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Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores.
http://www.dilemascontemporaneoseducacionpoliticayvalores.com/
Año: VI Número: 1 Artículo no.:43 Período: 1ro de septiembre al 31 de diciembre del 2018.
TÍTULO: Los derechos de los migrantes ante la encrucijada teórica de los derechos humanos y la
seguridad nacional.
AUTORA:
1. Dra. María de Lourdes González Chávez.
RESUMEN: Muchas de las principales causas que provocan la vulnerabilidad del migrante pueden
abatirse a través del derecho positivo; sin embargo, las políticas públicas diseñadas por el Estado
crean relaciones antagónicas entre migrantes y habitantes; por ello, se requiere analizar las acciones
que deben implementarse por México con el fin de lograr el pleno reconocimiento de los derechos
humanos consagrados a favor de los migrantes que se traduzcan en políticas públicas que satisfagan
las necesidades de este sector vulnerable. Dicho análisis tiene como objetivo determinar las
variables que inciden en el conjunto denominado la Seguridad Pública del Estado de México ante la
mundialización, a la luz de los derechos humanos del trabajador migratorio.
PALABRAS CLAVES: trabajador migrante, derechos del migrante, seguridad nacional, políticas
públicas.
TITLE: The migrant rights before the theoretical crossroad of human rights and national security.
AUTHOR:
1. Dra. María de Lourdes González Chávez.
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ABSTRACT: Many of the major causes of the vulnerability of migrant can be dejected through
positive law; however, public policies designed by the State create adversarial relationships
between migrants and habitants; therefore, it is required to analyze the actions to be implemented by
Mexico in order to ensure the full recognition of human rights established in favor of migrants, that
is to say in public policies that meet the needs of this vulnerable sector. This analysis aims to
determine the variables that influence the set called the Public Safety of the State of Mexico in the
globalization, in the light of the human rights of migrant workers.
KEY WORDS: migrant worker, migrant rights, national security, public policies.
INTRODUCCIÓN.
El artículo que hoy ponemos a consideración del lector, consiste en determinar la efectividad de los
marcos jurídicos y las políticas públicas en función del respeto de los derechos humanos laborales
de los migrantes en el sistema socioeconómico mundial, con objeto de proponer soluciones viables
tendientes a resolver la violación a la dignidad humana del colectivo que se propone analizar.
Con el objetivo de abordar al colectivo migrante, en primer lugar cabe dejar claro los principales
términos que conforman al colectivo en su conjunto, aunque serán retomados al presentar la
taxonomía del migrante en México.
El primer flujo lo constituyen los migrantes considerados como aquellos que se trasladan de un
lugar a otro, ya sea dentro de un mismo territorio, los cuales tienen el carácter de nacionales o fuera
de su territorio definidos como internacionales.
El segundo flujo lo constituyen los migrantes que al salir de su lugar de origen reciben el nombre de
emigrantes y al llegar a su lugar de destino el de inmigrantes; sin embargo en este grupo también se
encuentran los que transitan de su lugar de origen al de su destino y son denominados
transmigrantes.
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Para la elaboración del artículo, en segundo término nos dimos a la tarea del diseño de su hilo
conductor, para lo cual procedimos al análisis de las diversas formas de abordar al objeto derecho,
desde las unidimensionales como el positivismo jurídico hasta las pluridimensionales como el
constructivismo jurídico, habiéndonos decidido por la Teoría Tetradimensional del Derecho que
hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida académica como investigadores, con apoyo de la
Teoría de Sistemas y el Estructuralismo.
Para llegar al diseño de la teoría procedimos a realizar una investigación de la cual se desprenden
los principales fundamentos teóricos que sustentarán a todo el proceso exploratorio, a partir del
razonamiento crítico requerido para aprehender al fenómeno migratorio como objeto de estudio, a la
luz del Derecho, a partir de las siguientes consideraciones.
Del análisis realizado a una gran variedad de teorías, tanto unidimensionales como bidimensionales,
tridimensionales y pluridimensionales, llegamos a determinar, que si bien cualquiera de ellas
hubiese podido convertirse en el hilo conductor de este trabajo, dado que era necesario no perder de
vista que el marco jurídico encargado de regular el comportamiento del colectivo migrante, cuenta
con un gran número de aristas derivadas del hecho de que éste se encuentra constituido como un
conjunto heterogéneo, en el cual se incluyen, entre otros, a subcolectivos de migrantes vulnerables,
razones por las cuales consideramos que lo más conveniente era analizarlo a través de una teoría
capaz de aprehender al objeto derecho migratorio en forma pluridimensional, con la opción de
elegir los componentes que además del jurídico consideramos son los más representativos del
fenómeno.
Para determinar la mejor opción teórica en la construcción de nuestro modelo investigativo, fue
necesario no perder de vista una serie de factores, como el hecho de que el colectivo en estudio al
estar constituido por subgrupos cuyo actuar incide, tanto en los ámbitos nacionales como en los
internacionales, se define como un fenómeno que rebasa los límites de cualquier marco jurídico
positivo nacional; aunado al hecho de que al aglutinar personas de todas las edades, incluyendo
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desde los menores a un año de edad hasta los adultos mayores, esto genera la necesidad de adoptar
un modelo pluridimensional, aplicable a nivel internacional.
