REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

REUNIÓN PLENARIA DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y

TRANSPORTE Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Salón “Arturo U. Illia” — H. Senado de la Nación

13 de marzo de 2012

Presidencia del señor senador Fuentes

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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Salón Arturo Illia

del Honorable Senado de la Nación, a las 14 y 16 del martes 13 de

marzo de 2012: Sr. Presidente (Fuentes). – En primer lugar deseo agradecer la presencia de todos los que se encuentran en esta sala y en particular de los señores funcionarios del Estado nacional que se han hecho. Contando con el quórum suficiente, damos inicio a la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Infraestructura, Vivienda y Transporte y Presupuesto y Hacienda para trtar el mensaje del Poder Ejecutivo 341/12, expediente 16/12, proyecto de ley por el cual se ratifica la transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los servicios de transporte subterráneo y premetro dispuesta en el marco de las leyes 23.696 y 24.588 y s/m, y del decreto 2608/93 y otros. Distinguidos colegas: la idea es que los funcionarios del Poder Ejecutivo, el señor Julio De Vido, ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; el señor Hernán Lorenzino, ministro de Economía y Finanzas Públicas y el nuevo secretario de Transporte, Alejandro Ariel Ramos, al cual le damos la bienvenida y desde ya le deseamos éxito en su gestión, nos informen sobre los fundamentos, razones y criterios que ha tenido el Poder Ejecutivo nacional para enviar a consideración de este Cuerpo este proyecto de ley.

Abusando de la paciencia de ustedes, señalo que es deber de esta presidencia de la Comisión ratificar de manera enfática la competencia de esta Cámara como cámara de origen en el tratamiento de esta cuestión que engloba aspectos de nuestro sistema federal y que subsana dos injusticias prolongadas en el tiempo. La primera se refiere a la no instrumentación de la autonomía efectiva de la Ciudad de Buenos Aires, que en este caso es la transferencia de servicios que le son esenciales y que forman parte de sus potestades de origen; esto se cumple con la intención de la señora presidenta en el envío de este proyecto. La segunda se relaciona con el Interior y con el hecho de remediar esa injusticia de que sean el resto de las provincias las que paguen la prestación de servicios locales que le corresponden a la ciudad en la cual se desarrollan. Dicho esto, invito al señor ministro de Planificación a que se dirija a nosotros… Tiene la palabra el señor senador Morales. Sr. Morales. – Obviamente está presente en esta convocatoria casi todo el bloque de senadores del radicalismo. Hemos invitado también al presidente del bloque de diputados nacionales, el doctor Ricardo Gil Lavedra. Entendemos que dada la situación del sistema de transporte en todo el país, particularmente después de lo que ha ocurrido en el accidente de Once; habiendo solicitado a través de proyectos –inclusive lo hemos adelantado en la reunión de Labor Parlamentaria- un pedido de interpelación al señor ministro Julio De Vido –que está aquí presente junto con otros altos funcionarios- porque creemos que es el responsable, por lo que establece la ley 26352, en primer lugar de todo el sistema de transporte en el país y, en particular, del transporte ferroviario; estando vigente, señor presidente, el decreto 2075 del año 2002 que declara el estado de emergencia a la prestación de los servicios correspondientes al sistema público de transporte ferroviario de pasajeros de superficie y subterráneos del Área Metropolitana de Buenos Aires, nosotros no podemos, después de lo sucedido en la tragedia de Once y todo lo que ha conmovido al pueblo argentino, empezar por un tema que es secundario, que obviamente lo vamos a abordar y que seguramente tendrá una solución por parte del Congreso de la Nación. Además, compartimos con usted el criterio de que es competente este Congreso para abordar el tema del proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado con relación a la transferencia del servicio público de pasajeros en la Capital Federal. Antes de eso, señor presidente, tenemos preguntas que realizarle especialmente al señor ministro De Vido sobre la situación del sistema de transporte en general, fundamentalmente a partir de la vigencia del decreto 2075, y sobre temas puntuales relacionados con el accidente de Once. Para nosotros esa es la cuestión prioritaria. Obviar esto sería esconder una realidad que el Congreso no se puede permitir. Viene bien que esté presente el señor ministro de Planificación e Infraestructura para responder nuestras. Preguntas. Queremos empezar por allí. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Sr. Morales. - Señor presidente, 51 muertos justifican este pedido. Sr. Pichetto. – La convocatoria que se ha realizado esta tarde es para abordar la temática de la transferencia a la Ciudad de Buenos Aires de actividades de transporte que le son propias, que

13/03/2012 Pág. 3 forman parte de la naturaleza y de las obligaciones que tiene la Ciudad. La temática de Once, que todos lamentamos profundamente, el país indudablemente lo ha vivido con mucha conmoción, hoy está en el ámbito del Poder Judicial de la Nación; está siendo investigado y se está definiendo el marco de responsabilidades en función de resultados periciales, técnicos y elementos que me parece que no sería adecuado traerlos aquí ni venir acá a plantear una interpelación al señor ministro sobre un tema que es absolutamente ajeno a la convocatoria que se ha formulado y al proyecto iniciado. Por otra parte, este tema tampoco lo hemos discutido en el ámbito de la Comisión. Me parece que conforma un golpe bajo tratar de generar un acontecimiento político conmovernos con un hecho que ha sido dramático para los argentinos, que lógicamente habrá que corregir y profundizar en el proceso del transporte argentino y que el gobierno nacional va a poner todo el empeño para hacerlo. Pero venir aquí a generar una controversia sobre ese tema nos parece realmente improcedente. Nosotros no lo vamos a avalar. Estamos dispuestos a discutir lo que hace a la naturaleza del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y a responder todo lo que haya que responder en esta temática, no a convertir este escenario en una interpelación porque ese no es el motivo ni el sentido de la presencia tanto del ministro de Planificación como del ministro de Economía. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. Sr. Giustiniani. – Primero, saludo la presencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo que han venido porque me parece que es muy importante para abordar la iniciativa que remitió el gobierno nacional a este Congreso. Considero que el Senado ha dado muestras reiteradas y repetidas de una gran responsabilidad en el abordaje de todos los temas con la presencia de todos los funcionarios del gobierno nacional.

En el día de la fecha hemos integrado la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, oportunidad en al que hemos manifestado que había muchos pedidos para que venga el ministro De Vido a la Comisión con el propósito de abordar distintos temas y en particular esta urgencia y necesidad de todos los argentinos de avanzar en lo que ha sido la tragedia de Once, 51 muertos y más de 700 heridos, para que ese tipo de hechos no se vuelvan a repetir.

El gobierno nacional dispuso la intervención de TBA. Me parece que la propuesta que hacía el señor senador Morales perfectamente puede encajar en una planificación en la reunión de esta tarde, donde abordemos la ley y también el ministro pueda responder determinadas requisitorias en cuanto al desarrollo de los acontecimientos a partir de la tragedia de Once.

Me parece que no es contradictorio. Se puede hacer de manera responsable y ordenada, abordando la cuestión del proyecto de ley remitido por el Ejecutivo y también la cuestión de la tragedia de Once. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff. Sr. Petcoff Naidenoff. – En el mismo sentido. En primer lugar, para aclarar las cosas: esto no es un golpe bajo. Creo que el Senado de la Nación no puede desaprovechar esta oportunidad de contar con la presencia del ministro y de los responsables de la cartera de planificación para discutir la crisis del transporte en general. Si el motivo que nos convoca es la ratificación de un acta acuerdo entre la Ciudad y el gobierno central, mucho tiene que ver esta tragedia, para que hoy podamos discutir estas cosas. En segundo lugar, es cierto que en el ámbito jurisdiccional se determinarán responsabilidades. Nosotros tenemos nuestra propia posición. Por eso, desde el bloque de la Unión Cívica Radical denunciamos penalmente al ministro, al ex secretario de Transporte, al subsecretario de Transporte y al titular de la CNRT, porque estamos absolutamente convencidos de que la omisión del Estado en su rol de contralor ha posibilitado que esto termine de la peor manera. Pero hay una responsabilidad política y ésta se discute en este ámbito. La sociedad espera, madura y responsablemente, que desde la política se brinden las explicaciones correspondientes. Por eso, me parece que, en este caso, más que nunca, el orden de los factores no altera el producto. Podemos discutir este tema. Y después discutamos esta especie de puesta en escena de un jefe de Gobierno que se hace cargo y no se hace cargo; de un gobierno central que transfiere recursos y durante ocho años mantuvo los servicios. Podemos discutir otras cosas. Pero lo primero que tenemos que discutir, por respeto a las víctimas y a los 700 heridos, es lo que concierne a la tragedia de Once.

Se trata de discutir responsablemente. Creo que el ministro es consciente que si está presente en el Senado de la Nación, no podemos obviar esta discusión. Tenemos interrogantes.

13/03/2012 Pág. 4 Con respeto republicano y democrático, planteamos estas cosas; para que discutamos acá. Si el ministro viene y da la cara, responsablemente hay que discutir estas cosas. Alguien tiene que hacerse cargo. Y las responsabilidades políticas se discuten en este ámbito. Sr. Fernández. – Señor presidente: en mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto quisiera hacer algunos agregados a lo charlado hasta este momento. Pareciera que estamos intentando de todas las maneras posibles darle un trasfondo o formato absolutamente antojadizo a una discusión de otras características. Suponer que haya alguno de los miembros de la política de los argentinos, de cualquiera de los poderes, como quienes han estado en su casa, viendo, sufriendo y padeciendo lo que sucedió en Once el otro día… Sería casi redundante explicar que no es cierto, porque todos nos consternamos de la misma manera por una desgracia de esas características. Los que toda la vida fuimos a trabajar en colectivo o en tren, pudimos haber sido víctimas de la misma manera, o nuestros hijos pudieron haber sido víctimas de la misma manera. Con lo cual, ninguno de nosotros puede conmoverse de otra manera que no sea hondamente en semejante situación. Ahora, vamos a poner las cosas en su lugar. Que el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical diga que tienen posición tomada y por eso denunciaron a un ministro, bueno, que lo denuncien; es una libertad que tienen y nadie se lo va a negar. La conquistamos entre todos los argentinos. Pero de ahí a que sepan que eso fue así, estamos bastante lejos. No hay una sola de las pericias que así lo indiquen. Y tampoco hay una sola de las pericias que digan que las cosas son exactamente al revés. Con lo cual, ordenadamente, debemos esperar las pericias. Alguien tiene que contar que fue lo qué pasó para saber a dónde vamos a ir.

No podemos hablar, entonces, antojadizamente de lo que se nos antoja, porque si no, yo quiero de futbol, otro habla de rugby y otro de polo y nadie va a entender absolutamente nada. Entonces, la mejor forma, la más ordenada, sería que primero conozcamos qué fue lo que pasó, para que después podamos discutirlo. Seguramente no faltará oportunidad. El ministro no está acá en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y del 214 del Reglamento del Senado de la Nación. Está en el marco de la discusión de un proyecto cuyo tratamiento es inminente y sobre el que puede aportar los datos suficientes como para poder hablar con propiedad sobre lo que estamos por hablar, que es nada menos de poder concretar lo que ya se plasmara en el año 1999 con el decreto 393 y en el año 2000 con la ley 373 de la Ciudad de Buenos Aires, donde faltaba lo fáctico nada más, que era la transferencia de los servicios hacia la Ciudad.

Discusiones concretas. Sobre lo otro, que a todos nos interesaría vehementemente discutirlo, aclararlo e ir por los responsables, debemos conocer de qué se trata. Entonces, no se puede aprovechar una situación de estas características para tratar de sacar circunstanciales ventajas, que no son tales. Es un manoseo de un tema muy serio que debe ser muy bien tratado para que no vuelva a suceder. Eso es lo que aspiramos que suceda.

Los invito, y le pido al señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante el debate, a que nos circunscribamos a ese debate y que comience la exposición del ministro para poder hablar del tema que nos trajo a esta reunión. Sr. Presidente. – Doy por cerrados los pedidos de intervención previo al programa acordado por esta Presidencia, que es la exposición de los señores funcionarios del Ejecutivo y, luego, libertad plena a los señores senadores para que interroguen. Van a hablar después de que hablen los funcionarios. Gracias. Sr. ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). – Buenas tardes a todas y todos los señores senadores. El agradecimiento a las tres comisiones que están presentes, presididas por los señores senadores Bermejo, Fuentes y Fernández y, por supuesto, al jefe del bloque y a todos los señores senadores del oficialismo y la oposición. A su vez, quiero agradecer al ministro de Economía que va, de alguna manera, a dar colofón a mi exposición explicando el motivo y el fundamento económico por el cual entendemos que la Ciudad de Buenos Aires, más allá de los aspectos legales y técnicos que vamos a mencionar, está en condiciones financieras de hacerse cargo de estos servicios en aras de un mayor beneficio, bienestar y autonomía, que es lo que establece nuestra Constitución Nacional respecto a los porteños, para que puedan manejar su sistema de transporte. Decía, días pasados , y antes de empezar a dar una breve exposición, por qué creemos que esta acta debe ser ratificada. Hace muy poco en ocasión de la inauguración del metrobus, llegamos al absurdo de que la jurisdicción nacional tuvo que aprobar ese proyecto que era propio de la Ciudad. Acá, se trata fundamentalmente de que la Ciudad de Buenos Aires asuma el rol que

13/03/2012 Pág. 5 le compete como fiscalizador, regulador y contralor del servicio. Luego, vamos a explicar por qué, en el caso del subterráneo, hay un acta convenio que fue unilateral y arbitrariamente ignorada por quien la suscribió, hace poco menos de sesenta días y por qué entendemos que sea este el ámbito en donde deba discutirse dónde está la jurisdicción y la validez de un acuerdo entre jurisdicciones firmado. Quiero hacer, en primer lugar una breve… También se habló por allí, escuchamos a alguna autoridad de la Ciudad de Buenos Aires explicando que los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires si dejaran de percibir estos subsidios a sus boletos de transportes, quedaban en situación de ciudadanos de segunda.

Nosotros tenemos que decir que esto no es así; que el subsidio a la energía eléctrica que reciben los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, el subsidio al gas natural, el subsidio al agua domiciliaria y el subsidio a los subtes y colectivos van a importar, en el curso de este año, 6.681 millones de pesos, cifra que es enormemente superior a los 1.400 millones que se habla entre subtes y colectivos, teniendo en cuenta además que el gobierno nacional, en aquella acta acuerdo, se había comprometido a financiar hasta el 50 por ciento del subsidio del subterráneo durante un ejercicio, es decir, durante el presente ejercicio. Desde 2003 a 2011, el aporte del gobierno nacional en estos subsidios –de todos nosotros, porque en definitiva fueron recursos que no fueron al resto de las jurisdicciones– estuvo en el orden de los 18.191 millones de pesos. Este año tenemos previsto en agua, en subte y en colectivos una inversión de 1.305 millones de pesos dentro de lo que es el ejido de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Y hemos invertido en estos mismos servicios, desde 2003 a la fecha, 5.525 millones. O sea que entre inversiones y subsidios hemos hecho un aporte a la jurisdicción de 23.716 millones de pesos en el curso de los últimos ocho años. Tenemos que tener en cuenta, además, que en este momento el gobierno nacional está llevando adelante dos obras estructurales de muchísima importancia, que no solamente van a servir a la Ciudad de Buenos Aires sino también al Área Metropolitana de Buenos Aires. Este es el gran problema en que se debe dar el debate, la discusión y el entendimiento entre las dos jurisdicciones. El Área Metropolitana de Buenos Aires, junto con la Ciudad Autónoma, conforman una unidad urbanística que requiere, por un lado, una gran responsabilidad jurisdiccional: un esquema federal de decisiones –se toman decisiones en cada una de las jurisdicciones–; y, además, un gran ámbito de coordinación, que siempre es lo que hemos intentado llevar adelante. No siempre hemos contado con el apoyo. Creo que de alguna manera el desprecio por un acta firmada hace 60 días de un servicio permanentemente reclamado por la administración del ingeniero Macri habla a las claras de que es muy difícil construir y avanzar en un diálogo con esta jurisdicción. Quiero decirles que las obras de toma de agua del Paraná de las Palmas, que van a resolver el problema de agua del Gran Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen un costo del orden de los 7.000 millones de pesos. La Ciudad, cuando fue convocada, nunca respondió a la posibilidad de hacer algún aporte a esa inversión, que se está llevando adelante exclusivamente con recursos del Estado nacional. Por otro lado, también estamos llevando adelante la cloaca de margen izquierdo, que prácticamente coadyuva a evacuar los residuos cloacales de la Ciudad de Buenos Aires, con una nueva planta de tratamiento en Berazategui y con una serie de obras en la Cuenca Matanza-Riachuelo, en donde la Ciudad de Buenos Aires se había comprometido, durante la gestión del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, a realizar una inversión de 1.800 millones de pesos actualizados al día de la fecha. Esta inversión nunca se llevó adelante. Y ustedes saben que el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del doctor Armella, está interviniendo en la causa por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Nosotros hemos presentado recientemente una nota ante dicho Juzgado reclamando esos 1.800 millones de pesos que la Ciudad se niega sistemáticamente a aportar, siendo que va a ser en beneficio de servicios importantísimos que se prestan en la Ciudad de Buenos Aires. En el caso de la provincia de Buenos Aires –estoy seguro de que acá hay senadores de esa jurisdicción, como el senador Fernández–, la Ciudad, sin ningún tipo de sistematización, sin ningún tipo de ordenamiento ni procesamiento, envía, prácticamente crudos, 40 toneladas de residuos diarios, a un pago anual venal, del orden de los 500 millones de pesos. Esa también es una muestra clara de lo que esta jurisdicción viene mostrando en términos no solamente de responsabilidad como funcionario y en el marco de la administración de su propia jurisdicción,

13/03/2012 Pág. 6 sino en el marco de la solidaridad con los estados vecinos, o sea, en este caso, con los municipios vecinos y, particularmente, con la provincia de Buenos Aires. Quiero decirles que en el orden nacional la participación de la Ciudad de Buenos Aires en los subsidios está en el orden del 21,7 por ciento; mientras que Santa Fe, por ejemplo, tiene el 10,9 por ciento y Córdoba, el 12,3 por ciento, contando con poblaciones de similar escala. Y justamente estos reacomodamientos van a hacer que se pueda reacomodar el monto de estos subsidios al resto de las jurisdicciones. Quiero hacer una observación que hice días pasados, en ocasión de la asunción del doctor Ramos, en relación con el papel que juegan los subsidios en la ciudadanía. Cuando la Ciudad de Buenos Aires aumenta el subterráneo en un 127 por ciento, la merma de pasajeros –esto está verificado por la CNRT– fue del orden del 20 por ciento. Está claro que el subsidio es un elemento básico en el proceso de inclusión social que estamos llevando adelante, y es nuestra política de inclusión social, que está claro que no es la política que lleva adelante la Ciudad de Buenos Aires. Pero las cuestiones federales están planteadas en la Constitución y están para ser cumplidas. En cuanto a la cantidad de subsidios por habitante –por eso avanzamos a principio de año en la reducción de los subsidios de gas, agua y energía eléctrica en algunos barrios de la Capital y también en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires–, la Ciudad de Buenos Aries está en el primer lugar. O sea, la Ciudad Autónoma tiene un ingreso de 2.312 pesos por habitante por año en subsidios; mientras que la provincia de Formosa tiene sólo 396.

