Violencia contra las Mujeres en Ecuador: Producción de información como proceso y reflejo de transformación social

El presente reporte pretende describir el proceso por el cual se desarrolló un importante proceso de coordinación y producción de información, que concluyó, a pesar de que está vigente y abierto, en la publicación de los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género con las Mujeres en Ecuador, realizada entre 2011 y 2012. Se trata de un proceso que se centra en la necesidad de producción de información, como una tecnología de reconocimiento y transformación social, y de sus posibilidades al ser difundida en diversas plataformas de comunicación e intercambio.

Desde el año 1995 Ecuador cuenta con una Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. Sancionada en el periodo de gobierno de Durán Ballén (1992 – 1996), y en el contexto posiblemente de la aceleración en las políticas de ajuste estructural que moldearon el neoliberalismo en el Ecuador, esta ley no fue lo suficientemente efectiva como para impedir la cada vez mayor violencia ejercida contra las mujeres, ni mucho menos para enfrentar la graves crisis económica acontecida en la siguiente década, que impuso sobre el segmento más pobre de la población, y por ende a sus sujetos más vulnerables – mujeres, niñas, niños, adolescentes, ancianos, afrodescendientes e indígenas –, tipos de violencia relacionados con los accesos a la protección del Estado.

Con su “plan de modernización”, lema recurrente en la mayoría de políticas económicas durante las décadas de los 80 y 90 en América Latina, el gobierno de Durán Ballén buscó la liberalización de la economía y el desmonte del estado de bienestar. No se trata de un dato menor, si tenemos en cuenta que durante el periodo de gobierno inmediatamente anterior, el de Borja (1988 – 1992) se había construido un aparato de participación popular que permitió parcialmente el ascenso de un amplio grupo de movimientos y demandas de género, liderados por organizaciones de mujeres de base, que se enfrentaron en el periodo Durán Ballén al desmonte sistemático de dichos escenarios de interlocución e incluso participación en presupuestos y políticas públicas, siendo reemplazados por políticas de desarrollo centradas en la absorción del descontento social derivado de la crisis económica creciente (Lind 2001, Segarra 1997), que minaba cada vez más las condiciones de vida las clases sociales vulnerables y ampliaba sin parangón la desigualdad social (Salgado 2006).

Los dos informes realizados en Ecuador para presentarse ante la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), el primero del año 2003 y el segundo del año 2006, relatan la incapacidad de las diferentes instancias de control, desde el Congreso Nacional y las instituciones públicas, hasta comisarías, juzgados y centros de salud, para hacer cumplir la ley sancionada en 1995.

La violencia contra la mujer, y particularmente la violencia intrafamiliar, fue vista como un problema que se resuelve únicamente con conciliaciones, con la intervención del trabajadores sociales y en última instancia con la emisión de boletas de auxilio. Su tratamiento como contravenciones y no como delitos sostuvo una perversa práctica judicial y legal, en la que las medidas de protección y amparo de las mujeres fueron equiparadas a las sanciones a sus agresores, lo que aumentó la indefención de las mujeres.

La falta de procedimientos claros para denunciar, así como la falta de protección a los profesionales de salud, creó una brecha entre los casos de mujeres atendidas por agresiones, posiblemente relacionadas con su género, y las denuncias presentadas, a pesar que la ley de 1995 trataba al personal de salud que no denunciaba casos de violencia intrafamiliar o contra las mujeres bajo el delito de encubrimiento. Así también se mantuvo una suerte de justicia paralela que conciliaba soluciones a casos de agresión y abuso sexual al interior de instituciones educativas, que mantenían en la sombra este grave problema, a pesar que diversas encuestas e investigaciones daban cuenta de un amplio reconocimiento de estos execrables comportamientos como práctica común en muchos planteles educativos.

Estos informes corroboraban la existencia de costumbres, de imposiciones y en general de una cultura en la que la vergüenza, el miedo o la creencia en la posibilidad de solucionar las situaciones de violencia sin recurrir al Estado, eran más fuertes que las oportunidades y estructuras precariamente construidas para erradicar la violencia contra la mujer.

En el lapso transcurrido entre estos dos informes, el Consejo Nacional de las Mujeres CONAMU1 aplicó, como un módulo dentro de la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil ENDEMAIN 2004, una serie de preguntas acerca de la violencia intrafamiliar y contra las mujeres. La ENDEMAIN, aplicada en ecuador desde 1987, incorporaba tópicos relacionados, y la información obtenida en 2004 fue fundamental para ampliar y posicionar el conocimiento acerca de la situación de las mujeres en el Ecuador.

En este contexto, el Estado ecuatoriano inicia en el 2007 el diseño y ejecución del Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, reuniendo a varias instancias de gobierno y tratando de crear una coordinación interinstitucional. Dentro de las actividades de este Plan, se planteó la necesidad de realizar un levantamiento de información a nivel nacional, con el que se pudieran establecer una base de información verdaderamente representativa de la situación de la violencia de género en el país, en especial para superar y visibilizar los problemas de subregistro existente en las distintas fuentes

1 Organismo técnico adscrito a la Presidencia de la República de Ecuador, creado en 1997 y que funcionó como tal hasta mayo de 2009, cuando por disposición constitucional entró en vigencia la Comisión de Transición Hacia el Consejo Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género (en adelante Comisión de Transición)

de información de carácter administrativo, tales como centros de salud, comisarías y juzgados.