Se consideró necesario no perder de vista el hecho de que los migrantes representan un amplio
abanico con respecto a su formación, que va desde los subcolectivos de analfabetos hasta los que
cuentan en sus filas con personas que ostentan doctorados y posdoctorados; hecho que, por sí sólo,
genera una vasta gama de solicitantes de empleo, quienes por sus características específicas
demandan desde empleos formales no calificados hasta altamente calificados, a la par de quienes
desempeñan empleos informales, ilegales y hasta ilícitos.
Estas y las otras indagaciones que referenciamos a continuación, nos llevaron a determinar que
varias de las principales causas que provocan la vulnerabilidad del migrante puede abatirse a través
del derecho positivo; sin embargo, el sistema socioeconómico aunado a los valores sociales y a las
políticas públicas diseñadas por el Estado, que en este caso es el Mexicano, crean relaciones
antagónicas entre migrantes y habitantes nacionales, tratándose tanto de migraciones
internacionales y locales.
Fenómeno que aunado a la diversidad de principios axiológicos con que cuentan los diferentes
grupos que constituyen la sociedad a la cual arriban los migrantes y que influyen en sus relaciones
entre el colectivo en estudio y la sociedad receptora, y a la problemática socioeconómica que los
incluye en el grupo de los vulnerables, nos hicieron reflexionar en la conveniencia de definir al hilo
conductor, habiéndonos decidido por una teoría Tetradimensional, la cual a la par de los elementos
hecho, valor y norma a que alude la Teoría Tridimensional propuesta por el Dr. Miguel Reale
(1997) incluye al componente política, y por consiguiente forma parte del grupo de las teorías
pluridimensionales.
Del análisis realizado a las diversas teorías pluridimensionales, llegamos a la conclusión que la más
adecuada era la antes mencionada, porque nos permitía abordar la situación socioeconómica que
incide en el migrante vulnerable, la postura del derecho positivo ante tal situación y la medida en
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que se les respeta su dignidad humano, para concluir con el papel que el Estado, a través de sus
políticas públicas adopta frente al fenómeno migratorio.
Esta fue una de las razones por la cual procedimos a recrear la Teoría Tridimensional del Derecho
propuesta por el Dr. Miguel Reale, la que, con las transformaciones antes propuestas, nos llevaron a
adoptar como hilo conductor a la Teoría Tetradimensional del Derecho, dado que desde el inicio de
las pesquisas, nos percatamos de la importancia de analizar a las políticas públicas; al percatarnos
de la necesidad de conocer el comportamiento de los Estados receptores de tránsito y expulsores de
migrantes, razón por la cual consideramos conveniente agregar un cuarto componente que
denominamos política, dada la importancia que como se ha mencionado tiene la administración
pública de los países en el comportamiento del fenómeno.
DESARROLLO.
Marco Teórico.
Conforme a lo señalado en la introducción, procederemos, en primer término a describir y evaluar a
los componentes de la Teoría Tetradimensional del derecho: Hecho, Valor, Norma y Política, antes
mencionados con objeto de aplicarlos al fenómeno migratorio.
Al componente Valor se le analizó a partir de dos variables que las sociedades modernas adoptan;
por una parte, el valor dignidad humana concretado a través del respeto a los derechos humanos, y
por la otra, el valor soberanía nacional, cuyo análisis se concreta al estudio de la seguridad pública
nacional, valores que en su conjunto forman una dicotomía construida a partir del iusnaturalismo y
el positivismo jurídico.
Con relación al componente hecho, este, a diferencia de lo que expresa la Teoría de Reale, es
analizado no sólo a través de los hechos jurídicos, sino que involucra a todos aquellos hechos y
actos que definen el entorno socioeconómico en el cual se origina y mantiene la vulnerabilidad del
fenómeno migratorio, en su vertiente laboral, mediante la definición de los factores, las variables,
los indicadores y los índices con los que en México se procede a describir el comportamiento del
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entorno mencionado a través de los sistemas de medición oficiales quienes permiten, definir al
fenómeno tanto en forma cuantitativa, como cualitativa.
Al analizar las variables, que a nuestro juicio son relevantes, para determinar el comportamiento de
este fenómeno y las causas de los desplazamientos relativos a los grupos que forman al colectivo, se
llegó a la conclusión que dadas sus características actuales, como mínimo era necesario evaluar las
variables laborales, sociales y económicas que influyen en el entorno del migrante, con respecto a
su interactuar dialéctico con el grupo social al que arriban.
Otro componente determinante en el comportamiento del fenómeno migratorio lo constituyen,
como ya se mencionó, las políticas de cada país en esta materia, las cuales en el caso de México,
tienden a proteger a los migrantes mexicanos como grupo vulnerable, así como a los flujos
migratorios que con una categoría legal ingresan al país; sin embargo, dejan en estado de
indefensión a los inmigrantes extranjeros cuando exista el supuesto de que han ingresado en forma
irregular o su calidad migratoria es diversa a la actividad que viene desarrollando en nuestro país,
en respuesta el llamado derecho de no injerencia en la soberanía nacional y la procuración de la
seguridad pública a favor de los nacionales.
Ello ha generado una dialecticidad entre las variables: ejercicio de la soberanía nacional aunado a
la seguridad pública, frente al derecho humano del colectivo inmigrantes extranjeros en tránsito, sin
calidad migratoria autorizada legalmente por el Gobierno Mexicano; relación que ha dado origen a
continuas violaciones a la dignidad humana de dicho colectivo, sobre todo de quienes están en el
país con carácter de transmigrantes y con una calidad migratoria diversa a la que se les concedió en
el momento de ingresar a México o en el peor de los escenarios carentes de calidad migratoria.
