REPÚBLICA ARGENTINA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA · 2020. 6. 26. · 10 de septiembre de 2008 Versión Taquigráfica Pág. 2 — En Buenos Aires, en el Salón Azul del H. Senado de la

REPÚBLICA ARGENTINA

VERSIÓN TAQUIGRÁFICACÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

REUNIÓN PLENARIA DE LAS COMISIONES DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALY DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Salón “Azul” — H. Senado de la Nación

10 de septiembre de 2008

10 de septiembre de 2008 Versión Taquigráfica Pág. 2

— En Buenos Aires, en el Salón Azul del H. Senado de la Nación, a las 10

y 51 d el miércoles 10 de septiembre de 2008:

Sr. Morales. — Damos comienzo de la jornada de audiencia del día de la fecha, dondetrataremos el proyecto de movilidad de las jubilaciones, expediente CD-66/08, aprobado por laCámara de Diputados.

En esta jornada tendremos como invitados a referentes de las entidades gremiales ycomenzaremos con la participación del secretario general de la Central de Trabajadores de laArgentina (CTA), Hugo Yaski, y, luego, quien lo acompaña es el coordinador de la MesaNacional, Gustavo Rolandi.

Sin más trámites y agradeciéndoles su presencia, pedimos entonces que nos den suscomentarios sobre la sanción que estamos tratando, para que algunos senadores puedan haceralgunas consultas.Sr. Yaski . — Agradecemos al presidente y al resto de la Comisión por la invitación a la Centralde Trabajadores Argentinos. Nuestro objetivo es exponer en forma sucinta la posición que hatomado nuestra central frente al proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja. Si me permiten ypara hacerlo más rápido, voy a dar lectura a un resumen de nuestra posición frente a esteproyecto, en todo caso, después podríamos agregar algún detalle.

Primer punto: movilidad de las jubilaciones y pensiones. Nosotros solicitamos que elhaber de las prestaciones previsionales se ajustara según las variaciones semestrales del índice deremuneraciones trabajadores estables —lo que se conoce con la sigla RIPTE—, que publica laSecretaría de Seguridad Social. Para nosotros, el índice de movilidad establecido en el Proyectode Ley para el cálculo de la prestación básica universal, prestación compensatoria, invalidez,fallecimiento, etcétera, no responde a los criterios de la interpretación constitucional delartículo14 bis fijado por la Corte.

Una primera observación que nos merece es que el llamado índice de movilidad no puedeestar vinculado ni subordinado, aunque fuere parcialmente, a la variación de recursos totales porel beneficio de la ANSeS. Esto para nosotros tiene un fundamento y es que los derechos socialesgarantizados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional han sido caracterizados por laCorte en el fallo Sánchez como el derecho a la distribución justa, a un salario mínimo, vital ymóvil y están dirigidos a garantizar alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria; endefinitiva, una vida digna, y tienen su correlato en las jubilaciones y pensiones móviles quedeben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran en pasividad. Posteriormentedesarrollaré más ampliamente este tema.

El segundo punto: jubilación mínima vital y móvil. Para nosotros tendría que existir uncorrelato entre la jubilación mínima vital y móvil y el salario mínimo vital y móvil y, porconsiguiente, esto tendría coherencia con lo que señalamos en el primer punto.

En la nota que entregamos, firmada en la Cámara de Diputados por el secretario generalde la CGT Hugo Moyano y por quien les habla en mi carácter de secretario general de la CTA,señalábamos, con relación a la fórmula de movilidad, que filosóficamente la movilidad en lasjubilaciones no debe reflejar otra cosa que la movilidad en los salarios. En la actualidad, elsistema es superavitario y, por lo tanto, atar la movilidad de las jubilaciones a los aumentos delos salarios no puede generar ningún riesgo para el mismo. Asimismo, es innegable que cuandolos salarios y las jubilaciones aumentan la recaudación impositiva se ve beneficiada, ya que estosson el motor del consumo y de la actividad económica del país.


Las divergencias posibles harán que algunas veces los fondos sobren para cubrir lamovilidad y que en otras, lógicamente, puedan faltar. En este último caso, simplemente deberárecurrirse al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del régimen de reparto, para que se cumpla lafunción. Por lo tanto, proponemos que la movilidad siga los aumentos en los salarios de lostrabajadores formales, medida —como decíamos antes— por el RIPTE, ya que resulta un datoobjetivo y seguro de los cambios en los salarios del sector formal.

Tomar mayores recaudos resulta innecesario y obstaculiza por su complejidad lanecesidad de la sociedad de sentirse identificada con las políticas públicas del Estado en un tematan crítico y vital como es el previsional.

)Qué decimos con esto? Para restablecer el pacto intergeneracional que se rompió, sobretodo, cuando la vigencia de las políticas neoliberales pretendió mostrar a la jubilación como untema de resolución individual, que empezaba y terminaba en la vida de cada ciudadano y de cadatrabajador, lo más lógico y lo más claro sería establecer la vinculación de la jubilación con elsalario, entendiendo a ésta como una extensión del primero.

La fórmula mixta para nosotros tiene varios inconvenientes. Primero, no responde a estaconcepción; segundo, como explicábamos antes, incorpora una fórmula, una ecuación de tipoeconomicista en el 50 por ciento que, evidentemente, nos deja a mitad de camino de lo que eranuestra pretensión original.

Lo que solicitamos al Ejecutivo, por nota, y también en la Cámara de Diputados, era quela fórmula de movilidad fuese el RIPTE; es verdad que se accedió a una parte del pedido. Seincorporó el RIPTE, porque antes estaban los números del INDEC en el 50 por ciento de lafórmula. A nuestro modo de ver, ustedes saben que nosotros todavía estamos haciendo númerosy tenemos varios equipos de economistas, porque el 50 por ciento que establece la ecuación esuna fórmula intrincada. Pero, de todas maneras, podría decirse que en determinadas coyunturaseconómicas la suma o la complementación de RIPTE y esa ecuación matemática puede producirun alza mayor en el haber jubilatorio. Pero también se puede dar la situación inversa, que lafórmula tire para abajo en relación con lo que significa la vinculación con el salario.

Esto lo digo porque para nosotros, independientemente, de que quizás la aplicación de lafórmula en el 2009 podría arrojar un valor superior al que arrojaría simplemente la vinculacióncon el salario, aún así, sería ideal y óptimo, que la jubilación estuviese vinculada al salario.Porque, además, permite un control ciudadano y de los trabajadores mucho más transparente. Lasotras son cifras siempre inaccesibles para el común de la ciudadanía, que están sujetas ainterpretaciones y a cuestiones macroeconómicas. En tanto, nos parece que la evolución delsalario plantearía jurídicamente un argumento inobjetable y un procedimiento mucho mástransparente.

Quizá, este sería para nosotros uno de los grandes ejes que tendría que contemplar la ley;o sea, que nosotros creemos que sería un gran avance que se pudiera modificar este aspecto eintroducir una fórmula de movilidad vinculada directamente al salario y, por supuesto, al RITPE,creo que este es un tema zanjado en la discusión.

El otro punto tiene que ver con que para nosotros hubiera sido positivo que se incluyerael concepto de jubilación mínima, vital y móvil. Así como hay un concepto del salario mínimovital y móvil, por la Ley del Consejo del Salario que actualmente funciona, nosotros entendemosque la jubilación tendría que tener un haber mínimo, vital y móvil vinculado al salario mínimovital y móvil. Es decir, que podría institucionalmente, cuando se fija la idea del salario mínimopara los asalariados, fijarse también la jubilación mínima vital y móvil.

En la nota que mencioné, se planteó un segundo aspecto vinculado a que la movilidad noes la única cuestión a resolver en materia previsional. Como resulta innegable la jubilaciónmínima precisa una recomposición para poder ser realmente digna. Para ello resultaimpostergable reconstruir los recursos del sistema que han sido devastados por las políticasneoliberales que se aplicaron desde el 24 de marzo de 1976 y que tuvieron un recrudecimiento enla década del 90.

Hay un aspecto que está vinculado a esto, una problemática que no podemos ignorar, y esque tenemos más del 40 por ciento de los trabajadores que denominamos en nuestra jergacotidiana en negro, de modo que esta inmensa evasión de aportes sería un tema voluntarista noincorporarlo en un análisis serio de la cuestión. Tenemos que pensar en la sustentabilidad delsistema y en que el sistema solidario de Reparto se afiance como un instrumentoverdaderamente posible de ser sostenido en el tiempo. Por eso nosotros acompañamos unconcepto, que tiene que ver indirectamente con esto, que es combatir el flagelo del trabajo delempleo informal, demostrando una verdadera decisión política del Estado en su conjunto.

Deben restituirse las contribuciones patronales a sus niveles originales y, finalmente,debe tomarse una decisión en cuanto a cuál será el futuro del régimen de capitalización. No


caben dudas de que la coexistencia de los sistemas de Capitalización y de Reparto generan unadistorsión en cuanto a los recursos del sistema. Creo que este elemento excede el tratamiento dela presente ley, pero nosotros tenemos que pensar en la sanción de esta ley como parte de unmodelo para armar, que sea sustentable en su conjunto y que además garantice las condicionespara la recuperación de algo a lo que nosotros no vamos a renunciar, me refiero a esa banderahistórica y mítica del 82 por ciento móvil.

Sabemos que no se puede saldar en un solo acto legal esa inmensa deuda con nuestrojubilados y con nuestra propia tradición en términos sociales, pero sí creemos que se debengenerar los pasos para que esto pueda constituirse en una realidad, en un plazo lo más cortoposible, porque hablamos de jubilados que no tienen tanto margen de espera como podemostener nosotros o quienes son más jóvenes.

Creo que estos son temas que deberían incorporarse en el debate, por lo menos, para irconformando un modelo más integral y, sobre todo, porque muchas veces se argumenta que noexisten los recursos. Es verdad, hoy leí los diarios, que partimos de pisos indignos dejubilaciones, se incorporaron 1, 2 millones al sistema y si bien son avances importante tambiénes cierto Cpara mirar la mitad del vaso vacíoC que el 75 por ciento de los jubilados cobra unacifra miserable de 690 pesos. Esto también hay que incorporarlo en el análisis.

Frente a esto creo que, evidentemente, si la ley va a empezar a regir a partir de 1_ deenero de 2009 es imprescindible que haya un puente entre el momento actual y ese fecha, queredituaría el primer beneficio para el mes de marzo. De manera que estamos hablando de unlapso de tiempo demasiado prolongado para que se pueda pensar que antes de ello no tenga quehaber una recomposición del haber mínimo de 690 pesos. De hecho, ya sucede en la mayoría delos gremios de la actividad pública y de la actividad privada; es decir, que el Estado mismo alotorgar aumentos que reacomodan las cifras que se discutieron en marzo Cpor ejemplo, en elsector públicoC reconoce que hubo una erosión por vía de la inflación sobre todo en la canastaalimenticia y que es necesaria esa recomposición.

De manera tal que entiendo que como parte de la ley, de la cláusula que puede sertransitoria o como parte de un acto del Poder Ejecutivo, es imprescindible un aumento de lajubilación para que, además, la movilidad empiece a regir con valores que tengan más cercaníascon las demandas reales de la canasta alimenticia. Este también es un tema vital con relación a loplanteamos sobre la movilidad, junto con la necesidad de partir de un base más alta.

Acá estamos hablando del tema de la deuda preexistente, que es otra cuestión. Es verdadque se puede encontrar una fórmula del presente hacia el futuro, pero también es cierto quetenemos que resolver una deuda que existe con aquellos jubilados que no han tenidoactualización para que se corresponda con los niveles inflacionarios o que directamente no hantenido actualización. Existe una deuda sobre todo del período 2002-2006 que muchas vecestermina en litigios que hacen que muchos jubilados no alcancen a ver el beneficio del final deesos juicio. Esto también significan para el Estado una erogación porque, además de ser unainjusticia para los jubilados, es una política que significa que el Estado mantiene plantelesnumerosos de abogados abocado a las tareas de los litigios que se generan a partir de las deudasimpagas.

Consideramos que este tema debería ser resuelto en la legislación. En ese sentido, hayfallos de la Corte Suprema en el caso Sánchez y en el caso Badaro a los efectos de recomponer laescala y salir del achatamiento de las prestaciones previsionales. Es verdad que cuando se arreglauna cosa, se desacomoda otra. Hoy tenemos un efecto de achatamiento que hace que la base de lapirámide, que está compuesta por el 75 por ciento de los jubilados que son quienes cobran lamínima, empuje para abajo el promedio del conjunto.

En ese sentido, a fin de reparar el atraso en los haberes restableciendo criterios deproporcionalidad, se propuso para el cálculo de los mismos las pautas fijadas por nuestromáximo tribunal de Justicia en los casos Sánchez y Badaro.

En la actualidad, se vive una situación de injusticia y desigualdad. Algunos jubiladoscobran haberes conforme liquida el ANSeS y otros según los casos Chocobar, Sánchez o Badaro.

Un Estado que respete el derecho, debe poner fin a esa situación e igualar los puntos departida de todos los beneficiarios para que la movilidad jubilatoria sea real y efectiva.

Para nosotros sería muy importante poder resolver, en esta ley, el tema de la deudapendiente. Este tema tiene que ver con la litigiosidad y con las demandas. Dichas demandas,muchas veces, terminan siendo planteadas por los jubilados en función de un derecho individualde ciudadano y no como un derecho colectivo en la medida en que ha sido reconocido.

Por supuesto, esto lleva al tema del financiamiento del sistema. Como mencionábamosantes, para nosotros es imprescindible restituir los porcentuales de las retribuciones patronalesestablecidos en las leyes número 24.241, 24.714 y19.032, con sus modificatorias.


El sistema previsional dispone de recursos genuinos para sostener las reformas que seproponen en materia de movilidad. Creemos que ahí está el fondo de garantía de sustentabilidad.A su vez, la restitución de las contribuciones patronales vigentes al año 2003, sería otraposibilidad de obtener recursos. Nuestros cálculos, en líneas generales, plantean que dicharestitución generaría 13 mil millones de pesos.

