vive en San Carlos, en Tunuyán, donde tuvieron que poner el pecho primero al desembarco de las mineras.



Allá por 2005, empecé a sumarme en esta lucha y constituimos lo que se llamó AMPAP. Quiero hacer especial énfasis en esto, porque es cierto que nuestros legisladores no lo necesitan, pero los asistentes de otras provincias que están empezando la lucha o que están continuando la lucha sí necesitan saber que nosotros tuvimos el privilegio, la suerte, la vocación de constituir asambleas en cada localidad afectada, y todas esas asambleas se unieron en 2006 bajo el nombre de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. Acá hay gente que estuvo en esa asamblea fundacional.

Luego, en una instancia superadora, constituimos algo que ha sido el broche de oro de nuestra lucha y lo que nos ha permitido –como decían mis antecesores mendocinos en el uso de la palabra– inundar de miles de gente las calles mendocinas cada vez que hemos salido a protestar.

Asimismo, hemos constituido una coordinadora por el agua en la que participan los partidos políticos, los sindicatos, las ONG y los centros de estudiantes, y hemos logrado el sustento humano que es a lo único que le temen estos colosos financieros. Porque como sus acciones cotizan en bolsas internacionales, estas disminuyen cuando en las zonas afectadas se arma despelote. Entonces, en Mendoza, la única solución que nos ha permitido detener el avance de estas empresas ha sido la organización.

En alguna oportunidad definí a estos colosos como los propietarios de las tres “p”. En efecto, ellos son propietarios de nuestra pobreza, y para nosotros son perjudiciales y prostituyentes en sumo grado.

En cuanto a la pobreza, ni les cuento sobre los muchachos de San Juan y sobre los catamarqueños, que, como decía Pino recién, cuando Castillo hizo detonar la primera bomba –para la primera explosión– dijo: “esto es futuro promisorio para Catamarca; acá se va a crear toda la riqueza catamarqueña”. Sin embargo, hoy Andalgalá sigue siendo una de las provincias más pobres de la Argentina. De hecho, desde 1997 un caño de diez pulgadas está succionando la riqueza de un yacimiento emblemático para la historia de nuestro país, el Yacimiento Minero de Agua de Dionisio.

Más aún, ese yacimiento, Agua de Dionisio, descubierto por un geólogo tucumano, fue donado por él a la Universidad de Tucumán para que quedara como un bien para las universidades pero, en épocas posteriores –¡con el concurso de los traidores con los que contamos en todos los estamentos del país, no solamente en este edificio, sino en todos!– se logró cambiar la ley, avanzar y entregar esa riqueza, que ya hace quince años que se la están llevando.

En una oportunidad en la que se rompió el mineraloducto, los muchachos de la zona, preocupados por el barro que surgía de allí, tomaron una muestra y la enviaron a analizar, pero no al laboratorio de Alberto Lucero de Buenos Aires, sino a un laboratorio de Canadá. Cuando llegaron los resultados descubrieron que lo que se llevan en minerales y no declaran supera cientos de veces lo que declaran como oro.

Atención, a nosotros, desde Suiza, la empresa prolijamente nos dice “tiene tanto oro”. Y, de acuerdo con lo que ellos declaran, nos liquidan las regalías. Pero lo que no dicen es que allí también encuentran tierra rara, titanio, antimonio, etcétera. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que comprar los lentes en Suiza, lo hacemos sin pensar que ellos utilizan como materia prima los minerales que se llevaron de nuestro suelo. Además, el cobre refinado que compramos y que utilizan nuestras industrias, nuestros motores, también sale de acá.

De pobreza no hablemos más. En cuanto a si es perjudicial, estos proyectos lo son. Estos proyectos de megaminería

son perjudiciales desde la “a” hasta la “z” y no tienen absolutamente ninguna faceta que



resulte positiva para un país que aspira a una forma de vida mejor para sus ciudadanos. Sin embargo, el oro vale más que la vida. Tres gramos de oro por tonelada de roca

molida determinan que tienen que hacer reventar un cerro por día para, luego, poder lixiviarlo con agua y con cianuro, a fin de obtener, a su vez, los once millones de onzas que se van a llevar en todo el proceso. Es decir, 20.000.000.000 de dólares que nos sacarán ante nuestras narices.

Por supuesto que esto implica un consumo de agua que para la gente que vive en esta hidratada zona no resulta cuantificable, pero para nosotros los mendocinos no es así, ya que tenemos un millón y medio de personas viviendo en el oasis norte de la provincia y que están siendo alimentados por un chorrito de un río que trae 50 metros cúbicos por segundo. Si realizamos una comparación, el Paraná trae 10.000 y el Amazonas 50.000 metros cúbicos por segundo, pero –reitero– nosotros contamos con 50 metros cúbicos por segundo. Es decir que con sólo esa cantidad de agua comemos, bebemos, sufrimos, plantamos, morimos, nos enterramos. Pero, además, esa es el agua –y se mostró recién– que se necesita para llevar adelante los proyectos mineros.

Por eso, en cuanto al yacimiento de la minera San Jorge que querían explotar en Mendoza, quiero comentarles que alegremente pensaban utilizar y contaminar 8.000.000 de litros de agua por día. Una cantidad que para nosotros los mendocinos que vivimos en un desierto, en el que cada plantita tiene que ser regada a mano, significa un desperdicio total.

Luego sobre la tercera “p”, la de prostituyente, esto salta a la vista. Ojalá no existiera esta prostitución que ocasiona el avance brutal del neoliberalismo en todas sus facetas. Porque lamentablemente no sólo lo padecemos en la megaminería, sino que también ha atacado a nuestras estructuras básicas, entre ellas, a nuestra ética, a nuestra moral y a nuestras costumbres. Entonces en la medicina, en la seguridad, en la política y en la minería se prostituyen. Porque de lo contrario –como dijo Pino– no se entiende que gobiernos continuados respeten a rajatabla los designios de las empresas mineras; o, quizás, sí se comprenda dado que el señor José Luis Gioja fue presidente de la Comisión de Minería y, luego, gobernador de su provincia y también el señor Mazza fue secretario de Minería y después alcanzó el cargo de gobernador. En cuanto al vicegobernador de Mazza, Beder Herrera, quien se ganó el apoyo popular porque dijo: “Yo me voy a oponer a la megaminería”, cuando la gente lo votó, asumió, se dio vuelta como un panqueque y, en la actualidad, sigue defendiendo la megaminería.

Entonces, a la prostitución que ocasiona este sistema perverso donde los miles de millones de dólares corren profusamente es a lo que tenemos que oponernos.

En Mendoza nos ha ayudado la gente en las calles –la participación popular– y, además, el acceso a Internet que, por supuesto, ha resultado una herramienta fundamental. De hecho, siempre digo que mi abuelo no sabía que la Minera Aguilar en Jujuy estaba realizando operaciones en un yacimiento de plomo, y como consecuencia de esa explotación encontramos que aún hoy los niños de la zona padecen de un saturnismo que es superior al de la media nacional. Pero mi abuelo eso no lo sabía porque estas cosas se cocinaban en los escritorios de Buenos Aires. Ahora, con el avance de Internet, nosotros hemos podido enterarnos de muchas cosas. En efecto, si cualquiera de ustedes entra a las diversas páginas de la web –no de la mina– encontrará información de Mendoza, del país, de Latinoamérica y del mundo, para cocinar y divertirse.

Es decir que tenemos a disposición el conocimiento. Y como el conocimiento es lo único que nos hará libres, en Mendoza, tenemos la suerte de haber generado un movimiento que ha dado sus frutos, entre ellos, la Ley Nº 7722. Y si bien, en 1993 nosotros no pudimos



oponernos a las leyes nacionales, leyes que habían sido aceptadas por nuestra legislatura, que tuvo que aprobar las emanadas durante ese gobierno de Carlos Menem. Sr. Participante. – Adherir. Sr. Lucero. – Tuvo que adherir. Nuestros legisladores mendocinos a quienes les pagamos el sueldo con nuestros impuestos, los que tendrían que haber defendido el agua, alegremente, adhirieron a esas leyes nacionales. Entonces, se generaron puebladas y las caras mendocinas marcharon por las calles frente a la Gendarmería, cercaron la legislatura y lograron que esta aprobara la Ley Nº 7722 que, como no puede prohibir la megaminería, tiene un artículo por el que se declara que en la minería metalífera a cielo abierto se prohíbe el uso del cianuro, del ácido sulfúrico y otras sustancias contaminantes. Y eso les pinchó el globo a las megamineras, porque no tenían previsto que alguien legislara así.

Por ese motivo en Mendoza no tenemos megaminería y nosotros vamos a seguir luchando por ello.

Yo soy empresario, represento a la actividad turística y defiendo mi paisaje porque vivo de algo de lo que la gente apetece: la pureza del paisaje. De hecho, a Chernobyl nadie va a hacer turismo y, en cuanto a la Reserva de San Guillermo que antes fue citada, sí iban turistas, pero ahora ni siquiera se puede llegar porque el camino está encadenado. Entonces es verdad que un montón de actividades muchísimo más sustentables y muchísimo más aceptables para la sociedad se pierden cuando llegan estos colosos financieros.

Ya termino y les pido disculpas si me excedo durante dos minutos, pero yo quisiera que de esta reunión surgiera un objetivo. Y lo digo con todo respeto hacia los legisladores a quienes les agradezco porque, si ellos no hubieran abierto la puerta, nosotros seguiríamos con nuestras luchas callejeras y, sin embargo, ahora cada vez tenemos más llegada. Como manifesté en una oportunidad que tomamos la legislatura de Mendoza, esto me hace correr las lágrimas, porque cuando empezamos esta lucha éramos veinte o treinta personas, pero en la actualidad tenemos trascendencia pública. Nos están filmando y estamos llegando a todo el país. Entonces, nuestro mensaje va teniendo un factor de multiplicación espectacular. Por ese motivo, con todo respeto, les pido a nuestros legisladores que apuntemos a un objetivo de máxima, como el de la modificación del marco normativo minero.

Nosotros no podemos seguir encadenados con estas leyes que nos entregan. Por supuesto que –por las leyes de estabilidad fiscal, el CIADI y la mar en coche– muchas de las cosas que ya figuran nos la vamos a tener que comer, pero, por lo menos, que no sigan avanzando. Por lo menos que esto signifique un cambio y una regla para nuestros hijos.

Por otro lado, propongo difundir lo que está sucediendo acá –cada uno en su entorno– a fin de permitir la concientización. Porque si treinta y cuatro millones de argentinos decimos “¡No!”, estas empresas no avanzan, que es lo único que estos colosos financieros entienden: la gente en las calles. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente.- Tiene la palabra el ingeniero Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. Sr. Ramos. – Muchas gracias por la posibilidad de poder expresarnos.

Les quería comentar que tuve la oportunidad de participar en el transcurso de los debates que se realizaron con la aprobación posterior de la Ley de Protección de Glaciares. Además, quería decirles que en San Juan el sector agroindustrial agrícola representa unas cien mil hectáreas, donde la mitad son viñedos y el resto son otras actividades, y donde la actividad vitivinícola en particular, buena parte de lo que nosotros producimos, se exporta. Por ejemplo, exporto uva, y llegamos a Rusia con uva fruta, y así llegamos a varios países



como Indonesia, Hong Kong, los Estados Unidos. Lo mismo pasa con el vino, vamos a cincuenta y pico de países, con el mosto, el jugo de uva, en San Juan, que va a la bodega.

El 52 por ciento este año se hizo jugo de uva. Muchas veces piensan que la uva es vino, y hay veinte tipos de uva. Una es para vino y otras para pasa. San Juan produce mucha pasa, que no va a la bodega por supuesto, que se exporta, produce buen fresco, importante cantidad que se exporta. También abastecemos al 90 por ciento del mercado interno San Juan. Semilla es un centro semillero importante. También producimos tomate, melones, una cantidad de cosas que tienen que ver con el abastecimiento del mercado interno, es decir, hoy tenemos una posibilidad inmensa en el mercado exterior. La cosecha va a empezar para bodega y para ser jugo de uva en febrero o marzo. Ya hoy nos hemos quedado sin mosto sulfitado, porque todo se ha exportado. Entonces, hay grandes posibilidades de desarrollo de nuestra economía si apoyamos el campo.

Este gobierno, sobre todo Gioja, ha buscado que nosotros no tengamos rentabilidad. Entonces, de esa forma ha permitido que muchos pequeños productores abandonen la actividad. Hay más de mil propiedades abandonadas en San Juan. De 220 bodegas que hay autorizadas por el INV, 130 están en funcionamiento, y 80, paradas. No es que produzcamos menos, sino que se ha concentrado el mercado, ha habido una política de concentración económica. Los grupos monopólicos se han concentrado más que antes.

Entonces, quería comentarles también que esta actividad no puede crecer en San Juan. Por ejemplo, como soy secretario adjunto de CAME a nivel nacional, hemos tenido reuniones en La Rioja, Catamarca, Mendoza, y que nos dice las comisiones de trabajo, cuál es el limitante fundamental aparte de tener un problema de competitividad con el valor del dólar. Tenemos el problema de la falta de agua. En todos los casos, la posibilidad de crecimiento está limitada por la falta de agua. En San Juan, tenemos una crisis hídrica impresionante. Para darle un número, necesitamos dos mil hectómetros cúbicos. El gobierno ha venido mintiendo con las estadísticas y así ha hecho fracasar muchas producciones porque después no estaba el agua. Tenemos agua superficial y agua subterránea. También hoy se está tratando de salvar la situación con el agua subterránea. El tema es que este año vamos a tener previsto menos de la mitad de agua necesaria. Cuando pedimos hace tres o cuatro años la emergencia hídrica, el gobierno no quería darla porque no quería que los inversores de la minería se enteraran que el problema nuestro era que faltaba el agua. Por ley, la superficie bajo riego tiene ya establecido una cantidad de agua, y esa agua no llega al productor, sino menos de la mitad. Entonces, tenemos un derecho de agua para 160 mil hectáreas y el productor riega menos de la mitad. El resto de lo que se riega es con agua subterránea. Tenemos más de mil perforaciones en actividad que extraen agua del subsuelo y que hoy están bajando las napas. Han bajado sustancialmente. Entonces, tenemos riesgo de quedarnos sin agua superficial, tenemos los dos diques secos. Vamos a tener tres diques porque se está construyendo un tercero. Estamos hablando de la cuenca del Río San Juan, el Dique Ullum no tiene agua y Caracoles tampoco.

Y quiero contarles también que tuve oportunidad de exponer acá cuando el senador Filmus presidía la Comisión, y como en su voto cuando se definió la Ley de Glaciares fue favorable a la protección de los glaciares y periglariares, los otros días fue a San Juan y fíjese lo que le pasó: lo esperaba una patota donde le tiraban huevos y tomates.

- Se exhibe documentación al público.

