Revista Internacional de Ciencias Sociales y umanidades ... · 3 Vol. XXVI, N. 1 (2016) Presentación PR ESENTACIÓN C on este número iniciamos el Volumen XXVI de la Revista Internacional

Centro Multidisciplinario de Investigaciones RegionalesUAT - UNAM

Vol. XXVI, N. 1 Ene. — Jun. 2016Ciudad Victoria, Tamaulipas, México

Revista Internacional

de Ciencias Sociales

y Humanidades SOCIOTAM

CONTENIDO 3

PRESENTACIÓN7

INTRODUCCIÓN15

LA OCDE: ANALIZANDO LA DESIGUALDAD...

J.Á. GURRÍA33

UN ANÁLISIS DE LOS SALARIOS

Y PRESTACIONES... C. QUINTERO RAMÍREZ

y J.L. MANZANARES RIVERA69

LA DESIGUALDAD Y POBREZA EN ESPAÑA Y MÉXICO...

J. LERA MEJÍA y J.L. PEÑA ALONSO105

EXPRESIONES DE LA DESIGUALDAD

DE LOS INGRESOS DEL TRABAJO...

R.F. OCHOA GARCÍA y J.A. PÉREZ CRUZ

133 EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI

Y EL ESPÍRITU DEL POSTCAPITALISMO G.J.R. GARDUÑO VALERO

161 ESTRUCTURA DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA... A.R. COGCO CALDERÓN, J.A. PÉREZ CRUZ y G.I. CEBALLOS ÁLVAREZ191 DESIGUALDAD SOCIO-REGIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS... H.A. FERNÁNDEZ M., E. NODA R. y C. HINOJOSA C. 219 GREEN PRACTICES IN LOGISTICS AND SUPPLY... R.A. VAQUERA SALAZAR239 EMPLEO, INVERSIÓN Y DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA… F.J. HERNÁNDEZ MONTEMAYOR265 REFLEXIONES SOBRE LA PROPUESTA DE THOMAS PIKETTY... F. PEARL ZORRILLA 275 RECEPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES... P. MOLERO HERNÁNDEZ297 ÍNDICE ONOMÁSTICO

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Vol. XXVI, N. 1 (2016) Presentación

PRESENTACIÓN

Con este número iniciamos el Volumen XXVI de la Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM, de lo que estamos muy orgullosos, al alcanzar veintiseis años consecutivos de proyección. En sus páginas hemos logrado una amplia contribución de diversos especialistas de las ciencias sociales y las humanidades de América y Europa.

Los temas abordados han cubierto el espectro de variadas preocupaciones académicas, en lo concerniente a aspectos teóricos y metodológicos y, en su lectura, se pueden atisbar las problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales de esta vasta región de ha-bla española, que incluye poblaciones de ambos continentes.

El presente número ha sido coordinado por el Dr. Jorge Alfre-do Lera Mejía, profesor-investigador de la Unidad Académica Multi-disciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), quien ha invitado y seleccionado a un grupo de notables investigadores y líderes de opinión que muestran, en esta ocasión especial, el abordaje de temas sobre la desigualdad social y económica, de acuerdo con las teorías del economista francés Thomas Piketty, publicadas en su reciente li-bro El capital en el siglo XXI (2014), en el Fondo de Cultura Económica.

Esperamos que, como en los volúmenes precedentes, logre-mos estimular su interés y crítica de la lectura que hagan de este volu-

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Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) Presentación

men, invitando siempre verlos convertidos en artículos, que promue-van una amplia discusión sobre los tópicos aquí tratados.

Dr. Héctor M. Cappello GarcíaDirector

PRESENTATION

With this number, we begin the volume XXVI of the International Journal of Social Science and Humanities SOCIOTAM, of which we feel deeply proud. It has reached 26 consecutive years of academic projection. In these pages we have accomplished a great contribution from diverse Social Science and Humanities experts from America and Europe.

The topics selected have covered an ample spectrum of di-fferent academic issues, concerning theoretical and methodological aspects. In its reading, we can get a glimpse of social, political, eco-nomical, and cultural concerns of this vast Spanish-speaking region which encompass populations from both continents.

Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía, professor-researcher in the Academic Unit of Science, Education, and Humanities UAMCEH, Universidad Autónoma de Tamaulipas, has coordinated this volume. He invited a selected a group of remarkable researchers and opinion leaders who address in this volume, topics on social and economic inequality from the scope of the French economist, Thomas Piketty, in his recent book Capital in the Twenty-First Century (2014), Fondo de Cultura Económica.

We hope to awaken your interest and critique for this reading as in the previous volumes. Our invitation is that these contributions can result in academic papers, to promote discussion and analysis on the topics here exposed.

Dr. Héctor M. Cappello GarcíaDirector

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Vol. XXVI, N. 1 (2016) Introducción

INTRODUCCIÓN

La Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades Sociotam es una publicación de la Universidad Autónoma de Tamau-lipas y la Universidad Nacional Autónoma de México (UAT/UNAM) en la cual han participado importantes investigadores nacionales e internacionales de México, España, Estados Unidos, Brasil y Chile para atender temas variados de la investigación social.

A principios del año 2015 recibí la atenta invitación del Dr. Héctor M. Cappello García, editor de la revista y director del Cen-tro Multidisciplinario de Investigaciones Regionales (CeMIR)/UAT-UNAM, para coordinar la edición de este número especial, con el objeto de congregar artículos relacionados con el tema vigente de la desigualdad, el desempleo y la pobreza en México y Tamaulipas, citando las recientes teorías del economista francés Thomas Piketty, vertidas en su libro El capital en el siglo XXI (FCE, 2014).

Durante ese tiempo, realicé invitación a 25 diferentes investigadores, académicos, empresarios, funcionarios, políticos y líderes de opinión, para colaborar con ensayos relacionados con el tema. Por ello, agradezco sinceramente a los 17 autores de los diez trabajos recibidos hasta la última semana del mes de noviembre de 2015, por lo que a continuación presento la relación de artículos incluidos en este número especial, denominado Desigualdad en el siglo XXI.

A manera de Prólogo, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, presenta un panorama del estado actual de la desigualdad entre los 34 miembros de la organización, incluyendo a México, resaltando el avance vertiginoso que lleva la desigualdad durante la última década de la que llama “Gran Depresión” (2008-2015). Aquí adelanto parte de sus propuestas denominadas “Recomendaciones para combatir las desigualdades en México”:

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Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) Introducción

1. Reducir la deserción escolar y mejorar el acceso a la edu-cación de calidad.

2. Promover una mayor igualdad de género, fomentando la integración de las mujeres al mercado laboral.

3. Fomentar la formalización del empleo y el acceso a servi-cios de salud de calidad por medio de la adopción de un Sistema de Seguridad Social Universal, de un seguro de desempleo y de un fortalecimiento del sistema de pen-siones.

4. Desarrollar políticas territoriales que involucren a todos los niveles de gobierno y que permitan reducir las dispa-ridades regionales.

Enumeramos los ensayos presentados:

1. “Un análisis de los salarios y prestaciones en la maquila del norte de México desde la perspectiva de Thomas Piketty: alcan-ces y límites”. Autores: Cirila Quintero Ramírez, de El Colegio de la Frontera Norte, sede Matamoros y José Luis Manzanares Rivera, de El Colegio de la Frontera Norte, sede Nogales.

2. “La desigualdad y pobreza en España y México: opciones de superación mediante una política fiscal comunitaria”. Autores: Jorge Alfredo Lera Mejía, de la Unidad de Ciencias, Educación y Hu-manidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y José Luis Peña Alonso, Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa, de la Universidad de Burgos (UBU).

3. “Expresiones de la desigualdad de los ingresos del trabajo: la precariedad laboral en la industria petroquímica privada. Caso Al-tamira Tamaulipas”. Autores: Roberto Fernando Ochoa García y Jor-ge Alberto Pérez Cruz, de la Unidad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UCJS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

4. “El capital en el siglo XXI y el espíritu del post capitalis-mo”. Autor: Guillermo J. R. Garduño Valero, investigador emérito de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa. Padrino de la primera generación de doctores en Administración Pú-blica de la UADCS.

5. “Estructura de la desigualdad económica en el estado de Tamaulipas a nivel municipal: una perspectiva a través de los índices de Gini; IEG y Atkinson”. Autores: Adolfo Rogelio Cogco Calderón, Jorge Alberto Pérez Cruz y Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez, de la Unidad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UCJS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

6. “Desigualdad socio regional en Tamaulipas”. Autores: Héctor Alberto Fernández Morales, Eder Noda Ramírez y Carlos Hinojosa Cantú, de la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales (UADCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

7. “Prácticas ecológicas en logística y cadena de suministros en la industria automotriz: Final de la vida útil y el reciclaje vehicular en México”. Autor: Rafael Alejandro Vaquera Salazar, de la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

8. “Empleo, inversión y desigualdad socioeconómica… Aquí y Ahora”. Autor: Francisco Javier Hernández Montemayor, del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACyT) y profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

9. “La desigualdad intra-países. Reflexiones sobre la pro-puesta de Thomas Piketty y acciones complementarias”. Autor: Fe-lipe Pearl Zorrilla, Presidente del Consejo para el Desarrollo Econó-mico y la Competitividad del Estado de Tamaulipas y profesor de la FCAT Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

10. “Recepción y adaptación de La riqueza de las naciones de Adam Smith en el mundo hispanohablante durante los siglos XVIII y XIX”. Autora: Paz Molero Hernández, del Centro Universitario Villa-nueva, UCM, España.

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Como se puede observar en los títulos de las diez investiga-ciones, las teorías sobre desigualdad económica y social se han vuelto una prioridad para Tamaulipas y la sociedad. De acuerdo con Tho-mas Piketty, representan “El mal del siglo XXI”.

Esta publicación contiene un cúmulo de opiniones y traba-jos de prominentes investigadores, empresarios y líderes de opinión, que viene a llenar un valioso espacio que actualmente se encuentra rezagado de propuestas vigentes y tangibles para ser atendidas, por los sectores académico, social, público y privado en México y Tamau-lipas.

Dr. Jorge Alfredo Lera MejíaCoordinador / Editor invitado

INTRODUCTION

The International Journal of Social Science and Humanities SOCIOTAM is a publication from the Universidad Autónoma de Ta-maulipas (UAT), and the Universidad Nacional Autónoma de Mé-xico (UNAM), in which prominent scholars from Mexico and other countries such as Spain, USA, Brazil, and Chile have collaborated in important analysis on different topics in social research.

In early 2015 Dr. Héctor M. Cappello García, editor and di-rector of the Multidisciplinary Center for Regional Research (CE-MIR)/UAT-UNAM, extended me an invitation to coordinate this spe-cial volume, with the mission of gathering and edit research articles on the important topics of inequality, unemployment, and poverty in Mexico. These articles cited recent theories of Thomas Piketty in his book Capital in the Twenty-First Century (FCE, 2014).

During this time I extended the invitation to twenty-five scho-lars, professors, businessmen, civil servants, politicians, and opinion leaders to collaborate with their own writings on the matter. That is

why I am honestly grateful to the seventeen authors who sent ten ar-ticles on last November 2015. Here is a brief of the articles included in this special volume called Social Inequality in the Twenty-First Century.

As a manner of prologue, the Secretary General of the Orga-nization for Economic Co-operation and Development (OECD), An-gel Gurria, introduces a panorama on the current situation of inequa-lity in the thirty-four members of the organization, including Mexico, emphasizing the rate of progress inequality during the last decade, which he called “Great Depression” (2008-2015). Here is a brief of the proposal called “Recommendations to overcome inequality in Mexi-co”:

1. Reducing student dropout rate, and improving the avai-lability for quality education.

2. Gender equality promotion by the integration of women in the work place.

3. Formalizing employment to facilitate access to quality health services through the adoption of a universal social security system, unemployment insurance and a strong retirement program.

4. Develop in-site policies that include all levels of govern-ment to reduce the regional disparities.

The following are the essays in this volume:

1. “An Analysis of Salaries and Benefits in the Maquiladora of Northern Mexico from the Perspective of Thomas Piketty: Scope and Limits”. Authors: Cirila Quintero Ramírez, from El Colegio de la Frontera Norte, Matamoros campus, and José Luis Manzanares Ri-vera from El Colegio de la Frontera Norte, Nogales campus.

2. “Inequality and Poverty in Spain and Mexico: Options for Recovery through a Community Fiscal Policy”. Authors: Jorge Alfre-

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do Lera Mejía, from the Academic Unit of Science, Education and Hu-manities UAT, and José Luis Peña Alonso, Deputy Rector in Economy and Business Relations, Universidad de Burgos (UBU).

3. “Expressions on Earned Income Inequality: Precarious Em-ployment in the Petrochemical Industry. A Case Study in Altamira, Tamaulipas”. Authors: Roberto Fernando Ochoa García and Jorge Al-berto Pérez Cruz, from the Unit of Judicial and Social Sciences (UCJS) at Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

4. “Capital in the Twenty-First Century and the Spirit of Post-Capitalism”. Authors: Guillermo J. R. Garduño Valero, emerit pro-fessor in the Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, sponsor of the first cohort in the PhD in Public Adminis-tration, UADCS.

5. “Structure of Economic Inequality in the State of Tamau-lipas at the Municipal Level: A Perspective through Gini, IEG, and Atkinson Indexes”. Authors: Adolfo Rogelio Cogco Calderón, Jorge Alberto Pérez Cruz and Guadalupe Isabel Ceballos Álvarez, from the Unit of Judicial and Social Sciences (UCJS) at Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

6. “Socio-Regional Inequality and Public Policies in Tam-aulipas”. Authors: Héctor Alberto Fernández Morales, Eder Noda Ramírez, and Carlos Hinojosa Cantú, from the Unit of Judicial and Social Sciences (UCJS) at Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

7. “Green Practices in Logistics and Supply Chain Manage-ment in the Automotive Industry: End of Life Vehicle Recovering and Recycling in Mexico”. Author: Rafael Alejandro Vaquera Salazar, from the School of Commerce and Administration Victoria (FCAV) at Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

8. “Employment, Investment, and Socio-Economic Inequali-ty... Here and Now”. Author: Francisco Javier Hernández Montemay-or, from the State of Tamaulipas for Science and Technology (COTA-CyT). Professor at Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

9. “Inequality between Countries: Reflections on the Propos-al of Thomas Piketty and Complementary Actions”. Author: Felipe Pearl Zorrilla, Board President for Economic Development and Com-petitiveness in the State of Tamaulipas. Professor in FCAT Tampico at Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

10. “Reception and Adaptation of The Wealth of Nations by Adam Smith in the Spanish Speaking World during the Eighteen and Nineteen Centuries”. Author: Paz Molero Hernández, from the Cen-tro Universitario Villanueva, UCM, Spain.

As it can be observed, the ten topics on the theories of eco-nomic and social inequality have become a priority in the State of Tamaulipas. As Thomas Piketty referred, this represents the “The evil of the Twenty-First Century”.

This publication includes a cumulus of opinions and promi-nent studies from researchers, businessmen, and opinion leaders that comes to fill an valuable space carried with current initiatives to be executed, in the academic, social, public and private contexts in Mex-ico and Tamaulipas.

Dr. Jorge Alfredo Lera MejíaCoordinator / Guest Editor

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La OCDE: Analizando la desigualdad...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 15-31.

LA OCDE: ANALIZANDO LA DESIGUALDAD

PARA PROMOVER EL CRECIMIENTO INCLUYENTE

Ángel GURRÍA1

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Una de las tendencias más claras de las últimas décadas, que se ha visto exacerbada a partir de la Gran Recesión, es el aumento en las desigualdades. En las últimas tres décadas, la desigualdad de los ingresos ha incrementado en la mayoría de los países de la Orga-nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en algunos casos alcanzando niveles históricos. Los ingresos del 10% más rico de la población han registrado un aumento continuo década tras década, frente a los del 10% más pobre en los países de la OCDE.

En los años ochenta del siglo XX los ingresos del 10% más rico eran siete veces mayores que los del 10% más pobre, en los no-venta pasaron a ser ocho veces mayores, durante la década de los dos mil ya eran nueve veces mayores, y hoy son casi diez veces mayores.2

En términos de riqueza, los niveles de concentración son aún más flagrantes: en promedio, el 10% de los hogares más ricos acumula la mitad de la riqueza total; el siguiente 50% posee casi la otra mitad, mientras que el 40% de los hogares más pobres sólo posee poco más del 3%.3

En este contexto, la obra de Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, ha sido un importante llamado de atención para los respon-sables políticos y los medios de comunicación, sobre las implicacio-nes que estas tendencias pueden tener para el crecimiento económico y la estabilidad política a nivel mundial.

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GURRÍA, Á. La OCDE: Analizando la desigualdad...

LA OCDE Y EL TRABAJO DE THOMAS PIKETTY: LOS INGRESOS Y LA RIQUEZA

Existe una visión compartida entre el trabajo de la OCDE en materia de desigualdad y el trabajo de Piketty, particularmente en el análisis de las tendencias de los ingresos más altos y de la distribu-ción de la riqueza. En varias publicaciones recientes de la OCDE se han analizado los cambios en la proporción de los ingresos más altos y los factores que impulsan estas tendencias, así como el impacto que las políticas fiscales tienen sobre ellas.4

Una parte importante de este trabajo se ha apoyado en la base de datos de los mayores ingresos mundiales (World Top Incomes Da-tabase) desarrollada por Facundo Alvaredo, Tony Atkinson, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y otros colaboradores.

Estos análisis han mostrado que, en las últimas décadas, el mayor crecimiento de ingresos se ha concentrado en el 1% más rico de la población y, en particular, en el 0.1%. En Estados Unidos, por ejemplo, el ingreso incrementó en promedio un 1% anual entre me-diados de la década de los setenta y la Gran Recesión. Sin embargo, al eliminar el crecimiento concentrado en ese 1% más rico, la tasa de crecimiento anual para el 99% restante fue de tan solo 0.6%, aproxi-madamente el mismo nivel que en Francia.5

Además del ingreso, la riqueza constituye otra dimensión clave de los recursos económicos de los hogares que ha sido explora-da tanto por Piketty como por la OCDE. La base de datos de la OCDE sobre la distribución de la riqueza (Wealth Distribution Database) reco-ge datos de 18 países de la OCDE, clasificados de manera consistente.

Apoyándose en esa información, la OCDE ha estudiado los patrones de distribución de la riqueza neta de los hogares y su nivel de endeudamiento, complementando estudios previos de la Organi-zación y estudios académicos que han proporcionado una perspecti-va a largo plazo para un grupo de países, entre los cuales se cuenta Francia, país de origen de Piketty.6

Los resultados muestran que la riqueza está mucho más con-centrada que los ingresos. El 10% más rico acumula 50% de la riqueza y, el 1% más rico, alrededor del 18%.7 Al mismo tiempo, los elevados niveles de endeudamiento y/o la escasa posesión de bienes afectan la capacidad de la clase media para realizar inversiones en capital humano u otros bienes.

En consecuencia, la elevada concentración de la riqueza y las desigualdades de ingresos pueden debilitar el potencial de creci-miento económico.

LA OCDE Y EL IMPACTO DE LAS DESIGUALDADES SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO

El impacto de las desigualdades sobre el crecimiento eco-nómico es una de las cuestiones fundamentales que la OCDE ha ex-plorado a partir de la Gran Recesión. La evidencia más reciente de la OCDE muestra que el aumento de largo plazo en la desigualdad de los ingresos disponibles observada en la mayoría de los países de la OCDE ha desacelerado el crecimiento de largo plazo.

Por ejemplo, entre 1985 y 2005, la desigualdad aumentó más de dos puntos en promedio en 19 países de la OCDE; se estima que ese incremento restó 4.7 puntos porcentuales al crecimiento acumu-lado entre 1990 y 2010.8

Además de analizar el aumento en las desigualdades a nivel nacional, es igualmente importante entender lo que sucede en los dis-tintos segmentos de la población. En las últimas décadas, el 40% más bajo en la escala de distribución de ingresos se ha visto poco benefi-ciado por el crecimiento económico en varios países, en contraste con lo sucedido con el 10% de mayores ingresos (Gráfica 1).

Esto tiene gran relevancia, ya que es precisamente la brecha creciente entre los hogares de menores ingresos y el resto de la pobla-ción lo que explica el impacto de la desigualdad sobre el crecimiento.

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Gráfica 1. Los hogares con ingresos más bajos cada vez más rezagados.

Tendencias en los ingresos de los hogares en los niveles bajo, medio y superior, promedio de la OCDE, 1985 = 1.

Nota: Los ingresos corresponden al ingreso disponible por hogar en términos reales, ajustado por la inflación, corregido según el

tamaño del hogar. Para la OCDE se considera el promedio no ponderado de 17 países: Canadá, Alemania, Dinamarca, Finlandia,

Francia, Reino Unido, Grecia, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Suecia y Estados Unidos.

Fuente: OECD (2015), In it Together. Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, París.

De acuerdo con los estudios de la OCDE, el mecanismo do-minante por medio del cual la desigualdad afecta al crecimiento, es la reducción de las oportunidades para los pobres y las clases medias bajas. Esto implica que para entender las desigualdades debemos ver más allá de los ingresos y la riqueza, y ocuparnos de las desigualda-des de oportunidad de manera más amplia.

La OCDE ha comparado el desempeño educativo de tres gru-pos sociales –aquellos cuyos padres tienen un perfil educativo avan-zado, medio o básico– en tres dimensiones: logro educativo, compe-tencias y empleo. Las cifras muestran que las personas cuyas familias tienen perfiles educativos básicos registran un desempeño peor en las tres dimensiones mencionadas, pero también que, conforme la des-

igualdad aumenta, los resultados para las personas de los estratos menos favorecidos empeoran.

El impacto de una mayor desigualdad en los ingresos sobre los niños de familias desfavorecidas también puede observarse en la calidad de la educación. Una vez más, los números varían poco entre los jóvenes con padres de nivel educativo avanzado o medio, sin im-portar el nivel de desigualdad del país, pero se deterioran significati-vamente para los niños de familias más pobres (Gráfica 2).

Gráfica 2. La desigualdad reduce las habilidades de los pobres.

Puntaje de acuerdo con el nivel educativo de los padres (PEB) y el grado de desigualdad.

Nota: La gráfica muestra el puntaje promedio en materia numérica previsto para individuos cuyos padres tienen un nivel educativo bajo, medio o alto

como función del grado de desigualdad (puntos Gini) en el país en el momento en que tenían 14 años de edad. PEB bajo: ninguno

de los padres tiene educación media superior; PEB medio: al menos uno de los padres tiene educación media superior; PEB alta:

al menos uno de los padres tiene educación terciaria. Las barras indican intervalos de confianza de 95%.

Las líneas verticales punteadas indican el percentil 25, el medio y el percentil 75 de la distribución de la desigualdad subyacente.

Fuente: Cálculos de la OCDE con datos de PIAAC. Ver Capítulo 2, Cuadro 2.3 y Anexo 2. A1.

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El impacto de la desigualdad es también visible sobre los pa-trones de empleo. Conforme la desigualdad aumenta, las personas de familias desfavorecidas enfrentan perspectivas laborales más débiles, mientras que las perspectivas para las familias favorecidas no varían de manera importante. Un incremento en la desigualdad de seis pun-tos en la escala de Gini aumenta en tres puntos porcentuales la frac-ción de tiempo que una persona de una familia con perfil educativo bajo permanece desempleada.9

Este impacto también se manifiesta en materia de salud. A menudo, los más desfavorecidos viven vidas más cortas y se ven afec-tados de forma más marcada por la contaminación y la degradación ambiental. A los 30 años, las personas con mayores niveles de educa-ción e ingresos cuentan con una esperanza de vida seis años mayor que las personas con niveles educativos bajos. Además, el 80% de las personas en el quintil de ingresos más altos reportan estar en buen estado de salud, en comparación con el 60% de las personas que per-tenecen al quintil de ingresos más bajos (Gráfica 3).10

Gráfica 3. Estado de salud percibido de acuerdo con el nivel de ingresos, 2013 (o último año disponible).

Porcentaje de la población mayor a 15 años que reportó estar en buen estado de salud.

Fuente: OECD (2015d), Health at a Glance, OECD Publishing, París.

LAS DESIGUALDADES EN MÉXICO La evidencia presentada en las secciones anteriores muestra

que las desigualdades y su aumento son elementos perceptibles en prácticamente todos los países de la OCDE. Sin embargo, la persis-tencia y magnitud de las desigualdades en México hace de ellas uno de los desafíos más grandes para el crecimiento económico del país.

A pesar de la ligera disminución de la desigualdad en las úl-timas dos décadas –de 0.52 puntos en el coeficiente de Gini a media-dos de los noventa a 0.48 puntos en 2012–, México sigue siendo un país extremadamente desigual.

De acuerdo con las estimaciones más recientes de la OCDE, en México el ingreso promedio del 10% más rico de la población es 30.5 veces mayor que el del 10% más pobre, en comparación con un promedio de diez veces en los países OCDE.11

El ingreso familiar real disponible disminuyó de forma signi-ficativa en el periodo posterior a la Gran Recesión. En 2010, el ingreso familiar promedio fue 11% más bajo que en 2008. Entre 2010 y 2012, el ingreso familiar total creció ligeramente; sin embargo, sólo los ubi-cados en el extremo superior percibieron dichos beneficios (+7%), en tanto que los ingresos del 40% en el extremo inferior se redujeron en un 3%.12

Sin embargo, este fenómeno no ocurrió sólo durante la crisis, sino que se trata de una tendencia de largo plazo. Durante las últimas tres décadas, el crecimiento de los ingresos medios de los más ricos en México fue mucho más alto que el de la media y el de los pobres. De hecho, en términos reales, el ingreso promedio del 10% en el extre-mo inferior en 2012 fue menor que el registrado para dicho segmento de la población en 1984.13

México también enfrenta importantes desigualdades en ma-teria educativa. Mientras que 44% de los jóvenes de familias de in-gresos altos están inscritos en planteles de educación superior, sólo 15% de los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos lo está (Gráfica 4).

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Gráfica 4. Jóvenes de familias de altos ingresos tienen más probabilidad de cursar estudios

universitarios que jóvenes de familias de bajos ingresos.

Tasa neta de matriculación por quintil de ingresos en porcentaje, 2011.

Fuente: SEDLAC & Banco Mundial (2014), base de datos socioeconómica para América Latina y el Caribe.

Si bien el acceso a la educación de los 5 a los 14 años de edad

es universal, como lo es en casi todos los países de la OCDE, México tiene una de las proporciones más bajas de matriculación de estu-diantes entre 15 y 19 años de edad, a pesar de poseer hoy la población más grande de este grupo de edad en la historia del país (Gráfica 5). México presenta un índice de deserción escolar de casi 50%, siendo uno de los más elevados en América Latina. El índice de deserción es-colar es aún más alto en los estados con altos niveles de desigualdad en el ingreso.

Las posibles consecuencias para México de un alto índice de deserción escolar van más allá de lo estrictamente económico y tienen mucho que ver con la desigualdad. La educación es un importante elemento para predecir resultados en el mercado laboral y, en un sen-tido más general, en el bienestar.

El hecho de que una parte muy importante de los estudiantes en México abandone la escuela al terminar la secundaria para incor-porarse al sector informal tiene graves repercusiones en la producti-

vidad y el crecimiento económico, y representa un importante obstá-culo para la capacitación de los trabajadores mexicanos.

Gráfica 5. La matrícula escolar entre los 15 y 19 años de edad en México es extremadamente baja.

Porcentaje de matriculación, 2012.

Fuente: OCDE (2014), Panorama de la educación, OECD Publishing, París.

Las empresas en el sector informal no proporcionan opor-tunidades de educación y aprendizaje e invierten muy poco o nada en sus empleados, lo cual les impide acceder a empleos que exigen mayores calificaciones y que registran salarios más altos. La infor-malidad también tiene un impacto perjudicial en la equidad y en la eficiencia, ya que los trabajadores informales enfrentan una mayor in-seguridad laboral y no tienen acceso a derechos sociales como seguro de desempleo, asistencia médica o pensiones.

La prevalencia de la informalidad obstruye igualmente la ca-pacidad del Gobierno para desarrollar un sistema de transferencia social que contribuya a reducir las desigualdades. El sistema fiscal y de transferencia social de México ha tenido un menor impacto en la reducción de la desigualdad que en el resto de los países de la OCDE. Las transferencias monetarias y los impuestos sobre los ingresos per-sonales en México redujeron la desigualdad en un 4% en 2010, en comparación con un promedio del 33% en el resto de la OCDE. El gasto público social, aunque ha aumentado considerablemente, sigue siendo relativamente bajo. En 2012, México invirtió aproximadamen-te el 8% del PIB en educación y salud, en comparación con un prome-dio del 11% en la OCDE.14

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En materia de salud, como sucede en buena parte de los paí-ses OCDE, los adultos con baja destreza para la lectura y escritura tie-nen una posibilidad mucho mayor de presentar problemas de salud, que aquellos con mejores competencias de lectura y escritura.

En México, contar con educación media superior puede sig-nificar un promedio de cuatro años más de esperanza de vida, y siete años más en entidades como Chihuahua, el Distrito Federal y Sonora, respecto de quienes han completado sólo la educación básica (Gráfica 6).

Gráfica 6. Diferencia de esperanza de vida (en años) a los 25 años de edad, entre la población que cuenta con educación secundaria

o superior y la población con educación inferior la secundaria.

Nota: “Educación inferior a la media” corresponde a la población con ningún nivel de educación, educación

pre-primaria, primaria, o primer ciclo de educación secundaria (código X, 0, 1 o 2 del ISCED 97); “educación secundaria o superior”

reagrupa la educación secundaria, post-secundaria y el primer y segundo ciclo de la educación superior (código 3, 4, 5 o 6 del ISCED 97).

Fuente: OECD (2015b), Midiendo el bienestar de los estados mexicanos, Editorial OCDE, París.

El tema de género requiere un análisis puntual, ya que la inversión en educación de las niñas ha aumentado y, sin embargo, muchas de ellas no ingresan al mercado laboral, o lo hacen sólo por periodos intermitentes. En México, la participación de la mujer en la fuerza laboral es del 47% en comparación con el promedio de la OCDE, del 60%.15

Además, la proporción de mujeres que eligen estudios uni-versitarios en ciencia, tecnología o matemáticas es menor que entre sus contrapartes masculinas. Esta problemática requiere de acciones a nivel escolar, laboral y cultural, para que México pueda aprovechar el potencial de sus mujeres.

Esto ayudará a cumplir con el compromiso adoptado en la Cumbre del G20 en Brisbane, de aumentar la participación de la mu-jer en el mercado laboral en 25% para el año 2025, y contribuirá a mi-tigar los efectos que tendrá sobre el crecimiento económico en México el agotamiento del bono demográfico a lo largo de la próxima década.

RECOMENDACIONES PARA COMBATIR LAS DESIGUALDADES EN LOS PAÍSES DE LA OCDE Y EN MÉXICO

Para combatir las desigualdades y promover oportunidades iguales para todos, es necesario que los países de la OCDE adopten un amplio paquete de políticas en torno a cuatro áreas principales: 1) fortalecer el nivel de educación, el desarrollo de habilidades y la adaptación a lo largo de la vida laboral; 2) fomentar una mayor par-ticipación de las mujeres en el mercado laboral; 3) favorecer las opor-tunidades de empleo y los empleos de mejor calidad; y 4) diseñar me-jores sistemas de impuestos y mejorar el acceso a sistemas de salud y pensiones para una redistribución efectiva.

Por supuesto, estas recomendaciones deben adaptarse a las circunstancias particulares de cada país.

En el caso de México, esto incluiría iniciativas tales como:

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1. Reducir la deserción escolar y mejorar el acceso a la edu-cación de calidad.

• Con el propósito de reducir la deserción escolar y com-batir las desigualdades que resultan de las diferencias en materia educativa, México necesita aumentar las oportunidades de aprendizaje durante toda la trayecto-ria educativa de los estudiantes, mientras se encuentran cursando los estudios obligatorios, además de hacer más atractiva la educación de nivel medio superior y adecuar-la a las necesidades e intereses, tanto de los estudiantes, como del mercado laboral.

• Los estudios de la OCDE muestran que cuanto más opor-tuna sea la inversión del Gobierno en la equidad y perti-nencia educativa, mejores serán los resultados para cada individuo y para la sociedad en su conjunto. Por esta ra-zón, las sociedades deben incrementar las oportunidades de éxito de las personas cuando aún se encuentran cur-sando los estudios obligatorios, de manera que se fomen-te su permanencia en los niveles más avanzados.

2. Promover una mayor igualdad de género, fomentando la integración de las mujeres al mercado laboral.

• Es necesario alentar a las mujeres a incorporarse al mer-cado de trabajo formal, mejorando el acceso a servicios de guardería de calidad y ampliando las políticas activas del mercado laboral. México debe dar prioridad a la am-pliación de la cobertura del Programa de Estancias Infan-tiles para Madres Trabajadoras (PEIMT) para fomentar una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, reducir los riesgos de pobreza y mejorar la igual-dad de género.

• La evidencia de la OCDE muestra también que algunas de las barreras para promover mayor igualdad de género están relacionadas con los limitados mecanismos de mo-

nitoreo y rendición de cuentas sobre las medidas que se han adoptado; la falta de datos desagregados en materia de igualdad de género; la falta de un enfoque que involu-cre a todo el gobierno; y las capacidades desiguales tanto de las instituciones especializadas en materia de género, como de las instituciones públicas en su conjunto, para diseñar e implementar políticas que contribuyan a cerrar las brechas de género y a determinar el impacto diferen-ciado que las políticas pueden tener sobre hombres y mujeres.

3. Fomentar la formalización del empleo y el acceso a ser-vicios de salud de calidad por medio de la adopción de un Sistema de Seguridad Social Universal, de un seguro de desempleo y de un fortalecimiento del sistema de pensiones.

• La adopción de un Sistema de Seguridad Social Univer-sal y la implementación de un seguro de desempleo po-drían mejorar los incentivos para los trabajadores y para los empleadores, para que los primeros permanezcan o se integren al sector formal de la economía. México debe enfocarse igualmente en la creación de un paquete igua-litario de beneficios médicos entre los aseguradores. Asi-mismo, la Secretaría de Salud y las instituciones de segu-ridad social deberían compartir sus servicios para lograr un acceso eficiente a los servicios de salud.

• México debe también hacer esfuerzos para mejorar la equidad de su sistema de pensiones. El Estudio del Siste-ma de Pensiones de México que la OCDE llevó a cabo en 2015 muestra que el sistema está fuertemente fragmenta-do. Dado que las condiciones y los beneficios de jubila-ción, así como las tasas de contribución, cuotas sociales y subsidios gubernamentales varían considerablemente –tanto entre el sector público y el privado, como entre distintas entidades del sector público–, será fundamental armonizar las reglas y asegurar la transferibilidad entre los distintos esquemas de pensiones, para establecer un verdadero sistema nacional de pensiones. Aumentar los

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niveles de protección social en la vejez y mejorar la inte-gración entre los componentes no contributivos (Pensión para Adultos Mayores), así como instaurar la pensión mínima contributiva (Pensión Mínima Garantizada) po-drían contribuir a este objetivo.

4. Desarrollar políticas territoriales que involucren a todos los niveles de Gobierno y que permitan reducir las disparidades re-gionales.

• Las reformas nacionales para combatir la desigualdad deben tener en cuenta las distintas condiciones en las diferentes regiones. Para ello es necesario supervisar los resultados en los diferentes lugares del país que supe-ren el promedio nacional y, en segundo lugar, mejorar la coordinación y la armonización de políticas entre los diferentes ministerios, estados y gobiernos municipales.

• El nivel de disparidad de ingresos entre las distintas en-tidades, e incluso dentro de éstas, se encuentra entre los más altos de la OCDE. En 2014, el ingreso promedio dis-ponible por hogar en el Distrito Federal fue tres veces mayor que en Chiapas, lo cual representa la brecha más amplia en los países de la OCDE. La desigualdad de in-gresos dentro de los estados (en términos del coeficiente Gini) también es alta, en comparación con otros países de la OCDE, a pesar de que en el periodo comprendi-do entre 2008 y 2014 disminuyó en 21 de los 31 estados mexicanos y en el Distrito Federal.

• Desencadenar el pleno potencial de las ciudades mexi-canas también tendrá efectos positivos en la reducción de las desigualdades regionales. Las ciudades mexicanas tienen un desempeño de menor calidad que sus pares a nivel internacional debido a que, en muchos casos, no existe un ambiente propicio que conecte a los habitantes con las oportunidades económicas y con la infraestruc-tura social y urbana, y que permita a las empresas sacar mayor provecho de los beneficios de la aglomeración.

• Esto significa que deben tomarse medidas para que la urbanización se convierta en una herramienta para el desarrollo económico, y evitar, por el contrario, que el desarrollo urbano aleje a la población de los empleos y de los servicios, generando tráfico excesivo, asentamientos desordenados y menor bienestar.

