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Revista Digital Nro. 4

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ÍNDICE

Artículos de Interés

“Multas, sanciones y denuncias a sociedades y entidades civiles. La IGJ

profundiza su función fiscalizadora”, publicado por Diario BAE…………..…4

“Significativo avance en la implementación del Registro Nacional de Sociedades”,

publicado por Diario Registrado……………………………………………….……......6

“Ya está en marcha el sistema de oficios digitales”, por la Dra. María Oneto,

Lic. Mariela Zuchowicki y el Ing. Christian López………………......................7

Sección Especial

Autoridades de la IGJ visitaron las provincias de La Rioja, Tucumán,

Chaco y Corrientes………………….………………………………………….…....10

Galería de imágenes……………………………………………………………...13

Actos administrativos de las entidades de fiscalización provinciales.

Disposiciones generales de la provincia del Chaco…………….………..….….15

DISPOSICIÓN GENERAL Nº 123…………………………………………….15

DISPOSICIÓN GENERAL Nº 127…………………………………………….16

DISPOSICIÓN GENERAL Nº 149…………………………………………….17

Jurisprudencia comentada

Declaración Jurada: sus prolegómenos, consecuencias y el aval de la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por la Dra. Maria Candela

Gasparini y el Licenciado Martín Castro, asesores de la Dirección del Registro

Nacional de Sociedades…………………………………………………………..19

“Inspección General de Justicia c/ The Clorox Company S.A.

s/ Recurso Contencioso Administrativo” …….…………………………....….23

“Inspección General de Justicia c/ Mc Cann Erickson

Corporation S.A. s/Organismos Externos”………………..……………...…..25

Inspección General de Justicia c/ Transportes Marvel Ltda. S/ Organismos

Externos”……………………………………………………….…...…………..28

“Inspección General de Justicia c/ Acquanova S.A. s/ Organismos

Externos”……………………………………………………………...………...28

Novedades Institucionales

1. La Declaración Jurada: finalizó la etapa de presentación para Asociaciones Civiles,

Fundaciones y Sociedades Extranjeras ……………………………….………………..30

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2. Programa de Digitalización de documentación …………………………………….30

3. La IGJ está trabajando junto al SINTyS para optimizar su función fiscalizadora:

se multó a sociedades por falsedad de datos por declarar autoridades fallecidas en

Declaración Jurada ……………………………………………………………….……..31

4. Las provincias del Chaco y de Santa Cruz adhirieron al Registro Nacional de

Sociedades; y en la provincia de Santa Fe se logró la media sanción…….…………..31

5. La IGJ se encuentra trabajando junto a las autoridades del Consejo Profesional de

Ciencias Económicas (CPCE) de la Capital Federal en la confección de sistemas de

remisión digital……………………………………………………………….…….…….32

6. Instructivos de la Comisión de Criterios Uniformes………………………….…….33

7. Índice de gestión…..……………………………………………..……………..……..37

Resoluciones Generales

Resolución (G) IGJ Nº 2/2011…………………………………………………..39

Resoluciones Particulares 2010

Auken S.A., Resolución (P) Nº 661/2010………………………………….……41

Asociación Criadores de Holando Argentino,

Resolución (P) IGJ Nº 361/10…………………………………………….....…..43

Almatrade S.A., Resolución (P) IGJ Nº 360/10…………………………......….48

Gestión De Documentación Aduanera S.A.,

Resolución (P) IGJ Nº 1148/10………………………………………….……....51

Asociación Argentina De Pesca,

Resolución (P) IGJ Nº 931/10…………………………………………….......…54

Asociación Argentina Distribuidores Representantes de Editoriales,

Resolución (P) IGJ Nº 678/10……………………………………….……...…...60

Equipo de redacción…………………………………………………………………..…67

Contacto: [email protected]

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Artículos de Interés

Multas, sanciones y denuncias a sociedades y

entidades civiles La IGJ profundiza su función fiscalizadora (*)

Con la premisa de seguir profundizando la institucionalidad, la Inspección General de Justicia trabaja por mejorar no solo sus funciones registrales, sino también para fortalecer la función de fiscalización de las sociedades y entidades civiles. En tal sentido, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dictó diferentes resoluciones en las cuales sancionó a entidades civiles por denunciar datos falsos ante el Organismo de Control, como así también, en otros antecedentes, dispuso dar intervención a la justifica penal por presentar planchas de inscripción falsas o inscribir sociedades conformadas con accionistas fallecidos años antes. En uno de los casos y al haberse constatado irregularidades en la plancha de inscripción relacionada al domicilio de una sociedad en el marco de un conflicto laboral, se dio inmediata intervención a la justicia penal. Desde el organismo explicaron que a raíz de la solicitud realizada desde la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo, “se pudo constatar que el número de registro

declarado por la sociedad demandada no coincide con nuestra base registral, al no corresponder con la sociedad en cuestión; a su vez, el agente que supuestamente había suscripto la plancha de inscripción de cambio de domicilio había fallecido dos años antes”. Al respecto, el titular del organismo, Marcelo Mamberti, señaló que “la IGJ asume el compromiso de evaluar y establecer los mecanismos de modernización necesarios que permitan cumplir de manera óptima con las funciones, lo

que implica una adecuación tanto jurídica, como de recursos económicos, técnicos y humanos”. Este compromiso, explicó, se traduce en acciones y programas concretos. Entre otras estrategias, se apunta a reforzar el vínculo y la articulación con diversos organismos del sector público. En este marco, la IGJ trabaja mancomunadamente con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con quien el intercambio de información resulta muy relevante a los fines de la fiscalización. Como consecuencia de estas acciones, también puede citarse otra resolución en la cual la Inspección solicitó la nulidad de una sociedad y asimismo dio intervención a la justicia penal. Al respecto, la doctora Silvina Martínez, Directora del Registro Nacional de Sociedades – sector donde se detectaron los casos mencionados y desde el cual se lleva adelante el

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intercambio de información- señaló que “en este caso se trata de una sociedad que, al momento de su registración, presentó en su estatuto como accionista, una persona fallecida 9 años antes”, remarcando la gravedad de situaciones como ésta, donde están implicados profesionales que dan fe sobre hechos falsos. Por otro lado, cabe recordar también las recientes resoluciones de la IGJ a través de las cuales se sancionó y multó a asociaciones que falsearon la nómina de autoridades vigentes al momento de presentar su declaración jurada. Se trata de la presentación realizada por tres asociaciones civiles, cada una de las cuales “es pasible de multa según el art. 6 Res. IGJ 1/2010, ya que el representante no puede alegar el desconocimiento del fallecimiento de una de las autoridades de la entidad al momento de suscribir la Declaración Jurada”. En el marco del reempadronamiento que se lleva adelante desde julio de 2010, ya se han aplicado cerca de 300 multas. Cabe recordar que la Resolución IGJ N° 1/2010 establece la obligatoriedad de las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones de presentar una declaración jurada de actualización de datos. “Todos conocemos la importancia del rol que cumplen en el desarrollo nacional los distintos emprendimientos, sean productivos, sociales o culturales” señalaron las autoridades de la IGJ y concluyeron que “es una responsabilidad del Estado regular los mecanismos que permitan que todo se realice en el marco de la ley; el registro y fiscalización es una función indelegable de la IGJ; pero este proceso necesita también, de manera imprescindible, del compromiso y colaboración por parte de los profesionales que intervienen en las constituciones societarias y de la sociedad en general”.

Plazos definitivos para la DDJJ ante la IGJ * Sociedades comerciales, hasta el 30 de noviembre, para enviar el aplicativo vía web. Para la presentación en forma impresa, solicitar un turno a través de http://www.jus.gov.ar/igj/ Se recuerda que el trámite es obligatorio. Se aplicarán multas y sanciones en caso de incumplimiento o falsedad de datos.

(*) Artículo Publicado por Diario BAE, Suplemento Judicial, el miércoles 28 de

septiembre de 2011

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Significativo avance en la implementación del

Registro Nacional de Sociedades (*) En el último año tomó gran impulso la iniciativa del gobierno nacional que busca implementar una base única de datos y conformar el Registro Nacional de Sociedades (RNS). Mendoza, Jujuy, La Pampa, Tucumán, Río Negro, Chaco y La Rioja ya adhirieron a la normativa, mientras que en varias provincias el proyecto está en tratamiento en las legislaturas

Según afirmaron desde la Inspección General de Justicia, organismo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, “la propuesta apunta a lograr una mayor transparencia a fin de evitar la utilización de instrumentos societarios con el objetivo de violar la ley o los derechos de terceros”.

De Izq. a Der. Dr. Gonzalo de la Colina, Dr. Ernesto Kreplak, Dr. Felipe Álvarez y Dr. Marcelo Mamberti en la firma del convenio de cooperación entre la provincia de la Rioja y la IGJ.

Los datos de las registraciones societarias se integrarán en la base federal del RNS, facilitando el acceso a la información y la construcción de datos estadísticos. “De esta manera los terceros interesados, la justicia y los organismos estatales nacionales y provinciales podrán consultar los datos de una sociedad o entidad civil constituida en cualquier lugar del territorio nacional”, aclararon desde la IGJ.

A su vez, señalaron que “contar con un registro nacional de sociedades permitirá asegurar la validez de los actos societarios en todo el país, evitar homonimias, incrementar la seguridad jurídica, a la vez que profundizar los mecanismos de transparencia fiscal, prevenir fraudes y facilitar la lucha contra otras prácticas delictivas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”. La implementación del Registro Nacional de Sociedades no altera las facultades de registro y control que tienen los organismos provinciales; es un registro de segundo grado al cual las provincias adhieren mediante la sanción de una ley local, conforme lo establece la Ley 26.047.

(*) Articulo publicado por Diario Registrado, el 14 de septiembre de 2011.

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Ya está en marcha el sistema de oficios digitales

Por la Dra. María Oneto, la Lic. Mariela Zuchowicki y el

Ing. Christian López

El pasado viernes 26 de agosto, el Dr. Marcelo Mamberti y la Directora del

Registro Nacional de Sociedades, Dra. Silvina Martínez, lanzaron la prueba

piloto del intercambio vía digital con distintos Juzgados Nacionales de

Primera Instancia.

Después de veinte meses de trabajo interno y colaboración con el Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría General de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación, se lanzó la prueba piloto mediante la cual 27 secretarías

pertenecientes a Juzgados Nacionales de Primera Instancia de los fueros civil,

comercial, laboral y criminal de instrucción podrán, a través de una página web,

solicitar información a la IGJ, la que será respondida vía electrónica y con firma

digital. La presentación contó con la capacitación necesaria para operar el

sistema, en la que se hizo hincapié en la modalidad de remisión.

El Dr. Mamberti y la Dra. Martínez durante la disertación

Cabe mencionar que el proyecto se gestó en 2008, como un convenio marco,

cuyo modelo habían presentado algunos asesores de la Secretaría General de la

CSJN. Mediante el mismo, el Ministerio y la Corte Suprema de Justicia de la

Nación se comprometían a aunar esfuerzos. En noviembre de 2009, con la

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presencia del ministro de Justicia y DDH, Julio Alak, el presidente de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y el Inspector General de

Justicia, Marcelo Mamberti, se llevó a cabo la firma del convenio. Si bien la IGJ no

era signatario, era parte esencial de la propuesta, por lo que quedaba bajo su

responsabilidad el impulso necesario para implementar la prueba piloto.

El paso siguiente fue la firma de un Acta de Coordinación Específica, un

documento previsto en el convenio marco. A través de la misma, las áreas de

informática involucradas –CSJN, Ministerio e IGJ- tuvieron que consensuar cómo

se realizaría el intercambio desde el punto de vista operativo y de sistemas. Ese

documento fue crucial porque permitió avanzar y esclarecer las divergencias de

alcance e interpretación entre las partes.

La intención primaria fue la optimización de la provisión de servicios por parte del

organismo, que no sólo le simplificara al usuario la solicitud de información –en

este caso el juzgado- sino también a la División Oficios de la IGJ, la respuesta. En

tal sentido, se logró informatizar el proceso de respuesta de forma tal que dicha

área pueda, de manera sencilla, captar las imágenes y la información de las

distintas bases y adjuntarlas a la contestación “ad hoc”.

Ventajas

Para el usuario, la posibilidad de realizar, remitir y recibir la respuesta desde su

computadora personal y desde su lugar de trabajo. Este procedimiento, en

formato papel, requiere de varios pasos que involucran tanto al juzgado como al

abogado y/o particular que necesita de la información para su expediente judicial.

Para la IGJ, es un avance hacia despapelización y, sobre todo, un significativo

ahorro en recursos humanos, papel y equipamiento informático. Por este

sistema, en lugar de remitir al juzgado gran cantidad de fotocopias, las

cuales implican el expendio de los recursos económicos del organismo –

más allá del recupero por formulario-, se remite un archivo que el usuario

debe descargar e imprimir. Ello sólo amerita todo el trabajo que supuso

poner en marcha esta prueba piloto.

Respecto del sistema, su mayor comodidad está dada en que, mediante la

página de solicitud, los usuarios se registran en el sistema y acceden a una

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bandeja que registra los pedidos y su estado por secretaría. Por otra parte, se

remiten mails automáticos a la casilla informada, que van dando cuenta de las

novedades más relevantes sobre cada trámite. El formulario es muy sencillo y

apenas es enviado genera número de trámite interno en IGJ. Esto le permite al

usuario confirmar, prácticamente en el momento, que su trámite fue presentado e

imprimir dicha confirmación. Aquello que puede ser solicitado está incluido en una

lista y cada pedido debe, necesariamente, referirse a una sola sociedad.

Por Acuerdo Complementario firmado entre la Secretaría General de la CSJN y la

IGJ se establecieron todas las condiciones de realización de la prueba piloto.

Como fuera mencionado por la Directora del RNS en la presentación del sistema,

ahora comienza la etapa en la que los usuarios podrán probar y sugerir los

cambios que lo optimicen, de cara a ampliarlo a la mayor cantidad de juzgados

que sea posible.

Para la IGJ, el nuevo sistema de oficios digitales es el primer paso para hacerlo

extensivo a todos los pedidos que provengan de reparticiones públicas de

cualquier índole. Esto es posible dado que se trataría de una misma matriz que, a

través del tipo de enlace, usuario, contraseña y firma digital, que asegure la

seguridad y confiabilidad de los datos que el organismo proporciona, permitirá

ingresar en una nueva etapa de transmisión de información. Este importante

avance está también relacionado con la necesidad de digitalización de todo el

Registro Público de Comercio y de la documentación de entidades civiles, así

como también con la mejora de los circuitos de los trámites. En ese sentido, la

labor de las áreas sustantivas del organismo y del Departamento de Sistemas

será invalorable.

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Sección Especial

Autoridades de la IGJ visitaron las provincias de La Rioja,

Tucumán, Chaco y Corrientes

Conforme el cronograma de visitas a las jurisdicciones provinciales previsto para

este año, en el mes de agosto, el Subsecretario de Coordinación y Control de

Gestión Registral, Dr. Ernesto Kreplak, el Inspector General de Justicia, Dr.

Marcelo Mamberti, y

la Directora del

Registro Nacional de

Sociedades, Dra.

Silvina Martínez,

realizaron visitas a

las provincias de La

Rioja y Tucumán. En la jurisdicción riojana, se reunieron con el Gobernador, Luis

Beder Herrera, con el Ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos

Humanos, Felipe Álvarez, y con el Inspector de Personas Jurídicas, Gonzalo de la

Colina; en la oportunidad, y en el marco de la adhesión a la Ley 26.047, se

suscribieron los respectivos convenios y se realizó el relevamiento de la

Inspección provincial de personería jurídica.

Durante los días 4 y 5 de agosto, las

autoridades de la IGJ visitaron la

provincia de Tucumán, donde se

reunieron con el Fiscal de Estado,

Pedro Giudice, y con el Director de

Personas Jurídicas, Aldo Eduardo

Madero. Allí también realizaron el

correspondiente relevamiento técnico.

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En tanto, el 28 de septiembre, las autoridades visitaron la Dirección de Personas

Jurídicas del Chaco, donde fueron recibidos por el director a cargo, Luis Alberto

Coria, y llevaron a

cabo el

correspondiente

relevamiento del

organismo, como

paso previo a la

firma de un Acta

Acuerdo de

Cooperación con el

Ministro de

Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Juan Manuel Pedrini, la que se efectuó

en horas del mediodía. Por la tarde, en la sede del Colegio de Escribanos

provincial, las autoridades de la IGJ, junto al Subsecretario de Gobierno, José

Mongeló, y el Director de Personas Jurídicas, brindaron una charla informativa

sobre el Registro Nacional de Sociedades..

Por otro lado, el jueves 29 de septiembre, los funcionarios nacionales fueron

recibidos por los

senadores de la

Comisión de

Legislación y

Asuntos

Constitucionales

del Senado de la

provincia de

Corrientes. Allí

expusieron los

fundamentos de la importancia de contar con un registro nacional de segundo

grado, y dialogaron acerca de los avances de la provincia en relación al proyecto

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de adhesión a la Ley 26.047 de Registros Nacionales, de manera tal de dar

impulso a la iniciativa.

Al día siguiente, se reunieron con el

Director de Personería Jurídica de la

provincia, Juan Carlos Noya, reunión

a la que también asistió el Asesor

Legal General del Ministerio de

Gobierno provincial, Horacio David

Ortega.