Por último, creo que hay un tema que en el futuro inmediato debe ser considerado que esel de los regímenes especiales. Este tema se ha planteado, también, en el caso de los regímenesespeciales de docentes, según de lo dispuesto por la Ley N° 24.016 y de los investigadores ycientíficos según la Ley N° 22.929.

Se ha logrado modificar un criterio inicial que era incorporar eso en un marco general,con lo cual se avanzaba en la tesis de la época de Cavallo que era que estas leyes estabanderogadas. Nosotros sostenemos y hemos logrado que se reconozca que estas leyes estánvigentes. No hay un acto jurídico válido que las haya derogado.

Creemos que, por analogía, se debe resolver también la situación de los docentes del niveluniversitario, que estarían comprendidos, con su especificidad, dentro de la misma situación.

Consideramos que hay una inmensa deuda con los jubilados. Hay una oportunidad en lasanción de esta ley, si bien no representa todo lo que pretendemos. Vamos a seguir luchando porel 82 por ciento móvil, por el pago de la deuda de nuestros jubilados y por un aumento deemergencia de la jubilación antes de que empiece a regir la ley. Independientemente de eso,creemos que la sanción de una ley de movilidad y la finalización de la discrecionalidad queimplica tener que estar dependiendo de un decreto del Ejecutivo o de una decisión de un ministrode Economía, significa un paso adelante.Sr. Morales. — Muchísimas gracias. Dejamos abierto para las consultas de los señoressenadores.Sr. Giustiniani. — Gracias, compañero, por la presencia. En primer lugar, quiero preguntarle sipodemos tener copia del documento que leyeron. Sería muy importante. En mi caso personal,comparto el cien por cien de lo que plantea el documento. Me parece que refleja concontundencia la necesidad de que el índice de movilidad sea atado a la evolución de los salarios.

Comparto que el RIPTE es la combinación más transparente y confiable para la evoluciónde las jubilaciones y pensiones y que no hay necesidad de ninguna fórmula de ningunanaturaleza. Movilidad igual a RIPTE. Creo que sería lo más claro y transparente para dar unarespuesta a la situación.

A su vez, acuerdo con el tema de la actualización para que el piso desde donde se parta déuna reparación a las injusticias de años respecto a los jubilados y con que sería importante que dela deuda pendiente se resuelva en esta ley.

También, comparto lo del financiamiento de las contribuciones patronales. Debemos daruna respuesta con responsabilidad. Acuerdo con esta visión y no con el primer análisis que hacíael documento y que usted planteaba respecto a los recursos; si no, entramos en una lógica pasaday negativa.

Estoy de acuerdo en lo referente a los regímenes especiales. Me parece importante podertener copias de la posición.

Mi pregunta concreta es si la CGT también firma este documento o acuerda con algunosaspectos nada más.Sr. Yasky. — No. Voy a dejar copia de los dos documentos.

Al presidente de la Comisión, diputado Díaz Roig, le fue entregado un documentofirmado por los dos secretarios generales de las centrales. Allí se plantean el tema de lanecesidad de atar la movilidad al salario, el de la fórmula del RIPTE, el de la recomposición dela mínima como parte del acto legislativo o como un acto del Poder Ejecutivo, pero anterior a laaplicación de la movilidad y se plantea como un tema de análisis a futuro la necesidad deencontrar un modelo que nos permita superar la coexistencia de los sistemas de capitalización yde reparto. También, antes de eso, hace referencia a la necesidad de la restitución de los aportespatronales.

Esos son los cuatro puntos que se plantean en conjunto. El otro documento planteaalgunas especificidades.Sr. Giustiniani. — Respecto a la sanción de la Cámara de Diputados, en el día de ayer tuvimosla presencia del señor ministro y en la reunión surgió como pregunta concreta el tema de losnúmeros. No tiene sentido enredarnos en la fórmula. El tema de los números determina si la leyes mezquina o justa. Es decir, en escenarios reales hechos con respecto al corriente año o a dos otres años anteriores.


Nos respondieron que no hay números pero que se podían conseguir los datos. Nosfijamos en internet pero todavía estamos en esa búsqueda.

El debate en Diputados dejó algunos números y demás. Porque no es fácil conseguir lavariación de los recursos tributarios y la variación de los recursos totales; y los dos divididos porlos beneficiarios, que daría cuánto da "a" y cuánto da "b". Lo que pasa es que opera siempre elmenor. Por lo tanto, es ahí donde reside si la ley da respuesta o no a esta realidad.

La pregunta era si ustedes, que tienen institutos y siempre han estado en estas cuestiones,han hecho algún ejercicio de esta naturaleza para saber cuánto implicaría hoy, siendo ley lo quees media sanción, por ejemplo para el año 2008, la actualización de los haberes de los jubilados.Sr. Yasky. — Ayer tuvimos una reunión en la cual se analizó el tema.

Creo que la fórmula es muy compleja. Pienso que los actos públicos, sobre todo cuandose trata de definir el nivel de ingresos de un sector de la población, deben ser lo mástransparentes y llanos posibles.

Cuando se recurre a fórmulas casi esotéricas, evidentemente es porque o se impide vercon transparencia o quien los hace se reserva el derecho de ajustar algunos coeficientes segúncómo marche la macroeconomía.

Por eso nosotros señalamos lo del RIPTE. Tanto es así que tenemos tres equipos deeconomista: el del IDEP, el de FLACSO y es el del CEMA. O sea que son tres equipos quetienen un nivel académico, por lo menos, respetable; y sin embargo los tres están manejandocifras distintas.

Lamentablemente, no pudimos compatibilizar las cifras antes de venir acá. Pero en líneasgenerales puedo decirles que hay un equipo de esos que están manejando cifras que estarían porarriba, el año que viene, de lo que fue el aumento de los salarios. ¿Por qué? Porque se da unacoyuntura económica —según explican ellos— en la cual, por imperio de la presión inflacionariay por tener nuestro país todavía una estructura tributaria injusta basada en el impuesto alconsumo directo, se eleva mucho la recaudación. Esa elevación de la misma, en 2009, estaríaempujando hacia arriba el índice.

Esto es lo que nos dice uno de los equipos. Otro equipo da una cifra más moderada y, porúltimo, el tercer equipo da una cifra mucho más bajas de un dígito. La razón de este último,según lo veíamos anoche, es que haciendo el cálculo para atrás incide el ingreso de 1.200.000nuevos beneficiarios, que en la división se empuja mucho para abajo. Pero es dable suponer queno volvería a ocurrir, por lo menos en el corto plazo, una circunstancia como esa.

Ustedes recordarán que la fórmula original tenía el 90 por ciento; y destinaba un 10 porciento de la mitad, que era en base a recaudación, a un fondo anticíclico. Eso se eliminó. Esdecir, ahí se logró un pequeño progreso.

Aún a despecho de la posibilidad de que en 2009 esta fórmula diera algunos puntos porencima del promedio salarial, entiendo que sería óptimo tener una fórmula basada en salarios.Porque además es una variable económica que está perfectamente en condiciones de sercumplida, entendida y defendida por los trabajadores.

Creo que hoy vamos a tener números más firmes. Se los vamos a acercar por la tardecomo un aporte nuestro.Sr. Ríos. — De lo que están hablando es de protecciones para 2009. No de un error en el cálculode la fórmula sino que están describiendo en las proyecciones para 2009 en términos derecaudación.Sr. Yasky. — Correcto; en las proyecciones en términos de recaudación y en las variables.Porque son muy complejas.

Es decir, tiene que ver con la división por la cantidad de beneficiarios, habiendo hecholos equipos la serie para atrás de siete u ocho años. Esa serie para atrás difiere mucho según lascondiciones macroeconómicas. Teniendo en cuenta la incorporación de los jubilados.Sr. Morales. — ¿Han hecho cálculos para este año?Sr. Yasky. — Lo más certero que tenemos es que en 2008 hubiese andado en un 6 por ciento,casi un 7, en marzo; y un poco más del 12 por ciento en septiembre. O sea, hubiese estado unpoco por encima de la cifra que se otorgó, del 15 por ciento, en dos veces.Sr. Morales. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.Sr. Giustiniani. — ¿Cuál de los dos da eso? ¿El "a" o el "b" o el menor de los dos?

Pregunto esto porque "a" puede dar una cosa, pero si "b" da menor, rige "b".Sr. Yasky. — Esta cifra que daba para 2008 de 6 y 12 por ciento era el total. Es decir, el total dela fórmula.

De todas formas, yo voy a acercar los números. Me imagino que tenemos muchosequipos. Ayer, estando el ministro, se dijo que todavía no hay cifras. Además, nosotros tenemostres equipos de gente que colabora de buena fe y, así y todo, todavía no podemos llegar a un


número. Esto de por sí habla de que estamos eligiendo una fórmula demasiado compleja. Esdecir, tendríamos que hacer un postgrado y especializar gente para saber más o menos de quéhablamos.Sr. Morales. — Tiene la palabra el señor senador Alfredo Anselmo Martínez.Sr. Martínez (J.C.). — En primer lugar, agradezco su presencia y su exposición.

Realmente, las coincidencias respecto de lo que pensamos son casi totales: el tema deenganchar la jubilación al salario y los activos; la actualización previa que permite la posteriorimplementación de la movilidad; la intangibilidad; la modificación y la vuelta a lo que eran losaportes buscando generar un financiamiento. En cada uno de los puntos tenemos casi unaabsoluta coincidencia.

Ayer cuando vino el ministro le preguntamos sobre el artículo 8°, que habla del habermínimo garantizado y demás. Nosotros le planteábamos por qué no podía ser el 82 por ciento delsalario salario mínimo, vital y móvil, o el porcentaje que se estableciera, para dejarloenganchado. El ministro nos decía que esto no iba a ser saludable, porque cada vez que sesentaran a discutir el salario mínimo, vital y móvil se iba a tener cargado sobre su definición todoeste tipo de consecuencias.

Si no interpreté mal, ustedes plantean que el hecho de que sí esté enganchado.Sr. Yasky. — Nosotros creemos que jurídica y políticamente, a partir de que consideramos a lajubilación como la extensión del salario y del activo, el índice de movilidad tiene que ser elsalario. La consecuencia lógica de eso es que exista una mínima jubilatoria que tenga unacorrelación directa con el salario mínimo, vital y móvil. Por el contrario, creo que seríaincorporarle al Consejo del Salario un área de definición de la que actualmente carece y esverdaderamente un vacío legal. Es decir, nosotros planteamos, cada vez que nos reunimosanualmente en el Consejo del Salario, la necesidad de que en ese ámbito se definan los haberesjubilatorios. No hay ningún motivo jubilatorio. No hay ningún motivo para desenganchar lajubilación de la definición del salario mínimo, vital y móvil. El único motivo es economisista yestá relacionado con la vieja concepción de sentarse arriba de la caja. Si hoy hubiera unajubilación mínima, vital y móvil en el valor actual de 1200 pesos, estaríamos hablando de unamínima que estaría, aproximadamente, por encima de 900 pesos. Nosotros podríamos aceptaruna gradualidad en la ejecución. Sin embargo, consideramos que desde el punto de vistadoctrinario, jurídico y constitucional del derecho y desde el punto de vista de la clase trabajadoraes absolutamente claro que debe existir una jubilación mínima, vital y móvil. Y sería un hechomuy importante que el Consejo del Salario, cada vez que se reúna, defina también la jubilaciónmínima, vital y móvil. De esta manera, se estaría otorgando una densidad a la decisión delConsejo del Salario mucho más importante que la que tiene hoy en día.Sr. Martínez (A.). — Quiero compartir lo que usted manifestaba respecto de que los grupostécnicos que están trabajando, a veces, no se ponen de acuerdo. Esto me hace recordar a un viejogremialista de mi pueblo que decía que cuando ponen logaritmos, hay que desconfiar. Las cosasmás claras son las que realmente dan transparencia, tranquilidad y perspectiva de sustentabilidaden el tiempo.Sr. Morales. — Harán uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá y, luego, las señorassenadoras Parrilli y Escudero.Sr. Rodríguez Saá. — Deseo señalar que comparto los lineamientos generales y la prudencia delplanteo. Todos sabemos que se ha hecho un gran esfuerzo.

Quiero decir que —debería haberlo dicho ayer— desde el 2002 a la fecha ha habidoimportantísimos avances en el reconocimiento del derecho de los jubilados; se han incorporadoun millón y pico de trabajadores y se le ha reconocido el derecho jubilatorio a personas queperdieron el trabajo. Hemos enmendado problemas gravísimos de tipo social y humano. Esto espositivo y hay que reconocerlo.

Todos sabemos que no se puede lograr el objetivo —tal vez todos los argentinos lotenemos en nuestra cabeza— del 82 por ciento móvil. También sabemos que solamente despuésde un largo proceso podremos llegar a ese objetivo, si es que es alcanzable en esa época. Decualquier manera, esto está presente en la mente de todos los argentinos.

Creo que todos estamos de acuerdo con la movilidad. Una norma que establezcamovilidad es mucho mejor que la arbitrariedad de no tener ley.

Considero que deberíamos avanzar —depende mucho de la posición del bloqueoficialista— en el punto referido a si tenemos chances de modificar la sanción de Diputados o sise la va a tratar a libro cerrado. Lo digo para que podamos simplificar los tiempos y no tengamosun desgaste inútil. Si lo vamos a ratificar, cada uno expresará su pensamiento y no perderemos eltiempo. Entonces, lo que acaba de manifestar el secretario de la CTA son meras declaraciones.

Creo que el señor ministro dijo ayer algo equivocado. Dijo que con esta fórmula, los


jubilados sabrán de qué se trata. Ahora bien, el representante gremial nos ha manifestado quecuenta con tres equipos de economistas de alta calidad que están estudiando y que no saben,porque esta fórmula es inentendible. Es manejable para cualquier gobierno. Casi diría que por loque expresó el secretario general respecto de que se pueden manipular —quiero ser suave con laspalabras que utilice— o darle diversas interpretaciones a las cifras —están todas a cargo de laSecretaría de la Seguridad Social, que es en definitiva la que dirá cuánto se da de aumento—estamos ante un acto preparatorio de una movilidad arbitraria. Entonces, me parece que, sitenemos la posibilidad, tendríamos que simplificar esto aceptando el concepto de lo que se haplanteado: una movilidad relacionada con el salario. La fórmula que está escrita aquí, tal vez seabuena, porque dice que se tomará la variación del INDEC o el RIPTE, el que sea mayor, con laslimitaciones que deba tener.

