República de Costa Rica Ministerio de Ambiente, …...República de Costa Rica Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (MINAE) Hacia una agenda en la gestión ambiental pública

República de Costa Rica Ministerio de Ambiente, Energía y

Mares (MINAE)

Hacia una agenda en la gestión ambiental pública para la

ciudadanía

Carta al personal del MINAE

San José, Costa Rica Agosto, 2015

Hacia una agenda ciudadana en la gestión ambiental pública

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Contenido

Presentación ........................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

Principios orientadores de la gestión pública ambiental .................................................................. 9

Ejes de trabajo ..................................................................................................................................... 13

1. Reorganización de la gestión pública ambiental ..................................................................... 13

1.a) Rectoría y dirección política: .......................................................................................... 15

1.b) Modernización Institucional: ......................................................................................... 15

1.c) Seguimiento de la Política Ambiental y su implementación en el marco del Plan

Nacional de Desarrollo: ......................................................................................................... 17

2. Ordenamiento territorial responsable (continental, costero y marino a nivel nacional,

regional y local............................................................................................................................. 17

2.a) Política y Plan de Ordenamiento Territorial Continental y Oceánico ............................. 19

2.b) Acompañamiento a los Planes Reguladores Municipales .............................................. 20

3. Cambio Climático Global ......................................................................................................... 21

3.a) Desarrollo y cambio climático ........................................................................................ 22

3.b) Política Nacional de Cambio Climático ........................................................................... 23

4. Conservación y mejoramiento del patrimonio natural como base para el desarrollo

sostenible y la erradicación de la pobreza. ................................................................................. 24

4.a) Biodiversidad ................................................................................................................ 25

4.b) Recursos Hídricos ........................................................................................................... 26

4.c) Recursos Geológicos y Mineros ...................................................................................... 27

4.d) Recurso Forestal ............................................................................................................. 27

4.e) Recursos Marino - costeros ............................................................................................ 28

4.f) Áreas Protegidas ............................................................................................................. 29

5. Producción sostenible y consumo racional de energía .........................................................31


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5.a) Política energética .......................................................................................................... 32

5.b) Eficiencia energética ...................................................................................................... 33

6. Transporte eficiente, solidario y ambientalmente sostenible ...............................................33

7. Calidad Ambiental y Asentamientos Humanos ....................................................................35

7.a) Evaluación de Impacto Ambiental .................................................................................. 35

7.b) Gestión de Residuos ....................................................................................................... 36

7.c) Salud y Ambiente ............................................................................................................ 36

7.d) Gestión Pública de la calidad ambiental ........................................................................ 36

8. Transparencia, rendición de cuentas, participación y control ciudadano de la calidad y la

gestión ambiental ...................................................................................................................... 37

A manera de conclusión .................................................................................................................. 38


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DESPACHO MINISTERIAL

Ministro: Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta

Vice-Ministra de Ambiente: Lic. Patricia Madrigal Cordero

Vice-Ministra de Energía: Ing. Irene Cañas Díaz

Vice-Ministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales: M.Sc. Fernando Mora Rodríguez

Jefe de Despacho: Lic. Leonardo Chacón Rodríguez

Oficial Mayor: M.Sc. Diego Mora Valverde

Asesores: Lic. Paola Vega Rodríguez

Lic. Maricé Navarro Montoya

Este documento es producto del trabajo conjunto en mi despacho con las viceministras Irene Cañas

y Patricia Madrigal y el viceministro Fernando Mora. Igualmente, Leonardo Chacón y Paola Vega

hicieron contribuciones sustantivas. Agradezco también a Ricardo Ulate, colaborador ad-honorem,

por sus siempre atinadas observaciones. A todos, muchas gracias.

Edgar E. Gutiérrez Espeleta Ministro del MINAE


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Estimado funcionario y funcionaria del MINAE:

El desarrollo nacional, presente y futuro, se debe fundamentar en la conservación,

protección y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales respetando el ejercicio y el goce de los derechos humanos.

El desarrollo sostenible tiene una visión de bienestar y de seguridad integral para las presentes y futuras generaciones, garantizando la equidad y respetando la diversidad,

desarrollada con responsabilidad ciudadana participativa, estimulando modelos de gobernanza local que apoyan al Estado en el cumplimiento de sus responsabilidades.

El enorme desafío de lograr generar una nueva forma de gobernar es inherente a todas

las áreas en las que el Estado interviene en la generación de políticas públicas. Así, el

área ambiental, en particular, no escapa de la necesidad de gestionar nuevas y mejores

condiciones de gobernanza que contemplen tanto los actuales retos en la materia como

la urgencia cada vez mayor de entender el proceso de la política pública desde una

perspectiva amplia, que supere el gastado esquema unidireccional e incorpore en la

misma a todos los actores políticos involucrados de forma directa e indirecta en la

misma.

La gobernanza ambiental, entendida como una intervención gubernamental en la

generación de políticas ambientales que logre incorporar en el desarrollo de las mismas

todo el espectro de complejidad que compete a la administración de los recursos

naturales, su carácter social, económico y cultural y el involucramiento de las

comunidades, la sociedad civil organizada, los territorios y poblaciones y los grupos de

interés económico, se convierte en el mayor reto de la presente Administración y su

abordaje requiere de importantes cambios en la tradicional forma con que se ha

desarrollado la política ambiental.

Conceptos clave como descentralización, desconcentración, participación ciudadana,

modernización estatal, eficiencia institucional, gobierno abierto y similares; han sido

ampliamente desarrollados a nivel teórico, pero ha habido un letargo en su aplicabilidad


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práctica a la hora de gobernar y desarrollar políticas institucionales. Justamente, la

incorporación de dichos conceptos en las principales acciones a desarrollar por la

Administración es una de las principales tareas para la consecución de una gobernanza

eficiente.

Lo anterior, no debe dejar de lado uno de los mayores desafíos nacionales que es la

consecución de un equilibrio permanente entre el desarrollo económico y la

conservación ambiental, evitando caer en paradigmas polarizados sea de extractivismo

o preservacionismo puros; sino por el contrario lograr el adecuado balance entre el uso

sostenible, aprovechamiento racional y conservación de nuestros recursos naturales,

sabiéndoles escasos e importantes para las futuras generaciones.

Establecer una relación armónica entre el desarrollo económico y social y el medio

ambiente en Costa Rica implica ser consecuentes con el anhelo que el país abrazó hace

décadas de alcanzar un modelo de desarrollo humano sostenible. Esto implica

armonizar las metas sociales y ambientales del país con el crecimiento económico

requerido, anteponiendo el bienestar humano como elemento esencial del desarrollo

nacional.

Para esto, se torna necesaria la generación de políticas públicas y acciones integrales

dirigidas a conseguir un crecimiento en la productividad de la actividad humana y en la

equidad en la distribución de los beneficios y pérdidas que esta conlleva, pero al mismo

tiempo, la resiliencia de la sociedad debe acrecentarse así como la sostenibilidad en el

uso de los recursos naturales disponibles, es decir, evitando la degradación de estos. Solo

así, se podría caminar por la senda de un desarrollo humano sostenible.

