REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER ... · Sentencia 2ª instancia. M.C.O.P. Radicado 05001 31 03 008 2016 0412 02 Página 1 de 17 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL

S e n t e n c i a 2 ª i n s t a n c i a . M . C . O . P . R a d i ca d o 0 5 0 0 1 3 1 0 3 0 0 8 2 0 1 6 0 4 12 0 2 P á g i n a 1 d e 1 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO

“Al servicio de la just icia y de la paz social”

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL

Medellín, veintiséis (26) de junio de dos mil veinte (2020)

-discut ida en sesión vi rtual de la fecha-

PROCESO VERBAL DEMANDANTE MARÍA ROCÍO ATEHORTUA

GIOVANNY ALBERTO GIL ATEHORTUA MÓNICA JANETH GIL ATEHORTUA en nombre prop io y en rep resentac ión de DANIEL ALEJANDRO VALENCIA GIL y MIGUEL ÁNGEL VALENCIA GIL JESÚS EMILIO GIL G IL SERGIO ALEXANDER GIL ATEHORTUA

DEMANDADO SALUDCOOP EPS RADICADO 05001 31 03 08 2016 00412 02

In te rno : 2019-153 INSTANCIA SEGUNDA –APELACIÓN SENTENCIA- PROCEDENCIA JUZGADO OCTAVO CIV IL DEL CIRCUITO DE

MEDELL ÍN PROVIDENCIA SENTENCIA N° 041 TEMAS Y SUBTEMAS

RESPONSABIL IDAD CIVIL MÉDICA PRESUPUESTOS ESTRUCTURANTES

DECISIÓN CONFIRMA MAGISTRADA PONENTE

MARTHA CECIL IA OSPINA PATIÑO

Previo a abordar el estudio del asunto, es pert inente poner de presente que,

aunque el Código General del Proceso establece la oral idad como regla

general en el t rámite de los procesos civi les, en este caso la etapa de

sustentación y de sentencia se real iza de forma escri ta, en amparo en el

Decreto Legislat ivo 806 del 4 de junio de 2020 del Ministerio de Just ic ia y

del Derecho, por medio del cual se adoptaron medidas para implementar las

tecnologías de la información y se f lexibi l izó la prestación del servicio de

just ic ia, debido al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

generado por el vi rus Covid 19, normativa que posibi l i tó el t rámite escri tural

de la segunda instancia en materia civi l .

S e n t e n c i a 2 ª i n s t a n c i a . M . C . O . P . R a d i ca d o 0 5 0 0 1 3 1 0 3 0 0 8 2 0 1 6 0 0 4 12 0 1 P á g i n a 2 d e 1 7

Así entonces procede el Tribunal a decidi r sobre el recurso de apelación

interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el

JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN , el 30 de

noviembre de 2018, dentro del proceso ordinario de responsabi l idad civi l

promovido por MARÍA ROCÍO ATEHORTUA, GIOVANNY ALBERTO GIL

ATEHORTUA, MÓNICA JANETH GIL ATEHORTUA en nombre propio y en

representación de DANIEL ALEJANDRO VALENCIA GIL y MIGUEL ÁNGEL

VALENCIA GIL, JESÚS EMILIO GIL GIL y SERGIO ALEXANDER GIL

ATEHORTUA contra SALUDCCOP EPS.

I . ANTECEDENTES

1. LA PRETENSIÓN.

La parte actora formuló las siguientes pretensiones: 1. Que SALUDCOOP

EPS es civi lmente responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados

a los demandantes por la negl igencia médica que derivó en la muerte del

señor Fabián de Jesús Gi l Atehortúa. 2. Que la demandada debe pagar por

concepto de indemnización lo siguiente: DAÑO EMERGENTE $8.000.000.

PERJUICIOS MORALES . Para los padres del fal lecido, señores María Rocío

Atehortúa y Jesús Emil io Gi l Gi l -500 smlmv-; para los hermanos -250 smlmv-

y, para los sobrinos -100 smlmv-. LUCRO CESANTE FUTURO.

$479.859.984. LUCRO CESANTE. $1.933.050. DAÑO A LA VIDA DE

RELACIÓN . 200 SMLMV. 3. CONDENAR a la demandada en costas del

proceso (f ls. 24 a 26 y 167 a 170 c-1).