Y, lógicamente, hay que formar un fondo anticrisis. De los recursos existentes se debeafectar una parte a un fondo anticrisis, porque habrá momentos en la historia en los queinexorablemente habrá que atender mayores necesidades. Por eso, no hay nada mejor que serprevisor: cuando haya abundancia, hay que guardar. Es decir, habría que preservar una porción,establecer cuál es el límite y establecer una forma gradual de ir llegando a una movilidad unpoco más justa. Esta parte de una base también injusta que tenemos que saber si la podemosresolver. Creo que es difícil. Comprendo que es difícil para el gobierno y me siento solidario enel sentido acerca de cómo hacemos para dar un aumento móvil —después del gran esfuerzo quese ha hecho—, que parta de una base justa. Hoy en día, el 75 por ciento de la gente tiene lajubilación mínima y el otro 25 por ciento gana mucho menos de lo que debería y aspiraría aganar.

Ahora bien, sería importante que sepamos lo siguiente: si trabajamos en este sentidobuscando soluciones graduales y tenemos posibilidades de hacerlo o si, simplemente, estamoshaciendo meras declaraciones. Me pueden decir que esa pregunta no se la tengo que hacer alsecretario general de la CTA, sino a los integrantes de la Comisión. Estoy de acuerdo con que esuna respuesta que debemos dar nosotros. La verdad es que se trata de una advertencia, porquevarios dirigentes gremiales seguramente plantearán en diferentes formas cosas parecidas, yentonces vamos a perder el tiempo.

La pregunta concreta es la siguiente: ¿cree que los trabajadores pueden sacar esta fórmulaen forma sencilla y en febrero saber cuál será el aumento de marzo?Sr. Yasky. — No. Creo que es claro que esta fórmula, en primer lugar, genera un margen dediscrecionalidad. Se puede decir que es una fórmula deliberadamente compleja, para entendidos.De hecho, reitero lo que mencioné anteriormente, tres equipos de economistas todavía estánhaciendo números y hoy haremos una especie de consultoría para ver si podemos llegar a unaconclusión. Considero que esto no va a servir. Dejará un agujero en el núcleo principal de unaley de movilidad, que es la fórmula de movilidad.

Tiene que ser una política pública clara y transparente. Lo más claro, transparente ydirecto es la movilidad vinculada al salario; además, esto es importante para la sustentabilidad.En todo caso, tendríamos que dar una política para combatir el trabajo en negro. Sin embargo, esverdad que si tuviésemos un Estado eficaz en el combate del trabajo en negro y una culturaempresaria que directamente no incurriera en ese fraude laboral, evidentemente no habría ningúnproblema, porque la evolución del salario es un índice absolutamente sustentable para lasjubilaciones, dado que las contribuciones surgen de ahí. Ni qué hablar de la posibilidad derestituir los aportes patronales, que creo que tendría que ver con el tema de la deuda e inclusocon el fondo anticíclico.

Y creo que hay un elemento que también hay que considerar, que es la intangibilidad delos fondos y recursos previsionales. No hay fondo anticíclico que valga si uno no asegura laintangibilidad de los recursos. Y ya tuvimos experiencias en el pasado.

Uno puede decir que este gobierno ha sido respetuoso de la intangibilidad de los fondos,pero las leyes son para establecer garantías jurídicas a futuro, independientemente de la voluntado performance de los gobernantes que eventualmente tenga nuestro país.

Creo que las leyes tienen que establecer líneas transparentes que hagan que cualquieraque gobierne tenga que respetar el principio de la intangibilidad. Nuestra aspiración —y venimoscon esa expectativa— es que se puedan modificar por lo menos los aspectos sustanciales de unanorma. Después podrá tener futuros cambios como el 82 por ciento móvil, que es una bandera ala que no renunciamos, o el tema de terminar con la litigiosidad, pero creo que hay núcleoscentrales de la ley que tendrían que modificarse para mejorar lo que se sancionó en Diputados.Sr. Morales. — Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.Sra. Parrilli. — Creo que estamos discutiendo en esta ley —como en tantas otras— dos planos:uno que tiene que ver —quizás— con la fórmula y las observaciones que usted hace con respecto


a eso, y otro que tiene que ver con la confianza o desconfianza de la propuesta y de cómo se estátrabajando.

Creo que se ha señalado ayer —y por todos nosotros conocidas— la política que se hallevado adelante desde el gobierno nacional con respecto a la inclusión social. Como docente yjubilada también, considero que esta ley marca lo que es posible en este momento. Estoy deacuerdo con usted en el 82 por ciento móvil y demás, pero lo vería con una absolutairresponsabilidad porque no sé si están los fondos como para garantizar esto. Hasta donde yoconozco, nosotros como docentes hemos aceptado lo que usted también marca: estos aumentosde sueldos que tienen que ver con no tributar hacia ese fondo jubilatorio, que son los adicionalesno remunerativos. Muchas veces hemos hecho paros de muchos días y los levantamos porque nonos quedaba otra, y nos han dado el adicional no remunerativo, que subió nuestro sueldo endetrimento de nuestros jubilados docentes. Creo que eso ha pasado en todo el país.

Entonces, cuando uno administra —como ayer dijo el ministro— a veces es sano decirque no. Creo que sería de una irresponsabilidad —porque no sería sustentable— decir que estamovilidad vaya a garantizar el 82 por ciento móvil, porque no solamente estamos hablando delsector docente sino de muchos argentinos.

Cuando usted refiere a las líneas transparentes que tendrían que ser, me parece que laslíneas son transparentes y tienen que ver fundamentalmente con la sustentabilidad, porque acá —si mal no entendí— el ajuste se va a producir en función de los aumentos de salarios y tambien elotro 50 por ciento con lo que tiene que ver con la recaudación previsional.

Entonces, a mí me parece que nosotros, como trabajadores, deberíamos estar celebrandoque esta ley de movilidad pueda ser sancionada en el Congreso y seguir trabajando en cada unade nuestras provincias para que desde el mismo Estado se garantice que esos adicionales noremunerativos, que son muchos, vayan siendo incorporados a los sueldos. También me pareceque siendo docente, fundamentalmente, tenemos que trabajar mucho esto de la responsabilidadindividual y social. Como así también de la responsabilidad de quienes nos conducen, porque nopodemos plantear algo que creo que no va a ser sustentable. Entonces, pregunto si hanconsultado con esos grupos de economistas si es posible, con los fondos que hoy tenemos en elpaís, si es posible hacer una ley que vaya con un porcentaje final del 80, o sea, de cuánto delsueldo en este momento.Sr. Yasky. — Señora senadora y compañera docente: el tema es a la inversa, como lo enfocamosnosotros.

En el caso específico de nuestra corporación, la movilidad de los docentes estaría fuerade discusión, porque la ley 24016 nos incluye en ella. Esto estaba en el proyecto original y laCTERA, junto con los científicos, lograron abrir la discusión de la situación de los universitarios,que tendrían que estar en una situación análoga. El problema pasa por otro lado. Desde ya quenosotros reconocemos que una ley de movilidad es mejor que una recurrente y permanentepráctica de decretos, como así también que tuvimos decretos de todo tipo de color, porquetambién los tuvimos descendentes. Recuerden que venimos de la historia del famoso 13 porciento. Por eso, decimos que la fórmula de movilidad tiene que ser transparente.

Yo no abro un juicio de valor sobre las prácticas gubernamentales. No entro en ese tipode análisis. Lo que digo es que esta ley, que se supone que va a recorrer varios gobiernos quevienen, tiene que dejar un instrumento jurídico que garantice transparencia, independientementede las prácticas gubernamentales que podrán ser buenas o malas. Lo cierto es que si elinstrumento no es bueno, por más que tengamos buenos gobiernos, evidentemente va a habermargen de discrecionalidad.

Entonces, lo que hablamos es de establecer ese parámetro de la movilidad del salario ydel RIPTE o del INDEC. Creo que está bien la fórmula que se encontró: lo que beneficie más alos jubilados, porque eso corresponde al artículo 9 de la ley de contrato de trabajo. Pero sonnúmeros inobjetables, es decir, que no admiten discusión. No hay que hacer una especie de juntade matemáticos y de egresados del CEMA para que hagan un seminario y lleguen a la conclusiónde cuáles son los números, porque si ese es el caso, no nos sirve esa fórmula. Creo que tiene queser transparente y clara. ¿Y qué más transparente, claro y sustentable que vincular esto a laevolución del salario? Si nosotros además sabemos —esto lo digo, lamentablemente, comotrabajador—, que la evolución del salario de los trabajadores tampoco es que se dispara tantocomo para que la economía se venga abajo. La verdad, la evolución de los salarios tiene que vercon discusiones de paritarias o con discusiones de sector público ––a veces paritarias, a vecesno––, que siempre arrojan resultados que son absolutamente sustentables en términoseconómicos. Nunca se ha dado el caso de que por aumentos tan grandes, se haya vueltoinsustentable la economía del país; al contrario.

Entonces, me parece que esto es lo más razonable, porque es lógico, es legal, es


transparente y hace que cualquier jubilado, o cualquier trabajador, sea dueño del instrumentopúblico. Creo que las políticas públicas, de las que no pueden adueñarse los ciudadanos entérminos de información, no cumplen con el objetivo que deben tener. Esto es simplemente loque decimos. Y estamos seguros de que es sustentable.

Es más, creo que dentro de un par de días, cuando se terminen de afinar los números, nospodemos encontrar con la sorpresa de que este índice combinado en esta coyuntura específicapuede estar por encima de lo que dé el índice RIPTE; aún así —porque es una coyuntura ypasado mañana puede suceder exactamente lo contrario—, creemos que el índice del salario es elque tiene que utilizarse y sería muy importante que se incorporara a esta inquietud que plantea lacentral.Sr. Morales. –– Tiene la palabra la senadora Escudero.Sra. Escudero. –– Agradezco también su presencia y la claridad de su exposición.

Obviamente, hoy podemos celebrar que este tema se esté discutiendo en el Congreso.Esta es una decisión del gobierno y, realmente, hay que reconocer que este asunto se estédebatiendo abiertamente en el Congreso. Creo que cualquier decisión que se tome en estemomento en pos de no aceptar modificaciones es un atentado contra la Constitución, porque estaes una cámara revisora y se trata de un proceso absolutamente abierto, participativo y nosotrosqueremos dotar al país de una buena ley de movilidad jubilatoria.

Coincido con lo que usted dijo respecto de que las leyes tienen que ser claras y deben serexpresadas con palabras sencillas, para que todas las personas las puedan comprender. Me pareceque consignar una fórmula en una ley es de una pésima técnica legislativa, especialmente, si noestán claras las variables que tiene cada una de las fórmulas.

En el día de ayer, el ministro nos pidió un acto de fe; no nos trajo cifras. Reitero: coincidocon lo que usted dice. Sabemos y reconocemos que el gobierno, desde el año 2003, ha venidodando pasos importantísimos; de hecho, este Congreso aprobó por unanimidad distintasiniciativas como la ley de opción jubilatoria, la posibilidad de que se jubilen aquellas personasque habían alcanzado la edad para hacerlo y no tenían los aportes. Sin embargo, esta es unaherramienta que está destinada a superar los gobiernos, y por eso es que es tan importante quedicha herramienta sea clara y permita un control ciudadano.

Anoche, después de haber escuchado al ministro de Trabajo, a la viceministra de Trabajoy al titular de la ANSeS, conversábamos con mis asesores sobre la fórmula y no nos pusimos deacuerdo; es decir, aún después de haber escuchar al ministro de Trabajo y al titular de la ANSeS,hay cosas que están oscuras. Por ejemplo, con respecto al RT, lo que está escrito en el proyectoque ha sido aprobado por la Cámara de Diputados se refiere a recursos tributarios, no dicerecursos tributarios de la ANSeS, dice recursos tributarios. El ministro dijo que son los recursostributarios que van a la ANSeS, pero lo que dijo el ministro no es lo que está escrito. Entonces, sise refiere a los recursos tributarios totales, debemos incluir las retenciones a las exportacionestambién. Es decir, lo que está escrito no es lo que se dice. En este caso, tenemos el primer acto dediscrecionalidad que será decidido por el Poder Ejecutivo de turno.

Por lo tanto, creo que es muy importante que nos sentemos a analizar qué es lo queefectivamente estamos aprobando. Transparencia no es opuesto a sustentabilidad. En el Senado,nosotros tenemos muchos proyectos presentados. Y en casi todos ellos había un principio deacuerdo que establecía que para que sea sustentable, el índice salarial tendría que estarcombinado, de alguna forma, con el crecimiento de los recursos. O sea que no hay problema encuanto a ese principio. Pero sí creo que tiene que ser transparente, porque si no hay transparenciay si deja margen de discrecionalidad, como lo hace esta fórmula, obviamente no estaremosprotegiendo los derechos de los jubilados presentes y futuros.

El otro tema que quiero plantear es la situación de los jubilados de las cajas transferidas alas provincias. En la provincia de Salta transferimos la caja y la mayoría de los jubilados estáncobrando esta miseria ––los 690 pesos––, que no les permite a los jubilados tener una vida digna.Tal es así que el gobernador de la provincia ha resuelto que en la provincia ningún jubilado de lacaja transferida gane menos de 900 pesos, y la provincia se hace cargo mensualmente del pagode esa diferencia. Por lo tanto, comparto lo que usted dijo respeto de que tiene que haber unpuente antes de que empiece a regir esta movilidad.