Cabe destacar que en las jurisdicciones que ya han adherido a la normativa, las

autoridades

nacionales ,

participaron de

charlas realizadas

en la sedes de los

colegios

profesionales acerca

de las leyes de

adhesión al Registro Nacional de Sociedades, con el objetivo de informar a

profesionales y personal de los organismos de fiscalización provinciales.

Para visualizar la firma del convenio de cooperación con la provincia del Chaco, ingresar a

http://videos.eldifusor.com/2011/10/convenio-para-aplicar-ley-de-registro.html

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Galería de imágenes

Relevamiento técnico en la Dirección General de Inspección de Personas

Jurídicas de la provincia de La Rioja

Relevamiento técnico en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia del

Chaco

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Visita a la Dirección de Personería Jurídica de la provincia de Corrientes

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Actos administrativos de las dependencias

provinciales homólogas

Con la presente edición, se inaugura esta nueva sección que tiene el

objetivo de difundir la normativa relevante de las direcciones de personería

jurídica provinciales, instaurando un espacio propicio para optimizar el

diálogo interprovincial

Disposiciones Generales de la provincia del Chaco

DISPOSICION GENERAL Nº 123

Resistencia, 18 de Febrero del 2008 VISTO:

Las facultades legales y reglamentarias de esta Dirección de las Personas Jurídicas referidas al funcionamiento de las entidades de bien común; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 610/08 se autoriza a esta Dirección a reglamentar el

régimen de las Unidades Asociativas Territoriales de Base con el objeto de otorgar el carácter de sujetos de derecho a agrupaciones de personas físicas con las que se pretende interactuar en la solución de múltiples problemas sociales;

Por ello:

EL DIRECTOR DE LAS PERSONAS JURIDICAS DE LA PROVINCIA DEL CHACO

D I S P O N E: ARTICULO 1º: Habilitar en dependencias de esta Dirección de las Personas Jurídicas el registro de Unidades Asociativas Territoriales de Base con domicilio en esta Provincia del Chaco.

ARTICULO 2º: A los efectos de la inscripción en el Registro habilitado por el artículo

precedente, cada entidad interesada deberá presentar:

a) Nota de solicitud firmada por el representante legal de la UATB indicando denominación, zona o lugar territorial específico de actuación y domicilio real del representante legal.

b) Acta Constitutiva de la UATB con las firmas certificadas por Escribano Público en el original y una fotocopia simple.

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c) Texto en original del Estatuto aprobado con las firmas sin certificar de todos los constituyentes y cuatro juegos de fotocopias simples.

d) Antecedente de la agrupación cuando su existencia de hecho fuere anterior. e) Listado de cada uno de sus miembros indicando Apellido y Nombre, Domicilio real,

Tipo y Número de Documento de Identidad, Fecha de Nacimiento, ocupación y Firma.

ARTICULO 3º: Una vez inscripta en el registro la UATB, su representante legal deberá presentar

para su habilitación un libro de Caja para registrar el movimiento de fondos en efectivo; un Libro

de Inventarios para registrar los bienes propios de la UATB y anualmente consignar un inventario

de bienes y deudas, un Libro de Actas para documentar todas las deliberaciones de las

asambleas y un Registro de Asociados para consignar los datos de cada uno de sus integrantes.

El depositario y responsable de tales registros será el Representante Legal de la UATB sin

perjuicio de los colaborados que lo asistan en dicha tarea.

ARTICULO 4º: Registrar la presente Disposición. Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco. Notificar a las distintas dependencias de ésta Dirección. Cumplido, archivar.

CP. Luís Alberto Coria-

DISPOSICION GENERAL Nº 127

Resistencia, 31 de Marzo 2009. VISTO:

El Decreto del Poder Ejecutivo Nº 610/08; y CONSIDERANDO:

Que resulta menester el establecimiento de pautas uniformes para el control de las simples asociaciones comprendidas en los términos de dicho decreto, en lo relativo a la situación económico patrimonial de cada Unidad Asociativa Territorial de Base;

Que para ello resulta conveniente establecer una fecha uniforme de cierre

de ejercicio anual para confeccionar un inventario de bienes y deudas y un cuadro de ingresos y egresos anuales que deberán aprobar todos los miembros de la entidad reunidos en asamblea y posteriormente el representante legal deberá presentar ante esta Dirección de las Personas Jurídicas;

Por ello:

EL DIRECTOR DE LAS PERSONAS JURIDICAS DISPONE:

ARTÍCULO 1º: Sin perjuicio de lo que establezcan los respectivos estatutos, todas las Unidades Asociativas Territoriales de Base constituidas conforme lo establece el Decreto Nº 610/08 del Poder Ejecutivo e inscriptas ante esta Dirección, deberán confeccionar un Inventario de Bienes y Deudas y un Cuadro de Ingresos y Egresos anual cerrado el día 30 de junio de cada año.. ARTÍCULO 2º: La documentación que se exige por el artículo 1º de esta disposición, deberá ser aprobada por la asamblea de miembros de la U.A.T.B. y presentada ante esta Dirección de las

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Personas Jurídicas juntamente con copia del acta de aprobación dentro de los dos meses posteriores a la fecha de cierre prevista en el artículo anterior. ARTÍCULO 3º: Registrar la presente Disposición, comunicar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco, cumplido, archivar CP. Luís Alberto Coria-

DISPOSICIÓN GENERAL Nº 149

Resistencia, 9 de septiembre de 2011 VISTO:

Las atribuciones conferidas a esta Dirección por los Artículos 5º, inciso 1) y 11º), inciso 5) de la Ley 2398 y 13º y 14º del Decreto Reglamentario 596/80; y CONSIDERANDO:

La conveniencia de simplificar para las asociaciones civiles fiscalizadas y para esta Dirección, el trámite de la documentación relacionada con las convocatorias a Asambleas Generales; Por ello:

EL DIRECTOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DEL CHACO D I S P O N E:

ARTÍCULO 1º: Las asociaciones civiles, religiosas y simples asociaciones, en oportunidad de convocar a asambleas generales, deberán presentar con una anticipación mínima de diez días corridos previos a la fecha prevista para la celebración de dicha asamblea, una nota indicando el día, hora y lugar de celebración de la misma y declarando bajo juramento haber dado cumplimiento a todas las exigencias y procedimientos estatutariamente previstos para tal fin salvaguardando especialmente los derechos de los asociados. Dicha declaración jurada deberá estar firmada por el presidente, el secretario, el tesorero y un revisor de cuentas titular de la entidad y las firmas deberán estar certificadas por escribano público o juez de paz. ARTÍCULO 2º: Dentro de los treinta días corridos posteriores a la celebración de la asamblea, las entidades deberán presentar a esta Dirección:

a) Nota firmada por el presidente en la que detalle la documentación que acompaña. b) Fotocopia autenticada por escribano público o juez de paz del acta de la asamblea

labrada en el libro respectivo con las firmas correspondientes. En caso de actas manuscritas deberá agregarse una copia textual simple impresa por medios mecánicos o electrónicos y firmada ésta última por el presidente.

c) Fotocopia autenticada por escribano público o juez de paz del registro de asistencia a dicha asamblea.

d) Ejemplar de la Memoria, Estados Contables e Informes de los Revisores de Cuentas en todos los casos debidamente firmados por los responsables estatutarios.

e) Nómina de autoridades completa indicando: cargo; duración del mandato; fecha de asunción del cargo; apellido y nombres; CUIT o CUIL; DNI; fecha de nacimiento; lugar de nacimiento; domicilio particular; ocupación y firma de aceptación del cargo.

f) Nómina firmada por el Presidente y Secretario, de la totalidad de los asociados indicando para cada uno el nombre y apellido; el DNI; el domicilio particular; la categoría y el estado de cumplimiento de sus cuotas sociales. Esta nómina puede reemplazarse por fotocopia legible del registro de asociados firmada por el presidente.

g) Ejemplar original del órgano en el que se publicó la convocatoria a asamblea según lo dispongan los estatutos.

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h) Cuando se trate de reformas de estatutos se deberá acompañar por separado un ejemplar del texto vigente a la fecha de la asamblea de cada artículo a reformar y un ejemplar del texto reformado.

i) En todo otro caso la documentación pertinente de los temas tratados en el orden del día.

ARTÍCULO 3º: Esta Dirección de las Personas Jurídicas se reserva la atribución de exigir la presentación de documentación y/o información adicional y de inspeccionar en el domicilio de la entidad otros documentos o registros tanto en forma previa como posterior a la asamblea cuando lo considere pertinente y sin necesidad de fundamentar el procedimiento. ARTÍCULO 4º: Para el caso de que en las asambleas se trate una reforma estatutaria, la entidad deberá presentar, a requerimiento de esta Dirección, cuatro ejemplares originales en papel romaní de 25 líneas, respetando estrictamente los márgenes y dimensiones de aquel. El texto deberá estar impreso en forma corrida (sin dejar espacios en blanco), utilizando el anverso y reverso de la hoja, en letra Arial 12 – no se admitirá errores ortográficos, de transcripción, enmiendas y/o rapaduras. El texto llevará la firma en original del Secretario y Presidente de la entidad, al pié de cada una de las carillas utilizadas, debiendo figurar las mismas al final, con la aclaración de nombre y apellido y además el cargo. ARTÍCULO 5º: La asamblea podrá aprobar que se pase a cuarto intermedio por una sola vez y por un término no mayor a treinta (30) días corridos, debiendo comunicarse a la Dirección de las Personas Jurídicas dicha decisión y la fecha de reanudación del acto dentro de los tres (3) días hábiles de adoptada. Por la vía de excepción y mediante Disposición fundada podrá autorizarse un plazo mayor para la reanudación. ARTÍCULO 6º: Derogar en todas sus partes la Disposición General Nº 128 de esta Dirección. ARTÍCULO 7º: Registrar la presente Disposición, comunicar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia del Chaco, cumplido, archivar. CP. Luís Alberto Coria- MODELO DEL ART. 1º DISPOSICIÓN GENERAL Nº 149 FORMULARIO Nº CIUDAD, LOCALIDAD, ETC.…….FECHA SEÑOR DIRECTOR DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN RELACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE CONVOCA LA ASOCIACIÓN CIVIL……………. CUIT Nº ……………. PARA EL DÍA ……. A LA HORA….. EN…………, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE SE HAN DADO CUMPLIMIENTO A TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ESTATUTOS DE NUESTRA ENTIDAD Y LA NORMATIVA VIGENTE, QUEDANDO A SU ENTERA DISPOSICIÓN, SI LO SOLICITARA, PARA LA PRESENTACIÓN Y/O LA VERIFICACIÓN, DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. PRESIDENTE SECRETARIO TESORERO REV. CTAS. TITULAR (LAS FIRMAS DEBERÁN SER CERTIFICADAS POR ESCRIBANO PÚBLICO O JUEZ DE PAZ)

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Jurisprudencia comentada

Declaración Jurada

Sus prolegómenos, consecuencias y el aval de la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Comercial, por la Dra. María

Candela Gasparini y el Lic. Martín Castro

Los prolegómenos de la iniciativa “presentación de Declaración Jurada” se

remontan al momento en el cual el Inspector General de Justicia y las autoridades

de esta Inspección General observaron que las entidades no contaban con sus

datos registrales actualizados, al no cumplir con la totalidad de sus

presentaciones, causando que los registros de este organismo de contralor no

satisficieran el propósito para el cual fueran creados, como por ejemplo, dar

publicidad a datos certeros, actuales y esenciales de la vida societaria de cada

una de las entidades que conforman la base de datos del Registro Público de

Comercio. En virtud de haber detectado tal deficiencia, las autoridades evaluaron

la necesidad de intervenir de modo firme y certero a fin de revertir tal situación.

Es menester mencionar que la presente iniciativa recoge como antecedente la

actualización de datos llevada a cabo en el año 1994, mediante Resolución IGJ

(G) Nº 8/1994. Transcurridos más de 15 años desde su dictado, algunas

entidades dejaron de cumplir con las cargas que la normativa societaria les exige,

obstaculizando la tarea fiscalizadora del organismo. En vista de ello, se resolvió

impulsar una nueva medida con el fin de actualizar y organizar la información

societaria.

Asimismo, el registro de la Inspección presentaba una realidad muy particular,

debido a que parte del padrón de entidades inscriptas se encontraba inactivo, con

entidades que no realizaron presentaciones durante los últimos 5 años. Esta

situación imposibilitaba poseer un panorama real del universo societario sujeto a

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fiscalización por parte del organismo, según las facultades otorgadas por la Ley

22.315.

Es por ello que, a mediados de 2010, el Dr. Marcelo Mamberti, Inspector General

de Justicia, dictó la Resolución (G) Nº 1/2010, con el objetivo de planificar e

intensificar las tareas de fiscalización ya existentes y de actualizar la base de

datos del organismo, por lo que se impuso la obligación de presentar una

Declaración Jurada de actualización de datos. La norma alcanzaba a las

Sociedades Comerciales, Sociedades Extranjeras y Binacionales; Asociaciones

Civiles y Fundaciones que se hayan constituido hasta el 19 de julio de 2010.

Una vez puesto en marcha el operativo Declaración Jurada, fue necesaria una

sucesión de Resoluciones Generales para complementar a la Resolución (G) Nº

1/2010, a efectos de establecer los plazos y modalidad de presentación.

A fin de fiscalizar la información declarada, la Inspección instrumentó el

procedimiento que se describe a continuación:

Una vez presentada la Declaración Jurada según los requisitos formales, la

misma es analizada por un cuerpo de inspectores que coteja la información

declarada con aquella oportunamente inscripta en los registros de la IGJ.

En caso de que la información declarada coincidiere con aquella

registrada, se procederá a su aprobación, finalizando el trámite en esta

instancia.

Bajo el supuesto que se declarase información que no ha sido inscripta,

manifestando expresamente que no se ha realizado su inscripción en la

actualización de datos, el organismo procede a intimar a dicha entidad a

regularizar su situación registral.

Finalmente, cuando una entidad suscribiere información no inscripta

caracterizándola como tal, la misma incurre un supuesto de falsedad de

datos, siendo pasible de sanción pecuniaria como es la multa,

contemplado en el articulo 6 de la Res. (G) Nº 1/2010. La misma sanción

se aplicará en caso de no cumplir con la presentación de la misma.

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Al cierre de la presente edición, la IGJ ha sancionado mediante multa a más de

300 entidades por falsedad en la declaración presentada, siendo ratificado el

accionar del organismo por distintas salas de la Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Comercial.

En general, los fundamentos de los recursos presentados por las distintas

entidades versaron en que la falsedad se debió a “un error involuntario que no

habría causado perjuicio a terceros ni habría impedido la función fiscalizadora de

la IGJ”. En todos los casos, la multa impuesta por la IGJ ascendía a 3 mil pesos.

Tras la intervención de la Cámara Nacional, los camaristas de las salas A, D y E

coincidieron en que “tratándose de una declaración jurada presentada ante el

organismo de fiscalización debió la recurrente tomar los recaudos necesarios

para no incurrir en un falseamiento de datos”.

En este orden de ideas, los camaristas consideraron que la justificación brindada

por la recurrente de que el domicilio consignado en la mencionada declaración

jurada fue un error, no resulta excusable (art. 20 y 923 del Código Civil). Era su

obligación, a tenor de las normas señaladas, comunicar al organismo de contralor

todo cambio de su domicilio.

La Sala E en los autos caratulados: “Inspección General de Justicia c/

Transportes Marvel Ltda. S/ organismos externos”, ha entendido que la falsedad

se traduce en una afectación a la transparencia y seguridad del tráfico mercantil

que merece ser sancionada.

Mientras que el tribunal de la Sala D señalo “que en cuanto al domicilio social,

(…) la Resolución General IGJ Nº. 12/2004 destaca la importancia que la certeza

y efectividad de la sede social reviste para la transparencia del tráfico mercantil y

el ejercicio de las funciones de fiscalización de la Inspección General de Justicia

(…) La referida resolución menciona que la exigencia de comunicar todo cambio

de la sede social evidencia el propósito de una más efectiva publicidad de la sede

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social y las finalidades que esta satisface en el tráfico mercantil (…)”. En tal

contexto, con el fin de evitar la desvirtuación práctica de la efectividad de la sede

social a través de la proliferación de sedes de carácter ficticio, la referida

resolución dispone la obligación de inscribir en la Inspección General de Justicia

todo cambio de la sede social.” “Inspección General de Justicia C/ The Clorox

Company S.A.”

La Sala E, en el fallo correspondiente a “Inspección General de Justicia c/ Mc

Cann-Erickson Corporation S.A.”, expresó que la justificación de las empresas no

es adecuada, dado que la “obligación de mantener el domicilio social actualizado

o haber denunciado la sede social efectiva recae sobre la sociedad y no sobre el

ente de contralor”.

Agregó que “tampoco corresponde hacer lugar al agravio que sostiene que la

sociedad debió ser intimada a subsanar el error en que incurriera con carácter

previo a aplicar la sanción. Al respecto cabe reiterar que la obligación de

mantener el domicilio social actualizado o haber denunciado la sede social

efectiva recae sobre la sociedad y no sobre el ente de contralor. (Res (G). Nº.