NOTAS1. Ángel Gurría es Secretario General de la Organización para la Coope-

ración y el Desarrollo Económicos (OCDE).

2. OECD (2015). In it Together. Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, París, p. 15.

3. Estas cifras incluyen a los 18 países de la OCDE para los cuales se cuenta con datos comparables sobre concentración de la riqueza. Ver Ibid., p. 35.

4. Estas publicaciones son: OECD (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries, OECD Publishing, París; OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Ri-sing, OECD Publishing, París; OECD (2015), In it Together. Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, París.

5. Ibid., p. 23.

6. Las estimaciones de Piketty con respecto a la proporción de las rique-zas de los más ricos se basan en registros administrativos, por ej., declaraciones fiscales (Francia) y declaraciones patrimoniales (Gran Bretaña). Para ambos países, los cálculos de Piketty sobre la propor-ción de la riqueza para el 10% y el 1% más rico de la población son inferiores a los de la OCDE, lo que refleja, entre otras cosas, la inclu-sión de la riqueza de las pensiones obtenidas mediante los fondos de pensiones de empleo en el análisis de Piketty.

7. Ibid., p. 34.

8. Ibid., p. 26.

9. Ibid., p. 27.

10. OECD (2015d). Health at a Glance, OECD Publishing, París, p. 62.

11. OECD (2015). In it Together. Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, París, p. 56.

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12. OECD (2015). In it Together. Why Less Inequality Benefits All, OECD Publishing, París.

13. Ibid.

14. Ibid., Mexico Country Note, p. 1.

15. OECD, Better Life Index, Mexico.

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Ángel GURRÍA Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM) y Maestro en Economía por la Uni-versidad de Leeds (Reino Unido). Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde junio de 2006. Bajo su liderazgo, la OCDE ha ampliado su número de miembros, incluyendo a Chile, Estonia, Israel y Eslovenia y abriendo negociaciones de adhesión con Rusia. También ha fortalecido sus vínculos con importantes economías emergen-tes, como Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, con la posibilidad de que puedan convertirse en países miembros en un futuro. Colaborador habitual de algunos de los periódicos y revistas de mayor renombre internacional, ve con preocupación la cre-ciente inestabilidad económica mundial y la desigualdad entre los países del mundo y los 34 miembros de la OCDE. Línea de investigación: Economía. Correo Elec.: [email protected].

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Un análisis de los salarios y prestaciones...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 33-67.

UN ANÁLISIS DE LOS SALARIOS Y PRESTACIONES EN LA MAQUILA

DEL NORTE DE MÉXICO DESDE LA PERSPECTIVA DE THOMAS PIKETTY:

ALCANCES Y LÍMITES

Cirila QUINTERO RAMÍREZEl Colegio de la Frontera Norte, sede Matamoros, México

José Luis MANZANARES RIVERAEl Colegio de la Frontera Norte, sede Nogales, México

RESUMEN/INTRODUCCIÓNEl estudio discute los alcances de las conceptualizaciones de Tho-

mas Piketty sobre el papel de los salarios como factor de desigualdad social y los criterios para revertirla. Particularmente, el texto discute el papel que las medidas fiscales y el papel de instituciones locales, como el sindicato, pueden tener en la disminución de la desigualdad. El artículo analiza el caso del comportamiento salarial en las maqui-ladoras del Norte de México, utilizando el caso de Ciudad Juárez y Matamoros.

Palabras clave: maquiladoras, salarios de subsistencia, des-igualdad.

AN ANALYSIS OF SALARIES AND BENEFITS IN THE MAQUILADORA OF NORTHERN MEXICO FROM THE PERSPECTIVE OF THOMAS PIKETTY:

SCOPE AND L IMITSABSTRACT/INTRODUCTION

The study discusses the effects of the conceptualizations of Tho-mas Piketty on the role of salaries as a factor of social inequality and the considerations to reverse it. In particular, it discusses the role of fiscal measures and the role of local institutions, as the Trade Union,

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QUINTERO R., C. y MANZANARES R., J.L. Un análisis de los salarios y prestaciones...

that may have on the reduction of inequality. The article analyses the case of salary behavior in the maquiladoras in the North of Mexico, using the case of Ciudad Juárez and Matamoros.

Keywords: Maquiladoras, subsistence salaries, inequality.

1. SALARIOS Y REMUNERACIONES DESDE LA PERSPECTIVA DE PIKKETY

Este apartado establece el marco conceptual del análisis realizado, así como las razones para concentrarse en la evolución de las remuneraciones en las maquiladoras de Ciudad Juárez, Chi-huahua y Matamoros, Tamaulipas. La selección radica en dos facto-res: primero, el carácter fronterizo de estas localidades; segundo, la inserción directa de la maquiladora en un modelo productivo vincu-lado con el esquema global de producción y estrechamente vinculado con la dinámica capitalista, en especial con Estados Unidos.1

Esta situación las enlaza con el modelo capitalista que se ha caracterizado, durante las últimas tres décadas, por una creciente asi-metría en la distribución de los ingresos entre los factores produc-tivos, tal como lo han documentado los trabajos de Goldin y Katz (2008) y Piketty (2014). Este último ha señalado que, en la acentuación de la desigualdad observada en las décadas recientes, han pesado más las decisiones políticas que económicas.

En palabras de Piketty:

“…el incremento de las desigualdades desde la dé-cada 1970-1980 obedece mucho a los cambios políticos de los últimos decenios, sobre todo en materia fiscal y financiera. La historia de las desigualdades depende de las representaciones que se hacen los actores económicos, políticos y sociales, de lo que es justo y de lo que no lo es, de las relaciones de fuerza entre esos actores y de las elecciones colectivas que resultan de ello: es el producto conjunto de los actores interesados…” (Piketty, 2014:36).

Desde esta perspectiva, este trabajo asume que el mercado laboral es una construcción social en la cual las relaciones de fuerza entre grupos sociales pueden modificar el vínculo unidireccional en-tre los salarios y la productividad, que plantea la teoría tradicional de capital humano.

De esta manera, Ciudad Juárez y Matamoros no sólo muestran la evolución del capital en cinco décadas, sino cómo las fuerzas insti-tucionales del capital y el trabajo establecen acuerdos para la defin-ición de las escalas salariales en esta industria, que reflejan el estado de fuerzas que el capital y el trabajo tienen a nivel local.

El análisis de la inequidad en la distribución del ingreso para las economías emergentes, y en particular en el contexto latinoamer-icano, es poco abordado, de acuerdo con Pikkety, por ausencia de series históricas. Si bien la particularidad de los rasgos sociales que caracterizan los mercados laborales en estos países resultan centra-les, dado su contraste con la experiencia europea y anglosajona, la temática es poco abordada.

Dado lo anterior, se plantea la pregunta: ¿qué tanto las categorías pikettianas pueden coadyuvar al análisis de salarios y desigualdad en países emergentes? Los autores de este artículo consideran que el papel del entorno institucional, definido en un sentido amplio para aludir al conjunto de reglas y compromisos entre los agentes económicos que intervienen en el mercado laboral, enunciados por Piketty, resultan una premisa central.

Sin embargo, hay ciertas limitaciones en sus postulados para analizar la situación del trabajo y capital en países emergentes. Basa-do en la experiencia de los países desarrollados, este autor concede una importancia central a la educación de la mano de obra, a fijar tasas impositivas a los salarios de los directivos de los grandes em-presas, así como a las herencias, como formas de disminuir la des-igualdad, y concede poca importancia a actores institucionales, como los sindicatos, por considerar que su papel es limitado en cuanto a disminuir la desigualdad.

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Particularmente, en cuanto al papel de los sindicatos, Piketty señala como su principal característica el monopolio de la fuerza la-boral, que le permite negociar mejores condiciones salariales y pres-taciones pero, desde su punto de vista, esto no es suficiente:

“…las herramientas utilizadas por los sindicatos para au-mentar el nivel general de los ingresos del trabajo y dismi-nuir la desigualdad entre los asalariados no son herramien-tas eficaces para redistribución (de la riqueza)… dado que ellos no tienen derecho a modificar los impuestos y las trans-ferencias” (Piketty, 2015:140-141).

Para el autor, lo más adecuado –y congruente con su argu-mento de la importancia de medidas fiscales– sería la redistribución a partir de cargas fiscales a los salarios altos, que permitan financiar transferencias fiscales a los salarios bajos (Piketty, 2015:140), y eso lo puede hacer de manera más eficaz el Estado. La posición de Piketty en torno a los sindicatos es crítica, dado que expresa que han tenido escasa participación en la redistribución de la riqueza, por lo que su-giere una disminución de su poder.

La disminución en el poder sindical se basa en dos argu-mentaciones: primero, en cuanto al monopolio de la fuerza laboral, porque los incrementos salariales obtenidos no son para beneficio de los trabajadores, ni refleja un mejoramiento sustancial de la pobla-ción trabajadora, sino que se realizan para el beneficio del sindicato (Piketty, 2015:139).

El segundo argumento consiste en que los sindicatos com-primen las jerarquías salariales al interior de las empresas, mediante la fijación de los tabuladores salariales de distintas calificaciones y experiencias (Piketty, 2015:140), no siempre vinculadas con la califi-cación de cada trabajador, sino de otros factores, como la antigüedad.

En opinión del autor, esto limita las potencialidades que un trabajador pueda desarrollar para adquirir mayores calificaciones, que le permitan obtener mejores salarios, dado que se estabiliza en una categoría salarial, sin mayores expectativas.

Más recomendable sería fijar un salario mínimo (de acuerdo con las habilidades), el cual la empresa no estaría autorizada a des-cender, pues sería sancionada. Con esta medida se incentivaría a los asalariados para tener un mayor capital humano (Piketty, 2015:144), que les permitiera tener salarios mejores. El salario fijado sería estable y previsible, y no tan vinculado con la producción sino con la califi-cación de los asalariados (Piketty, 2014:343). Esta es una mejor forma redistributiva para un sector mayor de los asalariados, en lugar de llegar a una categoría salarial que les impide moverse salarialmente, y sujeto al pago de la empresa, como lo hacen los sindicatos. En esta fijación de salario mínimo de acuerdo con la calificación, Piketty nue-vamente concede una importancia al Estado.

La descripción anterior forma parte del razonamiento de Piketty de cómo mejorar la redistribución a través de los salarios. Sin embargo, de acuerdo con el mismo autor, esto es muy teórico y hay que buscar verificación empírica suplementaria (Piketty, 2015:145).

Dentro de la teoría pikettiana, las cargas fiscales a salarios altos, para luego redistribuirlos a los bajos salarios, así como una baja tasación a los bajos salarios, y la fijación de salarios mínimos de acuerdo con el capital humano, podrían corregir algunas de las fallas que ha tenido el sindicato. Sin embargo, no hay un pronunciamiento claro del papel que deberían tener los sindicatos en los países desa-rrollados. Con lo expuesto parecería ser innecesario; pero eso impli-caría una discusión teórica y empírica mayor.

La evidencia empírica del comportamiento salarial de las maquiladoras en el norte de México, y siguiendo la argumentación pikettiana, permite brindar algunas consideraciones sobre el tema, especialmente en cuanto a la participación de las instituciones, como dice el autor:

“Para comprender la dinámica de la desigualdad salarial es necesario introducir un papel para las diferentes institu-ciones y reglas que, en todas las sociedades, caracterizan el mercado de trabajo. Aún más que los otros mercados, el la-boral no es una abstracción matemática cuyo funcionamien-to esté totalmente determinado por mecanismo naturales e

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inmutables, y por implacables fuerzas tecnológicas, es una construcción social constituida por reglas y compromisos específicos” (Piketty, 2014:337).

En primer lugar, el análisis salarial en las maquiladoras con-cede una importancia central a los actores institucionales locales, como son los gobiernos municipales/estatales y, sobre todo, los sindi-catos. Dado que los gobiernos municipales/estatales han favorecido las inversiones trasnacionales y las organizaciones sindicales han des-empeñado un papel determinante en la evolución de la escala salarial y, al mismo tiempo, es también un reflejo, mediante la velocidad de estos ajustes, de la tolerancia de la sociedad ante la desigualdad.

En segundo lugar, y como parte de la importancia que las instituciones tienen en el aumento o disminución de la desigualdad, se plantea que el conjunto de políticas generadas por el Estado tiene el potencial para mitigar los desequilibrios inherentes a la libre interacción de los agentes en la esfera privada. Desde esta postura, se retoma el papel de la política fiscal como instrumento para incidir en la distribución del ingreso en el marco particular de las remuneraciones de la industria maquiladora.

La perspectiva histórica que se realiza en este trabajo muestra que el entorno laboral en la industria maquiladora contó, desde sus orígenes, con un componente de inequidad inherente. Éste se ha agudizado con otros decretos fiscales que lo han beneficiado, como se muestra en el apartado tres de este capítulo, así como que los sindicatos han funcionado como factores de divergencia y convergencia en cuanto a la desigualdad salarial a nivel local.

Históricamente, la industria maquiladora se instaura en México producto del diseño de un esquema de incentivos fiscales en el contexto de la relación comercial con Estados Unidos, concretamente a partir del Tariff Item No. 807.00, aprobado el 31 de agosto de 19632 en Estados Unidos.

El decreto establecía:

“Limit the duty upon the full value of the imported pro-ducts, less the value of the United States fabricated com-ponents contained therein to imported items assembled in foreign countries with fabricated components that have been manufactured in the United States” (Inman, 1975:431).

En México, la concretización de este proyecto se realizó a través del Programa Industrial Fronterizo (PIF), el cual fue emitido por la Secretaría de Industria y Comercio el 20 de mayo de 1965. En el PIF quedó incluida toda la frontera norte, excepto la zona libre de Baja California y Sonora (IMP, 1969:9). El PIF funcionaría mediante un acuerdo entre la Secretaría de Industria y Comercio y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estaba basado en el Código Arancelario, Título VIII, Artículo 321, referente a las operaciones temporales, y entre las principales regulaciones se estipulaban las siguientes:3

• Las firmas operando bajo este programa serían conside-radas dentro de una zona fiscal.

• Todas las materias primas serían traídas a México para ser utilizadas en el proceso de manufactura (y) debían ser exportadas cuando la producción hubiera terminado (IMP, 1969:9).

Los incentivos que otorgaba el PIF eran los siguientes:

• El Gobierno permite la importación temporal, libre de impuestos, de maquinaria, equipo, partes adicionales e insumos, para ser usados en el proceso de la producción. La exportación de los artículos finales está libre de im-puestos.

• El capital de la empresa puede ser 100% extranjera, o par-te mexicana y parte extranjera, o 100% mexicana.

• Se permite que los técnicos extranjeros trabajen en Mé-xico, mediante una autorización previa expedida por la Secretaría de Gobernación.

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El surgimiento del sector con tratamientos fiscales preferen-ciales en cuanto a su producción y comercio, a la postre se comple-mentaría con otras directrices de política fiscal, cuya incidencia ha profundizado la asimetría original, extendiéndola al tratamiento de las remuneraciones entre los factores productivos.4

La exención fiscal hacia la maquila contraviene los postula-dos de Piketty en torno a la creación de fijar impuestos que conduz-can a disminuir la desigualdad y que frenen las ganancias del capital, y forma parte de esas decisiones que acentúan la desigualdad.

Una referencia cercana al modelo maquilador, pero más vin-culado con la desigualdad en Europa, es expresada en la siguiente cita:

“…a falta de una inversión adecuada en la formación de ha-bilidades (en países desarrollados) puede impedir que gru-pos sociales completos gocen del desarrollo, o hasta puede llevarlos a ser desplazados por recién llegados, como a veces lo muestra el avance internacional operante hoy en día (los obreros chinos tomando el lugar de los obreros estadouniden-ses y franceses, y así sucesivamente)…” (Piketty, 2014:38).

La cita puede ser extrapolada para explicar la deslocalización industrial de algunas empresas trasnacionales a países emergentes. Sin embargo, aunque Piketty relaciona este desplazamiento a la ne-gación a invertir en educación por parte del capital, es evidente que la deslocalización industrial y la ocupación de mano de obra migrante o de países emergentes están vinculadas con la disminución de cos-tos y el aumento de tasa de ganancia de las trasnacionales. En otras palabras, en materia laboral y salarial, y su relación con la desigual-dad, no basta sólo la consideración de los niveles nacionales, sino la consideración del tipo de interacción entre ámbitos nacionales y tras-nacionales.

Ahora bien, en cuanto a las potencialidades y los límites de la teoría del capital humano identificados por Pikkety (2014), en espe-

cial su incidencia en la productividad y la determinación salarial en países emergentes, la potencialidad de una mayor educación y califi-cación parece tener fuertes límites.

A pesar de la política pública fomentada por los gobiernos es-tatales de impulsar carreras pertinentes y perfiles profesionales acor-de con la demanda generada por la industria maquiladora, si bien han desembocado en la conformación de ingenieros y técnicos que responden a las necesidades de las maquiladoras, e incluso han dado un mayor participación de ingeniería y diseño de profesionales en las actividades de la maquila (Carrillo y Gomis, 2004:30; Lara, 2001:58), su impacto ha sido limitado, dado que sólo un pequeño porcentaje se ocupa de estas actividades.

La mayor parte sigue siendo mano de obra no calificada; en 2006, el 78% del personal ocupado en la maquiladora mexicana era obrero: el 13.1% personal técnico y sólo 8.9% era administrativo (INE-GI, 2007:8-9). Desde esta postura, la disminución de la desigualdad salarial a través de una mayor calificación parece tener un escaso peso. Otros factores parecen ser más relevantes en cuanto a los sala-rios en las maquiladoras como muestra el siguiente apartado.

2. SALARIOS Y PRESTACIONES EN LAS MAQUILADORAS MEXICANAS 5

Esta sección realiza algunas consideraciones contextuales e históricas que resultan importantes para entender el comportamien-to histórico de los salarios en las maquiladoras mexicanas. Autores como Carrillo (1985) han mostrado que las maquiladoras en los años sesenta, cuando iniciaron sus actividades, cumplieron con las dispo-siciones básicas que marcaba la LFT mexicana.

A saber: pago de salario mínimo, seguridad social, obtención de la planta laboral después de un período de prueba de 30 días, va-caciones y pago de aguinaldo, de acuerdo con la antigüedad laboral. En ese sentido, la maquiladora no se constituyó en una excepción laboral.

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Sin embargo, este esquema laboral pronto mostró su no com-patibilidad con el modelo maquila, debido a la movilidad industrial que la caracterizaba. Las maquiladoras estaban enlazadas a grandes trasnacionales que producían para mercados cambiantes, lo que im-pregnaban de fuertes vaivenes en su producción y uso de trabajado-res. La remuneración a través de salarios y prestaciones laborales con trabajadores permanentes y difíciles de movilizar dentro de la planta no eran acordes con las necesidades empresariales de alta movilidad.

De manera que las empresas maquiladoras, con ayuda de empresarios locales y autoridades laborales, se enfrascaron durante los años setenta y ochenta, en una lucha frontal contra las organiza-ciones sindicales locales, con la finalidad de hacerlas más flexibles, o bien, eliminarlas de las empresas. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, tribunal laboral mexicano, en las distintas localidades desempeñaron un papel central, al dictaminar mayormente en favor de la empresa, desconociendo los movimientos laborales por mejoras salariales y laborales,6 así como a través de la negativa a reconocer nuevos sindicatos.7

La debilitación de los sindicatos incrementaría los beneficios que la maquiladora obtenía en México, en virtud de que los salarios se mantendrían en el nivel mínimo marcado por el Gobierno mexica-no, dado que no habría presión sindical para elevarlos. En teoría, esto parecería responder a las medidas recomendadas por Piketty de fijar un salario mínimo a los trabajadores. Sin embargo, no era así, debido a que el salario mínimo fijado por el Gobierno mexicano no tiene re-lación con la cobertura de las necesidades básicas del trabajador, sino que es una medida de política económica más para evitar la inflación, que para cumplir con la satisfacción de las necesidades básicas del trabajador y, mucho menos, para disminuir la desigualdad. Por el contrario, en los años posteriores, los trabajadores disminuyeron más su poder adquisitivo, debido a las constantes devaluaciones del peso mexicano. Por otra parte, el salario mínimo tampoco está vinculado con las capacidades técnicas de los trabajadores, sino con una canti-dad fijada políticamente.

En materia salarial, México era mucho más barato que Es-tados Unidos; además, en los primeros años de la maquila, los sala-

rios subieron poco debido a la baja inflación en el país. A finales de los sesenta, se estimaba que el sueldo pagado en el norte de México representaba una tercera o cuarta parte del salario fabril pagado en Estados Unidos (Taylor, 2003:11).

Para 1978, se estimaba que el salario pagado en las maqui-ladoras representaba la quinta parte del salario pagado en Estados Unidos (Carrillo, 1985:131). En 2015, 50 años después de la instala-ción de la maquiladora en el norte de México, la diferencia es de lo más acentuada. El salario mínimo por hora en Estados Unidos es de 7.25 dólares, es decir, 113.75 pesos mexicanos, mientras que el salario mínimo en el norte de México es de 70.10 pesos por jornada laboral, lo que representaría 4.47 dólares. Es decir, la jornada laboral de un trabajador representaría el 61.6% de lo que se paga por hora de tra-bajo en Estados Unidos. La divergencia, en términos de Piketty, no podría ser más marcada.

Así pues, los factores que podrían ser agregados a la ventaja salarial de las maquilas en México serían: el pago por jornada laboral en lugar de pago por hora, como ya lo mencionamos, y la posibilidad de pagarle menos a las mujeres empleadas en trabajos no calificados (Carrillo, 1985:132). Esta descalificación y la escasa movilidad laboral, dado las pocas categorías laborales existentes al interior de la maqui-la, propiciaron que, aunque los salarios subieran nominalmente, el poder adquisitivo disminuyera.

Gambrill (1995) menciona que la estructura de los puestos de trabajo y su escasa calificación influye en la permanencia de bajos salarios. A pesar de la modernización de las plantas que se ha asocia-do a las maquiladoras en los años ochenta y noventa, la composición laboral siguió siendo dominada por el trabajo obrero, es decir, por el trabajo no calificado. La descalificación constituye la principal razón para el pago de salarios bajos; en opinión de algunos autores (Gam-brill, 1995) existe una gran cantidad de mano de obra en México y otros países que pueden hacer el trabajo de ensamblaje sin problemas.

Si bien existe una generalización en cuanto a la no calificación de las actividades desarrollas en la maquila, es importante señalar que el denominado “ensamblaje” comprende las más variadas acti-

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vidades, que pueden ir desde soldar finos alambres en una tablilla, hasta insertar infinidad de cables a la luz de potentes microscopios, lo que de entrada cuestiona la supuesta descalificación laboral de la maquila.

En una investigación realizada a finales de los años noventa, Carrillo encontró que las actividades realizadas por los trabajadores directos –es decir, vinculados a la producción de la maquila en Ti-juana– comprendía una gran variedad de actividades, en las que se mezclaban tareas sencillas y otras más sofisticadas.

“Ajustar, almacenar, asear, atornillar, cableado, cortar, co-ser, control de calidad, control de material, diseñar, embobi-nar, empachar, enganchar, empapelar, ensamblar, entubar, etiquetar, insertar, inspeccionar, investigación, limpiar, moldear, pegar, pintar, pruebas en computadora, reparar, sellar, soldar, supervisar, y otras actividades” (Carrillo/Santibáñez, 1993:38-39).

Otro aspecto impactaba en los costos salariales: la pertenencia extranjera de las maquilas, que sujetaba sus costos a los vaivenes del cambio del dólar. Los costos podrían disminuir en las devaluaciones o bien incrementarse con la revaloración del peso mexicano; sin em-bargo, para el trabajador mexicano estos cambios poco lo beneficia-ban, dado que con las devaluaciones su poder de compra disminuía.

En un interesante análisis entre los salarios pagados en la manufactura nacional y la maquila, Gambrill señala que entre 1978 y 1992 se deterioró el salario para el trabajador mexicano en ambas industrias, aunque fue más acentuado en las maquiladoras:

“El deterioro salarial en el sector manufacturero (nacional) parece un fenómeno circunscrito a la coyuntura de la crisis (de 1982), mientras que en las maquiladoras aparece como una constante, anterior y posterior a la devaluación, y que se reforzó con ésta… (debido a que) las maquiladoras respon-den a una racionalidad diferente de la que opera en la indus-tria manufacturera… las maquiladoras operan con dólares y producen para el mercado mundial, por lo que la devaluación las beneficia” (Gambrill, 1995:543).

La misma autora señala que, en materia salarial, aunque las maquiladoras cumplan con los salarios mínimo pactados, la pérdida de poder adquisitivo es mayor. Para la autora, los trabajadores de la maquila pierden lo mismo en tiempos de abundancia como en crisis, aunque en ésta se empeora la pérdida del poder adquisitivo. Esta pérdida también se registró para los técnicos ocupados por la maquila: en el primer período perdieron 12%; en el segundo, 4% y en el tercero (Gambrill, 1995:545). Una situación diferente es la de los empleados, personal administrativo y gerentes, a quienes sí se incrementaron los sueldos (Gambrill, 1995:545).

Dado las afectaciones al salario por las devaluaciones y los aumentos insignificantes que se registraban en algunas maquilado-ras, como en Tijuana y Ciudad Juárez, comenzaron a utilizar el pago de bonos como complemento a los salarios. El pago de estos bonos fue presentado como una medida de apoyo a la economía del trabajador, y ante la incapacidad de poder aumentar los salarios mínimos que el Gobierno mexicano tenía para cada región, por lo que se convirtió en un pago análogo a los pagos por previsión social, quedando exentos de pago fiscal. Otros empresarios reconocen que, efectivamente, el origen de los bonos fue el apoyo a la economía del trabajador; sin embargo, luego se desvirtuó el concepto y se enlazó al aspecto de la productividad (entrevista con Mario Alvarado, empresario matamo-rense, abril 2015).

A pesar de sus limitaciones, los bonos se convirtieron en una forma generalizada de pago, particularmente en ciudades como Ti-juana y Ciudad Juárez. Sin embargo, en Matamoros la historia fue distinta, dado que se negoció que todos los aumentos y pagos fuesen pactados en el contrato colectivo, ligados a la antigüedad laboral, y pagados de forma monetaria. Los bonos negociados también fueron incluidos en el contrato colectivo.

Dos comentarios finales en torno a los salarios pagados en maquiladoras. Primero, éstos no son homogéneos, dependen del sector económico y de la solvencia económica de cada empresa. En cuanto al sector económico, desde los inicios de las maquiladoras, las diferencias salariales entre el sector textil y electrónico fueron acen-tuadas, siendo el textil el peor pagado. Segundo, la diversidad de las

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actividades realizadas mostraba que la categoría de trabajo directo en la maquila integraba una complejidad laboral.

Como bien lo señala Jorge Carrillo:

“Cabe señalar que el personal directo (en las maquiladoras) no está compuesto solamente por operadores, sino por jefes de línea, inspectores de línea, jefes de grupo, inspectores de calidad y, en muchos casos, trabajadores de mantenimien-to, entre otros… Por ello, el personal directo (relacionado con la producción) representa un grupo con distintos tipos de calificación, niveles y salarios… (Carrillo/Santibáñez, 1993:135).

Esta apreciación resulta central, dado que mientras en la ma-yor parte de maquiladoras donde los salarios se complementaron con bonos, no se visualizaban grandes diferencias entre categorías labo-rales; en espacios en donde se hacían negociaciones salariales tradi-cionales, el tabulador fijado marcaba diferenciaciones salariales entre los trabajadores.

La concesión de bonos abrió una diferenciación entre las ma-quiladoras, pues mientras que las plantas no presentaban diferencias entre las prestaciones de ley, como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, en la concesión de otras prestaciones sí se observaban di-ferencias. Ciudad Juárez se convirtió en la ciudad del bono; éstos fue-ron utilizados como formas de frenar la rotación laboral acentuada que se registró, dado el continuo establecimiento de nuevas maquila-doras, o con la ampliación de las ya existentes.

Sin embargo, se mostró que estos incentivos sólo se obtenían si se tenía una asistencia, puntualidad y desempeño perfectos:

“Hay casos en que se pierde el bono por un retardo o por una falta, y hay casos en los que se da la parte proporcional de los bonos dependiendo de la falta... al caminar dentro de las naves industriales se ven los anuncios que muestran los bonos ofrecidos… (también) al revisar los anuncios periodís-ticos, es evidente la competencia por el empleo entre plantas maquiladoras a través del sistema de bonos… (quizá) uno de los cambios más importantes en términos de ingresos rela-

tivos en la historia de la industria maquiladora en México, sean los sistemas de bonos, ya que en los estudios realizados a finales de los setenta no mostraron la existencia de política de este tipo…” (Carrillo/Santibáñez, 1993:144).

El apartado último de esta exposición muestra la importan-cia que la región y el posicionamiento de empresarios y sindicatos tuvieron en la definición de la forma remunerativa de cada espacio maquilador. El propósito del apartado consiste en mostrar cómo los actores locales han desempeñado un papel central en el esquema re-munerativo de la maquila.

3. ANÁLISIS ECONÓMICO-SOCIOLÓGICO DE LOS SALARIOS EN LA MAQUILADORA, DESDE EL ENFOQUE DE PIKETTY

Esta sección analiza la importancia de analizar el compor-tamiento histórico de las estadísticas vinculadas con los actores del capital, trabajo y capital, para vislumbrar su comportamiento a través del tiempo, como sugiere Piketty. Asimismo, muestra la interacción entre capital y trabajo en el nivel local, mediante el análisis del caso de Ciudad Juárez y Matamoros. El estudio señala algunos de los prin-cipales indicadores del comportamiento de actores e instituciones, y sus negociaciones en el nivel local, que apuntan a dos escenarios re-munerativos en donde la desigualdad salarial se acentúa o disminu-ye, dependiendo del posicionamiento del capital y del trabajo en el ámbito local.

3.1 Diferencias salariales por personal ocupado en la maquiladora

Uno de los rasgos de mayor interés para el análisis de la evo-lución de las remuneraciones de los trabajadores de la industria ma-quiladora de exportación en la frontera se asocia con la distinción del personal ocupado por calificación de la mano de obra y condición de contratación. En las ciudades fronterizas de Ciudad Juárez y Ma-tamoros, de acuerdo con las estadística, el 90% del personal en esta industria son obreros y técnicos (INEGI, BIE, 2007).

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Aparte del tipo de trabajador en las maquiladoras es impor-tante considerar el efecto adverso del incremento del nivel general de precios, para estimar la trayectoria en términos reales de las remune-raciones. La siguiente gráfica muestra la evolución de las remunera-ciones una vez que se controla por el efecto inflacionario y el creci-miento del personal ocupado para tres tipos de trabajadores: obreros, técnicos y empleados, y se hace el contraste para las dos ciudades analizadas, considerando al INPC como deflactor.

Figura 1. Trayectoria de las remuneraciones en la industria maquiladora según posición en el trabajo, 1978-1999.

Fuente: INEGI, Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación. 1978-1988, INEGI, 1989-1999. Encuesta mensual de la industria

manufacturera (EMIM), disponible en: http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/

En primera instancia se observa que la categoría “obreros” registra una pérdida en el poder adquisitivo respecto a las catego-rías “técnicos” y “empleados”; la pérdida en el periodo de la muestra equivale a 47% para los obreros de la industria maquiladora en Ciu-dad Juárez y 32% para Matamoros.

Destaca el hecho de que la categoría “empleados” es la úni-ca que no registra una pérdida en las remuneraciones reales, lo que sería congruente con el argumento de Piketty de que las categorías laborales superiores tienden a estar mejor pagadas. Si bien durante

la década de los ochenta, esta categoría registra una pérdida paralela a la trayectoria del conjunto de trabajadores, ésta se revierte desde el inicio de la década de los noventa y, para finales de esa década, las remuneraciones de este grupo de trabajadores superan el nivel observado a inicios del periodo en 10% para Ciudad Juárez y 5% en Matamoros, evidencia que da cuenta de una notable inequidad de los ingresos en el sector.

Otros factores han acentuado la situación salarial en las ma-quiladoras. Primero, en 2000, la industria maquiladora en México ex-perimentó una fuerte crisis, que costó al país la pérdida de 200,000 empleos, y las ciudades estudiadas fueron particularmente afectadas.

La caída de empleos en Ciudad Juárez en el periodo de crisis de 2000 ascendió a casi 50,000, mientras que en Matamoros se perdie-ron en el mismo período casi 15,000 empleos. Aún más pronunciada resultó la pérdida de empleos en la industria maquiladora como re-sultado de la crisis financiera originada en Estados Unidos en 2009 y, a partir de entonces, la maquila ha crecido lentamente a tasas de un sólo digito, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2. Personal ocupado en la industria maquiladora de Matamoros y Ciudad Juárez, 1979-2015.

Fuente: INEGI, 1991: 3; INEGI, 1995: 1-3, INEGI, 2001: 41-45, INEGI, 2007, INEGI: 2015.

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Ahora bien, la maquila no sólo fue afectada por los despidos, sino que varias plantas moderaron sus aumentos salariales e incre-mentaron la contratación temporal de trabajadores, relacionados con los ciclos de producción de las empresas, algo que Piketty rechazaría, situación que disminuyó los costos de las maquiladoras, dado que al no crear antigüedad los trabajadores, los costos por prestaciones fueron menores.

El último factor relevante en la reconfiguración del merca-do laboral maquilador fue el incremento en personal subcontrata-do; mientras Matamoros de manera moderada, en aspectos que los trabajadores de la empresa no podían realizar, Ciudad Juárez abrió la subcontratación incluso al personal obrero. Los nuevos registros para la industria maquiladora en 2007, denominada INMEX, mostró la importancia que el personal subcontratado había cobrado en cada ciudad.

Figura 3. Evolución del personal subcontratado en la maquiladora de Ciudad Juárez y Matamoros, 2008-2014.

Fuente: INEGI. 2015, Programa IMMEX.

El incremento en personal subcontratado en la maquila au-menta su vulnerabilidad laboral, dado los menores beneficios labora-les que tienen, en comparación con los trabajadores estables, además

de que aumenta su dependencia de los ciclos productivos de la em-presa y su enlace con la economía internacional. A pesar de la afec-tación negativa que enfrentan ambas ciudades, un análisis más fino permite mostrar que la desigualdad salarial es mayor en Ciudad Juá-rez, a pesar de la importancia de la industria en el sector económico de la localidad, en comparación con Matamoros. La explicación a esta diferenciación salarial radica en el funcionamiento de las institucio-nes, particularmente de los sindicatos.

3.2 El papel de las instituciones y el poder de negociación para la fijación de los salarios en la maquila

Para analizar la importancia de los sindicatos en los salarios se utilizan tres aspectos: la historicidad, las revisiones salariales y los emplazamientos a huelga, y las diferenciaciones por deciles, como lo recomienda Piketty.

En este apartado se busca recuperar la recomendación de este autor en torno a la consideración de series estadísticas amplias, que permitan describir patrones de comportamiento que muestren los factores que pueden apuntar hacia la convergencia o divergencia de la desigualdad, en este caso salarial, en casos concretos. Nuestra hipótesis es mostrar cómo la fortaleza sindical, o no, y la interacción que mantiene con el capital, puede disminuir o acentuar las diferen-cias salariales en la maquiladora.

En cuanto a la historicidad sindical de las ciudades estu-diadas, la contextualización histórica de las organizaciones resulta importante para conocer cómo fueron configuradas, y entender los códigos escritos y tácitos que enmarcan la interacción del capital y el trabajo en cada localidad.

Tamaulipas y Chihuahua, aunque ubicados en el norte de México, constituyen ejemplos diferenciados en materia sindical. Ta-maulipas se caracteriza por una larga historia sindical, relacionada con importantes actividades económicas para el país como el petró-leo, el transporte y los servicios. Su historicidad parte desde princi-pios del siglo XX, cuando, a pesar de las diferenciaciones intra-sindi-

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cales de sus cientos de sindicatos, ha logrado conformar una fortaleza sindical, agrupada mayormente en la Confederación de Trabajadores de México (CTM), desde los años treinta y hasta la fecha.

En Tamaulipas, las actividades económicas más importantes –petróleo, servicios, comercio e industria maquiladora– están sindi-calizadas. Mientras el sindicato se fortaleció en la entidad, el sector empresarial se organizó muy débilmente.

Chihuahua tiene una historia diferente; el estado fue mayor-mente agricultor hasta los años sesenta y los sindicatos no fueron fre-cuentes. Los que habían surgido en servicios y comercio eran débiles; con la llegada de las maquiladoras, el sindicalismo juarense, parti-cularmente en Ciudad Juárez, se fracturó más, dado que surgieron distintas organizaciones para organizarlas, situación que aprovechó el empresariado para fortalecerse ante la dispersión sindical.