En cuanto al tema de los docentes, coincido con lo que usted dice, pero también mepreocupa la situación de los docentes provinciales. Los docentes provinciales de las cajastransferidas tenían su derecho al 82 por ciento móvil y ese derecho lo han perdido. Si nosotrosrecuperamos la movilidad del régimen especial de los docentes nacionales no estamosrecuperando el derecho de los docentes de las cajas transferidas; lo digo como hija de unadocente.Sr. Yasky. –– Estoy totalmente de acuerdo.


Sr. Morales. –– Tiene la palabra el senador Fernández.Sr. Fernández. –– A partir del comentario que ha expresado la senadora Escudero, me pareceque, como estructura sindical y como representante del sector de los trabajadores, es muyimportante que nosotros le demandemos a quien administra la necesidad de contar con unaherramienta que no sea fetichista. Entonces, establecer el indexo al RIPTE, el que mejor dé, yanclarlo con la recaudación tributaria, en realidad, no es la mejor noticia pero es la noticia lógica,porque sabemos que va a perdurar en el tiempo. Con lo cual, la reflexión final de la senadoraEscudero respecto de este tema la comparto.

Me parece que ha sido la estructura sindical la que ha modificado, en parte, la fórmula yla que ha permitido que se establezca en las dos variables salariales la mejor, y en esto le doy laderecho porque ha sido un logro, además del gran logro que significa que, por primera vez en leRepública Argentina estemos discutiendo esto.

Puedo entender, y de hecho también lo hace todo el mundo que no tiene formaciónmatemática o económica, que de la fórmula se desprende algún tipo de duda. Ahora, esa dudadespués de las explicaciones, no es sinónimo de oscuridad, ni tampoco es sinónimo dediscrecionalidad. Nosotros no fuimos cámara de origen, pero, a lo mejor, esa fórmula muchomenos técnica, hubiera sido un poco más clara. Pero lo cierto es que tenemos una fórmula, querepito ––porque sino, pareciera que la fórmula tiene atrás una cosa que nadie entiendo–– notendrá la mejor técnica ––no soy yo quién pueda calificar de buena o mala técnica matemática––, pero me parece que hay que dejar en claro que esta fórmula no es oscura. En definitiva,seremos nosotros los que debamos darle a esa fórmula la suficiente claridad para que no hayalugar a dudas.

Quiero abordar un tema que también está pendiente y de lo contrario quedaría sin aclarar.Respecto de las cajas transferidas y a las no transferidas, ¿usted qué cree posible, honestamente,respecto de esta situación? Digo esto, en virtud de lo que sucedió con la política previsional de laRepública Argentina hasta el Pacto Fiscal II, porque en realidad se estableció un manto a travésdel cual se ocultaron 50, 30 ó 20 años de absoluta inconciencia en el manejo de los recursostributarios.

Si no decimos esto, decimos que las cajas transferidas y el Pacto Fiscal II vinieron aresolver una cuestión que podíamos haber solucionado de otra manera. Y la verdad es que no.

Entonces, mi pregunta puntual es: ¿usted cree que es posible, en la situación actual yteniendo en cuenta el estado previsional del mundo, que nosotros empecemos a pensar que estaley es la puerta para recuperar el 82 por ciento móvil de todos los docentes cuyas cajas setransfirieron y que, además, establezcamos eso como una posibilidad real en la actualidad?Tengamos en cuenta que ustedes defienden situaciones que a veces son como las que contemplala ley y otras para las que tendremos que buscar otros mecanismos, como el que halló elgobernador. Porque la verdad es que las cajas transferidas son un capítulo aparte de algo quedeberemos abordar en otro estamento y para lo cual a lo mejor deberemos tener otra salida.

Entonces, mi pregunta es, ¿se puede incluir en este tema la absoluta dificultad querepresentaron las cajas transferidas con relación a lo que significaron en el manejo previsional entodas las provincias hasta el Pacto Fiscal II? ¿Usted cree que es posible en este momento?Sr. Yasky. — Un poco lo planteé al principio. Tampoco me quiero arrogar las condiciones comopara dar una respuesta terminante. Pero nosotros creemos que la crisis jubilatoria que vivenuestro país es producto de la aplicación de una serie de acciones gubernamentales quedespojaron a las cajas jubilatorias de los recursos con distintos motivos, siempre de Estadomayor. Así como cuando se trata de proteger la propiedad privada, que, por ejemplo, en el casode los empresarios es un bien intangible y a nadie se le ocurriría dictar una ley que la pusieraaunque sea en una situación de relatividad, que no sean considerados del mismo modo losaportes de los trabajadores que también forman parte de la única propiedad que tienen, que es elsalario que reciben a fin de mes o al final de toda su vida.

Entonces, creo que eso hay que repararlo. No tengo los conocimientos específicos quepodría tener, pero lo que sé como trabajador es que es una injusticia que hay que reparar. Si se vaa sancionar una ley de movilidad, tiene que ser transparente. Y toda ley forma parte de unaespecie de ecosistema. No puedo resolver la sustentabilidad de los recursos que hacen falta pararestituir estas injusticias y llegar a ese 82 por ciento gradualmente. Nosotros tampoco comemosvidrios; no decimos que mañana podemos tener el 82 por ciento del salario mínimo, vital ymóvil. Pero sí creemos que habría que legislar en ese sentido y que las leyes forman parte de unecosistema.

Existen muchos proyectos sobre este tema, entre los cuales hay uno de un diputado de laCTA que está aquí presente, Claudio Lozano.

Si no tengo una ley que penalice a las empresas que incurren en fraude laboral, si el pago


en negro termina siendo una especie de licencia que se toman determinados gruposempresarios…

Es decir, tenemos que construir un ecosistema legal que haga sustentable esto quenosotros entendemos que es de absoluta justicia, que es restituir a la jubilación el carácter quedebe tener según el artículo 14 bis, es decir, que sea el haber mínimo, vital y móvil que hace faltapara que el ciudadano que trabajó toda su vida tenga una vida digna.Sr. Morales. — Muchísimas gracias por su presencia y por la claridad de su exposición.

Sin perjuicio de ser el presidente de esta comisión, quiero decirle, en nombre delradicalismo, que compartimos totalmente ese documento que ha leído, que también he visto quelleva la firma del titular de la CGT, en algunos aspectos que usted ha detallado. Desde elradicalismo compartimos totalmente lo que ha dicho.Sr. Yasky. — Quiero agradecer a todos ustedes, senadores y senadoras de la Nación.

Ponemos la confianza en que realmente se pueda avanzar. Vamos a entregar losdocumentos y cuando tengamos esos números, después del consejo de grupos económicos quetendrá que dar un dictamen, los vamos a acercar.Sr. Morales. — Muchas gracias

— Se retira el señor Yasky.

Sr. Morales. — Invitamos a la mesa al secretario general de ATE, señor Pablo Micheli, y alseñor Horacio Fernández, quien también es de la conducción de CTA.

— Ingresan los señores Micheli y Fernández.

Sr. Morales. — Quiero agradecerles por su presencia.Para este plenario de comisiones son muy importantes las reflexiones de ustedes con

relación a la media sanción.Como saben, estamos tratando el proyecto modificado, así que todas las referencias que

puedan dejarnos con respecto a este tema que se encuentra en el expediente CD 66/08 seránbienvenidas.

Tiene la palabra el señor Micheli.Sr. Micheli. — Buenos días a las senadoras y a los senadores de la Nación.

Estoy aquí con el compañero Horacio Fernández, quien es miembro de la conducción deATE y de la CTA, y con compañeros de la conducción de ATE, que están sentados al costado.También está la secretaria de Previsión de la Central de los Trabajadores de la Argentina, de lamesa nacional, la compañera Lidia Mesa.

Obviamente ellos ya tienen un turno para venir aquí que creo que es para estos días.En términos generales, como aparte de ser secretario general de la Asociación de

Trabajadores del Estado a nivel nacional soy secretario general adjunto de la CTA nacional,obviamente comparto la exposición que ha hecho el compañero Hugo Yasky en representaciónde nuestra central. Y quiero hacer algunas consideraciones breves antes de ceder la palabra aHoracio Fernández, que es quien, en todo caso, va a explicar nuestra postura.

En primer lugar quiero hacer una aclaración. Tengo entendido que ayer el ministro deTrabajo, Carlos Tomada, aquí en esta comisión planteó que había un acuerdo entre la CGT y laCTA para respaldar la media sanción de Diputados. En ese sentido quiero aclarar que la CTA deninguna manera está respaldando tal cual salió este proyecto de ley aprobado por la Cámara baja.Inclusive, más allá de que algunos compañeros de la central —diputados— votaron en general afavor de la ley y otros, como el caso de Claudio Lozano, en contra en su totalidad, aquellos quelo hicieron a favor en general votaron en contra del artículo 6�, por esta fórmula, que realmentees inexplicable. Porque si no la entendemos los que estamos sentados acá, imaginémonosnuestros padres y abuelos. Si piensan que van a cobrar los aumentos de la jubilación en base aeso, creo que entrarían en desesperación.

De todas maneras nosotros tenemos nuestros cálculos realizados y tenemos algunasconfirmaciones a partir del Instituto de Estudio de la central, cuyo presidente es Claudio Lozano.Y si después quieren alguna aclaración, no hay ningún problema para que él la realice. Perotambién Horacio Fernández es parte del instituto.

No tenemos ninguna duda que, de acuerdo a esta fórmula complicada que hemosdesmenuzado y estudiado —que si bien es difícil de comprender, no es imposible, por lo menospara el instituto—, los números son mucho menores que los que podamos soñar para que enmarzo del año que viene el aumento jubilatorio sea importante y recupere la pérdida que hantenido nuestros jubilados en la Argentina.

Entonces, en principio quiero aclarar eso: que no hay ninguna decisión colectiva yorgánica de la central en el sentido de que nosotros respaldamos en su totalidad este proyecto.

Lo que nosotros decimos es que es importante que se haya puesto en discusión el tema derecuperar la movilidad jubilatoria en la Argentina, y que fundamentalmente eso ha sido un logro


de las marchas —que con la de hoy ya son 857— que han hecho nuestros viejos todos losmiércoles en la esquina de este Congreso, y que seguramente ustedes habrán visto en infinidadde oportunidades desde el año 1991 en adelante. Esas marchas las han hecho con sol, con frío,con calor, con lluvia, y la de hoy, en particular, estará acompañada masivamente por nuestraCentral, por lo cual seremos miles de compañeras y compañeros que estaremos respaldándolos.Y aclaro que no es una marcha en repudio ni de protesta contra ustedes, senadores, sino enrespaldo de nuestra propuesta en cuanto a las cosas que creemos que hay que modificar delproyecto que se sancionó en la Cámara de Diputados.

Por un lado quería aclarar eso.Por otro lado, y en términos generales, porque no voy a profundizar sobre las cosas que

ha planteado Hugo y las que brevemente va a explicar Horacio, quiero hacer referencia a que sedebe recuperar la pérdida que han sufrido los jubilados.

Recordemos que en el año 2001 solamente el 17 por ciento de los jubilados de laArgentina cobraba la jubilación mínima, y que hoy —a sólo siete años—, el 76 por ciento de losjubilados cobran la jubilación mínima, que son 690 pesos.

Hay fallos judiciales sobre los que ya se ha hablado aquí y sobre los que seguramente seva a profundizar y a debatir en estos días en esta comisión con la presencia de expertos y deprofesionales conocedores del tema previsional. Pero seguramente una de las reparaciones quetiene que hacer el gobierno nacional, y que el Congreso debería intentar resolver para que elEjecutivo pueda hacerlo, es pagar esa deuda que existe con los jubilados que han sido saqueadosentre los años 1991 y 1995 y entre los años 2002 y 2006. Ese es un tema que nosotrosdefendemos como central, y entendemos que es fundamental para poder empezar a hablar demejorar la calidad de vida de nuestros abuelos y padres.

El otro aspecto que quiero mencionar es que nosotros reiteramos el criterio de que debepartirse de que el 82 por ciento debe ser del salario mínimo, vital y móvil que se fija en elConsejo del Salario. Sabemos que esto es complicado y que demanda una inyección de dinero,pero también sabemos que los fondos que maneja la ANSeS, que en este momento ascienden aalrededor de 14.000 millones de pesos y que si los proyectamos a fin de año serán de alrededorde 21.000 millones de pesos, deben ser utilizados para resolver estas injusticias y para mejorar lacalidad salarial de los pasivos, y no para otros fines, como están siendo utilizados por parte delPoder Ejecutivo nacional, como por ejemplo para pagar deuda pública, subsidios y otra cantidadde cuestiones que no tienen nada que ver con lo que debe hacer la ANSeS, que es resolver elproblema previsional y salarial de los jubilados de la Argentina.

Estas son las cosas que quería comentarles muy brevemente para no demorar muchotiempo.

Insisto en que para nosotros hoy es un día complicado, porque es un día demovilizaciones. En este momento se está llevando a cabo una marcha de ATE en reclamo deaumento salarial al Poder Ejecutivo nacional, y a las 15 tenemos la movilización que lesmencioné antes.

Les agradezco por la invitación. En nombre de ATE y de la Central les agradezco que noshayan tenido en cuenta y que nos hayan permitido expresarnos aquí, aunque sea brevemente.

Estamos a disposición de ustedes, ya sea a través de nuestro Instituto de Estudios comode cualquiera de nuestros compañeros o compañeras que son expertos en el tema y que puedenhacer aportes, por ejemplo para descifrar esta fórmula. Esta fórmula es muy difícil de entender;pareciera como si fuese la máquina de Dios que se está poniendo en funcionamiento hoy; es másdifícil entender esta fórmula que lo que se está poniendo en funcionamiento ahora en la fronteraentre Suiza y Francia. (Risas.)

Así que estamos a disposición de ustedes para poder ayudar en esta cuestión.Sr. Fernández (H.). — Buenos días a todos. Muchísimas gracias por brindarnos esta posibilidadde expresarnos.

En principio, quiero aclarar dos o tres inconsistencias que hacen que haya que tomaralgunos preacuerdos para poder analizar la fórmula.