Sr. Ramos. - Yo estuve presente porque iba a dar una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales y afuera lo esperaba una patota, que dicen que eran trabajadores mineros, cosa que nosotros creemos que no era así. Entonces, si a los propios lo tratan así, se imaginan lo que



nos pasa a nosotros que estamos allá. Por eso, le pedíamos al senador Filmus que denunciara esto. Aprovecho la

oportunidad para decirle al senador que lo denuncie, porque fue una agresión gratuita, hay que investigar quién fue, por qué. Acá lo dice el diario: “La militancia duele”. Justifica porque dice que tuvo que ver con una ley porteña. Esto es lo que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, a mí me sacan con un trajecito de presidiario. Acá los clubes, hablando del turismo, del dique a la deriva, las consecuencias del Perilago del Dique Ullum, pidieron subsidiar, ayuda económica, está todo el turismo perdido. Es lo que está pasando hoy.

En definitiva, hoy decía un productor: “Queremos agua, no importa que esté un poco contaminada”. Hoy estamos viendo que no viene agua, están viniendo treinta metros cúbicos por segundo, y tendrían que venir sesenta. Estamos viendo que los requerimientos de agua con el calor cada vez son más y el agua no aumenta. Entonces, los productores nos movilizamos por defender el derecho del agua. El gobierno quería que se transfirieran los derechos para privatizar el agua, y logramos que así no fuera. Después que se declarara la emergencia hídrica, se declaró, pero sin que impidan las concesiones a nuevos proyectos.

Entonces, si hay crisis hídrica, porque no alcanza para las economías que ya están instaladas, y le vamos a dar agua a una nueva economía, quiere decir que le está quitando posibilidad de crecimiento o mantener lo que ya está instalado. Esta es la situación que se vive hoy. Lo podemos analizar a partir de estos años y aparte cuál ha sido el beneficio económico.

Por ejemplo, le iba a decir a Giraud que él dijo 17 mil puestos, o estás equivocado vos o está equivocado el gobierno de San Juan, porque dice 64 mil puestos. El 30 por ciento de los sanjuaninos vive de la minería. Entonces, también hay una propaganda parecida a esta que dice: No tenemos soja, no tenemos trigo, no tenemos carne, basta de miseria, todo lo que hacemos es miseria. Tenemos que desarrollar la minería. Esto es lo que estamos viviendo, por esto, los otros días, inauguramos una obra importante un intendente que es hermano de Gioja entonces, dijo que es obra la hemos hecho con recursos –todos pensamos que iba a decir de la minería, pero dijo– de la soja. Porque estamos recibiendo más de la soja que de la minería. Lo que pasa es que nosotros recibimos la coparticipación especial y el gobierno ha procurado darnos un plus de obras públicas para justificar parte de las obras que se hacen. Hasta un túnel vamos a construir de cerca de los mil millones de dólares. Ya se ha aprobado en esta Cámara recientemente en el nuevo Presupuesto. Esto es un poco para interesarlos de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos que analizar si este desarrollo conviene o aplicamos esos beneficios para nuestro sector. Y si a nosotros nos dan los mismos beneficios, hubiéramos puesto el riego por goteo, mayor inversión, mejor tecnología porque nosotros, los productores, no tenemos los beneficios que tiene esta actividad. Muchas gracias por la atención. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Entramos en algunas intervenciones del abordaje de la megaminería en el contexto latinoamericano. Tiene la palabra Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Sr. Cuenca. – Buenas tardes. Quiero agradecer la invitación a la Comisión, a su Presidencia que nos ha convocado a esta reunión. Quiero contarles que esta semana, junto a una delegación de chilenos y chilenas, estamos participando del Tribunal Latinoamericano del Agua denunciando el Proyecto Pascua Lama. Quiero presentarles a dos dirigentes que en este momento están aquí que son del Valle



del Huasco, que es el lado contrario a San Juan en Chile que son Valeska Urqueta y Rodrigo Villablanca. Ellos son dirigentes locales y sin dudas, si tienen la oportunidad de conversar con ellos, podrán compartir experiencias importantes sobre 432432este tema. Quiero referirme a algunas cosas que, desde mi perspectiva, puedan desmitificar lo que es el Chile minero. Sin dudas, muchos de los aspectos que se han planteado acá que tienen que ver con las cuestiones de contexto del modelo no las voy a repetir. Creo que han quedado muy bien expuestas en los panelistas anteriores. Pero me gustaría centrarme en algunos aspectos que muestran la otra cara de lo que normalmente se da a conocer como el modelo minero chileno. Estamos profundamente preocupados en este tiempo porque los anuncios para Latinoamérica de inversiones de empresas transnacionales son históricas, son como nunca antes habían existido en el mundo. Son del orden de los 320 mil millones de dólares para los próximos 8 años, de los cuales un poco más de 100 mil de estos millones de dólares están focalizados hacia Chile. Por los antecedentes que les voy a entregar, seguramente ustedes entenderán nuestra preocupación frente a lo que algunos consideran una noticia tan alegre e importante para nuestros países. Lo primero, para analizar el Chile minero hay que considerar un par de cosas. Primero que es el régimen jurídico, como se mencionaba acá, que fue transformado en muchos de nuestros países a partir de presiones y políticas internacionales pero que en el caso de Chile se crean en tiempos de dictadura y de manera unilateral. Chile fue un modelo del neoliberalismo y muchos de estos instrumentos que luego se crean en varios de los países de la región en Chile se asumen como parte del proceso de refundación de nuestro país que se hizo en dictadura. En eso quiero mencionar dos cosas clave para el tema de la minería. Primero, que la minería en Chile es la única actividad económica que tiene mención explícita en la Constitución y tiene garantías, protecciones desde la Constitución hacia abajo. En la Constitución, se crea el concepto de concesión plena que permite entregar concesión del subsuelo en propiedad pero, además, garantizar la propiedad privada y hacerla prácticamente inexpropiable. No me voy a extender en los detalles de eso, pero es una característica del marco jurídico, del régimen jurídico que sostiene este modelo minero. Lo otro es la privatización del agua. Tenemos leyes, la Constitución incluida, que están vigentes desde comienzos de los años 80 donde se transforma el agua en una mercancía y se privatiza y, por lo tanto, el principal instrumento de su gestión pasa a ser el mercado. Eso ha permitido, entre otras cosas, que la concentración de la propiedad del agua, sobre todo del Norte de Chile, esté en manos de las corporaciones mineras poniendo en jaque la vida de mucha gente y de otras actividades económicas. Nosotros entramos a la transición a la democracia en el año 90 teniendo una actividad minera de una dimensión –siendo el principal productor de cobre del mundo– tal que se producían 1,8 millones de toneladas de cobre. Pasaron 20 años de auge de inversión minera y llegamos al año 2000 con 5,6 millones de toneladas de producción. En el año 90 teníamos un 70 por ciento de la producción minera en manos del Estado, producto de las políticas de los comienzos de los años 70, de la nacionalización del cobre del gobierno de Salvador Allende, solo un 30 por ciento de producción privada y, llegamos al año 2000 con estos niveles de producción, tres o cuatro veces multiplicados en 20 años done hoy en día un 28 por ciento está en manos del Estado y un 72 por ciento de corporaciones transnacionales. Si a eso le incorporamos un análisis respecto de los supuestos beneficios que tiene esta actividad o que ha traído a la economía y a bienestar de nuestra población, de nuestros



pueblos y comunidades nos damos cuenta de que, como se ha mencionado acá, se ha construido la base política, institucional, económica para saquear a nuestros países de este tipo de recursos y entregarles una serie de garantías a las corporaciones transnacionales. En Chile no hay royalty, el mineral se le entrega de manera gratuita a las empresas, lo que hay es un impuesto específico que, engañosamente el gobierno de Ricardo Lagos le llamó royalty, pero no lo es. No es un pago de renta por el recurso y que es una cantidad ínfima, además de otras garantías tributarias donde a las empresas legalmente se les permite disfrazar sus ganancias en sus balances a partir de operaciones con empresas relacionadas tanto para los créditos de las inversiones como con la venta de los minerales. Eso permite que, finalmente, igual el pago de los tributos sea bajo en comparación con el volumen de esta actividad extractiva. Entrego algunos datos en ese sentido; por ejemplo, por año, en promedio la empresa estatal Codelco le entrega al Estado de Chile un excedente de aproximadamente 10.000 millones de dólares, lo que representa hoy en día el 28 por ciento de la producción. Las empresas trasnacionales no pagan más de 3.000 millones de dólares, lo que representa el 72 por ciento de toda la producción de ese mineral. Entonces, escarbando sobre esta cifra, uno se pregunta –se supone que Chile siendo un país minero, de cultura minera, y demás que nos ha pesado mucho durante todo el siglo XX y durante estos últimos años– dónde están quedando estos supuestos beneficios. Se trata de cantidades millonarias. En los últimos años, las empresas han repatriado utilidades del orden de 20.000 millones de dólares por año. Eso significa dos tercios de todo el presupuesto nacional para toda la operación del Estado, de los servicios, los ministerios, durante un año, que son aproximadamente entre 35.000 y 40.000 millones de dólares al año. O sea están llevándose dos tercios sólo las empresas trasnacionales mineras de todo lo que el Estado chileno gasta en educación, en salud, en ministerio, etcétera, en el año. Esas son las relaciones con respecto al tema económico. A esto hay que agregarle otra serie de aspectos o dimensiones que tiene la actividad que no está registrada en ninguna parte o no le interesa a ninguna de las partes interesadas o cómplices de este modelo minero. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el tema de la energía. Hoy en día hay muchos conflictos en Chile por la construcción de centrales termoeléctricas a carbón, porque la energía es más barata, por grandes represas como en la Patagonia con el proyecto HidroAysén y otros tantos más también de empresas trasnacionales, que están fundamentalmente en función de atender la demanda energética de la minería. La población requiere un 16 por ciento de todo lo que produce energía eléctrica; la minería, el 37 por ciento de toda esta actividad. Pero también hay que considerar, por ejemplo, que la minería, por cada tonelada de cobre que se produce, genera 3,2 toneladas de dióxido de carbono de todas sus actividades, incluido el uso de la energía, el combustible, etcétera. En nuestro país la cantidad de emisión promedio por habitante es del orden de los 4 ó 4,5 toneladas por año; o sea, la minería es responsable de más del 25 por ciento de todas las emisiones de gases efectos invernadero de Chile. Además, hay que tener en cuenta, que Chile los últimos años es el país que más ha incrementado la producción de gases efecto invernadero en Latinoamérica y es el segundo a nivel mundial después de China. Por lo tanto, desde el punto de vista de la responsabilidad frente a la comunidad internacional, la minería también tiene algo que decir respecto de su incidencia en estos temas. Otro tema muy delicado que se ha mencionado reiteradamente sin duda es el uso intensivo de los recursos hídricos. La minería necesita mucha energía hoy en día con relación



a lo que necesitaba hace quince o veinte años, usa 45 por ciento más de energía eléctrica que lo que usaba hace dos décadas por la tecnología que está usando.

En algunas regiones, el consumo de agua por la actividad minera supera el 50 por ciento de toda la disponibilidad de agua. Eso ha llevado a que esta expansión en los últimos años tenga a todas las regiones del norte del Chile en una profunda crisis hídrica. Hay zonas como la provincia de Copiapó, donde viven 150.000 personas, que están amenazadas de quedarse sin agua para consumo humano en los próximos dos o tres años, por informes que han hecho las propias empresas mineras y los servicios del Estado. En el norte de Chile, hay una terrible escasez de recursos hídricos que amenaza atender las necesidades de abastecimiento hídrico de las comunidades y de las distintas ciudades en estas regiones. Sin duda uno de las aspectos importantes de esta expansión que no es sólo en producción, en consumo de energía de agua, sino que también es territorial. En Chile, eso significa que la gran minería, que se concentraba en el norte, se ha ido expandiendo hacia el sur. Por lo tanto, ha invadido territorios que tradicionalmente tenían otras vocaciones, otros usos, como fundamentalmente la agricultura. Las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, que desarrollaban su vida en torno a otras actividades, han visto su vida amenazada producto de esta expansión. No sólo eso, sino que esta expansión territorial también se va hacia la zona alta de la cordillera, y ahí nos encontramos con ustedes y con lo que aquí se ha expuesto respecto del Tratado Minero entre ambos países. Hay faenas que se están desarrollando como Pascua Lama a más de 5.000 metros de altura. En los últimos meses, en el caso de Pascua Lama, no sé las cifras de Argentina, a menos de un año a la fecha han muerto tres o cuatro trabajadores de la faena en el lado chileno producto de los efectos de la altura. ¿Quién se hace cargo de eso? El tercer país de territorio entregado en soberanía prácticamente a estas compañías y no dan cuenta de eso. Nuestras autoridades no se hacen cargo. Para ir cerrando, el límite que se le está poniendo a la expansión de la gran minería en nuestro país no es por parte de las políticas o de las autoridades que se han dado cuenta lo perjudicial que está siendo esto para nuestro país desde todo punto de vista. Si se revisan las estadísticas de producción, los últimos tres o cuatro años la producción de cobre de Chile, que es la más importante, ha estado estancada. Eso también ha permitido que los precios se mantengan altos. ¿Por qué ha estado estancada? Porque no hay agua, porque no hay energía y por la resistencia que están oponiendo distintas comunidades en diversos territorios sobre todo en el norte de Chile. Entonces, ahí están surgiendo una serie de soluciones que tiene que ver con resolver estos temas, como, por ejemplo, la termoelectricidad a carbón que es la más contaminante, pero que ya está siendo resistida por distintas comunidades y pueblos a lo largo de todo el norte de Chile y sobre todo de las zonas costeras. También hay que consignar que es parte y se conecta con este despertar que hemos tenido de los movimientos sociales en Chile los últimos dos años, donde sin duda lo más relevante ha sido el movimiento por la educación, contra el lucro, pero que hoy en día se conecta. Los movimientos por la educación pública, gratuita y de calidad están planteando la problemática de la minería, están planteando la nacionalización, están planteando la nacionalización del agua, están planteando la preocupación con respecto a la ley que privatiza los recursos pesqueros en Chile, que está debatiéndose en estos días en el Parlamento. También están planteando, porque se han dado cuenta por la madurez que ha adquirido el movimiento, que el tema del lucro en la educación, así como la soberanía sobre los recursos naturales tiene que ver con la Constitución. Hoy en día adquiere más fuerza el movimiento por la reforma, por el cambio de la Constitución. Un amplio sector de los movimientos



sociales está planteando hacer esto a partir de una Asamblea Constituyente. Con esto quiero cerrar. No sé si se han enterado estos días que hemos estamos estado en proceso eleccionario, de elecciones municipales, y ha reflejado la más profunda crisis de representación que tiene el sistema democrático en nuestro país, el sistema de partidos políticos. Más del 60 por ciento de la población no concurrió a votar, porque siente que su voto no tiene posibilidad de cambiar estas cosas que estamos conversando en este auditorio. Esas son, seguramente, las cosas que van a marcar la agenda, los temas y las preocupaciones de debate de las elecciones parlamentarias y presidenciales que tenemos en los próximos años. Quiero dejar planteados tres últimos temas que tienen que ver con las cuestiones binacionales. El primero está relacionado a cómo se administra y aplica el Tratado de Medioambiente y, específicamente, el Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos, en relación al tema hidroeléctrico y minero entre nuestros países. Hay denuncias en Chile, por ejemplo, respecto al proyecto Hidroaysén debido a que no se ha considerado este protocolo que es muy estricto y compromete a nuestros países para que se tomen decisiones en acuerdo entre ambos países respecto a la intervención de estos sistemas hídricos. El otro tema, que ha se ha mencionado acá, es el tratado minero. Sin duda, esto también tiene una consecuencia sobre los recursos hídricos, los glaciares y la naciente de las cuencas que está en la zona más alta de la cordillera. Se ha constatado y denunciado en los últimos días, incluso hay acciones legales interpuestas en las últimas semanas, porque nuevamente los servicios del Estado en Chile han comprobado la destrucción de glaciares en Pascua Lama, del lado Argentino, por parte de la empresa Barrick. Creemos que estos instrumentos de relaciones internacionales, hoy día, se han desnaturalizado. Hoy no están al servicio de nuestras comunidades y pueblos y se han transformado en instrumentos de uso y beneficio en un 100 por ciento de carácter privado. Eso no tiene que ver con la integración de nuestros pueblos. Tiene que ver con el beneficio, estrictamente, del tema privado.