A este respecto es importante señalar que ya en 2001 se reconoce que “el registro único para la recolección de datos acordado hace años, no está siendo utilizado en varias de las Comisarías de la Mujer y la Familia, afectando aún más la limitación de estadísticas nacionales sobre la violencia contra las mujeres denunciada en las Comisarías” (Jara 2001:5).

De esta forma, se perfilaba la necesidad de información como una de las tareas prioritarias del proceso de erradicación de la violencia de género. Esta prioridad existía a niveles diversos, algunos más profundos y complejos, como lo relata Alba Pérez, coordinadora de información estratégica de la Comisión de Transición:

“Se trabajó una ficha única2, como este primer paso. Sin embargo, el tema es que eso no me refleja la violencia, no me refleja en su magnitud […], porque una cosa es que yo vaya a denunciar […] después de varias acciones de violencia que yo vaya a denunciar, que eso no siempre sucede, y [hay] muchas personas, que viven constantemente la violencia, pero nunca lo denuncian. Eso en el mejor caso, que lo denuncie. Pero lo otro es en el caso en que ni siquiera sepa que eso es violencia” (Entrevista a Alba Pérez, 19 Abril 2013).

La realidad de muchas mujeres víctimas de violencia de género, en distintos espacios, es que se enfrentan a múltiples formas de invisibilización. Ya sea en el registro, como en el caso de la encuesta ENDEMAIN del año 2004, e incluso las anteriores, donde el módulo de violencia, sufría de la carencia de aplicarse únicamente a mujeres casadas o en convivencia con un compañero, lo que invisibilizaba la situación de mujeres solteras; o bien desde la experiencia de mujeres que no denuncian los abusos de los que son víctimas a causa de una estructura social que las hace o bien culpables o bien receptoras pasivas y resignadas de ese tipo de violencia como algo naturalizado.

Pero el caso más extremo, precisamente es del que nos alerta Alba Pérez, el de mujeres que ni siquiera son conscientes de su situación de victimización.

Frente a esta realidad, el CONAMU, la Comisión de Transición y los diferentes organismos involucrados en el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres, inician el proceso de diseño, implementación, recolección y análisis de datos de la Primera Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género Contra las Mujeres, que se aplicaría en noviembre de 2011 y presentaría sus resultados iniciales en marzo de 2012. Se trataba de un proceso necesario para enfrentar y solucionar el problema de información sobre la violencia contra las mujeres que había en el país: el subregistro y la falta de una conciencia y discursos públicos sobre este tipo de violencia.

2 Ficha de registro de las denuncias presentadas en las Comisarías de la Mujer y la Familia.

Diferentes pasos fueron necesario para ese propósito: de un lado, la conformación de una secretaría técnica que organizara y centralizara los insumos y metodologías necesarias; de otro, la participación activa del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, que desarrolló las herramientas de la encuesta y se encargó del procedimiento, pero sobre todo que puso en marcha una norma dentro de la ley de estadística que lo conminaba a la conformación de comisiones sectoriales y especial, dentro de las cuáles se encontraba una comisión especial de estadísticas de género que se convirtió en un escenario de debate, desarrollo metodológico y ámbito formativo tanto para las y los integrantes dela Comisión de Transición, que asumieron la presidencia de esta comisión especial dentro del INEC, como de los funcionarios del INEC que se vieron sensibilizados en temas de género.

Finalmente, se requirió de un equipo intersectorial que permitió la coordinación y cooperación entre la Comisión del Transición, el INEC, los Ministerios del Interior y Coordinador de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, y las organizaciones de mujeres. Lo que condujo, en primera instancia a la ampliación de la población objeto de estudio hacia mujeres en general (no solamente las casadas), y que tuvieran más de 12 años, lo que implicó que se buscara tener acceso a una información sensible sobre el carácter temprano en el que las mujeres empiezan a ser víctimas de violencia, teniendo en cuenta incluso que existen muchos casos en los que la violencia inicia de manera más precoz.

Esta encuesta pionera en el país, requirió además una amplia capacitación del personal involucrado con el procesamiento inicial, pero sobre todo con el levantamiento de la información. Se realizaron talleres que duraban alrededor de una semana, y que se convertían ellos mismos en laboratorios que mostraban las reacciones de una sociedad que aún no habla y discute estos temas, como lo muestra este testimonio acerca del primer día de uno de esos talleres.

“Entonces yo me acuerdo que había una chica que estaba sentada al frente mío, que estaba en la primera fila… ella se levantó, y dijo ‘yo tengo cinco hijos, ahora me doy cuenta la vida que he vivido, la situación de violencia que he pasado toda mi vida, si tengo cinco hijos ustedes se podrán dar cuenta de mi situación’, y se fue de llantos, el primer día. Súper fuerte, no solamente para ellos, para mí también a pesar de haber trabajado en estos temas, pero claro, estos temas con más complicados todavía, y desde esa realidad… eso fue el primer día” (Entrevista a Alba Pérez, 19 Abril 2013).