A la luz de las normas legales, si bien es cierto, un principio jurídico adoptado por la mayor parte de
las constituciones del mundo es el que todo país tiene el derecho soberano de controlar sus fronteras
y de decidir quién puede o no entrar a su territorio en aras de su seguridad nacional y la de sus
habitantes, entre otros derechos, también lo es que, un derecho reconocido a nivel internacional lo
constituye el respeto a la dignidad humana de todos los seres racionales, entre los cuales se
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encuentran quienes tienen la calidad de migrantes extranjeros, independientemente de su estatus
migratorio.
Con respecto a lo expresado, cabe mencionar que de una manera paralela a la evolución del
concepto de soberanía y la noción de ejercicio de esa soberanía, ligado al derecho de proteger las
fronteras, así como de decidir y de ejercitar la política nacional de migración y de respeto a los
derechos humanos; a nivel internacional, esta política ha venido transformándose de una rigidez
absoluta a una moralidad relativa, ligada a la evolución jurídica de los Derechos Humanos (ver
nota1).
Del análisis realizado al sistema jurídico mexicano vigente, con respecto a su comportamiento
frente al fenómeno migratorio, nos percatamos que en el ámbito de los valores el colectivo de
migrantes extranjeros sufre de la violación a su dignidad humana, tanto a nivel nacional como
internacional, de lo cual se desprende que a la fecha la urgente necesidad de protección,
reivindicación y restitución de sus derechos humanos por ser aún una tarea pendiente y obligada
para el Estado; por tanto, le es imprescindible diseñar marcos jurídicos y políticas públicas que
favorezcan tanto al colectivo migrantes extranjeros como migrantes nacionales.
Sin que se arriesgue la soberanía nacional y la seguridad pública es necesario que el Estado
promueva entre sus nacionales principios de solidaridad humana y de bienestar social, pues sólo así
estaremos construyendo un mundo más justo y evitando confrontar a quienes lo tienen todo con
quienes carecen hasta de lo mínimo.
1. Históricamente, algo relevante a mencionar por haber producido que produjo un cambio, fue el caso de
Apartheid en Sudáfrica. Durante muchos años, el gobierno Sudafricano defendió su régimen racista
aduciendo que se trataba de una cuestión interna, correspondiente a la soberanía de su país, con exclusión de
la injerencia de otras naciones. Situación frente a la cual, la Organización de las Naciones Unidas se hizo más
sistemática dentro de Sudáfrica y más evidente fuera de este país, lo cual provocó que surgiera gradualmente
el consenso de la comunidad de naciones respecto a que el régimen del apartheid era contrario a los
principios consagrados por dicha declaración, fundamento de la convivencia internacional y de los objetivos
de paz para los que fue creada la ONU. Y así, a partir de dicho consenso se fue consolidando en la comunidad
internacional el nuevo principio de derecho que vendría a modificar substancialmente la noción clásica de
soberanía, según el cual no hay soberanía que valga para justificar la violación sistemática de los derechos
humanos.
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Fue así como se procedió a adoptar a la teoría Tetradimensional del Derecho en la cual se analizan
como componentes a los valores, a las normas, a los hechos y a las políticas. Con el fin de
determinar los valores que juegan un papel importante en el comportamiento de los flujos
migratorios; las normas jurídicas que regulan tal comportamiento en sus entornos nacionales e
internacionales, así como las políticas públicas definidas por los organismos internacionales y
nacionales a fin de regular el comportamiento del sistema socioeconómico, y con ello, evitar les
sean violados sus derechos a quienes por su situación de vulnerabilidad se ven obligados a emigrar
de sus lugares de origen.
La teoría que se presenta nace de una investigación jurídica pluridimensional tendiente a evaluar el
estatus que guardan los sistemas de exigibilidad jurídicos-políticos de los derechos humanos, que
les asisten a los grupos que integran al colectivo llamado migrantes vulnerables, a quienes a través
de una taxonomía se les clasificó y definió en grupos al interior del colectivo considerado éste
como un componente del sistema socioeconómico nacional.
Marco Conceptual.
Una vez definida la teoría que se constituyó en el hilo conductor, se procedió al diseño del marco
conceptual, para cuyo efecto nos dimos a la tarea de describir al fenómeno migratorio en su entorno
y al colectivo migrante a partir de la elaboración de la taxonomía del migrante, habiendo llegado a
la conclusión de que era necesario acotar al objeto de estudio de entre los diferentes subgrupos que
conforman al colectivo migrante.
Se utilizó la figura de la taxonomía, porque como bien lo menciona Bloom, más allá de todo esto;
la taxonomía es una fuente de ayuda constructiva en relación con los problemas de clasificación,
que en el caso que nos ocupa son los relacionados con aquellos que aquejan a los llamados
migrantes. Y “también puede facilitar la obtención de una cierta perspectiva respecto de los
énfasis conferidos a ciertos comportamientos en conjuntos específicos” (Bloom et al, 1997:4),
como lo es el caso del colectivo en estudio.
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Al igual que le sucedió a Bloom, la idea de clasificar a los migrantes tomó forma en la
investigación que dio origen a ésta, ante la necesidad de contar con un marco referencial que
pudiera facilitar la comunicación entre quienes pretendemos abordar al colectivo migrante como
objeto de estudio jurídico, ya que se pretende que éste objeto se constituya en el punto de partida
para futuros trabajos.
