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LOS DESAFOS DE UN NUEVO PACTO GLOBALciudadanaRepensar la

Pablo Ayala Enriquez y Salvador Leetoy Lpez (coordinadores)

LOS DESAFOS DE UN NUEVO PACTO GLOBALciudadanaRepensar la

Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de MonterreyCtedra de Investigacin en Comunicacin, Globalizacin y Estudios Culturales

Repensar la ciudadana: los desafos de un nuevo pacto global / Pablo Ayala Enri quez, Salvador Leetoy Lpez, editores. Guadalajara, Jalisco, Mxico: Tecnolgico de Monterrey, Campus Guadalajara, Departamento de Comunicacin y Relaciones Internacionales, 2011.

216 p. ; 23 cm. (Ctedra de Investigacin en comunicacin, globalizacin y estudios culturales).

ISBN 978-607-501-065-6

1. Ciudadana Aspectos morales y ticos. 2. Democracia. 3. Participacin ciudadana I. Ayala Enriquez, Pablo. II. Leetoy Lpez, Salvador.

JF801.R474 2011

Diseo de portada: Dinora Vega ReyesDiseo de interiores y diagramacin: Roco Caldern PradoFotografa de portada: Vladimir Wrangel/Shutterstock

1a edicin, Guadalajara, 2011.

D.R. Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey.D.R. Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey. Ave. Eugenio Garza Sada Sur No. 2501 Col. Tecnolgico C.P. 64849 Monterrey, N.L.

ISBN 978-607-501-065-6

Impreso y hecho en Mxico

Printed and made in Mexico

Todos los derechos reservados. Esta publicacin no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por un sistema de recuperacin de informacin, en ninguna forma ni por ningn medio, sea mecnico, fotoqumico, electrnico, magntico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito del editor.

AGRADECIMIENTOS

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Los editores de este libro agradecemos el apoyo de diversas personas que hicieron posible la realizacin de esta obra compilatoria. Agradecemos a los directivos del Tecnolgico de Monterrey, campus Guadalajara, especialmente a su director, Vctor Gutirrez Aladro, y a la directora de la Escuela de Negocios y Humanidades, Mara Elena Vzquez Lira, quienes creyeron en este proyecto y nos facilitaron su realizacin. De la misma manera, agradecemos a los estudiantes organizadores del Segundo Congreso de Relaciones Internacionales y a su directora de carrera, Zazil Romero Echevarra, por su entusiasta participacin en dicho congreso del cual se incluyen un par de ponencias. Agradecemos tambin a Ingrid Lpez Inzunza por su cuidadoso trabajo de edicin y a Carlos Roque Pineda, asistente de la Ctedra de Investigacin en Comunicacin, Globalizacin y Estudios Culturales, por su labor y esfuerzo durante estos arduos meses de trabajo.

Los editores

NDICE

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INTRODUCCIN 13Pablo Ayala Enri quez

Una primera aproximacin a la complejidad que encierra el trmino 14La necesidad de superar las miserias del liberalismo 16La estructura del libro 17

LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA COMO PILAR EN LA CONSTRUCCIN 25DE UNA CIUDADANA ACTIVADaniela Gallego Salazar

Nuevos retos de la teora de la democracia 27Qu es la democracia deliberativa y cmo responde a los retos descritos? 30La democracia deliberativa como complemento del modelo representativo 34El valor epistmico de la deliberacin 36El ethos deliberativo y las virtudes del ciudadano deliberativo 39Los espacios de construccin de la ciudadana activa 41

DELIBERACIN Y JUSTICIA: RUTAS HACIA LA DEMOCRACIA RADICAL 47Salvador Leetoy Lpez

La radicalizacin de la democracia como forma de resistencia 48Justicia social como fin democrtico 55

LA INCIDENCIA DE LA DEMOCRACIA DIRECTA EN LA POLTICA INTERNACIONAL 71Carlos Cerda Dueas

La democracia directa y los asuntos internacionales 73Modalidades y detracciones del refrendo 76Casos prcticos del ejercicio de la democracia directa en poltica internacional 85 La democracia directa y la poltica exterior en el caso de Mxico 93Conclusiones 96

ES POSIBLE CONSTRUIR UNA CIUDADANA FUERTE 99EN NUESTRA DEMOCRACIA LIBERAL?Pablo Ayala Enriquez

Dos elementos del caldo de cultivo para la des-ciudadanizacin 100en la sociedad lquida: la condicin socioeconmica y el hiperconsumo 107La desafeccin ciudadana como respuesta a las barreras que impiden la participacin 112Claves republicanas para promover una ciudadana fuerte en Mxico 114Las coordenadas de una educacin ciudadana fuerte para Mxico 119

LA CIUDADANA DEMOCRTICA Y EL CIUDADANO COMO AGENTE. 121UNA PROPUESTA DESDE LA TEORA DE LAS CAPACIDADES HUMANASMartn Johani Urquijo Angarita

Sentidos de la ciudadana 122Dimensiones de la ciudadana, una propuesta desde la teora de la ciudadana de Cortina 144El ciudadano como agente 146

LA CIUDADANA ECONMICA DE LOS INMIGRANTES 153Jess Conill Sancho

Problematismo de la nocin de ciudadana econmica 157Instituciones econmicas modernas 163

VIDEOACTIVISMO Y CONTRAINFORMACIN EN MXICO: 165EL CASO DE LA PRODUCTORA CANAL 6 DE JULIODiego Zavala Scherer

La forma documental y el activismo en el Mxico contemporneo 165La historia antes de la historia 165Resistencia social: contrainformacin 166No slo el espacio, tambin el tiempo 172 Y al final, est la voz 174Tambin escribiendo se hace cine 175Entrevista con Carlos Mendoza 176

LA CIUDADANA EN PELIGRO: INSEGURIDAD Y VIOLENCIA EN MXICO 187Julio Hernndez Lpez

LA TRANSFORMACIN DE MEDELLN, LA NUEVA POLTICA 203Y LA VIOLENCIA EN MXICOSergio Fajardo Valderrama

PERFIL DE LOS AUTORES

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Pablo Ayala EnriquezEs doctor en tica y Democracia por la Universidad de Valencia, Espaa. Es maestro en Educacin, con especialidad en Humanidades por el Tecnolgico de Monterrey. Es director del Departamento de Formacin Humanstica y Ciuda-dana del Instituto Tecnolgico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Guadalajara. Ha publicado diversos artculos en temas de tica y ciuda-dana. Actualmente forma parte del Comit dictaminador del Programa Editorial del ITESM y de la revista Estudios Sociales del Centro de Investigacin en Alimenta-cin y Desarrollo, A.C. (CIAD).

Carlos Cerda DueasEs doctor en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor en el Tecnolgico de Monterrey, campus Guadalajara, adscrito al Departamento de Comunicacin y Relaciones Internacionales, y miembro de la Ctedra de Investigacin en Comunicacin, Globalizacin y Estudios Culturales. Es profesor visitante en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sus lneas de investiga-cin son los aspectos jurdicos de las relaciones internacionales, poltica exterior comparada y la poltica exterior de Mxico.

REPENSAR LA CIUDADANA. LOS DESAFOS DE UN NUEVO PACTO GLOBAL

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Jesus Conill SanchoEs catedrtico de Filosofa Moral y Poltica en la Universidad de Valencia, Espaa. Ha desarrollado proyectos de investigacin en distintas universidades europeas. Es miembro del Seminario de Investigacin Xavier Zubiri, de la Sociedad Espa-ola de Fenomenologa, de la European Business Ethics Network (EBEN) y de la International Development Ethics Association. Ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas y americanas. Ha dirigido proyectos de investiga-cin sobre tica y economa y actualmente es director del Grupo de Investigacin en Hermenutica y Filosofa Prctica. Sus principales temas de trabajo giran en torno a la fundamentacin y aplicacin de la tica: ticas hermenuticas, tica econmica y del desarrollo humano.

Sergio Fajardo ValderramaEs acadmico, periodista y poltico colombiano, reconocido por haber sido el alcalde de la ciudad de Medelln, Colombia. En sus inicios como profesionista, se dedic al trabajo acadmico en distintas universidades en Amrica Latina y Estados Unidos, principalmente en la Universidad de los Andes en Bogot. Adems de su trabajo como investigador, tambin lleg a participar como perio-dista en El Espectador y la revista Dinero. Tambin fue subdirector de El Colombiano. De 2004 a 2007 fungi como alcalde de Medelln, lo cual lo hizo acreedor a dis-tintas condecoraciones y premios, siendo algunos de ellos el reconocimiento de Mejor Alcalde de Colombia en el periodo 2004-2007 y el personaje de Amrica Latina en 2007 de acuerdo con The Financial Times.

Daniela Gallego SalazarEs doctora en tica y Democracia por la Universidad de Valencia, Espaa. Es miembro del Grupo de Investigacin en Biotica y del Grupo Iberoamericano de tica y Filosofa Poltica de la misma universidad. Sus lneas de investigacin son: tica de la deliberacin, democracia, procesos de toma de decisiones, aplicacin de la tica deliberativa a las instituciones pblicas y educacin democrtica. Entre sus artculos publicados se pueden mencionar: El papel de la educacin en la

PERFIL DE LOS AUTORES

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forja de la ciudadana democrtica (2006) y Cooperacin para el desarrollo en la educacin democrtica (2006), entre otros.

Julio Hernndez LpezNacido en Torren, Coahuila, es un distinguido periodista mexicano que hoy da radica en la ciudad de San Luis Potos. Desde joven ha participado en la poltica mexicana, lo cual lo llevo a ser el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potos en 1993. Posteriormente, entr a trabajar en el peridico nacional La Jornada, donde actualmente publica de lunes a viernes su columna Astillero. Asimismo, es el encargado de La Jornada en San Luis Potos. Su rea de especialidad radica en los diferentes temas que giran en torno a pol-tica mexicana actual.