Con esto finalizo, disculpen la extensión. El tema de la tributación. Hace pocas semanas atrás, la señora presidenta Cristina Fernández anunció que ponía término al tratado de doble tributación entre Chile y Argentina. Eso afecta al proyecto Pascua Lama. Hay un convenio específico de tributación para el proyecto Pascua Lama. El gobierno argentino que lo firmó se comprometía a hacer una reforma legal del sistema tributario argentino.

El gobierno argentino anunció que le ponía término a ese convenio. Pero, ya están negociando otro. Por lo tanto, creo que nuestros movimientos y organizaciones tienen que poner… Creo que es una oportunidad para plantear los desafíos respecto a la coordinación de cómo tenemos que enfrentar y debatir estos temas en el futuro. Las actividades transfronterizas indivisibles que plantea este tratado están en el marco del tratado de doble tributación. Creo que son preocupaciones que, quizás no tengan que ver con las cuestiones más macro del modelo o la política minera de nuestros países, pero sí tienen incidencia sobre los proyectos y las decisiones que se tomarán en los próximos meses o años sobre la expansión de la industria extractiva minera.

Quiero finalizar, haciendo entrega a la Comisión de algunos documentos que se han producido respecto de estas materias: de la minería de frontera, de cómo está afectando esta expansión a nuestros países y, también, quiero invitar a Rodrigo Villablanca, quien también va a entregar algunos documentos a la Comisión, referidos a últimas denuncias y acciones legales que se están llevando adelante en Chile contra el proyecto Pascua Lama, referido a



una serie de irregularidades y de abusos, pero, también, sobre el daño a los glaciares. Muchas gracias por su tiempo. (Aplausos.)

Sr. Villablanca. – Soy vocero de la comunidad diaguita Sierra de Huachacán de laguna Alto del Carmen y represento a otras cuatro organizaciones sociales bastante importantes. Hemos estado trabajando en el tema legal para poder defendernos.

Todo lo que he escuchado acá, nosotros lo podemos verificar. Hemos traído una cronología del proyecto Pascua Lama del lado chileno. Tenemos una denuncia hacia el director general de Aguas a través de la Asociación de Agricultores del Valle del Huasco, con fotografías a color, donde se muestra la contaminación del río y que los últimos diez meses hemos estado tomando agua que contiene drenajes ácidos, porque la compañía minera está incumpliendo las RCA y las normas para no hacer movimiento de estériles antes de que esté totalmente construida la planta donde se van a tratar estas aguas.

No solamente tomamos agua con arsénico y plomo, sino también con excrementos humano de los propios trabajadores que están destruyendo nuestra cordillera.

Acá tenemos otro documento que es un informe de los regantes que subieron a Pascua Lama. Costó más de catorce meses obtener la autorización para subir. También contiene fotografías a color, donde se demuestra la destrucción de los glaciares como los glaciares Toro I y Toro II. Dichos glaciares, hace menos de diez años, tenían una altura de más de doce metros. En la actualidad, no le llega ni siquiera a la rodilla. Eso habla del trabajo de destrucción que está haciendo la compañía minera amparada por la ley chilena y por los políticos.

También, les traigo el inicio de sanción que ha interpuesto la Dirección General de Aguas en Chile. El mismo ratifica todo lo que les estoy diciendo y las fotografías y denuncias interpuestas anteriormente.

Acá tengo otra denuncia del 28 de agosto de este año, que se realizó en la fiscalía de Vallenar, argumentando lo mismo que estoy diciendo. El fiscal se declaró incompetente. En Chile, la mayoría de los políticos son incompetentes. (Risas.) Acá, también, tenemos un recurso de protección en contra de la compañía minera y del Servicio de Evaluación Ambiental, argumentando los mismos temas. Lo pudieron aceptar porque hubo, como se dice en Chile, “pitutos” a través del Senado que pudieron articular acciones para que un abogado que está representando a algunas comunidades indígenas pueda negociar con la compañía minera qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que ellos buscan. Se trata de una compensación por un posible daño ambiental. Esto fue lo que hizo la compañía minera Barrick con los regantes del Valle del Huasco. En esa oportunidad, les entregaron 60 millones de dólares. Si una parte de las comunidades indígenas acceden a esto, no podemos dar vuelta atrás, porque para eso sí siguen el Convenio 169. Pero, en los casos en los que nosotros exigimos que se cumpla el Convenio 169, el gobierno a través de la CONADI, nos pone trabas y pone decretos con fuerza de ley para que no podamos exigir nuestros derechos en relación al Convenio 169. Una de las cosas más importantes es que no consultan a las comunidades. Se las realizan a una persona designada por el ministro del Interior. Él cree que sabe más sobre la naturaleza y acerca de cómo nos desarrollamos en nuestro entorno. También, les traigo una presentación realizada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua, argumentando los mismos hechos. Espero que les sea de utilidad. Nuestra principal exigencia es la derogación del Tratado Binacional Minero, que está matando a la gente a la que estoy representando. Antes de que empiece a funcionar este



proyecto, ya están presentando quistes en su cuerpo. Esto fue denunciado a las autoridades en la provincia y en la región de Atacama. Aún no tenemos respuestas. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Tiene la palabra Mirta Vázquez, quien es representante del Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible. Desarrolla sus actividades en Cajamarca, Perú, con perspectiva macroregional desde los enfoques de los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental, equidad de género y desarrollo económico solidario. Sra. Vázquez. – Gracias por la invitación. Vengo de Perú, exactamente de la zona norte, Cajamarca que es uno de los lugares donde se produce y se exporta más oro para todo el mundo. En el Perú, como en Argentina y Chile, estamos vivienda la misma historia. Ahora, nuestra economía está basada en la explotación y exportación de recursos naturales.

Se ha vendido mucho la idea de que el Perú es un país que está en franco crecimiento económico y que constituye un modelo económico para todo Latinoamérica. Sí, se cuenta esa historia y se muestran muchos índices, como el crecimiento del PBI. Eso simplemente significa cuánto dinero entra y cuánto dinero sale de nuestro país, pero no quiere decir que el Perú haya superado los índices de pobreza ni que haya desarrollado.

Desde el año 1990, cuando comenzó a gobernar Alberto Fujimori, se encargó de modificar todas las normas y de arreglar legalmente todo el asunto para que pudieran ingresar los grandes inversores, las trasnacionales, sobre todo, las compañías mineras. Desde el año 1990 que tenemos una ley que favorece ampliamente la inversión privada en megaminería y, por supuesto, les da muchas ventajas a las empresas en cuestión.

En 1990, teníamos concesionadas más o menos 2.200.000 hectáreas de tierra para megaminería. Hacia el año 2012, ya tenemos más o menos 25 millones. Es decir, pasamos de 2 millones de hectáreas de terreno para minería a 25 millones. Tomemos lugares, como, por ejemplo, Cajamarca, cuyo territorio regional está concesionado al 48 por ciento. Pero tenemos distritos que están concesionados al ciento por ciento, sin importar qué existe ahí ni qué actividades se desarrollan.

Se habla del Producto Bruto Interno. Somos uno de los países que más ha crecido en ese rubro. Se habla de un crecimiento de 4,9, aproximadamente, en estos últimos años. Sí, pero ese 4,9 no significa nada, porque nosotros seguimos siendo un país que está sufriendo altas tasas de pobreza: el 30 por ciento de nuestro país está viviendo bajo el umbral de pobreza.

El PBI no significa que las riquezas que han entrado en nuestro país se hayan quedado ahí ni que la riqueza se haya distribuido de manera equitativa. Por lo tanto, nosotros estamos, como país, en el sexagésimo tercer puesto entre los países que presentan más altas tasas de desigualdades.

Ahora mismo se dice que recibimos mucho de los impuestos; el mito de los impuestos. Sí, pero echemos una mirada a lo que está pasando en el Perú. La actividad minera, específicamente, tiene grandes beneficios. El gobierno de Fujimori se comprometió a que le firmaría un contrato de estabilidad tributaria a todo inversionista de megaminería que entrara, como sucede en otros de sus países. Las empresas mineras, una vez que firman esos contratos de estabilidad tributaria, pasan a pagar los mismos impuestos por el resto del tiempo que se queden explotando en nuestro país. Pagan tasas mínimas. Las mineras solamente tributan el impuesto a la renta. De ese impuesto a la renta, sólo el canon minero, que es la mitad del total, es lo que se redistribuye en todos los pueblos, provincias o regiones en las que estamos afectados por esta actividad.



A modo de ejemplo, a la región de Cajamarca, que es la primera productora de oro, llega una cantidad de canon minero que ni siquiera alcanza para construir 10 kilómetros de carretera asfaltada. Por lo tanto, en Cajamarca tenemos veinte años de minería, pero ni una sola obra de impacto para el desarrollo de nuestra región; no tenemos ni una sola obra. Es más, Cajamarca es el primer productor de oro en América latina y en el país; según el gobierno, mantiene el PBI del país. Pero somos la segunda región más pobre del Perú. Índices de pobreza, analfabetismo, muerte maternoinfantil: estos son los índices que realmente se deben medir.

Se hace mucho alarde de lo que estamos ganando respecto del Producto Bruto Interno con la gran minería en el Perú; pero no se contabiliza lo que estamos perdiendo en activos ambientales, todos los desastres ambientales que hemos tenido y que seguimos sufriendo. Allá, la megaminería está muy avanzada. Se hacen explotaciones a cielo abierto y avanzan de manera impresionante. En Cajamarca se mueve una tonelada de roca para sacar medio gramo de oro. Imagínense que día a día se mueven montañas enteras. Producto de eso, vamos perdiendo muchísimos activos ambientales.

La cuestión del agua es uno de los temas fundamentales y más terribles que venimos viviendo. Se está haciendo megaminería sobre cabeceras de cuenca. Tal como lo planteaban anteriormente, no es que hay una mala suerte de coincidencia ente el oro y el agua. Lo que lo pasa es que este tipo de minería se puede hacer ahí justamente por los grandes volúmenes de agua que tenemos.

Como aquí se ha dicho, los grandes insumos de la megaminería son agua y cianuro, en algunos casos. Con eso se hace megaminería. En este momento, en Cajamarca, Perú, venimos luchando para que no se ejecute uno de los proyectos más importantes para los mineros y para el gobierno, que es el proyecto minero Conga, por el cual estuvimos esta semana aquí, porque presentamos ese caso ante el Tribunal Latinoamericano de Agua. Porque Conga es un megaproyecto que piensa explotar oro en una zona de páramos. Piensa destruir un circuito completo de lagunas naturales, seiscientos manantiales que abastecen a las poblaciones; bofedales; desaparecer flora y fauna. Y el gobierno de Humala, que curiosamente pensábamos que traía el gran cambio, pues no, está auspiciando y está empeñado en que este megaproyecto salga.

Las movilizaciones del pueblo han sido impresionantes. Jamás en el Perú se vieron movilizaciones como las que hay actualmente, y un pueblo tan resistente a este proyecto. Es la secuela que trae la megaminería: la gran represión que los gobiernos tienen que utilizar para imponer estos proyectos. Porque allá hay un pueblo entero opuesto a este escandaloso proyecto. Pero nada de eso lo detiene.

En el Perú, en este momento, se han modificado las normas legales para criminalizar la protesta social. Se han modificado las normas para militarizar las zonas en conflicto. Cuando el pueblo dice que no, hay tres, cinco o diez mil militares delante de nosotros. Sólo el proyecto Conga mató a cinco campesinos comuneros, a manos del ejército y de la policía. Nosotros creemos que el gobierno está utilizando la represión y la criminalización de la protesta social para frenar la decisión de un pueblo.

Este proyecto quiere ir. Hace un momento, mientras escuchábamos la conferencia, en Cajamarca, Perú, hay miles de campesinos apostados frente a sus lagunas para que no las toquen, sirviendo de escudo humano. Hace menos de media hora, me llegó un mensaje diciendo que hay tres mil agentes de la DINOES, que es la policía más especializada en el Perú para asaltos, subiendo a atacarlos. Puede haber más de cinco muertos en este momento.

Nosotros queremos decirles que el Perú tiene veinte años de esta minería, y lo que



hemos demostrado es que no es desarrollo, que no significa ningún tipo de avance; por el contrario, significa atropello, significa expoliación de recursos y significa atentados contra la vida. Porque contra lo que más está atentando es contra los recursos vitales, como el agua. Nos están quitando la posibilidad de vivir. Y esa es una cosa que los pueblos tienen que rechazar.

En este momento, tenemos setenta y seis conflictos en el Perú. Probablemente, el de Conga sea el más fuerte. Nosotros estamos empeñados en que no pueden calificar como criminales a aquellos que decimos que no a una industria que, además, no es necesaria en el mundo. No es necesario el oro para poder vivir.

Así que yo les transmito el ánimo de un pueblo, como el peruano, que sigue resistiendo y sigue luchando. Vale la pena seguir adelante haciendo incidencia en todos los espacios, usando todos los mecanismos legales, los institucionales y también los no institucionales, porque la protesta, según dicen, no es un mecanismo institucional, pero tiene que ser permitida si nuestros gobiernos se reclaman democráticos. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Continuamos con el panel “Consecuencias sociales, económicas, ambientales y culturales de la megaminería en nuestro país”.

Tiene la palabra la licenciada Maristella Svampa. - Se lee una breve reseña cirricular de la expositora.

Sra. Svampa. – Deseo agradecer nuevamente por la invitación, por promover el debate, el diálogo y por traer no sólo la experiencia de las asambleas que recorren nuestro país, sino también la experiencia de dos países que tienen una tradición minera de larga data y que, sin embargo, hoy tanto en Chile como, sobre todo, en Perú hay grandes resistencias y, en este último, fuertes procesos de represión. Es en ese espejo en el cual debemos mirarnos para poder reflexionar sobre cuál es el futuro y también el presente por el cual ya estamos atravesando.

