resumen Procesal II (Actualizado a Enero 2014) (1)

Procesal II – Ninha_das_coletas 13/14

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INTRODUCCIÓN

T1. FUENTES Y FUNCIÓN DEL PROCESO PENAL I. LAS FUENTES DEL Dº PROCESAL PENAL Son:

- La CE - Los Pactos Internacionales de DDHH - La LECr - Las Leyes Especiales

1. LA CE Norma suprema a la que ha de adecuarse la totalidad del ordenamiento procesal penal. Si el Juez o Tribunal penal estimase que algún precepto no se adapta a ella, podrá plantear “cuestión de inconstitucionalidad” ante el TC. Sus normas de naturaleza procesal pueden sistematizarse en 1ordinarias y 2de garantía reforzada. A) Normas constitucionales procesales ordinarias Se dirigen al Legislativo, que está obligado a respetar sus mandatos y los DD constitucionales que haya establecido, que no podrán ser negados por éste. Su infracción ha de restablecerse ante los Tribunales y mediante los recursos ordinarios, sin que sea posible el recurso de amparo (sólo previsto para la violación de DDFF). B) Normas constitucionales procesales de garantía reforzada

Son las tuteladoras de los DDFF de naturaleza procesal. Su vulneración puede ser restablecida por los Tribunales ordinarios. Si no lo hicieren, el particular puede instar recurso de amparo ante el TC. Sólo la infracción de los DDFF contenidos en la Sección 1ª del Capítulo II CE pueden hacerse valer por el recurso de amparo: a) DDFF materiales de incidencia procesal

- Art. 15 dº a la vida e integridad física y prohibición de la tortura. - Arts. 16 y 19 libertad ideológica, religiosa, de expresión, información veraz y cátedra. Son DD. de

emisión del pensamiento que suelen enfrentarse con los DD a la intimidad, honor e imagen. - Art. 17 dº a la libertad. - Art. 18 dº a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones. - Art. 19 dº a la libertad de residencia. PUEDE RESTRINGIRSE (casos de violencia doméstica, p.ej.). - Art. 22 dº de asociación. PUEDE RESTRINGIRSE (consecuencia accesoria del art. 129 CP, p.ej.). - Art 23 dº de acceso y permanencia en cargos públicos. PUEDE RESTRINGIRSE (casos de terrorismo). - Art. 25 ppio. de legalidad y non bis in idem.

Su vulneración suele ocasionar un supuesto de valoración prohibida de la prueba. Ha de hacerse valer mediante la denuncia de la vulneración de otros DDFF procesales como: DD a la presunción de inocencia y a un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE. Esa denuncia posibilitará su restablecimiento por los Tribunales superiores o por el TC, mediante la declaración de nulidad de la Sentencia condenatoria o la del juicio oral. b) DDFF procesales Están ubicados ppalmente en el art. 24, aunque otros lo están en el art. 17 (DD singulares del detenido: plazo y garantías de la detención y “habeas corpus”).


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Son DD de defensa o instrumentales de ella, dirigidos a hacer valer el dº a la libertad del ciudadano. Además, en nuestro ordenamiento también le asiste a la víctima el dº a la tutela judicial efectiva, al Juez legal y a la prueba, contemplados en el art. 24 CE también. 2. LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DDHH Art. 10 CE: “Las normas relativas a los DDFF y a las libertades que la CE reconoce se interpretarán de conformidad con la DUDH y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España”. Destacan:

- DUDH de 1948. - PIDCP de 1966. - CEDH de 1950 y sus Protocolos Adicionales.

El CEDH adquiere singular relevancia, ya que el órgano jurisdiccional encargado de su aplicación (TEDH de Estrasburgo) puede conocer de las demandas que interpongan los ciudadanos contra el Eº español por supuesta violación de los DD contenidos en dicho convenio, una vez agotados los recursos judiciales internos. Sus resoluciones constituyen doctrina jurisprudencial, que ha de ser observada por todos nuestros Tribunales (derogación de la doctrina “Parot”, p.ej.). 3. LA LECr Es de 1882. A ella han de someterse todos los Tribunales conforme a su art.1: “no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya represión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes Especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente”. Consta de 7 Libros. El 1º intenta ser una Parte Gral. del Dº Procesal Penal, ya que regula los presupuestos, requisitos de los actos y DD procesales, válidos para todos los procesos penales, tanto ordinarios como especiales. Ha sido objeto de múltiples reformas parciales. 4. LAS LEYES ESPECIALES Deben distinguirse las materias que afectan al desarrollo de los DDFF (que deben ser objeto de LO), de las que, al no afectar al dº a la libertad ni a otro DF, pueden regularse mediante Ley Ordinaria. II. LAS DIVERSAS FUNCIONES DEL PROCESO PENAL SepR_13 y Ene_12 Las diversas funciones del proceso penal No se puede reconducir a la unidad la multiplicidad de funciones que asume el proceso penal. A la ppal. del “ius puniendi” del Eº, se yuxtaponen otras como la protección del dº a la libertad, dº a la tutela de la víctima y la de reinserción del propio imputado. 1. LA ACTUACIÓN DEL “IUS PUNIENDI” El “ius puniendi” ha de actuarse, una vez declarada la existencia de un delito y la participación en él del acusado, mediante la irrogación al mismo, por el Tribunal penal, de la correspondiente pena prevista en el CP. 2. LA PROTECCIÓN DEL Dº A LA LIBERTAD El proceso penal también está llamado a declarar el dº a la libertad del ciudadano inocente. Se erige pues, el proceso penal, en un instrumento neutro de la Jurisdicción, cuya finalidad consiste tanto en aplicar el “ius puniendi” del Eº como en declarar o restablecer el dº a la libertad (“habeas corpus”, p.ej.).


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El dº a la libertad ocupa en nuestro ordenamiento una posición preferente a la potestad jurisdiccional de imposición de penas. 3. LA PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA En aquellos países que han secundado el modelo francés de acumulación de la “acción” o pretensión civil a la penal derivada de delito (art. 100 LECr), el proceso penal se convierte también en un instrumento útil para la reparación de la víctima. 4. LA REHABILITACIÓN DEL IMPUTADO Aunque es una función más propia de las penas y de las medidas de seguridad que del proceso penal, en la práctica difícilmente puede alcanzarse, por lo que se aconseja introducir en el sistema punitivo, sanciones o penas alternativas a la de privación de libertad (en el tratamiento de los delitos leves).

PRIMERA PARTE. CONSTITUCIÓN Y PROCESO PENAL T2. EL PPIO. DE PROPORCIONALIDAD Y LOS DDFF DE Dº JUDICIAL ORGÁNICO

I. EL PPIO. DE PROPORCIONALIDAD Feb_13 y SepR_09 El principio de proporcionalidad

La incidencia sobre los DDFF en la fase instructora requiere que se aplique la doctrina del TC sobre el ppio. de proporcionalidad: El acto de investigación lesivo de un DF debe:

- Haber emanado de la Autoridad competente. - Estar previsto en la Ley. - Justificarse objetivamente. - La resolución judicial que limita el DF ha de estar minuciosamente motivada. En ella ha de plasmarse el

“juicio de necesidad”, que justifique el sacrificio del DF. Este ppio. se encuentra implícitamente en el art.25 (al consagrar el ppio. de “legalidad”, no sólo establece el de “tipicidad”, sino también el de “proporcionalidad” entre la medida y la sanción) y en cada uno de los preceptos que establecen los límites del ejercicio de los DDFF (20.4º, 21.2º, 22.2º y 5º CE; arts. 5.1º, 8.2º, 10.2º, 11.2º, 15 y 18 CEDH). Conforme a la doctrina del TEDH y del TC, pueden extraerse las siguientes notas esenciales:

1) Todo acto limitativo de un DF ha de fundarse y estar previsto en una LO. 2) Toda resolución que limita o restrinja el ejercicio de un DF ha de estar motivada. 3) Ha de cumplirse el subppio. de necesidad (= las medidas limitadoras habrán de ser necesarias para

conseguir el fin perseguido por el acto de investigación). 4) Ha de haber adecuación entre la medida prevista o aplicada y la procuración de dicho bien

constitucionalmente relevante. 5) La finalidad perseguida sólo puede alcanzarse mediante dicho acto y no otro igualmente eficaz, pero no

restrictivo del DF (= subppio. de la “alternativa menos gravosa”), o no debe poder comprobarse “ex post” que el mismo objetivo hubiera podido alcanzarse con un medio no restrictivo o menos restrictivo del DF.

La infracción del ppio. de proporcionalidad en la limitación de algún DF de incidencia procesal ocasionará:

- La violación de dicho DF de carácter material, dando lugar al nacimiento de la pretensión resarcitoria. - La sentencia penal de condena que se funde sobre dicha prueba prohibida infringirá la “presunción de

inocencia” o el dº “a un proceso con todas las garantías”, lo que permitirá su restablecimiento mediante los recursos ordinarios, fundados en la infracción de precepto constitucional, o recurso de amparo.


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II. EL Dº A LA PARTICIPACIÓN EN EL JURADO Aparece mencionado en el art. 125 CE. Ha de ser puesto en relación con el art. 23.2 CE, que contempla el dº de acceso a los cargos y “oficios públicos en condiciones de igualdad”. Del estudio sistemático de ambas normas constitucionales cabe inferir 2 DDFF:

1) A un DF, cívico y activo, que asiste a todo ciudadano a acceder al oficio del Jurado, “en la forma que la Ley determine”.

2) Una vez instaurado el Jurado, un DF del imputado a ser juzgado por el Jurado que se erige en el “predeterminado por la Ley”.

Tales DD constitucionales integran un dº de configuración legal cuyo ejercicio necesita de la interposición del legislador (en nuestro ordenamiento, mediante LO 5/995, del Jurado). III. EL Dº AL JUEZ LEGAL Previsto en la CE en 2 preceptos diferenciados:

- Positivamente, se recoge en el art. 24.2, que consagra el dº que todos tienen “al Juez ordinario predeterminado por la Ley”.

- Negativamente, en el art. 117.6, que viene a declarar la prohibición de los “Tribunales de excepción”. El Juez legal penal es el DF que asiste a todos los sujetos del Dº, a ser juzgados por un órgano jurisdiccional creado mediante LO y perteneciente a la jurisdicción penal ordinaria, respetuoso con los ppios. constitucionales de igualdad, independencia e imparcialidad y sumisión a la Ley, y constituido con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas. 1. JUEZ LEGAL Y RESERVA DE L.O. El art. 24.2 no impone régimen especial para la regulación del ejercicio de este DF, por lo que ha de resultar de aplicación lo dispuesto en los arts. 53.1 y 81.1 (= ha de revestir forma de LO las “relativas al desarrollo de los DDFF”). Ej.: LO 7/1998, de creación de los Juzgados de lo Penal. 2. JUEZ LEGAL Y JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA No sólo ha de ser instaurado mediante LO, sino que ha de quedar encuadrado dentro del Poder Judicial. El ppio. de monopolio jurisdiccional de imposición de penas (art. 117.3 en relación con el art. 25.3) y el dº de acceso a la jurisdicción o a ser juzgado por un “Tribunal independiente e imparcial” (art. 6.1 CEDH), ha de conllevar 1la ilegitimidad de cualquier órgano adtivo. que pudiera estar habilitado para la imposición de sanciones penales, o 2de cualquier jurisdicción especial que pretendiera imponerlas. a) El 1er supuesto: el art. 29 CE prohíbe los Tribunales de Honor. Se daría si la Admón. infringiera el “non bis in

idem” e impusiera a un funcionario una sanción de suspensión definitiva de funciones (inhabilitación), sin que haya recaído todavía sentencia penal.

b) 2º supuesto: el art. 117.5 CE consagra el ppio. de unidad jurisdiccional, cuya infracción puede llevar a interponer recurso de amparo por infracción del art. 24.2. Sucedería si la jurisdicción militar extralimitara su competencia, que ha de quedar ceñida al “ámbito estrictamente castrense”.

Por Juez ordinario en materia procesal penal tan sólo cabe entender el Juez o Tribunal de lo Penal, integrante del Poder Judicial. 3. JUEZ LEGAL Y PPIO. DE “IGUALDAD” El Juez legal no sólo ha de ser “ordinario”, sino que ha de estar “predeterminado por la Ley” (= CE). El 1er requisito que han de cumplir todos los órganos jurisdiccionales es el de constituirse sin atender a criterio discriminatorio


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alguno (= absoluto respeto al ppio. constitucional de igualdad del art. 14). Serían inconstitucionales los que así se constituyeran. 4. JUEZ LEGAL E “INDEPENDENCIA”: LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL “JUEZ LEGAL IMPARCIAL” Sep_09 Juez legal e independencia: la doctrina constitucional sobre el “Juez legal imparcial” A) La subsunción en la CE del dº al Juez imparcial La independencia judicial requiere que los Jueces y Magistrados sean “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la CE y al imperio de la Ley” (art. 1 LOPJ). De ahí que la denuncia de la infracción del dº al Juez legal imparcial puede efectuarse:

- Por vulneración del dº al “Juez predeterminado por la Ley”. - Por vulneración “a un proceso con todas las garantías”.

B) Imparcialidad objetiva y subjetiva La “subjetiva” se presume siempre. La “objetiva”, referida al objeto del proceso, hace referencia a que el sujeto investido de poder judicial para resolver un determinado asunto ha de ser ajeno a ese asunto. Incluso las apariencias pueden tener importancia (ej.: la foto de cacería del Ministro de Justicia de Zapatero, con el Juez Garzón). C) La abstención y la recusación Para garantizar la imparcialidad objetiva, surgen la abstención y la recusación. Como causa de recusación ppal. está el “haber sido instructor de la causa”, que también contravienen el ppio. acusatorio que se encuentra implícito en el dº a un “proceso con todas las garantías”. Se ha de vedar la posibilidad de que un órgano judicial pueda conocer de la fase de juicio oral contra un acusado, si alguno de sus miembros ha asumido contra él previamente funciones instructoras. A fin de posibilitar a las partes el ejercicio de su dº de recusación, ha de ponerse en su previo conocimiento la determinación del Magistrado Ponente y la de los demás Magistrados “que no constituyan plantilla de la Sala”. 5. JUEZ LEGAL Y COMPETENCIA El “Juez ordinario predeterminado por Ley” es el Juez territorial, objetiva y funcionalmente competente. De ahí que las normas de competencia objetiva sean de “ius cogens”, siendo un presupuesto procesal cuyo cumplimiento ha de ser vigilado de oficio en todas y cada una de las instancias. Su infracción acarrea la nulidad radical e insanable. Aunque no toda infracción de una norma de atribución de la competencia ha de originar necesariamente una vulneración del ppio. del Juez legal, sino tan sólo aquellas que, por expreso mandato constitucional o porque infrinjan la independencia judicial o el dº a un proceso con todas las garantías, sean susceptibles de violentar el criterio del Juez legal.

T3. LOS DDFF MATERIALES A LA LEGALIDAD Y AL “NON BIS IN IDEM” I. EL PPIO. DE LEGALIDAD Establecido en el art. 10 CP (“nullum crimen, nulla poena sine lege”) y consagrado en el art. 25 CE: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción adtiva., según la legislación vigente en aquel momento”. Es el dº de toda persona:

Art. 24.2 CE


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- A no ser condenado con pena privativa de libertad que no se encuentre prevista en una norma con rango de LO.

- Que esa norma sea anterior a la comisión del hecho punible o posterior, pero más favorable. - Que reúna la predeterminación suficiente de la conducta ilícita y de la sanción aplicable.

1. REQUISITOS FORMALES: LA RESERVA DE LEY El instrumento normativo para el establecimiento de la conducta penalmente antijurídica, podría ser cualquier disposición con rango de Ley, incluido el D Ley. Pero los delitos que conlleven penas privativas de libertad exigen que su desarrollo normativo se efectúe mediante LO, so pena de vulnerar el art. 17 CE. Así que, las penas privativas de DD que no incidan en DDFF, no han de requerir su desarrollo mediante LO. 2. REQUISITOS MATERIALES: PREVISIÓN Y CERTEZA Requerir a los órganos jurisdiccionales penales que, para la integración de una determinada conducta, haya de existir una predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las penas o sanciones aplicables (= exigencia de previsión y certeza). A) Previsión: prohibición de la irretroactividad de la Ley penal desfavorable Prohibición de que, ante una sucesión de normas penales pueda aplicarse, a una misma conducta, la norma posterior con sanción más grave. Establecida expresamente en el art. 9.3 CE: “la CE garantiza… la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de DD individuales …”. Su vulneración ocasiona no sólo la violación del art. 9.3 CE, sino también la del art. 25. De hecho, el recurso de amparo habría de sustentarse en la infracción de éste último, ya que la vulneración del 9.3 no puede, por sí sola, sustentar la fundamentación de una demanda de amparo (por ser un mero ppio. constitucional y no un auténtico DF). Aunque el dº “a la aplicación de la norma penal posterior más favorable” no se encuentra expresamente recogido en el art. 9.3 CE, hay que considerarlo implícito en el art. 25 CE, ya que el requisito de la “Lex praevia” exige que dicha Ley permanezca vigente:

- En el momento de la comisión - En el momento de la aplicación - Y en el momento del cumplimiento de condena. Sin norma penal previa y vigente, tampoco existe

responsabilidad penal, ni “ius puniendi” del Eº. De ahí que cuanto el TC dicta una sentencia de inconstitucionalidad de una norma penal, la sentencia extienda sus efectos retroactivamente en lo que al reo le resulte favorable. B) Certeza: predeterminación normativa Exige la existencia de una predeterminación normativa lo suficientemente clara para que pueda, tanto la norma penal como su sanción, ser conocida por sus destinatarios. Consecuencias prácticas:

1) Prohibición de la utilización de la analogía “in malam partem”. 2) Integración, mediante normas reglamentarias, de las cláusulas grales. abiertas.


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II. EL PPIO. “NON BIS IN IDEM” 1. REGULACIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Es la prohibición de que una persona pueda ser condenada más de una vez por la comisión de un mismo hecho. Es un ppio. incluido en el de legalidad del art. 25 CE. Veda la imposición de una dualidad de sanciones “en los casos en que se aprecie la identidad de sujeto, hecho y fundamento”. También se encuentra recogido en el art. 4 del Protocolo 7 CEDH y en el art. 14.7 PIDCP. Ha sido objeto de desarrollo por la legislación adtiva. (art. 133 L 30/1992: “no podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o adtivamente., en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento”). Consagra la preferencia de la jurisdicción penal sobre el procedimiento adtivo., estableciendo la obligación de la Admón. de denunciar el hecho ante la Jurisdicción Penal y de suspender el procedimiento sancionador hasta que recaiga sentencia penal. Las vulneraciones suceden ante los concursos aparentes de Leyes penale y adtivas. (= cuando un mismo hecho es susceptible de ser sancionado simultáneamente por los Tribunales penales y por la Admón.). 2. LA DOCTRINA DEL TC Aunque se establece la preferencia de la Jurisdicción Penal sobre la adtiva., que obliga a la Admón. a suspender las actuaciones hasta que recaiga sentencia penal firme, la doctrina del TC no alcanza a la doble incriminación de conductas vía adtiva. y penal, ni siquiera a la doble condena, si posteriormente procede el Tribunal de lo penal a “compensar” las sanciones, computando la condena adtiva. en la sentencia penal.

T4. LOS DDFF PROCESALES: (I) A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS I. EL Dº A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS “El dº a un proceso con todas las garantías” se recoge en el art. 24.2 CE. En él tienen cabida todos los DDFF de incidencia procesal que no puedan ser subsumidos en los demás DD. del art. 24 CE y muy especialmente en los DD a la tutela, de defensa y a la presunción de inocencia. El TC, en el dº a un proceso con todas las garantías, está individualizando violaciones de DD tales como el secreto a las comunicaciones y las escuchas ilegales o el de no ser condenado en la 2ª Instancia mediante una nueva valoración de las pruebas de carácter personal. El TC ha subsumido 3 DDFF en este dº:

1) Dº a la igualdad de armas 2) Dº al ppio. acusatorio 3) Dº a la inmediación del Tribunal “ad quem” en la valoración de las pruebas de carácter personal.

II. IGUALDAD DE ARMAS SepR_11 y SepR_10 Igualdad de armas El ppio. de igualdad de armas ha de estimarse cumplido cuando en la actuación procesal, tanto el acusador como el imputado gozan de los mismos medios de ataque y defensa e idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. 1. FUNDAMENTO No goza de explícita consagración formal en la CE y Pactos Internacionales de DDHH.


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Es una proyección del ppio. de igualdad del art. 14 CE en el dº a un proceso con todas las garantías del art. 24.2. Se vulnera cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de fundamentación constitucional alguna, o cuando el legislador o el órgano jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte contraria. 2. SU CONSAGRACIÓN EN EL PROCESO PENAL La doctrina del TC y del TEDH es enteramente reclamable. Todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal han de recibir idéntico tratamiento procesal por parte de los órganos de la jurisdicción penal. El art. 627 LECr obliga al Secretario judicial a dar traslado también a la defensa del sumario, para que inste lo que a su dº convenga en la fase intermedia. Determinadas “discriminaciones””, que gozan de una justificación objetiva y razonable, no pueden estimarse contrarias al ppio. procesal de igualdad:

- Dº a la no perseguibilidad del delito. - Instituto del perdón. - La petición vinculante del sobreseimiento que sólo puede efectuar el MF y el ofendido; en cambio, el

acusador particular, si solicita la apertura del juicio oral, no vincula al Tribunal. El ppio. de igualdad habrá de estar presente en el juicio oral y, especialmente, en la proposición y ejecución de la prueba; de ahí que nuestra LECr garantice los ppios. de contradicción e igualdad de armas en los supuestos de prueba anticipada, que se practica dentro de la instrucción. El art. 24.2 no obliga a reclamar la exigencia del ppio. a lo largo de todos los actos y fases del procedimiento penal, sino tan sólo ante actuaciones procesales o jurisdiccionales que requieran 1la inmediación de un órgano jurisdiccional y 2la vigencia de los ppios. de contradicción e igualdad. III. EL PPIO. ACUSATORIO SepR_12 y Feb_10 La regulación del principio acusatorio en nuestro OJ FEB_08 El principio acusatorio: nuestro derecho positivo El TC lo ha elevado a DF, implícito en el dº “a un proceso con todas las garantías”. El binomio de los ppios. acusatorio‐inquisitivo tienen la virtualidad de indicarnos mediante qué distribución de roles y bajo qué condiciones se realizará el enjuiciamiento del objeto procesal penal. El ppio. acusatorio rige en un determinado proceso penal cuando las fases de instrucción y de juicio oral se encomiendan a 2 distintos órganos jurisdiccionales, prohibiéndose:

- Al órgano decisor, realizar las funciones de parte acusadora. - Al órgano de la 2ª instancia, la posibilidad de gravar más al recurrente de lo que ya lo estaba en la 1ª.

1. NOTAS ESENCIALES Sep_12, Feb_12 y Ene_10 Explique las notas esenciales del principio acusatorio Ene_09 El principio acusatorio. Notas esenciales

A) Atribución de la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdiccionales Para prevenir el prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado por un órgano falto de imparcialidad, es necesario que la labor inquisitiva se encomiende a un órgano unipersonal (Juez de Instrucción, MF), al que se le prohíbe expresamente la posibilidad de entender de la fase de juicio oral, la cual ha de ser conferida a otro órgano jurisdiccional, colegiado (Jurado o Tribunal). Ppio. consagrado implícitamente en el art. 6.1 CEDH. Según el TEDH, el dº a ser juzgado por “un Tribunal independiente imparcial” conlleva la prohibición de que, en las infracciones graves, no sólo el Juez instructor


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pueda entender del juicio y pronuncie la sentencia, sino la necesidad de que ningún Magistrado o miembro del MF que haya realizado funciones instructoras pueda formar parte siquiera del Tribunal sentenciador. 2 aspectos concretos:

1) El Tribunal debe ser subjetivamente imparcial: ningún mimbro debe tener ningún prejuicio o predisposición personal.

2) El Tribunal debe ser también imparcial desde un punto de vista objetivo: que no haya duda alguna ni apariencia de parcialidad.

La violación del ppio. acusatorio, implícito en el dº a un proceso “con todas las garantías”, conlleva la vulneración del dº al Juez legal imparcial. B) Distribución de las funciones de acusación y decisión “Nemo iudex sine acusatore”: la fase del juicio oral ha de iniciarse por una parte legítima y distinta a la del órgano jurisdiccional decisor. Para que se respete el ppio. acusatorio se hace necesario:

1) Que la acusación preceda a la defensa, y sea conocida por ella; si no, se vulnera el “dº al conocimiento previo de la acusación” del art. 24.2 CE, 6.3.a y b CEDH y 14 PIDPC.

2) Que se desdoblen ambas funciones (de acusación y de decisión) y sean otorgadas a 2 sujetos procesales distintos, uno de los cuales habrá de sostener la acusación en el juicio oral, pues si se efectuara una “retirada de la acusación” el Tribunal habrá de absolver en el fondo al acusado.

C) Correlación entre la acusación y el fallo Ene_13 y Sep_11 El principio acusatorio. Notas esenciales: correlación entre la acusación y el fallo y la prohibición de la “reformatio in peius”. Se exige congruencia, subjetiva y objetiva, entre la acusación y la parte penal dispositiva de la sentencia, cuya finalidad consiste en posibilitar el ejercicio del dº de defensa. a) Subjetiva El proceso penal acusatorio es un proceso de partes en el que el acusado no puede ser

considerado como “objeto” sino como sujeto, por lo que le asiste el dº de defensa. “Nadie puede ser condenado sin haber sido previamente acusado”. Por ello, los escritos de calificación provisional o de acusación han de fijar la legitimación pasiva. Esta regla se encuentra en el art. 24.2 CE al disponer que “todos tienen dº a ser informados de la acusación formulada contra ellos”, en el art. 6.3.a y b CEDH, y en el art. 14 PIDPC (= “todo acusado tiene dº a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa”). En definitiva, se hace conveniente que el sujeto pasivo del procedimiento penal, con anterioridad a la adquisición del “status” de acusado en el juicio oral, asuma, dentro de la instrucción, la de imputado, prohibiéndose que “nadie pueda ser acusado sin haber sido anteriormente declarado imputado judicialmente”.

b) Objetiva El dº del acusado a “conocer la acusación formulada contra él” reclama la información a él del

hecho punible, cuya comisión se le atribuye, para que ejercite su dº de defensa. En ppio., la correlación entre acusación y fallo no se extiende ni a la aplicación de la norma penal, ni a la individualización de la pena, si bien la jurisprudencia viene dando entrada a estos elementos de la pretensión penal: existirá una vulneración del ppio. acusatorio y del art. 24.2 CE cuando la sentencia:

- Condene al acusado por una pena ppal o un hecho punible que no haya sido objeto de la acusación. - Condene al acusado a una pena más grave a la solicitada por la acusación. - Cuando el Tribunal aplique una calificación jurídica distinta y causante de indefensión material (p.ej.:

cuando habiéndose sostenido la acusación por un delito continuado, el Tribunal condene los hechos


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por separado); en este supuesto, hay que atender al hecho histórico que constituye el objeto del proceso penal y de la cosa juzgada. De tal manera que no existe indefensión ni vulneración del acusatorio si el hecho histórico fue descrito en el escrito de calificación provisional, aun cuando las partes acusadoras, en sus calificaciones definitivas, y el Tribunal en su sentencia, modifique el título de condena sobre ese mismo hecho, siempre y cuando el bien jurídico vulnerado permanezca el mismo. Si dicho cambio de calificación entraña violación de 2 bienes distintos o intereses protegidos de carácter heterogéneo (p.ej., cuando se califica provisionalmente como “tráfico de estupefacientes” y en las conclusiones y Sentencia se pena por “delito de contrabando”, o se enjuicia el hecho como calumnia y se condena por “injurias graves”), puede provocar “indefensión”.

También existirá vulneración del acusatorio si las partes acusadoras, en sus calificaciones definitivas, ampliaran su acusación a nuevos hechos sobre los que no ha recaído prueba en el juicio oral. En este caso, el Pte. del Tribunal debería preguntar al acusado si está de acuerdo con la calificación del nuevo hecho y, si la defensa manifestara su disconformidad, habrá que suspender el juicio, formalizarse una acusación adicional, contestarla el acusado y practicar la prueba sobre ese nuevo hecho, como en el ordenamiento procesal penal alemán.

D) Prohibición de la “reformatio in peius” La vigencia del ppio. acusatorio exige que en la 2ª o sucesivas instancias no se pueda gravar más o imponer un “quantum” superior de lo que ya lo estaba por la sentencia recurrida. Según doctrina del TC, la agravación de la pena al recurrente, realizada ex officio, sin que se le haya dado posibilidad de ejercitar el dº de defensa, genera “indefensión” y conculca el art. 24.1 y el “dº a un proceso con todas las garantías” del art. 24.2. 2. LA LEGALIDAD ORDINARIA A) El Juez instructor decisor Son los Juzgados de lo Penal a quienes se les atribuye competencia para el conocimiento de la fase del juicio oral. B) La información de la acusación De 2 formas:

1) Subjetivamente, mediante la instauración de una resolución de imputación formal (= auto de procesamiento). Tiene la virtualidad de impedir que no pueda ser acusada persona alguna que no haya sido previamente declarada procesada.

2) Objetivamente, al tener que plasmar en él los “indicios racionales de criminalidad” y al establecer la obligación para las parte acusadoras de reflejar “los hechos punibles que resulten del sumario”.

El Juez instructor está obligado a determinar la persona imputada y, con anterioridad a la conclusión de las “diligencias previas”, recibir declaración al imputado en dicha calidad. C) Apertura del juicio oral a instancia de parte legitimada El juicio oral tan sólo puede abrirse a instancia de una acusación legítima (“nemo iudex sine acusatore”). Si las partes acusadora legitimadas solicitan el sobreseimiento (= MF y acusador particular –ofendido o perjudicado ‐), el Juez de lo Penal o la AP no puede abrir de oficio un juicio oral contra persona determinada. D) Correlación entre acusación y sentencia Para proteger el dº de defensa frente a posibles mutaciones que deseen realizar las partes o el Tribunal sobre el objeto procesal. Establecida en los arts. 733, 746.6º y 851.41 LECr:


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a) El art. 733 pretende salvaguardar al acusatorio frente a eventuales cambios en el título de condena a fin de garantizar el dº al conocimiento previo de la acusación. La facultad del Tribunal para sugerir a las partes nuevas tesis jurídicas, tendentes a evidenciar la concurrencia de una circunstancia eximente o una nueva calificación jurídica sobre el mismo hecho, objeto del juicio, tiene como finalidad extender la correlación entre la acusación y el fallo incluso a la “causa petendi” de la pretensión penal, a fin de poder ampliar el ámbito cognoscitivo del Tribunal a esa nueva calificación delictuosa. Por tanto, se autoriza a las partes a informar acerca de esa nueva calificación jurídica.

b) Por el contrario, el art. 733 no autoriza a sugerir tesis jurídicas sobre hechos nuevos que no hayan sido objeto de calificación y de prueba en el juicio oral. Cuando esta eventualidad surja, habrá de suscitarse la suspensión del juicio oral (art. 746.6) y practicar una “sumaria instrucción complementaria” y una calificación adicional provisional con consiguiente juicio oral para ese nuevo hecho.

c) El art. 851.4 LECr dispone que procederá el recurso de casación “cuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el Tribunal no hubiere procedido previamente como determina el art. 733”. La infracción del art. 733 ha de condicionarse a que el cambio de calificación jurídica produzca indefensión o menosprecio al dº del acusado al conocimiento previo de la acusación y a la articulación de la pertinente actividad probatoria frente a esa nueva acusación. El art. 789.3 establece también una congruencia cuantitativa, al prohibir al Tribunal la irrogación de un “quantum” de pena superior al solicitado por las partes acusadoras.

IV. EL Dº A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y LA INMEDIACIÓN DEL TRIBUNAL “AD QUEM” EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARÁCTER PERSONAL

No es dado al Tribunal “ad quem” el efectuar una revisión de la valoración de las pruebas efectuadas por el Tribunal de 1ª instancia; entendidas éstas como aquellas que requieran la vigencia de los ppios. de inmediación, publicidad y contradicción (= las de carácter personal ‐declaraciones de las partes, testigos y peritos‐). No forman parte de este tipo de pruebas:

- La prueba documental (test de alcoholemia, fotografías y croquis de la policía judicial). - Los informes periciales documentados que no exijan oír al perito. - La prueba indiciaria, cuando no se explicita por el juzgador de 1ª instancia el razonamiento seguido para

alcanzar el resultado probatorio o cuando dicho razonamiento se revele erróneo. - Las sentencias de instancia que no determinan los elementos de convicción en que se basa el órgano

judicial para fijar los hechos probados. Por tanto, son los Juzgados de lo Penal los soberanos en la valoración de la prueba.

T5. LOS DDFF PROCESALES: (II) A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y A LOS RECURSOS I. LIBRE VALORACIÓN Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Feb_11 Libre valoración y presunción de inocencia: los actos de prueba, la prueba prohibida y la declaración de coimputados. Sep_07 Libre valoración y presunción de inocencia: obligación del Tribunal de razonar la prueba El art. 24.2 también incluye el dª a la presunción de inocencia. Es un dº que asiste a todo imputado y que consiste en que se presuma su inocencia hasta que recaiga contra él una sentencia penal firme de condena.


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Esta presunción debería estar presente a lo largo de todas las fases del proceso penal y de todas sus instancias. No obstante, la doctrina del TC ha sido parca en reclamar su vigencia dentro de la fase de instrucción. El dº constitucional a la presunción de inocencia es un dº del acusado que fundamentalmente se quebranta cuando no se haya practicado una actividad probatoria de cargo suficiente para deducir razonablemente la participación del acusado en el hecho punible. Esta doctrina del TC pone el acento en la actividad probatoria y, dentro de ella, en la libre valoración de la prueba. El ppio. de libre valoración de la prueba está en el art. 741 LECr y ha de complementarse con la doctrina del TC nacida de la interpretación de la presunción de inocencia del art. 24.2. Esta doctrina establece que la apreciación en conciencia:

1º. Ha de recaer en auténticas pruebas, y no en actos de instrucción. 2º. Esas pruebas han de ser lícitas. 3º. Y también han de practicarse en el juicio oral.

El dº a la presunción de inocencia es el dº de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba válida de cargo, acreditativa de los hechos, desarrollada y ratificada en el juicio oral y con sujeción a los ppios. de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad. Notas esenciales:

- La presunción de inocencia opera dentro de las reglas de distribución de la carga material de la prueba, desplazándola hacia la acusación.

- La presunción de inocencia confiere al acusado el dº a no ser condenado, sino con arreglo a auténticos actos de prueba, y no mediante confesión o meros actos instructorios.

- El acusado no puede ser condenado sólo por declaraciones testificales de coimputados o de testigos directos.

1. LA CARGA MATERIAL DE LA PRUEBA La primera garantía que produce la “presunción de inocencia” es el reforzamiento de la carga de la prueba en las partes acusadoras; es ésta quien ha de probar en el juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal. A la acusación corresponde la realización de la “actividad probatoria de cargo” necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia. 2. LOS ACTOS DE PRUEBA La sentencia de condena ha de fundarse en auténticos actos de prueba (= las pruebas practicadas en el juicio, a las que el Tribunal queda vinculado). Excepciones:

- La “prueba anticipada o preconstituida” que haya sido practicada en la instrucción. - La eficacia probatoria de las diligencias sumariales o preparatorias, siempre que se reproduzcan en el

juicio oral o se ratifiquen en su contenido los protagonistas, se les dé lectura para su confrontación y se permita a las partes la posibilidad de contradecirlas en dicho acto.

Para que un documento sumarial pueda ser estimado como hecho probado, debe constituir una prueba preconstituida o anticipada (= 1que no pueda ser reproducida el día del juicio oral, 2que haya sido intervenida por una Autoridad independiente u órgano jurisdiccional, con posibilidad de contradicción y respeto del dº de defensa, y 3leída en el juicio oral). 3. LOS ATESTADOS Y DEMÁS ACTOS DE INVESTIGACIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL

- Nadie puede ser condenado con base en su sola confesión prestada en Comisaría.


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- Los atestados y demás informes de la policía, tienen el mero valor de denuncias. Por tanto, si las partes acusadoras pretenden que los hechos vertidos en el atestado puedan ser estimados, como probados por el Tribunal sentenciador, será necesario recibir declaración, en calidad de testigo y en el juicio oral, al funcionario de policía que intervino en el atestado. Aunque reciente doctrina jurisprudencial ha otorgado, de forma excepcional, un cierto valor de prueba a las actuaciones policiales constitutivas de prueba preconstituida:

- Tiene por objeto la mera constatación de datos objetivos (fotografías, croquis, alcoholímetro). - Son irrepetibles en el juicio oral. - Han de ser ratificadas en el juicio, mediante la declaración personal del policía, en calidad de testigo de

referencia. 4. LA “PRUEBA PROHIBIDA” La presunción de inocencia exige que la actividad probatoria no pueda practicarse con vulneración de las normas tuteladoras de los DDFF. Son supuestos de “prohibición de valoración de la prueba”:

1) La que pudiera obtenerse mediante vulneración de garantías constitucionales (inviolabilidad del domicilio, p.ej.)

2) La que pudiera obtenerse con violación de DDFF (dº a la intimidad, p.ej.) 3) La que pudiera obtenerse a través de medios que la CE prohíbe (mediante tortura, p.ej.) 4) La expresamente no autorizada (con coacción, p.ej.)

5. LA DECLARACIÓN DE COIMPUTADOS A diferencia del testigo imparcial (que tiene la obligación de comparecer y de decir la verdad), el coimputado puede mentir, y, en la medida en que mediante la falsa incriminación de los demás coimputados pueda obtener su exoneración de responsabilidad penal u obtener situaciones de ventaja material, el TC establece que no se puede fundar una Sentencia de condena exclusivamente en la declaración de un coimputado. Esta doctrina no alcanza al coimputado‐condenado que declara como testigo en un proceso ulterior contra un coacusado, ya que su situación le impide obtener una ventaja o desventaja, siendo ésta declaración espontánea y en calidad de testigo. 6. LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS INDIRECTOS La doctrina del TC establece que el Tribunal penal no puede fundar su sentencia con base únicamente en la declaración de un testigo indirecto, cuando el testigo directo pudo acudir a la celebración del juicio oral y no lo hizo. El Tribunal no puede sustituir la declaración del testigo directo por la del testigo indirecto. 7. OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE RAZONAR LA PRUEBA Apreciación en conciencia no significa libre arbitrio, sino que el Tribunal debe motivar su sentencia (= razonar la prueba). Este deber no se encuentra recogido ni en el art. 248.3 LOPJ ni el art. 142 LECr. Sin embargo, todas estas prescripciones han de ser complementadas con los arts. 24.1 (dº a la tutela) y 24.2 (presunción de inocencia) y con el art. 120.3 CE (obligación de motivar las sentencias). La sentencia penal ha de ser motivada minuciosamente, por varias razones:

1) Porque el deber de motivar la sentencia se encuentra implícito en el dº a la tutela, máxime cuando está en juego el dº a la libertad.


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2) Porque de no reflejarse la prueba de cargo en ella, el TC no podría, tratándose de que esa prueba fuera indiciaria, apreciar si se ha producido o no una vulneración de la presunción de inocencia.

3) Porque tampoco el Tribunal “ad quem” podría (en apelación o casación por error de hecho en la apreciación de la prueba) revisar si el órgano “a quo” incurrió o no en un vicio “in iudicando”, por lo que se infringiría también el “dº a los recursos”.

Una vez plasmado el razonamiento en la sentencia, el TC no puede entrar a conocer de la valoración de la prueba efectuada por el Tribunal ordinario, la cual incumbe exclusivamente a dicho Tribunal de instancia. II. EL Dº A LOS RECURSOS Ene_14, Sep_10 y Feb_09 El derecho a los recursos SepR_07 Régimen general y recursos no devolutivos: el derecho fundamental a los recursos Es el DF que asiste sólo al condenado en un proceso penal, y que consiste en obtener la revisión jurisdiccional de su Sentencia condenatoria. 1. NORMATIVA Previsto en el art. 2.1º del Protocolo 7 CEDH: “toda persona declarada culpable de una infracción penal por un Tribunal tendrá dº a que la declaración de culpabilidad o la condena sea examinada por un órgano jurisdiccional superior. El ejercicio de este dº, incluido los motivos por los que podrá ejercerse, se regularán por la Ley”. Y también en el art. 14.5 PIDPC: “toda persona declarada culpable de un delito tendrá dº a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un Tribunal superior, conforme a lo prescrito en la ley”. El TC ha declarado que el dº a los recursos está implícitamente recogido en el “dº a la tutela” del art. 24.1. 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

1) Se ciñe al procedimiento penal (en todos los procesos, incluido el de faltas), por lo que no es directamente invocable en otros órdenes jurisdiccionales.

2) Tan sólo puede ser reclamable contra las sentencias de condena, y no contra otras resoluciones. 3) El titular de dicho dº es el “condenado” por una Sentencia penal, por lo que no asiste ni al responsable

civil ni al acusador popular o particular. 3. CONTENIDO El contenido de dicho dº se reduce a someter a un Tribunal superior el fallo condenatorio y la pena (= acceso a la instancia legalmente preestablecida o el ejercicio de los recursos establecidos en la Ley). No infringe este DF el caso de las personas aforadas al TS, cuya contra sentencia no cabe la interposición de recurso alguno, ni vulnera el art. 24 CE la condena emitida por un Tribunal superior (de apelación o casación) cuando revoca una absolución efectuada por el órgano de instancia. Sí que habrá de entenderlo infringido:

- Cuando la Ley no prevea recurso alguno contra el fallo condenatorio dictado en 1ª instancia. - Cuando no se admita el recurso “de plano” por una defectuosa notificación o mediante la invocación de la

ausencia de requisitos sanables. El ejercicio de este DF comporta el acceder a la instancia legalmente preestablecida, con arreglo al sistema de recursos previsto en el ordenamiento procesal y a obtener de ella, y previo cumplimiento de los presupuestos y requisitos procesales, una sentencia de fondo en la 2ª instancia.


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SEGUNDA PARTE. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

T6. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: (I) JURISDICCIÓN, COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL I. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES: CONCEPTO Y CLASES Son requisitos previos al proceso, sin cuyo cumplimiento no puede éste instaurarse válidamente, ni tampoco el Juez entrar en el examen jurídico material de la pretensión (= dictar una sentencia de fondo). Son de obligada observancia y condicionan la admisibilidad de la pretensión. Por ello, la fase instructora y la fase intermedia están especialmente dedicadas a purgar el proceso de los obstáculos procesales que impedirían una sentencia de fondo (art. 742.I LECr). II. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: LA JURISDICCIÓN La determinación del ámbito del orden jurisdiccional penal exige atender:

- El ámbito objetivo interno sobre el que opera la jurisdicción penal (= límites objetivos). - Efectuar un examen acerca del ámbito de atribuciones de la jurisdicción española desde el punto de vista

internacional (= límites territoriales) - Analizar los supuestos de inviolabilidad o inmunidad de la que gozan determinadas autoridades (= límites

subjetivos).

1. LÍMITES OBJETIVOS “La jurisdicción penal conoce de las causas y juicios criminales”, art.9.3 LOPJ y 10 LECr; esto es, de las conductas tipificadas como delito o falta en el CP y leyes especiales. Se exceptúan los hechos ilícitos constitutivos de delito o falta que corresponda a la Jurisdicción militar. 2. LÍMITES TERRITORIALES “En el orden penal corresponderá a la jurisdicción española el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de los previsto en los tratados internacionales en que España sea parte”, art. 23.1 LOPJ. Junto a dicho fuero territorial, ese mismo art. contempla 3 fueros extraterritoriales: A) Fuero de la nacionalidad Ppio. de nacionalidad Nuestros Juzgados y Tribunales penales podrán conocer de delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal pero cometidos fuera de territorio nacional, cuando los penalmente responsables sean 1españoles o 2extranjeros que hubieran obtenido la nacionalidad después de cometer el hecho. Requisitos:

1) Que el hecho sea también punible en el lugar en el que se cometió. 2) Que el ofendido o el MF denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles. 3) Que el presunto autor no hubiera sido absuelto, indultado o penado en el extranjero; en el último caso,

que no haya cumplido condena. Si hubiera cumplido parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle la que le corresponda.

B) Fuero de la tutela estatal La jurisdicción española conocerá de los delitos más graves contra el Eº o la Corona, delitos cometidos por funcionarios públicos en el extranjero, contra el control de cambios y la falsificación que perjudique directamente al crédito o interés del Eº.


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C) Fuero de la “jurisdicción universal” La jurisdicción penal española es competente para el conocimiento de determinados delitos que lesionen bienes jurídicos que afectan a la Comunidad Internacional, y que pueden ser perseguidos por cualquier Eº:

- Delitos de genocidio y lesa humanidad, terrorismo, piratería y apoderamiento ilícito de aeronaves. - Delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces. - Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes. - Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas. - Mutilación genital femenina.

No obstante, para que puedan conocer los Tribunales españoles de estos delitos, deberá acreditarse:

1º. Que sus presuntos responsables se encuentran en España. 2º. Que existan víctimas de nacionalidad española o se constate el vínculo de conexión relevante con España. 3º. Que no se haya iniciado en otro país o Tribunal extranjero, un procedimiento que suponga una

investigación y una persecución efectiva; en este caso, España sobreseerá provisionalmente el proceso. 3. LÍMITES SUBJETIVOS Goza de la prerrogativa de la inviolabilidad:

1) El Rey, de forma absoluta (art. 53.2 CE) 2) Los diputados y senadores, por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y durante el

periodo de su mandato (art. 71.1 CE). 3) Los diputados del Parlamento Europeo, en términos semejantes (Protocolo de 1965). 4) Los parlamentarios de las CCAA, en los términos expresados en los respectivos Estatutos de Autonomía. 5) El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, por las opiniones que efectúen en el ejercicio de sus funciones (art.

6 LO 3/1981). 6) Los Magistrados del TC, por las opiniones expresadas en el ejercicio de sus funciones (art. 22 LOTC

2/1979). 7) Los Jefes de Eº extranjeros, diplomáticos, miembros de las misiones acreditadas ante los distintos

organismos de la NNUU, miembros del Consejo de Europa, eurodiputados, etc. (art. 21.2 LOPJ). III. ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES A) Unipersonales Los Juzgados de Paz, de Instrucción y Centrales de Instrucción, de Violencia sobre la mujer,

de lo Penal y Centrales de lo Penal, de Menores y Central de Menores. B) Colegiados Las AP´s, con o sin Tribunal del Jurado, los TSJ´s, la AN, y el TS. También, los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Contra autoridades militares aforadas al TS conoce la Sala de lo Militar (la 5ª). IV. COMPETENCIA OBJETIVA Es la determinación del órgano competente, dentro de la estructura “jerárquica” o de Tribunales de distinto grado. Se efectúa mediante 3 criterios:

1) El de la gravedad del hecho. 2) El de la materia. 3) El de las personas.

1. EL CRITERIO DE LA GRAVEDAD DEL HECHO PUNIBLE A) Faltas


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- Los Juzgados de Paz conocen del enjuiciamiento de las faltas tipificadas en los arts. 626, 630, 632 y 633, así como de los juicios por la comisión de las faltas de los arts. 620.1 y 2 CP, excepto cuando el ofendido fuera alguna de las personas del art. 173.2 CP.

- Los Juzgados de Instrucción conocen y fallan los restantes juicios de faltas, salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer.

B) Delitos

- Los Juzgados de Instrucción efectúan la fase instructora de todos los procesos por delito cuyo enjuiciamiento corresponda al Tribunal del Jurado, a la AP y a los Juzgados de lo Penal. Dicta sentencia en los “juicios rápidos” y en las “diligencias previas”.

- Los Juzgados de lo Penal conocen de la fase de juicio oral de los delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad < 5 años o pena de multa < 10 años. Conocen de la ejecución de sus sentencias y de las resoluciones y sanciones pecuniarias y resoluciones de decomiso de otro EM de la UE.

- Las AP´s conocen de las causas por delito sancionado con pena privativa de libertad > 5 años, o no privativa > 10 años.

Se atiende al “quantum” de pena con que el tipo abstracto definido en el CP sanciona el delito. 2. COMPETENCIA OBJETIVA POR RAZÓN DE LA MATERIA A) Los Juzgados de Instrucción conocen 1del “habeas corpus”, 2de la ejecución de medidas de embargo y

aseguramiento de pruebas requeridas por un Juzgado de otro EM de la UE, 3de la autorización del internamiento de los extranjeros en el CIE, de su estancia en éstos y de las salas de inadmisión en fronteras, y 4de las peticiones y quejas que planteen los internos cuando afecten a sus DDFF.

B) Los Juzgados Centrales de Instrucción, conocen: - De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la

AN o a los Juzgados Centrales de los Penal. - De la tramitación de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, y de los exptes. de

extradición pasiva. C) La Sala de lo Penal de la AN, conoce del enjuiciamiento de los delitos “tasados” que conlleven pena privativa

de libertad > 5 años (delitos de terrorismo, contra la Corona, tráfico de drogas, falsificación, etc.). D) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, conocen:

- Instrucción de los procesos penales por los delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, integridad moral… cuando se cometan por quien es o haya sido su esposa o pareja, aún sin convivencia, así como contra los hijos, o menores o incapaces que convivan o estén sujetos a su “tutela”, en sentido amplio.

- Instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal contra los DD y deberes familiares. - Órdenes de protección a las víctimas. - Conocimiento y fallo de las faltas del Título I y II del Libro III CP.

E) Los Juzgados Centrales de lo Penal tienen la misma competencia de los de lo Penal, pero en relación con los delitos cuyo conocimiento se atribuye a la AN.

F) Los Juzgados de menores, enjuician los hechos tipificados como delitos o faltas en el CP o las leyes penales especiales cometidos por > 14 y < 18 años, y de la responsabilidad civil derivada de ellos.

G) El Tribunal del Jurado, conoce los siguientes delitos: - Muy graves (homicidios). - Contra el libre ejercicio de los DDFF (allanamiento y amenazas). - Contra el patrimonio social y el incumplimiento de deberes cívicos (omisión del deber de socorro y

delitos medioambientales). - Cometidos por funcionarios (infidelidad en la custodia de presos y de documentos, cohecho, algunos

delitos de malversación de caudales públicos, fraude, exacción ilegal, negociación prohibida y tráfico de influencias).

3. COMPETENCIA OBJETIVA POR RAZÓN DE LAS PERSONAS: LOS “AFORAMIENTOS” Son prerrogativas procesales la inmunidad, el suplicatorio y el aforamiento.


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A) Inmunidad: “durante el periodo de su mandato, los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito”.

B) Suplicatorio. Tutela la inviolabilidad del parlamentario. Consiste en obtener la autorización de la Cámara competente para conseguir el procesamiento y sujeción a un proceso penal en curso de uno de sus parlamentarios/senadores.

C) Aforamientos. Constituyen una derogación de las normas comunes de la competencia objetiva. Determinadas autoridades quedan sometidas a órganos superiores al Juez de Instrucción territorialmente competente en todo lo relativo a su procesamiento, instrucción y enjuiciamiento.

(Ver desglose de aforados en el libro)

V. COMPETENCIA FUNCIONAL Es los criterios de atribución del conocimiento del objeto procesal en atención a las distintas fases procesales que integran el procedimiento penal:

1. Fase “declarativa” 2. Fase de “impugnación” 3. Fase de “ejecución”

1. FASE DECLARATIVA El proceso penal se descompone en:

1) Fase instructora La instrucción corresponde a los Juzgados de Instrucción y en determinados delitos, a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

2) Fase intermedia Tiene por objeto decidir acerca de la apertura o no del juicio oral. Cabe distinguir: - En el proceso abreviado, en el del Jurado y en los juicios rápidos, la competencia es de los Juzgados de

Instrucción. - En el “sumario ordinario” (para delitos muy graves), corresponde a la AP.

3) Fase del juicio oral, es competencia de los Juzgados de Instrucción (para las faltas), de lo Penal (delitos con pena privativa de libertad < 5 años), a la AP o AN.

2. FASE DE IMPUGNACIÓN a) Los Juzgados de instrucción conocen de los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en los

juicios de faltas por los Juzgados de Paz. b) Las AP´s conocen de los recursos de apelación y queja contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de

Instrucción, Juzgados de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. c) Los TSJ´s (Sala de lo Civil y de lo Penal) conocen de los Autos dictados por el Magistrado‐Presidente del

Tribunal del Jurado y de AP´s, y de las Sentencias del Tribunal del Jurado. d) La AN (Sala de lo Penal) conoce de los recursos de apelación y queja contra las resoluciones de los Juzgados

Centrales de Instrucción, del Juzgado Central de lo Penal, del Juzgado Central de Menores y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

e) La Sala de lo Penal TS (Sala 2ª) conoce de los recursos extraordinarios de casación y revisión contra las Sentencias dictadas en la instancia por las AP´s y por la AN, y del recurso de casación contra las Sentencias dictadas por los TSJ´s resolviendo el recurso de apelación contra las Sentencias del Tribunal del Jurado.

3. EJECUCIÓN Regla gral.= corresponde al órgano jurisdiccional que haya dictado Sentencia en 1ª o única instancia. Excepciones:

- Sentencia dictadas por los Jueces de Instrucción. - Corresponde a los Juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de las resoluciones que impongan

sanciones pecuniarias dictadas por autoridades de Eos de la UE.


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- Corresponde a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de sentencias dictadas por los Juzgados Centrales de Instrucción.

- Corresponde a la Sala de lo Penal de la AN la ejecución de sentencias dictadas por Tribunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros (por Tratados Internacionales).

VI. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL “La jurisdicción criminal es siempre improrrogable”, art. 8 LECr. No cabe en el proceso penal la sumisión expresa o tácita de las partes, sino que constituye un presupuesto procesal cuya infracción ocasiona la nulidad de pleno dº del proceso. 1. EXAMEN DE OFICIO La regla de la “improrrogabilidad” habilita a los órganos judiciales a llevar a cabo el examen de oficio de su propia competencia objetiva y funcional en cualquier estado de las actuaciones (art. 19 LECr). El art. 52 LOPJ establece que no podrán suscitarse cuestiones de competencia entre Juzgados y Tribunales subordinados entre sí:

1) Cuando un Tribunal considere que es competente para conocer del asunto que lleva un órgano jerárquicamente inferior, deberá ordenarle (previa audiencia del MF y de las partes), que se abstenga de seguir conociendo y le remita las actuaciones.

2) Si es el órgano superior el que comprueba que la competencia es del inferior, simplemente le remite las actuaciones, previa audiencia del MF y de las partes.

3) Si es el órgano inferior el que cree que el conocimiento corresponde a uno superior, habrá de exponer a éste sus razones, previa audiencia del MF y de las partes. El Tribunal, oídos todos, resolverá lo que estime procedente.