Una vez analizados y clasificados los diferentes grupos que constituyen al colectivo migrantes, se
procedió a elegir de entre ellos a quienes consideramos son los más vulnerables, habiendo llegado a
la conclusión de que jurídicamente los migrantes más vulnerables son aquellos que ingresaron al
país con una calidad migratoria diversa a la actividad que vienen realizando o sin permiso legal para
internarse al país; de entre los cuales consideramos que pueden convertirse en nuestro objeto de
estudio las mujeres, los niños y el grupo denominado transmigrante, considerado a éste último como
uno de los más vulnerados tanto en sus países de origen, como en México que se convierte en país
de tránsito, y finalmente los países receptores, que en el caso a estudiar lo son los Estados Unidos
de Norteamérica y el Canadá.
Es así como a partir de dicha taxonomía se decidió continuar la investigación teniendo como
modelo de migrante a los transmigrantes que se internan a México sin autorización legal con objeto
de dirigirse a su destino final que lo constituyen los Países de Norte América.
Marco Ontológico.
Con objeto de evaluar la efectividad de los mecanismos de exigibilidad jurídica-política a la luz de
los derechos humanos y los niveles de vulnerabilidad del colectivo en estudio, que en este caso lo
constituye el grupo formado por las personas transmigrantes, en primer término consideramos
procedente analizar la naturaleza jurídica de los derechos humanos con objeto de determinar cuál
iba a ser su evaluación.
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Al analizar al colectivo transmigrante en el contexto mexicano, desde el punto de vista ontológico,
partimos de cuatro componentes: El primero consistió en determinar cuál es la naturaleza jurídica
de los derechos humanos que les asisten a ellos; el segundo determinar los límites de la soberanía
nacional, el tercero describir a la seguridad pública como un conjunto de derechos humanos que les
asisten a los nacionales, y el cuarto, determinar de los tres bienes jurídicos que tutelan los
componentes antes mencionados, establecer el orden de prelación que existe entre ellos.
Con el fin posterior de determinar las causas de vulnerabilidad y las situaciones de vulnerados que
sufren quienes forman parte del colectivo en estudio, y finalmente, en la última etapa, evaluar el
comportamiento del sistema normativo-político para su exigibilidad.
El análisis que en estos momentos se ha realizado, tiene como objetivo determinar las variables que
inciden en el conjunto denominado la Seguridad Pública del Estado Mexicano ante a la
mundialización, a la luz de los derechos humanos del transmigrante.
La Seguridad Pública, en el caso de México, se define como aquellas acciones que el Gobierno
mexicano lleva a cabo con objeto de procurar al Estado el respeto a su soberanía nacional y a la
sociedad su seguridad física y cultural, así como para procurar la paz social; sin embargo, ante el
fenómeno de la mundialización, como sinónimo de globalización al cual define Joaquín Estefanía,
manifestando que no es ni un progreso, ni una regresión, ni una ideología ni siquiera una política; es
una etapa de la historia de la Humanidad y un proceso que da una dimensión nueva a los fenómenos
ya presentes (Estefanía, 2003).
El proceso de mundialización es un hecho del devenir histórico de la sociedad mundial, y dado que
es ajeno a nuestra voluntad, podemos afirmar que las relaciones con los transmigrantes no tienen
más oportunidad que la de procurar que las acciones realizadas en el seno del fenómeno se efectúen
con apego a la justicia, la equidad y el bien común de todos los seres humanos, y los derechos
humanos de los transmigrantes como aquellos reconocidos por la comunidad internacional en la
Declaración de los Derechos Humanos vigente con el objeto de procurarles una vida digna en
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cualquier lugar del mundo, sin que con ello se ponga en riesgo la seguridad pública y la paz social
del país receptor.
Si bien, el concepto a utilizar en este artículo debiera ser el de emigrante cuando se trate de
personas de otros países que se encuentran en nuestro territorio; el de inmigrante, tratándose de
nuestros connacionales que salen de las fronteras de nuestro país, y de transmigrantes, como
aquellos extranjeros que se encuentran en tránsito hacia otro país y que podrán permanecer en
nuestro territorio nacional hasta por treinta días, en el caso de haber ingresado legalmente a él. Para
efectos del estudio, y en atención a los términos analizados por las autoridades mexicanas, se
utilizará para todos los casos el concepto de migrante.
Nos avocaremos al estudio de los derechos humanos del transmigrante, que ingresó ilegalmente al
país, ante la encrucijada teórica de su interacción con la soberanía nacional y la seguridad pública
de México; ya que un porcentaje importante de la inseguridad nacional está ocasionada por los
flujos migratorios no legales, lo cual provoca, entre otros problemas, la violación de los derechos
humanos, tanto de los nacionales como de los migrantes, incluyendo a los transmigrantes tanto por
la delincuencia organizada como por la corrupción de la policía mexicana.
Posteriormente, se concluye que los trabajadores migratorios en México sufren una constante
violación de sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, sus garantías sociales y los
derechos que les concede la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que
de ella emanan, a consecuencia de su calidad migratoria diversa o del no reconocimiento de ésta y
el carácter de informal, ilícito o ilegal del trabajo que desempeñan; razón por la cual, se propone la
reivindicación de los valores que les asisten a este colectivo.
Marco Sociológico.
En este tenor, para definir la situación real del trabajador migratorio se definen como variables del
conjunto, las siguientes: pertenencia o no pertenencia al grupo social, la calidad migratoria que
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puede ser legal o ilegal, y en función del trabajo, se analizan los grupos que incluyen el trabajo
reconocido, no reconocido, formal, informal, legal, ilegal, lícito e ilícito.