2. FUNDAMENTO FÁCTICO.

De los hechos narrados en la demanda (f ls. 2 a 21 c.1) se sintet izan los

relevantes para el asunto de la s iguiente manera:

El señor Fabián de Jesús Gi l Atehortúa (fal lecido) era hi jo de María Rocío

Atehortúa de Gi l y Jesús Emil io Gi l Gi l ; hermano de Giovanny Albei ro,

Mónica Janeth y Sergio Alexander Gi l Atehortúa y, t ío de los menores David

Alejandro y Miguel Ángel Valencia Gi l .


El señor Fabián de Jesús Gi l Atehortúa laboraba como asesor del sistema de

gest ión de cal idad, en varias inst i tuciones hospitalarias, recibiendo

mensualmente la suma de $1.500.000 y estaba af i l iado, en el sistema

general de seguridad social en salud, a la EPS SALUDCOOP.

El 21 de jul io de 2012 el señor Fabián presentó mareos muy fuertes,

opresión en el pecho, sensación de taquicardia, por lo que su famil ia lo l levó

de urgencias a la ent idad hospitalaria del Municipio de Anorí donde lo

remit ieron a la EPS Saludcoop.

El señor Fabián de Jesús Gi l Atehortúa fue ingresado al servicio de

urgencias de la demandada, pero lo dejaron “t i rado” esperando que el

médico de turno lo evaluara y le prescr ibiera medicación, s in ordenar la

práct ica de exámenes médicos.

Después de permanecer un buen rato en urgencias la única atención médica

que se le brindó fue la implantación de un catéter, sin medicamento alguno,

razón por la cual la progenitora del señor Fabián sol ici tó en varias

oportunidades que revisaran a su hi jo y le suminist raran alguna medicación,

pues lo evidenciaba cada vez más deter iorado.

Que los galenos le manifestaron a la progenitora del señor Fabián que éste

presentaba una neumonía, recentándole medicamentos para esa afección y

remit iéndolo para la casa, sin real izarle ningún examen médico.

Desde el al ta, el señor Fabián no presentó mejoría y por el contrario su

estado de salud fue empeorando, por lo cual sol ici tó una nueva valoración

médica, la cual se le real izó el 12 de agosto de 2012, siendo internado de

manera inmediata en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde el médico

procedió a real izarle tr iage, luego de lo cual le informa a los famil iares que

no t iene nada de gravedad, pero empezaron a dar dist intos diagnóst icos,

entre el los asma y neumonía atípica, los que fueron dados sin real izarle

antes el procedimiento protocolario para conf i rmar la presencia de alguna

patología que pusiera en riesgo la vida de éste.


Los demandantes sospechaban que su famil iar estaba padeciendo de

problema cardiaco, sol ici tando la remisión de éste a una cl ínica

cardiovascular, pero el personal médico se negó a hacerlo.

El señor Fabián siguió sin presentar mejoría, siendo el lo la razón por la cual

el 15 de octubre de 2012 debió ser l levado de manera urgente a la EPS, en

un estado de inconciencia total , debiendo ser internado nuevamente en

cuidados intensivos, ésta vez con un diagnóst ico de insuf iciencia cardiaca

congest iva no especi f icada.

Los demandantes consideran que el señor Fabián requería la inmediata

remisión a una cl ínica cardiovascular, pero cuando la EPS decidió emit i r la

orden de t raslado éste ya presentaba un infarto agudo y fal la coronaria, lo

que f inalmente le causó la muerte.

Que en los eventos graves donde se ve comprometida la vida de un paciente

las eps deben actuar máximo en 15 minutos, pero desafortunadamente

Fabián no fue atendido de forma priori taria.

Todo el grupo famil iar se ha afectado por el dolor que les causa la pérdida

temprana de su hi jo y hermano, imposibi l i tando la agradable relación famil iar

que existía antes del hecho.

3. POSICIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

Admit ida la demanda (fol . 172, c.1) se not i f icó a la demandada

personalmente (f l . 221 c-1), quien dio respuesta en los siguientes términos:

Di jo que es cierto que el paciente ingresó a una IPS de alta complej idad en

la ciudad de Medel l ín, la cual t iene convenio con Saludcoop EPS, pero no

fue la EPS la que prestó el servicio de salud; que es verdad que al paciente

no se le real izó t r iage en UCI, pues al estar al l í ya está catalogado como

grave y con su ingreso a UCI ya se encuentra atendido; el paciente fue

atendido en una cl ínica de al ta complej idad; se le pract icaron todos los

procedimientos necesarios en pro de su curación; se le ordenaron y


real izaron los exámenes y procedimientos necesarios, pero el cuerpo médico

no puede garant izar la efect iva curación.