2. DENUNCIA DE PARTE También las partes pueden denunciar la falta de competencia objetiva y funcional de los órganos judiciales. Fase de instrucción Si en el curso de esta etapa procedimental, el MF o cualquiera de las partes entendieran que el Juez instructor carece de competencia, podrán reclamar ante el Tribunal superior a quien corresponda; éste resolverá de plano y sin ulterior recurso. El Secretario Judicial remitirá las diligencias practicadas y los objetos recogidos al declarado competente. Fase intermedia Estas cuestiones de competencia pueden suscitarse:

- En el “sumario ordinario”, como artículo de previo pronunciamiento. - En el proceso penal abreviado, como cuestión previa en la audiencia previa al juicio.

T7. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL: (II) LA COMPETENCIA TERRITORIAL Y POR CONEXIÓN I. LA COMPETENCIA TERRITORIAL: CRITERIOS DE DETERMINACIÓN Determinan qué órgano jurisdiccional, de entre los del mismo grado, ha de ser el competente para el conocimiento de un ddo. objeto procesal. Los criterios a través de los cuales se determina el órgano territorialmente competente son los “fueros”, que pueden ser:

1) Preferente 2) Subsidiarios


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3) Específico

1. FUERO PREFERENTE El fuero común es el del lugar de la comisión del delito, entendiéndose por tal el de resultado de la acción delictiva. 2. FUEROS SUBSIDIARIOS Cuando no conste el lugar en que haya podido cometerse el hecho punible, la competencia territorial corresponde a los siguientes Jueces y Tribunales:

1º. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto las pruebas materiales del delito.

2º. El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido. 3º. El de la residencia del presunto reo. 4º. El de cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.

Estos fueros sólo entran en juego mientras no exista constancia del lugar de la comisión del delito; si durante el proceso se supiera, debe producirse la inhibición a favor del Juzgado competente. 3. FUERO ESPECÍFICO El del domicilio de la víctima, tratándose de delitos de violencia sobre la mujer. II. TRATAMIENTO PROCESAL: LA DECLINATORIA Y LA INHIBITORIA También en la competencia territorial no cabe la sumisión expresa o tácita de las partes, debiendo el órgano jurisdiccional examinar de oficio su competencia territorial, siempre. 1. EXAMEN DE OFICIO El Juez o Tribunal que se considere territorialmente competente para el conocimiento de una causa que está siendo conocida por otro Juzgado o Tribunal del mismo grado, pero con diferente circunscripción territorial, deberá reclamar del órgano que considere incompetente el conocimiento del asunto, mediante la inhibición. Cuando un Juzgado o Tribunal se considere territorialmente incompetente, acordará su inhibición a favor del competente, dictando un Auto de inhibición en el que declarará su falta de competencia y designará el órgano que estime competente, con remisión a éste de las actuaciones realizadas. La actuación puede producirse en distintos momentos: a) En el juicio de faltas, los Juzgados de Paz y de Instrucción podrán promover y sostener la competencia en

cualquier estadio del juicio (art. 19.1º LECr). b) En la fase de instrucción, los Juzgados de Instrucción podrán promoverla en cualquier momento de dicha fase

(= en el curso del “sumario”, en el proceso común, o de las “diligencias previas”, del abreviado). c) En la fase de enjuiciamiento, los Juzgados de lo Penal, las AP´s o la Sala de lo Penal de los TSJ´s, “durante la

sustanciación del juicio”, antes del inicio de las sesiones. 2. DENUNCIA DE PARTE El MF y las partes disponen de 2 cauces para denunciar la falta de competencia territorial:

1) La inhibitoria Se deduce ante el órgano que no está conociendo de la causa, pero se reputa competente.

2) La declinatoria Se propone ante el Juez o Tribunal que está conociendo de la causa y que la parte considera incompetente.


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En el procedimiento abreviado, cuando un Tribunal o Juzgado reclame el conocimiento de una causa que otro tuviera, y haya duda sobre cuál de ellos es el competente, si no resulta acuerdo a la 1ª comunicación, pondrán el hecho en conocimiento del superior jerárquico, oído el MF y las partes, que decidirá lo que estime procedente, sin posibilidad de recurso. Se propondrá en los escritos de acusación y defensa.

En el procedimiento común o por delitos graves, la declinatoria se propondrá como artículo de previo pronunciamiento. III. LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN 1. CONCEPTO

Regla gral. = A fin de evitar la infracción de la prohibición del “non bis in idem” y por economía procesal, los delitos conexos han de ser enjuiciados en un mismo proceso, por lo que provocarán una acumulación de objetos procesales ante el mismo Juzgado que instruye el delito ppal. aunque no sea el territorialmente competente (art. 300) Excepción = En el proceso abreviado, el Juez instructor podrá formar piezas separadas cuando resulte conveniente para simplificar o activar el procedimiento y existan elementos para juzgar separadamente a cada uno de los imputados (art. 762.6ª LECr). 2. DELITOS Y FALTAS CONEXOS Según el art. 17 LECr, pueden clasificarse en: A) Conexidad subjetiva

- Los cometidos simultáneamente por 2 o más personas reunidas. - Los cometidos por 2 o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para

ello. B) Conectividad objetiva

- Los cometidos como medio para perpetrar otros, o facilitar su ejecución. - Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.

C) Conectividad mixta o analógica Los delitos que imputen a una persona al incoarse contra ella causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía o relación entre sí y no hubiesen sido sentenciados hasta entonces. En el procedimiento abreviado, las faltas conexas a delitos (= las imputables a los autores de delitos o a otras personas, cuya comisión o prueba estuviera relacionada con dichos delitos). 3. DEROGACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL POR CONEXIÓN No obstante, existen supuestos en los que la LECr otorga “vis atractiva” para el conocimiento de los asuntos a determinados órganos jurisdiccionales. A) Competencia objetiva

1) En el caso de “aforados”, todos los delitos conexos se atribuyen al Tribunal al que esté sometido el aforado. Art. 272 LECr.

2) Si alguno de los delitos conexos compete a la AN, deberá conocer también del resto. Art. 65.1.e LOPJ. 3) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se extiende a la instrucción y conocimiento de los delitos y faltas

conexas siempre que la conexión se funde en 1la conexión de delitos instrumentales o 2en la conexión para obtener la impunidad. Art 17.3º y 4ª LECr.


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4) El Juez que puede lo más, puede lo menos (=se atribuye al órgano jurisdiccional que deba conocer del delito que tenga señalada mayor pena). Art. 18.1º LECr.

5) Cuando las faltas conexas sean de la competencia del Juzgado de Paz, éste habrá de traspasarla al Juzgado de Instrucción.

6) La competencia del Tribunal del Jurado en el enjuiciamiento de delitos conexos ha sido limitada por la jurisprudencia del TS.

B) Competencia territorial La determinación del órgano jurisdiccional territorialmente competente para el conocimiento de delitos conexos cometidos en distintas demarcaciones territoriales, se rige por las reglas grales. del art. 18 LECr:

- El del lugar en que se haya cometido el delito con pena mayor. - En el supuesto de que los delitos tengan la misma pena, en el que primero comenzare la causa. - El que la AN o el TS designen, cuando las causas hubieran empezado en el mismo tiempo o no conste cuál

comenzó primero. En los delitos cometidos por 2 o más personas en distintos lugares, si hubiera habido concierto, la competencia la tendrá el Juez o Tribunal del partido judicial sede de la correspondiente AP, siempre que los delitos conexos se hayan cometido en la misma provincia y al menos 1 se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la correspondiente AP (art. 18.2 LECr).

T8. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES I. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL: CONCEPTO Son partes quienes, solicitando la actuación del “ius puniendi” del Eº interponen una pretensión penal y quienes, ejerciendo el dº a la libertad, se defienden o se oponen a ella. II. CLASES Como en nuestro proceso penal cabe el simultáneo ejercicio de la acción penal y de la civil derivada de delito, hay que distinguir entre las partes “penales” y las “civiles”. 1. PENALES Ene_14, Sep_10 Las partes penales, acusadoras y acusadas, en el proceso Quienes deducen la pretensión (= “partes acusadoras”) y quienes se oponen a ella (= el imputado en la fase de instrucción, y la “parte acusada” en el juicio oral). A) Partes acusadoras Junto al MF pueden comparecer diversos querellantes, que pueden clasificarse en: a) Acusadores populares Ciudadanos que, sin ser ofendidos por el delito, deciden ejercitar la acción penal

mediante querella. Son titulares del dº constitucional del art. 125 CE y no del 24.1; de ahí que no puedan imponer recurso de amparo. - Pueden serlo los españoles con capacidad de obrar y que no hayan sido condenados 2 veces por la

comisión de un delito de denuncia o querella calumniosa. No pueden serlo Jueces ni Magistrados. - También pueden serlo las personas jurídicas, de acuerdo con la doctrina del TC y del TS. - Han de satisfacer fianza, para evitar el irresponsable y torticero ejercicio de la acción penal.

b) Acusadores particulares Quienes ostentan la titularidad del bien jurídicamente protegido por la norma

penal y son sujetos pasivos del delito (= “ofendidos”); de ahí que se les exija, además de capacidad,


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legitimación activa. Son titulares del DF a la tutela judicial efectiva del 24.1, por lo que pueden acudir al amparo por su infracción. - Esa titularidad se manifiesta en al dº a que se incoe un proceso penal, pero no a obtener la condena del

imputado. - Sí le asiste el dº a obtener el sobreseimiento del proceso, si también lo solicita el MF. - Puede acceder al proceso de forma originaria, mediante querella, o adhesiva, mediante el ofrecimiento

de acciones o de la personación del ofendido dentro de la fase instructora. - Cuando se trata de delitos semipúblicos y privados, también es titular de la acción penal privada (= como

también ostenta el dº a la no persecución del delito, puede iniciar el proceso, pero también terminarlo mediante el perdón.

B) Partes acusadas a) Las personas jurídicas Tras la reforma del CP de 2010, que la Ley de agilización procesal (Ley 37/2011) ha

desarrollado procesalmente, se puede afirmar la responsabilidad penal de ddas. personas jurídicas, aunque sin ser equiparable a la de las personas físicas, por cuanto que 1tan sólo es predicable de las personas jurídico privadas, y 2en la comisión de delitos para los que está prevista (= corrupción, transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infantil, trata, blanqueo, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos y similares).

- No se les puede instar la aplicación de la totalidad de las penal del CP, sino sólo las que se cohonesten con

su naturaleza (multa, disolución, suspensión, clausura de locales, etc.). - Su extinción no extingue la responsabilidad penal de la persona física autora del hecho (art. 31 bis 3).

Por tanto, la capacidad para ser parte y de actuación procesal penal de las personas jurídico‐privadas es relativa o limitada a la presunta comisión de los referidos delitos. Su régimen de intervención procesal es:

1) La citación para su 1ª comparecencia se efectuará en el domicilio social, requiriéndola que designe abogado y procurador, con el que se entenderá las posteriores comunicaciones. Si no comparece, se le declara en rebeldía, y se publica requisitoria en el BOE y en RM.

2) La comparecencia se efectuará con el representante de la mercantil y con su abogado, o sólo con este último.

3) El Juez informará del hecho imputado, mediante el traslado de la denuncia o querella. 4) El representante podrá intervenir en los actos de prueba anticipada y en los de investigación (salvo los

sujetos a secreto). 5) Su declaración está sujeta al respeto de los mismos DDFF que asisten al imputado‐persona física (al

silencio, a no declarar contra sí mismo, etc.). 6) El Juez podrá adoptar “medidas cautelares” (= resoluciones provisionales) del art. 129 en relación con el

art. 33.7 CP (art. 544 ter). 7) La entrada en el domicilio social requerirá resolución judicial. 8) En el proceso abreviado, el representante podrá prestar su conformidad independientemente de la

conducta de los demás coacusados. Su confesión no vinculará al Tribunal decisor. 9) El representante tendrá el estatus de parte procesal en el juicio oral, pudiendo prestar declaración y

provocar con su incomparecencia la suspensión del juicio; aunque el Tribunal podrá decretar la continuación si comparecen el abogado defensor y el procurador.

b) Las personas físicas Su capacidad para ser parte y procesal es reclamable con respecto de la atribución de la omisión de cualquier delito. Se le llama imputado, que es la persona física que:

1) Ha sido determinada en un acto de iniciación del proceso penal (denuncia o querella) como presunta autora de la comisión de un delito (= imputado a instancia de parte).

2) Ha sido objeto de prisión provisional o de la adopción de cualquier tipo de medida cautelar (= imputado judicial).

3) Es el sujeto pasivo de un Auto de procesamiento.


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4) También el “sospechoso” policial, a los efectos de recabar su material genético externo.

- Es titular del DF de defensa del art. 24.2 y de sus DD instrumentales. - Debe ostentar capacidad penal (= cuando alcanza los 18 años); si es < de 14 años, es impune; si es > 14 y <

18, será imputado a través del proceso penal de menores. - Las causas de exención de responsabilidad no ocasionan la prohibición de comparecer, sino que se le han

de garantizar al imputado el ejercicio del dº de defensa para hacerlas valer dentro del proceso, motivando 1un Auto de sobreseimiento o 2una sentencia absolutoria.

- La incapacidad mental sobrevenida motivará la suspensión del procedimiento por el Juez, dado que se vulneraría el dº a la autodefensa del imputado.

2. CIVILES Quienes sufran los efectos materiales de cosa juzgada del fallo civil de la Sentencia penal. Requisitos:

1) El hecho punible debe haber ocasionado un daño en la esfera patrimonial o moral de algún sujeto del Dº. 2) El perjudicado no debe de haber renunciado o reservado el ejercicio de la acción civil.

A) Partes activas El perjudicado, que sufre daños en su esfera patrimonial o moral a raíz de la comisión del delito. Es el titular de un dº de crédito sobre el responsable civil.

- Ha de tener 1capacidad para ser parte, 2capacidad de actuación procesal, y 3legitimación activa (LEC). - Le asiste el dº a la tutela judicial efectiva para la interposición de la pretensión resarcitoria. Lo puede

hacer: • Originariamente. • Adhesivamente.

- Su intervención es similar a la del coadyuvante, ya que ostenta un interés legítimo en instar la condena del culpable. Por tanto, está legitimado para instar los actos de investigación y de prueba que evidencien la existencia del delito.

B) Partes pasivas Es el responsable civil. Ostenta toda la capacidad de actuación procesal necesaria para defenderse de la pretensión de resarcimiento.

- Imputado ≠ responsable civil. La extinción de la responsabilidad penal no conlleva la de la civil. - Puede suceder:

• Que la responsabilidad civil se desplace hacia un 3º por imperativo de la Ley (= supuestos de culpa “in vigilando” o “in eligiendo”).

• Que la responsabilidad civil se desplace hacia un 3º por la autonomía de la voluntad de las partes (ej. contrato de seguro)

En estos casos, el 3º también tiene legitimación originaria para defenderse frente a la pretensión civil de resarcimiento impuesta por el perjudicado o por el MF.

III. EL MF Es un órgano colaborador de la Jurisdicción. Está regido por los ppios. de 1legalidad, 2imparcialidad, 3unidad y 4dependencia jerárquica. Está obligado a ejercitar la acción penal ante la sospecha de la comisión de un delito público y con la excepción de los que dependen de la instancia privada (art. 124 CE). En su actuación confluyen 2 roles:

1) Su cualidad como Autoridad imparcial. 2) Su actuación como parte procesal acusadora.


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1. EL MF COMO AUTORIDAD IMPARCIAL DEFENSORA DE LA LEGALIDAD

Como órgano colaborador es imparcial. Puede recibir denuncias y practicar una pre‐instrucción (= “Diligencias informativas”) que no puede durar > 6 meses, y en las que puede decretar la detención del imputado, y realizar cuantos actos de investigación estime necesarios pero sin adoptar resoluciones limitativas de los DDFF. En el proceso penal de menores, es el “Director de la Instrucción” y le compete practicar la totalidad de los actos instructorios (preparar el juicio oral o proponer el sobreseimiento al Juez).

- No puede ser recusado, pero debe abstenerse ante las mismas causas de Jueces y Magistrados (art. 96 LECr).

- Ha de actuar, tanto instando la condena del culpable como la absolución del inocente, por lo que al MF se le extiende:

• La obligación de informar al imputado de todas las circunstancias. • La misión de prevenir la comisión de detenciones ilegales, pudiendo interponer “habeas corpus”. • La capacidad de solicitar sobreseimiento si considera que no existen razones para abrir el juicio

oral. • La capacidad de retirar la acusación en el juicio oral si estima que no existe responsabilidad penal.

- Puede intervenir en las declaraciones por videoconferencia. - Su defensa de la legalidad no es sólo material, sino también procesal, pudiendo informar sobre el

planteamiento de conflictos de competencia, en los incidentes de recusación, cuidar que no se produzcan dilaciones indebidas, etc.

2. EL MF COMO PARTE ACUSADORA Aunque sea una autoridad imparcial, también ha de solicitar la actuación del “ius puniendi” del Eº. ¿Se puede ser una “parte imparcial” y acusadora al mismo tiempo? En realidad no es acusadora, ya que no le corresponde el ejercicio de potestad jurisdiccional alguna, sino tan sólo la de provocar dicha potestad siempre que se haya cometido un delito público (= función de defensa de la sociedad). El MF no es titular del dº a la tutela judicial efectiva (= carece de legitimación para interponer amparo), sino que cumple con la obligación jurídica pública de ejercitar la acción penal (art. 105 LECr). Su legitimación siempre es originaria y en calidad de parte ppal, por lo que puede impugnar las resoluciones judiciales. Sin embargo, en los supuestos en que actúa en defensa de menores o de personas “desvalidas”, el MF ejercita una legitimación derivada (= de representación). En este caso, se encuentra sometido al ppio. de legalidad, aunque debido a su función de tutela del interés público y de los DD subjetivos de los ciudadanos, tiene también en cuenta el ppio. de oportunidad, complementario del primero; de ahí que el MF asuma la función de “mediador” en el proceso penal, interesado en la rehabilitación del menor y en la reparación de la víctima, lo que le habilita a dictar resoluciones de archivo fundadas en el ppio. de oportunidad. 3. EL MF COMO SUSTITUTO PROCESAL DE LA VÍCTIMA El MF también está obligado a ejercitar en nombre e interés de la víctima la acción civil dimanante del delito. En este caso la legitimación no es originaria, sino derivada. El MF actúa como un “sustituto procesal” (= en nombre propio, pero en interés ajeno).

T9. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES

I. LA INTEGRACIÓN DEL OBJETO PROCESAL: LAS CUESTIONES PREJUDICIALES 1. CONCEPTO, REQUISITOS, NATURALEZA Y FUNDAMENTO A) Concepto


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Son elementos de hecho integrantes de un requisito del tipo penal que precisan de una valoración jurídico material previa e independiente del objeto procesal, así como su declaración por el Tribunal del orden jurisdiccional competente, a fin de obtener la plena integración de la conducta. B) Requisitos Notas esenciales: a) Son elementos de hecho que exigen una valoración jurídica previa e independiente del objeto ppal. (p.ej., en

los delitos contra la propiedad hay que determinar previamente la ajenidad de la cosa). Son cuestiones pertenecientes al fondo o a la fundamentación de la pretensión penal, sobre las cuales operarán los efectos prejudiciales de la cosa juzgada.

b) Han de ser relevantes para el enjuiciamiento del objeto procesal (= “juicio de relevancia”) El Tribunal civil suspenderá y deferirá el conocimiento de la cuestión al Tribunal penal cuando “la decisión del Tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil” (se diferencian así las cuestiones prejudiciales de los meros argumentos jurídicos). Se somete a consideración de un Tribunal un hecho que precisa ser valorado jurídicamente; esa valoración es imprescindible o necesaria para la correcta integración del objeto procesal, sin la que el Tribunal decisor no podría resolver la pretensión penal.

c) Tales hechos precisan de una valoración jurídica con arreglo a normas del Dº material (= con arreglo a normas del Dº civil, laboral o adtivo.) previa e independientemente de la pretensión ppal.

d) La competencia para valorar ha de corresponder al Tribunal del orden jurisdiccional competente, pues tan sólo los Tribunales integrados en su orden jurisdiccional les corresponde el conocimiento de las cuestiones que les son propias (art. 9 LOPJ). A excepción de las cuestiones prejudiciales “incidentales”, que constituyen la regla gral. en el proceso penal y cuya resolución en sentencia no ha de producir efecto alguno de cosa juzgada, ni siquiera el prejudicial.

C) Naturaleza y fundamento El fundamento reside en el ppio. de “seguridad jurídica” y en la “inmutabilidad” de las sentencias, ya que “unos mismo hechos no pueden existir y dejar de existir para los órganos del Eº” (TC). El fundamento inmediato de la prejudicialidad consiste en la prevención de los efectos prejudiciales de la cosa juzgada, ya que si los Tribunales decidieran las cuestiones prejudiciales a su antojo, se vulneraría el ppio. “non bis in idem”. 2. CLASES A) Heterogéneas y homogéneas

► Homogéneas Las que se rigen por las normas del Dº penal (art. 43 LEC). ► Heterogéneas Las que han de decidirse con arreglo a normas distintas (la mayoría de cuestiones

prejudiciales). Art 10 LOPJ: “la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquella no sea resulta por los órganos penales a quienes corresponda” (= “preferencia de la jurisdicción penal”).

B) Devolutivas e incidentales (= atendiendo a los efectos procesales)

► Devolutivas Las que han de remitirse o plantearse para su decisión definitiva ante el Tribunal del orden jurisdiccional competente. Suspenden el proceso penal mientras tanto. Y no siempre “lo penal tiene a lo civil en suspenso” (= supuestos en que es el Tribunal penal el que ha de diferir el conocimiento de la cuestión al Tribunal civil, con suspensión del proceso penal: cuestión de estado civil en el delito de usurpación de estado civil, p.ej.).

► No devolutivas Las que pueden ser conocidas incidentalmente por el Tribunal penal. La mayoría de cuestiones prejudiciales.


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3. TRATAMIENTO PROCEDIMENTAL

A) Cuestiones prejudiciales incidentales Al ser todas las cuestiones prejudiciales “de fondo”, serán tratadas por el órgano jurisdiccional de enjuiciamiento a la hora de dictar la sentencia, integrando la correspondiente cuestión jurídica, que habrá de motivarse; y todo ello sin perjuicio de que también el juez de instrucción, previamente, haya de tomarlas en consideración a la hora de dictar un acto de imputación o una medida cautelar (por la exigencia de integración de la conducta que acompaña a estas decisiones). B) Cuestiones prejudiciales devolutivas El Tribunal de lo criminal suspenderá el procedimiento hasta la resolución de aquélla por quien corresponda; pero puede fijar un plazo no > 2 meses para que las partes acudan al Juez o Tribunal Civil o Cont‐adtivo. competente, pasado el cual sin haberlo utilizado, el Secretario podrá alzar la suspensión y continuar el procedimiento, mediante diligencia (art. 4 LECr). a) La suspensión del procedimiento El Tribunal puede conceder a las partes un plazo de hasta 2 meses para el ejercicio por la parte interesada del dº de acción ante el Tribunal del Orden Jurisdiccional competente, finalizado el cuál sin haber promovido el oportuno proceso, el Tribunal podrá extender su conocimiento a la cuestión prejudicial. La posibilidad de ejercicio del dº de acción queda supeditada a la ausencia de “prescripción” del dº subjetivo material o de “caducidad” del propio dº de acción. b) Planteamiento de la cuestión Al entrañar la cuestión devolutiva un problema de “jurisdicción”, este presupuesto procesal debe examinarse de oficio. Aunque la parte interesada también puede suscitar la cuestión devolutiva en cualquier estadio del procedimiento, ya que la ausencia de jurisdicción o de competencia del Juez de Instrucción, de lo Penal o de la AP produciría un acto nulo por exceso de jurisdicción (art. 238.1 LOPJ), examinable de oficio en cualquier estadio procesal. Por tanto, podrá invocarse la cuestión y deferirse la competencia, dentro de la instrucción, en la fase intermedia del sumario ordinario por el cauce del 666.1 LECr, y en calidad de artículo de previo y especial pronunciamiento, planearse en el escrito de defensa como cuestión previa y dilucidarse 1en la comparecencia preliminar del art. 786.2 y 2como cuestión de fondo en el juicio oral. Una vez denunciada ante el órgano penal su incompetencia para conocer de la cuestión devolutiva, deberá suspender el procedimiento penal hasta que recaiga una sentencia firme en el proceso Civil o Adtivo. Si no, o si dictara sentencia de condena por haber resuelto la cuestión en sentido desfavorable al acusado y contradictorio con el pronunciamiento del órgano civil o adtivo., la parte interesada podrá interponer recurso de casación.

TERCERA PARTE: EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

T10. EL Dº DE ACCIÓN PENAL I. EL Dº DE ACCIÓN PENAL Ene_13, SepR_11 y Ene_08 El derecho de acción penal: titularidad, contenido, forma y objeto


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Es un DF que asiste a todos los sujetos de dº y se ejercita poniendo en conocimiento del Juez de Instrucción de una notitia criminis, haciendo surgir en el órgano jurisdiccional la obligación de dictar una resolución motivada y fundada sobre su inadmisión o sobre la finalización del proceso penal. Notas esenciales: 1. LA ACCIÓN PENAL COMO DF En un DF previsto en el dº a la tutela judicial efectiva del art. 24.1. Los particulares han de poder acceder libremente a los órganos de la jurisdicción penal a fin de obtener de ellos una resolución motivada, congruente con la pretensión penal y a ser posible, de fondo, en la que:

- Se ocasione el archivo del procedimiento por la ausencia de alguno de los presupuestos que condicionan la apertura del juicio oral.

- Se actúe el “ius puniendi” del Eº por haberse probado la existencia de un hecho punible y la participación en él del acusado.

- Se declare la inocencia del acusado. Su infracción posibilita la interposición del recurso de amparo, que será cuando se haya vulnerado el dº a obtener una resolución motivada, fundada y congruente, bien sobre su actuación, sobre la suspensión del proceso o sobre la declaración de la inocencia del acusado. Es decir, tan sólo procede el recurso de amparo cuando se crean obstáculos indebidos o desproporcionados al dº de acceso del querellante al proceso penal. 2. TITULARIDAD DE LA ACCIÓN PENAL A) El MF Tiene:

- El dº‐deber de ejercitar la acción penal ante la sospecha de la comisión de un delito público. - La obligación de comparecer para sostener la pretensión penal en los delitos semipúblicos. - Y la prohibición de solicitar la incoación o de personarse en los procesos por delito privado.

B) Las personas jurídicas La jurisprudencia se manifiesta unánime a la hora de otorgarles plena capacidad. C) Las personas físicas Pueden ejercitar la acción penal hasta los incapaces, cuando sean los “ofendidos”. Las acciones penales de los particulares pueden ser:

► Públicas (= “acciones populares”) Las que pueden ejercitar los ciudadanos cuando no resulten ofendidos por el delito.

► Privadas Las que asisten sólo a los titulares del bien o interés jurídico protegido por la norma penal infringida. Pueden ser:

o Iniciales: cuando el ofendido inicie el procedimiento. o Adhesivas: cuando entra en un procedimiento ya incoado a través del “ofrecimiento de acciones”

o procedentes de un delito semipúblico o privado (= privadas exclusivas). 3. CONTENIDO La acción penal se ejercita mediante la puesta en conocimiento en un órgano jurisdiccional de una notitia criminis (art. 100 LECr). 4. FORMA


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Se ejercita mediante la forma de querella, aunque nuestro ordenamiento procesal conoce otros modos de iniciación del proceso penal:

- La denuncia (art. 259 y ss), que no conlleva la obligación de inadmitirla mediante resolución motivada ni el Juez está obligado a notificar esa resolución al denunciante.

- La incoación de oficio (art. 308), que no se trata de ejercicio alguno del dº de acción. Está prohibida el ejercicio de la acción penal a Jueces y Magistrados.

5. OBJETO Su objeto es provocar la incoación del proceso penal en orden a obtener una resolución motivada y fundada que ponga fin al procedimiento. Si el Juez opta por una resolución inadmisoria de la querella, de archivo o de sobreseimiento, dicha resolución, al incidir en un DF, ha de cumplir con las exigencias del ppio. de proporcionalidad, siendo la primera la del deber de motivación. II. MODALIDADES Sep_13 Modalidades de acción penal: las públicas o populares y las privadas Cabe distinguir 2 tipos: 1las públicas o populares y 2las privadas. 1. LA ACCIÓN POPULAR Se recoge en el art. 100. El 101 consagra el ppio. de publicidad, que no implica sólo el de oficialidad de la acción penal o el de que ha de ser ejercitada por un órgano imparcial, sino también el de que la acción penal es privada y popular y de que asiste a todo ciudadano, aún cuando no sea el ofendido. Es reclamable ante los delitos públicos, mediante querella, convirtiéndola en parte acusadora en paridad de armas con el MF y con el acusador particular. El ejercicio de la acción popular se circunscribe al de la acción penal, sin que pueda extenderse al de la acción civil derivada del delito, por no soportar perjuicio alguno en su esfera patrimonial (la legitimación civil activa ha de reservarse al perjudicado); excepto en los supuestos en que el acusador particular sea portador de “intereses difusos”. A) Sujetos En principio, aparece reservada a los ciudadanos españoles. a) Extranjeros Salvo los ciudadanos miembros de la UE, el resto carecen de esta capacidad.

b) Personas jurídicas La doctrina las reconoce esta capacidad. Aunque habrá que distinguir los supuestos en que esa persona jurídica sea portadora de “intereses difusos” (asociaciones de consumidores en defensa de sus asociados y de los consumidores), en que su legitimación no podrá ser calificada de popular, sino que será:

- Originaria, en defensa de los intereses de sus asociados. - Derivada, en nombre propio de los asociados pero en interés ajeno del colectivo del que la asociación es

legítimo portador del interés difuso. Consecuencias prácticas: a tales personas no se les debe exigir fianza, ya que pueden ejercitar la acción civil en el interés de los perjudicados.


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B) Forma Mediante querella. El Juez podrá exigir la prestación de fianza, que deberá ser proporcionada con el patrimonio del querellante. El TS permite también la entrada en la causa del acusador popular sin necesidad de deducir querella (de forma adhesiva), aunque prestando fianza. El acusador popular no tiene dº a exigir la condena en costas. 2. LA ACCIÓN PENAL PRIVADA: CONCEPTO Y CLASES En nuestro proceso penal las acciones penales privadas otorgan al ofendido un dº a la no perseguibilidad del delito, a erigirse en única parte acusadora, e incluso a provocar la extinción de la responsabilidad penal (perdón) y a decidir sobre la aplicación o no de la pena. Pueden ser:

► Exclusivas Originan el nacimiento del proceso penal por delito privado en el que el querellante asume la condición de único acusador privado con dº a la renuncia de la acción o perdón del ofendido.

► Relativas Pueden surgir ante la comisión de un delito semipúblico en el que el ofendido es dueño del ejercicio de la acción penal (interponiendo denuncia o querella), pero no de la pretensión penal, que deberá compartir con el MF, sin que pueda ocasionar su finalización anormal mediante la remisión o del perdón del ofendido.

A) La acción penal privada “exclusiva” Surge de la comisión de un delito privado. El ofendido goza del más absoluto poder de disposición tanto de la acción penal como de la pretensión. Los delitos que contempla son sólo los de injurias y calumnias. Requisitos:

- Legitimación activa La acción penal habrá de ser ejercitada exclusivamente por el ofendido. - La forma de ejercicio de la acción habrá de revestir la de querella.

El sujeto pasivo es dueño de la pretensión penal. A través del perdón puede extinguir la responsabilidad penal, siempre y cuando se produzca antes del inicio de la ejecución de la pena. También es posible la renuncia de la acción penal, así como su caducidad.

B) La acción penal privada “relativa” Surge de la comisión de un delito semipúblico. El poder de disposición del ofendido sobre el objeto procesal se limita exclusivamente al ejercicio de la acción penal, pero una vez instaurado el procedimiento no goza de la disponibilidad de la pretensión penal, ya que es el MF el legitimado para sostenerla. Requisitos:

- Debe ser el ofendido quien ejercite la acción penal, en forma de querella o de denuncia. - En cualquier caso, el MF deberá comparecer en el procedimiento en orden a sostener la pretensión penal.

III. EL OFRECIMIENTO DE ACCIONES Constituye una de las medidas más eficaces de la tutela de la víctima, al permitir la entrada del perjudicado en el proceso penal con “igualdad de armas” con respecto al MF.


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El art. 109 LECr contempla la “llamada a la causa” ya iniciada. El 110 la “intervención adhesiva” de los ofendidos y perjudicados por el hecho punible, a fin de que puedan ejercitar sus pretensiones con independencia a la del MF, en concepto de partes ppales activas. 1. SUJETOS: LA LEGITIMACIÓN ACTIVA El Juez de Instrucción ha de realizar el ofrecimiento de acciones al “ofendido” en su 1ª declaración (art. 109). El art. 110 autoriza la intervención de los “perjudicados” en el proceso siempre y cuando comparezcan con anterioridad al trámite de calificación. 2. REGULACIÓN LEGAL A) Actos procesales Ofrecimiento de acciones = la llamada a la instrucción de los ofendidos y perjudicados a fin de que puedan ejercitar su DF a la tutela judicial efectiva, compareciendo como partes acusadoras o civiles en orden a sostener la pretensión penal y civil dimanante del delito. Se contempla en la LECr en 3 actos procesales diferenciados:

1) En las diligencias policiales de prevención La policía ha de anunciar al ofendido y al perjudicado su dº a comparecer en el procedimiento penal (realmente se trata de un acto preparatorio).

2) En la 1ª comparecencia en el Juzgado de Instrucción (verdadero ofrecimiento de acciones). 3) En la fase intermedia, en el supuesto especial en que no habiendo comparecido como partes, el MF

solicitara el sobreseimiento; en este caso, el Tribunal puede llamar a la causa a los “interesados en el ejercicio de la acción penal”, para que sostengan la pretensión (un supuesto excepcional).

B) Ofrecimiento y dº a la tutela El ofrecimiento de acciones incide en el dº a la tutela del art. 24 CE. La violación del Juez de Instrucción de lo preceptuado en los arts. 109 y 761.2 produce la infracción de dicho DF, siendo susceptible de amparo. C) Deber de información Para que no se le prive al acusador particular de su dº a participar en los actos instructorios, lo aconsejable es que se efectúe el ofrecimiento tan pronto como conste la determinación del ofendido y del perjudicado y, a ser posible, con anterioridad a la indagatoria del imputado. La citación ha de efectuarse a todos y cada uno de los ofendidos y perjudicados, excepto en los supuestos de acciones de grupo en la tutela de intereses difusos. Su objeto es la toma de declaración y la información acerca de los DD que le asisten. El contenido de este deber de información está constituido por los siguientes DD:

1) A mostrarse parte en la causa con Abogado y Procurador (dº a formular alegaciones, publicidad o toma de conocimiento de las actuaciones practicadas y a participar en las que se practiquen).

2) A solicitar la asistencia jurídica gratuita. 3) A la asistencia médica y psicológica en el caso de delitos violentos y contra la libertad sexual, así como a

obtener una orden de protección. 4) A percibir ayudas económicas con cargo a los presupuestos del Eº. 5) A conocer la fecha y lugar de celebración del juicio y a recibir notificación de la sentencia que recaiga en

1ª instancia. 6) A conocer “los actos procesales que puedan afectar a su seguridad”.

D) En especial, el deber de comunicación a la víctima de los actos que puedan afectar a su seguridad. La orden

de protección.


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El Juez de Instrucción está obligado, en la diligencia de ofrecimiento de acciones, a poner en conocimiento de la víctima los “actos procesales que puedan afectar a su seguridad”, siempre y cuando se trate de una instrucción por algunos de los delitos del art. 57 CP (contra la vida humana e integridad física, contra la integridad moral, libertad sexual, DD de la personalidad y contra el patrimonio y el orden socioeconómico). Estos delitos establecen como medida de seguridad, a imponer en la sentencia, las obligaciones del condenado de no aproximarse o comunicarse con la víctima o la prohibición de no poder volver al lugar del delito o a su domicilio. Se permite anticipar tales prohibiciones dentro de la instrucción en calidad de medidas provisionales. Para poder adoptar tales medidas, es necesario que el Juez ponga en conocimiento de la víctima “los actos procesales que puedan afectar a su seguridad”, a fin de que pueda solicitar dichas medidas de control judicial. El art. 544 ter instauró la “orden de protección” a las víctimas de violencia de género. Recibida la solicitud de protección por el Juez, convocará a las partes interesadas y al MF a una audiencia que finalizará mediante auto en el que el Juez podrá acordar, incluso de oficio, las medidas provisionales civiles y penales que estimes pertinentes, así como las de asistencia y protección social. Las medidas civiles serán eficaces durante 30 días y hasta que la víctima plantee su demanda de separación o divorcio ante el Juez de 1ª Instancia, quien asumirá la competencia sobre el mantenimiento, modificación o remoción de las medidas civiles. 3. LA INTERVENCIÓN ADHESIVA A) Naturaleza y forma El ofendido y el perjudicado “podrán mostrarse parte en la causa” (art. 110) “sin necesidad de formular querella” (art. 761.2), siempre que “lo hicieran antes del trámite de calificación”. Esta intervención realmente es una intervención ppal, ya que la asunción del status de parte por el ofendido (mediante querella, a través de la aceptación del ofrecimiento de acciones o mediante esta intervención) es siempre con toda la capacidad de postulación necesaria para sostener con independencia las pretensiones, penales y civiles. Como ya se ha formulado la imputación, se permite la intervención del acusador particular mediante comparecencia “apud acta”. La comparecencia ha de ser mediante Procurador y Abogado. Si fueren varios los ofendidos y si existiera convergencia de intereses, el Juez puede disponer que se agrupen en una única representación, aunque una vez abierto el juicio oral, las partes puedan encomendar a acusación a distintos letrados.

B) Preclusión La intervención de los acusadores particulares y civiles ha de realizarse con anterioridad al trámite de “calificación del delito” (= antes del momento de formalización del objeto procesal). No obstante, esta norma no puede interpretarse tan rígidamente que provoque situaciones de indefensión:

- Debe autorizarse la entrada de nuevas partes acusadoras en los supuestos de reconvención penal en los que el imputado, disconforme con la acusación, afirma su condición de ofendido y pretende ejercitar la pretensión contra su acusador particular (típico en delitos de tráfico).

- La pretensión civil se rige por los ppios. que le son propios, uno de los cuales es el de que la no realización del acto sólo produce la preclusión del mismo, pero no impide que la parte pueda comparecer, aun cuando haya perdido la posibilidad de deducir la pretensión o de oponerse a ella.

Por tanto, el TC ha establecido la doctrina según la cual los autor de archivo o de sobreseimiento han de notificarse al perjudicado, haya o no comparecido en el proceso y por la misma, ha entrado su entrada en la 2ª instancia.


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T11. EL Dº DE DEFENSA I. CONCEPTO

Es el DF de todo imputado a acceder al proceso penal. Notas esenciales:

1) Se trata de un auténtico DF contenido en el art. 24 CE e integrado por un conjunto de DD y garantías instrumentales.

2) Consiste en acceder al proceso penal tan pronto como surja en él la imputación, que ha de ser comunicada de manera inmediata.

3) Su 1er ejercicio consiste en reclamar el dº a la defensa técnica del Abogado. 4) Al Abogado se le concede la defensa pública (o técnica) y al patrocinado, la defensa privada (o

autodefensa). 5) Su contenido consiste oponerse a la imputación a través de la solicitud y obtención de la práctica de los

actos de investigación y la realización de los de alegación, prueba e impugnación pertinentes para acreditar:

La inexistencia o atipicidad del hecho. La falta de participación en él del imputado. La ausencia de responsabilidad penal o concurrencia de atenuantes.

II. LA DEFENSA COMO DF Al tratarse de un DF, ha de respetarse y promoverse por todos los poderes públicos y autoridades que intervienen en la instrucción. El DF de defensa:

► Puede ejercerse por toda persona física, nacional o extranjera, y también jurídica. ► Se integra con todo un catálogo de DDFF de carácter instrumental (dº a Abogado, dº al silencio, dº a

utilizar los medios de prueba pertinentes, dº a no confesarse culpable, dº a la presunción de inocencia, habeas corpus, plazos máximos de detención, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones…), ubicados en la CE.

► Otros, se recogen en los Pactos Internacionales de DDHH y en la LECr (notificación de la detención a los familiares, dº del extranjero detenido a un intérprete gratuito o a ser reconocido por un forense…).

III. EL Dº DE ACCESO AL PROCESO PENAL Sep_11 El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas Es el 1er dº que se ha de reconocer al sujeto pasivo de una instrucción penal: acceder libremente al proceso para ejercitar su dº a ser oído por un Tribunal independiente. Además, dicha posibilidad de acceso ha de ser “efectiva” (= que le comuniquen personalmente los actos que tienen por objeto su comparecencia) y, una vez dentro del proceso, con conocimiento de las actuaciones practicadas (= publicidad de la instrucción). Le asiste el dº a la comunicación del hecho punible que se le atribuye, de manera clara y precisa y en una lengua que comprenda. También ha de cumplirse el dº a un proceso “sin dilaciones indebidas”, por lo que habrá de hacer llegar la existencia del procedimiento al imputado, a través de los medios de comunicación más rápidos o mediante citación personal ordinaria. El imputado no tiene una obligación de comparecencia, sino una carga procesal, que de no observarse puede dar lugar:


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1) A una condena en contumacia (delitos con pena privativa de libertad < 2 años) 2) Suspensión del proceso y expedición en contra del imputado de:

- Una orden de detención. - Una requisitoria de búsqueda y captura.

IV. LA ADQUISICIÓN DEL “STATUS” DE PARTE Feb_11 La adquisición del status de parte El dº de defensa exige además que la entrada en el proceso del titular del dº a la libertad se efectúe mediante el otorgamiento de todo el estatuto de una “parte procesal”. La sentencia habrá de obtenerse mediante la oposición de la acusación y de la defensa. Es necesario que la acusación preceda a la defensa y que se cumpla con el deber de información “de la acusación formulada contra ellos” (art. 24.2 CE). Tal dº “a ser informado de las causas de la acusación” se recoge en los arts. 14.3.d PIDCP, 6.3 CEDH, y en la Directiva 2012/13 del Parlamento y del Consejo, y conlleva:

1. La obligación de dar traslado del escrito de acusación con un tiempo prudencial para que el acusado pueda contestar.

2. El cumplimiento de las siguientes garantías: a) Obligación de informar al imputado de todos sus DD de manera comprensible, así como explicarle

los efectos desfavorables que pueden derivarse de su sometimiento voluntario a un ddo. acto de investigación.

b) Ilustración de la imputación al sujeto pasivo previo a su interrogatorio policial (= deber de información de las “razones de la detención”).

c) Puesta en conocimiento de la imputación de “una lengua que comprenda” o ser asistido por un intérprete.

d) El objeto de esta información debe ser el hecho punible cuya comisión se le atribuye, por lo que las autoridades habrán de transmitirle como mínimo, una breve relación circunstanciada fáctica y su respectiva calificación legal. El deber de ilustración de la imputación y del dº a la designación de Abogado ha de surgir tan pronto como se haya determinado el hecho y su presunto autor. Se vulnera el dº de defensa si, ocultando al imputado los cargos contra él existentes, se le presta declaración como testigo (violaría su dº al silencio y se le coaccionaría con las penas del delito de falso testimonio). Por tanto, la toma de declaración de un imputado en calidad de testigo constituye una prueba de valoración prohibida. Una vez conocida la imputación y designado el Abogado defensor, el acusado tiene dº a entrevistarse con él antes del 1er interrogatorio judicial, y ambos pueden introducir en el proceso los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad penal, así como solicitar y obtener los medios de prueba que estimen útiles para la defensa. La ejecución de la prueba también ha de estar presidida por el ppio. contradictorio: (1º) Declaran los testigos propuestos por la acusación; (2º) Los propuestos por la defensa.

e) Para prevenir dilaciones indebidas, se continúa el proceso aunque no se haya presentado el escrito de defensa del acusado o del 3º responsable. Se parte de la ficción legal de la oposición a las acusaciones y se permite a la defensa solicitar la práctica de prueba.

V. EL EJERCICIO DEL Dº DE DEFENSA Es la realización por el propio imputado de actuaciones defensivas (= defensa privada o autodefensa), o a través de la postulación de un Abogado defensor (= defensa pública o técnica). Por tanto, la defensa penal integra tanto al imputado como a su Abogado defensor. 1. LA AUTODEFENSA Consiste en la intervención directa y personal del imputado en el proceso, realizando actividades encaminadas a preservar o restablecer su libertad, impedir su condena u obtener la mínima sanción posible.


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Está reconocida en Convenios Internacionales ratificados por España y requiere que el imputado tenga la capacidad de discernimiento necesaria para poderla hacer valer en el proceso. La autodefensa en limitada a ddos. actos procesales:

1) Proponer verbalmente la recusación del Juez cuando se encontrara incomunicado. 2) Asistir a las diligencias de investigación. 3) Nombrar peritos. 4) Solicitar ser reconocido a presencia judicial por quienes dirijan cargo contra él. 5) Proponer diligencias. 6) Proponer prueba anticipada. 7) Prestar declaración en el sumario cuantas veces quiera. 8) Pedir de palabra la reposición del Auto elevando la detención a prisión. 9) Prestar conformidad con la calificación más grave. 10) Decir la última palabra en el Juicio oral (art. 739 LECr). Es la manifestación más importante de

autodefensa. El imputado es libre de hacerla valer o no en el proceso (= es disponible), ejercitando también su dº fundamental al silencio. 2. EL Dº A LA ASISTENCIA DE ABOGADO La defensa del Abogado es indisponible, no se puede renunciar a ella. Consiste:

En poder elegir un Abogado “de confianza”. Reclamar la intervención de un Abogado “de oficio” y asistencia “gratuita” cuando se carezca de recursos

para litigar. Comunicarse libremente con su Abogado a fin de que le asesore para que pueda ejercer su autodefensa. Que el Abogado pueda realizar todos los actos y medios de impugnación conducentes a obtener el

restablecimiento y declaración del dº a la libertad de su defendido. Una excepción Art. 527 LECr: Mientras el detenido o preso se halle incomunicado, su Abogado será designado de oficio (sólo posible en el ámbito de la legislación antiterrorista). La misión del Abogado consiste en la actuación en el proceso penal del dº a la libertad y a la presunción de inocencia de su patrocinado. Tiene la obligación del secreto profesional. No es un órgano colaborador, sino una parte procesal dialécticamente enfrentada a la acusación cuya exclusiva misión consiste en hacer valer el dº a la libertad. De ahí que, salvo supuestos de terrorismo, no se pueden intervenir las conversaciones entre el Abogado y su cliente. Aunque una Sentencia del TJUE de 2010 ha limitado el secreto profesional de los “abogados de empresa” internos, esa doctrina no puede seguirse en España dado que el secreto profesional está amparado constitucionalmente, la independencia de todo Abogado se encuentra garantizada en la LOPJ, y tipificada la violación del secreto profesional en el CP. VI. LA RENUNCIA A LA AUTODEFENSA: LA REBELDÍA Feb_13, Sep_08 La renuncia a la autodefensa: la rebeldía El imputado no tiene la obligación de comparecer a la llamada del Juez, ni está constreñido a ejercitar su autodefensa, por lo que puede renunciar a ella provocando su declaración en rebeldía. Su deber de comparecencia es una carga procesal que le expone a una declaración en rebeldía y consiguiente expedición de la requisitoria de búsqueda y captura. 1. REBELDÍA Y CONTUMACIA


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Rebeldía = No existe constancia en el proceso de que el imputado haya podido tomar conocimiento de su existencia. Origina la obligación judicial de indagar su paradero y citarlo. Si permaneciera en paradero desconocido, mediante la requisitoria de búsqueda y captura la policía judicial deberá conducirlo ante la presencia del Juez de Instrucción. Contumacia = Si el imputado es consciente de la existencia de un proceso penal dirigido contra él y decide no acudir a la llamada del Juez. Es una rebeldía deliberada e implica desobediencia a la orden judicial de comparecencia. Supone una manifestación de renuncia a su autodefensa. 2. LA REBELDÍA EN EL SUMARIO ORDINARIO

Leer (pág. 138) 3. LA CONTUMACIA EN EL PROCESO ABREVIADO Sí se distingue entre contumaz y rebelde: Art. 795 LECr En la 1ª comparecencia del imputado ante el Juez, se le preguntará por el domicilio a efecto de notificaciones. Si no compareciera al Juicio, podrá celebrarse en su ausencia (aunque su Abogado defensor deberá estar presente) si la pena no > 2 años de privación de libertad o 6, si es no privativa. Eso sí, podrá interponer recurso de anulación de la sentencia o de “purga de su contumacia”. Por el contrario, si no hubiera sabido o no se le hubiera citado personalmente, lo procedente será el tratamiento común de la rebeldía: suspensión de las Diligencias Previas o del juicio oral. En el juicio de faltas su ausencia no suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en la Ley… 4. LA NO SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL POR INCOMPARECENCIA DE ALGUNO DE LOS ACUSADOS Art. 746.II Ante la incomparecencia en un juicio oral con pluralidad de acusados, el Tribunal puede decidir la no suspensión del mismo si estima que “existen elementos suficientes para juzgarlos con independencia”. El Tribunal no condenará al acusado ausente, al que habrá de efectuar un 2º juicio oral.

VII. NACIMIENTO Y FINALIZACIÓN DEL Dº DE DEFENSA Sep_11, Feb_08 Nacimiento y finalización del derecho de defensa Nace con la imputación y finaliza con la obtención de una resolución firme de terminación del proceso penal. El dº de defensa es reclamable incluso con anterioridad a la incoación (= cuando la policía haya atribuido a una persona su participación en un hecho punible –detención preventiva‐ o cuando el MF abra unas “diligencias informativas” contra persona dda.). La LECr garantiza el dº de defensa mediante la designación de defensor desde que se produce la imputación, y aunque no se encuentre detenido. Dicho dº es reclamable también en los procedimientos penales en los que no es necesaria la intervención del Abogado (= juicio de faltas), siempre y cuando el imputado lo solicite. Cuando el imputado ha sido detenido, debe contar con la asistencia de Abogado (por elección propio o por designación de oficio), que debe asumir la defensa durante todo el proceso y hasta la obtención de un Auto de sobreseimiento o de archivo o una Sentencia firme. No será necesaria la intervención de Procurador hasta el trámite de apertura del Juicio oral.


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La defensa técnica es obligatoria en el proceso por delito (no en el juicio por faltas, y en los delitos de seguridad del tráfico) y cuando el imputado necesite el consejo del Abogado o pretenda interponer algún recurso.

T12. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL

I. LOS DIFERENTES OBJETOS DEL PROCESO PENAL En nuestro ordenamiento procesal cabe la posibilidad (cuando el delito haya ocasionado daños en la esfera patrimonial del perjudicado) de acumular al ejercicio de la acción penal, la interposición de una pretensión civil de resarcimiento. La pretensión penal y la civil acumulada a la misma constituyen los diferentes objetos del proceso penal. II. EL OBJETO PPAL.: LA PRETENSIÓN PENAL

Es la declaración de voluntad dirigida contra el acusado en la que se solicita, del Juzgado o Tribunal, una sentencia de condena al cumplimiento de una pena o medida de seguridad fundada en la comisión de un hecho punible. 1. REQUISITOS SUBJETIVOS El elemento subjetivo determinante es exclusivamente la persona del acusado. La determinación e identidad del acusado forma parte del objeto procesal, de manera que existen tantas pretensiones cuantas personas se les haya de dirigir contra ellas la acusación, aun cuando la misma se funde en la comisión de un solo hecho punible. La determinación del acusado ha de suceder dentro de la fase instructora a través del:

• “Auto de procesamiento”, para delitos muy graves. • Auto de incoación del Proceso Penal Abreviado, en el abreviado.

“Nadie puede ser acusado sin haber sido con anterioridad declarado judicialmente imputado” (TC) y haber sido previamente oído por el Juez de Instrucción. 2. REQUISITOS OBJETIVOS Hay que distinguir la fundamentación fáctica, la jurídica y la petición. A) La fundamentación fáctica: el hecho punible Feb_07 El objeto ppal del proceso penal: la fundamentación fáctica La fundamentación fáctica de la pretensión viene dda. por la atribución al acusado de la comisión de un hecho punible (= hecho histórico, tal y como aconteció en la realidad externa y desprovisto de toda calificación jurídica, salvo en lo referente a la del bien jurídico protegido por la norma penal). El Tribunal no puede condenar al acusado por una calificación distinta que no haya sido objeto de acusación. a) El hecho natural y su indivisibilidad Nadie puede ser condenado por un hecho que no haya sido objeto de la acusación. La aparición de un nuevo hecho punible distinto al que ha sido objeto de la acusación, ha de provocar la suspensión del juicio al efecto de practicar una “sumaria instrucción complementaria” y deducir una nueva acusación para ese nuevo hecho. Tampoco puede ser un mismo hecho histórico objeto de una doble condena penal (se infringiría el “non bis in idem”).


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Por consiguiente, junto a la identidad subjetiva, el objeto del proceso penal se integra también con la identidad objetiva o del hecho punible. Ahora bien, que el objeto del proceso penal lo constituya el hecho natural no significa que las partes sean enteramente dueñas de su aportación al proceso, de tal manera que estén autorizadas a efectuar una introducción fragmentaria de él en el mismo, ni que el Tribunal esté absolutamente vinculado a dicha aportación. En el proceso penal rige el ppio. de indivisibilidad del hecho punible. En la fase instructora, las partes gozan de un cierto poder en la determinación subjetiva u objetiva del hecho. En la fase del juicio oral el Tribunal está obligado a descubrir la verdad material, complementar la actividad probatoria no aportada o inejecutada por las partes, sin que éstas puedan condicionar la actividad cognoscitiva y decisoria del Tribunal. b) El hecho típico y la homogeneidad del bien jurídico Sólo interesa al proceso penal los hechos aparentemente típicos (= hecho penalmente antijurídico). La calificación jurídica del hecho no constituye elemento esencial alguno. En el proceso penal rige la máxima “iura novit curia”, por lo que el Tribunal es dueño de la individualización y aplicación al hecho de las pertinentes normas del CP. Pero ello no constituye una potestad absoluta e incondicionada del Tribunal. El TC y el TS exigen que los cambios en la calificación del hecho respeten la identidad u homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo (= limitación al “iura novit curia”). El Tribunal podrá modificar la calificación jurídica sustentada por la acusación siempre y cuando 1la nueva subsunción jurídica del hecho corresponda a normas penales tuteladoras de bienes jurídicos homogéneos o 2cuando el cambio de calificación jurídica obedezca a un simple error de la acusación fácilmente constatable por la defensa. B) La fundamentación jurídica: el título de condena El objeto procesal penal viene ddo. por la identidad subjetiva (o del acusado), la identidad objetiva (o del hecho punible) y la homogeneidad del bien jurídico. El art. 650.2º también exige que el escrito de acusación refleje “la calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan”. Por tanto, la calificación penal integra o no el objeto del proceso penal. Nunca pueden trasladarse a través del recurso de amparo vulneraciones a eventuales vinculaciones a la calificación jurídica que no se reconduzcan a la doctrina de la homogeneidad del bien jurídico. C) La petición Tampoco constituye un elemento esencial de la pretensión, aunque la jurisprudencia del TS ha declarado contrario al art. 24.2 CE la irrogación al acusado de una pena ppal. no solicitada por la acusación, pudiendo imponer de oficio una pena accesoria. El objeto del proceso penal queda ddo. por la petición de una pena ppal. sustanciada en un hecho histórico homogéneamente típico y por la identidad del acusado. 3. REQUISITOS FORMALES Ene_11 Los requisitos formales de la pretensión penal en relación con el objeto del proceso

La acción se ejercita en el acto de iniciación del proceso penal (denuncia judicial, querella, iniciación de oficio). La pretensión sigue un proceso escalonado que empieza en la instrucción, pasa por el escrito de acusación y culmina con las conclusiones definitivas. A) La fase instructora Su función:


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► Aportación del material de hecho tendente a demostrar la tipicidad del hecho punible. ► Determinar la legitimación pasiva en el proceso penal.