En relación al anexo, cuando éste habla de los recursos tributarios dice que se compararánsemestres idénticos de años consecutivos; cuando habla de variación salarial dice que secompararán semestres consecutivos —o sea que en el primer caso hacía referencia a unacomparación interanual y en este caso hace referencia a una comparación en un mismo año—, ycuando habla de la variación de recursos totales dice que se compararán doce meses consecutivosvuelve a un tema anual. Es decir que ahí ya hay un problemita; pero, además, no dice si se refiereal promedio, al acumulado en ese lapso de tiempo, a que se toma de punta a punta, y cualquierade esas cosas que uno defina dará números distintos. Por lo tanto, hay que hacer algunasuposición, que la tendrá que hacer el funcionario de la ANSeS cuando la aplique, pero


considero que la norma debería ser un poquito más clara en cuanto a qué es lo que se tiene quetomar. Digo esto porque se puede tomar un promedio, el acumulado o directamente de punta apunta, como no está especificado puede tomar cualquiera de estas posibilidades.

Eso como primera cuestión.La segunda cuestión que quiero mencionar es que no es una ley de movilidad sino una ley

que regula aumentos de jubilación, porque no engancha el salario. Un paso hacia la movilidadsería que quede enganchada al salario. No garantiza la tasa de sustitución de la jubilación. Hoy,por ejemplo, la tasa de sustitución está en alrededor del 50 por ciento, y al no estar enganchada alsalario y al poner un tope en los recursos tributarios puede ser menor, con lo cual ni siquieragarantiza que vaya a permanecer la actual tasa de sustitución.

Los trabajadores judiciales tienen un dicho: AA confesión de parte relevo de [email protected] artículo 6° establece que en ningún caso la aplicación de dicho índice podrá producir la

disminución del haber que percibe. Quiere decir que las cuentas podrían dar para atrás; con locual, si bien no va a haber disminución, tampoco garantiza que vaya a haber recomposición enese caso.

Paso a la tercera cuestión. Cuando habla de recursos tributarios por beneficio no aclara sitoma el 15 por ciento de la precoparticipación que se transfiere a la ANSeS. Eso figura comocontribuciones figurativas, y no es una cifra menor; y la variación interanual de esa cifratampoco es menor; sin embargo, no dice si toma o no toma dicho porcentaje.

Es decir que, en principio, hay que hacer una serie de supuestos. Cada uno los hará comomejor le parezca, pero son todos supuestos.

Voy a mencionar las cosas en las cuales no hay ninguna duda.

Se establece un tope en relación a los recursos tributarios que se reciben. En este sentido,a nosotros no nos quedó ninguna duda tras analizar los números 2007 versus 2008, porque conla ejecución acumulada hasta este momento ya se pueden tener los números finales al 2008.

Cuando hacemos el cálculo de los recursos tributarios totales previstos para el año 2008,con el acumulado hasta ahora, a nosotros nos da algo así como 84.700 millones, y en el caso delaño 2007 nos da 71.200 millones. Esto tiene una variación del 18,9 por ciento. Pero cuando unose fija en los recursos tributarios por beneficio observa que la variación anual, tomando en cuentaque el crecimiento de los beneficiarios fue de 4.600.000 a 5.100.000, da 7,5 por ciento. Son doscuentas de división, no hay muchas más cosas. Y como este número, 7,5, ampliado en un 3 porciento es el tope que establece el inciso b) de la fórmula para marzo tenemos el 7,5 más el 3, queda 7,9. Por consiguiente, para marzo da 7.5 más el 7.9. Es hacer estas dos divisiones yamplificarlo en el 3 por ciento. El resultado de ese primer punto es 7.9; no es 18 ni 20 como seestá diciendo, sino que el aumento para ese momento es 7.9.

Lógicamente, cuando se quiere calcular septiembre necesitamos entrar en una serie deinferencias como, por ejemplo, cuál será la recaudación del primer semestre y otras; y cuando sepueden hacer estos ejercicios y tomar los números, entonces, es más opinable. Pero, haciendocálculos que tienen que ver con las propias proyecciones presupuestarias, con lo que,aproximadamente, se está planteando como crecimiento de la recaudación, se considera que paraseptiembre esto no da más que un 6.1ó 6.2.

Si en un año hubo seis meses con el 7.9 de aumento y los últimos cuatro meses con 6.1;6.2 —más—, cuando se combina a lo largo del año el promedio da, aplicando esta fórmula, un8.7 para todo el año. De esto no hay duda para nosotros.

Además, quiero plantear dos temas que es necesario rescatar. El primero: se habla demantener la sustentabilidad del sistema. Esto, sin dudas, es correcto. Pero nosotros no creemosque deba mantenerse vía la postergación de los jubilados. La sustentabilidad del sistema semantiene muy fácilmente restituyendo las contribuciones patronales a los niveles que existían en1993 para las grandes empresas —dejando afuera pequeñas y medianas para que tengan unaventaja comparativa— y, de esta forma, por ese solo hecho, se agregarían al sistema 9100-9200millones de pesos, y esto otorga una sustentabilidad por demás satisfactoria. La sustentabilidadse puede realizar achicando la salida, que en este caso son jubilaciones, o aumentando losingresos, y, en este caso correspondería volver al antiguo nivel de contribuciones patronales.

Otro punto por el que nosotros decimos que esta ley tampoco es de movilidad es porqueno soluciona un problema básico, que es desde qué punto partimos. Hoy, como bien lo decía elcompañero Micheli, el 75 por ciento de nuestros jubilados está cobrando la jubilación mínima, ysobre este tema hay un fallo de la Corte Suprema que manifiesta que debe ajustarse, del 2002 al2006, con el 88.6, 88.57 del caso Badaro, por consiguiente, no es un problema de que ademáshay que sacar por decreto un aumento de la jubilación mínima —ojalá dieran muchos aumentosde la jubilación mínima— , lo que debemos hacer es volver a recomponer el sistema público, demanera que se vuelva a armar la pirámide. La recomposición, según el fallo Badaro, implicaalrededor de unos 6 ó 7 mil millones de pesos y el superávit operativo de este año está en 6.100,es decir, es sustentable.

— Un señor senador realiza manifestaciones fuera del micrófono.

Sr. Fernández (H.). — Sí, el de este año, 7 mil anual.Asimismo, hay un superávit acumulado de 14 mil millones de pesos en la Anses. Seamos

claros, superávit acumulado significa jubilaciones no pagadas, actualizaciones no pagadas. Poreso hay superávit acumulado, porque no se les pagó a los jubilados las actualizaciones quedebían recibir, por consiguiente, pagar, volver a poner la mínima, se puede hacer con unsuperávit operativo; actualizar se puede hacer con el dinero acumulado que existe; y mantener lasustentabilidad se hace restituyendo, por ejemplo, las contribuciones patronales.

Obviamente, si esta ley se aprueba tal como está, el sistema público de jubilaciones va aseguir pagando en su gran mayoría jubilaciones mínimas, porque no va a cambiar nada que hagaque se vuelva a estirar la pirámide y que la recomponga. Repito: ojalá que ya se otorgue unaumento por decreto para solucionar la grave situación de los compañeros jubilados que cobranla mínima, pero eso no es restituir el derecho a la jubilación, porque, en ese sentido, ya hay fallosde la Corte y con ellos el Estado sigue comprándose juicios. Una ley debe tratar de solucionar lalitigiosidad existente —porque los fallos son firmes de la Corte Suprema— y no deberíacondenar a los jubilados a que, para que les resuelvan el atraso que tienen, deban litigar contra laAnses para que ésta aplique lo dictaminado por la Corte Suprema. Eso no tiene asidero para unaley que sale de nuestro Congreso.

De igual forma, creo que es necesario plantear otras cuestiones: una, a la que ya nosreferimos, el tema de poner como tope, como techo, a los recursos tributarios que es contranatura en un sistema jubilatorio, porque deben garantizarse los recursos y no someter a losjubilados a que esos recursos no estén disponibles. Y otro punto es que cuando se hace recursotributario por beneficio, lo que se esconde es la manera en que deprimiendo lo que cobran los


jubilados, nos hacemos cargo del descalabro que significa que haya 15 millones de afiliados alsistema previsional y sólo 6 millones de aportantes.

En este sistema, con esta realidad, serán indispensables varias moratorias que permitanque cuando nuestros abuelos lleguen a los 65 años y no estén en condiciones de hacer aportes, selos jubile. Me pregunto quién los carga. Los salarios de los jubilados. Porque son jubilacionesque sí hay que otorgar pero no a costa del salario de los jubilados. Si divido por la cantidad debeneficios, lo que estoy haciendo es que las Ajubilaciones pobres@ sean las que dan la asignaciónpara mayores de 65 que no se pudieron jubilar, porque acá se privatizó el sistema jubilatorio y sepermitió que pasara lo que ha pasado en nuestro país. Un sistema que tiene 15 millones deafiliados y 6 millones de aportantes no es sustentable, por la naturaleza del sistema. Enconsecuencia, la solución de fondo es volver al sistema público, que los aportes y contribucionesvayan al sistema público, que es la forma de cerrar la sustentabilidad del sistema de jubilación, yque quede la opción de una capitalización privada para aquel que teniendo altos recursos quieracontratar un seguro para su vejez, pero que eso no sea lo que garantiza las condiciones de vida denuestros abuelos.Sr. Morales. — Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Luego, el señor senador Rodríguez Saá.Sra. Escudero. — Puntualmente, con relación a R en el tramo B, y a RT en el tramo A. R dice:variación de recursos totales por beneficio de la Anses y RT dice variación de recursostributarios, pero no lo limita a la Anses. ¿Cómo calculan? ¿Están calculando RT con relación atodos los recursos tributarios del Estado o solamente de los que van a la Anses?Sr. Fernández (H.). — En el cálculo de RT, o sea los recursos tributarios totales, se toman lostotales, los recursos tributaros, los figurativos y las contribuciones a la seguridad social. Es decir,el total de recursos tributarios, aunque figuren como...Sra. Escudero. —... Pero que vienen a la Anses.Sr. Fernández (H.). — Exactamente.Sra. Escudero. — Pero eso no es lo que dice el texto aprobado.Sr. Fernández (H.). — Esa debería ser otra cuestión que tiene que aclarar la fórmula, pero lotomamos como recurso que va en el sistema previsional. El resto sería otra cuestión.Sra. Escudero. — Compartiendo lo que usted sostiene en cuanto al financiamiento de nuevasmoratorias o nuevas inclusiones masivas, tal vez lo que tendríamos que incorporar es una normaque expresamente diga que toda moratoria deberá tener una fuente de financiamiento propio.Sr. Fernández (H.). — Fíjese, señora senadora, que hasta en la propia ley, cuando habla de losrecursos, Anetea@ los aportes que pueda hacer el Estado para garantizar sustentabilidad, porejemplo, pero no Anetea@ la cantidad de beneficiarios que se ingresan, con lo cual le carga yquita los recursos para el cálculo de lo que significaría aumento, pero no quita la cantidad debeneficiarios que se agregan. Por lo tanto, lo hace todavía más injusto porque aumenta el divisory resta del cociente. De modo que es más injusto para los jubilados, en un hipotético caso en elvinieran recursos junto con una moratoria.Sra. Escudero. — Justamente, ese doble Aneteo@ subestima recursos.Sr. Fernández (H.). — Exacto.Sr. Morales. — Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.Sr. Rodríguez Saá. — En primer lugar, agradezco la información y la clara posición, quecomparto plenamente.

Quiero hacer una comentario, con todo el respeto del senador Fernández, de la provinciade Santa Cruz. La fórmula no es clara, porque no se entiende. Tenemos que recurrir amatemáticos o ingenieros, y las leyes se dictan para el pueblo argentino. Esto es para que unhumilde jubilado de yacimientos petrolíferos fiscales, que vive en Santa Cruz, pueda entender siva a tener un aumento del 8 por ciento, del 1 por ciento o de nada.

De manera que nadie está planteando ninguna irresponsabilidad, por el contrario,consideramos que deberíamos tratar de hacer una fórmula clara que no esté sujeta a laarbitrariedad de la interpretación. Mil veces hemos sido víctimas, durante todos estos años de lademocracia, de que se firmaba una cosa y el Poder Ejecutivo central después interpretaba otra.Innumerable cantidad de veces se habló de los pactos fiscales, y estoy recordando cuantaspicardías hizo la Nación a las provincias, de las cuales fuimos víctimas.

Considero que deberíamos procurar, si tenemos voluntad, de hacer una fórmula clara, enla que se establezca que la norma de que el aumento estará ligado a los salarios y que habráresponsabilidad fiscal y de todo el pueblo argentino, de que va a tener un límite: la recaudación.Esta fórmula se puede hacer correctamente, encontrando la justicia social. Hallé un elementoformidable, el superávit no es superávit sino lo que se dejó de pagar a los jubilados. Entonces, siestamos en deuda con los jubilados, saneemos el tema de una vez por todas. Estoy hablando


responsable y gradualmente porque, en alguna medida, se habló de responsabilidad eirresponsabilidad.

Debo aclarar que durante toda mi gestión y mi vida política he administrado la provinciade San Luis, en su momento, con el presupuesto siempre superavitario y con la máximaresponsabilidad. No estoy planteando una irresponsabilidad ni una medida demagógica, sino quese lo hagamos más claro. Entonces, el aumento será por los salarios y el límite por larecaudación; además, hay que tener un fondo anticrisis intangible. Ese se puede organizar bienporque se depositarían en el Banco de la Nación a plazo fijo en dólares, y no en un bono quepueden pagarlo o no, que se cotiza en bolsa. Con eso, el Banco de la Nación podrá financiar milcosas. Pero tiene que estar garantizado por la Nación y los jubilados deberán tener una acciónejecutiva en caso de necesitarlo.

De manera que se pueden hacer las cosas con mucha responsabilidad, en el sentido queplantean los trabajadores y en el que propone el Gobierno. Todos estamos de acuerdo con quedebemos tener una ley de movilidad, entonces procuremos que se clara, sencilla y entendible,que nos permita a todo ciudadano argentino saber de que se trata. Ya el 22 de mayo de 1810, elpueblo argentina preguntaba de qué se trata y, ahora, también nos preguntamos lo mismo.