Formuló las excepciones que denominó: INEXISTENCIA DE PERJUICIOS

OCASIONADOS: El actuar de la EPS fue acorde con la normativa vigente, le

prodigó todas las atenciones médicas que requirió, emit ió todas las

autorizaciones necesarias y la remit ió a la red de prestadores habi l i tados

con las normas vigentes para el lo, le proporcionó atención médica

especial izada y acorde con sus patologías. AUSENCIA DE

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN :

con el mismo sustento anterior. AUSENCIA DE CULPA . Con igual

fundamento. ROMPIMIENTO DEL NEXO DE CAUSALIDAD . Porque las

complicaciones sufridas por el paciente no son imputables a Saludcoop (f ls.

222 a 228 c-1).

4. ACTUACIÓN PROCESAL

Trabada la Li t is, se corrió t raslado de las excepciones presentadas por la

demandada, luego de lo cual se f i jó fecha para la audiencia inicial

establecida en el art ículo 372 del C.G.P, la que se real izó el 22 de febrero

de 2018 (f l . 252 c-1), di l igencia donde se surt ió la etapa de conci l iación,

interrogatorios de parte, f i jación del l i t igio, saneamiento del proceso y

decreto de pruebas.

El 18 de abri l de 2018 se real izó la audiencia de inst rucción y juzgamiento,

donde se inició la práct ica de pruebas, di l igencia cont inuada el 8 y 30 de

noviembre de 2018, en ésta úl t ima se recibieron alegatos y se dictó

sentencia (f ls. 357 y 361 c-1). Debido a una fal la en los audios, la audiencia

del 18 de abri l de 2018 debió ser reconstruida, lo que se efectuó el 18 de

jul io de 2019 (f l . 472 c-1).

5. DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El juez decide desest imar las pretensiones de la demanda e imponer

condena en costas a la parte demandante.


Para resolver el asunto inicia por indicar que están sat isfechos los

presupuestos procesales.

Siguió por refer ir de forma sucinta a los hechos de la demanda y a la

contestación.

Luego, aludió a la responsabi l idad médica y a los presupuestos para la

prosperidad de una acción de este t ipo, para lo cual se apoyó en la

jurisprudencia de la Corte Suprema de Just icia.

Continuó por estudiar las pruebas, con especial énfasis en la historia cl ínica

y la peric ia, indicando que no existe prueba de la culpa, de impericia,

negl igencia, o fal ta a la lex art is; que no se demostró que la atención no

fuera adecuada, quedando las af i rmaciones de los demandantes huérfanas

de prueba y que, como no probada la culpa no hay lugar a estudiar los

demás elementos de la acción, ni las excepciones (Cd obrante a fol io 361 c-

1).

6. DE LA IMPUGNACIÓN

Noti f icada la decisión por estrados, dentro de la oportunidad debida la parte

demandante recurrió en apelación, exponiendo en la audiencia y en escri to

posterior los reparos que se sintet izan así:

1. Se probó que desde el año 2010 el fal lecido presentaba una fal la

cardiaca, por lo cual desde esa época se le debió real izar exploración para

descubri r la patología; no obstante, cuando el paciente acudió a la unidad de

urgencias del Municipio de Anorí fue tratado por un padecimiento respi ratorio

y no se le real izaron estudios para la patología cardiaca y, al momento de

fal lecer tampoco se encontraba en t ratamiento médico por ese padecimiento.

2. El peri to fue claro en indicar que sí exist ieron unos procedimientos

médicos no real izados al paciente, entre el los la biopsia al miocardio y un

examen con cardiología, los que considera la recurrente debieron ser

prestados desde que éste acudió al servicio de urgencias.


3. Reprocha que el juez tuvo en cuenta para decidi r esencialmente el

dictamen pericial , reclamando a la judicatura apartarse de la expert icia, para

cuyo efecto sol ici ta se anal ice la documentación que aporta después de la

sentencia.