Art. 299 LECr: “Constituyen el sumario las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes”. La función objetiva de la instrucción alcanza tan sólo a posibilitar su afirmación por las partes acusadoras. En el proceso penal rige el ppio. de aportación, por lo que es a las partes acusadoras a quienes les incumbe la carga de efectuar la fundamentación fáctica de la pretensión, partiendo de los hechos investigados en el sumario; de ahí que la “conclusión primera o ppal.” del escrito de calificación provisional haya de contener “los hechos punibles que resulten del sumario”. La fase instructora determina la “identidad subjetiva” (“nadie puede ser acusado sin haber sido previamente procesado o declarado imputado” por el Juez de Instrucción…). B) El escrito de acusación Sirve para formalizar la pretensión penal (función similar a la del escrito de demanda en el proceso civil). Ha de contener:

- Descripción del hecho punible (art. 650. 1º y 4º) - Determinación del acusado (art. 650.3º) - Pena que se solicita (art. 650.5º).

Efectúa una primera delimitación del objeto procesal, a la vez que se determina también el tema de la prueba. C) Las conclusiones definitivas La pretensión penal no queda definitivamente fijada en el escrito de acusación, pues puede ocurrir que, como consecuencia de la ejecución de la prueba, se pongan de manifiesto distintas calificaciones jurídicas a las invocadas en el escrito de calificación o se produzca una mutación esencial de la pretensión como consecuencia de la entrada de nuevos hechos punibles en el juicio oral. Por esta razón, el ordenamiento faculta a las partes a modificar sus calificaciones provisionales y transformarlas en definitivas (art. 732 LECr). El escrito de conclusión constituye la última posibilidad de la que gozan las partes acusadoras para modificar (no sustancialmente) la pretensión penal, la cual queda definitivamente fijada en el proceso, estableciendo el deber de congruencia del Tribunal exclusivamente con respecto a lo afirmado en él. 4. LA LITISPENDENCIA A) Requisitos La litispendencia exige la concurrencia de las 3 identidades (art. 222 LEC):

1. Subjetiva 2. Objetiva 3. Causa de pedir

Sin embargo, en el proceso penal las únicas identidades determinantes de la litispendencia son la 1identidad del acusado y la 2del hecho punible. La “causa petendi” no forma parte del objeto procesal, que se circunscribe al hecho histórico. B) Efectos


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Cabe distinguir los procesales de los materiales: a) Procesales

La litispendencia produce:

- El efecto positivo de la “perpetuatio iurisdictionis” El Juez de Instrucción está obligado a dictar una resolución motivada de la “notitia criminis”, ya sea ésta 1inadmisoria o 2admisoria.

- El efecto negativo de impedir la apertura de un 2º proceso penal por el mismo hecho y contra el mismo acusado A ningún otro Juez de Instrucción se le autoriza la apertura de una instrucción contra un imputado, con respecto al cual ya exista una instrucción en curso sobre el mismo hecho. Si esto pasara, el 2º Juez habrá de inhibirse a favor del 1º (art. 759.1ª) o suscitarse una cuestión (declinatoria o inhibitoria) de competencia (arts. 19 y ss).

La litispendencia es un auténtico presupuesto procesal. b) Materiales: la interrupción de la prescripción El efecto primordial de la litispendencia es la interrupción de la prescripción. Existe en la jurisprudencia del TS y del TC cierta polémica al respecto: a´) Con anterioridad a la LO 5/2010 El art. 132.2 CP disponía que “la prescripción se interrumpirá sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra el culpable”. Originó 2 jurisprudencias contradictorias:

1. La mayoritaria del TS, que entendía que dicha interrupción se produce mediante el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando en la denuncia o querella se hubiera determinado al imputado y hubiera sido admitida.

2. La del TC, conforme a la cual la interrupción de la prescripción había de suceder mediante el Auto de admisión a trámite de la denuncia o querella y consiguiente emisión de una resolución judicial de imputación.

b´) Tras la reforma de la LO 5/2010 La interrupción de la prescripción se ocasiona mediante la presentación de la denuncia o querella ante el Juzgado, siempre y cuando el Juzgado dicte alguna resolución judicial de imputación dentro de los 6 meses (si es un proceso por delito) o de los 2 meses (si lo es por faltas) desde su incoación. Los efectos de la interrupción de la prescripción se retrotraerán al momento de la presentación del acto de iniciación. Pero esta doctrina no es secundada plenamente por el TS, lo que provoca un auténtico conflicto con el TC y numerosas sentencias estimatorias de amparo. C) Momento en el que surge la litispendencia Hemos de distinguir diversos momentos en la producción de tales efectos. Los efectos procesales, desde la admisión a trámite de la “notitia criminis” (es a partir del Auto de incoación del sumario o de las diligencias previas cuando se le ha trasladado al Juez la sospecha sobre un hecho punible que ha de ser investigado). Concurre desde ese momento la identidad objetiva necesaria para que el objeto procesal quede perfectamente ddo. III. EL OBJETO EVENTUAL: LA ACUMULACIÓN DE LA PRETENSIÓN CIVIL AL PROCESO PENAL


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SepR_09 El objeto eventual: la acumulación de la pretensión civil al proceso penal: concepto y elementos esenciales 1. RÉGIMEN LEGAL Y FUNDAMENTO Art. 100 LECr: “De todo delito o falta… puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, ña reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible”. Encuentra su fundamento en la economía procesal. Este sistema permite discutir y decidir en un solo proceso tanto la pretensión penal como la pretensión civil resarcitoria que pudiera surgir como consecuencia de los daños cometidos por la acción delictuosa. 2. CONCEPTOS Y ELEMENTOS ESENCIALES Lo que nace del delito es una pretensión civil de resarcimiento, la cual 1puede acumularse a un procedimiento penal en curso o 2separarse de él y reservarse para plantearla en el correspondiente proceso civil declarativo, una vez finalizado el proceso penal. Ha de estar dirigida contra el acusado o responsable civil, y sustanciada en la comisión por él de un acto antijurídico que haya podido producir daños en el patrimonio del perjudicado o actor civil, por el que solicita la condena de aquél a “la restitución de la cosa, la reparación del daño o la indemnización de perjuicios”. A) Requisitos subjetivos

Tanto en la parte que deduce la pretensión civil (actor) como en la que se opone (responsable civil), han de concurrir los presupuestos procesales:

- Capacidad para ser parte. - De actuación y de conducción procesal. - Legitimación, activa y pasiva Tienen legitimación activa los “perjudicados”, y pasiva los causantes de

aquellos daños, sea a título de responsabilidad directa, solidaria o subsidiaria. - Postulación procesal.

A los efectos de la identificación de la pretensión, es necesaria la concurrencia de la identidad de ambas partes en virtud de los dispuesto en el art. 222.3 LEC (“la cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte”).

B) Requisitos objetivos

Son 1la fundamentación o “causa petendi”, y 2la petición o “petitum”. a) La fundamentación Lo decisivo no es la existencia de responsabilidad penal, sino la existencia de actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Es indiferente que la responsabilidad penal haya quedado extinguida por alguna de las causas del art. 130 CP. Lo mismo pasa con la mayoría de las causas de exención de responsabilidad penal del art. 20. Es más, declarada la inexistencia de delito, el Juez puede condenar civilmente como consecuencia de la comisión por el acusado de un acto ilícito cometido mediante culpa o negligencia o incluso por mera responsabilidad objetiva. b) La petición

Está sometida al ppio. dispositivo. El actor es dueño de su interposición y renuncia, vinculando mediante la petición la actividad decisoria del Tribunal. Suele revestir la naturaleza de las pretensiones de condena, y dentro de ella, las de “dar”.


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*Restituir Reponer el estado de las cosas que existía en el momento de la comisión del delito o devolver la cosa a su legítimo propietario (delitos contra la propiedad privada). Es procedente incluso en los supuestos en que el 3º haya adquirido la cosa sustraída legalmente, salvo que se trate de un 3º de “buena fe”. Aun cuando la pretensión civil resarcitoria ostente un marcado carácter de condena, excepcionalmente caben sentencias declarativas de nulidad (p.ej.: declaración de falsedad de un documento que ha servido para la consumación de una estafa). *Reparar Consiste en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Si la prestación fuere personal, cabrá ejecución subsidiaria, y tan solo cuando fueren personalísimas el Juez podrá ordenar que sean cumplidas por el condenado. *Indemnizar Condenar al pago de una cantidad dineraria suficiente para cubrir todos los daños producidos por el delito. La indemnización surge cuando no sea posible la restitución y siempre que el delito produzca un perjuicio patrimonial. La evaluación de los daños y perjuicios ha de cuantificarse expresamente en la petición. C) Requisitos formales La pretensión civil se deduce en el escrito de acusación o calificaciones provisionales sin que se pueda modificar sustancialmente en las conclusiones definitivas, so pena de contravenir el ppio. de “prohibición de ampliación de la demanda”, que generaría indefensión al responsable civil. Es el escrito de acusación el que determina el objeto procesal civil y la obligación de congruencia del Tribunal. Con anterioridad, el actor civil puede solicitar en la instrucción los embargos o fianzas pertinentes y aseguratorias de la efectividad de la responsabilidad civil. La pretensión civil la puede deducir el propio perjudicado o mediante adhesión, permitiéndose la intervención litisconsorcial bajo una misma representación y dirección letrada. Si el perjudicado no compareciera en el proceso, el MF la ejercitará en su nombre, vía sustitución procesal. IV. EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL POR EL MF

1. NATURALEZA Y FUNDAMENTO Salvo renuncia o reserva de la acción civil por el perjudicado, el MF viene obligado a ejercitar la acción civil en el propio interés del perjudicado. Es un claro supuesto de legitimación derivada o por sustitución procesal, en el que el MF actúa en nombre propio pero en interés del perjudicado. No hace falta que la víctima comparezca en un procedimiento penal. La deducirá el MF ex. Arts. 108 y 773.1 LECr. En cambio, el acusador particular no es sustituto procesal del perjudicado por lo que carece de legitimación activa para el ejercicio de la pretensión resarcitoria. 2. PLURALIDAD DE PARTES El Juez de Instrucción debe invitar al perjudicado a entrar en el procedimiento mediante el ofrecimiento de acciones. Si no lo hiciera, vulneraría su dº a la tutela. Si el perjudicado ejercitara su dº de querella o compareciera como parte acusadora, surge un fenómeno de pluralidad de partes (MF y el perjudicado).


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Este ejercicio conjunto de la pretensión civil por ambas partes no significa que gocen simultáneamente de la misma capacidad de postulación. La única parte originariamente legitimada es el perjudicado, que puede:

- Renunciarla. - Reservarla para el declarativo correspondiente. - Acumularla al procedimiento penal en curso.

En el improbable supuesto de que el MF instara un “quantum” indemnizatorio superior al del perjudicado, se produciría una incongruencia “extra petita”. La única parte legitimada para impugnar un fallo civil ha de ser el perjudicado y no el MF. Así pues, la única parte ppal. en esta materia es el perjudicado, siendo la actuación del MF subordinada a la del perjudicado.

CUARTA PARTE. LA INSTRUCCIÓN

T13. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO I. LOS ACTOS DE INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL

Para que se inicie un proceso penal basta transmitir a la Autoridad judicial una “notitia criminis” de un delito público, para cuya determinación y la de su presunto autor se incoará la fase instructora (de oficio), salvo los procesos que pudieran instaurarse por la comisión de un delito perseguible “a instancia de parte”, en los que la titularidad del ofendido impone el cumplimiento de especiales requisitos formales y el cumplimiento de ddos. presupuestos procesales: Habrá que deducir querella o denuncia (= medios ordinarios de iniciación del procedimiento penal Vs. los medios especiales de iniciación: de oficio). II. LA DENUNCIA Ene_12 y Ene_10 Diferencias fundamentales entre la denuncia y la querella 1. NATURALEZA Es una declaración de conocimiento que consiste en la transmisión a la policía o a la autoridad judicial de la sospecha de la comisión de un delito público (arts. 259‐264 LECr).

2. SUJETOS A) El denunciante a) Capacidad y legitimación Cuando se trate de un delito perseguible de oficio, puede serlo cualquier persona física. Cuando son delitos perseguibles a instancia de parte el denunciante debe cumplir los requisitos de la capacidad y legitimación (= cualidad de ofendido o sujeto pasivo del hecho punible). b) Obligación de denunciar y exenciones Los testigos presenciales tienen la obligación de denunciar el hecho, salvo:

- Ddos. incapaces (impúberes y quienes no gocen del pleno uso de su razón). - Por razón de parentesco.


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Si el testigo ostenta una dda. relación funcionarial o de Dº Público, tiene la obligación de denunciar. Esta obligación cualificada no alcanza a quienes se vean amparados por el secreto profesional (Abogados, Procuradores y eclesiásticos). B) El denunciado Su determinación e identificación no es un requisito de la denuncia, pues una de las funciones de la fase instructora es la de averiguar quién sea el presunto autor del hecho punible, aunque el deber de colaboración ciudadana obliga a transmitir los datos de identificación a la Autoridad, si fueran conocidos. También puede ocurrir que sea el propio denunciado quien formalice su denuncia (supuesto de “autodenuncia”). 3. ÓRGANO COMPETENTE A) Los Juzgados La obligación de denunciar el hecho queda cumplida con la presentación de la denuncia ante cualquier Autoridad judicial o encargada de la prevención e investigación de los delitos. Si se presentara ante el Juzgado competente, éste dispondrá la iniciación del correspondiente procedimiento penal (“diligencias previas”). Son motivos de inadmisión de una denuncia:

La inexistencia del hecho (= “denuncia falsa”). La ausencia de tipicidad.

Si se desestimara la denuncia, el Juez deberá fundamentar su resolución. Si la denuncia se planteara ante un Juzgado objetiva o territorialmente incompetente, éste habrá de practicar las primeras diligencias, dando cuenta inmediata al Juez de Instrucción competente. Concluidas esas diligencias, deberá remitirlas al Juez competente en el plazo de 3 días (art. 307 LECr): B) El MF Art. 5 EOMF: “El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna, notificando en este último caso la decisión al denunciante”.

C) La Policía La denuncia puede presentarse ante cualquier dependencia o puesto de los distintos miembros que integran las FFyCC de la seguridad del Eº, que practicarán las “diligencias de prevención”, dando cuenta inmediata de ellas a la Autoridad Judicial. También está la policía facultada (y obligada) a denunciar los delitos mediante atestado. 4. REQUISITOS FORMALES

No requiere ningún requisito especial. Sólo la transmisión de la “notitia criminis” y la identificación y ratificación del denunciante. Podrá ser verbal o escrita, personal o por medio de mandatario. 5. ELEMENTOS MATERIALES El único elemento material de la denuncia es la “notitia criminis” o sospecha de la comisión de un delito. Provoca:


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La apertura de las diligencias policiales de prevención (cuando se deduzca en Comisaría). Primeras diligencias (ante un Juez de Instrucción incompetente). Diligencias previas o sumario.

III. LA QUERELLA

Ene_12 y Ene_10 Diferencias fundamentales entre la denuncia y la querella 1. CONCEPTO Constituye un acto de ejercicio de la acción penal: el querellante asume la cualidad de parte acusadora a lo largo del procedimiento. Es un acto procesal de postulación, mediante el cual se solicita del órgano jurisdiccional competente la iniciación del procedimiento y la adquisición por el querellante de la cualidad de parte acusadora. 2. TIPOLOGÍA Pueden querellarse 1el MF, 2los extranjeros ofendidos, y 3todos los ciudadanos españoles “hayan sido ofendidos o no por el delito”. A) La querella pública o “acción popular” Es la que puede deducirse por cualquier ciudadano no ofendido por el delito (art. 101 LECr). Pretende el restablecimiento del OJ perturbado por la comisión del delito. Aparece instaurada en el art. 125 CE aunque no integra un auténtico DF. B) La querella privada Es la que puede plantear el “ofendido” por el delito (= el titular del DF a la tutela judicial). Origina la aparición de un acusador particular que puede o no ostentar la titularidad de la acción penal, e incluso la del procedimiento; de ahí que las querellas privadas puedan subdividirse en 1exclusivas y 2relativas.

3. PRESUPUESTOS A) Presupuestos grales.: la capacidad Ostentan capacidad para formalizar una querella:

1) El MF Mediante la interposición de escrito de querella y siempre si se tratara de delitos contra la libertad sexual y delitos contra la HP y contra la Seg. Social.

2) Las personas jurídicas Gozan de capacidad para ser parte y de actuación procesal. 3) Las personas físicas También, ya sea para el ejercicio de la querella tanto pública como privada.

La LECr (art. 102) establece 3 supuestos de incapacidad absoluta para el ejercicio de la acción popular:

1. Los incapaces civiles. 2. Los condenados “por dos veces” por delito de acusación calumniosa. 3. Los Jueces y Magistrados.

Hay un supuesto de incapacidad relativa por razón de parentesco en la querella privada. Los parientes sólo pueden ejercitar las acciones penales entre sí por la comisión de “delitos contra las personas”. B) Legitimación


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Todos los sujetos del dº que tengan capacidad para el ejercicio de la querella pública también tienen legitimación activa. En cambio, en la querella privada la legitimación viene dda. por la condición de “ofendido” (= sujeto pasivo del delito). C) La competencia

Objetiva Salvo que se trate de algún “aforado”, la tienen los Juzgados de Instrucción. Territorial Los de la demarcación judicial en la que se haya cometido el delito.

D) La postulación

El art. 227 LECr dispone que “la querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por letrado”. Necesitará “la firma del querellante cuando el Procurador no tuviera poder especial” para formularla. Los requisitos de postulación del querellante son:

- Poder de representación procesal. - Firma del Abogado. - Ratificación del querellante.

E) Presupuestos especiales Integrados por 1la certificación de haberse realizado el acto de conciliación sin avenencia en los delitos “perseguibles a instancia de parte” y 2la licencia del Juez o Tribunal en los delitos de injurias y calumnias. 4. REQUISITOS FORMALES Ha de constar por escrito 1la identificación del querellante, 2su ratificación y si se supiera, 3la identidad del querellado. El ofendido también puede convertirse en parte acusadora si presenta una denuncia y después comparece como parte a través del ofrecimiento de acciones o como interviniente adhesivo. No es necesario formalizar escrito de querella en el procedimiento penal abreviado, salvo que se tratara de una acción popular. La querella habrá de presentarse mediante un poder especial, aunque si se utilizara uno “general”, el querellante podrá ratificar su querella “apud acta”. 5. ELEMENTOS MATERIALES

A) La relación circunstanciada del hecho Si son conocidas por el querellante, la querella ha de reflejar “la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecute, si se supieran” (art. 227.4º LECr). Aunque lo importante es que refleje la “notitia criminis”. Si la sospecha que se pone en conocimiento del Juzgado es penalmente típica, aunque se incumplieran otros requisitos de la querella, debe incoarse la instrucción (= la querella irregular goza del valor de una denuncia). B) La declaración de voluntad Debe constar en la querella:

- “La petición de que se admita, se practiquen las diligencias indicadas en el nº anterior, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así proceda” (art. 227.6º).

- Que “se tenga al querellante como parte acusadora” a lo largo del procedimiento.


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No obstante, en la práctica forense la solicitud de medidas cautelares no constituye requisito alguno de la querella (por exigencias del dº de defensa, que obliga al Juez a oír, con carácter previo, al querellado).

6. LA FIANZA Es una de las condiciones a cuyo cumplimiento queda supeditada la admisibilidad de la querella. Arts. 280 y 281 LECr: La obligación de satisfacer fianza es sólo exigible en la querella pública (popular), y en la querella privada de los extranjeros. Fundamento:

- Se erige como freno a la acusación calumniosa. - Cubrir las posibles costas en las que el acusador pueda incurrir como consecuencia de su conducta

maliciosa o negligente. A) El ppio. de proporcionalidad La cuantía de la fianza debe ser adecuada al patrimonio del querellante (TC y art. 20.3 LOPJ). B) Forma y efectos Podrá prestarse en alguna de las modalidades del art. 591 LECr (personal, pignoraticia e hipotecaria). Si no se satisface en plazo, supone el “abandono de la querella” (= no se tendrá al querellante como parte acusadora). 7. ADMISIÓN Y ESTIMACIÓN

Ha de interponerse ante el órgano jurisdiccional competente, quien examinará de oficio su propia competencia y se pronunciará estimándola o desestimándola. Su inadmisión por falta de competencia la transforma en una denuncia. Si el delito fuere público, el Juez incompetente debe remitirla al Juez competente. Examinada de oficio su propia competencia, el Juez decidirá 1sobre la concurrencia o no de los demás presupuestos procesales y 2sobre su fundamentación, pronunciando una resolución:

► Inadmisoria. ► Desestimatoria. ► Admisión a trámite Se incoa el procedimiento penal correspondiente.

A) Auto de inadmisión de los actos de iniciación del proceso Los Autos de inadmisión de los actos de postulación de iniciación del procedimiento pueden ser de denuncia o de querella. Ambos tienen en común que no producen la totalidad de los efectos materiales de la cosa juzgada. a) La inadmisión de la denuncia Sólo puede inadmitirse por razones estrictas de legalidad:

- Inexistencia del hecho (la denuncia es manifiestamente falsa). - Falta de tipicidad (no es delito). - En el proceso de menores, el MF puede inadmitirla por falta de “autor conocido”.

b) La inadmisión de la querella Sólo puede rechazarse una querella por motivos de “admisibilidad” o de “fundabilidad”

Deberá razonar los motivos y notificárselo al querellante mediante auto inadmisorio, desestimatorio o de archivo.


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Inadmisión:

- Por ausencia en la querella de los presupuestos y requisitos que condicionan su validez formal (falta de competencia o no tipicidad del hecho), aunque el Juez puede admitirla “si fuere procedente”.

- Por falta manifiesta de legitimación activa y de ddos. presupuestos procesales (falta de representación procesal o de competencia, litispendencia, incumplimiento de la identificación y ratificación del querellante).

Desestimación Cuando los hechos en que se funde no constituyan delito (falta de tipicidad penal). Debe realizarse mediante Auto desestimatorio, sin que el Juez pueda utilizar la fórmula del sobreseimiento (sólo reclamable cuando se han practicado ya ddas. diligencias en la fase instructora). Las resoluciones de inadmisión o desestimación provocarán la reanudación de la prescripción de los delitos. Contra ellas cabe interponer recurso de reforma, y subsidiario de apelación. IV. LA “INICIACIÓN DE OFICIO” Art. 308 LECr: “inmediatamente que los Jueces de Instrucción o los municipales en su caso, tuvieran noticia de la perpetración de un delito, lo pondrán en conocimiento del Fiscal… y darán parte al Pte. de la Audiencia”. Supuestos:

1. Hechos punibles de cierta notoriedad (los que dan cuenta los medios de comunicación). 2. Delitos que puedan cometerse contra la Admón. de Justicia en la esfera de un proceso (falso testimonio,

desobediencia, etc.). Dicho precepto no faculta al ejercicio de la acción penal “ex oficio” por el propio Juez de Instrucción. Está prohibida esa posibilidad en el art. 102.III LECr.

T14. LA FASE INSTRUCTORA: (I) CONCEPTO, CONTENIDO Y CLASES

I. CONCEPTO Y REGULACIÓN LEGAL Conjunto de actos de investigación practicados por el Juez de Instrucción, que suceden tras el Auto de incoación y se extienden hasta el Auto de conclusión o de sobreseimiento. Tiene por objeto la preparación del juicio oral mediante la determinación del hecho punible y de su presunto autor. Es una fase que se encomienda a un órgano jurisdiccional distinto del que va a enjuiciar: Juez de Instrucción; estará auxiliado por la policía judicial. En el proceso penal de menores la fase instructora se encomienda al MF (el Juez de Menores será el competente para la adopción de medidas limitativas del ejercicio de los DDFF). II. FUNCIONES DE LA FASE INSTRUCTORA Art. 299 LECr. Su función genérica consiste en preparar el juicio oral. Y tiene 3 funciones específicas:

1. Efectuar actos instructorios o de investigación tendentes a averiguar la preexistencia y tipicidad del hecho y su autoría.

2. Adoptar medidas cautelares penales y provisionales. 3. Disponer medidas cautelares civiles o aseguratorias de la pretensión civil.

III. CLASES

Coexisten una multiplicidad de procedimientos ordinarios y especiales que mantienen sus singularidades en la fase instructora.


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Conforme a un criterio subjetivo:

1. Diligencias policiales de prevención Las practica la policía judicial cuando tiene conocimiento de la comisión de un delito.

2. Diligencias Informativas del MF Investigación preliminar que realiza el MF antes de la instrucción judicial.

3. Diligencias judiciales de prevención (= primeras diligencias) Las que practican los Jueces de Instrucción incompetentes para determinan el hecho punible, asegurar el cuerpo del delito y adoptar las medidas cautelares urgentes, provisionalmente.

4. Sumarios que hayan de instruir los Jueces de Instrucción Especiales. 5. Instrucción del MF en el proceso penal de menores. 6. Diligencias de investigación que hayan de practicar los Jueces delegados y comisionados.

Atendiendo a un criterio objetivo o procedimental:

1. Sumario ordinario El que se incoa ante la sospecha de la comisión de un delito muy grave que no sea de la competencia de la Ley del Jurado.

2. Instrucción Complementaria de la Ley del Jurado Cuando el objeto del procedimiento lo constituya alguno de los delitos de la competencia de este Tribunal.

3. Diligencias previas del procedimiento abreviado Para el enjuiciamiento de delitos de la competencia de los Juzgados de lo Penal y de las AP cuando la pena privativa de libertad sea < 9 años.

4. Diligencias urgentes de los juicios rápidos Para los delitos del art. 795 CP y cuando se hayan cumplido los presupuestos de este procedimiento.

5. Diligencias instructoras en los juicios de faltas, en su modalidad de juicio rápido o de juicios de faltas ordinario.

En la práctica forense no se incoa “ab initio” el adecuado, sino que se suele iniciar con las “Diligencias Previas” del procedimiento abreviado, reconvirtiéndose posteriormente el procedimiento adecuado, mediante el “Auto de Transformación del PPA”, en el que el Juez de Instrucción remite las actuaciones al procedimiento adecuado (juicio de faltas, sumario ordinario o diligencias del Jurado). IV. CONTENIDO 3 grandes grupos:

1. Actos instructorios o de investigación. 2. Actos de prueba sumarial (preconstituida y anticipada). 3. Medidas cautelares y provisionales (penales y civiles).

Hay que distinguir los actos instructorios de los de prueba. V. LOS ACTOS DE APORTACIÓN DE HECHOS Su finalidad es introducir los hechos en el proceso. En la fase instructora tales actos asumen como única función la de preparar el juicio oral mediante la comprobación e investigación de la “notitia criminis” para determinar el hecho punible y su presunto autor. En la fase del juicio oral, su función es lograr la evidencia necesaria para que el Tribunal dicte una Sentencia de condena, o absolutoria. Por tanto, los actos de aportación de hechos pueden ser actos instructorios o de investigación en la fase instructora, y actos de prueba en la fase del juicio oral.


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VI. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN Son las “diligencias sumariales”. Son actos de las partes y del Juez de Instrucción con que se introducen en la fase instructora los hechos necesarios para:

Acreditar la existencia del hecho punible, su tipicidad y autoría. O para evidenciar la ausencia de algún presupuesto condicionante de la apertura del juicio oral.

Pueden ser:

- De las partes acusadoras. - De la defensa. - Del Juez.

1. ACTOS INSTRUCTORIOS DE LAS PARTES ACUSADORAS Son actos de aportación 1en el sumario ordinario o 2en las diligencias previas, de los hechos constitutivos de la pretensión penal, para obtener la apertura del juicio oral. Pueden sistematizarse en:

Directos Introducen o amplían la “notitia criminis” (los de iniciación del proceso penal –denuncia o querella‐, los escritos de ampliación de la denuncia o de la querella, las peticiones de adopción de medidas cautelares, etc.).

Indirectos Aquellos que en sí mismos no sean aptos para la entrada del objeto procesal (petición de práctica de diligencias, p.ej.).

2. ACTOS INSTRUCTORIOS DE LA DEFENSA Dirigidos a acreditar la inocencia del imputado y provocar con ello el archivo o sobreseimiento de las actuaciones sumariales.

3. ACTOS DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN En la fase instructora no rige el ppio. de aportación, sino el ppio. de “investigación de oficio”. Tanto la policía judicial como el Juez de Instrucción, ante la sospecha de la comisión de un delito público, están obligados a incoar sumario o diligencias previas y a practicar todos los actos de investigación necesarios y pertinentes para acreditar el hecho y la presunta responsabilidad de su autor. El director de la instrucción es el Juez y no las partes:

- De manera negativa Cuando dicta un Auto de inadmisión de la querella, de archivo o de sobreseimiento.

- De manera positiva Actos instructorios de imputación (Auto de procesamiento y Auto de Transformación del PPA).

Junto a los anteriores actos instructorios “clásicos”, han aparecido otros, nacidos como consecuencia de los progresos de la ciencia (intervenciones corporales y análisis del ADN, intervenciones de las comunicaciones o de los datos electrónicos de tráfico e “Internet”). VII. LOS ACTOS DE PRUEBA También pueden generarse en la instrucción, pero están dirigidos única y exclusivamente a poder fundar una Sentencia de condena.


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T15. LA FASE INSTRUCTORA: (II) LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN

I. LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN 1. CONCEPTO

Son actos instructorios que ha de practicar la policía urgentemente y trasladarlos ante la Autoridad Judicial a fin de que decida la incoación o no de la instrucción. Art. 282.1 LECr. 2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DE LA POLICÍA JUDICIAL La función, en sentido amplio, de la Policía Judicial, compete a todos los miembros de las FFyCC de Seguridad, dependan del Eº, de las CCAA o de las Corporaciones Locales. En sentido estricto debe entenderse por policía judicial las distintas unidades orgánicas de Policía Judicial que dependen de las Autoridades Judiciales y del MF. Las actuaciones de la Policía Judicial en la investigación son:

- De oficio. - Cumpliendo las órdenes recibidas por las Autoridad Judicial o el MF. - Como consecuencia de la presentación por un particular de una denuncia.

Y son de carácter urgente o interino: Sólo pueden durar el tiempo imprescindible para la investigación del hecho punible. El plazo de la detención no puede ser > 5 días. 3. PLAZO PARA LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES A) Plazo de notificación Art. 295 LECr: salvo fuerza mayor, los funcionarios de Policía Judicial no podrán dejar transcurrir más de 24h sin avisar a la Autoridad Judicial o al MF sobre las diligencias que hubiera practicado.

B) Plazo de conclusión

a) Con imputado detenido Art. 796.1 LECr. Las diligencias deben durar el tiempo imprescindible y concluirse siempre durante el plazo de la detención.

La detención preventiva no puede durar más del tiempo necesario para el esclarecimiento de los hechos (= actos de investigación propios de la detención: 1reconocimiento de identidad y 2declaración del detenido). Como máximo 72h, en que el detenido habrá de ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.

b) Sin imputado detenido En el ámbito de los juicios rápidos, si el imputado no hubiere sido detenido ni

localizado, se puede retener la realización de tales diligencias hasta un máximo de 5 días (art. 796.4). 4. CONTENIDO A) El interrogatorio del detenido

Ver Tema 28 B) Declaración y citación a testigos, perjudicados u ofendidos: el deber de información

- La Policía tiene la obligación de identificarlos y prestarles declaración. - Si el hecho entrara en el ámbito de aplicación de los juicios rápidos, una vez prestada su declaración,

habrá de emplazarlos ante el Juzgado de Guardia.


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- Si quien comparece fuere el ofendido o el perjudicado por el delito, la Policía debe cumplir con su deber de información a la víctima (por escrito). Art. 771.1ª LECr.

- La Policía ha de ilustrar de los siguientes DD: 1. A mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella (dº a alegaciones, publicidad,

toma de conocimiento de lo actuado, participar en las actuaciones) 2. Dº a solicitar asistencia jurídica gratuita y el nombramiento de Abogado de oficio. 3. De no personarse en el procedimiento, el MF ejercitará la acción penal y civil por sustitución

procesal. 4. Dº a la asistencia médica y psicológica por delitos violentos y contra la libertad sexual. 5. Dº a percibir ayudas económicas con cargo a los Presupuestos del Eº.

C) Informes alcoholimétricos La Policía deberá remitirlos directamente al Juzgado de Guardia para su incorporación a las actuaciones, antes del momento de la citación de las personas. D) Vídeo‐vigilancia Las FFyCC de Seguridad pueden instalar en lugares públicos cámaras de vídeo para prevenir la comisión de delitos. Si grabaran alguno, el soporte magnético se incorporará al atestado y tendrá valor de documento público. E) Tasaciones periciales En los juicios rápidos puede que la tasación pericial se haya de realizar fuera del lugar o sede del órgano judicial y no fuera posible su remisión al mismo. La Policía Judicial podrá disponer la práctica de este informe pericial. Art. 796.8ª. F) Análisis sobre estupefacientes La policía remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente, las sustancias aprehendidas. Éstos procederán al análisis solicitado por el medio más rápido, antes del día y hora en que se haya citado a las personas indicadas en las reglas anteriores.

G) La circulación y entrega vigilada de drogas a) Concepto y fundamento Tratándose de delitos contra la salud pública, la policía permite la entrada y/o la circulación de estupefacientes por nuestro país a fin de poder determinar y aprehender el máximo nº de integrantes de las bandas relacionadas con el narcotráfico. b) Sujetos Los órganos competentes para adoptar esta medida son:

- Juez de Instrucción. - MF. - Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial, centrales y provinciales, y sus mandos superiores.

La única autoridad legitimada para disponerla es el Juez de Instrucción, aunque por razones de urgencia puede adoptarse por la Policía Judicial, comunicándoselo inmediatamente al Juez o al MF. c) Objeto Vigilancia de 1drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas y 2los bienes y ganancias procedentes de las actividades delictivas. d) Contenido


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Autorizar la circulación o entrada vigilada de paquetes que contengan materiales y sustancias del art. 371 CP, de los bienes y ganancias del art. 301 CP, así como de los bienes, materiales, objetos y especies animales y vegetales a que también se refiere el CP. La policía ha de cerciorarse de la existencia de drogas en el interior del paquete postal. La Policía de fronteras podrá intervenir y proceder a la apertura del mismo mediante autorización del Juez de Instrucción competente; salvo 1en aquellos paquetes expedidos bajo “etiqueta verde” (que permite la inspección aduanera) o 2cuando por su tamaño o peso evidencian la ausencia de mensajes personales o 3en aquellos envíos en cuyo exterior se hace constar su contenido. e) Resolución Ha de ser:

1. Individualizada Con la identificación o, al menos, la determinación de los autores de la entrega. 2. Necesaria A los fines de la investigación y para descubrir o identificar a las personas involucradas en la

comisión de algún delito relativo a dichas drogas. • La adopción de esta medida se justifica para descubrir organizaciones de narcotraficantes. • Se trata de un acto de investigación y no de prueba preconstituida, por lo que no puede fundar,

por sí sola, una sentencia de condena. 3. Fundada (motivada).

H) Gestión de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN LO 10/2007. Art. 3: Han de incluirse en esta base de datos los fluidos o muestras biológicas de un detenido o sospechoso de haber cometido un delito grave, de criminalidad organizada, o que afecte a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual, la integridad de las personas o el patrimonio, si es con fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las personas. Han de recabarse por la Policía Judicial. El problema fundamental es la inexistencia de una regulación legal de las inspecciones o intervenciones corporales. I) Las intervenciones de los datos de tráfico y del correo electrónico Hay que distinguir entre 1la intervención de la comunicación telemática strictu sensu (telefonía de red fija y la móvil, nº de tel. de llamada y el nombre y dirección del abonado o usuario registrado, correo electrónico y telefonía por Internet, identificación asignada de usuario, nº de tel., nombre y dirección del usuario o abonado registrado y los datos necesarios para identificar el destino de la comunicación) de 2la de los datos de tráfico. El art. 6 LO 25/2007 faculta a la Policía Judicial y personal del CNI, en el curso de investigaciones de seguridad, a recabar de las empresas operadoras de dicho tráfico los datos pertinentes, que habrán de ser almacenados y conservados durante 1 año. En cambio, la interceptación del contenido de dichas comunicaciones ha de estar amparado por el art. 18.3 CE. Estas intervenciones sólo pueden realizarse en el ámbito del proceso penal y en el de la prevención de la comisión de hechos punibles graves, así como para la salvaguardia de la seguridad pública y de la defensa nacional. Se habrá de exigir autorización judicial expresa para recabar del operador la cesión de datos del tráfico, aunque la policía podrá obtenerlos desde el propio móvil concernido si no existiera servidor (programas P2P, p.ej.), sin necesidad de autorización judicial. 5. CONCEPTO Y VALOR PROBATORIO DEL ATESTADO


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Atestado = Actividad investigadora preliminar de la fase instructora, efectuada y documentada por la Policía Judicial y dirigida, con carácter urgente y provisional, a la averiguación del delito, al descubrimiento e identificación de su autor, al auxilio de la víctima, a obtener el aseguramiento del cuerpo del delito y a la adopción de determinadas medidas cautelares penales y provisionales. Valor probatorio:

- Las diligencias de manifestación tienen valor de denuncia. - Las declaraciones testificales constituyen un acto de investigación testifical. - Otro tipo de diligencias efectuadas por orden o requerimiento de la Autoridad Judicial, periciales y

testificales, tienen un valor probatorio ampliamente discutido:

► Con carácter gral., la jurisprudencia atribuye a las diligencias que configuran el atestado el valor de mera denuncia. Ahora bien, como el atestado conforma un conjunto de diligencias de naturaleza homogénea, conviene distinguir lo que genera una denuncia, de las actuaciones susceptibles de erigirse en prueba preconstituida:

o El interrogatorio policial y las manifestaciones de los testigos y de la propia policía

(porque reflejan la existencia de una “notitia criminis”) integran un acto de denuncia. Por tanto, vulnera el dº a la presunción de inocencia la sentencia condenatoria que se dicte sobre la única base del atestado policial.

No obstante, tiene virtualidad probatoria propia cuando contenga datos objetivos y verificables (ej.: “actas de constancia”: croquis, planos, huellas, fotografías), que pueden ser utilizados como elementos de juicio coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba documental a fin de posibilitar su efectiva contradicción por las partes.

o Asimismo, cuando los atestados contienen ddas. pericias técnicas realizadas por los

agentes policiales (test alcoholimétrico) que no pueden ser reproducidas en el acto del juicio oral, pueden constituir prueba pericial preconstituida, siempre y cuando el atestado se incorpore al proceso y sea ratificado.

T16. LA FASE INSTRUCTORA: (III) LAS DILIGENCIAS INFORMATIVAS DEL MF I. LAS DILIGENCIAS INFORMATIVAS DEL MF

Son actos de investigación que debe realizar el MF ante la sospecha de la comisión de un delito público, para determinar el hecho punible y la responsabilidad de su autor. Una vez finalizadas, en el plazo < 6 meses, debe archivarlos o bien presentarlos ante el Juzgado de Guardia mediante la denuncia o querella correspondiente. 1. INICIACIÓN

1. De oficio (= delito público) 2. A instancia de parte:

- Mediante denuncia de cualquier ciudadano (si son delitos semipúblicos, del ofendido) - Mediante presentación de atestado por la policía judicial.

No cabe iniciar estas diligencias cuando se trata de delito privado. Los acusadores particulares no gozan de participación alguna en esta investigación preliminar del MF. Si el MF decide archivar las diligencias, habrá de notificárselo al denunciante y al ofendido o perjudicado, a quien deberá ilustrar sobre su dº a interponer la denuncia ante el Juez de Instrucción. 2. CONTENIDO


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El MF puede practicar todos los actos instructorios que no entrañen limitación de los DDFF, ni la adopción de medidas cautelares. Por tanto, está legitimado para:

1. Interrogar al imputado y a los testigos. 2. Practicar careos, pudiendo ejercitar la citación coercitiva o para ser oído que, si fuere incumplida, podrá

convertirse en orden de detención. 3. Impartir órdenes a la policía judicial y a 3os. 4. Delegar funciones específicas o requerir informes de la policía judicial y de cualquier organismo público. 5. Recabar informes, intervenir (por razones de urgencia) el cuerpo del delito.

Cuando actúa como instructor ha de asumir el papel de Autoridad imparcial:

- Instruir con objetividad e imparcialidad. - Informar al imputado de sus DD y del hecho punible. - Consignar en las Diligencias Informativas todas las circunstancias, tanto desfavorables como favorables al

imputado. 3. LA DEFENSA

Las Diligencias informativas han de ser respetuosas con el dº de defensa. En el interrogatorio, el imputado “habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas”.

► Si el sospechoso compareciera sin abogado, el MF deberá informarle sobre su dº a designarlo. ► El Abogado podrá tomar conocimiento de todas las actuaciones practicadas. ► El MF no puede decretar el secreto de estas Diligencias.

4. PLAZO

Proporcionado a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda superar los 6 meses, salvo que el Fiscal Gral. del Eº acuerde su prórroga motivadamente. Si se tratara de la investigación de uno de los delitos competencia de la Fiscalía especializada contra la corrupción y la criminalidad organizada, podrá durar hasta 12 meses, susceptible de 1 única prorroga por el Fiscal Gral. 5. RESOLUCIÓN Han de finalizar 1mediante una resolución de archivo o 2mediante la presentación de la denuncia o querella ante el Juzgado competente. A) El archivo Los motivos son distintos según el procedimiento se haya incoado de oficio o a instancia de parte.

- Investigación de oficio Sometido a estrictos motivos de legalidad. El archivo es procedente si: • Falta la tipicidad. • Aún teniéndola, concurre una causa de exención o de extinción de la responsabilidad penal.

- A instancia de parte Puede archivarse por motivos de legalidad (los vistos anteriormente), pero también por motivos de oportunidad (=cuando no encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna –no exista autor conocido, no sea posible su determinación, no se pueda probar la existencia del hecho, etc.).

B) El ejercicio de la acción penal Si no concurrieran los presupuestos del archivo, habrá de deducir denuncia o querella ante el Juez competente. En los delitos contra la libertad sexual y en los delitos contra la HP y la Seg. Social, ha de presentarse siempre escrito de querella. En los demás, indistintamente denuncia o querella.


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6. VALOR PROCESAL DE LAS DILIGENCIA INFORMATIVAS Como en su seno se practican varios actos de investigación, hay que determinar si éstos gozan o no de valor “probatorio” suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. Aunque el art. 5.2 EOMF dice que “todas las diligencias que el MF practiquen o que se lleven a cabo baja su dirección gozarán de presunción de autenticidad”, no puede sostenerse esta tesis con pretensiones de absoluta generalidad, ya que el MF es una parte acusadora en el proceso y la ppal. nota subjetiva que han de cumplir los actos de prueba es su intervención por una autoridad imparcial e independiente. Por tanto, no puede sostenerse que el art. 5.3 EOMF convierta a las declaraciones del imputado y de los testigos en actos de prueba instructora, aunque el MF, bajo ddas. condiciones, puede crear actos de prueba preconstituida que sí podrán fundar una futura sentencia de condena. II. LAS DILIGENCIAS JUDICIALES DE PREVENCIÓN

Son las que pueden practicar los “Jueces de prevención” (= Jueces incompetentes que vienen obligados a practicar las primeras diligencias o más urgentes). Ámbito de aplicación: supuestos de incompetencia objetiva o territorial de los Jueces de Instrucción o de Paz. Puede suceder:

► Que un Juez de Instrucción resulte incompetente para instruir un sumario 1porque tenga que iniciar unas diligencias penales contra aforados o 2porque no sea territorialmente competente cuando el delito no se hubiera cometido en su demarcación.

► O que un Juez de Paz se vea obligado a instruir un procedimiento penal por causa de delito o falta de la que carezca de competencia objetiva.

…El art. 307 les autoriza a incoar las “primeras diligencias”. Recordemos que no existe obligación alguna por parte del particular de transmitir la “notitia criminis” al Juez de Instrucción competente, sino la de presentar la denuncia ante el Juez más próximo al lugar de la comisión del delito. Esta ausencia de obligación subsiste incluso en el caso de la querella (si no se presenta ante Juez competente, y es un delito público, la querella adquiere el valor de denuncia y el Juez incompetente debe practicar las primeras diligencias). Diligencias de prevención que pueden hacer:

- Asegurar las fuentes de prueba. - Dictar una orden de protección a la víctima o detener al autor del delito, pudiendo disponer la elevación

de la detención a prisión provisional. Diligencias de prevención que nunca pueden hacer:

- Dictar el Auto de ratificación de la prisión. - Dictar el Auto de procesamiento - Prestar declaración indagatoria

Han de efectuarlas en el plazo máximo de 3 días. III. ACTOS INSTRUCTORIOS PRACTICADOS FUERA DE DEMARCACIÓN JUDICIAL Determinados actos de la instrucción tienen que realizarse fuera de la demarcación judicial. La regla gral. es que el Juez de Instrucción acuda al auxilio judicial, excepto cuando ddos. actos se encuentren próximos a su demarcación judicial, que podrá realizarlos cumpliendo ddas. condiciones procesales, mediante prórroga de jurisdicción.


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1. AUXILIO JUDICIAL ORDINARIO Las relaciones entre el Juez de Instrucción con autoridades distintas a las judiciales se realiza mediante “mandato” (si son funcionarios no pertenecientes al orden jurisdiccional) o “exposición” (respecto a Ministros o Ptes. del Congreso y Senado). Las relaciones entre órganos jurisdiccionales, inferiores o superiores, es mediante auxilio judicial. Hay 3 medios de comunicación judicial:

1) Suplicatorio (con Tribunales superiores). 2) Mandamiento (con Tribunales inferiores) 3) Exhorto (con órganos del mismo grado). Es el modo más común. Se efectúa directamente desde el

Juzgado de Instrucción exhortante al órgano jurisdiccional exhortado.

2. EL AUXILIO JUDICIAL EUROPEO: LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS La Ley 18/2006 permite:

► A las autoridades judiciales españolas, instar de los órganos jurisdiccionales de los países de la UE, la adopción de resoluciones de embargo o de aseguramiento de pruebas El Juez de Instrucción se comunicará directamente con su homólogo europeo y le trasmitirá la certificación del Auto judicial, traducida al idioma de la autoridad europea destinataria, quien procederá a su ejecución con arreglo al OJ de su Eº.

► Ejecutar dichas resoluciones europeas dentro de nuestra jurisdicción Salvo que se trate de la comisión de delitos graves del art. 10 CP, el Juez español competente procederá a examinar si la conducta se encuentra tipificada en nuestro CP; si la petición se hubiera traducido al español, procederá a su ejecución conforme con lo dispuesto en nuestro ordenamiento procesal.

3. LA PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN En la instrucción penal existen actuaciones que por su naturaleza no pueden realizarse en la sede del Juzgado (inspección ocular, recogida del cuerpo del delito, entrada y registro), o en la que hay que personarse para recabar la finalización de las diligencias de prevención a fin de asumir la instrucción del sumario: Art. 268.2 LOPJ: “Los Juzgados y Tribunales podrán constituirse en cualquier lugar del territorio de su jurisdicción para la práctica de diligencias cuando fuere necesario o conveniente para la buena admón. de justicia”. Si el lugar se encontrara fuera de la sede del juzgado, el art. 322 obliga a realizar un exhorto, excepto cuando el lugar a inspeccionar o en el que deba practicarse la diligencia se encontrara próximo a su demarcación y “resultare conveniente” (= útil a los fines de la instrucción). 323 LECr.

T17. LA FASE INSTRUCTORA (IV)

I. LA INICIACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN El art. 308 LECr contempla 2 supuestos de incoación diferenciados. 1. INICIACIÓN POR JUEZ INCOMPETENTE La efectuada por los Jueces de Paz y los de Instrucción objetiva o territorialmente incompetentes. Sin perjuicio de las diligencias de prevención, el Secretario judicial habrá de poner en conocimiento del Fiscal de la Audiencia (para que pueda instar las pertinentes diligencias de prevención) y del Juez de Instrucción competente (para posibilitar la personación del Juez en ordena a asumir la instrucción directa) la incoación de tales diligencias.


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2. INCOACIÓN POR JUEZ COMPETENTE Puede ser 1a instancia de parte o 2de oficio. A) El Auto de incoación del sumario y las “Diligencias Indeterminadas” Si la denuncia o querella fuere típica y de un delito con pena privativa de libertad > 9 años, el Juez competente habrá de dictar el “Auto de incoación del sumario” y ponerlo en conocimiento del MF y del Pte. de la Audiencia. Aunque en la práctica, nuestros Jueces de Instrucción suelen iniciar las “Diligencias Previas”, de tal suerte que el sumario ordinario se incoa una vez concluidas éstas, por conversión, mediante el “Auto de Transformación del PPA”. Constituye una vulneración del ppio. de legalidad procesal la realización de esas “Diligencias Indeterminadas” o “Previas de las Previas”. B) Las “piezas del sumario” Son boques homogéneos de documentos relativos a todas y cada unas de las funciones del sumario. Está compuesto el sumario por 4 piezas:

1. Pieza ppal. La más importante. Reúne todas las actas o documentos en los que se plasman los distintos actos de investigación y de prueba practicados.

2. Pieza de situación personal Documentos relativos a las medidas cautelares penales. 3. Pieza de responsabilidad civil Contiene lo relativo a las medidas aseguratorias de la pretensión civil

acumulada al proceso penal. 4. Pieza de 3os Reúne los documentos relativos a la intervención de los 3os civilmente responsables.

II. EL SECRETO INSTRUCTORIO

1. CONCEPTO Y FUNCIONES DEL SECRETO INSTRUCTORIO La Ley 53/1978 estableció como regla gral. la publicidad del sumario para el imputado (publicidad relativa), excepto cuando se trate de garantizar el éxito de la investigación sumarial y evitar las comunicaciones que puedan provocar la fuga de los partícipes en el hecho punible y/o destrucción o manipulación de las fuentes de prueba (= secreto instructorio). 2. EL SECRETO INSTRUCTORIO Y LOS DDFF DE EMISIÓN DEL PENSAMIENTO Y DE DEFENSA La aparición de conflictos entre los DDFF activos de la emisión del pensamiento (libertad de información) y los DD pasivos de la personalidad (DD materiales al honor y a la intimidad y procesales de presunción de inocencia y de defensa) constituye un grave ataque a la imparcialidad de los Tribunales. La prensa tiene el deber de informar siempre que base sus noticias en fuentes fidedignas de información. Si no se transgreden ciertos límites (rumores, morbo, etc.) el TC ampara los reportajes judiciales “neutrales”. 3. EL SECRETO ABSOLUTO Art. 301 LECr: “Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”. Se prohíbe la filtración de datos de la instrucción a la sociedad o 3os. Para asegurar esa obligación de secreto, se prevén 2 tipos de responsabilidades:

- Disciplinaria, para Abogados y Procuradores (multa de 250 a 2.500 ptas.). - Penal, para funcionarios públicos.


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Aunque el art. 466.1 CP tipifica la conducta del “Abogado o Procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas…”. Por tanto, si la Autoridad judicial no ha dispuesto el secreto del sumario, lo procedente ha de ser la corrección disciplinaria; si quien revelare el secreto sumarial fuera funcionario, incurrirá en la responsabilidad penal del art. 466.2 CP. No toda actuación procesal está tutelada por el secreto sumarial. Sólo son diligencias sumariales las que transcurren entre el Auto de incoación y el Auto de conclusión del sumario o de las Diligencias Previas. También las “diligencias de prevención”. Si la información se obtiene con anterioridad a tales diligencias, no puede extenderse a ella el secreto instructorio. Por “diligencias del sumario” tan sólo cabe entender las informaciones contenidas en los actos de investigación, razón por la cual ninguna violación del secreto instructorio se realiza ante filtraciones distintas a las de la pieza ppal. 4. EL SECRETO RELATIVO La regla del secreto relativo (= art. 302 LECr: “Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones”), se reitera en el art. 789.4 LECr (“los que se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado”) y no es totalmente correcto, ya que por los arts. 302 y 118, se les debe dar traslado de todas las acciones practicadas con anterioridad a su personación (salvo declaración de secreto instructorio), así como notificarles las sucesivas (= publicidad del sumario para todas las partes interesadas, aun cuando no estuvieran personadas. STS de 11 de noviembre de 1997, en aplicación del los arts. 232 y 234 LOPJ y del art. 7 de la Directiva 2012/13 del Parlamento Europeo y del Consejo). Todas las partes formales han de tener acceso a toda la información de la fase instructora, incluido el atestado policial, las atípicas diligencias indeterminadas y las informativas que haya podido practicar el MF. “Partes personadas” = Partes privadas (acusadoras o imputado). Nunca el MF, que tiene garantizada siempre la publicidad de las actuaciones (art. 4.1 EOMF). El dº de información comprende tanto el pasivo (lectura de las diligencias) como el activo (tomar notas o instar del Secretario los oportunos testimonios de particulares). Dicha información ha de estar dirigida a fundamentar sus respectivas pretensiones y defensas y no a comunicarlas a 3os.

5. LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD RELATIVA: EL SECRETO INSTRUCTORIO. REQUISITOS El dº a un proceso público del art. 24.2 CE es tan solo predicable del juicio oral, sin que exista un dº del imputado a la publicidad relativa de la fase instructora. El art. 302 permite declarar el secreto instructorio cuando el delito sea público. Si fuere semipúblico, el Juez también puede decretar el secreto instructorio 1para garantizar el éxito de la instrucción o 2proteger a la víctima de eventuales coacciones. La declaración judicial de secreto se sujeta al cumplimiento de ddos. requisitos:

A) Formales La resolución ha de revestir la forma de Auto, y estar motivado. Al incidir esta medida en el DF de defensa, es de aplicación el ppio. de proporcionalidad, cuya 1ª exigencia es la necesidad de motivación de la resolución.

B) Subjetivos Puede adoptarse: A instancia de cualquiera de las partes De oficio

Si se adopta, ha de extender sus efectos “a todas las partes personadas”; se trata de un contrasentido ya que, p.ej., el imputado se ha hecho merecedor del secreto instructorio, y esos efectos del secreto se extienden ahora a los demás acusadores particulares que no han ocasionado esa resolución…

C) Materiales El objeto del secreto instructorio se circunscribe a los actos de investigación. La declaración del secreto puede ser 1total o 2parcial. Se le ha de comunicar al preso la integridad del Auto cuando se


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alce el secreto, para que pueda interponer el recurso de apelación. La declaración de secreto no debe extenderse:

A los actos de aseguramiento de pruebas (apertura de la correspondencia, inspección ocular, etc.).

