Retornando a casa: la reintegración

comunitaria de niños, niñas y adolescentes en Uganda y Colombia

Rafael Camilo Quishpe Contreras

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Bogotá, Colombia

2015

Retornando a casa: la reintegración comunitaria de niños, niñas y

adolescentes en África y Colombia

Rafael Camilo Quishpe Contreras

Tesis o trabajo de investigación presentada(o) como requisito parcial para optar al título de:

Especialista en construcción de paz y Acción sin Daño

Director (a):

Phd. Olga del Pilar Vázquez Cruz

Línea de Investigación:

Investigación

Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ciencias Humanas

Bogotá, Colombia

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Resumen Desde hace algunos años el enfoque de reintegración comunitaria se ha empezado a utilizar tanto por instituciones gubernamentales como por ONGs y sociedad civil, para brindarles herramientas a las comunidades que garanticen un tránsito eficaz de los excombatientes a la civilidad, y que a su vez fomenten el desarrollo local, fortaleciendo las capacidades locales para la paz de todos los actores presentes en el territorio. El presente texto observa dos iniciativas relevantes de reintegración comunitaria de niños, niñas y adolescentes: el caso del Norte de Uganda (desvinculados del LRA) y la experiencia de la comunidad indígena Nasa (desvinculados de las FARC), en el sur de Colombia. El contraste analítico de las dos experiencias permite derivar importantes lecciones y recomendaciones para el caso colombiano ad portas de un posible posacuerdo, en relación con el acceso a oportunidades educativas y productivas, la reconciliación y restauración de relaciones sociales, la identidad cultural, el empoderamiento de las comunidades y la seguridad local.

Palabras clave: reintegración comunitaria, construcción de paz local, reconciliación, niños soldado, comunidad Acholí, comunidad Nasa.

Abstract

A few years ago the community-based reintegration approach has started to be used by Government Institutions, NGOs and civil society, providing tools for communities to ensure an effective transition from ex-combatants to the civility and in turn, encourage the local development, strengthening local abilities for peace of all actors. This paper looks at two relevant initiatives of children community-based reintegration: the case of Northern Uganda (former child soldiers LRA) and the indigenous Nasa community experience (former child soldiers FARC-EP) in Southern Colombia. The analytical contrast of the two experiences allows for inferring remarkable lessons and recommendations for the Colombian case, only a step away from a possible post-peace accord related to the educational and productive opportunities access; social relations reconciliation and restoring; the cultural identity, the communities empowerment, and the local security.

Keywords: Community- based reintegration, local peacebuilding, reconciliation, child soldiers, Acholí community, Nasa community

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Contenido

Introducción ................................................................................................................... 3

Capitulo 1. Definiciones iniciales: Los conceptos de DDR, la reintegración comunitaria y la construcción de paz local .................................................................. 5

1.1 Los conceptos de DDR ........................................................................................... 5

1.2 El enfoque de Reintegración Comunitaria y las dimensiones locales de la construcción de paz. ..................................................................................................... 8

1.2.1 Reintegración centrada en excombatientes vs Reintegración Comunitaria. ...... 8

1.2.2 Conectando la reintegración comunitaria con la construcción de paz local ....... 9

1.2.3 Elementos específicos de la reintegración comunitaria en la desvinculación de menores. ................................................................................................................. 12

2. Reintegración comunitaria en África: la vuelta a la civilidad de los menores reclutados por el LRA en Uganda ............................................................................... 13

2.1 Caracterización del conflicto armado en Uganda. ................................................. 14

2.1.1 La guerra librada en el norte de Uganda: LRA y sus prácticas de guerra ....... 14

2.2 Los programas de reintegración en el Norte de Uganda ....................................... 16

2.2.1 Dimensión Económica .................................................................................... 17

2.2.2 Dimensión social ............................................................................................ 20

2.2.3 Dimensión cultural .......................................................................................... 22

2.2.4 Dimensión Política .......................................................................................... 24

2.2.5 Dimensión de seguridad ................................................................................. 24

3. Reintegración comunitaria en Colombia: el caso de la comunidad Nasa ............ 25

3.1 El programa de reintegración comunitaria en el Cauca: “Recomponer un camino de vuelta a casa” ............................................................................................................. 26

3.1.1 Dimensión Económica .................................................................................... 27

3.1.2 Dimensión Social ............................................................................................ 28

3.1.3 Dimensión Cultural ........................................................................................ 29

3.1.4 Dimensión Política .......................................................................................... 30

3.1.5 Dimensión de Seguridad ................................................................................ 31

4. Contraste Analítico de Casos .................................................................................. 32

4.1 Reunificación familiar y un entorno comunitario inclusivo ...................................... 33

4.2 Apoyo psicosocial ................................................................................................. 36

4.3 Oportunidades para la educación y el sustento ..................................................... 37

4. Conclusiones y Recomendaciones ......................................................................... 38

Bibliografía ................................................................................................................... 40

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Introducción

La reintegración de excombatientes -como parte de los procesos de Desmovilización, Desarme y Reintegración (DDR)- es un asunto de trascendental importancia para la consolidación de la paz. Generalmente dichos programas se han asociado a la reforma al sector de la seguridad, desconociendo las potencialidades que tiene este proceso en relación con la construcción de paz en el nivel nacional, regional y local. Sin embargo, desde hace algunos años se ha empezado a introducir el enfoque de reintegración comunitaria en los procesos de DDR del mundo, principalmente en el continente africano (Chad, Costa de Marfil, Sierra Leona, entre otros). Si bien los balances evidencian multiples dificultades a los que se han visto enfrentados, en general estos han dejado lecciones relevantes y buenas prácticas a tener en cuenta por los países que buscan transitar hacia la paz.

Los programas de reintegración comunitaria buscan atender a grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes. Esta última población ha merecido especial atención, dado los impactos particulares a los que se ven expuestos en aquellos conflictos armados en donde se da como práctica sistemática el reclutamiento ilícito por parte de multiples actores armados, legales e ilegales - tal como se presenta en el caso colombiano.

Pese a que el desarrollo de programas relacionados con la reintegración comunitaria en Colombia se ha incrementado en los últimos años (principalmente desde la ACR, PNUD y OIM), son aún exiguas las reflexiones que observen las experiencias internacionales en esta materia – especialmente en relación a la desvinculación de niños, niñas y jóvenes en clave de paz local - y que, por ende, brinden miradas hacia posibles buenas lecciones o aspectos a tener en cuenta a la hora de implementar políticas nacionales encaminadas a consolidar la reintegración y los procesos locales de construcción de paz (coexistencia y convivencia entre menores desmovilizados, victimas y comunidades receptoras).

El presente trabajo se encamina en esta dirección, y tiene como objetivo general contrastar desde la construcción de paz local dos experiencias de reintegración comunitaria de menores: la experiencia de los menores desvinculados del Lord Resistance Army (LRA) en Uganda y el programa de reintegración comunitaria del pueblo nasa, a fin de derivar posibles lecciones para los procesos venideros en un posible escenario de posacuerdo. La metodología usada es cualitativa y de carácter documental con revisión sistemática y detallada de fuentes secundarias,

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dado que se busca rastrear y contrastar una experiencia acaecida en otro lugar diferente a la realidad inmediata.

El texto se desarrolla en cuatro momentos específicos. En el primer capítulo se busca definir la relación conceptual entre reintegración comunitaria, desvinculación de menores y construcción de paz local. El segundo capítulo observa el caso de reintegración comunitaria en el norte de Uganda, atendiendo en el análisis a cinco dimensiones: económica, política, social, cultural y de seguridad.

Por su parte, el tercer capítulo ahonda en la experiencia del pueblo nasa, ubicado en el norte del Cauca, y su programa “Recomponer un camino de vuelta a casa”. De la misma manera que en el segundo apartado, se profundiza el análisis en las cinco dimensiones mencionadas.

El cuarto capítulo se ocupa de la comparación de casos, situando el análisis contrastado en tres pilares que se consideran fundamentales para la reintegración exitosa de los menores desvinculados: reunificación familiar y entorno comunitario inclusivo; apoyo psicosocial; y educación y oportunidades económicas.

Finalmente, el último capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones principales que se derivan del estudio, así como algunas lecciones a tener en cuenta en el posible escenario del posacuerdo en Colombia.

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Capitulo 1. Definiciones iniciales: Los conceptos de DDR, la reintegración comunitaria y la construcción de paz local

1.1 Los conceptos de DDR

Múltiples son las agendas a las que se enfrentan los países que, por medio de la negociación con los grupos armados ilegales, acuerdan transitar hacia la paz luego de un conflicto armado prolongado: programas de desminado, aplicación de mecanismos de justicia transicional (verdad, justicia, reparación a victimas), asistencia humanitaria y reconstrucción de infraestructura, reformas políticas e institucionales, entre otras.

Dentro de estas reformas, y generalmente ligada al sector de la seguridad y el desarrollo, se encuentran los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (de ahora en adelante DDR), los cuales se implementan con el fin de contribuir a la “seguridad y estabilidad en contextos de recuperación posbélica a través de la eliminación de las armas a manos de los combatientes de las estructuras militares y ayudándoles a reintegrarse social y económicamente en la sociedad, buscándoles modos de vida civiles” (Escola de Pau, s.f, p.5). Estos procesos involucran tanto a las partes que acuerdan un determinado proceso de paz como a la comunidad internacional, quien generalmente actúa como verificadora y garante de un desarrollo según lo acordado.

Según la Escola de Pau (s.f, p.6) los beneficiarios de los procesos de DDR en general se pueden clasificar en 5 categorías -las cuales varían según lo que estipule cada uno de los acuerdos alcanzados entre las partes:

1. Combatientes (mujeres y hombres adultos)

2. Menores soldados

3. No combatientes asociados a las estructuras armadas

4. Discapacitados y heridos

5. Familiares dependientes de los combatientes

Como se mencionó, los procesos de DDR se componen de 3 instancias, las cuales responden a objetivos específicos y a plazos diferenciados (corto, mediano y largo plazo), y obedecen a un enfoque multidimensional donde se tiene en cuenta aspectos políticos, socio-económicos, humanitarios y de seguridad (s.f, p.5). En primer lugar, el proceso de Desarme se enfoca en el control, recolección y destrucción del armamento y material de guerra usado por los combatientes durante la confrontación armada. Si bien se piensa que la relación entre armas y combatientes es de 1 a 1, la experiencia internacional muestra que en la mayoría

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de procesos esto no se cumple, dado en gran medida por hechos relacionados con una selección previa por parte de los excombatientes del material a entregar, e incluso, por el ocultamiento previo de algún armamento.1

El segundo momento es la Desmovilización, la cual es definida como “el licenciamiento formal y controlado de miembros activos de fuerzas o grupos armados” (DNP, 2008, p.7).Conceptualmente este es un proceso que obedece al mediano plazo y busca “dar por terminada una organización armada, bien sea porque se deshace la organización o porque el combatiente se separa de esta” (ODDR, 2010, p.6). Generalmente la desmovilización inicia con la concentración de las tropas en zonas previamente acordadas por las partes. Allí se les brinda asistencia humanitaria, se les presta medidas de estabilización y se inician los trámites para su documentación como civiles. Para el caso de las desmovilizaciones colectivas, estas comprenden la realización de ceremonias formales de desmovilización, en donde en presencia de representaciones gubernamentales e internacionales los combatientes hacen entrega del material de guerra.

Simbólicamente esta instancia también significa el momento en el cual los excombatientes abandonan las lógicas de la guerra, se disuelve el grupo armado y las estructuras de mando que allí operaban, y se transita hacia el camino de la civilidad. Lo anterior es un presupuesto, ya que la guerra y sus dinámicas inscriben en el cuerpo de los excombatientes marcas que “tienen cierta permanencia, no en cuanto la duración en un tiempo lógico […] sino en el sentido de una sujeción, de algo que al quedar inscrito en el cuerpo, implica al sujeto” (Aranguren, 2011, p.12). En este sentido, reconocemos que para muchos de los excombatientes la etapa de desmovilización no significa el fin de su vinculación subjetiva con el grupo armado que se deja y, mucho menos, con la guerra y su discursividad.

Finalmente, la etapa de reintegración es la que se proyecta en el largo plazo, ya que refiere al proceso mediante el cual los excombatientes “adquieren un estatus civil y consiguen un empleo e ingreso económico de manera sostenible” (DNP, p.7). Por supuesto, la reintegración al ser un proceso integral también se conecta con las dimensiones sociales y políticas, en las cuales se espera que el excombatiente se mantenga en la legalidad y se configure como un sujeto político y ciudadano que logre entablar relaciones sociales -marcadas por la convivencia pacífica o la reconciliación- en las comunidades en donde se asienta.