En primer lugar, voy a hacer sólo una presentación de lo que es el contexto de las luchas en Argentina porque vendrá la palabra de los protagonistas. En este año nos ha tocado con Enrique Viale, abogado ambientalista, recorrer diferentes provincias porque sabíamos de la avanzada de las empresas mineras que estaban esperando pasar las elecciones presidenciales para avanzar con la derogación de leyes que protegen a los distintos territorios de la megaminería o para avanzar sin licencia social.

Una primera cuestión a subrayar es que efectivamente en este contexto de expansión de un estilo de desarrollo extractivista, en un contexto de consolidación de lo que hemos denominado como “el consenso de los commodities”, la explosión de conflictos socioambientales es algo absolutamente inherente. Es decir, es inherente al modelo que halla este tipo de conflictos en tanto y en cuanto sobre todo la megaminería, que es una figura extrema del extractivismo, sintetiza un modelo de ocupación territorial —como bien dice una colega, Mirta Antonelli— en el sentido de que compite por agua, por recursos, con otras actividades económicas, pero además reorienta y desestructura las actividades de ese lugar e influye fuertemente en el estilo de vida de la población, en su forma de producción y reproducción de la vida.

Para nosotros este tema, el de la megaminería, incluye una discusión acerca de lo que entendemos por desarrollo en cuanto consideramos que este es un modelo de mal desarrollo. En segundo lugar, incluye toda una reflexión sobre la problemática ambiental, algo que no ha sido suficientemente internalizado por la sociedad argentina. En tercer lugar, incluye una discusión sobre qué tipo de democracia se consolida aquí, en Argentina, si a lo que asistimos es a la apertura de un nuevo ciclo de violación de los derechos humanos. Violación de los



derechos humanos que no habla sólo de los derechos ambientales, de los derechos territoriales y colectivos de los pueblos indígenas sino que también avanza sobre los derechos de primera generación, como bien dijeron acá los sanjuaninos, sobre la libertad de manifestación y de petición.

En función de eso, en toda América Latina y muy particularmente en Argentina, lo que tenemos es una nueva cartografía de las protestas. Han surgido nuevas asambleas. Pero además de esas asambleas de base, lo que encontramos es un nuevo entramado social articulado por colectivos culturales, por ONG más o menos ambientalistas, muy militantes, esas mismas asambleas de base, y también por profesionales, técnicos e intelectuales. Con lo cual, en Argentina, como en otras latitudes, lo que se está configurando es un saber experto, independiente del poder político y del poder económico, que se articula con esos saberes locales, esos saberes vernáculos que han sido desdibujados, olvidados o despreciados por parte de la clase política. Esto es de 2003 a esta parte. Gracias a esa resistencia se sancionaron nueve leyes que prohíben la megaminería en diferentes provincias. En dos han sido derogadas de manera vergonzosa: en la provincia de La Rioja, en 2007, por el mismo gobernador que la sancionó y, recientemente, hace menos de un año, en la provincia de Río Negro. Eso muestra que en nuestras latitudes está muy bien pensada la idea de que una de las armas privilegiadas es la lucha, la lucha callejera, porque acá hay muy poca capacidad de escucha y, por otro lado, también las herramientas institucionales. Lo que se está pensando a través de esas leyes es sin duda una nueva institucionalidad ambiental, como la Ley de Glaciares lo ilustra a nivel nacional, más allá de que de manera preocupante no se esté cumpliendo para nada en nuestro territorio.

Como segunda cuestión deseo mencionar los procesos de criminalización. Lo decía aquí la compañera peruana: es algo muy alarmante en toda América Latina. La resistencia contra la megaminería hoy ocupa el centro de la agenda de los conflictos socioambientales en todo el continente y en nuestro país tiene cada vez mayor importancia. No olvidemos que aquí se sancionó una ley antiterrorista que pende como amenaza sobre las distintas poblaciones movilizadas. No olvidemos que en diferentes provincias hubo y persisten aún hoy fuertes episodios de represión no sólo de criminalización de las luchas sino de represión, siete represiones en los últimos siete meses sólo en la provincia de Catamarca. Reitero, siete episodios de represión. Esto muestra que es un modelo que avanza sin la licencia social y requiere de la represión de las poblaciones en lucha.

Una cuestión importante a subrayar es que la criminalización va acompañada por la construcción de la figura del enemigo, del nuevo enemigo. Esa elaboración, esa constitución, esa construcción discursiva, en torno a la figura del ambientalista la vemos hoy a través de los medios y en el discurso de los sectores oficialistas. Se habla con desprecio del nuevo ambientalismo, se lo asocia con el fundamentalismo, desdibujando el hecho de que son poblaciones enteras y que además lo que se cuestiona es un tipo de minería, la megaminería a cielo abierto en esta modalidad que se desarrolla en nuestro país. Se los estigmatiza como foráneos. ¿Ustedes saben que en distintas provincias argentinas hay activistas que pertenecen a colectivos culturales, que no pueden ingresar o que son expulsados de esas provincias porque se los considera foráneos, como en Catamarca? Aquí se ha dado testimonio de los cierres de canales de comunicación en la provincia de San Juan o en la provincia de Santa Cruz, donde no se puede hablar sobre los efectos de la megaminería.

Estamos ante graves problemas y quiero poner énfasis en este proceso de fuerte demonización del ambientalismo, un ambientalismo de hecho que se está generando en Argentina ya que no todas las asambleas se reconocen como ambientalistas. Han devenido



ambientalistas por obligación, porque han tenido que hacer una reflexión sobre el ambiente y sobre la importancia de defender nuestros bienes comunes.

En tercer lugar, —esto me interesa subrayarlo también— hay un nuevo lenguaje de valoración de los territorios. Hay tópicos comunes que recorren esas luchas en toda América Latina. Se habla en defensa de los bienes comunes, de justicia ambiental y de derechos de la naturaleza. Se habla también, tomando como modelo a las comunidades originarias, de buen vivir.

En definitiva, son marcos a partir de los cuales se comprende o se va gestando una nueva subjetividad colectiva. La cuestión no es menor y creo que entre ellos el tema más universalizable es el de los bienes comunes, porque lo que se está señalando es que la tierra, el territorio y el agua no son commodities, no son mercancías. Tampoco son exclusivamente recursos naturales estratégicos. Son, antes que nada, bienes comunes. Su preservación es necesaria para lograr la continuidad y reproducción de la vida en los distintos territorios. Esa es una reflexión que hay que tener en cuenta.

Hubiese querido hacer una lectura de los conflictos que se han dado en el último año porque realmente son de una gran envergadura, pero no tenemos tiempo para eso y quisiera sinceramente que las asambleas pudieran expresarse. Así que solamente dejo como recordatorio esto, que desde la provincia de Santa Cruz hacia arriba, todas las provincias tienen conflicto, salvo La Pampa, que tiene una ley que la protege contra la megaminería. Hay graves conflictos. Y en aquellas provincias donde hay leyes que protegen el ambiente de la megaminería, hay una embestida muy fuerte por derogarlas. El ejemplo más emblemático es Chubut, que además es la primera provincia donde se sancionó una ley contra la megaminería, y la embestida por parte del gobernador Buzzi es realmente enorme, porque busca derogar esa ley e instrumentar un nuevo marco regulatorio a partir del cual declara toda una zona de sacrificio a la meseta, a la zona de la estepa, y ni siquiera instituye la licencia social en la otra zona. Pero en función de esa idea -zona de sacrificio- se estimula o se promueve el avance de la megaminería.

Dos cosas para terminar. La primera es recordarles que en las universidades públicas también se está discutiendo esto, pero lo estamos haciendo -como se dan las luchas en el territorio- en una situación de gran asimetría, porque las empresas a ese nivel no solo han hecho inversión en publicidad, sino que hoy vemos que se han cerrado los canales de los medios que antes nos abrían las puertas para hablar sobre la megaminería y hoy ya no nos llaman más. Efectivamente, creen que se ha cerrado de esa manera el debate.

En las universidades también tenemos problemas para dar esa batalla; sin embargo, hay cinco universidades que precisamente, cuando dieron la discusión sobre el tema de los fondos de La Alumbrera, se pronunciaron críticamente en relación a la megaminería: la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad de Mar del Plata, la Universidad de Luján y la Universidad de General Sarmiento. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario también se expidió acerca de los efectos sobre la salud de la megaminería, y hay más de una treintena de organismos académicos que se han expedido en contra de la megaminería.

Además de discutir la megaminería, de dar un debate real y escuchar la voz de las poblaciones, tenemos que empezar a discutir sobre el tema de la explotación del gas no convencional, el shale gas, el Gas de Esquisto, que está promocionando ahora el gobierno en función de esa falsa nacionalización de YPF, es peor que la megaminería a cielo abierto y está avanzando en los territorios -sobre todo, en la Patagonia argentina. En Neuquén y en Río Negro ya empezaron a explotar el gas no convencional con el método de la fractura



hidráulica, que es altamente contaminante y ha sido prohibido en varios países en nombre del principio precautorio, y además viendo los efectos que ya en algunos lugares ha generado en la contaminación del agua.

Así que esa es una discusión que tenemos que poner en la agenda. Por eso, pido al Senado de la Nación que discutamos ese tema, porque en nombre de una visión “eldoradista”, ahora que hemos descubierto gas no convencional, seremos una potencia hidrocarburífera. Tenemos que dejar y cuestionar esa visión; esa ilusión desarrollista que atraviesa al gobierno y que impide que hagamos un debate a fondo de las consecuencias, no solo sociales y ambientales, sino también políticas y culturales de estos modelos de mal desarrollo. Muchas gracias (Aplausos.) Sr. Presidente. – Pasamos a las asambleas.

Tiene la palabra el señor Cristian Hendrickse, representante de la asamblea Loncopué, provincia de Neuquén. Todos sabemos que Loncopué, con siete mil habitantes, en junio de este año fue escenario de un referéndum que rechazó la megaminería. Ocho de cada diez habitantes rechazaron esta actividad. Sr. Hendrickse. – Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En nombre de la asamblea de vecinos autoconvocados de Loncopué, la asamblea de vecinos autoconvocados de Caviahue Copahue, la comunidad mapuche Mellao Morales y la asamblea de vecinos autoconvocados de Campana Mahuída, les agradecemos esta invitación a la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de la Nación.

Con los sucesos de 2001, muchos porteños emigraron fuera del país; otros emigramos a la Patagonia. Me tocó estar primero en Chubut y, finalmente, en Loncopué, un pueblito de siete mil habitantes, a quince kilómetros de la frontera internacional con la hermana República de Chile. Es un pueblo que yo elegí para vivir porque somos ricos, aunque nos quieren mentir de que somos pobres. Y somos ricos porque tenemos agua, un medioambiente sano, no tenemos prácticamente criminalidad, no hay prácticamente delitos, la gente puede dejar las puertas de sus casas sin llaves, como eran los barrios porteños en la década del 60 y del 70, donde me crié.

Nos vinieron a mentir con que éramos pobres y que necesitábamos la minería para tener empleo. Escuchábamos recién a la dirigente peruana, que claramente nos dice que esto no es así; si la minería trajera riqueza a los pueblos, Bolivia sería una potencia social, o Sudáfrica, cuna del Apartheid, primer país minero del mundo.

Y somos ricos porque no tenemos petróleo. Hasta ahora, que lo señala la anterior expositora, no teníamos el gas no convencional y el petróleo no convencional, que es una amenaza que se cierne sobre la cuenca neuquina, pero también en el norte de Entre Ríos, norte de Santa Fe, Corrientes, Chaco. Toda la superficie del acuífero guaraní está en la mira, en el objetivo de los saqueadores, de los que vienen a saquear Latinoamérica.

La experiencia de Loncopué comienza en los años 2007 y 2008, cuando los paisanos empiezan a ver que en un arroyito chiquito, el Mulichincó, empieza a tener el agua con color oscuro, con cambio de totalidad en la coloración y se le empiezan a morir los animales. Entonces, le piden al cura que haga una intervención. El cura de Loncopué forma parte de una iglesia que tiene mucha relación con los pobres: la iglesia de Jaime de Nevares. Él, en una oración, pide a las autoridades que cuiden el medioambiente y que aclaren qué es lo que está pasando. Así es como nos reunimos, a raíz de esa llamada del cura, del párroco de la localidad, en la iglesia, y conformamos la asamblea de vecinos autoconvocados de Loncopué, cuyo primer objetivo era obtener información, porque no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Esto de ocultar la información a la población, de hacer los acuerdos, los negocios,



por abajo de la mesa y no mostrándoselo a la gente. Así fue como descubrimos que había una empresa canadiense, Golden Peaks, que

estaba haciendo una exploración buscando oro. Esta empresa contaba con una autorización que le había concedido el gobierno provincial, la Secretaría de Medioambiente de la provincia de Neuquén, sin haber convocado a audiencia pública, como exige la ley neuquina.

Esto motivó un amparo, que hicimos los vecinos y que tuvo un resultado favorable: se suspendió la actividad minera de exploración en el arroyo Mulichincó, y la compañía canadiense, como no quería perder su imagen ni espantar inversores, hizo las valijas y se fue. Este pequeño éxito generó que, de ser siete u ocho, la asamblea pasara a ser más grande, de cincuenta, cien personas; cuando hay un éxito, la gente se entusiasma.

Estábamos festejando el triunfo, este pequeño triunfo de nuestro pequeño pueblo, cuando viene otra mala noticia, que era que una empresa China iba a explotar cobre en Campana Mahuída, que es un cerro muy cercano a Loncopué, en territorio de la comunidad mapuche Mellao Morales. Esto generó la creación de la asamblea de vecinos autoconvocados de Campana Mahuída, que concentra a los criollos que residen en la zona, y se desató una lucha sumada a la lucha de la comunidad mapuche Mellao Morales.

Recordemos que la Constitución Nacional establece el principio de intangibilidad de las tierras de los pueblos indígenas argentinos, es decir que no se pueden vender, enajenar ni embargar; pero bueno, el gobierno entiende que se pueden dinamitar; evidentemente, esto está en contra del propósito de la Constitución.

Se dio una serie de batallas en la justicia. Dos amparos para detener las audiencias públicas que nos salieron bien, porque sabíamos que la audiencia pública era un simulacro de participación ciudadana que no era vinculante y que sólo apuntaba a concederle la autorización a los chinos para entrar en territorio comunitario; y una vez que entraran, no los íbamos a poder sacar más. En esos dos amparos nos fue bien, pero en un tercer amparo no nos fue bien porque la jueza que siempre nos concedía, una jueza ambientalista, estaba de licencia y eligieron a un juez subrogante para llamar a la audiencia y entonces nos fue todo mal. Sin embargo, habíamos hecho otra acción que tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia y que planteaba la nulidad de la venta de esta mina, porque era una mina que iba a facturar 1.800 millones de dólares al valor del cobre en el momento de la venta y se había vendido en tan sólo un millón de dólares sin ningún tipo de licitación y sin haber observado el Convenio 169 de la OIT, al cual ha adherido la Argentina, que es ley en la Argentina y que establece la obligatoriedad del Estado de hacer consultas previas, libres e informadas a los pueblos indígenas cuando se afectan sus intereses. Esto no había sido realizado. Era el último recurso jurídico o institucional que nos quedaba.