A los actos de prueba sumarial anticipada. A la relación del detenido o preso mientras estuviere en comunicación.

D) Temporales El art. 302 no autoriza el mantenimiento del secreto instructorio más de 1 mes. Debe alzarse 10 días antes de la conclusión del sumario. No se autoriza su prórroga, aunque las “escuchas telefónicas” tienen un plazo superior (3 meses, prorrogables) incomprensiblemente.

6. LA VULNERACIÓN DEL Dº DE DEFENSA POR LA EXTENSIÓN INDEBIDA DEL SECRETO INSTRUCTORIO

La rigidez del plazo provoca infracciones de lo dispuesto en el art. 302.2. La jurisprudencia del TS, partiendo de que el dº de defensa a la publicidad relativa no es subsumible en el DF a “un proceso público” del art. 24.2 CE, ha afirmado que esta práctica ni supone un “retraso malicioso en la Admón. de Justicia”, ni puede provocar la nulidad de las actuaciones sumariales. Pero si se ha pronunciado sentencia de condena, lo procedente será declarar como prueba de valoración prohibida por infracción del dº de defensa, las diligencias sumariales practicadas con infracción del art. 302 en relación con el art. 118 LECr, debiendo la AP o el TS examinar si la sentencia de condena se fundó o no exclusivamente en tales pruebas prohibidas para absolver o confirmar la sentencia en instancia.

T18. ACTOS DE IMPUTACIÓN I. LA IMPUTACIÓN 1. LA IMPUTACIÓN EN EL PROCESO PENAL A) Concepto y funciones Es la atribución a una persona física de la comisión de un delito punible, efectuada en un acto de iniciación de la instrucción o a lo largo de la fase instructora. No es necesario que el imputado esté identificado; basta que esté determinado, ya que una de las actividades de la instrucción consistirá en determinar e identificar al imputado. Tan sólo es necesario que existan indicios racionales de criminalidad contra persona dda. Funciones:

1) Determina el elemento subjetivo de la instrucción (averiguación de la responsabilidad penal del imputado).

2) La imputación ha de ser puesta en su conocimiento en una lengua que comprenda (surgimiento del dº de defensa).

3) La determinación del imputado es un presupuesto de la acusación: no se puede dirigir la acusación contra persona que no haya sido, con anterioridad, declarada imputada y haya, al menos, prestado declaración ante el Juez.

B) Clases

1) Imputación del personal colaborador de la Jurisdicción La que debe efectuar la policía y el MF cuando el imputado se encuentre detenido. Se efectúa:

A través de la detención policial Mediante la citación de comparecencia efectuada por el MF Otra figura es la del “sospechoso” policial, que es suficiente para recoger muestras externas de

su material genético.


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Los arts. 520 y concordantes establecen las garantías que han de observarse en la declaración del imputado en Comisaría o en las dependencias del MF.

2) Imputación de parte La que realiza 1un denunciante o acusador particular mediante denuncia o querella, o 2un 3º (testigo o coacusado). Hace surgir el dº a la defensa. Dicha imputación puede convertirse en acto de prueba si el denunciante o el acusador particular prestaran declaración como testigos en el juicio oral. Si en una declaración el testigo se autoinculpara, el Juez deberá suspender el interrogatorio. Si la imputación la efectuara un coimputado contra otro, puede estar viciada por la expectativa de obtención de ventajas procesales o materiales; de ahí que por sí sola no pueda fundar una condena.

3) Judicial La que efectúa el Juez de Instrucción al dirigir la instrucción contra una persona dda. Puede ser:

1. Provisional. Ante una imputación de parte o del personar colaborador, el Juez, en una resolución provisional, convierte al sujeto pasivo en imputado judicial mediante:

- Los Autos de adopción de todas las medidas cautelares penales. - La ilustración verbal que el Juez ha de efectuar con anterioridad a la declaración para ser oído.

- La audiencia para la concreción de la imputación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

Son imputaciones provisionales; si triunfan las alegaciones de la defensa, el Juez de Instrucción puede eliminar sus efectos mediante un Auto de sobreseimiento o archivo.

2. Definitiva. Posibilita la apertura del juicio oral contra el imputado y que las partes puedan dirigir el escrito de acusación. Suele suceder al término de la instrucción y reviste distintas denominaciones según el procedimiento:

- Sumario ordinario = Auto de procesamiento. - Tribunal del Jurado = Auto de hechos justiciables o Auto de apertura del juicio oral. - Procedimiento abreviado = Auto de Transformación del PPA o Auto de conclusión de las Diligencias Previas y de apertura del juicio oral.

Todas estas resoluciones pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación ante la AP. C) Efectos

1. Interrupción de la prescripción de los delitos. 2. Nacimiento del dº de defensa.

2. IMPUTACIÓN Y PRESCRIPCIÓN: LA DETERMINACIÓN DEL IMPUTADO. La regla 3ª del art. 132.2 CP requiere para la válida interrupción de la prescripción la “determinación” del imputado, entendiendo por este concepto 1bien su “identificación directa”, 2bien que dicha determinación se produzca “mediante actos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de una organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho”. Por tanto, no se interrumpirá la prescripción con respecto al imputado no identificado y que no haya cometido el delito a través de una “organización o grupo de personas”, aunque haya sido determinado en una instrucción en curso. 3. IMPUTACIÓN Y Dº DE DEFENSA

A) Imputación y nacimiento del dº de defensa SepR_08 Imputación y dº de defensa: imputación y nacimiento del dº de defensa

Con la imputación se le comunican al imputado los cargos sobre él existentes a fin de que pueda contestarla con eficacia; de ahí que el art. 118.1 LECr asocie a la imputación el surgimiento del dº de defensa y obligue al Juez a poner en conocimiento del inculpado el acto de imputación. a) Imputación judicial, de parte y de 3os


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La actuación del defensor queda condicionada al momento en que se le comunique la existencia del procedimiento penal. Permite al Juez un margen de discrecionalidad en la comunicación de la imputación, pudiéndose distinguir 1la imputación judicial de 2la de la parte acusadora e incluso 3la de 3os. Esta distinción no puede sostenerse desde un punto de vista constitucional (es doctrina reiterada del TC que el Juez no puede dilatar el traslado de la imputación), ni desde la legalidad ordinaria (el propio art. 118.2 establece la obligación del Juez de poner en conocimiento del inculpado la denuncia o querella contra él formulada, es decir, a tenerlo por imputado y a permitirle el ejercicio de su dº de defensa). Distinto es cuando un testigo o un imputado atribuyen a un 3º la participación en el hecho punible. Ahí el Juez tiene un margen de ponderación para comprobar la verosimilitud de esa autoría e inculpar o no al imputado. La imputación de un 3º requiere la imputación judicial. b) Forma de imputación Son 3 las formas a través de las cuales puede alcanzarse el “status” de imputado en el proceso penal:

- Por figurar como indiciado en cualquier medio de incoación del proceso penal (denuncia, querella o iniciación de oficio).

- Por ser sujeto pasivo de una detención o de cualquier otra medida cautelar “penal” (prisión, libertad provisional, requisitoria de búsqueda y captura) o civil, siempre y cuando coincida imputado=responsable civil.

- Por aparecer como determinado en un Auto de procesamiento o de Transformación del PPA. - *Por la citación cautelar o para ser oído de los arts. 486‐488 que la jurisprudencia del TC ha tenido que

incluir en el procedimiento abreviado.

B) El conocimiento de la imputación Sep_13 y Sep_12 El conocimiento de la imputación Art. 118. El Juez debe notificar inmediatamente al querellado “la admisión de la denuncia, querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra la persona o personas ddas.” Como regla gral., el Juez está obligado a transmitir a su sujeto pasivo todo acto de imputación. Cabe distinguir tantas notificaciones como actos de imputación:

1. Actos de imputación de parte acusadora El Juez debe trasladar al denunciado o querellado copia del Auto de incoación y de la denuncia o querella, salvo que éste determine el secreto de las actuaciones.

2. Actos de imputación judicial El Juez debe trasmitir su juicio de imputación de manera: - Escrita:

Específicas (Auto de procesamiento, de hechos justiciables, de Transformación del PPA) Implícitas (Autos de adopción de medidas cautelares).

- Verbal. El Juez debe ilustrar verbalmente al imputado el hecho punible cuya comisión se le atribuye, al inicio de su 1er interrogatorio judicial. En los supuestos de autoinculpaciones, el Juez debe ilustrar de la imputación y de los DD de defensa (silencio, no declarar contra sí mismo, etc.).

a) Contenido

► Si la imputación es a instancia de parte Traslado de la denuncia o querella. ► Si la imputación es judicial:

o Escrita: - Si es un Auto de procesamiento, hay que reflejar los “indicios racionales de criminalidad”. - Si es un Auto de prisión, los “motivos bastantes de responsabilidad criminal”.

o Verbal: El Juez debe ilustrar al imputado 1del hecho punible en su dimensión natural o histórica y 2su tipicidad o subsunción de ese hecho en la correspondiente norma del CP.

b) Tiempo


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No se establece plazo alguno para la puesta en conocimiento de la imputación, aunque deberá hacerse inmediatamente que surja contra persona dda. (= cuando una persona sea diferenciada de la comunidad social como autor de un hecho punible, aunque todavía no haya podido ser identificada). II. LOS ACTOS JUDICIALES DE IMPUTACIÓN

SepR_13 Los actos judiciales de imputación: la citación para ser oído y el auto de procesamiento Ene_12 Los actos judiciales de imputación: el auto de procesamiento y el auto de transformación del procedimiento penal abreviado Varían según la clase del procedimiento:

- Procedimiento común = Auto de procesamiento. - Procedimiento abreviado = Citación para ser oído. - Procedimiento ante el Jurado = Audiencia para la concreción de la imputación y el Auto de apertura del

juicio oral. 1. LA CITACIÓN PARA SER OÍDO El Juez de Instrucción ordena la comparecencia inmediata del imputado a fin de ponerle en su conocimiento la imputación sobre él existente y para que preste declaración, en orden a que pueda ejercitar su dº de defensa antes de la resolución definitiva de imputación. Es un presupuesto del Auto de procesamiento. Notas esenciales:

1) Tiene carácter coercitivo. “Si el citado no compareciere ni justificare causa legítima que se lo impida, la orden de comparecencia podrá convertirse en orden de detención” (art. 487 LECr).

2) Contiene un acto judicial de imputación, aunque provisional, en la medida en que tras la declaración el Juez podrá elevarla a definitiva o dictar un Auto de sobreseimiento.

3) Su finalidad es posibilitar el interrogatorio judicial del imputado. Tiene una doble naturaleza el interrogatorio:

- Un acto de investigación del Juez para determinar el hecho y su participación en él del imputado. - Constituye un acto de defensa porque es la 1ª posibilidad que tiene el imputado de exculparse de

los hechos y poder convencer al Juez sobre su ausencia de responsabilidad penal. 4) Es obligatoria en el PPA, en el que el Juez de Instrucción no puede clausurar unas Diligencias Previas sin,

al menos, prestarle declaración al imputado. 2. EL AUTO DE PROCESAMIENTO Ene_11 El auto de procesamiento como acto judicial de imputación Constituye una resolución motivada y provisional del Juez de Instrucción por la que:

► Se declara a una persona dda. como formalmente imputada, al tiempo que se le comunica la existencia de esa imputación.

► Surge la obligación del Juez de proveerle de Abogado defensor, si no lo hubiera designado ya. ► Se erige en un presupuesto de ddas. medidas cautelares y provisionales. ► Ocasiona una correlación subjetiva con los escritos de acusación.

A) El procesamiento es una resolución “motivada” que exige la forma de Auto, donde debe aparecer:

La presencia de unos hechos o datos básicos; Que sirvan racionalmente de indicios de una dda. conducta y Resulte calificada como criminal o delictiva.

B) Es una resolución provisional que ha de surgir cuando surja “algún indicio racional de criminalidad contra persona dda.” y que el Juez de Instrucción puede levantar cuando desaparezca su presupuesto material.


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C) Determina la legitimación pasiva y se convierte en requisito previo de la acusación (en el sumario ordinario “nadie debe ser acusado sin haber sido previamente declarado procesado”).

D) El órgano jurisdiccional competente para dictar el procesamiento es el Juez de instrucción ordinario, con la sola excepción de los Tribunales encargados de pronunciar el procesamiento contra las personas aforadas.

E) El procesamiento encierra una resolución formal de imputación, independientemente de que el sujeto pasivo ya la hubiere adquirido anteriormente (mediante denuncia, querella o detención). Al asumir la imputación un órgano jurisdiccional, se produce 2 efectos:

1. Se constituye en causa de abstención o de recusación. 2. Posibilita el ejercicio del dº de defensa en sus 2 manifestaciones:

- Privada. La notificación al procesado de dicha imputación le permitirá exculparse de ella la declaración indagatoria.

- Técnica. La obligación judicial de proveer al procesado Abogado de oficio, si no tuviera uno ya de confianza.

F) La resolución jurisdiccional de imputación ha de dirigirse contra persona dda. aun cuando se desconozca su identidad personal. G) Presupuesto material del procesamiento es la existencia de “algún indicio racional de criminalidad” (= La fundada sospecha de participación no obstaculizada por la ausencia de alguno de los presupuestos procesales que impiden el procesamiento o por la concurrencia de alguna de las causas de extinción y de exención de la responsabilidad penal).

3. EL AUTO DE TRANSFORMACIÓN DEL PPA Ha de contener “la determinación de los hecho punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan” y “no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el art. 775”. El Juez de Instrucción debe determinar el hecho punible y su presunto autor, generando una correlación subjetiva entre el imputado y el acusado. Se permite la impugnación devolutiva mediante el recurso de apelación.

T19. EL CONTENIDO DE LA INSTRUCCIÓN: LOS ACTOS DE PRUEBA DENTRO DE LA INSTRUCCIÓN I. LOS ACTOS DE PRUEBA No deben confundirse con los actos de investigación sumarial, que por sí solos no se convierten en actos de prueba; sólo sirven para facilitar a las partes la fundamentación fáctica de sus respectivos escritos de calificación o acusación. Ahora bien, por actos de prueba no cabe entender sólo los que se ejecutan ante la inmediación del Tribunal y bajo los ppios. de contradicción y publicidad, sino también los actos de prueba sumarial anticipada y preconstituida, de gran relevancia práctica. II. EL ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA: PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA Y PRECONSTITUIDA. REQUISITOS. Feb_13 El aseguramiento de la prueba: prueba instructora anticipada y preconstituida. Requisitos Feb_11 La prueba instructora anticipada y preconstituida y sus requisitos Sep_12 y Sep_10 Los requisitos de la prueba instructora anticipada y preconstituida. Relacionarlo con el principio acusatorio La regla gral. es que el Tribunal sólo puede fundamentar su Sentencia en la prueba practicada bajo su inmediación, en el juicio oral.


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Pero a veces resulta imposible practicar la prueba sobre algunos hechos, en el juicio. Por ello, es necesario que el Juez de Instrucción o la policía judicial (actuando “a prevención” del Juez), aseguren la prueba:

► Practicándola directamente bajo la inmediación del Juez y con observancia de una serie de garantías. ► Asegurando las fuentes de prueba para poder trasladarlas en su día al órgano jurisdiccional de

enjuiciamiento. El aseguramiento de la prueba es una actividad del Juez de Instrucción que comprende 2 cometidos:

1) La práctica del acto de prueba (= prueba instructora anticipada). 2) La guarda o custodia de las fuentes de prueba (= actos de prueba preconstituida).

Su común denominador es la “irrepetibilidad del hecho”, pero se diferencian:

1. Por el medio de prueba utilizado a. En la prueba anticipada, testifical y pericial. b. En la prueba preconstituida, documental pública.

2. Por la Autoridad que la interviene: a. Prueba anticipada Juez de Instrucción, siempre. b. Prueba preconstituida Juez, MF o la policía judicial.

Tales actos se manifiestan aptos para desvirtuar la presunción de inocencia, permitiendo al Tribunal decisor extender a ellos su conocimiento para fundamentar una sentencia de condena. Para que se conviertan en actos de prueba, es preciso que cumplan un conjunto de requisitos y garantías. 1. MATERIAL: LA IRREPETIBILIDAD DEL HECHO Su característica común es la irrepetibilidad. Actos que, por la fugacidad del objeto sobre el que recaen, no han poder ser reproducidos el día de la celebración del juicio oral. 2. SUBJETIVOS: LA INDEPENDENCIA Y CONTRADICCIÓN Y SU POSIBLE EXCEPCIÓN EN LA PRUEBA

PRECONSTITUIDA Los actos de prueba instructora anticipada requieren 1la intervención del Juez de Instrucción y 2la posibilidad de contradicción. Excepcionalmente y por razones de urgencia, la policía judicial puede generar actos de prueba preconstituida (ej.: prueba alcoholimétrica). La prueba exige la contradicción e igualdad de armas. El Juez debe cumplir con el deber de ilustración de sus DD al imputado y de proveerle de Abogado, para que pueda comparecer a la ejecución del acto y pueda ejercitar con plenitud su dº de defensa. El incumplimiento de este último requisito convierte al acto de prueba en mero acto investigatorio. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial no exige que la contradicción se produzca, sino que se posibilite. A veces no es posible garantizar plenamente el ppio. de contradicción porque se frustraría el éxito de la diligencia (p.ej.: recogida del cuerpo del delito, autopsias, inspección ocular, fotografías, recogidas de huellas y demás actas de constancia de la policía), aunque son susceptibles de alcanzar valor probatorio en calidad de prueba instructora preconstituida si concurren en su objeto extraordinarias circunstancias de urgencia que impidan su inmediata intervención por el Juez. Tanto la prueba anticipada como la preconstituida exigen la intervención del Juez de Instrucción. Por razones de urgencia y para evitar la desaparición o destrucción de las fuentes de prueba, el MF y la policía judicial pueden general actos de prueba preconstituida si esos actos no suponen la limitación del ejercicio de DDFF. 3. FORMAL: LA LECTURA DE DOCUMENTOS


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La prueba sumarial anticipada y la preconstituida han de ser introducidas en el juicio oral a través del trámite de lectura de documentos. Su finalidad es posibilitar la contradicción por las propias partes e impedir que pueda introducirse, en calidad de prueba, todos los actos de investigación realizados en la fase instructora. Para impedir que la “ciencia privada” del Tribunal traspase el umbral del juicio oral, el art. 34.b LOTJ exige: 1) Que los actos de prueba anticipada y preconstituida se plasmen en especiales testimonios que han de

incorporarse al Auto de apertura del juicio oral (sólo estos “testimonios” y no el conjunto de diligencias sumariales han de ser trasladados al Tribunal del Jurado).

2) Que “las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción, salvo las resultantes de prueba anticipada (y preconstituida), no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados”.

T20. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA POLICÍA JUDICIAL

I. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA Es una prueba documental que puede practicar el Juez de Instrucción y su personal colaborador (policía judicial y MF) sobre hechos irrepetibles que no pueden trasladarse al momento de realización del juicio oral (= carácter aseguratorio de los indicios y fuentes de prueba). Se introducen en el juicio oral mediante la lectura de documentos. Corresponde al Juez de Instrucción disponer de tales medios de prueba, aunque la policía judicial, el MF y los Jueces objetiva o territorialmente incompetentes pueden también (“a prevención”) efectuar su práctica. Eso sí, necesitarán acreditar razones de urgencia. La prueba preconstituida puede sistematizarse del siguiente modo:

A. Prueba preconstituida de las Diligencias policiales de prevención: a. Los métodos alcoholimétricos. b. Grabaciones de vídeo‐vigilancia c. Análisis sobre estupefacientes. d. Las inspecciones corporales

B. Prueba preconstituida de la policía judicial con control judicial: a. Circulación y entrega vigilada de drogas b. Escuchas telefónicas. c. Intervenciones de los datos electrónicos de tráfico. d. Gestión de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

C. Prueba preconstituida del Juez de Instrucción: a. La recogida y conservación del cuerpo del delito. b. El reconocimiento judicial. c. Las inspecciones e intervenciones corporales. d. La entrada y registro. e. La intervención de las comunicaciones.

II. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN

Se realizan por razones de urgencia. Son suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Son prueba preconstituida:

1) La recogida urgente del cuerpo del delito. 2) Los métodos alcoholimétricos 3) Las grabaciones de vídeo‐vigilancia. 4) Análisis sobre estupefacientes. 5) Inspecciones corporales. 6) Supuestos de entrada y registro policiales por causa de flagrante delito.


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1. LOS MÉTODOS ALCOHOLIMÉTRICOS

A) Concepto y regulación

Es un acto de prueba preconstituida de carácter pericial a través de una medición en el aliento (= control de aire espirado) o mediante una intervención corporal del imputado (= análisis sanguíneo, de orina y análogos), permitiendo determinar el grado de alcohol ingerido. La policía de tráfico está autorizada a realizar controles de alcoholemia a los conductores. El sometimiento del conductor a las pruebas de aire espirado es una obligación; su negativa puede ser sancionada como infracción adtiva. (= falta grave), y justifica la retención del vehículo, pudiendo constituir delito de desobediencia.

B) Su incidencia en la CE Puede afectar a los siguientes DDFF:

- Dº a la libertad - Dº a la integridad física. - Dº a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. - Dº a la presunción de inocencia.

El TC sólo ha admitido la posibilidad de vulneración de la presunción de inocencia.

C) Métodos alcoholimétricos y “prueba prohibida” Para que se consideren prueba preconstituida, es preciso que se garantice la posibilidad de contradicción. Los funcionarios de policía han de ser escrupulosos con el deber de información al imputado de las consecuencias que le puede acarrear el sometimiento a tales pruebas y de su dº a someterse a un análisis clínico de extracción de sangre. Si tales informaciones se omitieran, la prueba será “prohibida” y no podrá fundamentar una sentencia condenatoria. 2. LAS GRABACIONES DE VÍDEO‐VIGILANCIA Su utilización ha de ser respetuosa con el ppio. de proporcionalidad, con el dº a la intimidad y con lo dispuesto en la LO 1/1982 de protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Si en las grabaciones se descubriera la comisión de un delito, se incorporará el soporte magnético/digital al atestado y se remitirá al Juez de Guardia en el plazo de 72h desde la grabación. El TS ha otorgado naturaleza de prueba preconstituida a las cintas de vídeo, DVD o soportes electrónicos grabados de oficio por la propia policía o incluso por establecimientos privados, siempre y cuando la grabación se efectúe en las vías o espacios públicos. 3. ANÁLISIS SOBRE ESTUPEFACIENTES La policía judicial está legitimada por razones de urgencia a intervenir la droga con carácter de prueba preconstituida. Los análisis sobre estupefacientes debe ordenarlos el Juez de Instrucción, quien remitirá tales sustancias al Instituto de Toxicología. Regla 6ª del art. 796.1: En el ámbito de los juicios rápidos, la policía judicial debe colaborar o incluso excepcionalmente practicar por sí misma los análisis que procedan respecto a las sustancias intervenidas. No es necesario depositar en el Juzgado de Guardia las sustancias aprehendidas, sino que es suficiente que las mismas estén a disposición judicial. Tienen prioridad los análisis efectuados por los Organismos competentes con respecto a los que pueda efectuar la policía; ésta debe practicarlos de manera subsidiaria (= sólo en el supuesto de que no fuera previsible la remisión del análisis por los organismos oficiales dentro del efímero plazo de conclusión de las diligencias policiales de


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prevención), aunque el análisis realizado por la Policía Judicial tendrá, en ppio., el valor de acto de investigación y no de prueba preconstituida. 4. LAS INSPECCIONES CORPORALES Es el reconocimiento por un 3º del cuerpo humano. El TS admite que la policía judicial puede efectuar inspecciones corporales que no afecten al dº a la intimidad del imputado. No constituye una inspección corporal ni un acto que limite DF alguno, la recogida por la policía de material genético externo del imputado (heces, orina, pelos y uñas cortadas, saliva, colillas, esputos…). La única cobertura legal que proporcionan las inspecciones e intervenciones corporales de la policía judicial es el art. 326.III LECr, que requiere siempre una orden expresa del Juez de Instrucción a la policía a fin de que pueda proceder a recoger muestras de ADN, siempre y cuando dicha entrega no se produzca de forma voluntaria y requiera de compulsión. A) La recogida de ADN La policía judicial, junto con la Autoridad Judicial y el MF, es la única autorizada a recoger muestras del ADN externas al cuerpo humano. Los datos identificativos de los análisis biológicos serán inscritos en la base de datos policial y podrán ser utilizados por la policía judicial y cedidos a la autoridad judicial. No nos encontramos ante una prueba documental, sino ante un auténtico informe pericial que ha de ser sometido a contradicción, sin que el Tribunal pueda examinarla de oficio. B) Los exámenes radiológicos y mediante ecografía No entrañan una inspección corporal y no tienen por qué afectar en nada al dº a la intimidad, como así ha declarado el TS y la Fiscalía Gral. del Eº. C) La diligencia de “cacheo” Su objeto es proceder a un registro externo y recoger el cuerpo del delito. Es una inspección corporal que cumple con la exigencia del ppio. de proporcionalidad. Para que se ejecute lícitamente requiere que exista una imputación o fundada sospecha de la comisión de un delito de especial gravedad. Por tanto:

- No se justifican los cacheos indiscriminados en redadas masivas, ni por la comisión de infracciones adtivas., faltas o delitos que lleven aparejada una pena < 2 años de privación de libertad, si el imputado no tiene antecedentes.

- No se debe comprometer el dº a la intimidad del imputado. - Debe realizarse por persona del mismo sexo que el destinatario de la medida.

III. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA POLICÍA CON CONTROL POLICIAL

Los actos de prueba constituida, por incidir en el libre ejercicio de ddos. DDFF, exigen autorización previa y control judicial. Son:

1. La circulación y entrada vigilada de drogas. 2. La intervención de datos electrónicos de tráfico. 3. Las escuchas telefónicas e intervención del correo electrónico En la práctica forense, su ejecución la

efectúa la policía judicial. Hay que reputarlas incluidas en los actos de prueba del Juez de Instrucción (Tema 23).

Ambos son actos de investigación y no de prueba.


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T21. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (I) I. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN La prueba preconstituida de la policía se efectúa siempre por razones de urgencia o “a prevención” del Juez Vs. aquellos actos de prueba preconstituida en que no se aprecia esa urgencia y que inciden en el libre ejercicio de DDFF, que son competencia de los Jueces de Instrucción. II. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL 1. CONCEPTO También denominada “inspección ocular”. Es un acto de prueba preconstituida en el que, mediante la inmediación del Juez de Instrucción y la posibilidad de contradicción, se levanta un Acta de constancia que determine los elementos de una realidad física externa en la que se ha efectuado la comisión del delito y que resulte pertinente y útil para la prueba del hecho punible y de la responsabilidad del autor. Habrá de disponerlo el Juez cuando sea “irrepetible” Vs. en los juicios rápidos, en que el acto de prueba será el reconocimiento judicial efectuado en el juicio oral. 2. NOTAS ESENCIALES A) Naturaleza

El reconocimiento judicial efectuado por el Juez de Instrucción constituye un acto de prueba preconstituida, susceptible de ser introducida en el juicio oral a través de la lectura de documentos, y de ser valorada como prueba por el Tribunal sentenciador. Para ello deben cumplirse los requisitos:

- Subjetivos Intervención del Juez de Instrucción o, al menos, del Secretario. - Materiales Garantizar la posibilidad de contradicción (= citar al imputado para que comparezca y asista

al reconocimiento judicial para que su Abogado efectúe las observaciones que estime pertinentes).

B) Objeto

Se circunscribe al “lugar del delito” (= lugar de comisión del hecho y de sus actos preparatorios). El Juez ha de reconocer todos aquellos lugares en donde puedan existir “piezas de convicción” del delito que sirvan para la prueba del objeto procesal penal. No será procedente disponer su práctica:

- Si estuviera fuera de toda duda la responsabilidad del autor y el hecho objeto de esta diligencia. - Cuando el hecho ya esté acreditado a través de otros medios de prueba.

C) Finalidad Es doble:

1) Levantar un acta judicial de constancia en la que se describan todos los elementos del espacio físico observado pertinentes para la prueba del hecho punible.

2) Recoger y custodiar el cuerpo del delito (= recoger las “huellas, vestigios y pruebas materiales” que posibilitarán la práctica de los informes periciales pertinentes).

Si el Juez no encontrara huellas o vestigios, puede interrogar a los testigos presenciales, aunque dichas declaraciones no tendrán el valor de prueba preconstituida sino el de actos de investigación (= los testigos deberán prestar declaración en el juicio oral).


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D) Requisitos formales

1. La práctica de esta diligencia hay que notificarla previamente a la defensa y al MF. 2. Deberá acudir el Secretario, quien levantará acta. 3. El acta será suscrita por todos los sujetos procesales, así como por los testigos que intervinieran en la

misma. III. LA RECOGIDA Y CONSERVACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO 1. REGULACIÓN Y COMPETENCIA

También le corresponde a la policía judicial y a los Jueces que “actúen a prevención” “recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial” (art. 282 LECr). Por tanto, el personal colaborador de la jurisdicción puede disponer, siempre y cuando lo sea por razones de urgencia, la práctica de tales diligencias. 2. CONCEPTO, NATURALEZA Y CLASES

Concepto Actividad de recogida y custodia de los siguientes elementos:

- Objeto material del delito o instrumento mediante el cual se ha cometido la acción delictiva. - Las piezas de convicción o elementos que contribuyan a la prueba del hecho punible y la participación de

su autor. Naturaleza Mixta; de un lado es un acto de aseguramiento de las fuentes de la prueba, y de otro, de aseguramiento de la obligación de restitución del responsable civil. Clases:

a) Armas o instrumentos El Juez instructor ordenará su retención, conservación y destino en el organismo adecuado para su depósito, pudiendo acordarse su destrucción.

b) Drogas tóxicas Tras la audiencia del MF, el Juez ordenará su destrucción, previa conservación de muestras que se remitirán al Instituto de Toxicología para su análisis.

c) Delitos contra la propiedad Hay que determinar la ajenidad de la cosa y su valor económico. d) Lesiones Actos de asistencia facultativa, valoración y gravedad de la lesión y su etiología, y remisión al

Juzgado de los partes de lesiones. e) Muerte de una persona Identificación del cadáver y práctica de la autopsia por el Médico forense. f) Análisis de ADN El Juez de Instrucción es competente para la intervención corporal y recogida de

pruebas indubitadas. Si son datos genéticos externos, la policía judicial también podrá disponer dicha recogida y custodia.

3. LOS INFORMES OFICIALES EMITIDOS POR ÓRGANOS COLABORADORES DE LA JURISDICCIÓN

A) Tradicionalmente se han creado Institutos o Gabinetes científicos oficiales cuyos funcionarios gozan de una

absoluta imparcialidad y pericia. B) La reforma de la LECr por LO 15/2003 posibilita las intervenciones corporales que permitan la custodia y

análisis del ADN, por los organismos oficiales pertinentes. C) En el procedimiento abreviado, “tendrán carácter de prueba documental los informes emitidos por

laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes cuando en ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes normas”. Los Institutos de Medicina Legal de las CCAA y los Institutos de Toxicología y Ciencias Forenses adscritos al Mº de Justicia, son órganos colaboradores de la Jurisdicción.

D) La Policía Judicial (Nacional y Guardia Civil) cuenta con Gabinetes y Laboratorios periciales caligráficos, de dactiloscopia, balística, que pueden adquirir el valor de prueba preconstituida.


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El TS concedió a tales informes el valor de “prueba preconstituida”. Los funcionarios que la practican no precisan prestar informe personal en el juicio oral, pudiendo, mediante la lectura de documentos, extender a ella el Tribunal su competencia en calidad de acto de prueba, sin perjuicio de que la defensa la impugne en su escrito de defensa, reclamen la intervención de dicho funcionario o la contradiga, aportando en el juicio oral otra prueba pericial, oficial o privada.

4. FINALIDAD Y VALOR PROBATORIO Son un acto mixto de 1aseguramiento de la prueba preconstituida (= garantizar la preexistencia y genuidad o autenticidad de las fuentes de prueba intervenidas) y 2acto investigatorio (= porque se posibilita la realización de análisis periciales que podrán ser sometidos a contradicción en el juicio oral). Se ha de garantizar siempre la posibilidad de contradicción por la defensa, así que siempre que el imputado haya comparecido y sea posible, se le ha de notificar su realización para que pueda acudir a dicho acto y realizar las observaciones pertinentes. Los informes periciales de los organismos colaboradores de la Jurisdicción son también prueba preconstituida, pero pueden ser impugnados por las partes y sometidos a una nueva confrontación en el juicio oral. IV. INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES Son actos instrumentales de los aseguratorios. Recaen sobre el cuerpo humano. 1. LAS INSPECCIONES CORPORALES Suponen una restricción del dº a la intimidad. Son las diligencias de determinación del imputado (reconocimiento en rueda, dactiloscópico o antropomórfico). No constituye inspección corporal la recogida por la policía de elementos orgánicos portadores de ADN y externos al cuerpo humano. “La toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirán en todo caso autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con la LECr”, salvo que se efectúen con el consentimiento de su sujeto pasivo o se trate de una inspección bucal. También sería recomendable, por razones de urgencia y para evitar la desaparición del cuerpo del delito o incluso garantizar el dº a la salud del imputado, que tales inspecciones las pudiera practicar la policía judicial, siempre que su ejecución fuera dispuesta por personal sanitario del mismo sexo que su sujeto pasivo y con cumplimiento del ppio. de proporcionalidad. 2. LAS INTERVENCIONES CORPORALES Suponen una restricción del dº a la integridad física. Es todo acto de coerción sobre el cuerpo del imputado por el que se le extrae ddos. elementos orgánicos en orden a efectuar sobre los mismos, análisis tendentes a averiguar el hecho punible o la participación en él del imputado. Pueden clasificarse en:

- Leves Extracción de elementos externos (pelos, uñas, sangre…) - Graves Las que pueden poner en peligro el dº a la salud u ocasionar sufrimientos a su destinatario

(punción lumbar, extracción de líquido encéfalo raquídeo…).

T22. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (II). LA ENTRADA Y REGISTRO LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO Es un acto procesal del Juez de Instrucción, y excepcionalmente de la policía judicial en los supuestos de delito flagrante, por el que se limita en DF a la inviolabilidad del domicilio para 1detener al imputado o 2aprehender y custodiar el cuerpo del delito.


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Integra 2 actos procesales: 1. La entrada. 2. El registro.

I. LA ENTRADA

1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Resolución judicial por la que se limita el DF a la inviolabilidad del domicilio para la consecución de fines o intereses constitucionalmente protegidos. Pueden distinguirse 2 clases de entradas:

1. Las comunes Dirigidas a la averiguación de un hecho punible. 2. Las adtivas. Entradas que la Admón. puede instar del Juez en uso de su potestad de autotutela.

2. LA ENTRADA COMÚN

Resolución judicial por la que se restringe el DF a la “inviolabilidad del domicilio” con el objeto de practicar la detención del imputado o de asegurar el cuerpo del delito. Notas esenciales:

1º. El Juez de Instrucción es el competente. En ddos. supuestos taxativos y excepcionales la policía judicial también puede restringir el goce pacífico de este dº.

2º. Objeto material Cualquier lugar cerrado en el que se ejercita o puede resultar afectado el dº a la intimidad a la vida familiar o a la privacidad del ciudadano.

3º. La diligencia de entrada ha de estar sometida al ppio. de proporcionalidad. Ha de ser indispensable para obtener el fin perseguido y no ha de existir otra “alternativa menos gravosa”.

4º. No constituye acto de prueba alguno, ni de investigación. Es un acto indirecto de preconstitución de la prueba como medio necesario para la práctica de una detención o la realización de un registro con el objeto de recoger el cuerpo del delito.

3. ELEMENTOS SUBJETIVOS A) Sujeto activo a) El Juez de Instrucción

El órgano jurisdiccional competente para disponer la entrada es el “Juez o Tribunal que conociere de la causa” (art. 546 LECr). Si el inmueble se encontrara fuera de la demarcación del Juez de Instrucción territorialmente competente, puede comisionar la entrada al Juez de dicha demarcación (también al de Paz) o constituirse en la misma. Ningún otro órgano colaborador está constitucionalmente legitimado para adoptar dicha autorización. Sin embargo, el Juez de Instrucción “puede encomendar la entrada” a la policía judicial y al MF (= el Juez dispone la entrada y la policía ejecuta), mediante delegación expresa y específica. b) La policía judicial

Puede entrar en el domicilio de los particulares sin autorización judicial en los siguientes supuestos:

1. Delito flagrante. 2. En el ámbito de legislación antiterrorista. 3. En los estados de excepción y sitio.

B) Sujeto pasivo

Art. 553 LECr


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1) Es el “interesado o persona que legítimamente lo represente”. Ha de estar presente en la diligencia de registro, bajo sanción de nulidad del acto de prueba. La capacidad la ostentan todas las personas físicas mayores de edad y capaces, y la legitimación el titular de la posesión de la morada.

2) Ha de ser persona física, ya que las personas jurídicas no pueden ser titulares del dº a la intimidad, aunque si en el domicilio de la persona jurídica existieran otros intereses constitucionales amparados por el secreto profesional, la policía habrá de recabar el pertinente Auto judicial.

3) Ha de ser el destinatario de la diligencia una persona física, nacional o extranjera. 4) El interesado, nacional o extranjero, debe ser la persona que more o habite en el lugar cerrado (no tiene

porqué ser el propietario, basta con que sea el poseedor). 4. OBJETO MATERIAL

El domicilio civil, la residencia o “el edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada ppalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia” (art. 554.2º). Ha de entenderse por morada cualquier dependencia de una vivienda y no exclusivamente las que sirvan de habitación (TS). 5. ENTRADAS ESPECIALES

Supuestos en que la LECr condiciona la resolución judicial de entrada a la previa obtención de la pertinente “licencia”:

a) Las Cámaras Legislativas, precisan autorización previa de su respectivo Pte. b) El Palacio del Monarca, real licencia. c) Las embajadas. d) Los buques extranjeros mercantes y de guerra. e) Los lugares de culto y archivos de la Iglesia Católica. f) Los edificios consulares.

6. REQUISITOS FORMALES

A) Motivación La resolución de entrada exige un Auto fundado en el que habrán de plasmarse los indicios. Determinará también el objeto y tiempo de la diligencia, así como la Autoridad encargada de su ejecución. Habrá de plasmar el Juez el correspondiente juicio de necesidad en el que, apreciando los indicios racionales aportados por la acusación, habrá de evidenciarse la justificación objetiva de la entrada (ppio. de proporcionalidad).

B) Procedimiento adecuado Exige la incoación previa de un sumario (o, al menos, de unas “diligencias previas”), sin que pueda ser dictado en el cauce de las atípicas “diligencias indeterminadas”.

C) Notificación Si es el domicilio de un particular, el Auto será notificado al interesado de forma personal y de manera simultánea a la práctica de la diligencia. Si fuera un lugar público, habrán de observarse las prescripciones de los arts. 564‐565 LECr.

D) Protocolización de la entrada policial Si la entrada la dispusieran los funcionarios de las FFyCC de Seguridad del Eº, la resolución podrá ser verbal. Si el interesado se opusiera, tales funcionarios habrán de describir en el atestado la pertinencia de la medida o su procedencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 553 LECr. En todos los casos de entrada policial, los agentes de policía darán cuenta inmediatamente al Juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos.


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E) Tiempo

Sólo puede efectuarse “de día”, salvo que razones de urgencia lo aconsejaren de noche. El Juez habrá de plasmar la fundamentación de tales “razones de urgencia” si el interesado se opusiere. El Auto le habrá de ser notificado en el plazo máximo de 24h. Se entiende como una entrada “nocturna” la que se efectúa durante las horas de sueño. Si se ha iniciado de día pero sobreviniera la noche durante el registro, la autoridad ejecutora habrá de recabar el consentimiento del interesado para su continuación. Si se opusiere y no se apreciara “razones de urgencia”, habrá de suspenderse la diligencia sellándose las puertas del local y reanudándose al día siguiente.

II. LA DILIGENCIA DE REGISTRO SepR_13 La diligencia de registro: concepto, fundamento y elementos subjetivos

1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO La finalidad del registro consiste en “recoger los efectos e instrumentos del delito” (= preconstituir la prueba). Por ello, dicho acto ha de revestir las notas esenciales de todo acto de prueba:

- La intervención de la Autoridad judicial. - La posibilidad de contradicción.

2. ELEMENTOS SUBJETIVOS A) El órgano jurisdiccional Requiere la obligatoria presencia judicial, o al menos del Secretario judicial, para que suponga un supuesto de prueba preconstituida. B) El interesado Debe ser presenciada físicamente por el interesado o la persona que él designe (su Abogado defensor). *Interesado = al que se imputa la comisión del delito que motiva la autorización judicial. El TS entiende que estando el imputado detenido, debe presenciar la diligencia de registro. Si la policía no lo traslada al lugar, el registro no goza de valor probatorio alguno. C) Los testigos Si el interesado no fuere encontrado en la práctica del registro, “… se practicará a presencia de un individuo de su familia, mayor de edad” (art. 596.II). D) El Secretario Todo registro debe practicarse a presencia del Secretario del Juzgado que lo haya autorizado. 3. REQUISITOS FORMALES El Secretario levantará acta de constancia, indicando:

1º. Nombre del Juez. 2º. Identificación de las personas que intervengan. 3º. Incidencias. 4º. Hora de iniciación y de término de la diligencia. 5º. Relación del registro y de su resultado.


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Si fuere efectuado por la policía judicial, además habrá de constar 1las causas y resultado del registro, 2las personas detenidas y 3quienes hubieren intervenido en el registro con los funcionarios de policía actuantes en calidad de Instructor y de Secretario. Para facilitar la recogida de los objetos, instrumentos y efectos del delito, “todos” tienen que exhibir tales objetos a la Autoridad, pudiendo ser sancionados con multa y procesados por delito de desobediencia. Los funcionarios que incurrieren en alguna vejación injusta o violaren indebidamente el secreto, pueden incurrir en responsabilidad penal. 4. REGISTROS ESPECIALES A) En la LECr El de los libros de contabilidad o de comercio y los protocolos de Notarios, libros de Registro de la Propiedad y del Registro Civil y Mercantil. B) En la legislación especial Los de despachos de Abogados, en materia de propiedad industrial y los que contempla la legislación procesal civil.

T23. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN (Y III). LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES I. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES 1. EL DF AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES Son actos instructorios limitativos del DF al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE. A) Naturaleza El bien constitucionalmente protegido es el dº de los titulares a mantener el carácter reservado de una información privada (no limitada a comunicación íntima). B) Objeto de la intervención Cualquier medio de comunicación (escrito, oral, radioeléctrico, telemático, en soporte magnético o electrónico). C) Autonomía del dº La titularidad de este DF corresponde a todos los sujetos de dº, incluidas las personas jurídicas. Lo que protege la norma constitucional es la comunicación y no lo comunicado, salvo que afecte al dº a la intimidad del art. 18.1 CE. D) Exclusividad jurisdiccional El dº al secreto de las comunicaciones sólo puede ser limitado mediante resolución judicial, salvo supuestos de terrorismo. El art. 579.4 LECr faculta al Ministro del Interior o al Dir. Gral. de la Seguridad del Eº a disponer la intervención telefónica, pero “comunicándolo inmediatamente por escrito motivado al Juez competente, quien revocará o confirmará tal resolución en un plazo máx. de 72h…” E) Clases de intervención

- Intervenciones postales y telegráficas. - Escuchas telefónicas. - Intervención de los datos electrónicos del tráfico.


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2. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS Son de aplicación extensiva a cualquier tipo de intervención de las comunicaciones. A) Concepto Resolución judicial motivada, dictada en el curso de un proceso penal, por el que se ordena que se proceda a la detención del soporte a través del cual se efectúa una dda. correspondencia postal o telegráfica del imputado, con el objeto de realizar su lectura con las garantías de inmediación judicial y de contradicción suficientes para convertir a este acto de investigación en un acto de prueba preconstituida.

B) Resolución judicial Mediante Auto motivado. Exige la incoación previa de un proceso penal por delito grave.

C) Sujetos La resolución sólo puede emanar del Juez de Instrucción competente, aunque otras autoridades y funcionarios pueden participar en esta diligencia. Detención de la correspondencia El Auto de detención y apertura ha de emanar del Juez competente, pero la práctica puede confiarse:

- A otros Jueces (a través del auxilio judicial). - A la policía judicial. - A funcionarios de la Admón. de Correos y Telégrafos. - A empleados de empresas privadas de correo (por la obligación de colaborar con la Justicia).

Lectura de la correspondencia Ha de efectuarse bajo la intervención del Juez de Instrucción competente. D) Objeto Las cartas, paquetes postales y telegramas que tengan relación con la causa. Aunque no todo paquete es objeto de esta intervención judicial: El TS ha eximido de la aplicación de los arts. 579 y ss. los paquetes en los que se declara la existencia de mercancías, los expedidos con “etiqueta verde” (renuncia de antemano al secreto de las comunicaciones), así como las inspecciones que pudieran practicar los funcionarios de Aduanas e incluso la propia policía en estaciones de trenes, autobuses o aeropuertos.

E) La lectura de la correspondencia Al ser un acto de prueba preconstituida, exige la presencia del Juez y del Secretario (= inmediación), y la del imputado y su Abogado (= ppio. de contradicción). En el acto de apertura el Juez leerá para sí la correspondencia, apartará la que fuera pertinente y la unirá al pliego del sumario. La irrelevante será devuelta al imputado. El Secretario levantará acta, que firmará el Juez y las partes acusadoras y acusadas que hubieren intervenido. 3. LAS INTERVENCIONES TELEFÓNICAS A) Regulación legal

Art. 18.3 CE Arts. 197 y 579 LECr.

Hay una ausencia de regulación de las comunicaciones telemáticas a través de “Internet”.

B) Concepto


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Acto de investigación limitativo del DF al secreto de las comunicaciones por el que el Juez de Instrucción decide, mediante Auto motivado, que se proceda al registro de llamadas y/o a efectuar la grabación magnetofónica de las conversaciones telefónicas del imputado por la policía judicial, durante el tiempo imprescindible para poder preconstituir la prueba del hecho punible y la participación de su autor.

C) El ppio. de proporcionalidad en las intervenciones y sus presupuestos Las intervenciones telefónicas han de estar sometidas al cumplimiento del ppio. de proporcionalidad, con observancia se ciertos presupuestos comunes y especiales:

1. Comunes Ppio. procesal de legalidad. Nuestro ordenamiento interno debe autorizar expresamente a la autoridad judicial disponer de tales medios de investigación.

2. Especiales Ppio. de necesidad. No basta con que la medida esté prevista en la Ley y se adopte por un Juez; también es imprescindible que se justifique, si no, debería adoptarse una alternativa menos gravosa. Requiere la observancia de 2 presupuestos especiales:

Material Que el objeto de la instrucción lo constituya un delito grave. Aunque la jurisprudencia del TS las autoriza también para:

- Ilícitos penales “con trascendencia social” (= delitos de funcionarios, p.ej.). - Ilícitos penales que afecten “al buen funcionamiento y al crédito de la Admón. del Eº” - Los relativos a la “corrupción política”, contra el orden económico o el patrimonio social colectivo.

Procesal La petición de la intervención debe efectuarse dentro de una instrucción judicial en curso (= dentro de un “sumario ordinario”, en la instrucción del Jurado o en unas “diligencias previas” en el PPA). Por tanto, no pueden adoptarse:

- Ni en las diligencias policiales de prevención. - Ni en la investigación oficial o preliminar del MF.

Sin embargo, en la práctica forense suelen adoptarse dentro de las atípicas “diligencias indeterminadas”, que no reúnen las exigencias del adecuado “control judicial” por efectuarse a espaldas de la defensa y sin intervención del MF. La jurisprudencia del TC y del TS las siguen legitimando para eludir la publicidad del sumario.

D) Requisitos formales El Juez de Instrucción debe adoptarla en el seno de una instrucción y mediante resolución motivada en la que se determine:

1. El teléfono intervenido. 2. El destinatario de la medida. 3. El hecho punible investigado.

El deber de motivación Es una exigencia del ppio. de proporcionalidad. En el Auto el Juez habrá de plasmar el juicio de necesidad de la intervención telefónica en punto a preconstituir la prueba. No puede legitimarse la motivación “por remisión” a la solicitud de la policía ni las fórmulas estereotipadas o de programa informático. Requisitos del Auto:

• Subjetivos Determinación del destinatario de la medida (= titular del dº al secreto de las comunicaciones). Salvos supuestos de terrorismo, no se pueden intervenir las comunicaciones entre el Abogado y su cliente.

• Objetivos El Auto debe reflejar: o El nº de teléfono objeto de la intervención. o El delito o delitos cuyo esclarecimiento constituyen la causa y finalidad de la intervención.

La policía no puede acumular a la investigación nuevos delitos que puedan aparecer ocasionalmente en conexión, sin solicitar una ampliación de la resolución judicial de intervención. Son insconstitucionales las “licencias de cobertura”.


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E) Objeto

Todas las comunicaciones (escritas, orales, alámbricas, inalámbricas, radioeléctricas y telemáticas). No es intervención de comunicación la reproducción por la policía de un soporte magnético o electrónico si se aprecian razones de urgencia y si se persigue un interés constitucionalmente legítimo.

F) Procedimiento de intervención

1º. La intervención sólo puede ser acordada por el Juez de Instrucción objetivamente y territorialmente competente.

2º. Dicho órgano dispondrá que los funcionarios de policía o empleados de la Compañía Telefónica o concesionaria, procedan a la intervención y grabación de las escuchas.

3º. La policía habrá de entregar en su integridad al Juzgado la totalidad de los originales de los soportes magnéticos o electrónicos, que serán transcritos en un acta bajo la inmediación del Secretario; ello no significa que sobre ella el Tribunal pueda extender de oficio, sin más, su conocimiento, ni que pueda ser introducida en el juicio oral a través de la “lectura de documentos”.

El resultado de la escucha telefónica (con respeto a la CE y a la LECr) genera un acto peculiar de “prueba peconstituida” que se diferencia de los demás supuestos de la prueba sumarial. No precisa ser leída en el juicio oral, sino ser reproducida ante el Tribunal mediante la audición a solicitud de alguna de las partes; si no, el Tribunal puede valorar la lectura de su transcripción literal, siempre y cuando haya sido hecha bajo la intervención del Secretario.

G) Plazo de duración No puede superar los 3 meses, aunque como en la práctica el Juez de Instrucción ha de dictar simultáneamente a la adopción de la intervención telefónica, otra resolución de declaración del secreto instructorio, que tiene un plazo máximo de 1 mes, pasado el cual el Juez debe permitir al imputado que tome conocimiento de todas las actuaciones practicadas, la medida queda teóricamente reducida al plazo de 1 mes. La solicitud inicial, como la de las sucesivas prórrogas, debe estar sometida a un control efectivo del Juez de Instrucción.

H) Eficacia refleja de la prueba prohibida Las sentencias condenatorias sustentadas en escuchas telefónicas inconstitucionales infringen el art. 18.3 y la presunción de inocencia o el dº “a un proceso con todas las garantías”. a) La vulneración del dº a un proceso con todas las garantías La jurisprudencia del TC subsume este dº dentro del dº a un proceso con todas las garantías, aunque algunos fallos todavía lo asocian a la presunción de inocencia. Efectos:

► La infracción de la presunción de inocencia es un vicio “in iudicando”. El restablecimiento del DF lo efectuará el propio TC mediante la anulación de la Sentencia de instancia (= sentencia absolutoria).

► La segunda tesis lo equipara a un vicio “in procedendo” Su restablecimiento no ocasionará la absolución del condenado, sino la nulidad del juicio oral y la retroactividad de las actuaciones.

b) La tª “refleja” y el art. 11 LOPJ A fin de determinar la extensión de los efectos de la prueba prohibida en la presunción de inocencia, han surgido 2 grandes tesis:

1. La directa 2. La refleja (o doctrina norteamericana del “fruto del árbol envenenado”). Es por la que se inclina el art. 11

LOPJ, al disponer “no surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los DD o LLFF”.


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No obstante, la jurisprudencia ha realizado ddos. giros jurisprudenciales debido a las graves consecuencias que la adopción radical de cada una de estas tas conlleva en la práctica: De secundar la directa, podría incentivarse la vulneración por la policía del art. 18.3 CE. No obstante la práctica

de una escucha ilegal (sin resolución judicial, p.ej.) y la nulidad judicial de dicha diligencia, el funcionario siempre podría introducir su resultado en el juicio oral mediante su propia declaración testifical.

De suscribir la tª indirecta, se desprotegería a la sociedad al no poderse perseguir cualquier delito cuya investigación tuviera relación con una escucha ilegal (p.ej., el descubrimiento casual de un delito de homicidio en una escucha autorizada para perseguir un delito de narcotráfico…).

c) La tª directa y la relación jurídica de antijuricidad La tesis hegemónica y hoy dominante es las de la tª directa, atemperada con la doctrina de la “relación de antijuricidad” Sólo si la prueba refleja resulta jurídicamente ajena a la vulneración del dº y la prohibición de valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de tutela del mismo, cabrá entender que su efectiva apreciación es constitucionalmente legítima al no incidir negativamente sobre alguno de los aspectos que configuran el contenido del DF sustantivo. 4. LAS INTERVENCIONES DE LOS DATOS DE TRÁFICO Y DEL CORREO ELECTRÓNICO Tanto las intervenciones telefónicas como las de Internet no tienen previsión legislativa aún, sino que se subsumen en las genéricas de intervención postal. Hay que distinguir entre:

- La intervención de la comunicación telemática strictu sensu - La de los datos de tráfico (= datos que se generan o tratan en el curso de una comunicación y que difieren

de su contenido material: el nº de teléfono de llamada, el nombre y dirección del abonado o usuario registrado, el nº de acceso a Internet, correo electrónico y telefonía por Internet, etc…).

Tanto la jurisprudencia como el art. 6 Ley 25/2007 exigen autorización judicial expresa para recabar del operador la cesión de tales datos de tráfico; y si bien la policía podrá obtenerlos desde el propio teléfono móvil concernido, en la práctica la policía deberá recabar la autorización judicial, aunque si no existiera Servidor podrá efectuar dicha intervención.

T24. LA PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA Y LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (I)

I. LA PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA La prueba sumarial anticipada participa del mismo presupuesto (irrepetibilidad del hecho) y de los mismos requisitos subjetivos (independencia de la Autoridad que la interviene y posibilidad de contradicción) y formales (entrada en el juicio oral mediante la lectura de documentos) que la prueba preconstituida. Se diferencia de ella en que la instructora anticipada son pruebas personales (prueba testifical y pericial) y por la Autoridad que la interviene (únicamente el Juez de Instrucción). Los actos procesales de prueba instructora anticipada están sometidos al ppio. de exclusividad jurisdiccional, con la especialidad de que, debido a la circunstancia de que la ejecución de la prueba no podrá efectuarla el órgano de enjuiciamiento (el Juez de lo Penal o la AP), se hace necesario que sea intervenida por el Juez de Instrucción. También se rige por los ppios. de oralidad e inmediación; inmediación no del órgano decisor, sino que son pruebas inmediatas en su ejecución, pero mediatas en su valoración, toda vez que se practican dentro de una instrucción, que no se rige por el ppio. de publicidad ya que frente a la sociedad, es secreta. Nuestra LECr tan sólo contempla como prueba sumarial anticipada ddos. supuestos específicos de la prueba “testifical” y “pericial”.