Generalmente los programas de reintegración que se han diseñado en el mundo han contemplado las siguientes dimensiones:

1. Dimensión económica: La dimensión económica abarca medidas de política pública diseñadas por los Estados para garantizar la estabilización del 1 En países como El Salvador y Nicaragua es bien sabido que los mandos medios y los soldados rasos hicieron “caletas” en donde guardaron armamento antes de concentrarse en las zonas de

desmovilización.

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desmovilizado. Esto puede comprender desde ayudas económicas de estabilización a corto plazo (como subsidios) hasta acceso a vivienda, educación, tierras, capacitaciones laborales/vocacionales y proyectos productivos, los cuales buscan proveer “sostenibilidad a los antiguos combatientes en su vida civil y entreteje las necesidades y recursos de corto, mediano y largo plazo” (Podder, 2011, p.2)

2. Dimensión política: La dimensión política de la reintegración está íntimamente relacionada con el proceso de construcción de ciudadanía y civilidad que atraviesa el desmovilizado en la democracia y el sistema político al cual retorna, luego de su paso por el grupo armado (Ugarriza 2013; Podder 2011) así como su participación en los procesos de toma de decisiones en el ámbito público (FIP, 2014). De igual manera, refiere al “establecimiento del control civil sobre las instituciones militares y el enlistamiento de los antiguos combatientes en la nuevas fuerzas armadas como parte de una amplia reforma al sector de la seguridad” (Podder, p.2). En relación a la reintegración política de menores desvinculados, este es un tema aún poco trabajado en el medio académico y aún no se encuentra definido claramente en los estándares de la ONU sobre DDR. (Mago, 2011)

3. Dimensión social: La definición de esta dimensión cuenta aún con poco acuerdo entre académicos y ejecutores de política pública alrededor del mundo, quienes tienden a asociarla indistintamente con las dimensiones económicas y políticas de la reintegración. Generalmente, la reintegración social “se ha identificado con la aceptación de los excombatientes por sus familias y vecinos o como un resultado de exitosas medidas de justicia transicional y reconciliación” (Nussio y Kaplan, 2012, pp.2-3). Frente a esta situación Nussio y Kaplan proponen entender la reintegración social como “el proceso mediante el cual los excombatientes se involucran en sus comunidades como se refleja en el nivel de participación en las organizaciones comunitarias” (2012, p.3).

Este trabajo atiende a las dimensiones locales de la reintegración (comunitaria) y la construcción de la paz, haciendo especial énfasis en la relación de dichos conceptos con el proceso de desvinculación de menores. En este sentido, se propone profundizar en primer momento el concepto del enfoque de reintegración comunitaria -en contraste con el enfoque centrado en el individuo- y las características del mismo. Luego, se busca precisar otros conceptos que se consideran útiles para caracterizar la construcción de paz en el escenario local y que a su vez tienden puentes con el concepto de reintegración comunitaria, especificando las dimensiones que adquieren respecto al proceso de desvinculación de menores.

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1.2 El enfoque de Reintegración Comunitaria y las

dimensiones locales de la construcción de paz.

1.2.1 Reintegración centrada en excombatientes vs

Reintegración Comunitaria.

Los programas de DDR, y específicamente los programas de reintegración, se han vinculado general y directamente con la reforma al sector de la seguridad y la recuperación del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado (Verkoren y Willems, 2010) en tanto se han percibido a los excombatientes como “amenazas continuas” a los cuales se debe mantener en la civilidad para así alejarlos de cometer acciones delictivas y disminuir los riesgos que amenazan la estabilidad en un escenario de construcción de paz. Bajo este presupuesto, el enfoque que ha guiado el diseño e implementación de los programas de reintegración ha sido el “centrado en individuos”, el cual se caracteriza por la “necesidad de desarrollar soluciones individuales de reintegración a largo plazo” (Carames, 2008, p.17). En este sentido cobran relevancia las ayudas individuales brindadas, tales como los apoyos de emprendimiento empresarial y proyectos productivos, acceso a tierras, educación y formación entre otros.

Ahora bien, dicho enfoque al centrarse exclusivamente en los combatientes tiene una serie de implicaciones que pueden obstaculizar un proceso exitoso de reintegración. Al tener en cuenta que estos procesos se desarrollan de forma localizada en las zonas geográficas donde se asientan los excombatientes, se ha evidenciado que las ayudas individualizadas a estos pueden generar recelo y tensiones entre las comunidades, quienes perciben a los desmovilizados como una amenaza de seguridad o “victimarios”, a la vez que se crea una percepción generalizada de “injusticia” respecto a las ayudas que reciben en relación con otras poblaciones que cohabitan en el mismo espacio -tales como víctimas o población históricamente “pobre” (Prieto, 2012; Caramés, s.f;).

En contraste con los enfoques de reintegración basada en individuos, la reintegración comunitaria se constituye en una apuesta inclusiva y participativa dentro de una estrategia amplia de construcción de paz (Carames, p.11). Específicamente se ha entendido como “el proceso de proporción a las comunidades instrumentos y capacidades para apoyar la reintegración de excombatientes” (Escola de Pau, s.f, p.1).

Como se observa, esta estrategia ya no busca incidir solo en el contexto inmediato del desmovilizado y sus necesidades económicas, sino también en el contexto amplio de relación con la comunidad en la cual se encuentra al retornar a la civilidad. Esta aproximación permite, a su vez, observar al excombatiente ya no como una amenaza sino como un “recurso humano empoderado mediante habilidades en proyectos de reintegración comunitaria que también benefician civiles” (Podder, p.1).

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De igual modo, la reintegración comunitaria apuesta fuertemente hacia la consecución de dinámicas como la reconciliación, la justicia transicional (garantías de verdad, justicia, reparación y no repetición), la reconstrucción del tejido social, la generación de confianza y el auto-reconocimiento de los actores que interactúan en el entorno local como “sujetos políticos en pleno uso y goce de derechos y deberes” (PNUD, 2009, p.4).

1.2.2 Conectando la reintegración comunitaria con la

construcción de paz local

Como se evidenció en el apartado anterior, la reintegración comunitaria se encuentra fuertemente vinculada al escenario local, el cual pese a ser “el más afectado por los conflictos y sin que sus pobladores tengan la oportunidad de ser parte de las negociaciones entre las élites, en muchos casos consiguen desarrollar procesos políticos organizativos y reivindicativos que les permite logros políticos, económicos y de convivencia” (Katz, 2011, p.17)

Ahora bien ¿en qué términos se da dicha relación? Para dar respuesta esta pregunta, se propone abordar la manera en que la reintegración comunitaria incide en el fortalecimiento de las capacidades locales para la paz en 5 dimensiones especificas: Económica, Social, Cultural, Política y de Seguridad, dimensiones que retoman la propuesta de Huma Haider (2009), la cual identifica los objetivos que se plantean las aproximaciones a la construcción de paz comunitaria.

El presente escrito acoge igualmente lo afirmado por Katz (2011, p.18) para así definir el fortalecimiento de las capacidades locales para la paz como el proceso mediante el cual individuos, comunidades, organizaciones sociales e instituciones desarrollan una serie de potencialidades para la paz-las cuales se presentan inicialmente como actitudes y aptitudes – mediante la ampliación de las oportunidades y herramientas para la acción2 en el nivel territorial.

Es preciso definir los componentes de cada una de las dimensiones anteriormente mencionadas, en aras de explicitar de qué manera se vincula la reintegración comunitaria en dichos momentos. En primer lugar, la dimensión económica refiere a la incidencia de la reintegración comunitaria en el desarrollo de la infraestructura, de la economía productiva de la zona de acogida y de la prestación de servicios. Igualmente se relaciona con la autonomía de la comunidad para establecer sus prioridades como beneficiarios y gestionar proyectos económicos (Haider, p.10).

La dimensión social comprende el ámbito relacional entre los diversos actores que interactúan en un espacio social determinado. Para este caso, se vincula a la reintegración comunitaria con el concepto de reconciliación y sus alcances:

2 La acción, en términos de Katz (2011, p.18) se refiere tanto al “poder hacer” también al “mantener, construir, generar, producir, lograr”

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coexistencia y convivencia pacífica, en tanto puede cimentar las bases para la construcción reconstrucción (o construcción) del tejido social fracturado por la guerra y generar un aumento de la confianza entre excombatientes y comunidades receptoras.

Si bien el concepto de reconciliación ha sido abordado ampliamente, partiendo desde nociones maximalistas y minimalistas (Méndez, 2011; Salomon 2005), el presente trabajo recoge la reciente propuesta del CINEP (2015) quien entiende la reconciliación como “la construcción o reconstrucción de relaciones que en un tiempo previo, por causas del conflicto, fueron fracturadas, debilitadas o simplemente eran inexistentes, y que están encaminadas a la concreción de un escenario social que prescinda de la violencia” (2015, p.20).

Esta definición recoge simultáneamente el entendimiento de la reconciliación como meta y como proceso, en tanto se entiende como objetivo final al que se llega (y por supuesto las implicaciones amplias como reformas culturales, reconciliación nacional o transformaciones en el largo plazo) a la vez que se comprende como un desarrollo paulatino que se puede reconocer en la “construcción de espacios encuentro y de generación de dispersión entre los miembros de una sociedad para asumir e integrar el pasado y el futuro con el fin de afrontar el presente” (2015, p.20). A su vez, establece tres dimensiones que puntualizan el nivel de relacionamiento en el cual se da la reconciliación: 1) dimensión interpersonal o individual 2) dimensión social o colectiva 3) Dimensión política.

Respecto a los alcances, es preciso notar que no siempre la reintegración comunitaria incide de tal manera en el fomento de la reconciliación como proceso, sino que lo puede hacer de una manera más limitada y parcial, en donde solo se presentan encuentros esporádicos que realmente no construyen confianza ni relaciones de largo plazo. Para estos casos es preciso rescatar los conceptos de coexistencia y convivencia pacífica. El primero se define como un proceso de alcance limitado que se desarrolla en el nivel interpersonal y que se da en lugares donde no existe una violencia directa. En esta dimensión no existe un cambio “en los imaginarios sobre el otro” (2015, p.22) ya que se da una cohabitación en donde las comunidades desconocen la condición de excombatientes de algunos de los individuos asentados.

Por su parte, en la convivencia pacífica ya existe tal reconocimiento y se transita hacia la aceptación de la diferencia. En últimas, esta se “configura como un escenario que procura respeto, tolerancia y garantías democráticas, y en el que, sin embargo, las acciones no están dirigidas necesariamente a la superación y transformación de las causas estructurales del conflicto“(2015, p.22)

La tercera dimensión es la cultural. Esta comprende principalmente la relación que tiene la reintegración comunitaria con la preservación de la cultura. Como se profundizará más adelante, algunos programas de reintegración comunitaria han sido exitosos en la medida en que las comunidades de acogida han hecho uso de sus recursos culturales (tales como las ceremonias de sanación) para reintegrar a

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los excombatientes. No está de más recordar que en los casos donde el desmovilizado retorna a su comunidad de origen y esta tiene un componente étnico específico, las connotaciones del regreso se vinculan con aspectos más amplios como la re-armonización con la identidad cultural, los principios morales y las costumbres, todas ancladas a la cosmovisión particular de la comunidad (Welter, 2012)

La cuarta dimensión es política. Aquí se denota cómo la reintegración comunitaria fomenta la participación y la gobernanza local, el empoderamiento de las comunidades y el restablecimiento del contrato social y las relaciones estado-sociedad (Haider 2009), mediante el involucramiento de los excombatientes en asociaciones comunitarias y en los procesos democráticos locales de toma de decisiones. En relación a la participación y la gobernanza local, los procesos comunitarios pueden facilitar “la reforma a la gobernanza mediante el desarrollo de canales para las voces y el equipamiento de las comunidades con las habilidades y herramientas para llevar a cabo una serie de actividades más allá de un proyecto en particular” (2009, p.7).

De la misma manera, mediante la apropiación de la comunidad respecto a la identificación y priorización de sus necesidades y la gestión del curso de sus proyectos se fomenta el empoderamiento, el cual se entiende como un “proceso político y material para aumentar la libertad, la autonomía y el poder del individuo y el colectivo sobre los recursos, acciones y decisiones que afectan su vida” (Katz, p.19). El empoderamiento se convierte entonces un elemento fundamental para las comunidades, las cuales en tiempo de guerra no podían ejercer control sobre el horizonte de desarrollo que deseaban (Haider, p.9).

