TEMA 5. EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874). ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN EL SIGLO XIX.

5.1 Evolución política del Sexenio Democrático.

5.2 Agricultura, industria y transportes en el XIX.

5.3 La sociedad española en el siglo XIX: del estamentalismo a la sociedad de clases.

El periodo histórico 1868-1874 se conoce como Sexenio Democrático, porque por vez primera el ideario del sufragio universal y los derechos sociales aparecían en la vida política española. La búsqueda de una alternativa democrática generó cantidad de experiencias políticas. También ha recibido el adjetivo de “revolucionario”, porque conoció una agitada etapa de cambios políticos, movimientos sociales y conflictos armados. Durante toda esta etapa los sectores burgueses más acomodados, monárquicos o republicanos, mantuvieron un pulso con los sectores revolucionarios. El resultado final fue la derrota de esta última opción.

Por su parte, la economía española del siglo XIX se caracterizó por un crecimiento lento y un atraso relativo respecto a otros países de Europa. Podemos apreciar dos etapas durante este siglo: de 1800 a 1840, la economía estuvo estancada; pero a partir de ese año comenzó una lenta recuperación que llevó a un cierto crecimiento en el último tercio del siglo. El sector industrial se implantó tan solo en algunas regiones como Cataluña, País Vasco y algunas comarcas valencianas. El comercio tampoco activó la demanda, por el escaso poder adquisitivo de la mayor parte de la población.

5.1 LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DEL SEXENIO DEMOCRÁTICO.

Los últimos años del reinado de Isabel II se caracterizaron por la existencia de un evidente malestar político, económico y social. La firma del Pacto de Ostende en 1866 creó una coalición de fuerzas progresistas, demócratas y unionistas frente a la reina. En septiembre de 1868 se inició un pronunciamiento militar en Cádiz, dirigido por Serrano, Prim y Topete, cuyo objetivo era derrocar a la reina.

La revolución de septiembre y el gobierno provisional.

El levantamiento militar de septiembre dio paso a un movimiento revolucionario conocido como La Gloriosa. Esta revolución fue el resultado de una alianza entre progresistas y unionistas con la aprobación de los demócratas. El ideario revolucionario lo aportaba el partido demócrata: sufragio universal, defensa de las clases medias y trabajadoras y supresión de medidas impopulares como los consumos o las quintas. Tras el levantamiento militar, la revolución se extendió desde Cádiz por toda la Península. El triunfo de las tropas sublevadas dirigidas por Serrano en Alcolea (Córdoba) provocó la salida del país de Isabel II. Un gobierno provisional, presidido por el general Serrano e integrado por progresistas y unionistas, del que se quedaron fuera los demócratas, estableció las primeras medidas: disolución de las juntas revolucionarias, desarme de los Voluntarios de la Libertad y restauración de la disciplina en el ejército. Además se suprimió el impuesto de consumos, se decretó la libertad de enseñanza e imprenta. En el plano socioeconómico se definió un orden social conservador de carácter

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burgués: creación de la peseta, ley de minas y arancel librecambista. Tras las elecciones municipales, los comicios a Cortes Constituyentes (enero 1869) dieron la mayoría a progresistas y unionistas, pero con un notable grupo de diputados republicanos. Su tarea se centró fundamentalmente en la elaboración de una nueva constitución.

La regencia de Serrano.

El texto constitucional (1869) fue aprobado por una amplia mayoría. Establecía la soberanía nacional de base popular; el sufragio universal como conquista política más destacada; regulaba todos los derechos individuales (de cultos, de reunión, de asociación, de enseñanza, de expresión, etc.); proclamaba la división de poderes; establecía un sistema bicameral; y las atribuciones del rey estaban sometidas a la soberanía nacional. La adopción de la monarquía como forma de gobierno provocó la dura oposición de los republicanos y obligó a nombrar a Serrano regente, mientras Prim ocupó la jefatura de gobierno. El poder ejecutivo tuvo que hacer frente a una etapa plagada de convulsiones sociales: una guerra colonial en Cuba que se había iniciado en 1868; la oposición activa de carlistas y alfonsinos; el permanente acoso de los republicanos, que después del Pacto Federal de Tortosa (1869) se sublevaron en Cataluña, Aragón, Andalucía y Valencia, reclamando una España de corte federal; y el descontento de las clases populares que veían sin respuestas sus demandas sociales.