Esto habla a las claras de por qué estamos llevando adelante esta política; habla a las claras de que nuestro planteo de recortar subsidios en subtes y colectivos a la Ciudad de Buenos Aires, manejando y fiscalizando el servicio nosotros, tiene que ver con que se podrían construir once hospitales de niños por año, que de hecho en la Ciudad de Buenos Aires también faltan ocho hospitales de alta complejidad, gasoductos, etcétera. Una serie de obras que serían muy importantes para el resto de los ciudadanos, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como del resto del país, en donde hace falta esa infraestructura. Para darles una idea, el boleto promedio del colectivo en la Ciudad de Buenos Aires –no el mínimo, el promedio– es de un peso con 15, y sin subsidios estaría en el orden de los 4 pesos con 44. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Catamarca, el boleto promedio es de dos pesos, y sin subsidio sería de 4 con 17. Habla a las claras de que tenemos que restablecer equilibrios que hoy están siendo de alguna manera violentados. Hecha esta introducción, quería hacer algunas reflexiones desde el punto de vista legal en relación con la incumbencia y, fundamentalmente, con la competencia que tiene la Ciudad sobre estos servicios, y la no necesidad de la Nación de pagar ningún tipo de subsidio. En el caso del subterráneo, está más que claro: íbamos a hacernos cargo de la mitad durante este año, estaba convenido con la Ciudad. Y en el caso de los colectivos, por la argumentación que yo voy a dar en este momento. La respuesta es que la Nación no debe hacer ninguna asignación de recursos porque no transfiere ningún activo físico que le genere a la Ciudad un gasto funcional que deba atender –estamos hablando del servicio de colectivos; el tema subterráneos está suficientemente conversado y creo que después se pueden hacer algunas aclaraciones–. ¿Por qué motivo? El servicio de colectivos, a partir aproximadamente de 1962, cuando desaparece el servicio de tranvías y, luego, en 1965, el de los trolebuses, es prestado en un 100 por ciento por particulares. Es un servicio que prestan empresarios particulares con planta de personal particular. No hay ningún activo físico del Estado nacional que vaya a ser transferido; simplemente, es una concesión de una ruta entre un punto y otro de la Ciudad.

Si vamos al punto ―el único activo físico del Estado―, en donde tiene incumbencia el Estado en esta línea es en las calles que, obviamente, son de la Ciudad de Buenos Aires; salvo que el jefe de Gobierno nos las quiera transferir también, o gire las garitas o los refugios, que, por cierto, son insuficientes, son pequeños y están en un claro estado de obsolescencia. Creo que es clara nuestra Constitución cuando estableció en el artículo 75, inciso 2), que las modificaciones de transferencia de competencias, servicios o funciones deberán hacerse con la respectiva asignación de recursos y debe someterse a la aprobación de la provincia o, en este caso, de la Ciudad Autónoma. Esto lo hizo para evitar que se repitan experiencias pasadas, como fue lo ocurrido con el traspaso de escuelas de educación primaria en nuestro país a las provincias sin los recursos para atender el gasto que demandaba el mantenimiento de los activos físicos; es decir, de la infraestructura escolar y del funcionamiento del servicio educativo. Cuando se habla

13/03/2012 Pág. 7 de la Policía o se habla de la Justicia se transfieren comisarías, patrulleros y, fundamentalmente, la planta funcional de personal, al igual que sería en un servicio sanitario o en un servicio de Justicia.

Lo que la Constitución resguarda es el principio de funcionalidad, que exige que no se transfieran competencias, servicios o funciones a las provincias o a la Ciudad Autónoma sin la correspondiente reasignación de recursos. Y es por ello que requiere de un acto complejo, es decir, que esa decisión del Estado nacional sea validada con la aprobación legislativa de la provincia en cuestión o de la Ciudad Autónoma.

Veamos qué pasó con el servicio de transporte desde que existe la Ciudad Autónoma. Primero, los servicios de transporte que se encuentran enclavados dentro de la ciudad pertenecen a la Ciudad Autónoma, y esto está receptado en el artículo 80, incisos 138 y 139 de la Constitución local, y en la Ley Cafiero, artículo 9, contrario sensu. Segundo, la Ley 26.288, modificatoria de la Ley Cafiero, estableció que el Gobierno de la Ciudad Autónoma deberá ejercer sus propias funciones y facultades de seguridad en todas las materias no federales; y, en virtud de ello, organizó su propia fuerza de seguridad sin fondos de la Nación, atento ser una competencia propia asignada por su carácter autónomo. Tercero, la ciudad ha obtenido la ventaja de recibir el servicio de subterráneos que ya fuera aceptado en el año 2000 ––hace once años–– por la Ley 373; y, dado el tiempo transcurrido desde la firma hasta la fecha, con una cuantiosa obra y sostenimiento del servicio por parte de la Nación sin reclamo de repago o compensación alguna. Cuando hablan de una deuda de mantenimiento, no hay ninguna deuda de mantenimiento. Acá se repuso todo el sistema eléctrico de la línea A, que fue tomada con sorna por el jefe de Gobierno en el sentido de que era una línea muy antigua. Cuando nosotros asumimos, todo el sistema eléctrico, el sistema de señalamiento de la línea A era de 1916. Tenemos que hacernos cargo todos de esta situación. Está resuelto y está puesto en marcha. Se incorporaron vagones, se mejoraron vías, se mejoraron estaciones y se está haciendo la primera obra de escala de magnitud de subte en la ciudad de Buenos Aires que se tenga memoria en muchos años atrás, como es la línea E que une Plaza de Mayo con Retiro, que es la continuación de la línea E. Por eso, no hay ninguna deuda. La deuda está planteada en los datos que yo marqué antes. La tenemos con el interior del país, la tenemos con el federalismo. Y no se puede ocultar bajo un esquema de ineficiencia o de falta de inversión una concepción política concreta. El jefe de Gobierno a los cinco días que le entregamos los subterráneos ––o la fiscalización, para ser más precisos–– en el mes de enero, a los cinco días aumentó la tarifa en 127 por ciento. Esa es la política, teniendo –– tal cual lo va a explicar el ministro Lorenzino–– los recursos necesarios para hacerlo. Les doy un solo dato. El Alumbrado, Barrido y Limpieza en esta ciudad aumentó el 267 por ciento en los últimos cinco años, teniendo subsidiado los vecinos el servicio de energía eléctrica en un monto de 228 millones de pesos que están dentro de los números que yo les hablé al principio. Y también teniendo subsidiado todavía, aun después de haber transferido el subte, en 32 millones de pesos por año la energía que consume el subterráneo exclusivamente en el ejido urbano de la ciudad.

En todos los casos de los servicios de transporte, quiero dejar en claro que lo que se transfiere son las potestades de regulación y control de la actividad; es decir, las licencias de las concesiones. No se transfieren activos o bienes físicos que demanden a la Ciudad Autónoma alguna erogación, solamente el subsidio del que deberá hacerse cargo como jurisdicción responsable, única beneficiaria del servicio y con recursos fiscales necesarios. Para que vean claramente lo que les digo. En el caso de los subtes y el tranvía se traspasa con todos los activos y bienes públicos afectados al servicio y cuyo mantenimiento, mejora o renovación estará a cargo del concesionario. Y en el servicio de transporte automotor, las 33 líneas de colectivos, que es lo que asume la CABA, es la regulación y control de la licencia de uso, porque la actividad se presta con bienes propios y personal propio del permisionario.

Quinto, quiero señalar que la Ciudad Autónoma tiene un organismo que se llama SBASE, Subterráneos de Buenos Aires Sociedad Anónima, que no es nuevo. Es una sociedad del Estado local creada para controlar los subterráneos desde 1979, y desde el año 94 un ente único de servicio público con estructura, funciones y presupuesto para ejercer el control de estos servicios, denunciado hace poco por un diputado de la Ciudad, donde explicitó claramente que el SBASE, en el año anterior ―que tiene los subterráneos solamente como carga―, subejecutó 1.200 millones de pesos. O sea que no es un problema que la Nación no le financia: los diez kilómetros

13/03/2012 Pág. 8 de subte no se hacen porque no invierte lo que debe invertir. Por lo que dice la Auditoría de la Ciudad ―para darles una idea―, 1.200 millones de pesos es el monto de la extensión Plaza de Mayo-Retiro. Miren, son como 8 kilómetros, con una estación gigante bajo el Correo Central y con varias estaciones de empalme que tienen una complejidad diferente y que podrían emular a 10 ó 15 kilómetros de subte.

Estos organismos, por lo que dice la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires, AGEBA, parece que subejecutan presupuesto porque no tienen en qué gastarlo. Además, lo denunció un diputado; también se denunció desde la política. Hasta ahora se ha dedicado a ejercer una función de denunciante o la nada, como el SBASE; son estos organismos con los recursos presupuestarios que hoy no tienen para gastar. Esos 1.200 millones de pesos es lo que le costaría prácticamente mantener la tarifa de las 33 líneas durante un año ―que están subejecutadas, o sea que no se gastó en nada––, lo que deberían titular los servicios a cargo de la Ciudad Autónoma y preocuparse por prestar un servicio de calidad; es decir, este ente.

Creo que todos debemos interpretar con seriedad la Constitución y las leyes, porque a ellas debemos someternos. Por las leyes citadas, la Ciudad ya tiene dentro de sus potestades la de regular y controlar los servicios públicos locales, y la transferencia de los servicios de transporte de la ciudad ya se ha efectuado desde la sanción del artículo 129 de la Constitución Nacional y el dictado de la propia Constitución de la CABA. En particular, respecto a los servicios de transporte, están receptados como competencia propia de la Ciudad en forma expresa porque han dictado una ley, la Ley 373, del año 2000; once años.

Si lo pensamos desde el punto de vista del federalismo, que es básico en nuestra Constitución, le ha entregado no solamente a las provincias los transportes, le ha entregado los yacimientos mineros, le ha entregado los recursos petroleros, le ha entregado gran parte de los recursos pesqueros. Si lo pensamos desde el punto de vista del federalismo, la cláusula constitucional prevista en el artículo 75, inciso 2), tiene como télesis establecer un sistema de equidad en la distribución de tributos, atendiendo a la mayor participación de lo local en lo federal y viceversa, según la riqueza o pobreza, el índice de NBI, de cada una de las provincias o de la CABA, que, como veíamos anteriormente, no se referencia y queremos corregir con la ayuda de todos ustedes en el dictado de esta ley.

Es este el fin buscado y no generar con una transferencia una mayor carga a la jurisdicción local ––que está claro que no la va a tener, salvo que decida tener, tomar y adoptar y no escudarse en subterfugios para tomar una política de inclusión social activa, que está claro que, hasta ahora, no lo han mostrado–– que la misma no pueda soportar. De allí que las transferencias, en caso de generar mayor erogación y no poder asistirla, obligarían a la Nación a sostenerla.

En este sentido, la transferencia de las potestades de regulación y control de los servicios, que vimos y ya se han perfeccionado, y que el proyecto de ley viene a ratificar en un todo, no deberían en ningún caso generar una mayor elevación, ya que no se transfieren funciones o actividades que demanden erogaciones, sino la potestad de regulación de los servicios. Y, además, porque la CABA, la Ciudad Autónoma, tiene un Ministerio con una Subsecretaría a cargo de Tránsito y de Transporte. Tiene dos organismos de regulación y control: uno general y que fue aprobado por la Constitución, que es el Ente Único de los Servicios Públicos; y otro específico, que es el SBASE, con amplios presupuestos.

Ahora bien, la determinación de subsidiar o no los servicios es otra cuestión que se relaciona con la política activa de un gobierno federal que privilegia ―y venimos a pedir apoyo a este Congreso para esa política― un modelo de país con desarrollo y con inclusión social. Ha decidido subsidiar el transporte para no aumentar la tarifa y que todos puedan ir a su trabajo, y que la industria siga siendo competitiva.

El punto de inflexión: los subsidios de los servicios. En relación a esto hay dos cosas a tener en cuenta. Hoy estamos subsidiando todos los servicios de la Ciudad. Como decía anteriormente, a todos les pagamos subsidios. Lo reconocimos para el caso del subte por la mitad durante este año, y se paga actualmente en el caso de los colectivos. El único que no recibe subsidios es el tranvía; pero tenemos reclamos, inclusive de pagos por gastos operativos mayores del operador. Aún hoy subsidiamos otros servicios locales de provincias y ciudades, no obstante ser regulados por la jurisdicción local. Y lo subsidiamos porque esta es la política del Gobierno, que nunca ocultamos, que ya vimos que no coincide con la visión del jefe de Gobierno, que inmediatamente aumentó la tarifa del subte.

Ahora bien, si en estos corredores o servicios el señor jefe de Gobierno de la Ciudad

13/03/2012 Pág. 9 quiere aplicar el mismo modelo de país que venimos aplicando a nivel nacional, todos lo veremos con buen optimismo y creeremos que habrá hecho un acto de reflexión y habrá entendido lo que significa la inclusión social, fundamentalmente en un país que pretende desarrollarse y que viene de una situación tan traumática como fue el 2001, sobre lo que todavía hay muchas cosas sin explicar.

Finalmente, entiendo que el proyecto de ley, en el caso de la Ciudad, no requiere ratificación de la Legislatura, ya que la Constitución no la menciona y no existe déficit de legitimidad en tanto tiene representación política con su gente del PRO. Días pasados, la Presidenta hablaba que el Parlamento argentino, donde están representados en el Senado ―y hago mías sus palabras― las provincias, los Estados federales ―que son anteriores a la Nación misma―, y en la Cámara de Diputados también los diputados, defina qué modelo de país somos realmente. Si vamos a seguir sometidos a un modelo absolutamente centralista, donde el Gobierno se ve obligado a colocar todos los recursos donde están los mayores recursos y las mayores fortunas del país, o vamos a ser un país en serio, más federal, más conforme a nuestra Constitución, más igualitario, más equitativo. Y creo que esto lo tiene que definir este Parlamento. Muchísimas gracias. (Aplausos).

Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor ministro. Acordada con el resto de los presidentes de las comisiones de este Plenario conjunto, la

mecánica de continuidad de esta reunión es la exposición, a continuación, del señor ministro de Economía y del subsecretario. Y luego de finalizada la exposición de los señores funcionarios nacionales, que son nuestros invitados, los señores senadores serán habilitados para hacer las preguntas correspondientes.

― La señora senadora Estenssoro realiza manifestaciones fuera de micrófono. Sr. Presidente. – El Orden del día ha sido acordado. Espere el turno y hable. Gracias.

― La señora senadora Estenssoro realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor ministro de Economía. Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas (Lorenzino). – Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Quiero hacer dos reflexiones antes de empezar mi alocución. Una, en relación a mi experiencia. La verdad que no tengo mucha edad, pero considero que tengo experiencia en la administración pública. Desde que estudiaba en la facultad, empecé a trabajar y nunca dejé de trabajar para el Estado.

Desde esa perspectiva, les tengo que confesar que nunca en esta encontré, viví, tuve conocimiento o me contaron siquiera de una experiencia como la que estamos viviendo: que un político o un administrador, alguien que busca el voto para cambiar la realidad de la gente, resigne, no quiera o niegue la posibilidad de ejecutar una competencia que otro Poder le dio. Si he conocido casos, es justamente lo contrario, es decir, de alguien que busca tener una competencia que tiene otro. No solamente es llamativo, sino increíble.

Voy a mi otro punto, que creo es un nuevo caso de estudio para la teoría económica. Muchos economistas absolutamente de una rancia ortodoxa, es decir ninguna sospecha de Kicillof, de Feletti, de Moreno o alguien dando vuelta, han estudiado y han escrito infinidad de páginas hablando del incentivo que tienen los administradores de ampliar sus presupuestos, sus competencias, para preservarse o para acumular el poder. Ahora estamos enfrentados hacia un caso exactamente opuesto. Claramente, es una oportunidad más para que nuestro país agregue a la cultura económica un capítulo nuevo. Espero que esto sea reconocido por la academia y podamos tener una teoría autóctona sobre este raro fenómeno de nuestra realidad política y en relación con la ejecución de nuestros presupuestos.

En definitiva, quería un poco enmarcar la exposición que nos trae acá en el contexto general en donde se produce. Uno se puede perder, porque al hablar de la Ciudad de Buenos Aires uno puede pensar en la cifra de la Ciudad y pensar que está en otro país. Si uno piensa que el PBI por habitante, el PBI per cápita de la Ciudad de Buenos Aires es mucho más parecido al PBI per cápita de cualquier país europeo que el de nuestra realidad ―más de tres veces el PBI per cápita de la Argentina y, por supuesto, mucho más, casi cuatro veces que el de América Latina y los países de ingreso medio― uno puede creer que lo que sucede acá es producto de la casualidad y no de los nueve años de crecimiento ininterrumpido que hemos tenido, que este proyecto que encarna la Presidenta ha mantenido en los últimos años.

Y no quiero entrar tampoco a un fárrago de citas y de números. Pero me interesan algunas cosas que son importantes ponerlas sobre la mesa al considerar esta cuestión. Tal vez, si no uno

13/03/2012 Pág. 10 vaya a terminar diciendo que la Ciudad de Buenos Aires tiene los recursos para hacer frente a estas responsabilidades ―que desde nuestra óptica, y como bien ha dicho el ministro De Vido, creemos que va de suyo que ya es una obligación que ya tenían antes del acta acuerdo de enero― y parece que surgen descolocadas de una realidad y son producto de la casualidad y no del trabajo constante que en estos últimos ocho o nueve años se han venido haciendo.

Entonces, voy a mencionar algunos datos. El crecimiento con diversificación productiva que ha tenido el país. ¿Por qué hago algunas menciones particulares sobre el desarrollo de las variables macroeconómicas más importantes de los últimos años? Porque, en definitiva, terminan aplicando y explican, en gran medida, la realidad de un distrito rico como la Ciudad de Buenos Aires. Vemos que el PBI industrial per cápita en el año 2003 era de 1.108 pesos, del año 93, hoy alcanza y supera los 1.800 pesos. Perdón, quiero hacer una referencia: en la década de los 70 este PBI industrial per cápita rondaba los 1.560 pesos.

Si entendemos la recuperación increíble que se produjo en ese momento, nos lleva a decir que esto no es casualidad, sino producto de las políticas activas que el Gobierno ha venido llevando adelante y que se reflejan, entre otras variables, por ejemplo, en la inversión pública consolidada de Nación y de las provincias, el esfuerzo compartido entre ambas partes, con gran preponderancia del Gobierno nacional por su presupuesto. Insisto, la inversión pública consolidada creció desde el 1,2 por ciento en términos de PBI en 2003 hasta alcanzar 4,4 por ciento según la proyección para el 2012, pero el 4,4 por ciento fue ejecutado durante el 2011. Ya veremos que gran parte de esta inversión pública se produce en la Ciudad de Buenos Aires. Pero también esto es producto del récord de inversión privada que este modelo ha obtenido en estos años. Más allá del discurso altisonante de que este es un Gobierno que interviene en la economía y eso hace que los capitales se vayan y no inviertan, la verdad es que si uno mira los números que, en definitiva, son los que terminan explicando y son la cruda realidad, uno se encuentra con que la inversión privada como porcentaje del PBI no ha parado de crecer desde el año 2003. Alcanzan cifras que superan el 23,6 por ciento en el segundo trimestre del 2011; 24,4 por ciento en el tercer trimestre del 2011, y entendemos que eso va a ser el promedio para el año 2011. A su vez, esta actividad continua propiciada desde el Gobierno… Y ahí me importa resaltar otro aspecto de este Gobierno, un Gobierno que se plantea metas de crecimiento, metas de empleo, metas de inclusión social, por encima de los inflation target que han estado muy en boga en estos días ―y que algunos propugnan― con motivo de la discusión que se da respecto de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. ¿Esto qué implica para un país que crece a una tasa de más del 8 por ciento durante los últimos años? Implica que los gobiernos provinciales y el Gobierno nacional recaudan más. De modo que esos gobiernos tienen la posibilidad de ejecutar políticas en sus jurisdicciones. Eso, en definitiva, implica producir mejoras en la realidad de la gente que es, en última instancia, el objetivo último de —al menos, creo o creía hasta este suceso del tema de los subtes y la Ciudad de Buenos Aires— cualquier gobernante de cualquier signo político. Entonces, vemos que la coparticipación neta ―o sea lo que se distribuye a las provincias producto de la recaudación de impuestos nacionales― subió de representar 6,4 puntos del PBI en el año 2003 a más de 9,2 por ciento en el año 2012. Pero, a su vez, esto se permitió hacer con mayor progresividad en la recaudación. Si miramos qué es lo que se coparticipa, vemos que los impuestos, que son más progresivos, son los que más han aumentado en estos tiempos, en ese mismo período. Como decía, las metas de crecimiento son también, en definitiva, metas de empleo. Uno quiere crecer para que haya más trabajo. Si hay más trabajo, la gente consume más, paga impuestos a través del consumo y de su actividad, y esto tiende a disminuir el flagelo de todos los países emergentes de ingreso medio: la pobreza y la indigencia. Este modelo permitió reducir la pobreza desde un ratio de más de 50 por ciento en 2003 hasta 8,3 por ciento en el primer semestre de 2011; la indigencia, a su vez, bajó más del 27 por ciento en ese mismo período, a 2,4 por ciento en el primer semestre de 2011. La creación de empleo es en definitiva el objetivo último de este modelo económico, y no nos cansamos de repetirlo, como bien lo sostiene la presidenta.