El resultado, como hemos enunciado, fue el debilitamiento sindical al interior de las maquiladoras. Esta historia inicial ha mar-cado el comportamiento actual en materia laboral. El segundo fac-tor distintivo serían las revisiones salariales y los emplazamientos a huelga. El primero muestra la vitalidad sindical al interior de la planta, el segundo la potencialidad a la movilización para exigir me-jores prestaciones laborales.8 En ambos aspectos, Tamaulipas, dada la presencia sindical, muestra una mayor vitalidad.

La siguiente gráfica representa la evolución de los procesos de revisión salarial convocados para las tres últimas décadas en los estados de Chihuahua y Tamaulipas.9 La gráfica se divide en cuatro cuadrantes; en el primer cuadrante –gráfica a– se muestra el número de revisiones salariales registradas en el periodo 1992-2014. En el se-gundo cuadrante –gráfica b– se representa el número de trabajadores involucrados en el proceso de revisión en un año determinado; esta variable es importante porque permite denotar el activismo y la co-hesión de las estructuras sindicales; ambos rasgos repercuten en el poder de negociación. El cuadrante 3 –gráfica c– indica el incremen-to salarial contractual nominal logrado en promedio para el año en cuestión y el cuadrante 4 –gráfica d– muestra el incremento salarial real, una vez que se controla por el efecto inflacionario.

Figura 4. Revisiones salariales en la Jurisdicción Local Tamaulipas y Chihuahua, 1992-2014.

Fuente: STPS, 2015, Registros Administrativos, Dirección General de Investigación y Estadísticas

del Trabajo, con información de las JLCA, empresas y sindicatos.

En primer lugar, es importante destacar que existe una clara diferencia en el comportamiento observado entre Chihuahua y Ta-maulipas. En Tamaulipas, la actividad sindical es de mayor intensi-dad; la gráfica a da cuenta de este hecho, ya que el número de revi-siones salariales es prácticamente siete veces superior al registrado en el estado de Chihuahua, en un punto de mayor actividad, que se alcanza al inicio de la década de los noventa.

Es importante destacar que, a pesar de la diferencia inicial en esta materia entre Tamaulipas y Chihuahua, la tendencia de partici-pación es decreciente, y ya para 2010 el número de revisiones salaria-les se había reducido claramente, en especial con una marcada caída entre 2000 y 2012. La situación estaría relacionada con la profunda crisis que se presentó en la maquila, una de las principales activida-

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des de ambos estados, y la recurrencia a un discurso por parte de los gobiernos estatales de paz laboral que diese seguridad a las inversio-nes existentes y a posibles nuevas inversiones.

Por su parte, la variable de participación de los trabajadores permite destacar dos rasgos de interés, para Chihuahua durante la década de los noventa la participación mostró una tendencia crecien-te y llega a converger con los niveles de participación mostrados en Tamaulipas. No obstante, a partir del año 2000, se da prácticamente una nula participación en el proceso de revisión salarial, mientras que en Tamaulipas, si bien se observa una tendencia decreciente, la participación permanece en niveles importantes hasta 2006, cuando la caída es evidente.

El comportamiento de los logros en los incrementos salaria-les es consistente con la mayor participación de los trabajadores y la mayor frecuencia de los procesos de revisión salarial que registra el estado de Tamaulipas, particularmente durante los sexenios 2000-2006-2012.

Finalmente, es importante notar que, a pesar de los logros nominales en el incremento salarial por los procesos de negociación, el efecto inflacionario implicó para Chihuahua que en realidad el sa-lario registrara una pérdida, lo que no es el caso de Tamaulipas, si bien el incremento real para esta entidad es marginal y cercano a cero en todo el periodo.

Otra expresión del poder de negociación y la capacidad de las organizaciones sindicales para presionar en tanto la búsqueda de mejores condiciones salariales para los trabajadores, se expresa mediante el concepto de emplazamiento a huelga y estallamiento de huelga. Se define un emplazamiento como el proceso por el cual se formaliza la negociación ante la autoridad para la impartición de jus-ticia laboral previa a una suspensión de labores.

En el periodo estudiado el número de emplazamientos a huelga permaneció relativamente estable alrededor de 367 por año para Tamaulipas, si bien esta cifra duplica lo observado en el esta-do de Chihuahua, que sólo registró 162 en el mismo periodo. La ca-

pacidad de negociación de las estructuras sindicales entre estas dos entidades queda de manifiesto también al considerar el número de huelgas efectivas realizadas.

En el caso de Chihuahua, a pesar de observar un número de emplazamientos considerablemente inferior a Tamaulipas (menos de la mitad), este estado registra una cantidad superior de estallamien-tos de huelga, con 51 registros efectivos contra 46 para Tamaulipas en este periodo de tres décadas. Es evidente, así, que la capacidad conciliadora de las estructuras sindicales a nivel local puede influir en las diferencias laborales en la industria maquiladora entre estos dos espacios geográficos.

Tamaulipas y Chihuahua muestran cómo la presencia o no de sindicatos tiene una fuerte influencia en el comportamiento de su mercado laboral, pero también evidencia la limitación de Piketty, al no conceder una importancia mayor a los sindicatos, cuando éstos si-guen desempeñando un papel importante, tanto para acentuar como para disminuir la desigualdad salarial, dependiendo de su posiciona-miento y fuerza en la negociación con el capital.

El apartado último de este capítulo muestra cómo estas ins-tituciones han desembocado en dos esquemas remunerativos en la maquila, uno con mejores salarios y prestaciones, y otro sujeto a los salarios mínimos fijados por el Gobierno mexicano.

3.3 Las variantes remunerativas en la maquila: entre el aumento y la disminución de la brecha salarial

Este último apartado muestra dos tipos remunerativos en las ciudades estudiadas: uno donde los incrementos salariales se mantuvieron en los mínimos, y la pérdida adquisitiva fue sustitui-da con pagos complementarios, dependientes del vaivén de las com-pañías, ejemplificado por Ciudad Juárez, y otro donde los salarios monetarios se incrementaron, así como las prestaciones, de acuerdo con la antigüedad laboral, a través de la negociación contractual y el papel más activo del sindicato.

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Ciudad Juárez ha sido reconocida como el prototipo de la ciudad maquiladora. También se podría considerar como el modelo salarial a seguir por los empresarios. Desde el inicio maquilador, Ciu-dad Juárez se ha mantenido entre los salarios más bajos.10 Es evidente que un porcentaje importante de plantas se han instalado en Ciudad Juárez por su diferencia salarial. Por ejemplo, General Motors (GM) llegó a esa localidad por la importante diferencia que existía entre los salarios de sus instalaciones en Estados Unidos y en las juarenses.11

La diferencia entre ciudades maquiladoras también era im-portante; por ejemplo, en 1966 un trabajador juarense ganaba 29 pe-sos, mientras que uno de Tijuana ganaba 35.70 (Carrillo/Hernández, 1985:133). Aunque los salarios experimentaron aumentos en los años siguientes, las devaluaciones y el incremento de precios disminuye-ron acentuadamente el poder adquisitivo de los trabajadores juaren-ses, como ya lo hemos apuntado.

La disminución salarial muestra un deterioro salarial acen-tuado, especialmente con respecto a la industria nacional. Pareciese que la maquila juarense encabezó un modelo de homogeneización salarial hacia abajo, tanto para la maquila como para la industria na-cional. En un principio, las maquiladoras pagaban mejor que los em-pleos locales; sin embargo, después se fueron igualando en el pago. La caída salarial se acentuó por las devaluaciones que sacudieron al país en los años setenta y ochenta, lo que disminuyó aún más el poder adquisitivo de los trabajadores. Así pues, mientras las devaluaciones reactivaron el crecimiento de la industria, éstas empobrecieron más al trabajador.

Pese al pago superior, la diferencia salarial entre ambos paí-ses había estado presente desde el inicio maquilador. De acuerdo con Carrillo y Hernández, en 1976 el salario mínimo en Ciudad Juárez equivalía a 37% del estadounidense; en 1981 disminuyó a 33% y, para 1983, a sólo el 10% (Carrillo/Hernández, 1985:131). Para 1998, un sa-lario juarense equivalía al 8.1% de un trabajador no calificado en El Paso, Texas.12

Tanto las empresas con sindicato, como las no sindicalizadas, disminuyeron el poder adquisitivo de sus salarios. En las sindica-

lizadas, los sindicatos no hicieron nada por incrementar el salario, sino que dejaron de preocuparse por conseguir la estabilidad laboral de sus trabajadores, y subordinaron la mano de obra laboral a los vaivenes de las matrices de las maquiladoras. Esto condujo a que la posibilidad de obtener la planta laboral después de uno a tres meses de prueba se esfumara. La contratación eventual, como veremos más abajo, se convirtió en la forma principal de contratación en la maquila en Ciudad Juárez.

El pago de las prestaciones también se modificó: en lugar de que éstas estuviesen enlazadas a la antigüedad, el sindicato permitió su enlazamiento a cuestiones de productividad, eficiencia y calidad. El pago de estas prestaciones en el corto plazo resultaba atractivo; sin embargo, no concedían ninguna seguridad para el futuro, dado que no estaban enlazadas a la antigüedad laboral, ni servían para el reti-ro. La gran cantidad de empleos que surgieron en Ciudad Juárez fue interpretada como un modelo exitoso; sin embargo, éste descansaba en un modelo con muy bajos salarios. Resulta claro que la principal colaboración del sindicato a este éxito ha sido la supeditación de las conquistas laborales a los requerimientos empresariales, más que una real colaboración.13

El enlazamiento de bonos a la productividad tuvo otro efecto negativo con los trabajadores que habían obtenido la planta14 después de haber laborado largo tiempo. Se retiraban sólo con lo derivado de su salario base; los bonos recibidos por su comportamiento como trabajador puntual y productivo no se reflejaban en su pensión. La no consideración de los bonos como parte del salario integrado no sólo afecta en caso de retiro, sino también en los pagos de indemni-zaciones. En esta ciudad, la empresa paga por el esfuerzo temporal, no por el trabajo permanente que sus trabajadores hacen. El sindicato mantiene una posición pasiva, no sólo no exige mejores salarios, sino que ha exaltado estas formas de pago como una forma de mejorar la situación laboral de los trabajadores, como se dijo anteriormente.

Así pues, la contratación y las condiciones laborales en estas plantas dependen más de las políticas gerenciales que de la negocia-ción sindical o del apego a un esquema legal. De acuerdo con De la O: la mayor parte de trabajadores tiene contratos individuales, en los

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cuales el tiempo de trabajo puede definirse o no con claridad. Duran-te los años setenta y ochenta, estos contratos se caracterizaron por la desprotección laboral, dada su temporalidad, y la inclusión de fuer-tes sanciones y estrategias de despido, como cambios de línea, que pretendían pasar, del descontento obrero, a la renuncia voluntaria del trabajador (De la O, 1999:27).

Actualmente, en estas empresas sigue persistiendo el contra-to individual como forma de regulación laboral. Aunque ahora, éstos marcan los derechos laborales mínimos que marca la ley: afiliación al IMSS, pago de aguinaldo, vacaciones pagadas, prima vacacional y pago de utilidades. El contrato también describe las condiciones ge-nerales en las que prestará el trabajo, la jornada, las horas de ingreso y salida, los tiempos de comida, etc. En términos generales cumple, aunque no supera con lo marcado por la ley.15

Aunque el discurso gubernamental resaltaba el pago de bo-nos como una ventaja laboral: de acuerdo con el gobierno de Chi-huahua, en 1999, aunque un obrero juarense ganara sólo 34.34 pesos al día (1030.2 al mes), podía incrementar su salario hasta 2596.07 pe-sos al mes. Es decir, elevarlo en más del 100%, integrando su aguinal-do, sus utilidades y sus bonos (De la O, 1999:28).

Sin embargo, si se compara esta supuesta ventaja con los sa-larios pagados en El Paso, Texas, la ciudad vecina de Ciudad Juárez, los salarios juarenses son muy bajos. Por otra parte, habría que agre-gar que el otorgamiento de bonos es bastante heterogéneo, debido a que depende de la solvencia de cada planta. Los mejores bonos los ofrecen las grandes electrónicas o automotrices instaladas en Ciudad Juárez.

La crisis de 2000 vendría a deteriorar más la situación de los trabajadores en Ciudad Juárez, no por la pérdida de empleos y las de-valuaciones, sino por el aumento de trabajadores subcontratados. En un principio, esta práctica fue utilizada para servicios complemen-tarios de la empresa como limpieza, transporte, etc. Sin embargo, a partir de los años noventa, algunas empresas comenzaron a utilizar-lo para liberarse de los pagos de seguridad social y de prestaciones de una parte de sus trabajadores que participaban en la producción.

Salvo el salario, los otros costos laborales –seguridad social, presta-ciones–, fueron desplazados de la empresa a las agencias de contrata-ción. En teoría, las agencias serían responsables de cubrir esos dere-chos; sin embargo, muchas de ellas evaden el pago de estos derechos, dejando a los trabajadores en la indefensión total.

La crisis también sirvió para reajustar sus formas de pago y sus criterios de contratación. En cuanto a los pagos, los paros y re-cortes afectaron los salarios y disminuyeron los bonos, lo que afectó la economía de los trabajadores, dado que fue imposible comprar los productos necesarios para su manutención.

Además de que no podían cambiarse a otro empleo, por-que las plantas estaban en crisis. La situación de la maquila en Ciu-dad Juárez es paradójica, y contraejemplo de las consideraciones de Piketty, pues si bien hay miles de empleos, éstos fluctúan entre uno y dos salarios mínimos –es decir, entre 70 y 140 pesos mexicanos, o sea, menos de 10 dólares por jornada laboral–.

Matamoros representa el otro modelo remunerativo. En esta ciudad, el salario se ha convertido en la parte esencial de la remunera-ción del trabajador; los aumentos salariales, vía negociación contrac-tual, han sido una conquista sindical. El sindicato ha negociado desde los años setenta y, hasta la fecha, un incremento y ajuste constante de los salarios maquiladores a la situación económica del país, mediante la revisión de tabuladores a través de la revisión de contratos.

La situación matamorense, en cuestión salarial, constituye la excepción maquiladora. Uno de los máximos logros de este sindicato es haber conseguido, durante los años noventa, los salarios más altos en la maquiladora, gracias a las revisiones contractuales anuales por ajustes salariales y bianuales de revisión completa del contrato colec-tivo.

Los años ochenta y noventa se convirtieron en el período en que el sindicato logró los mejores salarios, derivado de la inclusión de cláusulas contractuales relacionadas con el aumento salarial en sus contratos. El año de l983 se constituye como primordial en materia sa-larial, debido a que entra en vigor el pago de la jornada laboral de 56

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horas, con trabajo de 40 horas; y segundo, por la fijación de la revisión anual de tabuladores, de acuerdo con las variaciones económicas.

El pago de la jornada de las 40 horas con pago de 56 horas se implementaría hasta finales de los años noventa, cuando debido a la crisis en distintas plantas, especialmente las automotrices, el sindica-to moderaría esta petición, dado que a las nuevas plantas el SJOIIM les concedió cinco años de gracia, en lo que se estabilizaban, y des-pués tendría que operar con una jornada laboral de 40 horas, pero pagando 56 horas.

En el mismo año de l983 se introdujo una cláusula que fijaba la adecuación de los salarios de las maquiladoras a los cambios eco-nómicos del país, para que no perdieran, en la medida de lo posible, su poder adquisitivo:

«…a efectos de que los salarios tabulados conserven las dife-rencias salariales perdidas, la empresa conviene con el sin-dicato en incrementar dichos salarios tabulados en aquellas ocasiones en que se decreten salarios de emergencia... con el fin de que conserven las diferencias salariales pactadas, entre las diversas categorías tabuladas y no permitir por ningún concepto que los salarios del trabajo continúen perdiendo su poder adquisitivo...» (CCT, l983).

Desde ese año, la exigencia de revisión del tabulador anual y revisión del contrato colectivo integral cada dos años ha sido una práctica común para el SJOIIM, hasta la actualidad. El mejor tiempo de aumentos salariales se registró en los años noventa, cuando el sin-dicato llegó a lograr aumentos salariales más allá del 30%. Asimismo, todas las prestaciones de ley y las complementarias quedaron esti-puladas contractualmente. Los aumentos fueron enlazados, contravi-niendo la postura de Piketty, a la antigüedad, más que a la calificación laboral:

«La empresa y el sindicato formularán el escalafón general que contendrá el nombre del trabajador, la categoría y la fe-cha de ingreso al servicio de la Empresa. El escalafón fijará

la antigüedad de cada trabajador para los efectos de vacacio-nes, aguinaldo, indemnización legal, reducción de personal o para cualquier otra prestación...» (CCT, l971).

Finalmente, en la búsqueda de mayores remuneraciones para los trabajadores, el SJOIIM hizo valer una prestación estipulada en la LFT: el pago de utilidades, un pago monetario que marca la ley, relacionado con las ganancias de las empresas. Este pago no es rea-lizado por un porcentaje importante de las maquiladoras en México, por considerar que la maquila no tiene utilidades, dado que sólo en-samblan, y no producen nada. Sin embargo, desde los años setenta, el SJOIIM señaló que este reparto de utilidades sería vigilado por una comisión mixta en la empresa. Para los dirigentes sindicales, la espe-cificidad de la maquiladora no la libera de sus obligaciones laborales.

Ahora bien, aunque la presión gubernamental-empresarial de los años noventa, así como la crisis del año 2000, han moderado las peticiones salariales y demandas de prestaciones sindicales, el sin-dicato sigue manteniendo su política de revisión anual de salarios y revisión bianual de todo el contrato. Aunque los porcentajes son me-nores, la ventaja histórica obtenida sigue diferenciando sus salarios de otras maquiladoras.

El caso de Matamoros valida en parte el poder de los sindi-catos que señala Piketty, aunque cuestiona su observación de que lo obtenido por estas organizaciones no impacta en la disminución de la desigualdad económica de un amplio sector de la población. El beneficio que consiguieron los casi sesenta y cinco mil trabajadores de esta localidad, en la década de bonanza de los ochenta y noventa, impactó de manera positiva en toda la localidad, dado que el benefi-cio sindical fue extendido a la creación de escuelas, pavimentación y centros de recreación para los trabajadores.

Un punto central, señalado por Piketty, en cuanto al estado de fuerzas del capital-trabajo, es que es evidente que estos beneficios fueron obtenidos por el auge de las maquiladoras automotrices de la General Motors, y luego Delphi pero, sobre todo, por la debilidad de los empresarios como grupo, quienes fueron incapaces de contrarres-

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tar el poder sindical en la negociación. Esto corrobora cómo el posi-cionamiento –tanto del capital como del trabajo a nivel local– consti-tuye un elemento central en la medición de la desigualdad salarial en países emergentes.

CONCLUSIONESEste artículo aporta evidencia para comprender las brechas

persistes en la distribución del ingreso en el entorno laboral de la industria maquiladora de exportación en la región fronteriza entre México y Estados Unidos, en particular al analizar la evolución del comportamiento de las remuneraciones en dicha industria para Ciu-dad Juárez y Matamoros. La perspectiva teórica, rescatada de Piketty, enfatiza el papel que tienen las fuerzas socioeconómicas en la deter-minación de los salarios. Aunque diferente a sus conclusiones emana-das de países desarrollados, este trabajo señala cómo actores, como el sindicato o el mismo Gobierno, en países emergentes desempeñan un papel central en el aumento o disminución de la desigualdad.

El contraste histórico de la evolución de las remuneraciones al personal ocupado para la categoría “obreros” en la industria ma-quiladora de exportación permitió identificar la existencia de una brecha entre el comportamiento nominal y las percepciones en térmi-nos reales durante el periodo comprendido entre 1978 y 1999. En par-ticular, se observó una pérdida en el poder adquisitivo equivalente al 39% en promedio para ambas ciudades.

Desde una perspectiva estatal para el sector manufacturero, en donde la maquila desempeña un papel central, se hizo evidente que las fuerzas institucionales tienen capacidad para mitigar la cre-ciente desigualdad observada en los ingresos en este sector producti-vo. Por lo que la incorporación del papel institucional, en cuanto a in-dicadores que aproximan el conjunto de reglas y compromisos entre los agentes económicos que intervienen en el mercado laboral, tales como las revisiones salariales, la participación de trabajadores en di-chos procesos y los incrementos salariales logrados, constituyen de-terminantes relevantes para el análisis de la distribución de ingreso.

El artículo también muestra cómo el comportamiento de los logros en los incrementos salariales es consistente con la mayor par-ticipación de los trabajadores y la mayor frecuencia de los procesos de revisión salarial que registra Tamaulipas respecto a Chihuahua, particularmente durante los sexenios 2000-2006-2012. Empero, una vez que se controla por el efecto inflacionario, los incrementos sala-riales nominales logrados se erosionan e, incluso, son negativos para el caso de la industria manufacturera de Chihuahua a lo largo de las últimas dos décadas.

Finalmente, el análisis de la evolución de las remuneracio-nes en el contexto de medidas de política fiscal que prevalece en el entorno podría aportar elementos adicionales para caracterizar la asimetría en los ingresos entre los factores productivos. La disponibi-lidad de este tipo de información es una limitación identificada que se propone en la agenda de investigación para trabajos futuros en el caso mexicano.

NOTAS1 El 82% de las empresas registradas en el Programa de Fomento

a la Industria Manufacturera Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) de la Secretaría de Economía son de origen norteamericano. Para Ciudad Juárez este porcentaje al-canza el 89% y, para Matamoros, el 83%.

2 Los antecedentes de este régimen impositivo especial se pueden rastrear nueve años antes del establecimiento del esquema de producción maquiladora en México, cuando en 1956 se aprueba en Estados Unidos el Tariff Item No. 806.30, con el que fijan las bases del modelo de producción compartido y ensamble en el proceso, en ambos lados de la frontera.

3 Las siguientes referencias sobre el PIF están basados en el documento de IMP, 1969, pp. 9-11.

4 El entorno de inequidad inherente al nacimiento de la maquiladora ha avanzado hasta alcanzar el entorno laboral; en la siguiente sección se profundiza en las formas de expresión concretas de estos rasgos de

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inequidad, al analizar los esquemas de bonos y remuneraciones a la productividad, entre otros.

5 Parte del comportamiento histórico de las formas remunerativas en la maquiladora fue presentado en la ponencia “Salarios, prestaciones laborales y bonos en la maquila. Entre la estabilidad y la ambigüedad laboral, 1980-2000”, en el evento XV Jornadas de Historia del Traba-jo “Los tratos de trabajo: salarios y otras formas de remuneración (S. XVIII-XX)”, realizado los días 4 y 5 de junio de 2015 en Barcelona, España.

6 Un análisis interesante sobre los primeros conflictos en maquiladoras juarenses, particularmente en etapa de crisis económicas, puede ser encontrado en Jorge Carrillo, Conflictos laborales en la industria ma-quiladora, CEFNOMEX, 1985.

7 De acuerdo con Ampudia (2000), desde 1986 se han hecho más de 20 intentos por registrar sindicatos y todos han sido rechazados. En los casos en que se han formado coaliciones (organizaciones informales y temporales de trabajadores) y éstas han fomentado paros laborales, los grupos antimotines de la Policía Municipal han ayudado a con-trolar a los trabajadores.

8 Una información más detallada sobre el comportamiento laboral de Tamaulipas y Chihuahua puede ser encontrada en Kevin J. Middle-brook y Cirila Quintero (1998), “Las juntas locales de conciliación y arbitraje en México: registro sindical y solución de conflictos en los noventa”, en Estudios Sociológicos, Vol. XVI, No. 47, mayo-agosto, El Colegio de México, pp. 283-316.

9 Si bien los datos son estatales, metodológicamente los datos pueden ser representativos para las localidades estudiadas, dado que la ciudad más importante en términos poblacionales en el estado de Chihuahua es Ciudad Juárez, mientras que en Tamaulipas, Matamoros es un polo fronterizo de actividad económica. Por lo tanto, el comporta-miento de los indicadores, si bien no implican una correlación per-fecta con la situación ocurrida en Ciudad Juárez y Matamoros, sí reflejan la tendencia como punto de partida, dada la concentración de empresas maquiladoras relativo a su respectivo contexto estatal. La información proviene de la Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2015).

10 Incluso algunos de los primeros líderes sindicales, como Luis Vidal, declararon la necesidad de un mayor mejoramiento de las prestacio-nes porque “los salarios se afectan con la cuestión de los descuentos”.

11 Por ejemplo, el gerente de GE expresó en los años sesenta, que mien-tras “el salario en Estados Unidos era de un dólar con prestaciones y todo, en Ciudad Juárez era de 56 centavos la hora, incluyendo todo,

las prestaciones, prima vacacional y aguinaldo. A mediados de los noventa, esta planta había subido su salario a un dólar (Schmidt, 1998:298). Es decir, el incremento había sido mínimo.

12 El cálculo fue hecho con datos de Ampudia (2000:228) quien expresa que un obrero juarense ganaba 3.25 dólares por una jornada laboral, en tanto que un obrero no calificado en El Paso, Texas, ganaba 5 dólares por hora. Se multiplicó 5 x 8 horas de trabajo, y de esto se calculó la proporción, que constituía los 3.25 dólares.

13 María Eugenia de la O (1999) ha analizado cómo la CTM ha cercena-do sus propios contratos colectivos, mediante el análisis del sindicato de la RCA de Ciudad Juárez. De la O muestra cómo, de 1979 a 1989, la CTM recortó gran parte de sus conquistas anteriores y supeditó gran parte de sus conquistas a las necesidades empresariales.

14 En las maquiladoras más estables de Ciudad Juárez se otorgaba la planta laboral para algunos trabajadores aunque no hubiese sindica-to. Tal era el caso de Phillips.

15 Contrato colectivo de RCA-Thomson, 2003.

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Cirila QUINTERO RAMÍREZDoctora en Sociología, con nivel SNI III. Desde junio 2014 es Directora Regional Noreste de El Colegio de la Frontera Norte. Líneas de investigación: la historia sindical en la frontera nor-te, las maquilas y el trabajo, desde una perspectiva de género. Correo Elec.: [email protected] [email protected]

José Luis MANZANARES RIVERADoctor en Economía, profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte. Miembro del SNI I. Línea de investigación: aplicación de métodos cuantitativos en Economía. Correo Elec.: [email protected]

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La desigualdad y pobreza en España y México...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 69-104.

LA DESIGUALDAD Y POBREZA EN ESPAÑA Y MÉXICO:

OPCIONES DE SUPERACIÓN MEDIANTE UNA POLÍTICA FISCAL COMUNITARIA

Jorge Alfredo LERA MEJÍAUniversidad Autónoma de Tamaulipas, México

José Luis PEÑA ALONSOUniversidad de Burgos, España

RESUMENA consecuencia del modelo de desarrollo económico de los países

en la era global de fin del siglo xx e inicios del xxi, la desigualdad, desempleo y pobreza se han presentado, con mayor intensidad, en naciones desarrolladas, emergentes y países con menor crecimiento. A este fenómeno global, el economista francés Thomas Piketty lo ha bautizado como el “Mal del siglo xxi”.

En el caso de dos países como España y México, estudiar este fenómeno de la desigualdad y la pobreza se torna ilustrativo, al per-mitir analizar las coincidencias y disidencias, así como indagar las posibles medidas de política fiscal, acotadas por el marco normativo de la Unión Europea (UE) en el caso español, y con la política fiscal mexicana que se controla por el Tratado de Libre Comercio de Améri-ca del Norte (TLCAN), que les dificulta encontrar recetas fiscales que reduzcan la asimetría económica y el espectro de la pobreza.

Palabras clave: desigualdad, pobreza, política fiscal, desarrollo sustentable.

INEQUALITY AND POVERTY IN SPAIN AND MEXICO: OPTIONS FOR RECOVERY

THROUGH A COMMUNITY FISCAL POLICY ABSTRACT

As a result of the model of economic development in the global era at the end of the Twentieth Century and the beginning of the Twenty-First, inequality, unemployment and poverty have been present, with

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LERA MEJÍA, J.A. y PEÑA ALONSO, J.L. La desigualdad y pobreza en España y México...

greater intensity, in developed, emerging, and slower-growth coun-tries. This global phenomenon, the French economist Thomas Piketty has called it “the problem of the 21st Century”.

In the case of two countries like Spain and Mexico, studying this phenomenon of inequality and poverty becomes illustrative; to allow the analysis of coincidences and differences while investiga-ting the possible fiscal policy measures, delimited by the regulatory framework of the European Union (EU) in the Spanish case, and the Mexican fiscal policy controlled by the Free Trade Agreement in North America (NAFTA), which makes it difficult for them to find tax recipes that reduce economic asymmetry and the spectrum of po-verty.

Keywords: Inequality, poverty, fiscal policy and sustainable development.

INTRODUCCIÓN

El economista francés Thomas Piketty (2014:663) se-ñala que la gran mayoría de los países dentro de la era global ha alcanzado un alto grado de desigualdad, desempleo y pobreza. Se presenta el caso de España y México, como dos países que registran los mayores índices de desigualdad económica. Por ello, en este trabajo de investigación se propone estudiar el fenómeno de la pobreza, desigualdad y desempleo de dichos países, analizando las coincidencias y disidencias; e indagando, de acuerdo con el diagnóstico de la desigualdad, sobre posibles medidas de política fiscal españolas y mexicanas, procurando encontrar recetas fiscales que aminoren la asimetría de España y México.

Para presentar un panorama sobre el grado de la desigualdad en España, la organización no gubernamental “Intermón Oxfam” ha asegurado que:

[…] España es «el segundo país más desigual de Europa, tan solo por detrás de Letonia». También ha señalado que España cuenta con el sistema fiscal «menos efectivo» para reducir el problema. «El 1% de la población española concentra más riqueza que el 70% más pobre», explica el comunicado español de Oxfam. También asegura

que «las políticas actuales refuerzan esta concentración de riqueza en manos de unos pocos». «Recientemente, todos los partidos políti-cos de la oposición se comprometieron públicamente con la iniciativa de Oxfam Intermón por unos Presupuestos Generales del Estado de la Equidad», ha recordado el director general de Oxfam Intermón, José María Vera. «Esperamos que este compromiso se plasme en sus programas electorales», ha pedido Vera. «En el contexto actual, los ciudadanos no entenderían que los partidos políticos no pusieran el foco de sus programas económicos en medidas que permitan al Estado recaudar más de los que más tienen», ha asegurado Vera. El director general de Oxfam Intermón ha pedido que los políticos empiecen a «redistribuir la riqueza en forma de inversión en servicios sociales básicos y políticas públicas que benefician a los más vulnerables» […] (Fuente: Europa Press, 19/01/2015) (OXFAM INTERMON, 2015).

El caso mexicano reconoce el alto grado de desigualdad, no obstante ser la economía latinoamericana que más crece, tanto en Producto Interno Bruto (PIB), como en exportaciones, desde el TL-CAN de 1994. La Organización Oxfam México elaboró el estudio “Des-igualdad extrema en México: concentración del poder económico y polí-tico”, siendo el primer reporte en el marco de la campaña Iguales de esta institución, una propuesta para combatir la desigualdad y reducir la pobreza en el país.

Entre las principales aportaciones se incluyen las siguientes:

[…] “El crecimiento económico de México es magro, los sa-larios promedio no crecen y la pobreza persiste, pero la fortuna de unos cuantos sigue expandiéndose. El país está dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo y es uno de los dos países más desiguales OCDE... Las condiciones de des-igualdad son tales, que el 1% de la población posee el 43% de toda la riqueza”. “Siendo México la decimocuarta economía del mundo, hay 53.3 millones de personas viviendo la pobreza. En términos de renta y capital, la riqueza mexicana se encuentra concentrada en un grupo selecto que se han beneficiado del poco crecimiento económico del que ha gozado México en las últimas dos décadas. Mientras el PIB per cá-

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pita crece a menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplica por 5”. “La desigualdad ha incrementado. Entre mediados de los 90 y 2010, la desigualdad de ingreso disminuyó. Sin embargo, la desigualdad es mayor a la de los 80. Ha crecido el ingreso per cápita, pero se han estancado las tasas de pobreza. Lo anterior se produce porque el crecimiento se concentra en las esferas más altas de la distribución”. “El número de multimillonarios en México, no ha crecido mucho, son sólo 16. Lo que sí ha aumentado es la importancia y la magnitud de sus riquezas. En 1996 equivalían a $25,600 millo-nes de dólares; hoy esa cifra es de $142,900 millones de dólares. Ésta es una realidad: en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba el 2% del PIB; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió al 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos” […] (Fuente: Gerardo Esquivel, Oxfam México, 30/junio/2015) (OXFAM MÉXICO, 2015).

Este panorama justifica el estudio de la desigualdad y pobre-za de España y México, así como deliberar sobre políticas públicas de ambas naciones, para proponer alternativas de políticas fiscales que absorban el costo de la pobreza con una mayor carga hacia el patri-monio y riqueza de las corporaciones y los ricos.

MARCO TEÓRICO DE LAS PROPUESTAS DE PIKETTY

Thomas Piketty (2014) justifica sus propuestas al concluir, de acuerdo con su investigación, que: “En efecto, en Francia, en 2013, el 1% más rico posee el 22% del patrimonio total del país.1

El Reino Unido posee el 30%, Suecia el 20% y Estados Unidos de América (EUA), el 32%. Si incluimos la parte de la riqueza escon-dida en los paraísos fiscales o bajo otras formas, el porcentaje aumen-taría al menos en 2 o 3 puntos. Para simplificar, el 1% de la población mundial es la clase capitalista y concentra una parte impresionante del patrimonio”.

Abundando en los cuestionamientos sobre implementar ma-yores cargas fiscales al patrimonio de los más ricos, con la idea de

aminorar la desigualdad, de acuerdo con los datos que el autor inda-gó en Europa, Piketty debate lo siguiente:

[…] El presupuesto anual de la Comisión Europea asciende al 1% del PIB de la UE. Eso significa que un impuesto anual del 1% sobre el patrimonio del 1% más rico en la UE proveería una suma de 175.000 millones de euros, es decir más que el presupuesto actual que asciende a 145.000 millones de euros. Esto nos da una idea de lo que es potencialmente realizable si se consiguiera una movilización social en pro de un cambio radical de políticas en el ámbito europeo, o inclu-so en el de un solo país de la UE. Un impuesto excepcional, aplicado una sola vez por generación, del 33% sobre el patrimonio del 1% más rico en la UE suministraría seis billones de euros (o sea, más de 40 veces el presupuesto anual de la UE). “Consideremos, por ejemplo, el caso de un impuesto sobre las fortunas que sería aplicado con un tipo del 0% para los patrimonios inferiores a 1 millón de euros, del 1% para los que van de uno a cinco millones de euros, y del 2% para aquellos superiores a cinco millones de euros. Aplicado al conjunto de los países de la Unión Europea, ese impuesto afectaría a cerca del 2,5% de la población y suministraría cada año el equivalente al 2% del PIB europeo” (Piketty, 2014:860).

En el punto central de la propuesta, algo que respalda ma-yormente la urgencia que se tiene para detener esta desigualdad in-sultante, y el ritmo que ésta tendrá en el futuro si las políticas públicas fiscales de los gobiernos no intervienen, lo justifica Piketty cuando afirma que:

“…El ritmo de crecimiento del patrimonio del milésimo más rico del planeta ha progresado a un ritmo del 6% anual en las últi-mas décadas mientras que el conjunto del patrimonio progresaba a un ritmo del 2%. Si no hay un cambio radical y todo permanece igual, al cabo de 30 años ¡este milésimo poseerá el 60 % del patrimonio mundial, en lugar del 20% que tenía en 2013! (Piketty, 2014:700).

Finalmente, se presenta el comentario del libro citado, ver-sión castellana de Thomas Piketty (2014), donde se señala que:

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[…] Para Piketty, los debates sobre la distribución de la ri-queza se han alimentado sobre todo de grandes prejuicios y de pocos datos. En ese campo han convergido ideas sobre la igualdad, el derecho de las personas a ser retribuidas conforme a sus méritos, la confianza en que el crecimiento económico mitiga de manera natural los con-trastes entre los más favorecidos y los francamente abandonados… El capital en el siglo xxi ha despertado polémicas en prácticamente todo el orbe, en parte por reintroducir entre académicos, políticos, comen-taristas y público en general la preocupación sobre las desigualdades sociales; en parte por su propuesta de establecer políticas fiscales de alcance global que moderen la disparidad impuestos a la riqueza y a la herencia; en parte por su visión amplia de lo que deben ser hoy las ciencias sociales, y en parte porque ofrece argumentos sólidos, frescos, para que gobiernos y sociedades combatan de manera frontal el flagelo de la desigualdad. Por todo ello, la de Piketty es hoy una voz impres-cindible en los tiempos que corren […] (véase Resumen FCE del libro de Piketty, 2014:8).