En los hechos, podemos mencionar lo siguiente, el fenómeno migratorio en nuestro país tiene dos
orígenes, uno lo es la crisis económica y moral que ha paleado a los llamados países
subdesarrollados, en las dos últimas décadas, lo cual ha generando, entre otros, fenómenos el
desempleo e índices de bienestar por debajo de los mínimos, lo que a su vez, ha influido
fuertemente en la migración, la cual, al verse afectada por conflictos socioeconómicos, provoca en
las familias de los migrantes, entre otros fenómenos desintegración familiar y en consecuencia, el
que gran número de menores, mujeres, ancianos y discapacitados sean obligadas a coadyuvar con el
sustento familiar, y en el mejor de los casos a procurarse su propio sustento, pero en el peor de los
casos insertarse en los flujos migratorios ilegales.
El otro lo constituye el fenómeno de la globalización, definido a la luz de dos elementos: su
naturaleza multidimensional, con implicaciones de carácter económico, cultural, ambiental,
sociológico y político, lo que dificulta la definición del fenómeno en forma integral (Hernández y
Velázquez, 2003), y la evidencia de que su dimensión económica es una de las más visibles,
debatidas y controvertidas del fenómeno.
Si bien, la globalización se debe, en gran medida, al progreso y a la transferencia tecnológicos, así
como a la liberación generalizada de los mercados. Además, éste ha generado efectos mundiales,
como la naturaleza del comercio; la inversión extranjera directa; los flujos financieros
internacionales y la migración, definida ésta última como la movilidad de la población mundial; sin
embargo, frente a la migración formal, podemos afirmar, como lo menciona la Organización
Internacional del Trabajo, existen flujos migratorios informales, constituidos por trabajadores
empleados en una región o en un país distinto de su región o país de origen de manera ilegal o
informal, lo cual constituye, por una parte un riesgo para la seguridad nacional, pero por la otra,
una de las formas de discriminación en el empleo, definida ésta a partir de la jurisprudencia del
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Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea como la aplicación de normas diferentes en
situaciones comparables o la aplicación de una misma norma a situaciones diferentes (OIT,1979).
Marco Político.
En este tenor, a la luz de la seguridad pública, desde hace aproximadamente dos años, conforme al
Acuerdo Nacional suscrito por la XXIV Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) fue
aprobada por unanimidad la propuesta del entonces mandatario estatal de Veracruz, Fidel Herrera
Beltrán (2005), de establecer un Acuerdo Nacional de Seguridad Pública, en el cual los flujos
migratorios representaban un punto de riesgo.
Ante el incremento de la inseguridad pública, el Gobernador consideró fundamental lograr la mayor
coordinación entre los tres ámbitos de gobierno para así dar tranquilidad a la sociedad y a las
instituciones, con tal fin, propuso "El acuerdo nacional de seguridad pública”2 con el objetivo de
unidos, procurar la defensa del Estado de Derecho y garantizar así la paz social en beneficio de los
mexicanos.
Para consolidar el acuerdo que propuso, Fidel Herrera (2005) considera además la transferencia de
las Administraciones Portuarias Integrales (API) a los estados y los ayuntamientos para el manejo y
consolidación de las administraciones costeras integrales, entre otras.
Aunado a lo anterior, para el desarrollo integral del país en materia de seguridad pública, migración,
salud, desarrollo social y hacienda pública, los integrantes de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), propusieron un frente común contra la delincuencia, mediante un
amplio acuerdo nacional en la materia entre los tres ámbitos de gobierno, y así proveer tranquilidad
a la sociedad y a las instituciones.
En ese tenor, respecto a la materia de migración nacional en el territorio mexicano, los
gobernadores decidieron incorporar una variable para atender el factor de los migrantes circulares,
mediante el programa "Camino a Casa", implementado por el Estado de Sonora. Con el objetivo de
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procurar el fortalecimiento e integración de la familia mediante el sistema de asistencia social y de
la igualdad de oportunidades para todos.
Respecto a las acciones que en los Estados Unidos de Norteamérica se están llevando a cabo en
contra de los trabajadores mexicanos y la creación del muro, se propuso el diseño de acciones para
proteger a nuestros connacionales, con apoyo en la Secretaría de Relaciones Exteriores; sin
embargo, por lo que se refiere a los migrantes que ingresan a México, en forma ilegal o aún
ingresando legalmente realizan actividades diversas a las manifestadas al momento de su ingreso,
los funcionarios del Instituto Nacional de Migración de México han establecido un cerco importante
para evitar el ingreso al país de migrantes no deseados.
En esta tarea, entre otros, los funcionarios encargados de la seguridad pública e impartición de
justicia, de los estados de Chiapas, Tabasco y Campeche, regiones limítrofes con Centroamérica,
han desarrollado un cerco para evitar la migración ilegal, debido a que en los últimos años se ha
desatado una ola de violencia atribuida al crimen organizado, en el cual se ha detectado la
participación de un gran número de extranjeros.
Por esta razón, los funcionarios de los estados de la Frontera Sur, se han dado a la tarea de buscar y
establecer acciones para reforzar la seguridad pública en las zonas fronterizas de la región, con
carácter específico y general, con objeto de fortalecer las estrategias de seguridad pública, a través
de la puesta en marcha de un operativo especial de vigilancia que, de manera coordinada, se lleva a
cabo con las corporaciones policíacas y dependencias del gobierno federal, estatal y municipal.