Hay cifras y cifras. Claramente, por mi actividad previa a ser ministro, yo miraba y miro con atención ―y le pongo mucho empeño― lo que para nosotros es un motivo de orgullo particular: la política del desempleo. En ese sentido, vemos cómo el ratio deuda/PBI —que de alguna manera es nuestro norte— va disminuyendo año tras año y cómo esto, en un contexto

13/03/2012 Pág. 11 internacional tan particular, es hoy más que nunca un motivo de fortaleza y nos permite aislarnos de las consecuencias más terribles que la crisis internacional ha producido en los últimos tiempos; y no hace falta que ahonde en este punto, porque es de candente actualidad.

La verdad es que nada tiene que ver ese ratio con otro que es mucho más importante, que es el del índice de desempleo. Sinceramente es motivo de orgullo que también, en ese caso, las cifras —salvo durante el 2009 que hemos tenido un pequeño aumento— no han parado de disminuir, y hoy encontramos que esos ratios alcanzan menos del 6,7 por ciento. Además, no sólo hay creación de nuevos puestos de trabajo, sino que ese trabajo tiene más calidad. Los asalariados, que constituyen la parte con mejores condiciones de la población empleada, han mantenido una dinámica estable en los últimos años y representan casi el 77 por ciento del total de los ocupados.

¿Por qué insisto con este punto? ¿Por qué hago mención a estos índices? Porque cuando vemos la realidad específica de la Ciudad de Buenos Aires, estos índices se reflejan de la mejor manera posible. O sea, el índice de desempleo nacional, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es un índice aún más auspicioso, y nos pone contentos. Se da cuando hablamos de cobertura previsional en la Ciudad de Buenos Aires, cuando hablamos de índice de pobreza.

Ahora voy a referirme a la cuestión de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que todos esos indicadores, que ya son motivo de orgullo de lo hecho —insisto, es merced a gestión, a administración, a mucho trabajo—, cuando uno los mira en el contexto de la Nación, que es la forma de abordarlo, cuando los observa en la Ciudad de Buenos quedan más palmariamente demostradas las ventajas que este modelo de crecimiento con inclusión social han tenido para todas las jurisdicciones, pero en especial para las jurisdicciones más dinámicas como es el caso de la Ciudad de Buenos Aires; más allá de que ha habido una permanente preocupación por parte del Gobierno nacional de que este crecimiento sostenido con inclusión social fuera acompañado por políticas destinadas a reducir las brechas de desarrollo entre las provincias. Este es un aspecto de federalismo progresivo que merece también destacarse.

Uno ve distintos indicadores, por ejemplo, sobre poblaciones, condiciones de vida. Y observa que la mortalidad infantil ha disminuido un 27 por ciento del 2003 a esta parte; pero, a su vez, advierte que la brecha entre las provincias respecto de ese mismo indicador se ha reducido un 3,41 por ciento; si la calidad de los materiales de vivienda ha aumentado en ese mismo período más del 5 por ciento, pero a su vez la brecha entre jurisdicciones ha disminuido más del 5 por ciento, casi del 7 por ciento; si el acceso al agua en la vivienda ha aumentado en ese período un 24 por ciento, pero a su vez la brecha entre las jurisdicciones ha disminuido casi un 12 por ciento; y podríamos seguir con cualquiera de los indicadores que tengo acá seleccionados —empleo formal privado, tasa de desempleo, tasa de matriculación, analfabetismo, etcétera—, uno ve detrás de estas metas de crecimiento con inclusión social, a su vez, la preocupación de un gobierno, que busca cerrar las brechas, las asimetrías, que se dan entre las jurisdicciones provinciales. Quisiera hacer una reflexión. No hace falta que ahonde en la cuestión; ustedes se darán cuenta para dónde voy. El caso que estamos viendo esta tarde sobre la transferencia del subte va un poco en ese sentido. Como mencionaba el ministro De Vido, la inversión que hoy implica el monto en subsidio, que es el aporte que el Gobierno nacional hace al sistema de transporte exclusivo de la Ciudad de Buenos Aires, claramente podría ser aportado, derivado o reasignado a jurisdicciones con más necesidades, como acabo de señalar. Vuelvo a insistir sobre el punto: esto no sería novedoso, porque es lo que ha venido haciendo el Gobierno, en distintas áreas, desde 2003 a la fecha. Y así hablaba de la disminución de las brechas interprovinciales que, en infinidad de indicadores, tanto sociales como de otro tipo, se han dado en los últimos años. Así que, en definitiva, sería —y es, desde nuestro punto de vista— la continuación de una política que se viene dando desde antes de ahora y, de alguna manera, se imbrica dentro de la sintonía fina que ha definido la presidenta de la Nación con el tema de los subsidios. Ahora bien, exclusivamente hablando de la Ciudad de Buenos Aires, veremos algunos datos que, de alguna manera, nos dan una indicación de qué estamos hablando cuando hablamos de la transferencia de los subtes. Por ejemplo, el promedio de recaudación tributaria propia del total de las veinticuatro jurisdicciones asciende a 2.307 pesos por habitante para 2011. La recaudación propia de la Ciudad de Buenos Aires es de 7.454 pesos por habitante. Doy otros ejemplos al azar, para no poner casos puntuales sobre la mesa, pero que me parece interesante resaltarlos: la provincia de Formosa recauda 686 pesos por habitante;

13/03/2012 Pág. 12 Catamarca, 1.285 pesos por habitante; Santa Fe, 2.081 pesos por habitante; Córdoba, 2.123 pesos por habitante. Vuelvo a repetir: la Ciudad de Buenos Aires, 7.454 pesos por habitante. Estas desigualdades regionales se ven solo parcialmente atenuadas por el esquema distributivo de los recursos provenientes del sector público nacional. Si yo mido la participación del total de los ingresos que reciben las provincias —esto es, no solamente lo que recaudan, sino también lo que se les transfieren—, y siempre haciendo ingresos provinciales consolidados comparables —si no, meteríamos ruido con la transferencia de algunos servicios y otros no—, la Ciudad de Buenos Aires recibe el 9,3 por ciento del total de los recursos que se transfieren a las jurisdicciones, mientras que el total de la población de la Argentina que vive en la Ciudad de Buenos Aires solo llega al 7,2 por ciento. Con lo cual, uno puede decir que está sobre-representada, en términos de recursos transferidos, en algo así como el 2 por ciento. Y cualquier indicador, incluyendo a las provincias que reciben regalías —como son las petroleras Neuquén, Santa Cruz, Chubut, etcétera—, Buenos Aires está claramente muy por encima, incluso de esas provincias con poca población y buenos ingresos. Uno le busca a esto algún tipo de explicación. En gran medida, una explicación posible es que las transferencias del Gobierno nacional a la Ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación federal, de recursos corrientes y de recursos de capital no ha parado de crecer desde 2002 a la fecha, desde 2003 a la fecha, registrándose en menos de 100 millones de dólares en 2002 ó casi 200 millones de dólares en 2003, a 647 millones de dólares en 2010. Pero esto no es lo más relevante. Lo más relevante es un aspecto que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no resalta y ni siquiera menciona, que es el total del gasto que el Gobierno nacional ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires, porque la Administración Pública nacional, en gran medida, está en la Ciudad de Buenos Aires y no ejecuta en otras jurisdicciones. Quiero decir que, por estos conceptos, el Gobierno nacional le transfiere indirectamente más de 75 mil millones de pesos anuales a la Ciudad de Buenos Aires, a través de distintos gastos que el Gobierno nacional produce en la Ciudad de Buenos Aires. De más está decir lo que esto representa en términos de actividad económica y, por ende, mayor recaudación e ingresos para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Déjenme poner esto en números más gráficos: mientras que un 27,8 por ciento del total del presupuesto del Gobierno nacional se ejecuta en la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires representa —como ya dije anteriormente— menos del 8 por ciento de la población, 7,20 por ciento del total de la población de la Argentina. Esto quiere decir que el índice de sobre-representación, en este sentido, casi alcanza las cuatro veces. Déjenme decirles que las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y el resto de las jurisdicciones provinciales que ustedes representan están subrepresentadas en este concepto y ninguna alcanza la unidad. Midamos la pobreza relativa de las distintas jurisdicciones. Éste es un dato absolutamente objetivo, y no quiero entrar en ninguna controversia respecto de cómo se mide la pobreza. Midamos la pobreza como la queramos medir; el punto es que, si tomamos el nivel promedio, medida como sea la pobreza en todo el territorio nacional, y hacemos comparaciones en relación a ese nivel de pobreza respecto a las distintas jurisdicciones, la Ciudad de Buenos Aires no llega al 50 por ciento de ese nivel de promedio nacional —casi el 40,1 por ciento—, mientras que las jurisdicciones del Noreste, por ejemplo. están en el orden del 177,3 por ciento, y ni hablar del Conurbano bonaerense. Es en este contexto que me interesaba señalar que se da esta discusión de la transferencia de los subtes y otros servicios de transporte al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es en ese contexto, y hablando estrictamente del subte, que el Gobierno nacional acuerda, firma un convenio, con la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se le transfiere la potestad tarifaria sobre el subte y, a su vez, un subsidio o un monto, un aporte, por parte del Gobierno nacional, de subsidios por 360 millones de pesos. En este sentido, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires claramente entendió, al menos, una cláusula del convenio: la que le transfería la potestad tarifaria. Entonces, produjo lo que efectiva y evidentemente sabe hacer, que es un tremendo “tarifazo”. Luego del “tarifazo”, estamos en condiciones de decir que si uno suma a los recursos que al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le va a dar el “tarifazo” que produjo, el monto de subsidios que el gobierno nacional le va a aportar durante el presente ejercicio, si es que efectivamente, como dice el ministro De Vido con un alto grado de optimismo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decide finalmente aceptar el servicio en los términos del Acta Acuerdo que el mismo jefe de Gobierno firmó, no solamente esto le va a implicar un costo en el

13/03/2012 Pág. 13 presupuesto de la Ciudad, sino que le va a implicar un ahorro que va a ir entre los 70 y los 210 millones de pesos. Seguramente, a partir de estos números se va a producir lo mismo que sucedió en los últimos cuatro años al menos, que es una subejecución de la partida presupuestaria destinada a inversión real directa.

En el año 2011 todavía no hay una ejecución final, pero los números arrojan que esa subejecución rondará el 73 por ciento. Tal vez, lo que termine pasando en el año 2012 es que el jefe de la Ciudad de Buenos Aires volverá a subejecutar el presupuesto en lo que hace a inversión real directa. En definitiva, tendrá un superávit fiscal por el lado de los subtes que le ha transferido el gobierno.

Esa subejecución 2007-2011 supera los 900 millones de pesos, monto más que suficiente para enfrentar los costos operativos del servicio sin haber aumentado la tarifa, cosa que claramente no fue lo que se decidió. Esto implicaba que -considerando estimaciones que son públicas, que no las tiene guardadas el gobierno nacional, que se pueden consultar en una página Web- sólo el 15 por ciento de los usuarios del transporte de subte son de sectores medio bajos y bajos. Se puede interpretar entonces que en vez de haber optado por el “tarifazo” liso y llano -que es la forma más fácil de recargar en el usuario el costo del servicio e incrementar la rentabilidad de los prestadores del servicio-, hubiera sido más trabajoso pero posible al fin seguir la línea que está llevando adelante el gobierno nacional con la tarjeta Sube, que es llevar el subsidio a quienes lo necesitan; sólo el 15 por ciento de los que toman subte en la Ciudad de Buenos Aires pertenecen a sectores que requieren desde nuestra óptica algún tipo de subsidio.

Por otro lado, me interesaba ver un poco lo siguiente: no sólo se transfiere el servicio del subte sino también el de colectivos; la situación es muy distinta porque la gran mayoría de los usuarios de colectivos pertenecen a sectores bajos de la población -a los que claramente desde nuestra óptica, como dijo el señor ministro De Vido, defendemos y estamos orgullosos de ello- que requieren de algún tipo de subsidio; esto va a implicar para el mantenimiento o bien la puesta en práctica de otro “tarifazo” como en el caso de los subtes o esperemos alguna posibilidad de trabajo respecto del presupuesto para reasignar partidas o encontrar el espacio presupuestario. De eso en definitiva se trata administrar un presupuesto. Siempre las necesidades están por encima de los recursos. La verdad es que veo acá a muchos que han administrado distintas jurisdicciones y estoy seguro de que saben de lo que estoy hablando, o sea, entienden lo que estoy diciendo.

Está claro que el Estado tiene muchas más necesidades que atender que los recursos con que cuenta para hacerlo. El tema es encontrar o elegir dónde gastar esos recursos que son escasos. Entonces, hay algunas reflexiones en ese sentido, sin entrar en lo que es materia exclusiva del jefe de la Ciudad de Buenos Aires y su administración. Uno ve que de 2007 a esta parte el subsidio a la educación privada en la Ciudad de Buenos Aires se ha cuadruplicado, representando el 20,9 por ciento del gasto en educación pública; uno ve que durante ese mismo período los alumnos de bajos ingresos que utilizaban la educación privada han pasado del 14,20 por ciento al 10,90 por ciento y uno dice: “al menos ahí hay algo para trabajar”. Entonces, hay que trabajarlo, pero se le puede dar alguna idea al señor jefe de gobierno de dónde uno puede trabajar.

Existe otra reflexión en ese mismo sentido y es por el lado de los ingresos para que no nos digan que al final hablamos del lado de los gastos pero qué hacemos para incrementar los recursos. Ese otro dato se refiere a cuál ha sido la participación de los recursos que uno entiende de la recaudación que tienen mayor progresividad, o sea, lo que recauda la Ciudad de Buenos Aires en concepto de inmobiliario y automotor, donde uno puede al menos imaginar cierta progresividad. La verdad es que ese índice de la participación como porcentaje del PBG de estos recursos progresivos en el sentido que acabo de decir era de 0,91 por ciento promedio 2003-2007 y hoy está en el 059,5 por ciento. Otra vez ahí hay espacio para trabajar. En conclusión, la realidad es que intenté contextualizar la discusión que hoy tenemos dentro de un modelo que entendemos hemos puesto en vigencia desde el año 2003 a esta parte de desarrollo productivo con inclusión social, que entendemos ha garantizado el más largo e intenso período de crecimiento de nuestra historia, incluso atravesando una crisis internacional sin precedentes y otra al menos importante y sin todavía preverse las consecuencias.

Creí haber reflejado en mi exposición que la Ciudad de Buenos Aires, que posee históricamente los mayores niveles de riqueza y los mejores indicadores socio-laborales del país, se ha beneficiado significativamente de este modelo puesto en práctica desde el año 2003 a esta fecha.

Por ello, creemos que desde lo jurídico, como dijo el ministro De Vido, se deben honrar

13/03/2012 Pág. 14 los acuerdos oportunamente firmados, que no son más, desde nuestro punto de vista, que la puesta en práctica de acuerdos preexistentes, incluso, al acuerdo de enero. Desde una perspectiva federal se debe comprender que no se puede continuar forzando a las provincias más pobres a financiar un privilegio único. Como dijo la señora presidenta, es la única jurisdicción con subtes en la República Argentina.

Finalmente, la última parte de mi exposición, desde un aspecto distributivo al interior de la propia Ciudad de Buenos Aires creemos que en el presupuesto de la propia Ciudad de Buenos Aires -que en los últimos días se han encargado de decirnos que se discute renglón por renglón- existen determinados gastos que benefician al conjunto de la población por encima de aquellos otros gastos que favorecen a los de mayores ingresos. Consideramos que en ese sentido es más fácil decir que me transfieren un gasto sin los recursos que ponerse a trabajar en ese tipo de políticas que claramente son más complicadas, pero que en definitiva no son ni más ni menos para lo cual entendemos que buscamos el voto de la gente. (Aplausos) Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor ministro. Continuando con la exposición de los señores funcionarios, invito al nuevo secretario de Transporte, al cual vuelvo a recalcarle la salutación del bloque en particular. Sr. Secretario de Transporte (Ramos). – Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que no me queda mucho para decir respecto al tema. Igual, creo que lo interesante es el concepto del cual estamos hablando. Se trata de un proyecto de ley, pero estamos hablando de una discusión de fondo, como planteó el señor ministro y como muy bien lo concretó con números el ministro de Economía. Este proyecto de ley –es por lo menos lo que venimos a defender como hombres del interior- viene a garantizar la distribución equitativa de los recursos del Estado nacional, entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de servicio público de transporte. Es un proyecto de ley muy concreto que tiene pocos puntos para leer. Reitero, lo que hay que dejar en claro es el espíritu de lo que estamos hablando, que no es otra cuestión que la de la defensa de los intereses federales de nuestro país. Propone la ratificación de la transferencia de los servicios de subterráneos aprobados por ley. No quiero explayarme en este tema, porque ya fue descripto por el ministro con toda una situación de antecedentes normativos, constitucionales, y que en el año 2000 es reconocida por una ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hablo de la Ley N° 373. Posteriormente, se trata de ratificar la transferencia de los servicios de subterráneos, hecho que ya estaba reconocido, pero que legalmente y por una ley del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, queda despejada cualquier duda. Por consiguiente, creo que lo interesante e importante es esto que no agrega nada, sino que este proyecto de ley viene a declarar que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires ejercer en forma exclusiva la competencia y fiscalización del transporte público de pasajeros. Acá veo muchos intendentes. Lejos de dar una carga o un problema, es la herramienta que tiene cualquier persona que vive en un territorio para ordenar y mejorar las condiciones de vida de una ciudad. Sin lugar a duda, nadie puede desconocer que el transporte, el tránsito es la materia… Y lo digo como intendente del interior, que me han criticado porque no tengo transporte. Pero tenemos; y tenemos una visión bien clara de lo que es el transporte, y no sólo el transporte de colectivo, sino el transporte para el desarrollo de nuestra patria. Entonces, esta ley declara, reconoce y le da un derecho que ya tiene. Es una situación preexistente. Se trata de un derecho que ya tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para fiscalizar y controlar el transporte público. Esta ley es clara. Primero, reafirma la autonomía local de la Ciudad de Buenos Aires. No le está dando una carga. Le está reafirmando lo que tiene a quien sea el jefe de Gobierno. Y cualquier intendente o jefe de Gobierno lo que no puede resignar es la defensa de los intereses de su territorio. En segundo lugar, ratifica las potestades de regulación, administración y control de la Ciudad de Buenos Aires en materia de transporte público y de pasajeros. Esta es una herramienta fundamental. Lo hablábamos hoy. ¿Quién va a regular el tránsito? ¿Nosotros? ¿Una persona que viene del interior? ¿A Macri le voy a decir lo que necesita su gente? Parece que no hay mucho margen de dudas. Por supuesto, creo que lo más importante, así como reconocemos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocer los intereses federales. Es decir, garantizar el federalismo, la distribución equitativa de los recursos entre las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. No es