12/2004; Res. Gral. Nº. 7/2005 y Res. Gral. Nº. 1/2010). Por lo dicho, y dado que

la función de fiscalización del ente tiende a preservar la seguridad jurídica y la

protección de los derechos de terceros, la sanción impuesta por la Inspección

General de Justicia resulta ajustada a derecho. “

Mientras que en los autos “Inspección General de Justicia c/ Acquanova S.A.” la

misma sala sostuvo que: “El incumplimiento de la presentación de los estados

contables es una infracción objetivamente comprobada. Los conflictos internos

que pueden existir en el seno de la sociedad no pueden erigirse en excusas

valederas para justificar el apartamiento de la ley. Tal situación no resulta

eximente de la obligación legal, pues la normativa aplicable no formula ese

distingo. Lo mismo ocurre en relación a la imputada falta de pago de las tasas

anuales, careciendo de relevancia, a la luz de lo precedente expuesto, las

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justificaciones ensayadas en torno a que se trataba de una cuestión supeditada a

la confección y presentación de los estados contables “.

En virtud de lo manifestado, es evidente que la medida dispuesta ha sido

ratificada por la jurisprudencia; la cual se ha pronunciado respecto de la

responsabilidad que reviste a las autoridades de las entidades respecto de la

pertinencia y calidad de la información suscripta a este organismo.

Para concluir, cabe destacar que la administración de esta Inspección posee la

ferviente convicción de que la Declaración Jurada cumplirá con el objetivo para el

cual fuera ideada. Siempre teniendo en cuenta que el propósito final de la

iniciativa está orientado a contribuir con la seguridad jurídica y la protección de los

derechos de terceros.

Prueba de ello es que, una vez vencido el plazo de presentación para las

Asociaciones Civiles y Fundaciones; y Sociedades Extranjeras, este organismo

ha intimado a las entidades civiles que no han cumplido con la Resolución IGJ (G)

Nº 1/2010; asimismo, se ha procedido al bloqueo de ingreso de trámites

correspondientes a las mismas. Para obtener los resultados finales, primero

deberá cumplirse el plazo de cierre para la presentación de Sociedades

Comerciales (30 de noviembre inclusive para el envío por aplicativo vía Web).

Fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, referidos en la

nota:

“Inspección General de Justicia c/ The Clorox Company

S.A. s/Recurso Contencioso Administrativo”

Expte. Nro. 53.694/2010-Sala D Excma. Cámara: 1. El Inspector General de Justicia resolvió sancionar a The Cloros Company S.A. con una multa de $3.000 por haber infringido el art. 6 de la Resolución General IGJ Nro. 01/2010. ello así, dado que el domicilio consignado en la declaración jurada que presentó dicha sociedad en cumplimiento de la norma antes aludida no coincide con el domicilio social inscripto (fs. 10/11).

2. Apeló la sociedad y expresó agravios a fs. 15/17.

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Alegó que por un error involuntario su parte consignó en la declaración jurada prevista en la Resolución General 01/2010 como inscripto el domicilio de la Av. Maipú 1210, piso 5, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Especificó que ese es el actual domicilio de la sociedad pero que a la fecha de la presentación de la declaración jurada ante la Inspección General de Justicia, aquel no había sido inscripto aun. Indico que el referido error pudo ser subsanado confiriéndole una vista que la sociedad no fue sancionada con anterioridad. Expreso que el hecho no revestía gravedad. En tal contexto, concluyo que la sanción impuesta es irrazonable.

3. El recurso de apelación interpuesto deberá ser desestimado. En efecto, no se encuentra controvertido que el domicilio consignado al presentar la declaración jurada (Res. Gral. 1/2010) Resultó diferente del inscripto en el órgano de contralor (ver fs. 1 y 6/7). Sentado ello, cabe señalar que la Res. Gral. 1/2010, estableció- en el marco de las competencias de fiscalización de la Inspección General de Justicia- la obligación para las sociedades, asociaciones y fundaciones de presentar una declaración jurada de actualización de datos (art. 1). Esa resolución dispuso que en la declaración debía detallarse la sede social efectiva, expresando si la misma se encontraba inscripta o comunicada (art. 5). Además, en su art. 6, estableció que se aplicará la sanción correspondiente en caso de detectarse algún tipo de falsedad en la información suministrada. Cabe señalar en cuanto al domicilio social, que la Resolución General IGJ Nro. 12/2004 destaca la importancia que la certeza y efectividad de la sede social reviste para la transparencia del tráfico mercantil y el ejercicio de las funciones de fiscalización de la Inspección General de Justicia, motivo por el cual establece distintos recaudos que las sociedades comerciales deben cumplir a los efectos de alcanzar esos objetivos. La referida resolución menciona que la exigencia de comunicar todo cambio de la sede social evidencia el propósito de una más efectiva publicidad de la sede social y las finalidades que esta satisface en el tráfico mercantil. En tal contexto, con el fin de evitar la desvirtuación práctica de la efectividad de la sede social a través de la proliferación de sedes de carácter ficticio, la referida resolución dispone la obligación de inscribir en la Inspección General de Justicia todo cambio de la sede social. Así es que la norma establece en su art. 3 que “… el incumplimiento de la información del cambio de la sede social prescripto por el articulo 12 del Decreto Nº 1493/82 dentro del plazo allí previsto, hará aplicable a los administradores de la sociedad la sanción de multa prevista en el articulo 302, inciso 3º, de la Ley 19.550…La infracción se considerará también configurada en cualquier supuesto en el cual la falta de funcionamiento efectivo de la administración social en la sede comunicada o inscripta, haya impedido el cumplimiento de funciones de fiscalización o la recepción efectiva de notificaciones o requerimientos….”. Por su parte, el art. 12 del decreto 1493/82 prescribe que “las entidades deberán informar todo cambio de la sede social en el plazo de cinco días de producido….”. En igual sentido, el art. 8 de la Resolución General IGJ Nro. 7/05 dispone que “La información del cambio de la sede social prescripta por el articulo 12 del Decreto Nº 1493/82, comporta la obligación de solicitar, en la oportunidad prevista en dicha norma, la inscripción registral, toma de conocimiento o conformidad correspo0ndientes, cumpliendo con los recaudos que sean pertinentes según que el cambio implique o no reforma estatutaria o contractual. El incumplimiento hace aplicable a los administradores de la sociedad, asociación civil o fundación o al representante de la sociedad o entidad de bien común del exterior, la sanción de multa prevista en los artículos 302, inciso 3º, de la Ley Nº19.550 o 14, inciso c) , de la Ley Nº 22.315, según corresponda…” En ese marco, cabe considerar que las explicaciones dadas por la recurrente no resultan atendibles. Así, la sociedad de puede desconocer que el domicilio consignado en la presentación aludida difería del que tenia inscripto en la Inspección General de Justicia, o bien, cabria inferir de sus dichos que aquella pretendía reiterar un domicilio inscripto que no se encuentra actualizado. Así, la justificación brindada por la recurrente de que el domicilio consignado en la mencionada declaración jurada fue un error, no resulta excusable (art. 20 y 923 del Código Civil). Era su obligación, a tenor de las normas señaladas, comunicar al organismo de contralor todo cambio de su domicilio.

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Lo contrario importaría convalidar las conductas que la normativa dictada por la Inspección General de Justicia pretende evitar. Cabe destacar que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido instituidas. La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de su consecuencia. Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Administrativo Sancionador”, Ed. Tecnos, Madrid, año 2000, Pág. 37/38). Así, dado que el domicilio denunciado no se compadece con el inscripto, se encuentra configurado el supuesto previsto por el art. 6 de la Resolución General Gral. 1/2010. Cabe agregar que las normas arribas transcriptas fueron incumplidas en desmedro de la transparencia del trafico mercantil y el ejercicio de las funciones de fiscalización que se pretende alcanzar con ellas. Tampoco corresponde hacer lugar al agravio que sostiene que la sociedad debió ser intimada a subsanar el error en que incurriera con carácter previo a aplicar la sanción. Al respecto cabe reiterar que la obligación de mantener el domicilio social actualizado o haber denunciado la sede social efectiva recae sobre la sociedad y no sobre el ente de contralor. (Res. Gral. Nro. 12/2004; Res. Gral. Nro. 7/2005 y Res. Gral. Nro. 1/2010). Por lo dicho, y dado que la función de fiscalización del ente tiende a preservar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de terceros, la sanción impuesta por la Inspección General de Justicia resulta ajustada a derecho.

4. Por los motivos expuestos, es opinión de esta Fiscalía que debe confirmarse la resolución apelada.

Buenos Aires, 14 de abril de 2011.

Fdo.: Alejandra Gils Carbó, Fiscal General.

Buenos Aires, 12 de mayo de 2011

1. The Clorox Company S.A. apeló en fs. 24/26 la decisión de la Inspección General de Justicia de fs. 10/11, en cuanto le impuso la sanción de multa. Los argumentos fueron expuestos en aquella presentación y contestados por ese organismo en fs. 40/47. La representante del Ministerio Público opinó en fs. 49/50.

2. Los fundamentos vertidos en el dictamen por la Fiscal General ante la Cámara que precede a este decreto, y que se comparten y dan por reproducidos en la presente por razones de brevedad, son suficientes para confirmar la resolución de que se trata.

3. Por ello, y de conformidad con lo allí propiciado, se RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. 10/11. Notifíquese a la Fiscal ante la Cámara en su despacho y oportunamente, devuélvase sin mas tramite, confiándose al magistrado de primera instancia proveer las diligencias ulteriores (art. 36 inc. 1º, Código Procesal) y las notificaciones pertinentes. Fdo.: Gerardo G. Vassallo, Pablo D. Heredia, Juan José Dieuzeide y Julio Federico Passarón (Prosecretario Letrado).

“Inspección General de Justicia c/ Mc Cann Erickson

Corporation S.A. s/Organismos Externos” Expte. Nro. 10.861/2011- Sala E Excma. Cámara:

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1. El Inspector General de Justicia resolvió sancionar a Mc Cann Erickson Corporation S.A. con una multa de $3.000 por haber infringido el art. 6 de la Resolución General IGJ Nro. 01/2010. ello así, dado que el domicilio consignado en la declaración jurada que presentó dicha sociedad en cumplimiento de la norma antes aludida no coincide con el domicilio social inscripto (fs. 861/862). 2. Apeló la sociedad y expresó agravios a fs. 864/878. Alego que por un error involuntario su parte consigno en la declaración jurada prevista en la Resolución General 01/2010 como inscripto el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 928, piso 7, oficina 721, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Especifico que ese es el domicilio de uno de los representantes legales de la sociedad. Indico que el referido error pudo ser subsanado confiriéndole una vista y que la sociedad no fue sancionada con anterioridad. Expreso que el hecho no revestía gravedad. En tal contexto, concluyo que le sanción impuesta es irrazonable. 3.El recurso de apelación interpuesto deberá ser desestimado. En efecto, no se encuentra controvertido que el domicilio consignado al presentar la declaración jurada ( Res. Gral. 1/2010) Resultó diferente del inscripto en el órgano de contralor. Sentado ello, cabe señalar que la Res. Gral. 1/2010, estableció – en el marco de las competencias fiscalización de la Inspección General de Justicia- la obligación para las sociedades, asociaciones y fundaciones de presentar una declaración jurada de actualización de datos (art. 1). Esa resolución dispuso que en la declaración debía detallarse la sede social efectiva, expresando si la misma se encontraba inscripta o comunicada (art. 5). Además, en su art. 6, estableció que se aplicara la sanción correspondiente en caso de detectarse algún tipo de falsedad en la información suministrada. Cabe señalar en cuanto al domicilio social, que la Resolución General IGJ Nro. 12/2004 destaca la importancia que la certeza y efectividad de la sede social reviste para la transparencia del tráfico mercantil y el ejercicio de las funciones de fiscalización de la Inspección General de Justicia, motivo por el cual establece distintos recaudos que las sociedades comerciales deben cumplir a los efectos de alcanzar esos objetivos. La referida resolución menciona que la exigencia de comunicar todo cambio de la sede social evidencia el propósito de una más efectiva publicidad de la sede social y las finalidades que ésta satisface en el tráfico mercantil. En tal contexto, con el fin de evitar la desvirtuación práctica de la efectividad de la sede social a través de la proliferación de sedes de carácter ficticio, la referida resolución dispone la obligación de inscribir en la Inspección General de Justicia todo cambio de la sede social. Así es que la norma establece en su art. 3 que “… el incumplimiento de la información del cambio de la sede social prescripto por el articulo 12 del Decreto Nº 1493/82 dentro del plazo allí previsto, hará aplicable a los administradores de la sociedad la sanción de multa prevista en el articulo 302, inciso 3º, de la Ley 19.550…La infracción se considerará también configurada en cualquier supuesto en el cual la falta de funcionamiento efectivo de la administración social en la sede comunicada o inscripta, haya impedido el cumplimiento de funciones de fiscalización o la recepción efectiva de notificaciones o requerimientos….”. Por su parte, el art. 12 del decreto 1493/82 prescribe que “las entidades deberán informar todo cambio de la sede social en el plazo de cinco días de producido….”. En igual sentido, el art. 8 de la Resolución General IGJ Nro. 7/05 dispone que “La información del cambio de la sede social prescripta por el articulo 12 del Decreto Nº 1493/82, comporta la obligación de solicitar, en la oportunidad prevista en dicha norma, la inscripción registral, toma de conocimiento o conformidad correspondientes, cumpliendo con los recaudos que sean pertinentes según que el cambio implique o no reforma estatutaria o contractual. El incumplimiento hace aplicable a los administradores de la sociedad, asociación civil o fundación o al representante de la sociedad o entidad de bien común del exterior, la sanción de multa prevista en los artículos 302, inciso 3º, de la Ley Nº19.550 o 14, inciso c) , de la Ley Nº 22.315, según corresponda…” En ese marco, cabe considerar que las explicaciones dadas por la recurrente no resultan atendibles. Así, la sociedad de puede desconocer que el domicilio consignado en la presentación aludida difería del que tenia inscripto en la Inspección General de Justicia, o bien, cabria inferir de sus dichos que aquella pretendía reiterar un domicilio inscripto que no se encuentra actualizado. Así, la justificación brindada por la recurrente de que el domicilio consignado en la mencionada declaración jurada fue un error, no resulta excusable (art. 20 y 923 del Código Civil). Era su

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obligación, a tenor de las normas señaladas, comunicar al organismo de contralor todo cambio de su domicilio. Lo contrario importaría convalidar las conductas que la normativa dictada por la Inspección General de Justicia pretende evitar. Cabe destacar que en el ámbito del control estatal lo que interesa es el correcto cumplimiento de las obligaciones que han sido impuestas al sujeto responsable, en función del interés general en aras del cual han sido instituidas. La existencia de daño constituye un presupuesto de la responsabilidad civil, no así de la responsabilidad administrativa, para la cual la infracción es el incumplimiento de un deber que generó un riesgo, desconectado en principio de su consecuencia. Como dice Alejandro Nieto, la infracción de la norma constituye cabalmente la esencia de la infracción (“Derecho Administrativo Sancionador”, Ed. Tecnos, Madrid, año 2000, Pág. 37/38). Así, dado que el domicilio denunciado no se compadece con el inscripto, se encuentra configurado el supuesto previsto por el art. 6 de la Resolución General Gral. 1/2010. Cabe agregar que las normas arribas transcriptas fueron incumplidas en desmedro de la transparencia del trafico mercantil y el ejercicio de las funciones de fiscalización que se pretende alcanzar con ellas. Tampoco corresponde hacer lugar al agravio que sostiene que la sociedad debió ser intimada a subsanar el error en que incurriera con carácter previo a aplicar la sanción. Al respecto cabe reiterar que la obligación de mantener el domicilio social actualizado o haber denunciado la sede social efectiva recae sobre la sociedad y no sobre el ente de contralor. (Res. Gral. Nro. 12/2004; Res. Gral. Nro. 7/2005 y Res. Gral. Nro. 1/2010). Por lo dicho, y dado que la función de fiscalización del ente tiende a preservar la seguridad jurídica y la protección de los derechos de terceros, la sanción impuesta por la Inspección General de Justicia resulta ajustada a derecho.

1. Por los motivos expuestos, es opinión de esta Fiscalia que debe confirmarse la resolución apelada.

Buenos Aires, 1 de junio de 2011. Fdo.: Alejandra Gils Carbó, Fiscal General.

Buenos Aires, 10 de junio de 2011. Y VISTOS:

1. Viene apelada por Mc Cann Ericsson Corporation S.A. la resolución del Inspector General de Justicia de fs. 981/862, que le aplicó una multa de $3.000 por haber consignado en la declaración jurada prevista por el art. 6 de la Resolución General IGJ Nº 01/2010 un domicilio que no coincide con el domicilio social inscripto. Los fundamentos de la queja fueron expuestos 864/888 y la respuesta del organismo de control obra a fs. 897/907. 2. Comparte la sala los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen de fs. 911/912, por lo que la cuestión habrá de ser resuelta según se propone. Cabe agregar que ante la objetiva comprobación de la falta, devienen inconducentes los argumentos recursivos de la quejosa, pues ello importaría desconocer la relevante función que cumple el domicilio social inscripto a partir de los efectos vinculantes que la ley 19.500: 11, 2 expresamente le asigna (v. en tal sentido, esta Sala, “La Donna S.A. C/Zagordo Sergio A.”, del 9/08/06). Así, el interés en el punto exorbita la contienda puntual suscitada en estas actuaciones administrativas, y se traduce en una afectación a la transparencia y seguridad del tráfico mercantil que merece ser sancionada. Finalmente, teniendo en cuenta la entidad de las faltas cometidas, la graduación de la sanción aplicada se aprecia razonable y proporcionada. 3. En consecuencia, y acorde a lo dictaminado por la Sra. Fiscal General ante esta Cámara, se resuelve: desestimar los agravios y rechazar la pretensión recursiva, con costas (Cpr.:69). 4. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones a la autoridad de origen. 5. El doctor Ángel O. Sala no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (R.J.N. art. 109)

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Fdo.: Miguel F. Bargalló, Bindo B. Caviglione Fraga y Marcela L. Macchi (Prosecretaria de Cámara.).