La necesaria armonización de esfuerzos que deriva de esta conceptualización integral

del desarrollo humano debe por ende orientarse a una reactivación conjunta de la

organización social, de la economía y de la producción mediante el impulso de un

modelo de desarrollo orientado a estimular la base social empresarial, la inversión

extranjera socio-ambientalmente responsable, el comercio justo, la inversión social y los


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encadenamientos y redes productivas dirigidas al desarrollo nacional. Asimismo, deben

conjuntarse los esfuerzos claros y directos por reducir la desigualdad social, eliminar la

pobreza extrema y reformar la institucionalidad del país en aras de incrementar la

participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia estatal.

Conceptualizar un medio ambiente sano como indicador clave del bienestar social,

estimular el aprovechamiento -directo e indirecto-de los recursos naturales de forma

sostenible como columna vertebral de la productividad nacional, generar modelos de

gestión participativa en el uso, aprovechamiento y distribución de beneficios derivados

de la naturaleza y fortalecer los márgenes de conservación ambiental de una forma

planificada y con visión a largo plazo, son los principios básicos que deben regir una

política nacional ambiental enfocada a resultados efectivos y de largo alcance.

Por esta razón, desde el Ministerio de Ambiente, Energías y Mares (MINAE),

Administración Solís Rivera 2014-2018, generamos este esfuerzo orientado a marcar

las pautas y líneas de acción de la política pública nacional en materia ambiental con el

fin único de direccionar las acciones del Ministerio a garantizar el derecho

constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado de la mano de un alto

nivel de desarrollo económico que sea socialmente inclusivo y equitativo.

Desde la rectoría que lidero en el Sector Ambiente, Energía, Aguas, Mares y

Ordenamiento Territorial y el MINAE, me avocaré por implementar una gestión

ambiental responsable que promueva el crecimiento económico inclusivo y equitativo,

garantizando la sostenibilidad, que brinde servicios oportunos, pertinentes y de calidad.

Las decisiones que se tomen y las acciones que se desarrollen en el MINAE considerarán

los tres pilares de la Administración Solís Rivera:

1. La erradicación de la pobreza;

2. La promoción del crecimiento económico;


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3. La lucha contra la corrupción por medio de la rendición de cuentas y la

transparencia.

En el mismo sentido, los proyectos, iniciativas y acciones promoverán el trabajo

interinstitucional e intersectorial; la participación de la ciudadanía activa; la igualdad y

equidad, con enfoque de género -considerando el rol fundamental de las mujeres en la

producción, consumo, distribución de los alimentos y acceso de los recursos, y la

inclusión para los diferentes sectores etarios (niños, jóvenes, adultos mayores y

personas discapacitadas).

En las siguientes páginas leerá aquellos temas que consideramos fundamentales y que

guía el quehacer nuestro durante lo que falta de este cuatrienio. Estamos conscientes de

la incapacidad real de realizarlo todo, pero al menos, nuestra ambición marca un

horizonte al cual queremos aproximarnos. Espero que con su lectura, usted comparta

este horizonte y se una a la hermosa tarea de construir una nueva democracia y una

Patria nueva.

Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta Ministro


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Principios orientadores de la gestión pública ambiental

Nuestro marco de acción es la aspiración de un país con significativos niveles de

bienestar humano, que se traduzcan de un adecuado binomio entre productividad y

equidad social, y que contemple como puntos de partida las condiciones óptimas de

seguridad humana, es decir, la resiliencia social y ecosistémica y la estabilidad en el uso

de los recursos.

Aspiramos a un país seguro, solidario y equitativo, en el cual las estrategias, políticas y

acciones que se formulen, consideren los elementos vitales de desarrollo para garantizar

la sostenibilidad del patrimonio natural, humano y social y emanen de una gestión

pública transparente, eficiente, eficaz, responsable y descentralizada.

Asimismo, consideramos medular que las acciones gubernamentales integren en todas

sus etapas el pleno respeto a los derechos humanos y a la participación inclusiva y

género-sensible, como condición indispensable para garantizar el bienestar real de las

presentes y futuras generaciones.

Desde la rectoría del Sector Ambiente y Energía y desde el Ministerio de Ambiente,

Energía y Mares (MINAE), nos avocaremos a implementar una gestión ambiental

responsable y compatible con el desarrollo humano y los objetivos y metas de desarrollo

sostenible, con miras a brindar servicios oportunos, pertinentes y de calidad.

Con miras a lo anterior, los siguientes principios servirán como marco orientador de la

gestión institucional y de su relación estrecha con la participación ciudadana:

1. Calidad de vida óptima para la ciudadanía

Nos comprometemos al reconocimiento pleno del derecho universal a un medio

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y con el deber del Estado de


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desarrollar todos los esfuerzos para garantizarlo, con la participación solidaria de

todos los sectores y actores productivos y sociales.

Asimismo, consideramos vital promover la protección y mejoramiento de la

calidad ambiental en los asentamientos humanos y territorios indígenas como

elemento orientador en la definición de políticas y planes de ordenamiento

territorial, para lo que se desarrollarán programas adecuados de prevención y

control de la contaminación y de la degradación de los recursos.

2. Reconocimiento clave de recursos estratégicos

Consideramos de fundamental importancia el reafirmar que la existencia de

recursos estratégicos y del Patrimonio Natural del Estado son de dominio e interés

público, son inalienables y ameritan una responsabilidad ardua del Estado en su

conservación y protección.

La defensa de la aplicación del principio precautorio a nivel nacional e

internacional cuando las condiciones e incertidumbre ameriten abogar por

protección de los recursos naturales de la Nación y bienes globales, es por ende

una línea orientadora básica en la materialización de esta protección de recursos.

3. Complementariedad entre el desarrollo socioeconómico y la

sustentabilidad ambiental

Debemos procurar que el crecimiento económico requerido para alcanzar la

sostenibilidad del modelo de nuestro desarrollo nacional debe comprometerse a reducir

la huella ecológica bajo un marco de responsabilidad, solidaridad y coherencia nacional

e internacional con los principios del desarrollo sostenible

Para ello, creemos en la promoción de una economía sostenible anclada en

instrumentos estratégicos como las cuentas nacionales y política fiscal verdes,


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incentivos positivos (como los Pagos por Servicios Ambientales), derogación de

incentivos perversos, certificación y estándares en producción limpia, reciclaje y

manejo de los desechos sólidos; esto último en apoyo complementario al

Ministerio de Salud que tiene la Rectoría sobre dicho tema.

Asumimos el compromiso con un modelo de desarrollo bajo en emisiones de gases

de efecto invernadero y resiliente ante el cambio climático.

4. Equidad social y superación de la pobreza

Consideramos vital, además, reafirmar que el patrimonio natural (recursos,

ecosistemas y los servicios ambientales que brindan) constituye la base para

alcanzar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. En consecuencia,

es responsabilidad del Estado promover su conservación, recuperación, mejora y

buen uso, con la plena participación de los diversos sectores y actores.

Las seguridades básicas (alimentaria, climática, hídrica, sanitaria, ambiental,

energética) deben ser promovidas como objetivos del desarrollo nacional

5. Estado transparente, eficiente y solidario.

Establecemos una responsabilidad con el impulso de las reformas institucionales

necesaria que procuren la modernización del aparato estatal de cara a formas de

gestión y gobernanza más eficientes para la ciudadanía y más efectiva en el rol

institucional que la normativa y los desafíos actuales demandan.