Generalmente en aquellos contextos locales donde operó el conflicto armado la desconfianza en las instituciones es una constante, más aún si se tiene en cuenta que en muchos casos estas zonas geográficas han tenido históricamente una presencia precaria o nula del Estado. Por tal motivo, aquellos programas comunitarios – como los de reintegración- que están “apoyados, financiados y supervisados por el gobierno (local o nacional), o vinculados de otro modo con el gobierno […] pueden ayudar a (re) conectar el estado con sus ciudadanos” (2009, p.13)

Finalmente, la dimensión de la seguridad alude a la seguridad comunitaria y el impacto que genera la reintegración de los excombatientes en las comunidades. La seguridad comunitaria como concepto alude a la “sensación de seguridad derivada de un sentido de confianza de los vecinos y la participación en la pertenencia a una comunidad” (Verkoren y Willems, p.4). De igual manera, fomenta la participación de las comunidades en la identificación y priorización de sus necesidades en materia de seguridad y las respuestas que se consideren adecuadas (2009, p.4)

En relación con la reintegración comunitaria, la seguridad comunitaria ofrece una mirada más amplia a lo que se entiende por “excombatientes”, identificando dentro de los beneficiarios a individuos que sin haber pertenecido a la tropa

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cumplían diversos roles dentro del grupo armado y a otras poblaciones que cohabitan en la comunidad de recepción (2009, p.9). Esto, por supuesto, incide en la reducción de las tensiones que pueden surgir cuando se brinda asistencia únicamente al desmovilizado en relación con los demás actores locales. El papel de la reintegración comunitaria también es fundamental al reducir –mediante el anclaje del desmovilizado a la civilidad- las amenazas de violencia, proliferación de armas y crímenes (2009, p.4) en el contexto territorial. Como lo afirma Hainer: “un enfoque basado en la comunidad habría fortalecido los lazos entre soldado y comunidad, lo que reduce las posibilidades de que el soldado tenga que buscar formas alternativas de seguridad” (2009, p.10).

1.2.3 Elementos específicos de la reintegración comunitaria en la

desvinculación de menores.

Reconociendo que la población infantil y juvenil desvinculada del conflicto recibe una atención diferenciada en los programas de atención al igual que otros grupos poblacionales (mujeres, discapacitados, grupos étnicos), es necesario observar cuáles son los elementos que vinculan los procesos de reintegración comunitaria en su caso específico.

Para tal cometido el presente estudio acogerá los presupuestos de Verhey (2001), quien identifica 3 elementos fundamentales para una reintegración exitosa de menores desvinculados: 1) Reunificación familiar y un entorno comunitario inclusivo 2) Apoyo psicosocial 3) Oportunidades para la educación y el sustento

La reunificación familiar es sin duda alguna uno de los elementos más trascendentales para el mantenimiento de los menores en la civilidad. El estudio realizado por Verhey en El Salvador y Angola observó que, en el primer país, cerca de un 84% de los menores entrevistados afirmaron que la familia jugó “el rol más importante en su transición hacia la vida civil” (2001, p.21), respecto a un 9.6% que mencionó a los amigos como el principal "ancla” a la civilidad. Sin embargo, es necesario advertir las posibles transformaciones que a nivel familiar pueden darse luego de la desvinculación del menor: ya sea por la muerte de uno o ambos padres, el desplazamiento forzado o la creación de un nuevo núcleo familiar por parte del desvinculado, las dinámicas familiares cambian y no son iguales a las que se presentaban antes del reclutamiento. En este sentido, cobra importancia el trabajo de los ejecutores de los programas de reintegración al “desarrollar mediaciones familiares y habilidades de movilización comunitaria” (2001, p.16).

La movilización comunitaria resulta importante en tanto esta se comporta como una red que facilita, gestiona y apoya la reintegración y reunificación de los menores con sus familias. En esta vía la autora resalta la labor de los llamados “catequistas” en Angola, la cual es una red que trabaja en la reintegración de los menores soldados. Entre las ventajas que permitieron como organización realizar un trabajo notable se destaca: la neutralidad por la que es percibida; la inclusión entre los servicios de bienestar social de los principios de los derechos del niño;

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la capacidad de comunicarse con áreas de difícil acceso; el respeto que tenían por la comunidad; y el apoyo permanente debido a sus capacidades locales -instalados en las villas, uso del lenguaje local y el conocimiento de la cultura del lugar (2001, p. 17)

Por su parte, el apoyo psicosocial y la curación tradicional operan positivamente al ayudar a restablecer la cultura, moral y los valores de socialización que se habían perdido con el reclutamiento y la participación del menor en la guerra. Para los dos casos que se van a analizar en este escrito, estas dimensiones resultan fundamentales ya que cada una de las comunidades de acogida (tanto en el caso colombiano como en el del LRA) tienen prácticas culturales y cosmovisiones únicas, las cuales sustentan los rituales que se le practican al menor desvinculado, rituales que buscan tratar angustias psicosociales y/o permitir la reincorporación del menor a las dinámicas de la comunidad. Tal y como lo afirma Verhey (p.17) “la solidaridad comunitaria provee reconocimiento, aceptación, y un lugar histórico para la experiencia individual de dolor y trauma”.

Finalmente la educación y las oportunidades económicas establecen un fuerte vínculo con el aspecto psicosocial, ya que “el establecimiento de una nueva identidad para el menor desvinculado dependerá de las actividades productivas y los nuevos aprendizajes”. (2001, p.18) Aprendizajes que sin dudas están atravesados por el papel de la familia y la comunidad como acompañantes continuos del proceso. Como aspectos claves en los programas de reintegración para esta dimensión se proponen: 1) acelerar la educación formal a la par de los modelos alternativos de educación 2) Apoyar las necesidades de supervivencia con la generación de ingresos y un entrenamiento vocacional apropiado al mercado 3) Incluir la reintegración de menores soldados en la economía política del posconflicto (2001, p.24).

2. Reintegración comunitaria en África: la vuelta a la civilidad de los menores reclutados por el LRA en Uganda

El primer caso -que se presenta a continuación- es el del proceso de reintegración comunitaria por el que han transitado los menores que se han desvinculado de las filas del Lord Resistance Army (LRA), grupo armado dirigido por Joseph Kony, quien es reconocido internacionalmente por el amplio uso del reclutamiento de menores para combatir en la guerra que libra en Uganda, Sudan, Republica Democrática del Congo y parte de Republica Centroafricana. Dada las limitaciones de espacio, se propone en primer lugar hacer un breve recuento del conflicto armado en Uganda, dilucidando las prácticas de reclutamiento usadas por el LRA. A renglón seguido se propone observar el programa de reintegración comunitaria que allí se ha llevado a cabo, identificando

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los componentenes de la reintegración en las cinco dimensiones planteadas en la exploración teórica: económica, social, cultural, política y de seguridad.

2.1 Caracterización del conflicto armado en Uganda.

Uganda es un país que se encuentra ubicado en África Oriental. Con una superficie de 241.038 km2, limita con la Republica Democrática del Congo, con Sudán del Sur, Kenia y con Ruanda y Tanzania. La religión predominante en este país es la cristiana, seguido por los protestantes, musulmanes y suníes. Tan solo un 1% del total de la población práctica las religiones tradicionales del país. (Gobierno de España, s.f, p.1).

Luego del proceso de descolonización que culminó con la independencia del país el 9 de Octubre de 1962, el país es liderado por Milton Obote, quien oficia como primer ministro. En el año 1971 Idi Amin da un golpe de estado y asume el cargo de mandatario del país. Durante este periodo son multiples las violaciones a derechos humanos, las persecuciones, la limpieza étnica y la purga a miembros del ejército como prácticas recurrentes del gobierno Amin. (Observatorio de Conflictos s.f; Rodríguez, s.f). Tras un largo conflicto que enfrenta a las fuerzas armadas de Amin, quien invade a Tanzania como respuesta a los ataques de grupos que buscaban derrocarlo, en 1980 Milton Obote llega de nuevo a la presidencia, ayudado en gran medida por el Frente de Liberación Nacional de Uganda y el Ejército de Liberación de Uganda.

Ya en el poder, Obote se enfrentará a un nuevo grupo armado – el Ejército de Resistencia Nacional - dirigido por Yoweri Museveni, quien denuncia fraude en las elecciones que habían dado como ganador al primero (Observatorio de Conflictos, p.1). Luego de varios años en disputa, en 1986 Museveni ocupa la capital del país, Kampala, y se proclama presidente del mismo. Desde la instauración de Museveni en el poder, múltiples han sido las confrontaciones que ha tenido el Gobierno Nacional con distintos grupos, que sobre todo desde el norte – menos desarrollado que el sur del país- buscan escalar posiciones y ejercer un mayor control territorial. Según el Observatorio de Paz y Conflictos (s.f, p.1) la primera ola de confrontaciones de Museveni se da con el Ejército Popular y Democrático de Uganda (UDPA), el Ejército Popular de Uganda (UPA) y los Movimientos Espíritu Santo. Luego de derrotas militares y negociaciones de paz que dan con el fin de dichas estructuras militares en 1988, surgen disidencias que conformarían lo que se conoce como el Lord Resistance Army (LRA) en 1992.

2.1.1 La guerra librada en el norte de Uganda: LRA y sus

prácticas de guerra

El conflicto del norte de Uganda es uno de los conflictos en el mundo que presenta una mayor tragedia humanitaria. Según Rodríguez (s.f) para el 2004 diversas ONGs que funcionaban en el terreno “aseguraban que unas 1.000 personas morían a la semana como consecuencia de la violencia y de las pésimas condiciones de vida en los campos de desplazados” (s.f, p.148).

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Como se mencionó anteriormente, el norte de Uganda es, con respecto a otras zonas del país, mucho más pobre y ha recibido históricamente menos atención por parte del Estado Ugandés. Esta situación hunde sus raíces en un conflicto étnico de vieja data, ya que desde la época colonial el sistema británico favorecía a la etnia baganda, quienes se ubicaban en el sur del país y siempre han tenido más oportunidades de acceso a servicios y bienes en contraposición a los grupos nilóticos, quienes “fueron utilizados como reserva de mano de obra barata para trabajos pesados y, sobre todo, como fuente de reclutamiento para el ejército y la policía” (Rodríguez, p.148).

Esto, por supuesto, ha servido de caldo de cultivo para la instauración del Lord Resistance Army (LRA), quien desde 1988 – y en cabeza de Kony – agrupó en sus filas a excombatientes de movimientos armados fallidos que habían desarrollado acciones previamente en la región de Acholi (Blattman y Annan, 2008, p.3). Articulando un discurso de político y de exclusión social, el grupo usaba en principio la violencia selectiva como forma de desarticular apoyos que tenía el gobierno de parte de la sociedad civil. Posteriormente, y frente al decaimiento de su apoyo popular, el LRA empezó a utilizar el reclutamiento forzado como mecanismo privilegiado para sumar miembros jóvenes a sus tropas, esto mediante el secuestro de los mismos (Blattman y Annan, p.4) así como la violencia indiscriminada contra la sociedad civil, lo que se conoce como “daños colaterales” (Rodríguez, p.152).

El LRA es reconocido internacionalmente por su práctica recurrente de vincular a menores de edad en sus filas. Si bien al principio el reclutamiento de menores se daba para participar de la guerra de manera indirecta, generalmente como “campaneros”, espías o mensajeros (Young, 2007, p.19), luego se viró hacia la participación de los mismos en las confrontaciones de manera directa, es decir, empuñando armas y haciendo uso de material de guerra. Durante los más de veinte años que ha durado el conflicto armado, existen estimados que oscilan entre 30.000 y hasta 60.000 menores reclutados forzosamente por parte de Kony. La tendencia de reclutamiento ha tenido su pico a inicios de milenio (2002-2003) debido al permiso concedido por el Gobierno de Sudán al Gobierno Ugandés de entrar en su territorio para destruir las bases del LRA en dicho país, lo cual implicó a su vez un incremento sustantivo en el desplazamiento forzado de la población acholí hacia campos de refugiados (Blattman y Annan, p.4). Frente a la situación de secuestro masivo se empezaron a realizar prácticas de protección por parte de las comunidades y los menores que habitaban las zonas rurales. Dichas prácticas, conocidas, como alup, consistían en pernoctar en las ciudades o lugares cercanos, entre la hierba o en dormitorios de las misiones para así evitar ser secuestrados y vinculados forzosamente al grupo armado (Rodríguez s.f; Young 2007).

En el caso de los menores en el norte de Uganda, la práctica del reclutamiento se llevaba a cabo mediante un secuestro inicial y luego un transporte hacia los campamentos en Sudán, en donde se les adiestraba en manejo de armamento (Rodríguez, p.152). En el caso de las mujeres reclutadas, estas eran usadas

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como combatientes, sirvientas y/o esclavas sexuales de la comandancia (Young, 2007, p.19). Algunos menores se vincularon al grupo de manera voluntaria, y estos generalmente ocupan luego cargos de mando en las filas del grupo armado (Blattman y Annan, 2008). Es importante advertir que, en muchos casos, los menores han sido forzados a cometer crímenes contra sus propias familias y comunidades, esto con la intención de que “nunca más pudieran retornar a sus casas” (Young, 2007, p.19). Esto, evidentemente, tiene serias implicaciones en el retorno y el posterior proceso de reintegración de los menores, quienes presentan serios problemáticas psicológicos y físicos, muchos de ellos contagiados con enfermedades de transmisión sexual como el VIH.