Salvador Leetoy LpezEs doctor en Estudios Culturales por la Universidad de Alberta, Canad. Actual-mente se desempea como director de la Ctedra de Investigacin en Comu-nicacin, Globalizacin y Estudios Culturales en el Tecnolgico de Monterrey, campus Guadalajara. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley, la Universidad de Alberta y la Universidad de Sevilla. Sus lneas de investigacin son: estudios cultu-rales, teora crtica social, identidad y representacin cultural en Latinoamrica, y teoras de comunicacin de masas. Ha escrito diversos artculos sobre identidad y representacin del sujeto cultural indgena.

Martn Johani Urquijo AngaritaEs doctor en Filosofa por la Universidad de Valencia, Espaa. Profesor e inves-tigador en el Departamento de Filosofa de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Es coordinador de la lnea: Filosofa y Sociedad del Grupo de Investi-gacin en tica y Filosofa Poltica PRAXIS, perteneciente a la misma universidad. Es autor de varias publicaciones, entre las que se encuentran artculos en revistas, captulos de libros, ponencias y comunicaciones, investigaciones realizadas y dos


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libros: La ciudadana reexaminada. Un anlisis a la ciudadana democrtica desde el enfoque de las capacidades humanas (2007) y La libertad como capacidad. El enfoque de las capacidades de Amartya Sen y sus implicaciones en la tica social y poltica (2008).

Diego Zavala SchererEs doctor en Comunicacin Social por la Universidad Pompeu Fabra en Barce-lona, Espaa. Becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologa (CONACYT) para el desarrollo de la tesis doctoral titulada La potica del sujeto y el mito democrtico americano: los documentales televisivos de la guerra de Irak. Es colaborador de la revista Proceso para temas de cine y miembro de la Ctedra de Investigacin en Comunicacin, Globalizacin y Estudios Culturales. Sus lneas de investigacin son: teora documental, relacin de la televisin y el cine docu-mental, la figura del hroe en ficcin y documental, y la guerra y el cine.

INTRODUCCIN

Pablo Ayala Enriquez

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Repensar la ciudadana no es un esfuerzo terico menor. La complejidad de la tarea se agudiza por el hecho de que cualquier aproximacin a la nocin exige tener en cuenta su multidimensionalidad, la polisemia derivada del sinnmero de acercamientos dirigidos a conceptualizarla y la proximidad que mantiene con algunas acepciones que han hecho escuela en el marco de la legalidad, la teora poltica, el civismo, los derechos humanos y la cultura democrtica. Por su parte, la cotidianidad y variedad de formas en que el trmino se emplea fuera del espacio de la academia, provocan que la nocin sea an ms difcil de aprehender debido a que, de un modo u otro, cualquier persona es capaz de concebir y distinguir quin es un ciudadano o quin no lo es.

A decir de Martha Ochman, los problemas para delimitar el concepto inician con las definiciones fundamentales, que pretenden ser suficientemente amplias para sintetizar posturas tericas contradictorias (2006, p.9), de ah que el deno-minador comn del que disponemos para distinguir la nocin ciudadana de otros conceptos prximos a ella, lo encontramos concretado en unos rasgos mnimos en los que parece haber un cierto acuerdo.

Y si nuestro afn es, tal como lo expresa el ttulo del libro, Repensar la ciudadana. Los desafos de un nuevo pacto global, la primera tarea que habremos de emprender es la de superar la dificultad que implica delimitar tericamente nuestro objeto de estudio, para luego explorar las condiciones sociopolticas y culturales bajo las cuales dicha nocin puede prosperar en el contexto latinoamericano.


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Una primera aproximacin a la complejidad que encierra el trmino

Si tenemos en cuenta que la nocin de ciudadana es tan antigua como la sociedad de Pericles, Platn o Aristteles, cul puede ser su atractivo al da de hoy? cul es el aporte que actualmente puede traer repensar una nocin que, por sus siglos, bien pudiera confinarse en las estanteras de las bibliotecas, continuar su reposo en las lneas de discursos polticos del pasado o mantenerse en las clases introduc-torias de la ciencia poltica y la filosofa?

A decir de Adela Cortina, el trmino en la dcada de los noventa del pasado siglo comenz a recobrar su antiguo protagonismo1 por razones tanto filosficas, como por razones atribuibles a la presencia del concepto en la vida cotidiana. Entre las razones filosficas, Cortina encuentra que la nocin encierra el resultado de la discusin entre liberales y comunitarios: ciudadano es quien pertenece a una comunidad poltica moderna, compuesta por instituciones que pretenden pro-mover la justicia, mismas que cobrarn su legitimidad al momento de pretenderla (en Cortina y Conill, 2001, p.16).

Entre las razones provenientes de la vida cotidiana tenemos que la nocin se encuentra ntimamente ligada a una serie de exigencias sociales e institucionales, asociadas a la vida en democracia. Aun y cuando la democracia de nuestras socie-dades latinoamericanas no ha rendido todos los frutos que se esperan de ella, no podemos negar que, como afirma Antonio Bolvar, no son las estructuras formales de una democracia las que le dan fuerza y la hacen sostenible, sino las virtudes cvicas y la participacin activa de sus ciudadanos (2007, p.9). Es indiscutible el valor de la democracia y su aporte a nuestras sociedades, pero ante la inconsis-tencia y la controversia que encierran algunos de sus resultados, el rol y virtud que encarna la accin ciudadana parece superar el protagonismo del trmino demo-cracia e, incluso, del de legalidad.

1. Antonio Bolvar seala que ese mismo inters se suscit en el marco de las polticas educativas, tra-tando de responder a la necesidad de formar ciudadanos ms competentes cvicamente y compro-metidos, mediante la participacin en las responsabilidades colectivas (2007, p.9). El planteamiento de Bolvar se inscribe en lo que l denomina la ciudadana comunitaria, propuesta que busca recuperar el conjunto amplio de la comunidad educativa mediante una renovada articulacin entre la escuela y la sociedad.

INTRODUCCIN

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Sin embargo, el estatus pleno de ciudadana, ms all de los tenues acuerdos que encontramos entre republicanos, liberales y comunitarios2 respecto al signi-ficado y sentido de la nocin, parece an estar muy lejos de ser una condicin de vida para todos los seres humanos. Creemos que no basta slo con pertenecer a una comunidad, ser representado por quienes encabezan y dirigen las institu-ciones polticas o tener reconocidos derechos tan bsicos como el de la libertad, la igualdad o el de elegir a quin deba representar nuestros intereses en el seno de la comunidad poltica. Ser ciudadano implica mucho ms. Nuestras sociedades latinoamericanas enfrentan un grave dficit de ciudadana. Dficit que, en gran medida, es generado por una serie de circunstancias que rodean el devenir de la poltica democrtica, a saber: el estallido de la globalizacin econmica, su deter-minante y creciente protagonismo en el terreno de lo poltico (Beck, 2008), han convertido el consumo en el nico telos de la existencia humana, imposibilitando la formacin de ese tipo de persona que se sienta partcipe y comprometida con los valores y principios ticos que encarna la vida en democracia y en comunidad (Camps, 2010).

Por otro lado, la democracia representativa, misma que pareciera la ms viable para sociedades tan complejas como las nuestras, no slo ha sofocado el genuino inters ciudadano por deliberar sobre los problemas y asuntos comunes, sino que tambin ha degradado en una democracia mediatizada que prioriza los intereses partidistas y no los de la sociedad en su conjunto. Pareciera que el gran aporte del Estado moderno liberal, el reconocimiento de los derechos civiles y polticos, juega en contra de la conformacin de una ciudadana fuerte y slida, volvindola mediante el sistema de representacin, al menos para el caso latinoamericano, una ciudadana dbil y deficitaria, debido a que el preciado e inalienable valor de

2. A decir de Flor Cabrera Rodrguez (2002), la dificultad para acceder a una definicin unnime de la ciudadana est asociada a las caractersticas del proceso de globalizacin, la crisis del Estado de bien-estar, la multiculturalidad, el aumento de los procesos migratorios, la aspiracin a alcanzar una mayor equidad, la emergencia de nuevas voces minoritarias y la necesidad de acceder a un mayor desarrollo sostenible, ha dado como resultado el surgimiento de ideas tales como: la ciudadana cosmopolita (Cor-tina), ciudadana global (Bank, Olu, Marryfield), ciudadana responsable (Bell, Spencer y Klug), ciudadana activa (Osler y Brcena), ciudadana crtica (Girox, Mayordomo e Ingleheart), ciudadana social responsable (Carneiro), ciudadana multicultural (Kymlicka), ciudadana intercultural (Cortina), ciudadana diferenciada (Young), ciudadana econmica (Conill), ciudadana ambiental (Carneiro).


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la libertad, en nuestras democracias liberales, muta en apata, individualismo e incapacidad para interesarse y hacerse cargo de los problemas que nos conciernen a todos.

La necesidad de superar las miserias del liberalismo

La primaca de la libertad en la democracia liberal, nos recordar Victoria Camps, es

...al mismo tiempo un presupuesto y un inconveniente para construir ciuda-dana. Es un presupuesto y una condicin porque la libertad es sinnimo de soberana y el ciudadano tiene que ser, por definicin, un ser capaz de decidir por s mismo y con posibilidades para hacerlo. Al mismo tiempo, vivir en sociedad significa compartir intereses comunes y tambin estar al servicio de ellos (2010, p.10).

La comunin entre los intereses individuales y los comunitarios es, sin lugar a dudas, uno de los principales retos que enfrentan tanto nuestras democracias libe-rales como los programas de estudio que tratan de promover de manera trans-versal competencias ciudadanas.

La entronizacin de la libertad individual en las democracias liberales ha deri-vado en un dficit del capital social que se requiere para la satisfaccin de inte-reses y necesidades comunes. De ah que an mantenga su vigencia la crtica que los pensadores comunitaristas han venido planteando durante dos dcadas a los liberales:3 la construccin de lo moral resulta impensable al margen de las comuni-dades, en donde las personas desarrollan sus capacidades para que la comunidad sobreviva y prospere. La prdida de la dimensin comunitaria ha provocado la situacin en que nos encontramos, en la que los seres humanos son ms indivi-duos desarraigados que personas, tomos disgregados en una masa informe, que pueblo. Y, por si faltara poco, ignoran qu tareas morales han de desarrollar (Cor-tina, 1996, p.106).