A estos problemas se sumaba un asunto de gran complejidad: la elección de un nuevo rey que no fuera de los Borbones. Se pensó en distintos candidatos como Leopoldo de Hohenzollern-Sigmaringen, el duque de Montepensier (cuñado de Isabel II) y el propio Espartero. El elegido fue Amadeo de Saboya, que cumplía con todos los requisitos necesarios: pertenecía a una casa real con tradición liberal, era católico y su elección no inquietaba ni a Francia ni a Prusia. Las Cortes le nombraron rey (1870) por un escaso margen de votos. Prim, el principal valedor del rey, fue asesinado tres días antes de la llegada de Amadeo y sin él, su reinado se convirtió en un largo desierto.

El reinado de Amadeo I.

Amadeo juró la constitución y comenzó la primera experiencia de una monarquía democrática en España. Pronto sufrió la indiferencia de los altos mandos militares y de la aristocracia (“manifestación de las mantillas”). Además, la división entre las fuerzas políticas hizo imposible mantener la estabilidad. En el gobierno se sucedieron los progresistas de Mateo Sagasta, los radicales de Ruiz Zorrilla y los unionistas encabezados por Serrano. Además, existía una gran agitación derivada de la difusión de los principios de la I Internacional. El miedo a la revolución proletaria empujo a Sagasta a prohibir las acciones de los internacionalistas. A toda inestabilidad política y social contribuyó la importante oposición de los republicanos federales, cada vez más radicalizados; la guerra en Cuba; y el estallido de la tercera guerra carlista. El 11 de febrero de 1873, Amadeo I abdicó. Ese mismo día las Cortes proclamaron la república.

La tercera guerra carlista se desarrolló entre 1872 y 1876. La guerra se localizó en Cataluña, País Vasco y Navarra. La restauración de los Borbones supuso el declive del carlismo, ya que la derecha monárquica se aglutinó en torno a los descendientes de Isabel II.

La Primera República (1873-1874).

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A lo largo de sus once meses de vida, la I República intentó, sin éxito, consolidar el sistema democrático iniciado en 1868. Desde el primer momento, el nuevo régimen se vio obligado a enfrentarse a graves problemas que provocaron su fracaso, como la división interna entre los republicanos unitarios y los federalistas; la guerra carlista; la de Cuba; el cantonalismo; la falta de apoyos populares; y la cuestionada legitimidad de su origen.

En febrero fue elegido presidente Etanislao Figueras, republicano no federalista. Sin embargo, en las elecciones celebradas en mayo, los federalistas obtuvieron una amplia mayoría y Francisco Pi y Margall fue nombrado nuevo presidente. Este presentó un proyecto de constitución en la que se definía una “nación española” compuesta por 17 Estados, regulaba los derechos y libertades de los españoles, declaraba la república federal como forma de gobierno y delimitaba los poderes del Estado federal y de los distintos Estados de que se componía. Este intento de imponer desde arriba el federalismo fracasó y el cantonalismo se extendió con gran rapidez. En Alcoy se produjo una huelga general que derivó en insurrección generalizada. Pronto surgieron los cantones que proclamaron la república federal. La lentitud del ejército, que se hallaba combatiendo a los carlistas, permitió que la insurrección se extendiese a otros municipios de Andalucía (Sanlúcar, Málaga) y en la zona levantina (Cartagena). Numerosas ciudades formaron milicias y sumieron al país en una situación caótica. El cantonalismo surgió como medio de presión para acelerar la implantación del sistema federal; y como movimiento social que reclamaba la democracia directa, la autonomía de los municipios y diputaciones, la defensa de las clases medias y populares, etc.