Pero más allá que estas secuelas, la guerra impactó de manera significativa en el ámbito social y económico: la interrupción del acceso a la educación y los servicios básicos, la desintegración familiar y comunitaria así como una productividad en decrecimiento y una infraestructura totalmente derruida fueron rasgos característicos que llevaron al Norte de Uganda a una espiral de violencia de la cual no ha logrado salir. Pese a la ley de amnistía declarada por el Gobierno Ugandés en 1999 (y la cual fue ampliamente respaldada por la sociedad del norte de Uganda y sus líderes tradicionales) la comandancia del LRA no se acogió a ella y, por el contrario, profundizó su violencia y sus prácticas características contra la población de la región Acholí.(Rodríguez, p.154)

2.2 Los programas de reintegración en el Norte de

Uganda

La reintegración en el Norte de Uganda transita por dos sendas programáticas: la operada por el Gobierno Nacional y la operada por las diferentes ONGs que trabajan en terreno.

En relación con el primero, esta surge como resultado del proceso de Amnistía que se dió a todos los combatientes del LRA que decidieran retornar a la vida civil. Muchos de los menores logran escapar del grupo armado son generalmente recepcionados por las unidades militares del Gobierno, es decir, del Ugandan People´s Defense Force (UPDF). Allí, luego de un interrogatorio -que sirve en muchos casos de material para realizar operaciones de inteligencia – se les ofrece vincularse a las fuerzas militares para ayudar a combatir el LRA. Muchos de los jóvenes aceptan y de esta manera no se desvinculan de las dinámicas de la guerra, lo cual implica que la reintegración para estos menores no se hace efectiva.

Como parte del apoyo brindado, el Gobierno apoya a los excombatientes con dinero y algunos implementos para vivienda. Pese a que recientemente los proyectos del Gobierno están implementando -mediante la Northen Uganda Social Action Fund (NUSAF)- una visión de más largo plazo que implica el apoyo económico a programas, entrenamientos vocacionales, desarrollo empresarial y repoblamiento de ganado (Blattman y Annan, p.10), se puede afirmar que su enfoque fundamental ha sido el del apoyo a la estabilización a corto plazo, es

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decir, a la reinserción y no a la reintegración en su horizonte característico de largo plazo.

Por su parte, los programas de reintegración ofrecidos por las ONGs al ser variados y operados para multiples instituciones ofrecen tanto apoyos que se acercan a la noción de reinserción (como los programas gubernamentales) como otros que buscan incidir en las diversas dimensiones de la reintegración, atendiendo a las dinámicas locales e implementando acciones que logran fortalecer en los excombatientes y las comunidades capacidades locales para la construcción de paz.

Respecto a los primeros, estos operan mediante el funcionamiento de los llamados “centros de recepción”. Allí se brinda asistencia médica, asesoramiento individual y grupal con profesionales y se inician contactos para lograr la reunificación familiar de los menores desvinculados (Muwonge, p.10). Es necesario notar que la tendencia general de estos programas es que se han diseñado e implementado bajo la concepción (errónea según lo demuestran estudios como los de Blatman et al 2008) de que la gran mayoría de menores sufren traumas psicológicos y que por ende es este el eje central sobre el cual debe girar la atención y la acción institucional. De esta manera se pone en segundo plano la necesidad de incidir, de manera más enfática, en proyectos que promuevan el desarrollo de las comunidades y el empoderamiento de las mismas en relación con el direccionamiento del futuro de sus comunidades. Generalmente estos programas también prestan asistencia humanitaria de emergencia en los campos de refugiados en los que habitan una gran parte de la población del Norte de Uganda.

Los programas que ofrecen una visión hacia la reintegración comunitaria son pocos respecto a la mayoría que se abordan desde la primera perspectiva. Sin embargo, se propone analizar los programas en su conjunto en orden con las cinco dimensiones de la reintegración comunitaria planteadas en el marco conceptual: económica, social, cultural, política y de seguridad. De esta manera, se asegura que en las dimensiones no sólo se incluyan las descripciones de los programas que en efecto poseen un componente comunitario importante, sino también un análisis sobre las dificultades, fortalezas y retos que se afrontan aquellas para lograr un proceso de reintegración comunitaria que fomente y fortalezca las capacidades locales para la paz.

2.2.1 Dimensión Económica

La tendencia general de la dimensión económica de los proyectos de reintegración es o bien la implementación de medidas en el corto y mediano plazo o el desarrollo de programas que de manera asertiva comprenden las necesidades del mercado local y sus dinámicas productivas, fomentando así una reintegración inclusiva para los menores y las comunidades. Tal como se abordó en el capitulo conceptual, la reintegración comunitaria en su dimensión económica se entiende como aquellas medidas que van más allá de la atención

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focalizada o centrada en el individuo excombatiente (en este caso en los menores desvinculados), y que por el contrario, buscan incidir de manera amplia en el desarrollo de la comunidad y sus capacidades productivas, a partir de un entendimiento claro sobre las necesidades y las potencialidades locales para el mercado. Son, en últimas, medidas de carácter comprensivo y amplio que pueden cimentar las bases para un desarrollo local sustentable y vinculante en clave de paz. Tal y como lo afirma Maina

Para que la reintegración sea considerada exitosa debe hacerse una investigación sobre qué es lo que la economía local necesita con el fin de informar a los ejecutores del a reintegración sobre cuáles son las vocaciones que se necesitan. No entender las condiciones socio-económicas, los mercados laborales locales y la falta de ideas innovadoras sobre cómo poner en marcha el empleo para los excombatientes pueden socavar drásticamente el proceso de reintegración (Maina, 2009, p.8)

Para analizar los proyectos en esta dimensión es necesario, en un primer momento, esbozar los impactos que sufren los menores en el ámbito productivo y vocacional al vincularse a la guerra y posteriormente al retornar a sus comunidades. En el momento de ser secuestrado y posteriormente vinculado a un grupo armado, el menor trunca el desarrollo de sus habilidades intelectuales o laborales, las cuales se diluyen en las nuevas enseñanzas: las enseñanzas de la guerra. Se cambian así los cursos de matemáticas, sociales e idiomas por cursos en manejo de armas y material de guerra; se cambia la socialización con los pares mediante el juego por una socialización mediada por el miedo, la desconfianza y el seguimiento de órdenes.

Por supuesto, la interrupción de su ciclo de aprendizaje escolar implica que muchos de los niños o jóvenes que retornan sean iletrados o se encuentren atrasados en términos de los conocimientos que para su edad deberían manejar. En muchos casos, los jóvenes adultos terminan asistiendo a las escuelas y recalando en cursos en donde son muy mayores respecto a los niños que se encuentran asistiendo (Blattman y Anna, p.22). De la misma manera, para ellos la imperiosa necesidad de conseguir un empleo que garantice su subsistencia impide que, en muchos casos, puedan asistir regularmente a la escuela.

Existen en terreno algunos proyectos implementados por ONGs internacionales, los cuales se han centrado en el ámbito educacional de los menores desvinculados. Tal es el caso de la School of War Affected Children (SOWAC), la cual se creó con apoyo de los Gobiernos de Uganda y Bélgica para escolarizar a los menores desvinculados y basa su admisión en el certificado de amnistía que brinda el gobierno luego de que retorna del LRA a la civilidad (Maina, 2009, p.9). Si bien en principio la iniciativa puede parecer acertada, la realidad es que su creación a la vez que ha impedido una resocialización efectiva de los menores con la comunidad (en tanto la escuela solo acepta a menores desvinculados, los cuales en últimas son educados aparte de los demás niños de la zona) ha generado resentimiento entre la población general, la cual al carecer de medios de vida sustentables no ven con buenos un trato diferencial (y si se quiere,

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preferencial) en relación con el acceso a la educación de personas que pertenecieron a un grupo armado (2009, p.10).

Estudios recientes en el Norte de Uganda como el de Atri y Cusimano (2012) demuestran que, en términos comunitarios, son más aceptados aquellos menores y jóvenes que son económicamente autosuficientes en relación con aquellos que no lo son, en tanto estos últimos son considerados como una carga adicional en una situación generalizada de pobreza. Al estar por fuera de la dinámica laboral y productiva durante su estancia en el grupo armado, los menores que retornan encuentran dificultades para vincularse a un trabajo que les garantice un salario digno, dada su baja capacidad en términos de habilidades aprendidas para desempeñar un puesto. En estas circunstancias, generalmente se terminan vinculando a empleos de baja productividad como la fabricación del carbón o el manejo de bicitaxis (Blattman y Annan, p.16). También es necesario tener en cuenta que con una gran mayoría de población civil habitando en los campos de refugiados, las oportunidades productivas son bajas dado el nivel generalizado de pobreza de la región.

Especial atención merecen las mujeres que retornan a las comunidades luego de haber tenido un hijo en cautiverio. Sumado a la estigmatización de la que son objeto por el hecho de la “carga adicional” que significa alguien más a su cargo, son vistas por sus familias como improductivas en tanto no pueden ayudar en el sostenimiento económico y asumir responsabilidades (Atri y Cusimano, p.27). Al tener que cuidar de sus hijos, estas mujeres no pueden asistir a talleres vocacionales o a la escuela que fomenten el desarrollo de sus habilidades (Maina, p.10). Actualmente no se encuentra un plan específico diseñado para atender esta problemática.

Como se mencionó anteriormente, en los programas gubernamentales ha existido una tendencia a brindar asistencia en el corto y mediano plazo, con una creciente implementación de proyectos que se encaminan hacia la vinculación de otros sectores poblacionales. Ahora bien, una observación detallada de las ayudas económicas brindadas a los menores desvinculados muestra que estas han sido, en muchos casos, fuente de resentimiento para otras poblaciones vulnerables que cohabitan en el mismo espacio geográfico. Al ser el Norte de Uganda una región caracterizada por sus altos niveles de pobreza y una población concentrada – en su gran mayoría – en los campamentos de refugiados (dado el nivel de violencia en las zonas rurales y las prácticas recurrentes de reclutamientos), las ayudas económicas son vistas como privilegios, en este caso, dados a personas que causaron daño a la población. Como se verá más adelante, esto impacta significativamente en los sentimientos que tiene la comunidad respecto a los menores desvinculados, y por ende, en las características de la aceptación social de los mismos.

En general la dimensión económica de la reintegración en el Norte de Uganda se ha planteado desde una lectura muy escueta que no le ha apostado a retomar las dinámicas productivas tradicionales (como la producción agrícola y agropecuaria) ni ha observado las potencialidades de los menores desvinculados como

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constructores de paz. Sin embargo, existen proyectos que han leído adecuadamente el entorno local y han logrado desarrollar apuestas que no sólo garantizan en el largo plazo la sostenibilidad productiva de las excombatientes sino también el establecimiento de relaciones con la comunidad. Tal es el caso de la ONG St. Mónica, el cual ha vinculado en su equipo de trabajo a personas locales quienes, por supuesto, han sufrido de primera mano los embates del conflicto y se encuentran comprometidas con el desarrollo y la reconstrucción de sus comunidades (Maina, p.8). Esta situación genera legitimidad de la institución ante la población, permitiendo generar un trabajo basado en la confianza y que facilita la reintegración de los menores a la comunidad al servir como intermediarios reconocidos.

Igualmente, dentro de los proyectos desarrollados por St. Monica cabe destacar uno en particular, que se ha venido implementando en el distrito de Gulu. Este proyecto tiene como población beneficiaria inmediata (que no quiere decir la única) a las mujeres excombatientes que retornan del LRA3. Luego de una lectura y evaluación de las características, necesidades y oportunidades del mercado local, se optó por brindar capacitaciones en sastrería para cerca de 270 niñas desvinculadas por año. Al ser la sastrería un mercado igualmente competido en la región, el proyecto se enfocó particularmente en la confección masiva de maletas y uniformes para colegio (Maina, p.8). De igual manera, el proyecto establece relaciones con la población civil en busca de empleo para las mujeres que salen de las capacitaciones, lo cual a la vez que busca garantizar la posibilidad de conseguir una sostenibilidad autónoma, impacta en la reintegración de las menores positivamente, al relacionarlas con la comunidad a través del mundo laboral real.

2.2.2 Dimensión social

En la dimensión social de la reintegración comunitaria es necesario observar que los procesos están fuertemente anclados y relacionados con la dimensión cultural y los rituales de reintegración, haciendo dificultoso establecer una distinción de que elementos pertenecen a una u otra dimensión. En tanto la dimensión cultural se abordará con amplitud en el siguiente apartado, aquí se propone observar los impactos y percepciones que han tenido las comunidades luego del retorno de los menores. Dichos relacionamientos se dan de manera espontánea y no obedecen a un programa o actividades que en específico estén diseñadas para incidir en esta dimensión.