Todo ello, a fin de establecer un programa organizado y coordinado en materia de seguridad
pública, impartición de justicia y atención a las zonas fronterizas.
La coordinación incluye temas de gobernabilidad, seguridad pública y procuración de Justicia, a
través de la protección de las fronteras, ya que no en pocas ocasiones los migrantes afectan la
2 Herrera Beltrán, Fidel. Realiza una propuesta respecto a la migración inserta en el Acuerdo Nacional suscrito
por la XXIV Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en el 2005.
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soberanía y seguridad nacional, así como la paz social, al realizar actividades ilegales e ilícitas en el
territorio de nuestro país.
Marco jurídico.
Ante esta apremiante necesidad de proteger las fronteras, del territorio nacional se han cometido un
sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de los migrantes, como consta en las
recomendaciones pronunciadas por el Comisionado de Derechos Humanos a nivel nacional, y de
entre los cuales, a guisa de ejemplos señalamos a continuación tres casos uno en el cual el migrante
pierde la vida, otro en el que dos migrantes pierden parte de su cuerpo y el tercero en el que a raíz
de un riesgo de trabajo el migrante es deportado sin que le sean respetados sus derechos humanos
laborales devengados.
El primero documenta lo que sucedió en junio de 2006, cuando el Presidente de la Comisión
Nacional, Dr. José Luis Soberanes Fernández emitió una Recomendación, dirigida al Comisionado
del Instituto Nacional de Migración (INM), sobre el caso del fallecimiento de un migrante de
origen salvadoreño, ocurrido en 2005 en los separos de la Dirección de Seguridad Pública del
municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato, quien fue detenido por elementos de la Policía
Municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, como consecuencia de la denuncia formulada por
su concubina ante el INM, a quien acusó de carecer de documentos para acreditar su legal estancia
en el país, y posteriormente se remitió a las instalaciones del INM en esa ciudad y junto con otras
personas extranjeras, fue trasladado e ingresado a los separos de la Dirección de Seguridad Pública
de San Miguel de Allende, Guanajuato, lugar habilitado como estación migratoria por el INM, en
donde el 6 de abril del año citado, el señor Portillo Funes fue examinado por el asesor médico de la
Dirección de Seguridad Pública de San Miguel de Allende, quien lo valoró como “aparentemente
sano y apto para viajar; sin embargo, el 8 de abril siguiente, el agraviado fue esposado de una mano
a un barrote de la celda en la que había sido aislado de las demás personas, por elementos de la
citada Dirección de Seguridad Pública, y posteriormente, entre las 04:00 y las 05:00 horas del 9 de
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abril, el señor Santos Catalino Portillo Funes fue encontrado muerto, a consecuencia de neumonía
de focos múltiples, de acuerdo con el dictamen médico de autopsia elaborado por un perito médico
legista de la Procuraduría de Justicia Estatal.
Situación ante la cual no se le garantizó al migrante salvadoreño, entre otros, los derechos a la vida
y a la protección de la salud, otra violación consistió en el hecho de que el INM notificó a la
Embajada de la República de El Salvador en México, hasta el 8 de abril de 2005, el aseguramiento
del señor Funes; es decir, tres días después de haber determinado esa medida administrativa, con lo
cual contravino lo dispuesto por el artículo 209, fracción III, del Reglamento de la Ley General de
Población, entonces vigente e igualmente se violó tal artículo debido al hecho de que ese Instituto
continuaba utilizando como estación migratoria habilitada para la custodia de extranjeros
asegurados en los separos de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de San Miguel de
Allende, Guanajuato.
Como se ha comprobado con otros casos posteriores, es práctica del INM habilitar como
estaciones migratorias locales de detención preventiva, contraviniendo, así lo dispuesto por el
artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lugares que impiden a los
indocumentados extranjeros cursar su aseguramiento en condiciones que garanticen el respeto a sus
Derechos Humanos en pleno cumplimiento a lo establecido por la Ley General de Población, su
Reglamento y por el Acuerdo en el que se emiten las normas para el funcionamiento de las
estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración y se abstiene de cubrir el pago de las
indemnizaciones.
Como se ha venido comprobando, a través de los últimos años los servidores públicos mexicanos en
perjuicio de los migrantes llevan a cabo conductas irregulares en el ejercicio de las facultades que
expresamente les confiere la ley, llegando en ocasiones a violentarles su derecho a la vida.
El segundo documenta las quejas presentadas en los años de 2004 y 2005 ante la Comisión
Nacional de los Derechos humanos, por el obispo Raúl Vera López y el presbítero Pedro Pantoja
Arreola, quienes documentan que Sonia Elizabeth Cáceres de origen hondureño y Aura Maritza
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Barrios de origen guatemalteco, perdieron parte de sus extremidades, una del pie derecho y la otra a
partir de la pierna mediatibial derecha, como consecuencia de las agresiones de las que dijeron,
fueron objeto, por parte de personas que resguardan los ferrocarriles de la empresa Transportes
Ferroviarios Mexicanos.
En el año 2004, Sonia Elizabeth Cáceres viajaba en compañía de siete personas más de origen
extranjero a bordo de un vagón del ferrocarril, conocido como “la bestia”, cuando dos vigilantes de
la empresa de seguridad privada Consultores Profesionales en Seguridad Privada, S. A. de C. V.