La reflexión sobre despertar polémicas para reintroducir en-tre académicos la preocupación sobre la desigualdad social para esta-blecer políticas fiscales de alcance global, pero desde lo local –en este caso España y México–, para moderar la disparidad con impuestos a la riqueza y a la herencia, entre otras opciones, resume el tema que se aborda en esta investigación.2

LA DESIGUALDAD: CASO DE ESPAÑA La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico (OCDE) indica que los ajustes fiscales y las subidas de im-puestos dispararon las diferencias en el caso español (OCDE, 2015). Las desigualdades entre ricos y pobres se sitúan en su máximo nivel desde que la OCDE inició su medición hace 30 años. La diferencia se disparó durante la crisis en países como España, entre otras razones, según este organismo, por los ajustes fiscales, las subidas de impues-tos y los recortes en materia social.

El informe OCDE titulado «Juntos en ello. Por qué una menor desigualdad nos beneficia a todos» (mayo 2015) refleja que en los 34 países que integran esta institución, el 10% promedio de los más fa-vorecidos posee el 50% de la riqueza, mientras que el 40% de los más pobres tan sólo acumula el 3% de la misma.

El estudio asegura que la desigualdad entre ricos y pobres «nunca ha sido tan grande». El análisis se detiene especialmente en el impacto de los años de crisis, que marca entre 2007 y 2011 como los más duros. En ese período los ingresos en los hogares descendieron en todos los países de la OCDE, pero en mucha menor medida en las capas privilegiadas.

En España, los ingresos de las familias descendieron a una media anual del 3,5%, el mismo porcentaje que en Irlanda o Islandia. En el caso de Grecia se llegó al 8% al año.

Gráfica 1. Evolución de la población en riesgo de pobreza.

Pero un análisis pormenorizado aporta datos reveladores. En España, el 10% de los hogares más desfavorecidos perdieron un 13%

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anual de sus ingresos entre 2007 y 2011, mientras el 10% de los que más tenían sólo perdieron un 1,5% anual. La OCDE alerta además de otros factores que contribuyen de forma alarmante a las desigual-dades en España: la consolidación fiscal, que incluyó aumentos de impuestos sobre los ingresos y el consumo (entre 2011 y 2013), así como los recortes sociales. El incremento de empleos temporales o las diferencias salariales entre hombres y mujeres también incidieron. En este apartado, los países con peor nota son Alemania, México y España.

España está entre los países con mayor desigualdad salarial de la OCDE

España, donde el 10% más favorecido acumula el 43% de la riqueza total, está entre los países con mayor desigualdad salarial de la OCDE, un problema que se ha incrementado durante la crisis eco-nómica, aunque se apunta una reciente mejoría (OCDE, 2015).

Es la principal conclusión del informe «Juntos en ello. Por qué una menor desigualdad nos beneficia a todos», que sitúa a Espa-ña en términos de diferencia salarial en el puesto 24 de la lista de 34 estados representados en la OCDE.

«La desigualdad de ingresos netos disminuyó desde media-dos de los años 80 pero aumentó fuertemente entre el 2007 y el 2011, aunque ha experimentado un retroceso desde 2012», resume el infor-me la OCDE (mayo 5, 2015).

La OCDE destaca que los salarios de los más pobres en Espa-ña cayeron un 13% al año entre 2007 y 2011, mientras que los ingresos del 10% más rico de la población sólo se moderaron un 1,4% anual-mente en el mismo período.

Esto provoca que, por ejemplo, las capas más bajas de la so-ciedad en España tengan menos ingresos que sus equivalentes en la República Eslovaca, mientras que los ingresos medios son «bastante más altos en España», señaló la OCDE (mayo 5, 2015).

A pesar de que la pobreza disminuyó en 2012 respecto a lo anteriores años alcistas, si se consideran «los ingresos anteriores a la crisis, ésta ha aumentado de forma considerable y España se sitúa aún muy por encima de la OCDE».

Posteriormente, la OCDE (2015, julio 6) publicó el Informe “Government at a Glance” anunciando que: el 10% de los españoles con menos ingresos se han empobrecido a un ritmo del 12,9% anual, un porcentaje muy superior al descenso del 1,4% para el 10% que disfrutó de las mayores retribuciones. La crisis ha tenido mucho que ver, pues es el desencadenante de “un pronunciado aumento de las desigualdades de ingresos”, según la OCDE.

Pese a estos datos poco alentadores, también destaca que, gra-cias a las transferencias y los impuestos, España ha logrado reducir las diferencias entre ricos y pobres “de manera considerable”. Esto se refleja en el coeficiente de Gini de 2011 –que se utiliza para me-dir la desigualdad de retribuciones dentro de un país–, situado en el 0,52, sin tener en cuenta impuestos y transferencias. Su efecto lo amortigua hasta el 0,34.

“Los sistemas de reducción de impuestos de los gobiernos han disminuido considerablemente el aumento de desigualdades en los ingresos”, pero es necesario tomar medidas para reducir otro tipo de brechas, sugiere el informe. Sus recomendaciones pasan por “un enfoque que privilegie a la ciudadanía” y se centre en colectivos vul-nerables como personas con bajos ingresos, inmigrantes, discapacita-dos o jóvenes.

La OCDE también ha observado una reducción del déficit público y un aumento del gasto social en España en los últimos años. Hemos pasado de una tasa de déficit público del 11% del PIB en 2009 –el segundo mayor de todos los países de la OCDE– al 5,8% del PIB en 2014, el menor nivel de déficit desde el inicio de la crisis, un logro que la OCDE atribuye al “ambicioso programa de consolidación fiscal” del Gobierno. La partida de gasto social en España creció 6,7 puntos entre 2007 y 2013, una subida que la OCDE vincula al aumento del paro en esos años. También destaca que los españoles disfrutaron de una de las mayores esperanzas de vida en 2012 en comparación con

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el resto de países, algo que podría estar relacionado con “una mejor atención sanitaria”.

Gráfica 2. Evolución de la tasa de pobreza en España de 1996 a 2012.

LA DESIGUALDAD: CASO DE MÉXICO México está entre los países con mayor desigualdad salarial

de la OCDE, superado sólo por Chile, según el informe presentado (OCDE, 2015).

«Aunque la desigualdad descendió hasta la mitad de los años 2000, ha vuelto a crecer a partir de la reciente recesión», apunta la OCDE en su informe, donde se destaca que solo en 2012 el salario medio del 10% más rico de México era 30,5 veces mayor que el del 10% más pobre (mayo 21, 2015).

El dato supera la tasa de desigualdad de 22 a 1 registrada en México en los años ochenta, pero inferior a la brecha de 33,5 a 1 de mediados de los noventa, precisa el estudio «Juntos en ello. Por qué una menor desigualdad nos beneficia a todos».

En lo que respecta a los salarios, la crisis económica ha afecta-do con mayor virulencia a los más pobres de México:

“Mientras que entre 2010 y 2012 los ingresos medios por hogar en México se mantuvieron casi inalterados, los sueldos entre el 40% más pobre de la población cayó un 3%”. “En términos reales, los ingresos medios del 10% más pobre en 2012 eran inferiores a los de 1984”, subrayó la OCDE (mayo 21, 2015).

La pobreza relativa, entendida como aquélla que, aun traba-jando, las personas no alcanzan un nivel de ingresos superior al 50% de la media, también ha vuelto a crecer en México. Descendió de ma-nera continuada desde 1996, pero volvió a incrementarse a partir de 2007.

Si se toman como referencia los niveles justo anteriores a la crisis, la pobreza se ha incrementado en México en 3,5 puntos porcen-tuales y, al contrario que en la mayoría de los 34 estados representa-dos en la OCDE, la pobreza también aumentó entre los mayores.

«Los ancianos siguen siendo el grupo de edad con mayores índices de pobreza y, al mismo tiempo, la pobreza entre los niños tam-bién es alta, la segunda más elevada de la OCDE después de Tur-quía», agrega el informe de la OCDE (mayo 21, 2015).

En los últimos años, México ha aplicado políticas que la OCDE considera van en la buena dirección, como los impuestos in-directos en las transacciones públicas, pero en otros aspectos el país muestra un retraso considerable respecto de sus iguales.

«En 2012, México gastó el 8% de su Producto Interior Bru-to (PIB) en sanidad y educación. Más que Perú, pero menos que Bra-sil y la media de los países de la OCDE, que fue del 11%», agregó la OCDE (mayo 21, 2015).

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Las capas más desfavorecidas de la sociedad mexicana son vulnerables a la adversidad económica; por ello la OCDE respalda que se implementen políticas sociales como el programa Cruzada Nacional contra el Hambre, iniciado en 2013.

Otros de los problemas sobre los que la OCDE recomienda a México que actúe son las desigualdades educativas o la «informali-dad» del mercado de trabajo, sin seguro social ni pensiones. Las auto-ridades de este país, a juicio de la OCDE, deberían centrarse en cuatro ejes: promover la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo, ge-nerar puestos de trabajo de calidad, reforzar la calidad de la educa-ción, e incrementar la formación continua durante la vida laboral.

«Hemos alcanzado un punto de inflexión. La desigualdad en los países de la OCDE está en su nivel más alto desde que existen registros. Las pruebas muestran que la alta desigualdad es mala para el crecimiento», declaró Ángel Gurría (mayo 21, 2015).

El estudio de la OCDE señala a Chile, México, Turquía, Esta-dos Unidos e Israel como los países desarrollados con más desigual-dad, frente a la mayor armonización salarial de Dinamarca, Eslove-nia, República Checa y Noruega: «Al no atacar las desigualdades, los go-biernos cortan el tejido social de sus países y dañan el crecimiento económico a largo plazo», subrayó Ángel Gurría.

Evolución de la desigualdad en MéxicoEn la siguiente gráfica se muestra la evolución de la desigual-

dad en México en las últimas tres décadas. Las cifras son de dos fuen-tes que han hecho un esfuerzo por obtener estimaciones comparables a través del tiempo: la base de datos del Centro de Estudios Distribu-tivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) que en conjunto con el Banco Mundial mantienen la Socio-Economic Database of Latin America and the Caribbean (SEDLAC), y la Income Distribution Database de la OCDE.

Gráfica 3. Evolución de la desigualdad en México.

Fuente: Obtenido de Gerardo Esquivel, OXFRAM, México, 30 de junio de 2015.

Aunque con algunas variaciones, el nivel y la trayectoria de las dos mediciones alternativas son muy similares. La gráfica muestra dos resultados conocidos: 1) entre mediados de los noventa y 2010 disminuyó significativamente la desigualdad del ingreso en México, y 2) que al menos, con base en los datos de la OCDE en 2012, la mag-nitud de la desigualdad en México es mayor de lo que era a princi-pios de los ochenta.

La reciente reducción de la desigualdad en México se ha atri-buido a tres factores principales: a las remesas que reciben los hoga-res mexicanos de bajos ingresos (principalmente en zonas rurales); a la mejor focalización de algunos programas sociales (en particular Prospera, antes Progresa u Oportunidades); y a una menor desigual-dad en los ingresos salariales.

Si bien en México resulta innegable una mejoría en la distri-bución del ingreso entre los hogares que forman parte de la Encuesta

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Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGHs), en la medi-da en que las encuestas en las que se basan estas estimaciones no cap-turen correctamente el ingreso de las personas en la parte más alta de la distribución, las cifras no reflejarán de manera certera el verdadero estado de la distribución total del ingreso en México.

Otro problema con estas cifras es que la tendencia decrecien-te de la desigualdad no parece ser compatible con otros aspectos por demás conocidos de la economía mexicana.

En particular, que en las últimas dos décadas han coincidido dos eventos dicotómicos: el crecimiento del ingreso per cápita y el estancamiento de las tasas de pobreza en el país. Esto sólo se explica si el crecimiento del ingreso se concentra en la parte superior de la distribución del ingreso, situación incompatible con la reducción de este aspecto de desigualdad.

PROPUESTAS DE POLÍTICA FISCAL EN MÉXICO

Política fiscal mexicana favorable a los ricosy contraria a los pobresEl diseño y estructura del sistema tributario es uno de los

aspectos de política en los que la élite económica mexicana ha logra-do influir de manera preponderante. Nuestra política fiscal no co-rresponde a una economía desigual en donde los instrumentos tri-butarios se diseñan para reducir de manera significativa las brechas en el ingreso entre ricos y pobres; en otras palabras, no se tiene una política fiscal especialmente progresiva. Por el contrario, ésta parece estar diseñada de tal manera que el efecto redistributivo de la política fiscal sea mínimo.

Una manera de apreciar lo anterior es, por ejemplo, en la estructura de los ingresos fiscales. Mientras que el promedio de los países de la OCDE obtiene el 32.5% de todos sus ingresos a partir de impuestos en bienes y servicios (lo que incluye impuestos al consumo e impuestos especiales), México obtiene el 54% de todos sus ingresos por esta vía. Lo anterior implica que la estructura fiscal en México

está mucho más orientada a gravar el consumo que el ingreso perso-nal o empresarial. Bien se sabe que los impuestos al consumo tienen un carácter regresivo, porque los hogares relativamente pobres tien-den a gastar un porcentaje más alto de su ingreso que los hogares relativamente ricos. En una economía tan desigual como la mexicana, esto significa que los hogares pobres pueden terminar pagando, en forma de impuestos, más que los hogares ricos, a pesar de las exen-ciones en algunos productos.

Hay otros aspectos del sistema tributario mexicano que pare-cen favorecer a quienes más ingresos perciben. Un ejemplo es la tasa marginal del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que es una de las más ba-jas de todos los países de la OCDE. Incluso después del aumento de 2014 —que la llevó a 32%— aún está muy por debajo del promedio (50%).

Otro dato que vale la pena resaltar, es que, aunque en casi todos los países miembros esta tasa ha tendido a disminuir (hasta hoy la caída ha sido del 25% aproximadamente), la disminución en México entre 1981 y 2013 ha sido de más del 40%.

Otro ejemplo es la forma en que se gravan los ingresos por dividendos. La suma de los impuestos empresariales y personales da un total de una tasa combinada de 30%. La tasa personal es de 0%. La combinada, de nuevo, se encuentra muy por debajo del promedio de la OCDE (42%). Sólo las tasas que se aplican en Estonia y en Repúbli-ca Eslovaca son más bajas.

Hasta tiempos recientes (2013), en México no había impues-tos a las ganancias de capital en el mercado accionario, y lo que se tiene hoy está sujeto a múltiples exenciones. Tampoco hay impuesto alguno a las herencias. En varios estados no hay tenencia y el predial resulta insuficiente.

Por ello, de acuerdo con los elementos citados, conforman un escenario en donde quien más percibe es quien mayores beneficios recibe por parte del sistema tributario, el cual tiende a gravar más el consumo que el ingreso. Así, y bajo estos parámetros, la posibilidad de un esquema progresista en este ámbito se ve severamente limita-da.

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Política fiscal comunitariacontra la desigualdad en México En México el debate sobre la desigualdad fue sustituido por

el de la pobreza y por las formas para mitigar este flagelo. Esto, sin embargo, es una discusión distinta al tema de la desigualdad, pues al sólo discutir la pobreza se olvida la otra parte de la distribución del ingreso, cuyas ganancias extraordinarias en parte podrían contribuir a explicar la situación en la parte baja de ésta.

Piketty propone una política fiscal comunitaria, para moder-nizar —en lugar de desmantelar—, al Estado social. La manera más simple de medir el cambio en el papel del Gobierno en la economía y la sociedad es analizando la proporción de impuestos en el ingreso nacional. En Suecia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los im-puestos representaban cerca del 10% a finales del siglo xix y princi-pios del xx. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, esta proporción comenzó a crecer, hasta llegar a un rango que va del 55% en Suecia, al 30% en Estados Unidos.

En cambio en México, los impuestos (ISR, IETU, IVA, entre otros), representaron en 2012 tan sólo el 11% del ingreso nacional. Para 2013, el gobierno priista de Enrique Peña Nieto desapareció el IETU que introdujo el gobierno panista de Fox y Calderón.

Los gobiernos tienen, por regla general, tres tipos de im-puestos: al trabajo, al capital y al consumo. Gravar el consumo afecta principalmente a los más pobres, en virtud de que es un impuesto “proporcional” y no “progresivo”, que depende del ingreso de cada quien.

En cambio, el impuesto progresivo, al trabajo y capital (así como leyes con relación a la herencia, que fomenten la meritocracia y desincentiven a los “rentistas”), tiene un efecto redistributivo. Por ello, Piketty propone continuar e incrementar el impuesto progresivo y subir las tasas para aquellos que tienen un ingreso y/o riqueza cla-ramente excesivos.

Un impuesto excepcional al capital privado es la solución más justa y eficiente. En ausencia de él, la inflación puede jugar un

papel relevante, como se ha demostrado históricamente. Es mejor tener sistemas solidarios de pensión administrados por el Gobierno que pensiones individuales como las de México.

Planteamientos de Piketty Tesis: Que el empresario tiende inevitablemente a transfor-

marse en rentista y a dominar cada vez más a quienes sólo tienen su trabajo.

Propuesta: Aplicar un impuesto progresivo sobre el capital a nivel mundial para evitar una espiral de desigualdad.

Forma: Repensar los límites del mercado (neoliberalismo), los límites del capitalismo, y repensar también las instituciones de-mocráticas.

Argumento: La economía crece a ritmos menores que la ren-tabilidad del capital ya acumulado, lo que redunda en una creciente desigualdad: si la remuneración del capital es muy superior a la del trabajo, y la riqueza se perpetúa a través de la herencia, esa brecha se agudiza y el capitalismo corre el riesgo de autodestruirse si no se introducen impuestos al patrimonio o a las herencias.

Propuestas particulares en MéxicoEl especialista fiscal mexicano, Gerardo Esquivel, reciente-

mente presentó un documento sobre la desigualdad en México, del cual se presentan sus propuestas en el siguiente resumen (Esquivel, 2015).

• Impuestos a las herenciasLas herencias son una fuente que tiende a perpetuar e incre-mentar los niveles de desigualdad de la riqueza y, hasta cier-to punto, del ingreso. La interpretación tradicional de este tipo de impuestos es que se trataría de una política injusta porque estaría gravando doblemente a un mismo ingreso (esto es porque, en principio, una persona ya habría pagado

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impuestos al momento de obtener los ingresos que después ahorró y que posteriormente optó por heredar a sus descen-dientes). Lo anterior, sin embargo, sería cierto únicamente en el caso en el que, en efecto, el ingreso original hubiese pagado im-puestos al momento de ser recibido. Sin embargo, esto no es necesariamente cierto, pues es posible que una parte signifi-cativa de estas herencias haya sido a su vez el resultado de una herencia previa o que la fuente de ingreso original no estuviera gravada. Ése sería el caso, por ejemplo, de los ingre-sos por dividendos, las ganancias de capital de las acciones, la plusvalía de la propiedad inmobiliaria.

• Impuestos más progresivosEsto implicaría aumentar la tasa impositiva para los hogares de mayores ingresos y, quizá, aumentar en uno o dos tramos más el número de escalones de ingreso con tasas impositivas diferenciadas (es decir, que la gente que gana, por ejemplo, de uno a cinco millones de pesos al año pague una tasa aún más alta que el resto de la población; que los que ganen de cinco a diez millones paguen una tasa aún mayor que ésta, y así sucesivamente). De hecho, en los últimos años México se ha movido exacta-mente en la dirección opuesta, es decir, ha reducido el nú-mero de tramos de ingresos que se gravan y ha reducido la tasa impositiva más alta que se carga en el impuesto sobre la renta (con la excepción de la reforma fiscal reciente, en la que se dieron algunos pasos incipientes en la dirección inversa).

Esta política coincide con una tendencia muy generalizada en el mundo que busca reducir la carga fiscal de los contri-buyentes, que intenta simplificar la estructura impositiva y que trata de ser menos distorsionante en las decisiones de los agentes económicos (bajo la lógica, evidentemente, de que un mayor impuesto sobre la renta podría desincentivar a los individuos a trabajar más y ganar más, pues una parte cada vez mayor de estas ganancias adicionales se iría en forma de impuestos al Gobierno).

Según Piketty, debería llevarnos a replantear si este tipo de decisiones han sido las correctas o si es necesario empezar a revertirlas. Es decir, si en lugar de empezar a movernos en la dirección de un impuesto parejo para todos (una especie de flat tax), más bien deberíamos empezar a construir (o reconstruir en algún sentido) una estructura impositiva mucho más progresiva, en la que los que ganan más paguen una parte más proporcional a sus ingresos.

• Impuestos a la riquezaGravar el stock de riqueza (patrimonio) y no sólo los flujos (las rentas del trabajo), para los que ya no hay más margen de subidas. En el caso genérico de los países de la Eurozona y América, propone un impuesto «confiscatorio» de hasta el 80% para las rentas superiores a un millón de euros (caso eu-ropeo), o un millón de dólares (caso de países americanos), que imponga límites a los «comportamientos económicos in-útiles y a veces dañinos» de la «oligarquía económica». Propone una tasa global a la riqueza que grave gradualmente a los grandes patrimonios y refuerce la garantía de los dere-chos sociales. Esos impuestos deben ser globales, para que nadie pueda huir de los infiernos tributarios hacia los paraí-sos fiscales.

PROPUESTAS DE POLÍTICA FISCAL EN ESPAÑA

Como ya se ha dicho, la política fiscal constituye un ele-mento determinante para mejorar la igualdad de los ciudadanos. No puede olvidarse que la prestación de los servicios públicos de los ciu-dadanos de un Estado se financia fundamentalmente de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones especiales) que los mismos ciuda-danos, en mayor o menor medida, satisfacen al mismo Estado.

La primera regla, por tanto, para proponer cualquier medida que mejore la desigualdad de los ciudadanos de un país pasa necesa-riamente por una política tributaria eficaz. Sin una política tributaria

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eficiente nunca se podrán abordar medidas incentivadoras de desa-rrollo económico y social.

Precisamente España es un ejemplo paradigmático de la afir-mación anterior. Su desarrollo económico y social desde 1978 se ha debido al éxito de los diferentes programas tributarios, que con inde-pendencia de las ideas políticas de los partidos gobernantes en cada momento, siempre han defendido los principios consagrados en la Constitución como fundamentales en materia tributaria: principio de generalidad, de capacidad económica, de justicia tributaria, de pro-gresividad, de no confiscatoriedad, y de asignación equitativa de los recursos públicos.

Ha sido la garantía de estos principios lo que ha propiciado un sistema tributario generalista, que ha sido la piedra angular sobre la que ha pivotado todo el desarrollo económico, social, político y democrático en España.

De todos los principios y derechos que reconoce la Constitu-ción española de 1978, el derecho de “auto imposición” de un siste-ma tributario general, basado en la capacidad contributiva de cada obligado tributario, que garantice la justicia y la equidad entre todos los contribuyentes, es el que ha posibilitado un avance en la igual-dad entre los ciudadanos, a pesar, como también se ha dicho, que las estadísticas y los datos económicos demuestran las debilidades ante-riormente señaladas. La implementación de una política fiscal seria y eficaz no siempre resulta sencillo.

Se requiere una decisión política firme, un diseño que pro-mueva la justicia distributiva, un control administrativo eficiente y, sobre todo, educación fiscal e información a la ciudadanía. La frase “Hacienda somos todos” debe impregnarse en la conciencia indivi-dual y social de todos los ciudadanos de un país para que el resultado de la política fiscal de ese Estado sea satisfactorio para todos; en otro caso, cualquier medida que se adopte, con independencia de los prin-cipios a los que responda, no resultará eficaz.

Si el sistema fiscal no respeta los referidos principios cons-titucionales, las aspiraciones de reducir las desigualdades será una

quimera. Con independencia de las propuestas concretas que puedan adoptarse, si el sistema fiscal no funciona de forma general, justa y equitativa, no habrá medida tributaria alguna que pueda reducir de forma eficiente la desigualdad de un país.

Todos los principios citados, que pasamos a analizar a con-tinuación, se integran y complementan para garantizar la justicia tri-butaria, que es la verdadera salvaguarda del desarrollo económico y social de todos los ciudadanos.

El artículo 31.1 de la Constitución de España establece:

“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributa-rio justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”.

Los citados principios se completan en el apartado 2 del mis-mo precepto, que prescribe que:

“El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”.

Esta asignación equitativa de los recursos públicos se con-vierte también en determinante para conseguir una política tributaria distributiva más eficiente.

a) Principio de generalidadEl principio de generalidad se recoge en el artículo 31.1 de

la Constitución («Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos pú-blicos…»), y en el artículo 3.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria («La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad»).

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El principio de generalidad constituye una exteriorización del principio de igualdad, por cuanto garantiza la igualdad en la posición deudora de los obligados tributarios, y evita discriminaciones subjetivas y objetivas no fundamentadas. En este sentido, el Tribunal Constitucional Español, en su Sentencia 96/2002, de 25 de abril, señala que:

«el deber de cualesquiera personas, físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes o no residentes, que por sus relaciones económicas… exteriorizan manifestaciones de capacidad económica, lo que les convierte también, en principio, en titulares de la obligación de contribuir conforme al sistema tributario».3

El valor y los efectos del principio estudiado se refuerzan en su integración con el resto de los principios constitucionales y con los principios rectores de la política económica y social. Y sólo desde esta perspectiva, como ha señalado el Tribunal Constitucional (Sentencias 37/1987, de 26 de marzo; 186/1993, de 7 de junio; y 96/2002, de 25 de abril), puede entenderse tanto su efectividad como su posible quie-bra, a través de las distintas técnicas fiscales.

Como ha apuntado Calvo Ortega:

«…tratando de avanzar intelectualmente en este deslinde podríamos decir que junto a la declaración positiva del principio (to-dos están obligados a pagar tributos) es más clarificador el plantea-miento negativo: nadie está exonerado de tributar. En resumen, y desde otra perspectiva, el principio que estudiamos constituye una declaración de no exoneración personal a un poder jurídico determi-nado, en este caso al Tributario».4

En todo caso, como escriben Bayona de Perogordo y Soler Roch, si bien el principio de generalidad «tiene un sentido en sí mismo, con independencia de su posterior relación con la capacidad económica»,5 no puede discutirse la relación entre ambos principios. Es más, el princi-pio de capacidad económica sólo tiene sentido si se pone en relación con el de generalidad; esto es, que todos contribuyan conforme a su capacidad.

Es el principio de generalidad el que prohíbe la interdicción de la arbitrariedad en el establecimiento de beneficios o privilegios fiscales. Así lo viene señalando el Tribunal Constitucional desde sus primeros pronunciamientos, entre otros, en su Sentencia 37/1987, de 26 marzo, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad respecto al impuesto andaluz sobre tierras infrautilizadas. Por tanto, la efecti-vidad del principio de generalidad contribuye poderosamente al exi-gir que todos los sujetos que tengan capacidad económica suficiente resulten gravados por dicha capacidad, manifestada, bien en renta, en patrimonio, o en consumo.

b) Principio de capacidad económicaToda la doctrina, de forma unánime, mantiene que el princi-

pio de capacidad económica constituye el valor básico de la justicia tributaria. Pérez De Ayala considera que el principio de capacidad económica representa con carácter general:

«el presupuesto lógico o conceptual para elaborar desde las diversas modalidades de la justicia los principios de justicia fiscal pro-piamente dichos: el de progresividad, el de igualdad y el de no confis-catoriedad impositiva».6

En palabras de Casado Ollero, el principio de capacidad eco-nómica es «un principio-medio orientado a la realización de los verdaderos fines del ordenamiento tributario».7

Puede decirse que el principio de capacidad económica re-presenta el elemento definidor de la riqueza material que justifica la legitimidad de los tributos. El artículo 3 de la vigente Ley General Tributaria (Ley 58/2003) ratifica esta posición cuando dispone que:

«La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitati-va distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad».

El legislador debe seleccionar los presupuestos de hecho que demuestren la capacidad económica más idónea para materializar la

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justicia tributaria como valor superior de todo ordenamiento jurídico; justicia tributaria que debe estar presente en todos los elementos es-tructurarles del tributo. Cualquier quiebra del principio de capacidad económica perjudicará necesariamente la capacidad redistributiva de los impuestos.

c) Principios de igualdad y progresividadLos principios de igualdad y progresividad constituyen la

materialización del sistema tributario justo. El Tribunal Constitucio-nal, en su Sentencia 27/1981, de 20 de julio, mantiene al respecto que «lo que debe entenderse por justo a efectos tributarios… no puede separarse, en ningún caso, del principio de progresividad ni del principio de igualdad».

El principio de igualdad tributaria despliega sus efectos en un doble plano; por una parte, obliga a que las situaciones económi-camente iguales sean tratadas de igual manera y, por otra, garantiza también, como ha señalado el Tribunal Constitucional, en su Senten-cia 8/1986, de 14 de enero, posibles desigualdades o discriminaciones siempre que estén justificadas y respondan a criterios amparados por el ordenamiento jurídico.

La Sentencia 96/2002, de 25 de abril, del propio Tribunal Constitucional mantiene que: «El principio de igualdad no prohíbe al le-gislador cualquier desigualdad de trato sino sólo aquellas desigualdades en las que no exista relación de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida». La diversidad no es sinónimo de discrimina-ción, sino de autonomía.

El principio de igualdad exige, por otra parte, como viene se-ñalando la doctrina, que el hecho imponible no sea arbitrario ni irra-cional.8 El propio Tribunal Constitucional, en su Sentencia 10/2005, de 20 de enero, recogiendo la doctrina de las Sentencias 27/1981, de 20 de julio, y 193/2004, de 4 de noviembre, entiende que la propia Constitución ha concretado y modulado el alcance del artículo 149 de la Constitución en un precepto, el 31.1, cuyas determinaciones no pueden dejar de ser tenidas en cuenta, pues la igualdad ante la ley tributaria resulta indisociable de los principios de generalidad, capa-cidad económica, justicia y progresividad.

También el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de di-ciembre de 2004, que anuló determinados preceptos de las normas forales del Impuesto sobre Sociedades, señala que lo que impone el principio de igualdad «es que se asegure la igualdad de posiciones jurídi-cas fundamentales de los ciudadanos en relación con los deberes tributarios, que evite ciertamente la configuración de sistemas tributarios verdadera-mente privilegiados en el territorio nacional» (Fundamento 10).

Esta garantía del aseguramiento de la igualdad entre todos los españoles debe exigirse, en opinión de Tejerizo López, al Estado, que «debe seguir siendo el garante de la igualdad sustancial entre todos los españoles».10

En definitiva, el principio de progresividad debe contribuir por exigencia constitucional a la consecución del «sistema tributario justo». La elevación de tipos de gravamen en la medida que se incre-mente la base imponible es una medida clara para mejorar la capaci-dad redistributiva de los tributos.

d) Principio de no confiscatoriedad La no confiscatoriedad se presenta como criterio delimitador

del principio de progresividad, y como tal se referencia al principio de capacidad contributiva de cada obligado tributario en función de sus circunstancias concretas. La delimitación de este principio resulta compleja, por lo que debe concretarse dentro de los límites legales y jurisdiccionales establecidos en cada caso.

En este sentido, la Audiencia Nacional, en su Sentencia de 6 de octubre de 2000, señala que la confiscatoriedad tiene que «exami-narse en cada caso por referencia a la capacidad económica sobre la que se proyecta el impuesto, los fines perseguidos y el alcance de la exacción».

Además, como se ha encargado de subrayar el Tribunal Su-premo, entre otras, en su Sentencia de 21 de octubre de 2000, la inter-dicción de la confiscatoriedad exige que se «demuestre que la imposi-ción menoscaba la fuente de riqueza de que deriva el hecho imponible, no tan sólo que el importe resulte elevado».

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e) Principio de asignación equitativa de los recursos públicos

El reconocimiento constitucional de este principio lo con-vierte en una exigencia para todos los poderes tributarios, con in-dependencia de su nivel territorial. Una vez obtenidos los tributos conforme al principio de justicia tributaria, su gasto, su aplicación a la prestación de servicios públicos, debe responder obligatoriamente al referido principio de asignación equitativa; asignación equitativa que se materializa en una aplicación eficiente que garantice la satisfacción necesaria mínima de las necesidades públicas de una forma justa, sin arbitrariedades.

En definitiva, la asignación de los recursos públicos debe hacerse considerando el mejor criterio económico y social posible; criterio que puede y debe someterse a enjuiciamiento por los ciuda-danos. Y no puede olvidarse que la financiación del gasto público debe recaer más que proporcional en los sujetos pasivos con mayores capacidades económicas.

f) Propuestas futuras en EspañaEl punto de partida, manifestado al principio de trabajo, no

es otro que el sistema tributario español tiene poca capacidad redis-tributiva, y que se ha visto aminorada, además, por la crisis económi-ca de los últimos ocho años, que ha incrementado la brecha entre los hogares pobres y ricos.

Si bien en la década anterior se habían propuesto rebajas fiscales sobre la renta personal, la crisis económica ha supuesto un repunte en los tipos marginales medios y máximos, a la vez que se ha producido una rebaja de los beneficios fiscales, en algunos casos hasta su desaparición total.

Esta situación, indudablemente, ha perjudicado a la redis-tribución de la renta, si bien se ha constatado entre 2010 y 2011 un pequeño incremento en la capacidad redistributiva. Por otra parte, también se pueden apreciar algunos resultados positivos a tal efecto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el período 2007 a 2009.

Por lo que se refiere a la imposición indirecta, resulta indubi-tado que los tipos proporcionales reducen la posibilidad de mejorar la capacidad redistributiva.

Para mantener el sistema fiscal español al servicio de los ob-jetivos reconocidos y garantizados en el citado artículo 31 del texto constitucional español, el Gobierno español nombró en 2014 una Co-misión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, integrada por profesores de Universidad y técnicos de la Adminis-tración, con la finalidad de potenciar el desarrollo económico y social del país a través de las reformas oportunas de sistema fiscal vigente.

Entre estas medidas, y teniendo en cuenta el objetivo de nuestro estudio, al servicio de mejorar la capacidad redistributiva de los tributos, debemos destacar las siguientes:

• En la imposición personal sobre la renta personal: ampliación de la definición de la base imponible que permita una reducción de los tipos en tarifa, favorecer el ahorro y su neutralidad ante la materialización en activos reales o financieros, y una revi-sión en profundidad de las deducciones para garantizar su ar-monización en todas las regiones (Comunidades Autónomas).

• En la imposición sobre los beneficios de las personas jurídicas: ajuste de los tipos nominales elevados a los tipos impositivos efectivos, eliminación de determinados beneficios fiscales para permitir una reducción significativa de los tipos impositivos nominales.

• En la imposición sobre el patrimonio y sucesiones: reducción del Impuesto sobre el Patrimonio, dada su insignificante recau-dación y sus efectos negativos sobre el ahorro; y mantenimien-to del Impuesto sobre Sucesiones para mejorar la igualdad de oportunidades y favorecer la equidad del sistema.

• En la imposición indirecta sobre el consumo: mantenimien-to de los tipos súper reducidos para los bienes de primera necesidad, restricción de los métodos de evaluación global de la deuda tributaria, mantenimiento de la presión efectiva sobre

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el alcohol y el tabaco, y reordenación de la fiscalidad energética medioambiental.

• Incremento de la lucha contra el fraude fiscal, al ser un factor perturbador que provoca una alteración muy negativa de la renta, con grandes secuelas para la equidad.

CONCLUSIONESLa conclusión principal que abordó Thomas Pikety respecto

a la desigualdad, es que a partir de 1980, la gráfica de concentración del ingreso hace una “u”, y los rendimientos del capital se han vuelto inalcanzables para los asalariados, como ocurría en el siglo xix. «Si se prolonga la tendencia actual hacia 2040 o 2050, las desigualdades serán insostenibles».

¿Qué propone Piketty para cerrar la brecha? Una medida tan sencilla como polémica: gravar no solamente los ingresos sino el patrimonio. En sus propuestas Piketty opina que:

«Creo que necesitamos, al mismo tiempo, un impuesto pro-gresivo sobre el ingreso y un impuesto progresivo sobre las herencias y el patrimonio» (Beltrán del Río, 2014:8).

En México, la estructura impositiva mexicana fundamental-mente está apoyada por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual está basado sobre el ingreso de las personas y entidades.

Pero desde la década de los ochenta del siglo pasado, la es-tructura del ISR presenta serias limitaciones en términos de tasas pro-porcionales y tarifas progresivas, lo que desalienta la competitividad y el desarrollo económico de las personas y empresas, que subsisten a pesar de la expedición de dos «modernas leyes» en esta materia, las cuales además de otorgar «tratamientos preferenciales” en la carga tributaria —en donde incluso los conceptos de herencia o donacio-nes, a que alude el trabajo de Piketty gozan de ese privilegio fiscal—,

algunos de ellos resultaban incompatibles con el proceso de moder-nización y apertura económica del país, no obstante que inclusive se han recogido e incorporado diversas recomendaciones de la Organi-zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Por ello, sin duda, el texto de este economista francés abrirá en México el debate de gravar, en materia del ISR —en forma diversa a la actual—, las herencias o donaciones, debido a que presenta evi-dencia muy convincente de que éstas son una fuente que tiende a per-petuar e incrementar, bajo ciertas circunstancias, los niveles de des-igualdad de la riqueza y el ingreso de las personas, en alguna forma.