Partimos, igualmente, de señalar que la dimensión social de la reintegración social del menor desvinculado inicia luego de transitar por la fase de reinserción en los centros de recepción, los cuales son operados por ONGs como World

3 Según la investigación de Atri y Cusimano (2012, p.24), las mujeres tienen una mejor aceptación

social luego de su retorno que los hombres (51% frente a 24% según la población encuestada). Esto debido a dos razones fundamentales a) Al existir la posibilidad de que se puedan casar, no significarán una carga para su familia b) Los hombres son vistos como más peligrosos, tanto durante la guerra como en su retorno.

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Vision (WV), quienes brindan, mediante orientadores, ayuda psicosocial a los menores, se les inculca los valores cristianos y enlazan a la familia del menor para hacer efectivo su retorno al hogar. En el caso particular de este proyecto, en el momento de llevar al menor de retorno a su comunidad y familia se le da 136 euros aproximadamente y utensilios para el hogar (Akello, Richters y Reis, 2006, p.232). Los menores igualmente pasan por los rituales de sanación y limpieza, los cuales se explicarán más adelante.

Ya en la civilidad, se puede afirmar que en general la aceptación familiar y comunitaria es alta. Según investigaciones recientes realizadas en el Norte de Uganda, cerca de un 94% de los menores encuestados afirmaban sentirse aceptados por sus comunidades (Blattman y Annan, p.14) mientras que un 97% del total de comunidad que participó de otra encuesta afirmó que los menores son bienvenidos de nuevo (Atri y Cusimano, p.2).

Sin embargo, el hecho de que los menores sean aceptados socialmente por las comunidades no ha implicado per se que estas no tengan sentimientos negativos hacia ellos o que algunos menores hayan sido objeto de comportamientos agresivos por parte de personas. Los insultos, reproches y hasta algunas agresiones físicas han sido la respuesta de una comunidad que admite que en su interior aún existen personas que todavía tienen enojo y rabia hacia ellos, principalmente por la comisión de crímenes, el impacto que sus actos causaron en personas de escasos recursos que murieron o resultaron afectadas y en una visión del pasado dolorosa (Atri y Cusimano, p.19). Otras motivaciones de estos comportamientos –que son más recurrentes en zonas donde hay presencia del LRA- refieren a personas en estado de alcoholismo, familiares y parientes a quienes les fueron secuestrados sus hijos y no han retornado aún o cuando existen sospechas de que los menores están involucrados en asesinatos (Blattman y Annan, p.16).

Ahora bien, la dimensión social de la reintegración también hace referencia a la reconciliación y sus alcances, tal como se mencionó en el capitulo conceptual. Aparte de los rituales de curación (de los que se hablará más adelante) que operan eventualmente como mecanismos de justicia tradicional, es importante referir la relación entre el pacto de amnistía que se ha promulgado por el Gobierno Nacional y las medidas de justicia transicional en lo local, así como las percepciones que tiene la comunidad respecto a ellas.

En el año 2000 el Gobierno Nacional de Uganda promulgó la ley de Amnistía para los miembros del LRA que quisieran reintegrarse a la sociedad civil. Esta ley buscaba “perdonar, exonerar y liberar a los antiguos rebeldes que voluntariamente renuncian a luchar contra el gobierno a través de medios militares, de la enjuiciamiento criminal o cualquier otra forma de castigo por parte del Estado” (Muwonge, p.7). Sin embargo, en la práctica la ley ha visto limitado su accionar desde la intervención de la Corte Penal Internacional , quien ha proferido ordenes de captura contra los principales jefes del LRA, quienes incluso, se negaron a firmar el acuerdo de paz en 2008 aduciendo que estas aún seguían vigentes (Rodríguez, p.165)

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Al indagar sobre las percepciones que de la ley de amnistía tienen las comunidades, los resultados son algo contradictorios. Estudios como el de Muwonge (2007) afirman que la población en general percibe la amnistía como un mecanismo insuficiente para alcanzar la reintegración y la reconciliación, mientras que Atri y Cusimano (2012) observan cómo cerca de un 88% de los encuestados respalda dicha ley y un 82.73% a su vez afirma que la amnistía es de por sí suficiente para garantizar la reconciliación de la comunidad. Esta percepción se complementa con una mayoría de habitantes del norte de Uganda que opinan que a los menores no se les debe castigar por sus hechos (solo un 13% cree que si se debe hacer). Eso sí, existe un amplio consenso (88%) respecto a que los menores si deberían pedir perdón por sus actos cometidos (Atri y Cusimano, p.49)

Esta evidencia última pone en un escenario complejo las aplicación de medidas que se encaminan hacia la consecución de una justicia transicional que tenga entre sus componentes un acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las victimas que fueron sufrieron a causa de la guerra. Con una sociedad que ha asociado la reconciliación al perdón y, sobre todo, al olvido –a causa del sentido que el gobierno le ha dado al proceso de amnistía – y que a su vez transita de la coexistencia hacia la coexistencia pacífica, es difícil introducir mecanismos que promuevan los componentes mencionados anteriormente; mecanismos que son base fundamental para la construcción de una paz sostenible y duradera que reconozca los hechos del pasado, dignifique a las víctimas y que sirva como ejemplo para que los hechos no se vuelvan a repetir.

2.2.3 Dimensión cultural

Existe una creencia generalizada en la comunidad acholí del Norte de Uganda respecto a los menores que retornan luego de la guerra. Dicha creencia habla de la presencia de una “polución espiritual” o cen entre los excombatientes, polución que según se cree, se puede propagar entre las personas, contaminando no sólo a la familia sino también a la comunidad de acogida (Akello et al 2006; Blattman et al 2008; Atri y Cusimano 2012). Para tratar esta problemática se han implementado ceremonias cristianas y tradicionales de limpieza, generalmente desarrolladas por ancianos de la comunidad (Blattman y Annan, p.8)

Es importante para la reintegración y la aceptación familiar y comunitaria del menor tratar esta problemática, en tanto la limpieza garantiza que el menor ya no está más contaminado y por ende la comunidad puede estar tranquila de que no será contaminada con los espíritus negativos provenientes de las acciones que cometió el menor durante su permanencia en el grupo.

De la misma manera que estos rituales, existe otra práctica local desarrollada históricamente por las comunidades acholíes, la cual es usada como forma de reparar relaciones y reconciliar clanes que por una u otra circunstancia se encontraban enemistados. Para los acholíes

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…el homicidio trae consigo automáticamente una separación entre las dos familias, la del asesino y la de la víctima. Esta barrera (llamada ujabo en acholí) crea un estado de enemistad (mone) que no permite que los miembros de ambos clanes puedan sentarse a comer y beber juntos, ni se puedan casar entre ellos, ni siquiera comprar en el mercado productos que vengan de la familia con la que existe este estado de separación. Además, el homicidio clama venganza (chulo kwor) y provoca miedo (Rodríguez, s.f, p.158)

El mato oput, como se le conoce a esta ceremonia, se desarrolla en tres grandes momentos: a) confesión por parte del agresor y solicitud de perdón por parte del clan del que es miembro el agresor hacia el otro clan b) sacrificio y consumo del animal por parte de los dos clanes como signo de reconciliación y/o el pago de la compensación del hecho por el daño causado; c) consumo de la cerveza de mijo mezclada con la raíz del oput, árbol local (Rodríguez s.f; Atri y Cusimano 2012).

Una versión “modificada” ha sido puesta en práctica para reintegrar simbólicamente a los menores desvinculados del LRA. Dicha práctica se ha venido realizando – impulsada por dineros de cooperación internacional- dentro de los campos de refugiados en donde ahora mismo habita una gran mayoría de la población Acholí. Según Muwonge (2007, p.8) las ceremonias se han basado en la declaración por parte del menor los hechos negativos cometidos (kir), e involucran el acto de pisar un huevo crudo como símbolo de pureza. También se involucran otros objetos tradicionales como el palo laibi o una rama del árbol Opobo, las cuales se asocian al hecho del retorno a la casa y la limpieza espiritual del menor.

Si bien este tipo de mecanismos han sido usados por las comunidades y estas a su vez han demandado su uso como mecanismo alternativo para justicia y la reconciliación4, la realidad evidencia múltiples dificultades de instaurar esta práctica como recurrente para reintegrar a los menores. En primer lugar, pareciera que el mato oput tradicional nunca ha sido utilizado para reintegrar a los menores desvinculados y tampoco se usa frecuentemente entre los clanes que habitan el territorio.

Es más, se afirma que el mato oput “modificado” no es en sí un proceso que esté diseñando en clave de reintegración, purificación y paz, sino que obedece más bien a una ceremonia que la comunidad realiza para “dar la bienvenida a personas que, por el motivo que sea, han estado fuera de casa durante mucho tiempo (incluso por haber ido a realizar estudios”. (Rodríguez, p.162).

En segundo lugar, una posible instauración del mato oput como práctica para reintegrar menores iría en contravía misma de los principios de esta ceremonia. Esto, debido a que en la cultura tradicional acholí existe una responsabilidad y una culpabilidad igual cuando un individuo comete un crimen, sin importar si es niño, niña, adolescente o adulto. Aún mas, siendo la cultura acholí una cultura

4 En la investigación de Atri y Cusimano (2012) cerca del 85% de la población acholí encuestada

consideraba que los menores deberían practicar el mato oput.

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caracterizada por su filosofía de la noviolencia, los casos de asesinatos forzados no tienen cabida en su comprensión del mundo (Atri y Cusimano, p.59).

De este modo, la filosofía acholí estaría en contraposición con la comprensión de la ley formal en esta temática, la cual considera que un menor de edad secuestrada y reclutada no deriva ninguna responsabilidad frente a los crímenes que pudiera cometer en el marco de la guerra

En términos de la recuperación de cultura (que es uno de los componentes fundamentales de la dimensión cultural de la reintegración comunitaria) es evidente que estas actividades no han propiciado el fortalecimiento de la identidad acholí. Más problemático se vuelve esto si se tiene en cuenta que muchas de las comunidades en las que otrora vivían los menores están parcial o completamente desestructuradas, dado el fuerte problema del desplazamiento forzado rural y la situación de concentración de la población en los campos de refugiados como consecuencia. Teniendo en cuenta que la construcción de una identidad como comunidad étnica o clan está fuertemente ligada al territorio, no resulta esperanzador el camino en este sentido.

2.2.4 Dimensión Política

Puede afirmarse que los programas implementados en el Norte de Uganda han desarrollado muy poco la dimensión política de la reintegración comunitaria. Algunas excepciones se han avizorado desde la experiencia de St. Monica en relación con el empoderamiento, quienes han celebrado reuniones entre las directivas de la ONG con las comunidades, incluyéndolas en el diseño de los programas de reintegración mediante la participación en foros (Maina, p.7).

Pese a que la evidencia indica que los menores que fueron secuestrados y que luego se desvinculan tienen un mayor nivel de compromiso político electoral y su participación es fuerte en términos de participación en organizaciones comunitarias (Blattman y Annan, p.18) existe un reducido número de menores que en realidad trascienden hacia la actividad política real. La gran mayoría de los menores no se apersonan respecto al proceso de la política pública de reintegración - de la que son los beneficiarios directos- y no sugieren ningún tipo de ajustes a realizar. Así, pareciera que sienten que sus “opiniones no cuentan para nada” (Maina, p.7)

2.2.5 Dimensión de seguridad

En términos de seguridad, el escenario que se presenta en la región del Norte de Uganda es bastante complejo. En un contexto de continuación de la confrontación violenta entre el LRA y las fuerzas militares, los riesgos de que los menores desvinculados puedan ser re-ingresados a las filas del grupo armado ilegal son altos. Esta situación es aún más problemática si se tiene en cuenta que las zonas rurales se encuentran abandonadas, de tal manera que en el proceso de retorno no hay garantías de una seguridad comunitaria para el menor.

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Las percepciones de la población en general tampoco son muy alentadoras, al punto que se pueden llegar a considerar o estigmatizar a los menores como fuentes de inseguridad física y espiritual (Atri y Cusimano, p.18). Dichas opiniones se basan en suposiciones como que los menores pueden esconder armamento, socializarán de manera violenta tal y como lo hacían en la guerra, podrían cometer delitos y asesinatos, pueden retomar las armas para reactivarse en los grupos armados o vienen cargados con espíritus cen.