Conducir la gestión pública ambiental con transparencia, accesibilidad, rendición

de cuentas y control ciudadano en la formulación, implementación y evaluación de

las políticas públicas es uno de los principios orientadores de nuestra gestión.


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6. Participación Ciudadana

Colocar la participación ciudadana como una herramienta central en la

gobernanza ambiental de forma tal que se implementen los mecanismos

necesarios para conseguir una participación real y efectiva, que sea inclusiva,

equitativa, diversa, intergeneracional y género-sensible.

De la mano de estos mecanismos, se deben desarrollar programas educacionales

para incentivar una mayor responsabilidad ciudadana en la adopción de patrones

de consumo sostenibles, en la prevención y reparación de los daños ambientales;

así como diseñar procesos responsables que permitan a la población auditar y

controlar las acciones gubernamentales.

7. Responsabilidad ante la comunidad internacional

Creemos en la necesidad de mantener consistencia con los compromisos

internacionales que el país ha suscrito en materia de ambiente y desarrollo

sostenible

Para ello debemos generar las condiciones necesarias para la implementación

activa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda de Desarrollo Post-

2015 como parte de las estrategias nacionales de desarrollo, incluyendo la revisión

del marco institucional para promover su ejecución.

Asimismo, es fundamental promover la participación activa en los procesos

nacionales e internacionales relevantes (Convenciones, Agenda de Desarrollo

Sostenible, Derechos Humanos) que enriquezcan la gestión ambiental sostenible.

Estos principios orientadores nos guían en el quehacer y desarrollo de los ocho ejes de

trabajo que nos hemos señalado y que se presentan a continuación.


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Ejes de trabajo

1. Reorganización de la gestión pública ambiental

Costa Rica debe avanzar hacia una gestión pública ambiental responsable, efectiva,

eficiente e integral para lograr un verdadero desarrollo sostenible en el que los recursos

ambientales y económicos permitan atender los requerimientos de una sociedad más

inclusiva en el acceso a los beneficios derivados, de manera que se reduzcan las brechas

sociales y se atienda la necesidad de erradicar la pobreza.

Desde la Cumbre de Río en 1992 existe un consenso internacional en que los temas de la

política ambiental y de desarrollo sostenible van de la mano por su naturaleza

transversal.

Allí quedaron sentadas las bases conceptuales y el marco político fundamental que

indica la necesidad de generar un equilibrio entre el desarrollo sostenible y la

consecución del desarrollo humano y erradicación de la pobreza; no obstante en la

gestión pública se sigue abordando el tema de manera desarticulada, privilegiando

viejos esquemas jurídico-institucionales que responden a concepciones ya superadas de

la organización de la política y el servicio público.

Un enmarañado espectro de interpretaciones de leyes emitidas para regular sectores,

subsectores o actividades, y sus respectivos referentes institucionales, prevalecen en un

entorno de descoordinación y hasta competencias indebidas entre entes que deberían

orientarse al logro de objetivos comunes.

Lo anterior, deriva en una ineficacia e ineficiencia de la gestión, en amplios niveles de

insatisfacción ciudadana y frustración de los funcionarios públicos, y en la omisión

sistemática de principios de las gestión pública fundamentales como la planificación

intersectorial.


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De conformidad con el marco legal vigente, el Ministro del MINAE cumple dos roles

distintos y complementarios que deben ser claramente comprendidos: uno, como titular

del Ministerio con relaciones de autoridad jerárquica para ejercer el Poder Ejecutivo en

su ramo respectivo; otro, como rector de un sector donde prevalecen las relaciones de

dirección “entre órganos”, en el que ejerce para garantizar la transversalidad de la

gestión pública en materia de ambiente y desarrollo sostenible.

En ambos casos, debe contar con las herramientas apropiadas para el ejercicio político

y operativo de sus responsabilidades, que están definidas en el primer caso, pero han

estado ausentes en el segundo, hasta la reciente promulgación del Decreto sobre el

Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo No. 38536-MP-PLAN, publicado el 20 de

agosto del 2014.

Es claro, que si la cartera principal del Sector no cuenta con las herramientas técnicas,

administrativas y políticas necesarias para un direccionamiento integral de este en su

conjunto entonces muchas de sus competencias reguladoras y de rectoría política

seguirán mostrando una gran fragmentación e ineficacia y no agregarán valor alguno a

las competencias que emanan de los demás órganos e instituciones que le conforman.

Por su propia gestación histórica, el MINAE no está orgánica ni funcionalmente

articulado a lo interno. El ejercicio de las distintas competencias que su Ley Orgánica y

que otras le asignan, presenta contradicciones hacia los preceptos de una organización

integralmente concebida en cada nivel de dirección o unidad superior. Tampoco existen

planes estratégicos institucionales que impongan una unidad de visión que subsane las

debilidades legales y orgánicas. A pesar de lo anterior, el MINAE está llamado a jugar un

papel protagónico en los diferentes ámbitos o dimensiones complementarias:

a. Cumplir eficazmente con sus propias competencias legales específicas.

b. Articular sus políticas en conjunto con los de otros ministerios y entes del Sector.


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c. Apoyar el respaldo técnico directivo requerido al Ministro como rector del

Sector.

d. Apoyar las acciones de la Secretaria de Planificación Estratégica del Sector

Ambiente en los distintos subsectores para cumplir con la transversalidad de la

temática ambiental en temas de políticas, programas y acciones, enfocadas en el

bienestar de las personas y la salud de los ecosistemas.

Para lograr corregir las falencias existentes nos proponemos las siguientes líneas de

trabajo:

1.a) Rectoría y dirección política:

1. Consolidar la rectoría política del Ministro de Ambiente, Energía y Mares en el

Sector Ambiente, Energía, Mares y Ordenamiento Territorial como responsable

de la dirección, coordinación y ejecución de los procesos de política ambiental.

2. Activar, fortalecer y garantizar el funcionamiento regular del Consejo Nacional

Ambiental conforme las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente.

3. Consolidar la integración y operatividad del Ambiente, Energía, Mares y

Ordenamiento Territorial, bajo la rectoría del Ministro de Ambiente y Energía,

por medio de una Secretaría de Planificación Estratégica del Sector Ambiente,

incluyendo entidades de aplicación de la ley. Elaborar la Política Sectorial

Ambiental.

4. Identificar superposición y contradicciones en las funciones y responsabilidades

de los diferentes Consejos y demás órganos de coordinación y planificación

regional o local existentes conforme distintos marcos legales y proponer un

esquema que logre su racionalización y eficiencia en la prestación de servicios;.

1.b) Modernización Institucional:

1. Elaborar un plan de acción para la racionalización administrativa de

competencias y servicios del Ministerio y sus entes en aras de evitar


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duplicidades e identificar vacíos; y realizar una revisión de la estructura orgánica

y funcional del MINAE con miras a facilitar y clarificar la dirección y

responsabilidad política de las mismas.

2. Desconcentración regional y municipal de servicios integrados del sector

ambiente, con creación de capacidades para fomentar participación ciudadana.

3. Establecer formalmente un mecanismo de gestión y coordinación al interior del

Ministerio mediante el trabajo conjunto y constante entre Directores de las

diversas dependencias y la definición de reglamentos y protocolos de operación.

4. Identificar y optimizar inversiones provenientes de presupuestos públicos,

sector privado y cooperación internacional conforme con prioridades de la

política ambiental.