Estos levantamientos provocaron la dimisión de Pi i Margall. Nicolás Salmerón se comprometió a imponer el orden y a aprobar las reformas sociales pendientes. Salmerón no quiso firmar el restablecimiento de la pena de muerte, por lo que dimitió y fue sustituido por Emilio Castelar. Este declaró el federalismo fuera de la ley, suspendió durante tres meses las Cortes y reforzó el poder militar que luchaba contra el cantón de Cartagena y los carlistas. A comienzos de 1874, Castelar fue derrotado en las Cortes y todo hacía prever que el gobierno volvería a manos de los federalistas. Sin embargo, el ejército y las clases más conservadoras estaban orquestaron un nuevo cambio en el gobierno y el general Manuel Pavía protagonizó un golpe de Estado (1874). El general Serrano presidió un nuevo gobierno provisional (“republica unitaria o dictadura del general Serrano”) que tuvo entre sus objetivos inmediatos restablecer el orden público, controlar a los carlistas y seguir con la guerra de Cuba. Más tarde, el general Arsenio Martínez Campos se sublevó en Sagunto (29 diciembre 1874) y Alfonso XII fue proclamado rey. El general Serrano se exilió y Antonio Cánovas del Castillo fue nombrado presidente del Ministerio de Regencia mientras el nuevo rey llegaba a España.

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5.2 AGRICULTURA, INDUSTRIA Y TRANSPORTES EN EL XIX.

Las transformaciones agrarias.

La economía española del siglo XIX dependía fundamentalmente de la agricultura. Los factores físicos, la desigual distribución de la tierra y el atraso tecnológico limitaron la contribución de este sector a la modernización económica. El proceso desamortizador fue la primera pieza de la transformación agraria del siglo XIX. Esta reforma agraria liberal alteró la distribución de la propiedad, puso en circulación tierras sin explotar para su cultivo y ayudó a conformar un grupo de grandes propietarios con ideología liberal. Destacan la desamortización de Mendizábal (1836), que afectó a los bienes del clero y cuyo objetivo era sanear las cuentas de la Hacienda, maltrechas por la guerra carlista, y crear una capa de propietarios defensores del liberalismo; y la desamortización de Madoz (1855), que afectó tanto a los bienes de la Iglesia como de municipios y comunales. Otras medidas importantes fueron la supresión del diezmo y la Mesta, la mejora de las comunicaciones y el aumento demográfico.

Las consecuencias de este gran proceso fueron incrementar el número de grandes terratenientes, beneficiando a la aristocracia y a los burgueses más acomodados; y permitir poner en cultivo gran cantidad de tierras abandonadas. Los grandes perdedores fueron los campesinos, que pasaron a pagar rentas más elevadas; la Iglesia; y los municipios, que perdieron su principal fuente de ingresos (tierras comunales).

A pesar de lo que cabía esperar, la producción creció de forma modesta hasta el último cuarto de siglo. Además, la estructura productiva de la agricultura apenas se modificó y siguió basándose en la clásica tríada (trigo, olivo y vid) más las leguminosas. Desde mediados del siglo, algunas producciones (vinos, aceite de oliva, cítricos) empezaron a destacar. La política proteccionista, aplicada por el arancel de 1891, pretendió frenar la crisis agraria de fin de siglo, pero esta política ocultaba la baja productividad de la agricultura española.

La agricultura constituyó en España un sector clave, pero menos dinámico que en otros países europeos. Durante el siglo XIX aumentó la superficie cultivada, sin embargo, apenas se modificó la población activa dedicada a estas tareas (sobre un 65%) y los niveles de consumo y de productividad fueron muy bajos. Por último, tampoco la agricultura fue motor de arrastre de la demanda de productos industriales y no aportó capitales de forma notable. Podemos concluir, pues, que el estancamiento de la agricultura fue una de las causas básicas del atraso de la economía española en este siglo.

La industria.

La industrialización de la España del siglo XIX se inició en la década de 1830 y ha sido calificada de “fracaso”, puesto que a finales de siglo, los niveles de producción eran muy inferiores a los europeos. Si bien hoy se matiza este término para hablar de retraso en un proceso de transformaciones ya comenzado. Este atraso se puede explicar por el bajo nivel técnico, la escasez de capitales, el mantenimiento de una economía agraria sin modernizar, la escasez de carbón o la reducida demanda por la raquítica capacidad adquisitiva. La industrialización fue muy desequilibrada sectorial (algodón y siderurgia) y regionalmente.