Sobre todo la pobreza estructural que persiste en la región puede ser un foco de generación de conflictos: al no encontrar las oportunidades necesarias para mantenerse en la legalidad y ser productivos, los menores podrían buscar las maneras de enrolarse en la guerra; o bien, pueden surgir nuevos grupos violentos en respuesta a la inexistente respuesta estatal respecto a las necesidades de subsistencia. En este punto merece especial atención observar que el reclutamiento de menores desvinculados por parte del Ejercito Nacional erosiona de manera significativa la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes puedan transitar efectivamente hacia la vida civil, poniéndolos de nuevo a operar bajo las lógicas de la guerra y la socialización violenta.

Tampoco se debe perder de vista que el tema de la seguridad ha tomado nuevas dimensiones, principalmente en los campos de refugiados que se han creado para atender a las comunidades que han sido desplazadas del entorno rural. Allí, se han observado algunos conflictos entre la población desplazada y los menores desvinculados, los cuales no han podido ser solucionados de manera satisfactoria dada la poca presencia de la policía en los campos de refugiados. (Muwonge, p.18).

3. Reintegración comunitaria en Colombia: el

caso de la comunidad Nasa

Una de las modalidades de violencia degradada que se ha presentado sistemáticamente por parte de los grupos armados ilegales en Colombia ha sido el reclutamiento forzado de niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Según la normatividad nacional e internacional, esta práctica se constituye en una “grave violación de los derechos humanos” (ICBF, 2008, p.7), y a pesar de su estricta prohibición, todos los grupos siguen incurriendo reiteradamente en la misma.

El Cauca Colombiano ha sido históricamente una región en donde pervive la férrea defensa pacífica por parte de las comunidades indígenas de su territorio e identidad, y una fuerte confrontación armada entre grupos armados: Paramilitares, FARC-EP y Fuerzas Militares. Estos dos últimos grupos, quienes arreciaron su confrontación luego de la instauración de la Política de Seguridad Democrática, aun persisten en el territorio, cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

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En este contexto, y pese a la oposición de las autoridades tradicionales locales, se han dado múltiples vinculaciones de menores indígenas a los grupos armados, particularmente a las FARC-EP, quienes tienen mayor presencia en el territorio. El grupo armado, en este caso, se ha presentado como una alternativa “amigable” – en inicio- frente al aburrimiento o la desorientación respecto al proyecto de vida que tienen algunos niños, niñas y adolescentes Nasa, quienes han convivido cotidianamente con la guerra y los combatientes de los grupos armados (Rubio, 2015, p.70).

3.1 El programa de reintegración comunitaria en el

Cauca: “Recomponer un camino de vuelta a casa”

En respuesta a esta creciente problemática surgió desde el 2007 el Programa “Recomponer un camino de vuelta a casa”, impulsado por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) e inscrito en la modalidad de Hogar Gestor desarrollada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El programa se creó bajo el objetivo de “atender a los menores edad que la Guardia Indígena y sus autoridades tradicionales les arrebatan a los grupos armados ilegales”5 (Verdad Abierta, 18 de Febrero de 2015) y se ha articulado a la estrategia de autoprotección Nasa “Plan Minga en Resistencia (Welter, 2011, p.34).

Antes de entrar a describir este programa de acuerdo a las dimensiones planteadas, es necesario hacer algunas observaciones respecto a la especificidad del mismo. En primer momento, advertir que el programa, pese a que se inscribe en un marco institucional – Hogar Gestor ICBF- , es manejado autónomamente por el cabildo, en tanto es él quien define los contenidos y actividades a realizar.

En segunda instancia, que existe según la concepción Nasa una diferencia conceptual y semántica entre lo que occidentalmente se conoce como “desmovilizado” y “reintegración”; en este caso, los conceptos utilizados son “desarmonizado” y “rearmonizado”, en tanto esta comunidad entiende que el irse de la guerra supone per se un desequilibrio del individuo con la cosmología nasa, con su pensamiento, sus costumbres y su anclaje al territorio (Rubio 2015; Welter 2011). En este sentido, el proceso de “rearmonización” se desenvuelve en 4 espacios vitales, a saber: familia, autoridad tradicional, comunidad y territorio (Verdad Abierta, 18 de Febrero de 2015).

En tercer lugar, que el proceso no responde a un camino estandarizado, sino que atiende a las particularidades de cada uno de los menores que retornan en términos no solo de las motivaciones que los llevó a vincularse sino también respecto a sus expectativas a futuro. Finalmente, que el proceso es integral y por esta razón las distinciones analíticas presentadas sólo se hacen con el propósito

5 En cuanto a los objetivos específicos, estos se dividen en 3: a) Preparación para el retorno a la

comunidad b) Acompañamiento en la definición de la situación jurídica del menor c) Capacitación para el desarrollo de trabajo de prevención y trabajo organizativo (BPSC, s.f)

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de “diseccionar” una propuesta que articula en sí misma, y a la vez, todos los componentes: social, cultural, político, económico y de seguridad.

3.1.1 Dimensión Económica

Para la comunidad nasa que recibe a los menores desvinculados el componente de reintegración económica no es el central en el programa sino una parte más del “todo” integral, fuertemente anclado a la recuperación del pensamiento propio. Específicamente en esta dimensión se podrían clasificar las iniciativas de educación así como las de desarrollo de proyectos productivos y acceso a la tierra; iniciativas que no son excluyentes entre si y a las que el menor debe atender en su totalidad.

El componente de educación es uno de los componentes fundamentales en este programa. Según la cosmovisión nasa (la cual es marcadamente pacifista) la guerra es para los “no estudiados”, de tal manera que el proceso educativo se convierte en la “forma de construir lo destruido y armonizar la vida colectiva para los nasa” (Rubio, p.78).En este sentido, las “Escuelas de Pensamiento” se han convertido en pilares fundamentales donde se fortalecen en los menores los usos y costumbres de los ancestros (Reconciliación Colombia) a la vez que se asientan como lugares de encuentro y socialización de los menores con sus pares y con la comunidad en general.

De igual manera, la búsqueda de fortalecer la cultura indígena se ha extendido en diversas actividades de índole cultural. El cabildo ha impulsado el descubrimiento de las artes por parte de los menores mediante la generación de apoyos y sinergias con universidades, las cuales han coadyuvado al desarrollo de acciones que se encaminan a la recuperación de la memoria del pueblo nasa (Welter, p.40).

Conectando la escuela con la dimensión productiva es importante notar que en la ruta está estipulado que los menores deben terminar primero sus estudios para luego sí acceder a los proyectos productivos o bien a los procesos organizativos locales (Verdad Abierta, 18 de Febrero de 2015). Bajo la premisa de “hacer de todo estudiante un trabajador en formación y de todo trabajador un estudiante” (Welter, p.39), se garantiza que los menores a la vez que ya se encuentran “rearmonizados “con el pensamiento nasa, tengan también un desarrollo de conocimiento y habilidades que les permitirán desempeñarse de una mejor manera en las actividades en las que luego se involucren.

En relación a los proyectos productivos, es de notar que estos se generan en relación a la familia y la comunidad, no sólo en el trabajo cotidiano para desarrollarlos y fortalecerlos, sino también en la socialización de los beneficios que estos puedan llegar a producir. En particular se identifica como emblemático el proyecto “Huerta Nasa Tul”, la cual consiste en una huerta en la cual el menor desvinculado participa de su cuidado; huerta que a la vez que logra proveer a la comunidad y a los animales el alimento y medicinas necesarias para la subsistencia, se convierte también en aquel lugar en donde “se practica el

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carácter colectivo, se produce la unidad de la comunidad, se teje la vida y la cultura indígena” (Welter, p.41).

En síntesis, se puede observar que las estrategias de reintegración económica que han desarrollado como pueblo la comunidad nasa han sido bastante acertadas, al diseñarse y gestionarse de manera autónoma, teniendo en cuenta las particularidades del contexto local así como las necesidades que en términos productivos tienen como comunidad; necesidades que se alejan bastante de las típicas necesidades del mercado en ciudades e incluso en los cascos urbanos del municipio. Por supuesto este tipo de iniciativas impulsadas por el cabildo siembran la autonomía y el emprendimiento productivo al empoderar a los jóvenes desvinculados de sus proyectos.

Sin embargo, es necesario anotar que en muchas ocasiones la sostenibilidad de estos proyectos emprendidos por el cabildo ha estado en riesgo, principalmente por la violencia estructural que se refleja en la pobreza de la región así como del apoyo intermitente de las instituciones gubernamentales a nivel local y de las ONGs. Esto sin duda alguna plantea una amenaza a largo plazo para este proceso, el cual es parte fundamental y necesaria de la integralidad del programa que se ha implementado.

3.1.2 Dimensión Social

Lograr el retorno de los menores que están militando en los grupos armados no es nada sencillo. En general se da vía escapes individuales de los menores o por medio de recuperaciones que hace la comunidad- en cabeza del cabildo y la Guardia Indígena- al negociar con los grupos armados la baja del menor (Ultima Hora, 19 de Enero de 2011), negociación que por supuesto está cargada de tensiones y vicisitudes. De la misma manera, han existido muchos otros casos en donde las autoridades han logrado vincular al programa a menores que ya se habían desvinculado de los grupos armados pero que por miedo a la estigmatización social o a la represalia de sus antiguos compañeros se mantenían escondidos en sus resguardos.

En todos estos casos los primeros contactos de recepción del menor se dan directamente con la autoridad tradicional y sus familias. De esta manera, se consolida un “entorno protector comunitario” (Rubio, p.70) el cual garantiza una recepción positiva y de confianza para que el menor pueda retornar exitosamente a su núcleo familiar y comunitario. Estudios como los de Rubio (2015, p.75) afirman que en general no existen señalamientos ni agresiones por parte de los habitantes de los resguardos hacia los menores e, incluso, pareciera ser que tampoco son estigmatizados por los grupos armados, quienes ante la defensa que hace el cabildo de sus comuneros, terminan por respetar dicha decisión.

Siendo en general bien aceptados y teniendo una relación positiva con la comunidad en general, es necesario observar las implicaciones de este proyecto en relación con la justicia transicional en el nivel local, es decir, las garantías a la verdad, la justicia, la reparación y los cimientos para la reconciliación.

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La verdad está presente durante todo el proceso: desde que el menor llega y cuenta su experiencia en la guerra a las autoridades tradicionales para poder trazar su ruta de rearmonización, pasando por los momentos en los cuales reconoce sus errores derivados de este paso por la confrontación bélica, y los cuales comparte a los otros niños y niñas de los resguardos, con el fin de prevenir nuevas vinculaciones a los grupos armados. En términos de justicia, se hace evidente que la apuesta nasa es una apuesta que se aleja de la concepción de justicia punitiva tradicional y se acerca a la de una justicia restaurativa, en donde tiene mayor relevancia la participación del menor en las acciones de reconstrucción del tejido comunitario, la productividad local y la educación propia que el castigo por haber pertenecido a un grupo armado.

Finalmente se debe observar que para el pensamiento nasa no existe una diferenciación entre la “rearmonización” (reintegración) y la reparación (Rubio, p.77). El proceso de retorno, vinculado al trabajo en la tierra y la reapropiación del pensamiento nasa constituyen en sí mismos en mecanismos para restablecer las relaciones con las familias, la comunidad y las autoridades tradicionales, relaciones erosionadas por la ida del menor a la guerra; pero sobre todo, significan la posibilidad de que la cultura nasa permanezca en las generaciones subsiguientes.

3.1.3 Dimensión Cultural

Como se ha visto, es la recuperación de la identidad como pueblo nasa el epicentro sobre el cual gira todo el programa Recuperando el camino de vuelta a casa. Al intersectar todas las otras dimensiones (económica, social, política y de seguridad) este apartado solo busca referir específicamente aquellos rituales o ceremonias que se realizan en el marco del retorno del menor, con el fin de profundizar en los componentes del pensamiento propio.

En general, la cosmología nasa tiene como principios la espiritualidad, la reciprocidad y el uso respetuoso de la madre tierra (Welter, p.35), principios que se extienden y permean todas las actividades que se realizan para rearmonizar al menor. Dentro de estas actividades cobran especial relevancia ceremonias como el cateo y el pulseo, y figuras locales tradicionales como los chamanes (o tewalas), quienes a la llegada del menor son los que deciden el rumbo a tomar en el proceso de rearmonización.

El cateo como práctica tradicional es el primer paso que se realiza a la llegada del menor. En este, se observa si el menor “tiene alguna enfermedad, es decir, algún mal recogido en el ámbito espiritual y físico por cometer acciones que contrarían las leyes de la naturaleza y culturales” (Welter, p.36). Los menores también tienen un primer contacto a su llegada con los tewalas –o chamanes- quienes realizan rituales de “rearmonización”, los cuales se desarrollan en sitios sagrados y tienen como fin último lograr que el menor se rearmonice espiritualmente con la cosmología nasa . Mediante el consumo de plantas medicinales, se busca que los menores limpien su cuerpo y expulsen los espíritus o energías negativas que

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cohabitaban en sus cuerpos a la vez que cambien su mentalidad que traían de la guerra por una mentalidad en donde el pensamiento indígena sea primordial (Verdad Abierta, 18 de Febrero de 2015; Reconciliación Colombia, s.f).