Y en la oportunidad concedida para sustentar su recurso en esta instancia,

presentó de forma digi tal escri to en el que expuso que se reunieron los

presupuestos para la conf iguración de una responsabi l idad civi l porque el

señor Fabián fal leció por una omisión en la prestación del servicio, en tanto

desde el año 2010 se determinó que venía padeciendo una patología

cardiaca la cual no fue t ratada adecuadamente, pues en la atención médica

brindada en el Municipio de Anorí se le suminist ró medicación y tratamiento

como si se tratara de una gripa, sin tener en cuenta los antecedentes

cardiacos de éste y, en general en las eps que lo atendieron no le efectuaron

ayudas diagnost icas para establecer cuál era el origen de los síntomas que

presentaba.

El peri to que rindió expert icia en el proceso estableció que fal tó la

real ización de procedimientos médicos como la biopsia al miocardio y

examen por cardiología, no siendo lógico que luego concluya que la atención

brindada fue acorde a la lex art is , máxime cuando la prueba documental da

cuenta de lo contrario, pues la atención realmente fue tardía.

I I . CONSIDERACIONES

1. VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PROCESALES Y AUSENCIA DE

VICIOS DE NULIDAD.

Se ha establecido por el Tribunal que en el caso objeto de examen se

cumple con los presupuestos procesales para la t ramitación del proceso, s in

que se advierta causal de nul idad alguna que pueda comprometer la val idez

de lo actuado, lo que permite abordar el fondo del asunto en esta instancia,

conforme los reparos y la sustentación formulada por la parte recurrente.


En esta etapa resulta pert inente advert i r que la única demandada en este

proceso es Saludcoop EPS, ent idad que aún no se encuentra l iquidada, sino

en estado de l iquidación, por lo que es posible decidi r de fondo esté asunto,

advi rt iendo los memoriales y escri tos que mil i tan a fol ios 413 a 469 c-1

donde se sol ici ta la terminación del proceso por la l iquidación de la IPS

Saludcoop, no resultan relevantes, en tanto dicha IPS ni siquiera es parte en

este proceso.

2. PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER

A part i r de los argumentos de inconformidad planteados por la parte

recurrente-demandante, deberá resolver esta Sala de Decisión, si en el

presente caso realmente se encuentran acreditados los presupuestos para la

declaratoria de la responsabi l idad médica como af i rma la parte recurrente,

con especial énfasis en el elemento culpa o, si , por el contrario, como lo

sostuvo el juez de primer grado, los mismos no se demostraron y por lo tanto

no se conf igura la responsabi l idad médica pretendida.

3. PREMISAS JURÍDICAS Y JURISPRUDENCIALES APLICABLES AL CASO

3.1. RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA

En este t ipo de responsabi l idad civi l donde se enjuicia un acto médico, es

necesario que concurran todos los presupuestos materiales para el éxi to de

la pretensión, como son la prueba de una conducta act iva u omisiva,

violación del deber de asistencia y cuidado profesional t raducido en culpa

del médico; el daño padecido por la parte demandante a causa de esa

conducta médica; y la relación o nexo de causal idad adecuada entre el

comportamiento act ivo u omisivo del profesional y el daño padecido por el

actor.

En el enjuiciamiento se parte entonces del anál isis de la conducta médica, la

cual “puede ser un hecho posit ivo: acción por comisión o un hecho negativo:

acción por omisión. Así la conducta del médico comprometerá su

responsabi l idad cuando niega la asistencia al paciente y será por un hecho

negativo. En cambio cuando el médico cumple mal su trabajo por

imprudencia o impericia que causa o genera un daño al paciente, está


real izando un hecho posit ivo donde compromete su responsabi l idad”.

(ROJAS Salgado Manuel de Jesús, Responsabi l idad Civi l Médica, 3 ed.,

2015, Librería Jurídica Sánchez R. Ltda, ci ta a Yepes Restrepo Sergio,

pag.69).

Para determinar la conducta culpable del médico, sea esta por acción o por

omisión, es necesario establecer la di ferencia entre obl igaciones de medio y

de resultado. Las pr imeras, es deci r las de medio, son las que permiten al

deudor obrar dentro de las reglas de la di l igencia y cuidado, no asume

responsabi l idad por la inejecución o el resultado adverso en la ejecución de

sus obl igaciones. En la relación jurídica médico-paciente, el médico asume

la posición de deudor de la prestación y siendo así, el deudor se exonera

demostrando que actuó en forma di l igente y cuidadosa (art ículo 1604 inc. 3),

corriendo con la carga de la prueba de lo contrario, la parte que lo reclama.