Esta no es una fórmula para que la expliquen los ingenieros o los matemáticos, con todorespeto a la discusión que mantuvieron ayer el senador por Santa Fe y el ministro de Trabajo. Setrata de una ley para todo el pueblo argentino, que hay que entenderla, los propios legisladorestenemos que saber por qué estamos levantando la mano. Si vamos a entender la máquinainfernal que hoy se pondrá en funcionamiento en Suiza, creo que esto será más fácil. En estesentido, pido una reflexión.

Nuevamente le agradezco porque que la información que nos han dado, que resulta muyclara para comprender la real situación en la que estamos.Sr. Morales. — Tiene la palabra el senador Giustiniani.Sr. Giustiniani. — Agradezco a los compañeros la presencia en las comisiones del Senado.

Comparto plenamente lo que expresó Pablo Micheli. Esta es la primera vez, además delos cálculos que escuché del diputado Lozano, que se expresa un cálculo concreto de cuántopodría resultar la aplicación de este fórmula, que abre a preocupaciones concretas. Nosotrosestamos hablando de índices de movilidad.

Ayer le dije al ministro que se incorpora en la fórmula el valor B, que no tiene ningunarelación con el salario. No compartimos el tramo A porque lo ata al 50 por ciento del salario, y elotro 50 por ciento lo ata los recursos; además, le incorpora a la fórmula otro elemento.

Como he escuchado con mucha atención las precisiones claras de Horacio, le pregunto sitiene alguna interpretación acerca del motivo por el que se incorpora el tramo B. Desde mi puntode vista, está claro que siempre resultará menor. Por ejemplo, ayer, cuando me iba, se acercaronmuchos senadores y me decían que todavía estábamos discutiendo esto, porque no tenían enclaro que se aplicaba el valor menor de los dos tramos. O sea, es confuso como plantearon Amenor que B, que algunos senadores no tenían en claro que de las dos cuentas la que opera es lamenor.

A mi entender, aparentemente, la que siempre será menor es la B; por lo tanto, actúacomo un tope. Además, se incorpora un 1,03, le da el plus del 3 por ciento, entonces, esto fuehecho con números concretos, con escenarios concretos porque no es una abstracción paradespués juguemos a ver cuándo dará a futuro.Sr. Fernández (H.). — En principio, creo que está hecho para seguirlo con una lógica: que sigahabiendo un superávit a costa de no pagar lo que hay que pagar como beneficio. Colocar un topetiene que ver con eso. No hay otra explicación.

Sin embargo, si aún se quiere plantear esta fórmula, así como propone un tope tambiénhay que poner un piso, que nunca pueda ser menor que la variación salarial. Podría ser un item Cde esta fórmula. De la misma manera que dice en un punto que nunca podrá ser negativo,entonces, fijemos como tope, que nunca podrá ser menor que la variación salarial. Por lo tanto,se garantiza que no exceda un tope y que no vaya por debajo de un piso. Considero que está seríauna cuestión a tener en cuenta para poder compatibilizar las cuestiones de sustentabilidad.Sr. Giustiniani. — Creo que ese agregado podría ser votado por unanimidad. Si C es igual a B,o sea, al RIPTE, como piso.Sr. Fernández (H.). — Si la cuestión es garantizar sustentabilidad colocando un tope, entoncestambién garanticemos la sustentabilidad de los jubilados fijando un piso.Sr. Morales. — Si bien ningún senador ha solicitado el uso de la palabra, quiero hacer unaaclaración.

En primer lugar, comparto que la técnica legislativa del texto de la sanción de la Cámarade Diputados es bastante mala, porque, RT es la variación de los recursos tributarios porbeneficio, y son todos los recursos tributarios. La interpretación y el supuesto del Poder


Ejecutivo tiene que ver solamente con los afectados al sistema previsional. Inclusive en r, que esla variación de recursos totales por beneficio de la adminsitración nacional, debiera haber dicho:es la variación de los recursos totales de la administración nacional de la seguridad social porbeneficio. Hasta está mal redactado.

Sin perjuicio de esto, es interesante el análisis que hicieron ustedes. El señor ClaudioLozano es un conocedor de este tema y viejo luchador por la movilidad previsional.

No me quedó claro el porcentaje del 8,7 por ciento que determinan como promedio delaño. ¿Cómo es esa determinación? ¿Es para este año, en un supuesto de marzo y septiembre ycomparado con un 15 por ciento? ¿Este 8,7 por ciento es el cálculo de v que ustedes hicieron?Quisiera que me aclaren un poco ese tema.Sr. Fernández (H.). — Después les podemos entregar el trabajo.

Con los cálculos de los recursos totales, que es rt, que toma los ingresos tributarios, losrecursos figurativos y las contribuciones a la seguridad social, no hay ninguna duda respecto alos datos para hacer lo de marzo. Es lo ejecutado de 2007, que ya está, y lo que falta proyectar de2008. Haciendo la variación por beneficio da un 7,5 por ciento para marzo.

Ahora, haciendo las inferencias de cómo puede funcionar el primer semestre del año2009, es decir, cuánto puede ser la recaudación tributaria y tomando las variaciones que puedetener para el año 2009, que también figuran en este trabajo; eso da que lo que daría v para elcálculo del segundo semestre es un 6,2 por ciento.

¿Qué es lo que ocurre? En un año, tenemos enero y febrero sin variación. Hay seis mesesdonde aumenta un 7,8 por ciento y cuatro meses donde aumenta un 4,2 por ciento. Cuando secombina y hace el promedio, da un 8,7 por ciento como máximo para todo el año 2009. Esto estácompuesto por 7,5, que se amplifica en un 3 por ciento, más la variación de recursos del primersemestre, amplificada en un 3 por ciento. Cuando se combina, le da eso.

El cálculo es igual al del 15 por ciento que recibieron este año los jubilados. En realidad,no recibieron un 15 por ciento. Durante seis meses recibieron un 7,5 por ciento. No tuvo todo elaño un 15 por ciento de aumento.

Acá es lo mismo. No es que es el 7 por ciento más el 6 por ciento, da el 14 o el 15 porciento. Pasan seis meses con menos.Sr. Micheli. — De todas maneras, es igual a los aumentos salariales. Para el año 2008, estabapautado un 19,5 por ciento de aumento para los empleados estatales. Se aumentó un 10 porciento a partir del 1_ de junio y un 9,5 por ciento a partir del 1° de agosto. Haciendo el cálculogeneral de los doce meses, en el año 2008, tuvimos un aumento inferior al 8 por ciento. Esa es larealidad. Hubo seis meses en los que no tuvimos aumento.

Esto es lo mismo. Se calcula de la misma manera. Los datos que se pueden comprobarson los del primer semestre de 2007. Tampoco hay demasiada ciencia en la proyección que sehace respecto a cómo viene la economía. No es que puede haber una situación que dispare larecaudación. Hay promedios que se vienen calculando. Por eso da ese 8,7 por ciento para marzo.

Quizás es más complicado asegurar el 6,2 por ciento en septiembre. Pero, ahora hay datosconcretos para calcular marzo…Sr. Fernández (H.). — Y que operan como un tope inexorable.Sr. Morales. — Les pediríamos que nos dejen todos estos trabajos y las planillas de cálculo.

Si no hay más consultas, les agradecemos por su participación.Continuamos con la licenciada Claudia Baigorria, secretaria general de la Federación

Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios, CONADU histórica.Sra. Baigorria. — En primer lugar, agradecer una vez más a la Comisión la posibilidad de poderexpresarnos sobre este tema tan delicado y sensible para el conjunto de la clase trabajadora y queha formado y forma parte de los planes de acción gremial de nuestra federación. La federaciónque me toca representar en esta ocasión es la Federación Nacional de Docentes, Investigadores yCreadores Universitarios, CONADU histórica.

En el día de la fecha, al igual que mañana, estamos impulsando, en todas lasuniversidades nacionales del país, un plan de lucha que tiene que ver con suspensión deactividades y clases públicas sobre tres ejes fundamentales que refieren Bcomo todas lasdemandas que se están realizandoB a la reapertura de la discusión salarial, al reclamo de unajubliación del 82 por ciento móvil para todos los niveles de la educación superior y un urgenterefuerzo presupuestario para que las universidades nacionales puedan enfrentar la crisis edilicia yde cargos docentes que hoy se padece en todo el país.

Con respecto al tema que nos convoca, desde hace muchísimo tiempo, los docentesuniversitarios hemos estado trabajando por la posibilidad de incluir un proyecto de ley que noscontemple, habida cuenta que Bcomo todos ustedes conocenB hemos sido excluidos con lasanción de la Ley de Solidaridad Previsional Bal menos, así se había interpretado erróneamenteB del beneficio de la movilidad jubilatoria que contemplaban los regímenes especiales a los


cuales estábamos incorporados los docentes, científicos, personal de Cancillería, diplomáticos yjueces.

Con el paso de los años, esto no ha sido subsanado. El Legislativo tiene una vieja deudacon nuestro sector. Independientemente de esto, nosotros acompañamos y apoyamosabsolutamente todas las demandas y las exposiciones de los compañeros de la CTA, a la cualpertenecemos, que me han precedido en el uso de la palabra. En particular, nuestro respeto yconsideración por los compañeros de la Federación de Trabajadores, Jubilados y Pensionados dela Central.

Hemos abogados durante todo este tiempo por la restitución de la movilidad jubilatoriapara los docentes e investigadores del ámbito de la educación superior, tanto para el niveluniversitario como el preuniversitario; tal cual lo ha establecido en dos fallos la Suprema Cortede Justicia.

En los últimos años tuvimos la sanción de dos leyes que contemplan a un universo muypequeño, cuasi insignificante, de la docencia universitaria, con la posibilidad de jubiliarse con el82 o el 85 por ciento, respectivamente, del haber en actividad. Me refiero a los nivelespreuniversitarios y los docentes investigadores que acrediten no menos de diez añosininterrumpidos en la actividad de investigación científica debidamente acreditados por losórganos competentes de gobierno del sistema universitario.

De hecho, quedan sin la posibilidad de ser alcanzados por esta normativa los docentescon dedicación simple y semiexclusiva, que son la mayoría de los docentes pertenecientes alsistema universitario nacional. Estamos hablando de más del 80 por ciento de los docentes quehoy están en actividad.

Dichos docentes se encuentran aportando al sistema de reparto, porque así se hadictaminado y todos hemos sido transferidos, más allá de que lo compartimos filosófica ypolíticamente. Todo el sistema universitario hoy se encuentra aportando al sistema estatal.

Quiero decir entonces que esta gran masa de docentes, que representa más de un 80 porciento del plantel docente actual, se encuentra hoy excluido de la posibilidad de gozar de unrégimen previsional que haga que al menos pueda tener un horizonte para acceder a estebeneficio constitucional; como ya lo ha dicho y ratificado en su última sentencia, en el falloBadaro, la Corte Suprema de Justicia.

De este modo, ya se ha hecho prácticamente un hábito que todo docente universitario, almomento de acogerse al beneficio jubilatorio, junto con la solicitud para completar con susrequisitos laborales reciba también otro formulario para ir a la justicia a reclamar por estederecho. Esto ya está asumido hasta por los propios compañeros trabajadores de la ANSeS.

Acerca de nuestro trabajo, va a hacer el doctor Horacio González quien va a poderexplayarse en detalle, técnicamente, a partir del proyecto de ley que hemos impulsado, con suautoría. Éste ha sido presentado e impulsado en Diputados, en comisión, por los diputadosClaudio Lozano, María América González y otros legisladores que vienen trabajando mucho eneste tema.

A partir de esto, nosotros creemos que no sólo hay una deuda sino también un huecojurídico. Precisamente, nosotros no podríamos estar amparando o siendo cómplices de estapráctica cotidiana, que no podemos naturalizar en modo alguno, que es el impulso de juicioscontra el Estado. Sabemos todo lo que eso le ha costado a la historia de nuestro país. Perofundamentalmente, por una cuestión de respeto a nuestros mayores, a nuestros jubilados, y aaquellos docentes e investigadores que han dado lo mejor de su vida para aportar al prestigio quetiene aún, a pesar de la falta de políticas —a mi juicio— o del correlato presupuestario, launiversidad pública en nuestro país. A pesar de todas estas deficiencias, hay docentes que siguenbrindando lo mejor de sí; y que incluso en estas precarias condiciones salariales, luego dejubilarse, solicitan ser recontratados, aun perdiendo salarios, para poder seguir trabajando en elsistema universitario.

Finalmente, no quiero irme sin decir algo que no es ajeno a nosotros: hay otra gran masade docentes que no puede ni podrá acceder al beneficio jubilatorio, más allá de la sanción o no deeste proyecto de ley, que son los docentes que están trabajando sin percibir salario alguno. Merefiero a los docentes ad-honórem. De todos modos, es cierto que se ha avanzado muchísimo enlas negociaciones con el Gobierno y con el Consejo Interuniversitario Nacional. Por primera vezen 20 años de denuncias, desde el año pasado y el presente se comenzó a rentar a 3 mil docentesque vienen trabajando desde hace más de 10 años —muchos de ellos—, con títulos y postítulos,en el sistema universitario.

Esta sigue siendo también una gran demanda. Estos docentes directamente no van a poderjubilarse, al menos no por este régimen. Sí, en cambio, si pertenecen a otro sistema.

Tampoco las nuevas contrataciones. Hoy, en nuestra universidad nacional, el promediode edad ha crecido enormemente, dado el congelamiento de cargos que padecemos en todas las


órbitas del Estado. Pero fundamentalmente se da en las universidades nacionales por ausencia deuna carrera docente. Esta ausencia de cargos disponibles ha hecho que la media etaria hayaascendido considerablemente; y hoy por hoy haya muchos docentes en condiciones de jubilarseque, sin embargo, tienen la incertidumbre de no saber por qué régimen se van a jubilar.

Entonces, que de pronto aparezcan aseveraciones tales en los medios de prensa, comoocurre en el día de hoy, mencionando que los docentes e investigadores van a ser incorporadosen el presente régimen...