Cuando existe duda sobre las intenciones de los menores, los tewalas realizan el pulseo, el cual consisten en realizar preguntas al menor a la vez que se van leyendo las pulsaciones de la sangre de este, en aras de identificar si está diciendo la verdad o, por el contrario, está mintiendo al dar respuesta (Reconciliación Colombia, s.f)

3.1.4 Dimensión Política

La dimensión política es un aspecto fortalecido a lo largo de todo el proceso. No está de más recordar que uno de los objetivos principales del programa es la capacitación de los jóvenes para que “realicen un fortalecimiento de prevención y fortalecimiento organizativo al interior de las comunidades” (BPSC, s.f).

La participación activa que tienen las autoridades tradicionales en el proceso de rearmonización es significativa: son ellas las que negocian con los grupos armados la baja del menor, las que están presentes en los primeros momentos del retorno, las que conectan a los menores con sus familias y las que diseñan y acompañan los procesos individuales no estandarizados de los menores. Las instancias de autoridad, como la Guardia Indígena, también se convierten en espacios abiertos que reciben a los excombatientes y los invita a participar como miembros.

De igual manera, el componente político está presente en el momento mismo en que el menor se inserta en las dinámicas políticas propias de la comunidad indígena, particularmente en los espacios de discusión y toma de decisiones frente a problemáticas o asuntos de interés general, en donde la voz de todos y todas es tenida en cuenta (Welter, p.46). Otro momento relevante en el que esta dimensión se expresa es en la educación impartida en los “centros de armonización comunitarios”, en donde la formación política y social es parte primordial de un curriculum que tiene un énfasis especial en “la identidad cultural, la cosmogonía, la cosmovisión y los principios y el proyecto político del movimiento indígena” (BPSC, s.f).

Por supuesto, el empoderamiento de las comunidades en la toma de decisiones es sustantivo, debido a que –como ya se mencionó – son ellas quienes, a través del cabildo- tomen las decisiones respecto al diseño y la ejecución de los procesos de rearmonización. Dicho empoderamiento efectivo ha permitido, por ejemplo, que las rutas que se diseñan para cada menor respondan a las expectativas y necesidades particularidades de cada individuo. Esto sería muy difícil de realizar en un escenario donde la institucionalidad nacional tomara de primera mano las riendas de este proceso, debido a la estandarización de los procesos que generalmente se ejecutan.

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Ahora bien, queda la pregunta sobre el restablecimiento de la relación estado-ciudadanos, la cual se daría en principio por medio del apoyo que brinda el ICBF al proceso. Es claro que la rearmonización del menor es en sí mismo un proceso de restablecimiento de relaciones entre comuneros, autoridades locales y cosmovisión indígena; sin embargo, es más difuso ver una real re-conexión (o conexión) de los menores desvinculados con el Estado y sus instancias municipales, departamentales y nacionales. Al ser el Cauca una región históricamente de poca presencia estatal y que lucha por defender su derecho a la autodeterminación, la construcción de legitimidad y cooperación estado- autoridad tradicional todavía transita por un camino incierto, más aún cuando existen amplias divergencias en relación con la manera en que se entienden conceptos y se diseñan programas que, como los de “rearmonización”, cuentan con rasgos y particularidades originadas en las cosmovisiones de los pueblos indígenas.

3.1.5 Dimensión de Seguridad

Pese a lo esperanzador que ha resultado para los menores y las comunidades la implementación de este programa de retorno, existen en terreno serias amenazas que ponen en riesgo los resultados obtenidos a lo largo del proceso de rearmonización de niños, niñas y adolescentes. Estos riesgos están directamente relacionados con la continuidad de la confrontación armada entre las Fuerzas militares y los grupos guerrilleros. Estos últimos, inmersos en la lógica de la guerra, ven en los menores desvinculados posibles “delatores” que pueden revelar información del grupo, información que puede derivar en capturas u operaciones militares en su contra.

Como resultado de esta “presunción”, en muchas ocasiones la guerrilla ha perseguido o intentado rastrear a los menores, amenazándolos para que se re-vinculen al grupo armado. Frente a esta problemática las autoridades tradicionales han asumido un rol de protección, enfatizándole a los actores armados que la decisión del menor de abandonar el grupo es una decisión que debe respetarse y también mediante las acciones de la Guardia Indígena.

De igual manera, se ha buscado introducir en el proceso de rearmonización componentes de seguridad, con el objetivo de que el menor sea consciente tanto de los riesgos como de la protección con la cuenta frente a una eventual situación adversa. Dicha conciencia se busca instaurar mediante compromisos adquiridos en rituales, en donde se le advierte al menor la importancia de que el mismo se provea mecanismos de protección (Welter, p.46). Por supuesto la comunidad no es ajena a la necesidad de proteger a los menores rearmonizados, así que ésta también se involucra en el seguimiento del proceso, identificando avances o retrocesos en el mismo (Welter, p.46).

Finalmente, es necesario advertir que existen otros riesgos que se desprenden de la acción institucional y de las dinámicas propias de la guerra. En el caso en que un menor indígena sea capturado por fuera de la jurisdicción indígena podría

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llegar a recaer en un “sometimiento a la justicia retributiva, disonante con el camino transitado en el resguardo y el escenario restaurativo avalado por las autoridades indígenas” (Rubio, p.75).

4. Contraste Analítico de Casos

Luego de exponer los casos detalladamente, en este apartado se propone observar comparativamente las dos experiencias de reintegración comunitaria con el fin de observar cuáles han sido tanto los aciertos como los aspectos de riesgo en la reintegración de menores y en el fortalecimiento de las capacidades locales para la paz. Para poder realizar esta comparación adecuadamente es necesario, en primer momento, establecer los rasgos contextuales similares y diferentes de los casos, a fin de que estos elementos siempre los tenga presentes el lector.

Respecto a las similitudes, ambos casos presentan una práctica sistemática de reclutamiento de menores por parte de los actores armados, eso sí, con notadas diferencias en la forma en que se logra dicha vinculación. Mientras que en el caso del LRA los raptos son la forma prevalente, las FARC-EP lo realizan mediante seducciones al menor, vinculándolo paulatinamente con la estructura armada y sus dinámicas.

En segundo lugar, tanto el caso del Norte de Uganda como el caso del Norte del Cauca se desarrollan en un contexto de continuación de la confrontación armada por parte del Estado con los grupos armados ilegales. Dicha continuación, como se ha visto, redunda en constantes amenazas a los procesos de reintegración (o rearmonización) de los menores, así como en la seguridad de las comunidades.

En tercer lugar, ambos contextos presentan la problemática del desplazamiento forzado de individuos y comunidades enteras. En el caso de Uganda esta situación está totalmente desbordada, de manera tal que una gran parte de las personas que habitaban el entorno rural se han visto forzadas a abandonar sus hogares para instalarse en improvisados campos de refugiados, en donde las condiciones son precarias y las necesidades son apremiantes. En el caso de Colombia el desplazamiento forzado también ha sido una modalidad de violencia que ha afectado a un gran número de personas y comunidades; sin embargo para el caso del Norte del Cauca dicha problemática no es preeminente respecto a otras regiones del país, en tanto las luchas indígenas han logrado proteger –hasta cierto punto- y mantener a sus comunidades en el territorio.

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En relación a los elementos contextuales diferentes se quiere hacer hincapié específicamente en el rol de los actores institucionales (gobierno y ONGs). El proceso de construcción del Estado moderno africano, en general, ha sido un proceso tardío que se deriva luego de los procesos de descolonización acaecidos en la segunda mitad del S.XX. Al ser un proceso reciente, combinado con la corrupción, la violencia armada y estructural, y la presencia de los antiguos países colonizadores, los estados africanos, como el de Uganda, presentan importantes limitaciones al momento de ejecutar política pública, lo cual explica el importante papel que juegan las ONGs internacionales como donantes y ejecutoras de proyectos en terreno. Son estas quienes en última instancia definen los rumbos que toman los diversos programas de reintegración comunitaria en relación con los niños, niñas y adolescentes.

En Colombia el proceso de construcción y consolidación del Estado ha sido diferente, y se remite a una historia de larga data. Si bien en muchas zonas del país aún no hace presencia efectiva, es evidente que la capacidad institucional para diseñar, ejecutar, monitorear financiar planes, programas y proyectos de paz –y de reintegración específicamente- es mucho mayor a la de los Estados Africanos (Nussio, 2012). Ahora bien, para el caso del Cauca se puede observar que si bien la institucionalidad está presente (mediante el ICBF), el proceso está en su mayoría diseñado y ejecutado autónomamente por las autoridades indígenas locales, quienes en cabeza del cabildo toman las decisiones trascendentales respecto a la ruta de rearmonización.

Habiendo realizado las precisiones anteriores, se propone realizar la comparación analítica de acuerdo a los tres elementos que Verhey (2001) define como trascendentales para la reintegración exitosa de menores desvinculados: 1. Reunificación familiar y un entorno comunitario inclusivo; 2. Apoyo psicosocial; 3.Oportunidades para la educación y el sustento. Como se notará, las 5 dimensiones de la construcción de paz local descritas en cada uno de los casos se encuentran transversales en todo el análisis de cada uno de estos elementos.

4.1 Reunificación familiar y un entorno comunitario

inclusivo

Los dos casos presentan sendas diferencias, las cuales son trascendentales para entender la manera en que los menores han logrado hacer –o no- un retorno exitoso a la comunidad, así como el nivel de aceptación que han tenido por parte de la población que habita con ellos.

En relación con la reunificación familiar, es evidente que los casos evidencian diferencias derivadas del contexto conflictivo que se vive en la región. Por un lado, en el caso de Uganda los núcleos familiares a causa del desplazamiento forzado y/o los asesinatos se encuentran fragmentados o rotos en su totalidad, lo que hace que el menor que retorne se encuentre ante un panorama de

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incertidumbre respecto a la acogida que puede recibir6, esto pese a las actividades desarrolladas por los centros de acogida de las ONGs en terreno, quienes prestan servicios de emergencia y reinserción, pero a largo plazo no cuentan con sistemas de monitoreo respecto a la suerte del menor y su familia.

Por su parte, en el Cauca las familias se mantienen en su mayoría estructuradas en el territorio pese a la confrontación armada, lo cual garantiza un entorno no muy diferente al que tenía el menor al momento de entrar al grupo armado. Aún más, el rol del menor en la familia si bien se va a ver transformado por las actividades de rearmonización, se puede decir que se mantiene estable; caso diferente al de Uganda en donde, por ejemplo, las niñas que regresan con hijos deben asumir un rol de cuidadoras que no tenían antes de participar en la guerra y son vistas como “cargas” por sus familias en tanto son consideradas “improductivas”.

Esta situación de estructuración (Colombia) o desestructuración (Uganda) de las familias se observa amplificadamente en la “comunidad de acogida” que también es fundamental para el mantenimiento del menor en la civilidad. De nuevo, mientras la comunidad nasa en Colombia mantiene – en gran parte por estructuras políticas cohesionadas y fortalecidas como el cabildo o la Guardia Indígena- una unidad anclada al territorio, las comunidades acholíes se encuentran dramáticamente fragmentadas en los campos de refugiados o, incluso, destruidas. Así, mientras que para el caso Nasa la comunidad se convierte en un “entorno protector” que, a manera de red, resguarda al menor de posibles amenazas y re vincula al menor con su núcleo familiar y su núcleo amplio, en Uganda se observa un “entorno de riesgo que, desgarrado por la violencia, puede coadyuvar a futuros rearmes.

En este mismo sentido, también se deben observar las diferencias sustantivas en las percepciones y actitudes que tiene los habitantes de las comunidades frente a los niños, niñas y adolescentes desvinculados. Si bien en ambos casos se “aceptan” a los menores dentro de la comunidad, los sentimientos que se tienen hacia los mismos son distintivos: alegría y confianza hacia el menor en el caso nasa se contrasta con el miedo, la desconfianza y la rabia que experimentan los habitantes de la comunidad acholí en Uganda. Recordando que en ambos continúa la confrontación armada y existen precariedades económicas, existen diversas explicaciones que pueden dar cuenta de estas actitudes tan contrastadas: en primer lugar, debido al compromiso que asume la comunidad respecto al proceso de reintegración del menor: mientras que en el caso de Uganda solo las autoridades tradicionales participan directamente en este proceso, en el caso nasa toda la comunidad en la cotidianeidad asume el compromiso de observar y verificar el proceso del menor desvinculado.

6 No está de más recordar que en muchos casos los menores del LRA fueron obligados por sus

comandantes a cometer actos atroces en contra de su propia familia, esto con el objetivo de que no tuviesen a donde regresar dado el caso que lograran escapar.