13/03/2012 Pág. 15 sacar; es distribuir equitativamente. Es la justicia del caso concreto. Por consiguiente, no se transfiere un problema. Le reconocemos derechos. ¿Tiene que hacer todo? No. Se le transfiere de manera gratuita los activos de la red de subterráneos y premetros. A su vez, se le transfiere de forma gratuita los activos de los sistemas de tranvías. Y, obviamente, la transferencia de los derechos sobre treinta y tres permisos de transporte automotor. En los dos primeros puntos, ¿saben cuánto dinero se ha invertido? Casi 3.000 millones de pesos desde el año 2003. Fíjense qué problemas pueden llegar a tener. Acá veo muchos intendentes que ni colectivos tienen, del Norte y de cualquier lugar de Santa Fe. Y el problema es hacerse cargo de la infraestructura para, ni más ni menos, trasladar a la gente que es para lo que uno gobierna. Es la defensa de los intereses. Y los intereses que nosotros defendemos son los de la gente. Cuando hablamos de este problema, creo que no podemos dejar de mencionar a la gente, a los trabajadores, de los usuarios. Esta es la discusión vital. Desde el punto de vista normativo, del sustento legal es muy difícil buscarle la vuelta. Nadie tiene dudas de este derecho que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Reitero, este derecho, esta potestad que es la de regular y ejercer de forma exclusiva la competencia y la fiscalización del transporte público de pasajeros, obviamente en el ámbito de la Ciudad Autónoma. Por si alguien tenía dudas, el 3 de enero el jefe de Gobierno de la Ciudad… Les digo porque cuando asumí no tenía la información necesaria. La verdad es que uno ha estudiado, pero después con las funciones que ha tenido ha dejado el ejercicio de la profesión. Y pensé que esto debía ser complicado. Es un acta que se ha firmado el 3 de enero de cinco artículos. Lo puede leer cualquier persona. Ustedes pueden ver si esto genera dudas. En esa acta del 3 de enero se establecen derechos y obligaciones para una y otra parte. Queda bien claro que el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ratifica la decisión de aceptar la transferencia de la concesión. Es decir, acepta la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma. Por consiguiente, asume. Si lo pueden ver, el acta dice: “asume a partir de la firma del presente acuerdo”. Firma y se hace cargo. No dice: “a partir de equis cantidad de tiempo empezará a regir”. No. “A partir de la firma” dice el acta, que obviamente la deben tener.. Es llamativo lo que se está discutiendo. Pero, a partir de la firma del acuerdo, se hace cargo del control, la fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también, –y esto es lo que resaltaba recién muy claramente el ministro, y uno ve hacia dónde va– el íntegro ejercicio de la potestad de fijar las tarifas del servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral. Obviamente, también, aplicar el sistema único de boleto de subte, que es un plan que se viene trabajando. Por supuesto que hay que trabajar y coordinar. Uno puede preguntarse: ¿son todas obligaciones? No. El 4 de enero el gobierno nacional deposita los primeros 30 millones conforme al acuerdo. Esto no es gratis. 360 millones. Reitero, derechos y obligaciones. Derechos para el gobierno de la Ciudad y obligaciones para la Nación. Pusimos 360 millones en el plazo de un año en concepto de subsidios. Esto es así de claro, como está establecido en el acta. No hay margen de dudas en la interpretación. Esto es lo que se establece en estos cinco artículos. Cuando uno quiere explicar algo que es muy claro, por lo general, lo termina complicando; que es lo que me pasa a mí, porque la verdad es que no hay mucho margen de discusión en esto. Somos toda gente de la política, con experiencia y relevancia en la vida política de nuestro país, independientemente de las cuestiones y las miradas partidarias que cada uno tenga. Pero, acá estamos hablando del compromiso, de la palabra. Soy de la provincia de Santa Fe. Acá está el señor senador Giustiniani. Hoy mismo estuvimos hablando con el señor gobernador, justicialista, viendo y trabajando en cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de una provincia tan importante como Santa Fe. Creo que está tiene que ser la discusión.

Pero acá estamos teniendo una discusión. El señor ministro de Economía lo decía muy bien: la sábana es corta. Elegimos qué tapamos. Y esto tiene que ver con una mirada respecto de lo que tapamos. Los recursos son limitados. Cualquiera que haya administrado, sabe que no tenemos para todo. Bueno, hay que empezar a optimizar los recursos que hay, con una mirada muy clara. Cada uno podrá tener una. Lo que está claro es que nosotros, puntualmente, tenemos una mirada muy clara: la defensa del federalismo. En este sentido, no hay mucho más que decir. Sí creo que tiene que ver, como les decía antes, como una cuestión de hombre de la política y sobre todo de hombre de bien, de hacerse

13/03/2012 Pág. 16 cargo de lo que uno firma. En lo particular, hacerse cargo de la credibilidad de la gente de lo que prometió. Soy de Santa Fe. Escuchaba grandes críticas respecto a cómo iba a solucionar el subte el señor jefe de Gobierno. Esto no lo digo porque estoy hace dos días acá. Cualquiera de los funcionarios que me acompañan de otros municipios venían escuchando lo mismo. Nadie puede desconocer que esta discusión llega a todo el país. Si bien no tenemos intereses, pero nos llega a todos. Entonces, primero, pedirle que honre la palabra. Después, obviamente, que cumpla con los compromisos que le corresponde por la función. Y, luego, que ejerza el derecho y la obligación que tiene de defender los intereses y de poder modificar y transformar la realidad de su ciudad. Creo que esta es la herramienta que tiene. Va a estar la ley, y para eso les pedimos el acompañamiento a los señores senadores: para seguir trabajando en un país más federal. No trata sobre otra cosa. Seguir trabajando, con todo lo que queda por hacer.

Pero esto es bien claro: cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. En ese sentido, quédense tranquilos que nosotros vamos a seguir trabajando. (Aplausos). Sr. Presidente. – Muchas gracias, señor secretario. La modalidad, a continuación, con una salvedad ante una interrupción que hubo: los señores funcionarios nacionales fueron invitados a este pleno por decisión del bloque al cual pertenezco. Y no he recibido, como presidente de la Comisión, ninguna petición de invitación a otra persona. Quería simplemente dejar aclarado eso, en torno a que es una invitación de una parcialidad política, pero que no ha habido notas dirigidas a la Presidencia de la Comisión solicitando otras concurrencias. Nada más. Se abre la lista de los señores senadores; están invitados a formular las preguntas. Tiene la palabra el señor senador Morales, que pidió la palabra hace como una hora y media. Sr. Morales. – En primer lugar, voy a hacer varias preguntas, señores presidentes de comisiones y señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que tienen que ver con el tema del mantenimiento del sistema ferroviario, que está a cargo del gobierno nacional; y en esto no sólo el sistema ferroviario de superficie, sino también subterráneo. Antes, me quiero permitir decir, presidente ―por lo que había comentado no sólo el presidente del bloque del Frente para la Victoria, sino algunos de los integrantes de la Comisión―, que me parece un despropósito que no abordemos toda la temática del sistema de transporte, porque el tema de la administración del sistema de transporte subterráneo tiene que ver con la política de transporte en general. Por eso es que citaba el Decreto 2075, que declara el estado de emergencia para el transporte ferroviario de superficie, pero también subterráneo. Y también en ese marco se ha dictado la Resolución 187, que establece un nuevo régimen de contrataciones que se aparta de los criterios de contratación que tiene la Ley de Contrataciones o la Ley de Obras Públicas para el caso de las explotaciones ferroviarias. Voy a hacer varias preguntas –es mi derecho–. Habrá algunas, obviamente, que querrá o no contestar el ministro, pero que a mí me parecen oportunas realizar. En primer lugar, ¿por qué se han renegociado los contratos de trenes de carga y no los de trenes de pasajeros? En particular, ¿cuál es la situación en el caso de la concesionaria del subterráneo de la Ciudad? En segundo término, ¿por qué se dictó la Resolución 187/06, que saltea los procedimientos de transparencia y legales en materia de contrataciones? Y voy a dar el caso, señor presidente, de lo que ha pasado con TBA como ejemplo, porque la Resolución 187 se aplica a los trenes de superficie y también se aplica a los trenes subterráneos.

Esta Resolución 187 ha eliminado la obligación del presupuesto oficial. Acá vienen los concesionarios y traen los precios que ellos quieren; traen los precios que después no son constatados con presupuestos oficiales, como establece la Ley de Obras Públicas. En virtud y por imperio de esta Resolución 187 es que se han pagado precios, para el caso de TBA… y planteo el ejemplo de TBA porque pasa con todo el sistema de transporte. En el caso de TBA, por ejemplo, se han pagado grifos de bronce, que en cualquier ferretería valían 3,45 pesos, a 139 pesos. ¿Por qué? Porque está vigente esta Resolución 187 que ha sido objetada en varias oportunidades por resoluciones de la Auditoría General de la Nación, que ha generado un sistema discrecional de contrataciones en donde el concesionario tiene el privilegio; el concesionario trae el precio. El concesionario traía el valor de 800 mil dólares para la reparación de un vagón, cuando costaba en el mercado 400 mil dólares. A través de esta Resolución, se ha pagado también 1.800 pesos para las ventanas laterales, seis veces más que los valores de mercado, en el caso de reparación y de

13/03/2012 Pág. 17 mantenimiento de los vagones, tanto en superficie como en subterráneo. Estas son algunas de las cuestiones que queremos que el ministro nos conteste. Y por eso es que decimos que el ministro De Vido tiene una gran responsabilidad en lo que pasa en el sistema de transporte. Primero, porque es el responsable legal y, después, porque es el jefe de la administración que ha dejado hacer y ha dejado pasar a todos los concesionarios. Y el ejemplo de TBA es válido para lo que ocurre en el subterráneo. Si hablamos de un tema de transferencias –compartimos los conceptos federales–, veo que recién el ministro de Economía se ha dado cuenta, ocho años después, que el Gobierno nacional concentra los recursos y pone plata en la Capital Federal en desmedro del conjunto de las provincias; con lo que nosotros estamos totalmente de acuerdo. No puede ser que el señor Macri… resulta que es como un niño caprichoso: después de firmar un acta convenio, ahora dice que no. Queremos, obviamente, ver qué es lo que va a pasar con relación a los subsidios que se apliquen en todo el país y, en particular, en la Capital.

Pero esto tiene que ver, primero, con saber qué es lo que se transfiere y cómo está la situación del servicio en el subterráneo. Porque lo que ha pasado con TBA puede pasar en el subterráneo. Y esto es responsabilidad del Gobierno nacional.

El Gobierno nacional –esta es otra de las preguntas que quiero hacer– no ha rescindido ningún contrato, salvo el de Taselli.

– El señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Morales. – Pero Taselli está ahora en Materfer, que, como ha comentado la presidenta, le va bastante bien, aun después de la rescisión del contrato. Está exportando… Lo conocemos bastante bien los jujeños a Taselli: ha comprado en un peso Aceros Zapla. Hemos hecho las denuncias. Lo conocemos bastante bien. Es un gran delincuente el señor Taselli. Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). – Vos lo sabés mejor que yo. Sr. Morales. – Pero resulta que está a cargo de Materfer y recibe beneficios y está exportando. Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). – ¡Pero el contrato se lo rescindimos nosotros! Sr. Morales. – ¿Y por qué no se lo rescindieron a TBA? Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). – ¡Nosotros se lo rescindimos! ¡No ustedes! ¡¿Por qué no se lo rescindieron ustedes cuando eran gobierno?! Sr. Morales. – ¡¿Por qué no se lo rescindieron a TBA, que tenía los mismos incumplimientos de Taselli?! Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). – ¡Vos lo conocés bien a Taselli! Sr. Morales. – Le voy a leer, presidente, para que vayamos al tema de por qué no se han rescindido contratos… Sr. Fernández. – Lo que le voy a pedir al senador… Sr. Morales. – Si me permite… Estoy haciendo una pregunta. Sr. Fernández. – Le ruego, para poner orden… Sr. Morales. – Presidente: estoy haciendo una pregunta. Sr. Fernández. – No está haciendo preguntas, está haciendo consideraciones y juicios de valor. Le ruego que obvie las consideraciones y los juicios de valor, o que, por lo menos, los guarde para usted. Sr. Morales. – No. Es mi derecho. Para eso soy senador. Sra. Estenssoro. ― ¡Esta es la Cámara de Senadores! ¡Cada uno dice lo que piensa! Sr. Férnandez. ― Va a poder hablar cuando le corresponda. Sra. Estenssoro. ― ¡Por favor, basta de mandar a todo el mundo! Sr. Morales.― Muy bien, senadora, tiene razón.

– Varios señores senadores realizan manifestaciones fuera de

micrófono.

Sr. Morales. – ¿Me permite seguir, presidente? Sr. Presidente. – Por favor, siga. Sr. Morales. – La pregunta es por qué no rescindieron los contratos en el caso de TBA, que tomo como ejemplo, y que tiene que ver con los subterráneos también. En la página 47 del Informe 206 de la Auditoría General de la Nación se plantea ya, cuando hicieron un control en los años 2004 y 2005, que TBA tenía que correr la misma suerte

13/03/2012 Pág. 18 que Metropolitano. TBA no había presentado programas de mantenimiento desde el año 2001 a esa fecha. Las unidades registraban un notable diferimiento en la reparación y la calidad de trabajos era deficiente. Pasados nueve años… Y el Estado –y esto es responsabilidad del Ministerio de Planificación y del propio ministro– se hacía cargo de las reparaciones que le correspondían a TBA y a todas las empresas concesionarias, también en el caso del subterráneo. Nosotros nos hicimos cargo; el Estado argentino se ha hecho cargo de reparar cincuenta y ocho coches, señor presidente.

Por eso es que decimos que acá hay una gran responsabilidad en lo que se ha hecho, cuando correspondía la reparación a TBA. Hay una obligación, por los contratos de concesión de todas las concesionarias, inclusive Metrovías, de que después de 240 mil kilómetros recorridos hay una reparación previa, y después de 740 mil kilómetros recorridos el concesionario tiene la obligación de hacer una reparación integral de cada uno de los coches. Acá hay coches que tienen más de un millón de kilómetros recorridos y nunca el Ministerio de Planificación los ha hecho reparar a cuenta y orden de la concesionaria. Siempre la plata la ha puesto el Estado. Como en el caso de la fabricación o construcción de 25 formaciones de 1.090 millones de pesos que ha contratado el Estado y que lo tenía que hacer TBA.

¿Por qué, ministro, le ha dado un anticipo a TBA de 100 millones de pesos un año antes de que empiecen a construir? Y quiero preguntarle si es que han construido esos coches o no. Fueron 1.090 millones de pesos para 25 formaciones de doble piso, de primera generación, y les dieron un anticipo de 100 millones de pesos. Uno de 50 millones, el 27-11-2008, y otro de 50 millones, el 23-03-2009, cuando en diciembre de 2009 recién TBA empezó la construcción de los coches.

Si la política pública en materia de transporte sigue este derrotero, entonces, obviamente los ciudadanos de la ciudad se van a encontrar con coches destruidos y con un sistema como el que está en el subterráneo. Este es un tema que también tenemos que ver.

¿Por qué, señor ministro…? ― Varios de los presentes hablan a la vez.

Sr. Morales. –– Todo tiene que ver. ¿Por qué nunca se aprobó el régimen de penalidades y sanciones para todas las prestatarias? Sr. Presidente. –– Senador Morales, por favor. Sr. Morales. –– Estoy con el tema del control y de las penalidades, presidente. La CNRT también es la autoridad de aplicación de los subterráneos. Sr. Presidente. –– Yo lo entiendo. Y usted se imagina que, además, que se perdería el entretenimiento si no fuese así por parte suya. Le agradezco. Lo que quiero simplemente indicarle… Sr. Morales. –– No, no es un entretenimiento, presidente. Se equivoca. Sr. Presidente. –– En mi caso, sí. Sr. Morales. –– Ha habido un accidente; han muerto 51 personas. Sr. Presidente. –– Lo que quiero pedirle es que como hay otros senadores… Sr. Morales. –– Me parece una vergüenza que el ministro no hable de esto. Sr. Presidente. –– Lo que quiero pedirle es que hay otros senadores que están interesados en las explicaciones con respecto al tema que nos convoca. Le voy a pedir, por favor, senador, que atento al temario que tenemos, se circunscriba a las preguntas con el respeto que se merece el ministro. Gracias. Sr. Morales. –– Estoy en tema. Aguánteme porque estoy haciendo la pregunta de siete correligionarios senadores compañeros del bloque.

¿Por qué nunca se aprobó el régimen…? ― El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera de

micrófono.

Sr. Morales. –– Señor presidente, ponga orden. ― Varios de los presentes hablan a la vez.

Sr. Morales. –– Ponga orden, ¡estoy en uso de la palabra! Nosotros escuchamos al ministro de Economía una hora casi.

― El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera de

micrófono.

Sr. Morales. –– Presidente…

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Sr. Presidente. –– Falta mi señora acá que me grite también. (Risas). – Varios de los presentes hablan a la vez.

– El señor senador Mayans formula manifestaciones fuera de

micrófono.

Sr. Morales. –– Presidente, ¡que pida la palabra! Sr. Presidente. ––Están las cámaras…

– Varios de los presentes hablan a la vez.

Sr. Presidente. –– Perdón, perdón. Están las cámaras, vinieron jefes de bloque… Sr. Morales. –– Presidente, que pida la palabra. Sr. Presidente. –– Usted también pudo hacer la aclaración de cómo le hubiera gustado que esta reunión fuera. Lo aclaró y lo entendimos. Ahora, yo le pido, por favor, a los efectos constitutivos, que se circunscriba al tema de la reunión. Sr. Morales. –– Me circunscribo, estoy en el tema. No me fui nunca del tema, presidente. Sr. Presidente. –– Gracias.

– Varios de los presentes hablan a la vez.

– La señora senadora Montero formula manifestaciones

fuera de micrófono.

Sr. Presidente. –– Anótese y pida la palabra, senadora. Gracias. La anoto, senadora Montero.

Sr. Morales. –– ¿Por qué nunca se aprobó el régimen de penalidades y sanciones que elevó la CNRT? En fecha 21 de mayo de 2004, la CNRT eleva un régimen de penalidades y sanciones; y hasta el momento en que la Auditoría realiza sus tareas en la resolución que aprobó la semana pasada, en la Resolución N° 16, todavía el Ministerio a su cargo no había aprobado el régimen de sanciones, ministro. Esto está en el informe de la Auditoría. ¿Por qué no se aprobó el régimen?

¿Por qué todos los expedientes de sanciones y penalidades para todas las prestatarias duermen en el cajón de los justos, ministro? Yo he visto personalmente un expediente para el caso de TBA…

– Varios de los presentes hablan a la vez.

Sr. Morales. –– Sí, porque es el ejemplo de lo que pasa en los subterráneos también. Sr. Mayans. ― Estamos hablando de Subterráneos de Buenos Aires, presidente. Sr. Morales. –– Yo he visto el ejemplo del caso del Plan de Mantenimiento de TBA, que corre por el Expediente N.° 79802 de 2010 ––que es por el Plan de Mantenimiento 2009–– una multa de 1.800.000 pesos que usted, en su despacho, lo tiene hace 17 meses. ¿Por qué no se aprobó? ¿Por qué no resolvió el tema de la multa? ¿Por qué todas las multas de todas las prestatarias van a la UNIREN? ¿Por qué van a un sistema de compensaciones? Acá lo dice bien. Sr. Fernández. –– Pero no es el concesionario de los subtes. Usted dice que se está circunscribiendo, pero está hablando de otro tema, senador Morales. Sr. Morales. –– No, tiene que ver con el régimen de penalidades, presidente. Sr. Fernández. –– La realidad es que usted va a seguir dando su discurso para que lo escuchen en las cámaras y no van a tener respuestas, porque vamos a tener que limitarnos al trabajo que estamos haciendo. Sr. Morales. –– ¡Tiene que ver con el régimen de sanciones y penalidades!

– Varios de los presentes hablan a la vez.

Sr. Presidente. –– Senador Pichetto… pídame una interrupción, senador. Sr. Morales. –– ¡No! Me la tiene que pedir a mí, si estoy en uso de la palabra. Sr. Presidente. –– Yo se la voy a dar.

― El señor senador Pichetto formula manifestaciones fuera de

micrófono.

Sr. Morales. –– ¡A mí me la tiene que pedir! ¡No se la doy! Sr. Presidente. –– Yo se la voy a dar. Sr. Morales. –– ¡Ponga orden, presidente! Al respecto… Sr. Presidente. –– Termine las preguntas. Termine las preguntas, senador. Sr. Morales. –– No, todavía tengo, porque el tema de las penalidades es importante, presidente.