Mientras tanto se hacían cortes de ruta en Loncopué, con bastante asistencia la población, para evitar la celebración de la audiencia pública. Se cortaron dos rutas: la Ruta 10, que pasaba por la comunidad mapuche Mellao Morales y que controlaba la comunidad, y la Ruta 21, que controlaban los huincas de la asamblea de vecinos. Señalo esta distinción para marcar el claro criterio racista de la justicia neuquina, porque se identificaron nada más que quince mapuches. La policía identificó a quince mapuches cortando la ruta e identificó a más de ochenta huincas cortando la otra ruta, sin embargo fueron procesados –y al día de hoy siguen procesados– trece mapuches y siete huincas. Con lo cual, la selectividad que tiene el poder para judicializar está más vinculado a criterios racistas, sobre todo cuando el hermano del gobernador en esa época había manifestado que los mapuches venían de Chile y eran financiados por la ETA y por los narcotraficantes colombianos. Hasta el día de hoy estamos esperando las pruebas de esa acusación.



Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia suspendió todo el procedimiento de la mina que querían llevar adelante los chinos en Campana Mahuida, que se celebró en Loncopué como si hubiera sido un Mundial de Fútbol. Sin embargo, el gobierno quedó todavía con las ganas de activar –y todavía sigue la lucha jurídica– y siguen impulsando el proceso aunque los chinos ya se retiraron. Paralelamente, estos proyectos necesitan de mucha cantidad de energía eléctrica para poder ser desarrollados, sobre todo en el cobre, para hacer la electrólisis, para que estos barros los sometan en una cuba a un proceso de electrólisis por el cual ellos obtienen los cátodos de cobre. Esta mina necesitaba 10 megawatts, que nos están disponibles en la zona, y si bien es una provincia generadora de energía eléctrica, tiene varios diques y varios generadores de electricidad, esta electricidad se destina principalmente para la actividad petrolera y no estaba previsto para la actividad minera en la Cordillera. Fue así que quisieron establecer un pozo geotérmico en el volcán Copahue, y es ahí donde nace la asamblea de vecinos autoconvocados de la comunidad Caviahue-Copahue para resistir este proyecto geotérmico, que afecta también a las comunidades mapuches. Viene al caso este proyecto porque es un proyecto minero y la Geotermia está encuadrada en el Código de Minería Argentino como una actividad minera y viene al caso nombrarlo porque aquí se habló mucho de la ley de glaciares en proximidad de este proyecto geotérmico. Efectivamente, hay un glaciar –al menos así lo sostenía la Asociación Geológica Argentina y así lo publicó en su revista en 2005– y eso nos permitió ir a la justicia neuquina y solicitar que se suspendiera el proyecto, porque estaba cercano a un glaciar y en un área que podíamos presumir, si bien no estaba todavía definido y no está todavía definido el inventario por el IANIGLA, como periglaciar. Fue así como la justicia de primera instancia suspende este proyecto, la Cámara de Zapala lo confirma, pero el Tribunal Superior de Justicia revoca esta medida cautelar ante un informe de un científico del IANIGLA –Tromboto creo que es el apellido–, que dice que esto que era un glaciar no es un glaciar sino una formación de nieve y que no habría área periglaciar en la zona. Fue de esta manera que se revoca la cautelar y el frente jurídico que veníamos llevando en ese caso perdió peso, razón por la cual los mapuches de la comunidad Huayquillán vinieron la semana pasada al BID a pedirles que no financien este proyecto, cuyo 70 por ciento de financiamiento lo iba a hacer el BID. Me voy a referir a los cinco proyectos que están señalados en la invitación del programa de hoy, de los cuales hay tres que son prohibitivos y dos que estarían relacionados con los controles; o sea que esta actividad se podría hacer con controles. Uno es el proyecto de inventario de diques de cola, que si no me equivoco es el de la senadora Di Perna, y el otro es el de los senadores Verna e Higonet, que establecen normativas relativas a los estudios de impacto ambiental. Los otros tres proyectos son prohibitivos de la actividad, como el del senador Giustiniani, el del senador Artaza y el de los senadores Morales, Cano, Naidenoff, Marino, Vera y Montero. Nosotros entendemos la buena voluntad y la buena fe que hay en los proyectos de control, pero realmente no creemos en los controles. Mirando Buenos Aires desde Loncopue parece a veces que fuera otro país para la gente de Loncopue. Si el Estado argentino no puede controlar los frenos de una locomotora a cinco cuadras del Congreso de la Nación causando la muerte de más de cincuenta personas, mucho menos creemos que haya capacidad para controlar una mina de cobre o un pozo geotérmico a 2.000 metros de altura y a 300 kilómetros de la capital neuquina. (Aplausos.)

Por eso adherimos a los proyectos que impulsan los senadores con una tendencia



prohibitiva, pero también reconocemos que los otros senadores están reconociendo que la actividad es altamente contaminante y nociva para el medio ambiente. Se me acabó el tiempo, pero quiero comentarles acerca del referéndum que se hizo en Loncopué este 3 de julio. Llevó un proceso muy complicado, muy largo, pero finalmente se pudo realizar y el 82 por ciento de la población se pronunció a favor de una ordenanza impulsada por iniciativa popular que prohíbe en la jurisdicción de la Municipalidad de Loncopué la minería metalífera a cielo abierto con empleo de sustancias tóxicas. Esto nos retrotrae a la primera ordenanza prohibitiva de la minería metalífera a cielo abierto, que fue aprobada en la municipalidad de Epuyén en noviembre o diciembre de 2002 –se van a cumplir ahora diez años– y que también fue impulsada por iniciativa popular. Esto nos está señalando algo, que la democracia representativa está quedando chica frente a los intereses concentrados de las multinacionales y es por eso que quizás la democracia representativa tendría que caminar un poquito más con mecanismos de democracia semidirecta, como la iniciativa popular, el referéndum, las consultas populares. Finalmente, esto que se llama megaminería, que es el objeto de esta jornada, viene de la mano –como lo señalaba Maristella– del petróleo y del gas no convencional y también de otra actividad extractivista –un término acuñado por Maristella–, que es el de la soja. Creo que deberíamos replantearnos no sólo matar las consecuencias de este modelo, sino replantear un modelo. Pino hablaba de hacer una fuerza nacional, pero creo que sin la necesidad de que se llegue o no a conformar esa fuerza, deberíamos plantearnos un modelo con un grupo de pensadores argentinos que piensen otros modelos, no un modelo como el que nos han impuesto desde otros lugares, desde el norte, que no es el que hemos elegido, sino del modelo extractivista un modelo alimentario. No puede ser que en un país rico, inmensamente rico, como es la Argentina, todavía haya chicos desnutridos, haya gente que esté pasando hambre y nos estén mintiendo de que somos pobres. Somos ricos, pero en lo que estamos errando es en el modelo. Un modelo de saqueo y de contaminación que no trae beneficios para la mayoría de la población argentina. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – A continuación, tiene la palabra el representante de la Asamblea de Famatina, el sacerdote Omar Quinteros. Sr. Quinteros. – Buenas tardes a todos.

Estoy muy complacido y agradecido por poder compartir con ustedes esta reunión, representando a la comunidad de Famatina, a las asambleas, al pueblo y también a sus autoridades.

En efecto, ha sido un confluir de voluntades lo que nos ha permitido y nos ha ayudado avanzar, sobre todo, durante este año. Pero esta es una historia que tiene ya siete años de antigüedad, porque, en Famatina, en 2006, intentó ingresar una empresa China, Shandong Gold, a la que no se le permitió el acceso.

Luego, en 2007, también lo intentó Osisko Mining Corporation a la que, felizmente –con la ayuda y la conciencia de Famatina, de Chilecito, de La Rioja y de toda la Argentina– hemos podido repeler, a fin de que retrocediera con una iniciativa que había sido firmada por el gobernador de La Rioja, a espaldas del pueblo, y que no tenía licencia social alguna.

En cuanto a la Barrick Gold, esta empresa también intentó ingresar en Famatina en 2006, pero la comunidad se apostó, no les permitió tener acceso alguno y, como consecuencia de ello, cayó el proyecto.

Asimismo, este año, ustedes habrán estado informados sobre el acontecer de Famatina. De hecho, el primer día del año se realizó un corte parcial, con un hostigamiento



permanente por parte del gobierno. Ese hostigamiento se hizo efectivo a través de las fuerzas públicas y también a través de un grupo de mineros armados con orquillas y machetes que llegaron al corte, pero el pueblo no cedió un ápice y, aunque los medios provinciales no se hicieron eco de lo que estaba sucediendo allí, gracias algunos medios nacionales, se informó a la provincia y hemos conseguido una toma de conciencia que, de alguna manera, ha llevado a la sociedad riojana a adherir a este sentimiento popular que sostiene que “¡Famatina no se toca!”.

Como les decía, ha habido un proceso que ha venido evolucionando y que en estos momentos está involucionando. Porque, en la actualidad el tema de Famatina se encuentra en el freezer. El gobierno lo quiere enfriar porque el próximo año es electoral y no le conviene que esté en el tapete. Por lo tanto, no insiste con el asunto y quiere desviar la atención hacia otros temas para que la sociedad se olvide y apruebe a sus candidatos.

Pero no cuenta con que ya hay una nueva fuerza política que está surgiendo en la provincia, una multisectorial, formada por diversos gremios y distintos actores políticos y sociales que también le están demandando a este gobierno una serie de reclamos sociales urgentes, a los que desde ya hace oídos sordos.

De todas maneras, esta nueva fuerza está surgiendo y quizá el año que viene pueda obtener un espacio que permita que la provincia de La Rioja pueda ver un nuevo amanecer.

En lo personal, me ha tocado, –como alguien dijo– sin ser ambientalista, convertirme, informarme y meterme de cabeza en este tema. Ya que, cuando llegué a Famatina, comencé acompañando al pueblo y a las asambleas. Lo hice más bien motivado por una mística que por conocimiento o por información, dado que mi espiritualidad siempre me ha llevado a tener una gran admiración por San Francisco de Asís, patrono de la ecología, amante de las criaturas, de la madre Tierra, del hermano Sol y de toda la creación que Dios nos ha dado, junto con su significado. Por ello, sin dudarlo, he estado acompañando y lo he seguido haciendo hasta el día de hoy, aunque el gobierno haya implementado distintos métodos para amedrentarnos a todos. Hasta llegó a confeccionar una lista negra de los vecinos o de los referentes opositores a la realización de este proyecto.

Por otro lado, la protesta ha sido judicializada y los asambleistas tienen varias causas en su haber. También, a través de los medios, nos han tildado de indios, de ignorantes, de terroristas, de drogadictos, de violentos y de hijos vagos de la Nación Argentina. En fin, una serie de epítetos que se le han ocurrido a este señor que ha vendido a su propio pueblo, a su propia tierra, porque él es oriundo de Famatina. Nació y se crió allí. Sus padres lo criaron y educaron con los frutos que extraían de la tierra. Pero parece que ahora él ha descubierto la pólvora y la quiere implementar para toda la provincia.

Por otro lado, en lo personal, acompañar a este pueblo también me ha gratificado grandemente y me ha ayudado a hacer crecer y madurar mi ministerio pastoral, aunque he tenido cierta persecución y hostigamiento. De hecho, el gobernador intentó inmiscuirse hasta en asuntos internos de la Iglesia y le solicitó al obispo no sólo mi traslado, sino también que me prohibieran tocar las campanas y acompañar a la comunidad.

No obstante, lo importante de todo esto es que como comunidad nos hemos fortalecido y la lucha sigue. Es así que el corte permanece de pie durante las veinticuatro horas, con turnos de seis horas, y participan de él todos los habitantes de Famatina.

Además, mi aporte ha sido apoyado por el Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba y es una reflexión desde la bioética, porque esta es la hora de tomar conciencia para que, a su vez, como pueblo, podamos tomar una decisión social y política, es decir, la que nos estamos mereciendo todos los argentinos.



Sin abordar un análisis minucioso del caso, hay que recordar las consecuencias de la megaminería, porque de ellas conservamos evidencias científicas. En este sentido, me decía el señor senador Giustiniani que esta mañana los grandes técnicos a los que él había invitado decían que ellos iban a venir si se debatía con seriedad y con argumentos técnicos y científicos. Yo quisiera decirles a estos señores que no todo lo científico y técnicamente posible es moral y éticamente plausible. A veces, aunque una actividad sea lícita y legal eso no la hace ética y moral. Y nosotros creemos que la megaminería a cielo abierto, por más actividad lícita que sea, tiene consecuencias éticas y morales inaceptables, como muchos de ustedes lo acaban de manifestar en su exposición.

Como todos sabemos, nuestro país es muy codiciado por las trasnacionales mineras por la gran cantidad de posibilidades que ofrecen sus recursos y, sobre todo, por la legislación permisiva, sancionada a partir de 1993, que establece beneficios para esas empresas, especialmente, a través de increíbles exenciones impositivas fiscales.

Como no existe aún un marco regulatorio que es indispensable para el control de esta actividad, el resultado es una larga lista de violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, sabemos que esta es una actividad que ha sido condenada como una violación a los derechos humanos, como un delito de lesa humanidad, y su Santidad, el Papa Benedicto XVI, también la ha agregado al elenco de los pecados capitales. Es decir que considera un pecado capital la contaminación ambiental. Y la verdad es que nosotros, los cristianos católicos, tendríamos que tener muy en cuenta esto.

Por otro lado, como alguien ya esta mañana reflexionaba, esta política extractivista, este avance de las trasnacionales, lo compra todo. Compra funcionarios, compra legisladores, compra gobiernos y, haciendo un mea culpa, incluso creo que a veces hasta compra pastores. Dado que, si no por la acción, sí por la omisión y el silencio cómplice de hecho, a veces, podemos llegar a ser cómplices.

He estado visitando algunas comunidades, conversando con algunos sacerdotes, y me decían: “Metele, dale, hacé”. Nosotros no podemos pronunciarnos sobre ese tema. Tenemos órdenes de arriba de no meternos en ese tema. Doloroso para mí es comprobar a veces –como digo- que ojalá fuera más por temor, pero creo que no es así, que estemos a la altura de las circunstancias a la hora de defender la vida, ya que para la Iglesia toda vida es sagrada.