Tipo de obl igación que corresponde a los profesionales de la medicina,

quienes en desarrol lo de la prestación de los servicios médicos, asumen la

obl igación de otorgar al paciente el t ratamiento que aconseja la lex art is ,

pero no pueden garant izarle que se mejorará, por lo que se traslada a la

parte demandante la carga de la prueba de la negl igencia, impericia e

imprudencia presentada en ese acto médico que se demanda.

Por el contrario, en las obl igaciones de resultado, el deudor se ve forzado a

garant izar la prestación perseguida por el acreedor, considerándose en

algunos casos que no hay exoneración, presumiéndose la culpa, como

ejemplo la deuda de una suma de dinero, el contrato de transporte y en

algunas ocasiones la atención médica cuando se ha adquirido esta

obl igación.

Ese acto médico que se juzga debe estar acompañado de la demostración

de la culpa o negl igencia, carga probatoria que corresponde a la parte

demandante, quien debe demostrar que la act ividad médica fue culposa,

entendiendo la culpa conforme a lo que desde antaño ha venido diciendo la

Corte Suprema de Just icia, cuando en sentencia de marzo 5 de 1940, señaló

“culpa que el profesional de la medicina comete inf r ingiendo las reglas que

S e n t e n c i a 2 ª i n s t a n c i a . M . C . O . P . R a d i ca d o 0 5 0 0 1 3 1 0 3 0 0 8 2 0 1 6 0 0 4 12 0 1 P á g i n a 1 0 d e 1 7

regulan el funcionamiento de la misma, de la l lamada lex art is o lex art is ad

hoc”.

Sobre la demostración de la CULPA en t ratándose de responsabi l idad

médica por obl igaciones de medio, la Sala de Casación Civi l de la Corte

Suprema de Just ic ia1 (Magist rado Ponente Dr. ARTURO SOLARTE

RODRÍGUEZ. Bogotá D.C., t reinta (30) de noviembre de 2011), ha señalado:

2.2. En punto de la aludida responsabi l idad en el ámbito contractual, la Sala, en pronunciamiento de 30 de enero de 2001 (expediente No. 5507), expresó que fue “en la sentencia de 5 de marzo de 1940 (G.J. t . XLIX, págs. 116 y s.s. ), donde la Corte, empezó a esculpi r la doctrina de la culpa probada” , cri terio que, “por vía de principio general ” , es el que actualmente el la sost iene, que fue rei terado en sentencia de 12 de sept iembre de 1985 (G.J. No. 2419, págs. 407 y s.s.) , en la que se af irmó que “(…) ‘el médico tan sólo se obl iga a poner en act ividad todos los medios que tenga a su alcance para curar al enfermo; de suerte que en caso de reclamación, éste deberá probar la culpa del médico, sin que sea suf iciente demostrar ausencia de curación’ (…)”, 26 de noviembre de 1986 (G.J. No. 2423, págs. 359 y s.s. ), “8 de mayo de 1990, 12 de jul io de 1994 y 8 de sept iembre de 1998” (se subraya). Más adelante puntual izó que “resulta pert inente hacer ver que el meollo del problema antes que en la demostración de la culpa, está es en la relación de causalidad entre el comportamiento del médico y el daño sufrido por el paciente , porque como desde 1940 lo af i rmó la Corte en la sentencia de 5 de marzo, que es ciertamente importante, ‘el médico no será responsable de la culpa o falta que se le imputan, sino cuando éstas hayan sido determinantes del perjuicio causado ’ ” . En def ini t iva, al l í se concluyó “que en este tipo de responsabilidad [médica contractual] como en cualquiera otra, deben concurrir todos los elementos o presupuestos materiales para el éxito de la pretensión, empezando por supuesto con la prueba del contrato, que es carga del paciente, puesto que es esta relación jurídica la que lo hace acreedor de la prestación del servicio médico, de la atención y el cuidado. Igualmente, corresponde al paciente, probar el daño padecido (lesión f ísica o psíquica) y consecuentemente el per juicio patrimonial o moral cuyo resarcimiento pretende. Ahora, probado este úl t imo elemento, sin duda alguna, como antes se expl icó, que lo nuclear del problema está en la relación de causal idad adecuada

1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . SALA DE CASACIÓN CIV IL . Mag is t r ado Ponente : ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ. Bogotá D.C. , t re in ta ( 30) de nov iembre de dos mi l once (2011)


entre el comportamiento act ivo o pasivo del deudor y el daño padecido por el acreedor, pues es aquí donde entran en juego los deberes jurídicos de atención y cuidado que en el caso concreto hubo de asumir el médico y el fenómeno de la imputabi l idad, es deci r, la at ribución subjet iva, a t í tu lo de dolo o culpa (…). (Negri l la fuera del texto original ).