3. Especficamente nos referimos a los autores defensores del neoliberalismo (en su vertiente economi-cista) y al liberalismo libertario.

INTRODUCCIN

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As pues, el ciudadano que ha estrechado sus lazos cvicos y la fuerza de los vnculos comunitarios, no slo se considera como una parte ms de la comunidad, sino que se sabe reconocido e identificado con ella y se esfuerza por mantenerla y mejorarla. De este modo, en el marco de una sociedad global, la ciudadana sub-yace como ese soporte del conjunto de identidades, culturas y particularidades que confluye en el seno de una comunidad, suavizando los conflictos derivados de la convergencia de diferentes ideologas, culturas, valores, aspiraciones e identi-dades en un mismo espacio poltico.

Por tanto, la superacin de las miserias de esa forma de liberalismo que slo exalta la bsqueda del bienestar del yo, y que a la vez obstruye el florecimiento de la solidaridad y la vida en comunidad, obliga a que cualquier esfuerzo por formar ciudadanos atienda a: la necesidad de promover la autonoma personal, haga efectivos los derechos humanos, en especial, los sociales, y que posibilite el for-talecimiento de los lazos cvicos y capacidades que permiten la puesta en marcha de proyectos con beneficios e impactos comunes. Las condiciones institucionales estn puestas, ahora falta el arresto, el valor y el coraje ciudadano para transformar todo aquello que impide su florecimiento.

La estructura del libro

La presente obra tiene su origen en una serie de reflexiones que hemos recogido en las discusiones sostenidas en el seminario permanente que auspicia la Ctedra de Investigacin en Comunicacin, Globalizacin y Estudios Culturales del Tecnol-gico de Monterrey, campus Guadalajara, as como en el encuentro que en 2011 sostuvimos con algunos colegas que participaron en el Segundo Congreso de Rela-ciones Internacionales 2011 El nuevo orden mundial: reconfigurando escena-rios, que organiz el grupo de estudiantes que cursa la Licenciatura de Relaciones Internacionales. Su origen dialgico defini la estructura del libro. La primera parte contiene siete ensayos donde se reflexiona sobre las bases que constituyen una democracia con vocacin deliberativa y la ciudadana que este tipo de demo-cracia exige. La segunda parte del libro est conformada por la transcripcin de las conferencias que dictaron Julio Hernndez, autor de la columna Astillero del peridico La Jornada, y Sergio Fajardo, exalcalde de Medelln, Colombia.


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Daniela Gallego Salazar da inicio a la primera parte, con un texto en el que aborda los principales retos que enfrenta la democracia en la actualidad, para proponer la va de la democracia deliberativa como una forma de superar los actuales dficit del modelo de democracia representativa y que le impiden cum-plir con suficiencia su objetivo central: garantizar que los procesos de toma de decisiones cuenten con mecanismos de participacin que representen con justicia las demandas y necesidades de los ciudadanos.

Sin embargo, la superacin de esos dficit, a decir de Gallego, requiere afrontar cuatro desafos que nos presenta la sociedad global de la que somos parte: la crisis moral del liberalismo que deriva en la construccin de un ser humano desmedi-damente individualista; la prdida de la soberana estatal; la desigualdad social, y el pluralismo cultural. El conjunto de dichos hitos sociopolticos nos enfrentan, afirma Gallego Salazar, a un problema tan complejo como los antes sealados: la falta de legitimidad de las decisiones polticas en el contexto de la democracia liberal y, por ende, la puesta en cuestin de la justicia.

Ante este ltimo riesgo, la autora, despus de hacer un riguroso recorrido terico por la evolucin de la idea de democracia deliberativa nos propone una frmula, con impronta moral, para superar las perversiones a las que obliga el mandato de la voluntad expresada en la voz de las mayoras, mediante una reno-vada propuesta de democracia deliberativa, donde el ciudadano recupera su ethos participativo y dialogante.

El protagonismo de la deliberacin pblica, como una de las vas indispen-sables para la conformacin de una sociedad justa, es sin duda el eje central del planteamiento de Salvador Leetoy Lpez, quien nos plantea rutas para construir una democracia radical. No se parte de las estrategias que hacen posible la democracia fuerte defendida por Barber, ya que el planteamiento de Leetoy, por su carcter revolucionario, rompe con el dejo conservador del primero. Para Salvador Leetoy, la democracia se vuelve una utopa irrealizable cuando en ella no hay posibilidades para el intercambio equitativo y respetuoso de ideas, particularmente las que pro-vienen de los marginados y los excluidos de la sociedad.

Tomando como eje el caso del neozapatismo en Mxico, Leetoy Lpez nos pre-senta un programa para ampliar los alcances de esa parte de la poltica social que abona a la construccin de una democracia distinguible por la conformacin de espacios para que enrace un dialogo abierto y plural en pro de la satisfaccin de las

INTRODUCCIN

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principales demandas polticas en Mxico: la exclusin del diferente, la falta de libertades civiles y la ausencia de una poltica pblica que represente los intereses nacionales.

La riqueza de las diferentes experiencias democrticas que se viven al interior de la mayora de comunidades indgenas y recogidas por nuestro autor, nos lega una evidencia palmaria: en democracia, la participacin directa rinde los mejores frutos de una ciudadana activa y comprometida. Carlos Cerda Dueas, ampla la visin de lo local desarrollada por Leetoy, para llevarla, al hilo de la historia, a un contexto internacional.

En La incidencia de la democracia directa en la poltica internacional, Carlos Cerda Dueas se da a la tarea de explorar las distintas formas y modalidades en que la participacin popular. Por un lado, posibilita la conformacin de una nueva ciudadana internacional y, por otro, allana el camino para la recomprensin de temas tan vitales en las relaciones internacionales como son la autodeterminacin y la soberana de los pueblos, la ratificacin de tratados, el ingreso o la perma-nencia en organismos internacionales o el mecanismo del referendo.

Sobre este ltimo, Cerda Dueas nos propone una detallada agenda que orien-tar a cualquier interesado en la poltica internacional sobre cmo ampliar las posibilidades del referendo y superar sus detracciones frente a otros mecanismos, como la iniciativa y la consulta popular, el plebiscito y la revocacin del mandato. Los ejemplos de cmo el referendo se ha utilizado en diversos pases aportan la riqueza implcita de extrapolar la teora a la prctica, al igual que la evidencia tangible de la manera en que este instrumento, para el caso mexicano, puede con-tribuir a incrementar los niveles de participacin democrtica en asuntos interna-cionales. El camino no es sencillo, ya que se precisa de una firme voluntad poltica con nimo democratizador, bien moral escaso en la actual poltica mexicana.

Sin embargo, la construccin de una democracia fuerte o radical en el plano domstico o internacional no slo depende de la voluntad de quien hace de la poltica su modus vivendi, sino que depende, y quizs en mayor medida, de la accin de una ciudadana deliberante radical.

Esta nocin, entendemos, se presenta como bisagra entre la democracia deli-berativa propuesta por Daniela Gallego, y la ciudadana republicana de la que hablan Pablo Ayala Enri quez, Martn Johani Urquijo Angarita, Jess Conill Sancho y Diego Zavala Scherer. Una ciudadana deliberante radical es principio y fin de


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la democracia deliberativa, as como sta es el origen y destino de la ciudadana deliberante radical.

Con el propsito de reconocer las posibilidades que tiene la conformacin de una ciudadana fuerte en el contexto de las democracias liberales latinoamericanas, en particular, la mexicana, Pablo Ayala, desde una perspectiva tica-republicana, se pregunta cmo el hiperconsumo y la crisis de legitimidad de la democracia actual impiden la construccin de una ciudadana fuerte. Lo paradjico de la cuestin, a decir de Ayala Enriquez, es que nuestra democracia liberal funciona, pero prcticamente sin ciudadanos. Hasta dnde puede sostenerse dicho esquema? Los raquticos niveles de participacin comunitaria, el aumento de la violencia, la pobreza, la corrupcin que impera en la esfera gubernamental y civil, as como la apata propia de una sociedad centrada en el disfrute y la bsqueda del inters del yo, hacen ms difcil que nuestro actual modelo de democracia se desprenda de sus vicios y arribe al horizonte deliberativo que defendemos. El fortalecimiento de la ciudadana, pensamos, exige primero, la superacin de la precariedad material y moral que sufren nuestras sociedades, para despus poder recuperar los espacios polticos pblicos y desembarazarnos de los totalitarismos de partido y mercado.

La pregunta que Pablo Ayala plantea respecto a si es posible construir una ciudadana fuerte en nuestras democracias liberales? obliga a superar la visin libertaria del papel del ciudadano e implica repensar las virtudes cvicas del mexi-cano y, muy en particular, nos obliga a indagar sobre las mejores alternativas educativas para promoverlas y hacer del ciudadano un verdadero agente de trans-formacin y cambio social.

La exploracin de las exigencias y posibilidades de la ciudadana democrtica y la ciudana como agencia viene de la mano de Martn Johani Urquijo, quien pro-pone pasar del mero reconocimiento que posibilita la pertenencia a una comunidad concreta, al establecimiento de condiciones (polticas, sociales, econmicas) que posibiliten el desarrollo de las capacidades que se requieren para ser, en sentido amplio, un ciudadano.

Despus de un repaso de los sentidos de la ciudadana defendidos por republi-canos (Bobbio, Pocock, Pettit), liberales (Bentham, Mill, Berlin) y comunitaristas (Etzioni), Urquijo Angarita nos propone un modelo de ciudadana que parte de la nocin de agencia defendida por Sen y que nuestro autor complementa con los apuntes crticos que al respecto ha hecho Martha Nussbaum.