Hace cinco siglos la ambición imperialista en busca de oro y conquista devastó los pueblos originarios de América Latina. Hoy los imperios son otros, las empresas transnacionales de la megaminería. Se inscriben en esta lista los sobrevivientes de aquellos pueblos, y los que habitamos estas tierras somos nuevamente amenazados. Lo trágico es que quienes ejercen la autoridad no han aprendido las lecciones que nos ha dado la historia. En cambio, la gente del pueblo sí lo hizo y ya ha decidido.

En La Rioja, hay una inmensa mayoría o porcentaje de la población que ha tomado cartas y un compromiso a favor de la vida y en defensa de Famatina, y por eso, los gobernantes a los que se les pide y exige una consulta popular no lo quieren llevar a cabo, habiéndolo prometido, porque ven que el tema ya está perdido. La megaminería juzga el desarrollo meramente en términos de rentabilidad económica. No puede ser lícita una actividad que no tiene en cuenta el altísimo costo ambiental y social que involucra esta actividad. No hablamos de prohibir la minería en general, sino un determinado tipo de explotación, es decir, a cielo abierto, contaminante, que extrae principalmente oro que sirve para bienes suntuarios y para acumular riquezas. Si nos consideramos una sociedad que protege y defiende la vida ante la sola presunción de que estamos frente a un daño grave y de un peligro para la vida de las personas, deberíamos al menos considerar el principio de



precaución y tomar todos los recaudos necesarios. Por esto, nos sumamos a quienes manifiestan y piden que se detengan las actividades

mineras en nuestro país, y llamamos a todos para que se hagan escuchar muchas voces, que se unan a las voces de los pueblos que están de pie para que se discuta y decida en los ámbitos que corresponde, como el Senado, la licitud a la luz de los Derechos Humanos, derechos y cosmovisiones de los pueblos, y los derechos de la tierra.

Veía en un video que se le hacía a Peter Moon, presidente de la Barrick, que se le cuestionaba acerca de la inmoralidad de la explotación minera a cielo abierto, y él contestaba: “A nosotros lo único que nos importa es acrecentar las acciones. Nuestra meta es acrecentar nuestro capital. Sobre la ética y la moral de esa actividad, no nos cuestionen a nosotros, sino a sus gobernantes, que son los que nos entregan los recursos y los territorios”.

Escuchando a tantos hoy esto parece una película de ciencia ficción. Parece que nos están gobernando extraterrestres. Nos entregan atados de pies y manos, como hace 520 años entregaron a nuestros pueblos originarios a quienes venían a sacar y devastar nuestras tierras. No quiero pensar –y con esto termino- que hay intenciones de regionalizar la economía en la Argentina, ya que se ha creado una especie de confederación de provincias andinas mineras en las que se busca unir y fortalecer para que se obligue a los territorios andinos a la explotación minera diciendo que no hay otro medio de vida, otros recursos que explotar.

Para terminar, les hago llegar un saludo muy grande y fuerte del pueblo de Famatina, que sigue de pie, y les recuerdo que como explotaron Alumbrera y también Gualcamayo, pensaron que en Famatina lo podían hacer, pero estaban muy equivocados. Eso no lo podrán hacer porque La Rioja está unida y vamos a defender. El agua no es un recurso, sino un Derecho Humano; no una mercancía, sino fuente universal de vida. Por eso, vamos a seguir luchando y sabemos que no estamos solos, ya que ustedes nos siguen acompañando. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Tiene la palabra, por la Asamblea del Llanos de La Rioja, Rubén Díaz. Sr. Díaz. – Vengo del sur de la provincia de La Rioja, la zona de los Llanos.

También nos hicimos conocidos porque en esa tierra, que tanto amamos, donde nacimos, donde hace diez mil años llegaron los primeros seres humanos, y a pesar de que nos quieren caratular en la historia argentina como el desierto, el Llanos de la barbarie por Sarmiento, ahí también se luchó por mantener nuestra cultura y forma de vida digna, como lo hizo Ángel Vicente Peñaloza, que tuvo que dar la vida por eso. También lo hizo monseñor Angelelli, que fue asesinado por la dictadura militar. Hoy en La Rioja se vive un momento histórico, el juicio por los genocidas que asesinaron a los sacerdotes Dios Murias y Longueville, en Chamical, a cinco kilómetros, secuestrados, torturados y fusilados. Y eso abre la puerta al juicio del año que viene de Angelelli y Pedernera, un dirigente del movimiento rural de Chilecito que fue asesinado frente a sus dos pequeñas hijas de 6 y 7 años de edad.

Entonces, cómo este gobierno nacional que habla de los Derechos Humanos, de la verdad, la justicia, no estudia el mensaje y los valores que defendían esos hombres. Un Angelelli que hablaba de fomentar las cooperativas agrícolas en la costa riojana, de la autonomía de las comunidades de la zona rural, de la dignidad de los mineros de Olta y cómo eran explotados. Había una altísima mortalidad en la década de los 70 en los trabajos en la laja, en los obrajes donde la gente vivía. Siquiera tenían un cajón cuando eran sepultados. En un cuero de vaca los sepultaban, porque para los obreros no había madera.

No hay madera porque se devastaron durante cien años nuestros bosques, por la ambición de 1890 con el ferrocarril Córdoba-Chilecito para saquear a través del imperio



británico nuestro mineral. Para que eso sucediera tuvo que haber un genocidio anterior o cuarenta años de guerra civil y fusilamiento de pueblos enteros de los Llanos.

Así se entiende cómo hoy nosotros no confiamos en el Estado riojano. Un Estado que no es transparente, participativo, que es concentrado, autoritario, que no tiene representación. Un solo diputado provincial es de la oposición. Ningún municipio es administrado por otro partido que no sea el gobernante. No existe la coparticipación hacia los municipios, sino una ley transitoria que lleva más de doce años de aplicación. No existen cartas orgánicas. Existe la Ley de Partidos Municipales, que es la ley de lemas, y cada señor feudal de cada pueblo tiene partidos fantasmas. ¿Dónde está la democracia? La sociedad civil –como decía el sacerdote- tuvo que salir a hacerse cargo de esta situación. Nosotros en los Llanos tenemos pequeñas montañas de tan solo mil quinientos metros de altura, y no tenemos glaciares. Si se tocan los pastizales de altura de esas pequeñas montañas, quedamos sin las vertientes, que son nuestros pequeños arroyos de agua que le dan vida a veinte poblaciones. La Rioja es una provincia con tan solo trescientos mil habitantes, pero también tenemos derecho a existir. No somos una región sacrificable. Con solidaridad, hemos organizado en los Llanos otra asamblea para impedir la instalación de la explotación de uranio, donde ya no son las multinacionales, sino el Estado argentino el que quiere expropiar, sin pedirle consulta a nadie. Nosotros creemos en el turismo arqueológico que La Rioja es una gran potencia en esto. En paleontología somos reconocidos a nivel mundial, tenemos bellezas naturales vírgenes, creemos que nuestra historia, que tanto seduce a tantos argentinos, puede ser el motor para fomentar la industria regional y la ganadería. Tenemos ingeniería en recursos renovables especializada en zonas áridas. A ellos no se les cuando se hizo el mapita de bosques nativos. Lo hicieron los funcionarios del Ejecutivo provincial, sin tener en cuenta lo deteriorado que está en la región con un alto índice de erosión. El funcionario a cargo del medio ambiente en la provincia dijo que en la Rioja no hay glaciares. Cuando tenemos montañas de 6000 metros. Tenemos el segundo pico más alto de América después del Aconcagua. Con ese nivel de atropello y con ese nivel de acallar a la prensa inteligente, a la oposición política, al sindicalismo que está desmovilizado. Creemos que la única solución es la movilización social y este tipo de encuentros donde podamos transmitirle nuestra realidad en vivo y en directo. Los invito a que nos acompañen en nuestra lucha. Si Angelelli, Longueville y Murias vivieran serían asambleístas. Nada más. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Tiene la palabra la representante de la Asamblea Autoconvocada de San Carlos de la provincia de Mendoza, Fabiana Villafañe. Sra. Villafañe. – Buenas tardes. Soy de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de San Carlos que es la primera que se formó en Mendoza allá por fines del 2003 siguiendo el ejemplo de la gente de Esque, porque en nuestra laguna del Diamante, que es nuestro emblema turístico, a los pies del Volcán Maipo se habían descubierto geólogos tratando de hacer exploraciones. Entonces, los vecinos tratamos de interiorizarnos a ver de qué se trataba todo esto de la megaminería y es así como surgimos como asamblea. Me tocó el lugar más difícil porque estoy casi al final de la lista y es muy complejo no repetir alguna de las cosas que ya se han dicho. Pero quiero reflexionar sobre la lucha y esta jornada en particular. Como soy una de las más viejas de la asamblea, llevo varios años, he pasado diferentes procesos de lucha, recuerdo, hace unos seis o siete años estuvimos en el Congreso tratando de impulsar esta temática. Lo que hicimos fue ayunar una semana. Recuerdo, de los diputados de ese momento, un solo nombre. Quizás alguno me quedó por ahí, pero Luis



Zamora fue uno de los que se acercó a esa plaza a ver qué hacían 10 o 15 locos de todo el país ayunando en la plaza de los Dos Congresos. En ese momento estábamos impulsando la ley de glaciares que si no surgió desde las asambleas la ley de glaciares fue una herramienta que impulsamos fuertemente desde el interior del interior de la Argentina.

Hace dos años, si Marcelo no me corrige, estuvimos acá, también en una audiencia pública pero ahí festejábamos que ya no estábamos en la plaza que nos dejaban entrar al Congreso. Entonces, por primera vez después de tantos años, podíamos exponer nuestra problemáticas en el Congreso. Y esta es la segunda oportunidad en la que podemos entrar a este Congreso que en el interior consideramos que es nuestra casa; tanto las legislaturas provinciales como el Congreso.

He notado acá, a lo largo de toda la jornada, algunos conceptos que se han ido vertiendo que por un lado me dan esperanza y, por el otro, me dejan un poco preocupada. Escuché hablar de ONG, pero al principio de esta jornada costaba instalar la palabra asamblea, que son las que nacieron en nuestros pueblos. Nosotros somos asamblea, no somos ONG, aunque podemos convertirnos si eso es necesario para la lucha. No estamos cerrados a esta posibilidad. Pero sí quiero rescatar esto de la asamblea y que se entiende el mecanismo por el cual las asambleas están hoy en el Congreso. Nosotros somos gente diferente entre nosotros. Para utilizar términos mendocinos, somos peronistas, radicales y demócratas. Somos 10, 15 o 20 y nos tenemos que poner de acuerdo y tenemos que determinar nuestro objetivo y eso es lo que hemos hecho a lo largo de los años que llevamos en esta lucha.

Entonces, si bien pienso que no he tenido la posibilidad de leer cada uno de estos proyectos, si a nosotros no nos es difícil, o algo difícil, ponernos de acuerdo, creo que los representantes del pueblo deberían ponerse de acuerdo y tratar de empezar a derogar las leyes de los 90 porque nos rasgamos las vestiduras hablando del as leyes, pero no hemos tenido la capacidad ni como organizaciones populares ni desde las instituciones de derogarlas. A lo largo de los años vemos como pasan los gobiernos, los diferentes partidos políticos y estas leyes siguen vigentes. Entonces, el tema del discurso que muchas personas que saben más que nosotros lo han ampliado y lo han abordado más ampliamente, nosotros ya lo entendimos. Y también, reflejar esto.

Escuché por acá que dijo que se tuvo que poner a estudiar. Y ustedes qué se piensan que hemos hecho durante los últimos 10 años en la Argentina. Hemos tenido que aprender a ser abogados, geólogos, químicos y estoy hablando de vecinos o de simples empleados públicos que un día tuvimos que agarrar libros que no sabíamos que existían para poder entender cuál era la lógica de las transnacionales mineras. Por suerte tuvimos compañeros en las asambleas como Marcelo, María Estela y muchos otros que tuvieron la capacidad de bajar los conocimientos científico-tecnológicos a un lenguaje común en donde Doña Rosa, la Gladys o la Nelly, por recordar a algunas compañeras de la asamblea pudieron entender de qué estábamos hablando. Pero, como vengo de una provincia que es un desierto por más verde que haya, que nos ha costado mucho construir la Mendoza que tenemos, sí sabemos lo que es un recurso vital como el agua y lo que cuesta construir los oasis en Mendoza a lo largo de generaciones, mis abuelos, mis bisabuelos y muchos otros. Entonces, tenemos bien en claro cuáles son nuestras prioridades, cuáles los modelos y después tuvimos que aprender a coordinarnos. Así fue que nos juntamos con gente de otros departamentos para armar una coordinadora. Y, a nivel nacional la Unión de Asambleas Ciudadanas que es otro gran colectivo donde cada 3 o 6 meses nos reunimos y somos entre 400 y 500 participantes que nos tenemos que poner de acuerdo sobre diferentes



problemáticas. Entonces, sigo sintiendo por suerte pude escuchar experiencias de otros hermanos latinoamericanos y no son diferentes a las nuestras. Está todo inventado, algunos van más adelantados y otros iremos más atrás, pero todos hacemos lo mismo. Nosotros aprendimos y tenemos una ley que no prohíbe la megaminería pero prohíbe las sustancias y así y todo, ha tratado de ser derogada. Para poner un dato concreto, nuestro actual gobernador de Mendoza, el abogado Paco Pérez es parte del estudio de abogados que ha presentado los 10 pedidos de inconstitucionalidad de la ley 7722 que es la ley provincial que prohíbe las sustancias químicas en este tipo de explotación. Con eso nos enfrentamos todos los días. Siguiendo con esta reflexión y para ir terminando, quiero comentarles que estuvimos caminando por el Congreso… A principios del año pasado, sin quererlo sin pensarlo y sin haberlo planeado, tuvimos la capacidad de tomar la Legislatura de Mendoza porque se estaba discutiendo un proyecto concreto, en Uspallata, que intentaba violar esta ley, porque como no nombraba al xantato, querían que avance la iniciativa. Desde la comunidad mendocina nos opusimos, y llegó el día en que estábamos en una de las tantas marchas, que al principio eran de cinco, veinte o doscientos, y que terminaron siendo doce mil o quince mil y tuvimos la capacidad de tomar la Legislatura y poder votar como pueblo si queríamos o no este proyecto. Para ir cerrando la idea, creo que está mucho más lejos, pero quiero que quede claro que las comunidades siguen resistiendo y van a seguir a lo largo de los años. Entendemos que esta no es una lucha ni para hoy ni para mañana y que se termina dentro de mucho tiempo. Hemos entendido que así como una vez llegamos a lo largo una plaza, vamos a tener la capacidad con mucha organización la capacidad de golpear estas puertas para que nuestros legisladores empiecen a debatir seriamente qué modelo de país queremos. Para terminar, quiero señalar que no soy ambientalista, no soy fundamentalista, si hay algo que por ahí quedó un poco más desdibujado, si bien Maristella Svampa lo trató al final, es otra pata de todo este paquete impositivo que tiene que ver con la Ley Antiterrorista, que fue sancionada en un gobierno que dice ser nacional y popular y son las herramientas justo con las leyes contravencionales provinciales, que los compañeros de San Juan deben conocer bastante bien, porque en Mendoza se intentó instalar una que era copia de esa provincia y tuvimos la capacidad de que no se sancionara, pero así es como nos reprimen, como nos tratan de terroristas y como intentan callar esta resistencia. Muchas veces esta ley no se visualiza en la complejidad de esta problemática. Les agradezco que podamos estar acá expresándonos. Me voy un poco preocupada, porque a veces siento que las comunidades siguen estando un paso delante de lo que las instituciones y los representantes están realmente. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Vamos a invitar a la legisladora de la provincia de Río Negro, Magdalena Odarda, del ARI. Sra. Odarda. – Buenas tardes. Voy a usar la mitad de mi tiempo, porque quiero también que se exprese el concejal de Bariloche, mandato cumplido, además abogado de muchas organizaciones mapuches de nuestra provincia de Río Negro. Quiero contarles una historia bastante triste, ya algo adelantó Maristella Svampa, sobre lo que nos pasó a los rionegrinos respecto de la megaminería. Nosotros desde 2005 habíamos podido lograr, gracias al gran esfuerzo de todas las organizaciones sociales de nuestra provincia, una ley de la cual nos sentíamos verdaderamente orgullosos, la llamada Ley Anticianuro. Lamentablemente, en sólo dos horas, el 29 de diciembre próximo pasado, esta ley fue derogada. Una verdadera conquista social que llevó años construirla fue dejada sin efecto sin ningún tipo de explicación. Por supuesto, con una estrategia muy bien pensada y