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1. LA PRUEBA TESTIFICAL ANTICIPADA Son 2 los presupuestos o circunstancias que posibilitan esta declaración testifical efectuada en calidad de prueba instructora anticipada:

1. La imposibilidad de acudir, en su día, a la celebración del juicio oral porque el testigo ha de ausentarse del territorio nacional La declaración sumarial de la víctima puede ser valorada por el Tribunal sentenciador si ésta se encontrara en “ignorado paradero” (STS 685/2012).

2. El peligro de muerte o de incapacidad mental del testigo. El Juez de Instrucción proveyendo previamente de Abogado al imputado que todavía no lo hubiere designado, permitirá la comparecencia de la defensa y de las partes acusadoras, quienes podrán formular al testigo “cuantas preguntas tengan por conveniente” (art. 448). Las partes tienen la carga de asistir al interrogatorio. Si no lo hacen, la declaración testifical gozará de pleno valor probatorio. Cabe la posibilidad que se excluya la contradicción por razones de necesidad (= inminente peligro de muerte del testigo, p. ej.). Si concurriera dicha urgencia, también goza del valor de prueba anticipada. Si el Juez de Instrucción omitiera el cumplimiento de esta garantía, la declaración testifical no gozará de valor probatorio alguno, sino sólo de mero acto de investigación. Sin embargo, el contenido de la declaración testifical carente de valor probatorio directo, podrá ser introducido en el juicio oral a través de testigos de referencia.

2. LA PRUEBA PERICIAL ANTICIPADA En la actualidad, carece de sentido ya que todos los peritos deben prestar su informe en el juicio oral.

II. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN Son diligencias sumariales de aportación de hechos a la instrucción, regidos por el ppio. de investigación, practicados por el Juez de Instrucción y por su personal colaborador, tendentes a la determinación del hecho punible y de su autor, para obtener una decisión sobre la apertura del juicio oral o dictar una resolución de sobreseimiento. Su función:

- Comprobar la verosimilitud de la “notitia criminis”. Por ello, su práctica ha de estar presidida por el ppio. de imparcialidad, ya que puede derivar en una imputación judicial (y asunción de medidas cautelares) o posibilitar un Auto de sobreseimiento.

- Posibilitar a las partes acusadoras la redacción de los hechos de sus escritos de acusación.

Todos los actos de prueba preconstituida y anticipada, si no cumplen con todos y cada uno de los requisitos que los habilitan como actos de prueba, se convierten en actos de investigación.

III. LA DETERMINACIÓN DEL IMPUTADO: EL “RECONOCIMIENTO EN RUEDA” 1. LA DETERMINACIÓN DEL IMPUTADO A) Concepto y fundamento Determinación del imputado = Conjunto de actos de investigación dirigidos a averiguar quién sea el presunto autor de la comisión del hecho punible. Se hace necesario su individualización con respecto a los demás miembros de la comunidad social mediante diversos medios y no sólo mediante la diligencia de “reconocimiento en rueda”, que es la única que contempla la LECr.


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P.ej.: A través de métodos antropomórficos (reconocimiento dactiloscópico, inspecciones corporales y análisis de ADN). La determinación del imputado ≠ diligencia de identificación; ésta última trata de averiguar los datos de identidad del imputado. Para dictar un Auto de procesamiento o una requisitoria de búsqueda y captura, e incluso para dictar una sentencia de condena, es suficiente la determinación, no siendo exigible la identificación.

2. LA DILIGENCIA DE “RECONOCIMIENTO EN RUEDA” A) Concepto y naturaleza Es un acto de investigación mediante el cual un testigo directo procede, ante el Juez de Instrucción, a la determinación del imputado, asistido por su Abogado, de entre un conjunto de personas, como autora del hecho punible, acreditando dicha individualización mediante declaración testifical. Es un acto de prueba preconstituida si se cumplen todos los requisitos de la misma y si el testigo ratifica dicho reconocimiento en el juicio oral. En pureza no es una prueba preconstituida porque dicho reconocimiento no es “irrepetible” (puede efectuarse también en el juicio oral). En ppio. constituye siempre un acto intructorio de investigación. Puede practicarse mediante el reconocimiento fotográfico en la sede de la Comisaría de Policía o mediante “retratos‐robot”. Tales reconocimientos no gozan por sí solos de valor probatorio alguno, conforme al TC y al TS, para quienes el reconocimiento policial fotográfico posee un mero valor de acto de investigación, susceptible de fundamentar una denuncia pero no para erigirse en acto de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, salvo que dicho reconocimiento se ratifique ante el Juez de Instrucción mediante el reconocimiento judicial del imputado en rueda.

B) El reconocimiento en rueda como acto de prueba preconstituida Constituye un acto de prueba preconstituida si cumple ddos. supuestos y requisitos: Presupuesto: existencia de un imputado Debe existir una persona que haya sido imputada por alguna de las partes acusadoras. Consecuencias:

► Ningún testigo puede ser sujeto pasivo de la diligencia de reconocimiento en rueda. ► El imputado ha de comparecer a este acto, mediante la asistencia de su Abogado defensor.

Requisitos materiales: la posibilidad de contradicción y la intervención judicial A la práctica de dicha diligencia será convocado necesariamente en Abogado defensor. Y es también necesaria la intervención del Juez de Instrucción y del Secretario, quien levantará Acta de constancia. Requisitos formales Para que esta diligencia se erija en acto de prueba, el testigo directo del hecho punible ha de efectuar idéntico reconocimiento del imputado en el juicio oral (TC). C) Procedimiento

Arts. 369‐372 LECr. Su incumplimiento no puede fundamentar amparo pero sí la casación por quebrantamiento de forma.

1º. El Juez ordenará que comparezca el imputado junto con otras personas de rasgos similares y vestidas de modo parecido a como estaba el autor.

2º. Puede practicarse colocando el testigo directamente ante la rueda o “desde un punto que no pudiera ser visto” (testigos expuestos a coacción).


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3º. Se harán tantas ruedas como testigos presenciales deban reconocerlo, cuidando el Juez que éstos no se comuniquen. Si fueran varios los imputados, se efectuará un solo reconocimiento.

4º. El Secretario levantará Acta que deberán firmar todos los intervinientes. IV. LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO 1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO Conjunto de actos de entre los que destaca la inclusión en el sumario de su certificación de nacimiento, tendentes a obtener la designación nominal de un imputado, previamente determinado. Obliga al Juez a reclamar del Rgtro. Civil su inscripción de nacimiento o la “partida de bautismo”. No excluye la práctica de la diligencia de ratificación o constatación de dicha identidad (en todos los interrogatorios judiciales del imputado). 2. LA DETERMINACIÓN DE LA EDAD Si fuere menor, está exento de responsabilidad penal y el Juez debe inhibirse a favor de la jurisdicción de menores. Tal extremo sólo hay que acreditarlo cuando el Juez tuviera dudas de su edad. La obtención de las certificaciones o la determinación de la edad no suspenderán la tramitación de la causa. V. LOS INFORMES “DE BUENA CONDUCTA” Se permite al Juez recabar informes sobre la conducta del procesado al Alcalde, funcionarios de policía de su residencia y cuantas personas puedan ilustrar sobre ello, cuando “los considerase imprescindibles” para acreditar el arraigo del procesado, o su peligrosidad social. VI. LA CERTIFICACIÓN DE “ANTECEDENTES PENALES” Hay que aportar necesariamente e incluir en el sumario la certificación de antecedentes penales del procesado. Del resultado de tales antecedentes puede depender su ingreso o no en prisión provisional (la reincidencia es una causa agravante de la responsabilidad penal). El art. 503.1 permite la adopción de la prisión provisional cuando el hecho punible no fuere grave si el imputado posee antecedentes penales. VII. LOS INFORMES ACERCA DE LA SALUD MENTAL Hay que distinguir los de aportación necesaria (art. 380) de los que ostentan un carácter eventual (arts. 381‐383). 1. APORTACIÓN FORMALMENTE NECESARIA Actualmente huelga que el Juez cumpla con las previsiones del art. 380 en menores. Lo que habrá de hacer es concluir las Diligencias Previas y remitirlas a la Jurisdicción de menores.

2. APORTACIÓN EVENTUAL Debido a la que la enajenación mental es una causa de exención o de atenuación de la responsabilidad penal, siempre y cuando el Juez tenga dudas acerca de la salud mental del procesado habrá de recabar 1informes médico forenses o 2testificales que no dispensen de la obligación de practicar la prueba pericial en el juicio oral, en la que se determine la capacidad intelectual y volitiva del procesado. Estos informes periciales son sólo actos de investigación (y no de prueba). Tales informes periciales sirven para eludir que un demente sea ingresado en prisión provisional.


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La enajenación puede ser:

- Originaria (= en el momento de la comisión del hecho punible) El Juez lo someterá a la observación de los Médicos forenses, sin perjuicios de que las partes insten la pertinente “prueba” pericial.

- Sobrevenida (= con posterioridad al inicio de la causa) El Juez concluirá la instrucción y el Tribunal archivará la causa “hasta que el procesado recobre la salud”.

Si existieren otros procesados no enajenados, continuará la causa respecto a ellos.

T25. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (II) I. LAS DECLARACIONES INDAGATORIAS Feb_09 Las declaraciones indagatorias Ene_08 La primera declaración indagatoria

1. CONCEPTO Es el interrogatorio judicial de una persona declarada procesada. Características:

1. Se presta ante el Juez de Instrucción competente (se diferencia del interrogatorio policial del detenido en la Comisaría de Policía).

2. Exige como requisito previo el Auto de procesamiento (se diferencia de la declaración para ser oído que se ha de prestar ante el Juez de Instrucción con anterioridad al procesamiento)

Cuando no exista un Auto de procesamiento en un procedimiento penal ddo., no puede denominarse al interrogatorio judicial del imputado “declaración indagatoria”. 2. NATURALEZA JURÍDICA Constituye un acto de investigación (porque está dirigido a “indagar” o averiguar los hechos punibles) y de defensa (porque a través de la indagatoria el imputado puede exculparse de la imputación) que, bajo el cumplimiento de ddas. condiciones, puede erigirse en un acto de prueba. Es un acto de aportación de hechos. Permite el ejercicio pleno de la autodefensa por el imputado, quien si estuviere detenido, podrá exculparse por 1ª vez, ante el Juez de Instrucción, de los cargos contra él existentes. 3. INICIACIÓN De oficio Ha de practicarse de oficio el 1er interrogatorio judicial tras el Auto de procesamiento (art. 388), en el plazo de 24h si el imputado se encuentra detenido (art. 386). El Juez podrá disponer, a lo largo del sumario, la práctica de cuantas indagatorias estime pertinentes. A instancia de parte Cualquiera de las partes pueden solicitar del Juez el sometimiento del imputado a una nueva declaración indagatoria (art. 400); incluso el actor civil, siempre que esté circunscrita a la averiguación del hecho punible y su autoría, en la medida que tales elementos se erigen en fuente de la obligación y de la responsabilidad civil. Contra la resolución del Juez denegando una indagatoria cabe recurso de apelación. 4. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES Si el Juez de Instrucción no ha decretado el secreto sumarial pueden intervenir todas las partes penales en el interrogatorio judicial del procesado (penales y civiles).


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La LECr no contempla el régimen de intervención de las partes en el interrogatorio judicial. En opinión del autor, las partes deben sugerir las preguntas al Juez de Instrucción quien, si las estima pertinentes y procedentes, podrá formularlas al procesado. II. RÉGIMEN JURÍDICO DEL INTERROGATORIO JUDICIAL Hay que diferenciar 1las garantías tendentes a salvaguardar su espontaneidad y el dº de defensa, de 2la forma en que deba prestarse la declaración. 1. GARANTÍAS Tendentes a:

- Averiguar la veracidad de los hechos. - Posibilitar el dº de defensa.

Pueden ser:

► Prohibiciones Ni se puede exigir juramento al procesado ni ejercitar contra él cualquier género de coacción o amenaza (arts. 387 y 389.3).

► Garantías materiales: contenido del interrogatorio La ppal. garantía es el pleno ejercicio del dº de defensa. El Abogado podrá entrevistarse reservadamente con su patrocinado con anterioridad y posterioridad al 1er interrogatorio judicial. Garantías materiales:

- Que las preguntas sean directas (= pertinentes y útiles para la investigación del hecho y de su autor, y para evidenciar la inocencia del imputado), claras y precisas.

- Que las preguntas permitan su exculpación. Si en declaraciones posteriores el procesado incurriere en contradicción, el Juez le interrogará sobre el porqué de tales retracciones (suele ocurrir entre las declaraciones en Comisaría y las efectuadas en el Juzgado, y entre las declaraciones sumariales y la realizada en el juicio oral).

► La suspensión del interrogatorio El Juez de instrucción deberá suspenderlo cuando 1se prolongue excesivamente en el tiempo o cuando 2pueda inferirse que el procesado ha “perdido la serenidad necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele” (se suspenderá durante el tiempo necesario para que el procesado pueda recuperar su fatiga).

2. FORMA: LA PUBLICIDAD RELATIVA El ppio. de publicidad rige con distinta intensidad: En los supuestos comunes (= aquellos en que el Juez no ha dispuesto el secreto instructorio total o parcial, ni ha declarado la incomunicación del preso), la práctica de la indagatoria está presidida por el ppio. de publicidad relativa. Supuestos especiales Si la declaración indagatoria ha sido declarada secreta, el Juez podrá negar el acceso del imputado o de su Abogado a las diligencias sumariales. El procesado tan solo podrá leer sus declaraciones anteriores, aunque el Abogado podrá estar presente en todas las indagatorias que preste su patrocinado. En cambio, el procesado preso e incomunicado no tiene dº a la designación de Abogado de confianza y sí dº a la entrevista con su Abogado de oficio.

III. EFECTOS DE LA “CONFESIÓN” DEL PROCESADO EN LA INDAGATORIA Ene_13, Ene_10, Sep_09 y Ene_ 09 Los efectos de la confesión del procesado en la indagatoria Hay que distinguir 1los derivados en la fase instructora, 2en la conformidad, y 3en el juicio oral.

1. EN LA FASE INSTRUCTORA


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Para el convencimiento de la verdad y de la existencia del delito, el Juez está obligado a practicar todas las diligencias pertinentes para averiguar la verosimilitud de la confesión (si se hubiera realizado), para investigar el hecho en toda su extensión y determinar la existencia de otros partícipes en el hecho. La regla gral. es que la confesión del procesado no puede ocasionar el truncamiento o extinción del proceso mediante la emisión de una mecánica sentencia condenatoria. 2. EN LA CONFORMIDAD De dicha regla gral. hay que exceptuar los supuestos de “conformidad” (= confesión con allanamiento), que pone fin al proceso mediante una sentencia inmediata de condena. 3. EN LA SENTENCIA Hay que determinar:

1. Si la sola confesión, ante la inexistencia de otras pruebas, puede justificar una sentencia en condena. 2. En qué condiciones ha de valorar el Tribunal sentenciador dicha confesión.

A) Inexistencia de otras pruebas Si no se ha practicado prueba alguna fuera de la confesión sumarial del procesado, la jurisprudencia suele manifestarse unánime a la hora de negar valor probatorio a la confesión del procesado, tanto si sirve para su propia incriminación como para la de otros autores. B) Existencia de otras pruebas que acreditan el hecho Si se ha descubierto el cuerpo del delito o el procesado es sorprendido “in fraganti” y además confiesa el delito en el Juzgado, la jurisprudencia entiende que no se vulnera el art. 460 (que obliga al Juez a practicar las diligencias sobre la existencia y tipicidad del hecho). Por tanto, esas pruebas y la confesión constituyen prueba suficiente para dictar una sentencia de condena. C) Existencia de diversas declaraciones autoinculpatorias y exculpatorias Entiende la jurisprudencia que puede extender su conocimiento a aquella confesión autoinculpatoria en calidad de prueba si se cumplen ddas. garantías:

1º. Que el interrogatorio sea practicado con estricto cumplimiento de las garantías constitucionales. 2º. Que el imputado haya prestado su declaración como procesado y no como mero testigo. 3º. Que el procesado preste también su declaración en el juicio oral

Preguntado por sus contradicciones, el Tribunal podrá, apreciando con inmediación sus gestos de turbación o sorpresa, formarse una íntima convicción acerca de cuál de las distintas declaraciones es la que haya de ser tenida como veraz, pudiendo entonces fundar su sentencia en la declaración sumarial, siempre y cuando se proceda a su lectura en el juicio oral. Lo recomendable debiera ser que el Tribunal fundara además su sentencia sobre otras pruebas de cargo distintas a la confesión.

T26. LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (III) I. LAS DECLARACIONES TESTIFICALES 1. REGULACIÓN Y CONCEPTO

• Los arts. 410‐450 regulan la declaración en la fase instructora. • Los arts. 701‐722 contemplan dicha intervención en el juicio oral.


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Es la declaración de conocimiento efectuada por personas físicas distintas al imputado que conocen de la comisión del hecho punible, realizada en calidad de acto de investigación ante el Juez de Instrucción, o de prueba en el juicio oral. Lo decisivo para asumir el rol de testigo en el proceso penal (Vs. el civil) es que la persona que haya de prestar la declaración no sea imputada. La toma de declaración de un imputado en calidad de testigo constituye una prueba de valoración prohibida (TC) 2. CLASES A) Testigos y testigo‐víctima Los ofendidos por el delito, hayan o no comparecido como acusadores particulares, han de prestar declaración como “testigos”. La jurisprudencia del TS exige para la adecuada valoración de su resultado probatorio la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado‐víctima que pongan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad.

b) Verosimilitud del testimonio. c) La declaración ha de ser concreta, precisa, coherente y sin contradicciones. d) No se puede valorar la declaración incriminatoria del testigo, prestada en la fase instructora. e) La declaración sumarial de la víctima puede ser valorada por el Tribunal sentenciador si ésta se encontrara

en “ignorado paradero”. B) Directos e indirectos: el valor probatorio del testigo “de referencia”

Los testigos pueden ser “directos” (= han presenciado la comisión del hecho) o “indirectos” (= han recibido dicha percepción por noticias que le han efectuado otros testigos directos). Regla gral.: Sólo la declaración del testigo directo, prestada en el juicio oral. constituirá prueba válida para desvirtuar la presunción de inocencia. La declaración del testigo indirecto nunca puede sustituir a la del directo, si éste es sabido y puede prestar declaración en el juicio oral (salvo prueba sumarial anticipada o imposibilidad material de la comparecencia). Las situaciones que justifican la intervención de testigos de referencia son:

- El fallecimiento. - El ignorado paradero o localización en el extranjero del testigo directo (en este supuesto hay que recordar

que la Ley 13/2003 permite la utilización de la videoconferencia). Lo aconsejable es que la declaración de los testigos indirectos sea corroborada por otras pruebas para ser tomada en consideración como pruebas válidas por el Tribunal.

C) Ordinarios y privilegiados

- Ordinarios Todos los ciudadanos que conocen de la existencia de un hecho punible tienen la obligación de denunciarlo y de comparecer a la llamada del Juez para prestar declaración y decir la verdad.

- Especiales Ver los arts. 411 y 412.

D) Por citación o mediante auxilio judicial

- Citación Si el testigo residiera en la demarcación judicial se le cita para que comparezca ante el Juez de Instrucción.

- Auxilio judicial Si el testigo residiera fuera de la demarcación judicial o en el extranjero, el Juez de Instrucción acudirá al auxilio judicial (internacional, si fuere necesario).


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E) De declaración verbal o mediante videoconferencia

- En la declaración verbal (= ordinaria), los testigos son interrogados verbalmente bajo la inmediación del Juez de Instrucción.

- Videoconferencia. Los supuestos que la legitiman son: • El interrogatorio de menores. • “Utilidad, seguridad y orden público” • “Comparecencia particularmente gravosa o perjudicial”.

Estos supuestos deben ser de interpretación restrictiva.

3. ESTATUTO A) Obligaciones Obligaciones de los testigos:

1) Comparecer ante el Juez Salvo el Rey, la Reina, el Príncipe heredero o el Regente y los Agentes diplomáticos. El testigo ha de poder ser citado en forma, con los apercibimientos legales. Si no concurriere a la 1ª citación, podrá ser sancionado con multa de 200 a 5 mil €, ser conducido a la fuerza a la presencia del Juez, y procesado por delito de obstrucción a la Justicia.

2) De declarar (y exenciones a esa obligación) Si el testigo se negara a declarar, puede ser procesado por delito de desobediencia grave. Excepciones:

- No puede prestar declaración los “incapacitados física o moralmente”. - No están obligados a declarar (aunque pueden hacerlo), los Abogados, los funcionarios públicos y

los eclesiásticos y Ministros de los cultos disidentes. - Gozan también de una incapacidad relativa “los parientes del procesado en línea ascendente y

descendente, su cónyuge, sus hnos y los colaterales hasta el 2º grado”. El incumplimiento del deber de información de la exención de declarar que ostentan los parientes acarrea la nulidad de su declaración; si bien el ejercicio de la acción penal, cuando el pariente sea la víctima, implica una renuncia y debe ser considerada válida.

- Las Autoridades del art. 412. 3) De decir la verdad El testigo podrá ser procesado por falso testimonio si faltara a la verdad en su

declaración probatoria en el juicio oral (art. 715). B) DD A percibir una “indemnización” adecuada con cargo a la parte proponente o del Eº, suficiente para cubrir su desplazamiento y dietas. 4. PROCEDIMIENTO

1º. El testigo puede ser llamado 1de oficio o 2a instancia de parte. 2º. Una vez comparecido, se le prestará juramento y declarará bajo la inmediación del Juez y del Secretario. 3º. El interrogatorio comenzará con las “preguntas grales. de la Ley” y aquellas que el Juez estime pertinentes. 4º. La Ley prohíbe la utilización de preguntas capciosas o sugestivas. 5º. Los testigos contestarán verbalmente. 6º. Si el testigo no conociera la lengua española o fuera sordo, se le designará un intérprete. 7º. En el acta se reflejarán las contestaciones pertinentes. 8º. Finalizada su declaración, podrá leerla con anterioridad a su ratificación.

II. LA DILIGENCIA DE CAREO Es un acto de investigación consistente en confrontar a varios acusados, testigos o a ambos entre sí, cuando existan contradicciones sobre los hechos narrados. El Juez debe practicarla sólo cuando no pueda, a través de otros actos de investigación, acreditar el objeto de la instrucción.

Art. 325.


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No es un auténtico medio de prueba. No se puede practicar con testigos menores de edad. III. LOS TESTIGOS PROTEGIDOS 1. REGULACIÓN, CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO La LO 19/1994 establece un régimen jurídico especial para los testigos que puedan verse expuestos a coacciones o amenazas. El status de “testigo protegido” debe otorgarlo el Juez cuando “aprecie racionalmente un peligro grave para la persona, libertad o bienes…, su cónyuge, pareja, ascendientes, descendientes o hnos.” En tales supuestos propios de la criminalidad organizada, el Juez está obligado a:

- Preservar la identidad del testigo o perito. - Evitar que pueda ser reconocido por las partes e incluso por 3os.

Se le ocultará la identidad en su declaración testifical por un nº o clave, se le ocultará su domicilio y prestará declaración a través de un procedimiento que impida su identificación visual. La Policía Judicial impedirá que pueda ser filmado o fotografiado. Excepcionalmente se les puede facilitar una nueva identidad.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN El estatuto de testigo protegido ha de aplicarse, cuando se pueda poner en peligro su dº a la vida e integridad física:

- Al 3º que no es parte. - A la víctima. - También a los coacusados “arrepentidos”, ya que la declaración incriminatoria de un co‐acusado contra

otro tiene el valor de declaración testifical (TS).

3. LOS DDFF EN CONFLICTO: LOS TESTIGOS ANÓNIMOS Conflictos entre su 1dº a la vida e integridad física, el de 2la sociedad o la prensa a transmitir información veraz y el 3dº de la defensa a un juicio público y a interrogar a los testigos de cargo. Entre todos ellos, manda el dº a la vida e integridad física, posibilitando la restricción de los otros 2. Aunque este estatuto no puede convertir necesariamente en “anónimos” a los testigos protegidos cuando presten declaración testifical, en calidad de prueba (anticipada o en el juicio oral. Art. 4 LPOTP). Si alguna de las partes en su escrito de calificación solicita conocer la identidad del testigo protegido, “el Juez o Tribunal… deberá facilitar el nombre y los apellidos de los testigos…”. Con la única excepción de los agentes encubiertos, el Tribunal ha de desvelar en el juicio oral la identidad del testigo protegido a fin de que las partes puedan formular las “tachas” e ilustrar al Tribunal acerca de la imparcialidad del testigo protegido durante la fase instructora. Para la valoración del resultado probatorio del testigo anónimo es necesaria la presencia de los siguientes requisitos:

a) Que el anonimato hay sido declarado mediante resolución judicial motivada. b) Que la defensa pueda alegar sobre la fiabilidad y credibilidad del testigo. c) Que la declaración del testigo sea corroborada por otros medios de prueba.

STC 2590/2013.


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IV. LOS AGENTES ENCUBIERTOS Art. 282 bis LECr. La posición de agente encubierto no puede ocuparla cualquier funcionario de policía, sino que han de ser miembros de la Policía Judicial. El agente asume la tarea de infiltrarse en una organización bajo una identidad falsa proporcionada por el Mº del Interior, que le permite acceder no sólo al conocimiento de delitos cometidos o en vías de preparación, sino también a las personas investigadas y su círculo de allegados. La investigación con agentes encubiertos debe autorizarse por 1el Juez de Instrucción o 2el MF. Su objeto es un listado de delitos tasados. Durante el desarrollo de la investigación, habrá de solicitar al Juez de Instrucción autorización. Cuando las partes soliciten conocer la identidad del testigo protegido que al mismo tiempo es agente encubierto, el órgano judicial tiene que revelar la identidad falsa. El agente encubierto queda exento de responsabilidad por aquellos delitos cometidos en el desarrollo de la investigación, siempre y cuando sean consecuencia necesaria de ésta, guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una inducción al delito.

V. AGENTE PROVOCADOR Y DELITO PROVOCADO Es el funcionario policial que intenta esclarecer delitos ya cometidos y poner término a una actividad delictiva que se está cometiendo. El sujeto está dispuesto a delinquir y la actuación del agente pone en marcha una decisión previa y libremente adoptada. Esta intervención suele darse en los delitos de tracto sucesivo (tráfico de drogas). La actuación del agente provocador es lícita y la prueba obtenida, apta para su valoración en el juicio oral. Hay que diferenciar la actuación del agente provocador del delito provocado, que es cuando un delito se realiza en virtud de una actuación inductora (= la voluntad de delinquir surge en el sujeto como consecuencia de la actividad de otra persona).

VI. LOS CONFIDENTES POLICIALES Persona perteneciente a círculos delictivos que 1por propia iniciativa o 2por encargo de las autoridades penales, suministra información a las FFyCC de Seguridad en el marco de las primeras diligencias, con el propósito de obtener beneficios económicos o procesales. En nuestro OJ carecen de cobertura legal. En el acto del juicio oral las manifestaciones del confidente sólo enervarán la presunción de inocencia en la medida en que preste declaración en condición de testigo.

VII. LOS INFORMES DE LOS PERITOS 1. REGULACIÓN Y CONCEPTO

► Arts. 456‐485 (prueba pericial anticipada). ► Arts. 339‐363 (diligencias sobre el cuerpo del delito). ► Arts. 723‐725 (régimen “probatorio” de estos informes).

Acto de investigación (o de prueba si se practica con carácter anticipada y en el juicio oral), por el que ddos. profesionales cualificados y designados por el Juez, le auxilian o aportan máximas de la experiencia de las que pudiera carecer, a fin de obtener una mejor comprensión sobre la naturaleza y tipicidad del hecho, y sobre la responsabilidad penal de su autor.


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2. CLASES

- Peritos titulados Han obtenido un título oficial que les habilita para informar sobre el objeto de esta diligencia. El Juez los utilizará preferentemente.

- Peritos no titulados Carecen de ese título oficial. Pueden ser:

• Oficiales Los designados por el Juez. • Privados Los designados a instancia de parte.

Regla gral.: Los peritos son designados de oficio en un nº de 2 en el sumario ordinario y de 1 en el abreviado. Aunque en la práctica forense no es inusual que junto a los peritos oficiales, puedan informar también los privados (exigencia del dº a la tutela y de defensa).

3. ESTATUTO A) Obligaciones Art. 118 CE.

1. De colaborar con el Juez de Instrucción. 2. De aceptar su encargo. 3. De prestar su informe con imparcialidad y objetividad.

Pueden incurrir en las mismas responsabilidades que los testigos. Debido a que el perito es un auxiliar o colaborador del Juez, debe de abstenerse cuando se encuentre en una causa de exención de prestación de informe por causa de parentesco, so pena de ser sancionado con multa. B) DD A percibir “los honorarios e indemnizaciones que sean justos…” (art. 465). 4. PROCEDIMIENTO

1º). Una vez designado, el Juez lo convocará para que acepte el cargo y preste su informe. Por razones de urgencia también puede efectuar dicha citación de forma verbal y a través de la policía judicial.

2º). En el ámbito de los juicios rápidos, la policía judicial puede ordenar la práctica de informes periciales oficiales para su remisión al Juez de Guardia.

3º). Todos los peritos están obligados a comparecer. 4º). Hecho el nombramiento de los peritos, el Secretario judicial lo notificará a las partes por si desean ejercitar

la recusación. Son causas de recusación: - El parentesco. - El interés. - La amistad o enemistad.

5º). Si se estimara la recusación, tanto el acusador particular como la defensa tendrán dº a designar un perito “privado”, debiendo resolver el Juez sobre la admisión de tales peritos.

6º). A la diligencia pericial podrán acudir todas las partes. 7º). La emisión del informe será intervenido por el Juez y su Secretario. 8º). Contenido del informe:

- Descripción de la persona o cosa objeto del mismo, de estado o del modo en que se halle. - Relación detallada de todas las operaciones practicadas y su resultado. - Las conclusiones conforme a los ppios. y reglas de su ciencia o arte.

9º). En el caso de que el nº de peritos fuera par y entre ellos se produjera discordia en su informe, el Juez designará un nuevo perito que efectuará un nuevo informe.


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QUINTA PARTE. LAS MEDIDAS CAUTELARES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES

T27. MEDIDAS CAUTELARES PENALES Y RESOLUCIONES PROVISIONALES: (I) LA DETENCIÓN I. LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO PENAL 1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Están dirigidas a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia por el tiempo que pasa desde la instrucción hasta el juicio. Son resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional que pueden adoptarse en el curso de un procedimiento penal contra el imputado por un delito de tal gravedad que haga presumir su riesgo de fuga o su ocultación personal o patrimonial, por las que se limita provisionalmente su libertad o la libre disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos, penales y civiles, de la sentencia. 2. PRESUPUESTOS “Fumus boni iuris” Razonada atribución del hecho punible a persona dda. (= su imputación). Sin imputado no existe posibilidad de adopción de medidas cautelares. “Periculum in mora” Peligro de fuga o de ocultación personal o patrimonial del imputado. Si el hecho no lleva aparejada pena privativa alguna, habrá de presumir la inexistencia de peligro de fuga. También habrá que tomar en consideración la inexistencia de “antecedentes penales”, el arraigo familiar y social del imputado o las características del hecho punible.

3. ELEMENTOS A) Jurisdiccionalidad Sólo pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional competente. Excepcionalmente, las “provisionalísimas” pueden ser dispuestas por la policía (p.ej., detención), pero siempre “a prevención” y en función del correspondiente u ulterior procedimiento penal.

B) Instrumentalidad Han de estar supeditadas a un proceso penal en curso, sin que pueda la Admón. imponer una medida autónoma limitativa del dº a la libertad, y habrán de finalizar necesariamente con dicho proceso, extinguiendo sus efectos o transformándose en medidas ejecutivas.

C) Provisionalidad Han de durar el tiempo en que permanezca pendiente el proceso ppal., pero con anterioridad a dicho término pueden también finalizar o transformarse en distintas medidas (= sometidas a la regla “rebuc sic stantibus” – tan sólo ha de permanecer en tanto subsistan los presupuestos que las han justificado‐). Aunque hay medidas provisionales con plazos máximos de duración, como la detención o la prisión provisional. D) Homogeneidad Son homogéneas con las medidas ejecutivas a las que tienden a preordenar. Debido a que la medida cautelar está destinada a garantizar los futuros efectos de la sentencia, su naturaleza participa de las medidas ejecutivas; de ahí que el tiempo de prisión provisional haya de computarse en la ejecución de la pena.


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II. LAS RESOLUCIONES PROVISIONALES Son medidas limitativas de ddos. DD del imputado con el objeto de posibilitar el cumplimiento de los fines del proceso, fundamentalmente el de la protección de la víctima. Imponen al imputado el cumplimiento de ddas. obligaciones procesales o de prestaciones, tanto positivas como negativas. Clasificación:

1) Tendentes a posibilitar el esclarecimiento de los hechos Requerimiento policiales a fin de soportar un control de alcoholemia o un “cacheo”, las inspecciones e intervenciones corporales y la prisión provisional dirigida a evitar la ocultación o alteración de las fuentes de prueba.

2) Dirigidas a la tutela de la víctima Prohibiciones establecidas al imputado de residencia y de frecuentar ddos. lugares y, en gral., las órdenes de protección de las víctimas.

3) Dirigidas a conjurar el peligro de reiteración delictiva Prisión provisional por peligro de reiteración delictiva, la privación del permiso de conducción, secuestro de publicaciones y sus soportes, prohibición de difusión de la noticia delictuosa.

III. LA DETENCIÓN 1. CONCEPTO Medida cautelar de carácter personal.

► La puede adoptar la autoridad judicial, la policía e incluso los particulares. Está sometida a un exiguo plazo legal.

► El objeto material sobre el que recae es la “libertad deambulatoria” o dº a la libertad de movimiento del art. 17 CE.

► Está sometida al ppio. de proporcionalidad. Ha de adecuarse al fin perseguido, justificarse exclusivamente en los “casos y en la forma previstos en la Ley”.

► Requiere la preexistencia de una imputación de un delito de especial gravedad contra persona dda. ► SI la detención ha sido practicada por una persona o autoridad distinta de la judicial, su finalidad ha de ser

la de poner de inmediato al detenido a disposición judicial. ► El cumplimiento de la legalidad se asegura 1material (su inobservancia puede dar lugar a una pretensión

civil resarcitoria por anormal funcionamiento de la Justicia y la consiguiente responsabilidad penal por la comisión de un delito de “detenciones ilegales”) y 2procesalmente (por la posibilidad de incoar el procedimiento de “habeas corpus”)

► Esta medida se encuentra a veces condicionada al fuero de la detención (Diputados, Senadores, Magistrados, diplomáticos…).

2. CLASES Especiales No se regulan en la LECr ni participan con plenitud de la naturaleza de las medidas cautelares (detención de extranjeros, indocumentados, personas infecto‐contagiosas…). Ordinarias Las que pueden disponerse al amparo del art. 17 CE y arts. 489 y ss LECr. La única causa que legitima la detención en la presunta comisión de un delito y en aras de la incoación del correspondiente proceso penal. Pueden distinguirse 3 clases de detenciones: 1las que se les autoriza practicar a los particulares; 2las que deben disponer los funcionarios de policía y 3las que puede adoptar la autoridad judicial.

IV. LA DETENCIÓN POR LOS PARTICULARES

Facultad que asiste a todo ciudadano (también un policía judicial en calidad de particular, p.ej.) consistente en privar de la libertad ambulatoria en los casos de 1delito flagrante (art. 490. 1º y 2º) o 2de fuga o rebeldía del imputado o condenado (art. 490. 3º y 7º), dando cuenta inmediata a la autoridad o poniendo inmediatamente a disposición de ella al detenido.


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La “retención” (= no dar cuenta inmediata) del detenido sería constitutiva de un delito de detención ilegal. El art. 491 LECr obliga al autor de una detención a justificar al detenido los motivos que autorizan esa detención. Si no concurrieran esos supuestos, el particular incurrirá en el delito de detención ilegal del art. 163.4 CP.

T28. LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: (II) LA DETENCIÓN POLICIAL Y EL “HABEAS CORPUS” I. LA DETENCIÓN POLICIAL 1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES Acto procesal consistente en la limitación provisional del dº a la libertad del sospechoso de la comisión de un delito sobre el que exista peligro de fuga, durante el tiempo indispensable, y dentro del plazo previsto en la Ley, para practicar las diligencias de reconocimiento e interrogatorio, poniéndolo en libertad o a la inmediata disposición de la autoridad judicial. A) Sujetos Los sujetos que pueden practicar la detención policial son:

1. Los funcionarios de la policía judicial. 2. Las demás autoridades:

a. El MF, legitimado para ordenar la “detención preventiva” b. Los funcionarios de la Admón. penitenciaria.

No ha de merecer la calificación de detención policial la que puedan practicar los guardas jurados integrantes en la seguridad privada, porque no gozan del carácter de autoridad (*habrá que ver en qué queda con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana cuyo Anteproyecto fue aprobado el 29/11/2013 y que está pendiente de su tramitación parlamentaria).

B) Naturaleza Es una “obligación” de la policía impuesta por su misión de descubrimiento de los delitos y de sus presuntos autores. Sin embargo, se trata de una medida cautelar, preordenada a garantizar la futura aplicación del “ius puniendi” y de proporcionar al Juez de Instrucción el 1er sustrato fáctico para la incoación del sumario y la adopción de las medidas cautelares que pudieran acordarse. C) Objeto El ordenamiento faculta a la policía para practicar las “diligencias de prevención” y culminar el “atestado”. Pueden realizar ddas. diligencias en el curso de la detención convirtiéndola en un acto de investigación indirecto, ya que posibilita la práctica de actos de investigación tales como el interrogatorio y el reconocimiento del detenido. D) Modalidades También deben considerarse detenciones las de indocumentados (Ley de Seguridad Ciudadana LO 1/1992). En cambio, no se consideran detenciones 1las interrupciones momentáneas de la libertad deambulatoria tales como los controles de alcoholemia y para el descubrimiento de delitos los “cacheos” y 2las resultantes de las inmovilizaciones de vehículos. 2. PRESUPUESTOS Los propios de las medidas cautelares:


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► Imputación (“fumus boni iuris”) La detención policial exige como presupuesto material previo la existencia de un título de imputación (condena, rebeldía, procesamiento o evidente participación en un hecho punible) contra una persona dda. Sin imputación previa no existe detención legal.

► Peligro de fuga (“periculum in mora”) No es suficiente cualquier género de imputación, sino la de un hecho punible que revista especial gravedad o que, sin tenerla, pueda el funcionario de policía presumir que éste se sustraerá a la actividad de la Justicia.

Consideraciones:

- Si el ciudadano está imputado por un delito grave con pena > a 3 años y el Juez no ha determinado su libertad, cabe inferir que se sustraerá a la acción de la Justicia, por lo que su detención será procedente.

- Si el delito llevara aparejada una pena < a 3 años y no existiera imputación judicial, el policía habrá de formarse un juicio racional sobre la tipicidad del hecho, la presunta participación en él del sujeto y sobre el peligro de fuga del imputado.

- Nunca procede la detención por la comisión de una falta, salvo que: o El imputado carezca de domicilio conocido y no satisfaga la “fianza” impuesta por la autoridad. o Que se trate de una falta contra el orden público.

3. EL PLAZO DE LA DETENCIÓN SepR_10, SepR_09 La detención policial: el plazo de la detención Sep_09 El plazo de la detención No puede durar más del tiempo necesario “para el esclarecimiento de los hechos” (= reconocimiento de identidad y la declaración del detenido) y como máx. 72 h (art. 17.2 CE); sin embargo, ese plazo es susceptible de ser ampliado por la legislación especial y de ser reducido por la ordinaria, por lo que habrá de distinguir:

► Plazos extraordinarios Establecidos por la LO 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio (la detención puede alcanzar los 10 días) y en la LO 4/1998 contra el terrorismo, que puede llegar hasta los 5 días.

► Plazo ordinario El art. 496 LECr mantiene el plazo de 24 h como límite máximo de la detención policial.

Si se sustenta la tesis de la vigencia del plazo de 24 h, la retención de una persona sin motivo alguno que lo justifique convertirá a la detención en “ilegal”, a los efectos del planteamiento de un recurso de “habeas corpus” y de la apertura de un procedimiento penal contra el funcionario de policía responsable de dicha detención por la comisión de un delito de detenciones ilegales del art. 530 CP (detención ilegal por exceso de plazo).

4. LA ENTREGA DEL DETENIDO A DISPOSICIÓN JUDICIAL Si las prácticas de las diligencias de prevención hubieran conllevado la detención de una persona y no procediera su inmediata puesta en libertad, la policía ha de entregar al detenido al Juez de Instrucción de Guardia que resulte ser competente (= al Juez más próximo al lugar del art. 496.1). 5. RÉGIMEN JURÍDICO: GARANTÍAS Y DD DE LOS DETENIDOS La detención posibilita la realización de actos de investigación sobre el detenido (reconocimiento e identificación y el interrogatorio policial). Desde el mismo momento de la detención hay que hacer valer una serie de garantías que han de hacer posible el dº de defensa (= obligaciones de la policía y DD del detenido): A) Obligación de información Los funcionarios de policía han de ilustrar al detenido del ejercicio de sus DD constitucionales y, en especial, de su dº al silencio y del contenido esencial de la imputación (= hecho “histórico” punible y mínima calificación e ilustración de la norma penal infringida), con anterioridad al interrogatorio.


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B) Dº al silencio y a no declarar contra sí mismo Art. 24.2 CE y art. 520 LECr. Su vulneración incide en la presunción de inocencia, haciéndose acreedora la declaración con la omisión de esta obligación prestada, de la prueba prohibida. Sin embargo, no infringe el DF “a no declarar contra sí mismo” la obligación que gravita sobre los conductores de someterse a la realización de una prueba de aire expirado.

C) Dº a ser asistido por intérprete gratuito Implícito en el fundamental de defensa. Gratuitamente “cuando se trate de extranjero (o español) que no comprenda o hable el castellano”. D) Dº a la notificación de la detención El detenido puede exigir a la policía que se comunique al familiar o persona que determine la existencia de la detención y el lugar de custodia. Es de gran relevancia práctica cuando pretenda ejercitarse un “habeas corpus”, cuya práctica depende de un familiar que lo ejercite, que necesita conocer tanto de la existencia como del lugar de la detención. Este dº potestativo del detenido se torna en obligación de la policía si el sujeto pasivo de la detención fuere un menor o una persona incapaz. Habrán de notificarse tales extremos a los representantes legales del menor y al MF. No asiste este dº a los detenidos en régimen de incomunicación.

E) Dº a la intervención del Abogado defensor Es un dº irrenunciable. Las Autoridades tienen la obligación de proveer al detenido de un Abogado de oficio, si no hiciera uso de su dº a la designación de un Abogado de confianza. Excepciones:

• En los delitos contra la seguridad del tráfico (se transforma en un dº disponible) • Cuando el detenido estuviere incomunicado (materia de terrorismo)

La intervención del defensor se ciñe a los reconocimientos de identidad y al interrogatorio policial. Su régimen de intervención no es activo, pero tampoco es el del “convidado de piedra” (puede solicitar que se le informe al detenido de sus DD y puede solicitar la ampliación del interrogatorio, hacer consignar en el acta cualquier incidencia y entrevistarse reservadamente con su patrocinado).

F) Dº a ser reconocido por el médico forense Art. 520.2.f. El facultativo debe ser:

1. El Médico forense o su sustituto. 2. El Médico de la Institución en que se encuentre (= Médico de la Policía) 3. Cualquier otro del Eº o demás AAPP.

El nombramiento de dicho facultativo no excluye el que pueda designar el Juez como consecuencia de la incoación del procedimiento penal para la determinación de ese nuevo hecho o del correspondiente procedimiento de “habeas corpus”. G) Garantías procesales del interrogatorio policial

Han de presidir todo interrogatorio del imputado, sea ante la policía, ante el Juez de Instrucción o ante la Audiencia, en el juicio oral.


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Arts. 297.3º y 388‐405 LECr.

► Prohibición de utilización de actos o medios de investigación prohibidos por la Ley Medios que la Ley no autorice tales como la coacción o amenaza, tortura, sueros de la verdad, hipnosis, etc. Sería un claro supuesto de prueba prohibida. Sin embargo, es lícito recoger del detenido material genético externo o interno para una prueba de ADN, con su consentimiento o mediante autorización judicial.

► Garantías tendentes a garantizar la espontaneidad del interrogatorio Las peguntas habrán de ser

directas, sin que puedan utilizarse preguntas capciosas o sugestivas. El detenido tiene dº a leer por sí mismo la declaración prestada o solicitar su lectura con anterioridad a su ratificación.

6. ESPECIALIDADES EN LA DETENCIÓN EN MATERIA DE TERRORISMO Art. 520 bis. A) El plazo de la detención en terrorismo El plazo común de la detención policial en materia de terrorismo es de 72 h, pudiéndose prolongar hasta un total de 5 días, “para los fines investigadores”. El Juzgado Central es quien autoriza dicha prórroga mediante resolución motivada. B) La incomunicación de terroristas detenidos El detenido puede ser sometido a incomunicación si la policía así lo solicita, con inmediatos efectos ejecutivos y con fundamento en la necesidad de completar la investigación (art. 506). El Juzgado Central habrá de resolver esta petición mediante resolución motivada dentro del plazo de 24 h; si no se pronunciase, habrá que entender su silencio como denegatorio. Efectos de la incomunicación Se circunscribe a las relaciones del detenido con 3os e incluso con su Abogado de confianza (en su lugar, se le asigna uno de oficio).

7. VALOR PROCESAL DEL INTERROGATORIO POLICIAL La doctrina del TC y el art. 297 LECr niegan valor probatorio al interrogatorio del detenido. Su “confesión” no constituye por sí sola prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia y poder fundar una sentencia de condena. Pero ¿qué valor cabe otorgar al interrogatorio policial, si se ha omitido o vulnerado las garantías preestablecidas o los DD del detenido?:

► Si el interrogatorio se ha obtenido a través de medios que la Ley no autoriza Los hecho arrancados contra la voluntad del inculpado no pueden ser valorados por el Tribunal sentenciador. Se estimaría dicha prueba como de valoración prohibida y con efectos reflejos o indirectos; por consiguiente, no sólo la declaración del detenido sino incluso la testifical del funcionario de policía no podrán ser admitidas como prueba en el juicio oral.

► Si el interrogatorio se ha practicado con vulneración de las demás garantías procesales La

“confesión” del detenido no impedirá al órgano jurisdiccional practicar los demás medios de prueba. Debe regir tan sólo los efectos directos de la prueba prohibida.

La infracción de tales garantías no ocasionará la nulidad de las actuaciones, ni impedirá una ulterior actividad probatoria sobre tales hechos.

II. EL PROCESO DE “HABEAS CORPUS” Ene_07 El proceso de habeas corpus: concepto y notas esenciales y el objeto 1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES


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Art. 17.4 CE y LO 6/1984. Es un procedimiento especial preferente y rápido por el que se solicita del órgano jurisdiccional competente el restablecimiento del dº constitucional a la libertad, vulnerado por la comisión de cualquier detención ilegal que pueda ser dispuesta por persona o Autoridad distinta a la del Poder Judicial. Notas esenciales:

1) Es un proceso especial (= procedimiento declarativo con una cognición limitada y dirigida a constatar la ilegalidad de la detención)

2) Es un procedimiento especial sustancialmente acelerado (= su finalidad es obtener rápidamente una resolución judicial que 1decrete la puesta en libertad, 2conforme la detención o 3cambie su custodia).

3) El objeto viene ddo. por una pretensión de naturaleza constitucional (art. 17 CE). Si la pretensión de amparo no recibiera satisfacción por parte de los Juzgados ordinarios, habrá de estimarse cumplido el ppio. de subsidiariedad y podrá trasladarse a través de un recurso de amparo directo la solicitud de restablecimiento del dº a la libertad ante el TC, sin tener que agotar la vía judicial ordinaria.

4) Su presupuesto material lo ha de constituir siempre la detención ilegal.

2. EL OBJETO PROCESAL Es el conocimiento de una pretensión nacida como consecuencia de la comisión de una detención ilegal y fundamentada en la violación del dº a la libertad.

A) Las partes Son:

1) El titular del DF vulnerado. 2) La autoridad gubernativa, funcionario, persona física o jurídica causante de dicha vulneración.

Pueden aparecer otras partes secundarias en ambas posiciones. Activas Una persona física nacional o extranjera. En nombre de la persona detenida puede también su Abogado plantear el “habeas corpus”. Pasivas Una persona física o jurídica (p.ej., sectas religiosas, internamiento psiquiátricos o geriátricos). El “habeas corpus” es procedente con independencia de la naturaleza jurídico‐pública o privada del autor causante de la detención. B) Objeto Requiere:

1. Que exista una detención 2. Que no haya sido dispuesta por la autoridad judicial 3. Que sea ilegal

La detención Si no hay privación de libertad no es procedente el “habeas corpus”. Por detención cabe entender cualquier forma de privación de la libertad deambulatoria del ciudadano, incluyendo las detenciones especiales vistas (internamiento de un incapaz, detenciones de extranjeros, arrestos disciplinarios de autoridades militares…). No judicial No es procedente cuando tales privaciones de libertad fueran producidas por la Autoridad judicial. La prisión provisional o la pena de prisión habrán de ser combatida mediante la vía de los recursos en el caso de los penados y, mediante el recurso constitucional de amparo, llegado el caso. Ilegal 1Porque falte o sea insuficiente la imputación, 2por exceso de plazo y 3omisión en el curso de la detención de las garantías preestablecidas.


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C) La petición Se puede solicitar:

1. El total restablecimiento de la libertad a través de la petición de puesta inmediata en libertad. 2. Un cambio de custodia de la persona detenida. 3. Su puesta a disposición de la autoridad judicial.

Todos estos supuestos encierran pretensiones mixtas, declarativas y de condena, en las que junto al restablecimiento del DF vulnerado, se ha de solicitar la “condena” al demandado al cumplimiento de una dda. prestación (puesta en libertad, a disposición judicial o cambio de custodia).

3. COMPETENCIA A) Objetiva Con carácter gral. y “vis atractiva”, los Juzgados de Instrucción, aunque hay 2 fueros especiales.

1. El Juzgado de Instrucción El competente para entender de este procedimiento y también con motivo de la detención de un menor.

2. Los Juzgados Centrales Si la detención obedece a la aplicación de la LO que desarrolla los supuestos previstos en el art. 55.2 CE (alarma, excepción, sitio y terrorismo).

3. Los Juzgados Togados Militares.

B) Territorial Hay un fuero común (= el Juez de Instrucción del lugar de custodia) y 2 supletorios (1el del lugar en que se produzca la detención, y 2el del lugar en donde se hayan tenido noticias sobre el paradero del detenido). C) Funcional La fase declarativa transcurrirá ante el Juzgado de Instrucción (o Central o Togado). No existe fase de impugnación.

4. INCOACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y LEGITIMACIÓN

► De oficio En el mismo Auto el Juez de Instrucción ordenará a la autoridad la entrega inmediata de la persona y procederá a practicar las diligencias previstas en el art. 7

► A instancia de parte La única parte ppal. actora que existe en este procedimiento es el detenido, pero como se encuentra custodiado y a fin que no se le ocasione indefensión, el legislador ha concedido legitimación a sus parientes y representantes, cuya capacidad de postulación se limita únicamente a provocar la iniciación del procedimiento (no son partes ppales., ni secundarias ni adhesivas. Su intervención es similar a la del denunciado). El Defensor del Pueblo también está autorizado a promoverlo (art. 3.c) y a poner la “notitia criminis” en conocimiento del Fiscal Gral. del Eº. El MF está facultado por Ley a formular oralmente sus alegaciones en el trámite de la comparecencia previsto en el art. 7.2) y a intervenir a lo largo de todo el procedimiento.

5. FASE DE ADMISIÓN E INCOACIÓN El Juez de Instrucción debe, mediante resolución motivada, denegar o admitir la incoación del procedimiento (art. 6). Si la admite, podrá adoptar alguna de estas 2 resoluciones:

1. Requerir a la autoridad o persona, bajo cuya custodia se encuentre el detenido “que la ponga de manifiesto ante él”.

2. Personarse en el lugar de custodia. Supuesto que ha de reservarse para las detenciones ilegales más graves.


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6. ALEGACIONES Y PRUEBA

Una vez puesta a disposición judicial la persona del detenido, “oirá el Juez a la persona privada de libertad” (= comienzo de la fase de alegaciones). A continuación formulará el MF sus alegaciones y finalmente la persona o autoridad que hubiere dispuesto o ejecutado la detención, así como a aquella bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad. Las partes pueden simultáneamente proponer la prueba que estime conveniente, si es pertinente y puede practicarse en el acto. La fase de alegaciones y el término probatorio no pueden exceder de 24 h desde el Auto de incoación de procedimiento. 7. RESOLUCIÓN Debe ser mediante Auto motivado.

► Resolución denegatoria El Juez dispondrá “el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a Dº la privación de libertad y las circunstancias en que se está realizando”.

► Resolución estimatoria Contendrá la declaración de “ilegalidad de la detención” practicada y el pronunciamiento de condena, que puede ser:

- La puesta inmediata en libertad (si falta el presupuesto habilitador de la privación de libertad, como la imputación, p.ej.)

- Su cambio de custodia (= supuestos en que estando materialmente justificada la privación de libertad, se ha cometido alguna violación de las garantía contempladas en el art. 1. a y d.).

- Su puesta a disposición de la autoridad judicial: Necesariamente, cuando la ilegalidad de la detención residiera en el exceso del plazo. Potestativamente, cuando el Juez de Instrucción estimara que han concluido las

diligencias policiales o que deban ser continuadas por la autoridad judicial. Respecto a las costas, rige el criterio de “temeridad” apreciado en la conducta del solicitante.

T29. LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: (III) LA DETENCIÓN JUDICIAL, PRISIÓN Y LIBERTAD PROVISIONAL Y OTRAS MEDIDAS I. LA DETENCIÓN JUDICIAL 1. CONCEPTO Y CLASES Toda privación de libertad dispuesta por un órgano jurisdiccional en el curso de un procedimiento penal y la situación en la que permanece el detenido durante el plazo máx. de 72 h. De ahí que se distinga 2 clases de detención judicial:

► De oficio Puede ser a consecuencia del incumplimiento de una orden de comparecencia, del surgimiento de una imputación contra persona dda., o del incumplimiento de las normas de “policía de vistas”.

► La detención judicial confirmatoria La que puede suceder como confirmación o prolongación de la ya efectuada por los particulares o funcionarios de policía.