INTRODUCCIN

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As pues, la ciudadana, desde el planteamiento de Urquijo, no puede ser com-prendida slo como pertenencia a una comunidad poltica donde se adquieren derechos y deberes, sino desde la capacidad de autodeterminacin, de actuar y provocar cambios cuyos logros pueden juzgarse en funcin de sus propios valores y objetivos. El ciudadano empoderado por la agencia, ms all de recoger lo mejor y superar la ortodoxia de las visiones republicanas, liberales y comunita-ristas, debemos comprenderlo como su propio seor, como dueo de s, poseedor de una ciudadana real.

La propuesta de Martn Urquijo es urgente y necesaria, sin embargo, no es sen-cilla de realizar en contextos democrticos como el mexicano, ms an cuando se es un migrante. Sobre las condiciones y posibilidades de La ciudadana econmica de los inmigrantes, Jess Conill, de un modo difano y breve, al hilo de la evo-lucin del concepto de ciudadana, nos explica el problematismo institucional (el mercado, la empresa, el estado y los organismos internacionales) y dimensional (las caras de la ciudadana econmica: la produccin de bienes, el acceso al estatus de consumidor, la capacidad de gasto y ahorro, de inversin y, por ltimo, de particin poltica) en que se ve envuelta la nocin de ciudadana econmica. A decir de Conill Sancho, todos los ciudadanos, si fueran realmente sensibles a ese problema tan acuciante, impulsaran con su participacin poltica un cambio de direccin en la agenda poltica de sus presuntos representantes. Y si ello no se da del modo en que el autor lo expresa, como l mismo seala, al menos podra intentarse.

Un esfuerzo digno de elogio por hacer valer la potencialidad del ejercicio de la ciudadana econmica, lo expone Diego Zavala al compartirnos su visin sobre el trabajo desarrollado por Carlos Mendoza en el Canal 6 de julio, empresa que surge en uno de los momentos ms lgidos y moralmente controvertidos de la poltica en Mxico: el arribo a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari y, con l, la llegada de la poltica econmica neoliberal.

Para Zavala Scherer, la forma documental promovida por el Canal 6 de julio ha abierto un poderoso y renovado horizonte para el activismo mexicano. La lle-gada de Salinas a la presidencia trajo consigo la firme conviccin de un cambio democrtico que fue recogida por la narrativa documental que, ms que cine, se nos presenta como una forma de resistencia, como una va que asegura la contra-informacin. Por tanto, el trabajo que ha venido desarrollando Carlos Mendoza


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en su Canal 6 de julio, a decir de Diego Zavala, se nos ofrece como una forma de deconstruccin social, que va ms all de una visin simple de la realidad social del pas [que] intenta comentar, cuestionar y minar el trabajo de construccin de las representaciones oficiales. Tiene un componente transgresor al tiempo que reinstaura la posibilidad de abordar el pasado y el presente poltico desde otro punto de vista. Por su potencial demoledor de la verdad oficial, el documental de Mendoza, ms all del preciosismo estilstico, literario y la experimentacin van-guardista, se presenta como el vivo ejemplo de una ciudadana que, por su indig-nacin, activa su poder transformador mediante una nueva cartografa ideolgica visual que tiene por blanco de mira los afanes, excesos, desatinos y consecuencias de la accin hegemnica gubernamental y empresarial que aquejan a esa gran cantidad de voces de personajes excluidos de los registros representacionales de la historia oficial.

La historia reciente que recoge y retrata Canal 6 de julio, es complementada por la crtica sin concesiones que se plasma en la conferencia que dict Julio Her-nndez Lpez, autor de la siempre presente columna Astillero del peridico La Jornada ante los estudiantes de Relaciones Internacionales del Tecnolgico de Mon-terrey, campus Guadalajara. Si en Operacin Galeana, Tlatelolco: claves de la masacre y 1968: la conexin americana, Carlos Mendoza expone la crudeza de una etapa recientsima de la historia de Mxico, Hernndez Lpez completa el cuadro al advertirnos que en Mxico estamos viviendo y participando en una verdadera emergencia nacional, derivada de una violencia sin control que representa no slo un peligro para los ciudadanos mexicanos, sino tambin para los de Norte, Centro y Sudamrica.

A decir del columnista, la poltica de seguridad promovida por el presidente Felipe Caldern Hinojosa est errada, ya que a quien debi haber declarado la guerra era a la pobreza, la insalubridad, la educacin deficiente y la injusticia ins-titucionalizada. El espectculo inhumano de los muertos destazados, los secues-tros, los asesinatos en masa y dems formas en que se manifiestan los ajustes de cuentas entre bandas y entre stas y las fuerzas castrenses, no ha hecho ms que cercenar las garantas individuales y los derechos humanos, as como hundir en las fosas de la muerte el prestigio, la historia y el futuro de nuestro pas. Ante la anomia y lo indecible de la violencia, pareciera que una suerte de anestesia social se apo-

INTRODUCCIN

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der de los mexicanos, ya que pase lo que pase, en este pas podemos asumirlo con una sonrisa que puede ir desde el cinismo, hasta la incomprensin y la burla.

Una parte de la solucin al abatimiento cvico descrito por Julio Hernndez, lo encuentra en la promocin de una mayor participacin poltica de los jvenes y la generacin de un nuevo pacto nacional que posibilite la reconfiguracin ins-titucional (incluido el Congreso). Las acciones sealadas son impostergables ya que corremos el grave riesgo de que la violencia, la intolerancia, la apata y la manipulacin triunfen.

Sergio Fajardo Valderrama, exalcalde de Medelln, Colombia, en su conferencia nos comparte una historia que podemos calificar de xito, donde el compromiso y activismo ciudadano dio sus mejores frutos. La experiencia vivida por Fajardo nos permite recoger algunas ideas para articular una serie de acciones ciudadanas que conduzcan a reducir la violencia.

Los pasos dados por Fajardo Valderrama en Medelln inician con la determina-cin de la complejidad de la problemtica que envolva la realidad social de aquel lugar. Posteriormente hubo que definir los principios que posibilitaran abordar las aristas de la realidad, y de entre los que destacan los principios ticos. As pues, la bsqueda de la confianza, la transparencia, la honestidad, la congruencia entre el decir y el actuar, la comunicacin incluyente y la solidaridad, entre otros ms, se presentan, para el caso de Medelln, como los principales motores del desarrollo social.

No es mediante la fuerza del ejrcito, ni la de una polica nica, sino a travs de la dignificacin de las condiciones de vida, ms y mejor educacin, el trabajo formal, la cultura, el respeto a la legalidad y el combate a la desigualdad, que la violencia se puede combatir. Hoy, a decir de Sergio Fajardo, es el momento para Latinoamrica, desde Argentina hasta Mxico, de que se plantee una posicin ante el mundo con respecto al tema del trfico de drogas. La frmula, contina Fajardo, consiste en varias cosas: en primer lugar hay que erradicar la violencia. Hay que disminuirla y luchar contra las desigualdades. As como generar oportuni-dades para quitar la maleza que representa la cultura de la ilegalidad. Esto se hace mediante una nueva poltica basada en principios. Principios, en suma, dirigidos hacia la generacin de un mayor capital social, el capital al que, dadas las condi-ciones actuales, deberamos apostar en un pas como el nuestro.


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Por ltimo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a quienes participaron con sus sugerencias, reflexiones, aportes escritos y conferencias. Sin el trabajo de aqullos que se han puesto en serio a Repensar la ciudadana, este libro no hubiera visto la luz. Esperamos sea, adems de til para docentes y estudiantes, otro referente desde el cual podamos seguir pensando y repensando la ciudadana.

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LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA COMO PILAR ENLA CONSTRUCCIN DE UNA CIUDADANA ACTIVA

Daniela Gallego Salazar

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La democracia es una idea poderosa y seductora porque se funda sobre la promesa de que el pueblo se autogobierna, es decir, de que los ciudadanos somos a la vez los autores y destinatarios de nuestras leyes. Ahora bien, para realizar el mandato democrtico de que el poder resida en el pueblo, la democracia se ha vuelto repre-sentativa. sta garantiza el ejercicio de la igualdad poltica a travs de dos meca-nismos: 1) la igual consideracin de las preferencias a travs de la frmula: una persona, un voto y 2) la concesin a todos los ciudadanos de iguales oportuni-dades para la formacin y definicin de sus preferencias (Fishkin, 1995). El primer requisito concede igual peso poltico a cada persona, distribuye equitativamente el poder de eleccin y realiza con ello, el imperativo democrtico de la soberana. El segundo, exige la institucionalizacin de un conjunto de libertades civiles y polticas bsicas con lo que aspira a garantizar el justo respeto a la inviolabilidad de ciertos derechos bsicos, libertad de informacin y debate para garantizar que los ciudadanos sean los artfices de sus juicios sobre poltica.

Sin embargo, a pesar de su amplia difusin e implantacin, la democracia representativa no deja de ser objeto de innumerables crticas. La ms extendida de ellas es que los representantes en quienes se delega el poder hacen de l un uso interesado, toman decisiones en funcin de la capacidad de negociacin de las partes enfrentadas, utilizan un lenguaje poltico agresivo o manipulador desde posturas carismticas, y slo representan los intereses de pequeos grupos, con lo cual a decir


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de Adela Cortina, parecen manejar la cosa pblica como Cosa nostra (1998). Los dficit en la representacin de los intereses ciudadanos tienden a profundizarse en el marco de un mundo global y financieramente interconectado, que est gene-rando profundos cambios sociales e institucionales y en el que se ha debilitado la soberana de los Estados.