utilizando las fiestas de fin de año, Navidad y Año Nuevo, habiendo ingresado dos días antes de la sesión, no dando la posibilidad de que la comunidad se organice y se movilice de los cuarenta y seis legisladores que tiene la Legislatura de la provincia de Río Negro, la mayoría aplastante, automática, dio por terminada esa ley. Sin embargo, el gobierno, que pensó esta estrategia de tan baja estopa, que fue utilizar esta fecha en la que la gente está desmovilizada, no contó con la resistencia del pueblo de la provincia de Río Negro. Hay una resistencia histórica, quizás con epicentro en San Carlos de Bariloche, donde tengo entendido que van por la marcha número veinticinco, marchas multitudinarias, donde piden la restitución de la Ley Anticianuro. No sólo en Bariloche se hacen estas marchas, sino también en el resto de la provincia. Luego de esta primera envestida, que fue aplaudida en ese momento con un comunicado de prensa que envió el secretario de Minería de la Nación en el que manifestó que por fin Río Negro va a ingresar al Plan Minero Nacional, luego seguramente van a venir Chubut y Mendoza. No contaban con que todavía no pudieron y no van a poder con las otras provincias. Nosotros también desde Río Negro contando esta experiencia negativa estamos aportando para esa lucha, para que no les pase lo mismo. El próximo 29 de diciembre se conmemora un año de la derogación de la Ley Anticianuro. Tenemos más de 600 proyectos mineros, la mayoría con aprobación de estudios de impacto ambiental todos de primera categoría. Pensamos que si estos proyectos mineros se llevan a cabo, nos vamos a convertir prácticamente en una provincia colador, porque los proyectos están en todo el territorio. En un momento, se habló de dividir la provincia en dos, en zona de sacrificio, que es la meseta, sobre todo la meseta de Sumuncurá, y una zona que se iba a proteger, la zona de Bariloche, de El Bolsón. Pero hoy por hoy tenemos doce proyectos de oro, incluso en la zona de Bariloche, en la zona del Foyén, y también se habla de que algunos grupos muy conocidos, lamentablemente en la Patogonia, como Benetton y Lewis están detrás de estos proyectos mineros. Solamente quería contarles que fui una de las poquísimas que defendió la Ley Anticianuro, porque fui la primera autora de la ley que fue derogada. En el 2005 presentamos ese proyecto de ley con las asambleas, y después el gobernador la tomó y la hizo suya, pero luego el 29 de diciembre me tocó defenderla prácticamente en soledad. Lo hice con el aporte de todos ustedes. La miro a Maristella Svampa porque ella al igual que muchísimos otros académicos, ambientalistas, gente de las universidad, Fernanda Reyes nos enviaron adhesiones, nos enviaron material para poder defender la ley pero nada se pudo hacer. A los pocos meses crearon la empresa minera provincial EMIRSA, en esa sesión como ya no le quedaron herramientas para poder acallar al pueblo hasta usaron la violencia. Creo que fuimos varios los legisladores que fuimos prácticamente agredidos físicamente en la misma sesión por negarnos a aprobar esta empresa minera que pretendía que la provincia de Río Negro entre al negocio del oro junto a las otras empresas, como Pan American Silver que lleva adelante el proyecto Calcatreu. Quiero cederle la palabra a Darío Rodrigo Duch, y decirles que Río Negro está de pie, que los organizaciones sociales está de pie y que esta lucha, por más que no tengamos ley, la vamos a vencer. (Aplausos.) Sr. Duch. – Buenas tardes a todos. Como contaba Magdalena Odarda, el proceso de Río Negro ha dado varios puntos para discutir, porque en 48 horas se derogó lo que llevó dos años de trabajo concreto en las asambleas allá por los años 2003, 2004 y 2005. Y, paradójicamente, en 48 horas el hoy



extinto gobernador Soria… Casualmente, dos días después fallece de una manera tremenda. Pero, ¿qué es lo que sucede? Toda la capacidad de reacción de la gente no puedo articularse más que para juntarse y escuchar la sesión en la cual veían desdibujar toda esa lucha popular. En ese momento, se articuló todo lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, de la cual hoy hablaba la compañera de Mendoza. Se articuló a nivel Patagonia, una unión de asambleas patagónicas. Esto es muy interesante. Nos empezamos a juntar por el mes de febrero. Concretamente, primero fue en Lago Puelo, provincia de Chubut. Después en Jacobacci y en Gangan, este es un pueblo de la meseta que está al lado del emprendimiento de plata que dicen que es el más grande del mundo. Me refiero al emprendimiento Navidad, donde pretenden instalar la megaminería a través de la utilización de sustancias tóxicas. ¿Qué es lo que sucede con este fortalecimiento que empieza a tener el mundo de las asambleas? En mi caso, como concejal m.c. y trabajando desde la Legislatura, pero, sobre todo, como abogado de las causas; en este caso nos pareció fundamental poner a disposición de las asambleas esa herramienta jurídica, que empezó a utilizar los elementos que teníamos desde los consejos deliberantes, concretamente, ordenanzas, que eran muy contundente en cuanto a no sólo al viejo formato de la prohibición del mercurio y el cianuro, sino que también se incluían otras sustancias que hoy se utilizan y, por otra parte, también se prohibía la práctica del fracking, que es otro de los problemas que se nos vienen. Esto es la puerta de entrada para seguir trabajando toda la otra problemática. Y, por otro lado, la minería de uranio. La veo a Mariela de Conciencia Solidaria, que vienen trabajando hace muchísimo sobre este tema. Nos parece que este es otro de los problemas que tenemos que tratar desde el Congreso. El Congreso Nacional tiene esta deuda respecto de la sociedad. Por suerte, hoy empezamos a trabajar acá, en espacios institucionales. Pero, desde la década del menemismo, de los años 1992 a 1994, cuando se sanciona toda esta batería de leyes de promoción minera hasta diciembre, cuando se sanciona la ley antiterrorista… Todo esto son verdaderas deudas que tiene el poder institucional para con la población, no sólo con las asambleas. Dentro de las herramientas que habíamos puesto a disposición y que están funcionando dentro de lo que es Río Negro, y acompañando esas 25 marchas… Como bien decía Magdalena, son 25 marchas que se vienen haciendo todos los miércoles en Bariloche, de donde soy oriundo. Concretamente, ahí es donde se ve el calor de la gente y una enorme creatividad. Habrán visto la foto donde está toda la gente haciéndose la muerta en la ciudad. Cerca de dos mil personas en el Centro Cívico de Bariloche, para decir: toda esta gente ha sido muerta por cianuro. Esa forma de instalar los temas, también, requería de herramientas institucionales. No sólo fue lo de la ordenanza. También, surgió de la misma asamblea la necesidad de que existiera un manual de cómo operar frente a la situación de un cateo minero. Es decir, qué hacer y qué no, cuando viniera un cateo minero. Investigando las leyes y las reglamentaciones y conjugando con la experiencia que tenemos en lo penal, para que la gente no termine procesada o detenida, se armó un manual. Es un insumo de la misma asamblea. Es un producto que hicimos entre varios y que lo ponemos a disposición de todos en este espacio. Por otra parte, hay un tema muy concreto que es el de los pueblos originarios. Esto lo decía hoy el compañero de ruta Cristian, con quien nos conocemos de otras luchas de Esquel y El Hoyo de Puyén y de tantos caminos que vamos siguiendo en la Patagonia… También, está la posibilidad de presentar amparos o acciones declarativas de certeza en el caso de las comunidades indígenas, porque existe, a través de lo que es el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución



Nacional, el derecho de consulta. Dicho derecho no es pretender que uno de los integrantes de la comisión de evaluación ambiental minera sea un integrante de un pueblo originario. No se trata de eso. El derecho de consulta es a los fines de obtener el consentimiento libre, previo e informado. Las tres cosas. Tiene que ser previo. Tiene que ser libre. No tiene que estar condicionado a: si no hacen esto, no les bajamos los planes. Y tiene que ser informado por sus propios técnicos, por la gente que ellos seleccionan. No por la gente del gobierno o por la gente de las empresas mineras. Ahí es donde hacen agua todos los emprendimientos. Hoy tenemos una serie de fallos de la Corte Interamericana, que hablan del derecho de consulta. Le sugerimos a la gente del Congreso que, tomando eso que hoy por varios fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia son ley vigente a nivel nacional, es decir, constituyen lo que se llama el bloque de constitucionalidad, porque están dentro de las normas que no pueden ser contradichas por ninguna norma local, mucho menos por un decreto o por una ley provincial. Entonces, sabiendo que eso es ley vigente para el país, tenemos que tomar esos estándares y parámetros, que constituyen los valores mínimos. Les puedo asegurar que si realmente respetamos esos valores que hoy establece la Corte, no tiene cómo avanzar un proceso minero dentro de una comunidad indígena. Digo: comunidades indígenas, y realmente estamos hablando de mucha cantidad de gente y de territorio. En el caso de Río Negro, una tercera parte de su territorio tiene de alguna manera directa o indirecta una posesión indígena. Así que hoy, que también se está hablando de la cuestión de la reforma del Código Civil, también tenemos que incluir la problemática de la consulta dentro de dicho código, por eso hoy lo está trabajando la Comisión Bicameral dentro del Congreso. Proponemos que sea uno de los temas que se incluya. Nos parece que hoy tenemos la oportunidad, desde el Congreso, de que se empiece a saldar esa deuda institucional. Acá es donde están las herramientas y donde pueden surgir las leyes que deroguen a aquellas que no debieron haber salido nunca. Les agradezco muchísimo haber invitado y recibido en este lugar. Nos parece fundamental que estén acá presentes los protagonistas y todos aquellos que quieran estudiar y proponer proyectos. Ahí es donde vamos a cambiar y garantizar que este país siga siendo lo que debe ser en materia de protección ambiental, que sea un país que respete las garantías constitucionales y que siga respetando este medio ambiente, que hoy todavía está en bastantes buenas condiciones. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Al principio de esta jornada, mencionamos que no queríamos que nadie que quisiera hablar no pudiera hacerlo y que el único limitante que teníamos eran las seis de la tarde. Está Conciencia Solidaria, que había pedido hablar. Como cierre de la jornada, se va a pasar la película. Sra. Silvestein. – Agradecemos a todos la lucha que venimos llevando hace tanto tiempo. Cuando se habla del trabajo de las asambleas y la diferencia con ONGs, nosotros siempre pensamos en términos de complementariedad y no de competencia. Valoramos y reconocemos a los pioneros de las primeras asambleas y a quienes se sumaron después. Y todos juntos seguimos resistiendo.

Particularmente, Conciencia Solidaria, como ONG, existe hace cinco años. Humildemente, empezamos como asamblea, juntando firmas de una asamblea de Córdoba que nos mandaba las planillas de firmas para que en las plazas de Buenos Aires, también, se



junten firmas para que el Córdoba se prohíba la megaminería. Así empezó Conciencia Solidaria. Así que claro que Conciencia Solidaria reconoce la

labor de las asambleas y las ama profundamente. Por eso, va de la mano con las asambleas cada vez que viaja a una localidad, o cuando acá, en Buenos Aires, salimos a la calle a hablar del agua, que es el agua de todos: de las asambleas, de Conciencia Solidaria, de Giustiniani, de Artaza, de cada uno de los senadores y diputados que están en el Congreso, de todo el país y del mundo.

Entonces, nos parece urgente que se tome conciencia de que debatir sobre ciertas cuestiones que ya están debatidas desde hace veinte años es quedarnos atrás respecto de la urgencia ambiental, social y de la muerte de millones de argentinos que están sufriendo la megaminería y la minería de uranio; cuando ya hay que atender los temas nuevos, como, por ejemplo, el gas shale. ¿Cómo vamos a ponernos a atender temas nuevos si a los temas viejos los seguimos tratando como si fueran nuevos? Es por eso que Conciencia Solidaria exigió durante todo el año, desde que ha presentado el proyecto con el senador Artaza, urgente tratamiento a los proyectos de ley.

A nosotros nos parece importante que de una reunión como esta, a la que muchísima gente de todo el país se ha tomado el trabajo de venir para defender lo que es de todos, pueda salir una moción, con una fecha concreta, para el tratamiento de los proyectos de ley.

Si tenemos que decir cuál es el proyecto de ley que Conciencia Solidaria apoya, vamos a seguir diciendo lo que venimos diciendo desde que empezamos a trabajar por esto: un proyecto de ley completo, que cubra la demanda que la sociedad necesita, que es prohibir de manera urgente la megaminería y la minería de uranio, con la estrategia que está avalada por el fiscal Gómez, el gran fiscal que está apoyando el trabajo de todos nosotros, que sugiere –por eso se aplicó– que en el proyecto de ley haya un aspecto punitivo. Porque si no, nos quedamos sólo en la parte declarativa. Si no ponemos la parte punitiva, no se va a lograr que las empresas no hagan lo que decimos que no hay que hacer. Y además de la parte punitiva, que también contemple penas para los funcionarios públicos que sean cómplices de aquellas empresas que no se adecuan a la modalidad que pretende el proyecto, es decir, no megaminería, no minería de uranio.

Entonces, sinceramente, creemos que sería un paso de madurez que podamos poner fecha de tratamiento, que se traten los proyectos y que se apruebe el más completo, que es el que necesitamos, y que salgamos de la lógica especulativa de pensar si vamos a llegar con los votos o no. Exijamos llegar con los votos. Hace veinte años que estamos luchando por lo mismo. Desde 1995 que está Minera La Alumbrera y se está muriendo gente.