2. LA PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL DEL DETENIDO El art. 496 faculta a los particulares y a la policía judicial a entregar al detenido al Juez más próximo, quien no tiene por qué ser el competente…


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A) Entrega del detenido al Juez competente Art. 497 LECr. El Juez cuenta con un nuevo plazo de 72 h para resolver la situación mediante 1la puesta en libertad, 2la elevación de la detención a prisión provisional o 3la adopción de otra medida cautelar.

B) Entrega del detenido a Juez incompetente Arts. 498 y 499 LECr. El Juez incompetente practicará las “diligencias de prevención” (= interrogatorio judicial del detenido, también podrá elevar la detención a prisión provisional, etc.) debiendo remitir todas la diligencias y al detenido al Juez competente, quien en el plazo de 72 h ratificará la prisión provisional. El Auto elevando la detención a prisión será puesto en conocimiento de todas las partes formales e incluso del propio detenido, para que pueda recurrir en reforma el Auto. El recurso de apelación o de queja (en el PA) exigirá la firma de letrado.

II. LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA 1. CONCEPTO Y FUNDAMENTO Ley 3/2003. Es una resolución judicial dictada en un Eº miembro de la UE con vistas a la detención y la entrega por otro Eº miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

2. COMPETENCIA Dos autoridades:

1. La “autoridad judicial de emisión” (= Juez que está conociendo de la causa) 2. La “autoridad judicial de ejecución” (= Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal de la AN).

3. EMISIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA ORDEN EUROPEA Supuestos:

1) Para el ejercicio de acciones penales respecto de las infracciones penales sancionadas en el CP con una pena o medida de seguridad privativas de libertad de al menos 12 meses.

2) Para proceder al cumplimiento de una condena a una pena o medida de seguridad no < a 4 meses de privación de libertad.

Si el Juez español conociera el paradero en UE del imputado, se comunicará directamente con el órgano judicial competente; si no lo conociera, podrá introducirle el contenido de la orden en el sistema informático de Schengen. La entrega será inmediata por delitos graves (= pertenencia a organización delictiva, terrorismo, tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, blanqueo, etc.). Si se tratara de un delito leve (con pena privativa de libertad < 12 meses) la entrega podrá supeditarse al requisito de que el hecho punible constituya también delito en España.

III. LA PRISIÓN PROVISIONAL 1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES Es una medida cautelar penal provisional y de duración limitada que puede dictar un Juez de Instrucción mediante Auto motivado, por el que restringe el dº a la libertad por la comisión de un delito de especial gravedad y en quien concurra 1un peligro de fuga o 2riesgos de reiteración delictiva, de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba o 3la puesta en peligro de la integridad de la víctima. Notas esenciales:


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1. Jurisdiccionalidad Sólo puede ser adoptada por los órganos judiciales, nunca la policía judicial, el MF ni autoridad alguna.

2. Objeto: la restricción del dº a la libertad Art. 17 CE. Exige la aplicación de la doctrina constitucional sobre la proporcionalidad, que exige el cumplimiento de los siguientes presupuestos:

a. Legalidad: La adopción de la prisión provisional requiere: - Que esta medida se instaure y regule mediante LO. - Que la norma legal habilitadora de la injerencia reúna las condiciones mínimas suficientes requeridas por las exigencias de seguridad jurídica y certeza del Dº.

b. Necesidad: Es imprescindible que su adopción objetivamente se justifique para obtener el cumplimiento de los fines constitucionales que la legitiman.

c. Motivación: Obligación formal del Juez de motivar dicho juicio de necesidad en las decisiones relativas a la adopción y al mantenimiento de la prisión provisional. La insuficiencia o falta de motivación infringe el dº a la libertad, lo que legitima al imputado a recurrir incluso mediante un recurso directo de amparo (TC).

3. Duración El art. 504 LECr limita la duración de la prisión provisional mediante la fijación de un sistema de plazos máximos, en función del fin perseguido y de la duración previsible de la pena asociada al delito imputado. Una vez cumplidos, el Juez debe poner en libertad al procesado. La existencia de dichos plazos no legitima, sin más, al Juez a agotarlos, sino que debe levantar la medida tan pronto como desaparezcan los presupuestos que legitimaros su adopción.

2. LA PRISIÓN PROVISIONAL COMO MEDIDA CAUTELAR: REQUISITOS No es suficiente la imputación de cualquier infracción penal o contravención, sino de un delito. Es necesario 1que exista constancia del hecho y que 2el Juez tenga “motivos bastantes” sobre la responsabilidad penal de imputado (= “fumus boni iuris”). A) Límite penológico Regla gral.: La existencia de 1 o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena ≥ 2 años de prisión. Razones procesales y materiales que determinan este límite penológico:

- Procesales: El legislador ha hecho coincidir el mín. punitivo que permite la adopción de la prisión con el límite a partir del cual no es posible al juicio en ausencia del acusado (art. 786.1.II).

- Materiales: Dicho límite cuantitativo es el que permite eludir el cumplimiento de la pena de prisión por otras medidas limitativas de DD (arts. 81.2ª y 88 CP).

No obstante, son muchas las excepciones a esa regla gral., de modo que el resultado viene a ser que la regla se convierte en la excepción… Art. 503 LECr. 4 Supuestos en donde no resulta de aplicación el mín. punitivo de los 2 años:

1. Cuando el imputado tuviere antecedentes penales no cancelados no susceptibles de cancelación, por delito doloso.

2. Si la prisión provisional tiene como fin asegurar la presencia del imputado y hubieran sido dictadas al menos 2 requisitorias en los 2 años anteriores.

3. Cuando se pretenda evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima. 4. Cuando la prisión persiga conjurar el riesgo de reiteración delictiva.

B) “Motivos bastantes sobre la responsabilidad penal del imputado” Es necesario que aparezcan “motivos bastantes para creer responsable criminalmente” del delito a la persona contra quien se haya de dictar el Auto de prisión (art. 503.1.2º) *Motivos bastantes = Concurrencia de meros indicios racionales de criminalidad y que no se acredite la concurrencia de alguna causa de exención o extinción de la responsabilidad penal.


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3. LA PRISIÓN PROVISIONAL COMO “RESOLUCIÓN PROVISIONAL”

Junto al peligro de fuga, la LECr incorpora 1el riesgo de obstrucción de la instrucción penal y 2de reiteración delictiva como fines que legitiman la adopción de la prisión provisional. El legislador convierte a la prisión preventiva en una resolución provisional limitativa del dº a la libertad y tendente a garantizar el descubrimiento de la verdad y la protección de la víctima. A) Peligro de ocultación o de alteración de las fuentes de prueba De gran utilizad en las instrucciones de delitos contra el orden socioeconómico, en los que el conocimiento por el imputado de la existencia contra él de un procedimiento penal puede inducirle a destruir las fuentes de prueba. Requisitos:

- Que las fuentes de prueba que se pretenden asegurar sean relevantes para el enjuiciamiento del objeto penal ppal.

- Que el peligro de la actividad ilícita del imputado sea concreto y fundado (se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de 3os a las fuentes de prueba o para influir sobre los otros imputados, testigos, peritos o quienes pudieran serlo).

No cabe atribuir a la medida cautelar el papel de instrumento de la investigación penal, para no mermar el dº de defensa. B) Riesgo de reiteración delictiva Riesgo relevante que se proyecta 1sobre el normal desarrollo del proceso o la ejecución del fallo, y 2sobre la sociedad, sobre todo tratándose de víctimas de la violencia de género y delitos contra la criminalidad organizada. La prisión podrá, excepcionalmente, adoptarse incluso si el delito imputado llevara aparejada una pena privativa de libertad < 2 años. 4. LA “AUDIENCIA PREVIA” SepR_11 y Feb_09 La prisión provisional: la audiencia previa A) Concepto y fundamento Art. 505 LECr. Vista que, previa solicitud de las partes acusadoras, ha de practicarse ante el Juez de Instrucción como presupuesto necesario para que dicho órgano judicial, con la presencia del imputado, su Abogado, el MF, y como resultado de tales alegaciones, pueda decidir con imparcialidad acerca de la situación personal del imputado. Su fundamento se encuentra en el dº a la libertad del art. 17 y en la conveniencia de que el Juez de Instrucción adopte una resolución tan grave mediante la instauración de un contradictorio. B) La celebración de la audiencia

► Ante el Juez de Instrucción competente Regida por el ppio. dispositivo. Si las partes acusadoras no solicitan la prisión provisional, el Juez no puede adoptarla.

Deberá tener lugar en el plazo más breve posible dentro de las 72 h siguientes a la puesta del detenido a disposición judicial. Se citará a ella al imputado, al MF y a las demás partes personadas. Las partes formularán las alegaciones y efectuarán la prueba que pueda practicarse en el acto acerca de la adopción de la prisión provisional.

Cuando su celebración resulte gravosa o perjudicial, podrá practicarse mediante videoconferencia.


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► Ante un Juez “incompetente” El art. 505.6 obliga al Juez incompetente a disponer de la audiencia, sin perjuicio de que el competente conceda audiencia al imputado y a su Abogado y dicte la resolución que proceda.

5. DURACIÓN Art. 504.1. La prisión provisional “durará el tiempo imprescindible”, aunque también se establecen límites máximos de duración. La Ley prevé un plazo máximo inicial prorrogable y un plazo máximo absoluto.

a) Cuando la prisión provisional responda a los motivos de peligro de fuga, de reiteración delictiva o de protección a la víctima:

- No podrá > 1 año si la pena privativa de libertad fuera ≤ 3 años. - No podrá > 2 años si la pena privativa de libertad fuera > 3 años.

b) Si el riesgo fuera de oscurecimiento de la prueba, el plazo máximo es de 6 meses. c) Si además concurren circunstancias que hacen prever que la causa no podrá ser juzgada antes de que el

plazo inicial haya expirado, el Juez o Tribunal podrá acordar una sola prórroga: - De hasta 6 meses si la pena privativa de libertad fuera ≤ 3 años. - De hasta 2 años si la pena privativa de libertad fuera > 3 años.

d) Una vez dictada sentencia condenatoria, la prisión provisional podrá prorrogarse hasta el límite de la mitad de la pena impuesta, cuando ésta hubiere sido recurrida.

e) El tiempo transcurrido en prisión provisional es computable en la ejecución de la pena privativa de libertad (TC).

IV. LA LIBERTAD PROVISIONAL 1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES SepR_08 Libertad provisional: concepto, notas esenciales y efectos Es la situación en la que se encuentra un imputado con respecto al cual el Juez no ha decidido la adopción de la prisión provisional. El Juez puede imponer una contracautela:

1. La fianza como alternativa a la prisión provisional. 2. La obligación periódica de comparecencia ante el Juzgado. 3. Limitación de ddos. DD

2. EFECTOS A) La obligación de comparecencia “apud acta” Obligación que asiste al imputado de comparecer cuantas veces fuere llamado ante el Juez o Tribunal. En la práctica suele ser cada 15 días, aunque nada impide el establecimiento de una frecuencia distinta cuando se razone la proporcionalidad de la medida. Si dejara de comparecer, el Juez o Tribunal podrá ingresarle en prisión provisional. B) La fianza Como una garantía destinada a garantizar la presencia del imputado en el juicio oral. La fianza puede ser personal, pignoraticia o hipotecaria. La cuantía no puede ser arbitraria o desproporcionada, y su finalidad es la de garantizar la comparecencia del imputado; de ahí que sea adecuada a las circunstancias de arraigo y proporcionada a su patrimonio real, so pena de convertirse en un obstáculo discriminatorio al ejercicio del dº a la libertad, abriendo las puertas a un recurso de amparo por violación del art. 17 CE.


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Si el imputado incumpliera su obligación de prestar fianza, el Juez o Tribunal decretará la prisión provisional. Si incumpliera su obligación de comparecencia “apud acta” o no acudiera al 1er llamamiento judicial, se expedirá requisitoria de búsqueda y captura, sin perjuicio de realizar la fianza por apremio, adjudicándose el Eº su importe. C) Retención del pasaporte Doctrina del TC. Es una medida cautelar destinada a conjurar el peligro de fuga.

V. OTRAS RESOLUCIONES PROVISIONALES 1. PROHIBICIÓN DE RESIDIR O DE ACUDIR A DDOS. LUGARES El Juez de Instrucción puede, en el curso de la fase de investigación de uno de los delitos del art. 57 CP (homicidio, aborto, lesiones, etc.) imponer al imputado, motivadamente y necesariamente para proteger a la víctima, alguna de las siguientes medidas de seguridad:

• Prohibición de residencia en un ddo. lugar. • Prohibición de acudir a sitios ddos. • Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima.

Tiene como presupuesto inexcusable la existencia de indicios racionales de la comisión de uno de los delitos mencionados antes, y ha de ser concebida como una medida de aplicación excepcional, provisional y proporcionada a la consecución de los fines de protección mencionados. En caso de incumplimiento por parte del inculpado, el Juez o Tribunal convocará la comparecencia previa del art. 505 para la adopción de la prisión provisional, de la orden de protección del art. 544 o de otra medida que implique una mayor limitación de su libertad personal. 2. ORDEN DE PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Es un Auto del Juez de Violencia sobre la Mujer 1de oficio o 2a solicitud de alguna de las víctimas (alguna de las personas mencionadas en el art. 173.2 CP). Previa audiencia de la víctima, su agresor y el MF, al imputado se le imponen ddas. obligaciones personales (salida del domicilio, p.ej.) o medidas civiles (régimen de visitas de los hijos, p.ej.) o medidas adtivas. (prohibición de tenencia, porte y uso de armas, p.ej.). No es una medida cautelar, sino una resolución provisional tendente a la protección de la mujer y sus descendientes frente a la violencia machista de su presunto agresor. La ofendida puede solicitar esta orden:

1) A la policía 2) A cualquier oficina de protección a la víctima dependiente de las AAPP. 3) Al MF 4) A la autoridad judicial

El Juzgado de Violencia contra la Mujer dictará la pertinente orden de protección, que se publicará en el Rgtro. Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica y en el Rgtro. de la Sección especializada de la Fiscalía contra la violencia sobre la mujer.

3. LA PRIVACIÓN PROVISIONAL DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN Medida de seguridad que puede adoptar el Juez de Instrucción contra una persona imputada por delito cometido con ocasión de la conducción de un vehículo de motor, siempre y cuando se encuentre en libertad y hasta la obtención de una resolución definitiva y firme en el proceso penal. No posee naturaleza cautelar, sino que es una resolución provisional dirigida a prevenir la reiteración de nuevos hechos punibles mediante la circulación de vehículos de motor.


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La privación se efectuará recogiéndolo del imputado e incorporándolo a los Autos, debiendo comunicarse por el Secretario Judicial a la Jefatura Provincial de Tráfico, para su anotación en el Rgtro.

4. SUSPENSIÓN DE CARGOS PÚBLICOS Las personas sospechosas de haber cometido un delito de terrorismo o rebelión, que hayan sido declaradas procesadas y sometidas a prisión provisional, serán automáticamente suspendidas en el ejercicio de la función o cargo público en tanto permanezcan en esa situación. Requisitos:

► Materiales Que el procesado pertenezca o esté relacionado con una banda armada y que haya cometido algún delito de terrorismo o rebelión.

► Procesales Es necesario que el Juez haya dictado un Auto de procesamiento firme y haya dispuesto la prisión provisional del procesado.

Además, ha de concurrir en el momento de la adopción de la medida que el “procesado estuviere ostentando función o cargo público”. La cesación de los efectos de la suspensión ha de suceder 1por el sobreseimiento o absolución, 2por la conversión en la sentencia firme de esta medida en la pena accesoria de suspensión de empleo y sueldo, 3por el “desprocesamiento” o 4la puesta en libertad del procesado.

T30. LAS MEDIDAS CAUTELARES: (IV) LAS MEDIDAS CAUTELARES CIVILES I. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO Son medidas aseguratorias de la pretensión civil acumulada. Regulación: Arts. 589‐621, 764 y 614 LECr. Requisitos:

1) Que la comisión del delito haya producido un daño en la esfera patrimonial del perjudicado. 2) Que éste no haya reservado el ejercicio de la acción civil, ni la haya condonado. 3) Que dicho perjudicado o un acreedor legítimo solicite del Juez su adopción

Ha de ser ejercitada por el perjudicado, pero si no ha comparecido ni ha reservado su ejercicio ante los Tribunales de lo Civil, el MF podrá ejercitarla en su nombre. Se dirige frente al patrimonio del imputado, si bien también pude dirigirse contra un 3º civil (los progenitores, en caso de menores, o una Compañía de Seguros, p.ej.). Su finalidad es asegurar “las responsabilidades pecuniarias que puedan declarase procedentes” (= las procesales penales y las civiles). La acción civil ocasiona el nacimiento de una pieza separada de la instrucción conocida como “pieza de responsabilidad civil”.

II. PRESUPUESTOS 1. “FUMUS BONI IURIS” Es suficiente la imputación de un delito, cualquiera que sea su gravedad, siempre y cuando sea “fuente” de la obligación civil de resarcimiento. El Juez no debe motivar el Auto de la adopción de medidas cautelares civiles.

2. “PERICULUM IN MORA”


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Concurrencia de la existencia de un peligro en la efectividad de la tutela judicial civil, que podría frustrarse de no adoptarse las medidas. A diferencia del anterior presupuesto, el Juez debe efectuar una motivación específica sobre el riesgo de desaparición del patrimonio del imputado.

III. CLASES 1. ASEGURAMIENTO DE UNA PRESTACIÓN DE RESTITUCIÓN DE COSA DDA.: LA ANOTACIÓN PREVENTIVA Se realiza mediante las diligencias de “recogida del cuerpo del delito”. Si el objeto fuera lícito y el delito cometido doloso, una vez decomisado se venderá para “cubrir las responsabilidades civiles del penado” (el perjudicado tiene la carga de instar su comiso). Si la restitución conllevara la necesidad de obtener la declaración de nulidad de un negocio jurídico fraudulento, habrá que instar la oportuna anotación preventiva de querella. En los procesos penales la restitución obliga a reivindicar tales DD reales con la anotación preventiva de la pretensión civil deducida en un proceso penal.

2. ASEGURAMIENTO DE UNA PRESTACIÓN DE REPARACIÓN La LECr no regula estas medidas cautelares tendentes a garantizar y paliar los daños sufridos por la víctima del delito. Tan solo cita el establecimiento de pensiones alimenticias en una orden de protección o el pago de pensiones provisionales a los lesionados por un delito derivado del uso y circulación de vehículos de motor. Pero el Juez de Instrucción puede utilizar las medidas cautelares de la LEC (remisión del art. 764.2 LECr).

3. ASEGURAMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS Surge ante la imposibilidad de restitución y reparación y siempre y cuando el delito haya producido un perjuicio patrimonial o moral. La pretensión de resarcimiento consiste en una pretensión de condena dineraria. Lo procedente será instar el pago de fianza y, en caso de impago, el embargo. En el caso de delitos cometidos mediante vehículo de motor, también puede solicitarse la retención del vehículo. IV. LA FIANZA Consiste en la puesta a disposición por el responsable civil de bienes por un valor dinerario fijado por el Juez a instancia del perjudicado (subppio. de “justicia rogada”), para responder de la totalidad de las responsabilidades pecuniarias que haya podido contraer el imputado. El perjudicado deberá solicitar del Juez la adopción de la fianza de responsabilidad civil, que puede ser 1personal, 2pignoraticia o 3hipotecaria, o 4mediante la satisfacción de caución, que podrá constituirse en efectivo o con aval solidario.

► Fianza personal Asunción por un 3º solvente de la obligación de responder con su patrimonio de todas las responsabilidades civiles que haya contraído el imputado.

► Fianza pignoraticia Constitución de una prenda sobre metálico, bienes muebles o títulos valores.

► Fianza hipotecaria Constitución, previa su tasación, de un dº real de hipoteca sobre un ddo. inmueble,

la cual puede efectuarse mediante escritura pública o a través de comparecencia judicial “apud acta”.


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V. EL EMBARGO Ene_14 Diferencias entre el embargo y el decomiso Procedente si el responsable civil no presta fianza. Art. 597 y ss. Es una medida cautelar mediante la cual se adscriben bienes suficientes para garantizar, con la ejecución civil, las responsabilidades civiles que se determinen en la Sentencia. Es subsidiaria de la fianza.

VI. RESOLUCIÓN Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Las medidas cautelares patrimoniales han de ser adoptadas en pieza separada, previa petición del perjudicado, mediante Auto motivado. Excepcionalmente, el Secretario puede disponer el embargo de los bienes de un 3º que no satisfaga fianza. Las medidas cautelares civiles pueden ser adoptadas 1en un Auto independiente, o 2en la parte dispositiva de otro Auto, que también ha de contener el juicio de necesidad. Contra la parte dispositiva del Auto podrá interponerse recurso de apelación. VII. LA ORDEN EUROPEA DE EMBARGO DE BIENES O DE ASEGURAMIENTO DE PRUEBAS 1. CONCEPTO Y NATURALEZA Ley 18/2006. Tiene como objeto establecer el procedimiento que han de seguir nuestros Juzgados de Instrucción para emitir o ejecutar una orden europea de embargo de responsabilidad civil o un acto de aseguramiento de la prueba. Es un procedimiento de simplificación del auxilio judicial entre las autoridades judiciales de los Eos de la UE. 2. SUJETOS

► Activo:

- Juez o Tribunal competente que esté conociendo de la causa. - MF, en su investigación preliminar, pero sólo para el aseguramiento de la prueba.

► Pasivo El Juez de Instrucción del lugar en donde se encuentren los bienes objeto del embargo

o las pruebas susceptibles de secuestro. 3. PROCEDIMIENTO A) Activo

► Si la autoridad judicial europea estuviere dda.: • La resolución del Tribunal español será motivada. • Deberá traducirse al idioma del Eº destinatario, dirigida a la autoridad competente directamente. • Se ejecutará conforme al OJ del Eº destinatario. • ► Si la autoridad judicial europea no estuviera dda.: • El Tribunal español deberá solicitar la información pertinente para su determinación.

B) Pasivo


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La autoridad judicial española ejecutará la orden, salvo que no acompañe el pertinente cdo. traducido al español o se considere incompetente. Contra las resoluciones de ejecución de tales órdenes cabe 1recurso de reforma y 2de apelación, que pueden interponerse por:

- El MF. - El imputado - “Los titulares del DD e intereses legítimos que puedan verse afectados”.

VIII. EL DECOMISO Es el acto del Juez de Instrucción de aprensión de los instrumentos de comisión del delito ilícitos o “extra comercium”, así como de sus frutos y ganancias. Existe un abundante catálogo de delitos que posibilitan el decomiso. Los arts. 367 bis y ss LECr prevén 2 destinos para tales efectos:

1. DESTRUCCIÓN De aquellos bienes que constituyan un peligro real o potencial en su almacenamiento o custodia (explosivos, droga, etc.). El Juez deberá de disponer la custodia de “muestras suficientes” a fin de realizar sobre ellas las oportunas pericias. 2. REALIZACIÓN Art. 367 quárter 1. Podrán realizarse:

1) Cuando sean perecederos 2) Cuando sus propietarios los abandonen 3) Cuando los gastos de conservación y depósito sean > que el objeto en sí 4) Cuando su conservación resulte peligrosa para la salud o seguridad públicas, pueda disminuir su valor, o

afectar a su uso y funcionamiento habituales de manera grave 5) Cuando por el transcurso del tiempo de deprecien considerablemente. 6) Cuando se le haya preguntado al propietario sobre su destino y éste no hubiera dicho nada al respecto.

Excepto los bienes embargados en ejecución de un acuerdo adoptado por una autoridad judicial extranjera, de la que previamente habrá de recabar su autorización. La realización puede consistir en:

- La entrega a ONG o a las AAPP (Oficina de Recuperación de activos). - La realización por medio de persona o entidad especializada y la subasta pública.

El dinero obtenido se ingresará en la Cuenta de Depósitos del Juzgado.

SEXTA PARTE. LA FASE INTERMEDIA

T31. EL SOBRESEIMIENTO I. EL SOBRESEIMIENTO 1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES


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Es una resolución jurisdiccional firme por la que se suspende el proceso penal 1de una manera provisional o 2definitiva.

a) Es una resolución firme cuando se han ejercido contra él la totalidad de los recursos. b) Reviste la forma de Auto (motivado) y no de Sentencia. c) Órganos competentes para dictarlos:

- En el sumario ordinario, la AP. - En el proceso abreviado - En el del Jurado - En los juicios rápidos, el Juez de Guardia

d) Se pueden interponer contra esas resoluciones recurso de apelación e) No son la única forma de finalizar anormalmente (o sin sentencia) el procedimiento (p.ej., Autos de

inadmisión de querella, archivo de las actuaciones de las diligencias previas, etc). Se diferencia de las anteriores en que el sobreseimiento (1)exige la práctica previa de diligencias, y en que (2)se pronuncia en la fase intermedia.

2. CLASES Art. 634 LECr. Puede ser:

► Libre Se pronuncia ante la falta absoluta de tipicidad del hecho o de responsabilidad penal de su presunto autor. Es una sentencia absolutoria anticipada, que goza de todos los efectos materiales de la cosa juzgada y debe estar minuciosamente motivado.

► Provisional Carece de la base fáctica suficiente para acreditar la perpetración del delito o la

participación en él de su presunto autor. Ocasiona la suspensión del procedimiento por lo que la instrucción puede reabrirse.

► Total Cuando existiendo una pluralidad de imputados, o no ha existido el hecho punible, carece de

tipicidad penal o ninguno de ellos tiene participación alguna en el hecho punible. Supone el archivo de la causa para todos ellos. Si subsisten indicios de criminalidad contra alguno/s de ellos, el sobreseimiento será parcial y el juicio oral se abrirá sólo contra quienes no les favorezca.

II. EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL 1. PRESUPUESTOS La fase intermedia consiste en determinar si concurren o no los presupuestos que condicionan la apertura del juicio oral. La ausencia de alguno de ellos ha de ocasionar el sobreseimiento. A) Presupuestos procesales “stricto sensu” El TS secunda la tesis de que la constatación en la instrucción de la ausencia de algún presupuesto procesal ha de conllevar la solución del sobreseimiento provisional. Art. 641. B) Insuficiencia de prueba Cuando de la instrucción no resulte la existencia del hecho o la determinación del presunto autor, habrá de sobreseerse provisionalmente. Art. 641.1º y 2º. 2. EFECTOS El sobreseimiento provisional no produce efectos materiales de cosa juzgada. Sólo la suspensión del procedimiento.

- Si el sobreseimiento fuere total, se decretará el archivo, se devolverán las piezas de convicción a su “dueño conocido” y se dispondrá la cancelación de las fianzas y embargos.

Juez de Instrucción


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- Si el sobreseimiento fuere parcial, se abrirá el juicio oral contra aquellos imputados que no se vieren afectados por el sobreseimiento.

III. EL SOBRESEIMIENTO LIBRE 1. CONCEPTO Son los Autos dictados por el órgano jurisdiccional competente, motivados, que con efectos materiales de la cosa juzgada ponen fin a una instrucción por 1la inexistencia del hecho punible, 2la falta de tipicidad del hecho o 3la ausencia de responsabilidad penal del imputado. Notas esenciales: Competencia:

- En el sumario ordinario, la AP. - En el proceso abreviado, el Juez de Instrucción (al término de las Diligencias Previas o en la fase intermedia) - En los juicios rápidos, el Juez de Guardia.

Motivación Dado que ocasionan los efectos materiales de la cosa juzgada, los Autos han de motivarse minuciosamente, acreditándose alguna de las causas que posibilitan dicho sobreseimiento (art. 637). Dicha motivación permitirá también que tanto el TS (mediante casación) como el TC (mediante amparo) puedan controlar la adecuación a Dº de la resolución impugnada. Efectos Producen la totalidad de los efectos de cosa juzgada, tanto los positivos (= cese de todas las medidas cautelares y provisionales, la prejudicialidad) como de los negativos (= impedirá la apertura o incoación de un ulterior proceso penal sobre el mismo hecho punible y contra el mismo acusado). Motivos Art. 637:

1. Inexistencia del hecho. 2. Cuando el hecho carezca de tipicidad penal. 3. Cuando concurran causas de exención o de extinción de la responsabilidad penal. Las causas de exención

son fácilmente acreditables mediante el correspondiente documento público. Las causas de extinción requieren una actividad probatoria, lo que hace que no todas las causas de exención pueden apreciarse en la fase intermedia, sino tan solo:

En el proceso abreviado y juicios rápidos, sólo las contempladas en el art. 782.1 LECr. En el sumario ordinario, las de caso fortuito, fuerza irresistible, cumplimiento de un deber, ejercicio

legítimo de un dº, y con dudas, la legítima defensa, el eº de necesitad y la obediencia debida, que requieren prueba en el juicio oral.

IV. EL PROCEDIMIENTO: LA FASE INTERMEDIA EN EL SUMARIO ORDINARIO Sep_13 Diferencias entre la fase intermedia en el sumario ordinario y en el procedimiento abreviado Comienza con el Auto de conclusión del sumario y puede finalizar de alguna de las siguientes maneras

1. Revocación del sumario. 2. Sobreseimiento. 3. Apertura del juicio oral, que también podrá desembocar en:

- Sobreseimiento. - Formalización por las partes de sus escritos de acusación o calificación provisional.

1. EL AUTO DE CONCLUSIÓN El Juez declara finalizada la totalidad de los actos de investigación y de prueba practicados durante la fase instructora y remite lo actuado al Tribunal competente.


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El Secretario elevará a la Audiencia el sumario con todas sus piezas y los objetos que tengan relación con el “cuerpo del delito”. Se notificará a todas las partes personadas (MF, procesado y responsable civil, si lo hubiera). Dicha resolución se pronunciará aun cuando, contra ddas. resoluciones del sumario, se hayan interpuesto el recurso de apelación en su solo efecto devolutivo. Las apelaciones provocarán la suspensión de la fase intermedia hasta que sean resueltas.

- Si son desestimadas, se reanudará dicha fase. - Si se admitieses, se revocará el Auto de conclusión, disponiendo la Audiencia las diligencias que deba

practicar el Juez de Instrucción.

La AP no puede dictar un sobreseimiento en un recurso de apelación contra el Auto de procesamiento.

2. CONSULTA O REMISIÓN DEL SUMARIO En el momento de la conclusión puede suceder que el instructor califique el hecho punible como falta. En tal caso, y antes de la conclusión, el Juez habrá de consultar dicha calificación a la Audiencia para remitir la causa al Juzgado. Cabe recurso de casación por infracción de Ley. Cuando sea firme el Auto de remisión al Juzgado, se emplazará a las partes para que en el plazo de 5 días comparezcan en el juicio de faltas. Si el Juez hubiera calificado el hecho como constitutivo de delito, remitirá el sumario y las piezas de convicción a la Audiencia, emplazando a las partes para que comparezcan ante ella en el plazo de 10 días. Finalizado dicho plazo, se le otorgará al MF, al querellante y “a la defensa del procesado o procesados” un plazo de entre 3 – 10 días para que puedan instruirse y solicitar por escrito 1la confirmación del Auto de conclusión o 2su revocación para la práctica de nuevas diligencias.

- Si alguna de las partes solicitara la revocación del sumario, concretará las nuevas diligencias. - Si solicitaran su confirmación, en el mismo escrito habrán de pedir 1la apertura del juicio oral o 2el

sobreseimiento.

3. PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO Hay que concebir la vinculación del Tribunal a la petición de sobreseimiento.

► Si ambas partes (MF y acusador) solicitaran la apertura del juicio oral, el Tribunal no podrá prescindir de dictar el correspondiente Auto de apertura.

► Cuando entre las partes acusadoras existiera divergencia en la solicitud de sobreseimiento o de apertura

del juicio oral, el Tribunal podrá proceder a dicha apertura o a dictar un Auto de sobreseimiento libre. Cabe casación por infracción de Ley.

► Si el MF solicitara el sobreseimiento y no existiere acusador particular, el Tribunal llamará a los ofendidos y

perjudicados a fin de realizarles un último ofrecimiento de acciones. Si se personaren, el Tribunal procederá con lo dispuesto en los supuestos contemplado anteriormente.

► Si no se personase acusador particular alguno, y el Tribunal considerase improcedente la petición de

sobreseimiento del MF, podrá dirigirse a su superior jerárquico para que ratifique o rectifique dicha petición de sobreseimiento. Si la ratifica, el Tribunal acordará el sobreseimiento solicitado por el MF.

► Si el MF y el ofendido/perjudicado instara el sobreseimiento, el Tribunal deberá dictarlo, aunque el

acusador popular pida la apertura del juicio.


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V. LA FASE INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO La fase intermedia corresponde también al Juez de Instrucción. 2 ventajas:

- Economía procesal. - Mayor reforzamiento de la garantía del Juez “imparcial”.

El sobreseimiento en el abreviado puede ser dictado en 2 ocasiones procesales:

1. En la conclusión de las Diligencias Previas por el Juez de Instrucción. 2. En la decisión del Juez de Instrucción posterior a dicho Auto de conclusión, al resolver la petición de

sobreseimiento planteada por las partes. 1. EL SOBRESEIMIENTO COMO CONCLUSIÓN DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS El Juez de Instrucción puede dictar alguna de las siguientes resoluciones:

- El sobreseimiento libre por falta de tipicidad del hecho. - El sobreseimiento provisional y archivo 1porque no aparece justificada la perpetración del delito y 2porque

no existe autor conocido.

2. EL SOBRESEIMIENTO EN LA FASE INTERMEDIA Si el Juez de Instrucción no apreciara la existencia del sobreseimiento y dictara su Auto de Transformación del PPA o Auto de conclusión de las Diligencias Previas y de imputación, dará traslado exclusivamente a las partes acusadoras a fin de que soliciten la apertura del Juicio oral o el sobreseimiento. Tras dicho Auto de conclusión, comienza la fase intermedia. El MF puede pedir la revocación del Auto para practicar nuevas diligencias. A) Petición de reapertura de la instrucción Si el MF insta la reapertura de la instrucción el Juez la acordará Vs. si quien la solicita es alguna parte acusadora privada, el Juez “acordará lo que estime procedente” (= disponer la apertura del juicio oral o revocar la conclusión del sumario). B) Petición de sobreseimiento Si ambas partes acusadoras o sólo el MF (porque no haya comparecido acusador particular alguno), solicitaran el sobreseimiento, el Juez lo acordará salvo en los supuestos de exención de la responsabilidad penal, que exigen su prueba dentro del juicio oral. En los demás casos, el Juez de Instrucción queda vinculado por esta petición del MF y de la acusación particular, debiendo dictar un Auto de sobreseimiento libre o provisional. Si no existiera acusación particular, el Juez puede dirigirse al Fiscal‐Jefe a fin de que se ratifique o no en dicha petición. C) Petición de apertura de juicio

Si alguna de las partes acusadoras pidiera la apertura del juicio oral, “el Juez de Instrucción la acordará, salvo que concurra que 1el hecho no sea constitutivo de delito o que 2no existan indicios racionales de criminalidad contra el acusado.

T32. LOS ACTOS DE INTERPOSICIÓN Y DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL I. LOS ACTOS DE INTERPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN PENAL Siguen un orden escalonado:


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1º). Se ejercita la acción en el escrito de iniciación del proceso penal (querella, denuncia o iniciación de oficio). 2º). A lo largo de toda la fase instructora se prepara la fundamentación de la pretensión. 3º). Las partes formalizan sus respectivas pretensiones u se oponen a ellas, una vez conclusa la instrucción y

abierto el juicio oral.

- En el procedimiento común (delitos muy graves), esos actos son los escritos de calificación provisional.

- En el procedimiento abreviado, los escritos de acusación.

4º). La formalización de la pretensión aún no es definitiva, ya que las partes pueden modificarla al término del juicio tras la práctica de la prueba, en los escritos de conclusiones definitivas.

II. LOS ESCRITOS DE ACUSACIÓN O DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL 1. FUNDAMENTO Son actos de postulación en los que las partes proceden a formalizar la pretensión punitiva (escritos de acusación) o a oponerse a ella (escrito de defensa). Se fundamento reside en el ppio. acusatorio (“ne procedat iudex ex officio”, “nemo iudex sine acusatore”). Se presentan una vez concluye la instrucción y dentro de la fase intermedia, en el pazo de 5 días desde la entrega del sumario o de las Diligencias Previas a las partes. A fin de que se pueda garantizar el dº de defensa, no es suficiente la formalización de la acusación, sino que es necesario que el acusado conteste; de ahí que la acusación siempre preceda a la defensa y que le notifique dicha acusación al imputado, concediéndole un tiempo para la preparación de su defensa. 2. CONCEPTO Y ELEMENTOS Son actos de postulación de las partes mediante los cuales:

- Fundamentan y deducen la pretensión punitiva y la civil de resarcimiento, si la hubiera, o se oponen a ella el uso del dº de defensa.

- Exponen y califican los hechos punibles investigados. - Determinan el tema de la prueba. - Y efectúan la primera delimitación del objeto del proceso sobre el que ha de recaer la actividad decisoria

del Tribunal Notas esenciales:

a) Son actos de postulación que asisten a todas las partes procesales. Cabe distinguir:

Las calificaciones relativas a la pretensión penal MF, querellante público y/o privado Vs. defensa Las calificaciones relativas a la pretensión civil Actor civil Vs. responsable o 3º civil

b) Contenido = pretensión penal + pretensión civil.

c) Mediante la interposición de la pretensión penal por las partes acusadoras y su contestación, queda

integrado el objeto procesal penal, que consiste en una petición de pena basada en un título de condena y fundamentada en la presunta comisión de un hecho punible de carácter histórico por una persona que previamente ha sido imputada.

d) Los escritos de calificación provisional ocasionan una calificación provisional del hecho punible. Las partes

son libres de modificarla tras el resultado de la prueba y en las conclusiones definitivas mediante el cambio del título de condena o el de las circunstancias modificativas de la culpabilidad.


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Lo decisivo es lo solicitado en las calificaciones definitivas y no en las provisionales.

e) Los escritos de calificación provisional asumen la función de determinar el tema de la prueba, que versará sobre los hechos “que hayan sido objeto de los escritos de calificaciones” (art. 729.2º).

f) Los escritos de acusación determinan el acusado, quien no puede serlo sin haber sido declarado

previamente procesado o imputado y oído por el Juez en la fase instructora. 3. CLASES Atendiendo a su contenido pueden existir (art. 650):

Escritos de la pretensión penal Escritos de la pretensión civil

En función de sus efectos y trámite procesal, se distinguen:

Escritos de calificación provisional Escritos de calificaciones definitivas

Atendiendo al nº de pretensiones, los escritos pueden contener:

Pretensiones únicas Pretensiones alternativas

4. REQUISITOS FORMALES Arts. 649 y ss. A) La escritura Las partes han de calificar los hechos por escrito, aunque ello no excluye la vigencia del ppio. de oralidad en las conclusiones definitivas. B) La fundamentación fáctica “Los hecho punibles que resulten del sumario” Constituye un elemento esencial de los escritos de calificación. Su ausencia motiva la reputación de acto inexistente. Las partes acusadoras deben realizar una relación circunstanciada, temporal y espacial, de los hechos punibles que han de constituir el objeto del juicio oral. “Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes y agravantes del delito o eximentes de la responsabilidad criminal” Tales circunstancias habrán de reflejarlas tanto las partes acusadoras (hechos constitutivos de la norma penal) como la defensa (hechos impeditivos o extintivos que desvirtúen el fundamento fáctico de la pretensión punitiva). “La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida”:

- Este requisito queda condicionado a que el delito haya producido algún daño en la esfera patrimonial del perjudicado y a que éste no haya renunciado o se haya reservado la acción civil.

- Ha de concretarse el “quantum”. - Los escritos de calificación provisional ha de formalizarlos la persona legitimada (perjudicado o MF como

sus sustituto). 5. LA CALIFICACIÓN JURÍDICA Las partes habrán de proceder a subsumir el hecho en las normas correspondientes del CP. Si fueren varios los hechos objeto de la calificación, habrá de reflejarse si existe entre ellos alguna relación de causalidad a los efectos de estimar el concurso o el delito continuado.


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Habrá de determinarse también el grado de consumación del delito. Las partes son libres en la calificación de los hechos, sin que tengan que estar vinculados por la calificación efectuada por el Juez en el Auto de procesamiento o en cualquier otra resolución formal de imputación. Cumple diversas funciones:

- Puede determinar la incompetencia del Juez o la inadecuación del procedimiento. - Determina el ámbito de aplicación de la conformidad. - Fija provisionalmente el título de condena.

6. LA LEGITIMACIÓN PASIVA Habrán de individualizarse tanto al acusado como al responsable civil: “La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si fuesen varios” Sin identificación del acusado no puede existir juicio oral. No sólo habrá de identificarse al acusado, sino que se habrá de describir también el grado de participación en el delito (autor, cómplice o encubridor). Las partes son absolutamente dueñas de reflejar en los escritos de calificaciones provisionales un grado de participación distinto al plasmado en las resoluciones de imputación formuladas a lo largo de la fase instructora. “La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa, y el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad” Casi siempre el responsable civil será el propio acusado, aunque puede suceder que lo sea un 3º, en cuyo caso habrá de determinarse. Las partes acusadoras deben dirigir la “acción civil” contra ellos, describiendo “el hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad” para que sean emplazados en el juicio y puedan ejercitar su dº de defensa.

7. LA PETICIÓN DE PENA No vincula al Tribunal. Para la individualización de la pena las partes habrán de tomar en consideración las reglas de medición de los arts. 49‐79 CP, debiendo reflejar tanto las ppales. como las accesorias. También se pueden plantear distintas peticiones de pena de forma “alternativa” (Art. 653). 8. PROPOSICIÓN DE PRUEBA Y OTRAS PETICIONES Las partes habrán de proponer todos los medios de prueba, adjuntando las listas de testigos y peritos. La jurisprudencia del TS permite plantear peticiones adicionales de prueba hasta el inicio de las sesiones del juicio oral del procedimiento ordinario. No hay que incorporar lista de preguntas, pues rige el ppio. de oralidad y la ejecución de la prueba se realizará con la inmediación del Tribunal. Si alguna de las partes quisiera que se exhibiera en el juicio el cuerpo del delito o algunas de sus piezas, habrá de solicitarlo en dicho escrito. En cuanto a la prueba pericial, si la practicada en la instrucción no fuera de la conformidad de alguna de las partes, habrá de impugnarla y proponer nueva prueba o la declaración del perito que la ha intervenido para someter la prueba a contradicción en el juicio oral. También podrán solicitar la práctica de la prueba anticipada. No es necesario solicitar la condena en costas.

III. LOS ACTOS DE DISPOSICIÓN DE LA PRETENSIÓN


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1. CONCEPTO Y CLASES

A diferencia del proceso civil, y porque el “dº de penar” pertenece en exclusiva al Eº, las partes no pueden disponer de la pretensión penal y ocasionar la finalización anormal del proceso. No obstante, subsisten ddos. actos de disposición, que pueden ser: Impropios:

1) El desistimiento o “abandono de la querella” (delitos públicos) Art. 276. Se da en los supuestos de sucesión procesal, cuando no compareciere ninguno de los herederos o representantes del querellante. No es un auténtico supuesto de disposición de la pretensión, ya que el deber del MF de sostener la pretensión en tales supuestos es ineludible.

2) La petición vinculante de sobreseimiento La efectuada por el MF sin que ningún acusador particular inste la apertura del juicio oral. Es procedente sólo cuando no concurran los presupuestos y requisitos de la pretensión penal.

3) La retirada de la acusación La efectuada por el MF cuando la ejecución de la prueba evidencie la inocencia del acusado. No se encuentra previsto en nuestra LECr.

Propios: Aquellos actos de postulación en los que existiendo una acción típica, culpable y punible, y habiéndose ddo. su presunto autor, las partes deciden poner fin al procedimiento por razones de política criminal. Son el perdón del ofendido y la conformidad.

IV. EL PERDÓN DEL OFENDIDO SepR_08 El perdón del ofendido Arts. 106 y 107. Hemos de distinguir la renuncia de la “acción” penal de la de la civil. El perdón del ofendido realmente sólo supone la renuncia a la pretensión penal. Dos supuestos:

1) La renuncia por el ofendido a la pretensión penal dimanante de un delito público No se extingue el proceso instaurado.

2) La renuncia en el supuesto de proceso por delito privado Sí pone fin al procedimiento. 1. PROCESO PENAL POR DELITO PÚBLICO En un delito público la renuncia del ofendido a la pretensión no producirá la extinción del procedimiento. El MF está obligado al sostenimiento de la pretensión penal mediante sustitución procesal. Aunque el querellante renuncie, puede quedar sujeto a las responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores (económicas – pérdida de la fianza del acusador popular, condena en costas – e incluso penales –acusación falsa o calumniosa ‐). 2. PROCESO PENAL “A INSTANCIA DE PARTE”: EL PERDÓN DEL OFENDIDO Art. 106.2º. Fenecerá la pretensión penal y finalizará el procedimiento, debiendo dictar el órgano jurisdiccional una resolución absolutoria de fondo para el imputado. El art. 275 también permite la finalización del proceso por delito privado mediante caducidad cuando el acusador privado deje de instar el procedimiento.

La renuncia a la pretensión es el acto procesal a través del cual se hace valer el perdón del ofendido (art. 130.4 CP).


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V. LA CONFORMIDAD

Ene_09 La conformidad: concepto, naturaleza jurídica, clases, procedimiento y efectos 1. REGULACIÓN LEGAL

Leer págs. 395 y 396 2. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA Es un acto unilateral de postulación y de disposición de la pretensión efectuado por la defensa en el ejercicio del ppio. de oportunidad, por el que mediante el allanamiento, se ocasiona la finalización del procedimiento a través de una sentencia con todos los efectos de la cosa juzgada.

a) Es una declaración de voluntad de poner fin a un proceso penal ya iniciado. Es el reconocimiento y voluntad de la defensa de cumplir la pena más grave de las solicitadas por las partes acusadoras.

b) Es un acto procesal unilateral que asiste única y exclusivamente a la defensa. Requiere la concurrencia

tanto del acusado como de su Abogado.

c) Se aproxima a los sistemas de “transacción penal”:

Se le confiere al acusado la posibilidad de formalizar su conformidad “en un nuevo escrito de calificación que conjuntamente firmen las partes acusadoras y el acusado”.

Ha de formalizarse 10 días antes de la celebración del juicio oral. 3. CLASES Subjetivamente, la conformidad puede ser:

Total (= la prestan la totalidad de los acusados). Parcial (= la presta sólo alguno de ellos). Será inválida, abriéndose el juicio oral para todos ellos.

En atención al nº y naturaleza de las pretensiones, puede ser:

Absoluta (= abarca la pretensión penal y la civil). Limitada (= sólo concierne la penal).

Procedimentalmente, puede prestarse:

En el procedimiento abreviado, ante el Juez de Instrucción. En los juicios rápidos, ante el Juez de Guardia. Al inicio del Juicio oral. En el escrito de conclusiones definitivas, ante el Tribunal del Jurado.

No puede ser trasladada al proceso común para delitos graves. Atendiendo a su disponibilidad, puede distinguirse:

Conformidad plena, que se proyecta sobre la petición de pena y sobre los hechos que la fundamentan (= allanamiento‐confesión).

Conformidad limitada a la aceptación de las peticiones de penal solicitadas por las partes acusadoras. 4. PROCEDIMIENTO Puede prestarse por escrito:

En la contestación de la defensa al escrito de la acusación ante el Juez de Guardia en los juicios rápidos (puede obtener una rebaja de 1/3 de la pena privativa y su suspensión. Conformidad “premiada”).


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En la fase intermedia en el resto de procedimientos. También puede formularse:

Verbalmente al inicio de las sesiones del juicio oral. Oralmente o por escrito conjunto de la acusación y de la defensa, en el proceso ante el Jurado.

En el procedimiento ante el Jurado y en el abreviado puede articular un escrito independiente o hacerlo en el escrito de acusación, que conjuntamente firmen las partes acusadora, el acusado y su letrado. Si desea una rebaja de su pena deberá reconocer los hechos tal y como aparecen en el escrito de acusación. También podrá manifestar su conformidad con el escrito de acusación que contenga pena de mayor gravedad verbalmente y antes de la práctica de la prueba. La Ley permite a las partes acusadoras modificar su escrito de calificación para invocar un título de condena más favorable al acusado que el que aparece en el escrito de acusación primitivo, siempre y cuando se respete la identidad del hecho (p.ej. pasar de robo a hurto). Este nuevo escrito presupone la existencia de una negociación entre la acusación y la defensa.

5. EFECTOS Los propios de cualquier sentencia firme: cosa juzgada.

- Si fuere absoluta, esos efectos se extenderán tanto sobre la parte dispositiva penal como sobre el fallo civil. - Si fuere limitada, sólo se extenderá sobre el fallo penal, debiéndose abrir el juicio oral para el conocimiento

de la pretensión civil. No cabe recurso, ya que no se puede ir contra los propios actos.

SEXTA PARTE. EL JUICIO ORAL

T33. EL JUICIO ORAL I. CONCEPTO Y FUNCIÓN La fase intermedia finaliza con el Auto de apertura del juicio oral. Deducida la pretensión y su contestación, y habiéndose pronunciado el Tribunal sobre la admisión de la prueba, lo siguiente es efectuar las citaciones a las partes, testigos y peritos para que acudan el día del señalamiento a la celebración del juicio oral. En esta fase se realizará la actividad probatoria, de cuyo resultado procederá la condena o absolución de fondo del acusado (en el proceso penal no cabe la “absolución en la instancia”). II. EL AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL 1. CONCEPTO Y PROCEDENCIA Procede cuando no concurrieran los presupuestos que condicionan el sobreseimiento. El órgano jurisdiccional dispone la apertura del juicio oral solicitada por las partes para que se proceda a la calificación del hecho. Efectos:

1) Cierra las puertas a la entrada de nuevas partes acusadoras al proceso (art. 110). 2) Impide la revocación del sumario y la posibilidad de entrada de material fáctico en la instrucción. 3) Produce la publicidad del procedimiento. 4) Otorga a las partes en el sumario por delitos graves 2 posibilidades procesales:

- Plantear un “artículo de previo pronunciamiento” o excepción procesal.


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- Formalizar el escrito de calificación provisional o de acusación. Aunque procedimentalmente el Auto de apertura ocasiona la iniciación del juicio oral, desde un punto de vista técnico o procesal todavía no comienza dicha fase, ya que entre el Auto de apertura y la deducción de la pretensión cabe todavía la posibilidad de que el Tribunal dicte un sobreseimiento ulterior, si prospera alguna “cuestión previa”. El Auto de apertura del juicio oral en el sumario ordinario se sitúa dentro de la fase intermedia. III. LAS CUESTIONES PREVIAS 1. NATURALEZA JURÍDICA Arts. 666‐679. Son auténticos presupuestos procesales que han de ser denunciados por las partes y resueltos por el órgano jurisdiccional con carácter previo al juicio oral, en una audiencia preliminar, a fin de poder obtener la concentración del juicio oral, eliminando tales obstáculos procesales. 2. DETERMINACIÓN No se presentan en “numerus clausus”. Y hay que distinguir las cuestiones procesales de las materiales.

Procesales:

1) “Declinatoria de jurisdicción” Por ausencia de los siguientes supuestos procesales:

Falta de jurisdicción de los Tribunales españoles para conocer del hecho punible o de la Jurisdicción ordinaria frente a la castrense.

Cuestiones de competencia territorial entre órganos jurisdiccionales del mismo grado. La incompetencia objetiva por razón de la persona (aforados) Incompetencia objetiva por razón de la materia y procedimiento inadecuado.

2) “Falta de autorización adtiva.” para procesar Sólo es reclamable respecto de los miembros de las

Cámaras dentro de su mandato legislativo y en el ejercicio de sus funciones. Materiales:

1) “Cosa juzgada” (art. 666.2ª) Requiere:

La existencia de una sentencia o Auto de sobreseimiento libre, firmes. Que el procedimiento penal concurran las identidades de la cosa juzgada (mismo hecho, mismo sujeto).

2) “Prescripción” (art. 666.3ª) Tanto del delito como de la pena. No es necesaria que sea alegada

expresamente por las partes. El Tribunal, al igual que las demás causas de exclusión de la penalidad, la ha de examinar de oficio incluso dentro de la instrucción y sin necesidad de esperar al planteamiento de los artículos de previos pronunciamiento o de las cuestiones previas.

3) “Amnistía e indulto” (art. 666. 4ª) Al haber abolido la CE los indultos grales., es difícil que el indulto

pueda ser invocado como artículo de previo pronunciamiento, pues los especiales requieren previamente una sentencia de condena.

4) Nulidad de actuaciones Es doctrina del TS. Siempre y cuando se trate de infracción de normas

imperativas causantes de indefensión. Para su alegación sólo es necesario invocar los arts. 238 y ss LOPJ sobre la nulidad de los actos procesales.

3. LEGITIMACIÓN Y PROCEDIMIENTO


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A) Solo pueden promoverse a instancia de parte (la defensa o el MF). A partir de la apertura del juicio oral el Tribunal habrá de esperar a que las partes las propongan en los artículos de previo pronunciamiento, sin perjuicio de poder examinarlas en el juicio oral.

B) Sólo podrá suscitarse en el único proceso que prevé esta posibilidad (= el común ordinario). En el abreviado pueden plantearse oralmente en la comparecencia previa ubicada al inicio de las sesiones del juicio oral, siendo solucionados en el acto por el Juez de lo Penal o la AP. Es un procedimiento incidental con fase de alegaciones y fase probatoria limitada (con prohibición de la testifical). Es decisiva la prueba documental. Finalizada la fase probatoria, ha de abrirse la vista para informe oral, debiendo el Tribunal resolver la cuestión al día siguiente de dicha vista.

4. RESOLUCIÓN Y EFECTOS Si fueren varias las cuestiones planteadas:

1º. Se resolverá la que produzca una resolución absolutoria en la instancia (la declinatoria) 2º. Después, las de fondo (todas las demás).

Si estimara la declinatoria, remitirá los Autos al órgano que reputara competente. Si la desestimara, confirmará su competencia y seguirá conociendo de la causa.

Si la cuestión propuesta fuera la “falta de autorización adtiva.” y el Tribunal la estimase, solicitará el suplicatorio hasta que la Cámara legislativa se pronuncie. Si lo denegará, decretará la nulidad de las actuaciones y pronunciará un Auto de sobreseimiento libre. Si la cuestión planteada fuera “cosa juzgada, prescripción o amnistía/indulto”, el Tribunal dictará Auto de sobreseimiento libre. Si la resolución fuere desestimatoria de la cuestión suscitada, “las partes podrán reproducir en el juicio oral, como medios de defensa, las cuestiones previas que se hubiesen desestimado, excepto la declinatoria” (art. 678). Los Autos resolutorios de tales cuestiones sólo producirán efectos materiales de cosa juzgada si fueren estimatorios de las mismas y distintos a la “declinatoria de jurisdicción”. Se podrán articular como “defensas” en los escritos de calificación provisional y acumularlas a la cuestión de fondo.