13/03/2012 Pág. 20 Es importante. Sr. Presidente. –– Termine las preguntas, senador, por favor. Sr. Morales. –– Es importante. Sr. Presidente. –– No se abuse. Termine. Sr. Morales. –– Es importante. ¿Por qué no se aprobó el régimen de penalidades? ¿Por qué todas las penalidades, todas las sanciones van a un cajón? ¿Por qué van a un régimen de compensaciones a la UNIREN? Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). –– ¡Porque todos los contratos colapsaron después del desastre que dejaron ustedes en el 2001!

– Aplausos espontáneos.

Sr. Morales. –– ¡Y que ustedes generaron en la década de los 90! ¡Que ustedes generaron en la década de los 90!

– Aplausos espontáneos. Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). –– ¡Me venís a hablar de Taselli, vos, cuando fuiste a Santa Cruz (tapado) de nieve con cuatro colchones! ¡Sinvergüenza! ― Varios de los presentes hablan a la vez.

Sr. Morales. –– ¡Ministro, rinda cuentas! ¡Ponga la cara! Sr. Presidente. –– Por favor, por favor… Sr. Morales. –– ¡Devuélvanle la plata a la gente! Sr. Presidente. –– Por favor, por favor… Sr. Morales. –– ¡Eso es lo que tienen que hacer! Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). –– ¡Ustedes la tienen que devolver! ¡Ustedes! Sr. Morales. –– ¡Devuélvanle la plata a la gente! Sr. Presidente. –– Senador Morales, por favor. Sr. Morales. –– ¡Usted es el responsable! Sr. Petcoff Naidenoff. ― ¡Háganse cargo de algo! ¡Háganse cargo de la tragedia! Sr. Presidente. –– Senador Morales, senador Morales, por favor, por favor... Sr. Fernández. –– Senador Naidenoff, por favor… Sr. Presidente. –– Senador Morales, por favor… Sr. Fernández. –– Senador Morales, si usted hiciera las preguntas circunscriptas al tema específico…

― Una persona del público formula una manifestación fuera de

micrófono.

Sr. Morales. –– ¿Quién es el facho? ¡Ponga en orden al facho, acá! Sr. Petcoff Naidenoff. ― ¡Solicito que se retire el irrespetuoso! Sr. Morales. –– No sé quién es el facho que gritaba. Sr. Fernández. –– Senador Morales y senador Naidenoff, por favor… Sr. Presidente. –– Están mis chicos mirando y dicen: “Papá, es tu debut como presidente de la Comisión”. Sr. Fernández. –– Senador Morales, circunscribámonos al tema, por favor. Sr. Morales. –– Termino. Quiero leer esta nota de Schiavi. Sr. Fernández. –– Usted tiene todo el derecho del mundo...

― El señor senador Petcoff Naidenoff formula manifestaciones fuera de

micrófono.

Sr. Fernández. –– Senador Naidenoff, le estoy hablando. Tiene todo el derecho del mundo a expresarse como le parezca; y de la misma manera, en

tanto y en cuanto esto no se circunscriba al tema, se va a encontrar con preguntas que no van a tener respuestas y se va a encontrar con respuestas que no tendrían que haberse dado en este ámbito, porque fuimos convocados específicamente para hablar del tema de la transferencia de los subtes, del tranvía y de las 33 líneas de colectivos. ¡Si usted hubiera hecho eso, nos hubiera hecho un enorme favor entre todos! Sr. Morales. –– Estoy de acuerdo. Sr. Fernández. –– Porque tendríamos que un debate muy rico. Pero, ¿sabe qué? No está en el marco del artículo 71 de la Constitución ni del 214 del Reglamento; ya se lo he dicho, senador.

13/03/2012 Pág. 21 Entonces, no puede hacer lo que usted quiere. Tiene que circunscribirse a lo que se decidió oportunamente. Sr. Morales. –– Yo tengo derecho a preguntar lo que quiero y el ministro contestará lo que él quiera. Sr. Fernández. –– Si usted quiere decírselo, dígaselo respetuosamente. Sr. Morales. –– Si se lo estoy diciendo respetuosamente. Sr. Fernández. –– No es lo que parece.

El ministro, si encuentra alguna oportunidad, a lo mejor, alguna de las cosas que a usted le interesa se las pueda aclarar. Pero está hablando de TBA que no es el concesionario de los subtes, senador. Sr. Morales. –– Presidente, he planteado el tema de TBA como ejemplo y le dije que me parece una vergüenza que no hablemos del tema. Sr. Fernández. –– Yo soy el presidente de Quilmes y lo puedo utilizar como ejemplo y, sin embargo, tampoco se lo diría. Sr. Presidente. –– Senador Morales, vamos a ordenarnos un poco, por favor. Sr. Morales. –– Ya termino. Sr. Presidente. –– Hay una interrupción del senador Pichetto. Le solicito que le otorgue la palabra. Sr. Morales. –– Se la doy. Sr. Presidente. ― Por favor, micrófono para el senador Pichetto. Sr. Pichetto. –– Presidente, a mí me parece que como se está desarrollando esta reunión no hay muchos antecedentes aquí en el Senado. Siempre hemos mantenido un nivel de respeto, fundamentalmente, a las visitas cuando se trata de ministros. Nunca hemos modificado las reglas del Reglamento. Esto no es una interpelación, lo dijimos al inicio. Esto es una presencia en función de un proyecto de ley. Si desvirtuamos las reglas, senador Morales, si queremos imponer por el uso de la fuerza verbal o de la violencia verbal acontecimientos que no tienen nada que ver con el debate en cuestión, nos vamos a ver obligados a levantar esta reunión y a emitir el dictamen, y a discutirlo en el ámbito del recinto.

No vamos a hacer circo para la sociedad. Si usted lo que busca es tratar de plantear el tema de los ferrocarriles, es un tema al que no vamos a rehuir la discusión. Lo dijo el ministro y lo dijo también el secretario. Cuando tengamos resultados en el marco de la investigación, en el marco de la Comisión de Transporte vamos a dar todas las discusiones pertinentes. A nosotros también nos interesa un sistema de ferrocarril que funcione, senador Morales.

El proceso no empezó hace ocho años, es un proceso, como bien dijo la presidenta en el discurso del 1° de marzo, de decadencia pronunciada, acentuada claramente por la crisis de 2001, que puso en jaque a todos los servicios públicos, en donde el Gobierno ––nuestro gobierno–– tuvo que sostenerlo con políticas de subsidios. Entonces, si usted quiere discutir sobre todo esto, esto no es el debate de esta Comisión. Vamos a hacerlo, no vamos a rehuir a la discusión; nunca lo hemos hecho. Yo lo que planteo, señor presidente, para que esto siga, es que fijemos líneas de respeto hacia los ministros que han venido, hacia el secretario. Trabajemos claramente sobre la cuestión planteada. Que los senadores hagan el discurso, está dentro de las reglas de juego; ahora, que no lo desvirtúen. Al principio, debatimos que esto no era una interpelación. Muchas gracias. Sr. Presidente. –– Senador Morales, le solicito que vaya cerrando. Sr. Morales. –– Termino, señor presidente. Me parece importante que debatamos la cuestión de la política de transporte en el país y cuáles son las responsabilidades que hay en todo esto y, particularmente, del Gobierno que gobierna hace nueve años poniendo miles de millones en subsidios que nos gustaría saber adónde van.

Yo quería leer una nota por esto del tema del régimen de penalidades, que lamentablemente el Ministerio no ha aprobado, y cuál es el manejo, porque si no hay sanción para la concesionaria… me refiero al caso de los subterráneos. Pongo como ejemplo los de arriba y los de abajo porque es parte del mismo sistema y, porque como establece el Decreto 2095, son jurisdicción y son materia de competencia del Ministerio de Planificación.

Acá hay una nota de Juan Pablo Schiavi con relación al tema de las penalidades que dice que se remiten los presentes actos, un conjunto de penalidades, en la nota 197 del 24 de febrero de 2012, que yo he visto personalmente, porque fui al Ministerio de Planificación a ver cómo se movían los expedientes y empezaron a moverse recién después del accidente. Esto es lo que

13/03/2012 Pág. 22 preocupa y que tiene que ver con todo el sistema de transporte. Schiavi dice que “a fin de que la penalidad impuesta oportunamente sea incluida en el acápite resolución del reclamo mutuo del proceso de renegociación del contrato”.

Entonces, ministro, cuando no se le cobra una multa a nadie, entonces… y cuando va todo a un esquema de compensación en un esquema de renegociación sine die ―hablo de Metrovías también, hablo de subterráneos―, en un esquema de renegociación que no tiene límites, en donde no hay ni siquiera una fecha porque estamos en un estado de emergencia y por el dictado de este decreto, obviamente nunca la concesionaria sabrá si tiene que corregir o no.

Esto es lo que planteamos. ¿Por qué no se ha aprobado el régimen de penalidades? ¿Por qué se aprobó la Resolución 187 que está impugnada por la Auditoría General de la Nación y que incumple la ley vigente, y que esto le ha permitido este estado de caos a los concesionarios, es decir, que hagan lo que realmente quieran?

Estas son las preguntas. Después si quiere le paso estos datos con relación al tema de dónde han ido a parar todas las penalidades. Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador Morales. Tengo anotados a los senadores Sanz, Cabanchik, Linares, Giustiniani, Estenssoro, Filmus, Montero, Artaza y Morandini. Estos son los senadores que tengo anotados. ¿Alguien más se anota? Tiene la palabra el senador Sanz. Sr. Sanz. – Celebro esta reunión porque las cosas que pasan, que por ahí pueden ser caratuladas de excesos, siempre son mejores a pasar largos tiempos sin poder debatir en el ámbito del Senado, a veces, por la no presencia de los funcionarios y, a veces, porque no nos ponemos de acuerdo los legisladores. Entonces, la posibilidad que tenemos hoy hay que celebrarla. Noto en el oficialismo ―y sobre todo en los funcionarios que están invitados― es que hay una excesiva inclinación en exacerbar el federalismo por el lado del conflicto Nación versus Ciudad de Buenos Aires, o el resto de las provincias versus Ciudad de Buenos Aires. Si bien esto es propio para discutir este tema puntual, el Senado está para mucho más que para venir una vez cada tanto a discutir las peleas que el Gobierno nacional tiene con el Gobierno de la Ciudad.

Acá es donde viene la primera reflexión, que es un reproche. El Congreso de la Nación no puede estar al final del camino de las peleas habituales consuetudinarias entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad. Este debate no arranca de manera virtuosa. El Gobierno nacional no envió este proyecto de ley porque quiera debatir en el ámbito del Senado el federalismo en serio. Si así fuera, debatiríamos muchas otras cosas más que son tan o más importantes que el tema del traspaso del subte a la Ciudad de Buenos Aires. Si así fuera, el ministro de Economía tendría que venir a hablar acá no de todos los números de la relación fiscal Nación-Ciudad de Buenos Aires, sino de la competitividad de las economías regionales, que hoy la gente del interior está esperando una respuesta porque se están perdiendo empleos, o de la cuestión de la vivienda. Acá está el subsecretario de Obras Públicas. Sería bueno que viniera. No hoy como acompañante, sino a discutir y a informar en dónde se hacen viviendas en este país, con qué fondos y quiénes son los intermediarios; pero eso es un debate federal mucho más profundo. Reitero, acá no estamos porque hayamos empezado un debate virtuoso, sino porque fracasó una vez más la política de entendimiento, de concertación, de cooperación y de coordinación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Y ustedes tienen que responderle a la gente que nos está mirando hoy, a la gente que está fuera de este recinto, por qué hace cinco años vienen peleándose la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por distintas razones: por el Indoamericano, por los subtes, por los trenes, por lo que fuera, pero, en definitiva, nunca se llega a un acuerdo.

Y acá viene la primera pregunta, porque se llegan a acuerdos. Y así como se envió este proyecto acá, ¿por qué no se envían al Senado los proyectos o los convenios firmados, suscriptos, donde nunca se arrepienten y en donde sí han logrado acuerdos, donde hay mucho dinero en juego? El convenio del juego queremos que se discuta en el Senado; el de la Corporación Puerto Madero queremos que se discuta en el Senado. No sea cosa que cuando hay gente de por medio se pelean y cuando hay plata de por medio los convenios se acuerdan y después no se vuelve marcha atrás. Queremos discutir todas esas cuestiones vinculadas a la relación de la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, señor ministro. Y la segunda pregunta, ¿por qué no se aborda el tema de transportes de manera sistémica?

13/03/2012 Pág. 23 No se puede en la Argentina sostener hoy discusiones parciales. Lo de los subtes de la Ciudad de Buenos Aires es una parcialidad. ¿Por qué el senador Morales ha hecho uso de su tiempo para hablar del tema de ferrocarriles? Porque no hemos tenido otro ámbito para discutirlo; y el tema de los ferrocarriles forma parte de esto.

Fíjese el ejemplo concreto de lo que hoy estamos discutiendo. Le vamos a traspasar a la Ciudad de Buenos Aires 33 líneas de colectivos sobre un total de 100, que son las líneas de colectivos de toda el área metropolitana. ¿Qué va a pasar con las otras 77 ó 78? ¿Puede ocurrir que las 33 que se traspasen tengan un aumento de tarifas y lo pague el bolsillo del usuario y las otras 77 sigan con el subsidio nacional, si todas forman parte del área metropolitana, del servicio metropolitano? Hay una ley del año 98, la 25.031, que creó el Ente Coordinador de Políticas del Área Metropolitana. Esa ley tiene un grave error, que habrá que hacerse cargo desde el Parlamento, desde hace trece años, que sometió la vigencia de la ley a la aceptación de 14 ó 18 municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Obviamente, nunca se logró esa aceptación, pero es hora de que no vengan al Congreso para dirimir peleas que deberían ser dirimidas a través de la madurez y de la racionalidad, y que empecemos a hablar de políticas de Estado, en este caso, de políticas de transporte integral del área metropolitana.

La pregunta, entonces, concreta: ¿están dispuestos a debatir una política integral y traerla al Congreso de la Nación vinculada a los transportes no solo del área metropolitana, sino de todo el país? Nosotros estamos dispuestos a dar ese debate, señor ministro. Sr. Presidente. ― El ministro quiere hacer una aclaración. Sr. Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). –– Una aclaración. El tema del SUBE resuelve lo que usted planteaba del resto de las líneas, porque usted puede subsidiar de manera parcial y a cada ciudadano. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Cabanchik. Les pido, por favor, esto no es una interpelación. Vuelvo a recalcárcelos y a recordárselos, sé que ya lo saben los señores senadores. Pero diríjanse a la Presidencia de la reunión y no al señor ministro en forma de interpelación, por favor. ― Varios de los presentes hablan a la vez.

Sr. Cabanchik. – Gracias a los funcionarios por haber venido a esta reunión. En primer lugar, aclaro que voy a hablar más que nada como senador por la Ciudad de Buenos Aires, honrando la representación que ostento. Velo aquí por los intereses del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma. Y hemos peleado constantemente por que la autonomía se ejerza plenamente.

En ese sentido, apoyamos y acompañamos que todas las transferencias que están pendientes se realicen. Hace no mucho tiempo atrás este Senado dio sanción a la ampliación de transferencias en la órbita de la Justicia nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en un convenio sin conflictos y en un entendimiento perfectamente armónico entre los ministerios de ambas jurisdicciones; y en el debate parlamentario también tuvimos aportes que terminaron en una unanimidad de aceptación de ese traspaso. Lamentablemente, no ha habido esa situación de armonía en todos los temas que hacen a la autonomía de la Ciudad. Lamentablemente, la Ley Cafiero todavía permanece vigente como un techo restrictivo para muchas de las cuestiones, como el juego y la administración del puerto. En fin, el transporte era una asignatura pendiente y nosotros habíamos generado un diálogo con algunos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que se avanzara, primero que nada, con el subte, entendiendo que ese es el medio por antonomasia que corresponde a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, entre todos los otros, urbanos e interurbanos, que están en juego en la discusión de esta tarde. En ese sentido, quisiera lamentar también públicamente la expresión de muchos de los funcionarios que intervienen en el debate público instalado en los medios de comunicación. Algunas de esas expresiones, implícita o explícitamente, también se han vertido en las alocuciones que hemos escuchado, confundiendo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la Ciudad de Buenos Aires. Entiendo que no es la intención y que a veces se genera esa confusión por la pasión del discurso, pero es muy importante. Por ejemplo, yo no represento al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero sí al pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y tengo que velar por los intereses de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que la discusión federal no es “Ciudad de Buenos Aires versus el resto de la Nación”. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es uno de los distritos de la Federación, por decirlo así, y esto ya es una incorporación histórica muy vieja. Ha sido un logro de la Argentina

13/03/2012 Pág. 24 su unificación, la superación de las viejas rivalidades entre la Ciudad y el resto de la Argentina. Entonces, no volvamos a reeditar ese tipo de enfrentamientos, más allá de las buenas intenciones que se tengan. No discutiré las cifras que el ministro de Economía compartía con nosotros, pero se pueden poner énfasis distintos de acuerdo a cómo uno quiera.

Uno poco uno se cansa de escuchar que la Ciudad de Buenos Aires… Y en esto puedo citar a la presidenta de la Nación, que en la Asamblea legislativa dijo: “No es Nueva York”-. Así que les pido a todos que en este debate... Sr. Presidente. — Senador: si podemos avanzar con la pregunta, por favor... Sr. Cabanchik. — Ah, no, discúlpeme, pero va a estar perdido con esto. Vamos a pelearnos, si quiere. Hace dos minutos que estoy hablando. ¿Qué quiere, ya quitarme el micrófono? Tome el micrófono… Estoy adelantando. Ya lo dijo Napoleón: “Si estoy apurado, me pongo el saco despacio”. Entonces, lo que digo es lo siguiente: en las cifras se pueden poner énfasis distintos. Nosotros también tenemos cifras. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires no es Nueva York. Me parece que usted se asustó porque nombré a la presidenta. No haga esas cosas, por favor. La nombré a favor de lo que estoy sosteniendo: no vivimos en Nueva York los porteños. Sr. Presidente. — Me están viendo los chicos por televisión y, como me retan, estoy preocupado para volver a casa. Sr. Cabanchik. — Bueno, vaya y deje la Presidencia en manos de otro. Gracias, presidente. Entonces, no estamos en Nueva York; no nos tratemos como si estuviésemos en Nueva York. En nuestras cifras, el 10 por ciento de la población de la Ciudad de Buenos Aires es pobre. Tenemos alrededor de 300 mil pobres en la Ciudad de Buenos Aires. No es la que más pobreza tiene ni la que menos tiene, pero parecemos tratar todo el tiempo como si acá somos todos ricos y en el resto de la Argentina somos todos pobres. Por otra parte, si el Gobierno nacional aplicó subsidios durante años a los servicios en general que los porteños gozamos, es porque habrá evaluado que esa era una política de justicia e inclusión social. Entonces, ahora no vengan a argumentar aquí que durante ochos años hemos estado en la injusticia de favorecer a la Ciudad en contra de la Nación. Somos una unidad: Ciudad de Buenos Aires-Provincia-Nación. Y creo que la provincia de Buenos Aires es la gran ausente en este debate. Ahí voy a ir acercándome a preguntas y propuestas, para beneplácito del presidente Marcelo Fuentes, porque la provincia de Buenos Aires tiene que estar en este debate. Yo les preguntaría a los ministros... Sr. Fernández. — Dos cosas. Como usted se reivindica representante de la Ciudad de Buenos Aires, yo represento a 4.639.000 votos de la provincia de Buenos Aires. No lo tome a mal con la senadora María Laura Leguizamón… Sr. Cabanchik.-Bueno, dos millones y pico para cada uno. Sr. Fernández. - Pero no es el tema; lo que estamos discutiendo son los subtes, y la provincia de Buenos Aires no los tiene, como no lo tiene La Rioja ni Santa Cruz. Sr. Cabanchik. — Disculpe, le voy a aclarar el punto, senador Fernández. Sr. Presidente. – Siga senador, por favor. Sr. Cabanchik. - En ese sentido, no desconozco que Quilmes no tiene subterráneos. Yo sé que Quilmes tiene túneles para salir a la cancha... Sr. Fernández. — Está equivocado. Sr. Cabanchik. — ¿No tiene túneles? Sr. Fernández. — No. Sr. Cabanchik. — Bueno, ni eso tiene. Está bien, no tiene subtes, pero ahora me estoy refiriendo a los colectivos del área urbana e interurbana. En el mismo sentido en que intervino el senador Sanz en ese punto, quiero plantear que me parece un error incluir de la manera en que se incluye en el artículo 2° del proyecto enviado a esta Cámara para su debate —ahí me centro en el debate técnico del asunto—, porque se agrega el transporte de colectivos con uso exclusivo jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires para 33 líneas, sobre el total de 142 líneas, que creo que tenemos. Entonces, 109 líneas están excluidas de este tratamiento. Ya sé que el ministro De Vido acaba de decir que eso se arregla con la tarjeta SUBE, pero quiero señalar que prácticamente el 60 por ciento de los usuarios de colectivos dentro de la Ciudad de Buenos Aires utilizan el servicio interurbano, es decir, colectivos que salen a la provincia o llegan de la provincia de Buenos Aires; igualmente, su viaje puede ser dentro de la