Mujeres, encuestando a mujeres sobre su vida, tratando de desentrañar los complejos tejidos de una experiencia individual y social, que sirvió, en especial, para lograr posicionar un tema trascendente en una sociedad que se negaba sistemáticamente a reconocerlo. Y que aún lo haca. Pero la Encuesta reveló situaciones muy complejas y alarmantes. La más fuerte de ellas, que en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género, ya sea física, psicológica, sexual o patrimonial.

Pero los resultados no se quedan allí. Si bien se concluye que 1 de cada 4 mujeres ha vivido algún tipo de violencia sexual, la forma de violencia más recurrente es la psicológica, lo refuerza la existencia de un problema social y cultural, y evidencia las restricciones que enfrentan las mujeres, en la medida en que este tipo de violencia es difícilmente verificable, sancionable o tratable. Y se evidencia además que se trata de una situación que atraviesa autoidentificaciones étnicas, de ingreso e incluso de nivel educativo, revelándose que un 52,8% de mujeres con educación de postgrado ha sufrido algún tipo de violencia de género. Y a pesar de ello, o tal vez a causa de ello, solo se denuncia un 20,6% de los casos.

Mucha mayor información fue producida y procesada, e incluso mucha de ella está aún por difundirse. Pero esta producción de información ha tenido ya algunos resultados significativos. El de más amplia difusión fue el del caso de Karina del Pozo, joven que se cree fue violada y asesinada por hombres que ella conocía y que fue calificado como un caso de femicidio. Si bien en Ecuador no existe una tipificación penal del mismo, desde el 2011, coincidiendo con el inicio del proceso de levantamiento de la Encuesta, empezó a ser nombrado por primera vez en los mensajes de microbloging publicados en twitter desde cuentas ecuatorianas. Según la página de análisis de redes sociales Topsy, hasta octubre de 2011 nunca se había utilizado el hashtag #femicidio en Ecuador, pero desde este momento fue utilizado, llegando a una cima entre febrero y marzo de 2013, fecha de la difusión del caso Karina del Pozo, de más de 100 mensajes, mientras que el hashtag #KarinadelPozo superaba las 15000 repeticiones.

Es probable suponer que este, y todos los casos que se visibilizaron luego, permitiendo por lo menos poner sobre la mesa este tema en el imaginario ecuatoriano, avanzado en un reclamo por incluir este tipo de delito en el Código Penal, habría tenido un camino más tortuoso de no ser porque desde marzo de 2012 se publicaron los resultados de un encuesta que devolvía la imagen de un Ecuador en un espejo que la deformaba, la mostraba perversa e incluso negligente con la situación de violencia hacia las mujeres.

La conclusión de esta experiencia, aún abierta, es que la información es un recurso escaso y necesario para cambiar el núcleo duro de los comportamientos colectivos, que la posibilidad de reconstruir una imagen que permita ese proceso requiere de amplios procesos de producción de información, antes incluso de la posibilidad de fomentar un debate en cualquier plataforma tecnológica. Información no solo con sustento, sino con la legitimidad otorgada por el tipo de proceso de diseño y ejecución que otorga un trabajo multisectorial, es clave para alimentar plataformas de comunicación. Pero el tipo de presión ejercido a través de estas plataformas puede, por lo menos como lo muestra el caso ecuatoriano, llevar a que se discuta una cara oculta de la realidad y de la identidad de las naciones, empezar a reconocer problemas que se ocultan bajo capaz muy fuertes y anteriores de costumbres, etiquetas, recriminaciones y sanciones sociales.

Es menester no solo difundir a través de plataformas de comunicación los debates sociales, sino lograr que activistas, organizaciones y la sociedad en general

empiecen a reclamar por mayor información, sobre la sociedad, sobre las instituciones ejerciendo los derechos al acceso a la información, pero también, y sobre todo, de sí mismos, de sus propios comportamientos naturalizados, para criticarnos y transformarnos como colectivo humano.

Bibliografía

Jara, Lily (2001), “Ecuador: hacia un sistema de estadísticas sobre violencia contra las mujeres. Resumen”, en CEPAL: Estadísticas e indicadores de género para medir la incidencia y evolución de la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, Quito: UNIFEM.

Lind, Amy (2001), “Organizaciones de mujeres, reforma neoliberal y políticas de consumo en Ecuador”, en Gioconda Herrera (edit.), Antología Género, Quito: FLACSO, pp. 295 – 324.

Salgado, Judith, Coord. (2006), Informe Alternativo ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Quito: PADH-UASB, CLADEM, CPJ, UNIFEM.

Segarra, Monique (1997), “Redefining the Public/Private Mix: NGOs and the Emergency Social Investment Fund in Ecuador”, en Douglas Chalmers et.al. (editores), The New Politics of Inequality in Latin America, Oxford: Oxford University Press, pp. 489-515.

Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia contra las Mujeres (2012). http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/catalog/94