Lo que preocupa en general es que tal y como est planteada hoy en da la democracia no parece cumplir en grado suficiente con su objetivo fundamental que es garantizar que los procesos de toma de decisiones cuenten con mecanismos de participacin que representen con justicia las demandas y necesidades de los ciudadanos. La distancia que se genera entre representantes y representados y la diferencia en la manera que tienen de percibir lo urgente y lo necesario, es preocupante porque puede restar legitimidad a la democracia. Recordemos que el apoyo y el respeto que muestran las personas por un rgimen poltico est muy relacionado con la percepcin que tienen de que slo viviendo bajo tal orden de cosas pueden llevar adelante sus proyectos de vida, porque ste proporciona las circunstancias ms favorables para el desarrollo personal, la paz y la felicidad de cada cual. Si esta percepcin disminuye la democracia se erosiona y el orden pol-tico se vuelve injusto.

La inconformidad sentida en relacin con las promesas de soberana y legiti-midad de la democracia representativa, ha generado una nueva lnea de reflexin en la teora poltica contempornea denominada ya por algunos autores como el giro deliberativo de la teora democrtica (Dryzek, 2002; Macedo, 1999). Este derrotero aparece a partir de la dcada de los noventa e intenta revitalizar la demo-cracia a travs del rescate de su sentido ms genuino, la deliberacin asociada a los procesos de formacin de la voluntad ciudadana.

El propsito de este ensayo es describir brevemente los retos que enfrenta la democracia en la actualidad y presentar al modelo de democracia deliberativa como una va para complementar los dficit del modelo representativo y para recuperar el papel protagnico que est llamada a desempear la ciudadana si efectivamente aspira a ser soberana en la definicin de los asuntos que le afectan.

LA DEMOCRACIA DELIBERATIVA COMO PILAR EN LA CONSTRUCCIN DE UNA CIUDADANA ACTIVA

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Nuevos retos de la teora de la democracia

En el mundo globalizado hay cuatro hechos que condicionan la discusin sobre la democracia: 1) la crisis del liberalismo, 2) la prdida de soberana que atraviesan los Estados nacionales vinculada a la globalizacin, 3) la profundizacin de la des-igualdad global en una poca de enorme generacin de bienes econmicos y 4) el pluralismo cultural producto de las migraciones. Cada uno de estos aconteci-mientos ha contribuido a debilitar la capacidad de las actuales democracias para representar la voluntad de la ciudadana.

Efecto de estos hechos son las constantes crisis de gobernabilidad que a menudo enfrentan las democracias y que son un claro indicador de que su estabilidad no depende exclusivamente del buen funcionamiento del orden jurdico y constitu-cional o de la realizacin peridica de elecciones, sino fundamentalmente de que las expectativas polticas de los ciudadanos que son el corazn y la razn de ser de la democracia, se vean cubiertas en una medida tal que les permita confiar en el orden poltico a largo plazo y obedecer a su lgica y sus mandatos por voluntad propia, al menos en la mayora de los casos (Rawls, 1997, p.332).1 Y sta es una de las dimensiones centrales de su legitimidad.

Las renovadas crticas a la democracia liberal provienen de varias direcciones. Una de ellas est representada por el enfoque comunitarista que pone en evidencia algunas de sus deficiencias ms importantes (MacIntyre, Sandel, Walzer). Entre ellas destaca una concepcin extremadamente individualista del ser humano, del que se dice que slo acta para satisfacer intereses propios. Esta nocin del hombre entronca plenamente con la concepcin de la poltica como un instrumento que posibilita la competencia entre grupos que buscan asegurar sus intereses y no el bien pblico, y que termina por convertir a los ciudadanos en meros consumidores de ofertas electorales. Estas deficiencias generan una democracia blanda en la que no se valora la participacin, ni la fraternidad comunitaria ni el autogobierno. Una democracia que es, en palabras de Barber:

1. Decimos en la mayora de los casos, porque en las democracias los ciudadanos gozan del derecho a la desobediencia civil, cuando se niegan a cumplir con leyes que consideran inaceptables a pesar de que hayan sido aprobadas democrticamente. John Rawls la define por ejemplo, en estos trminos: como un acto pblico, no violento consciente y poltico, contrario a la ley, cometido habitualmente con el propsito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno (1997, p.332).


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Una poltica del inters esttico, nunca una poltica de transformacin; una poltica del negocio y del intercambio, nunca una poltica de creacin e inven-cin; y una poltica que concibe a las mujeres y hombres bajo su peor rostro con la finalidad de protegerlos de ellos mismos, nunca al amparo de su mejor potencial para conseguir que sean mejores de lo que son (2004, p.84).

El segundo gran reto que enfrenta la democracia en la actualidad, est represen-tado por el paulatino debilitamiento de la soberana nacional. Un efecto colateral de la globalizacin vinculado al menos con dos hechos. El primero es represen-tado por la gran influencia que ejercen las nuevas fuerzas econmicas sobre el Estado. Las grandes corporaciones y los flujos financieros, entidades no sometidas al control democrtico, ejercen fuertes presiones sobre el parlamento y terminan dirigiendo la agenda de las polticas sociales y econmicas. En palabras de Grass: El parlamento degenera en filial de la bolsa [porque se somete a la presiones internas y externas del gran capital y, con ello dice] lo que se hunde no es el Estado el Estado aguanta mucho, lo que se hunde es la democracia (2005).

El segundo efecto de la globalizacin ha sido la aparicin y el fortalecimiento de organizaciones polticas trasnacionales, como la Unin Europea por ejemplo, cuya potestad para legislar sobre asuntos locales transforma los mecanismos tradicio-nales de gobierno democrtico. Estas instituciones representan a nuevas mayoras que no necesariamente habitan en el territorio estatal, pero que tienen autoridad poltica sobre otros niveles de gobierno representativos de otras mayoras. En otros trminos, con la globalizacin se ampla el conjunto de sujetos que exigen dere-chos que ya no son slo los ciudadanos, sino tambin las corporaciones, el capital financiero, los inmigrantes, etc. lo cual desdibuja la capacidad de los ciudadanos para definir los asuntos que debe enfrentar su propio Estado (Thompson, 2005, pp.318-335).

De all que hoy en da muchos autores hablen de la necesidad de que la demo-cracia se vuelva trasnacional. Aunque en el seno de tales llamamientos hay una importante diversidad de propuestas que implican diversos niveles de compromiso con la ciudadana y la democracia (Pea, 2010). La democracia cosmopolita es uno de ellos, defendida por autores como Falk, Giddens, Held, Kaldor y Pea, entre otros. Se trata de la configuracin de un orden institucional mundial articulado con base en la democracia. La propuesta es idear un entramado institucional que


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permita que los ciudadanos puedan pedir cuentas y responsabilidades a las fuerzas y los poderes transversales que afectan sus elecciones de vida (Pea, 2010, p.259).

Los defensores de esta postura entienden que se trata de un planteamiento en construccin que requiere de un complejo diseo institucional. Anthony Giddens propone una democratizacin que acte por encima y por debajo del nivel de la nacin (2003, pp. 81-95). Javier Pea coincide con este sealamiento y habla de una poltica que debe desarrollarse en varios niveles: de lo local a lo global, con diversos mbitos de deliberacin, accin y responsabilidad. A ella ha de correspon-derle una membresa entrecruzada, una ciudadana mltiple, no ya coextensiva a una entidad poltica nica, y exclusiva, sino desplegada simultneamente en los diversos espacios de la accin humana (Pea, 2010, p.285).

La realizacin de este tipo de planteamientos requiere, como parte del pro-ceso, de una comunidad de comunidades democrticas y para lograr esto es tam-bin necesaria una renovacin del modelo de democracia representativa, para que sea capaz de resolver con mayor justicia y eficacia las demandas democratizadoras y de derechos que plantean los nuevos ciudadanos y tambin de una ciudadana cosmopolita. En definitiva, necesitamos de ms y mejor democracia a nivel local si aspiramos a que sta se consolide a nivel global.

El tercer reto que enfrenta la democracia hoy da, tiene que ver con el tema de la desigualdad. Segn Zamagni, en las sociedades actuales enfrentamos la paradoja de vivir en un mundo donde cada ao aumenta la riqueza y, al mismo tiempo, aumenta tambin la desigualdad. En las ltimas tres dcadas, y a pesar el vertiginoso crecimiento econmico que hemos presenciado, la desigualdad se ha incrementado cuatro veces ms que en los ltimos doscientos aos (Zamagni, 2010, p.59). Este aumento ha venido acompaado, en muchos casos, de la dismi-nucin de las inversiones dirigidas a promover el bienestar social, que tal y como expone Ayala, stas son las que contribuyen a disminuir la pobreza, la incerti-dumbre y las que generan seguridad, confianza y apoyo ciudadano a la democracia (2009, pp.35-41). No olvidemos que el respaldo de los ciudadanos a un sistema de gobierno, est tambin vinculado a su percepcin de que tal sistema les permite llevar adelante sus proyectos de vida, porque les proporciona las circunstancias ms favorables para su desarrollo personal.

El cuarto reto de la democracia en la actualidad es el hecho del pluralismo cultural generado por las migraciones. Las limitaciones del Estado liberal tienden


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a acentuarse en las sociedades multiculturales donde predomina el problema del reconocimiento de la identidad cultural de las minoras que constituyen un impor-tante porcentaje de la poblacin y, que en muchos casos, estn en una franca situa-cin de desventaja social (Benhabib, 1996; Gutmann, 1993, 2003). En todo caso, en el trasfondo de las discusiones sobre los nuevos retos que enfrenta la democracia: la crisis del liberalismo, la prdida de soberana del Estado, la desigualdad global y el pluralismo, subyace el problema de la legitimidad de las decisiones polticas. La crisis de la democracia est asociada a su incapacidad para generar decisiones que sean reconocidas como justas por la mayora de los ciudadanos.

Qu es la democracia deliberativa y cmo responde a los retos descritos?

En la ltima dcada del siglo XX y en el contexto de los problemas que hemos estado analizando, tom cuerpo en la teora poltica, un movimiento de reflexin que se comenz a conocer como el giro deliberativo de la democracia. Su obje-tivo era rescatar uno de los rasgos definitorios de la actividad democrtica en sus comienzos: la deliberacin. La idea era incorporar esta prctica en el ejercicio de la democracia y superar con ello la profunda distancia que separa a las institu-ciones polticas de los intereses y expectativas de los ciudadanos.