“Inspección General de Justicia c/ Transportes Marvel

Ltda. S/ Organismos Externos”

Expte. Nro. 3784/11, Sala E

Buenos Aires, 25 de abril de 2011. Y VISTOS: 1. Viene apelada por Transportes Marvel Ltda. la resolución del Inspector General de Justicia de fs. 13/14, que le aplicó una multa de $3.000 por haberse detectado falsedad entre el domicilio consignado con motivo de cierta Declaración Jurada y el obrante en los registros del organismo. Los fundamentos de la queja fueron expuestos a fs. 30/31 y la respuesta del organismo de control obra a fs. 66/73. 2. Comparte la Sala los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen de fs. 75, por lo que la cuestión habrá de ser resuelta según se propone. Cabe agregar que ante la objetiva comprobación de la falta, devienen inconducentes los argumentos recursivos de la quejosa, pues ello importará desconocer la relevante función que cumple el domicilio social inscripto a partir de los efectos vinculantes que la ley 19.550: 11,2 expresamente le asigna (v. en tal sentido, esta Sala "La Donna S.A. c/ Zagordo Sergio A.", del 9/08/06). Así, El interés en el punto exorbita la contienda puntual suscitada a partir de la denuncia que dio inicio a estas actuaciones administrativas, y se traduce en una afectación a la transparencia y seguridad del tráfico mercantil que merece ser sancionada. 3. En consecuencia, y acorde a lo dictaminado por la Sra. Fiscal General ante esta Cámara, se resuelve: desestimar los agravios y rechazar la pretensión recursiva, con costas (CPr.: 69). 4. Ponderando la labor profesional cumplida, Apreciada por su calidad, eficacia y extensión, y considerando como base regulatoria el monto de la sanción de multa apelada, se fijan en CUARENTA PESOS ($40) los honorarios de la letrada apoderada de la Inspección General de Justicia, doctora S. G. J.; en X los de su letrada patrocinante, doctora B. N. A.; y en x los del letrado apoderado de la recurrente, doctor H. J. D. (ley 21.839, t.o. ley 24.432: arts. 6, 7, 9, 19, 41 y 59). Fijase en tres días el plazo para el pago. 5. Notifíquese y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones a la autoridad de origen. Fdo. Miguel f. Bargalló, Ángel O. Sala, Bindo B. Caviglione Fraga y Sebastián I. Sánchez Cannavá (secretario de cámara)

“Inspección General de Justicia c/Acquanova S.A. s/

Organismos Externos”

Expte Nro. 21663/10 – Sala E

Buenos Aires, 30 de mayo de 2011. VISTOS:

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1. Viene apelada por Acquanova S.A. la resolución del Inspector General de Justicia de fs. 62/8, que le aplicó una multa de $3.000 por no haber: i) informado el cambio del domicilio social registrado en el organismo; ii) presentado sus estados contables cerrados al 30.9.05, 30.9.06, 30.9.07 y 30.9.08, y iii) abonado las tasas anuales. Los fundamentos de la queja fueron expuestos a fs. 73/5 y la respuesta del organismo de control obra a fs. 87/99. 2. Comparte la Sala los fundamentos expuestos por la señora Representante del Ministerio Público ante esta Cámara en su dictamen de fs. 102/3, por lo que la cuestión habrá de ser resuelta según se propone. Cabe agregar que ante la objetiva comprobación de la falta, devienen inconducentes los argumentos recursivos de la quejosa, pues ello importaría desconocer la relevante función que cumple el domicilio social inscripto a partir de los efectos vinculantes que la ley 19.550: 11,2 expresamente le asigna (v. en tal sentido, esta Sala, "La Donna S.A. c/ Zagordo Sergio A.", del 9/08/06). Así, el interés en el punto exorbita la contienda puntual suscitada a partir de la denuncia que dio inicio a estas actuaciones administrativas, y se traduce en una afectación a la transparencia y seguridad del tráfico mercantil que merece ser sancionada. El incumplimiento de la presentación de los estados contables es una infracción objetivamente comprobada. Los conflictos internos que puedan existir en el seno de la sociedad no pueden erigirse en excusas valederas para justificar el apartamiento de la ley.Tal situación no resulta eximente de la obligación legal, pues la normativa aplicable no formula ese distingo. Lo mismo ocurre en relación a la imputada falta de pago de las tasas anuales, careciendo de relevancia, a la luz de lo precedentemente expuesto, las justificaciones ensayadas en torno a que se trataba de una cuestión supeditada a la confección y presentación de los estados contables. Finalmente, teniendo en cuenta la entidad de las faltas cometidas, la graduación de la sanción aplicada se aprecia razonable y proporcionada. 3. En consecuencia, y acorde a lo dictaminado por la Sra. Fiscal General ante esta Cámara, se resuelve: desestimar los agravios y rechazar la pretensión recursiva, con costas (CPr.: 69). 4. Ponderando la labor profesional cumplida, apreciada por su calidad, eficacia y extensión, y considerando como base regulatoria el monto de la sanción de multa apelada, se fijan en CUARENTA PESOS ($ 40) los honorarios de la letrada apoderada de la Inspección General de Justicia, doctora S.G. J.; en X los de su letrada patrocinante, doctora M. A. E.; y en X los del letrado apoderado de la recurrente, doctor J. M. C. (ley 21.839, t.o. ley 24.432: arts. 6, 7, 9, 19, 41 y 59). Fijase en tres días el plazo para el pago. 5. Notifíquese y, oportunamente, previo cumplimiento del pago de la tasa de justicia (v. fs. 101 y 107), devuélvanse las actuaciones a la autoridad de origen. El doctor Ángel O. Sala no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (R.J.N. art. 109). Fdo.: Miguel f. Bargalló , Bindo b. Caviglione Fraga y Francisco J. Troiani (prosecretario de cámara)

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Novedades Institucionales

1. Declaración Jurada: finalizó la etapa de presentación

para Asociaciones Civiles, Fundaciones y Sociedades

Extranjeras

Mediante la Resolución (G) Nº 2/2011, la Inspección General de Justicia dispuso

los plazos definitivos para la presentación de la Declaración Jurada. Según la

norma, las asociaciones civiles y fundaciones tuvieron tiempo hasta el 29 de julio,

mientras que para las sociedades extranjeras se extendió hasta el 30 de

septiembre. Cabe recordar que las sociedades comerciales pueden realizar la

presentación de DDJJ hasta el 30 de noviembre, cuando vence el plazo para el

envío del aplicativo web.

La obligación de la presentación de la declaración jurada

para todas las entidades inscriptas en la IGJ se dispone

en el marco del proyecto que el organismo lleva adelante

con el objetivo de mejorar la función de fiscalización y de contribuir con la

seguridad jurídica. La medida busca actualizar los datos que permitirán conocer si

las entidades se encuentran al día con sus obligaciones legales.

Para más detalles consultar:

http://www.jus.gov.ar/igj/pdf/resgrales/Resolucion%20General%2002%202011.pdf

2. Programa de digitalización de la documentación

El pasado 11 de julio, a través de la Resolución (I) Nº 11/2011, se puso en marcha

el “Programa de digitalización de la documentación”. A partir de su

implementación, la Inspección General de Justicia avanza en un proceso que

permitirá aumentar la seguridad en la preservación de la documentación, mejorar

la eficiencia en el desempeño de las funciones propias del organismo, desarrollar

proyectos de envío de información en formato digital y concretar procesos de

depuración de los archivos.

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El nuevo programa, que será coordinado por la Dirección del Registro Nacional de

Sociedades, prevé la digitalización de los manifiestos y balances de sociedades

comerciales; las inscripciones en el Registro Público de Comercio; las resoluciones

del organismo; actas, documentos y legajos de entidades civiles y los trámites

precalificados. A su vez, la iniciativa permite la operatividad de los convenios

celebrados con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con la Procuración

General para la tramitación de Oficios vía Digital.

3. Mejora de la función fiscalizadora de la IGJ. Ventajas

del trabajo mancomunado con el Sistema de Identificación

Nacional Tributario y Social

Producto del intercambio de información que la IGJ lleva adelante con el Sistema

de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), el organismo pudo

corroborar la falsedad de los datos presentados por tres asociaciones civiles, en

el marco de la DDJJ.

En este sentido, la Inspección General de Justicia determinó multar a

organizaciones que declararon tener entre sus autoridades con mandato vigente

a personas fallecidas. Las sanciones, que se encuadran en el art. 6 Res. IGJ

1/2010, resultan pertinentes, dado que el representante no puede alegar el

desconocimiento del fallecimiento de una de las autoridades de la entidad en

cuestión al momento de suscribir la Declaración Jurada.

Además del intercambio con el SINTyS, la IGJ ratificó la información con el

Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

4. Las provincias del Chaco y de Santa Cruz adhirieron al

Registro Nacional de Sociedades. Santa Fe dio media

sanción

El pasado 6 de julio, mediante la Ley Nº 6835, la provincia del Chaco adhirió a la

normativa nacional que crea los registros nacionales de sociedades (Ley 26.047).

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Asimismo, en los últimos días del mes de septiembre, también adhirió la provincia

de Santa Cruz, que de esta manera se suma al RNS junto a Mendoza, Jujuy, La

Pampa, Tucumán, Río Negro y La Rioja.

En tanto, en varias provincias, el proyecto de adhesión se encuentra en

tratamiento de las respectivas legislaturas. En este marco, la Cámara de

Diputados de la provincia de Santa Fe votó la adhesión de la jurisdicción a la Ley

Nacional 26.047

Entre otras ventajas, el RNS permitirá lograr avances en la registración a nivel

nacional, facilitará el acceso a la información y la construcción de datos

estadísticos.

5. La IGJ y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Capital Federal trabajan en la confección de sistemas

de remisión digital

Autoridades de la Inspección vienen realizando reuniones con el Consejo

Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) a efectos de evaluar la viabilidad de

implementar dos sistemas que facilitarían la labor a sus matriculados.

El primero de ellos permitirá la presentación remota de balances ante la IGJ por

parte de todas aquellas sociedades inscriptas en la Ciudad de Buenos Aires

sujetas a fiscalización estatal permanente descripta en la Resolución (G) N° 7/05,

como así también la presentación de asambleas de asociaciones civiles y

fundaciones.

Los balances deberán contener toda la información necesaria para que la IGJ

pueda llevar a cabo su tarea de fiscalización.

Mientras que el segundo propone el desarrollo de una aplicación que permitirá

que los síndicos designados en causas judiciales envíen requerimientos de

información a la Inspección General de Justicia a través de una página web, a la

vez que la IGJ genere una respuesta a lo solicitado en formato PDF, disponible

temporalmente en un repositorio privado para ser descargado por el peticionante.

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6. Avances en la aplicación de criterios uniformes para las

inscripciones societarias

Como resultado de la labor que lleva adelante la Comisión de Criterios

Uniformes, se ponen a disposición los primeros instructivos

confeccionados, que tienen la finalidad de garantizar una interpretación

homogénea en el control de legalidad de las sociedades comerciales y

extranjeras. Cabe recordar que la comisión fue creada a partir de la

Resolución IGJ Nº 4/11, y está integrada por funcionarios del Ministerio de

Justicia y de la IGJ, como así también por representantes de los Colegios de

Escribanos, Abogados y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas

de la Ciudad de Buenos Aires.

INSTRUCTIVO CSACU No. 1/2011

Trámite de cesación, renuncia, revocación y/o designación de autoridades:

a) Instrumento a inscribir y documentación a protocolizar:

1- El acta de Asamblea o Reunión de Socios que decidió sobre la cesación,

renuncia, revocación y/o designación de autoridades.

2- El Registro de Asistencias a Asambleas, en su caso.

3- Acta de Directorio donde surja la distribución de cargos si no se hubiera

efectuado en la Asamblea.

4- La documental a inscribir debe cumplir con artículo 36 de la Resolución

General IGJ Nº 7/2005.

5- Los documentos a inscribir y el Dictamen de Precalificación se deberán

presentar conforme el artículo 37 de la Resolución General IGJ Nº 7/2005, a los

fines de su protocolización.

b) Publicaciones:

1- Acompañar la del artículo 60 de la Ley 19.550 (deberá constar el nombre,

domicilio especial y cargo de los directores electos y de los cesantes).

2- Publicación artículo 237 de la Ley 19.550, si correspondiere.

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c) Dictamen de precalificación:

1- Quórum y mayorías de la Asamblea y10 Reunión de Socios, que decidió sobre

la cesación, renuncia, revocación y10 designación de autoridades

2- Quórum y mayorías de la Reunión de Directorio que convocó a asamblea.

3- Tratándose de una SRL, se deberá dictaminar en caso de no ser unánime si

los gerentes convocaron a reunión de socios conforme lo estipulado en el

contrato social o la comunicación que establece el artículo 159 de la Ley 19.550

en su caso.

4- Nómina del Órgano de Administración anterior. Nómina y datos personales de

los Directores y/o Gerentes electos (Nombre, documento, edad, domicilio real y

especial, profesión, nacionalidad y CUIT).

5- Aceptación de cargos.

6- Fijación de domicilio especial

7- Si la aceptación de cargo y constitución de domicilio especial del designado no

surge de la documentación a inscribir, el profesional dictaminante deberá efectuar

Declaración Jurada manifestando que ha verificado la identidad del designado, su

aceptación del cargo, constitución de domicilio especial, especificando el mismo -

8- Si algún accionista fuere sociedad extranjera se deberá dictaminar:

¡) número correlativo;

ii) datos de inscripción de la misma y de su representante legal;

iii) presentación y aprobación del régimen informativo anual;

iv) presentación de estados contables en caso de que la sociedad extranjera se

encuentre inscripta en los términos del artículo 11 8 de la Ley 19.550.

9- TRACTO REGISTRAL: Se deberá denunciar los datos de inscripción de la

cesación del director anterior salvo que se renueven las mismas autoridades por

vencimiento de mandato

10- Cumplimiento garantía (artículo 75 y 76 de Resolución G. IGJ Nº 7/2005).

d) Copias:

1 - Documento Registrable: acompañar copias tamaño original y protocolar.

2 – Dictamen de Precalificación: acompañar copia protocolar.

Fdo.: MARCELO O MAMBERTI

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INSPECTOR GENERAL

INSTRUCTIVO CSACU N° 2/2011

Buenos Aires, 26 de septiembre de 2011

VISTO que la Comisión de Seguimiento de Aplicación de Criterios Uniformes

ha arribado a una conclusión en la Reunión N° 4 de fecha 2 de agosto de 2011,

en relación a los requisitos para los trámites de cambio de sede social, se

determina el presente instructivo:

a) Instrumento a inscribir y documentación a protocolizar.

1. El acta de directorio o reunión de gerentes en la que se decide el cambio de

sede en los casos que la misma no implique reforma de estatutos.

2. El acta de Asambleas o reunión de socios en el caso del cambio de sede social

con reforma de estatutos.

3. El Registro de asistencia a asamblea cuando corresponda.

4. La documental a inscribir debe cumplir siempre con alguno de los supuestos

del artículo 36 de la Resolución General IGJ N° 7/2005.

5. Los documentos a inscribir y el Dictamen de Precalificación se deberán

presentar conforme el artículo 37 de la Resolución General IGJ N° 7/2005, a los

fines de su protocolización.

b) Publicación:

Acompañar la publicación del artículo 10 de la Ley 19.550

c) Dictamen de precalificación:

1. Quórum y mayorías de la reunión de directorio y/o gerencia en la que se

decidió el cambio de sede social (si no implica reforma de estatuto)

2. Quórum y mayorías de la asamblea y/o reunión de socios en caso de cambio

de sede con reforma de estatutos.

3. Quórum y mayorías de la reunión de directorio que convoca a asamblea si

correspondiere.

4. Tratándose de una sociedad de responsabilidad limitada, se deberá dictaminar

en caso de no ser unánime si los gerentes convocaron a reunión de socios

conforme lo estipulado en el contrato social o el artículo 159 de la Ley 19.550 en

su caso.

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5. Datos de inscripción y composición del directorio que aprobó el cambio de sede

social.

6. Sede social anterior inscripta, sede social a la cual se traslada y si el cambio de

sede implica o no reforma de estatutos.

7. Declaración jurada del artículo 86 de la Resolución Genera! IGJ N° 7/2005 si la

misma no surge del instrumento a inscribir.

Fdo.: MARCELO O MAMBERTI

INSPECTOR GENERAL

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7. Índices de Gestión

A continuación se presentan los indicadores anuales actualizados al mes de

agosto respecto de las inscripciones por tipo de entidad y año; junto al volumen

de trabajo de las diferentes direcciones, departamentos y áreas correspondientes

a este organismo.