El sector del algodón fue el primero en despegar y Cataluña fue el centro de esta

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actividad. Las razones de este avance se explican por el dinamismo económico iniciado en el siglo XVIII, la floreciente actividad comercial con América, la abundancia de mano de obra, la mentalidad empresarial, la temprana introducción de maquinaria (como las selfactinas) y la ayuda del proteccionismo. En este sentido, los industriales catalanes presionaron, junto a los terratenientes castellanos, para proteger sus negocios poco competitivos frente a los productos extranjeros con la adopción de políticas proteccionistas.

La siderurgia española estuvo muy supeditada a las materias primas necesarias para su desarrollo: hierro y carbón. La explotación minera se redujo a los yacimientos cercanos a los puertos (Vizcaya, Cantabria o Málaga). A pesar de la riqueza de yacimientos, la minería española se mantuvo estancada durante casi todo el siglo por varias razones: ausencia de demanda por el atraso económico, la falta de capitales y tecnología para su explotación y la excesiva intervención del Estado que frenaba la inversión extranjera. La legislación librecambista que se inició en 1868 dio un mayor dinamismo al sector (Ley de Bases sobre Minas) y favorecieron el auge de la minería que coincidió con una expansión de la demanda por el ferrocarril, la arquitectura y la mecanización industrial. Esta expansión se produjo con la ayuda de la inversión extranjera y la llamada desamortización del suelo (venta de explotaciones a manos privadas). A pesar del impulso, casi el 90% del mineral se exportaba, mientras que la producción siderúrgica era de las más bajas. Aún así, la exportación minera sirvió para desarrollar la siderurgia vasca, aunque con unos niveles de producción lejanos a los de otros países.

El transporte.

La necesidad de crear un mercado nacional provocó que, a partir de la década de 1840, se intentase mejorar la red de comunicaciones. Inicialmente se pretendió mejorar y ampliar la red de carreteras, con lo que se redujo notablemente la duración de los viajes y se fue sustituyendo el medio de transporte tradicional. También mejoró el transporte marítimo con la mejora y ampliación de los puertos, el perfeccionamiento de la navegación a vela y, ya a fines del siglo, la introducción de la navegación a vapor.

Sin embargo, la revolución en los transportes se dio con la construcción de la red ferroviaria. En 1848 se construyó la primera línea entre Barcelona y Mataró. En un primer momento se construyeron líneas cortas y poco rentables y se decidió adoptar por razones técnicas un ancho de vía superior al de los países de nuestro entorno.

Durante el bienio progresista, se aprobó la ley de ferrocarriles (1855) que fue acompañada de otras leyes sobre bancos de emisión y sociedades de crédito. Estas normas estimularon la creación de la red viaria (entre 1856-1866 se construyeron 4.500 kilómetros de vías férreas). A esta rapidez contribuyeron la ayuda estatal, los avances técnicos y el aporte de capital extranjero, sobre todo francés. Pero, el mecanismo especulativo arrastró a la economía española y europea a una gran crisis (1866-1876) que ocasionó la quiebra del sistema bancario, la caída de los precios, malas cosechas y un déficit presupuestario crónico. La construcción se reanudó a partir de 1876 de forma más pausada. A pesar de todo, era el medio preponderante y revolucionó las comunicaciones y el transporte de mercancías.

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5.3 LA SOCIEDAD ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX: DEL ESTAMENTALISMO A LA SOCIEDAD DE CLASES.

En el siglo XIX la sociedad estamental dio paso a una sociedad de clases, en la que la jerarquía social se organizaba en torno a la riqueza. En la cima de la estructura social se encontraban las clases altas, una alianza entre la vieja nobleza y la nueva burguesía enriquecida, que monopolizaron el poder político, económico y los cargos públicos. Por debajo había unas escasas clases medias y una gran masa con reducido poder económico.