5. Procurar mejorar los mecanismos de justicia ambiental mediante el

fortalecimiento del papel del Tribunal Ambiental Administrativo y una eficiente

coordinación con los entes encargados de la aplicación de la legislación ambiental

(Poder Judicial, cuerpos policiales, Procuraduría General de la República).

6. Realizar acciones tendientes a la agilización de trámites y la accesibilidad como

ventanillas únicas de servicios en aras de mejorar la competitividad del país y

facilitar los trámites para las empresas, ciudadanos y entidades.

7. Integrar un espacio institucional permanente de diálogo político y participación

de sectores de la sociedad civil en materia de política ambiental así como diseñar

mecanismos para el ejercicio de auditorías ciudadanas.

8. Fortalecer y dinamizar la Contraloría Ambiental como componente clave en

recepción, tramitación, gestión y seguimiento de denuncias ambientales.


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1.c) Seguimiento de la Política Ambiental y su implementación en el marco del Plan

Nacional de Desarrollo:

1. Posicionar el Patrimonio Natural (ecosistemas, bienes y servicios ambientales) y

la sostenibilidad ambiental como ejes centrales de la gestión pública y promover

la creación de las cuentas ambientales en el sistema de contabilidad nacional.

2. Promover un comercio nacional e internacional justo y ambientalmente

sostenible y revisar, de conformidad a ello, las políticas públicas e incentivos

dirigidos a la producción e importaciones.

3. Garantizar la articulación superior de los objetivos ambientales con la estrategia

nacional de desarrollo mediante la gestión de una agenda estratégica en el marco

del Consejo Nacional Ambiental.

4. Promover una economía social y una integración de pequeños productores en

torno a bienes y servicios generados por el patrimonio natural, fortaleciendo la

asistencia técnica y la extensión para producción orgánica y sostenible, en

coordinación con el Ministerio de Agricultura y Ganadería.

5. Ampliar la cobertura del ecoturismo sostenible y aumentar oportunidades de

participación de las comunidades rurales menos favorecidas en los servicios

derivados de las Áreas Silvestres Protegidas.

6. Promover la generación de nuevos servicios ambientales y su internalización en

las tarifas y precios, como parte de una nueva política de inversiones verdes

como por ejemplo el pago por servicios ambientales (PSA’s).

2. Ordenamiento territorial responsable (continental, costero y marino a nivel

nacional, regional y local)

Un elemento central en los desafíos nacionales de desarrollo y que evidentemente

contribuye a agravar la problemática ambiental consiste en la ausencia de procesos o


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marcos regulatorios consistentes de ordenamiento del territorio tanto continental

como marino-costero. Ante esta debilidad y a pesar de que no han faltado esfuerzos en

este campo, cada sector o institución ha desarrollado procesos de ordenamiento parcial

y esquemas de organización regional que responden a sus propios intereses y objetivos

y que en general no se articulan con las exigencias de un modelo de desarrollo nacional

integrado. El principal factor que explica esta situación es la falta de formalización

política, institucional y operativa del rol de rectoría sectorial y jerarquía política que le

asigna la Ley General de Administración Pública al Ministro de Ambiente, Energía y

Mares, en su condición de órgano constitucional superior de la Administración, y en

concordancia con las disposiciones de la Ley Orgánica del Ambiente sobre la materia.

El ordenamiento del territorio es esencial para garantizar la articulación de políticas

públicas ambientales en general, pero particularmente en las labores de dirección

política en el sector. No queda duda de las interrelaciones entre los temas ambientales

con la salud, la seguridad alimentaria en un marco de producción sostenible, en el

turismo; etc., los cuales son fundamentales en el avance hacia el desarrollo humano

integral. Asimismo, es esencial atender, desde la perspectiva del ordenamiento

territorial, las necesidades específicas de orden regional que resultan de los desafíos que

impone el cambio climático y la necesidad de avanzar hacia una gestión del paisaje

donde coexisten armónicamente actividades de producción y conservación y el de

articular estos esfuerzos, de mayor escala, con las necesidades de los gobiernos y

comunidades locales, en particular los pequeños productores que son quienes en mayor

medida están propensos a los riesgos climáticos y socioeconómicos.

En consecuencia, el ordenamiento territorial debe visualizarse y convertirse en un

instrumento de desarrollo económico en la perspectiva de armonizar la división político

administrativo y las realidades que se viven en todos los órdenes de la vida nacional,

regional y local. Es necesario ordenar y racionalizar los criterios de descentralización y

regionalización de entidades y programas en torno a una propuesta país lo

suficientemente flexible para atender también las necesidades específicas de las diversas


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instituciones, lo cual debe traducirse en instrumentos y criterios técnicos uniformes.

Debemos concebir el ordenamiento territorial como un proceso social encadenado a la

planeación nacional, a los planes de desarrollo regional y local, de tal forma, que permita

articular los propósitos nacionales con las necesidades y realidades regionales y locales.

El ordenamiento territorial implica además de dirección y voluntad política, una

robusta coordinación y mecanismos de toma de decisiones entre instancias territoriales

y sectores, lo cual puede conllevar un proceso de largo plazo que requiere concertación

y ajuste de acuerdo con las circunstancias políticas y socioeconómicas, cuyas bases al

menos deben quedar sentadas, y que requieren de una política que sustente las

estrategias.

En este eje nos proponemos las siguientes líneas de trabajo:

2.a) Política y Plan de Ordenamiento Territorial Continental y Oceánico

1. Incorporar el Ordenamiento del Territorio como eje transversal del Plan

Nacional de Desarrollo.

2. Revisar y actualizar la política nacional de ordenamiento del territorio emitida en

el 2012 y elaborar su respectivo plan de acción.

3. Operacionalizar, por medio de reglamentación, los lineamientos y criterios

técnicos establecidos en la Ley Orgánica del Ambiente como marco orientador

del ordenamiento territorial.

4. Realizar un diagnóstico participativo para articular esfuerzos en curso en esta

materia, incluyendo el rescate y la articulación de los esfuerzos del Programa de

Regularización del Catastro y el Registro Nacional, el PRUGAM y el

ordenamiento forestal y ambiental del territorio, entre otros.

5. Adecuar la gestión de recursos del territorio a la vocación de uso del suelo y las

prioridades de desarrollo humano.


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6. Incorporar el enfoque de cuenca hidrográfica, la gestión del riesgo y el cambio

climático (adaptación y mitigación) en los planes de ordenamiento territorial, así

como el enfoque ecosistémico.

7. Garantizar, por medio de la Secretaría de Planificación Estratégica del Sector

Ambiente, la coordinación interinstitucional e intersectorial para la gestión

integrada y sostenible del paisaje.

2.b) Acompañamiento a los Planes Reguladores Municipales

1. Impulsar la revisión, actualización y el desarrollo de planes reguladores

articulados con la política nacional de Ordenamiento Territorial y agilizar el

trámite de aquellos pendientes de aprobación.

2. Promover el fortalecimiento de las capacidades municipales en gestión ambiental

y ordenamiento del territorio de manera articulada con la política ambiental

nacional.

3. Cuantificar las necesidades nacionales de catastros municipales y definir un Plan

Integral de Actualización y Mantenimiento de Catastros Municipales.

4. Crear mecanismos regionales de coordinación y análisis de desafíos ambientales

y oportunidades de coordinación.