CANTIDAD DE ENTIDADES INSCRIPTAS POR TIPO Y MES A Ñ O 2 0 1 1

Tipo Societario / Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

SOC DE RESP. LIMITADA 409 386 430 522 461 516 557 540

SOC ANONIMA 434 400 459 482 441 532 534 582

SOC EXTRANJERA ART 118 1 3 4 7 7 5 6 8

SOC EXTRANJERA ART 123 52 25 15 34 39 35 26 64

CONTRATO COLABORAC EMP. 1 1 1 1 1

UNION TRANS. DE EMPRESAS 12 16 10 15 19 18 10 15

ASOCIACION CIVIL 21 34 27 26 27 21 16 25

CANTIDAD DE ENTIDADES INSCRIPTAS POR TIPO Y AÑO

Tipo Societario / Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

parciales

SOC DE RESP. LIMITADA 6780 6218 5181 5977 6037 6079 4950 5450 3821

SOC ANONIMA 7264 6270 5547 6597 6567 6661 5412 5934 3864

SOC EXTRANJERA ART 118 535 70 58 69 87 91 57 57 41

SOC EXTRANJERA ART 123 811 425 434 614 643 614 454 435 290

CONTRATO COLABORAC EMP. 6 13 7 16 12 13 9 3 5

UNION TRANS. DE EMPRESAS 120 114 141 126 129 130 130 165 115

ASOCIACION CIVIL 472 474 388 355 326 327 301 369 197

EXTRANJ. S/FINES LUCRO 1 3 5 4 7 5 6 10 3

FUNDACION 154 140 106 109 93 85 114 117 77

FEDERACION 15 8 7 6 9 8 1 3 3

CONFEDERACION 2 0 1 0 0 0 1 0 0

CAMARA 33 28 32 30 12 7 21 24 11

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VOLUMEN DE TRABAJO (expresado en cantidades) A Ñ O 2 0 1 1

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1.- TOT TRAMITES INGRESADOS 10582 20348 22505 20562 17097 23877 24697 24191

2.- TOTAL DE TRAMITES TRATADOS POR DEPARTAMENTO/AREA

Direccion Dptos/Areas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Soc.Com. PRECALIFICADOS 7565 6879 9328 7552 8077 8445 9048 10312

CONTABLE 3137 1665 2299 2906 3259 3430 2728 3182

REGISTRAL 3534 3499 4560 4621 4361 4880 4889 5544

SOC. COMERCIALES 565 515 842 846 570 1051 1211 1540

SOC DE AHORRO 715 1193 1332 1048 1389 1197 1161 985

SOC. EXTRANJERAS 671 631 616 753 678 589 677 613

Reg.Nac. REG. .NACIONAL 11556 4756 4650 4783 5250 5136 5873 6649

OFICIOS 559 4119 4373 4054 3791 4917 4341 4500

TASAS 736 2532 3960 2477 1439 2703 1978 1420

Del.Admin MESA DE ENTRADAS 10945 18905 20805 19961 18509 24128 23871 25195

ARCHIVO 8245 4514 6040 5186 5875 6285 5638 6841

DESPACHO 811 1288 1226 1495 1279 1507 1545 1725

OFICINA JUDICIAL 413 271 316 337 617 426 395 388

Civiles ENT. CIVILES 2393 1322 1200 1067 1145 1177 1280 1567

VOLUMEN DE TRABAJO (expresado en cantidades) A Ñ O 2 0 1 1

3.- CANTIDADES DE TRAMITES QUE INGRESAN POR TIPO Y POR MES

Tipo de Trámite Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

OFICIOS 204 4817 4684 4237 3691 5522 3887 4801

CONSTITUCIONES 934 977 1088 1089 1239 1267 1360 1866

ASAMBLEAS Y BALANCES 3566 3900 4381 3946 3018 5030 5581 5611

SOLICITUD INSPEC.ASAMBLEAS 8 16 7 16 20 15 11 15

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Resoluciones Generales

Resolución Nº 2/2011

BUENOS AIRES, 26 de junio de 2011

VISTO el Expediente Nº 5095544/2691470 del Registro de esta INSPECCIÓN

GENERAL DE JUSTICIA y,

CONSIDERANDO:

Que la Resolución (G) IGJ Nº 1 de fecha 15 de julio de 2010, dispuso establecer

la obligación de la presentación de una Declaración Jurada para las sociedades comerciales,

sociedades extranjeras y binacionales como así también para las asociaciones civiles y

fundaciones.

Que esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA ha prorrogado oportunamente

los plazos de presentación, a fin de facilitar su cumplimiento por parte de los sujetos obligados.

Que éste Organismo se encuentra ejecutando eficazmente el propósito de la

iniciativa, optimizando significativamente su rol fiscalizador mediante la actualización de datos de

vital importancia tales como la sede social o las autoridades.

Que habiendo transcurrido un periodo de tiempo razonable desde la entrada en

vigencia de la Resolución (G) Nº 1/2010, debe establecerse un cronograma definitivo de

presentaciones, fijando un esquema de cierre escalonado para su finalización.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los

Artículos 12,14 y 21 de la ley 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establézcase el siguiente plazo de vencimiento para la presentación de la

Declaración Jurada Resolución (G) Nº 1/2010:

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a) Asociaciones Civiles y Fundaciones hasta el 29 de julio inclusive ;

b) Sociedades Extranjeras hasta el 30 de septiembre inclusive;

c) Sociedades Comerciales hasta el 30 de noviembre inclusive para el envío vía Web del

aplicativo, continuando vigente la solicitud on line de turnos para la presentación en

soporte papel de la Declaración Jurada respectiva.

ARTÍCULO 2º.- Aquellas entidades que hubiesen declarado sus datos en concordancia con lo

inscripto en éste Organismo, no adeudando tasas ni estados contables, serán aprobadas y su

trámite finalizará.

Aquellas que hubiesen incurrido en falsedad de datos en su declaración jurada, serán

sancionadas mediante una multa pecuniaria e intimadas a regularizar su situación, conforme lo

establecido por el Art. 6 de la Resolución (G) IGJ Nº 1/2010.

ARTÍCULO 3º.- El incumplimiento de la presentación en los plazos prescriptos por el Art. 1 de la

presente, dará lugar a las sanciones establecidas en el Art. 7 de la Resolución (G) IGJ Nº 1/2010,

como así también será sujeto pasible de multa.

ARTÍCULO 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente al de su

publicación.

ARTÍCULO 5º.- A través de la Delegación Administrativa, póngase en conocimiento lo dispuesto

en la presente Resolución a la Dirección de Sociedades Comerciales, Dirección de Entidades

Civiles, Dirección del Registro Nacional de Sociedades y comuníquese al Ente de Cooperación

Técnica y Financiera, encomendándole haga saber los alcances de la presente a los Colegios

Profesionales.

ARTÍCULO 6º.- Regístrese como Resolución General, comuníquese, publíquese, dése a la

DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

RESOLUCIÓN (G) I.G.J. Nº:2/2011

Fdo. Marcelo Mamberti INSPECTOR GENERAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

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Resoluciones Particulares 2010

AUKEN S.A. Resolución (P) Nº 661/2010

Buenos Aires, 22 de Julio de 2010.-

Visto el Expediente Nº 1696293/2652444 del registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE

JUSTICIA, referente a la entidad A. S.A., y

CONSIDERANDO:

Que a fojas 1/16 se presenta la Sra. V.M.V., en su carácter de presidente de la entidad A.

S.A. solicitando se deje sin efecto el cobro de la tasa anual correspondiente al año 2009,

impugnando el monto fijado para su pago por improcedente.

Que el reclamos se efectúa en base a lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en el fallo “SELCRO S.A. c/Jefatura de Gabinete Mos. Deci. 55/00 (dto. 360/95 y 67/96)

s/amparo Ley 16.986”.

Que al mismo tiempo se agravia por el dictado del artículo 59 de la Ley 25.237 por

considerar que la Constitución Nacional veda al Poder Ejecutivo Nacional emitir disposiciones en

materia tributaria e impositiva, siendo estas de competencia exclusiva del Congreso.

Que a fojas 17 el REGISTRO NACIONAL DE ENTIDADES de este Organismo, informa

que ante la solicitud efectuada y atento a no existir pronunciamiento general de la Corte Suprema

al respecto, tratándose lo decidido en el fallo S. S.A. sólo aplicable a ese caso en particular.

Que es menester indicar que la entidad en cuestión se inscribió en la INSPECCIÓN

GENERAL DE JUSTICIA el 1 de junio de 2001 bajo el número 10.710 y abonó la tasa de

constitución del tipo societario, implementada por la misma normativa que ahora tacha de

inconstitucional.

Que asimismo, la sociedad abonó la primer cuota de la tasa del año 2002 sin efectuar

reserva alguna.

Que el Artículo 1 de la Decisión Administrativa 46/2001 delegó en la INSPECCIÓN

GENERAL DE JUSTICIA la aplicación de dicho acto administrativo, percibiendo las tasas

correspondientes.

Que dicho acto administrativo, es un acto de alcance general, el cual debe ser impugnado

mediante el procedimiento previsto en el inciso b) del Artículo 24 del Decreto-Ley 19.549.

Que el artículo mencionado ut supra, establece que un acto de alcance general será

impugnado por vía judicial cuando una autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya

dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos, se hubieran agotado sin éxito las

instancias administrativas.

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Que el Artículo 36 del Decreto 1493/1982 excluye la interposición del recurso jerárquico,

quedando de esta manera, agotada la vía administrativa Que cuando el régimen especial

aplicable, contempla un recurso judicial directo ante el Poder Judicial, corresponde que las

impugnaciones se ajusten a esa vía especial con exclusión de toda otra; esto es, se excluye la

aplicación del régimen recursivo general establecido por la Ley Nº 19.549 y por el Reglamento de

Procedimientos Administrativos, Decreto 1759/1972, t.o. 1991.

Que debe tenerse presente que las normas impugnadas se remontan al año 2000 y 2001

(abril) y que la sociedad solicitó su inscripción en junio de 2001.

Que con posterioridad fueron emitidas las tasas anuales correspondientes a la 2º cuota

2002, 2003 (1º y 2º cuota), 2004 (1º y 2º cuota), 2005 (1º y 2º cuota), 2006, 2007, 2008, por ella

recibidas sin efectuar reservas ni reclamo administrativo alguno.

Que lo expuesto demuestra que la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA aplica el

régimen normativo vigente que establece las tasas retributivas de los servicios prestados para las

sociedades comerciales desde el mismo momento de peticionar la sociedad su inscripción

registral, ratificando tácitamente el régimen normativo al no formular ningún reclamo oportuno ante

la recepción de las tasas posteriores emitidas por el Organismo, por lo que resulta aplicable la ley

de fondo respecto al silencio de la recurrente como manifestación tácita de la voluntad (art. 919

del Código Civil).

Que cabe concluir, conforme lo establece el artículo 3º, párrafo primero, de la Res. IGJ

(G) 7/05: “El pago de las tasas de constitución o retributiva o anual, según corresponda,

continuará rigiéndose por la normativa vigente o la que en el futuro la sustituya”, que la boleta de

tasa anual de fojas 2 fue emitida en aplicación de la normativa vigente, en consecuencia su pago

es exigible.

Que la presente resolución se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por el Artículo

21 de la Ley 22.315 y el Artículo 3 del Anexo I de la Resolución IGJ Nº 7/2005.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: RECHAZAR por improcedente la impugnación efectuada por la Sra. V.M.V. en su

carácter de Presidente y Representante legal de la sociedad “A. S.A.”.

ARTÍCULO 2º: Regístrese y notifíquese. Oportunamente, archívese.

Fdo. Dr. MARCELO O. MAMBERTI

INSPECTOR GENERAL.

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA

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ASOCIACIÓN CRIADORES DE HOLANDO

ARGENTINO

Resolución (P) IGJ Nº 361/10

BUENOS AIRES, 25 ABRIL 2010

VISTO el Expediente Nº 358847/3167/4011405 del registro de la INSPECCION GENERAL

DE JUSTICIA, perteneciente a “ASOCIACION CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO”, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/8 se presenta el Sr. N.C.P. en calidad de mandatario de la firma CAMPAZÚ

S.A., según poder adjunto, interponiendo formal denuncia contra la entidad “ASOCIACION

CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO”, acreditando a dicho fines, el carácter de socio de la

mencionada firma.

Que posteriormente manifiesta que la presente denuncia tiene por objeto solicitar la

anulación de la sanción impuesta a CAMPAZÚ S.A.

Que en relación a la sanción, explica que la misma responde a la supuesta infracción al

Código de Buenas Practicas de la entidad, acaecida en el marco de la Exposición de Ganadería,

Agricultura e Industria de Palermo 2009 y que consistió en la hipoteca manipulación estética de

pezones, por parte de CAMPAZÚ S.A., en la vaca en lactancia, por ella presentada y, que

resultara merecedora del segundo `premio en su categoría.

Que en primer lugar cuestiona la legalidad del Código de Buenas Practicas que regula el

procedimiento aplicable para la imposición de sanciones en las exposiciones organizadas por la

entidad, explicando que dado su tenor, requiere inexcusablemente para su entrada en vigencia, la

aprobación por parte INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, de conformidad con lo prescripto en

los artículos 395 y 396 de la Resolución General I.G.J. Nº 7/2005.

Que posteriormente efectúa una reseña de los hechos acaecidos durante la tramitación de

todo el procedimiento interno articulado al efecto de aplicar la sanción en cuestión.

Que manifiesta que no fue respetado el derecho de defensa del asociado, toda vez que la

ecografía tomada al ejemplar, de donde surge la infracción, fue hecha en ausencia del personal

profesional de CAMPAZÚ S.A. y por ecografista contratado por la ASOCIACION CRIADORES DE

HOLANDO ARGENTINO. Agregando que el resultado de la misma tampoco se dio a conocer en

el momento de su realización, imposibilitando de este modo, dar las explicaciones pertinentes o

que interviniera su personal calificado, resultado la única oportunidad apropiada para la diligencia,

ya que muestras posteriores son de ningún valor.

Que en otro orden de ideas, califica nula la resolución en grado de apelación, del Tribunal

de Honor, ya que este de ningún modo puede convalidar los vicios ocurridos en etapa anterior.

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Que finalmente solicita, a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, disponga la

anulación de la sanción impuesta por la Asociación a su mandante.

Que a fs. 35 se ordena el traslado de la denuncia, el que se efectiviza a fs. 38, conforme

constancias obrantes en autos.

Que a fs. 40/58 la entidad contesta el traslado conferido.

Que en primer lugar efectúan una descripción cronológica de los hechos acontecidos.

Que desconocen que se halla violado el derecho de defensa del denunciante, ya que

incluso se le permitió el ejercicio de sus derechos, aun cuando habían vencido los plazos para

ello.

Que explican que la medida adoptada con fecha 25 de agosto de 2009 por la Comisión

Fiscalizadora fue consecuencia de las anomalías detectadas en el animal perteneciente al

denunciante, por el Dr. D.B., quien lejos de ser un profesional de parte, es el medico veterinario

oficial de la entidad que reviste el carácter de tercero imparcial.

Que agrega también, que el inculpado no ofreció ningún tipo de prueba junto con su

apelación y que el único informe presentado el cual fuera elaborado por el Dr. M., no concordaba

con los resultados ecográficos a los delanteros del animal cuestionado.

Que destacan que a su turno, el Tribunal de Honor, descarto la supuesta existencia de

nulidad de procedimientos, toda vez que las notificaciones fueron en tiempo y forma y el apelante

tuvo oportunidad de tomar conocimiento de las actuaciones.

Que posteriormente se aboca a la imputación referida a la falta de validez del Código de

buenas Prácticas.

Que interpreta que el mencionado Código, no se trata de una reglamento que deba ser

inscripto por ante el Organismo de contralor en los términos de los artículos 395 y 396 de la

Resolución General I.G.J. Nº 7/2005 y el articulo 24 del estatuto social, tal como pretendiera el

denunciante, dado que no reglamenta ninguna cuestión estatutaria ni afecta ni modifica los

derechos de los socios garantizados por las normas de vigencia.

Que para mayor abundamiento manifiesta que lejos de ser un reglamento, solo se trata de

pautas de comportamiento en las exposiciones, que en nada se asimilan a normas estatutarias y,

que tienen como fin evitar la manipulación inapropiada de los animales, en resguardo al derecho

de los mismos y a fin de preservar y garantizar la igualdad entre todos los competidores.

Que sostiene que aunque no existiera el Código referido, el Tribunal de Honor, de acuerdo

a lo dispuesto en el Articulo 27 del estatuto social, es el órgano competente para aplicar sanciones

disciplinarias, motivo por el cual, en cualquier caso, la sanción impuesta por dicho Tribunal, en

respuesta al acto desleal cometido por CAMPAZÚ S.A., encuentra debido sustento en la carta

magna de la Asociación, concluyendo finalmente, que debe desestimarse la denuncia interpuesta

en todos sus términos.

Que en este estado corresponde efectuar las siguientes consideraciones.

Que en el caso que nos ocupa es primordial desentrañar la naturaleza del Código de

Buenas Practicas que aplica la entidad.

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Que dicho Código regula las pautas de comportamiento en las exposiciones organizadas

o auspiciada por la entidad y por aplicación del mismo se impuso a la denunciante, la sanción de

suspensión a los fines de participar en exposiciones auspiciadas y organizadas por la

ASOCIACION CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINA, hasta el 31 de julio de 2010 inclusive.