(COPSSA), les gritaron que se bajaran del ferrocarril en marcha, y como no bajaba la jalaron hacia
abajo, lo que provocó que cayera sobre una de las vías del tren, mismo que ya se estaba deteniendo,
y aunque la agraviada siguió rodando en dirección al movimiento de las ruedas del tren para evitar
ser arrollada, al impulsarse hacia afuera al borde de las vías, para ponerse a salvo, fue alcanzada a
la altura de su pie derecho por una de las ruedas del tren y le causó lesiones que por su gravedad
trajeron como consecuencia la amputación del pie derecho, desde el empeine hasta los dedos del
pie. Agregó, que los vigilantes de la empresa de seguridad, al ver lo que había sucedido, huyeron
del lugar a bordo de la camioneta que tripulaban, sin prestar auxilio a la víctima.
Por otra parte, en el año 2005, personal de seguridad de la empresa COPSSA asaltaron a Aura
Maritza y después la arrojaron del tren en marcha, lo que ocasionó que se lastimara y luego que le
amputaran el pie derecho desde el tobillo.
De las investigaciones realizadas, pudo comprobar la Comisión Nacional, que al llevar a cabo
funciones de verificación migratoria personal de seguridad privada de la empresa Transportes
Ferroviarios Mexicanos, realizó actos de ejercicio indebido de la función pública e invadió
funciones del sector público, las cuales causaron perjuicios que afectaron la integridad física y los
derechos de las agraviadas, así como la legalidad y seguridad jurídica del país, toda vez que la
Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Coahuila y el Instituto
Nacional de Migración son los únicos que pueden llevar a cabo actos de verificación migratoria, ya
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que es exclusivamente la autoridad migratoria y la Policía Federal Preventiva quienes pueden
realizar esta actividad, tal como lo dispone el artículo 151 de la Ley General de Población.
Los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración en Coahuila dejaron de proporcionar
los alimentos y la atención médica de manera adecuada a las migrantes aseguradas, entonces
agraviadas cuando estuvieron a su disposición, violando con su omisión la dignidad de estas
personas, y en lo que se refiere a las mutilaciones que sufrieron las agraviadas, el agente del
Ministerio Público del Fuero Común en el estado de Coahuila no determinó en tiempo
jurídicamente tales violaciones. Se documenta, en las quejas mencionadas, que los sacerdotes
expresaron el hecho de que debido al incremento del flujo de inmigrantes centroamericanos y de la
delincuencia organizada se ha intensificado por la ciudad de Saltillo hacia la frontera norte, las
agresiones y violaciones de todo tipo también ha aumentado en su contra, tal es el caso del
personal de seguridad de la empresa Transportes Ferroviarios Mexicanos, quienes llevan a cabo el
aseguramiento de migrantes y que incluso los persiguen a caballo.
De lo anterior se desprende, que las agraviadas perdieron parte de sus extremidades, una del pie
derecho y la otra a partir de la pierna mediatibial derecha, como consecuencia de las agresiones de
las que dijeron, fueron objeto por parte de personas que resguardan los ferrocarriles de la empresa
Transportes Ferroviarios Mexicanos; razón por la cual, se iniciaron las averiguaciones previas,
mismas que aún se encuentran en integración en contra de quienes resulten responsables.
Por otra parte, se detecta que las personas que prestan servicios de seguridad privada a la empresa
Transportes Ferroviarios Mexicanos han llevado a cabo gran cantidad de actos que pudieran
considerarse delictuosos, al realizar funciones exclusivas de la autoridad migratoria, con tolerancia
de la autoridad supervisora; en este caso, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección
Ciudadana del Estado de Coahuila y del propio Instituto Nacional de Migración, lo cual además de
constituir violación a los Derechos Humanos, propicia, entre otras consecuencias, que los
migrantes sean objeto de robo, lesiones, extorsión y otros, y en el caso en particular, se atribuyó a
esos elementos el haber producido, los eventos que causaron las lesiones que presentan las
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migrantes, hechos que debieran ser investigados por el Ministerio Público del Fuero Común en el
estado.
Finalmente, el tercer caso se documenta en un amparo, en el cual un trabajador con calidad
migratoria diversa, al presentarse ante las autoridades del trabajo para demandar sus prestaciones
laborales, éstas lejos de reivindicarle los derechos que le habían sido despojados como trabajador,
resolvieron que previamente a dar trámite a la demanda planteada debía comprobar su legal estancia
en el país, concediéndole para ello un plazo de tres días acorde con el artículo 873, último párrafo,
de la Ley Federal del Trabajo, vigente en ese momento, sentencia que confirmó el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al considerar que para demandar sus
prestaciones, como indemnización constitucional por despido injustificado, salarios caídos,
séptimos días, días festivos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y otros; la autoridad del
trabajo, sí estaba obligada a prevenir al accionante del juicio ordinario laboral para que le
comprobara su legal estancia en el país. Situación ésta que no sólo le violentó al trabajador su
derecho a demandar las prestaciones en litis, sino aún las llamadas prestaciones devengadas; ello
aunado al hecho de su deportación, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Población,
vigente en esa época.
Si bien estamos conscientes de que también existe un gran número de migrantes que en nuestro país
llevan a cabo actividades ilegales e ilícitas, como el caso de los clonadores de tarjetas de crédito y
quienes pertenecen a los grupos de delincuencia organizada; también los hay que, sin tener una
calidad migratoria legal requerida para desempeñar la actividad que realizan transitan por el país o
realizar actividades productivas lícitas y legales que los define como hombres de bien, a quienes
estamos obligados a defender su dignidad humana.