5. Incorporar la gestión del riesgo y el cambio climático en la planificación local del

territorio y la gestión ambiental (tanto en adaptación y mitigación).

6. Establecer mecanismos para promover la rendición de cuentas y transparencia a

nivel regional y local.

7. Articular esfuerzos locales de conservación del patrimonio natural con las

políticas y estrategias nacionales, poniendo especial énfasis en la necesidad de

desarrollar balances hídricos.


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3. Cambio Climático Global

El cambio climático global representa el mayor desafío de la humanidad y sus impactos

constituyen el obstáculo más notorio a los anhelos de desarrollo humano. Las

respuestas ante esta situación deben esta fundamentadas en un esfuerzo solidario a

nivel global y nacional, en el que los países con mayores responsabilidades históricas y

con mayores volúmenes de emisiones de gases de efecto invernadero deben asumir la

mayor cuota de responsabilidad por la reducción de emisiones y por garantizar flujos

financieros apropiados para apoyar los esfuerzos que los países más vulnerables

puedan adaptarse para prevenir impactos y generar capacidades que aumenten la

resilencia ante dichos embates. Las múltiples dimensiones del cambio climático global

requieren de una respuesta desde lo más alto de las decisiones políticas y por tanto debe

ser incorporado como un eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo.

A pesar de que las emisiones de gases de efecto invernadero de Costa Rica no son

significativas a nivel global, nuestro país decidió hace varios años asumir

solidariamente un compromiso político con la comunidad internacional que pretende la

ambiciosa meta de avanzar hacia la neutralidad de emisiones para el año 2021,

combinando esfuerzos de reducción y compensación, en tanto se atienden esfuerzos

por mejorar la capacidad de adaptación del país. Esto se visualiza como parte de nuestro

compromiso común con la humanidad, al cual todas las naciones deben adherirse

conforme sus capacidades y necesidades de desarrollo humano sostenible. En un

contexto en el que los hallazgos científicos indican que se deben acrecentar los

esfuerzos de reducción de emisiones de manera significativa y ante la coyuntura de la

negociación de un nuevo acuerdo jurídicamente vinculante para el año 2015 en esta

materia, el país pretende de esta manera enviar un mensaje de ambición a todas las

naciones del Planeta.


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El esfuerzo voluntario que el país debe realizar para alcanzar la meta de carbono-

neutralidad –cuyos criterios metodológicos deben ser revisados y transparentarse-

significará no sólo el diseño de nuevas políticas y una mejor articulación de las

existentes, para mejorar el desempeño especialmente en los sectores donde tenemos

mayores emisiones; sino disponer de las estrategias apropiadas para atender las

necesidades de adaptación, prevención de riesgos y aumento de la resiliencia de

infraestructura, comunidades y ecosistemas, para lo cual debería asimismo contarse con

una participación activa de la comunidad internacional, el sector privado y la sociedad

costarricense. Será de particular relevancia potenciar las capacidades naturales con que

cuenta el país para continuar aumentando sus reservas de carbono forestal, mediante

una más inclusiva estrategia de reducción de emisiones por deforestación y

degradación forestal y una agresiva política de reducción en los sectores transporte,

energía, agropecuario, vivienda y gestión de residuos.

El papel de la ciudadanía es de suma importancia de allí que se propone mantener las

emisiones de CO2 per cápita por debajo de 2 toneladas para el 2050 y 1 tonelada para el

2100. Esta responsabilidad debe traducirse en cambios de los patrones de consumo de

todos los habitantes de forma que se privilegie el desarrollo bajo en emisiones y así

lograr el objetivo de mantener la temperatura promedio planetaria bajo la meta de los 2

oC de diferencia de la época pre-industrial.

Las líneas de trabajo que nos proponemos en esta área son:

3.a) Desarrollo y cambio climático

1. Integración de la dimensión de cambio climático en el Plan Nacional de

Desarrollo, planes Sectoriales e Institucionales.

2. Definir metas de reducción de emisiones por sectores y planes de verificación de

cumplimiento.

3. Identificar oportunidades de financiamiento nacional e internacional para

fortalecer acciones significativas y transformacionales en sectores clave de la


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economía nacional para la reducción de emisiones, la atención de riesgos y la

adaptación al cambio climático.

4. Orientar el desarrollo económico hacia actividades que sean bajas en impactos

de efecto invernadero, y con aportes preventivos en mitigación y adaptación al

cambio climático, fortaleciendo la participación de las poblaciones locales y la

gobernanza por medio de las municipalidades en materia de vialidad,

ordenamiento territorial, agroforestería, eficiencia energética, vivienda

sostenible y gestión de residuos.

3.b) Política Nacional de Cambio Climático

1. Contar con un marco actualizado de política y su respectivo plan de acción, que

logre un balance entre mitigación y adaptación, abordando sectores críticos tales

como seguridad alimentaria y recursos hídricos, zona marino-costera,

infraestructura, resiliencia de comunidades y ecosistemas, potenciando el papel

de las soluciones naturales y fortaleciendo las capacidades municipales para

resiliencia.

2. Fortalecer los esfuerzos de mitigación en el sector de uso de la tierra

(Conservación de Paisajes Naturales Sostenibles, NAMAs agrícolas, carbono

azul), energía, transporte y manejo de residuos, generando oportunidades

económicas y de financiamiento para tales fines.

3. Convertir el Instituto Meteorológico Nacional en el Instituto Nacional sobre el

Clima (INC) como fuente de conocimiento y apoyo técnico a los esfuerzos

nacionales y locales para enfrentar el cambio climático, gestión del riesgo,

necesidades de adaptación y vulnerabilidad de ecosistemas y comunidades, así

como fuente de información meteorológica.

4. Vincular los esfuerzos nacionales en materia de cambio climático con

oportunidades en el sistema financiero nacional y mercados locales.


24 | P á g i n a

5. Reposicionar a Costa Rica como líder en la agenda global de Cambio Climático

promoviendo el aumento de la ambición de los países con mayores

responsabilidades históricas y mayores volúmenes de emisiones, así como la

provisión de medios de implementación para la adaptación, capacidades

tecnológicas, creación de capacidades y mejora de la transparencia internacional

en esta materia.

6. Fortalecer y apoyar el accionar de los Gobiernos Locales y el sector privado en el

abordaje del cambio climático y riesgos, así como los programas de certificación

de carbono neutralidad.

4. Conservación y mejoramiento del patrimonio natural como base para el

desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

Lograr el anhelo superior de erradicar la pobreza y fortalecer el desarrollo humano

implica armonizar el crecimiento económico con las metas sociales y ambientales del

país de manera equilibrada e inclusiva. Partir del reconocimiento de la existencia de un

patrimonio natural1 es fundamental en una política pública que pretenda avanzar en los

planes de desarrollo sostenible locales y respetar los derechos establecidos en el artículo

50 de nuestra Constitución Política.

Mantener y recuperar ese patrimonio natural nacional es fundamental para el

cumplimiento del compromiso de responsabilidad intergeneracional y requiere de

apropiados mecanismos de contabilización y seguimiento, así como la generación de

nuevos mecanismos de financiamiento para garantizar su sostenibilidad en el largo

plazo. Para ello debemos mejorar los instrumentos económicos que favorezcan

patrones de consumo y producción sostenibles y desestimulen aquellas suntuosas o

insostenibles, incluyendo la eliminación de incentivos perversos y la internalización de

1 Conformado por una serie de bienes, servicios y ecosistemas estratégicos que son del dominio e interés público, y en consecuencia inalienables (Zona Marítimo

Terrestre, recurso hídrico, océanos, biodiversidad, patrimonio forestal del Estado, recursos geológicos, etc.).