A mí me parece que las cosas son mucho más simples, y que el drama coyuntural sociopolítico que estamos viviendo no nos tiene que hacer perder la simplicidad. Justamente, el drama nos tiene que llamar a la mayor simplicidad para atender las urgencias.

Así que, desde Conciencia Solidaria, esta es la moción: que pueda salir un proyecto. Pero para eso hay que tratarlos. Entonces, que podamos poner fecha. A nosotros nos parece que todo lo que aportaron todos los compañeros es excelente, pero se enmarca en el diagnóstico. Hagamos algo más; tratemos los proyectos de ley.

Eso es lo que queríamos aportar desde Conciencia Solidaria: es necesario fijar una fecha de tratamiento para el proyecto. Lo decimos sabiendo que está presente el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, que es el que nos ha invitado a todos. Como lo dijo en La Rioja, que lo pueda decir acá. En su momento, dijo junio; no se cumplió. Ahora, estamos viendo cuándo puede ser, estamos preguntando. No sé si acá podemos levantar la mano lo ciudadanos; eso lo tienen que decir los senadores.



Entonces, como ciudadanos, agradecemos la puerta abierta de la audiencia pública. En lo que respecta a nuestra parte de oratoria, pedimos una fecha concreta para que se traten los proyectos de ley.

Por otro lado, les comento que el proyecto de ley que Conciencia Solidaria apoya fue fundido grandemente cada vez que viajamos a cada una de las asambleas del país. Hemos realizado bastantes copias y las hemos dado en mano a los diferentes compañeros. La hemos hecho circular muchísimo. Con muchos de ellos hemos hablado y consideran que es el proyecto más completo. No hay otro que prohíba ambas cosas, megaminería y minería de uranio, en el mismo proyecto y que también tenga aspectos punitivos.

Muchísimas gracias a todos y un abrazo en la lucha. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Hace pocos días, el país tuvo una iniciativa muy importante, que fue la constitución de la asamblea del agua, que se hizo aquí, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue una convocatoria hecha a todas las organizaciones sociales y a todos los dirigentes políticos y sociales que quisieran estar.

Está presente y nos va a dirigir la palabra una de las impulsoras principales de esta idea, que es la diputada (m. c.) Fernanda Reyes. Sra. Reyes. – Efectivamente, hace nada más que dos semanas hemos lanzado el Primer Parlamento por el Agua. La verdad es que fue un trabajo coordinado por muchas fuerzas políticas, o, mejor dicho, por actores que estamos dentro de fuerzas políticas. No quiero dejar de nombrarlos: Bonasso; Pino; Vicky Donda; Rubén; Martínez, de la UCR; Nito. También quiero nombrar a los especialistas que son adherentes de este parlamento, que han trabajado durante muchísimos años y han ayudado, como bien dijeron las asambleas, al trabajo local, como Marcelo Giraud, Horacio Machado, Maristella Svampa, y que le dan ese contenido y esa solidez a muchas de las cuestiones que se vienen planteando. Allí también estuvieron muchas organizaciones sociales y asambleas de todo el país.

Muchas gracias por recordarlo. Esto está funcionando. De hecho, entre la semana que viene y la otra van a empezar a funcionar las comisiones permanentes. Se trata de un espacio más. No vino a suplantar absolutamente nada; al contrario.

Recién, una de las asambleístas de Mendoza decía que siente que las instituciones vienen muy por detrás de lo que están haciendo las organizaciones y las asambleas. Lamentablemente, es así. Pero también hay que recordar algo: gracias a que las asambleas y los vecinos se han puesto de pie en cada uno de los territorios, hoy podemos estar acá sentados hablando. Gracias a que eso ocurrió, pudimos sacar la ley de glaciares; gracias a que eso ocurre, podemos estar debatiendo si cambiamos o no el marco jurídico de la Argentina sobre megaminería, y gracias a que eso ocurre, hoy podemos estar hablando de fracking. Porque detrás de cada una de nuestras palabras hay personas que están poniendo el cuerpo cortando las rutas, haciendo organizaciones y armando marchas, que se enfrentan en la soledad absoluta que esto significa. Porque hablar de megaminería a cielo abierto; hablar de fracking; hablar de lo que ha ocurrido con la contaminación en las explotaciones de petróleo; hablar de lo ocurre, por ejemplo, en Jujuy, donde hay chicos con plomo en sangre; o aquí, en el Riachuelo, que lo tenemos contaminado por las industrias; o en el Río de la Plata. Y si seguimos avanzando por el país vamos a encontrar millones de ejemplos de lugares con contaminación y con un gran nivel de extracción y explotación. Ni hablar de los pueblos fumigados por los agroquímicos.

Entonces, de lo que estamos hablando es de un modelo. Un modelo que no puede existir sin la connivencia clara de algunos sectores y de los gobiernos locales y nacionales. Lamentablemente, detrás de este modelo también existe el modelo de la corrupción. Sin



corrupción, sin instituciones que están en connivencia con este tipo de explotación, sin este modelo extractivo y sin legislaciones que les permiten hacer estas cosas, hoy los argentinos no tendríamos que estar padeciendo este tipo de explotación en el país.

Por lo tanto, cuando hablamos de megaminería, estamos hablando de una forma de un país determinado que se quiere llevar a cabo. Y que no es el país que nosotros elegimos: cómo producir, qué producir, para quién producir. Esas decisiones, lamentablemente, no están pasando por nosotros, sino que dependen de las inversiones que vengan, de geopolíticamente qué mejor podamos beneficiar a estas grandes multinacionales; pero no de los intereses locales.

Recién miraba el mapa que había puesto Maristella. Lamentablemente, cada puntito de conflicto socioambiental, institucional, está ligado directamente con la violación de los derechos humanos respecto del acceso al agua y también la violación de los derechos humanos con relación a la posibilidad de expresarse libremente y no ser perseguido por aquellos que están en contra de este tipo de modelo. Creemos que ese país está lleno, está repleto de esos puntos.

Sin embargo, a mí me queda una gran esperanza. Ya existen proyectos presentados, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara Nacional, sobre la modificación del andamiaje jurídico sobre el sector de megaminería. Enrique Viale fue uno de los principales generadores de esos proyectos cuando yo estaba en la Cámara, en su momento. Pero no solamente los proyectos que nosotros hemos presentado, sino también proyectos que han presentado el socialismo, el radicalismo, Proyecto Sur y tantos otros.

Los proyectos están ahí para ser debatidos, para que sean impulsados y llevados adelante. Está la derogación de promoción de inversiones mineras, la modificación del Código de Minería, que tiene que ver con la incorporación del principio preventivo y precautorio que establece la ley ambiental y está la prohibición de la megaminería a cielo abierto. Está todo. Lo único que nos falta –como bien decían acá– es ponernos de acuerdo en ambas Cámaras para que esto efectivamente sea posible. Así como fue la Ley de Glaciares, que nos decían que parecía que era de prohibición de la megaminería, pero que en realidad era protección de los tanques de agua de nuestro país. ¿Vieron cómo se cambian los principios cuando uno está en este tipo de debates? Bueno, la Ley de Glaciares salió, y después del 90 fue la primera ley que salió en protección del agua y en contra de este tipo de explotaciones en la Argentina, que tenía que ver más que nada con evitar que este tipo de explotaciones sigan perjudicando estos tanques de agua. Y así como salió esa ley, estoy segura de que pueden salir otras que están presentadas y que estamos entre todos tratando de ponernos de acuerdo y que, efectivamente, los egos no estén por encima de las causas, porque las causas están para ser defendidas. Muchísimas gracias por el espacio. Cada uno de estos lugares son fundamentales para que la Argentina observe que esto está ocurriendo. Como les decía, tengo la gran esperanza y alegría de que sé que, así como nosotros estamos acá, en cada localidad de nuestro país alguien está de pie levantando esta bandera. Muchas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. – Tiene la palabra el secretario de la Comisión. Sr. Secretario. – Llegamos al final de la jornada. Queremos agradecerles a todos que hayan estado aquí, especialmente a los expositores, que muchos vinieron de muy lejos. Para cerrar hará uso de la palabra el señor senador Giustiniani, presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de la Nación. Posteriormente, dejaremos correr el documental que acercaron los vecinos autoconvocados de San Carlos, Mendoza, que se llama “La tierra del agua”.



Sr. Presidente. – Creo que está todo dicho y sobradamente. Nosotros siempre sostuvimos que cuando uno hace un proyecto de ley está la parte dispositiva, la reglamentación, y después, aunque se lean poco –lamentablemente, estamos en tiempos en que se lee poco– , los fundamentos, que es como que quedan en segundo término. En general, nosotros hacemos al revés: siempre le damos una gran importancia a los fundamentos, que son los que explican el porqué uno llega a la presentación de un proyecto de ley. Por la experiencia que uno tiene recorriendo el país, los mejores proyectos de ley han salido de la experiencia, de la vivencia, de la lucha y de la participación de la sociedad. Los mejores proyectos de ley se concretan a raíz de las demandas de la realidad de cada uno de los lugares del país, que son proyectos que después pueden significar un progreso hacia adelante. Recién le decía en broma al senador Artaza que le exijo que le explique el mecanismo parlamentario a Conciencia Solidaria. Les cuento en dos palabras: acá estamos los bloques de la minoría. La mayoría no está acá. Si yo propongo darle tratamiento mañana a los proyectos de la megaminería, se caen, porque nos votan en contra. O sea que estratégicamente tenemos que ponerlo en tratamiento en el momento en que podamos tener algún voto del oficialismo, como fue con la Ley de Bosques y la Ley de Glaciares, para lo cual tenemos que tener visibilidad y un momento político en donde votar en contra estos proyectos les signifique un gran costo. No tiene sentido que lo hagamos un día para quedarnos tranquilos. Por otro lado, para poner los temas en el recinto también hay que tener el consenso del oficialismo. Entonces, no es nuestra voluntad de darle tratamiento o no. De hecho, le estamos dando tratamiento al tema desde hace varios años. Estamos en una misma vereda defendiendo desde hace mucho tiempo esto, votando en contra de la Ley Antiterrorista, que se trató dos veces en el Senado. La primera vez que se trató fui el único que la votó en contra, hace cinco años. Porque tuvo dos tratamientos la Ley Antiterrorista. La primera vez nadie habló de la ley y tuvo un solo voto en contra en el Senado. Y la Ley Antiterrorista casi no se conocía. Cuando volvió –la perfeccionaron– casi toda la oposición votamos en contra. Fabiana decía que ella tenía la sensación que la sociedad o las asambleas están un paso adelante de la dirigencia política. Eso es cierto. Muchos estuvimos en Río+20. Yo fui como senador nacional a la cumbre oficial. Fuimos con pocas expectativas y nos volvimos con nada, con el escepticismo y las manos vacías. No hubo ninguna voluntad ni decisión política de los gobiernos del mundo de poder avanzar un cachito así en lo que sea a compromisos respecto a la cuestión ambiental. Pero uno hacía cuarenta kilómetros, porque lo hicieron en la otra punta de la ciudad –no casualmente “la cumbre de los pueblos”– y uno vio una vitalidad, participó de asambleas, del desarrollo de un debate, de una movilización por las calles de Río, que uno vuelve, a contramano de ese escepticismo de un lado, con el espíritu en alto del otro. Dice Noam Chomsky que el poder del siglo XXI es la opinión pública. Lo estamos comprobando, porque si un tema se hace carne en la opinión pública, es muy difícil que sectores políticos después se contrapongan a una opinión pública que lleva con fuerza las reivindicaciones de la calle hacia adelante. Y creo que esto es una mejora positiva de la democracia, de concientización popular que determina llevar muchas veces adelante reivindicaciones que después son tomadas por la dirigencia política. Recién hablábamos con Nito, Freddy y Graciela a ver cuándo hacemos una convocatoria a todos ustedes, poniendo este tema en el temario, sabiendo que es muy probable que los senadores del oficialismo no concurran a las reuniones. Porque los senadores del oficialismo no han concurrido a reuniones donde lo que se trataba eran pedidos de informes, que ustedes saben que después el Poder Ejecutivo los contesta o no. Por ejemplo,



en el pedido de informe sobre Pascua Lama en la Comisión no nos dieron quórum para tratarlos. Ésta es la realidad que tenemos. Yo soy optimista porque observo que hay una concientización popular. Yo soy del criterio que se planteó acá, de que la democracia representativa debe avanzar y tener como norte fundamental la democracia directa. Ésta es mi idea, por lo menos. Pero en una cuestión muy concreta, la democracia representativa –si somos democráticos– expresa mayorías que se construyen en las elecciones. Entonces, estos temas tenemos que instalarlos también para que formen parte del debate público cuando la gente tenga que emitir su voto el año que viene. Si seguimos siendo minoría y el bloque de la mayoría y el oficialismo –como vemos– tiene una actitud en este tema de no solamente estar cerrado a esta propuesta, sino que considera a la megaminería a cielo abierto como un eje fundamental de desarrollo económico del país, creo que estamos en problemas si nos ganan las elecciones también. Entonces, son las dos cosas.

Cuando concurrimos a Mendoza, a Famatina, nosotros les dijimos que íbamos a traer este tema acá, a este lugar institucional, el lugar donde las asambleas pudieran expresarse, como lo decía Fabiana recién. Les agradezco a todos ustedes el esfuerzo de haber recorrido más de mil kilómetros, de venirse hasta el Senado de la Nación. Todas estas participaciones enriquecen la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable porque han quedado en las copias taquigráficas. Este es un impulso político fuerte para que en el tratamiento de la Comisión los que se quieran hacer los distraídos no se puedan seguir haciendo los distraídos y para que podamos establecer junto con ustedes una estrategia, con la presencia de ustedes, cuando pongamos esto en el debate y que por lo menos signifique un costo político para el oficialismo si no lo quiere asumir. Pero no queremos eso, queremos que salgan las leyes, queremos que no se siga con la megaminería a cielo abierto.

No es nuestro objetivo querer hacerle pagar un costo político al oficialismo, queremos conseguir la ley y para esto necesitamos definir junto con ustedes una estrategia inteligente que nos permita avanzar en esto. Contra los gigantescos intereses económicos pudimos aprobar la Ley de Bosques. Entonces, ya lo hicimos, por eso somos optimistas. Sacaban las cuentas de cuántas hectáreas de soja representaba y cuánto era la exportación; y seguían y siguen todavía desbastando los bosques nativos. Sacan las cuentas, porque es la codicia, el dinero, es el capitalismo que mata, que depreda, sin importar la vida humana. Me parece que en esta jornada no solamente tomamos aire fresco y renovamos nuestra energía, sino que además estamos convencidos de que hemos dado un paso más adelante en la dirección correcta. Muchas gracias a todos. (Aplausos.)

–Son las 17 y 58.

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REPÚBLICA ARGENTINA V E R S I Ó N T A Q U I G R Á F I C A · Nos acompaña la licenciada Maristella Svampa, recordando donde están enterrados nuestros muertos, aparentemente sería