Acaba de llegar la diputada María América González. Justamente, iba a referirme a suintervención en la sesión del pasado 3 de agosto, cuando se le dio media sanción al proyecto deley que hoy nos ocupa. Fue precisamente la diputada González quien mencionó que se hablabade la incorporación de docentes y de investigadores a la presente ley, cosa que hoy escuché aquímismo también.

Quiero decir que esto no es cierto y, sin embargo, se sigue diciendo en los medios deprensa en el día de la fecha y sigue siendo mencionado por parte de los compañeros dirigentes eincluso de legisladores. Los invito a que accedan a la versión taquigráfica del diario de sesionesde la semana pasada, donde la compañera María América González pide expresamente que seratifique la inclusión de docentes e investigadores, que se ratifique la plena vigencia de las leyes24.016 y 22.929, para los docentes e investigadores. Incluso, no solamente en lo que refiere altema de definición de los porcentajes de los haberes al momento del cese, sino también para quese establezca cuál es la forma de movilidad.

A esta propuesta de la compañera diputada, el presidente de la Comisión de Previsión ySeguridad Social, el diputado Díaz Roig —representante de la provincia de Formosa—, respondetextualmente lo siguiente: no se aceptan modificaciones. Finalizada entonces esta sesión, se leotorga media sanción a este proyecto de ley con el texto tal cual había sido enviado, con algunaque otra apreciación que se había hecho previamente.

Sí existe —nobleza obliga, hay que mencionarlo— el Decreto 78/94, que es un decreto del27 de agosto del presente año. Es decir, tiene poco tiempo. Fue presentado por el doctor Boudou,el titular de la ANSeS. Aquí precisamente ratifica la pertenencia de docentes e investigadores aeste sistema de movilidad. Ahora, de ningún modo puede un decreto de un funcionario de unarepartición sustituir o remplazar lo que debería ser letra en un texto de ley, porque escontradictorio.

Entonces, además de suscribir a todo lo que han dicho los compañeros que estuvieroninterviniendo antes que yo con respecto al tema del sector que me toca hoy representar, vuelvo aratificar las palabras de la diputada María América González, solicitando que se ratifiqueexpresamente, obedeciendo a lo que han sido fallos de la Corte Suprema de Justicia, la movilidadpara los regímenes especiales a los que pertenecemos los docentes e investigadores.

Quiero decir también, porque no es un dato menor, algo que tiene que ver con nuestraconvicción en términos políticos; que tiene que ver con nuestra historia y que tiene que vertambién con el sector al cual pertenecemos orgullosamente, que es el de la clase trabajadora.También es motivo de orgullo para nosotros pertenecer a la CTA, ya que hemos sido uno de lossectores que desde la época de Domingo Cavallo hemos salido a militar la campaña del millón defirmas para evitar la privatización del sistema previsional.

En esta lógica, durante todos estos años hemos sido consecuentes: no hemos apostado alrégimen de capitalización. Sin embargo, debo reconocer también que muchísimos docentesuniversitarios voluntariamente se acogieron a este régimen, gracias a que las autoridadesuniversitarias abrieron de par en par nuestras casas de altos estudios para ingresaran lospromotores y promotoras de las AFJP.

Ninguno de nuestros trabajadores ha formado parte de estas empresas, que han sido lasAFJP, que entendemos han tenido un rol importante pero que de ninguna manera hanrepresentado ni representan lo que para nosotros es el concepto de seguridad social. Y quecontempla no solamente la posibilidad de acceder a un régimen previsional justo, acorde con lossalarios en actividad —a eso le llamamos movilidad nosotros, no a otra cuestión o fórmula oecuación—, sino que también ha sido consecuencia de nuestra lucha a lo largo de todos estosaños por la vuelta al sistema de reparto y también por el blanqueo —con perdón del términoracista—.

Esto ha tenido también que ver con nuestra política. Hoy podemos decir con orgullo quesomos el único sector de la administración pública que tiene el 100 por ciento de sus salarios conaportes al sistema previsional. Si bien estamos bajos, hoy el 100 por ciento de nuestros salarios—los que tenemos la suerte de tener uno— aportan a nuestras obras sociales y al sistemaprevisional.

Además, quienes ya están incorporados —los investigadores y los preuniversitarios—también están aportando un 2 por ciento adicional para un sistema que aun no sabemos cuál será.


Insisto, como reclamo hemos presentado —figura en nuestro sitio Web— el proyecto de ley dejubilaciones móviles para todos los docentes e investigadores del sistema universitario nacional,tanto de universitarios como preuniversitarios. El sitio Web es www.conaduh.org.ar. Se trata delproyecto presentado por el señor diputado Claudio Lozano y la compañera María AméricaGonzález; asimismo, han contado con el asesoramiento del doctor Horacio González, quienestará mañana junto a ustedes para responder sobre todas las cuestiones técnicas, que a mí mepueden faltar porque soy química. Entiendo de ecuaciones y también de fórmulas, pero no deesta fórmula que tiene otros componentes y aquí las variables ya pasan a ser discretas.

Les agradezco por el tiempo que me han dispensado y quedo a su disposición pararesponder cualquier inquietud que tengan sobre el particular. Invito a todos para que hoy a latarde acompañemos a nuestros jubilados en su ronda habitual de los días miércoles para pelear,hoy más que nunca, por la jubilación móvil y poder dignificar a nuestros viejos.Sr. Morales. — Concretamente, su planteo se refiere a la inclusión de un texto que establezca laplena vigencia de las leyes 24016 y 22929.

Tiene la palabra la señora senadora Viudes.Sra. Viudes. — Me gustaría saber si la total desconfianza respecto de la aplicación del 82 y el 85por ciento se trasluce en alguna percepción incorrecta por parte de alguno de los docentes ocientíficos universitarios.Sra. Baigorria. — ¿A qué se refiere con “percepción incorrecta”?Sra. Viudes. — Porque usted hace una concepción como que no le estuvieran aplicando cuandole pagan el salario a los jubilados el 82, si fuera docente, o el 85 si fuera científico...Sra. Baigorria. — No; si no se entendió, rectifico lo que dije.

Estos docentes que son una minoría del universo de la planta docente actual del sistemauniversitario nacional son los que están contemplados. Son los docentes de nivel preuniversitarioy los docentes con dedicación exclusiva que acrediten 10 años de manera ininterrumpida en laactividad de investigación científica o 15 interrumpidos. Estos docentes —que no llegan a un 15ó a un 20 por ciento, para ser más generosa— están acogidos a un beneficio jubilatorio. La granmayoría que no está cubierta; son las dedicaciones simples y semiexclusivas, o aquellos docentesque teniendo la dedicación exclusiva no pueden acreditar los años de investigación científica,que la propia ley establece como requisito...Sra. Viudes. — Que tampoco, por consiguiente, han hecho el aporte diferenciado a todos losotros. Los que cuentan con este régimen tienen también un régimen de aporte diferenciado.Sra. Baigorria. — Son los que aportan al 2 por ciento…Sra. Viudes. — Si han hecho el aporte diferenciado, están cobrando…Sra. Baigorria. — Así es.Sra. Viudes. — Entonces, no entiendo el porqué de su total desconfianza y sus dichos respectodel representante de la ANSeS y que se debería transmitir en la ley, si la mejor prueba de que seestá aplicando es que se está abonando.Sra. Baigorria. — A estos docentes, sí. Insisto en que la mayoría no está incorporada enninguna de las dos leyes...Sra. Viudes. — Porque no ha aportado...Sra. Baigorria. — Perdón, no es que no esté realizando aportes; realiza los aportes de ley querealizamos…Sra. Viudes. — Realiza el aporte, por supuesto; pero no un aporte diferenciado como realizanlos que cobran el 82 o el 85...Sra. Baigorria. — Podríamos dejarlo de ese modo; pero se entiende lo que quiero decir cuandohablo de “incertidumbre” o de un “horizonte poco claro” para la gran mayoría del sistemauniversitario nacional, que hoy por hoy no sabe por qué régimen se va a jubilar o que, en todocaso, no tiene la posibilidad de acceder al mismo régimen del 82 o del 85, no móvil, como es elcaso del 20 por ciento de la población docente universitaria.

— Se retira la señora Claudia Baigorria, secretaria general de la

Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores

Universitarios (CONADU Histórica).

— Ingresan el señor Gerardo Durselen (asesor) y el señor Luis Cuestas,

secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional

de Tecnología Agropecuaria.

Sr. Morales. — Tiene la palabra el señor Gerardo Durselen. Sr. Durselen. — Estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad de comentar nuestrasituación como investigadores del INTA. En primer lugar, comentaré mi situación personal. Soy ingeniero agrónomo einvestigador del INTA desde hace más de 25 años. Casi al final de mi carrera, participo de laAsociación del Personal del INTA como secretario gremial. Me acompaña el señor Luis Cuestas,


que es el secretario general de la Asociación. La mencionada Asociación agrupamayoritariamente a todo el personal del INTA; más del 90 por ciento de la afiliación la tenemosen personal de la APINTA. Brevemente, muchos de los oradores que me precedieron en el uso de la palabra,estuvieron argumentando a favor de la misma preocupación que nosotros traíamos. Es decir, laplena vigencia de la ley 22929, en la que figura un régimen especial para los investigadores ycientíficos de la República Argentina. Asimismo, deseo señalar que en la actualidad en el mundo moderno no se concibe laplena vigencia de una soberanía o el desarrollo de los países sin una investigación local fuerteque defienda los intereses de los países. Consistentemente con esto, se le dio un rango deministerio y se creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En losúltimos tiempos, aquellos que estamos desde hace mucho en institutos de investigación hemosvisto un refuerzo significativo en nuestros presupuestos. Podría decirse que se le ha dado unaimportancia que para nosotros siempre tuvo y defendimos. Sentimos que por fin, de algunamanera, nuestra labor fue reconocida, sobre todo en una institución como el INTA. En el pasado,se ha visto en el INTA —producto de presupuestos insuficientes, etcétera— una fuerte migraciónde investigadores y científicos, tanto para el exterior como para la actividad privada, que captóinvestigadores en los cuales se han invertido fuertes recursos de la Nación para su formación.Piensen que un investigador no se forma en poco tiempo y se debe perfeccionar en el exterior.Entonces, ha sucedido muchas veces que cuando están los resultados a punto de ser logradospara mejorar el patrimonio del país, el investigador era captado o tomado por alguna empresamultinacional, provocando así el deterioro de la institución a la cual pertenecía. Una de las pocasque se había mantenido en defensa —no sé si llamarlo así— del sistema científico era la plenavigencia de la Ley 22929. Por lo tanto, no quiero reiterar los argumentos que ya esgrimieronalgunas personas que estuvieron antes que nosotros. Nosotros venimos acá justamente paraapoyar la sanción que tuvo en este sentido la Cámara de Diputados, con la plena vigencia de laLey 22929 y de la ley que tiene el sistema científico. Sr. Cuestas. — Agradecemos la oportunidad que nos dan de expresarnos a nuestra Asociacióndel Personal del INTA, como así también al senador Morales por habernos invitado. Concretamente, lo que nosotros estamos pidiendo va en línea con quien nos antecedió enel uso de la palabra, que es que figure el régimen especial de la Ley 22929, manteniendo su plenavigencia, es decir, la movilidad que tiene la ley. Eso implica —como lo explicaba el compañeroDurselen— para todos los que reúnan los requisitos de dicha ley, asegurarse un futuro estable yuna jubilación digna. Lamentablemente, la ley y este régimen especial no figuran expresamente, sino quefigura la movilidad de la nueva que se está proponiendo; que sólo afectaría a los regímenes noderogados. En el caso de la ley 22929 —y tal vez sirva de aclaración— hubo una derogación por eldecreto 78 de 1994, lo que implica que para tener plena vigencia la Ley 22929 hay que ir a laJusticia. Es decir, hay que hacerlo judicialmente, con un juicio declarativo, para que quedeanulado el decreto 78/94 y tenga vigencia la ley, debido a que una norma inferior no puedemodificar una superior. Tengo acá una manifestación de un asesor previsionalista nuestro que dice que el artículo1� del proyecto excluye de su alcance a los regímenes especiales vigentes. Por eso quienestienen sentencias que declaran vigentes el régimen de la Ley 22929 mantendrán el derecho a sumovilidad especial y podrán defender la movilidad judicialmente tal como ocurre en estemomento. Si propusiera en el Senado de la Nación incorporar específicamente estos dosregímenes, dejaríamos de tener que ir a la justicia para que tuviera vigencia la ley 22.929. Quedamos a disposición para vuestras preguntas. Sr. Morales. — En línea con el planteo que ha hecho la licenciada, queda claro que la propuestaes incluir la vigencia de ambas leyes, la 24.016 y 22.929. Si no hay más consultas, les agradecemos la presencia. A continuación, seguimos con la doctora Rosa del Carmen Sorsaburu, secretaria dePrevisión de la Asociación Bancaria, quien está acompañada del señor Jorge García, que tambiénes miembro de dicha Asociación. Sra. Sorsaburu. — Buenos días a todos. En primer lugar, les hago llegar el saludo del doctor Juan José Zanola, quien es secretariode Seguridad Social de la CGT, pero por razones familiares no pudo hacerse presente en estemomento. Él me pidió que les hiciera llegar el saludo y el agradecimiento por esta reunión en lacual ustedes pueden escuchar la palabra de los trabajadores. Yo soy secretaria nacional de Previsión de la Asociación Bancaria y quiero comentarlesque como asociación bancaria nosotros tenemos una historia bastante importante en materia