13/03/2012 Pág. 25 Ciudad de Buenos Aires. Voy a ser preciso en la pregunta: ¿cómo interactúa el proyecto de ley que estamos debatiendo con la iniciativa de la creación de la Autoridad Metropolitana de Transporte, que nuclea a las tres jurisdicciones: CABA, Nación y provincia de Buenos Aires? En ese sentido, decía que la provincia parece ausente en el debate. La constitución del AMBA, si no tengo entendido mal, ha dado pie a una gestión ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que otorgó un crédito a la Secretaría de Transporte para constituir este organismo tripartito. Entonces, no creo que sea correcto excluir a la provincia de Buenos Aires de estas medidas contempladas y no introducir esta cuestión del transporte automotor urbano e interurbano como una unidad. Nosotros hemos redactado una propuesta alternativa, sacando los colectivos del artículo 2°, agregando un artículo 3° para el AMBA, de modo tal que las 142 líneas tengan una unidad de tratamiento, gestión, fiscalización y control. Esa es una propuesta. La pregunta es cómo se relacionan las dos acciones, o sea, dar exclusividad a la Ciudad de 33 líneas y el resto dejarlo para el AMBA. Por último, ya que esto supone restar recursos a la Ciudad de Buenos Aires —no al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires—, porque algo de los recursos se pierden, me gustaría preguntarle al ministro de Economía si hay alguna compensación. Con el argumento que se ha sostenido parece ridículo preguntar esto, porque pareciera que nos sobra el dinero, pero en verdad también hay que decir que la contribución de esta Ciudad a la masa total de recursos coparticipables es muy alta y que tenemos 1,93 de ese beneficio. Es decir, tenemos una situación intermedia de pobres; es cierto que el ingreso per cápita es relativamente alto en relación a otros lugares, pero también es cierto que per cápita nosotros recibimos muy poco de la coparticipación federal. Dejo la inquietud planteada. Muchas gracias por la tolerancia, presidente. Sr. Presidente. — Gracias por su síntesis. Tiene la palabra el señor senador Linares. Sr. Linares. — En primer lugar, yo soy senador por la provincia de Buenos Aires; es el millón de votos sumados a Aníbal y a María Laura Leguizamón.

La provincia de Buenos Aires tiene un presupuesto para un ferrocarril —Ferrobaires— de alrededor de 600 millones de pesos para este año. Por lo que escuché en las cifras, 600 millones de pesos —poco más, poco menos— es lo que la Nación estaba aportando a los subtes, y que ahora iba a aportar alrededor de 350 millones de pesos. 600 millones de pesos son, de acuerdo a la cantidad de docentes que tiene la provincia, alrededor de 200 pesos de incremento. Si no teníamos los ferrocarriles hubiéramos evitado el problema que hoy se plantea con los maestros. Aquí se ha hablado mucho de centralismo y de federalismo, pero la realidad es que están presentes dos ex ministros de la provincia de Buenos Aires, lo veo al licenciado Sícaro y a Gerardo Otero…. Ah, y a Aníbal, por supuesto. Señor ministro, hay un convenio firmado por usted y el entonces gobernador Solá de fines de 2006 –antes de que se fuera el gobernador- para transferir Ferrobaires a la Nación, cuestión que no se ha llevado adelante. Mi inquietud radica en si es posible que parte de eso que hoy la provincia no va a invertir allí podría utilizarse para poner en marcha este convenio hoy no cumplido, porque la verdad es que el servicio que brinda Ferrobaires –donde también hay muertos- es lamentable. Sr. Presidente. – Señor senador, deseo manifestarle lo mismo que a los señores senadores de la Unión Cívica Radical y es que su planteo está fuera de la temática. Sr. Linares. – No está fuera de la temática porque si se van a ahorrar 600 millones de pesos, lo que digo es que quizás se pueda llevar adelante este convenio. Sr. Presidente. – Nobleza obliga. Lo decía para no discriminar a los otros senadores radicales.

Tiene la palabra el señor senador Giustiniani. Sr. Giustiniani. – Me parece que después de las interesantes alocuciones que escuchamos de los ministros y el secretario, el tema que estamos discutiendo se refiere -incluso nos desafiaba el señor ministro Lorenzino- a lo que la presidenta en la Asamblea de apertura de sesiones decía sobre qué modelo de país queremos. La verdad es que el traspaso de los subtes y de los ómnibus está enmarcado en el tema de qué modelo de país queremos. Entonces, los temas que se están planteando abordan esa temática. Está bien que por un ordenamiento y para aprovechar esta tarde nos circunscribamos a determinadas preguntas, pero sería mejor que este debate lo continuemos en el marco del Senado porque es la esencia de quienes hemos venido planteando desde hace muchos años en el recinto de este Senado la inequidad en la distribución de fondos entre la Nación y las provincias. Hemos dado con números la inequidad de subsidios al transporte y

13/03/2012 Pág. 26 hemos pedido el cambio de la metodología porque el subsidio por pasajero-kilómetro es absolutamente asimétrico de la Ciudad de Buenos Aires hacia el interior del país.

Asimismo, hemos planteado que había que terminar con un modelo de subsidio a las empresas absolutamente inequitativo. A mí me alegra porque yo creo que más que sintonía fina es un cambio del modelo, dado que hablar de cambiar de subsidiar a las empresas para subsidiar a las personas es un cambio de fondo; lo hemos venido sosteniendo desde hace muchos años porque vivieron durante mucho tiempo subsidiando a los sectores ricos y acomodados de la Ciudad de Buenos Aires del conurbano rico bonaerense. Esta es la realidad.

Entonces, la pregunta que nos hacemos se refiere a cuál es la reparación en este debate hacia las provincias; ¿hay alguna reparación económica? No es casual que haya once provincias argentinas en contradicción jurídica con el gobierno central en la Corte con sustanciación de sentencias en el debate de los recursos federales. Repito, once provincias argentinas, entre ellas la provincia de Santa Fe, por distintos temas, muchas de ellas por temas previsionales, etcétera.

Cuando se habla de la distribución es importante -y me parece muy pertinente la primera participación del ministro cuando decía que el Congreso tiene pertinencia para actuar en este tema- que repasemos un poco que existe una Constitución Nacional que fija claramente las reglas de juego en el artículo 75, que hay una Ley Cafiero que habilita a que los servicios sean traspasados a la Ciudad de Buenos Aires y que con un acta acuerdo hubiera sido absolutamente suficiente para que esto se produjera. Evidentemente, estamos en una situación política de fuerte controversia entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires y es evidente que también desde el punto de vista jurídico tiene facultad la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intervenir ante controversias de la Nación con los distritos federales. Esto es así. Este es el marco.

No evadimos el debate político. En ese sentido, debo referirme a lo que planteaba el señor senador Sanz en cuanto a que esto es una pelea pueril. Se preguntaba el señor ministro Lorenzino qué antecedentes hay de un jefe de gobierno o de un intendente que no acepte la transferencia de poder para brindar un servicio a los ciudadanos. Me parece muy bien y una buena reflexión. Pero es tan absurda esa negativa como la pelea que está planteada porque –ahí va mi pregunta también- en este instrumento jurídico que el gobierno de la Nación envía al Congreso en función de redoblar la apuesta en esta pelea política que se está planteando intencionalmente incorpora las 33 líneas de colectivo. En la misma herramienta jurídica ponen dos cosas absolutamente diferentes. Creo que aquí la herramienta que ustedes están elevando al Congreso de la Nación muestra una flaqueza. Sr. Fernández. - ¿Me permite una interrupción? Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no. Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Fernández. Sr. Fernández. - He escuchado dos o tres veces insistir sobre el mismo tema sobre el porqué de las 33 líneas. Cuando se debatía la Ley Cafiero decía oportunamente un senador de esta Casa: Es cierto que hay una regla por la que los servicios interjurisdiccionales son controlados por la Nación para asegurar la unidad de la Nación sobre la base del federalismo. Pero no se puede excluir a la Ciudad de las competencias que le corresponden en materias específicas. El transporte interjurisdiccional en la Ciudad de Buenos Aires puede ser controlado por la Secretaría de Transporte de la Nación, pero lo que atañe estrictamente al tránsito, es decir, las 33 que le son propias a la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y a las condiciones de circulación es de competencia de la Ciudad y no puede y no va a delegarlo, y fue sostenido por todos los senadores. Estas son palabras textuales del entonces senador Fernando De la Rúa. Sr. Giustiniani. – Está bien, un senador de acuerdo a su consideración, señor senador. Yo reafirmo mi concepción de acuerdo con lo que interpreto en el andamiaje y en el plexo normativo jurídico argentino, en la Constitución Nacional, en la Ley Cafiero, en el Acta Acuerdo…

- El señor senador Fernández realiza manifestaciones fuera del

alcance del micrófono. Sr. Giustiniani. –Sí, sí. Sr. Presidente. – No dialoguen, por favor. Sr. Giustiniani. – Así que respeto su posición, que coincide con la del entonces senador De la Rúa, pero yo no la comparto. Considero que estamos entrando en un debate muy importante y que hace a que por primera vez se acepte que en los últimos años ha habido una injusticia muy grande respecto del interior del país. Escuchar la afirmación de los funcionarios que han estado actuando en el gobierno nacional y que reconozcan esta injusticia, me parece que es importante. Entonces,

13/03/2012 Pág. 27 vamos a mirar hacia adelante. Además, abordo un tema más genérico que hace a la gestión misma de los servicios públicos concesionados. Es verdad que la catástrofe del país determinó las renegociaciones de todos los contratos. Pero lo que también es cierto es que en un país donde hay un crecimiento del 8, 9 y 10 por ciento y una situación económica de tantos años como la que tenemos, no podemos estar permanentemente, durante toda la vida y hacia el futuro en la renegociación de contratos; es necesario darle normalidad a esta situación.

Por eso, la pregunta concreta es la siguiente. El gobierno nacional envió un marco regulatorio de los servicios públicos concesionados general al Congreso de la Nación hace cinco años, que después fue cajoneado en la Cámara de Diputados de la Nación. Es un proyecto muy bueno, porque plantea entes reguladores de control, con participación de la ciudadanía en audiencias públicas, con tarifas justas y razonables, con derechos y deberes –sobre todo deberes- de las empresas concesionarias. La pregunta concreta es si el gobierno en esta nueva etapa que plantea positiva de cambiar subsidios a las empresas, que no es casual que determinara ese sistema… Lo he planteado acá, desde mi punto de vista, las veintiocho causas penales del secretario Jaime no son ajenas al sistema de haber negociado con empresas entre cuatro paredes subsidios de manera discrecional y que este sistema abona a mayor transparencia. Entonces, con respecto a la segunda pregunta, vuelvo al tema de la herramienta jurídica. ¿Ustedes no consideran que el tratamiento debiera ser diferente a dos temas diferentes, a pesar de que se hable del transporte de la Ciudad de Buenos Aires? Uno que significa tener un acta acuerdo, como es el del traspaso de los subtes y el otro el de los colectivos, que tiene la mayoría el oficialismo para aprobar una ley. Entonces, va a quedar aprobada una ley con el paraguas de la Constitución Nacional, sin el mínimo consentimiento de la Ciudad de Buenos Aires para efectuar ese traspaso. Sr. Presidente. – Gracias, señor senador Giustiniani. Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro. Sra. Estenssoro. – Gracias, señor presidente. Agradezco a los funcionarios por estar aquí. Reitero que esta reunión y el tratamiento de este proyecto no fueron discutidos la semana pasada en la reunión de labor. No estaba entre los temas previstos para discutir en el Senado en estas semanas y en estas sesiones. Llegó de improviso. En la convocatoria nada decía que estaban convocados los funcionarios del gobierno de la Nación. Pero como está en tratamiento un convenio entre un distrito, la Ciudad de Buenos Aires, y el gobierno nacional, creo que lo correcto hubiera sido convocar también a las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, para que dieran su punto de vista. Aclaro que no soy del Pro. He sido candidata por la Ciudad de Buenos Aires por otro partido. He tenido críticas durísimas al gobierno de Mauricio Macri. No coincido con el acta acuerdo que firmaron el ministro De Vido y Mauricio Macri, por el gobierno de la Ciudad. Y, ante todo, represento a los ciudadanos y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires. En esa calidad es que quiero hablar. Hemos hablado mucho de dinero. Pero, los ciudadanos de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que son unas diez millones de personas que circulan todos los días en el transporte público de nuestra ciudad, no quieren escucharnos hablar sólo de dinero, sino que quieren escucharnos hablar de la seguridad del transporte de pasajeros en el área metropolitana, de la dignidad de cómo viajan y de la calidad del servicio que se presta. Respecto a las cifras que han dado tanto el ministro de Obras y Servicios Públicos como el de Economía, que hablan de un país pujante y en crecimiento desde hace nueve años, realmente ni siquiera el 2001 justifica que al día de hoy los argentinos viajen de esta forma en los trenes y colectivos que vienen de la provincia a la Ciudad y que también utilizan muchísimos ciudadanos de todas las provincias que vienen regularmente a la Capital Federal. No hay justificación para una política de transporte que evidentemente ha colapsado. El accidente de la estación de Once de la línea Sarmiento, podría haber ocurrido en cualquiera de las otras líneas y, también, en el subte de la Ciudad de Buenos Aires. Los invito a hacer ese trayecto, alguna mañana en hora pico o alguna tarde a la salida del trabajo, ya sea en el subte o los trenes, para que vean la situación salvaje en la que tienen que viajar los argentinos. Esa es responsabilidad del gobierno nacional. En cuanto a los subtes y a los colectivos, es también responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri no haber reclamado con vehemencia el traspaso de esta competencia hace mucho tiempo.

13/03/2012 Pág. 28 El proyecto que envía el Ejecutivo a este Senado dice que es un proyecto que se refiere a la equidad en la distribución de los recursos entre la Ciudad de Buenos Aires y las provincias.

Concuerdo con el señor senador Cabanchik en que se ha querido instalar este tema como una pelea entre la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, de una ciudad rica que tiene beneficios y que no es solidaria con el resto de la Nación.

Y usted, señor ministro Lorenzino, sabe muy bien que de la masa coparticipable la Ciudad de Buenos Aires aporta el 25 por ciento y recibe el 1,4 por ciento. Si vamos a hablar de federalismo, y este es un tema que hemos reiterado que debe modificarse y del que tenemos que hablar, porque se trata de un federalismo que no se está cumpliendo en la Argentina, actualmente el gobierno nacional coparticipa solamente el 25 por ciento de los recursos para las veinticuatro provincias y la Ciudad de Buenos Aires y utiliza para sí el 75 por ciento, siendo que son las provincias –y esto lo saben todos los señores senadores– las que tienen que dar los servicios principales que incluyen la educación, la salud, el transporte y la seguridad.

Entonces, la Ciudad de Buenos Aires es solidaria con la Nación cuando aporta el 25 por ciento de la masa coparticipable y solamente recibe el 1,4 por ciento. No estamos pidiendo una modificación, sino que estamos poniendo los números en contexto.

También, si vemos cómo es la coparticipación por habitante, la provincia de Tierra del Fuego recibe 16.000 pesos por habitante; la provincia de Salta, 5.000 pesos; la provincia de Formosa, 11.000; la provincia de Córdoba, 4.000; la provincia de Buenos Aires, 2.000 y la Ciudad de Buenos Aires, 1000. Entonces, ya hay en el esquema de coparticipación una solidaridad de la Ciudad de Buenos Aires al resto de la Nación.

Creo que esto tiene que ser aclarado y que no podemos tratar un tema que se refiere principalmente –así es como lo entiende la Coalición Cívica– a un tema de seguridad en el transporte público del área metropolitana y de la Ciudad de Buenos Aires y de dignidad en las condiciones en que viajan los ciudadanos argentinos todos los días a su trabajo.

Lo de Once no se pude repetir. No fue un accidente. Lo que sorprende es que no hubiera ocurrido antes.

Ya que los ministros han hecho un gran uso del tiempo y no se refirieron solo al transporte, pero cuando yo era legisladora de la Ciudad de Buenos Aires también había una situación de negligencia, soberbia y corrupción y terminamos en un Cromagnon. Lamento que la Ciudad de Buenos Aires haya sido también el escenario de otra tragedia con 51 personas muertas, con 700 heridos y centenares de familiares que están desesperados porque no reciben una respuesta, mientras estamos en estas chicanas entre el gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad.

Creo que tenemos que sacar esta discusión de una pelea política y la tenemos que centrar en políticas de Estado.

Me quiero hacer eco de las palabras del juez Zaffaroni, quien advirtió que esta disputa por el proyecto que avala el traspaso de los subtes, el premetro y las 33 líneas de colectivos del gobierno de la Nación a la Ciudad se va a judicializar y va a terminar en la Corte Suprema. Eso es lo que va a pasar porque ya este tema está en la Justicia y porque se ha incluido un ítem, el de los colectivos, que no estaba en el acta del convenio. Y, además, porque hay un tema de seguridad. La decisión unilateral que tomó la ministra Garré de retirar la Policía de los subtes es una medida temeraria y muy peligrosa. Y el tiempo de 30 días que se le ha dado al Gobierno de la Ciudad es un tiempo que no podemos aceptar.

Además, yo quiero reiterar que lo que se le permitió al Gobierno de la Ciudad ―y que la Coalición Cívica se opuso y que fue un acuerdo, como el del juego y como otros entre el kirchnerismo y el macrismo―, que fue crear su propia policía, en realidad, esa policía es una policía pequeña, complementaria, que no tiene capacidad de hacerse cargo de la Ciudad de Buenos Aires, y quien ocupa las cincuenta y tres comisarías es la Policía Federal, la Superintendencia Metropolitana de Seguridad.

Entonces, si vamos a hablar de la seguridad y va a haber peleas… Nosotros queremos la transferencia. En este sentido, también abono la moción del senador Cabanchik: tenemos que hablar de la autonomía plena. Y no hay un Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se pueda hacer cargo de la seguridad y el transporte si no pasamos una parte de la Policía Federal –quiero aclarar que no es toda la Policía Federal–, la que no se ocupa de delitos federales, que son los 16 mil efectivos de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, y las cincuenta y tres comisarías que también son una erogación importante hoy en día para el Gobierno nacional. Y cuando tengan más problemas presupuestarios, como tienen ahora, ¿también nos van a tirar las

13/03/2012 Pág. 29 comisarías de un día para el otro, sin ningún convenio? Por eso, nosotros tenemos que hacer estas cosas dentro del marco de la Constitución, que dice que no se pueden transferir servicios sin los recursos correspondientes y que tiene que haber convenios. Acá el único convenio que ustedes firmaron es un convenio que está siendo contestado en la Justicia, y que ya han dicho jueces de la Corte Suprema que va a llegar a la Corte Suprema. Y en el medio están las personas.