IV. EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL El juicio oral se inicia materialmente con los escritos de acusación y defensa y finaliza mediante sentencia, sin que el Tribunal pueda utilizar ya la fórmula del sobreseimiento. Dentro de esta fase, pueden distinguirse las siguientes subfases:

- La conformidad - Actos previos al juicio - Ejecución de la prueba - Conclusiones definitivas - Informes - Última palabra - Sentencia

1. LA CONFORMIDAD En el proceso común se sitúa:


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- En el plazo conferido a la defensa para formular su calificación provisional - Al inicio de las sesiones del juicio oral

2. ACTOS PREVIOS AL JUICIO Su fin es obtener la concentración de la sesión/es del juicio oral. Abarcan:

1. La proposición, admisión y práctica anticipada de la prueba: 2. La recusación de peritos 3. El señalamiento del juicio oral 4. Y las citaciones de testigos y peritos.

La proposición ha de efectuarse en los escritos de calificación provisional, especificando los medios de prueba y las listas de testigos y peritos. Dentro de los 3 días siguientes a la recepción por la parte del escrito de calificación y la lista de peritos de la contraria, la parte podrá recusarlos por las causas del art. 468. En esta fase también se podrán solicitar la práctica anticipada de la prueba. El Tribunal dictará Auto declarando realizada la calificación y la causa pasará al Magistrado Ponente para el examen de las pruebas. La admisión finaliza declarando su pertinencia o rechazándola, en cuyo caso la parte gravada habrá de formular “protesta” si desea ejercitar en su día el recurso de casación por quebrantamiento de forma (art. 850.1). En el Auto de admisión, el Secretario fijará el señalamiento del juicio oral. El Tribunal dispondrá que el procesado que esté preso sea conducido a su presencia el día del juicio. Y el Secretario expedirá también los exhortos y mandamientos para que los testigos y peritos acudan el día del señalamiento. 3. LAS SESIONES DEL JUICIO. EJECUCIÓN DE LA PRUEBA Y FACULTADES DEL TRIBUNAL

1) Antes de la celebración de las sesiones, el Tribunal ha de pronunciarse acerca de la publicidad o secreto de los debates (art. 682). La regla gral., es la publicidad del juicio, salvo que se pueda lesionar algún DF o los bienes e intereses de algún menor.

2) El Pte. declarará abierta la sesión, formulando al acusado, sin esposas y en pie, las “preguntas grales. de la

Ley” del art. 388, salvo la de si fue procesado anteriormente.

Si el delito tuviera una pena privativa de libertad < 6 años, el Pte. le preguntará si se conforma o no con la pena superior solicitada por las partes acusadoras.

3) Acto seguido comienza el interrogatorio de acusado mediante el sistema de la “cross examination”:

1º. El Pte. concederá la palabra al MF 2º. Después a los acusadores particulares 3º. Y por último a la defensa del acusado y del responsable civil.

Dentro de esta fase el Pte. ostenta importantes facultades para dirigir los debates, e intervenir en la actividad probatoria y en la policía de vistas. El Tribunal puede disponer de oficio la práctica de todo medio de prueba pertinente, ordenar la diligencia de “careo”, formular preguntas a los testigos, solicitarles explicaciones por su incongruencia con las declaraciones que hicieron en el sumario, etc.

El Pte. debe cuidar que se guarde la compostura y el orden público en la celebración del juicio oral.

4. CONCLUSIONES DEFINITIVAS Y ART. 733 Proceden una vez realizada la actividad probatoria. Las conclusiones fijan las respectivas pretensiones, aunque el Tribunal puede sugerir nuevas tesis jurídicas pero respetando la congruencia y sin provocar indefensión.

5. INFORMES, ÚLTIMA PALABRA Y SENTENCIA


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El Pte. concederá la palabra a las partes para que oralmente realicen sus informes:

1º. El MF y los acusadores (púbs. y privados). 2º. El actor civil si lo hubiera 3º. Los defensores del acusado y de los responsables civiles.

El Pte. declarará concluso el juicio para sentencia, que se redactará por escrito dentro de los 3 días siguientes, notificándose a los ofendidos y perjudicados.

V. LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO ORAL SepR_10 La suspensión del juicio oral El juicio oral ha de realizarse con “unidad de acto” para que no se borren de la memoria de los Magistrados el contenido de las declaraciones, las impresiones y recuerdos que han ocasionado los intervinientes en la prueba. El art. 749 sanciona con la nulidad del juicio la infracción de dicho ppio. cuando haya de prolongarse indefinidamente la suspensión del juicio, o por un tiempo demasiado largo (= superior a 30 días según la jurisprudencia). Las causas de suspensión del juicio (arts. 745 y 746) pueden ser sistematizadas del siguiente modo:

1) Fuerza mayor Si algún Magistrado, el defensor o el acusado enferman repentinamente.

2) Imposibilidad de práctica de la prueba Incomparecencia de los testigos y los peritos. Es necesario:

Que se haya propuesto y admitido la prueba del testigo o perito. Que ante su incomparecencia la defensa formule protesta. Que la prueba sea necesaria, relevante y no redundante. Que se hayan agotado todos los medios para obtener su comparecencia.

3) Ruptura de concentración Cuando sea necesario practicar alguna de las pruebas fuera de la sede del

Tribunal (inspección ocular, reconstrucción de los hechos, etc.).

4) Conexidad jurídica Cuando aparezcan cuestiones incidentales que no puedan decidirse en el acto.

5) Conexidad fáctica y posible vulneración del dº de defensa La aparición sorpresiva de nuevos hecho punibles en el juicio oral que exijan una “sumaria instrucción complementaria” (= cuando de la ejecución de la prueba surja la sospecha de comisión de un nuevo hecho punible que no haya sido objeto de instrucción y de acusación).

6) Vulneración del dº de defensa Por falta de preparación de la defensa en la prueba (renuncia

sobrevenida, precipitada y legítima del Abogado defensor, falta de remisión de los documentos perdidos, ausencia de citación de testigos y peritos, no preparación de una prueba pericial, etc.)

La suspensión del juicio puede ser:

- De oficio Sólo en los supuesto de fuerza mayor por enfermedad y de ruptura de concentración de la prueba.

- A instancia de parte (en los demás supuestos) Si el Tribunal no accediera a la suspensión, deberá manifestarse la “protesta” para recurrir en casación más adelante. El tiempo de la suspensión ha de ser prudencial. Por regla gral. no podrá exceder de 30 días, puesto que si fuere superior habrá de volver a realizar de nuevo la totalidad del juicio (art. 749).


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En los casos de suspensión por los motivos del art. 746 (todos menos el de vulneración del dº de defensa), el señalamiento lo efectuará el Pte. En lo demás casos, el Secretario. Contra los Autos de suspensión no cabe ejercitar recurso alguno, sin perjuicio de impugnar por este motivo la Sentencia definitiva.

T34. LOS ACTOS DE PRUEBA I. CONCEPTO, DIFERENCIAS CON LOS ACTOS INSTRUCTORIOS Y NOTAS ESENCIALES Sep_11 Concepto de actos de prueba y sus diferencias con los actos instructorios, notas esenciales, actos de prueba limitativos de derechos fundamentales y prueba de valoración prohibida SepR_12, Feb_12 y Feb_10 Diferencias entre los actos instructorios y los actos de prueba Actos de prueba = Actividad de las partes procesales dirigida a ocasionar la evidencia necesaria para obtener la convicción del Juez o Tribunal decisor sobre los hechos por ella afirmados, intervenida por el órgano jurisdiccional bajo los ppios. de contradicción, igualdad y de las garantías constitucionales tendentes a asegurar la espontaneidad. Incumbe a las partes, como consecuencia del ppio. de aportación. Pero, como el Tribunal está obligado a descubrir la “verdad” material, que puede ser diferente a la “verdad formal” de las partes, la LECr establece una serie de correcciones al ppio. de aportación en beneficio del de investigación (el Tribunal puede disponer de oficio la práctica de todo medio de prueba pertinente, ordenar la diligencia de “careo”, formular preguntas a los testigos, examinar de oficio la prueba documental, etc.).

II. TEMA, CARGA Y VALORACIÓN DE LA PRUEBA A) A las partes incumbe determinar el “thema probandi” mediante la afirmación de los hechos constitutivos, de un lado, o impeditivos, de otro, de la pretensión penal. Ello lo realizan mediante los escritos de calificación provisional o de acusación y de defensa, que recaen sobre hechos que han de ser introducidos en la fase instructora. El Tribunal podrá repeler aquellos medios de prueba que no guarden relación alguna o sean impertinentes, innecesarios o inútiles con el tema de la prueba. El Tribunal tampoco podrá disponer de oficio la ejecución de medios de prueba cuyo objeto no se adecúe al tema propuesto. La correlación entre el tema de la prueba y la actividad probatoria se salvaguarda con los motivos de casación del art. 850.1º, 3º y 4º. B) Las normas de la carga de la prueba nos establecen a cuál de las partes le corresponde realizar la actividad de la prueba sobre tales hechos controvertidos o cuál de ellas ha de soportar los efectos desfavorables de la sentencia. Pero en el proceso penal, debido a la vigencia del ppio. de investigación y a la obligación que tiene 1el Tribunal del esclarecimiento de los hechos, 2el MF de sumisión al ppio. de legalidad, y 3como consecuencia de la aplicación directa e inmediata de la presunción de inocencia, no existe carga de la prueba en sentido formal. Por tanto, se ha de producir un traslado de la carga de la prueba sobre las partes acusadoras, que han de acreditar en el juicio oral sus hechos constitutivos. Sin la prueba de tales hechos no cabe imponer sentencia condenatoria alguna. Pero, una vez probados los de la acusación, la defensa, para obtener una sentencia absolutoria, tiene la carga de la prueba de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes. Dicha actividad probatoria de las partes acusadoras ha de ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia (el TC y el TS dicen que “es necesario un mínimo de actividad probatoria”). C) Realizada la actividad probatoria, el Tribunal debe apreciar “según su conciencia” las pruebas practicadas en el juicio oral.


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Consagra el sistema de libre valoración de la prueba, que no significa libre arbitrio, ni posibilidad de entrada en la mente del Tribunal de la “ciencia privada”, sino que la valoración ha de versar:

Sobre el resultado probatorio practicado en el juicio oral. No puede basar su sentencia en la prueba obtenida ilícitamente o con violación de las garantías

constitucionales. La valoración de la prueba se ha de realizar con arreglo a las normas de la lógica, máximas de la experiencia

o de la “sana crítica” (= conlleva la obligación de razonar el resultado probatorio en la “declaración de hechos probados”).

El Tribunal de Instancia es, con las anteriores limitaciones, soberano en la apreciación de la prueba, sin que el TC o el TS puedan sustituirlo. Si dicho Tribunal infringiera las anteriores reglas de acotamiento de la actividad probatoria, quedará expedito el recurso de casación por “error en la valoración de la prueba” y, subsidiariamente, el de amparo.

III. ACTOS DE PRUEBA LIMITATIVOS DE DDFF Como en el proceso penal suele estar comprometido el dº a la libertad del art. 17 CE y para averiguar la verdad material se hace necesario restringir ddos. DDFF, tanto la Ley como la jurisprudencia someten la legalidad de su adopción al cumplimiento de especiales requisitos y garantías. Su inobservancia puede estar sometida 1a una sanción material (nacimiento de la responsabilidad penal, p.ej.) o 2a una sanción procesal (el acto ilícito vulnerador de un DF queda reconducido al de los actos de investigación o puede degenerar en un acto de valoración prohibida). IV. LA PRUEBA DE VALORACIÓN PROHIBIDA Prueba ilícita = La que infringe cualquier Ley. Puede dar lugar a la nulidad de las actuaciones. Prueba prohibida = La que surge como consecuencia de la violación de las normas constitucionales tuteladoras de los DDFF. Origina una prohibición de valoración del resultado probatorio, que podrá entrañar incluso la absolución del acusado, sin que ocasione nulidad procesal alguna (art. 11 LOPJ).

V. EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO Consta de 3 fases: La de proposición Mediante los escritos de calificación provisional y de defensa. En ellos las partes 1reflejarán los medios de prueba cuya práctica se pretende, 2adjuntarán las listas de testigos y peritos, y 3solicitarán del Juez la práctica de los mandamientos o actos de auxilio judicial que estimen necesarios. En esta fase puede impugnase el informe pericial. Si se pretende la exhibición del cuerpo del delito o de las piezas de convicción, también deberán solicitarlo aquí. En el caso de la prueba documental, deben determinarse los documentos que habrán de examinar de oficio el Tribunal y aquellos que, por constituir una prueba preconstituida o anticipada, deban ser leídos en el juicio oral. En el PPA y en el del Jurado, la proposición de prueba puede seguir un orden escalonado:

PPA Con independencia de la articulada en los escritos de acusación y de defensa, puede efectuarse 1al inicio de las sesiones del juicio oral, 2antes del comienzo de la vista o 3en la “audiencia preliminar”.

Jurado Además de los escritos de calificación provisional, pueden proponer la prueba 1en los escritos de planteamiento de las cuestiones previas y 2en la fase de alegaciones previas al inicio de las sesiones del juicio oral.

La de admisión Se inicia con la recepción de los escritos de calificación y finaliza con la admisión o denegación de los medios de prueba propuestos.


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La admisión está condicionada a que el órgano de enjuiciamiento los repute pertinentes y necesarios. *Impertinentes = Los que no se adecúan al tema de la prueba trazado por los escritos de acusación y de defensa. *Innecesarios = Los que nada acreditan o son redundantes. Si se pretendiera la interposición del recurso de casación (o de “apelación” ante el TSJ en el procedimiento ante el Jurado), habrá de prepararse mediante “protesta”. La indebida denegación de un medio probatorio vulnera el DF a un proceso con todas las garantías, por lo que la fundamentación del recurso de casación puede efectuarse por el art. 850.2º y por el 850.1º. La de ejecución o práctica de la prueba En el juicio oral. El Pte. dispondrá que el acusado “se levante”, le formulará las “preguntas grales. de la Ley” y si se conforma con la petición más amplia de pena formulada. Si no se conformara, se practicará el interrogatorio del acusado (1º las partes acusadoras, y después la defensa), se practicará la prueba testifical y demás medios de prueba. Excepcionalmente la ejecución de la prueba anticipada podrá realizarse tan pronto como se solicite en los escritos de acusación y con anterioridad al inicio de las sesiones del juicio oral.

VI. LOS MEDIOS DE PRUEBA La LECr los regula parcial y deficientemente, por lo que se han de integrar sus preceptos con las normas relativas a los actos de investigación. P.ej., las declaraciones del acusado, con las normas relativas a las declaraciones indagatorias. El único medio de prueba que ostenta alguna exhaustividad es la testifical (arts. 701‐722). En la ejecución de la prueba rige el ppio. de aportación. Sólo se ejecutarán aquellas pruebas propuestas por las partes en sus escritos de calificación (art. 728), con excepciones a favor del ppio. de investigación (art. 729). VII. LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO 1. INICIO Abierto el juicio oral, el Pte. le formulará al acusado las “preguntas grales. de la Ley”. Si el delito tuviera una pena < 6 años de privación de libertada, el Pte. de preguntará si se conforma con las más alta pena de las solicitadas. Si el acusado no se conformara o si no fuera procedente la conformidad, se pasará a prestarle interrogatorio.

2. RÉGIMEN Rige el stma. de interrogatorio cruzado: El Pte. concederá la palabra 1ºal MF, 2ºa los acusadores particulares, 3ºa la defensa del acusado y la del responsable civil. El interrogatorio lo efectúan las partes, pero el Pte. tiene plenas facultades para rechazar las preguntas capciosas o sugestivas y para ejercitar la policía de vistas.

3. VIDEOCONFERENCIA Sólo procede por razones de seguridad u orden público (art. 731). VIII. LA PRUEBA TESTIFICAL 1. CONCEPTO


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Es la declaración de conocimiento efectuada por personas físicas que conocen de la comisión del hecho punible directamente (= testigos directos) o por referencias (= testigos indirectos). También lo son las declaraciones de la víctima o perjudicado, que son hábiles por sí solas para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia. 2. CITACIONES El Juez de Instrucción tiene la obligación de apercibir al testigo que ha prestado declaración de su obligación de volver a prestarla en el juicio oral, aunque las partes son dueñas, en sus escritos de acusación y de defensa, de citar a toda aquella persona que tenga conocimiento del objeto procesal (hubieran prestado declaración en la instrucción o no). Los testigos acudirán a la sede del Tribunal y permanecerán aislados. 3. PRELACIÓN Como la acusación ha de preceder siempre a la defensa:

1º). Declararán los testigos propuestos por el MF. 2º). Los de las acusaciones particulares. 3º). Los del actor civil. 4º). Los propuestos por la defensa.

4. OBLIGACIONES Si algún testigo no compareciera, la parte interesada puede instar la suspensión del juicio oral ex. art. 746.3 (= imposibilidad de la práctica de la prueba). Salvo el Rey, la Reina, el Príncipe heredero y el regente, “todos los testigos que no estén privados de razón” están obligados a declarar. Ddas. autoridades pueden hacerlo por escrito (arts. 702 y 703). 5. TESTIGOS MENORES Todos los ciudadanos y residentes tienen la obligación de comparecer salvo los “incapacitados física y moralmente”. Tampoco se prestará juramento al < 14 años, ni se le someterá a careos. Respecto a los menores, el Pte. también podrá 1disponer el secreto de su declaración, 2evitar la confrontación visual con el acusado, 3ordenar su declaración por videoconferencia, y 4disponer su no declaración en el juicio si existe otra prueba directa y no de referencia.

6. SANCIONES Si el testigo se negare a declarar el Pte. puede imponerle una multa de 200 a 5 mil €, sin perjuicio de imputarle un delito de desobediencia grave. Si declara y miente en el juicio oral, puede ser condenado por delito de falso testimonio. 7. RÉGIMEN DEL INTERROGATORIO

► Comenzará con las “preguntas grales. de la Ley”. ► El Pte. podrá declarar la impertinencia de las preguntas de las partes e incluso contrainterrogar al testigo

(art. 708), ► Si el Pte. rechazara alguna pregunta, la parte gravada formulará la oportuna protesta a los efectos de los

recurso que pueda interponer. ► Las partes podrán solicitar que se le exhiba el testigo del cuerpo del delito. ► Los testigos pueden declarar mediante videoconferencia.


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8. VALORACIÓN

► El coimputado no es testigo. ► El testigo habrá de expresar la razón de lo que dice, si es un testigo directo o de referencia. ► La prueba del testigo de referencia es válida, pero no puede sustituir a la del testigo directo (si el Tribunal

fundara su condena exclusivamente en la declaración del testigo indirecto, vulneraría la presunción de inocencia).

► Si el testigo se contradijera con sus declaraciones sumariales, la parte interesada tiene la carga de solicitar su lectura.

► La declaración de la víctima es prueba directa, aunque para fundamentar una sentencia condenatoria es necesario que el Tribunal valore la concurrencia de (TC):

o Ausencia de incredulidad subjetiva derivada de las relaciones acusador/acusado. o Verosimilitud. o Persistencia en la incriminación.

► La prueba testifical está sometida al ppio de libre valoración. ► Las declaraciones de las Autoridades y funcionarios de policía judicial tendrán el valor de declaraciones

testificales (= no se consideran testimonios privilegiados). IX. LA PRUEBA PERICIAL Se propone en los escritos de calificación provisional, adjuntando la lista de peritos y si han de ser citados por el Tribunal o la parte. Si no compareciera incurrirán en multa de 200 a 5 mil €. Si tampoco lo hicieran a la 2ª citación, podrán ser procesados por obstrucción a la justicia. Al igual que los demás medios de prueba, la pericial también ha podido practicarse en calidad de prueba sumarial preconstituida por la policía judicial o como prueba instructora anticipada o mero acto de investigación por el Juez de Instrucción. De todos estos informes, los únicos que impiden la recusación de los peritos son los actos de prueba sumarial anticipada, porque dicha prueba no podrá volver a ser practicada en el juicio oral; los demás peritos podrán ser recusados en la fase intermedia. Tanto la prueba pericial anticipada como la preconstituida entran en el juicio oral como prueba documental (art. 788.2.II), que deberá ser introducida en el juicio oral mediante su lectura para que el Tribunal pueda fundar su sentencia en tales documentos. En el supuesto de la prueba preconstituida, las partes pueden proponer al perito/s que presten declaración en el juicio oral. Los peritos prestarán declaración conjuntamente, respondiendo a las preguntas y repreguntas que les formulen las partes, que deben versar:

Reconocimiento de la persona o cosa objeto de su dictamen. Sobre el procedimiento u operaciones efectuadas para la elaboración del informe. Sobre las conclusiones con arreglo a sus máximas de la técnica y de la experiencia.

También pueden prestar declaración por videoconferencia. X. LA PRUEBA DOCUMENTAL Ha de aportarse en los escritos de acusación o de defensa, pero también puede aportarse al inicio de las sesiones del juicio (algo típico del PPA pero que se ha generalizado en los demás procedimientos) e incluso dentro del juicio oral “para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de la declaración de un testigo”. Como lo normal es que la mayoría de los documentos se encuentren en el sumario o en las Diligencias Previas, las partes han de determinar los documentos sobre los cuales pretenden acreditar el tema de la prueba. Sobre la prueba documental rige la regla del “examen de oficio” por el Tribunal. Ahora bien, de ahí no hay que concluir que el Tribunal pueda fundar su sentencia en cualesquiera documentos elaborados en la instrucción, sino


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que ha de basar su sentencia “en las pruebas practicadas en el juicio” bajo la vigencia de los ppios. de oralidad, publicidad e inmediación. Por ello, TC y TS han sentado la doctrina de que sólo la prueba documental (que contenga actos de prueba sumarial anticipada, preconstituida o actos de investigación que hayan sido sometidos a confrontación) leída en el juicio oral, es susceptible de erigirse en acto de prueba que pueda desvirtuar la presunción de inocencia. XI. EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL En los escritos de calificación provisional también puede solicitarse que se practique tanto la “inspección ocular” como la “reconstrucción del hecho”. La práctica la última es excepcional ya que se habrá efectuado ya en la instrucción y entrará en el juicio oral por la vía de la prueba documental.

T35. CONCLUSIONES Y SENTENCIA I. LAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS 1. CONCEPTO, NATURALEZA Y NOTAS ESENCIALES Arts. 732 y 788.3 Son actos de postulación mediante los cuales las partes, una vez concluida la actividad probatoria y a la vista de su resultado, deducen definitivamente sus pretensiones, sin que puedan modificar su contenido esencial. Notas esenciales:

1) Son actos de postulación que corresponden exclusivamente a las partes. 2) Determinan de un modo “definitivo” la pretensión. Es la última ocasión que tienen para rectificar sus

calificaciones profesionales. 3) Definen el objeto procesal y crean los límites de la congruencia penal. El Tribunal debe decidir conforme a

las conclusiones definitivas aunque puede desestimar implícitamente alguna de ellas si no afectan a elementos esenciales del objeto procesal penal.

4) La modificación de las calificaciones nunca pueden ocasionar indefensión (la causarían si las partes acusadoras extendieran su objeto a hechos que no han sido objeto de calificación provisional, p.ej.); de ahí que el art. 788.4 establezca la obligatoriedad, a petición de la defensa, de suspender el juicio oral cuando la acusación cambie la tipificación de los hechos o se aprecie un mayor grado de participación o de ejecución o circunstancias de agravación de la pena, a fin de que la defensa pueda practicar una nueva prueba frente a tales nuevas calificaciones.

5) La modificación de las calificaciones tampoco puede extenderse a títulos de condena que conlleven alteraciones de la competencia objetiva o del procedimiento aplicable. Si se modifica la calificación (delito

falta o falta delito) en el proceso común ordinario, habrá de remitirse las actuaciones al órgano competente.

6) Su “forma” ha de ser escrita en el procedimiento común y oral en el abreviado.

2. LA TESIS DEL TRIBUNAL: EL ART. 733 Practicadas las conclusiones, si el Tribunal entiende que el hecho ha sido calificado con manifiesto error, podrá utilizar la fórmula del art. 733 para evitar el motivo de casación por incongruencia. «Sin que sea visto prejuzgar el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fuesen varias) le ilustren acerca de si el hecho justiciable constituye el delito de … o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el número … del artículo … del Código Penal” Este precepto faculta al Tribunal a plantear nuevas tesis jurídicas (no nuevos hechos punibles!) no sugeridas por las partes a fin de que pueda recogerlas en su Sentencia respetando el ppio. acusatorio.


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II. INFORMES Y ÚLTIMA PALABRA Formalizadas las conclusiones, el Pte. concederá la palabra a las partes para que realicen sus informes:

1º). MF y los acusadores. 2º). Actor civil, si lo hubiere. 3º). Defensores de los acusados y de los responsables civiles.

Contenido del informe:

a) Pretensiones b) Hechos que estime probados c) Calificación legal d) Participación que en ellos pudiera tener el procesado e) Cosa que deba ser restituida o la cuantía de los daños y perjuicios, si se hubiera acumulado la acción civil.

El Pte. preguntará a los procesados si tienen algo que manifestar (= utilización del dº “a la última palabra” o del dº al silencio). El Pte. no puede omitir este trámite, so pena de vulnerar el dº de defensa. El Pte. declarará concluso el juicio para sentencia, que habrá de ser siempre de fondo, motivada y congruente con todas las cuestiones planteadas por las partes, incluidas las faltas incidentales, la responsabilidad civil y el destino de las piezas de convicción. Contra las sentencias dictadas por las AP´s en el procedimiento común ordinario y en el abreviado, cabe interponer recurso de casación Vs. contra las sentencias dictadas por el Juez de lo Penal, cabe sólo apelación ante la AP.

III. LA SENTENCIA 1. CONCEPTO Es la resolución judicial definitiva por la que se pone fin al proceso y en la que se condena o absuelve al acusado con todos los efectos materiales de la cosa juzgada. Si es firme, es irrevocable. A diferencia de la sentencia civil, que puede ser absolutoria en la instancia, la penal ha se absolver o condenar al procesado en el fondo. Gozará de todos los efectos de la cosa juzgada cuando sea firme. También los Autos de sobreseimiento libre general tales efectos de cosa juzgada. 2. NATURALEZA Encierran siempre:

Un fallo declarativo Todas las sentencias absolutorias que restablecen el DF a la libertad del art. 17. Un fallo declarativo y de condena Las que declaran la comisión del hecho punible e irrogan al

condenado una pena. También lo son los pronunciamientos civiles que satisfacen la pretensión civil de resarcimiento.

Excepcionalmente, pueden tener efectos constitutivos (ante la aplicación de ddas. penal específicas como la inhabilitación absoluta o especial, o la privación de permisos o licencias, la disolución de personas jurídicas, o cuando el Tribunal se ve obligado a declarar la nulidad de un ddo. negocio jurídico). 3. REQUISITOS EXTERNOS A) Escritura


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Como regla gral., han de redactarse por escrito. No obstante, cabe diferenciar entre:

► La sentencia oral En el ámbito del PPA, en los juicios rápidos, en los de faltas y en las sentencias de conformidad, “sin perjuicio de la ulterior redacción de aquéllas”. Notas esenciales:

- Sólo las pueden dictar los Juzgados de lo Penal y los Jueces de Instrucción y de Paz. - Se da en el PPA, en el ámbito de los juicos rápidos o en el juicio de faltas. - En el ámbito del PPA precisa una motivación verbal al término del juicio y que plasmará el Secretario en el

Acta. - En el juicio de faltas esa motivación no será necesaria. - Una vez publicada “in voce”, si todas las partes manifestaran su intención de no recurrir, la sentencia oral

adquirirá firmeza y podrá ser ejecutada. - Si alguna de las partes quisiera recurrir, la sentencia oral carecerá de validez alguna, debiendo el Juez

dictarla por escrito en el plazo establecido, notificándola y abriéndose los plazos para su impugnación.

► La sentencia escrita Ha de ser necesariamente escrita en el sumario ordinario, en el procedimiento ante el Jurado y en el PPA competencia de las AP´s.

Concluso el proceso, el Tribunal redactará la Sentencia:

En el sumario ordinario y en los juicios rápidos, dentro de los 3 días desde la conclusión del juicio

oral. En el abreviado, en los 5 días posteriores. En el de faltas, en el mismo día o al siguiente.

Será inscrita en el Libro‐Rgtro. de Sentencias penales y notificada a las partes.

Estructura de la sentencia escrita: Encabezamiento Expresará:

1) El lugar y la fecha en que se dicte 2) Los hechos 3) Los nombres y apellidos de los actores particulares y de los procesados 4) La identificación del Tribunal y del Magistrado Ponente 5) El nº de Autos o de rollo

Antecedentes de Hecho reflejarán las pretensiones de las partes, contenidas en los escritos de acusación y de defensa o calificaciones provisionales y definitivas o conclusiones. Contendrá la “Declaración de los hechos probados”, que reviste una singular importancia desde el punto de vista de la motivación de la sentencia, y del éxito de los recursos por error de hecho en la apreciación de la prueba. La infracción de la obligación de determinar los hechos probados posibilita la interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma que, si se estima, puede ocasionar la anulación de la Sentencia de instancia y su devolución al Tribunal “ad quo” para que determine “con claridad” los hechos probados. Fundamentos de Dº El Tribunal ha de describir el “iter” formativo de su convicción, apoyándose en el resultado de la prueba y en cada uno de los medios probatorios para afirmar los hechos que ha de subsumir en los correspondientes preceptos penales determinantes de la responsabilidad penal y de sus circunstancias modificativas. Hay que reflejar “los puntos de hecho y de Dº” y el Dº objetivo aplicable, incluida la jurisprudencia reclamable. También la “ratio decidendi” o argumentos jurídicos esenciales que justifican el fallo. Fallo Puede contener un doble pronunciamiento: penal y civil. En la Sentencia se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio (incluida la responsabilidad civil).


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En el fallo se determinan los límites objetivos de la cosa juzgada y sus efectos. Han de pronunciarse tantos fallos cuantos hechos punibles y faltas incidentales se le hayan atribuido al acusado, en párrafos separados y numerados cada uno de ellos, incluido el pronunciamiento en costas. El fallo civil puede ser “a reserva de liquidación”, en cuyo caso el “quantum” se determinará en la fase de ejecución de la sentencia. A fin de posibilitar el embargo, el Secretario judicial puede dirigirse a la AEAT para que le ponga de manifiesto las rentas y patrimonio del condenado. Las piezas de convicción y efectos intervenidos se devolverán a su dueño, salvo que entrañen peligro o fuera procedente su comiso. Las sentencias definitivas se notificarán a las partes y se leerán en estrados el mismo día de su firma. En la notificación se le habrá de informar al condenado de los recursos existentes contra ella. Cuando adquiera firmeza se ejecutará de oficio. 4. REQUISITOS INTERNOS: LA CONGRUENCIA Arts. 741 y 742. “En las sentencias se resolverán todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio”. El incumplimiento de este requisito posibilita el ejercicio de los recursos de casación por quebrantamiento de forma, y el de amparo. En el proceso penal subsisten 3 vicios de incongruencia de la sentencia:

1. Congruencia cualitativa o “extra petita partium” Transcurre entre el objeto del proceso penal y el fallo de la sentencia.

Como el proceso penal lo constituye tanto la pretensión penal como la civil acumulada, la omisión de cualquiera de estos pronunciamientos en la Sentencia abrirá las puertas al recurso de casación por quebrantamiento de forma.

► A la pretensión penal

La pretensión penal viene dda. por la petición de una pena ppal., el hecho histórico subsumible en un tipo penal homogéneo y el imputado. El Tribunal ni puede condenar por un hecho punible no afirmado en los escritos de conclusiones, ni puede irrigar una pena ppal. no solicitada, ni a persona distinta del acusado.

Ahora bien, el hecho histórico ha de ser integrado de conformidad con la calificación jurídica efectuada por las partes.

Pero no todo cambio de calificación del hecho punible efectuado por el Tribunal en su Sentencia implica incongruencia, porque en nuestro proceso penal rige el “iura novit curia”. Sólo sería incongruente aquellas mutaciones del título de imputación que lesionen la “homogeneidad del bien jurídico” protegido por la norma penal.

► A la pretensión civil

La congruencia del fallo civil se rige por el ppio. dispositivo y por las prescripciones de la LEC.

2. Congruencia cuantitativa o “ultra petita partium” Art. 851.4 “a sensu contrario”. Sucede cuando se

pena un delito (o pena) más grave que el que haya sido objeto de la acusación, si el Tribunal no hubiere hecho uso del art. 733. Es motivo de casación por incongruencia.

3. Incongruencia omisiva o “ex silentio” Es otra modalidad de la incongruencia cualitativa que tiene su

origen en la jurisprudencia del TC. Sucede cuando el Tribunal omite pronunciarse en el fallo sobre alguna cuestión jurídica determinante de la culpabilidad del acusado.


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T36. LA COSA JUZGADA I. LA COSA JUZGADA PENAL 1. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y NATURALEZA. COSA JUZGADA “FORMAL” Y “MATERIAL” Cosa juzgada = Conjunto de efectos que produce la Sentencia firme, y resoluciones equivalentes, sobre el objeto procesal, tanto positivos (ejecutoriedad y prejudicialidad) como negativos (imposibilidad de volver a interponer la misma pretensión entre las mismas partes o sus sucesores). Una Sentencias ostenta cosa juzgada formal cuando adquiere “firmeza”:

Cuando contra ella no cabe recurso alguno (ni de reposición, ni de apelación, ni de casación). Cuando habiéndose ejercitado tales recursos se haya confirmado la sentencia impugnada. Cuando, existiendo posibilidad de impugnación, la parte gravada haya dejado transcurrir el plazo legal para

ello (= caducidad de la acción) Los plazos de interposición de los recursos empiezan a correr desde la publicación o notificación de la sentencia a la última de las partes. La cosa juzgada formal es un presupuesto de la material, ya que sólo las resoluciones judiciales firmes “pasan en autoridad de cosa juzgada” y gozan de todos los efectos materiales. Su fundamento se encuentra en 1el dº a la tutela judicial efectiva (que conlleva también el dº a la ejecución de la sentencia en sus propios términos) y en 2el “non bis in idem” implícito en el ppio. de legalidad (si un ciudadano es condenado 2 veces por la comisión de un hecho punible, o habiendo sido condenado mediante sentencia firme, el mismo hecho punible de dicha sentencia es objeto de un 2º proceso penal, se habrá producido un vulneración de la prohibición del “non bis in idem”). Su naturaleza es la de presupuesto procesal. El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad penal y el “ius puniendi” del Eº con respecto al condenado por el hecho punible declarado en la sentencia firme. La cosa juzgada es un auténtico presupuesto procesal y rige su “examen de oficio” en cualquier estadio del procedimiento.

2. RESOLUCIONES A) Las Sentencias definitivas

a) La parte dispositiva penal y civil de las sentencias firmes gozan de la totalidad de los efectos de la cosa juzgada. Todas las sentencias penales son de fondo.

La sentencia penal ha de desplegar también sus efectos en el ámbito del proceso adtivo. sancionador, vedando la imposición de una sanción adtiva. sobre el mismo objeto de una sentencia penal.

b) Las sentencias de conformidad, que pueden ser:

Absoluta Los efectos de la cosa juzgada se extenderán a los 2 objetos procesales, penal y civil. Limitada Sólo se extenderán sobre el fallo penal.

B) Resoluciones equivalentes

a) Los Autos de sobreseimiento libre b) En el ámbito del procedimiento de menores, los Autos de sobreseimiento por razones de oportunidad (=

1Decretos de archivo por desistimiento de la acción penal del MF y 2el Auto de sobreseimiento de conciliación).

c) Los Autos de archivo por inexistencia o falta de tipicidad del hecho.


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d) Los Autos de sobreseimiento libre y Sentencias dictadas como consecuencia del “perdón del ofendido” y los Autos declarativos de la renuncia del perjudicado a la acción civil.

II. LA COSA JUZGADA MATERIAL Las sentencias y resoluciones equivalentes, firmes, producen los 2 efectos típicos de la cosa juzgada material: 1. LOS EFECTOS POSITIVOS A) Ejecutoriedad Una vez ocasionada la firmeza de la sentencia, se ejecutará de oficio. Esta regla se circunscribe a la pretensión penal y no a la civil, que permanece bajo la prescripción del ppio. dispositivo.

B) Prejudicialidad Art. 222.4 LEC. “Los resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya

puesto fin a un proceso, vinculará al Tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca…”… la identidad del condenado. Pero este efecto de cosa juzgada ¿lo produce la totalidad de la sentencia o sólo ddos. elementos de la misma?

Habría que distinguir: a) Los efectos prejudiciales del fallo >> La sentencia penal ocasiona ddos. efectos prejudiciales en 3 órdenes

diferenciados: 1. En el propio orden jurisdiccional penal y en el adtivo. sancionador Se debiera producir la exclusión

de cualquier otro proceso penal o adtivo. sobre el mismo hecho punible y contra el mismo condenado. Sin embargo, el TC mantiene la tesis según la cual no se ocasiona una vulneración del “non bis in idem” si la 2ª sentencia penal compensa la pena, descontando el “quantum” de sanción impuesta en la 1ª. Como consecuencia de dicha doctrina, que corre el riesgo de ser declarada contraria por el TEDH, en los supuestos de duplicidad de sanciones penales y adtivas. o incluso penales entre sí, no existe este efecto negativo, sino el meramente prejudicial, ya que la pena impuesta puede ser tomada en consideración por el 2º Tribunal penal o adtivo., al sólo efecto prejudicial de la individualización de la pena, sin que provoque la finalización del 2º proceso.

2. En el ejercicio ulterior de la acción civil dimanante del delito Si el perjudicado la ha reservado, la declaración en la sentencia de la existencia y comisión del hecho vinculará al Tribunal Civil, el cual habrá de limitarse sólo a determinar el “quantum” de la indemnización civil. Por el contrario, si se declara la inexistencia del hecho punible, también vinculará al Tribunal Civil, que pronunciará una sentencia absolutoria. Sin embargo, si se hubiera acumulado la acción civil al proceso penal, el fallo civil de la sentencia penal ocasionará los efectos materiales de la cosa juzgada, de carácter excluyente (= ningún Juez civil podrá conocer de una pretensión de resarcimiento ya juzgada en la sentencia penal).

3. En el proceso civil, en el que la sentencia penal puede haberse erigido en una cuestión prejudicial devolutiva La publicación de dicha sentencia penal ocasionará la reanudación del proceso civil suspendido y tendrá también una fuerza decisiva para la resolución del objeto procesal civil.

b) Los efectos prejudiciales de la “ratio decidendi” >> Como regla gral., los demás elementos de la sentencia no

producen los efectos prejudiciales en los otros órdenes jurisdiccionales. Con todo, las declaraciones de hechos probados gozarán de todo valor de la prueba documental pública.

2. EL EFECTO NEGATIVO O EXCLUYENTE Art. 222.1 LEC. Una sentencia con efectos de cosa juzgada ocasiona el efecto material de no poder volverse a plantear el mismo objeto procesal en ningún proceso posterior (tanto penales como adtivos. sancionadores).


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El problema interpretativo surge a la hora de determinar cuándo el objeto procesal de la sentencia y el del ulterior proceso es el mismo. Pues bien, sólo cuando concurra:

- Identidad del condenado. - Identidad del hecho, entendido como hecho histórico cometido por una persona dda. y subsumible en

tipos penales o adtivos. de carácter homogéneo.

III. TRATAMIENTO PROCESAL SepR_13, Ene_13, SepR_12, Feb_12, SepR_11, Feb_10, Feb_09, Feb_08 La cosa juzgada: tratamiento procesal Es distinto según se trate de los efectos positivos o prejudiciales, o de los negativos o excluyentes. 1. EFECTOS PREJUDICIALES Una vez constatada la prejudicialidad de una Sentencia penal con respecto al objeto procesal de un 2º proceso civil, se sobreseerá el proceso, debiendo dicha 1ª sentencia penal ser tomada en consideración por el Tribunal civil a través del régimen de las cuestiones prejudiciales, a la hora de dictar su sentencia en el 2ª proceso civil. Producen efectos prejudiciales en el proceso civil los pronunciamientos civiles de condena contenidos en las Sentencias penales. La parte dispositiva civil de la sentencia penal produce con plenitud los efectos materiales de la cosa juzgada.

2. EFECTOS EXCLUYENTES Al ser la cosa juzgada un “presupuesto procesal”, los Tribunales tienen la obligación de examinar de oficio su concurrencia en cualquier estadio. Cuando el Juez de Instrucción o la AP conozcan que el hecho punible que está investigando ha sido ya juzgado mediante una sentencia firme, habrá de pronunciar un Auto de sobreseimiento libre. Si dentro de las Diligencias Previas el Juez de Instrucción o la AP no declarara el sobreseimiento libre una vez concluso el sumario, la defensa podrá proponer la “excepción de cosa juzgada”, que ocasionará un Auto de sobreseimiento libre. EN el ámbito del PPA puede aducirse este presupuesto procesal como “cuestión previa” en la comparecencia preliminar. Si no fuere estimada, la defensa o el MF podrá reproducir esta excepción en el juicio oral.

Si tampoco lo fuera en el juicio oral, podrá interponerse recurso de casación por infracción del ppio. de legalidad. También cabe la posibilidad de interponer recurso de revisión.

OCTAVA PARTE. LOS PROCESOS ORDINARIOS Y ESPECIALES

T37. LOS PROCESOS ORDINARIOS

I. SISTEMATIZACIÓN Hay 5 procesos ordinarios:

1) El común ordinario (= “sumario ordinario”), para delitos muy graves. 2) El de la Ley del Jurado, para el conocimiento de un listado reducido de delitos. 3) El PPA, para el enjuiciamiento de los delitos menos graves y leves. 4) El Juicio de faltas 5) El proceso penal de menores


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*El de los “juicios rápidos”, que aunque formalmente es un proceso especial, tiene vocación de ordinario. En opinión del autor, esos procedimientos ordinarios son un grave atentado contra la seguridad jurídica y constituyen un factor de retardo. II. ELPROCESO COMÚN O “SUMARIO ORDINARIO” 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN, NORMATIVA Y FASES Es el procedente para el enjuiciamiento de delitos que tengan una pena privativa de libertad > 9 años, con excepción de los que corresponden al proceso ante el Jurado y al de menores. Sus normas son de aplicación supletoria para los demás procedimientos, aunque en la práctica no es inusual que ddas. normas del PPA se apliquen universalmente en el procedimiento común. No obstante, éste goza de “vis atractiva” sobre los demás. Fases de este procedimiento:

1) Iniciación 2) Instructora o “sumario” Corresponde al Juez de Instrucción 3) Fase intermedia 4) Juicio oral

2. INICIACIÓN Puede ser:

Originaria Cuando en la 1º calificación de la “notitia criminis” el Juez de Instrucción llega a la conclusión que resulta de aplicación el sumario ordinario.

Por conversión Es el supuesto más normal. Cuando proviene del PPA (Diligencias Previas). Podrá iniciarse por 1denuncia, 2querella o 3de oficio.

3. FASE DE INSTRUCCIÓN SepR_12, Feb_12, Feb_10 Las diferencias entre la fase de instrucción en el procedimiento ordinario y en el proceso penal de menores Es el “sumario”, que tiene como función “preparar el juicio oral” y:

- Efectuar actos instructorios tendentes a averiguar la preexistencia y tipicidad del hecho y su autoría. - Adoptar medidas cautelares penales. - Adoptar medidas cautelares civiles o aseguratorias de la pretensión civil.

Está informado por el ppio. de escritura y trascurre ante el Juez de Instrucción competente bajo la inspección del MF. Cabe destacar de esta fase el Auto de procesamiento, que determina la legitimación pasiva y posibilita el dº de defensa. 4. FASE INTERMEDIA Decide acerca de la apertura oo no del juicio oral. Comienza con el Auto de conclusión del sumario, a partir del cual el Juez para la competencia funcional a la AP, que puede finalizar con:

- La revocación del sumario para la práctica de nuevas diligencias. - El sobreseimiento.

AP


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- La apertura del juicio oral, que podrá desembocar: o En un sobreseimiento. o En la formalización por las partes de sus escritos de calificación provisional.

5. EL JUICIO ORAL Comienza con la formalización de los escritos de calificación provisional (de acusación y de defensa) y finaliza mediante sentencia. En esta fase ha de transcurrir toda la actividad probatoria, con las siguientes subfases:

• Conformidad • Actos previos • Juicio • Ejecución de la prueba • Conclusiones definitivas • Informes • Última palabra • Sentencia

III. EL PROCESO PENAL ABREVIADO Sep_08 Los actos de imputación judicial en el procedimiento ante el Jurado y el auto de transformación del procedimiento penal abreviado 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN, NORMATIVA Y FASES Para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad < 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza. Aunque en la LECr se ubica en los “procedimientos especiales”, es un verdadero proceso ordinario. Es el procedimiento más utilizado en la práctica, en que los Juzgados de Instrucción proceden siempre a la apertura de “Diligencias Previas” y, sólo en el momento final de la instrucción es cuando decide si las convierte en sumario, en el procedimiento instructorio regulado por la Ley del Jurado, si califica la conducta investigada como falta o remite el procedimiento a la jurisdicción y procedimiento militar o de menores… Fases:

1. Iniciación 2. Instrucción (= “diligencias previas”) 3. Fase intermedia (= “preparación del juicio oral”) 4. Juicio oral Corresponde al Juez de lo Penal

2. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR Merece especial mención las Diligencias Informativas del MF que puede practicar el MF antes de la incoación de la instrucción judicial.

3. INICIACIÓN Como el sumario ordinario, con la especialidad de que la comparecencia de los ofendidos y perjudicados (mediante el ofrecimiento de acciones o su intervención adhesiva) puede efectuarse mediante comparecencia “apud acta”, sin necesidad de interponer querella.

4. FASE DE INSTRUCCIÓN Denominada “Diligencias Previas”. Asume las mismas funciones que el sumario ordinario.

Juez de Instrucción


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En esta fase debe practicarse la 1ª comparecencia del imputado ante el Juez de Instrucción. Practicadas las diligencias del investigación pertinentes, el interrogatorio del imputado y la información de sus DD a los perjudicados, el Juez ha de realizar una nueva calificación de los hechos y adoptar alguna de las siguientes resoluciones:

a) Sobreseimiento si el hecho no es constitutivo de infracción penal o no está suficientemente justificada su perpetración.

b) La remisión al Juez competente si es constitutivo de falta (salvo que la falta sea de su competencia). c) Inhibición al órgano competente si el hecho se atribuyera a la jurisdicción militar, o remisión de las

actuaciones al Fiscal de Menores si los imputados lo fueren (menores de edad). d) Continuación del procedimiento conforme a los trámites del proceso común si el hecho no se hallara

dentro del ámbito del PPA, o la incoación del procedimiento previsto en la Ley del Jurado si fuera competencia del Tribunal del Jurado.

e) Continuación por los trámites del PPA si fuera un delito comprendido dentro de su ámbito de aplicación, dictando para ello el Auto de Transformación del PPA, que puede impugnarse mediante el recurso de apelación.

El Auto de Transformación del PPA o de conclusión de las Diligencias Previas habrá de contener la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan. Las partes acusadoras no podrán dirigir su escrito de acusación contra persona que no haya sido imputada en dicha resolución, ni afirmar hechos distintos a los relatados en el mismo.

5. FASE INTERMEDIA Su novedad es la fase de “preparación del juicio oral”, que se desarrolla ante el Juez de Instrucción (en el común ordinario corresponde a la AP). Comienza desde el momento en que el Juez dicta el “Auto del PPA”, y tiene por finalidad resolver sobre la procedencia de abrir o no el juicio oral y, en su caso, la fijación del procedimiento adecuado y del órgano competente para el posterior enjuiciamiento. Actuaciones en esta fase:

1) Traslado de las diligencias previas al MF y a las acusaciones personadas. 2) Petición de diligencias complementarias en los supuestos de imposibilidad de formular acusación por falta

de elementos esenciales para la tipificación de los hechos. 3) Solicitud de sobreseimiento. 4) Petición de apertura del juicio oral con la presentación del escrito de acusación. 5) Escrito de defensa. 6) Traslado de las actuaciones al órgano jurisdiccional encargado del enjuiciamiento.

6. JUICIO ORAL Se desarrolla:

Ante el Juez de lo Penal si el hecho punible tiene una pena < 5 años. Ante la AP si la pena privativa de libertad > 5 años.

Actuaciones de esta fase:

1. Examen y admisión o rechazo de las pruebas propuestas por las partes en los escritos de acusación y defensa.

2. Señalamiento de la fecha para el conocimiento de las sesiones del acto del juicio oral. 3. Celebración del juicio oral.

Al inicio de las sesiones del juicio oral sucede la “audiencia preliminar”, cuya finalidad consiste en acumular en un solo acto las resolución de toda una serie de cuestiones (competencia del órgano jurisdiccional, vulneración de


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algún DF, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión, alegación sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan para su práctica). Finalizada ésta, se practicarán las pruebas admitidas por el Juez o la AP, presidida esta práctica por los ppios. de concentración, oralidad, publicidad, inmediación y contradicción.

IV. EL PROCESO ANTE EL JURADO 1. FUENTES Arts. 141 y ss. LO 5/1995 y las establecidas en la LECr, que son de aplicación supletoria.

2. COMPETENCIA OBJETIVA El Tribunal del Jurado es competente para conocer los siguientes delitos:

1. Los homicidios del los arts. 138‐140 CP. 2. Delitos de allanamiento de morada y amenazas. 3. Delitos de omisión del deber de socorro y los delitos de incendios forestales 4. La infidelidad en la custodia de presos y de documentos, el cohecho, algunos delitos de malversación de

caudales públicos y el tráfico de influencias (delitos cometidos por funcionarios).

Por doctrina jurisprudencial, el Jurado conocerá también los delitos conexos cuando alguno de ellos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad. No obstante, de esta regla gral. se exceptúa los delitos conexos que, sin romper la continencia de la causa, puedan juzgarse por separado, en cuyo caso cada uno se juzgará por el órgano competente (AP o Jurado), y si no fuere así, se atendrá a la finalidad o cuando ésta no pueda determinarse, a la gravedad del hecho.

V. EL JUICIO DE FALTAS

1. CARACTERES GENERALES Es el procedimiento adecuado para el enjuiciamiento de las faltas. En la práctica, constituye la inmensa mayoría de las infracciones. Su ppal. característica es la ausencia legal de la “fase instructora”, si bien no es inusual la práctica de una instrucción. Es un procedimiento informado por el ppio. de oralidad, inmediación, concentración y publicidad.

2. COMPETENCIA Y PARTES Comp. Objetiva:

Jueces de Instrucción Jueces de Paz (sólo las infracciones de los arts. 620, 626, 630, 631, 632 y 633 CP).

Comp. Territorial Lugar de comisión de la falta (= “locus delicti”). Comp. Funcional:

3. 4.

P R I M E R A I N S T A N C I A Juez de Paz Juez de Instrucción

S E G U N D A I N S T A N C I A Juez de Instrucción AP


139

En cuanto a las partes, hay 2 especialidades:

1. Régimen de intervención del MF 1No está permitida cuando se trate de faltas perseguibles únicamente a instancia de parte (= “faltas privadas”), y 2es excusable en el caso de “faltas semipúblicas” cuando medie la denuncia del ofendido (la declaración del denunciante tendrá el valor de acusación).

2. Capacidad de postulación La asistencia de Abogado es potestativa.

3. INICIACIÓN

Mediante los actos ordinarios (denuncia, querella, de oficio), aunque en la querella no es obligatoria la “firma de Abogado y Procurador”. Este proceso también puede iniciarse mediante la transformación de un procedimiento penal abierto por delito, por conversión de unas diligencias previas de un PPA o de unas diligencias urgentes del juicio rápido. 4. FASE PREPARATORIA O “INSTRUCTORA” Una vez recibido el atestado y en todos los casos en que se hubiera iniciado el proceso por denuncia presentada directamente por el ofendido ante el órgano judicial, se celebrará de forma inmediata el juicio de faltas. Si no, en el día hábil más próximo posible y nunca más tarde de 7 días.

En la práctica forense se suele prestar antes declaración al imputado y practicar también todos los actos de investigación necesarios para la adecuada preparación del juicio. Esa preparación también requiere de la práctica de las citaciones necesarias para procurar la presencia en la vista del imputado, del querellante o denunciante, de los testigos y peritos. Siempre se les informará a las partes que pueden ser asistidos por Abogado si lo desean y de que deberán acudir al juicio con los medios de prueba de que intenten valerse.

5. JUICIO ORAL A) Inexistencia de fase intermedia Fuera de las citaciones a las partes, testigos y peritos, no hay fase intermedia alguna. Tampoco prevé la Ley trámite alguno acerca de la conformidad, si bien no debería existir dificultad en admitir el allanamiento y dar por finalizado el juicio. Tampoco se puede plantear con carácter previo y suspensivo “artículos de previo pronunciamiento”. Las cuestiones previas podrán ejercitarse como defensas. B) En dº al conocimiento de la acusación El juicio oral será público y se iniciará “por la lectura de la querella o de la denuncia”. No obstante, como el imputado tiene dº al conocimiento previo de la acusación, en el caso de la iniciación de oficio el MF debe realizar una sucinta exposición oral de la acusación, su calificación legal y la de su autor.

C) Ejecución de la prueba Igual que en los procesos ordinarios. Fuera de os supuestos de la prueba documental preconstituida y anticipada, el Juez no puede fundar una sentencia de condena en pruebas no ejecutadas en el juicio oral. La proposición de la prueba se efectúa verbalmente por las partes acusadora. Una vez admitida se ejecutará en el acto, procediéndose al interrogatorio de los testigos y demás medios de prueba.


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Se oirá al acusado y se ejecutará la prueba propuesta por él. Finalizada la fase probatoria se efectuarán los informes orales haciendo uso de la palabra 1el MF, 2las demás partes acusadoras y 3el acusado. La ausencia del acusado no suspenderá la celebración del juicio oral a no ser que el Juez crea necesaria su declaración.

D) Sentencia

► Habrá de ser congruente con el hecho punible. ► Si el Juez considera que el hecho es constitutivo de delito, habrá de inhibirse y remitir las actuaciones al

Juzgado de Instrucción. ► Puede emitirse verbalmente (= “in voce”) y se prohíbe el ejercicio de los recursos si las partes expresan su

voluntad de no ejercitar la impugnación. ► Se notificará a los ofendidos y perjudicados haciéndose constar los recursos procedentes y el plazo para su

presentación y órgano judicial ante quien debe interponerse.

6. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN Contra las sentencias dictadas en los juicios de faltas cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 5 días:

Ante la AP si ha sido dictada por un Juez de Instrucción. Ante el Juez de Instrucción, si ha sido dictada por un Juez de Paz.

Se prohíbe la “reformatio in peius”, que también rige en la 2ª instancia de los juicios de faltas. Sin embargo, si se tratara de determinar el “quantum” de la indemnización civil, el TC ha admitido la posibilidad de la incongruencia “extra petita”. 7. COSTAS Al no ser preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador, no se pueden imputar al condenado las costas del acusador particular.

VI. EL PROCESO PENAL DE MENORES 1. ÁMBITO DE ACPLICACIÓN LO 5/2000 sobre la responsabilidad penal de los menores. Es un proceso ordinario para determinar la responsabilidad penal de los menores (= >14 y >18 años).