La población española pasó en este siglo de 11,5 a 18,6 millones de habitantes. Esta cifra representa un crecimiento lento si se compara con el experimentado en Europa en el mismo periodo. De hecho, a pesar de haber ciertas mejoras médicas, no dejaron de existir las crisis de subsistencias periódicas, las epidemias y las guerras.

Las clases altas.

Aunque perdió su hegemonía, la alta nobleza del Antiguo Régimen siguió teniendo gran poder e influencia durante todo el siglo. Esta nobleza salió bien parada de la revolución liberal, pues la mayor parte mantuvo su patrimonio o lo aumentó con la compra de bienes desamortizados (los Alba o los Medinaceli). Incluso algunos invirtieron en actividades productivas (banca, ferrocarril, industria), aunque siguió dominando la mentalidad rentista de la tierra y algunas familias llegaron a perder gran parte de su patrimonio (los Osuna o los Medina Sidonia). A la vieja nobleza se sumó una nueva nobleza titulada, que vino a formar la nueva elite cortesana desde el reinado de Isabel II, estrechamente vinculada a la burguesía de los negocios (políticos, financieros, industriales, etc.).

La burguesía poseía grandes patrimonios e incluía a aquellos grupos que se dedicaban a los negocios y se definían por su espíritu de empresa. Esta clase social estaba formada por banqueros, industriales, comerciantes importantes, grandes terratenientes y altos cargos del Estado. La mayoría vivían en las grandes ciudades y en las pautas sociales tendían a imitar a la aristocracia. Además, hubo una confluencia de intereses entre nobleza y burguesía: los primeros buscaban acercarse a los poderosos a través de matrimonios y los segundos trataban de acercarse a las formas aristocráticas.

Las clases medias.

Un grupo en crecimiento, pero aún con poco peso demográfico en el siglo XIX, era el de las clases medias (“clases productivas”). Abarcaba una gran variedad de situaciones entre las clases altas y el pueblo. Había una clase media rural, formada por labradores propietarios, y una clase media urbana, más numerosa e influyente, integrada por comerciantes, dueño de talleres, funcionarios, profesionales liberales, profesores, periodistas, etc. Constituyeron un grupo muy influyente del país porque formaban la administración local y estatal. En gran medida controlaban los servicios básicos y la actividad productiva. Fue un grupo con un gran compromiso político y su papel fue esencial en la construcción del Estado liberal.

Las clases populares.

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Las clases populares constituían el resto de la población: campesinado y clases bajas urbanas. Durante el siglo XIX, la mayor parte de la población, un 66% aproximadamente, vivía en el medio rural (unos tres millones de medianos y pequeños propietarios y cinco millones de jornaleros sin tierras).Hubo pocos cambios durante este siglo en su forma y condiciones de vida, aunque desde la década de los setenta se inició un lento éxodo rural hacia ciudades industriales o de servicios (Barcelona, Madrid, Valencia)

La llamada reforma agraria liberal dio como resultado la privatización masiva del suelo y el desplazamiento de muchos campesinos que anteriormente cultivaban la tierra con bajas rentas. A pesar de la concentración de la propiedad hubo campesinos que accedieron a pequeñas propiedades gracias a la venta de tierras comunales o baldíos de los pueblos, pero su capacidad productiva era muy débil. Por otra parte, el prototipo mayoritario de campesino era el jornalero, sobre todo en el sur (Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia), donde predominaba el secano, la gran propiedad (latifundios) y una oligarquía agraria controlaba la propiedad de la tierra y la sociedad rural en su conjunto (caciques). Los jornaleros vivían en una difícil situación: paro estacional, bajos ingresos, duras condiciones de trabajo y unas condiciones de vida penosas. Todo ello era un caldo de cultivo propicio para motines de hambre y acciones revolucionarias. Por el contrario, en las regiones del norte abundaban los pequeños y medianos propietarios (“labrantines”).

Aunque la población urbana era escasa en la España del XIX (el 32,5% en 1900) su papel era fundamental en la organización social. Las clases bajas urbanas se dedicaban al sector servicios (comercio, transporte, labores domésticas), pero también sobrevivió un importante número de artesanos en los talleres. Estos y los inmigrantes procedentes del medio rural se proletarizaron durante el siglo XIX y pasaron a trabajar en las fábricas. Los obreros de la industria se concentraban en pocas ciudades (Barcelona). La cifra de obreros industriales no era muy grande y sus condiciones laborales muy duras: jornadas interminables, despido libre y ausencia de seguridad social o coberturas por paro.