Se suma a los anteriores presupuestos de la acción de responsabi l idad civi l ,

la demostración del daño causado con esa conducta médica culposa, daño

que para ser civi lmente indemnizable debe comprender el menoscabo de las

facultades jurídicas que t iene una persona para disf rutar un bien patrimonial

o extrapatrimonial , y ha sido ocasionado por persona diferente a la víct ima y

en forma i l íci ta. Como lo def ine el profesor Juan Carlos Henao, en su obra

“El Daño” éste consiste en “ la minoración patrimonial sufrida por la víct ima”2

(ci tado por el Dr. TAMAYO JARAMILLO JAVIER, Tratado de Responsabi l idad

Civi l , Tomo II , Legis, pág. 332), advi rt iendo que en esta def inición no

contempla los daños extrapatrimoniales, como si lo ha est imado la

jurisprudencia y la doctrina nacional, semejando los términos daño y

perjuicio.

El daño que adquiere relevancia aquí , es entonces el que reúne las

característ icas de ser cierto, provenir su reclamación de la persona

perjudicada y que el beneficio moral o económico disminuido o suprimido

debe estar protegido por el ordenamiento jurídico.

Acreditados estos presupuestos en un determinado escenario donde se

juzgue la responsabi l idad civi l por el acto médico, hace fal ta la presencia del

nexo causal o relación de causal idad, consistente en la conexión o enlace

que debe exist i r entre el daño sufrido y el incumplimiento de la obl igación

asumida por el demandado, lo que se traduce en que ese incumplimiento sea

la causa del daño. Es deci r, debe haber certeza sobre el nexo causal entre

la causa del daño que deberá ser actual y cierta y el daño mismo.

2 TAMAYO JARAMILLO JAVIER, T ra tado de Responsab i l i dad C iv i l , Tomo I I , Leg is , pág. 332.


I I I . ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Tal como lo regula los arts. 320 y 328 CGP, la competencia de este Tribunal

se l imita por los reparos concretos planteados y sustentados por el

recurrente en contra de la sentencia que es objeto de alzada, y sobre el los

se pronunciará la Sala.

Part iendo de los mot ivos de inconformidad planteados y sustentados por la

parte recurrente, procederá esta Sala de Decisión a veri f icar si en real idad

puede af i rmarse que con las pruebas recaudadas, se estructura la

responsabi l idad médica cuyo reconocimiento se demanda, aspecto en el cual

resulta relevante tener en cuenta que del caudal probatorio debe estar

plenamente acredi tado y sin lugar a dudas el actuar negl igente, descuidado

e imperi to de los profesionales de la medicina que atendieron al señor

Fabián de Jesús Gi l Atehortúa en las inst i tuciones médicas que hacen parte

de la red de prestadores de la E.P.S. demandada y a la cual se encontraba

af i l iado.

La anterior precisión cobra importancia, si se t iene en cuenta que nos

encontramos ante un régimen de responsabi l idad donde la culpa debe

probarse fehacientemente por la persona que reclama el resarcimiento del

daño ocasionado con la práct ica médica, pues por sabido está que la

obl igación que asume el profesional de la medicina es de medio, esto es, de

real izar una conducta, t ratar al paciente obl igándose a poner sus

conocimientos en forma prudente y di l igente al servicio del mismo. Debe

probarse pues, por quien así lo reclama, que hubo culpa en el actuar de los

galenos que atendieron al señor Gi l Atehortúa, o lo que es igual, debe

encontrarse acreditado que no se apl icaron los requerimientos de la lex art is

en el caso concreto.