Si bien es cierto que la política tributaria mexicana respecto de las herencias ha sido conservadora, pues se argumenta que se esta-ría gravando dos veces el mismo ingreso de la persona que transmite a sus descendientes el patrimonio heredado, puesto que el autor de la sucesión, bajo un esfuerzo familiar, ha pagado las contribuciones correspondientes al momento de obtener dichos bienes.

Sin embargo, esto no es necesariamente cierto e, inclusive, podría reforzar la tesis de Piketty, pues es posible que una parte sig-nificativa de estos bienes transmitidos por herencia hayan sido, a su vez, el resultado de otra herencia, en una o más ocasiones (Beltrán del Río, 2014).

Así, la recepción de esta riqueza por este medio constituye una ganancia económica y, generalmente, incrementa el bienestar económico de quien la recibe, constituyendo probablemente un es-tímulo para el atesoramiento de bienes o riqueza, el cual pudiera ser improductivo, rompiendo con ello la tradicional fórmula económica r>g (relación entre la tasa de retorno del capital, “r”, y la tasa de cre-cimiento de la economía, «g», que postula Piketty.

Si bien es cierto que en México se han diseñado después del nacimiento del ISR impuestos complementarios a éste, para muchos efectos tributarios, pero casi todos circunscritos a incrementar la re-caudación y con efectos únicamente en las utilidades o los bienes destinados a las actividades productivas para sufragar el gasto públi-co, siendo los más recientes el denominado impuesto al activo de las

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empresas —posteriormente, llamado impuesto al activo— (IMPAC) y una especie de flat tax bautizado como impuesto empresarial a tasa única (IETU), así como un impuesto a los depósitos en efectivo (IDE), no menos cierto es que no se ha diseñado algún gravamen para com-batir la riqueza o fortunas improductivas (como serían, por ejemplo, obras de arte privadas, antigüedades, piezas arqueológicas privadas, haciendas, vehículos de lujo, joyas, entre otros) que han pasado de generación en generación familiar y que —quizás— han acrecenta-do la desigualdad, la pobreza y el decremento económico en nuestro país.

Por ello, la trascendencia de la obra de Piketty es que reabre el polémico debate de establecer un impuesto a los ricos o, mejor di-cho, a sus fortunas.

En el caso español, el IRPF se muestra que es progresivo y redistributivo en su conjunto. Entre 2007 y 2009 la desigualdad de la renta antes de pagar el IRPF es mucho menor en el grupo de decla-rantes, cuya renta procede fundamentalmente del trabajo que en el resto de contribuyentes (Badenes Plá y Labeaga Azcona, 2013).

Este colectivo es, al mismo tiempo, el de mayor peso en el conjunto, lo que hace que lo que ocurra con ellos condicione en gran medida los resultados sobre el total.

Si se desagrega el análisis por grupos, dada la importancia de las rentas laborales en el conjunto total de rentas, el impuesto sobre la renta genera un efecto de disminución de la desigualdad para todos los tipos de renta, y el efecto redistributivo (medido por el Índice de Reynolds-Smolensky) es mayor para los declarantes cuya renta pro-cede fundamentalmente del trabajo que para el resto.

El impuesto sobre la renta se muestra progresivo (medido por el Índice de Kakwani) para cualquier grupo de rentas conside-rado (por separado y para el conjunto), y la progresividad, al igual que el efecto redistributivo, es mayor sobre los declarantes cuya renta procede fundamentalmente del trabajo.

Opinan Badenes y Labeaga:

[...] «en cuanto a consideraciones generales, de-bemos destacar que: El IRPF no es un impuesto extensivo, que grave todas las rentas de la misma forma. Se aproxima más a una estructura dual. En cualquier caso, esta falta de neutralidad en el diseño se traduce en una falta de neutra-lidad en los efectos, que, añadida a la desigualdad existente de partida, hace que los resultados obtenidos en el grupo de perceptores —fundamentalmente de rentas laborales— y los obtenidos para el resto de la población sean diferentes. El IRPF contribuye a disminuir la desigualdad de la renta, pero no hay que olvidar que, pese a su capacidad redistributiva, existen más instrumentos al servicio del logro de la equidad que conviene que se utilicen en tiempos tan duros como los que actualmente estamos viviendo» (Badenes Plá y Labea-ga Azcona, 2013).

En general para España, México y el resto del mundo, en cuanto a los impuestos, Thomas Piketty es claro en las recomenda-ciones fiscales para disminuir la desigualdad en lo futuro. Establece, en un primer momento, que no es un problema técnico, sino político y filosófico. Los gobiernos tienen, por regla general, tres tipos de im-puestos: al trabajo, al capital y al consumo.

Reconoce que gravar el consumo afecta principalmente a los más pobres, en virtud de que es un impuesto “proporcional”: todos pagan el mismo impuesto independientemente de su riqueza, y no “progresivo”, que depende del ingreso de cada quien. En cambio, el impuesto progresivo, al trabajo y capital (así como leyes con relación a la herencia, que fomenten la meritocracia y desincentiven a los “ren-tistas”), tiene un efecto redistributivo. Por ello, propone continuar e incrementar el impuesto progresivo y subir las tasas para aquellos que tienen un ingreso y/o riqueza claramente excesivos.

Concluye Piketty que […] es necesario un impuesto de pa-trimonio europeo (España) y americano (México), «para que paguen más los que más tienen» y que tan solo una fiscalidad progresiva, acompañada de crecimiento, «es lo único que va a permitir financiar infraestructuras, sanidad o educación». Aquí fue donde matizó su

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propuesta de un impuesto del 80% para aquellas personas que ganen más de un millón de dólares (México y Estados Unidos) o un millón de euros (España y Europa), incluida en su libro El Capital en el Siglo XXI:

«Se trata de que paguen algo y no es descartable que en algu-nos casos lleguen al 80%. Mi libro estudia la historia de la imposición en EUA en 50 años quienes ganaban más de un millón de dólares pagaban ese tipo y en ningún caso parece que se haya destruido el capitalismo» (Molina, 2015).

Por lo anterior, se abre el debate para que los Gobiernos de España y de México estudien en el corto plazo establecer este impues-to confiscatorio y que deje de ser ideal o utópico, para pasar a ser real la fiscalización al rico patrimonial, bajo una “política fiscal comunita-ria”, si se quieren ver disminuidos en el mediano plazo la pobreza, el desempleo y la desigualdad.

NOTAS1 El patrimonio, en forma sencilla, es el conjunto de bienes inmobiliarios

y mobiliarios privados netos (sin deudas). Thomas Piketty considera que actualmente el patrimonio total de un país (patrimonio privado + patrimonio público) como Francia, Estados Unidos o Bélgica co-rresponde en la práctica al patrimonio privado libre de deuda, puesto que el patrimonio público libre de deuda es aproximadamente cero, ya que la deuda pública representa cerca del 100% del PIB. No entro en más detalles. Para un enfoque más argumentado, véase Piketty (2014:542-555).

2 Este ensayo se desarrolló en una parte, mediante estancia de movilidad posdoctoral del Dr. Jorge Alfredo Lera Mejía, profesor investigador de la UAMCEH-UAT, contando con la tutoría y coautoría del Dr. José Luis Peña Alonso, Vicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa de la UBU (mayo-junio 2015). La investigación forma parte del Grupo Disciplinar GD-UAT-55: Desarrollo Sustentable.

3 El recurso de inconstitucionalidad que fundamenta la Sentencia 96/2002 se presentó contra la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, por vulneración de los principios, valores y derechos de igualdad (arts. 1.1, 9.2, 14 y 139.1 CE), solidaridad (arts. 2, 138.2, 156.1 y 158.2 CE), interdic-ción de privilegios económicos (art. 138.2 CE), neutralidad respecto a la libre localización de empresas (art. 38 y 139.2 CE) y armonización hacendística (art. 156.1 CE).

4 Calvo Ortega, R.: Curso de Derecho Financiero. I. Derecho Tributario. Parte general, undécima edición, Thomson–Civitas, Madrid, 2007, p. 50.

5 Derecho Financiero, tomo I, Librería Compás, Alicante, 1989, p. 227.

6 Pérez De Ayala, J.L. (1979): «Las cargas públicas: principios consti-tucionales para su distribución», en Hacienda Pública Española, No. 59, p. 90.

7 Casado Ollero, G. (1981): «El principio de capacidad económica y el control constitucional de la imposición indirecta (I)», Revista Espa-ñola de Derecho Financiero, No. 34, Civitas, p. 173.

8 Véase al respecto Palao Taboada (1976): “Apogeo y crisis del principio de capacidad contributiva”, Estudios Jurídicos en Homenaje al Pro-fesor Federico de Castro, Tecnos, Madrid, p. 418.

9 El citado artículo 14 de la Constitución dispone: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social”.

10 Tejerizo López, J.M.: “La Financiación de las Comunidades Autóno-mas. Notas para un balance”, 25 años de Financiación Autonómica, op. cit., p. 35.

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Jorge Alfredo LERA MEJÍADoctor en Administración Pública “Cum Laude” por la Uni-versidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) con MH. Premio Tesis de Calidad, grado Doctor en Ciencias Sociales 2014. Maestro en Economía y Desarrollo Regional por la UAT con MH. Licenciado en Economía por el ITAM y LAE por la UAT. Profesor-Investigador de Carrera “D” con Perfil Promep (2012-2016) por la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH-UAT). Integrante del Grupo Disciplinar GD-UAT-55 “Perspectivas sociológicas y problemas emergentes del desarrollo sustentable”. Líneas de

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Expresiones de la desigualdad de los ingresos...

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LERA MEJÍA, J.A. y PEÑA ALONSO, J.L.

investigación: desarrollo sustentable, pymes, migración y re-mesas. Registro investigador Reniecyt-Conacyt desde 2011. Columnista económico en diez medios. Correo Elec.: [email protected] [email protected]

José Luis PEÑA ALONSOVicerrector de Economía y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Burgos (UBU); miembro del Consejo Social de la Universidad; académico correspondiente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia. Profesor Titular de Universidad de Derecho Financiero y Tributario por la Universidad de Burgos. Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Valladolid. Tiene un recorrido de cua-tro sexenios de investigación y publicaciones diversas sobre contenidos propios de la Ley General Tributaria, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la finalidad extra-fiscal de los tributos. Líneas de investigación: tributación empresarial y tributación medioambiental. Correo Elec.: economí[email protected] [email protected]

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 105-131.

EXPRESIONES DE LA DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS DEL TRABAJO:

LA PRECARIEDAD LABORAL EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA.

CASO ALTAMIRA, TAMAULIPAS

Roberto Fernando OCHOA GARCÍA y Jorge Alberto PÉREZ CRUZ

Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

RESUMENA partir de los años noventa, con la apertura comercial de México

y las crisis económicas, se presentaron nuevas formas de trabajo en las contrataciones laborales y en las relaciones de los empleadores y los trabajadores. Por lo que surge la necesidad de estudiar, a través del análisis de los mercados internos de trabajo y la precariedad labo-ral, su vinculación y relación con las fuentes de empleo y los ingresos reales de los trabajadores de la industria petroquímica instalada en el municipio de Altamira, Tamaulipas.

Cabe hacer mención que estas industrias cuentan con grandes inversiones de capitales trasnacionales, los cuales han impuesto sus condiciones en las negociaciones de los salarios de los trabajadores y son pioneras nacionales en estas nuevas expresiones de relación capital-trabajo, que decantan en una creciente desigualdad del in-greso laboral.

Palabras clave: petroquímica, desigualdad y precariedad labo-ral.

EXPRESSIONS ON EARNED INCOME INEQUALITY: PRECARIOUS EMPLOYMENT

IN THE PETROCHEMICAL INDUSTRY. A CASE STUDY IN ALTAMIRA, TAMAULIPASABSTRACT

From the 1990s, with the commercial opening of Mexico and eco-nomic crises, emerged new ways of working in job recruitment and in the relations between employers and workers. Thus, it is necessary to




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OCHOA GARCÍA, R.F. y PÉREZ CRUZ, J.A. Expresiones de la desigualdad de los ingresos...

study, through the analysis of internal labor markets and job scarci-ty, the connection and relation with employment sources and the real salaries earned by workers in the petrochemical industry in Altamira county in Tamaulipas.

It should be mentioned that these industries receive large foreign investment. The same have imposed their conditions in the negotia-tions of salaries for their workers and have become pioneers at these new expressions of capital relations-labor, that result in a growing inequality of income.

Keywords: Petrochemical, inequality, job scarcity.

INTRODUCCIÓN

Los problemas actuales suscitados por los cambios de la legislación laboral y las nuevas formas de organización, muestran que existe un vínculo entre los mercados laborales, las fuerzas institu-cionales y normativas y los comportamientos de los empleadores, los asalariados y los sindicatos. Esto representa una nueva fase del pro-ceso de extensión y profundidad en la relación social-capitalista que desemboca principalmente en el cambio de la relación capital-trabajo, asociado a la forma del contrato laboral y sindical (Candelaria, 2006).

Los empresarios de la industria petroquímica, ante las crisis económicas y la competencia internacional, han reaccionado, con la complicidad del Estado, en nuevas formas de organización de traba-jo, construyendo mercados internos de trabajo, consolidados y flexi-bles, principalmente en su relación laboral, tanto con el sindicato y los trabajadores asalariados (Ochoa, Cogco y Pérez, 2014).

Sin embargo, estas nuevas formas de organización del traba-jo no solamente le permitieron a la industria superar la situación de crisis, sino que también les ha permitido alcanzar mejores niveles de productividad y competitividad. Además, han logrado mantener un clima laboral estable, con trabajadores capacitados y con un sindicato colaborativo. Aunque hay que mencionar que los instrumentos utili-zados para las contrataciones formales son mecanismos unilaterales aprobados por las autoridades laborales y hacendarias, que reprimen los derechos laborales y reducen las prestaciones salariales de los tra-bajadores.

Para llevar a cabo este análisis se revisó la teoría de los merca-dos internos de trabajo y la visión de los planteamientos de Thomas Piketty sobre el papel del capital en el siglo XXI, los cuales son los puntos de partida para la discusión de este tema, y que pretenden ex-plicar lo que sucede en la industria petroquímica con respecto a su es-tructura organizativa y las condiciones salariales de los trabajadores.

Por otro lado, con datos de los censos económicos se identi-fican comportamientos del mercado de trabajo que permiten deter-minar el inicio de estas nuevas formas de contratación laboral. Asi-mismo, se realizaron entrevistas estructuradas a personal de recursos humanos y a representantes sindicales de plantas petroquímicas de Altamira. Se aplicaron los estudios teóricos a la luz de la realidad que presentan las organizaciones de trabajo de estas plantas industriales.

Sin duda, el argumento tiene diversas aristas para su análisis. En este texto, el estudio se reduce a estudiar cómo la desigualdad de los ingresos del trabajo se acrecienta a través de los cambios en los mercados internos y la precariedad laboral, decantada en la re-ducción de los ingresos reales del salario de los trabajadores, en la supresión del reparto anual de utilidades, así como la incertidumbre de perder en cualquier momento el empleo.

Estas reflexiones servirán de marco para esta investigación, que nos permita explicar cómo los mercados internos y las relaciones laborales y sindicales se comportan al vincularse con las nuevas for-mas de contratación outsourcing y la precariedad laboral, entendida como una expresión de la desigualdad salarial del trabajo.

El trabajo se estructuró en cinco apartados: en la Introduc-ción se exponen las generalidades del trabajo; en la segunda parte se aborda la semblanza de la industria petroquímica en el municipio de Altamira; a continuación se analizan los mercados internos de tra-bajo; en la cuarta se revisa el papel que juegan las instituciones en la determinación de los ingresos; en la quinta se analizan la subcontra-tación y sus efectos en los mercados de trabajo; en la sexta se analiza el mercado de trabajo de la industria petroquímica de Altamira; y finalmente, se exponen las conclusiones del trabajo de investigación.

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SEMBLANZA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA DE ALTAMIRA

En este apartado se pretende mostrar un panorama de la entrada del sector petroquímico en Altamira, y su importancia dentro del estado de Tamaulipas, en cuanto al personal total ocupado y al número de industrias instaladas. Cabe recordar que en el año de 1959 es cuando la industria petrolera de México abre las puertas a la in-versión privada en la petroquímica de transformación o secundaria, cuyo propósito era generar las condiciones necesarias para impulsar a la industria petroquímica del país (Pemex II, 1988).

La evolución de la industria petroquímica en el municipio de Altamira, Tamaulipas, inicia a principios de los años setenta, cuan-do en el país se iniciaba una nueva etapa de desarrollo industrial, caracterizada principalmente por un proceso de industrialización de plantas petroquímicas privadas. Las razones para instalar estableci-mientos industriales en la zona de Altamira han sido diversas: prime-ro, el municipio cuenta con amplios terrenos para la instalación de la industria; además, por ser un puerto de carga para las industrias petroquímicas, facilita el movimiento de materia prima, materiales y productos. Pero la razón más importante fue la cercanía a una ciudad dedicada a la explotación del petróleo y sus derivados, lo que facilita-ba la adquisición y movimiento de la materia prima necesaria para la elaboración de sus productos (Hernández, 2000).

La ciudad de Altamira es la cabecera del municipio de Alta-mira; cuenta con un área de 1361.73 kilómetros cuadrados, forman-do la zona metropolitana de Tampico y Ciudad Madero. Colinda al norte con los municipios de Aldama y González, al este con el Golfo de México, al sur con las ciudades de Tampico y Ciudad Madero y al oeste con el estado de Veracruz. El lugar se encuentra ubicado estra-tégicamente en la costa del Golfo de México. Altamira es el desarrollo portuario más grande del país con 9573 hectáreas, de las cuales 2216 están destinadas para el establecimiento de terminales e instalaciones portuarias, 1500 reservadas como cinturón ecológico y 3142 hectáreas para el establecimiento de industrias (R. Ayuntamiento de Altamira, 1999-2001).

La primera unidad económica fue la firma de Pigmentos y Productos Químicos de México en el año de 1959; le siguió la planta de artefactos de hule Negromex, S.A., en 1964. Siguieron otras indus-trias de capital nacional, como la industria Petrocel (1974), la cual pro-ducía poliéster. Después vinieron compañías como Novaquím, S.A., en 1977. Posteriormente llegaría en 1978 la Harinera de Tamaulipas, S.A. (Maseca) y la prestigiada productora de materiales químicos de hule y plástico Dupont Chemical Co. y Policyd, S.A., que se estable-cieron en 1979. El desarrollo industrial de Altamira fue gradual con el llamado Corredor Industrial, fundado el 1 de junio de 1985.

Por otro lado, estas industrias están agrupadas en una aso-ciación empresarial, de gran peso político y económico: la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas (AISTAC). Esta agrupación de empresarios ha cerrado filas para enfrentar de manera conjunta todas las decisiones vinculadas con las relaciones institucionales y las for-mas de organización, así como para coadyuvar a mantener un clima estable del trabajo en la zona (Ochoa, 2005).

Un aspecto relevante que caracteriza la zona industrial, es que los sindicatos, tanto los de industrias tradicionales, como los de reciente creación, se mantienen unidos al sindicato nacional. Con res-pecto al cambio de los contratos colectivos dentro de las industrias, al respecto comenta el representante sindical de la Sección 212:

“..del (año) 90 que empieza don Gilberto con esa nueva cultura la-borar empieza a hacer nuevos sistemas de trabajo donde empieza a quitar todo el contrato. Era algo así como un libro donde empezamos a cambiar nuestro contrato colectivo y hacerlo en una sola hoja, donde vengan compromisos más que nada de palabras [……] y empezamos con esas nueva visión de decir los patrones y los trabajadores deben unir esfuerzos porque van en el mismo barco, si el barco se hunde se van todos o nos vamos todos, los trabajadores y empresa” (ENT-RS-01).

Este territorio de Altamira es el municipio más grande de la zona sur del estado, donde un 56% de su superficie total está ligada a la actividad industrial, situación bastante atractiva para inversio-nistas nacionales e internacionales. Por otro lado, es importante la in-

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dustria en Altamira en generación de empleos con relación al total de trabajadores en el estado de Tamaulipas. A continuación se presenta un cuadro del personal ocupado total de la industria petroquímica de Altamira con respecto al sector petroquímico nacional y estatal.

Cuadro 1. Proporción del personal ocupado total.

Industria Química

1999 2004 2009 2014*

Altamira respecto al nacional 1.3 1.9 1.9 1.3

Altamira respecto al total de Tamaulipas 57.4 63.3 64.2 51.7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014. *Datos preliminares.

Se encontró que la proporción de trabajadores es alta en el es-tado, aunque en 2014 se tiene el índice más bajo de personal ocupado en el municipio de Altamira. En ese sentido, Altamira se consolida como una ciudad especializada principalmente en industria petro-química secundaria.

Esta característica del municipio empezó a aprovecharse por los industriales nacionales a finales de la década de los sesenta y principios de los setenta, permitiendo la localización de actividades industriales, por un lado, y el desarrollo de la región por otro. Sin duda, un factor importante en estas inversiones se estimula por la existencia de yacimientos petroleros y la presencia de la refinería Francisco Madero de Pemex en el municipio de Ciudad Madero, que significa la principal materia prima para los industriales de Altamira (Hernández, 2000).

Con respecto a las unidades económicas de la industria química, en el Cuadro 2 se observa que en el periodo 2009-2014, se tiene un índice negativo de crecimiento en el número de empresas. Es necesario denotar que, aunque en el año 2014 los censos señalan que son 17, según INEGI, el dato no coincide con lo expuesto por el representante sindical, al comentar que en realidad son 25 plantas.

Al respecto comentó:

“Sí, no son 25 ahorita, sí, porque en algunas se han subdividido o se han hecho dos plantas, sí, la última planta, que llegó es la de Barcel, sí, es la última empresa Flex América, de las últimas” (ENT-RS-02).

Es decir, actualmente las plantas han dividido las áreas, una en producción de materia prima y otra de productos terminados. Se tienen dos plantas, aunque sólo se vea una. El representante sindical se confunde, pero reconoce que las prestadoras de servicio son los mismos empleadores de la unidad económica. Menciona al respecto:

“pues en realidad sí, (las industrias) porque son dos dueños diferen-tes, o sea ves, son dos dueños diferentes, son recursos humanos dife-rentes porque uno trae un proceso y otro trae otro y el capital ahí de repente son alemanes, ingleses y no sé qué y de repente ya como que se separaron” (ENT-RS-03).

Cuadro 2. Unidades económicas de la Industria Química.Industria Química

Unidades económicas Tasa de crecimiento (%) 1999 2004 2009 2014* 1999-

20042004-2009

2009-2014

Nacional 4125 3073 4084 4383 -25.5 32.9 7.3Tamaulipas 58 45 62 74 -22.4 37.8 19.4Altamira 14 17 20 17 21.4 17.6 -15.0


Entonces partimos que son las mismas empresas con un mis-mo mercado interno de trabajo y mismas relaciones sindicales, pero con distintos nombres, los cuales son contratados como prestadores de servicios de la empresa que produce y fabrica los productos.

Con esta información se parte para discutir el concepto de los mercados internos de trabajo como base para entender su vínculo con la precariedad laboral y las relaciones con el sindicato de los tra-

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bajadores como representante de la fuerza de trabajo que produce en las industrias.

LOS MERCADOS INTERNOS DE TRABAJO COMO FORMA DE CONTROL

Las crisis recurrentes en México de los últimos veinte años, han disminuido la capacidad de representación sindical de los traba-jadores ante las empresas, por parte de las centrales obreras, así como una mayor fragmentación y aislamiento de los trabajadores como su-jetos. El sindicato se ha convertido en un mero trámite administrativo que hay que realizar, por parte de las nuevas empresas transnacio-nales que se instalan en el país (Pozos, 2000). Con respecto a México, la reestructuración económica y estatal durante los años ochenta y noventa del siglo pasado produjeron cambios en la intervención es-tatal, que fue puesta al servicio de la restauración del poder patronal, al desmantelamiento de los contratos colectivos más importantes del país y al debilitamiento de los sindicatos (De la Garza, 1992).

Ante estos tiempos, los mercados de trabajo se formaron como respuesta para una mejor protección contra el despido arbitra-rio y una extensión de los derechos de negociación colectiva sobre las decisiones de la empresa, que pudieran tener un efecto desfavorable sobre el empleo (Marsden, 1994:25). La primera versión de la teoría de los Mercados Internos de Trabajo (MIT) presentada por los autores Doeringer y Piore (1971), descansa en el concepto del capital humano específico.1

Estos autores definen a los MIT:

“como una unidad administrativa, como una planta industrial, den-tro la cual el precio (salario) y la asignación del trabajo, se rigen por un conjunto de normas y procedimientos administrativos” (Doerin-ger y Piore, 1984:43).

Según estos autores, las empresas crean MIT, si con ello redu-cen sus costos, y estos costos se ven reducidos, cuando el capital hu-mano utilizado en el proceso productivo es específico a la empresa, evitando así los costos de la rotación laboral.

“El desarrollo de mercados internos puede disminuir las presiones competitivas de los mercados de trabajo sobre empleadores y asalaria-dos, a causa del coste más altos de los despidos y salidas voluntarias” (Marsden, 1994:189).

En ese sentido, los MIT se pueden entender como las prácti-cas de empleo que forman un conjunto de normas y procedimientos laborales que se aplican no únicamente en la empresa2 como un todo, sino como plantea Osterman (1984) la unidad de análisis correcta no es siempre la planta completa, puede ser un área, oficio o taller.

Este autor resume su concepción en que el mercado interno de trabajo es un conjunto de normas y procedimientos burocráticos administrados. Estas normas que rigen los salarios y las condiciones laborales son fundamentales para entender el vínculo del mercado de trabajo con la precariedad laboral como una expresión de la des-igualdad salarial.

Al respecto señala Piketty:

“Con el fin de entender la dinámica de la desigualdad salarial, hay que introducir otros factores, tales como las instituciones y las nor-mas que rigen el funcionamiento del mercado de trabajo en cada so-ciedad” (Piketty, 2014:337).

Es decir, en la fijación de los salarios, rigen reglas impuestas por el mercado interno laboral. En ese orden de ideas,

“Se entiende al mercado de trabajo como un espacio social en que el comportamiento de los actores obedece a ciertas reglas. Según la teo-ría neoclásica, tales reglas son la optimización por las empresas y los trabajadores y las de la competencia” (Marsden, 1994:180).

Para Edwards (1983), en su referencia de los MIT, los señala como una estructura de reglas y control burocrático, con una super-visión sistemática e institucionalizada que incentiva la antigüedad y estabilidad de los trabajadores. A través del control que ejercen los empresarios y sus supervisores en las relaciones laborales con los trabajadores, ejercida a través de las normas y procedimientos admi-

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nistrativos, tienen un mayor poder para suspender o incentivar a los trabajadores.

Algunos autores que han estudiado los MIT coinciden en que las decisiones que se toman para la fijación de los precios y la asigna-ción de los puestos, se realizan siempre dentro de la misma empresa (Tohaira, 1983). Para otros autores, el mercado interno de mano de obra funciona en las industrias que tienen distintos tipos de empleos con jerarquías, desde una mano de obra no calificada hasta la mano de obra especializada y donde el trabajador goza de estabilidad y oportunidad para escalar en su ocupación (Reynolds, 1984).

Es decir, para escalar puestos se requiere de una capacitación específica a las necesidades de la empresa y normalmente se realiza al interior, con capacitación en el trabajo.

Con relación a la capacitación y entrenamiento Piketty señala lo siguiente:

“No importa lo que otras fuerzas pueden estar involucradas, parece claro que […] el estado del sistema de formación, por un lado, [y] el estado de la tecnología sobre la otra-juegan un papel crucial. Como mínimo, influyen en el poder relativo de los diferentes grupos socia-les” (Piketty, 2014:334).

Es decir, en estas empresas los empleadores reconocen la for-mación y capacitación de los trabajadores como factores importan-tes para atender la demanda tecnológica de la industria y, al mismo tiempo, poder sobre los grupos de trabajadores.

Al respecto, Piketty señala lo siguiente:

“En concreto, las funciones y tareas particulares que una empresa necesita para llevar a cabo a menudo requieren que los trabajadores al realizar inversiones específicas en la empresa [...] los trabajadores po-drían necesitar aprender métodos específicos de trabajo, los métodos de organización, o las habilidades vinculadas al proceso de produc-ción de la empresa” (Piketty, 2014:341).

Esta especialización de los trabajadores en la demanda de la tecnología de la industria, les permite competir por el puesto de tra-bajo ante las normas que impone el empleador. Sin embargo, es im-portante el resultado de las negociaciones formales entre los grupos organizados de trabajadores (sindicatos) y las empresas, ya que las buenas relaciones laborales facilitan el desarrollo de los mercados de trabajo. Por lo tanto, revisaremos la relación de la teoría de los mer-cados internos de trabajo y el papel de los grupos organizados para influir en los ingresos del trabajo.

EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES Y SU INFLUENCIA EN LOS INGRESOS LABORALES

Una institución relevante en el funcionamiento de los Mer-cados Internos de Trabajo (MIT), sin duda, son los sindicatos que re-presentan los intereses salariales y las condiciones laborales de los trabajadores. Estas agrupaciones, de acuerdo con la teoría de los MIT, participan en el diseño de las normas que rigen la asignación de los puestos de trabajo y en la fijación de la estructura salarial, los cuales se formalizan entre la empresa y la agrupación de trabajadores, me-diante los convenios colectivos.

“Los contratos sindicales contienen a menudo reglas complejas que determinan que empleados tendrán derecho a solicitar una vacante interna y todos los requisitos en la selección de los aspirantes” (Rey-nolds, 1984:123).

Sin estas negociaciones formales, los trabajadores no inverti-rían mayor esfuerzo si no tienen la cantidad salarial que recibirán por su trabajo. Con respecto a los salarios, éstos se pueden fijar de forma unilateral y cambiar en cualquier momento por la empresa, de modo que los trabajadores no saben de antemano cuánto les van a pagar. Entonces, es muy probable que no van a invertir tanto su esfuerzo en la empresa como deberían (Piketty, 2014). En este caso, los empre-sarios con mayor poder de negociación han convencido a los líderes sindicales que, para mejorar los salarios, antes los trabajadores deben demostrar una mayor productividad marginal y saber trabajar con la empresa.

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Al respecto, comenta el representante sindical:

“Don Gilberto nos hablaba de que la base principal de la relación entre los trabajadores y la empresa debe de ser la confianza, o sea ten-gamos confianza que si nosotros decimos que vamos a laborar, vamos a desquitar las ocho horas donde el trabajador puede ser proactivo, tener la visión de reportarle al supervisor que algo va a pasar [….] y bueno cada una de las empresas parte de la visión de que la compe-tencia está afuera, no son para el trabajador ni la empresa y para la empresa no es el trabajador el enemigo a vencer sino los competido-res” (ENT-RS-04).

Entonces, las bases y el desarrollo del MIT dependerá de los intereses de los empresarios y de las agrupaciones de trabajadores, aunque estos actores, con menor poder de decisión en la conforma-ción de las bases estructurales del MIT.

Como lo señala Pikkety al respecto de los empresarios y su poder de decisión dentro del mercado de trabajo:

“Si un pequeño grupo de empresarios ocupa una posición de mono-polio en un mercado local de trabajo […] probablemente tratará de explotar su ventaja mediante la reducción de los salarios tanto como sea posible, posiblemente incluso por debajo de la productividad mar-ginal de los trabajadores” (Piketty, 2014:342).

En este caso, el grupo de empleadores agrupados en un cor-porativo empresarial mantienen el control de la oferta y demanda de la fuerza de trabajo, con el apoyo del sindicato nacional de la química y petroquímica. Esta institución sindical es representada desde 1984 por el Sr. Gilberto Muñoz Esqueda, líder del Comité Ejecutivo Nacio-nal, quien es el único que decide y firma los contratos colectivos. El representante sindical señala lo siguiente con respecto a las negocia-ciones

“en cada una de las secciones […] somos 25 secciones, hay 25 plantas aquí en el corredor industrial, cada uno tiene un secretario general o un representante del sindicato de cada empresa, sí, y nos dividimos en secciones, pero el que firma los contratos y el único que puede firmar

contratos con la empresa es don Gilberto Muñoz Esqueda y nosotros somos representantes nada más, para ver que el contrato se respete, se lleve a cabo y todo, pero el único que puede firmar es don Gilberto” (ENT-RS-5).

Aun así, estas agrupaciones de trabajadores en ocasiones pro-porcionan una vía organizada para cambiar las prácticas consuetu-dinarias que se han vuelto ineficaces y a reducir los conflictos que afectan la eficiencia económica. Con respecto a las industrias petro-químicas de Altamira, según estudios, encontraron una participación relativa del sindicato en los procesos de capacitación y promoción, y un clima laboral estable de trabajo. Sin embargo, las relaciones con-tractuales de los empleadores con el sindicato se han caracterizado por ser negociaciones complicadas, en las que el sindicato, a partir de 1995, ha cedido a muchas de sus conquistas sindicales, con el propó-sito de que las empresas se mantengan competitivas (Ochoa, 2005).

En algunos casos, los sindicatos no tan bien organizados han permitido que las grandes empresas tengan poco interés en los mer-cados internos estructurados. Como lo señalan algunos autores:

“En algunas industrias dominadas por grandes sociedades anónimas, los sindicatos industriales nunca han conseguido organizarse sobre una base sólida. En esos casos, las grandes empresas tienen menos incentivos para transformar la estructura del mercado interno de tra-bajo” (Gordon, Edwards, Reich, 1986:256).

En el apartado siguiente estudiamos los instrumentos que aplican en los mercados internos de trabajo de los grandes corporati-vos trasnacionales de la petroquímica en México.

LA SUBCONTRATACIÓN COMO INSTRUMENTO DE PRECARIEDAD LABORAL

México, en estos primeros años del siglo XXI, ha logrado hacer crecer la economía de algunos sectores de la economía; los grandes corporativos trasnacionales continúan incrementando su presencia en los mercados internacionales, logrando acumular ma-

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yores ganancias de capital. Las crisis económicas han provocado en las industrias un cambio en las relaciones del capital-trabajo, es decir, aparecen nuevas formas de organización del trabajo y la producción, las cuales están dejando en manos de terceros las actividades de ope-ración y administración. A través de la terciarización se subcontratan labores de producción y de control de la industria.

Como lo explican Márquez y Delgado (20111), las grandes corpo-raciones trasnacionales han impulsado estrategias que han desarticulado los mercados internos de trabajo, con el establecimiento de cadenas de subcon-tratación y comercio intra-firma y, además, abastecedora de mano de obra barata (Márquez y Delgado, 2011).

Por otro lado, existen las nuevas formas de trabajo (NFOT), las cuales rompen con los principios predominantes en el tayloris-mo, mediante la flexibilización de la división del trabajo y las rígidas funciones de los puestos de trabajo. Lo anterior implica la movilidad interna de los trabajadores vía la polivalencia y las multitareas. Es entonces que los equipos de trabajo evitan el aislamiento de las fun-ciones de producción, mantenimiento, supervisión y trabajo directo, incluyendo a los trabajadores de producción y otros niveles de au-toridad. Además, las reglas son menos rígidas y detallistas, dejando oportunidades para las iniciativas personales o del equipo de trabajo. Para algunos estudiosos, los principales cambios en la formas de or-ganizar el trabajo es el ajuste flexible de la cantidad de la fuerza de trabajo, según las necesidades de la producción y mercado.

Esta dimensión puede tomar las formas de reajuste del per-sonal de base, el empleo de eventuales, el empleo de subcontratis-tas y el empleo de personal de confianza (De la Garza, 1998). Así, el empleo de eventuales y subcontratistas es una modalidad que cada vez aumenta más en las grandes empresas, con la cual se pretenden disminuir los cargos sociales de los trabajadores directos.

Al respecto comenta el representante sindical:

”…en realidad, lo que nosotros creemos del outsourcing es que las mismas empresas son dueños del outsourcing, porque no hay, no hay competencia, no es alguien externo, es alguien del mismo consorcio

del mismo dueño, entonces en realidad es nada más si nosotros quere-mos, que es para evadir algo no, pero ellos lo están haciendo legalmen-te, o sea, ellos están dentro de la ley...” (ENT-RS-5).

En ese sentido es como las nuevas formas de organización y la desregulación de las leyes laborales han transformado las relacio-nes laborales de la empresa (Cano, 1992).

Fina distingue cuatro dimensiones: la inseguridad sobre la continuidad de la relación laboral, la degradación y vulnerabilidad de la situación de trabajo, la incertidumbre e insuficiencia de los in-gresos salariales y las reducciones de las prestaciones sociales (Fina, 1998).