2. PRINCIPIOS Es un proceso concebido para obtener la rehabilitación del menor y solucionar el conflicto intersubjetivo entre el agresor y la víctima; de ahí que la Ley redefina las funciones del Juez de Instrucción y del MF y se consagre el ppio. de oportunidad en la persecución penal. Frente al ppio. de legalidad se instaura el de oportunidad A pesar de la comisión por el menor de un delito público, el MF puede desistir de la incoación del expte., obtener el sobreseimiento de un proceso o la sustitución de una pena privativa de libertad por otra limitativa de DD si la naturaleza del hecho (su carácter no violento), la personalidad del imputado (su predisposición a la reinserción) y la reparación de la víctima, lo permiten.

3. FUNCIONES DE LOS ÓRGANOS INSTRUCTORES Sep_09 El proceso penal de menores: funciones de los órganos instructores A) El Juez de Instrucción


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El Juez de menores ordinario (o Central para delitos de terrorismo) ya no efectúa la instrucción, sino que esa función investigadora la realiza el MF. Al Juez le siguen correspondiendo las siguientes funciones:

- Adoptar las resoluciones limitativas de los DDFF. - La declaración del secreto instructorio. - La decisión sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. - El conocimiento del juicio oral. - La emisión de la sentencia.

Por tanto, el Juez de Instrucción pasa a desempeñar la función de dictar actos jurisdiccionales, en tanto que al MF le corresponde la realización de actos policiales o de investigación. B) El MF Es el “Director de la Instrucción”. Le corresponde la función de preparar el juicio oral o proponer al Juez el sobreseimiento. En él concurren, por tanto, 2 roles:

- Es el instructor del expte. de reforma. - Y sigue asumiendo la función de parte acusadora en el juicio oral

Ello exige que su actuación se rija por los ppios. de “imparcialidad” en la fase instructora y de defensa de la sociedad como parte acusadora, en el juicio oral. Junto a estos roles del MF, la Ley le asigna también la función de “mediador”, consistente en contribuir a la obtención de la rápida solución, tanto del conflicto social existente entre el Eº y el imputado, cuanto del intersubjetivo que enfrenta al ofensor con su víctima (= le corresponde proponer al Juez la sanción que mejor se adecúe al cumplimiento de los fines del proceso, así como posibilitar una conciliación entre el imputado y perjudicado). Esa actividad la realiza el MF en el proceso mediante la puesta en práctica del ppio. de oportunidad, que le autoriza a disponer:

1) El archivo de las actuaciones, cuando el delito no sea grave, no se haya cometido con violencia y el menor no sea reincidente.

2) Solicitar una petición de sobreseimiento bajo condición de cumplimiento por el imputado de futuras prestaciones.

3) Ejercitar la conformidad. 4) Proponer la suspensión del fallo. 5) Instar la sustitución de la ejecución de medidas por otras más adecuadas para la reinserción.

4. LA INSTRUCCIÓN POR EL MF Feb_08, Ene_07 El proceso penal de menores: la instrucción por el Ministerio Público Consta de 3 fases:

1. Instrucción (= “expte.”): - “Diligencias Preliminares” - “Expte. reformador”

2. Fase intermedia (= “alegaciones”) 3. Juicio oral (= “audiencia”)

A) Las “Diligencias Preliminares”


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Esta fase se inicial mediante denuncia y finaliza con:

Un Decreto de archivo Un Decreto de incoación del expte. de reforma.

Su finalidad es comprobar la tipicidad del hecho y la posibilidad de determinar un actor conocido. Si hay tipicidad y autor conocido, el MF dictará “Decreto de Incoación del Expte. reformador”, dando cuenta al Juez de Menores y a las partes, a quienes se les deberá dar vista del expte. en un plazo no > 24 h. B) El Decreto de Archivo por desistimiento Este Decreto y el de archivo por falta de tipicidad son los 2 únicos casos de sobreseimiento directo efectuado por el propio MF. Las demás resoluciones las habrá de dictar el Juez de Menores. Presupuestos de este desistimiento:

- Objetivos Imputación de un delito “menos grave” (pena < 3 años) sin violencia o de intimidación de las personas, o de una falta.

- Subjetivos Inexistencia de reincidencia. Cumplidos tales presupuestos, el MF podrá dictar dicha resolución de archivo, que debe estar motivada y debe ser notificada al perjudicado y a la entidad pública de protección de menores, en su caso, sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil, que será trasladada al orden jurisdiccional correspondiente.

C) El expte. reformador Pronunciado el Decreto de incoación, comienza la fase instructora propiamente, por el MF, quien incoará un expte. por cada hecho, si hay delitos conexos. En él practicará todos los actos de investigación que no supongan limitación de DDFF. Esas diligencias están sometidas al contradictorio (= tanto la defensa como quien haya ejercitado la acción penal tienen el dº a conocerlas ‐salvo declaración sumarial de secreto‐ a proponerlas y a participar el ellas). El perjudicado puede ejercitar la acusación particular, instar la imposición de las medidas, tener vista de los actuado, proponer la práctica de los actos de investigación que estime pertinentes, participar en su práctica, etc. El expte. reformador puede finalizar mediante:

1. Auto de sobreseimiento por conciliación Presupuestos: Objetivos: Que el hecho punible sea menos grave o constitutivo de una falta, no haya sido violento ni

haya producido alteración del orden público o revele peligrosidad de su autor. Subjetivos: Voluntad de reinserción del imputado (reparación de la víctima, solicitud de su perdón,

cumplimiento voluntario de las medidas rehabilitadoras). Formales: Mediación del equipo técnico. Se prevé la posibilidad de que el sobreseimiento pueda abarcar la responsabilidad civil, dependiendo de la actividad transaccional de las partes. Incluso sin el cumplimiento de todos estos presupuestos, también puede adoptarse un sobreseimiento por razones de oportunidad si el equipo técnico estimara en su informe “la conveniencia de no continuar la tramitación del expte. en interés del menor”.

2. Auto de sobreseimiento de la LECr (lo vemos en la fase intermedia)


143

3. Decreto de conclusión del expte. Practicados los actos instructorios (interrogatorio del menor, informe del equipo técnico), y si no fuere procedente su sobreseimiento, el MF dictará este Decreto con formulación de su escrito de acusación o de “alegaciones”, que se notificará a las partes personadas y se remitirá el expte. con sus piezas de convicción al Juez de Menores

D) La fase intermedia En ella el Juez decide acerca del sobreseimiento, la conformidad o la apertura de la audiencia o juicio oral.

a) El sobreseimiento de la LECr Por los motivos tasados en la LECr de los arts. 637 y 641, que deben responder al ppio. de legalidad.

b) La sentencia de conformidad Dos tipos: - La conformidad limitada en la fase de alegaciones - La conformidad ilimitada en el juicio oral

E) La apertura de la “audiencia”: las alegaciones Si no procediera el sobreseimiento ni existiera conformidad, el Juez dispondrá la apertura de la “audiencia” o juicio oral. El presupuesto de la apertura del juicio oral ha de ser la presentación por el MF y el acusador particular de su escrito de “alegaciones” o de acusación, en el que ha de describirse el hecho punible e identificarse a su presunto autor, quien pasa a asumir la cualidad de acusado. A dicho escrito el MF y la acusación particular propondrá la prueba. Se le da traslado del escrito a la defensa para que conteste y articule las suyas. También puede solicitar la ejecución de “prueba anticipada”, de aquellas diligencias que hubiera denegado el MF y no pudieran practicarse en la audiencia. Recibidos los escritos de alegaciones de la acusación y de la defensa, y si no hubiere conformidad, el Juez dispondrá la admisión de los medios de prueba pertinentes, efectuará el señalamiento del juicio oral con sus actos preparatorios y dispondrá acerca de la publicidad de la audiencia. F) El juicio oral Publicidad Se prohíbe la asistencia de medios de comunicación y el Juez puede decretar el secreto de la audiencia o incluso el abandono parcial del menor de la misma. Inicio de las sesiones Comienza con la puesta en conocimiento de la acusación, preguntándole el Juez acerca de la conformidad. Si el menor se allana, el Juez dictará la sentencia de conformidad. Si sólo confesara los hechos, continuará en todo lo referente a la determinación de la medida idónea. La comparecencia previa Finalizado el trámite de conformidad, se abre la “comparecencia previa” para plantear:

La vulneración de algún DF. La práctica de nuevas pruebas. La posibilidad de aplicar una calificación distinta o medida distinta de la que se hubiera solicitado. Otros cometidos, como el planteamiento de cuestiones previas o causas de suspensión.

La práctica de la prueba, informes y última palabra Finalizada la comparecencia previa, se reanudará la audiencia para la práctica de la prueba según las reglas de la LECr.

- El perjudicado personado podrá interrogar a todos los intervinientes en la prueba. También habrá de oírse el informe del equipo técnico sobre las circunstancias del menor.

- Concluida la práctica de la prueba, el Juez concederá la palabra 1ºal MF, 2ºa los acusadores particulares y 3ºa la defensa acerca de “la valoración de la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las medidas propuestas”. También oirá 4ºal equipo técnico.


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- Finalizado el trámite de informes, el Juez podrá ilustrar al MF y a la acusación particular sobre la posibilidad de aplicar una calificación o una medida distintas (= facultad del art. 733).

- Por último, el Juez oirá al menor (= dº a la “última palabra”) y declarará la causa vista para sentencia, la cual se publicará en el plazo de 5 días, aunque puede adelantar el fallo “in voce”.

G) Los recursos Ha de distinguirse los recursos contra las resoluciones del MF, de los del Juez de Menores. a) Los Decretos del MF

1) Contra los Decretos del MF en el curso de la instrucción no cabe la interposición de recurso alguno (= esas son las resoluciones en las que el MF ostenta el monopolio de la acción penal).

P.ej.: No decisión de incoación de expte., Decreto de archivo por desistimiento de la incoación del expte., remisión de las actuaciones al Juez de Instrucción o a la entidad protectora, etc.

2) En otros supuesto la Ley sí otorga un control judicial “a posteriori” de los Decretos del MF, como en el caso

del rechazo de diligencias solicitadas por las partes, p.ej.

3) Las demás solicitudes del MF no pueden ser impugnadas directamente, ya que al tratarse de actos de postulación, hay que esperar a la resolución judicial y ejercer contra ella, los recursos.

b) Las resoluciones del Juez de Menores

1) Contra las providencias y los Autos de los Jueces de Menores cabe recurso de reforma, y contra esta resolución, de apelación ante la AP.

2) Contra los Autos que pongan fin al procedimiento (de sobreseimiento, o resolutorios de modificación de medidas o de adopción de medidas cautelares, suspensión de ejecución del fallo, y el Dº Transitorio) cabe apelación.

3) Contra los demás Autos, habría, en opinión del autor, admitirse el recurso de súplica. 4) Contra las Sentencias de los Juzgados de Menores y del Juzgado Central de Menores En el plazo de 5

días, recurso de apelación ante la AP o ante la Sala 2ª AN. Sólo cabe proponer aquellas pruebas que no hayan podido ser practicadas.

5) Contra las Sentencias dictadas en apelación por las AP´s y por la AN, cabe recurso de casación “para la unificación de la doctrina”.

T38. LOS PROCESOS ESPECIALES I. DETERMINACIÓN Obedecen a razones de política criminal y están destinados al enjuiciamiento de ddos. delitos o de infracciones cometidas por ddas. personas. Así:

- El incremento de la delincuencia callejera provocó la promulgación de los juicios rápidos. - Los abusos en el ejercicio de las libertades de emisión del pensamiento, el procedimiento para el

enjuiciamiento de delitos cometidos mediante imprenta, etc., así como el proceso por delitos de injurias y calumnias…

II. LOS PROCESOS ESPECIALES POR RAZÓN DE LA MATERIA

1. LOS JUICIOS RÁPIDOS A) Concepto y naturaleza Es un proceso especial competencia de los Juzgados de lo Penal, aplicable a los delitos flagrantes o con instrucción sencilla, en los que su autor sea detenido o está a disposición de la Autoridad judicial, que haya sido incoado


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mediante atestado y se haya concentrado la instrucción en el Juzgado de Guardia, de manera que permita la conformidad del acusado o la celebración del juicio en el plazo no > 15 días. Arts. 795‐803 LECr. Está presidido por los ppios. de oralidad, inmediación y concentración del procedimiento.

B) Ámbito de aplicación Sólo constituyen objeto de enjuiciamiento aquellas infracciones punibles en las que concurran:

► Criterio formal Que el proceso penal sea incoado por un atestado policial y que se haya detenido al denunciado y haya sido puesto a disposición judicial o se le haya citado para comparecer ante el Juzgado de Guardia.

► Criterio cuantitativo material Deben ser delitos competencia de los Juzgados de lo Penal castigados

con pena privativa de libertad < 5 años, o con cualquier otra pena (única, conjunta o alternativas) cuya duración no > 10 años.

Además, también es necesario que se trate de delitos flagrantes o que el hecho esté comprendido en el art. 795.1.2ª o que se trate de un hecho punible cuya instrucción se presuma sencilla y no sea probable acordar el secreto de las actuaciones de conformidad.

C) La “preinstrucción” de la Policía Judicial La actuación de la Policía Judicial es presupuesto básico para su incoación y además porque la instrucción requiere de su actuación inmediata para la práctica de ddas. diligencias, cuya omisión haría imposible la aplicación de este proceso.

► Plazo para la práctica de las diligencia policiales El tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el plazo de la detención, si la hubiere; excepto si el imputado no hubiere sido detenido ni localizado, en que podrán extenderse hasta un máx. de 5 días.

► Actuaciones asistenciales La policía podrá requerir la presencia de cualquier facultativo o personal

sanitario en orden a prestar los oportunos auxilios al ofendido. La policía podrá solicitar de aquellos la copia del informe relativo a la asistencia prestada, que puede ostentar el carácter de prueba documental preconstituida.

► Actuaciones relativas al dº de defensa Desde la detención o desde la imputación, será necesaria la

asistencia letrada. La Policía Judicial recabará la designación de un Abogado de Oficio (= dº irrenunciable).

► Actos de citación Son emplazamientos que debe realizar la Policía Judicial 1al denunciado no detenido, 2a los testigos, ofendidos y perjudicados y 3a las aseguradoras responsables.

► Diligencias parciales La Policía Judicial colaborará o incluso practicará por sí misma los análisis que

procedan respecto a las sustancias intervenidas.

D) La incoación del procedimiento Si concurren los presupuestos del ámbito de aplicación de este procedimiento (art. 795), el Juez de Guardia lo incoará necesariamente. Ello obliga al Juez a practicar los actos de prueba sumarial anticipada y ddas. diligencias: Obligatorias:

1. Aportación de los antecedentes penales Necesaria para determinar 1la extensión de la pena, 2la aplicación o no de la agravante de reincidencia, así como 3la posibilidad de acordar o no la suspensión de la ejecución.


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2. La declaración del imputado para ser oído Este interrogatorio judicial es el de la citación para ser oído del art. 486. Ante la falta de comparecencia el Juez de Guardia puede cursar la orden de detención.

Facultativas:

- Declaraciones de testigos. - Careos. - Diligencia en rueda. - Informes periciales, etc.

La adopción de estas diligencias está condicionada a la regla común de su pertinencia, necesidad y utilidad (= limitaciones materiales), y su ejecución ha de efectuarse en el plazo preclusivo del servicio de guardia (= limitaciones temporales).

E) La comparecencia en la fase intermedia SepR_08, Sep_07 Los juicios rápidos: la comparecencia en la fase intermedia: la audiencia preliminar a) Funciones Las partes comparecen ante el Juez de Guardia, iniciándose la fase intermedia. Trascurre de forma oral. El Juez de Guardia habrá de realizar los siguientes cometidos:

1º). Decidir acerca del procedimiento adecuado (ratificar las Diligencias urgentes, convertirlas en Previas, adoptar el archivo, el reenvío al juicio de faltas, a la Jurisdicción militar o al proceso de Menores).

2º). Adoptar las decisiones oportunas sobre medidas cautelares y destino de las piezas de convicción. 3º). Resolver sobre la petición de sobreseimiento o la apertura del juicio oral. 4º). Aceptar, en su caso, la conformidad propuesta.

b) Plazo Dentro del preclusivo plazo de duración del servicio de guardia, a cuyo término el Juez debe haber pronunciado alguna de las soluciones anteriores.

c) Forma Oralmente, sin perjuicio de que todas las actuaciones se documenten.

d) Partes El Juez y el Secretario, las partes personadas y el MF.

e) Contenido Doble:

1. Las partes han de instar lo que estimen conveniente acerca de la continuación o no de este procedimiento. 2. Las partes han de alegar acerca de la conveniencia de adoptar medidas cautelares.

Dicho acto comienza mediante la intervención de las partes y consiste en exponer verbalmente (1ºel MF, 2ºla acusación personada y 3ºla defensa) sus alegaciones sobre el procedimiento adecuado. f) Resolución judicial Tras oír las alegaciones de las partes, el Juez de Guardia debe pronunciarse:


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1) Sobre la continuación o no del procedimiento. 2) Cuál sea el procedimiento adecuado. 3) Sobre las medidas cautelares instadas.

Este “Auto de imputación” deberá determinar los hechos punibles y la identificación de la persona o personas a la que se imputan.

F) La preparación y apertura del Juicio Oral Tras la comparecencia, el Juez ha de dictar el Auto en el que ordena la continuación del procedimiento por los trámites del juicio rápido. En el mismo acto oirá al MF y a las partes para que se pronuncien sobre si procede la apertura del juicio oral o el sobreseimiento. Solicitada ésta por aquellos, si el Juez también la estima acordará la apertura del juicio oral mediante Auto motivado, que no será recurrible. Una vez acordada, se establece un doble cauce procesal: Si no existe acusación particular Se presentará el escrito de acusación o se formulará oralmente por el MF. Si no lo presentara y siendo requerido para ello, tampoco lo hiciere, se entiende el abandono de la pretensión punitiva por parte del Eº (= sobreseimiento por razones de oportunidad). Si existe acusación particular El Juez emplazará en la misma comparecencia de solicitud de la apertura del juicio oral, a las partes para que presenten sus escritos de acusación en el plazo máx. de 2 días. SI el MF no presentara el suyo, deberá entenderse que no solicita la apertura del juicio oral y que considera procedente el sobreseimiento libre. El escrito de defensa Si sólo existe acusación pública, la defensa puede:

1. Prestar su conformidad premiada cuando concurran los requisitos del 801 El Juez de Guardia dictará sentencia de conformidad, resolverá sobre la suspensión o no de la ejecución de sentencia y remitirá las actuaciones al Juzgado de lo Penal para su ejecución.

2. Presentar su escrito de defensa o formularla oralmente. 3. Pedir un plazo de 5 días para la presentación del escrito de defensa La concesión de ese plazo es

obligatoria para el Juez. Consecuencias: - Su formulación se hace por escrito. - Se realiza ante el Juez de lo Penal. - Imposibilita que la defensa pueda obtener una conformidad “premiada”, que sólo puede acontecer

en los juicios rápidos dentro de las actuaciones del Juez de Guardia (sin perjuicio ante el Juez de lo Penal se obtenga una conformidad ordinaria –a la más alta petición de pena ‐).

El señalamiento Se hará por el Secretario del Juez de Guardia en la fecha más próxima posible y como límite máx. en el plazo de 15 días. También deberá realizar las citaciones propuestas por las partes. G) La conformidad “premiada” del art. 801. SepR_10, Ene_08 La conformidad premiada del art 801: presupuestos Sólo procede para calificaciones de delitos con pena privativa de libertad no > 2 años de prisión. La dicta:

- El Juez de Instrucción, cuando se adopte dentro de unas Diligencias Previas. - El Juez de Guardia, si es dentro de unas Diligencias Urgentes.

Presupuestos:


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Formales: Si se han incoado unas Diligencias Previas Cuando el imputado, asistido por su Abogado, reconoce en presencia del Juez de Instrucción que está conociendo de las Diligencias Previas los hechos constitutivos de delito con pena prevista en el art. 801, éste convocará al MF y a las partes para que manifiesten si formulan escrito de acusación con la conformidad del acusado. SI es que sí (las partes acusadoras han de comparecer con la conformidad “ya negociada”), incoará las diligencias urgentes y ordenará la continuación de las actuaciones según los arts. 800 y 801. El Juez transformará las Previas en “Diligencias Urgentes” y procederá a dictar sentencia de conformidad. Si se han incoado las Diligencias Urgentes La conformidad se realiza ante el Juez de Guardia. Esta conformidad requiere la previa petición y adopción del Auto de apertura del juicio oral. Materiales Cuando la acusación sea por un delito menos grave que no haya lesionado bienes jurídicos muy relevantes y cuya ausencia de violencia y de reproche permita inferir al Juez la resociabilización del acusado. H) El Juicio oral en los “juicios rápidos” La regulación es la misma que para el PPA, si bien con algunas especialidades:

- El plazo para dictar sentencia es de 3 días. - En caso de suspensión, se deberá señalar para su celebración en el plazo más breve posible y en todo caso

dentro de los 15 días siguientes. I) Medios de impugnación Contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal y las de conformidad dictadas por los Jueces de Instrucción, sólo cabe recurso ordinario de apelación. Se formaliza ante el Juez de lo Penal en el plazo de 5 días. En otros 5, este Juez deberá remitirlos a la AP para que dicte sentencia en 3 días (si hubiere vista) o en 5 (si se resuelve de conformidad con las alegaciones escritas). 2. EL PROCESO POR INJURIAS Y CALUMNIAS Arts. 804‐815. A) Naturaleza Según la jurisprudencia, nos encontramos ante un proceso ordinario con especialidades, por lo que serán de aplicación las normas del PPA. Se trata de un proceso informado por el ppio. dispositivo, ya que sus características más relevantes son:

► Inicio del proceso a instancia de parte (querella). ► Puede quedar truncado por los medios anormales de finalización (perdón, renuncia a la acción penal,

abandono de la querella). ► No puede participar en él el MF. ► Está regido por la congruencia civil por lo que el Juez de lo Penal no puede utilizar la tesis del art.733, ni

otorgar más de lo pedido, menos de lo resistido, ni cosa distinta a los planteado en la pretensión penal y civil.

B) Presupuestos

► Realización del acto de conciliación Antes de interponer la querella, el ofendido debe instar la realización del acto de conciliación ante el Secretario. No interrumpe la prescripción.

► Licencia Cuando las injurias o calumnias se hubieran vertido en juicio. Su finalidad es evitar la

conminación por la contraparte de la utilización abusiva de la vía penal. El Tribunal que ha presenciado las supuestas lesiones al honor debe efectuar una 1ª calificación sobre la tipicidad del hecho.


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La autorización se concede mediante el oportuno testimonio, que se deberá incorporar a la querella.

► Legitimación activa Sólo la tienen los “ofendidos” por el delito (personas físicas, jurídicas y hasta entes sin personalidad jurídica), sin que pueda el MF o un acusador popular incoar este procedimiento.

C) Iniciación Mediante querella, a la que hay que incorporar:

1) La certificación del acto de conciliación. 2) La licencia del Tribunal. 3) El documento que contenga el delito contra el honor, si se hubiera efectuado por escrito. 4) La copia de la querella

D) Instrucción Es distinta según las injurias o calumnias se hayan realizado: Por escrito:

- Exige la incorporación a la querella del documento. - Si la injuria o calumnia se ha propagado por un medio de difusión, no cabe efectuar diligencia alguna. - El Juez no debe dictar Auto de procesamiento ya que las normas por las que se rige este procedimiento son

las del PPA. Es en el Auto de Transformación del PPA donde se habrá de plasmar la imputación. - El Juez puede dictar Auto de sobreseimiento si considera que el hecho no es constitutivo de delito.

Verbalmente: Presentada la querella, el Juez debe convocar al juicio verbal 1al querellante, 2al querellado y 3a los testigos directos. Dicho juicio verbal tiene por objeto comprobar la seriedad de la imputación. Una vez practicado ha de provocar:

El sobreseimiento. El Auto de Transformación de la PPA.

… excepto las injurias o calumnias contra funcionarios o en el supuesto en que un imputado por delito de calumnia quisiera ejercitar la “exceptio veritatis”.

E) Juicio Oral Si el acusado reconoce la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retrae de ellas, el Juez o Tribunal impondrá la pena inmediatamente inferior en grado y podrá dejar de imponer la pena de inhabilitación (= conformidad “premiada”). También el ofendido puede perdonar a su agresor. Al escrito de acusación debe acumular la pretensión civil de resarcimiento, que podrá dirigirse contra el dueño del medio informativo (= responsable solidario). La reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del condenado.

3. EL PROCESO POR DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS O SOPORTES MECÁNICOS DE DIFUSIÓN Arts. 816‐823 LECr. Su objeto es obtener el secuestro, la prohibición de difusión y la condena penal y civil de los autores de delitos cometidos a través de los medios de difusión (incluido el móvil e Internet).


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A) Naturaleza Es un procedimiento ordinario con especialidades. Así, una injuria i calumnia cometida a través de tales medios será enjuiciada a través de su procedimiento propio, con las particularidades de que por utilizar tales medios se presumirá cometida con publicidad, pudiéndose solicitar y obtener las medidas provisionales contempladas en este…

B) Medidas provisionales Las dispone el Juez de Instrucción, y son: El secuestro Tanto de lo publicado como del molde, “máster”, soporte magnético y demás objetos que integren el cuerpo del delito. Es una medida provisional cuyo objeto es doble:

1. Asegurar el cuerpo del delito. 2. Evitar la reiteración delictiva.

Al recaer sobre el ejercicio de un DF, está sometida a los ppios. de proporcionalidad, jurisdiccionalidad (sólo puede ser adoptada por el Juez de Instrucción competente), motivación, y necesidad e inexistencia de alternativa menos gravosa. La prohibición de difusión Del medio a través del cual se produjo la actividad delictiva. No es una medida alternativa al secuestro, sino eventualmente acumulativa cuando exista peligro de reiteración delictiva. La prohibición de difusión contiene una resolución provisional consistente en una orden de cesación de la actividad delictuosa susceptible de generar un delito de desobediencia. Legitimación pasiva: El Juez de Instrucción debe prestar declaración al Director y redactor del medio. Eso sí, frente a una actitud defensiva de exoneración de responsabilidades fundada en el secreto profesional, el art. 30 CP establece una responsabilidad penal “en cascada” o subsidiaria entre el autor material del delito, los Directores de la publicación y de las empresas. Por ello el Juez debe dirigir su investigación contra los sucesivos responsables si no pudiera averiguarse quién sea el autor material del hecho. Y viceversa, si fuere condenado un responsable subsidiario por el hecho punible “no se podrá abrir nuevo procedimiento contra el responsable ppal. si llegare a ser conocido” (= efectos excluyentes de la cosa juzgada penal).

III. LOS PROCESOS ESPECIALES POR RAZÓN DE LAS PERSONAS: EL ENJUICIAMIENTO DE DIPUTADOS Y

SENADORES Ámbito de aplicación Delitos cometidos por los Diputados y Senadores durante su mandato o con anterioridad si posteriormente optaran a dicho cargo. También los del Pte. y miembros del Gobierno, de traición o contra la seguridad del Eº. Fundamento Art. 71.2 CE. Tales representantes no pueden ser inculpados ni procesados sin la autorización previa de la Cámara que sea (= inmunidad parlamentaria). Por tanto, la única especialidad de este procedimiento estriba en la existencia de obtener el pertinente suplicatorio para poder dirigir un proceso penal contra un Diputado o Senador. El Suplicatorio se someterá al 1er Pleno ordinario, que decidirá sobre su aprobación o denegación. Si se denegara el suplicatorio, el Tribunal deberá sobreseer libremente la causa.


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NOVENA PARTE. LOS RECURSOS

T39. RÉGIMEN GRAL. Y RECURSOS ORDINARIOS I. LOS RECURSOS: CONCEPTO Y SISTEMATIZACIÓN Ene_11 Los recursos: concepto y sistematización Son actos de postulación que puede ejercitar el perjudicado por una resolución judicial a fin de que, por el mismo órgano que la dictó o por su superior, se proceda a la anulación de esa resolución y su sustitución por otra que acceda a la pretensión de la parte recurrente. Puede ser:

Devolutivos Conoce de ellos un órgano superior al que lo dictó (= “ad quem”). Son: - Apelación - Casación - Queja

No devolutivos Conoce de ellos el ppio. órgano que lo dictó. (= “ad quo”). Son: - Reforma - Súplica - Nulidad de la sentencia

También pueden ser:

Ordinarios El órgano “ad quem” está facultado para conocer tanto los vicios procesales (“in procedendo”) como los materiales de enjuiciamiento en la valoración de la prueba y en la aplicación del Dº penal (“in iudicando”). Son:

- Reforma - Súplica - Apelación - Queja

Extraordinarios Sólo facultan al Tribunal a revisar la corrección de la aplicación del Dº efectuada por los órganos de instancia y por los motivos tasados de la LECr.

- Apelación contra las sentencias del Tribunal del Jurado - Casación ante el TS - Nulidad de la Sentencia - Amparo ante el TC

También están los medios de rescisión de la cosa juzgada, que sólo son procedentes contra sentencias firmes (= “recurso de revisión y el de Audiencia al rebelde). II. PRESUPUESTOS PROCESALES Sep_11 Presupuestos procesales de los recursos Feb_07 Régimen general y recursos no devolutivos: presupuestos procesales Su incumplimiento ocasionará una resolución de inadmisión del recurso y la firmeza de la resolución recurrida. Pueden ser: Comunes:

1) El gravamen Desajuste entre la pretensión y el fallo de tal manera que ocasiones un perjuicio material o moral. Si no hay gravamen no existe legitimación para recurrir. Lo ocasiona la parte dispositiva de la Sentencia.


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2) El dº de conducción procesal Es preciso que el recurrente haya ocupado el estatus de parte procesal en el proceso, con independencia de la posición. Incluso los condenados rebeldes y contumaces (= en ausencia) pueden ejercitar los medios de rescisión de la cosa juzgada, incluido el de amparo si hubieran sido condenados sin posibilidad de ejercer defensa alguna.

Especiales:

1) El depósito del acusador popular Antes de interponer el recurso, el acusador popular deberá depositar en la “Cuenta de Depósitos y Consignaciones” del órgano jurisdiccional las siguientes cantidades:

25 € para reposición y “revisión” de las resoluciones del Secretario. 30 € para queja. 50 € el resto.

Es un presupuesto sanable, en el plazo de 2 días.

2) El depósito de las partes privadas en el recurso de casación El recurrente debe depositar con carácter

previo las siguientes cantidades:

72 € si el delito fuera perseguible de oficio. 36 € si lo fuere a instancia de parte. 45 € si lo interpone el actor civil.

III. EFECTOS Feb_11 Los efectos de los recursos

1. Devolutivo Concurre en todos los recursos de los que ha de conocer un órgano judicial distinto y superior jerárquico al que dictó la resolución recurrida (= órgano “ad quem”).

2. Suspensivo Ocurre en los supuestos taxativos de resoluciones interlocutorias (= Autos) previstos en la

LECr y en todas las Sentencias. Su sola interposición originará la suspensión de los efectos de la resolución impugnada, aunque para ello es necesario que un precepto de la resolución impugnada disponga que la interposición del recurso operará en “doble efecto” (si no, sólo produciría el efecto suspensivo).

3. Extensivo Cuando el recurrente sea uno de los condenados, la nueva sentencia aprovechará a los demás

en lo que les sea favorable y no les perjudicará en lo que les fuere adverso.

IV. LOS RECURSOS NO DEVOLUTIVOS 1. EL RECURSO DE REFORMA: CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES

1) Es el equivalente al recurso civil de reposición. 2) Procede contra las resoluciones interlocutorias dictadas por un órgano unipersonal (=Autos y Providencias

que resuelvan puntos sustanciales y no sean de mera tramitación). 3) En el ordinario común es presupuesto de admisibilidad de los recursos devolutivos (Vs. en el abreviado,

que es potestativo). 4) Se debe interponer ante el mismo Juzgado que dicto la resolución impugnada. 5) En el plazo de 3 días desde ésta. 6) Mediante escrito con firma de Abogado. 7) El Juez dará traslado a las partes para su impugnación y resolverá la totalidad de las cuestiones planteadas

en forma de Auto.

2. EL RECURSO DE SÚPLICA Mismas notas esenciales y tramitación procedimental que el de reforma, con la especialidad de que el de súplica sólo es admisible frente a los Autos dictados por órganos colegiados.


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V. LA IMPUGNACIÓN DE LAS DILIGENCIAS DE ORDENACIÓN

1) No es necesario satisfacer caución. 2) Se interpone ante el Secretario que las dictó, excepto en los casos en los que la Ley prevea el de revisión. 3) Si se trata de un Decreto, sólo podrá interponerse si no fuera procedente el de revisión. 4) Mediante escrito con firma de Abogado, que expresará la presunta infracción. 5) El Secretario dará traslado al MF y a las partes y resolverá mediante Decreto, irrecurrible.

VI. EL RECURSO DE APELACIÓN

1. FUENTES LEGALES Hay diferentes regímenes:

a) El régimen gral. del recurso de apelación, aplicable contra las resoluciones interlocutorias del Juez de Instrucción en el “sumario ordinario” y con carácter subsidiario en los demás procedimientos.

b) El recurso de apelación contra sentencias dictadas por los Jueces de lo Penal y contra Sentencias dictadas en el ámbito de enjuiciamiento rápido (ddos. delitos) y en el de faltas.

c) El recurso de apelación contra las sentencias y algunos Autos dictados por el Magistrado‐Pte. del Tribunal del Jurado.

2. EL RECURSO DE APELACIÓN FRENTE A RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS Feb_13, Sep_12, Ene_12, Sep_10, Ene_10 Diferencias entre el recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias en el procedimiento ordinario y en el abreviado Ene_09 El recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias: B) en el procedimiento abreviado SepR_09, Sep_08 El recurso de apelación frente a resoluciones interlocutorias en el procedimiento abreviado A) El procedimiento ordinario Notas esenciales: Es un medio de impugnación ordinario, devolutivo y no suspensivo (gralmente.), subsidiario del recurso de reforma (su admisión queda condicionada a que antes se interponga y se desestime la reforma), que procede frente a ddos. Autos dictados por los órganos instructores de las causas penales (Juzgado de lo Penal o AP, según el procedimiento), mediante el cual otro órgano superior puede enjuiciar íntegramente las decisiones llevadas a cabo por ellos. Procedimiento:

1) Se impondrá en el plazo de 5 días desde el siguiente a la última notificación de la resolución. 2) Ante el Juez de Instrucción que dictó la resolución. 3) Mediante escrito con firma de Abogado. 4) El Juez de Instrucción comprobará los presupuestos procesales de su admisibilidad y lo admitirá:

► En un efecto Remitirá a la AP 1el Auto recurrido en reforma, 2el escrito de interposición de dicho recurso, 3el Auto apelado y 4lo que considere adecuado incluir.

► En ambos efectos (devolutivo y suspensivo) Remitirá los Autos originales al Tribunal que deba conocer la apelación y emplazará a las partes para que comparezcan ante el mismo:

- Plazo de 15 días si es ante el TS (aforados). - Plazo de 10 si es ante el TSJ (aforados) o la AN

5) En el plazo de 2 días el MF y el apelado podrán solicitar al Juez que sean incluidos los particulares omitidos. 6) Completados los testimonios, emplazará a las partes para que comparezcan ante el Tribunal que vaya a

conocer el asunto: - Plazo de 15 días si es ante el TS (aforados). - Plazo de 10 si es ante el TSJ (aforados) o la AN

En el órgano “ad quem”:

1) Recibidos los Autos en el Tribunal competente:


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a. Si al emplazamiento no aparece el apelante Se declara desierto el recurso, comunicándolo al Juez y devolviendo los Autos originales si hubiere sido admitido en ambos efectos. Cabrá recurso de revisión.

b. Si no comparecen las partes apeladas, pierden su dº al conocimiento de los testimonios pero podrán comparecer en la vista y sostener su pretensión.

2) El Secretario señalará día para la celebración en la que el MF y los defensores podrán informar lo que tuvieren por conveniente a su dº y presentar los documentos en los que funde su pretensión.

3) Celebrada la Vista, el Tribunal resolverá por medio de Auto, que será irrecurrible. B) El procedimiento abreviado

1) Puede interponerse sin necesidad de haber interpuesto previamente el de reforma (aunque puede haberse interpuesto).

2) Las alegaciones han de formalizarse en el escrito de interposición, debiendo incluirse los “motivos del recurso” (= concentración, ya que no se celebra vista).

3) Si se hubiera interpuesto el de reforma y se hubiere desestimado, el Secretario concederá al apelante la posibilidad de formular alegaciones y presentar los documentos justificativos de sus pretensiones.

4) Admitido a trámite el recurso, el Secretario dará traslado a las demás partes por un plazo de 5 días para que puedan alegar los que estimen conveniente.

5) La Audiencia resolverá en los 5 días siguientes. 3 excepciones a la celebración de la vista:

1. Cuando el Auto recurrido en apelación se haya acordado la prisión provisional de alguno de los imputados. 2. Cuando el apelante lo haya solicitado en el escrito de interposición. 3. Cuando dicha resolución contenga otros pronunciamientos sobre medidas cautelares.

3. EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIAS DICTADAS EN EL PPA, JUICIOS RÁPIDOS Y DE FALTAS A) Fuentes y notas esenciales Frente a las sentencias dictadas:

- Por los Juzgados de lo Penal en el PPA y en los juicios rápidos. - Por los Juzgados de Paz y los de Instrucción en el ámbito de los juicios de faltas

Opera en su doble efecto (devolutivo y suspensivo).

B) Procedimiento Presupuestos:

► Si se pretendiera el restablecimiento de alguna garantía procesal o vicio “in procedendo”, será necesario haber ejercitado antes el recurso de reforma.

► Si se denegó la práctica de algún medio de prueba, para poder conseguirla en la 2ª instancia habrá de haberse ejercitado la oportuna “protesta” en la 1ª.

Interposición:

► Mediante escrito con firma de Abogado y Procurador. En él hay que concentrar la totalidad de las alegaciones y solicitar la práctica de la prueba, en su caso. Las partes podrán solicitar copia de los soportes en los que se hayan grabado las sesiones, con suspensión del plazo para la interposición del recurso.

► Ante el Juzgado en el plazo de 10 días (o 5 días en los juicios rápidos y de faltas) desde la notificación de la Sentencia.

► Si el recurso denunciara la infracción de normas o garantías procesales, habrá que determinarse cuáles. Admisión:


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► Si el Juez apreciara la concurrencia de algún defecto subsanable, concederá al recurrente 3 días para ello. ► El Secretario dará traslado a las partes para que en el plazo de 10 días presentes sus alegaciones

(impugnación o adhesión al recurso). ► Presentadas éstas o precluido el plazo para ello, el Secretario dará traslado de cada uno de ellos a las

demás partes y elevará a la Audiencia los Autos originales con todos los escritos presentados). Vista: Sólo resulta procedente:

- Si los escritos de interposición o de alegaciones contienen proposición de prueba o reproducción de las grabadas y resulta admitida por el Tribunal.

- Cuando de oficio o a instancia de parte el Tribunal la estime necesaria para la correcta formación de una convicción fundada.

La Sentencia en apelación:

► Si el recurso se funda en algún vicio “in iudicando”, habrá de dictar un nuevo pronunciamiento sobre el objeto procesal.

► Si se trata de algún vicio “in procedendo”, el Tribunal anulará las actuaciones de las que se derive el vicio. ► Se notificará a los ofendidos y perjudicados aunque no se hayan mostrado parte en la causa. ► No cabe recurso de casación, pero sí los medios de rescisión de la cosa juzgada y el incidente de nulidad de

la Sentencia. VII. EL RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO

1) Es un recurso extraordinario, devolutivo y, en ocasiones, suspensivo. 2) Procede contra las Sentencias y ddos. Autos dictados por el Magistrado‐Pte. del Tribunal del Jurado. 3) Persigue conseguir alguno de los siguientes pronunciamientos:

La obtención de un 2º pronunciamiento judicial sobre el objeto procesal. La retroacción de las actuaciones al momento de cometerse la infracción de las normas o garantías

procesales invocadas. 4) Por el carácter tasado de sus motivos (art. 846 bis c)), se trata de un recurso más restrictivo que el de

casación.

VIII. EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LOS DECRETOS

1) Se trata de un recurso devolutivo, no suspensivo, que opera contra los Decretos del Secretario y que se interpone ante el Juez o Tribunal ante el cual está transcurriendo el procedimiento.

2) Mediante escrito con firma de letrado. 3) En él se hará constar la supuesta infracción cometida. 4) Admitido a trámite, el Secretario dará traslado al MF y demás partes para que aleguen por escrito en el

plazo de 2 días. 5) El Juez o Tribunal dictará resolución irrecurrible.

T40. LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y DE RESCISIÓN DE LA COSA JUZGADA

I. LOS RECURSOS EXTRAORDINARIOS Y DE RESCISIÓN DE LA COSA JUZGADA Tienen tasadas las resoluciones impugnables y los motivos de impugnación. Si finalidad consiste en obtener la aplicación del Dº por parte de los Tribunales ordinarios. Los son:

- El de casación. - El de nulidad de la sentencia. - El de amparo.

Los medios de rescisión de la cosa juzgada sólo son procedentes frente a sentencias firmes, tienen tasados los motivos de impugnación y sólo están dirigidos a aplica el valor “justicia” al caso concreto.


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II. EL RECURSO DE CASACIÓN 1. CONCEPTO Y FUNCIONES Es un recurso extraordinario del que conoce la Sala de lo Penal del TS. Procede por motivos tasados y busca la anulación de las sentencias y Autos dictados por las Ap´s por vulneración de la Ley procesal o material. La casación está encaminada a obtener la aplicación de la Ley de manera igualitaria en todo el territorio, a través de su interpretación uniforme por el TS (= doctrina legal). 2. RESOLUCIONES RECURRIBLES

1) Las Sentencias penales dictadas por los TSJ´s en única instancia (contra aforados) o en 2ª instancia (resolviendo los recursos de apelación contra sentencias del Tribunal del Jurado.

2) Las Sentencias de las AP´s y AN en juicio oral y única estancia. 3) Los Autos dictados en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ´s o definitivo por las AP´s, por

infracción de Ley y si se autoriza de forma expresa. 4) Los Autos de sobreseimiento libre por no ser el hecho constitutivo de delito, pero si existe una persona

procesada o imputada mediante un Auto de Transformación del PPA y es un delito competencia de las AP´s.

3. LEGITIMACIÓN Art. 854 LECr.

1) El MF, incluso si hubiera accedido a lo solicitado en su escrito de acusación (no necesita gravamen). 2) Las partes penales que se hayan personado, y sus herederos. Matizaciones:

- Si el condenado fallece, se extingue la responsabilidad y ningún heredero podrá recurrir. - Los herederos de los acusadores particulares deben ostentar una legitimación de 2º grado o

producirles un ddo. gravamen la sentencia. - El acusador popular debe prestar caución.

3) Los condenados sin haber sido parte tan sólo pueden suceder en el supuesto de autores de un delito conexo que lleve aparejada una pena privativa de libertad < 2 años.

4) El actor civil sólo puede impugnar el fallo civil de la Sentencia Penal. Lo mismo sucede con el responsable civil subsidiario.

4. MOTIVOS DE CASACIÓN Por infracción de precepto constitucional Es aconsejable utilizar este motivo autónomo ante la existencia de un concurso de Leyes constitucional (p.ej., si se ha vulnerado la presunción de inocencia será mejor utilizar este motivo que no el de “error de hecho en la valoración de la prueba”). Por infracción de Ley: Infracción de norma sustantiva >> Porque se haya infringido la norma material aplicable al hecho declarado probado (= norma del CP infringida en los tipos penales perfectos, alcanzando en los imperfectos a las cuestiones prejudiciales de valoración necesaria para la integración del tipo). Error en la valoración de la prueba >> Error de hecho (no de Dº!). Para que concurra este motivo es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

1. Relevancia del error. 2. Determinación de los documentos en los que se funda el motivo. 3. Literosuficiencia del documento (que baste por sí mismo) 4. Que su eficacia probatoria no se hubiera desvirtuado por otras pruebas de la causa. 5. Nueva relación de hechos probados (= “integración del factum”). 6. Que dicha integración constituya un medio para crear una premisa distinta a la establecida y posibilitar una

subsunción jurídica diferente de la que se impugna.


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Por quebrantamiento de forma Por la vulneración de normas procesales en supuestos tasados: Infracción procesal causante de indefensión material:

- La omisión de la citación a las partes a la celebración del juicio oral. - La no suspensión del juicio por incomparecencia de algún acusado. - La denegación de pruebas pertinentes y útiles. - La inadmisión de preguntas a los intervinientes en la prueba. - La negativa del Pte. a que el testigo conteste a las formuladas.

Vulneración de los requisitos de la sentencia: ► Externos:

- Regularidad de la constitución del Tribunal - Que la sentencia contenga una declaración expresa y terminante de los hechos que se estimen probados.

Sería impugnable por el “recurso de aclaración de Sentencias” las que contengan: Falta de claridad de los hechos que se consideren probados. Contradicción existente entre ellos. Predeterminación del fallo.

► Internos = Infracción de las normas que rigen la congruencia de la Sentencia, tanto:

- Cualitativa >> “Cuando no se resuelva en ella sobre todos los puntos que hayan sido objeto de la acusación y defensa”.

- Cuantitativa: “Cuando se pene por un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación” Por un delito distinto del que fue objeto de la acusación. Se estime un grado de perfección o de participación más grave o de una circunstancia de

agravación no pedida entre lo solicitado por las acusaciones y lo estimado por el Tribunal. 5. PROCEDIMIENTO 2 fases diferenciadas:

1. De preparación o anuncio de interposición (corresponde al órgano “ad quo”) 2. De interposición, sustanciación y decisión (corresponde al TS).

A) Ante el órgano “a quo” Preparación:

1) Mediante escrito de anuncio de interposición del recurso, autorizado por Abogado y Procurador. 2) Ante el Tribunal “a quo” 3) En el plazo de 5 días desde la última modificación 4) En el escrito el recurrente pedirá al Tribunal un testimonio de la resolución que se quiere impugnar,

manifestando la clase de recurso que quiere emplear (cualquiera de los 3 motivos genéricos de casación). • Si fuera por infracción de Ley, en su manifestación de “error de hecho en la apreciación de la

prueba”, deberá designar los particulares del documento que demuestren el error cometido. • Si fuera por quebrantamiento de forma, deberá reflejar las infracciones cometidas y la reclamación

que practicó en su día. 5) El recurrente habrá de consignar la promesa de constituir el depósito; si fuera insolvente o tuviera Justicia

Gratuita, pedirá al Tribunal que haga constar esa circunstancia en la certificación de la Sentencia. Tramitación:


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1) En los 3 días siguientes, el Tribunal tendrá por preparado el recurso si éste fuera recurrible en casación y se han cumplido todos los requisitos; si no, lo denegará mediante Auto motivada y lo notificará al recurrente por si quiere interponer queja.

2) Emplazará a las partes para que comparezcan en el término de 15 días y remitirá certificación en donde se expresen 1las circunstancias de la causa, 2las partes, 3el delito, 4la fecha de entrega del testimonio, 5la fecha en que concluya la prisión provisional si está en ella el condenado, y 6el emplazamiento de las partes.

3) Si el recurso ha sido preparado por quebrantamiento de forma, se remitirá la causa donde se haya cometido la falta denunciada.

4) Si lo ha sido por infracción de Ley, se remitirá el documento. 5) La parte que no haya preparado el recurso podrá adherirse a él en el plazo para el emplazamiento o bien al

instruirse el formulado por la otra parte.

B) Ante el TS El escrito de interposición:

1) Se presentará ante la Sala 2ª TS. 2) Dentro de los 15 para que comparezcan las partes; si no, se declara desierto y se tendrá la resolución

impugnada por consentida y firme con imposición de costas. Cabe revisión. 3) Contenido del recurso:

Fundamento/s doctrinales y legales aducidos como motivos de casación. Art. de la LECr que autorice cada motivo de casación. Las reclamaciones practicadas para subsanar el quebrantamiento y su fecha, si se exigiera este

requisito. La parte recurrente podrá solicitar aquí la celebración de vista.

4) Se acompañará al escrito el testimonio de la resolución recurrida que hubiera entregado el Tribunal “ad quo” al recurrente.

Instrucción, impugnación y adhesión al recurso:

1) El Secretario judicial designará al Magistrado ponente y dará traslado a las demás partes del escrito de interposición, que tendrán 10 días para presentar sus escritos de impugnación o de adhesión al recurso.

2) La Sala podrá decidir el fondo sin celebrar la vista, salvo que: - Las partes soliciten su celebración. - La pena > 6 años. - El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, lo estime necesario. - Siempre que se trate de delitos de traición y contra la paz o la independencia del Eº, y los relativos

a la defensa nacional, contra la Admón. de Justicia y contra la Admón. Púb. Admisión: Supuestos de inadmisión:

1. Cuando se interponga por causas distintas de las contempladas en los arts. 849‐851. 2. Cuando se interponga contra resoluciones no susceptibles de ser recurridas en casación. 3. Cuando no se respeten los hechos que la sentencia declare probados o se hagan alegaciones jurídicas en

contradicción o incongruente con aquéllos. 4. Cuando no se hayan observado los requisitos que la Ley exige para su preparación o interposición. 5. En los supuestos de que quebrantamiento de forma, si en la 1ª Instancia no se efectuó “protesta”. 6. En los supuestos de infracción de Ley por error en la apreciación de la prueba, si no consta el documento

en la causa o no se han designado sus particulares. 7. Cuando carezca manifiestamente de fundamento. 8. Cuando el TS haya desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.

Decisión:

1) La Sala señalará el día para la deliberación y el fallo. 2) La vista comenzará con la puesta en conocimiento del Secretario, e informarán 1el recurrente, 2la parte que

se haya adherido, y 3la recurrida.


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3) El Pte. podrá solicitar de las partes aclaraciones sobre cualquiera de las cuestiones debatidas, respetando los hechos ya declarados probados.

4) Finalizada la audiencia pública, la Sala resolverá el recurso dentro de los 10 días. 5) Si se estimara, se remitirá la causa al Tribunal “ad quem” para que reponga las actuaciones al momento y

estado en que se cometió la infracción. 6) Si se desestimara, declarará no haber lugar al recurso, condenando al recurrente al pago de las costas y a la

pérdida del depósito constituido. 7) No será recurrible salvo en el caso de amparo ante el TC.

III. EL REMEDIO DE NULIDAD DE LA SENTENCIA Se llama también “incidente de nulidad de actuaciones”. Arts. 241 LOPJ y 44.1.a LOTC. Más que un recurso, se trata de un “remedio”, ya que hay que interponerlo dentro del plazo de 20 días desde la notificación de la resolución, ante el mismo órgano que la dictó, y sólo por la infracción de “un DF de los referidos en el art. 53.2 CE”. IV. EL “RECURSO DE REVISIÓN” 1. CONCEPTO Arts. 954‐961 LECr. Es una acción impugnativa autónoma que puede ejercitarse ante la Sala 2ª TS una vez obtenida la firmeza de un Sentencia. Tiene por objeto actuar el valor constitucional de la Justicia y restablecer el dº a la libertad del penado inocente.

2. LEGITIMACIÓN

1. El penado. 2. Su esposa/pareja, ascendientes y descendientes, si hubiera fallecido. 3. El Fiscal Gral. del Eº 4. El Mº de Justicia, ordenando al Fiscal del TS que interponga el recurso.

3. COMPETENCIA (= Sala 2ª TS)

4. MOTIVOS DE REVISIÓN

1. “Cuando estén sufriendo condena dos o más personas, en virtud de sentencias contradictorias, por un mismo delito que no haya podido ser cometido más que por una sola” (incluida la infracción al “non bis in idem”).

2. “Cuando esté sufriendo condena alguno como autor, cómplice o encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena”. También en el supuesto de que el condenado haya cumplido la pena.

3. “Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia, cuyo fundamento haya sido un documento o testimonio declarados después falsos por sentencia firme en causa criminal, la confesión del reo arrancada por violencia o exacción, o cualquier hecho punible ejecutado por un tercero, siempre que los tales extremos resulten también declarados por sentencia firme en causa seguida al efecto”.

4. “Cuando después de la sentencia sobrevenga el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba, de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado”.

5. PROCEDIMIENTO A) Preparación Mediante escrito dirigido a la Sala 2ª TS, previa autorización para su interposición, que tendrá forma de Auto irrecurrible. B) Interposición En el plazo de 15 días.


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C) Juicio rescindente La Sala comprobará la verosimilitud del motivo de revisión, recabando las alegaciones del MF y de los penados. Seguirá después los trámites del de casación por infracción de Ley. Y con celebración o no de vista, la Sala dictará Sentencia.

D) Juicio rescisorio y efectos de la sentencia estimatoria Sólo en el supuesto de que la sentencia firme impugnada sea rescindida. Se abre un nuevo proceso o juicio rescisorio. Reglas:

1. Supuesto 954.1º. La Sala declarará la contradicción de las Sentencias, anulando ambas, y mandará instruir la causa de nuevo al Tribunal competente.

2. 954.2º. Comprobada la identidad de la persona cuya muerte hubiese sido penada, anulará la sentencia firme.

3. 954.3º. Anulará la sentencia firme y, con vista de la ejecutoria que declare la falsedad del documento, y mandará al Tribunal competente instruir de nuevo la causa.

4. 954.4º. La Sala instruirá una información complementaria, de la que dará vista al Fiscal. Si resultare evidenciada la inocencia del condenado, se anulará la Sentencia y mandará instruir de nuevo la causa al Tribunal competente.

V. EL “RECURSO DE ANULACIÓN” 1. CONCEPTO, FUNDAMENTO Y NATURALEZA

Es un medio de rescisión de una sentencia firme que asiste al contumaz condenado en ausencia a una pena que no > 2 años de prisión, o > 6 si es de otra naturaleza.

No es un verdadero recurso, sino una acción de impugnación autónoma que sólo es procedente frente a Sentencias de condena que sean firmes (y gocen por ello de los efectos de la cosa juzgada).

2. OBJETO Y PROCEDIMIENTO 1) Su objeto es determinar la regularidad del juicio en ausencia y posibilitar el dº de defensa del ausente

condenado. 2) Ante el Juzgado de lo Penal, en los 10 días siguientes a la notificación de la Sentencia, o cuando tuviera

conocimiento de ella. 3) En su escrito ha de expresar la infracción de las normas y garantías procesales determinantes de

indefensión por haberse celebrado el juicio oral en la 1ª Instancia en su ausencia. 4) Decretada la admisión, el Secretario Judicial dará traslado a las partes para que aleguen en el plazo de 10

días, y después, en el plazo de 2, elevará a la AP los Autos originales con todos los escritos presentados. 5) El Tribunal “ad quem” examinará las actuaciones y dictará Sentencia en el plazo de 5 días (si hubo vista) o

de 10 (si no la hubo). En ella sólo controlará si el Tribunal “ad quo” respetó los requisitos legales del juicio en ausencia.

6) Si lo estima, anulará la sentencia condenatoria y retrotraerá las actuaciones al estado en que se encontraban al comienzo de las sesiones del juicio oral

7) Si la desestima, la sentencia dictada en ausencia seguirá siendo firme y ejecutable.

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resumen Procesal II (Actualizado a Enero 2014) (1)