25 | P á g i n a

los costos ambientales de diversos bienes y servicios. Asimismo, se requiere encontrar

mecanismos que garanticen una distribución más equitativa de los beneficios derivados

de nuestro patrimonio natural, en particular para favorecer a las poblaciones más

deprimidas y que tienen mayor dependencia de los recursos naturales.

Las líneas de trabajo en este eje son:

4.a) Biodiversidad

1. Velar por la plena aplicación de la legislación vigente y la Estrategia Nacional de

Biodiversidad con miras a promover la implementación del marco estratégico de

la Convención de Diversidad Biológica y el logro de las metas de Aichi.

2. Fomentar el conocimiento y la conservación de la biodiversidad silvestre y

domesticada como base para garantizar la seguridad alimentaria y la

distribución equitativa de beneficios.

3. Consolidar el Fondo para la Biodiversidad Sostenible como mecanismo de

financiamiento a largo plazo para la biodiversidad amenazada y en peligro;

4. Mejorar la gestión de manejo, monitoreo y control, investigación y protección del

patrimonio natural;

5. Aplicación plena del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad;

6. Fortalecer y ampliar programas de Pago por Servicios Ambientales para la

gestión sostenible e integrada de los recursos naturales y para fortalecer el

desarrollo rural (paisaje) y la plena participación de pueblos indígenas y

comunidades rurales;

7. Promover la adaptación basada en ecosistemas para reducir vulnerabilidad y

aumentar resiliencia de comunidades y hábitats, en particular en las zonas

marino-costeras más vulnerables.


26 | P á g i n a

4.b) Recursos Hídricos

1. Consolidar acceso al agua como derecho humano constitucionalmente

reconocido.

2. Elaborar política y estrategia de gestión integrada del recurso hídrico con amplia

participación ciudadana.

3. Lograr la gestión integral del agua por cuenca hidrográfica sobre la base de

balances hídricos mejorados y actualizados.

4. Promover la aprobación Ley de Gestión Integrada del recurso hídrico y su

expedita reglamentación.; así como preparar los requerimientos operativos para

promover la pronta implementación de un nuevo marco normativo

5. Dar una protección prioritaria a las fuentes de agua para consumo humano.

6. Avanzar fuertemente en el fortalecimiento y actualización de los mecanismos de

cobro eficiente de los cánones relacionados con el recurso hídrico (agua,

vertidos).

7. Asegurar tratamiento de aguas residuales previa descarga mediante el

fortalecimiento del desarrollo de soluciones tanto técnicas como naturales, y con

participación responsable de la ciudadanía y el sector privado.

8. Establecer mecanismos efectivos para el control ciudadano de la calidad de agua y

de la gestión hídrica.

9. Fortalecer gestión comunitaria del agua y saneamiento, en particular mediante el

fortalecimiento de las ASADAS y la capacidad de dirección y apoyo técnico de

parte del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados en la materia.

10. Formular la Política Nacional de Humedales y desarrollar la Política Nacional de

Gestión Hídrica como herramientas centrales de ordenamiento hídrico.


27 | P á g i n a

4.c) Recursos Geológicos y Mineros

1. Resaltar que la conservación y uso sostenible de los recursos geológicos y del

suelo son de importancia estratégica y se incorporen plenamente en la política

ambiental.

2. Modernizar la Dirección de Geología y Minas con miras a constituir un Servicio

Geológico Nacional (gestión y manejo, investigación y planificación, etc.).

3. Promover mediante el Estado la investigación, el monitoreo y control del uso y

calidad de los recursos minerales, así como el estricto cumplimiento de las

normas de impacto ambiental, con participación de la auditoría ciudadana.

4. Incorporar, en el otorgamiento de concesiones (público y privado) para la

explotación de recursos geológicos y mineros estudios de los impactos

acumulativos por cuenca, medidas de prevención y control de riesgos sociales y

ambientales, incluyendo riesgos climáticos, así como medidas de reducción de la

vulnerabilidad y reparación del daño.

5. Mantener la Moratoria Nacional a la explotación de petróleo y reglamentar la Ley

8904 “Ley para Declarar a Costa Rica país libre de minería metálica a cielo

abierto.”

4.d) Recurso Forestal

1. Revisar y socializar el Plan Nacional Forestal y desarrollar mecanismos de

asistencia técnica para manejo del paisaje agroforestal, en estrecha

coordinación con el MAG (fincas integrales).

2. Consolidar el traspaso de las tierras al Patrimonio Forestal del Estado y mejorar

las capacidades de acción de la Autoridad Forestal del Estado para garantizar su

integridad.


28 | P á g i n a

3. Apoyar el desarrollo y la implementación de la estrategia de Conservación de

Paisajes Sostenibles como elemento central del Plan Nacional de Desarrollo y el

Plan Nacional Forestal.

4. Crear o fortalecer nuevos mecanismos para beneficiar a poblaciones indígenas,

así como pequeños y pequeñas campesinos/as, mediante una gama ampliada

de modalidades de manejo del paisaje rural y financiamientos diversos que

permitan el manejo integral de la unidad productiva.

5. Robustecer el Inventario Forestal Nacional y la Estrategia de control de tala ilegal,

la Estrategia de Control de incendios forestales y otras causas de la deforestación

y degradación de los recursos forestales (conversión).

6. Fomentar procesos de arborización urbana y en derechos de vía, tendiendo al

rescate de las especies nativas y a la mejora de las reservas de carbono forestal

del país;

7. Promover el manejo forestal sostenible conforme con los principios, criterios e

indicadores de sostenibilidad incluyendo la aplicación de mecanismos más

exigentes de trazabilidad del origen de los productos forestales.

8. Fomentar programas de reforestación en todo el país y la reactivación de la

actividad forestal.

9. Promover el uso de la madera de fuentes sostenibles con miras a contribuir al

mejoramiento del valor de las plantaciones forestales, bosques y sus bienes y

servicios derivados, y como material alternativo a otros insumos altamente

contaminantes, a la vez que se contribuye a la fijación de carbono.

4.e) Recursos Marino - costeros

1. Formular de forma participativa e intersectorial un plan de ordenamiento

espacial marino, así como la definición de roles institucionales y el plan de acción


29 | P á g i n a

de la política nacional del mar una política y plan de acción para los mares y

costas con participación de gobiernos locales y Consejos Regionales.

2. Promover la conservación, uso sostenible y óptima distribución de los beneficios

de los recursos marino-costeros con objetivos socio-ambientales respetando

criterios de empleo digno, equidad y sostenibilidad.

3. Fortalecer la participación de productos de pesca y acuicultura en la soberanía

alimentaria del país garantizando la integridad ambiental.

4. Formular la Política Nacional del Mar, integrando en su Plan de Acción el cambio

climático en los ecosistemas marino-costeros (mitigación, adaptación,

instrumentos financieros), estimulando la potenciación de dichos ecosistemas

para la mitigación y adaptación al cambio climático.