Semejante tarea implicaba recurrir a sus orgenes griegos pues la deliberacin no slo jug un papel importante en la Asamblea ateniense durante la democracia de Clstenes y Pericles (Manin, 1998), sino que encuentra en la filosofa de Arist-teles una justificacin terica y una interesante reflexin sobre sus vnculos con la poltica y la democracia. En el libro VI de la tica a Nicmaco, Aristteles afirma que la poltica es prctica y deliberativa dado que las decisiones colectivas se toman despus de un proceso de discusin pblica sobre lo conveniente, lo daoso, lo justo y lo injusto. El mecanismo deliberativo es parte esencial del proceso gene-rador de justicia, pues cada individuo aislado es imperfecto para juzgar, cuando se trata de los asuntos relativos al bien pblico (Aristteles, La poltica, Libro III, 88).

Segn afirma Aristteles la participacin de todos en la deliberacin puede conducir a juicios ms correctos y completos que los que se hacen en solitario cuando se trata de los asuntos pblicos. Adems, al preguntarse por el rol de los expertos en la construccin poltica de la justicia, advierte que: entender de la casa no es slo cosa del que la ha hecho, sino que la juzga tambin mejor el que


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la usa (y el que la usa es el dueo) (Aristteles, La poltica, Libro III, 89). Esta idea de construccin de lo justo a travs de un proceso argumentativo en el que participa la ciudadana es la que inspira la discusin actual en torno a un modelo deliberativo de democracia.

El rtulo apareci por primera vez en 1980 en un artculo publicado por Joseph Bessette titulado Deliberative Democracy: The Mayority Principle in Republican Government (pp.102-116). En 1987, Bernard Manin emplea el trmino para reflexionar sobre el problema de construccin de la legitimidad en las democra-cias contemporneas y en 1989 Joshua Cohen publica Deliberation and Demo-cratic Legitimacy, un artculo que intenta recuperar una nocin de democracia donde se le considera un valor poltico fundamental.

Podemos definir a la democracia deliberativa como un modelo poltico de toma de decisiones cuyo rasgo central es que indica que para ser legtimas stas deben tomarse mediante un proceso de deliberacin. Como afirma Cohen, la democracia deliberativa pone el razonamiento pblico en el centro de la justificacin pol-tica (1996). Para exponerlo con mayor claridad recurrimos a Elster quien explica el concepto de democracia deliberativa definiendo por separado cada uno de sus componentes: uno de ellos, el aspecto democrtico, que exige que en los procesos de toma de decisiones participen todos aquellos que resultaran afectados por la decisin o sus representantes, y otro, el aspecto deliberativo, que exige que la deci-sin sea tomada a travs de argumentos ofrecidos por y para los participantes, que estn comprometidos con los valores de racionalidad e imparcialidad (2001, p.21).

El concepto de Elster es bastante claro, pues desgrana los elementos que son condicin de posibilidad para que la decisin poltica pueda ser considerada leg-tima desde la perspectiva democrtica. La primera condicin es la inclusin directa o indirecta de todos los afectados. La segunda exige que las decisiones se tomen en un proceso en el que se ponderen argumentos, se intercambien razones, se reflexione sobre las ventajas y desventajas de un curso de accin y se elija la que se considere ms razonable, pues se parte del supuesto de que los participantes en la deliberacin persiguen la imparcialidad.

Estos elementos, que son la clave del modelo, tambin estn presentes en la defi-nicin que propone Cortina, quien afirma que en el planteamiento deliberativo: la legitimidad de la democracia estriba en la capacidad o la oportunidad que tienen los sujetos de las decisiones colectivas de participar en deliberaciones efectivas; las


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exigencias tienen que justificarse de modo que la gente, reflexionando sobre ellas, pueda aceptarlas (2007). A esta definicin la autora aade un tercer elemento que es fundamental, se trata de la conviccin de que las preferencias de los indivi-duos o los grupos pueden transformarse a lo largo del proceso de deliberacin, en el que las gentes emplean la persuasin, ms que la manipulacin o la coercin (2007, pp.143-161).

Efectivamente muchos defensores del modelo hacen hincapi en el proceso de razonamiento mutuo que est contenido en la deliberacin porque entienden, que si ste se practica correctamente es posible que las personas reflexionen sobre sus posturas iniciales y terminen por conformar una voluntad colectiva capaz de justificar coherentemente y con razones sus opciones y decisiones (Dryzek, 2002; Nino, 1997).

Estos tres elementos: el democrtico de la inclusin de los afectados, el deli-berativo que exige el razonamiento desde un compromiso con la imparcialidad y el relativo al proceso de formacin continua de la voluntad comn, estn inextri-cablemente unidos a la finalidad del modelo que es estimular el uso pblico de la razn, no slo en el marco de las instituciones democrticas, sino y sobre todo en el mbito de la ciudadana y la sociedad civil.

En relacin con el liberalismo, la perspectiva deliberativa rescata la importancia de retornar a procesos que permitan realizar de manera ms eficaz la justificacin pblica de las decisiones polticas, pues considera que en las democracias repre-sentativas se ha instaurado el mal hbito de evadir la conflictividad que se aloja en el seno de las sociedades complejas. Gutmann y Thompson, consideran que esta carencia del Estado liberal se debe a tres caractersticas: 1) su pretendida neu-tralidad, 2) su obsesin por la imparcialidad y 3) la tendencia a la inaccin antes que intervenir para resolver cualquier asunto (1990, pp.64-88). Segn los autores, estos principios de funcionamiento del Estado liberal promueven una aplicacin precaria del principio de la tolerancia, la banalizacin de la discusin pblica y poltica, la progresiva despolitizacin de la sociedad civil, la incapacidad de las ins-tituciones pblicas para articular exigencias colectivas en prcticas que estimulen la convivencia y la solidaridad y, en especial, la evasin paulatina de los conflictos morales que atraviesan la vida democrtica, reduciendo la poltica a un juego des-carnado en el que slo interesa el equilibrio de poder (Gutmann y Thompson, 1990, p.69).


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En cuanto a los efectos colaterales de la globalizacin: la prdida de sobe-rana del Estado, el incremento de la desigualdad y el pluralismo cultural, las propuestas de solucin en el marco del enfoque deliberativo apuntan hacia la inclusin y el empoderamiento progresivo de los ciudadanos en la discusin de los asuntos que les afectan e insisten en la implementacin prctica de la delibe-racin para abordar los asuntos polmicos o conflictivos que suelen surgir en las sociedades plurales.

El enfoque deliberativo se empea en la inclusin de los ciudadanos porque parte de la premisa de que la elaboracin de polticas no puede realizarse al margen de los destinatarios de las mismas si stas aspiran a ser eficientes y consi-dera adems, que es necesario empoderar a los ciudadanos para que desarrollen las habilidades que les permitan influenciar el curso de las decisiones polticas y controlar a sus mandatarios. En este sentido, Bohamnn indica un umbral de funcionamiento poltico adecuado, un mnimo de igualdad cvica necesario para que los afectados puedan influir efectivamente en las decisiones polticas (1999, p.359). Los requisitos mnimos de tal funcionamiento son: 1) tener posibilidad de desarrollar las capacidades que dan acceso efectivo a la esfera pblica; 2) contar con el respeto y el reconocimiento necesario como para poder influenciar las deci-siones que les afectan en una direccin favorable; 3) potenciar la capacidad social de iniciar una deliberacin pblica sobre sus propias preocupaciones, de tener algn grado de influencia en la definicin de la agenda de discusin, en la delibe-racin y en sus resultados (Bohman, 1999, pp.323-333).

Por otro lado, la idea de incorporar de forma ms activa la discusin de los asuntos morales en la agenda pblica y poltica est fuertemente vinculada con la manera que tiene la democracia deliberativa de entender el hecho del plura-lismo. Para esta perspectiva la diferencia cultural no debe ser entendida como un obstculo para la vida poltica frente al que deba imponerse una nocin compren-siva del bien, ni representa tampoco una imposibilidad para la realizacin de los ideales polticos de la democracia. En su lugar, la complejidad de las sociedades actuales obliga, segn Benhabib, a que sta reformule sus fines con el objeto de garantizar tres bienes sociales a sus miembros: la legitimidad de sus decisiones, bienestar econmico y un sentido de identidad colectiva (1996, pp.67-69).


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La democracia deliberativa como complemento del modelo representativo

Si esperamos que los ciudadanos sean los autores y destinatarios de sus leyes, que las decisiones polticas cuenten con un mayor grado de legitimidad y que la sociedad tenga herramientas para pronunciarse colectivamente sobre asuntos con-cretos, es fundamental superar al menos, uno de los ms importantes obstculos del modelo representativo: el agregacionismo.

La regla de la mayora es uno de los procedimientos ms utilizados en la demo-cracia, su general aceptacin es producto de algunas de sus ventajas: permite la participacin de todos a travs del voto, al dar por vlido el criterio de la mayora, garantiza un satisfactorio nivel de consenso para la aprobacin de normas pblicas y se aplica asumiendo el compromiso de establecer mecanismos de control que garanticen el respeto de los derechos polticos de las minoras. Adems, genera resultados definitivos aunque de carcter provisional pues siempre pueden volver a legitimarse a travs de un nuevo consenso.

Ahora bien, los deliberativistas coinciden en sealar que el problema de la regla de la mayora es que agrega preferencias sin considerar el valor moral de los puntos de vista que se defienden. Se considera que las preferencias expresadas por los votantes son el material originario y privilegiado para la toma de decisiones y no necesitan justificacin alguna. Esta neutralidad otorga validez a cualquier tipo de decisin, siempre que tenga el mximo respaldo y esto es problemtico justamente porque el apoyo mayoritario a una decisin no la convierte en moral-mente correcta.