Por último se encontraban las clases excluidas, que tenían en común el hecho de no formar parte del sistema productivo y vivir de la caridad (“sopa boba”), la mendicidad o la delincuencia. Eran los mendigos, pobres, vagos, vagabundos, maleantes, expósitos y prostitutas.

La génesis del movimiento obrero.

A pesar de las duras condiciones de vida y de trabajo, hasta el último tercio del siglo XIX, la lucha obrera se plasmó en movimientos de protesta de carácter espontáneo, de ámbito local o regional. Los primeros episodios de luchas obreras de asocian al movimiento ludita, destacando la destrucción de la fábrica textil de los hermanos Bonaplata (Barcelona, 1835).

No fue hasta 1868 cuando surgió una toma de conciencia que dio inicio al movimiento organizado de las clases trabajadoras. La primera ideología fue el socialismo utópico (mutualismo y cooperativismo), pero la base del movimiento obrero se asentó en el anarquismo y el marxismo. El incipiente movimiento obrero español se inclinó hacia 1868 hacia el anarquismo y la influencia de la I Internacional. Tras el viaje de Giuseppe Fanelli a España, Anselmo Lorenzo y Fraga Pellicer formaron los primeros núcleos anarquistas del país.

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La difusión del anarquismo tuvo mucho éxito sobre todo en Cataluña, por su vinculación con el republicanismo federal, y Andalucía, donde caló en las masas jornaleras.

Por su parte, Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879 y la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1888. De ideología socialista la meta de ambas organizaciones era la transformación revolucionaria de la sociedad mediante la conquista del poder por la clase trabajadora y la conversión de la propiedad privada en social, entregada a colectividades de obreros que la explotarían en beneficio del interés común. La tercera vía para encauzar las demandas obreras fue la del sindicalismo católico. La encíclica del papa León XIII, Rerum Novarum, inauguró la doctrina social de la Iglesia. El sindicalismo católico partía de la desigualdad social como hecho que no se podía eliminar. Pretendían paliar los efectos del paro o las duras condiciones de trabajo de los obreros mediante la relación paternalista del patrono que protegía a sus obreros. La figura que canalizó este movimiento fue el marqués de Comillas.

TEXTOS TEMA 5.

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PROCLAMA DE LOS SUBLEVADOS EN CÁDIZ.

Españoles: la ciudad de Cádiz puesta en armas con toda su provincia (...) niega su obediencia al gobierno que reside en Madrid, segura de que es leal intérprete de los ciudadanos (...) y resuelta a no deponer las armas hasta que la Nación recobre su soberanía, manifieste su voluntad y se cumpla. (...) Hollada la ley fundamental (...), corrompido el sufragio por la amenaza y el soborno, (...) muerto el Municipio; pasto la Administración y la Hacienda de la inmoralidad; tiranizada la enseñanza; muda la prensa: «Así ha de ser siempre»? (...) Queremos que una legalidad común por todo(...). Tal es la España de hoy. Españoles, ¿quién la aborrece tanto que no se atreva a exclamar s creada tenga implícito y constante el respeto de todos. (...) Queremos que un Gobierno provisional que represente todas las fuerzas vivas del país asegure el orden, en tanto que el sufragio universal echa los cimientos de nuestra regeneración social y política. Contamos para realizar nuestro inquebrantable propósito con el concurso de todos los liberales, unánimes y compactos ante el común peligro; con el apoyo de las clases acomodadas, que no querrán que el fruto de sus sudores siga enriqueciendo la interminable serie de agiotistas y favoritos; con los amantes del orden, si quieren ver lo establecido sobre las firmísimas bases de la moralidad y del derecho; con los ardientes partidarios de las libertades individuales, cuyas aspiraciones pondremos bajo el amparo de la ley; con el apoyo de los ministros del altar, interesados antes que nadie en cegar en su origen las fuentes del vicio y del ejemplo; con el pueblo todo y con la aprobación, en fin, de la Europa entera, pues no es posible que en el consejo de las naciones se haya decretado ni decrete que España ha de vivir envilecida. (...) Españoles: acudid todos a las armas, único medio de economizar la efusión de sangre (...), no con el impulso del encono, siempre funesto, no con la furia de la ira, sino con la solemne y poderosa serenidad con que la justicia empuña su espada. ¡Viva España con honra! Cádiz, 19 de septiembre de 1868

MANIFIESTO A LA NACIÓN DEL GOBIERNO PROVISIONAL.