Con relación al proceso precarizador3 mexicano, se considera que se caracteriza por una presión sobre las condiciones del conjunto de trabajadores, al existir una fuerte reducción de las regulaciones es-tatales que daban la protección legal de la estabilidad de los emplea-dos fijos y por un mayor decremento de puestos de trabajos estables, sustituidos por empleos temporales y eventuales. Las empresas se han visto en la necesidad, por la disminución de la demanda de sus productos y el incremento de la competencia internacional, a dismi-nuir sus costos directos, a través del recorte de trabajadores de planta reemplazando a éstos, la mayor de las veces a través de los trabajado-res de empresas subcontratistas o de trabajadores eventuales.

Otros autores señalan que:

“la subcontratación o también conocido como outsourcing ha sido un instrumento para que las empresas contraten personal para desarro-llar tareas dentro de ellas, las cuales pueden estar vinculadas directa o indirectamente con la producción” (La Razón, Pérez, 2015).

Pero la precarización laboral no sólo se manifiesta en el ries-go de perder el empleo, sino también en el posible deterioro de los salarios, las condiciones de trabajo y la reducción de las prestaciones sociales. Es decir, la subcontratación tiene por finalidad evitarle a las empresas las responsabilidades contractuales y de seguridad social con los trabajadores. Además, esto tiene una significación puramente

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económica: se trata de transferir a terceros la gestión de los trabajado-res, todo lo cual constituye, en el fondo, una disminución del valor de los salarios directos e indirectos y todo el valor de la administración de los trabajadores.

Cuando se le preguntó al representante sindical cuántas in-dustrias trabajan con la subcontratación, contestó lo siguiente:

“Si en realidad ahorita en la industria [petroquímica de Altamira] creo que todos, ya somos subcontratados, todos somos outsourcing, no estamos de acuerdo porque, están de alguna manera legalmen-te evadiendo la utilidad, a nadie le dan utilidades ya, porque somos outsourcing” (ENT-RS-6).

Esta modalidad de contratación como fenómeno laboral y social incide en la precariedad que consiste en un aumento de la vul-nerabilidad de los trabajadores, como consecuencia de las relaciones que definen la continuidad y el control de su trayectoria laboral. Es decir, se manifiesta una mayor presencia de inseguridad, dependen-cia y vulnerabilidad del trabajador, tanto en la estabilidad del em-pleo, como en la calidad de las condiciones laborales.

En ese sentido, otros autores entienden a la precariedad como la reducción de la capacidad y autonomía de los trabajadores para planificar y controlar su vida profesional y social, a la vez que comporta una asimetría de las relaciones de poder entre capital y tra-bajo, que define la ruta de la relación laboral (Fina, 1998).

Una de las estrategias de operación de las unidades econó-micas es desarticular los mercados internos de trabajo, bajo nuevas formas de organización del trabajo, que aunque garantiza la renta-bilidad de la industria, es desafortunadamente a costa del deterioro de los ingresos de los trabajadores asalariados. Ante estas reflexiones analizamos a las industrias petroquímicas a partir de los resultados de los censos económicos del INEGI desde los años noventa hasta 2014, fundamentadas a partir de las consideraciones teóricas y empí-ricas anteriormente presentadas.

LAS DOS CARAS DE LA MONEDA EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA

Las industrias petroquímicas se construyen como un mer-cado primario, conformado por una estructura organizacional, con sistemas de promoción, normas para el ascenso interno, calificaciones y categorías, con formación en aula y en campo. Además, se les ga-rantiza a los trabajadores con experiencia que si forman a los apren-dices, no existe la amenaza para la seguridad del empleo y de sus ganancias. A partir de 1995 las nuevas formas de organizar el trabajo y las coyunturas laborales, obligaron a las empresas a adelgazar la nómina de los trabajadores, reduciendo su número y subcontratando a terceras empresas los trabajadores, tanto de administración, como de producción.

Los empresarios, con las nuevas formas de organización, en-frentaron la crisis de productividad y la globalización de la economía e indujeron a muchas empresas a introducir nuevos esquemas orga-nizativos. Se pretendía ganar competitividad y productividad.

En este apartado se presentan los resultados del análisis del desempeño de la industria química, los mercados internos de trabajo y las nuevas formas de organización, a través de un análisis de los datos de los censos económicos de diferentes periodos del personal ocupado total de la industria química, el personal que trabaja en la empresa, pero que no pertenece a la empresa que produce.

Se encontró que en los últimos años del siglo XX los resulta-dos no fueron satisfactorios para Altamira. Sin embargo, después de 2004 se intensificaron los cambios en reglas de organización y cam-biaron los contratos colectivos para bien de las ganancias del capital de las trasnacionales. Es decir, los inversionistas del sector petroquí-mico exportador, a través de cambios en las formas de organización del trabajo y organización de la producción, han logrado maximizar la rentabilidad del capital. Sin embargo, como lo veremos más ade-lante, han reducido los ingresos de los salarios y disminuido la plan-tilla laboral, provocando estas situaciones en un clima de precariedad laboral para los trabajadores.

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Cuadro 3. Análisis del desempeño de la Industria Química.Industria Química1999-2004 2004-2009

Nac

iona

l

Tam

aulip

as

Alta

mir

a

Nac

iona

l

Tam

aulip

as

Alta

mir

a

VACB real 1014.6 1117.0 878.5 -84.4 -71.8 -76.6FBCF real 7.9 229.1 221.0 -32.2 -52.8 -52.1GCBYS 13.9 30.5 75.9 48.7 21.2 113.3ISBYS 12.1 220.7 50.8 52.7 38.0 121.6Diferencia GCBYS y ISBYS 7.5 6.1 -10.8 63.6 200.1 161.5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014.

VACB: Valor Agregado Censal Bruto FBCF: Formación Básica de Capital Físico

GCBYS: Gastos en Consumo de Bienes y Servicios ISBYS: Ingresos por el Suministro de Bienes y Servicios

A continuación analizamos los censos económicos del perso-nal ocupado total de la industria química, en cuatro periodos y sus tasas de crecimiento.

El Cuadro 4 presenta, del personal ocupado total de la indus-tria química, tres escenarios en diferentes tiempos, los cuales están sujetos al control y dirección de las unidades económicas del país. La evidencia demuestra que a partir del año 1994 se iniciaron en las plantas la subcontratación a terceros especializados todas las opera-ciones directas e indirectas de la empresa. Resalta de Altamira que en el periodo de 1999-2004 su tasa era de 44.5% y para el periodo 2009-2014 es de -27.1%.

En el Cuadro 5 se muestra la industria química de México, que ocupa personal en las tasas de crecimiento del personal ocupa-

do que no depende de la unidad económica en donde trabaja. Un cambio organizacional importante que realizó la mayoría de las in-dustrias petroquímicas fue separar a los trabajadores de estos dos niveles legalmente de la empresa, los agruparon y los contrataron en otra razón social, del mismo corporativo. A esta nueva empresa se subcontrató el mismo personal, con el propósito de que realizaran las funciones de la dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de la organización y producción. Además, la actual desregulación del marco normativo del estado, ha dejado a la empresa el poder de las decisiones de las prácticas de empleo y, por consiguiente, desprote-giendo al trabajador.

Cuadro 4. Personal Ocupado Total (POT) de la Industria Química.Industria Química

Personal Ocupado Total (POT) Tasa de crecimiento (%)

1999 2004 2009 2014* 1999-2004

2004-2009

2009-2014

Nacional 207 829 203 274 233 208 248 555 -2.2 14.7 6.6Tamaulipas 4580 6006 7055 6395 31.1 17.5 -9.4Altamira 2629 3800 4532 3305 44.5 19.3 -27.1


Cuadro 5. Personal ocupado no dependiente de la razón social (outsourcing).

Industria QuímicaPersonal ocupado no dependiente

de la razón social (outsourcing)Tasa de crecimiento

(%)1999 2004 2009 2014* 1999-

20042004-2009

2009-2014

Nacional 27 680 27 641 56 933 64 556 -0.1 106.0 13.4Tamaulipas 988 1722 2863 4071 74.3 66.3 42.2Altamira 648 1613 2756 3224 148.9 70.9 17.0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014. * Datos preliminares.

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Cuadro 6. Proporción de personal contratado por outsourcing con respecto al POT.

Industria QuímicaPersonal ocupado no de-

pendiente de la razón social (outsourcing) (%)

Tasa de crecimiento (%)

1999 2004 2009 2014* 1999-2004

2004-2009

2009-2014

Nacional 13.3 13.6 24.4 26.0 2.1 79.5 6.4Tamaulipas 21.6 28.7 40.6 63.7 32.9 41.5 56.9Altamira 24.6 42.4 60.8 97.5 72.2 43.3 60.4


Con respecto al Cuadro 6, se observa que el outsourcing au-mentó gradualmente en todas las industrias, de 24.6% en 1999 a 97.5% ya para 2014. Las empresas petroquímicas, a partir de 1995, para evitar el reparto de utilidades, utilizaron como una nueva forma de trabajo la subcontratación (outsourcing) a una empresa filial del corporativo, contratando al mismo personal que requiere la produc-ción y comercialización de las plantas.

Al respecto el líder sindical señala:

“hablo de los patrones, [….] no porque si no somos outsourcing, tra-bajamos directamente con la empresa, si la empresa tiene utilidad, es la misma que nos van a repartir, como outsourcing no hay utilidad, no hay, somos prestadores de servicio y no genera, no genera produc-ción vamos, esa” (ENT-RS-07).

Se refiere que por laborar como prestadores de servicio no tienen derecho a recibir las utilidades de las ganancias recibidas en el año por la empresa que produce los productos.

En el Cuadro 7 se destacan los datos en las industrias petro-químicas en Altamira; en 2004, cuando la proporción del personal contratado por outsourcing llegó a 93.7%. Se aprecia que mantuvo el

mismo porcentaje en 2004 y 2009 y disminuyó a 79.2% en 2014, dato que no coincide con lo manifestado por el representante sindical, que actualmente el 100% es personal de outosourcing.

Cuadro 7. Proporción de personal contratado por outsourcing.Industria Química

1999 2004 2009 2014*Altamira respecto al nacional 2.3 5.8 4.8 5.0Altamira respecto al total de estado 65.6 93.7 96.3 79.2


Cuadro 8. Remuneraciones reales promedio de los trabajadores dependientes de la razón social, anual.

Industria Química 1999 2004 2009 Crecimiento

1999-2009Nacional 293 666.6 258 823.4 278 353.9 -5.2Tamaulipas 457 415.9 252 800.0 276 728.9 -39.5Altamira 565 781.3 328 436.6 291 314.5 -48.5

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos Económicos de 1999, 2004, 2009 y 2014.

Cuadro 9. Cociente de ingreso vs gastos por trabajador en la Industria Química.

Industria Química Unidades económicas Tasa de crecimiento

(%) 1999 2004 2009 2014* 1999-

20042004-2009

2009-2014

Nacional 1.39 1.37 1.40 1.33 -1.6 2.7 -5.3Tamaulipas 1.39 1.10 1.26 1.34 -20.9 13.8 7.0Altamira 1.41 1.21 1.25 1.20 -14.2 3.9 -4.0


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Sin duda, las remuneraciones reales del trabajador que labora dentro la razón social deben ser mayores que las de los trabajadores que prestan sus servicios en otra razón social, dato que no pudimos corroborar. Sin embargo, de 1999 a 2009 los resultados muestran el crecimiento negativo de -48.5% en la remuneración real de los traba-jadores en las industrias petroquímicas de Altamira.

CONCLUSIONESLas primeras grandes corporaciones multinacionales del

sector petroquímico, con el apoyo gubernamental, han creado cam-bios al interior de las organizaciones del trabajo y en la organización de la producción, con el principal propósito de mejorar la rentabili-dad del patrimonio del capital.

Esta modalidad de forma de organizar la producción y el tra-bajo es la más extendida en las industrias y se materializa a través de las subcontrataciones de la fuerza de trabajo. Se le ha denominado a este fenómeno como “terciarización”, es decir la contratación a través de terceros, o también denominada “subcontratos”, y se realiza a tra-vés de empresas o personas llamadas “contratistas”.

Al respecto, la experiencia de la industria de la petroquímica en Altamira inicia a fines del siglo XX, y toda la primera década, en las cadenas de subcontratación de todas las áreas que operan en las plantas, el recurso humano los transfirieron a empresas prestadoras de servicio.

Ello se ha traducido, de acuerdo con la evidencia en los úl-timos años, en una fuerte reducción de la cantidad en la plantilla la-boral y de una drástica caída de las remuneraciones promedio de los ingresos reales de los trabajadores que sí pertenecen a la empresa.

Entre uno de los principales efectos de las nuevas formas de organización, combinada con la menor protección gubernamental al trabajador, es que a partir de los años noventa se elevó de manera creciente la contratación de trabajadores eventuales y la subcontratación (outsourcing) de los servicios internos, tanto administrativos como del área de producción.

Es decir, las industrias funcionan con trabajadores que cuentan con el perfil educativo y con formación profesional, y atienden las demandas tecnológicas, con un sindicato conciliador. Pero estos asalariados no pertenecen a la razón social que produce, afectando los ingresos del trabajo.

Podemos concluir que en las tres primeras décadas de operación de las plantas petroquímicas, con el apoyo de las políticas públicas y favorecidas por el proteccionismo de la economía, la rentabilidad permitía generar altas utilidades, que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, debe repartirse entre los empleados. Sin embargo, con las nuevas relaciones laborales y sindicales, los trabajadores, con su trabajo en razones independientes de la razón social que produce, no tienen derecho a la prestación del reparto anual de utilidades.

Con relación a la tasa de crecimiento de la remuneración real por trabajador, se encuentra que en los años de crisis económicas de 1982 y 1994, los salarios reales, considerando la deflación anual, tienen las menores tasas de crecimiento.

Desafortunadamente esta situación pasa desapercibida para los representantes sindicales locales, puesto que el empresario mantiene todo el poder de negociación en las relaciones laborales, a costa del deterioro de los ingresos del salario del trabajo y las prestaciones laborales conquistadas por el sindicato, empujando día a día a una pulverización del salario, que desemboca en la precarización laboral como expresión de la desigualdad del ingreso del trabajo.

NOTAS1 La inversión del capital humano aumenta la productividad marginal

de las personas, Becker comenta “en formación la formación comple-tamente general aumenta la productividad marginal de las personas exactamente igual en las empresas que proporcionan la formación que en las demás empresas... [...] hay algunos tipos de formación que no aumentan la productividad... (cuando) la formación que aumenta la productividad más en las empresas que la proporcionan se llamará formación específica. La formación completamente especifica se puede

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definir como la formación que no produce en la productividad de los formados ninguno de los efectos que serían útiles en otras empresas” (Becker, 1983:49).

2 Algunos autores definen a la empresa “como las actividades sobre las cuales el capitalista disfruta de una hegemonía legal y las relacio-nes sociales de producción existentes en la empresa adoptan la forma específica de un sistema de control: las sanciones, los incentivos, la distribución de la responsabilidad y otros aparatos por medio de los cuales se ejerce el poder” (Edwards, 1983:396).

3 La polarización y precariedad laboral en México (1990 a 1998) se acentúo en la fuerza de trabajo mexicana, esta se manifiesta de di-versas maneras. En el nivel nacional la expansión del empleo en los establecimientos mayores no ha sido suficiente, a pesar de la apertu-ra y la expansión de las plantas maquiladoras. En el contexto ante-rior, un fenómeno que ha recibido mucha atención es la disminución mencionada del papel del Estado como empleador de mano de obra. Finalmente, resulta en extremo preocupante la creciente ausencia de prestaciones laborales y los bajos niveles de ingreso que recibe la ma-yor parte de los trabajadores mexicanos (Olivera y García, 2000).

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ENTREVISTASJaime Manrique de Lara. Ex Gerente de Recursos Humanos de

Polycd, ex Presidente de la Comisión de Recursos Hu-manos del AISTAC.

Julio Salvador Alfaro Flores, Secretario de la Sección 22 del Sin-dicato Petroquímico.

Roberto Fernando OCHOA GARCÍADoctor en Economía y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad de la Coruña, Es-paña en 2005. Premio Universitario por Tesis Doctoral de cali-dad 2006. Profesor PROMEP desde 2002 a la fecha. Desde 1994 imparte clases en la licenciatura de Economía y partir de 2009 en la maestría y doctorado de Administración Pública de la UAT. Integrante del Cuerpo Académico en Consolidación Es-tudios de Economía y Sociedad (UAT-CA-80) desde 2010 a la fecha. Líneas de investigación: políticas laborales y mercados de trabajo. Correo Elec.: [email protected]

Jorge Alberto PÉREZ CRUZDoctorado en Ciencias Económicas por la Universidad Au-tónoma de Baja California y Maestría en Economía por El Colegio de la Frontera Norte, A.C. México. En la actualidad es profesor-investigador de tiempo completo en la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico-Madero y profe-sor invitado en el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco. Miembro del SNI y Profesor con perfil Promep. Líneas de in-vestigación: geografía económica y localización industrial. Co-rreo Elec.: [email protected]



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El capital en el siglo XXI...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 133-159.

EL CAPITAL EN EL SIGLO XXI Y EL ESPÍRITU DEL POST-CAPITALISMO

Guillermo J. R. GARDUÑO VALERO Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México

Para concluir me parece importante insistir en que una de las grandes apuestas del futuro es la creación de nue-vas formas de propiedad y control democrático del capital. Thomas Piketty

RESUMENEl ensayo parte de una provocación surgida en el libro de Piketty

acerca de la posibilidad de generar nuevas formas de propiedad y de-mocratizar el capital. Para tal propósito comienzo con las condiciones en las que surgió el capital originario en Oriente y Occidente, asu-miendo las versiones de Marx, Weber y Sombart que dieron base a la producción capitalista bajo formas distintas de expansión.

A continuación desarrollo el vínculo histórico entre las cuatro variables conectadas al capital: organización, estrategia, energía y tecnología, y sus resultantes en distintas fases previas a la formación capitalista y su intervención en las distintas revoluciones industria-les que hoy arriban a la globalidad.

Palabras clave: postcapitalismo, ética, desigualdad.

CAPITAL IN THE TWENTY-FIRST CENTURY AND THE SPIRIT OF POST-CAPITALISM

ABSTRACTThe essay starts from a challenge suggested in Piketty´s book

about the possibility of generating new forms of property and de-mocratizing capital. For such purpose, I begin with the circumstan-ces that led to original capital rise in East and West, assuming the versions of Marx, Weber, and Sombart, that provided foundation to capitalism production under different forms of expansion.

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GARDUÑO VALERO , G.J.R. El capital en el siglo XXI...

Then, I describe the historic link between the four variables re-lated to capital: organization, strategy, energy, and technology, and its results in both phases prior to capitalism formation, and its in-tervention in the various industrial revolutions that emerge today in globalization.

Keywords: Post-capitalism, ethics, inequality.

ELOGIO DE MARX, WEBER Y SOMBART

Se me ha pedido un ensayo en torno al espléndido libro de Thomas Piketty1 en derredor de la desigualdad de la cual él hace una amplia exposición. Siempre he creído que a un autor de esta altura no se le critica, ni se le corrige, sino que se le lleva por el camino de proyectarlo más allá de su visión y conclusiones, no para que cambie su punto de vista, sino porque más que repetirlo, hay que desarrollar algunas de las ideas que se deprenden de su libro, pues el elogio dura un tiempo y la repetición de citas es una moda, y es tan sólo la forma de conducirlo hacia el olvido. Al tiempo de que no es posible abordar al capital sin una teoría crítica.

Fue en el siglo XIX cuando el capitalismo pudo consolidarse y avanzar hacia la nueva centuria. Ello requirió de actores sociales constituidos como clases, de condiciones materiales que dieran res-puesta a las necesidades y requerimientos de su tiempo; del derrum-be del antiguo régimen, y sobre todo de ideologías, bajo cuyo encan-tamiento se constituyeron los mitos del progreso; del nuevo orden social; de la ciencia social como promesa explicativa que nos llevaría a estadios superiores, pero que antes requería de la sangre, sudor y lágrimas de las grandes mayorías, y por qué no del holocausto pro-ducido en torno de las revoluciones democrático-burguesas y de los movimientos sociales capaces de arrasar el pasado e iniciar el rumbo a lo que se creía eran etapas superiores.

Cuatro soportes materiales fueron las piedras angulares que le dieron la sustentación y que presidían la revolución industrial:

• La tecnología, que era impulsada por la exigencia de nuevas formas de producción que contribuyeron a la

transformación radical de la relación hombre-naturaleza y que presidió las revoluciones industriales.

• La organización, que se perfilaba a partir del lugar que los sujetos ocupaban dentro de la producción y de la riqueza generada por la sociedad, lo que reclamaba de nuevas estructuras capaces de albergar a la nueva burocracia en el Estado racional, lo que generó una nueva división del trabajo.

• La energía, como elemento motriz que reemplazaba ventajosamente a la fuerza de trabajo humano y animal, mediante el impulso a las máquinas, transformando adicionalmente las ciudades bajo el crecimiento vertiginoso del espacio urbano.

• Como corolario de lo anterior, la estrategia que presidía e impulsaba estos cambios se transformó y generó el paso de lo militar al marco de la dirección civil, que presidía el poder del Estado de Derecho.

En este sentido, el capitalismo fue una resultante histórica que combinó la revolución industrial, la revolución política, impulsa-da por la lucha de clases que abrió paso a los cambios radicales sobre los que aún reposaba la vida social, y la nueva división del trabajo entre hombres y naciones, trayendo consigo una nueva forma de Estado y, por tanto, una dirección diferente de la sociedad.

De todo lo anterior dieron cuenta los economistas clásicos previos a Marx: el origen de la riqueza de las naciones, con Adam Smith; de la teoría del valor-trabajo con David Ricardo, y de los procesos de acumulación originaria del capital.

Ello, junto con la Revolución Francesa, que mostraría la existencia de clases sociales y la lucha entre ellas, impulsando el surgimiento del Estado Burgués, sinónimo de Estado Moderno; de los cambios que enmarcaron el origen de las nuevas naciones y su encuadre dentro de los nuevos parámetros. Pero fue sin duda Marx

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quien integró y desarrolló a partir de las categorías clásicas las nuevas aportaciones a la Teoría del Capital.

La tragedia de Karl fue que su contribución sólo fue comprendida a cabalidad hasta el siglo XX por Rosa de Luxemburgo dentro de la revolución alemana de 1919, donde el naciente poder soviético, con Lenin a la cabeza, aniquiló la nueva iniciativa crítica, por lo que Rosa escribió en esos días: “con la doctrina de Marx ha ocurrido lo mismo que con el pensamiento utópico de Fourier, sus discípulos se dedicaron más a repetirlo que a desarrollarlo”.2

En efecto, la teoría de Marx no es un denso número de volú-menes para encontrar citas, y en modo alguno fue una teoría termi-nada. Recordemos tan sólo que el último capítulo de El Capital quedó inconcluso y nadie quiso emprender la tarea de darle forma para en-contrar el sujeto revolucionario. Por ello la praxis del socialismo real fue tan solo la némesis de Marx.

En efecto, el capitalismo no es un acontecimiento histórico que se hubiera detenido, requería por tanto de otros enfoques que desde ángulos opuestos pudieran dar cuenta de un fenómeno singu-lar en el que nadie había reparado, y era –como afirmara hace algu-nos años el Dr. Luis Aguilar Villanueva– que “el capitalismo no pudo surgir sin ideología”. Este punto, junto con la forma de dominación racional burocrática fue bajo otros supuestos que Max Weber contri-buyó a la Teoría del Capital como objeto de análisis.

Recuperemos su contribución; si una obra ha sido tergiversa-da, desde los traductores hasta sus intérpretes, es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde la visión vulgar ha llegado a decir que la ética protestante produjo el capitalismo, por lo que la respuesta inmediata es: ¿cómo pudo surgir también en los países católicos? Por lo que la respuesta hay que encontrarla en el texto mismo.

En esta obra Weber parte de dos procesos históricos que es-tán en paralelo en el siglo XVI y que son: la ética calvinista como visión de salvación y los valores del capitalismo en ciernes, y cuya conjunción se produce en la coincidencia de principios valóricos de ambos procesos. La ética protestante calvinista parte del principio

absoluto de que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro; por tanto, Él y solo Él puede saber de antemano quién ha de salvarse, por haberlos elegido y, por tanto, conocer de antemano quién está predestinado a la condenación eterna, pues la Reforma protestante eliminó el Purgatorio.

De ahí que la visión del creyente a la pregunta: ¿aceptarías la condenación eterna si esa es la voluntad de Dios? Y el creyente deberá afirmar sin ningún dejo de duda: “La acepto”. Respondida la primera pregunta, hay que recordarle al creyente que la vida humana no es para los placeres mundanos, sino para cumplir con la voluntad divina, pues al correr a Adán del paraíso terrenal Dios le dio como único destino el trabajo, para cumplir la maldición de “ganarás el pan con el sudor de tu frente” (Génesis, 3, 19). Por ello el calvinista debe llevar una vida austera y de trabajo teniendo, al igual que Jehová, el día de descanso para la oración.3

Sin embargo, el trabajo producía utilidades; las cuales recla-maban de la reinversión para lograr abrir más fuentes de trabajo para que otros creyentes se salvaran. Pero para evitar que ellos cayeran en la ambición del dinero, había que pagarles bajos salarios. Bajo estas premisas, los valores del capitalismo naciente coincidían en esa vía de acumulación, pues la concepción calvinista les venía como ani-llo al dedo. Sin embargo, el capitalismo con el tiempo irá adoptando otros valores, por lo que deviene en laico, y el calvinismo original fue modificado en cuanto a la posibilidad de detentar riquezas.

Como consecuencia de esa particularidad histórica, Weber no iría más lejos, pero podría admitir la posibilidad real de que para Es-paña su base de riqueza estuvo dada por la conquista y explotación de sus nuevos espacios en ultramar, mientras que Inglaterra y Holan-da no pudieron capitalizarse sin la piratería a costa de los hispanos.

Con ello Weber complejiza la explicación en torno al capita-lismo y su desarrollo, no pudiendo quedar ningún fenómeno social reducido a la simple repetición discursiva de las etapas prefijadas.

Dentro de otra línea de pensamiento, Werner Sombart escri-bió en 1913 una obra de particular importancia en el que escribe la

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historia del personaje típico del capitalismo: el burgués.4 Parte del espíritu de la vida económica y destaca la mentalidad económica pre-capitalista, condición indispensable para comprender el surgimiento de esta figura junto con el espíritu de la empresa, que irá rompiendo los moldes de la sociedad anterior.

En ella surgen los gérmenes de la formación capitalista, por lo que el burgués no está constituido de antemano, sino que sus ras-gos se van perfilando en las finanzas, en el comercio de armas, en la alquimia, la satrapía y el robo y las formas diversas de especulación, hasta introducirse en el terreno de la producción, de la invención de nuevos procesos de trabajo y en la innovación de nuevas formas es-peculativas introducidas al comercio.

Al mismo tiempo, Sombart atiende al ámbito de la cultura como sello distintivo de los prototipos de burguesía, ejemplifican-do con los casos de Florencia, las comunidades judías, los escoceses, como factores de concentración y avaricia, o bien con estructuras como los gremios de artesanos, e incluso con los corsarios como los sátrapas, pues todos ellos aprendieron el uso del trabajo vivo, el lu-cro, la reinversión y el empoderamiento como formas de acumula-ción del capital. En síntesis, el capitalismo no tuvo uno, sino diversos caminos para su formación, pues siguiendo a Marx, “el capitalismo fue un producto de múltiples determinaciones”.5

Por lo que no podemos menos que iniciar con un elogio a es-tos tres hombres que se abrieron paso al conocimiento de un mismo objeto: el capitalismo, bajo enfoques del todo diferentes.

Pero abramos también el espacio de cómo se llegó al capi-talismo en Oriente, en particular en Japón. Todo se inicia en la se-gunda mitad del siglo XIX, cuando el entonces emperador del Japón (Tennóo) decide introducir en el ramo textil la maquinaria occidental para crear el modelo de producción industrial. En efecto, esto se logra implantar, pero no como trasplante de la cultura occidental, sino que se crea la figura del Zaibatzu como el elemento capaz de controlar a núcleos de familias que estaban bajo servidumbre a su servicio y, por tanto, se incluirán en el claustro fabril a estos hombres, mujeres y niños de todas las edades.

El modelo crece y es exitoso por la expansión japonesa a la tierra firme de Asia y, como consecuencia de lo anterior, el capitalis-mo no surge con la mano de obra asalariada y menos aún con estruc-turas que posibiliten la formación de un proletariado o de una clase burguesa tipo europeo, pues el Zaibatzu, a su vez, es tan sólo uno de los cuatro ejes en que se sustenta la estructura social. Se complementa por el Tennóo, representante del poder político y autoridad despótica máxima; el Ejército, símbolo de la integridad del archipiélago al que con-sideraban sagrado, por no haber sido jamás invadido por los extranjeros, y al cual se destinaba una parte muy importante del producto, porque en ellos radicaba la expansión en forma de círculos concéntricos, que aspiraba a constituirse en un poder mundial.

No de menor importancia estaba la unidad ideológica de la creencia, que se depositaba en la religión sintoísta, y que cerra-ba la estrategia, trayendo consigo la unidad de mando –depositada en el emperador– y la unidad de propósito –donde potenciados por la ideología religiosa, el trabajo del conjunto social y la expansión militar– creaban un Estado fuerte, que se encargaba de ejercer la dis-tribución de bienes y privilegios de manera asimétrica y, por tanto, desigual, lo que establecería una nueva vía de acumulación.6

Con esta estructura Japón entró al siglo XX y floreció como nunca en su historia, pero el proceso fue interrumpido en 1945, cuan-do en agosto dos bombas atómicas obligarían a su primera rendición incondicional, lo que obligó a pactar lo inconcebible. Japón quedaba obligado a retirarse de todas sus conquistas, lo que representaba tam-bién la ruina de sus mercados en tierras de ocupación; el emperador fue obligado a decirle a su pueblo que no tenía nada de sagrado, sino que era un hombre común, y al perder su honor, el poder pasó al parlamento que se constituyó.

Los Zaibatzu fueron obligados a perder la propiedad, por lo que ésta se diluyó en sociedades por acciones, lo que abrió paso al mercado de valores; pero muchos Zaibatzu lograron pasar de propie-tarios a elementos encargados del control a través del Management, lo que llevó también a liberar a la servidumbre y a quebrar la unidad de las familias extensas. Por lo que hombres y mujeres se incorporaron bajo formas contractuales al mercado de trabajo y el ejército fue di-

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suelto, con lo cual la enorme carga que representaba se eliminó y se abrió paso a la modernidad, que aunque no fue la intención original de los aliados, terminó siendo el factor que removió toda la tradición que impedía el ascenso pleno del capitalismo.

Bajo otras condiciones, en China, como antes fue en la Unión Soviética, la ética marxista fue el detonante del espíritu del capita-lismo y el sudeste asiático, con China y la India, se abrieron más rápidamente al mundo de las ingenierías y de los nuevos procesos de trabajo. Con ello se implantó la productividad, los procesos de calidad total y las nuevas formas de mercadeo, que sin duda fueron el parteaguas, junto con los mecanismos para entretejer economías, diluyendo su carácter nacional, lo que permitió, con el tiempo, abrir paso a la globalidad.

De esta forma, reconocemos que el capitalismo se forjó por diferentes caminos, y también que su interpretación no puede ser unilateral o bajo una perspectiva cerrada, sin llegar jamás al eclecti-cismo. Por ello, reconocer los esfuerzos y la obra de estos autores tan divergentes en enfoque, nos alimenta en el largo camino que aún hay que recorrer, pues el capital es una categoría histórica en constante proceso de transformación. No puede ser encerrado en una simple fórmula, sino que se debe reconocer que el camino que separa el ca-pitalismo originario y el post-capitalismo actual, obliga a encontrar las bases de los valores en que hoy se produce esta nueva etapa del capital.

LA FORMACIÓN DEL CAPITAL EN EL DESENVOLVIMIENTO DE SUS VARIABLES BÁSICAS

Consideremos que bajo diferentes formas y estructuras his-tóricas las variables de estrategia, organización, tecnología y ener-gía, en sus diferentes interrelaciones y en cada época histórica han representado instrumentos indispensables para el ejercicio del poder, y bajo cuyas peculiaridades propias de sus aparatos culturales han mostrado una gran correspondencia, que al romperse abren paso a la generación de nuevas necesidades humanas y, por tanto, a una etapa histórica distinta. Al entrar en transición, cada una de estas variables

puede desarrollar una dinámica propia, lo que constantemente pro-duce desequilibrios y reclama nuevas formas de estabilización, modi-ficando la naturaleza del fenómeno. No pretendo con esto decir que dicho desenvolvimiento de estos cuatro componentes sean el progre-so ascendente, pues la historia no muestra un claro de adelanto o retroceso, sino un trascurrir de acontecimientos no repetibles, por ser únicos.

Comencemos por las etapas más remotas, cuando la huma-nidad durante siglos identificaba a la energía como su fuerza de tra-bajo, las herramientas para desempeñarse y la tracción animal; junto al desarrollo de estas formas de energía, las vinculó a la tecnología, y unidas, fueron el instrumento clave de las llamadas fuerzas pro-ductivas. Desde el artesanado, el secreto del oficio y las herramientas se constituyeron en el basamento que posibilitó la existencia, desde tiempos inmemoriales, de los gremios artesanales, que preservaron para sí estos saberes.

Ello permitió que, al constituirse estos gremios, dieran vida a su organización y se constituyeran en sociedades secretas, en las cuales, con variantes propias del oficio, se organizaban en grados que correspondían al nivel de conocimiento, destreza y creatividad: aprendices, oficiales y maestros, en forma piramidal.

Nos queda ahora vincular la relación entre energía, tecnolo-gía y organización con la estrategia capaz de darle direccionalidad y sentido a las acciones. Para el caso del artesanado, el factor que le permitió su autonomía relativa se fundó en el secreto del oficio y en la organización gremial, que actuaron como un freno al poder de la nobleza y del clero, lo que posibilitó la fundación de burgos o ciuda-des de hombres libres.

No fue así el caso del campesinado, que era mayoritario, pero al no ser dueño de la tierra, sino que ésta era detentada por los esta-mentos de la nobleza y del clero, no tuvo más remedio que mantener-se en condiciones de servidumbre. Finalmente, el paso de la sociedad estamental a la de clases hizo posible la constitución de la burguesía, como clase para sí, generando cada uno de estos actores formas dis-tintas de organización de la base productiva.

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Con lo anterior no estamos diciendo que el fin de la sociedad tradicional se diera en forma simultánea en todos los espacios. Por el contrario, fue Inglaterra la primera que liberó el comercio de los mo-nopolios reales con la revolución de Cromwell durante el siglo XVII, lo que permitió la injerencia del parlamento en asuntos que antes co-rrespondían a la nobleza, y en el siglo XVIII surgió la maquinaria industrial que incorporó a los llamados obreros de oficio.

Pero este proceso tuvo escenarios diferentes en el caso de Francia, quien hasta la era napoleónica dio inicio a la industrializa-ción, cuando los productos de Francia acompañaban las conquistas militares de Bonaparte. Prusia sólo pudo asumir este rol después de 1830, cuando ya habían pasado la era napoleónica y la restauración. Japón, por el contrario, sería hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando la actual dinastía importó la maquinaria de Occidente, lo que no trajo consigo la liberación de la mano de obra sino, por el contra-rio, creó la figura del Zaibatzu, que se encargó de organizar el trabajo, no a partir de obreros, sino de familias que estaban bajo su custodia en calidad de servidumbre.

En todo este periodo la estrategia estuvo definida por las figuras que estaban al frente del Estado y, en lo particular, por los ministros encargados de las finanzas públicas y de los cancilleres. Y por qué no de los militares que expandieron los imperios, pues todos ellos fueron quienes construyeron un mundo en el que las naciones emergentes serían los proveedores de materias primas, mientras que ellos se constituyeron en las naciones encargadas de la industrializa-ción de sus economías.

No menos importante fue la introducción de tecnologías aplicadas a la producción industrial, y vinculadas a la energía del vapor. Podemos destacar el papel que sin duda desempeñaron hom-bres como Tomás Alva Edison, cuyos inventos dominaron el siglo XX y Henry Ford, que no sólo inventó el motor a explosión sino que introdujo la producción en serie y las mejoras salariales, con lo que revolucionó el mercado.

Corresponde a Nicolás Tesla el ser –a más de un siglo–, quien contribuyó con los procesos inalámbricos, que sin duda dominarán

esta nueva centuria. Ellos, y otros más, dieron la pauta para intro-ducir la innovación y quebrar en su base el modelo tecnológico que hasta entonces se tenía como paradigma, y abrieron la producción en masa, factor que hizo posible la primera y la segunda guerras mun-diales, pues al igual que la producción crecía de manera exponencial en procesos seriados. La matanza generada en ambos conflictos ad-quirió los mismos matices por involucrar a millones de personas, de-vastar todo rasgo de vida a su paso e impulsar las tecnologías como nunca antes se había dado en la historia humana.