5. Eliminar incentivos perversos a las actividades marino costeras y fortalecer

incentivos positivos especialmente para comunidades prioritarias;

6. Garantizar integridad de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y generar diálogos

para atender los desafíos económicos, sociales y legales;

7. Desarrollar regulaciones e instrumentos para incorporar compromisos y

herramientas de aplicación sostenible y voluntaria al manejo de los recursos

marino-costeros con fines sociales y ambientales;

8. Fortalecer acciones conjuntas con el sector privado y no gubernamental en la

gestión de recursos marino-costeros, con especial énfasis en los ecosistemas de

manglar.

4.f) Áreas Protegidas

Para la consolidación de las áreas silvestres protegidas requerimos de las siguientes acciones:


30 | P á g i n a

1. El levantamiento de información territorial (registral, catastral, ecológica, y

socioeconómica).

2. La identificación clara de las propiedades que deben ser pagadas por el Estado.

3. La información sobre la ocupación en áreas silvestres protegidas y en

patrimonio natural del Estado y la regularización de poseedores que valoraciones

socioeconómicas y ambientales así lo requiera.

4. Los estudios jurídicos sobre ocupantes que tengan viabilidad de titulación.

5. La delimitación del patrimonio natural del Estado.

6. La revisión de la metodología para clasificar los terrenos de aptitud forestal.

7. La delimitación y amojonamiento de las áreas silvestre protegidas.

8. Consolidar el traspaso de las tierras al Patrimonio Forestal del Estado y mejorar

las capacidades de acción de la administración forestal del Estado para garantizar

su integridad.

9. Atender y aplicar los compromisos derivados del marco estratégico de la

Convención de Diversidad Biológica y las metas de Aichi, garantizando la

integridad de las Áreas Silvestres Protegidas continentales y marinas y su

adecuado financiamiento.

10. Reposicionar el papel de las Reservas de la Biosfera en las estrategias nacionales

de desarrollo y manejo del paisaje.

11. Fomentar un diálogo nacional sobre los alcances legales, ambientales, sociales,

culturales y económicos de las diferentes categorías de manejo de las Áreas

Silvestres Protegidas (ASP), así como de otras zonas especiales (ZMT, islas,

territorios indígenas, etc.) y dimensionar su papel en la generación de

beneficios socioeconómicos locales, incluyendo la facilitación del co-manejo de

recursos con fines de desarrollo sostenible.

12. Identificar y promover oportunidades de generación de ingresos adicionales

(tarifas, timbres, cánones, entre otros) y beneficios para gobiernos locales y

comunidades aledañas o dependientes de las ASP bajo criterios de integridad

ambiental (p.e. Vida Silvestre, Impuesto Forestal).


31 | P á g i n a

13. Fortalecer los programas de análisis, prevención y control de incendios, tala ilegal,

pesca ilegal y otras causas de la deforestación y degradación en Áreas Silvestres

Protegidas.

14. Procurar recursos de fuentes multilaterales para el pago de tierras en Áreas

Silvestres Protegidas.

15. Fortalecer la capacidad de gestión del SINAC para garantizar eficiencia en la

protección de las Áreas Silvestres Protegidas.

16. Identificar y aplicar oportunidades de manejo participativo con poblaciones

indígenas y locales interesadas.

5. Producción sostenible y consumo racional de energía

Costa Rica cuenta con un rico patrimonio natural para la generación de energía de

fuentes sostenibles. Además, del acervo de recursos hidroeléctricos, geotérmicos,

eólicos, solares y biomásicos, hay potencial para la generación de hidrógeno; sin

embargo seguimos dependiendo de la importación de combustibles fósiles tanto para

suplir las necesidades del sector transporte e industrial, como para atender las

demandas estacionales de bunker y diésel para generación de energía eléctrica, que ha

venido creciendo de manera preocupante, sobre todo por los periodos extendidos de

sequias. Algunas de las limitaciones actuales a la generación de energía sostenible se

originan en la inexistencia de espacios de diálogo abiertos y transparentes que

permitan a nuestra sociedad definir los esfuerzos nacionales más apropiados desde la

perspectiva integral del desarrollo sostenible, incorporando y respetando los derechos

de las comunidades locales y pueblos indígenas; errores que no pretendemos seguir

cometiendo.

En este campo, se debe estudiar, evaluar y acrecentar el potencial de las fuentes de

energía renovables que se usan actualmente para la producción de electricidad bajo los

principios de responsabilidad social, planificación a largo plazo, protección del

ambiente, estudio de impactos acumulativos, eficiencia técnica, económica y de


32 | P á g i n a

consumo, utilizando tecnología de punta. Asimismo, se requiere del diseño de

instrumentos que permitan proveer incentivos económicos al uso de equipos más

eficientes y apoyar acciones orientadas a la importación o fabricación de equipos

eléctricos más eficientes, mediante una estrecha coordinación entre el MINAE y el

Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio y el sector empresarial a

toda escala. En la misma línea fomentaremos el establecimiento de alianzas público-

privadas, en toda la cadena de valor de la industria energética, motivando a importadores

de equipos energéticamente más eficientes, distribuidores comerciales, financistas

comprometidos con los mercados verdes, y desde luego, a los usuarios quienes se ven

motivados a administrar mejor su facturación energética.

Las líneas de trabajo al respecto son:

5.a) Política energética

1. Formular una política de uso racional y eficiente de la energía, que incluya la

revisión de instrumentos económicos y el diálogo nacional sobre modelo

energético a largo plazo.

2. Fortalecer el modelo universal y solidario del suministro eléctrico.

3. Promover el desarrollo de fuentes locales y domiciliarias de energía renovable;

4. Decidida política de promoción del uso de energía solar y otras fuentes

renovables como la geotermia, la eólica, biomásica, y otras.

5. Incorporar criterios de estricta prevención, control y retribución del impacto

socio-ambiental del desarrollo energético.

6. Desarrollar el VII Plan Nacional de Electricidad con plena participación de los

actores involucrados.


33 | P á g i n a

5.b) Eficiencia energética

1. Promover el uso, desarrollo e importación de maquinaria y equipos eléctricos

más eficientes, incluso mediante instrumentos económicos.

2. Valorar opciones de modelos de energía distribuida y su conexión al sistema

interconectado nacional.

3. Promover nueva ley de eficiencia y conservación energía.

4. Optimizar uso de combustibles para transporte mediante regulaciones técnicas

rigurosas, límites a la importación ineficiente de vehículos y mejoras en

infraestructura.

5. Promover el uso de etiquetas de eficiencia energética en electrodomésticos,

luminarias y vehículos.

6. Desarrollar campañas de ahorro y uso eficiente de la energía en todos los

sectores (residencial, comercial, industrial y público).

7. Implementar la Directriz de Eficiencia Energética en el Sector Público Nº 011-

MINAE publicada en la Gaceta Nº 163 del 26 de agosto del 2014.

6. Transporte eficiente, solidario y ambientalmente sostenible

El sector transporte representa uno de los mayores retos para la economía nacional. La

infraestructura de baja calidad es insuficiente para atender las necesidades de un

crecimiento económico dinámico, los sistemas de transporte son insostenibles, tanto

para mercancías como para la población. Estos problemas contribuyen a que el sector

sea el que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero y se pierda

eficiencia y competitividad en los mercados nacionales e internacionales. Sistemas de

transporte público ineficientes y con predominio del uso individual del transporte


34 | P á g i n a

agravan la situación. Es por ello que promoveremos sistemas de transporte colectivo

urbano y rural que sean costo-eficientes que procuren un ambiente local más limpio,

incentiven el uso masivo bajo criterios de eficiencia y calidad, que a su vez permitirán

colaborar en la mitigación del calentamiento global.