Españoles:

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La Junta revolucionaria de Sevilla faltaría al primero de sus deberes si no comenzara por dirigir su voz a los habitantes todos de esta provincia y a la nación entera, manifestándoles los principios que se propone sustentar y defender como base de la regeneración de este desgraciado país:

1º. La consagración del sufragio libre y universal como base y fundamento de la legitimidad de todos los poderes y única verdadera expresión de la voluntad nacional.

2º. La libertad absoluta de imprenta...

3º. La consagración práctica e inmediata de todas las demás libertades, la de enseñanza, la de cultos, la de tráfico e industria... y la reforma prudente y liberal de las leyes arancelarias, hasta que el estado del país permita establecer de lleno la libertad de comercio.

4º. La abolición de la pena de muerte y el planteamiento del sistema penal penitenciario.

5º. La seguridad individual eficazmente garantizada, así como la absoluta inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.

6º. La abolición de la Constitución bastarda que nos venía rigiendo (...)

7º. Abolición de las quintas (…)

(...) ¡Viva la libertad! ¡Abajo la tiranía! ¡Viva la soberanía nacional!

Proclama de la Junta provisional revolucionaria de Sevilla, 20 de septiembre de 1868.

CONSTITUCIÓN DE 1869

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La Nación española, y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, deseando afianzar la justicia, la libertad y la seguridad (...) sancionan la siguiente Constitución:

Art 3. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial dentro de las veinticuatro horas siguientes a la detención. Toda detención se dejará sin efecto o elevará a prisión dentro de las 72 horas de haber sido detenido al juez correspondiente.

Art. 16.- Ningún español que se halle en pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de votar en las elecciones de senadores, diputados y concejales (...)

Art 17.- Tampoco podrá ser privado ningún español del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones (...), del derecho de reunirse pacíficamente, del derecho de asociarse para todos los fines de la vida humana (...)

Art 21.- La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado (...)

Art. 22.- No se establecerá (...) disposición alguna preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos (...) Tampoco podrá establecerse la censura previa.

Art 32.- La soberanía reside esencialmente en la Nación de la cual emanan todos los poderes

Art. 33.- La forma de gobierno de la Nación española es la Monarquía (...)

Art 34. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes.

Art. 35.- El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros.

Art. 36.- Los tribunales ejercen el poder judicial.

Art. 38.- Las Cortes se componen de dos cuerpos colegisladores: Senado y Congreso. Ambos cuerpos son iguales en facultades.

Art. 60.- Los senadores se elegirán por provincias. Cada distrito municipal elegirá por sufragio universal un nº de compromisarios igual a la sexta parte de los concejales que deban componer su ayuntamiento. Los compromisarios se asociarán a la Diputación provincial, constituyendo con ella la junta electoral. Cada una de estas juntas elegirá cuatro senadores.

Art. 65.- El Congreso se compondrá de un diputado al menos por cada 40.000 almas de población.

Art. 66.- Para ser elegido diputado se requiere ser español, mayor de edad y gozar de todos los derechos civiles.

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ABDICACIÓN DE AMADEO DE SABOYA

Grande fue la honra que merecí a la nación española eligiéndome para ocupar su trono (...).