La parte demandante reprocha que sí se acreditó la culpa del personal

médico que atendió al señor Fabián de Jesús Gi l Atehortúa y para fundar su

reclamo sol ici ta se valore la historia cl ín ica que, a su parecer da cuenta que

desde el año 2010 el fa l lecido presentaba una fal la cardiaca, por lo cual


considera que desde esa época se le debió real izar exploración para

descubri r la patología, a pesar de lo cual fue tratado inicialmente por un

padecimiento respiratorio; además indica que el peri to dio cuenta de la fal ta

de real ización de una biopsia al miocardio y de un examen con cardiología,

los que considera la recurrente debieron ser prestados desde que éste

acudió al servicio de urgencias.

Respecto al primer reparo relat ivo a que la atención del señor Fabián de

Jesús Gi l Atehortúa fue indebida porque desde el año 2010 acudió a

consultar por la patología cardiaca, pero no se le prestaron servicios

médicos encaminados a detectar la misma, se advierte que se t rata de un

hecho nuevo que no fue discut ido en el t rascurri r del proceso, nótese que en

la demanda se reprochó la atención brindada en el año 2012,

especif icamente el 21 de jul io, 12 de agosto y 15 de octubre de ese año, por

manera que el hecho de una indebida atención desde el año 2010 no fue

objeto de discusión, impidiendo el lo que la parte demandada se defendiera

de tal imputación que se real iza en la alzada y que el l i t igio se centre en ese

estudio.

Resulta inadecuado que la parte demandante reclame el estudio de la

historia cl ínica del año 2010 que anexó al memorial de reparos, pues si

consideraba que la indebida atención era desde esa época, debió ponerlo de

presente desde la demanda y aportar al l í mismo los documentos

encaminados a probar su dicho para que pudieran ser anal izados por el juez

de primera instancia y por el per i to.

Véase que con la demanda solo se arrimó un aparte de la historia cl ínica de

2010, especif icamente del 24 de marzo de ese año, que da cuenta de la

atención prestada al señor Fabián por el diagnóst ico de disl ipidemia mixta,

fecha en la cual le fueron revisados los resultados de exámenes de hiv, hdl,

gl icemia y t r igl icéridos y donde se le ordenó control de promoción y

prevención por mareos, dieta baja en sal , grasas y azucares, como también

caminar y bajar de peso y le prescrib ieron el medicamento denominado

gemfibrozi lo, pero sin que se hubiese demostrado en el proceso que dicho


t ratamiento fue inadecuado, ni que estuviera relacionado con el fal lecimiento

posterior del paciente, porque las preguntas al peri to versaron únicamente

sobre la atención médica del año 2012; además, porque no se acreditó que

el señor Fabián hubiese acudido entre marzo de 2010 y ju l io de 2012, por

síntomas relacionados con la patología cardiaca y que la EPS demandada

hubiera omit ido prestarle el t ratamiento.

También reprocha la parte demandante que las ayudas diagnost icas

requeridas por el señor Fabián fueron brindadas tardíamente, arguyendo que

el mismo peri to di jo que fal tó una biopsia al miocardio y un examen con

cardiología, pero lo que di jo el experto, luego de insist i r en que el

t ratamiento brindado desde el 21 de jul io de 2012 hasta el fa l lecimiento del

paciente fue adecuado y oportuno desde la primera consulta, conforme a

la lex artis y no tuvo nada que ver con el resultado final de fallecimiento

pues el deceso hizo parte de la evaluación natural de la enfermedad , fue

que, sólo fal tó biopsia de miocardio, pero que la misma también fue

considerada por el equipo médico tratante; para seguidamente indicar que:

“ la muerte sorpresiva del paciente no dio tiempo para continuar con los

estudios diagnósticos e iniciar el proceso de evaluación por el grupo de

trasplante cardiaco, el cual, pienso, era la única probabilidad de mejorar

su sobrevida a largo plazo” (f ls. 345 c-1), de donde se concluye que la

biopsia y ot ros estudios diagnóst icos, no fueron real izados por la muerte del

paciente y no por demora en la atención médica; pero, además, sobre esa

pregunta no se pudo profundizar en audiencia, en tanto el peri to no

compareció a la di l igencia encaminada a el lo aduciendo fal ta de pago de los

honorarios, por lo que, estando la carga de la prueba de la culpa en cabeza

de la parte demandante, será ésta quien deba asumir su desinterés en

clar i f icar lo anterior.