Estos ejemplos nos muestran las diferencias y tiempos distin-tos en los cuales se incubó el capital en un sentido moderno, lo que nos ilustra la transición de las condiciones en las que se produjo –por vías y tiempos distintos– la primera revolución industrial, que co-menzó a utilizar el vapor y modificó las pautas de trabajo tradicional como forma de energía alternativa a la fuerza humana y a la tracción animal, vigentes por siglos.

A lo anterior, a finales del siglo XIX, sucedió la electricidad, coincidiendo con los hidrocarburos, lo que reclamó una rápida adap-tación mediante la generación de nuevas necesidades. Por lo que fueron las revoluciones industriales las que transformaron la pro-ducción y generaron la clase obrera encuadrada dentro de la fábri-ca, en un proceso necesario de acoplamiento de la relación hombre-maquinaria. Con esto hubo un desplazamiento del artesanado y una preeminencia de la organización industrial, lo que trajo aparejada la existencia de una burocracia –con su correspondiente aparato admi-nistrativo y de nuevas formas de organización del trabajo– como fue en su tiempo el taylorismo.

Queda también reconocer el papel de las elites que, en el si-glo XX, representaron los dueños de los grandes capitales, personas decisivas para abrir paso a los nuevos intereses, muchos prevalentes hasta nuestros días. Hombres como Krupp, en la siderurgia alema-na; Rockefeller, con sus empresas ferroviarias y petroleras; los Astor, como dueños de grandes extensiones urbanas en las grandes ciuda-des de Norteamérica; Carnegie, en la siderurgia que modificó la faz de Estados Unidos con el acero; Henry Ford, con su empresa auto-motriz, desde donde diseñó el modelo T, o el que abrió las bases de la

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nueva contratación por hora, el que restringía la vida del trabajador a la fábrica, la familia y el deporte, por lo que impulsó la famosa ley de la prohibición. Estas figuras, como tantas otras, se constituyeron en sus tiempos como la base de la concentración de la riqueza y fueron, al mismo tiempo, símbolo de expansión del capital en el mundo.

Hoy, en el siglo XXI, estamos en presencia de un desplaza-miento de las antiguas formas de energía y el concepto se dinami-za con las energías alternas que van más allá de los hidrocarburos y otras formas de energía convencionales. Lo que representa no sólo una revolución en los sistemas de trasmisión de energía, sino una ampliación de las fuentes generadoras, teniendo como referencia a la ecología, que es una gran preocupación de nuestro tiempo.

De hecho, la inminencia del efecto invernadero y la extrema concentración de dióxido de carbono, ozono y otras sustancias tóxi-cas en un mundo predominantemente urbano, colocan este modelo de desarrollo como una propuesta limitada y limitante, pues es impo-sible pensar en un mundo que de modo indefinido pueda proveerse de las formas tradicionales de energía, lo que lo vuelve insustentable, y replantea la exigencia de renovación plena del modelo tecnológico que sirvió de base al siglo anterior.

Recordemos tan sólo que los superconductores serían los grandes trasmisores de energía y que las capacidades de las propues-tas tecnológicas actuales tendrían que ser desplazadas del mercado, como pronto lo serán los televisores y los electrodomésticos, entre otras cosas de uso cotidiano.

La tecnología marcha en líneas definidas siguiendo los linea-mientos de los fondos corporativos de investigación y desarrollo den-tro de los que destacan: genética, salud, telecomunicaciones, fuentes alternas de energía, superconductores, informática y sociedades de la información, biotecnología, ecología, tratamiento de aguas, reciclaje de desperdicios, ingeniería de alimentos, nuevos materiales, explora-ción espacial, industria automotriz. Propuestas e ingenierías organi-zacionales, entre otras, donde todas ellas están modificando sustan-cialmente nuestra cotidianeidad y los ámbitos de nuestro desempe-ño, lo que incide sobre la crisis educativa, con el desplazamiento de

las viejas tecnologías, que aún se siguen reproduciendo inútilmente en los espacios áulicos, pero que no tardarán, como todos los sistemas que nos rodean, en ceder frente a la creciente innovación y automati-zación que hoy modifican la estructura del empleo y la noción misma de la ocupación.

Todo lo anterior representa, en el ámbito organizacional, el paso del mundo burocratizado a una etapa post-burocrática de la ad-ministración, con predominio de la informática, con un tipo de em-pleo eventual, por tiempo y obra determinada, sobre capacidades a las que se les reclama polivalencia, lo que posibilita la rotación de operarios, que a su vez inciden sobre un producto cuya vida es cada vez más corta. Sus materias primas no son ya las tradicionales, sino sintéticas y los procesos aprendidos poco o nada tienen que ver con el momento, pues se vive en el vértigo de grandes cambios.

Todo lo anterior, dentro de un mundo corporativo donde las elites son temporales, donde las empresas ya no son propiedad ex-clusiva de un sujeto, sino que aun la permanencia de un presidente corporativo (CEO)7 está en relación directa con los resultados de su dirección, políticas, rendimiento y utilidades, y donde el desplaza-miento es una condición que las corporaciones imponen en todos los niveles, tanto a sus recursos humanos, como a sus componentes tec-nológicos.

En síntesis, en el mundo actual la estrategia está vinculada a procesos, dirección y sentido que imprime el Comando, no sólo a par-tir de la toma de decisiones, sino del desarrollo del proceso. La orga-nización está dada en función del diseño, operación y desempeño de la estructura, para lo cual se dispone del Control. La energía establece el vínculo entre generación y enlace, de la que deriva la motricidad, movilización en tiempo y forma, atributo de las Comunicaciones.

En cuanto a la Tecnología, ésta se constituye con ingenios físicos y humanos, posibilitando la integración entre información y recursos mediante su procesamiento y aplicación, y se relaciona con las Capacidades, que son los recursos de que se dispone. Todo lo an-terior se resume en la fórmula que preside el mundo de hoy –C4–, que es la expresión matemática en la que se establece la potenciación

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entre las variables subrayadas, y de la que se deriva la noción actual de Seguridad, bajo esta perspectiva de la Estrategia.

De las cuatro variables iniciales a su vez se derivan seis enla-ces, comenzando por:

• C1 Entre Energía y Organización, de la cual depende la posibilidad de movilización de los recursos en tiempo, forma y circunstancia, lo que es propio de la logística.

• C2 El vínculo entre Estrategia y Energía permite proyec-tar tanto los recursos energéticos, como anticipar su hori-zonte en tiempo y sustitución futura.

• C3 De la relación entre Estrategia y Tecnología posibilita tanto la operación en tiempo real, como el sistema de ne-cesidades que reclama ser resuelto mediante propuestas tecnológicas.

• C4 Entre la Organización y Tecnología se encuentra el punto nodal de la determinación y sentido de los recur-sos a ser invertidos en Investigación y Desarrollo.

• C5 En otro plano, la relación entre Energía y Tecnología deriva en la viabilidad y sustentabilidad de una propues-ta y su estimación en términos de mercado y oferta del producto.

• C6 En cuanto a la relación Organización y Estrategia, ésta representa la vinculación entre estructura y dirección.

DE LA DIFERENCIA COMPLEMENTARIA A LA DESIGUALDAD POLARIZADA

Fue Emilio Durkheim quien estableció las bases de la vida social, al reconocerla como nómica, o sea, que reclama de normas im-puestas a los hombres como condición de relación entre los sujetos.

Al mismo tiempo, estableció la solidaridad mecánica en tor-no a lo común al género humano, al tiempo de plantear la solidaridad orgánica con relación a las diferencias complementarias, como condi-ción de derivar funciones para la vida social.

La concepción positivista durkhemiana reconocía la necesi-dad de lo común y lo diferente. Sin embargo, al transformar la dife-rencia en desigualdad se terminan polarizando los actores y se con-cluye quebrantando el orden social y, por tanto, la vida social bajo esas condiciones, lo que él advertía como un riesgo.8

El orden social anterior está planteado en la división del tra-bajo social, que sirvió de base para explicar la sociedad, las formas de derecho dominantes en cada periodo y, en particular, la cohesión social a través de la solidaridad, apoyado en la noción de normalidad y anomia, en referencia clara a las formas más generalizadas de la vida social.

Pero el problema de la desigualdad se consideraba como una exigencia funcional de la sociedad, siempre y cuando no llegara a la polarización extrema. Sin embargo, la humanidad ha sido sometida a desigualdades que han posibilitado pasar de las castas como concepto sempiterno, a los estamentos como estructura de poder y privilegio, y de ahí a las clases, como la asignación de un rol en un sistema de producción socialmente determinado, de acuerdo con Marx. O bien, conforme a Weber, bajo criterios económicos en relación a su acceso al mercado de consumo; político en referencia directa al poder de que disponen y social con referencia a los criterios de prestigio.9 Todo ello, sin considerar además la visión de la estratificación, que plantea la posición en relación a la distancia social de los hombres de acuerdo con criterios de diferenciación asignados por el mundo social.

Bajo estas directrices las diferencias humanas son vistas en una escala piramidal en función del poder, que les asigna posiciones no elegidas por el sujeto, pero asignadas socialmente y que en la ma-yoría de los casos se vuelven irrenunciables. Pero considerar que la diferencia es sólo económica sería una simpleza, pues la desigualdad en lo económico deriva de otros factores, no necesariamente de la riqueza, por lo que es de primera importancia reconocer los signos de la desigualdad en nuestro tiempo.

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Comencemos por la desigualdad en el acceso a la informa-ción, lo que implica quedar reducido a la condición de receptor de ordenamientos, pues su selección, contenido, orientación y vínculos es lo que limita el horizonte por quien administra la información. Ello significa ubicarnos en torno a la sociedad del conocimiento como su-jetos que no pueden acceder a la posibilidad del procesamiento, pues sus tareas están siempre segmentadas y, por tanto, no alcanzan la po-sibilidad de generar conocimiento. Lo que en términos de la posición en la escala, reduce a la persona a una evaluación que lo coloca de modo necesario en una posición de superior a inferior, que lo lleva a situaciones que van desde la exclusión –lo que representa la margina-lidad–, hasta la del ejecutor pasivo, eficiente y recomendable.

La importancia de lo anterior radica en que el ejercicio de la voluntad –que es el factor esencial de la libertad–, volvería al hombre impredecible, al regirse mediante su libre albedrío, lo que representa para el sistema un atentado contra cualquier posibilidad de prever su comportamiento. Para domarlo se erige frente al sujeto la racio-nalidad, que es la negación de la condición de ser libre, porque en esa condición el sujeto es regulable, reproductible y previsible en lo cotidiano. A fin de cuentas, para eso se creó la ciencia social, para convertir este atentado en norma capaz de regir a lo humano.

Anulada la libertad, hay que obligarlo a creer para qué dis-pone de valores que orienten su acción de modo previsible y guíen su mermada iniciativa, pues el comportamiento que externa es la llave para introducirlo a la posición de acceso a un mercado laboral, donde su realización dependerá, no de su deseo –que es el atributo humano que siempre desea alcanzar más–, sino de concebir la realización del Leviatán como un triunfo propio.

Ello significa quedar subsumido en la aceptación del hori-zonte de visión y condenado al espacio de la misión de la organiza-ción, donde su breve vida humana será consumida en la aspiración a llenar su existencia de mercancías.

A partir de lo anterior, el círculo se cierra en su capacidad limitada de propuesta, donde el poder de que está investida la socie-dad del conocimiento determina lo verdadero como lo útil y funcio-

nal. Por tanto, la nueva jaula de hierro10 está construida y el hombre aprisionado dentro de ella.

Por tanto, la desigualdad se impone como consecuencia de las premisas que actúan como el comportamiento normal para alcan-zar –de acuerdo con su nivel y con los medios disponibles– los fines que no son otros, sino aquéllos en los que se sustenta y posibilita la reproducción de la organización.

Un rasgo típico de la desigualdad que este modelo en cons-trucción busca es que impide la agrupación y coloca cada posición como individual dentro de un continuum de diferencias que imponen situaciones particulares a cada sujeto. Desde este ángulo, la lucha de clases es sustituida por una competencia feroz de individuos, donde hay un desplazamiento constante de personas que, al igual que las mercancías, sólo tienen un ciclo limitado de posicionamiento y una corta existencia, como los productos en el mercado.

Esta movilidad se constituye en la exigencia de la vida de cada ser humano, al que se le impone –bajo modalidades distintas– la exigencia de migrar de sus lugares de origen, de cambiar de cultura, lenguaje y hábitos, de desintegrar la familia como condición de as-pirar a una ubicación personal, como acceso diferenciado a las opor-tunidades, al consumo. Pero lo más grave, a la pérdida necesaria de la identidad y pertenencia, a cambio de una sociedad que no ofrece más vía que la ilegalidad para permanecer durante los mejores años, para después desecharlos. Y de nuevo la resultante es la desigualdad, que coloca de manera diferenciada en roles y funciones a los sujetos, siempre bajo un nuevo esquema de poder.

En este sentido, la sociedad de la información es selectiva, inequitativa y excluyente en materia de su acceso; condicionante y determinante en cuanto a la ubicación funcional de los sujetos que pueden participar de ella. Asume los valores del consenso para posi-bilitar su realización. Regula las propuestas en su aceptación, recha-zo o recuperación parcial de las iniciativas. Crea sus propias figuras para encabezar el liderazgo sobre las propuestas que busca concretar en derredor de metas y objetivos, por lo que las regula a partir de la disposición o no de sus medios. Por otra parte, crea comportamientos

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ajustados a sus perfiles de desempeño, y en función de estos atributos integra o desintegra.

Por tanto, una sociedad de la información constantemente se construye y de construye, pues no hay elementos que permanez-can en el sistema de modo permanente, por lo que tiene la capacidad adaptativa de modificarse a los ritmos del ambiente como condición de mantener su existencia.

LOS VALORES DEL POSTCAPITALISMOLos valores son la guía de la acción humana, y al concretar-

se, el hombre construye en su entramado de relaciones lo que deno-minamos Estructura Social,11 que no es otra cosa sino un complejo institucional, donde descansa el ejercicio cotidiano del poder. Bajo esta consideración el mundo anterior a la era del predominio del ca-pital se sustentaba en el mito de la fe y la creencia, cambiando sus objetos en Occidente de manera tal que en Grecia predominaron la ética, la estética y el pensamiento abstracto. En Israel la fe. En Roma la dominación, el derecho y el placer. Dios en el Medioevo Occidental. El Islamismo representó la recuperación, la generación de la cultura y la coexistencia entre creencias. La idea del hombre y la estética fue central en el Renacimiento. Para el Absolutismo, fue la idea de que el orden de la naturaleza debía corresponderse al orden social. Y al arribar la era contemporánea, fueron la razón y la ciencia las que mar-caron el inicio de los grandes cambios. Por lo que vemos que, en su espacio y tiempo, cada cultura desarrolló sus ideas dominantes.

A partir de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX sur-gió el mito del individuo y la libertad, por las vías de la filosofía ale-mana y la ilustración, en las cuales la problemática central fueron las interrogantes kantianas:12 ¿qué puedo conocer?, ¿quién soy?, ¿qué puedo hacer? y ¿qué puedo esperar?

Al arribar el siglo XX, se instituyó el mito del progreso, y las preguntas centrales fueron: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?, ¿cómo seremos? Y el orden perfectible está en el futuro que hoy construimos, que no fue otra cosa más que el disfraz de los estados totalitarios de todo signo.

Hoy, en el siglo XXI, se están constituyendo con una enorme rapidez los mitos de la posmodernidad y del escepticismo y las pre-guntas son: ¿seremos?, ¿qué tengo?, ¿qué puedo hacer?, ¿qué puedo alcanzar? Y se va, del sentido de la libertad que antes nos daba el horizonte de futuro, a la idea de que la verdadera libertad no puede tener sentido como guía frente a un porvenir que nada nos garantiza. Por lo que ya no es posible ceder libertad a cambio de seguridad y satisfacción de la necesidad.

Hay que admitirlo, nos encontramos bajo nuevas preguntas y las respuestas no podrán ser únicas, porque los valores derivados han cobrado múltiples significados y, por tanto, están orientados en todas direcciones. Bajo esta atmósfera, los valores centrales del capital no han sido cambiados en su fase nominal, pero sí han sido redefinidos de una manera radical.13

De esta forma, el post-capitalismo se instaura como una reorientación tajante de lo que antes fue el principio central del capi-talismo originario que era la propiedad, que hoy queda disuelta en su capacidad de acceso. Porque, ¿quién puede asegurar qué es lo que tiene, cuando esta idea de propiedad es tan sólo inmediata, pues se nos ha sustituido la propiedad por la posesión.

Pensemos tan sólo en la crisis hipotecaria de 2008, que con-denó a la pérdida de lo más importante: la vivienda de millones de personas, por la especulación en bienes raíces que jamás los Estados regularon, sino que dejaron pasar de manera criminal, para dejar en condición de desahucio a millones de familias.

El valor de la seguridad, que el Estado traduce hoy como vigilancia y castigo, bajo formas más sofisticadas que ni el propio Foucault pudo haber advertido, pues ahora se penetra, no sólo el es-pacio público y privado, sino que se arriba a la intimidad misma de la persona, a pesar de lo que pusieron al descubierto los casos de Wikileaks y Snowden, que son denuncias abiertas al nuevo orden de cosas, donde la información se ostenta como capacidad de decisión, pero que queda constreñida al no existir ni la privacidad, ni el dere-cho a la intimidad.

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La igualdad jurídica es tan sólo un mito que los Estados son incapaces de impartir, pues la igualdad se quiebra desde su base al limitar su acceso, de acuerdo con las circunstancias de nacimiento, condición migratoria o capacidad económica, entre otras, para poder introducirse mediante abogados en los vericuetos del Derecho.

El valor de la competencia no es ya el mito de la superación, sino de la lucha por mantenerse en una posición que siempre será efímera y, por tanto, con la posibilidad de ser desplazado, por lo que la evaluación es una forma de introducir la descalificación del sujeto a partir de la subjetividad de un poder que elimina o rechaza, al no poder satisfacer las demandas.

La noción misma del bienestar que está contenida en la defi-nición de la salud en los ámbitos biológicos, sociales, ambientales y mentales no pasa de ser una utopía inalcanzable en un mundo donde el consumo cotidiano no es más que fórmulas de ingenierías de ali-mentos, semillas transgénicas, carne con hormonas para rápido cre-cimiento; donde el ejercicio físico es un vano esfuerzo por realizarse en un ambiente contaminado; donde en las relaciones interpersonales prima la distancia social, y en el ámbito de la estabilidad emocional los su-jetos tienen que coexistir en largas terapias grupales, que sólo contribuyen a su descalificación.

La democracia, a la que se le ha hecho sinónimo de elegir en-tre opciones marcadas por partidos, no se sustenta en principios, sino en frases huecas de mercadotecnia política, sin ninguna vinculación con las necesidades del sujeto, sustituyendo toda forma de participa-ción social.

Derecho a manifestarse es tan sólo una larga espera que las instituciones imponen a los demandantes, hasta que su agotamiento cesa con el tiempo, lo que reivindica la interrogante de ¿qué puedo hacer?

Finalmente, en un mundo que sólo administra los conflictos, regula las aspiraciones y se desfoga en las guerras, donde la violencia ilimitada se ejerce, no sólo entre Estados, sino que admite la asimetría de conflictos entre Estados frente a actores no estatales –como es el

caso de las distintas formas en que se presenta el crimen organizado, que ha penetrado a las instituciones mismas que supuestamente lo combaten–.

El mundo de hoy es efímero, como la idea del poder que sólo se conjuga en presente, porque en pasado es nostalgia y, en futuro, especulación. Por ello, el post-capitalismo hoy se nos presenta bajo los rostros de una globalidad: que no integra, sino que excluye; que todo reclama, pero que no da nada; que no promete, porque no tiene forma de generar valores que constituyan sus fuerzas morales que comprometan a los seres a luchar por ellas.

En síntesis, hemos llegado al fin de la ilusión.

EL ESPÍRITU DEL POST-CAPITALISMOEl post-capitalismo representa una fase del capital donde se

han rebasado las condiciones de su origen. Por lo que la propiedad ha sido sustituida por el control; la libre competencia en el mercado ha derivado a una fase oligopólica y corporativa; el trabajo vivo ha sido desplazado por la automatización creciente en las más diversas ra-mas; la desigualdad no sólo es económica, sino que ha sido ampliada por diversos criterios de inclusión y selección; la riqueza se ha con-centrado en muy pocas manos, polarizándose con la pobreza extrema de las mayorías; los saberes profesionales han derivado a ingenierías de ejecución; el imperialismo se ha transformado en globalidad; y las viejas ideologías con valores de una moral cívica y laica han sido re-legadas por la publicidad y la mercadotecnia.14

Todo ello presidido por una lógica sistémica que sustituye las estructuras piramidales por redes, donde el liderazgo no está en la cúspide, sino en la capacidad de enlace entre información y decisión, dejando al margen los espacios que antes eran propios de los Estados Nacionales, y donde los sistemas de integración y conflicto son des-iguales, asimétricos y verticales.

En la base misma del mundo actual la sociedad que en el si-glo pasado catalogábamos como moderna ha envejecido, después de quebrar resistencias fuertemente arraigadas en el pasado. Al romper

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la base rural en que descansaba el mundo anterior; desintegrar la fa-milia; quebrar las identidades nacionales y regionales; desarraigar a los sujetos de su cultura y espacio; generar rupturas generacionales en cuanto a expectativas; incorporar de una manera inequitativa, ge-nerando con ello nuevas prácticas de exclusión.

De hecho, la modernidad globalizante está fincada en todo un sistema de complejas rupturas. Aquí pretendemos tan sólo carac-terizar algunas de ellas:

1. La primera y más dramática es la ruptura hombre vs na-turaleza, pues representa nuestro origen, y que se mani-fiesta en la profunda crisis ecológica frente al riesgo del efecto invernadero, el deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar. Unido a la desaparición de especies, al crecimiento urbano sin planeación ni concierto, y quizá –lo más grave– a la ausencia de una conciencia colectiva que cuestione a las corporaciones y a las comunidades sobre los excesos cometidos.

2. La ruptura entre razón y sentir que muestra la tragedia humana es cotidiana, pues la razón orienta al ser humano a la búsqueda de resoluciones y opciones, mientras que el sentir mueve su voluntad. Esta condición a la que ha llegado el ser humano es lo que crea una ciencia sin con-ciencia, una técnica sin personas y una pérdida del senti-do, al no mostrar hacia qué y hacia dónde nos dirigimos.

3. La ruptura hombre-sociedad, que cobra expresión en la desintegración de la familia, en la tendencia hacia un in-dividualismo extremo, en la incapacidad de aproximarse y reconocerse en el otro, al esconderse tras el velo de un mundo lejano y virtual, donde dominan la soledad y el desamor.

4. La ruptura Estado-corporación, que se manifiesta en el debilitamiento de la institucionalidad del Estado frente al predominio creciente de los actores no estatales, como es el caso de las corporaciones multinacionales y del cri-

men organizado. En el primer caso estamos en presencia de Estados que sucumben frente a la presión de los orga-nismos financieros y de poderosas corporaciones que re-gulan el comercio mundial y, en particular, las dedicadas a la venta de alimentos y armas, frente a las cuales no hay mecanismos de apelación.

5. La ruptura entre la capacidad de crédito y la posibilidad de pago es un caso que hay que manejar con sumo cui-dado, pues lo mismo afecta a países, que a empresas o a personas, donde lo sorprendente es saber cómo fueron creciendo los pasivos, acumulando altos intereses en adquisiciones e inversiones del todo inciertas, pero que conducen hoy en día a crisis prolongadas en cuya reso-lución van sociedades completas al sacrificio, estén o no involucradas en el déficit.

6. La ruptura base-dirigencia, en el ámbito de la gestión que se hace presente por el crecimiento de la organización, lo que ha llevado a un aislamiento de la dirigencia frente a las bases que las miran como algo lejano e inaccesible, sin pensar que la vinculación entre ambas es el principio para integrar los niveles de dirección y ejecución, que es el fundamento del control.

7. La ruptura entre ciencia y cultura, que operan en una re-lación bajo valores y orientaciones distintos, en la que la ciencia ha quedado envuelta entre la practicidad de lo útil y lo inútil, frente a la identidad y pertenencia cultu-ral que manifiestan un desfase entre los valores que hoy guían la práctica científica, sometida por los mecanismos de inversión de los fondos de investigación y desarrollo frente a los intereses y derechos de la humanidad.

8. La ruptura entre educación y empleo se forma a partir de una educación para ayer, que no corrió en paralelo al de-sarrollo científico técnico, lo que genera un proyecto ca-rente de referencias y bases con respecto a la ocupación. Por lo que la educación queda sometida por los cuatro

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jinetes de la apocalipsis educativa: ineficacia, impertinen-cia, irrelevancia e ingobernabilidad.15

9. La ruptura entre educación e ingreso representa la pér-dida de la expectativa en la que se movió la educación al término de la Segunda Guerra Mundial, lo que trajo aparejado la explosión de la matrícula y la expectativa de movilidad a través de la formación. Hoy en día prepa-ramos a un profesional para puestos que ya no existen, para prácticas profesionales que han sido modificadas, para procesos que ya son obsoletos y con saberes que han sido agotados. Por tanto, la expectativa de movilidad ha quedado pendiente para las generaciones actuales.

Finalmente, estamos en presencia de una ruptura entre inten-ción y hecho, que también puede traducirse entre deseo y realidad, que se miran como incompatibles, donde el deseo aparece como una utopía que se mira inalcanzable frente a una utopía negativa, que es la de una realidad resultante que cuesta trabajo asumir, porque lo deseable no fue posible ante lo real que se mira como inadmisible, pero que se sabe que costó mucho esfuerzo en realizarlo, aunque na-die lo quería. Esta estupefacción es propia frente a la guerra, capaz de destruir en segundos lo que generaciones se esforzaron en hacer; cuando no admitimos los pogromos y la intolerancia cotidiana; cuan-do todavía no alcanzamos a comprender la magnitud de la riqueza concentrada en muy pocos, frente a la miseria de millones.

CONCLUSIONESTodas estas rupturas desembocan en que los tres grandes

fines de la sociedad que alguna vez conocimos se han derrumbado. Donde la triada de libertad, democracia y bienestar aparece sustitui-da por autoritarismo, miseria de una sociedad productiva y reduc-ción de los espacios de elección. Pero lo más grave, el valor que ge-neraron las revoluciones democrático-burguesas de los siglos XVIII y XIX de la fraternidad ha sido abandonado –y en él radican el amor, la identidad, el sentir que pertenecemos a una comunidad y la necesi-dad de convivencia– hoy ha sido sustituido por una virtualidad que

proyecta futilidades o es la vía de la evasión mediante las distintas formas de adicción.

¿Es posible hoy en día crear controles para democratizar el Capital, cuando los propios Estados Nacionales han quedado como sus subal-ternos?16

La humanidad no ha muerto aún y las opciones son: el suici-dio de mantenerse linealmente dentro de la línea vertiginosa que nos impone el Capital actual; la exigencia que demanda cambiar el rum-bo, buscando las reformas para encontrar vías de redistribución de la riqueza, entre otras cosas; o la necesaria destrucción del Capital, por atentar contra toda forma de vida. Pero esto también sería nuestra extinción civilizatoria.

Por eso, hoy, la respuesta está en el viento...

NOTAS1 Piketty, Thomas, El capital del siglo XXI, México, Fondo de Cultura

Económica, 2013, 663 p.

2 Luxemburgo, Rosa, “La Doctrina de Marx”, Obras escogidas, Bogotá, Editorial Pluma, Tomo I, 1979, p. 59.

3 Weber, Max, “La ética protestante y el espíritu del capitalismo”, En-sayos sobre Sociología de la Religión, Madrid, TAURUS, Tomo I, 1983, pp. 23-222.

4 Sombart, Werner, El burgués, Madrid, Alianza Editorial 27, 1972, pp. 33-75.

5 Marx, Karl, El método de la economía política, México, Editorial Gri-jalbo, 1974, pp. 47-48.

6 Knauth, Lothar, et al., Política y pensamiento político en Japón, 1926-1982, México, El Colegio de México, 1987, pp. 154-296.

7 Freeland, Chrystia, The Rise of the New Global Elite, The Atlantic, EUA, ene.-feb., 2011, pp. 44-55.

8 Durkheim, Emile, De la división del trabajo social, Buenos Aires, Schapire, 1972, 79-142. p. 113 de 226.

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9 Weber, Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, tomo II, pp. 682-694.

10 Mitzman, Arthur, La jaula de hierro, una interpretación histórica de Max Weber, Madrid, Alianza Editorial, 1976, pp. 153-156.

11 Mills, C.W. y Gerth, Hans, Carácter y estructura social, Buenos Ai-res, Paidós, 1963, pp. 167-345.

12 Kant, Emmanuel, Lógica, introducción a la Filosofía, México, Edito-ra Nacional, 1962, p. 19.

13 Lipovetsky, Gilles, El crepúsculo del deber, Barcelona, Editorial Ana-grama, 1996. No coincido con su planteamiento, en el sentido de que el capitalismo actual olvidó los valores y se ha mantenido en los anti-guos, pues aunque los términos son los mismos, la semántica ha sido alterada de manera radical. Ver también de Piketty, T. La crisis del capital en el siglo XXI, México, Siglo XXI, 2015, pp. 53-97.

14 Desde el inicio al comenzar el ensayo me mantuve entre estos dos conceptos: el de post-capitalismo o el de capitalismo tardío adoptado por Habermas, Jürgen (Problemas de legitimación en el capitalismo tardío, Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1991). Opté por el prime-ro en virtud de que Habermas es un sistema completo que me hubiera sin duda llevado a otras reflexiones.

15 Prawda, Juan y Flores, Gustavo, México educativo revisitado, Méxi-co, Editorial Océano, 2001, pp. 137-198.

16 Piketty, T. El Capital… Op. cit., p. 639.

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Guillermo J. R. GARDUÑO VALERODoctor en Sociología, UNAM. Becario Tinker sobre América Latina en Center for Latin American Studies, University of Pittsburgh, Pa. Profesor titular C de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Izta-palapa, Departamento de Economía, adscrito a los posgrados de Estudios Organizacionales y Humanidades con especiali-dad en Historia. Profesor invitado a los Posgrados en Admi-nistración Pública de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y del Doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de Ta-maulipas (COLTAM). Miembro del SNI. Línea de investiga-ción: Economía. Correo Elec.: [email protected]


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Estructura de la desigualdad económica...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 161-189.

ESTRUCTURA DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA EN EL ESTADO DE

TAMAULIPAS A NIVEL MUNICIPAL: UNA PERSPECTIVA A TRAVÉS

DE LOS ÍNDICES DE GINI, IEG Y ATKINSON

Adolfo Rogelio COGCO CALDERÓN, Jorge Alberto PÉREZ CRUZ y Guadalupe Isabel CEBALLOS ÁLVAREZ


RESUMENEl objetivo del presente documento es estimar y analizar el fenó-

meno de la desigualdad en el estado de Tamaulipas a nivel municipal a partir de los siguientes índices: Índice Generalizado de Entropía (IEG); Índice de Atkinson e Índice de Gini. Los resultados permiti-rán identificar cuáles son los factores que más contribuyen a la des-igualdad económica en el estado a nivel municipal, lo que contribuirá a hacer una serie de propuestas en materia de política pública para construir entornos más equitativos.

El documento se divide en tres apartados, en el primero se hace una discusión teórica respecto a la pobreza, la marginación y la des-igualdad; en el segundo apartado se discute sobre los índices IEG; Atkinson y Gini; en el tercero se presentan los resultados de las esti-maciones para los municipios del estado de Tamaulipas, así como la discusión y las conclusiones.

Palabras clave: desigualdad, municipios, índices de medición.

STRUCTURE OF ECONOMIC INEQUALITY IN THE STATE OF TAMAULIPAS AT THE MUNICIPAL LEVEL:

A PERSPECTIVE THROUGH GINI, IEG, AND ATKINSON I NDEXES

ABSTRACTThe objective of this paper is to estimate and analyze the pheno-

menon of inequality in Tamaulipas, Mexico, at the municipal level, using the following indicators: the Generalized Entropy Index; the

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COGCO C., A.R.; PÉREZ C., J.A. y CEBALLOS Á., G.I. Estructura de la desigualdad económica...

Atkinson Index, as well as the Gini Index. The results will enable identification on the factors that contribute most to the economic inequality in the State at the municipal level, which will result in a series of proposals on public policy to create more equitable envi-ronments.

The document is divided into three sections: the first makes a theoretical discussion on the issue of poverty, marginalization, and inequality. In the second section, there is a discussion on the entropy, Atkinson, and Gini indexes. The third one presents the results of the estimates for the municipalities of Tamaulipas, as well as the analysis and conclusions.

Keywords: Inequality, municipalities, measuring indicators.

INTRODUCCIÓN

Resultaría casi imposible enunciar al cúmulo de autores que se han enfocado a dar respuesta a uno de los temas en que ha gravitado una gran cantidad de disciplinas, como la Economía, la So-ciología y la Filosofía, entre otras. Tal problemática hace alusión a la desigualdad del ingreso, a la luz de la publicación de libro por T. Piketty (2014), denominado El capital en el siglo XXI, cuya aportación central, entre otras cosas, fue el haber traído a la arena académica la discusión sobre los factores por medio de los cuales una persona, grupo social o país distribuye de manera poco homogénea el ingreso.

En realidad, la investigación sobre la pobreza, la marginación y la desigualdad, entre otros temas, no han dejado de estar presentes en el ámbito de las investigaciones en las ciencias sociales, así como en el ámbito de acción de diseñadores de políticas públicas orienta-das a su atención nacional e internacional.

Derivado de lo anterior, y dada la naturaleza de la temática de la desigualdad, es importante considerar que su abordaje debe hacerse desde el ámbito de la economía política. Es decir, desde las leyes y principios más generales de la producción y distribu-ción de la riqueza que se genera en una determinada sociedad, a fin de darle, no sólo un enfoque solamente económico, sino también histórico y político en cuanto a los grupos sociales que participan en la distribución de la riqueza que cada sociedad genera.

Desde esta perspectiva se concibe la capacidad de la socie-dad para organizarse y establecer relaciones sociales para producir los bienes y servicios; por otra parte, cómo se establecen formas y mecanismos particulares sobre cómo distribuir dicha riqueza. Tanto la base económica como la súper estructura de la sociedad son por tanto elementos clave para abordar los fenómenos de la producción y distribución de la riqueza que produce una persona o país, por lo que es tarea medular el identificar el tipo de sociedad y los mecanismos que se establecen para tal propósito, para así poder identificar los procesos sobre cómo se generan las disparidades del ingreso a nivel social. Se puede afirmar, en el caso que nos ocupa, que éste es el resul-tado de la naturaleza misma de la economía de mercado.

Sobre la base de las consideraciones anteriores, es funda-mental abordar el tema de la desigualdad y sus efectos en materia económica y social; sobre todo, con el propósito de asumir que los mecanismos e inercias de la economía generan externalidades que afectan el bienestar de la población. A la luz de lo anterior, es impor-tante cuestionarse hasta qué punto la dinámica de producción y dis-tribución de la riqueza de un país, bajo los mecanismos del mercado, concibe la desigualdad del ingreso como un producto casi natural y, por otra, asume que tal desigualdad es un desequilibrio generado por las inequidades del mercado, tanto como la pobreza, la marginación y la exclusión social.

Es en este sentido, como lo plantea Piketty (2014), al afirmar que la historia de los ingresos y de la riqueza siempre es profunda-mente política, caótica e imprevisible. Por ello depende de las repre-sentaciones que se hacen las diferentes sociedades de las desigualda-des, y de las políticas e instituciones que se construyen para modelar-las, transformarlas o bien atenderlas, en uno u otro sentido. Es decir, que muchos de los desequilibrios –entre ellos la desigualdad– tiene matices particulares, que son el resultado de la dinámica propia de las leyes de la economía de mercado; de ahí su abordaje desde el ám-bito de la economía política.

Ante la situación planteada, es necesario partir desde las dife-rentes escuelas del pensamiento y del desarrollo económico, a través de las cuales se ha intentado dar respuesta o explicar el fenómeno de

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la desigualdad; por ejemplo desde la escuela clásica de la Economía, la escuela marxista, la escuela neoclásica, la keynesiana y neoliberal, entre otras. Las múltiples y complejas explicaciones están ahí; sin em-bargo, hasta el momento no hay una línea claramente definida sobre la desigualdad, ya que más que un fenómeno en sí, es el resultado de un proceso económico y social que privilegia –o bien sanciona– la posición que a cada grupo social le ha tocado vivir en el proceso de generación y apropiación de la riqueza a nivel social.