Como se ha demostrado, en el devenir histórico de nuestro país, el fenómeno de la migración no es
un hecho aislado, sino se encuentra íntimamente vinculado con otros factores tanto sociales, como
económicos, políticos y culturales, tales como la pobreza extrema, la falta de oportunidad laborales
en su país de origen, la remuneración precaria de la mano de obra, la desigualdad de trato, entre
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muchos otros, como consecuencia de las pésimas políticas económicas y de seguridad nacional
aplicadas por el Gobierno Mexicano durante los últimos treinta años.
Como bien lo mencionan Ana María Aragonés y Uberto Salgado (Aragonés y Salgado, 98, 2012),
dado que el fenómeno se ha complejizado cada vez más y los matices que envuelven a la migración
hacen difícil una visión de conjunto de éste, a la luz del componente hecho, en una siguiente etapa,
se hace necesario, realizar un análisis tanto de los factores de atracción como los de expulsión que
generan los flujos en estudio.
Pero ello, no obsta para restarle importancia al fenómeno migratorio, pues del nivel de
conocimiento que de él se tenga, dependerá, en buena medida, la eficacia de las políticas públicas
diseñadas tanto por los países expulsores, como los de tránsito y los de destino final del migrante.
De ahí que sea necesario implementar acciones en todo el país a fin de llevar a cabo la aceptación
de los principios fundamentales relativos al tratamiento de los migratorios y sus familias
contemplados en las Convenciones Internacionales e invocar su aplicación universal, con objeto de
fortalecer la protección internacional de los derechos de los migrantes y de sus familias, evitando
con ello, la dispersión y el tránsito clandestino que con frecuencia es objeto de abusos por parte de
la delincuencia organizada y las autoridades irresponsables y corruptas.
CONCLUSIONES.
Ante todo lo planteado, a continuación presentamos las siguientes conclusiones:
A pesar de que México se declara respetuoso de los Derechos Humanos; sin embargo, las
autoridades del gobierno y su población no siempre actúan en consecuencia, pues como se detecta
en este documento el Gobierno Mexicano, en sus tres niveles, carece de políticas y estrategias
efectivas, que a la vez procuren la seguridad pública y la paz social en beneficio de todos los
habitantes del país y respeten los derechos humanos de los migrantes.
En cuanto a los valores a reivindicar en favor de los migrantes concluimos que:
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En este tenor, a guisa de propuesta, se presentan los siguientes valores a reivindicar en favor de
los migrantes en México con objeto de procurarles una vida digna.
Incluir en los ordenamientos jurídicos mexicanos, los derechos reconocidos en favor de todos los
migratorios y sus familiares, regulares e irregulares, siempre y cuando no hayan cometido actos
ilícitos o ilegales en México.
Armonizar el marco jurídico mexicano con otros instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos, en virtud de que éste centra la necesidad de proteger en todos los niveles
a las poblaciones migrantes.
Se requiere analizar las acciones que deben implementarse por México, con el fin de lograr el
pleno reconocimiento de los derechos humanos consagrados a favor de los migrantes. Para ello,
es necesario iniciar un proceso de análisis y reflexión que genere propuestas concretas en materia
legal y líneas de acción que se traduzcan en políticas públicas que satisfagan las necesidades de
este sector vulnerable.
Por tanto, se propone un marco jurídico especial que regule la situación de los extranjeros que sin
autorización legal se encuentran en México, la cual, por una parte, proteja sus derechos humanos, y
por la otra, establezca sanciones y penas privativas de la libertad en perjuicio de quienes los apoyan
para ingresar a México en forma ilegal.
Es necesario llevar a cabo acciones tendientes a adoctrinar a la sociedad en general, con objeto de
que se conviertan en promotores de la justicia y la equidad a favor de los ciudadanos mexicanos, así
como en el caso de los extranjeros independientemente de su calidad migratoria en el país dentro de
los sectores público privado y social, en tanto tengan una forma legal y lícita de vivir.
Se deben crear convenios de colaboración con los países que exportan a México migrantes, con
objeto de tomar acciones conjuntas que los beneficien.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
1. Aragonez, Ana María y Salgado, Uberto (2012). El derecho a migrar y a no migrar. Análisis
estratégico para el desarrollo. Volumen 11, Consejo Nacional de Universitarios, México.
2. Bloom, Benjamín S. y colaboradores (1977). Taxonomía de los objetivos de la educación.
Buenos Aires: El Ateneo,
3. Estefanía, Joaquín (2003). ¿Qué es la globalización?, Editorial Punto de Lectura.
4. Hernández Laos, Enrique y Velázquez Roa, Jorge (2003). Globalización, desigualdad y pobreza.
Lecciones de la experiencia mexicana. Universidad Autónoma Metropolitana. México: Plaza y
Valdés editores. México.
5. Organización Internacional del Trabajo (1979). La OIT y el mundo del trabajo. Ginebra.
6. Reale, Miguel (1997). Teoría Tridimensional del Derecho. Una visión integral del Derecho.
Traducción e introducción de Ángeles Mateos. Tecnos.
DATOS DE LA AUTORA.
1. María de Lourdes González Chávez. Doctorado en Derecho, Máster en Administración del
Trabajo, especialidad en Administración Pública, y Licenciada en Derecho. Es Profesora de Tiempo
completo del Centro de Investigaciones en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad Pública de
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México con actividades de
Catedrática, Investigadora y Asesora Jurídico a la comunidad con el siguiente correo
electrónico: [email protected] y [email protected]
RECIBIDO: 10 de mayo del 2018. APROBADO: 7 de junio del 2018.