Creo que nos podemos dar un plazo de treinta días para que hagan un convenio que incluya la seguridad, la transferencia de los subtes y de los colectivos, y también los colectivos del Área Metropolitana, donde haya un plazo razonable para esa transferencia y donde también se acuerden los recursos correspondientes. Creo que es lo que la ciudadanía está esperando: que nos pongamos de acuerdo y que salgamos de esta riña política que los ciudadanos padecen día a día. Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Filmus. Sr. Filmus. – Buenas tardes. Primero, quiero agradecer la presencia de los ministros y demás funcionarios. Para nosotros siempre es importante, como senadores, representantes del pueblo en el Congreso, tener la oportunidad de escuchar, dialogar y hacer las preguntas pertinentes. Así que les agradecemos la predisposición para con nosotros. En verdad, mientras escuchaba las exposiciones y las preguntas me pareció estar en el reino del revés durante todo el tiempo. Siempre me imaginé, como representante de la Ciudad de Buenos Aires, como senador, estar acá reclamando el pasaje de servicios, de bienes que la Nación tiene en la Ciudad de Buenos Aires. Vine, en parte, como representante del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires al Congreso de la Nación para tratar de avanzar en lo que la Constitución del 94 dice: que tiene que ser una ciudad plenamente autónoma. Por lo tanto, para mí es realmente una situación extraña estar escuchando el argumento del Estado nacional hacia un Estado de la Ciudad que se resiste en avanzar en aquello que la Constitución Nacional en el 94 y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en el 96 taxativamente plantea que es parte de lo que tiene que hacer la Ciudad, parte de sus funciones. Tanto en el artículo 129 de la Constitución Nacional, como los artículos 80, 138 y 139 de la Ciudad le dan potestad para realizar este tipo de actividades. También nos parece, señalando lo que planteaba recién la senadora Estenssoro, que a pesar de que no estamos de acuerdo los porteños ―o una buena parte de los porteños― con la llamada Ley Cafiero, porque para nosotros restringe la autonomía, en este punto es clara. Y voy a leer el artículo 9. Dice: el Estado nacional se reserva la competencia y la fiscalización, esta última en concurrencia con la Ciudad y las demás jurisdicciones involucradas, los servicios públicos cuya prestación excede el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. La pregunta es: ¿por qué si no hay competencia de la Nación respecto de los servicios automotores, de subte y de tranvía que empiezan y terminan en la Ciudad de Buenos Aires hasta ahora no lo tuvimos? Así que, bienvenida la posibilidad de que la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de lo que la Ley Cafiero ―insisto, con la cual nosotros no estamos de acuerdo, porque restringe la autonomía de la Ciudad en algunos aspectos que nosotros consideramos que tenemos que avanzar― planteaba claramente. Así que este paso que se va a dar tanto en el tema de los subtes como en cuanto a los colectivos, para los porteños, es bienvenido. ¿Para qué porcentaje de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, yo soy representante del Frente para la Victoria y acá hay representantes de otras fuerzas políticas. Yo diría que para el ciento por ciento de los porteños, porque los porteños que votaron al jefe de Gobierno lo votaron por una plataforma. Y la plataforma ―para leer solamente alguna parte de la plataforma del PRO para la Ciudad de Buenos Aires― dice, por ejemplo: “Vamos a trabajar para que la ciudad recupere el control del transporte público y lo pueda planificar con inteligencia”. En otra parte dice, taxativamente, también, “que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá fiscalizar y controlar la totalidad del servicio de transporte público y oferta libre de cargas generales…”, etcétera. Así que es el ciento por ciento. Porque también, por ejemplo –estando al lado del colega del FAP–, el FAP plantea la recuperación de la capacidad de diseñar políticas públicas de gestión, y pone el servicio de subte, de colectivo, de agua, de gas, etcétera. Pero también, por ejemplo, Proyecto Sur habla de colectivos: “traspaso a la Ciudad de la regulación y control de las líneas que sólo circulan en la Capital”; y habla del sistema integrado de transporte público también. Y la Coalición Cívica, que plantea la misma dirección, avanza más todavía –y me parece muy bien– en lo que está haciendo el Gobierno nacional, que escuchó a la Coalición Cívica en este sentido, porque plantea puntualmente que la asignación de subsidios tiene que ser

13/03/2012 Pág. 30 fundamentalmente a la demanda y no a la oferta, para llegar a los que más lo necesitan.

Así que estamos respondiendo a lo que plantea el ciento por ciento de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires que votaron partidos políticos que tenían este tema como uno de los centrales del crecimiento de la autonomía. Yo simplemente quería avanzar en dos aspectos que me parecen importantes. El colega Cabanchik relató el caso de la Justicia. El senador Pichetto y quien les habla presentamos un proyecto de traspaso de competencias judiciales, que ya había habido dos anteriores, alguno hecho por convenio entre el presidente Kirchner y el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Nosotros, como no se avanzaba, presentamos el proyecto desde el Congreso. El proyecto fue votado por unanimidad, con la participación de representantes del PRO, incluso del ministro Montenegro. Luego, fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Tuvo sanción; pero ya es ley. ¿Es ley desde cuándo? Desde septiembre. La pregunta es: ¿por qué no se transfiere? Porque el jefe de Gobierno no quiere –la Justicia tampoco–, a pesar de que, como sabemos, no es una transferencia de recursos importante; pero no lo ha mandado a la Legislatura para que se pueda discutir. Entonces, este avance que nosotros reclamamos como ciudadanos de Buenos Aires respecto de la autonomía tendrá a partir de este convenio… En mi opinión personal, es muy bueno que estén los 33 colectivos de la Ciudad de Buenos Aires puestos aquí, porque es necesario para ordenar la situación –esta es la pregunta que yo le voy a hacer– seguramente de la mano de la creación del organismo interjurisdiccional que permita trabajar juntos a Ciudad, Nación y Provincia. Mi pregunta es la siguiente. Hay una ley aprobada al respecto, pero la ley tiene un pequeño problema, que es que exige la firma de los veintisiete intendentes del Conurbano, lo cual sabemos que hace años que no ocurre y va a ser muy difícil. Nosotros hemos presentado otro proyecto de ley simplemente tripartito: Ciudad, Provincia y Nación.

Entonces, mi preocupación puntual es cómo se va a articular: si es necesaria esa ley para realmente crearla. Si es necesaria, podemos hacerlo rápido, porque está el proyecto y hay bastante consenso en el Senado al respecto. Si es necesaria la ley, si se puede conformar rápidamente el organismo y se puede trabajar en forma conjunta, como dice en casi todas las propuestas, entre la Ciudad de Buenos Aires –con esas 33 líneas, tranvía y metro– y este organismo tripartito, a fin de tener un sistema integrado de transporte. Agradezco –termino agradeciendo– todos los datos que se han dado respecto de la situación económica y de la coparticipación, sobre la que nos merecemos todavía la discusión de la ley. Como todos sabemos, esa es una asignatura pendiente de la Constitución del 94; pero no estamos discutiendo eso. A nosotros nos viene muy bien porque tenemos un conjunto de elementos. Ahora, en ningún momento de la ley que se envió. Por un lado, en lo que hace al convenio, porque ya firmó el jefe de Gobierno cuántos recursos necesita para hacerse cargo del subte; y por el otro, porque no se está transfiriendo, como dijo el ministro en primera instancia, nada que requiera plata. Podemos discutir en otro momento el tema de los subsidios, porque ––insisto–– hay bastantes coincidencias de todos con pasar al subsidio por la demanda. Con lo cual, no es un subsidio que se le tiene que pasar a la ciudad. Sr. Presidente. –– Vamos cerrando, senador. Sr. Filmus. –– Entonces, reiterando la pregunta ––insisto––, no estamos discutiendo, hoy, para aprobar esta ley, nada que tenga que ver con los recursos. En el caso del subte, está estipulado en el convenio. En el otro caso, estamos transfiriendo servicios que no requieren recursos por parte de la Ciudad de Buenos Aires.

Como la senadora Montero no se encuentra presente, tiene la palabra el senador Artaza, con su cuota de bonhomía habitual. Sr. Artaza. –– Buenas tardes a todos. Agradezco a los señores funcionarios y a todos ustedes por estar aquí presente.

Lo que hemos escuchado hoy aquí son dos palabras: “hacerse cargo”. Yo pertenezco al bloque del partido de la Unión Cívica Radical, que se hizo cargo de la transición de la peor de las dictaduras y se hizo cargo después de que la Nación perdió una guerra frente a una potencia extranjera. Nos hicimos cargo de la convertibilidad, que nos explotó después de la convertibilidad impuesta por el gobierno justicialista de aquella época.

Estamos hablando de “hacernos cargo”. Por eso estamos de acuerdo, obviamente ––lo hemos hablado en el bloque––, con la transferencia, y han sido expresamente concretos quienes

13/03/2012 Pág. 31 me han precedido en el uso de la palabra desde el bloque. Y creo que ustedes se están haciendo cargo hoy, por eso no entendemos al Gobierno de la Ciudad que no se haga cargo ––si utilizamos nuevamente esta palabra––, ya que los que hemos militado en la ciudad por largo tiempo, además por la autonomía de esta ciudad, lo vemos inaudito.

También nos resulta inaudito ver esta pelea de la Nación con la Capital. Nosotros estamos pensando en una política pública, porque para nosotros el subte ––lo han expresado aquí–– es simplemente un eslabón más de todo el sistema de transporte. Nos gustaría, obviamente, tener una discusión profunda de la política pública grave que está viviendo hoy la Argentina con todo el sistema de transporte. Eso creo que es algo pendiente aquí, en el Congreso de la Nación.

Queremos ser explícitos también. Cuando escucho cifras de 3.000 millones de dólares que se han subsidiado, ustedes se están haciendo cargo de un error. Están reconociendo que estamos haciéndonos cargo de un error gravísimo en detrimento de las provincias argentinas. Lo dice acá, en el pedido de tratamiento del proyecto, el propio Poder Ejecutivo. Estamos haciéndonos cargo. Entonces, preguntamos ––como bien lo decía el senador Giustiniani–– ¿cuál va a ser la compensación para la Capital y para las provincias argentinas? ¿Cuál va a ser esa compensación? Porque hablamos de 3.000 millones de dólares que desde 2003 este Gobierno está reconociendo y se hace cargo de que se equivocó. Entonces, quiero saber cuál va a ser la compensación. La pregunta es para el ministro. ¿De qué manera se va a compensar esa situación para las provincias argentinas?

Cuando hablo de cifras de miles de millones de pesos, quiero decirles que por 400 millones de dólares Formosa, Corrientes, Chaco y Misiones tendrían gas natural, y acá estamos hablando, a veces, de 3.000 millones de pesos. Entonces, cuando hablamos de esas cifras, quiero saber cuál va a ser la compensación, sobre todo en las rutas nacionales para esas cuatro provincias, por ejemplo, que no tienen gas. Porque creo que lo merecemos, más allá de la discusión que tenemos que tener sobre la coparticipación, que hoy no nos ocupa y seguramente lo vamos a debatir acá. Pero estamos hablando de hacernos cargo.

Los radicales no entendemos por qué no se hace cargo la Ciudad. Además, le decimos claramente que ustedes se están haciendo cargo de un grave error y, además, se le ha puntualizado aquí al Gobierno nacional, y espero que tengamos respuestas.

Voy a expresar, simplemente, dos conceptos del Poder Ejecutivo de la Nación. Primero, con respecto a este proyecto, en el cual dice que fue en detrimento de las provincias argentinas. Después, quiero tomar un concepto del Poder Ejecutivo dicho en la Asamblea Legislativa. La señora presidente expresó: “Me hubiera gustado tener 19.500 millones de dólares que compensamos e indemnizamos a los banqueros para cambiar todo el sistema de transporte de la Argentina”. Palabras de la presidente de la Nación.

Entonces, me gustaría preguntarle al ministro y también a todos los senadores, si ―como está ocurriendo en el mundo entero― nosotros vamos a poder decirles a esos banqueros inescrupulosos, respecto de los cuales los últimos tres gobiernos se hicieron cargo de esa deuda ―porque no se hicieron cargo de la deuda de los ahorristas, sino de los banqueros―, que era su deuda. Y si la presidenta dice: “Me hubiera gustado evitar tanta tragedia en el sistema de transporte”, quiero saber si tenemos nosotros algo contemplado para que así como compensaron a los bancos se pueda compensar a toda la Nación, para que a esos banqueros, como está ocurriendo en el mundo, se les pueda devolver. Así que estamos hablando de hacernos cargo.

La pregunta específica es para el ministro de Economía. Para el ministro de Planificación, además de todas las que ha hecho el bloque, la pregunta es la siguiente: ¿Cuál va a ser la compensación para las provincias, ya que el Gobierno reconoce ese error? Muchas gracias. Sr. Presidente. –– Tiene la palabra la senadora Morandini. Sra. Morandini. –– Gracias, señor presidente. Gracias a los funcionarios y ministros que están aquí. Espero no ser amonestada, como soy la única que va a hablar, de poder hacer algunas reflexiones.

Yo integro la Comisión de Asuntos Constitucionales y en esa condición estoy aquí. Represento a Córdoba, una provincia que padece algunas cuestiones de los tiempos en los que en nuestro país el federalismo era imposición, como fue en la dictadura y como fue en la época ––para no ofender y no poner “–ismos” a las palabras– de los años 90.

Precisamente, la Constitución reformada del año 94 ―ya se ha mencionado la letra de la Constitución― tiene un espíritu fundamental que es venir a reconocer que la gran tragedia de nuestro país es que el federalismo no ha funcionado. ¿Por qué? Porque había imposición.

13/03/2012 Pág. 32 Entonces, ¿el espíritu de la reforma del 94 qué nos viene a decir? Acordar, porque la idea de federalismo es la misma que la palabra “convenio”: convenio porque tengo la venia del otro.

Entonces, parece un contrasentido lo que se ha dado aquí en el debate. En lo que tiene que ser el lugar del debate hemos tenido que reconocer lo que nos violenta a todos, a ustedes y a nosotros.

Se ha hablado mucho aquí de política. Quiero decirle, ministro De Vido, que usted nos pide ayuda. Yo, como tanto se habla del 2001, soy hija del 2001. Soy hija política del 2001 cuando el país estalló en pedazos económicos, pero también estalló en pedazos políticos porque nos demostró que el gran cadáver que nos había dejado la dictadura era la política.

He entrado a la política con ese espíritu de inocencia y, como decía el ministro, no es ninguna vergüenza ser joven, ministro de Economía. A diferencia suya, porque tengo más edad, yo no tengo experiencia en la administración del Estado, pero sí creo tener experiencia en conocer a la ciudadanía, caminar entre la gente y saber que la gran demanda que nos hace la ciudadanía es que cambiemos la forma; que esto, que es el espíritu de la Constitución reformada, se haga carne en cada uno de nosotros; que nos respetemos, que no nos impongamos. Esto que pasó anteriormente acá nos avergüenza como Senado, los avergüenza a ustedes como funcionarios y a nosotros como representantes.

De modo que a mí me pasa ―y estoy entrampada y siempre he estado entrampada desde que me senté como hija del 2001–– estar de acuerdo con lo que ustedes proponen. Pero siempre digo: de esta manera, no. Y desgraciadamente, a lo largo de todos estos años, la manera se me ha impuesto al estar de acuerdo. Estamos de acuerdo con que hay que transferir, estamos de acuerdo con que tenemos que trabajar todos para que, finalmente, la Ciudad de Buenos Aires ––que no es una ciudad, es más que un municipio, pero es menos que una provincia–– pueda finalmente tener su autonomía. Pero, por respeto al federalismo, de esta manera, no.

Discúlpeme, ministro, no tengo preguntas, a no ser la pregunta fundamental. Se ha hablado de contexto, se ha hablado de política. Cuando vamos a la Justicia, como ha advertido el juez Zaffaroni de la Corte ––que espera que esto se resuelva en la Corte Suprema, o sea en la Justicia––, es ahí donde muere la política. No hay mayor confesión de impotencia política cuando tenemos que terminar en los tribunales de la Justicia. La política es diálogo y la política también, desgraciadamente, son sus fantasmas. Y los fantasmas que sobrevuelan en este momento, en este salón, al estar debatiendo esto, son estos 51 compatriotas nuestros que han muerto.

No puede ser que sea la muerte la que nos ponga en evidencia todo lo que tenemos que construir con la alegría de la vida; y la alegría de la vida no es otra que la democracia, que nos respetemos y que no vuelva a pasar.

Este es mi pedido en nombre ya no sólo de aquellos a los que represento, sino al clamor que vive nuestra ciudadanía. Tenemos que cambiar nuestras formas, no como hipocresía, sino como respeto. Acá somos todos iguales, porque esto es la igualdad ante la ley que nos da la democracia: cumpliendo funciones diferentes, reconociendo que ustedes tienen unas responsabilidades y nosotros otras. Sr. Presidente. – Gracias, senadora Morandini. Tiene la palabra el senador Pichetto. Sr. Pichetto. – El debate ha sido importante. Le quiero agradecer al ministro de Planificación, al ministro de Economía, al nuevo secretario de Transporte y a los funcionarios que han venido. Más allá de algunos planteos y de alguna virulencia, me parece que ha quedado un saldo positivo de esta discusión. Además, lo hemos podido encaminar también con construcciones discursivas razonables, porque en el Senado siempre que discutimos políticas, visiones de la sociedad, nos hemos respetado, presidente. La reunión está terminando en este marco de respeto, con disidencias, con visiones distintas, pero respetándonos. Voy a decir simplemente que no he entrado a la política con inocencia, porque en el mundo complejo en el que vivimos, un mundo difícil, una sociedad con excluidos, abordar la política desde la inocencia me parece que es un pecado muy grande y requiere indudablemente de un proceso de trabajo arduo, de tarea, de compromiso político y de valorización de los partidos políticos en la Argentina. Y esa es una de las tareas que tenemos pendientes, es decir, fortalecer el sistema de partidos y hacerlo con toda la convicción.

También creo que hay un espacio de la sociedad civil que trabaja, que es positivo, pero que no suplanta a la política. Ni aquí en la Argentina, en un país de Latinoamérica con complejidades, ni tampoco en ningún lugar de Europa ni en los países del Primer Mundo. La política siempre prevalece sobre las acciones de la sociedad civil, que es un aporte, no lo

13/03/2012 Pág. 33 desprecio, pero que indudablemente tiene que ir subordinado al marco de la división política que surge, además, del voto popular. En esta tarde, se dijeron algunos argumentos como chicanas, como esta pelea del Gobierno nacional con la Ciudad. Y, en verdad, esto no se ajusta para nada a la realidad de los hechos relativos a la transferencia del subte y al tema de los colectivos.

El primer lugar, el jefe de la Ciudad tiene que hacerse cargo de lo que firma. Este es un debate que está siguiendo la opinión pública, y el ciudadano que está mirando por la televisión tiene que conocer el tema claramente, porque acá nadie habló del acta que suscribió el señor jefe de la Ciudad. ¡Nadie la mencionó! Parecería que es un hecho insignificante. Pero me voy a tomar el trabajo –y les pido que tengan un poquito de paciencia- de dar lectura de los artículos 1° y 2° del acta firmada el 3 de enero del corriente año.

El artículo 1° dice: “La Ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia de la concesión de la red de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Escucharon bien, ¿no? “La Ciudad ratifica en este acto la decisión de aceptar la transferencia”. Muy expreso y concreto. No hay ninguna duda. Aquí no hay tiempos de verbos, no hay error de interpretación alguna.

Artículo 2°. “En consecuencia, la Ciudad asume a partir de la firma del presente el control y la fiscalización del contrato de concesión en su totalidad, como así también el íntegro ejercicio de la potestad de fijar la tarifa de servicio, incluyendo la facultad de establecerlas por decisión unilateral”. Esto lo firmó el señor ingeniero Macri, asesorado por sus funcionarios, el servicio legal de la Ciudad, que creo que debe funcionar, donde asumió plenamente estas responsabilidades. Acá no estamos hablando de que lo engañamos, que hemos hecho una chicana, como se dijo acá, que le hemos hecho trampa. El señor Macri se sentó en una mesa, acordó, hizo un convenio, tomó el control y la fiscalización del servicio, le aumentó la tarifa en 120 por ciento, la puso en 2,50 pesos. Ya dijo, además, que si tiene que hacerse cargo del transporte de colectivos de estas 30 líneas, el boleto va a valer 5 pesos. Ya lo dijo.