Que, cabe destacar que este Código carece de la pertinente aprobación por parte de la

asamblea de socios y por parte de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA.

Que en primera instancia es conveniente señalar y diferenciar las distintas normas que

rifen la vida institucional. Por un lado los estatutos son el conjunto de estipulaciones destinadas a

regular la organización y funcionamiento de la persona jurídica, fijando las bases fundamentales

de la institución y los objetivos. La forma en que se lograran esos fines, como se ha de actuar, que

cosas están permitidas y cuales están vedadas, los detalles, las cuestiones de procedimiento todo

ello es materia de reglamentaciones.

Que por otra parte no todas las reglamentaciones tienen el mismo tenor. El Dr. Adolfo

CAHIAN en su libro “Las Asociaciones Civiles en la Republica Argentina”, Pags. 86/87 hace una

diferenciación de la reglamentación de aspectos estatutarios y aquellas reglamentaciones de

simple carácter administrativo.

Que para el primero de los mencionados, referencia: “Este tipo de reglamento es

importante. Esta regulado el ejercicio, la forma en que se ejercen derechos que contiene la ley

interna de la asociación, el estatuto. Puede ocurrir que por via de reglamentación, se acoten,

cercenen o anulen derechos esenciales de los asociados. Por ello la vigencia de

reglamentaciones de esta naturaleza esta supeditada al cumplimiento de mayores requisitos”.

Posteriormente agrega:”…Sin oportuna conformidad y aprobación expresa mediante resolución

formal del Organismo de fiscalización (Inspección de Justicia en Jurisdicción de la ciudad de

Buenos Aires), los reglamentos de la índole comentada no pueden ser aplicados validamente

Que en contraposición señala: “Normas sobre funcionamiento de oficinas, horarios,

procedimientos para tramitaciones de los asociados ante secretaria social, sistemas

administrativos –contables, régimen laboral interno del personal, etc., son materia de

reglamentaciones que no requieren las exigencias de los reglamentos del tipo anteriormente

descripto”. Continua manifestando que: “. Usualmente estas reglamentaciones burocráticas son

sancionadas por la comisión directiva y no es necesaria solicitar su aprobación por la autoridad

administrativa de aplicación.”

Que dicho esto, se evidencia que el Código en análisis corresponde a la categoría de

reglamento que requiere para su entrada en vigencia, de la aprobación del órgano de contralor,

como requisito sine qua non.

Que en primer lugar viene claramente a regular cuestiones enunciadas en el estatuto, en

cuanto su artículo 1º, que tiene por fin determinar el objeto social, en su inc. i) dice. “Organizar,

auspiciar o patrocinar, donde lo crea conveniente, exposiciones, concursos de producción y

remates de productores de la raza holando argentino”, es claro que la normativa analizada fijando

principios éticos, conductas a seguir, procedimientos para el tratamiento de irregularidades,

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designación de órgano encargado para su tramitación y finalmente estableciendo penalidades

ante incumplimientos, no hace mas que reglamentar la citada normativa. Que asimismo, el propio

articulado del estatuto, dispone dentro de las atribuciones y deberes de Comité Ejecutivo: “Dictar

su propio reglamento y aquellos que la aplicación de este estatuto hagan necesario. Los

reglamentos que no sean de simple organización interna de las oficinas no podrán entrar en

vigencia sin la previa aprobación del consejo de Directos Regionales y de la Inspección General

de Justicia (si corresponde)”. (conf. Articulo 24)

Que demás esta decir que un Código de cuya aplicación deviene la imposición de una

sanción se encuentra lejos de ser de simple organización interna de las oficinas.

Que en otro orden de ideas, tampoco resulta valida la afirmación vertida por la entidad en

su escrito de responde referida a que, para el caso de que el Código estudiado careciera de

validez legal, la aplicación de la sanción seria valida toda vez que el Tribunal de Honor, de

acuerdo a los dispuesto en el Articulo 27 del estatuto social, es el órgano competente para la

aplicación de las sanciones disciplinarias.

Que lo citado anteriormente resulta improcedente, en virtud de que el órgano facultado

para someter cuestiones disciplinarias al Tribunal de Honor es el Comité Ejecutivo y no la Junta

Fiscalizadora.

Que por todos los argumentos desarrollados cabe incluir que el Código de Buenas

Practicas utilizado por la entidad carece de validez y en consecuencia es inoponible a sus

asociaciones y su posterior aprobación por parte de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA,

por ende no resulta ajustada a derecho la sanción impuesta al socio CAMPAZÚ S.A.

Que en virtud de lo analizado, resta aclarar que en cuanto al análisis del procedimiento

seguido por la Junta Fiscalizadora, el ejercicio del derecho de defensa del imputado y el actuar del

Tribunal de Honor devinieron en abstracto.

Que por lo hasta aquí dicho, corresponde hacer lugar a la denuncia incoada contra la

entidad.

Que todo lo expuesto concuerda con lo oportunamente informado por el

DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES.

Que la presente Resolución se dicta en virtud de las facultades conferidas por los artículos

6 y 10 de la ley 22.315,

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º: HAGASE lugar a la denuncia presentada por el Sr. N.C.P. contra la entidad

“ASOCIACION CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO”.

ARTICULO 2º: DECLARASE irregular e ineficaz a los efectos administrativos la sanción impuesta

por la ASOCIACION CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO a CAMPAZÚ S.A.

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ARTICULO 3º: INTIMASE a la ASOCIACION CRIADORES DE HOLANDO ARGENTINO a

publicar la presente resolución en el mismo medio que fuere publicada la sanción.

ARTICULO 4º: Regístrese. Notifíquese al denunciante en el domicilio constituido en la Av. del

Libertador Nº 602, piso 22º “A” ambos de esta ciudad. Oportunamente vuelva al

DEPARTAMENTO DE ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES.

RESOLUCION I.G.J. Nº 361

Fdo. Dr. Marcelo O. Mamberti

INSPECTOR GENERAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

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ALMATRADE S.A. Resolución (P) IGJ Nº 360/10

BUENOS AIRES, 28 ABRIL 2010

VISTO el expediente Nº 1821877/2649660 del registro de esta Inspección General de

justicia, y

CONSIDERANDO:

Que la sociedad ALMATRADE S.A. solicito la inscripción del acta de constitución,

estableciendo en la cláusula novena del estatuto la facultad de los administradores de otorgar y

revocar poderes generales de administración y disposición, lo cual ha sido resuelto mediante el

instrumento constitutivo de fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve y se formalizara

mediante escritura publica Nº 141 del protocolo del escribano F. de A.

Que de las constancias del instrumento constitutivo, en su cláusula novena, surge que se

ha estipulado el funcionamiento del directorio, en la que se enumera las distintas facultades del

mismo.

Que en dicha cláusula se estipula la facultad del órgano de administración de: “…otorgar y

revocar poderes especiales y generales, revocables o irrevocables, judiciales, de administración,

de disposición, para querellar criminalmente u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar,

proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales; y realizar todo otro hecho o acto

jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a la sociedad…”.

Que a fs. 16 y fs. 18 el Inspector actuante del DEPARTAMENTO DE PRECALIFICACION

observo el tramite en relación a la inclusión de la facultas de dar y revocar poderes generales de

administración y disposición que se le otorgo al órgano de administración.

Que a fs. 19 el dictaminante manifestó, en respuesta a las observaciones cursadas, que

de la cláusula novena no resultaba la facultad de otorgamiento de poderes generales de

administración y disposición.

Que también manifestó que del texto de la cláusula de mención, se desprende que el

directorio tiene facultades de otorgar poderes y que las mismas se encuentran enumeradas,

expresando que para cada caso podrán ser especiales o generales y que para el caso de los

poderes de administración y disposición “va de suyo” que serán especiales, solicitando que el

Inspector analice los signos de puntuación de la misma.

Que lo sostenido por el profesional dictaminante a fs. 19 dista de ser lo que se encuentra

estipulado en el artículo noveno del estatuto, toda vez que en el mismo no se encuentran

diferenciados los distintos de poderes y las facultades que otorga cada uno de ellos.

Que a fs. 20 se reiteraron las observaciones cursadas a fs. 16 y fs. 18, por lo que el

profesional interviniente, al no compartir los fundamentos vertidos en las mismas, solicitó la

elevación al Sr. DIRECTOR.

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Que encontrándose las actuaciones en estado de resolver, corresponde destacar – que

como se tiene dicho en la Resolución IGJ Nº 1504/2003 “AGROMANIA SOCIEDAD ANONIMA”-

los poderes generales de administración y disposición implican una verdadera delegación de las

funciones de administración que el ordenamiento societario vigente argentino le reserva con

carácter exclusivo al directorio de las sociedades anónimas (Art. 255 de la Ley 19.550), y que este

órgano no puede delegar, a tenor de los expresamente prescripto por el articulo 266 de la Ley Nº

19.550.

Que sin perjuicio de lo manifestado por el dictaminante en lo atinente a los signos de

puntuación consignados en el texto de la cláusula novena del estatuto, de la redacción de la

misma surge inequívocamente la facultad de otorgamiento de poderes generales de

administración y disposición.

Que el criterio de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA no solo tiene fundamentos en

la Resolución citada ut supra sino que ha sido reforzado y expresamente tratado en los

considerandos de la Resolución Nº07/2005 a saber: “…Que las soluciones particulares que portan

algunas de las disposiciones, provienen de la jurisprudencia administrativa y judicial que esta

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA esta facultada a aplicar y sus fundamentos se hacen

extensivos a estas Normas. Tales, por vía de ejemplo, los criterios que se adoptan en orden a la

exigencia de pluralidad sustancial de socios en la constitución de las sociedades y circunstancias

sobrevivientes a ella, sociedades de profesionales, cláusulas sobre poderes generales de

administración y disposición…”.

Que los lineamientos vertidos precedentemente obedecen a la regulación que viene

ejecutando esta Inspección respecto de la amplitud de funciones que podrían ser delegadas en

ciertos mandatarios lo que desnaturalizaría el carácter personal e indelegable del cargo de

director regulado por el Articulo 266 de la Ley 19.550. es en virtud de ello, que los Artículos 269 y

270 de la normativa citada autorizan al directorio a delegar ciertas tareas y funciones para hacer

mas eficiente y ágil su cometido, tal es la designación de un Comité Ejecutivo o de Gerentes, sin

que ello signifique la disminución de la responsabilidad del órgano de administración.

Que el poder general podrá ser valido sin mas para los negocios rutinarios o de tipo

ordinario o de mera ejecución societaria; pero para ciertos actos de mayor trascendencia, es

necesaria la previa intervención del directorio resolviendo llevar a cabo la contratación – ó la

asamblea o consejo de vigilancia en su caso-, pues de lo contrario se estaría delegando lo que la

ley no permite, es decir se estaría delegando en el apoderado, la función de administración que

indefectiblemente le corresponde al directorio –o la de gobierno a cargo de la asamblea – y que

por respeto a la tipologia societaria no puede ser alterada (Solari Costa, Osvaldo, “El directorio en

las Sociedades Anónimas”, Buenos Aires, 1999, Editorial Ad Hoc, p. 137.)

Que es por ello que los administradores – que pueden ser socios o no- no pueden

arrogarse facultades propias de la asamblea de accionistas, en la celebración de actos de

disposición que trascienden el giro ordinario de los negocios, que incluso puedan poner en peligro

la existencia misma del ente, como en el caso de la venta de la hacienda o del inmueble que

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constituye el asiento de la empresa o del único bien registrable de la sociedad. (Solari Costa,

Osvaldo, “El directorio en las Sociedades Anónimas”, Buenos Aires, 1999, Editorial Ad Hoc, p.

155).

Que en el caso que nos convoca, la cláusula novena del estatuto de ALMATRADE S.A.

Dispone inequívocamente la facultad del directorio de otorgar poderes generales de

administración y disposición, siendo por lo tanto contrario al criterio de esta INSPECCION

GENERAL DE JUSTICIA el cual se encuentra fundamento por conteste jurisprudencia

administrativa y doctrina especializada en la materia, e inclusive por la Ley 19.550.

Que la inscripción de la cláusula novena del citado estatuto implicaría la facultad del

órgano de administración de delegar los deberes y funciones que les competen y por las cuales

son responsables, a personas ajenas a dicho órgano e incluso extrañas a la misma sociedad sin

limitación alguna, lo cual resulta totalmente contrario a las disposiciones que se citan en el párrafo

siguiente.

Que siendo conforme a lo dispuesto por los Artículos 34 del Código de Comercio 5º, 6º,

255 a 270 y concordantes de la Ley 22.315.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el Articulo 21 inciso b

de la Ley 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º- Denegar la inscripción de la constitución de ALMATRADE S.A. con la previsión

estatutaria del Articulo noveno en relación a facultar al Directorio a otorgar y revocar poderes

generales de administración y disposición.

ARTICULO 2º- Regístrese y notifíquese. Oportunamente archivase.

RESOLUCION I.G.J. Nº 360

Fdo.: DR. MARCELO O. MAMBERTI

INSPECTOR GENERAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

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GESTION DE DOCUMENTACION ADUANERA

S.A.

Resolución (P) IGJ Nº 1148/10

BUENOS AIRES, 25 DE OCTUBRE 2010

VISTO el trámite Nº 2.612.857 de denuncia iniciado contra la sociedad “GESTION DE

DOCUMENTACIÓN ADUANERA S.A.”, Expediente de estatuto Nº 1.772.385 del registro de esta

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que se presenta en estos actuados el Sr. M.H.L.M., con patrocinio letrado, invocando su

carácter de accionista y vicepresidente de la sociedad “GESTION DE DOCUMENTACION

ADUANERA S.A.”, a fin de formular denuncia contra la sociedad y su presidente, Sr. R.H.C..

Que en la denuncia formulada se enuncia una serie de irregularidades en las que

incurriera el presidente de la sociedad. En tal sentido manifiesta que la sociedad no presentó los

balances, conforme a lo dispuesto por el articulo 67 de la Ley 19.550, que en las actas de

directorio y de asamblea no constaban las deliberaciones, decisiones ni oposiciones, que no se ha

transcripto correctamente la asamblea desarrollada el 21 de marzo de 2008. Expone que el 2 de

marzo de 2009 intimó al presidente, por última vez, a que regularizara todas las cuestiones,

tomando finalmente la decisión de renunciar al cargo de vicepresidente mediante el envío de la

carta documento Nº CBK0064641. Continúa su relato manifestando que se le negó

sistemáticamente el ingreso a la sociedad y toda información que solicitara.

Que verificadas las inscripciones efectuadas por la sociedad, se advierte que a la fecha de

inicio de la denuncia “GESTION DE DOCUMENTACION ADUANERA S.A.” registró únicamente el

estatuto de constitución siendo elegidos en el mencionado acto el Sr. R. H. C. en carácter de

presidente y el Sr. M.H.L.M. como vicepresidente.

Que las cuestiones denunciadas, precedentemente enunciadas, a excepción de lo que

resulta materia de fiscalización, son de competencia judicial, requiriendo de una actividad

probatoria propia de dicho ámbito, pues conforme lo establecido por el articulo 5 de la Ley Nº

22.315: “…También son de competencia judicial las resoluciones de las cuestiones que versen

sobre derechos subjetivos de los socios de una sociedad comercial entre si y con respecto a la

sociedad.”

Que en virtud de lo expuesto solo se sustanciaron las cuestiones planteadas en la

presentación que resultan de las competencias del Organismo.

Que a fojas 26/27 se intima a la sociedad GESTION DE DOCUMENTACION ADUANERA

S.A. para que en el plazo de diez días regularice la presentación de los ejercicios económicos

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adeudados. Acreditándolo documentalmente en estos actuados, e informe si la sociedad funciona

efectivamente en la última sede social registrada sita en Bolívar Nº 619, unidad 3 de esta Ciudad.

Que a fojas 32 obra agregada la cedula dirigida a la sociedad, librada al domicilio de la

calle Bolívar Nº 619 unidad 3 de esta Ciudad, a efectos notificar la intimación dispuesta a fojas

26/27, siendo informado por el notificador que el local comercial se encontraba cerrado.

Que a fojas 43/43 obra agregada la carta documento y aviso de recepción remitida a la

sociedad “GESTIOM DE DOCUMENTACION ADUANERA S.A.” y a su presidente, Sr. R.H.C., en

el domicilio de este ultimo sito en Congreso 829, Haedo, Provincia de Buenos Aires a efectos de

cursar la intimación dispuesta a fojas 26/27.

Que en respuesta, se presenta en estos actuados el Sr. F.S.C., invocando su carácter de

apoderado de la sociedad, carácter oportunamente acreditado con la copia simple del poder que

obra a fojas 60/65, a fin de informar que la nueva sede social se encuentra ubicada en Avenida

Belgrano Nº 634, piso 2º, departamento “C” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando

una prorroga de 20 (veinte) días para proceder a la inscripción del cambio de sede social en este

Organismo y presentar los estados contables adeudados a la fecha.

Que a fojas 45 vta. se ordena efectuar una visita de inspección en el domicilio informado,

a efectos de compulsar los libros sociales y verificar si en el domicilio denunciado de la Avenida

Belgrano 634, piso 2º, Departamento “C” de esta Ciudad existen signos visibles que permitan

prima facie determinar si en dicho lugar funciona efectivamente la sede social.

