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Respuesta empresarial - gubernamental Para nadie es un descubrimiento constatar la crisis económica generalizada que atraviesa el país. Recientemente se nos decía que en un 70% era debido a la crisis financiera internacional y el otro 30% era debido a la crisis política de hace un año. El caso es que estamos en una situación donde nadie se siente cómodo y la prolongación de esta situación es fuente de inestabilidad social y, al mismo tiempo, de búsqueda de soluciones. Los últimos datos nos indican que hay 1.3 millones de hondureños en el desempleo, que aumenta la brecha de la pobreza y los niveles de indigencia. Igualmente se nos dice que hay entre un 32 y un 36% de gente sobreviviendo con 1$ al día. Esta realidad es utilizada en estos momentos para presionar a las dirigencias de las centrales obreras con el objeto de que aprueben la propuesta que se está socializando en el Congreso Nacional y que, obviamente, cuenta con la aprobación del empresariado. Se le conoce como el “Programa Nacional Solidario o Plan Anti-crisis”. La idea es la de generar seiscientos mil puestos de trabajo en los próximos tres años en los sectores rurales, urbanos y urbanos marginales con altos índices de pobreza. También se pretende que estudiantes, personas con discapacidades o amas de casa puedan aprovecharse de los empleos temporales. Según la propuesta gubernamental- empresarial la creación de empleos temporales servirá para fortalecer la democracia y promover empleo para los pobres, aunque sea temporal o por horas. Al final, sí queda claro que desde la perspectiva oficial todo son bondades y, por lo tanto, tratarán de sacar este proyecto a cómo dé lugar. Como contrapartida, son las centrales obreras y lo más lúcido del movimiento popular quienes se oponen a la aprobación de esta propuesta. Y las razones son claras: “no aprobarán ninguna norma jurídica que vaya a disminuir, tergiversar o violar los derechos y conquistas de los obreros que ya se consignan en el Código de Trabajo, la Constitución de la República y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”. No consideran coherente el que si aún no han aprobado el nuevo ajuste al salario mínimo, menos van a permitir que se apruebe el “empleo a medio tiempo o por hora”. Es un pretexto para que “la cúpula empresarial se deshaga de los treceavos, catorceavos, prestaciones sociales y los aguinaldos. Todos serán eventuales, nadie va a cotizar al seguro social o al régimen de aportaciones privadas”. Estas preguntas no reciben ninguna respuesta y la parte empresarial/gubernamental se llama al silencio. Además, no quieren repetir la triste experiencia de la reciente historia del movimiento popular cuando las maquilas se impusieron a las leyes del país y al Código del Trabajo. Si en aquel momento fueron las transnacionales quiénes pusieron las leyes e instituciones del país a su servicio, no se va a permitir que ahora lo hagan la bina gobierno/empresarios con el pretexto de que es la solución al problema económico nacional. En definitiva, tenemos que evitar que “las guerras de los mercados causen más víctimas que las guerras de las armas”. Nuestra palabra | 02 Julio 2010

Respuesta Empresarial - Gubernamental - 02 julio 2010

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Respuesta empresarial - gubernamental

Para nadie es un descubrimiento constatar la crisis económica generalizada que atraviesa el país. Recientemente se nos decía que en un 70% era debido a la crisis financiera internacional y el otro 30% era debido a la crisis política de hace un año. El caso es que estamos en una situación donde nadie se siente cómodo y la prolongación de esta situación es fuente de inestabilidad social y, al mismo tiempo, de búsqueda de soluciones.

Los últimos datos nos indican que hay 1.3 millones de hondureños en el desempleo, que aumenta la brecha de la pobreza y los niveles de indigencia. Igualmente se nos dice que hay entre un 32 y un 36% de gente sobreviviendo con 1$ al día. Esta realidad es utilizada en estos momentos para presionar a las dirigencias de las centrales obreras con el objeto de que aprueben la propuesta que se está socializando en el Congreso Nacional y que, obviamente, cuenta con la aprobación del empresariado. Se le conoce como el “Programa Nacional Solidario o Plan Anti-crisis”.

La idea es la de generar seiscientos mil puestos de trabajo en los próximos tres años en los sectores rurales, urbanos y urbanos marginales con altos índices de pobreza. También se pretende que estudiantes, personas con discapacidades o amas de casa puedan aprovecharse de los empleos temporales. Según la propuesta gubernamental-empresarial la creación de empleos temporales servirá para fortalecer la democracia y promover empleo para los pobres, aunque sea temporal o por horas. Al final, sí queda claro que desde la perspectiva oficial todo son bondades y, por lo tanto, tratarán de sacar este proyecto a cómo dé lugar.

Como contrapartida, son las centrales obreras y lo más lúcido del movimiento popular quienes se oponen a la aprobación de esta propuesta. Y las razones son claras: “no aprobarán ninguna norma jurídica que vaya a disminuir, tergiversar o violar los derechos y conquistas de los obreros que ya se consignan en el Código de Trabajo, la Constitución de la República y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

No consideran coherente el que si aún no han aprobado el nuevo ajuste al salario mínimo, menos van a permitir que se apruebe el “empleo a medio tiempo o por hora”. Es un pretexto para que “la cúpula empresarial se deshaga de los treceavos, catorceavos, prestaciones sociales y los aguinaldos. Todos serán eventuales, nadie va a cotizar al seguro social o al régimen de aportaciones privadas”. Estas preguntas no reciben ninguna respuesta y la parte empresarial/gubernamental se llama al silencio.

Además, no quieren repetir la triste experiencia de la reciente historia del movimiento popular cuando las maquilas se impusieron a las leyes del país y al Código del Trabajo. Si en aquel momento fueron las transnacionales quiénes pusieron las leyes e instituciones del país a su servicio, no se va a permitir que ahora lo hagan la bina gobierno/empresarios con el pretexto de que es la solución al problema económico nacional. En definitiva, tenemos que evitar que “las guerras de los mercados causen más víctimas que las guerras de las armas”.

Nuestra palabra | 02 Julio 2010