Gutmann y Thompson cuestionan esta postura por relativista (2000, p.28). Si todo vale, si cada argumento es exactamente igual a otro, qu importancia tiene entonces dar la razn a unos u otros? El planteamiento de estos autores es que la regla de las mayoras atenta contra el respeto que proclama, porque vota sobre las perspectivas morales como si se tratara de preferencias de igual valor. No hay una menos o ms racional que otra sino que todas son iguales. Desde esta perspectiva, la manera ms democrtica de tomar una decisin es votando por las preferencias de cada quien, sin que medie deliberacin alguna. Con esto se evade la delibera-cin moral y se considera en fin de cuentas, que los desacuerdos morales no tienen solucin, que lo moral es un asunto subjetivo y privado sobre el que no es posible llegar a ningn acuerdo.


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El agregacionismo evade la reflexin sobre la racionalidad de las opciones sobre las que se realiza la votacin y lo hace, porque tiene, como afirma Cortina, una nocin menguada de la racionalidad, y considera que una conducta racional es slo aquella que se mueve a causa del autointers. Por esta razn considera lgico que las preferencias e intereses se formen en privado y se sumen luego (Cortina, 2008, p.84). Sin embargo, cabe preguntarse son racionales las preferencias? En relacin a esta cuestin es importante atender a la reflexin de Elster sobre ellas:

En primer lugar, las preferencias que las personas eligen expresar pueden no ser una buena referencia de lo que realmente prefieren [...] puede que lo que realmente prefieran sea en todo caso, un frgil fundamento para la eleccin social. En segundo lugar: las preferencias que se expresan dependen cau-salmente de las alternativas disponibles. En otras palabras, las preferencias pueden ser el resultado de la adaptacin a aquello que es posible, a lo que otra gente hace o a aquello que uno ha estado haciendo en el pasado o pueden estar determinadas por el deseo de diferenciarse de lo anterior tanto como sea posible. En todos estos casos, el origen del cambio en las preferencias no est en las personas sino fuera de ellas (1997, pp.6-9).

A partir de este anlisis, queda claro que las preferencias no son necesariamente expresin de una opcin racional elegida por conviccin y porque se tienen buenas razones para apoyarla, sino que pueden ser en muchos casos una reac-cin frente a poderosos condicionantes externos, una adaptacin al medio. Un esclavo puede ser feliz porque satisface todo aquello a lo que puede acceder como esclavo y, sin embargo, carece de la libertad necesaria para alcanzar otras metas ni siquiera puede plantearse metas (Bohman, 1999, pp.326-327). Por lo tanto, una preferencia adaptativa no debe ser a priori considerada como expresin de libertad individual.

Al sumar preferencias, los votantes o los participantes en los procesos demo-crticos no se ven forzados a convencer a sus interlocutores de sus exigencias, ni tampoco a sealar que tales exigencias son las ms justas para todos los parti-cipantes en el proceso (Miller, 2005, p.83). Esta incapacidad del modelo agrega-tivo para dar cuenta de la justicia de sus decisiones hace que los deliberativistas se ocupen de reflexionar sobre otras formas de definicin de la voluntad colectiva,


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que trasciendan la mera suma de preferencias y que abran espacio para la libre discusin y el debate de las opciones e intereses comunes.

El valor epistmico de la deliberacin

A partir de la crtica que hace la democracia deliberativa a la regla de las mayoras, surge la siguiente pregunta: qu es lo que otorga entonces legitimidad a una decisin? Pues podra interpretarse que lo importante para los deliberativistas es que los ciudadanos cuenten con una oportunidad igual y justa para plantear sus argumentos y razones antes de votar y nada ms. Es decir, que tenga lugar la deli-beracin y punto. Sin embargo, no slo se trata de eso. El compromiso del modelo es definir unos criterios que permitan dar cuenta de la validez y correccin de los resultados del proceso deliberativo, no se limita pues a la exigencia de la inclusin de los ciudadanos, aunque ste es un punto esencial.

En el marco de la perspectiva deliberativa se distinguen diversas propuestas sobre el valor epistmico de la deliberacin, la de Estlund, Nino, Dryzek, entre otros. Nosotros haremos referencia a la de Cortina. Esta autora considera que en el marco de las propuestas deliberativas se distinguen al menos dos tesis epistemo-lgicas sobre las oportunidades cognitivas que ofrece el proceso democrtico de la deliberacin y a las que denomina: D1 y D2 (Cortina, 2007, 2008 y 2010).

La primera, D1, entiende que la deliberacin permite a los ciudadanos llegar a decisiones aceptables sobre los asuntos que les conciernen. Considera, adems, que la democracia para ser legtima debe llevar a cabo procesos deliberativos para que los destinatarios de las leyes comprendan que, de algn modo, son aceptables racionalmente o, por lo menos, que ellos han podido influir en el proceso de discusin, pero no le atribuye un potencial cognitivo irrebasable en la definicin de lo moralmente correcto y de lo jurdicamente justo. Entiende que la verdad se puede alcanzar a travs de la reflexin en solitario a la que se suma la prctica de la deliberacin, o a travs de razonamientos circulares en los que median las intui-ciones morales compartidas, la experiencia prctica y la deliberacin. Esta pers-pectiva congrega a autores como Bohman, Crocker, Gutmann, Rawls, Richardson y Thompson.

La segunda, D2, otorga a la deliberacin un rol central en la definicin de normas morales y polticas, pues la concibe como la actividad en la que se expresa


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la racionalidad humana y en la que se descubre lo moralmente vlido y lo polti-camente legtimo. La razn para atribuir a la deliberacin un estatus tan impor-tante surge del descubrimiento que hace tanto la tica discursiva de Apel, como la comunicativa de Habermas, de que la racionalidad humana se expresa en la argu-mentacin. Pensar es efectuar un acuerdo argumentativo con uno mismo, y cada vez que argumentamos en serio, bien sea a solas o con otros, aplicamos implcita-mente ciertas normas que son las que hacen posible que la argumentacin tenga sentido. Presuponemos que lo que decimos nosotros o nuestros interlocutores es inteligible, que afirmamos o exigimos cosas en las que verdaderamente creemos y que somos capaces de justificar la pertinencia de los planteamientos que hacemos. Y presuponemos, tambin, que es posible introducir cualquier afirmacin en nuestro discurso, que podemos manifestar nuestras posiciones, deseos y necesi-dades. Estas reglas las aplicamos implcitamente cada vez que argumentamos seria-mente, cada vez que nos comprometemos con la bsqueda del mejor argumento. De manera que el pensamiento siempre est mediado por una comunidad ideal de habla (Habermas, 1985) o por una comunidad ideal de comunicacin (Apel, 1985, pp.341-413), cuya existencia presuponemos lgicamente al argumentar.

A partir del descubrimiento de estas estructuras pragmtico trascendentales del habla, Habermas propuso un criterio de la razn prctica que se refiere a las normas de accin en general. Es un principio abstracto que se presenta como neutral y que luego cobra una particular especificidad, segn se refiera a la moral o al derecho. La formulacin del principio es la siguiente: Vlidas son aquellas normas (y slo aquellas normas) a las que todos los que puedan verse afectados por ellas pudiesen prestar su asentimiento como participantes en discursos racio-nales (Habermas, 2005, p.173).

Este principio se caracteriza por tener validez universal y por su carcter deon-tolgico, cognitivo y procedimental. Lo que viene a decir es que:

...una norma es vlida para todos no porque se acceda a ella en un monlogo trascendental ni porque todos decidan limitar su comportamiento a lo que dicta la fuerza de la costumbre y la tradicin convertida en ley, sino cuando la norma tiene un sentido de aceptabilidad racional: todos los posibles afectados tienen que poder asentir a ella por buenas razones.


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Esto slo puede averiguarse en el marco de una deliberacin en la que se cumpla con las reglas de la argumentacin y en la que sobre la base de informaciones pertinentes slo se imponga la coercin del mejor argumento y ninguna otra. El discurso argumentativo da lugar a una formacin discursiva de la opinin y la voluntad comn. Pero es necesario especificar su alcance, funcin y limitaciones, segn se refiera a la moral o al derecho, pues se trata de dos mbitos de la accin distintos con funciones diferentes.

Aplicado al mbito jurdico poltico, el principio adquiere la forma de principio de la democracia. Su formulacin es la siguiente: Slo pueden pretender validez legtima las normas jurdicas que puedan encontrar el asentimiento de todos los miembros de la comunidad jurdica en un proceso discursivo de produccin de normas, articulado a su vez jurdicamente (Habermas, 2005, p.175). El principio democrtico que propone Habermas acta como punto de referencia, como ideal regulativo para la crtica, la orientacin y la reflexin sobre los discursos fcticos que tienen lugar en el proceso de construccin y legitimacin de las normas pol-ticas, tanto dentro como fuera de las instituciones legislativas. El norte que seala el principio normativo es que cada vez ms, las normas y las decisiones de inters pblico se tomen en el marco de un proceso deliberativo donde predomine el discurso argumentativo, donde se tomen en cuenta las expectativas de todos los afectados por las decisiones que se van a tomar, donde se argumente en serio y en el que la solucin correcta a los problemas est representada siempre por el mejor argumento.

En el marco de los procesos de produccin de la ley, el principio exige que los legisladores asuman el compromiso de conciliar sus perspectivas con las de los dems y de avocarse a respetar el mejor argumento. Slo as se garantiza la validez de las decisiones tomadas. Como afirma Cortina, el principio seala la necesidad de que los participantes en el proceso legislativo abandonen su papel de sujetos de derecho pri-vado y asuman el papel de miembros de una comunidad jurdica libremente asociados (2008b, p.174).

En definitiva, segn este principio, la legitimidad de las decisiones polticas depende de la forma en que se han desarrollado los procesos de toma de decisin, de si stos se realizan con el fin de acordar las normas ms racionales y que mejor representan los intereses de los afectados por las decisiones. La idea es que los ciudadanos puedan obedecer a la ley generada en el parlamento porque tienen motivaciones


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racionales para hacerlo. Adems, en tanto las decisiones deben tener en consi-deracin las exigencias de todos los afectados por las normas, se prev que los ciudadanos que consideren que este requisito no se ha cumplido, deben tener siempre la libertad de replantear o de confrontar el tipo de razonamientos en que se sustentan las decisiones (Habermas, 2005, p.187).