Que a fojas 46/47 consta el acta labrada en oportunidad de la visita de inspección

realizada. En dicha ocasión ante el requerimiento de que se informe si en el domicilio mencionado

funciona la sede social de la empresa, el Sr. S.C., respondió afirmativamente indicando que se

dedican especialmente a la venta de productos de librería para despachantes de aduana, rótulos,

precintos y formularios. Que ante la solicitud de exhibición de los libros sociales, informó que con

excepción del Libro Inventario y Balances Nº, los demás se encuentran en una escribanía a los

fines de dar cumplimiento con la vista cursada por el Organismo.

Que en consecuencia se requirió a la sociedad la presentación en la INSPECCION

GENERAL DE JUSTICIA, dentro de los 5 (cinco) días, de los libros Actas de Directorio, Actas de

Asambleas, registro de Acciones y Deposito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas,

para su compulsa bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la legislación vigente,

intimación que fuera cumplida en tiempo oportuno, adjuntando fotocopia del poder de

administración y disposición otorgado a favor del señor F.S.C. y exhibiendo los libros solicitados:

Libro de Actas de Directorio Nº, rubrica nº 81251-06, de fecha 26/09/206, copiador de 100

paginas, ultimo folio utilizado 15:, Libro de Actas de Asambleas Nº, rubrica nº 81250-06, de fecha

26/06/06, copiador, de 100 paginas, ultimo folio utilizado 6; Libro Registro de Acciones/Accionistas

Nº, rubrica nº81247-06, de fecha 26/09/06, de 49 folios, ultimo folio utilizado 2, Libro Deposito de

Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nº, rubrica nº 81248-06, de fecha 26/09/06, de 49

folios, ultimo folio utilizado 5., Libro Inventario y Balances Nº, rubrica nº 81252-06, de fecha

26/09/06, copiador, de 250 paginas, ultimo folio utilizado 36.

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53

Que como consecuencia de la intimación cursada la sociedad presentó los ejercicios

económicos adeudados, y cumplió con el pago de las tasas anuales. Asimismo, se verifico que

con fecha 22 de abril de 2010 procedió a inscribir el cambio de domicilio y la designación de

directores, actos registrados bajo el número 7309 del Libro 49 de Sociedades Anónimas.

Que en virtud de lo expuesto y acreditado la sociedad el cumplimiento de todos los

requerimientos efectuados por el Organismo, corresponde declarar abstracta la presente

denuncia.

Que el Departamento de Sociedades Comerciales y Regimenes de Integración Económica

y la Dirección de Sociedades Comerciales han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 6 inciso c) de la Ley Nº

22.315 y demás concordantes.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- DECLARESE abstracta la denuncia formulada por el Señor M.H.L.M.

ARTICULO 2º.- REGISTRESE. Notifíquese por cédula al peticionante, Sr. M.H.L.M., al domicilio

constituido en la calle Nueva York 5087 y a la sociedad “GESTION DE DOCUMENTACION

ADUANERA S.A.” al domicilio de Av. Belgrano 634, piso 2º, departamento C, ambos de esta

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su cumplimiento pase al DEPARTAMENTO DE

SOCIEDADES COMERCIALES Y REGIMENES DE INTEGRACION ECONOMICA.

Oportunamente. Archívese.

RESOLUCION IGJ (P) Nº 1148

Fdo.: Dr. MARCELO MAMBERTI

INSPECTOR GENERAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

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54

ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA

Resolución (P) IGJ Nº 931/10

BUENOS AIRES, 15 de septiembre de 2010

VISTO

El Expediente Nº 360134/1768/4008095 del registro de esta INSPECCION GENERAL DE

JUSTICIA, perteneciente a “ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA”, y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 1/2 y siguientes se presenta el Sr. D.R.R., en calidad de socio de la entidad

“ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA”, incoando formal denuncia contra la misma.

Que explica que se presenta en estos actuados, a fin de denunciar la decisión tomada por

la comisión directiva con fecha 13 de febrero de 2008 y confirmada por el tribunal de honor con

fecha 25 de abril de 2008, referida a la sanción de sesenta (60) días de suspensión y la accesoria

de prescripción electoral, prevista en los artículos 21 y 50 inc. c), respectivamente, del estatuto

social.

Que dicha sanción, a la que tilda de injusta, arbitraria e infundada, fue tomada en el marco

de la campaña proselitista y acto eleccionario del 18 de noviembre 2007.

Que continua explicando que la medida se fundo en la presunta infracciono o hecho

disvalioso, a el atribuido, referido a pegar carteles no autorizados en la social, que agraviaban a

los miembros de la comisión directiva, como así también a otro socio.

Que agrega que ante la sanción resuelta por el órgano de administración, interpuso

recurso de apelación por ante el jurado de honor, solicitando se revoque la medida de sanción

adoptada, toda vez que expresa no haber cometido el hecho que se le atribuyó, resaltando

asimismo, la falta absoluta de pruebas que justifiquen la decisión adoptada.

Que informa que pese a la documental aportada, con fecha 25 de abril de 2008, el jurado

de honor ratifica la sanción.

Que señala que no incurrió en la conducta que se le atribuyó; pero que si así hubieses

ocurrido, la práctica que origino la sanción tampoco se encuentra tipificada en el estatuto social,

por lo que la medida es doblemente improcedente.

Que finalmente, alega la inexistencia de un sumario administrativo legítimo y la carencia

de facultades tanto de la comisión directiva como del jurado de honor, para resolver la cuestión,

en virtud de no tratarse de órganos imparciales, ya que quienes juzgaron su proceder, fueron

contrincantes en las elecciones que originó el presente conflicto.

Que a fs. 44 se ordena el traslado de la denuncia dándose cumplimiento de ello según

constancias obrantes a fs. 45.

Que a fs. 46/51 y siguientes luce la contestación de denuncia presentada en tiempo y

forma por la entidad, solicitando el rechazo de la misma.

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55

Que comienza refiriendo a los artículos que dan marco a la presente contienda.

Que luego expresa, que las decisiones tomadas por el Jurado de Honor son inapelables,

en virtud de lo dispuesto por el Art. 21 y 46 del estatuto social, en consecuencia considera

improcedente la presente denuncia.

Que en relación a las formalidades procesales que dotan de validez al tramite de sumario

iniciado contra el Sr. R., manifiesta que el mismo cumplió con los requisitos legales y que se

permitió al inculpado ejercer su derecho de defensa.

Que continua explicando que el sumario se instruyo el día 14 de noviembre de 2007, que

dicho acto fue notificado al denunciante con fecha 16 de noviembre, efectuándose el respectivo

descargo el día 23 del mismo mes.

Que con respecto al descargo expresa, que el propio inculpado reconoció los hechos, toda

vez que expuso que en el marco de una contienda electoral es habitual que los contendientes

apelen a toda clase de argumentos en defensa de su agrupación o perjuicio del contrincante.

Que agrega que dicha práctica no puede ser consentida, ni mucho menos pretender que

los valores de la entidad, plasmados en su estatuto, queden suspendidos por el desarrollo del acto

eleccionario.

Que prosigue expresando, que el día 2 de diciembre se autorizó al inculpado a tomar vista

del sumario y que el día 12 del mismo mes presenta un nuevo descargo.

Que a los fines de garantizar el derecho de defensa, el día 29 de enero de 2008 se realizó

una reunión de comisión directiva, en la que se decidió otorgar la posibilidad de que el Sr. R.

efectúa un nuevo descargo.

Que en consecuencia el 13 de febrero presentó una nota explicando que su descargo fue

formalmente presentado el día 2 de diciembre de 2007.

Que expresa, que con fecha 13 de febrero se reúne la comisión directiva a los efectos

resolver los hechos investigados, siendo notificada la respectiva decisión con fecha 15 de marzo.

Que agrega que posteriormente se presentó el denunciante manifestando que aun no

había sido notificado, permitiéndole presentar la apelación de la medida por ante el Jurado de

Honor, pese a que se encontraban vencido todos los plazos.

Que relata que a su turno el jurado de honor confirmó la medida adoptada por la comisión

directiva, toda vez que consideró que el imputado reconoció los hechos que se imputaban y que

asimismo no desconoció las pruebas glosadas en el sumario.

Que finalmente desestima las imputaciones referidas a la carencia de facultades tanto de

la comisión directiva como del jurado de honor para intervenir en el asunto, en virtud de que el

propio estatuto indica el procedimiento a seguir y los órganos encargados de llevarlo a cabo.

Que en relación al fondo de la cuestión, manifiesta que el estatuto es claro en cuanto a

cual debe ser la conducta de los socios tanto dentro como fuera del club, en la faz deportiva y en

la relación con los demás socios, como así también el procedimiento a seguir en caso de que

dichas pautas no sean cumplidas.

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56

Que concluyen este tema manifestando que un acto eleccionario no es excusa valida para

suspender las obligaciones impuestas por las normas de la entidad.

Que a fs. 147 se presenta nuevamente el denunciante explicando que la primera lectura

de la resolución adoptada por la comisión directiva y confirmada en grado de apelación por el

jurado de honor, no permite apreciar con claridad la verdadera sanción que con esta medida se

concreta.

Que explica que toda vez que su actuar fue calificado de “falta grave”, tal como surge de

la resolución de la comisión directiva, no solo le cabe la sanción de sesenta (60) días que se le

impusiera, sino la imposibilidad de integrar una nueva lista de candidatos en el futuro, ello

conforme lo dispuesto en la última parte del inc. c) del art. 51.

Que posteriormente se ordena una visita de inspección la sede social de la entidad, de la

que surge que la sanción aplicada fue cumplida y que transcurrido el plazo de sesenta días el Sr.

R. fue reintegrado a su actividad social.

Que en este estado corresponde efectuar las siguientes consideraciones:

Que con respecto a la primera aseveración vertida en autos por la entidad, referida a que

la denuncia formulada ante este Organismo es improcedente, toda vez que las decisiones

adoptadas por el jurado de honor son de carácter inapelable, es inaceptable, toda vez que el

estatuto social rige la vida de la institución y sus mecanismos fijan únicamente el agotamiento de

la vía interna, pero de ningún modo la norma estatutaria de una asociación civil puede anular las

facultades de intervenir que la Ley 22.315 en su art. 10 inc. f), otorga a este órgano de contralor.

Que previo a avocarnos al estudio de las presentes actuaciones es menester dejar

sentado y no perder de vista que una asociación civil, sea cual fuere la actividad social

desplegada, es ante todo un grupo de personas movidas por una finalidad común que se organiza

del mismo modo que lo hace un estado de derecho. En pos de ello, en primera instancia dictan su

carta magna que no es mas que el estatuto social, y luego proceden a elegir a los miembros que

conformaran los distintos órganos y que serán los encargados de hacer cumplir la norma

fundamental.

Que de lo manifesta y, sin pretender caer en reiteraciones, se desprende que una

asociación civil es un pequeño estado de derecho políticamente organizado para la persecución

de un fin.

Que dicho esto cabe avocarnos a la cuestión ventilada en autos: la sanción impuesta al

Sr. R. en el marco de la contienda electoral; no sin antes precisar el concepto e implicancias de

las campañas electorales.

Que en esencia, las campañas electorales, practica común en las entidades sin fines de

lucro, como consecuencia de lo ya manifestado, son una forma de comunicación política

persuasiva entre los candidatos y los electores. Sus temas, mensajes e imágenes tratan de

convencer a los electores de la idoneidad de un candidato en referencia a un puesto en disputa y

a la vez, señalar los puntos débiles de los otros candidatos. Cada uno se ve obligado a definirse a

si mismo frente a los ojos de los electores de manera consistente con sus propuestas.

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57

Que a su vez, los electores observan a los postulantes y forman sus juicios a favor, en

contra o en duda sobre cada uno de ellos. Los candidatos se dirigen todo el tiempo a los

asociados para convencerlos de sus virtudes o de los defectos de los contrarios.

Que las mencionadas practicas, además de ser naturales a todo ente democráticamente

organizado, son por su parte sanas para la vida institucional, en el sentido de que permite a los

socios acceder a cierta información, tomar contacto con las denuncias formuladas y a su vez

escuchar las defensas esgrimidas, para luego si, definir su voto.

Que dichas prácticas se tornan disvaliosas, cuando se exceden en su finalidad, generando

violencia o disturbios que perjudican el normal desarrollo de la entidad.

Que esta practica “normal” fue la utilizada por la lista AZUL Y BLANCA en la campaña electoral

que culminó con la asamblea de fecha 18 de noviembre de 2007. Asimismo de lo actuado no

surge hechos de violencia o disturbios que justifiquen la medida adoptada, toda vez que los

fundamentos del sumario iniciado contra el Sr. R. son únicamente dos panfletos obrantes a fs.

59/60 de las presentes actuaciones.

Que de los mencionados panfletos no surgen difamaciones personales, ya que solo

apuntan a ventilar un hecho concreto de la gestión de las autoridades de la entidad.

Que por su parte tampoco resulta valida la aplicación genérica del art. 21 del estatuto

social en cuanto dice: “El socio que infrinja el Estatuto, Reglamentos Internos, decisiones de la

Asamblea o de la Comisión Directiva o incurra en faltas a la ética deportiva, moral o buenas

costumbres, podrá ser suspendida por la Comisión Directiva en el ejercicio de todos o algunos de

los derechos que le corresponden como tal (si no correspondiere una sanción mayor) por un

término que no podrá exceder de dos años…”. Como así tampoco el art. 22 en cuanto dice: “…o

cuando de hecho, de palabra o por escrito falte a la debida consideración de otro asociado, sea o

no autoridad de la Asociación…”

Que ambos artículos, amen de no contemplar la conducta asumida por el denunciante,

refieren a circunstancias de la vida institucional deferentes, y no puede ser aplicado al acto

preeleccionario, de naturaleza distinta. De ningún modo puede asimilarse la práctica deportiva que

se efectúa como actividad social con la elección de las autoridades.

Que esta naturaleza diferente del acto eleccionario, no asimilable a la actividad social,

surge también de la Resolución I.G.J. Nº 7/2005 en su articulo 428, cuando prevé como norma

supletoria, en todas las cuestiones que tengan que ver con el acto eleccionario y que no se

encuentren previstas en el estatuto, al Código Electoral.

Que de los argumentos vertidos hasta aquí. Se denota claramente la inviabilidad de la

sanción impuesta al denunciante.

Que teniendo en cuenta que de acuerdo surge del acta labrada a fs. 160/161, el Sr. R. ya

cumplió la sanción impuesta, corresponde que dicha sanción no conste en el legajo del asociado,

mucho menos su calificativo de “falta grave”, con el fin de evitar que el denunciante sea pasible de

la aplicación, en futuras elecciones, del articulo 51 inc. c).

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Que en otro orden de ideas cabe resaltar que si bien el sumario fue diligenciado de

acuerdo a los procedimientos fijados estatutariamente, el pleno ejercicio del derecho de defensa

que le corresponde al asociado, en este en casi en particular al Sr. R., es aparente, toda vez que

la elección del jurado de honor, surge de la lista completa por la que se eligen las autoridades

sociales, trasformándose en un apéndice del órgano político y no en un instituto independiente;

asimismo al no prever la apelación por ante la asamblea, el mencionado derecho de defensa se

ve conculcado.

Que en este sentido, y de acuerdo a las atribuciones otorgadas por el art. 32 del Decreto

1483/82 la entidad deberá reformar el estatuto social modificando la forma de integración del

jurado de honor o bien estableciendo un grado de apelación por ante asamblea convocada al

efecto, a los fines de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa por parte de los

asociados.

Que por lo hasta aquí dicho, corresponde hacer lugar a la denuncia incoada contra la

entidad.

Que el Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones ha tomado la intervención de

su competencia.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los Artículos 3,

6 10 de la Ley 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO 1: Hacer lugar a la denuncia presentada por el Sr. D.R.R. contra la entidad

“ASOCIACION ARGENTINA DE PESCA”.

ARTICULO2: Intimar a la entidad a que en el plazo de diez (10) días de notificada la presente

depure el legajo del Sr. R., en el que no deberá constar la sanción impuesta con el calificativo de

“falta grave”.

ARTÍCULO 3: Intimar a la entidad a que en el plazo de sesenta (60) días presenten en estos

actuados el proyecto de reforma de estatuto requerido e informe la fecha de convocatoria de la

asamblea extraordinaria a la cual será sometido dicho proyecto.

ARTICULO 4: Registrese. Notifíquese al denunciante en el domicilio constituido en la calle

Esmeralda 155 Piso 5º of. 29 a la entidad en el domicilio constituido de la calle Venezuela 732,

Piso 4º “F” y al domicilio de la sede social sito en Combate de los Pozos 550. Oportunamente

vuelva al Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones.

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RESOLUCION IGJ (P) Nº 931

Fdo.: MARCELO MAMBERTI

INSPECTOR GENERAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

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ASOCIACION ARGENTINA DISTRIBUIDORES

REPRESENTANTES DE EDITORIALES

Res. (P) IGJ Nº 678/10

BUENOS AIRES, 27 de julio 2010

VISTO los Expedientes Nº 359966/4660/60149, 359966/4660/60209,

359966/4660/4000611 y 359966/4660/4004223 correspondientes a la “ASOCIACION

ARGENTINA DISTRIBUIDORES REPRESENTANTES DE EDITORIALES” del registro de esta

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA y;

CONSIDERANDO:

Que con fecha 26 de abril de 2007, se presentan los Dres. J.F.M y A.M., en carácter de

apoderados de los señores C.A.V., A.S. y J.C.B., quienes dicen ser socios de la entidad de

referencia, incoando la denuncia del expediente Nº 60149.