previsional. Somos un gremio que nació justamente luchando por el tema de la jubilación. Ungremio de características muy previsoras, que se formó por el año 1924, pero previamente tuvoluchas muy importantes justamente en la pelea que tuvo con el gremio de Ferroviarios, que fuetambién uno de los primeros en luchar por el tema de la jubilación. Por lo tanto, tenemos unahistoria previsional bastante importante. Tuvimos épocas doradas. Todos recordamos que los trabajadores teníamos nuestras cajasprevisionales, donde cada sector estaba en la caja de industria, en la caja de bancarios y asípudimos tener la ley del 82 por ciento móvil, con lo cual los trabajadores bancarios tuvieron unaépoca donde su salario iba directamente atado a la evolución salarial. Luego comenzaron las épocas donde empezamos a perder. Así fue con la dictaduramilitar con Onganía, cuando los trabajadores perdimos las cajas y a partir de ahí el 82 por cientomóvil. Posteriormente con la dictadura militar en el año 76 se quitaron los aportes patronalesjustamente para evitar los problemas inflacionarios. En ese entonces, dijeron que no había quehacer aportes a la jubilaciones así no había inflación. Indudablemente, la inflación siguió y loshaberes previsionales fueron bajando. Más cercanamente, para no seguir haciendo historia, tenemos que recordar con la crisisdel 2001 cuando también los haberes jubilatorios se vieron rebajados y el sector más vulnerablede la población tuvo que hacer un aporte del 13 por ciento por la crisis que se estaba viviendo.Después vino el período de la devaluación y nunca pudimos llegar a que haya una recuperaciónde los haberes previsionales en la proporcionalidad como se ha estado llegando con lostrabajadores activos. Y es el sector más vulnerable de la población, que destina prácticamentetodos sus ingresos a remedios y también al sostenimiento de sus alimentos. Pero,fundamentalmente, al problema de salud. También tenemos un problema serio en salud, que lamentablemente tienen que sufrirdoblemente los trabajadores jubilados. Por eso, nuestro secretario nacional, en su carácter de secretario de Seguridad Social,junto con el secretario general de la CGT, Hugo Moyano, han hecho una declaración dondeentendemos que la evolución de los haberes de los compañeros jubilados tiene que seguir laevolución de los salarios, porque nosotros consideramos a nuestros compañeros jubilados comotrabajadores pasivos y a la jubilación como un sustituto del salario. Entonces, en función de esoes que consideramos que tiene que seguir la evolución de los salarios. En ese sentido, se hahecho esa declaración y también se ha planteado la necesidad de hacer previo a la movilidad unaactualización de los haberes para que cuando llegue la aplicación de la movilidad haya unaactualización correcta de los haberes de los compañeros para que ésta sea realmente efectiva ytenga un valor como el que se está pretendiendo dar. En este panorama que hemos planteado, no podemos dejar de reconocer este esfuerzo quese está haciendo. Nos parece muy importante que en treinta años se cambie este paradigma dedecir que se venía quitándole a los trabajadores jubilados para comenzar a decir que ahoracomenzamos a dar un paso adelante. Eso también queremos valorarlo, porque es importantevalorar cuando de aquí en más estamos pensando en ver cómo podemos avanzar en el temajubilatorio. También es importante saber que nunca se va a poder hacer una rebaja en el haberjubilatorio. Este creo que es un tema importante, en el sentido de que realmente no se debevolver atrás, y que los haberes jubilatorios no pueden volver a sufrir una rebaja.

Pero no podemos dejar de mencionar temas que sí nos preocupan, como es el caso de lasdificultades que tiene esta fórmula ––sobre la cual varios expositores se han referido muyclaramente––, dificultades que también tienen como componentes variables que uno no puedellegar a manejar. Por ejemplo, si esta movilidad está atada a una recaudación y hay algunavariación en los impuestos ––ya que éstos pueden variar y, de repente, podría bajar el valor delIVA–– ¿de dónde vamos a sacar la plata para sostener esta jubilación?

Por lo tanto, creo que en la ley tendría que constar una garantía que asegure que estoscomponentes, que tienen que ver con las fórmulas, se puedan suplir en caso de algunamodificación, porque son recaudaciones que están planteadas en una ley y eventualmente pormedio de un decreto, tal como se hizo con las contribuciones patronales estando vigente la Ley24.241, se pueden modificar. O sea, cualquiera de los aportes que se hacen en este momento.

Vemos también con suma preocupación que no haya una precisión respecto de cómofinanciar desde otras fuentes como, por ejemplo, rentas extraordinarias, el sistema jubilatorio y,de esta manera, poder dar una respuesta a todas las necesidades que tienen los compañerosjubilados.

En el caso específico del gremio de los bancarios, normalmente está muy atado a laevolución del salario en actividad, ya que cuando se hacen los aumentos salariales, el trabajadorbancario puede saber cuánto cobra su compañero en actividad. Esto se da de esa manera, porque


existe una cierta jerarquía y diferentes escalas salariales y cargos, con lo cual el jubilado secompara y puede deducir que está cobrando el 25 por ciento de lo que cobra su compañero enactividad.

Entonces, creo que hoy por hoy, el tema jubilatorio en el sector bancario, más allá deltema general de CGT, está en una situación muy delicada, porque la pérdida que sufrió duranteestos últimos años ha sido gravísima. En consecuencia, se ven obligados a iniciar juicios; juiciosinterminables en los que muchas veces no llegan a ver los resultados. De tal modo queentendemos que debería haber soluciones, sobre todo en el ámbito administrativo, para aligerarsituaciones; ya sea en todo lo vinculado a los haberes iniciales mal liquidados, como así tambiénpara ver las actualizaciones. Realmente, creo que podrían existir pasos administrativos queagilicen los problemas que tienen nuestros compañeros a fin de evitar cualquier tipo de juicio.

Hay muchas cuestiones por solucionar con respecto al tema jubilatorio. Quizás estémezclando las cosas, porque hoy estamos analizando la posibilidad de incorporar una movilidadjubilatoria. Pero nosotros entendemos que esta movilidad jubilatoria regirá de aquí en adelante yno soluciona las situaciones que sucedieron en el pasado. Entonces, si primero habláramos deuna movilidad jubilatoria y pudiéramos sancionar una ley de movilidad jubilatoria que fuera conla evolución de los salarios y que tuviera que ver con la evolución de los mismos, posteriormentepodríamos abocarnos a solucionar el problema jubilatorio en su conjunto, en función de queestamos en un país que está creciendo y yendo para adelante. Entonces, en ese cambio, se tieneque resolver la deuda del pasado y el hecho de cómo vamos a tener un régimen de jubilacionesque sea público, único y de reparto.

En ese sentido, también quiero mencionar que la Asociación Bancaria fue uno de lospocos gremios que cuando salió el régimen de las AFJP estuvo en contra y, como gremio, no sesumó a la idea de tener una administradora de fondos de pensión. Es más, siempre mantuvimosnuestra posición respecto de que tenía que haber un régimen único, público y de reparto; en todocaso, si uno después quisiera hacer un aporte que suba el excedente en algún otro régimen, lopodía hacer.

A su vez, el año pasado, cuando se discutió la iniciativa que promovía la vuelta delrégimen de reparto, fuimos uno de los pocos gremios que hizo campaña callejera y en todosnuestros bancos para que los compañeros vuelvan al régimen único, público y de reparto.Creemos que en la medida que se pueda llegar a conseguir un único régimen jubilatorio, reciénahí vamos a poder decir que estamos encaminándonos a una solución más sustentable en cuantoal tema jubilatorio. Mientras tanto, vamos a estar poniéndole parches a esta cuestión.

Celebramos que se trate el tema de la movilidad jubilatoria porque entendemos que es untema que no estuvo en debate durante todos estos años y tampoco estuvo en muchas agendasdurante mucho tiempo. Creo que el hecho que se discuta este tema realmente es bueno, perocreemos que es fundamental que se le agreguen estas pequeñas modificaciones que tiene quetener la ley para que, por lo menos, sea creíble y podamos volver al régimen único, público y dereparto. Posteriormente a ello, podremos hacer el gran debate de la jubilación porque este no esun tema sólo de los jubilados, es un tema de todos aquellos trabajadores que hemos y estamosaportando y necesitamos recuperarlos y que sean sustentables en el tiempo.

Quiero agradecerles a todos ustedes por el espacio que nos han dado. Nuestra intenciónera hacerles llegar la preocupación que tienen todos los jubilados y la esperanza que ellos tienende tener un régimen de movilidad y no estar pendientes de ver, como han estado durante todosestos años, qué es lo que ocurre y de ver si alguien, por decreto, les puede darles o no unajubilación. Para nosotros eso es valioso, pero sabemos que si esta movilidad no llega a ser laesperada, nuestros compañeros no van a estar satisfechos.

Hubo una participación de uno de los compañeros que me antecedió respecto del mínimo,que sí la quiero resaltar. Creo que es muy importante que cuando haya topes, también seestablezcan los mínimos. No puede ser que me digan que un año no se les puede dar un aumentoa los jubilados. De hecho, puede existir que así como está dada esta fórmula, un año se decidaque los jubilados no pueden tener aumento, cuando los trabajadores sí lo han tenido.

Entonces, creo que hay que establecer un mínimo. Por lo menos, tiene que haber unmínimo que garantice que el jubilado tenga el aumento, sobre todo, cuando ha habido aumentossalariales, porque para que haya una verdadera movilidad creíble, ésta tiene que tener en cuentala evolución de los salarios y, fundamentalmente, si hay una disparidad y si hay que elegir entreuna u otra cosa, hay que elegir el tema salarial. Creo que este aspecto debería estar planteado enla ley.Sr. Morales. –– Tiene la palabra la senadora Escudero.Sra. Escudero. –– ¿Cuál es el porcentaje del salario de una persona en actividad que conformala jubilación de arranque, en el caso de ustedes?Sra. Sorsaburu. –– En este momento, ha habido una modificación por las nuevas


reglamentaciones de la ANSeS por la actualización que tuvo la Ley 24.241, que plantea que almomento de jubilarse, se tiene que hacer una actualización de los últimos diez años. Estaactualización no se venía haciendo porque como se decía que no había inflación, no se hacíadicha actualización. Pero a partir de este año, se hace esa actualización y, entonces, una personaque ha trabajado siempre en el Estado, aproximadamente, se puede llegar a jubilar con un 60 porciento de su salario en actividad.

El problema es que si ha estado en capitalización —y ese es el drama que tenemos conese régimen—, ese porcentaje baja, porque últimamente los fondos han estado para abajo.Entonces, indudablemente, a esos compañeros que han pasado estos últimos 14 años en esesistema, le suben los aportes por los últimos años que hayan estado en el régimen de reparto,pero les bajan los correspondientes al de capitalización. Y pueden estar llegando a un 45 ó un 50por ciento.

Cuando uno está habituado a un cierto nivel de gastos, es difícil bajar de golpe a menosdel 50 por ciento.Sra. Escudero. — Estamos hablando de entre el 50 y el 60 por ciento. O sea que si nosotrosaprobáramos una movilidad solamente vinculada al salario, estaríamos manteniendoaproximadamente ese porcentaje del salario en actividad.Sra. Sorsaburu. — En este momento, sí. Depende de la cantidad de años que se haya estadoen...Sra. Escudero. — Pero por ejemplo, para una persona que se jubila con el 60 por ciento delsalario en actividad, si su movilidad va atada solamente al aumento del salario, lo que hago esmantener esa proporción de la jubilación con relación al salario. Y si aplico el índice de aumentode tributos cuando es mayor, lo que estoy haciendo es acompañar a que haya una suba de eseporcentaje en la medida que los tributos aumenten. Esa sería la mejor fórmula.Sr. García. — En mi opinión —que no es la de la asociación bancaria a la que asesoro—,salarios y tributos van más o menos parejos. El tema es de dónde partimos, que es lo que estátratando de marcar la doctora Sorsaburu.

La tasa de sustitución de las jubilaciones otorgadas bajo la ley anterior para lostrabajadores bancarios actualmente está en torno al 25 ó 30 por ciento del salario en actividad.Con la sanción de la ley 24.241 entiendo que el porcentaje que les daba del 60 por ciento era pararemuneraciones que no excedan los 3 mil pesos. Porque donde se va subiendo en la escalasalarial, el desfasaje es mayor y la tasa de sustitución se va achicando. Para remuneraciones queestén en torno a los 1.500 pesos, probablemente la tasa supere hasta el 60 por ciento. Pero en lamedida que se va subiendo, para las remuneraciones de más de 4 mil pesos, no puede ser más del45 por ciento, que, por otra parte, es aproximado a lo que históricamente pagó el sistemaprovisional en la Argentina, que nunca fue más del 47 por ciento.Sra. Sorsaburu. — Indudablemente, uno de los temas importantes a tener en cuenta y paraanalizar es el del cálculo del haber inicial. Porque cualquier movilidad que parta de haberesiniciales bajos, obviamente siempre va a mantener esa disparidad con el salario en actividad.Sr. Morales. — Lo que se había planteado ayer era desde qué base se partía para la aplicación deesta ley y la cuestión de la actualización a partir del criterio de la Corte en el caso Badaro. Esdecir, no ya el reajuste, que es otro debate que también consideramos que hay que plantear, perosí la cuestión de la actualización. Porque son 260 mil juicios, de los cuales 195 mil son porreajuste, por actualización, y seguirán en la justicia.

La ANSeS ahora, con gran tino, ha tomado una decisión importante con relación a norecurrir las resoluciones judiciales de primera instancia. Va a colapsar la justicia, con lo cual estamedia sanción no va a resolver el problema de la litigiosidad.

Considerar la cuestión de la actualización también haría recuperar el deterioro quesufriera el haber del jubilado durante estos últimos 15 años.Sr. García. — Los tres problemas históricos que hubo en materia de reajuste por jubilacionesfueron la existencia de tope, el error en el cálculo y la falta de movilidad.

El error en el cálculo es de la ley anterior. Son muy pocos los casos en la ley vigente. Laexistencia de tope sigue vigente como un cuestionamiento a la ley actual. Y con respecto al temade la movilidad, este es el primer intento de resolverlo.

Es terrible cómo crecieron las demandas en seguridad social en los últimos 3 años.Sra. Sorsaburu. — En nuestro caso, una gran parte de esos 195 mil juicios es de bancarios.

Realmente es muy importante para nosotros tener la actualización.Sr. Morales. — Muchas gracias.

Con estas exposiciones damos por concluida la reunión.— Son las 13 y 36.

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REPÚBLICA ARGENTINA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA · 2020. 6. 26. · 10 de septiembre de 2008 Versión Taquigráfica Pág. 2 — En Buenos Aires, en el Salón Azul del H. Senado de la