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En segundo lugar, porque en la concepción del programa Recomponer un camino de vuelta a casa las dimensiones de la justicia transicional están debidamente cubiertas, como ya se explicó anteriormente. En el caso de Uganda, la amnistía genera en las comunidades la sensación de que el menor no ha coadyuvado con los procesos de verdad y reparación, y que no ha expresado el perdón por sus actos cometidos, asunto importante para transitar hacia la coexistencia pacífica y/o la reconciliación.

En tercer lugar, debido a que en el caso nasa el componente de seguridad es ampliamente tratado por la comunidad y el programa, en contraste a la baja importancia que se le ha dado en el caso de Uganda. Al vincular dentro del programa “rearmonización” actividades como los compromisos de seguridad –en los rituales – o las pláticas de prevención que debe dar el menor a otros menores de los cabildos se garantiza que el menor se encuentre lejos de la posibilidad de volver a vincularse a un grupo armado ilegal. Esto, por ende, tiene impactos positivos en la manera en que las comunidades ven a los niños, niñas y adolescentes: ya no como posibles amenazas sino como miembros relevantes de la comunidad, armonizados con la cosmología indígena noviolenta.

De todas maneras, y respecto ámbito de la seguridad comunitaria, es importante observar los riesgos que para los dos casos significa la continuación de la confrontación armada en la región. Antes de pasar al los centros de recepción a los menores que logran escapar del LRA se les pregunta sobre su permanencia y experiencia en el grupo. Resulta importante anotar que dicha información es usada generalmente para realizar operaciones de inteligencia por parte de las fuerzas militares ugandesas en contra del LRA (Blattman y Annan, p.8). Esto es un evento que no debe ser menospreciado, ya que de cierta manera se sigue vinculando al menor a las prácticas y las lógicas de la guerra. En Colombia, este hecho se ha llevado a niveles insospechados, llegando incluso a poner como condición para que un individuo sea reconocido como desmovilizado (y acceder a los beneficios que ello implica) el colaborar con información relevante para las fuerzas militares. Este tipo de acciones son precisamente las que llevan a que las autoridades tradicionales Nasa enfaticen en la necesidad de llevar su proceso de manera independiente de las entidades estatales y la ruta que ha diseñado el estado y el ICBF, la cual por supuesto, tiene un soporte normativo que la avala.

Finalmente, es importante observar que la constitución de un ambiente comunitario positivo y movilizador para la acogida de los menores se encuentra fuertemente ligada al papel de lo político, expresado en la importancia de las autoridades tradicionales y los espacios de discusión y toma de decisiones, así como en el empoderamiento de las comunidades respecto al diseño y desarrollo de los programas de paz y reintegración. La exigua vinculación de los menores y las comunidades a los espacios de participación y construcción de política pública en el caso de Uganda se contrasta con la preeminencia que le da el programa nasa tanto a la participación comunitaria como al conocimiento y posterior enrolamiento del menor a las instancias de participación local e instancias organizativas, tales como el cabildo y la Guardia Indígena. Dicha

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vinculación se convierte en un mecanismo trascendental que a la vez que logra anclar al menor a la civilidad incide en el fortalecimiento de la autoridad local y la identidad propia

4.2 Apoyo psicosocial

El apoyo psicosocial resulta fundamental para transformar la subjetividad del menor desvinculado, atendiendo tanto a sus miedos como a sus sueños y expectativas en su nuevo rol como miembro de la comunidad. Los tránsitos que recorren los menores en Uganda y Colombia son diferentes: mientras que los del primer caso reciben la atención psicosocial cuando llegan a los centros de recepción de las ONGs, en el segundo son las autoridades tradicionales quienes hacen este primer contacto.

Por supuesto, las implicaciones son distintas: en los centros de recepción existe la tendencia a pensar que el menor tiene “traumas” psicológicos derivados de su participación, de tal manera que la atención se orienta a tratarlos a la vez que se inculcan en los menores – durante el periodo en que este participe del programa- “valores” derivados de experiencias religiosas (sobre todo cristianas). En el caso nasa el concepto de la “desarmonización” permite ver en el menor que retorna un individuo desconectado con la cosmovisión propia, pero que al primer contacto con las autoridades inicia su proceso de re-conexión con el ser indígena; un proceso que no está supeditado ni “amarrado” a los tiempos institucionales de ejecución ni de atención, un proceso donde el redescubrimiento paulatino de los valores y la identidad indígena es su característica fundamental.

En el proceso de recuperación de la identidad y los valores propios, los rituales de acogida y sanación también son fundamentales. En ambos casos las cosmovisiones contemplan la presencia de espíritus negativos en el menor desvinculado, espíritus que pueden afectar la vida en comunidad. Se realizan prácticas para eliminarlos del cuerpo del menor y para lograr una sana convivencia de este con la población. Sin embargo, la apropiación comunitaria y la frecuencia con la que estos rituales se ponen en práctica es distinta: en el caso de Uganda al estar las comunidades fragmentadas, los rituales son practicados de manera poco frecuente y existen serias dudas de que algunas ejercicios estén diseñados específicamente para recibir a los menores y buscar la reconciliación de estos con la comunidad.

En el caso colombiano, al ser la espiritualidad una parte fundamental a la que apunta el programa, los rituales son practicados de una manera más frecuente y sistemática, siempre conectados con objetivo mayor de reconectar al menor con el pensamiento y la cosmovisión indígena. No es necesario, en este sentido, desarrollar rituales específicos de reconciliación o perdón con la comunidad, ya que el desarrollo del proceso mismo de rearmonización restaura las relaciones que otrora se encontraban dañadas o rotas.

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4.3 Oportunidades para la educación y el sustento

Tanto el acceso y mantenimiento en la educación como las oportunidades laborales-productivas son pilares para garantizar una reintegración estable y acertada de niños, niñas y adolescentes. Ambos casos se desarrollan en un contexto en donde persiste una violencia estructural reflejada en la pobreza y, en muchos casos, dificultades para el acceso o mantenimiento de las iniciativas en terreno. Sin embargo, y frente a una situación similar, los dos casos se han aproximado a estos ámbitos de maneras diferentes: en términos educativos la integralidad del proyecto nasa ha situado a la escuela y el proyecto educativo propio en el centro del programa de rearmonización, introduciendo contenidos curriculares que buscan fortalecer el pensamiento indígena en el menor, pero que también son flexibles y atienden a los intereses particulares del individuo, como puede ser el arte o la música. De esta manera, la educación es concebida no sólo desde la garantía de derechos sino también desde la formación como “ser” nasa (Welter, p.69).

Por su parte, el caso de Uganda ha presentado serias dificultades derivadas de la diferencia de edad entre los menores desvinculados y sus compañeros de clase, así como la dificultad para mantenerse escolarizado cuando se deben buscar alternativas económicas de subsistencia. Esta problemática ha sido resuelta por el pueblo nasa mediante la obligatoriedad de que el menor deba terminar sus estudios para luego enrolarse en actividades productivas u organizacionales. Durante ese tiempo se busca suplir las necesidades del menor para que pueda finalizar su ciclo educativo.

Otro elemento de contraste en el plano educativo es la amplitud y los beneficiarios que tienen los proyectos de escuelas: mientras que en el caso de Uganda se han planteado escuelas que atienden únicamente a menores desvinculados, en el Cauca escuelas como El Sesteadero ha buscado incidir no solo en los niños, niñas y adolescentes sino en toda la comunidad, vinculando en sus actividades a padres de familia y otros actores (Rubio, p.81). Esto, por supuesto, reduce posibles recelos que pueden surgir en la comunidad al observar que menores que participaron en la guerra tengan una mayor posibilidad de acceder a la educación frente a niños que nunca ingresaron a un grupo armado. No está de más recordar que en contextos donde la violencia estructural prevalece la garantía del derecho a la educación es limitada, llegando incluso a convertirse en privilegio.

En el ámbito laboral-productivo si bien ambos casos presentan avances significativos las implicaciones son distintas. Obviando que tanto en el caso de Uganda como en el caso colombiano la violencia estructural en la región amenaza con la estabilidad económica de los menores, es de notar que en el primero la lectura de las dinámicas productivas locales ha sido menos acertada, y solo unos pocos proyectos han logrado capacitar y luego vincular exitosamente al excombatiente al mercado local, mientras que la gran mayoría de jóvenes se han visto abocados a desempeñarse en oficios mal pagos.

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En el caso nasa no existe siquiera la pretensión de capacitar para luego ingresar a competir dentro del mercado capitalista. Por el contario, se busca que el joven desarrolle un trabajo productivo –anclado a la actividad agrícola tradicional-que cumple con una doble función: reconectar al menor con la madre tierra y extraer beneficios que serán socializados con la familia y su comunidad.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Colombia actualmente atraviesa por un proceso de paz en el que, por el momento, no se ha hablado ampliamente sobre los niños, niñas y adolescentes vinculados a la guerra y su futuro. Más allá de compromisos sobre dejar de vincular menores a la guerra, no hay indicios de que los temas de reintegración estén prontos a tratase en La Habana, mucho menos el tema de la reintegración comunitaria.

En este contexto, y tal como se ha mostrado a lo largo del texto, la reintegración comunitaria como enfoque tiene amplias potencialidades para fortalecer las capacidades locales para la paz más allá de los desarrollos de la mesa de negociación. En comparación con los enfoques centrados en el individuo - tradicionalmente usados- puede generar sinergias entre los excombatientes y la población, fortaleciendo la institucionalidad local, empoderando a las comunidades, incidiendo positivamente en las dinámicas productivas y coadyuvando a recuperar la identidad y el tejido social comunitario. La contrastación de casos evidencia el largo camino por el que aún deben recorrer tanto comunidades como instituciones gubernamentales y no gubernamentales para apropiar el enfoque y aplicarlo adecuadamente.

Específicamente en el caso de la reintegración comunitaria de menores, la evidencia de ambos casos muestra la importancia de atender a cada una de las dimensiones expuestas: social, cultural, política, económica y de seguridad, para garantizar anclajes eficaces de los menores a la legalidad. Dichos anclajes, según se observó, están fuertemente vinculados con el acceso a la educación, a las oportunidades productivas ajustadas a las necesidades locales, al entorno protector familiar y comunitario así como a la vinculación política en instancias de participación local.

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A primera vista, pareciera que la apuesta programática del pueblo nasa ha logrado en su integralidad incidir positivamente en todas las dimensiones de la reintegración comunitaria de menores. Esto, sin duda alguna, deja buenas sensaciones respecto al estado actual de desarrollo de procesos de reintegración en Colombia respecto a otros casos en el mundo, a la vez que incita a desarrollar nuevas investigaciones que observen otros casos de reintegración comunitaria que se estén desarrollando actualmente en el país. Por supuesto, el pueblo nasa es solo uno de los múltiples pueblos étnicos en Colombia que han sido afectados por la guerra y que han desarrollado iniciativas locales para construir paz y reintegrar a miembros de la comunidad que participaron en grupos armados.

Sin duda alguna, el ejercicio comparativo con el caso de Uganda sirve para derivar importantes lecciones a tener en cuenta en los procesos de reintegración comunitaria de menores que se desarrollan Colombia. En primer lugar, llama la atención sobre las vicisitudes que pueden enfrentar los programas en un contexto tanto de continuación de la violencia como de pobreza estructural, condiciones que caracterizan el complejo y prolongado conflicto colombiano. Mientras las confrontaciones violentas persistan en el territorio, la desconfianza, el miedo y la rabia de la población, así como las posibilidades de re-vinculaciones son riesgos inminentes. De igual manera, en tanto los programas no estén diseñados para incidir positivamente en el desarrollo local, la sostenibilidad al largo plazo se verá seriamente afectada.

En segundo lugar, el proceso de Uganda muestra las implicaciones negativas que tienen en los procesos de reintegración de menores asuntos como la desestructuración de las familias y comunidades, los programas de reintegración económica no ajustados a las necesidades locales del mercado y la nula presencia de elementos de justicia transicional local que garanticen los derechos de las víctimas. Especialmente deja lecciones respecto a la importancia del empoderamiento de las comunidades y la necesidad de su participación activa en el diseño e implementación de los programas.

Finalmente, deja abierta la pregunta respecto a la introducción del enfoque de género en los programas de reintegración de menores, proceso que todavía se presenta de manera incipiente en ambos casos. Investigaciones anteriores realizadas en el marco de la Especialización en Construcción de Paz y Acción sin Daño han mostrado la importancia de tomar en cuenta las capacidades de las mujeres desmovilizadas en la construcción de paz local, capacidades que surgen de su experiencia de la guerra y que tienen como ejes fundamentales la asociación, la razón práctica y la libertad (Barrera, 2011).

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