Reclama la impugnante igualmente que, cuando el señor Fabián acudió al

Hospital de Anorí fue tratado por una enfermedad respiratoria, pero no por la

patología cardiaca, af i rmación que no es cierta, en tanto, en la demanda se

indica que la atención en dicha inst i tución hospitalaria de Anorí fue el 21 de

jul io de 2012 y la parte demandante ni siquiera se preocupó por aportar con


la demanda el aparte de esa atención en esa fecha en el mentado Municipio,

porque las partes de la historia cl ínica del 21 de jul io de 2012 que arrimó

con la demanda, son de atención en la Clínica Medel l ín de Saludcoop y de

los mismos se evidencia que la remisión del hospital de Anorí no fue por una

patología respi rator ia, sino por taquicardia supraventicular , para lo cual se

le real izó un electrocardiograma, s iendo t ratado con metroprolol ,

amiodarona, aminopf i l ina y FSM (f ls. 134 y 135 c-1). Y si además se revisa

los fol ios correspondientes a la historia c l ínica de la ESE San Juan de Dios

de Anorí de fecha 21 de jul io de 2012, que solo fueron arrimados con la

alzada y, que en pr incipio no deben ser valorados por haberse aportado

tardíamente, pero que se estudiarán dada la insistencia de la parte actora en

indicar que son claramente demostrat ivos de la culpa médica, se puede

conclui r que las patologías por las que fue atendido el señor Fabián de

Jesús Gi l Atehortúa en Anorí en esa fecha fueron: EDEMA PULMONAR,

INSUFICIENCIA CARDIACA NO ESPECIFICADA y TAQUICARDIA

SUPRAVENTICULAR, y que, como no mejoró a pesar del tratamiento, fue

remit ido “PARA MEJOR MANEJO Y VALORACIÓN POR CARDIOLOGIA Y

MEDICINA INTERNA”, lo que denota una evidente contradicción entre lo

af i rmado en el recurso con lo plasmado en los mismos documentos cuya

valoración reclama la impugnante (f l . 375 y 376 c-1).

Resalta el Tribunal que las únicas pruebas que en el plenario dan cuenta de

la atención prestada al señor Fabián de Jesús Gi l Atehortúa son la historia

cl ínica y el d ictamen pericial , éste úl t imo cuya contradicción en audiencia ni

siquiera se pudo efectuar, documentos insuf icientes para conclui r la fal ta de

di l igencia imputada en la demanda a la inst i tución pasiva, porque el peri to

insist ió en la debita atención médica, como se estudió y, la historia cl ínica

no da cuenta de la demora y fal ta de di l igencia en la prestación de los

servicios de salud que alega la parte demandante.

Es que además de los anteriores medios probatorios solo se recepcionó los

test imonios de dos vecinos del fal lecido que en nada si rven para aclarar las

si tuaciones que rodearon la atención de éste, siendo el lo el motivo que l levó

al juez a apoyarse principalmente en el dictamen, pues si la parte


demandante no real izó una act ividad probatoria contundente como se

requería, el a quo debía decidi r con sustento en las pocas pruebas

recaudadas que le s irvieran para el lo, las que, en efecto, no evidencian la

culpa de la demandada.

IV. CONCLUSIÓN

Así las cosas, se puede aseverar que la parte actora no logró sacar adelante

los reparos en contra de la decisión de primera instancia, como tampoco

cumplió con la carga probatoria de acreditar la conducta culposa que

enrostra a la demandada l levando a la Sala a CONFIRMAR e l fal lo que ha

sido objeto de revisión por vía de apelación.

V. COSTAS

Si bien la decisión fue adversa a la parte recurrente, lo que en principio y en

apl icación de la regla 1ª del art ículo 365 del Código General del Proceso

conl levaría a condenarla en costas de esta instancia, debido a que la parte

demandada no se pronunció en esta sede, no se impondrá condena en

costas por no haberse causado

En méri to de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE MEDELLÍN, EN SALA TERCERA DE DECISIÓN CIVIL administ rando

just ic ia en nombre de la Repúbl ica de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Civi l

del Circuito de Medel l ín en audiencia celebrada el 30 de noviembre de 2018.

SEGUNDO. NO CONDENAR en costas de esta instancia a la parte recurrente

por lo expuesto.


REPÚBLICA DE COLOMBIA

Documents

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER ... · Sentencia 2ª instancia. M.C.O.P. Radicado 05001 31 03 008 2016 0412 02 Página 1 de 17 REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JURISDICCIONAL