En esta propuesta, el lugar de realizacin de la soberana popular se realiza en tres mbitos: el moral, el poltico y el del derecho. Es decir, en el seno de las insti-tuciones polticas y en la sociedad civil, que son los lugares donde tienen lugar los procesos de formacin de la opinin pblica y la voluntad comn. Por esa razn hemos sealado, que la propuesta deliberativa de la democracia intenta comple-mentar el modelo de democracia representativa, poniendo nfasis en la calidad de los procedimientos deliberativos en los que se forma la voluntad comn, tanto en el mbito de la sociedad civil como en el de las instituciones polticas.

Ahora bien, para que este procedimiento pueda llevarse a cabo conforme a estas exigencias se necesita poder contar con un ethos deliberativo, es decir, con una cultura de la deliberacin que haga posible que los ciudadanos se entrenen en la prctica de dar razn de sus exigencias teniendo presentes los argumentos de sus interlocutores.

El ethos deliberativo y las virtudes del ciudadano deliberativo

Como afirma Gutmann (2001), ser ciudadano significa ser soberano. Pero la soberana es un ejercicio que se aprende y es responsabilidad de la democracia garantizar que sus ciudadanos estn lo suficientemente capacitados para poder participar e influir efectivamente en el proceso democrtico.

Deliberar no es tarea fcil, sobre todo si estamos acostumbrados a escuchar y leer slo a quienes tienen opiniones parecidas a las nuestras. Este hbito dismi-nuye nuestra tolerancia y capacidad de dialogar con quienes sostienen puntos de vista distintos al propio y dificulta en muchos casos que las deliberaciones estn orientadas al entendimiento mutuo. De manera que para que la deliberacin sea posible es necesario cultivar un ethos deliberativo, en el que los ciudadanos se edu-quen en la prctica de algunos hbitos y actitudes esenciales para que haya deli-beracin.


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En primer lugar, es fundamental que las personas tengan capacidad argumen-tativa para justificar y defender apropiadamente sus planteamientos y tambin, que sean capaces de establecer un dilogo constructivo con sus interlocutores. Por tanto la capacidad argumentativa y el ejercicio de la reciprocidad, son dos de las virtudes esenciales que debe encarnar el ciudadano deliberativo. La idea es que los participantes de la deliberacin sean capaces de asumir un compromiso a favor del razonamiento mutuo. Esto quiere decir que sientan respeto por su interlo-cutor y que estn dispuestos a deliberar con l aun cuando no estn de acuerdo en las mismas ideas. Deliberar implica realizar un ejercicio de reciprocidad. Gut-mann y Thompson la definen como la capacidad que tienen los interlocutores de devolver de manera proporcional un bien recibido. El bien recibido consiste en que t hagas tus exigencias en trminos que yo pueda aceptar en principio. La devolucin proporcional es que yo haga mis exigencias en trminos que t puedas aceptar en principio (2000, p.55). El toma y dame de la argumentacin debe realizarse en trminos que pueden ser recibidos por todos los participantes en el dilogo.

Ahora bien, segn apuntan Gutmann y Thompson, para poder encarnar el res-peto mutuo y la reciprocidad en la deliberacin, el ciudadano deliberativo debe tener en cuenta algunos principios a lo hora de exponer sus puntos de vista en el foro pblico y en el momento de escuchar los argumentos de los dems. Son los principios de integridad y magnanimidad cvica.

Los principios de integridad cvica suponen que al participar el ciudadano en el debate pblico, debe presentar sus posiciones con seriedad y compromiso. Esto implica: 1) ser sincero en la exposicin, es decir, mantener posturas porque se cree en ellas y no por conveniencia; 2) consistencia entre discurso y accin, tanto los polticos como las personas deben actuar en consecuencia con los valores que pro-fesan, y 3) integridad. Es decir, asumir las implicaciones de la postura moral que defiendo. As, por ejemplo, quienes se oponen al aborto y defienden el derecho a la vida de un inocente deberan comprometerse en la promocin de todas aquellas polticas que contribuyan a mejorar la vida de una infancia inocente.

Los principios de magnanimidad cvica invitan a los ciudadanos a reconocer el estatus moral de las posiciones morales con las que no estn de acuerdo y a desarrollar con ello tres virtudes de carcter democrtico: 1) practicar el recono-cimiento en la deliberacin, es decir, considerar los argumentos que uno adversa


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como argumentos morales y no como fruto del inters econmico, poltico o simplemente como juicios arbitrarios producto de la ignorancia o arrogancia del interlocutor; 2) tener una mentalidad abierta: estar abierto a la posibilidad de transformar nuestras opiniones cuando stas se enfrentan a crticas u objeciones a las que no podemos responder despus de una meditada reflexin, y 3) econo-mizar el desacuerdo moral: se trata de una disposicin a delimitar la base lgica del desacuerdo moral o factual, de tener la capacidad de distinguir entre lo que son conflictos morales y lo que no, e incluso en el marco de esos conflictos, tener habilidad para identificar los puntos de convergencia y aqullos que no podemos aceptar bajo ningn aspecto, economizar en el desacuerdo no implica renunciar a nuestras convicciones, sin embargo, nos ayuda en la prctica del respeto y del reconocimiento de aquello por lo que podemos corresponsabilizarnos con nues-tros conciudadanos.

La reciprocidad desgranada en estas actitudes aparece entonces como un inter-cambio donde lo importante es la racionalidad, la coherencia argumentativa de las exigencias que se presentan al interlocutor. Ahora bien, la racionalidad no es la nica dimensin humana que hace posible la deliberacin. Como apunta Cortina, la comunicacin slo es posible si hay un reconocimiento cordial entre los interlocutores (2007b, p.191). Segn la autora, sin el cultivo de cierta sensibi-lidad que nos mueva a compadecernos por el dolor y el sufrimiento de los otros es muy difcil que accedamos a deliberar sobre algunos asuntos o que tengamos la sensibilidad necesaria para reconocer el valor de la justicia.

La forja de la ciudadana deliberativa es un proceso largo y difcil, pues cier-tamente las condiciones ideales de la deliberacin no suelen cumplirse del todo en la prctica. No todos los procesos deliberativos se realizan en condiciones de simetra, ni los ciudadanos dicen siempre la verdad. Sin embargo, la propuesta deliberativa que aqu hemos descrito, plantea que es obligacin de los ciudadanos procurar con sus acciones que las condiciones de la deliberacin puedan realizarse en el futuro.

Los espacios de construccin de la ciudadana activa

El lugar de realizacin de la democracia deliberativa no se restringe, como adver-timos, a las cmaras legislativas, sino que, en el entendido de que los ciudadanos


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son los autores y destinatarios de la ley, incorpora a la sociedad civil, pues en ella es donde tienen lugar los procesos de formacin de opinin y de coordinacin de la accin ciudadana. La aspiracin de esta propuesta democrtica no es politizar el conjunto de las relaciones de los ciudadanos, sino invitar a que se delibere en aquellas organizaciones o grupos no gubernamentales cuyos miembros se com-prendan a s mismos como libres e iguales y comprometidos todos a cooperar en la consecucin de acciones concretas (Crocker, 2008, p.315). Pinsese, por ejemplo, en un hospital que define las normas con las que deben cumplir los aspirantes al tratamiento de dilisis o en una escuela en la que se estn fijando los criterios de asignacin de becas o en una asociacin de vecinos en la que se estn determi-nando las necesidades para las que prioritariamente se necesita financiamiento.

La sociedad civil aparece entonces no slo como una esfera distinta o contra-puesta al Estado, sino como un espacio donde hacen vida un conjunto impor-tante de instituciones en la que los ciudadanos discuten, en muchos casos, asuntos vinculados a sus derechos y obligaciones. En los trminos de Garca-Marz, la sociedad civil es un mbito de interacciones estructurado en torno a una red de asociaciones y organizaciones posibles gracias al libre acuerdo de todos los par-ticipantes, con el fin de alcanzar conjuntamente la satisfaccin de determinados intereses y la resolucin consensual de posibles conflictos de accin (2008, p.40). Cada una de esas asociaciones se agrupa en torno a actividades especficas, que tienen sus fines y su lgica propia y en cada uno de ellas es donde los individuos deben exigir el respeto a intereses universalizables.

Atendiendo a esa lgica propia de las actividades sociales, el modelo delibe-rativo entiende que en el marco del procedimiento democrtico se encuentran diversos tipos de discurso, el de la negociacin, el de la autocomprensin colectiva y el de la definicin de las cuestiones de justicia. Lo importante es que en las deli-beraciones se cumpla, en la medida de lo posible, con las condiciones de comuni-cacin que exigen el principio del discurso y el principio democrtico, pues esto es lo que otorga legitimidad a las demandas de los ciudadanos.

En la medida en que la democracia potencie la forja de ciudadanos educados en las virtudes deliberativas y su articulacin en el marco de una sociedad civil extensa, densa y entrelazada, estar en condiciones de garantizar la formacin espontnea de la opinin y de una voluntad colectiva capaz de apropiarse de su propio futuro, capaz de plantear exigencias claras a la administracin y de comprometerse en


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su desarrollo. La inclusin del procedimiento deliberativo en el seno de las insti-tuciones de la sociedad civil es una va para asegurarnos de que las conquistas de la democracia no se pierdan y de que se puedan seguir profundizando. Prcticas como las desarrolladas por los presupuestos participativos, los comits de tica de las instituciones y una cultura organizacional que fomente la transparencia y la comunicacin responsable entre sus miembros, ayudan a promover y difundir el ethos deliberativo que inspira y sirve de sostn a la propuesta de una democracia deliberativa.

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