Decidido a inspirarme únicamente en el bien del país y a colocarme por encima de todos los partidos, resuelto a cumplir religiosamente el juramento por mí prestado ante las Cortes Constituyentes, y pronto a hacer todo linaje de sacrificios por dar a este valeroso pueblo la paz que necesita, la libertad que merece y la grandeza que su gloriosa historia y la virtud y constancia de sus hijos le dan derecho, creí que (...) hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las dificultades que no se me ocultaban a mi vista, en las simpatías de todos los españoles amantes de su patria, deseosos ya de poner término a las sangrientas y estériles luchas que hace tiempo desgarran sus entrañas.

(…)Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado (la paz y la ventura de la nación). Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido observarla. (…)

Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación, y en su nombre a vosotros, la Corona que me ofreció el voto nacional, haciendo renuncia de ella por mí, por mis hijos y sucesores. (…)

Palacio de Madrid, 11 de febrero de 1873.

AMADEO DE SABOYA, Carta y Manifiesto a los españoles, 1873

EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE 1873

Artículo 1. Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas. Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas según sus necesidades territoriales.

Artículo 2. Las islas Filipinas, de Femando Poo, Annobón, Corisco, y los establecimientos de

África componen territorios que, a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos.

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Artículo 39. La forma de gobierno de la Nación española es la República federal.

Artículo 40. En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del estado, y todo lo nacional de la Federación.

Artículo 42. La soberanía reside en todos los ciudadanos, y se ejerce en representación suya por los organismos políticos de la República constituida por medio de sufragio universal.

Artículo 92. Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible con la existencia de la Nación.

Artículo 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política, que no podrá en ningún caso contradecir a la presente Constitución.

Artículo 94. Los Estados nombran sus Gobiernos respectivos y sus asambleas legislativas por sufragio universal.

Artículo 99. Los Estados no podrán legislar ni contra los derechos individuales, ni contra la forma democrática republicana, ni contra la unidad y la integridad de la Patria, ni contra la Constitución federal.

MANIFIESTO DE LA FEDERACIÓN REGIONAL ESPAÑOLA, 2 DE ABRIL DE 1872, FIRMADO POR PAÚL LAFARGUE, PAULINO IGLESIAS, ANSELMO LORENZO Y OTROS.

Los firmantes, delegados por las federaciones locales de la región española de la Asociación Internacional de Trabajadores para constituir en Zaragoza el Segundo Congreso obrero de la región.

Protestan solemnemente, en nombre de todos los trabajadores asociados en España y a la faz del mundo, del brutal y escandaloso atropello de que han sido víctimas. (…)

(…) en las Cortes o Congreso de los diputados, va a organizarse la expoliación y reglamentarse la injusticia. En el segundo, además de los asuntos de la Asociación, tenían que estudiarse los problemas económico-sociales que agitan y preocupan a todos los hombres de conciencia:

Tenía que tratarse: del modo de verificar la transformación de la propiedad para conformarla con la justicia; de la resistencia del trabajo explotado al capital explotador; de la cooperación de consumos; de la reorganización de los trabajadores agrícolas; de la organización social de los trabajadores; de la enseñanza integral.

Nuestro Congreso tenía por criterio la razón, por objeto la realización de la justicia, por regla la paz y la tranquilidad. El Congreso burgués tenía por única misión la explotación de la clase trabajadora, que va a disputarse, para adjudicársela al más fuerte o al más afortunado como buena presa. Natural era, pues, que nuestra actitud espantase a los hombres de la burguesía,

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como espanta al criminal la voz de su conciencia. Pero este mismo espanto les ha perdido. Han roto hoy las hostilidades con la clase obrera.

Hasta ahora se habían limitado a insultarnos y amenazarnos en sus discursos y en sus circulares; hoy proclaman en alta voz, con un acto ilegal y violento, que los hijos del trabajo no pueden reunirse pacíficamente. La guerra social, la guerra entre pobres y ricos, la guerra entre señores y esclavos, entre oprimidos y opresores, está declarada y declarada por el gobierno actual, representante de la burguesía española.

Trabajadores, agrupémonos, organicemos nuestras huestes, templemos nuestras armas y preparémonos para una lucha más o menos próxima.

¡Abajo los privilegios! ¡Abajo la explotación del hombre por el hombre! ¡Abajo la tiranía! ¡Viva la Asociación Internacional de trabajadores!

Zaragoza, 8 de abril de 1872.

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