Que en el mencionado trámite vienen a denunciar el incumplimiento incurrido por la

Comisión Directiva respecto a su obligación de convocar a asamblea ordinaria de asociados

dentro del plazo establecido estatutariamente.

Que manifiestan, que conforme a lo establecido en el Articulo 52 del estatuto social,

deberá realizarse a la asamblea general ordinaria anualmente dentro de las CUATRA (4) meses

de cerrado el ejercicio, a fin de considerar la memoria, balance, inventario y cuentas de gastos y

recursos.

Que agregan, que el Articulo 55 establece que DIEZ (10) días antes de celebrarse la

asamblea deberá ser exhibido el padrón; asimismo mencionan que el Articulo 58 dispone que la

convocatoria a los asociados debe realizarse por cualquier medio fehaciente con QUINCE (15)

días de anticipación inscribiéndose el orden del día en la convocatoria.

Que como corolario de lo hasta aquí expuesto manifiestan, que la Comisión Directiva

debió convocar a asamblea ordinaria en forma previa al 9 de abril a fin que la misma se celebre el

30 de abril, fecha limite establecida estatutariamente para la celebración.

Que añaden que no habiendo ello ocurrido con fecha 20 de abril de 2007, la Escribana

V.N.M. se apersonó en la sede social, junto a la Dra. M.G.V., apoderada de los denunciantes.

Que en dicha oportunidad se labró el Acta Nº 473, por medio de la cual se constató la

intimación cursada a la entidad, para que en el plazo de VIENTICUATRO (24) horas, informe si se

efectuó la convocatoria a asamblea, como así también se proceda a la entrega de un ejemplar del

padrón de votantes y de la documentación contable correspondiente al ejercicio 2006.

Que a fs. 3/20 adjuntan: poder especial, estatuto social y padrón de asociados.

Que a fs. 23 se ordena el traslado de la denuncia. A fs. 26 los denunciantes solicitan la

concurrencia de un inspector veedor a la asamblea general ordinaria de socios.

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61

Que previo a la celebración de la asamblea, los inspectores veedores se constituyeron en

la sede social a efectos de correr traslado de la denuncia presentada.

Que el traslado conferido es contestado por la apoderada de la entidad, solicitando la

desestimación de la denuncia, en razón de que las irregularidades planteadas han devenido

abstractas.

Que agrega que, si bien existió una demora de pocos días en la celebración de la

asamblea, ello se debió a un impedimento personal de orden medico del presidente, siendo que

este, consideró necesario concurrir a presidir el acto asambleario.

Que continua diciendo, que los aquí denunciantes incoaron una denuncia contra la

asociación, impugnando la asamblea celebrada en el año 2006, la que luego de su respectivo

análisis fue rechazada por este Organismo de contralor.

Que deducen que el actuar de este grupo de asociados, se debe a que los mismos

integraban una lista de candidatos, que perdió las elecciones efectuadas en el año 2006.

Que continua diciendo, que una vez comenzaba la asamblea, el presidente pidió

disculpas, explicando a los presentes los motivos de la demora, lo que surge del acta labrada por

los veedores de Organismo y de la constatación notarial pasada por ante el Escribano P.M.G.,

que se adjunta a la contestación de la denuncia.

Que la asamblea fue convocada, aceptadas las disculpas y aprobados los estados

contables sometidos a la consideración de los asistentes al acto.

Que expresan que, si bien el Articulo 52 establece la celebración de la Asamblea General

Ordinaria “dentro de los cuatro meses de cerrado el ejercicio”, éste no debe ser interpretado con

una rigurosidad tal que impida atender circunstancias que justifiquen razonablemente una

pequeña dilación en su celebración, y que lo contrario implicaría sostener un “excesivo rigorismo

formal” (sic).

Que manifiesta que, la presente denuncia intenta atentar contra el espíritu asociativo de la

institución, puesto que enterados los denunciantes de la convocatoria, en lugar de desistir de la

denuncia, solicitaron veedor, no aduciendo ninguna cuestión que justificara su comparecencia y

por lo tanto solicitan se rechace la denuncia presentada.

Que posteriormente los denunciantes y otros asociados, formulan la denuncia que obra en

el Expediente Nº 4000611. En la misma se refieren, en primera instancia al retraso en la

convocatoria ya tratado oportunamente, para luego avocarse a las irregularidades detectadas en

el padrón de asociados.

Que explican que, el estatuto social establece en su Articulo 12, como requisitos para

acceder a la categoría de socio vitalicio, ser socio plenario, tener la edad de 65 años y la

antigüedad de VIENTE (20) años ininterrumpidos como asociado de la entidad, no acreditándose

dichos extremos en el caso de las socias A.R.R., A.B.v de P. y M. I. P. de B.

Que exponen que, en el primero de los casos la socia no llega a la edad requerida, en el

segundo caso no se cumple con la antigüedad de VEINTE (20) años y finalmente la Sra. de B.,

figura en el padrón utilizado en la asamblea anterior, como socia activa.

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62

Que a continuación, se refieren a las irregularidades detectadas en el ejercicio económico

tratado en la asamblea en cuestión, objetando la magnitud de sumas de dinero existentes en caja,

en contraposición a la normativa vigente relacionada con la obligación de bancarizar las

operaciones.

Que a su vez cuestionan las sumas pagadas en concepto de anticipos a

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS Y Deudas Fiscales, como así también

la afirmación de la Comisión Directiva referente a que dichas sumas fueron pagadas en

compensación de fondos no determinados de ejercicios anteriores, siendo que la entidad esta

exenta de impuestos a las Ganancias por el perdió que comienza el 11 de febrero de 2000 y

culmina el 31 de julio de 2007 y también exenta del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,

agregando que la entidad no pudo explicar el movimiento de fondos efectuado en el ejercicio en

análisis.

Que agregan que los resultados del ejercicio están totalmente distorsionados, por la

clasificación como Recursos Ordinarios de los resultados financieros, ocultándose de este modo

una perdida operativa.

Que finalmente objetan, en relación a la cuenta Moneda Extranjera, que de la

comparación de la misma en los años 2005 y 2006 surge que, el saldo se reduce de la suma de

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS CON

SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($1.374.305,66) a CERO PESOS ($0), de lo que deducen que la

tenencia en moneda extranjera fue convertida a moneda nacional, lo que debería haberse

reflejado en la cuenta Direfencias de Cambio, siendo que la misma se incluyó en la cuenta

Intereses Ganados, deducen de este actuar, un ocultamiento de información referido a los

movimientos de fondos de la asociación.

Que corrido el traslado, el mismo es contestado por la Dra. E.S.L., en representación de la

entidad.

Que en dicho carácter y de acuerdo a las instrucciones de su mandante, solicita el

rechazo de la denuncia.

Que en primer lugar, reconoce que hubo una demora justificable en la convocatoria a

asamblea y que la misma ya fue tratada en la denuncia obrante en el Expediente Nº 60149.

Que agrega que los inspectores veedores que asistieron a la asamblea celebrada el día

10 de mayo de 2007, adjuntaron a la pertinente actuación, certificados médicos que acreditaron

las dolencias que aquejaron al presidente.

Que en relación a las impugnaciones efectuadas respecto del padrón de asociados,

manifiesta que una vez comenzada la asamblea y, como surge del acta notarial que adjunta, toma

la palabra el Sr. R.N., manifestando que “hace reserva sobre la impugnación del padrón de

asociados”, ante dicha manifestación, el secretario pregunta cual es la causa de esa reserva,

contestando el Sr. N. que “no agrega nada mas, que reitera su reserva sobre impugnación”,

prefiriendo no tratar el tema en asamblea.

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Que seguidamente se refiere a las tres impugnaciones presentadas, sobre un total de

CIENTO TRECE (113) socios que integraron el padrón de la asamblea celebrada el 10 de mayo

de 2007. Adjunta la planilla de asistencia al acto.

Que respecto a la Sra. A.R.R., niegan la impugnación referida a que la socia no cuenta

con la edad de SESENTA Y CINCO (65) años, necesaria a los fines de conformar el padrón de

socios vitalicios, solicitando se libre oficio al REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, a los

fines de corroborar sus dichos. Asimismo manifiesta que de todos modos ello no cambia el

resultado de la votación, en virtud a que de acuerdo al estatuto social, tanto los socios vitalicios

como plenarios tienen derecho a TRES (3) votos.

Que en cuanto a la Sra. A.B.Vda. De P.; reconoce que existió un error, pero que fue

provocado por uno de los denunciantes, aclarando que el Sr. N.P. en conjunto con N.R.P., solicitó

a la Comisión Directiva, el ingreso como asociado en la categoría plenaria vitalicia de A.B.Vda. De

P, su madre, cuando nunca estuvo asociada a la entidad, por lo que no podría revistar la categoría

vitalicia.

Que la cuestión referida a la Sra. M. I. P. de B., radica en que la asociada pasó

directamente de socia activa a vitalicia, sin el paso previo por la categoría de socia plenaria.

Informan que en este caso la socia se encontraba en condiciones de acceder a la categoría de

plenaria y además contaba con la edad de SESENTA Y CINCO (65) años, de todos modos

destacan que sigue siendo banal la discusión, toda vez que tanto la categoría de socios plenarios

como vitalicios, tienen derecho a la misma cantidad devotos, u a su vez al no concurrir la asociada

a la celebración del acto asambleario, tampoco pudo haber interferido en el resultado de la

votación.

Que en cuanto a las irregularidades planteadas en el balance correspondiente al ejercicio

2006, manifiesta que los denunciantes estuvieron facultados antes y durante la asamblea para

cuestionar los estados contables sobre errores u omisiones, como así también para solicitar

correcciones sobre el mismo, pero que no fueron planteadas.

Que agrega que, como surge del acta de constatación de la asamblea del 10 de mayo de

2007, si bien el Sr. J.C.B., efectuó preguntas sobre las cuentas del balance al ser aclaradas, no

hizo más cuestionamientos al respecto, no solicitó aclaración ni documental alguna; asimismo

manifiesta que el resto de los denunciantes presentes en la asamblea tampoco realizaron

observaciones.

Que manifiesta que, no obstante la actitud pasiva de los denunciantes efectuará un análisis al

respecto.

Que en caja en moneda nacional: al tesorero Sr.A.D.E. Informó que debido a lo ocurrido

en diciembre de 2001, cuando se incautaron todos los fondos a la asociación, se decidió

diversificar la cartera en caja de seguridad, aclarando que la entidad 1º de diciembre de 2001,

tenía casi todos los fondos bancarizados, como pretenden los denunciantes, y que ello derivó en

la iniciación de acciones legales (adjunta carátula del expediente “ASOCIACION ARGENTINA DE

DISTRIBUIDORES REPRESENTANTES DE EDITORIALES c/ PEN LEY 25561 Dto. 1570/01 y

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214/02 s/ amparo Ley 16986” que tramitó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo

Contencioso Administrativo Federal Nº 1, Anexo 5).

Que con relación a los anticipos a la ADMINSITRACION FEDERAL DE INGRESOS

PUBLICOS y Deudas Fiscales, manifiesta que conforme surge del acta respectiva, debido a una

verificación de la ADMINSITRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS en la asociación,

debieron ingresar los anticipos correspondientes, sin perjuicio de pedir la exención para los

restantes, exención que pudo efectivizarse a partir del cuanto anticipo.

Que con respecto a la moneda extranjera, manifiesta que la existencia de la misma al 31

de diciembre de 2005, fue convertida a pesos en el ejercicio 2006 y que la diferencia de cambio se

contabilizó en la contabilizó en la cuenta de Intereses Ganados, no modificando en forma alguna

los resultados del ejercicio.

Que finalmente explica, respecto al detalle de la composición de cuentas, que los montos

que aparecen en cada una de las mismas, se encuentran explicados y respaldados en los libros y

documentación contable de la Asociación.

Que posteriormente, inician una nueva impugnación bajo el tramite de denuncia Nº

4004223, mediante la cual informan su voto negativo emitido en la emitido en la asamblea

celebrada el 26 de abril de 2008, respecto de la aprobación del ejercicio económico cerrado en el

año 2007, fundado en la falta de resolución de los presentes actuados, solicitando se acumule

dicha denuncia a las que se encuentran tramite bajo los Nº 60149 y 4000611.

Que respecto del retraso en la convocatoria a la asamblea celebrada con fecha 10 de

mayo de 2007, debe merituarse que el mismo no solo fue de DIEZ (10) días corridos y justificados

por imposibilidad física del Presidente, sino que tampoco los denunciantes pudieron acreditar en

autos, el perjuicio sufrido por la entidad a consecuencia de tan ínfimo atraso.

Que sin perjuicio de ello, en el futuro la entidad debe evitar incurrir en incumplimiento de

los plazos fijados por el estatuto.

Que asimismo y de conformidad a lo establecido por el Artículo 405 de la Resolución

General IGJ Nº 7/2005, el presidente abrió el acto explicando las razones de la celebración fuera

de término, constando ello en el acta labrada por los inspectores veedores cuyo ejemplar luce a

fs. 99/102.

Que con relación a las impugnaciones al padrón, resulta valido el descargo efectuado por

la entidad, fundamentalmente porque al ser casos aislados, no se tradujo en una alteración en el

resultado de la votación, tratándose nuevamente de una impugnación formal inconducente.

Que lo dicho precedentemente, no implica eximir a la comisión directiva de

responsabilidad, en relación a los errores incurridos en la elaboración del padrón ni tomar como

valido un descargo que funda dicho error en una inducción efectuada por parte de los

denunciantes; roda vez que el responsable de categorizar a un socio de acuerdo a las normas

internas de la entidad es el órgano de administración, quien no puede alegar su propio torpeza en

el ejercicio de facultades que le son inherentes.

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Que en cuanto a las impugnaciones efectuadas a los estados contables y, al descargo

efectuado por la entidad, debe estarse al oportuno análisis del Área Contable, obrante en estos

actuados.

Que a fs. 231 obra informe relacionado con la faz contable del que surge, habiéndose

recabado información acerca del dinero efectivo depositado en caja de seguridad, la deuda con la

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS por determinación del impuesto a las

ganancias del año 2005, cuenta de intereses ganados y moneda extranjera al cierre del ejercicio,

y luego de efectuado un exhaustivo estudio de los registros contables y la operatoria de los ítems

mencionados, resultan que los mismos han sido expuestos correctamente en el balance de cierre,

por consiguiente no hay objeciones que formular.

Que finalmente cabe mencionar, que del acta citada precedentemente obrante a fs.

99/102, surge que los denunciantes no se explayaron en la concreción de sus observaciones en

relación al padrón, ni tampoco siguieron cuestionando los puntos dudosos en relación al ejercicio

económico, de lo que puede deducirse una conducta poco coherente de su parte. Asimismo es de

destacar, que el punto controvertido, esto el tratamiento del ejercicio económico al 31 de

diciembre de 2006, fue aprobado por amplia mayoría de los presentes.

Que en síntesis, y con relación a los temas traídos a conocimiento de esta autoridad de

contralor, las denuncias incoadas merecerán el rechazo toda vez que es criterio de este

Organismo no declarar la irregularidad por la irregularidad misma.

Que el Departamento de Asociaciones Civiles y Fundaciones ha tomado la intervención de

su competencia.

Que la presente resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por los Artículos 6

y 10 de la Ley 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º: RECHACESE las denuncias incoadas por los Sres. C.A.V. y otros contra la

ASOCIACION ARGENTINA DISTRIBUIDORES REPRESENTANTES DE EDITORIALES.-

ARTICULO 2º: INTIESE a la ASOCIACION ARGENTINA DISTRUIDORES REPRESENTANTES

DE EDITORIALES a corregir los errores incurridos en el padrón en el término de DIEZ (10) días,

bajo apercibimiento de aplicar sanciones.

ARTICULO 3º: INTIMESE a la ASOCIACION ARGENTINA DISTRIBUIDORES

REPRESENTANTES DE EDITORIALES al estricto cumplimiento de los plazos estatuarios, bajo

apercibimiento de aplicar sanciones.

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ARTICULO 4º:Regístrese. Notifíquese por cedula a los denunciantes en el domicilio de la calle

Reconquista Nº 336, piso 10º “derecha” (Estudio Suaya, Roca, Memelsdorff & Asociados) y a la

entidad en la calle Viamonte Nº 1592, Piso 11º, Oficina E, ambos de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires.

RESOLUCION IGJ Nº 678

Fdo.: DR. MARCELO O. MAMBERTI

INSPECTOR GENERAL

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

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Revista Digital IGJ Responsable Dra. Silvina Alejandra Martínez, Directora del Registro Nacional de Sociedades Equipo de redacción Lic. Verónica Miravalle Dra. María Candela Gasparini Lic. Martín Castro Sr. Javier Ramos

Agradecimientos: Queremos destacar especialmente al DIARIO BAE y al DIARIO

REGISTRADO, al Cr. Luis Alberto Coria, a la Dra. María Oneto, a la Lic. Mariela

Zuchowicki y al Ing. Christian López, por su distinguida contribución en la confección

del presente número.