Las líneas de trabajo, en coordinación con el MOPT y el MIVAH, son:

1. Impulsar un moderno Plan de Transporte Urbano e Interurbano, sostenible e

intermodal, para disminuir el consumo y la dependencia energética, mejorar la

calidad del servicio y del aire con fuentes energéticas de menor impacto

2. Asegurar la estabilidad estructural del sistema vial en la GAM y Ciudades

principales basados en criterios técnicos (Lanamme)

3. Desarrollar políticas e infraestructura para promover el uso de la bicicleta como

medio de transporte urbano

4. Reorganizar, integrar y profesionalizar el sistema de apoyo administrativo al

sistema de transporte

5. Establecer un programa que permita incentivar la adquisición de automotores de

tecnologías de punta, altamente eficientes en el uso de combustibles y de baja

emisiones de carbono. Además, reciclar automóviles con más de 15 años de

antigüedad.

6. Modernizar los puertos y buscar un modo de integración de los sistemas de carga

7. Promover el mantenimiento y recuperación de la red vial nacional

8. Desarrollar un marco de incentivos a la transición de la matriz de energía.

9. Fortalecer las campañas de educación vial y prevención de accidentes en

carreteras


35 | P á g i n a

10. Avanzar en el diseño y puesta en operación de soluciones de transporte masivo

(autobuses, microbuses, trenes y tranvías) sobre la base de energía limpia

7. Calidad Ambiental y Asentamientos Humanos

Materializar el principio constitucional del derecho a un medio ambiente sano se

constituye en uno de las principales tareas pendientes de esta Administración. En esa

lógica, trabajar arduamente para que la gestión pública ambiental garantice una calidad

de vida idónea para las y los costarricenses es una de las prioridades institucionales y

sectoriales.

Armonizar elementos como la salud pública y el medio ambiente sano amerita la

introducción de reformas elementales en dependencias clave como la Secretaría Técnica

Nacional Ambiental (SETENA) y la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA);

pero además supone asumir con compromiso el carácter precautorio en materia

ambiental como base para una gestión ambiental responsable con las presentes y

futuras generaciones.

En este eje las principales líneas de acción son:

7.a) Evaluación de Impacto Ambiental

1. Respetar marco legal vigente y fortalecer la Evaluación Ambiental Estratégica en

los planes e inversiones públicas, integrando prevención de riesgos y cambios

climáticos.

2. Fortalecer SETENA y su Comisión Plenaria con representantes permanentes y

técnicamente competentes y que funcione como un órgano técnico y no

politizado.


36 | P á g i n a

7.b) Gestión de Residuos

1. Aplicar responsablemente la política de gestión integral de residuos con

participación ciudadana y de los gobiernos locales, incluyendo incentivos y

responsabilidades por recuperación de desechos generados, en especial los más

nocivos para el ambiente y la plena aplicación de la Ley de Gestión Integral de

Residuos. Todo esto en coordinación con el Ministerio de Salud.

2. Asegurar el tratamiento de aguas servidas previa descarga en conjunto con el

Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados.

3. Asegurar que un alto porcentaje de empresas se comprometa al reciclaje,

reutilización y reducción de desechos.

7.c) Salud y Ambiente

1. Crear y fortalecer Comisiones Institucionales y Sectoriales de Salud y Ambiente y

sus respectivos planes de trabajo para tutelar el derecho a la salud y a un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, incluyendo la salud ocupacional y

dignidad de los empleos.

7.d) Gestión Pública de la calidad ambiental

1. El Sector Público en su conjunto debe velar por el respeto pleno de la legislación

ambiental vigente, estableciendo políticas y mecanismos de acceso a la

información y rindiendo cuentas sobre su accionar en materia de gestión

ambiental. El Sistema Nacional de Información Geo-Ambiental consolidará la

información resultante.

2. Crear y mejorar capacidades de gestión en el sector público

3. Reducción de impactos propios del quehacer de instituciones públicas, en

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, promoviendo la eficiente

energética, el uso eficiente de recursos y apoyando la meta país de C-N (por

medio de los PGAI).


37 | P á g i n a

4. Asegurar la gestión integral de residuos y el tratamiento de aguas residuales.

Implica la aplicación efectiva de la Ley 8839 por parte de instituciones y

municipios (en coordinación con el MS); así como el tratamiento de aguas

residuales (coordinación con el AyA).

5. Consolidar el Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA).

7.e) Impulso al consumo sustentable

1. Impulsar patrones de consumo de bienes y servicios de menor impacto en la

sociedad y en el mismo sector público.

2. Fortalecer comisiones interinstitucionales en esta temática.

8. Transparencia, rendición de cuentas, participación y control ciudadano de la

calidad y la gestión ambiental

Trabajar la gestión ambiental tomando la participación ciudadana como herramienta

nuclear de la formulación e implementación de políticas es uno de los objetivos centrales

del ejercicio sectorial e institucional. Para eso, es vital y urgente generar mecanismos

permanentes e institucionalizados para lograr acceso a la información expedita,

transparencia en la gestión, participación real y directa, control y auditoria ciudadana y

rendición de cuentas permanente del Ministerio y el sector ambiente.

En esta temática, las principales líneas de acción que nos proponemos son:

1. Constituir una Comisión Nacional Consultiva como espacio permanente de

diálogo sobre política y gestión ambiental y desarrollo sostenible

2. Organizar un Foro anual de rendición de cuentas y retroalimentación de

prioridades de gestión pública


38 | P á g i n a

3. Establecer unidades de resolución alternativa de conflictos socio-ambientales en

las Casas de Justicia del Ministerio de Justicia y Paz

4. Desconcentración de servicios estatales de gestión ambiental mediante ventanilla

única regional

5. Fortalecimiento de la formación ambiental activa tanto formal como informal

6. Control de la gestión y los impactos ambientales por parte de auditoría ciudadana

a toda escala (local, regional, nacional)

7. Acceso público a la información del SINIA a través de internet

8. Aumentar aplicación de principios de gobierno digital a la gestión ambiental en

el sector público

A manera de conclusión

A partir de estos lineamientos se espera que nuestra gestión responda a una visión

integral del tema ambiental así como a un ejercicio sostenido de ordenamiento en la

función pública, dirigido especialmente a garantizar una oferta de calidad a la

ciudadanía, una tutela del medio ambiente responsable y comprometido con nuestra

legalidad y orientaciones claras sobre la sostenibilidad ambiental.

Avanzar en una Agenda Ciudadana en Materia Ambiental en la que el Gobierno, la

Administración y la ciudadanía puedan armonizar esfuerzos de cara a la consecución de

metas ambiciosas es el primer paso para colocar el país en la ruta de garantizar un

mejor futuro para las generaciones venideras.

Esperamos que el compartir de estos derroteros nos sirva para encontrarle un mejor

sentido al quehacer de cada uno de nosotros dentro del contexto del MINAE.

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República de Costa Rica Ministerio de Ambiente, …...República de Costa Rica Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (MINAE) Hacia una agenda en la gestión ambiental pública