Pero aquí aumentó la tarifa, empezó su actividad dentro de lo que significa ejercer el control de Metrovías, que es una empresa privada, y de repente nos tiró el contrato por la cabeza. Esto, desde el punto de vista de las acciones, configura una verdadera aberración. Una actitud indudablemente muy desdeñable, desde el punto de vista de los compromisos asumidos en una mesa. Ustedes recordarán los días de diciembre, apenas la Presidenta se hizo cargo de su segundo mandato, cuando asumió el 10 de diciembre, donde habló de la transferencia a la Ciudad del sistema de subtes. Donde lo pidió también en algunos discursos. Hubo discusión, debates, fotografías que abonan todo este camino hasta la firma expresada por ambas partes. De esto estamos hablando.

No estamos hablando de ninguna acción unilateral del Gobierno dedicada a perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de la libre disponibilidad, del criterio de la construcción racional de un convenio que ahora lo renuncian unilateralmente. Ahora no están de acuerdo. Seguramente, aprovechando de forma miserable la tragedia de Once, como algunos otros que la quieren aprovechar. En función de eso, renuncian a lo que firmaron. Borraron con el codo lo que firmaron. No se quieren hacer cargo de nada. De estas cosas estamos hablando.

Y también quiero hacer otra reflexión. Este es el Congreso. Acá hemos votado leyes a las que, muchas veces, con medidas cautelares ―como la Ley de Medios, una ley que tuvo un amplio nivel de votación en este Senado y en la Cámara de Diputados―, les fue liquidado el principal artículo por una medida cautelar.

También digo que los jueces deben hablar por las sentencias. No anticipar situaciones que en algún momento tendrán que resolver. La Argentina está llena de palabras muchas veces, y sería conveniente que ejerciten la actividad jurisdiccional dentro de su ámbito. El ámbito del Parlamento es la discusión de las leyes. Acá discutimos y votamos. Y cuando las leyes se votan con mayorías importantes, también es importante tener la ratificación judicial porque, de lo contrario, muchas veces con una medida cautelar presentada en cualquier juzgado federal del país se voltea una ley votada por mayorías de gran trascendencia en el Congreso argentino.

Hago esta reflexión porque escuché muchas veces una referencia a un juez que yo respeto y valoro en su capacidad intelectual, pero que, a veces, me parece, opina de cosas que están en el ámbito del Congreso y que debería esperar que lleguen a la Corte.

Aquí no hay transferencias del servicio con gastos, no se transfieren activos ni sueldos. Lo que le estamos pidiendo a la Ciudad es que haga lo que hacen las ciudades importantes del interior del país, municipios como San Carlos de Bariloche, por ejemplo. Caminos complicados,

13/03/2012 Pág. 34 servicios de colectivos con muchas dificultades. A veces, tienen que subvencionarlos con el pago de impuestos municipales, tienen que ayudar; construyen la tarifa en relación al consenso social, hacen un esfuerzo extraordinario y reciben un subsidio que no llega al 25 por ciento de lo que reciben en Buenos Aires.

Entonces, estamos pidiendo que se haga cargo de lo que es propio. Le estamos diciendo que las líneas que empiezan y terminan en la Ciudad de Buenos Aires son competencia y control y fiscalización del señor jefe de la Ciudad de Buenos Aires, con todas sus atribuciones y con todos los organismos que han creado. Han creado una Subsecretaría de Transporte, tiene un sistema de control de subtes, tienen inspectores que realizan la tarea.

Por último, después cerrará su exposición el ministro, nosotros anticipamos que votaremos positivamente el dictamen. Lo pondremos a la firma después de que termine de hablar el ministro contestando las preguntas. Pero también quiero reflexionar y decir que esta situación que estamos viviendo es producto de un debate constitucional, es decir, de una situación no resuelta adecuadamente en el marco de la Constitución del 94. Un hijo no querido de la Constitución de 1994. Esta autonomía semiplena, que no es la que debe ser, donde la Nación tiene que ser parte de recursos y de actos. Las demás provincias del interior no tienen los beneficios; nunca hemos tenido esas posibilidades.

Si hubiese habido, quizá, en el marco de la discusión de los partidos mayoritarios de 1994 una decisión clara respecto a la soberanía y a la autonomía plena de la Ciudad, estaríamos hablando de otra provincia y de que se tienen que hacer cargo de todo lo que se tienen que hacer cargo.

Con estos fundamentos y ratificando que vamos a votar positivamente el dictamen, presidente, termino mi exposición. Sr. Presidente. — Muchas gracias, senador Pichetto. Señores ministros, señor secretario, coordinen ustedes quienes van a intervenir para las respuestas. Al finalizar las respuestas de los señores funcionarios, invito a los señores senadores que nos quieran acompañar con la firma del dictamen. Gracias. Sr. Ministro de Economía y Finanzas Públicas (Lorenzino). — Voy a tomar algunas reflexiones, si bien fueron muchas. Varias veces -tal vez me repito con el senador Pichetto- algunos senadores —en repetidas ocasiones algunos de ellos— hablaron de acuerdo, de consenso, de que no puede ser, de que esto es una pelea entre el Gobierno nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La verdad, como comencé diciendo, y voy a repetirlo -pido que me disculpen-, nosotros creíamos que habíamos llegado a un consenso. Creíamos que teníamos un acuerdo. No sólo eso. Lo vimos. Yo vi el acta y vi la firma de los funcionarios que intervinieron. No sólo eso, sino que nos enteramos que el acuerdo tuvo principio de ejecución al otro día con el “tarifazo” que mencioné en mi intervención.

También nos enteramos, pero esta vez por medio de la televisión y de la radio, en conferencia de prensa, que el acuerdo ya no era más un acuerdo, era un consenso. Entonces, cuando hablamos de falta de consenso, falta de acuerdo, me parece, por lo menos, que las miradas deberían dirigirse hacia el jefe de la Ciudad de Buenos Aires y no tanto al Gobierno, que manifestó desde el primer momento —de hecho como dijo el secretario de Transporte— que la parte que le correspondía al Gobierno nacional en el acuerdo, que era afrontar una parte de los subsidios de los servicios transferidos, fue efectivizada como estaba previsto.

Por otra parte, algunos nos decían que estábamos, de alguna manera, propiciando el aumento de tarifas o que estábamos poniéndolo en esa situación al jefe de Gobierno de la Ciudad o al Gobierno -para tomar y agradecer la diferenciación que hizo el senador Cabanchik-. En ningún momento me quise referir al Estado de la Ciudad de Buenos Aires sino al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Quiero que quede claro, como creí haber dicho, que no auspiciamos desde el Gobierno nacional el aumento de tarifas indiscriminado, el “tarifazo” que se produjo en caso del subte. Y, como dice el senador Pichetto, ya ha anunciado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que podría ser la decisión para el caso de los colectivos transferidos.

En mí intervención justamente traté de dar ejemplos concretos de políticas, de gestión, de administración, que tendrían como consecuencia el no aumento de las tarifas; justamente lo contrario. Intenté describir áreas dentro del Presupuesto público de la Ciudad de Buenos Aires que podrían ser revisadas con una visión más progresista, más progresiva en términos de ejecución de gasto, que haga que esas tarifas se sigan manteniendo y no pase lo mismo como en

13/03/2012 Pág. 35 el caso del subte.

Esto implica trabajo, gestión y decisiones políticas del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que no ha demostrado, o si bien, las ha demostrado ha ido en sentido contrario: aumento de tarifas, etcétera. Por eso hablé de la subejecución del Presupuesto en inversión real directa que la Ciudad de Buenos Aires ha mantenido consuetudinariamente desde el 2007 a esta parte.

Hablé de los subsidios a la educación privada y su aumento tan importante, casi cuadruplicado desde el 2007 hasta esta parte. Me referí a los 1562 millones de pesos que se gastan en subsidios a la educación privada en la Ciudad de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que los montos de los que teóricamente estamos hablando —porque como bien explicó el ministro De Vido, con una aplicación de una política tipo SUBE el monto de subsidio disminuiría sensiblemente— involucrados en el traspaso de los servicios no superan el 4 por ciento de los recursos nacionales.

También mencionaba como áreas de trabajo, áreas donde podría eventualmente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomar algún tipo de decisión en el sentido de no aumento de tarifas, tienen que ver con la recaudación de los impuestos donde existen más posibilidades de hacer políticas progresivas, como es el caso del inmobiliario y automotor. La proporción de esos impuestos en el PBG de la Ciudad de Buenos Aires, en el promedio 2003-2007 representaba el 0,91 por ciento y hoy representa el 0,59 por ciento. Todas cuestiones donde hay para trabajar. Hay que tener la intención de hacerlo y saber cómo hacerlo y saber hacia dónde uno va cuando lo hace.

Asimismo me hablaban de los énfasis que les ponemos a las cifras. Yo traté en todos los casos de mostrar cifras que tuvieran que ver con el debate al cual nos convocaron. La verdad es que vinimos preparados para ese debate. Entonces, en todos los casos me preocupé por hacer la conexión entre lo que estaba hablando y el tema en debate para el cual fuimos convocados.

Es cierto que se puede poner énfasis en algunas cifras y no en otras. Creo que hablar de un PBI per cápita de 30 mil dólares, hablar de cuatro veces menos en términos de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente tiene sus pobres. El punto es que en la Ciudad hay cuatro veces menos pobres que en otras regiones del país, por no hablar de las que más registran pobreza; hablar de 75 mil millones de pesos del Presupuesto nacional aplicado a la Ciudad de Buenos Aires no es poner un énfasis, son cifras concretas, objetivas. Hablar de que el 27 por ciento del Presupuesto nacional se aplica en la Ciudad de Buenos Aires cuando ésta representa en términos de población el 7 por ciento, no implica énfasis sino cifras objetivas.

Varios también hablaron de injusticia y del reconocimiento de la injusticia. La verdad, otra vez, no era el tema en debate la distribución de la recaudación, pero me merece dos reflexiones. Lejos está de reconocer la injusticia. Los datos que en ese sentido ofrecí fueron, creo, dos. Uno, la posibilidad de recaudación propia que la Ciudad de Buenos Aires tiene como carácter distintivo a cualquier otra jurisdicción, incluyendo la jurisdicción a la que usted representa, y hablaba de los 7454 pesos por habitante que ha recaudado la Ciudad con recursos propios frente a los 2246 pesos de la provincia de Buenos Aires, los 2236 pesos de la provincia de La Pampa, los 2081 pesos de la provincia de Santa Fe.

La otra cuestión que abordé fue cómo la política del Gobierno nacional de ejecución de gastó nacional tendió siempre a disminuir la brecha que entre las provincias heredamos e históricamente hemos mantenido. Entonces, hablé de un montón de indicadores que no solo habían mejorado de 2003 a la fecha, sino que a su vez, y al mismo tiempo, habían mejorado en términos interprovinciales. Y si hablamos de recomposición o de política distributiva de gastos y recursos entre las provincias, otra vez vuelvo con la ejecución del presupuesto nacional, donde claramente se ha mostrado una política distributiva de favorecimiento de las desigualdades que se presentan entre las provincias y la atención que permanentemente ha tenido el Gobierno nacional desde 2003 a esta parte en tratar de remediar aquellos aspectos que más nos ofenden en cuanto a las diferencias relativas entre habitantes de un mismo país. Con lo cual, independientemente de que la coparticipación no es materia de este debate, creo que hay muchos argumentos que hablan de reparaciones históricas que a través del Gobierno nacional y la ejecución del gasto nacional se ha producido en muchas provincias, que justamente no es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y por eso lo traía acá. Hay otro aspecto que no se ha mencionado explícitamente, a pesar de que el señor senador Cabanchik lo rozó. Cuando hablamos de subejecución presupuestaria en términos de

13/03/2012 Pág. 36 inversión real directa en la Ciudad de Buenos Aires, no nos olvidemos que, sin perjuicio de no propiciar una política de endeudamiento por parte de las jurisdicciones provinciales, la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires es sujeto de crédito internacional. Esto lo ha demostrado cuando en el año 2010 se ha endeudado en aproximadamente 475 millones de dólares, una cosa así, que es un monto que supera al que está en juego en este debate, según declaraciones de los mismos funcionarios. Y sin entrar en la cuestión de los costos de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires asumidos por ese endeudamiento, como tampoco las comisiones que se pagaron y a quiénes se pagaron por tal motivo, la verdad es que este año la Ciudad de Buenos Aires volvió a acceder al mercado y endeudarse por 415 millones de dólares a una tasa del orden del 10 por ciento, pagando otra vez comisiones. Por lo menos esto es lo que surge de las ejecuciones presupuestarias de la Ciudad de Buenos Aires, que dicho sea de paso, el Gobierno nacional no participa de esa información, porque la Ciudad de Buenos Aires es la única jurisdicción que no es parte de la Ley de Responsabilidad Fiscal, como sí lo son el resto de las jurisdicciones aquí presentes y, por ende, entre otras cosas, no distribuye información con el resto de las provincias. Sin perjuicio de ello, decía que todavía no sabemos en qué se gastó el endeudamiento que se tomó en 2010, a los costos que se tomó. Esperemos que estos 415 millones de dólares que ha tomado la Ciudad de Buenos Aires este año sean aplicados efectivamente a inversión real directa, y esperemos también que en algunos casos pueda ser dirigido a los transportes de la Ciudad. Por último, quería decir que, a diferencia de lo que algunos senadores han dicho, no venimos a hablar de dinero. No estamos hablando de dinero. Tal vez, algunos no están de acuerdo o no entienden lo que ha sido la política de subsidios del Gobierno nacional, tanto subsidios para energía domiciliaria, como para la industria y, en general, la política de subsidios que ha implementado el Gobierno nacional y cómo la creemos uno de los pilares de la recuperación de la Argentina de la crisis de 2001-2002; pero no es dinero de lo que estamos hablando. Por eso, entendemos que cuando hablamos de subsidios no estamos pensando que se pierden, sino que se reasignan. El gasto destinado a subsidios no lo entendemos como un gasto que se pierde o que es improductivo, como pareció desprenderse de alguna de las intervenciones de los senadores. Por el contrario, nosotros creemos que el subsidio atiende una necesidad que hay que remediar, y por eso estamos yendo hacia una política de subsidios al transporte que atienda la demanda y no la oferta. Eso es lo que propiciamos. Entonces, no pensamos que esta discusión es sobre plata, sino que tiene que ver con cuál es la mejor forma de brindarle un servicio a la gente. Parece una verdad de Perogrullo —el hecho de que estemos acá demuestra que no lo es— que las jurisdicciones provinciales, y más en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, dada su situación comparativa con el resto de las provincias, atienda ni más ni menos que el servicio de transporte que brinda a sus ciudadanos exclusivamente en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. (Aplausos.) Sr. ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (De Vido). — Lo mío será muy breve. La alocución del senador Pichetto me comprende, pese a no ser de la casa. Por supuesto, los datos que dio mi colega de Economía son más que ilustrativos. El señor senador Giustiniani habló de una injusticia, como que nosotros la habíamos tolerado. En realidad, fue una injusticia que recibimos, que tenía el país desde hace muchos años atrás —acá no estamos haciendo cargo a una administración en particular— y que estamos intentando modificar, y que vamos a poder resolver a través de un sistema, como el SUBE, que cambiará la lógica de pasajeros por kilómetro, que tan bien describió usted y el senador Pichetto. Por otro lado, el señor senador Artaza mencionó la necesidad de gas natural en el Noreste argentino. Creo que en el diario de hoy o en estos días estuvo saliendo el llamado a licitación por 2 mil millones de dólares del gasoducto del NEA, que es una obra que se viene discurseando desde hace más de veinticinco años y hemos llevado adelante nosotros. (Aplausos.) Es una obra muy peleada por el gobernador Insfrán y por el señor senador Mayans también, allá en los 90. También quiero decir que mientras administrábamos esta suerte de injusticia heredada y tratábamos de resolverla a través del SUBE, que este año seguramente dará muy buenos resultados, construimos 1.500 escuelas; hicimos casi un millón de viviendas; terminamos Atucha y Yacyretá; hicimos mil kilómetros de autopista, entre ellas la que une Rosario con Córdoba. El año pasado, antes de su inauguración, en un año murieron cincuenta y ocho personas; este año solo ha habido ocho fallecimientos, desde que se inauguró hasta ahora, generalmente producto de falta de precaución o alta velocidad. Estamos trabajando permanentemente en el sistema energético argentino, que por lo menos en su faz de generación y de transporte de líneas de 500, estaba en un estado de abandono.

13/03/2012 Pág. 37 Además, el que mira los planos del sistema de 500 veía que todas las líneas confluían hacia Buenos Aires. No solamente declamamos el federalismo, sino que además trabajamos, en ese sentido, fundamentalmente en el sector de transporte. Las líneas Comahue-Cuyo, Mendoza-San Juan, Minera, El Bracho-Formosa, que toma lo que se denomina la línea “NEA-NOA”, que es una línea importantísima para la unión del norte, con el Noreste y Noroeste argentino, y que fundamentalmente da seguridad energética al país. Hoy a la mañana estuve reunido con el gobernador Insfrán, quien me recordaba que nosotros tomábamos energía del Paraguay para Formosa hasta hace ocho meses. Esto era una verdadera vergüenza, no porque la energía sea provista por el Paraguay, sino porque habla claramente del abandono de todos los argentinos hacia esa provincia y de las distintas administraciones que nosotros encaramos. De la misma manera, a fin de año la línea de 500 estará llegando a Río Gallegos. Es permanente el comentario que se hace sobre el seis por mil de la facturación con que se compensa a Santa Cruz, porque genera energía en forma aislada; no es un regalo, no es un precioso presente, sino una ley que se votó en esta casa y que fue a imponer justicia, como son los regímenes promocionales que tienen tantas las provincias, como San Luis, etcétera.

Nosotros creemos que lo que equilibra y lo que compensa es muy importante. Hemos multiplicado la generación eléctrica prácticamente por 1,5, incorporando 7.500 megavatios al sistema nacional interconectado, gracias a lo cual hoy tenemos luz acá; si no, el sistema hubiera colapsado. Queda muchísimo por hacer. Mañana provincias del sur argentino tomarán medidas muy importantes en función de la defensa de la producción petrolera que vamos a acompañar con el secretario de Energía y con el secretario de Coordinación del Ministerio.

También quiero decir que acá la inversión realizada entre energía, que fueron 20 mil millones de dólares en los últimos ocho años, y en obras públicas e infraestructura a lo largo y a lo ancho del país, en todas las provincias argentinas, incluidas la provincia de Corrientes y la provincia de Santa Fe, fue de 40 mil millones de dólares, 160 mil millones de pesos. Eso fue posible porque nosotros entendíamos que había que equilibrar al país desde el primer día de gobierno. Esto que estamos hablando hoy, de llevar mayor equidad al sistema de subsidios, hace al mismo plan original. No es que éramos malos e injustos, sino que tratamos de reparar lo que era injusto, sin ver ni echar cargas en este tema en particular a ningún gobierno en particular.

Para finalizar, quiero dejar bien en claro lo siguiente. Yo ni ningún funcionario de mi Ministerio nos vamos a referir al tema de TBA hasta que la Justicia se expida y terminen las pericias. Es una crueldad hacia los fallecidos, los heridos y sus familiares hablar sobre supuestos: a ver quién es el negligente y quién es el culpable. Lo que tenemos que hacer es apoyar a la Justicia para que determine quiénes son los responsables, y en ese sentido vamos a operar. El acto administrativo que hemos resuelto hasta ahora ha sido la intervención de la empresa, y vamos a estar al servicio de la Justicia porque —como decía el senador Pichetto— ése es el ámbito donde se debe discutir esto; lo demás trae mucho dolor y es muy cruel.

Muchísimas gracias. (Aplausos.) Sr. Presidente. — Muchas gracias, señores ministros.

Pasamos a firmar dictamen los senadores que nos acompañen. — Son las 17:38.