Es por ello que el presente documento plantea, como eje cen-tral, la discusión acerca de la desigualdad del ingreso a través de la estimación de diferentes índices diseñados para tal fin, considerando para tal propósito al análisis y la estimación de algunos índices a ni-vel municipal en el estado de Tamaulipas, tomando en cuenta que una de las principales preocupaciones de cualquier Estado Nacional es el de estado igualitario, cuyo bienestar social sea una garantía para todos los miembros de la población. No obstante, ante la dinámica propia de la economía de mercado, la desigualdad, como se men-cionó, se percibe como resultado de la participación que cada grupo social tiene en el proceso de generación de riqueza.

En este sentido, el documento se divide en tres apartados, en el primero se discute sobre la desigualdad y las estimaciones de los índices diseñados para tal fin; en el segundo se aborda la parte meto-dológica y, en la tercera, la estimación de los índices a nivel municipal en el estado de Tamaulipas. Por último, se presentan las conclusiones.

I . LA DESIGUALDAD Y LOS ÍNDICES DE MEDICIÓN

Se puede considerar que el abordaje sobre la desigualdad en el plano económico remite a un componente asociado al nivel de ingresos. Esta consideración plantea varias interrogantes en cuanto al sistema de mercado, cuando se cuestiona, por ejemplo, la eficiencia que ésta tiene en la distribución de la riqueza, cuando hoy hay so-ciedades con un fuerte contraste en cuanto a los niveles del ingreso. Y no sólo eso, en cuanto a que dichas disparidades pueden alentar una convivencia nociva o negativa en el interior de las comunidades desiguales.

Derivado de lo anterior, hay una gama importante de inten-tos técnicos con el uso de los métodos cuantitativos para estimar, a través de un indicador, el nivel de desigualdad económica que se registra a nivel espacial. Sin embargo, ya los economistas clásicos analizaban el advenimiento de problemas importantes en el nivel de ingresos y su distribución.

Piketty (2014), al plantear en primera instancia a los econo-mistas clásicos y sus inclinaciones en la explicación de la desigual-dad, por ejemplo, T.R. Maltus, economista clásico que centró uno de los principales problemas del desarrollo en la relación entre el creci-miento de la población y de los alimentos, además de considerar la necesaria regulación del crecimiento de la población para mantener un control adecuado.

Por otro lado, la creencia de que los mercados son libres y que los mercados libres son justos es uno de los principios del liberalismo económico (Basu, 2013), por lo que desde la misma perspectiva clá-sica, Smith plantea que los intereses individuales en el mercado ge-neran una acción hacia el bien común, sin necesidad de algún agente regulador, por lo que se garantiza el crecimiento económico y quien quede rezagado es por su propia condición indolente hacia sí mismo.

Por lo que la desigualdad es producto de aquellos grupos so-ciales que, por su propia voluntad, no intervienen en la producción de la riqueza, situación que es muy cuestionable, ya que ha quedado demostrado que la dinámica del mercado genera externalidades que excluyen a una parte de la sociedad que no tiene las mismas condi-ciones técnicas, humanas, culturales y económicas, entre otras, para participar libremente en el mercado.

Derivado de lo anterior, tanto la ciencia económica como otras disciplinas han demostrado que el modelo de equilibrio general sólo es plausible desde el ámbito teórico, ya que ha quedado demos-trado que la autorregulación de la economía no es real.

Ahí están las crisis de principios del siglo XX, para culmi-nar con las aportaciones de la teórica keynesiana en la gran crisis de recesión en los años treinta, respecto a la necesidad de contar con

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un agente regulador que participe en el corto plazo para eliminar las brechas caóticas del mercado y sus efectos a nivel social, a través del desempleo y la pobreza.

Es hasta este momento que inician las posibilidades de defi-nir y participar de manera directa con programas de atención a la po-breza, a partir de intervenciones gubernamentales hacia la población desempleada y empobrecida.

Las aportaciones de la escuela neoclásica respecto a la po-breza y la desigualdad fueron casi nulas, salvo algunas aportaciones respecto a la economía del bienestar y la posibilidad que el mercado ofrece para que todos participen de acuerdo con sus intereses y posi-bilidades de intercambio. A partir de este momento, la temática rela-cionada con la desigualdad económica se centra fundamentalmente en el ingreso, y cómo, a partir de los mismos, los grupos sociales asu-men su propia fisonomía.

Aunque hay que reconocer que centrarnos en la definición de la desigualdad no necesariamente remite a la solución de las ne-cesidades a partir de un piso de satisfactores básicos, lo cual quiere decir que se puede encontrar una sociedad muy igualitaria, donde la mayoría no alcance a satisfacer sus necesidades más apremiantes, y viceversa, se puede identificar a sociedades muy desiguales, donde los grupos sociales con menor nivel de ingreso alcancen a satisfacer todas sus necesidades y su calidad de vida sea adecuada para vivir dignamente.

Dado que el fenómeno de la desigualdad adquiere relevan-cia y su explicación necesita puntualizar dimensiones para mantener una explicación cada vez más objetiva, autores como Sen (2001), en su obra sobre la desigualdad, aporta aspectos importantes relacionados con los intentos, no sólo para definirla, sino para tener una estimación de la misma.

En este sentido, las medidas de la desigualdad giran en tor-no a dos grandes vertientes. Por una parte, las medidas que tratan de captar la extensión de la desigualdad en algún sentido objetivo, utilizando de ordinario alguna medida estadística de la variación

relativa del ingreso (las medidas habituales incluyen la varianza, el coeficiente de variación, el coeficiente de Gini de la curva de Lorenz y otras fórmulas); por la otra, hay índices que miden la desigualdad de acuerdo con cierta noción normativa del bienestar social, de tal modo que una desigualdad corresponde a un bienestar social menor para un ingreso total dado (Sen, 2001:18).

Es en este punto que el presente documento orientará sus ob-jetivos, al hacer un ejercicio a fin de identificar el grado o nivel de la desigualdad mediante el uso de las siguientes tres medidas: Índice Generalizado de Entropía (IEG); Índice de Atkinson y el Índice de Gini. Cabe señalar que el objetivo específico versó sobre su estima-ción a nivel municipal de los tres índices de desigualdad en el estado de Tamaulipas.

Debe hacerse la precisión que por desigualdad se asumirá aquella condición de distribución no equitativa del ingreso entre los distintos grupos poblacionales de una sociedad, aunque no debe per-derse de vista la imperiosa condición que plantea Sen (2001), respecto a la consideración de la parte normativa directamente vinculada con el bienestar social, y es en este punto donde se establecen condicio-nes necesarias en el diseño de las políticas públicas, a partir de un piso mínimo de satisfactores que cubra las necesidades y garantice dignamente la calidad de vida de la población para quien se diseña e implementa.

II . ÍNDICES DE DESIGUALDAD: METODOLOGÍA

Es importante determinar la manera en que se presenta la desigualdad a través del análisis de la distribución de los salarios mí-nimos en los municipios del estado de Tamaulipas. Esto significa que es posible definir si la desigualdad es producida por los que perciben altos salarios, o es el resultado de que existe una proporción de traba-jadores que perciben salarios muy bajos, o ambos.

Generalmente, existe la percepción de que un alto índice de desigualdad es el resultado de que los ricos se volvieron más ricos

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y los pobres más pobres, lo cual en muchas ocasiones puede resul-tar completamente falso, principalmente porque el crecimiento de la desigualdad puede ser producto de un deterioro en el nivel de sala-rios de los más pobres, sin que se observen cambios en los trabajado-res de más altos salarios.

Para desarrollar el presente trabajo, la desigualdad se medirá empleando tres indicadores que proporcionarán información respec-to al grado de desigualdad que existe en los municipios de Tamauli-pas, la parte de la distribución de los salarios que genera la desigual-dad en el estado, así como el nivel de salarios que es necesario sacri-ficar para restablecer la equidad en cada uno de los municipios. Para el primer caso, se utilizará el índice de Gini; en el segundo, el Índice Generalizado de Entropía y, en el tercer caso, el Índice de Atkinson.

El índice de Gini mide la desigualdad en la distribución de los salarios, adopta valores entre 0 y 1; entre más cercano a la uni-dad, significa que los salarios se encuentran fuertemente concentra-dos, mientras que un valor cercano a cero refleja que se tiende a una perfecta distribución de los salarios entre los diferentes sujetos de estudio; su formulación queda expresada en la ecuación 1. Valores menores a 0.30 son considerados de baja desigualdad, mientras que valores mayores de 0.50 reflejan una alta concentración de los salarios (Pauw, 2003).

Sin embargo, el coeficiente de Gini presenta limitaciones en cuanto a que es incapaz de mostrar las diferentes formas de desigual-dad que se podrían hacer presentes en una distribución (De Maio, 2007), es decir, podrían tener un mismo resultado del coeficiente de Gini, pero diferentes formas de cómo se presenta la desigualdad.

En algunos casos podría ser el resultado de una mayor acu-mulación de los salarios o, en algunos otros, obedecer a una dismi-nución en los ingresos de la población más pobre. Por esta razón, no es recomendable que este indicador se utilice para comparar la desigualdad ni espacial, ni temporalmente.

IndGini = 1 + (1/n) - (2/n2 x) (x1 + 2x2 + ... + nxn)

Donde:

x1 > x2 > xn

Para superar las limitaciones del índice de Gini, se emplea el Índice Generalizado de Entropía (IGE), que mide la desigualdad; pero para medirla se emplean parámetros que son sensibles a la es-tructura de la distribución de los salarios. Los parámetros que gene-ralmente se utilizan son el -1, 0, 1 y 2. Entre mayor sea el parámetro, en este caso el 2, significa que los valores de los salarios que se ubican en la parte más alta de la distribución tienen un mayor peso estadís-tico en el cálculo del IGE, y para los valores pequeños del parámetro, se obtendrá un IGE que pondera más alto la parte baja de distribu-ción (Bellú y Liberati, 2006; Biewen y Jenkins, 2003; De Maio, 2007). Los valores que adopta el IGE van desde 0 hasta infinito. Un valor cercano a cero significa que existe una perfecta distribución de los salarios, mientras que un valor superior a cero significa que existe desigualdad. La formulación del IGE queda establecida de la siguien-te manera:

E(α) = 1/n(α2 - α) ∑i [(xi/x)α - 1]

En esta expresión el parámetro que adopta los diferentes va-lores del IGE está representado por α; el subíndice i representa los trabajadores; y la variable x, el salario de los trabajadores.

Además de identificar el origen de la desigualdad a través del análisis de la estructura en la distribución de los salarios a través del IGE, también se expondrá una medida que la dimensione a partir de estimar el tamaño total de los salarios que es necesario sacrificar para mantener un mismo nivel de bienestar entre la población. Esta medida de desigualdad es el Índice de Atkinson que, al igual que el IGE, emplea parámetros de sensibilidad de acuerdo con la estructura en la distribución de los salarios; los valores más comunes son 0.5, 1 y 2.

Cuando el parámetro es 2, el índice de Atkinson se calcula asignando una mayor ponderación a los valores de los salarios que se ubican en la parte baja de la distribución. Cuando el parámetro es

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0.05, el cálculo del índice le asigna un mayor peso estadístico a los valores que se localizan en la parte superior de la distribución. Este índice varía entre 0 y 1; entre más grande sea el valor del índice, re-fleja que es mayor la cantidad de salarios que se tiene que sacrificar para mantener un nivel de bienestar similar entre la población. La representación del índice de Atkinson se representa de la siguiente manera:

A(ε) = 1 - xEDE / x

Donde:

xEDE = [1/n ∑i xi1-ε] (1/(1-ε)

Para el caso del presente estudio, en el cálculo del IGE se to-maron en cuenta los valores extremos de los parámetros, es decir, -1 y 2. Para el cálculo del Índice de Atkinson se consideró el valor extre-mo, es decir, el parámetro 2. Del IGE se excluyeron los demás valores debido a que el Índice de Gini es una excelente medida para dimen-sionar la desigualdad en la parte media de la distribución del ingreso. Respecto al Índice de Atkinson, la decisión de tomar el valor extremo obedece a que al observar que los valores de este Índice crecen cada vez que el parámetro crece, se sacrificará una proporción mayor del salario para mantener un nivel más equitativo entre los trabajadores; para tal caso, se toma como referencia a los trabajadores de la parte baja de la distribución. Cabe hacer mención que para calcular cada uno de estos índices se utilizó el comando ineqdeco en el programa Stata en su versión 14.

Estructura de los datosPara desarrollar el análisis sobre la desigualdad en los sala-

rios de la población del estado de Tamaulipas se utilizó información proveniente del Censo de Población y Vivienda 2010 a nivel de muni-cipio, esto es, para los 43 municipios que conforman el estado.

La variable que se utilizó para calcular la desigualdad fue el Ingreso Mensual Total (IMT), que contempla a la población de 12 años en adelante que laboró y percibió un ingreso monetario. Dicho ingreso fue considerado como el salario mensual de los trabajado-

res de los 43 municipios; sin embargo, es necesario considerar que los municipios se encuentran agrupados por zonas de acuerdo con el costo del nivel de vida de cada municipio, estas zonas son definidas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI).

Para 2010, los municipios se agruparon en tres zonas: A, B y C. Es importante tomar en cuenta esto, de lo contrario se puede, en algunos casos, sub-dimensionar las medidas de desigualdad o, en algunos otros, sobre-dimensionarlas.

Para eliminar esta disparidad, se convirtieron cada uno de los datos del IMT en número de salarios mínimos, es decir, se dividió el ingreso que declararon mensualmente cada uno de los sujetos de es-tudio entre el valor del salario mínimo que estableció la CONASAMI, de acuerdo con la zona a la que pertenece cada uno de los municipios del estado de Tamaulipas. Para la zona A se consideró un Salario Mí-nimo de 1,723.80 pesos, para la Zona B de 1,675.29 y para la zona C de 1,634.10. De esta forma, el ingreso se encuentra definido en número de salarios mínimos recibidos mensualmente.

III . DIMENSIONANDO LA DESIGUALDAD EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS: RESULTADOS

Después de la liberalización de la economía mexicana en 1986, se ha experimentado una trayectoria inestable caracterizada por la recurrente presencia de crisis económicas (resultado del mercado interno y externo), recesiones y estancamiento, que han dado como resultado altos índices de desempleo que han superado tasas del 6%; tasas que se calculan sin tomar en cuenta a la población que ha migra-do hacia los mercados internacionales para obtener ingresos que no les es posible obtener en México.

En el caso de la frontera norte de México, y en particular el estado de Tamaulipas, desde la liberalización de la economía se ha tenido un buen desempeño económico, aunque a partir de la crisis fi-nanciera en 2008, la economía tamaulipeca se ha contraído, sin que se muestre una recuperación de la dinámica que tenía previa a la crisis.

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Tanto la época de bonanza económica como la contracción de la economía tamaulipeca, pudieron tener efectos sobre la desigual-dad económica, en particular sobre la clase trabajadora, por lo que resulta fundamental realizar un análisis de la desigualdad de los sa-larios que perciben los trabajadores en cada uno de los 43 municipios. En principio, se pretende identificar el grado de desigualdad salarial; además, definir en qué parte de la distribución se localizan los traba-jadores que generan la desigualdad.

En principio, se muestra en el cuadro 1 el salario mínimo promedio, organizado por rangos. Primero se analizan aquellos que perciben mensualmente hasta dos salarios mínimos, de acuerdo con criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México (CONEVAL) y del Consejo Nacional de Población (CONA-PO); estos son los municipios más pobres del estado. En total son seis municipios que en conjunto representan el 1.35% de la población del estado, es decir, realmente son municipios poco poblados. Con excepción de Bustamante, y en menor medida Miquihuana, todos los demás municipios no presentan altos niveles de desigualdad, según el resultado de Índice de Gini que aparece entre paréntesis en cada municipio.

La mayoría de los municipios se localizan en el rango de en-tre 2.01 y tres salarios mínimos mensuales; se componen por 23 muni-cipios y en total agrupan 14.2% de la población total. Los municipios que muestran mayor desigualdad son Palmillas, Burgos, El Mante, Jaumave, Tula y Villagrán. Sin embargo, su Índice de Gini no es ma-yor de 0.50, por lo que hasta el momento no es posible determinar que en estos municipios sea muy alta la desigualdad.

En el rango de más de tres salarios y hasta cuatro se localiza, aproximadamente, 57% de la población distribuida en 11 municipios; tampoco se observa la presencia de algún municipio con desigualdad mayor a 0.50; sin embargo, los que más desigualdad presentan son Matamoros, Reynosa, Tampico y Valle Hermoso.

Al final del cuadro aparecen los municipios que perciben más de cuatro salarios mínimos, sólo son tres municipios los que concen-tran 27.6% de la población total del estado. Estos últimos municipios

presentan índices de concentración alta; de hecho, en el municipio de Ciudad Madero es donde se aprecia mayor nivel de desigualdad, seguido por Ciudad Victoria y, en menor medida, por Nuevo Laredo.

Cuadro 1. Salario mínimo promedio en los municipios del estado de Tamaulipas.

Salario mínimo

promedioMunicipios (GINI)

Proporción de la

población0-2 San Nicolás (0.26) San Carlos (0.37) 1.35

Gómez Farías (0.36) Miquihuana (042)Güémez (0.36) Bustamante (0.50)

2.01-3 Soto la Marina (0.33) González (0.39) 14.2

Cruillas (0.33) Aldama (0.39)Casas (0.34) Jiménez (0.39)

Nuevo Morelos (0.34) Mainero (0.40)Llera (0.35) Antiguo Morelos (0.40)

Padilla (0.35) Palmillas (0.41)Xicoténcatl (0.35) Burgos (0.42)

San Fernando (0.36) El Mante (0.43)Méndez (0.36) Jaumave (0.43)Abasolo (0.37) Tula (0.44)Hidalgo (0.39) Villagrán (0.47)Ocampo (0.39)

3.01-4 Mier (0.33) Miguel Alemán (0.40) 56.8

Guerrero (0.36) Matamoros (0.41)Camargo (0.37) Reynosa (0.41)Altamira (0.38) Tampico (0.43)Río Bravo (0.40) Valle Hermoso (0.45)

Gustavo Díaz Ordaz (0.40)Más de 4 Nuevo Laredo (0.48) Ciudad Madero (0.54) 27.6

Victoria (0.49)Fuente: elaboración propia con datos de los

Censos de Población y Vivienda 2010.

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Siguiendo con el cuadro 1, de los tres primeros grupos de salarios, se observa similitud entre los municipios con el más alto Ín-dice de Gini; sin embargo, son municipios muy distintos en cuanto a la población que concentran y al desarrollo que presenta cada uno de ellos. Por esta razón, el Índice de Gini no resulta un estadístico que refleje las diferencias en cuanto a las formas de desigualdad que se dan entre uno y otro municipio.

Para lograr diferenciar dichas formas, se ordenaron jerárqui-camente los municipios en base a un valor del parámetro de dos para calcular el (IGE), lo cual significa que son los municipios donde la desigualdad se genera por aquellos grupos de la población que reci-ben altos salarios. Los resultados se presentan en el cuadro 2.

Cuadro 2. Municipios donde la desigualdad de los salarios es generada por la parte alta de la distribución en Tamaulipas.

IEG Atkin-son

Proporción población

Ingreso medio

Decil P90/P10 -1 2 2 GINI

Nuevo Laredo 11.8 4.16 5.6 0.7 6.22 0.58 0.48

Villagrán 0.2 2.44 5.46 0.54 5.48 0.53 0.47Valle

Hermoso 2.0 3.27 5.6 1.04 3.45 0.68 0.45

Río Bravo 3.6 3.3 4.67 0.42 2.83 0.45 0.4Ciudad Madero 6.0 5.56 10 0.79 2.49 0.61 0.54

Victoria 9.8 4.57 6.53 0.56 2.47 0.53 0.49Palmillas 0.1 2.34 4.83 0.37 1.34 0.43 0.42Reynosa 18.7 3.81 4.67 0.39 1.21 0.44 0.41Güémez 0.5 1.87 4.3 0.36 1.09 0.42 0.36Jiménez 0.3 2.73 6 0.39 1 0.44 0.39

Tula 0.8 2.14 7.5 0.59 0.93 0.54 0.44Matamo-

ros 15.0 3.52 5 0.55 0.88 0.52 0.41

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010.

Nuevo Laredo es el tercer municipio más grande del esta-do, concentra 11.8% de la población, su salario medio es de los más altos, ya que es de 4.2 salarios mínimos mensuales. De acuerdo con el estadístico de Gini, es el tercer municipio con mayor desigualdad en Tamaulipas; su desigualdad se debe principalmente a que en este municipio existen trabajadores que perciben salarios muy elevados (ver el valor del parámetro 2 para IGE) y con una gran diferencia con casi la totalidad de la población. Dado que el valor que se obtiene para el parámetro del IGE de -1, es pequeño, lo cual denota que los grupos pertenecientes a la parte baja de la distribución del ingreso y a la parte media son muy distintos a la parte alta. El cociente entre el percentil 90 y 10 refleja esa desigualdad, ya que los que se ubican en la cima de la distribución reciben 5.6 veces más salarios que los de la parte baja.

El Índice de Atkinson señala que en ese municipio se tiene que sacrificar 58% de todo el ingreso para que se tenga un nivel de equidad en el nivel de salario. Sencillamente significa que el munici-pio de Nuevo Laredo cuenta con un alto salario promedio, debido a que existe una pequeña proporción de trabajadores que perciben sa-larios muy elevados. Revisando los resultados de los percentiles que aparecen en el anexo, en este municipio se alcanzan los dos salarios mínimos hasta el tercer decil, y es a partir del cuarto que supera esta condición.

El otro resultado que resalta en el cuadro 2 es con respecto al municipio de Ciudad Madero, ya que es el que tiene el nivel de ingresos promedio más alto, pero también es el municipio con mayor desigualdad, con un Gini de 0.54. Pero lo que más llama la atención es el resultado del cociente del percentil 90/10, ya que éste expone que el ingreso de los trabajadores que más ganan es 10 veces más alto que los que menos ganan; por ello, el resultado de IGE 2 expone que en este municipio la desigualdad se genera por la parte alta de la distribución del ingreso, pero a diferencia de Nuevo Laredo, Ciudad Madero se compone por un mayor número de trabajadores. En este municipio se alcanzan los dos salarios mínimos entre el decil 2 y 3. Para alcanzar la equidad, se tiene que sacrificar 61% del ingreso.

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Para los municipios de Valle Hermoso, Río Bravo, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros se observa que la desigualdad se ge-nera en los trabajadores de altos ingresos, comparten valores de des-igualdad entre 0.40 y 0.49. Son municipios relativamente poblados; se observa que para los municipios fronterizos, el salario promedio se ubica por debajo de los cuatro salarios mínimos mensuales; mientras que para Ciudad Victoria es de los más altos, pero también lo es en términos del cociente del decil 90/10. Sin embargo, de acuerdo con el Índice de Atkinson, no es el municipio que más ingresos tiene que sa-crificar para alcanzar la equidad. Esto se debe a que, aun cuando exis-te una gran desigualdad en el municipio de Ciudad Victoria, ésta se debe a un pequeño grupo hegemónico, pero el resto de la población, sobre todo en la parte media y baja de la distribución del ingreso, no es tan diferente en cuanto a los ingresos que perciben (ver el resulta-do de IGE de -1 en el cuadro 2). Los dos salarios mínimos se alcanzan entre el segundo y tercer decil.

Caso contrario sucede en Valle Hermoso, dado que para al-canzar el nivel de equidad entre los trabajadores se tiene que renun-ciar al 68% del ingreso total, resultado en principio no esperado, dado que su Índice de Gini fue 0.45. Pero lo que provoca este resultado es que existe una gran diferencia entre los extremos de la distribución, es decir, en este municipio existe una proporción de trabajadores que se ubican en la cima de la distribución percibiendo altos ingresos, mientras que en la parte baja de la distribución existen trabajadores percibiendo salarios muy bajos. Por esta razón, los dos salarios míni-mos se alcanzan hasta el cuarto decil. Este caso es el único donde la desigualdad se debe a las diferencias de los extremos de la distribu-ción de los salarios.

Los municipios de Villagrán, Palmillas, Güemez, Jiménez y Tula son los municipios menos poblados del grupo de municipios donde la desigualdad se genera por los que más salarios reciben. Sin embargo, son municipios con bajos niveles salariales. De acuerdo con los resultados de los deciles, en Jiménez se alcanzan dos salarios mí-nimos en el quinto decil, mientras que en Palmillas, Tula y Villagrán en el séptimo y, en Güemez, en el octavo decil. A pesar de ser muni-cipios con alta incidencia de pobreza, concentran población con muy altos salarios. Para Güemez, Jiménez y Tula se aprecia que en el inte-

rior de cada uno de ellos, la distancia se reduce entre los resultados obtenidos del IGE de -1 y 2, lo cual, es la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan, lo que significa que la brecha entre estos se está ampliando.

Lo anterior nos expone una realidad sobre la desigualdad. Los municipios como Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Río Bravo, Ciu-dad Madero, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros son los más po-blados y con mayor nivel de desarrollo, pero también es donde se localiza la población de trabajadores que perciben los más altos sala-rios, en particular los que se ubican en la parte alta de la distribución, por lo que son estos últimos los que provocan que la desigualdad sea alta.

Evidentemente, existen trabajadores que perciben bajos sala-rios, cuya proporción alcanza aproximadamente 30% de la población de estos municipios. Para estos mismos, el resto de la distribución de los salarios a través de los deciles presenta diferencias marginales, lo que significa que no existe un diferencial tan marcado entre la parte baja y media de la distribución de los salarios mínimos. Sin embargo, para el resto de los municipios del cuadro 2, se aprecia que la situa-ción de desigualdad es grave, dado que se ubica un pequeño grupo de trabajadores que perciben salarios elevados y, aproximadamente, un 65% de la población vive en condición de pobreza.

Ahora bien, los municipios en donde la desigualdad se gene-ra por los grupos de la población que perciben los ingresos más bajos de la distribución del salario, se presentan en el cuadro 3. Para lograr dicho fin, se ordenó de mayor a menor el valor del parámetro -1 del IGE. En total se identificaron diez municipios en donde la desigual-dad es alta y es provocada por los bajos salarios que se perciben. De estos municipios, ocho presentan una característica en común, son poco poblados, y aproximadamente agrupan 1.5% de la población total del estado. Bustamante, Miquihuana y Gómez Farías presentan salarios promedio por debajo de los dos salarios mínimos, los cuales son considerados municipios en nivel de pobreza. Estos últimos mu-nicipios alcanzan los dos salarios mínimos entre el séptimo y octavo decil. El resto de los municipios se ubican entre dos y cuatro salarios mínimos.

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Cuadro 3. Municipios donde la desigualdad de los salarios es generada por la parte baja de la distribución en Tamaulipas.

IEG Atkin-son

Población Ingreso medio

Decil P90/P10

-1 2 2 GINI

Bustamante 0.21 1.65 12.33 0.98 0.7 0.66 0.5Jaumave 0.45 2.15 7.5 0.73 0.5 0.59 0.43

Miquihuana 0.11 1.54 8.16 0.7 0.41 0.58 0.42Tampico 9.11 3.98 6.81 0.55 0.52 0.52 0.43Mainero 0.08 2.11 7.5 0.54 0.43 0.52 0.4Gómez Farías 0.28 1.71 6 0.41 0.29 0.45 0.36

Cruillas 0.06 2.24 5 0.38 0.25 0.43 0.33San

Fernando 1.74 2.41 5.6 0.37 0.33 0.42 0.36

Guerrero 0.14 3.27 6 0.37 0.24 0.42 0.36Abasolo 0.37 2.25 5 0.36 0.33 0.42 0.37

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda 2010.

El municipio de Bustamante es en donde mayor presencia de desigualdad se observa; aunque el Índice de Gini no es capaz de reflejar la dimensión de esta situación, pero el indicador del cociente del decil 90/10 establece que el noveno decil recibe 12.3 veces más in-gresos que el primer decil. Además, el índice de Atkinson expone que para lograr la equidad en términos de salarios, es necesario sacrificar 66% de los salarios totales. Esta proporción de salarios que se tiene que sacrificar es alta, pero se justifica debido a que existe 75% de los trabajadores que se encuentra en condición de pobreza. Con excep-ción de Tampico, San Fernando y Abasolo, todos los demás presentan un panorama de desigualdad muy parecido al de Bustamante, aun-que la desigualdad disminuye marginalmente para cada uno de estos municipios, en especial para el municipio de Guerrero.

El municipio de Tampico es uno de los más grandes en el es-tado, en términos de población: representa el 9.11%. Es considerado

como uno de los municipios hegemónicos en materia económica; sin embargo, como se observa en el cuadro 3, presenta una desigualdad considerable, la cual tiene su origen tanto en la presencia de trabaja-dores con muy bajos ingresos y, en menor medida, a la proporción de trabajadores con altos ingresos.

De acuerdo con el cociente del decil 90/10, los que más ga-nan superan en 6.8 veces a los que menos ganan. Es un 30% de la población el que recibe hasta dos salarios mínimos. Aunque no es un municipio con una gran incidencia de pobreza, sí es muy desigual, ya que hasta el séptimo decil hay una diferencia mínima entre cada decil, lo que significa que en este municipio hay una gran proporción de trabajadores percibiendo bajos salarios, pero a partir del octavo decil, la diferencia salarial crece de manera significativa. Para resta-blecer las condiciones de equidad en el municipio es necesario que se sacrifiquen 52% del ingreso total.

Del grupo de municipios que se presentan en el cuadro 3, el segundo municipio más grande en población es San Fernando. El nivel promedio del salario es de 2.4 salarios mínimos mensuales; el cociente del decil 90/10 es de 5.6. Los trabajadores de este municipio presentan un mayor nivel de pobreza, dado que hasta el quinto decil se alcanzan los dos salarios mínimos. El municipio de Abasolo guar-da ciertas características con San Fernando; sin embargo, un aspecto que resalta en estos municipios, al igual que en el de Tampico, es la cercanía entre el valor obtenido de IGE para los valores de -1 y 2. Esto significa que existe una desigualdad que se está ampliando entre los salarios que se ubican en los extremos de la distribución.

Entonces, en los municipios que se muestran en el cuadro 3, la desigualdad es producida por los bajos niveles de salarios, y con excepción del municipio de Tampico, el resto de los municipios son poco poblados y la mayoría de los trabajadores presenta condiciones de pobreza. Esto no significa que no haya trabajadores con salarios altos, sí los hay, pero no se comparan con los salarios que se obtienen en los municipios del cuadro 2. De hecho, de los municipios del cua-dro 3, los salarios más altos se observan en Tampico, Jaumave y Bus-tamante. Sin embargo, el grosor de la población se ubica por debajo de los dos salarios mínimos.

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Por otro lado, se consideró identificar el efecto del nivel edu-cativo sobre la desigualdad que se genera en cada uno de los munici-pios que se presentaron en los cuadros 2 y 3. El objetivo es establecer en qué medida varía la desigualdad de acuerdo con el nivel de estu-dio de cada uno de los municipios que se analizan. Para tal fin, se uti-lizó el criterio del IGE para el parámetro 2 y además que el coeficiente de Gini fuera mayor a 0.40. Los niveles educativos empleados fueron: ninguno, primaria, secundaria, preparatoria, normal básica, técnico con primaria, técnico con secundaria, técnico con preparatoria, nor-mal de licenciatura, licenciatura, maestría y doctorado. En el cuadro 4 se muestran los municipios donde la desigualdad es el resultado de altos salarios.

Cuadro 4. Desigualdad y nivel educativo de la parte alta de la distribución de los salarios en Tamaulipas.

IEG Atkin-son

Municipios Nivel académico

Salarios mínimos promedio

-1 2 2 Gini

Ciudad Madero

Técnico- Secundaria 3.80 0.84 0.52 0.63 0.44

Técnico- Primaria 3.17 0.54 0.68 0.52 0.47

Secundaria 3.04 0.39 0.52 0.44 0.41Preparatoria 4.07 0.37 0.44 0.43 0.42

Normal-licen-ciatura 6.00 0.39 0.34 0.44 0.42

Licenciatura 9.39 0.85 2.42 0.63 0.55Güémez Licenciatura 5.29 0.42 0.46 0.46 0.45Jiménez Normal básica 15.26 3.25 1.78 0.87 0.71

Matamoros


Normal- Licenciatura 6.70 0.39 0.68 0.44 0.46

Licenciatura 6.04 1.95 0.76 0.80 0.41

Nuevo Laredo

Preparatoria 4.36 0.59 9.65 0.54 0.46Normal-

Licenciatura 4.76 5.28 0.55 0.91 0.43

Ninguno 2.19 2.05 0.66 0.80 0.43Maestría 9.17 0.47 0.45 0.48 0.45

Licenciatura 8.90 0.75 5.57 0.60 0.56Palmillas Preparatoria 5.17 0.83 2.51 0.62 0.63

Reynosa

Normal- Licenciatura 8.10 0.65 6.06 0.57 0.54

Maestría 10.79 0.39 1.24 0.44 0.44Licenciatura 7.42 0.45 0.52 0.47 0.42

Río BravoPreparatoria 3.78 0.38 10.05 0.43 0.44Licenciatura 6.04 0.39 0.40 0.44 0.40

TulaTécnico-

Preparatoria 15.56 1.92 0.84 0.79 0.61

Preparatoria 2.87 0.41 1.09 0.45 0.45

Valle Her-moso

Técnico- Secundaria 3.60 0.50 0.83 0.50 0.46


Preparatoria 4.25 0.61 10.96 0.55 0.55Licenciatura 5.52 0.36 0.52 0.42 0.41

VictoriaMaestría 15.38 0.60 1.87 0.55 0.54

Licenciatura 6.52 0.47 2.03 0.48 0.48Doctorado 13.25 1.00 1.52 0.67 0.56

Villagrán Secundaria 3.62 0.94 8.77 0.65 0.60Fuente: elaboración propia con datos de los


Al revisar el salario mínimo promedio de los municipios con más desigualdad en el estado de Tamaulipas, se encuentra que en casi la totalidad de éstos, los mayores salarios son percibidos por aquellos trabajadores que tienen mejor nivel de estudio. La excepción es Vic-toria, debido a que es el nivel de maestría el que más salarios percibe, dejando por debajo a los trabajadores que cuentan con doctorado.

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Otro aspecto que resalta del cuadro 4 está relacionado con el efecto de la educación en el nivel de desigualdad en los municipios, y lo que se percibe es que, generalmente, la desigualdad crece cuan-do el nivel educativo aumenta. De hecho, en este cuadro se observa, principalmente, que la mayor desigualdad se presenta en la pobla-ción de trabajadores con niveles educativos de medio superior, supe-rior y de posgrado. Por ejemplo, revisando los casos de los trabajado-res con maestría en Victoria y Reynosa y de licenciatura en Ciudad Madero, se observa que son municipios con salarios promedio altos y con buen nivel académico; sin embargo, en estos municipios se tienen marcadas diferencias en cuanto a la distribución de los ingresos para dichos niveles académicos, según el índice de Gini que presenta cada uno de ellos.

Aunque revisando el IGE para los parámetros -1 y 2, se ob-serva que para estos municipios, la diferencia la generan los que per-ciben altos salarios y que, por tanto, los de la parte baja y media de la distribución perciben salarios muy parecidos al promedio de salario mínimo que se presenta en este mismo cuadro. Por tanto, en estas situaciones, la desigualdad que se presenta refleja únicamente que existe población percibiendo muy altos salarios, sin que ello signifi-que que el resto tenga condiciones precarias en cuanto a los ingresos que perciben.

En casos como los observados en el municipio de Jiménez, con un nivel académico de Normal básica y Tula con un nivel de Téc-nico con Preparatoria, que son los que perciben mayores salarios, el índice de Gini señala que la desigualdad en estos municipios es muy alta, y el IGE para los valores de -1 y 2, expone una situación donde se observa que existe una gran parte de los trabajadores que percibe salarios muy bajos y, otra parte, salarios muy altos. Incluso, el valor IGE de -1 es mayor que el valor de IGE 2, lo que significa que hay trabajadores que perciben salarios muy por debajo del promedio que se muestra en cada uno de estos municipios.

Entonces, se tienen trabajadores con un mismo nivel acadé-mico pero con salarios con un diferencial importante, por lo que la media no representa un valor que refleje lo que sucede con los sala-rios de los trabajadores. Esta misma historia podría ser contada para

los municipios de Ciudad Madero con preparación de Técnico con Secundaria, para Matamoros con nivel de Licenciatura, para Nuevo Laredo, Normal con Licenciatura y sin ninguna instrucción y para Valle Hermoso de Técnico con Primaria.

Ahora, comparando los resultados del nivel académico de aquellos municipios donde su desigualdad es el resultado de los que perciben salarios muy bajos (ver cuadro 5), se observa que, en prin-cipio, presentan índices de Gini muy similares, al igual que para los valores del IGE, mostrando que la diferencia entre los valores del IGE es mínima; aunque predominan los valores mayores de IGE de -1. Además, es evidente que la desigualdad surge de los trabajadores que cuentan con bajos niveles de educación, es decir, predominan Ninguno, Primaria y Secundaria.

Del cuadro 5, es plausible identificar que los bajos niveles educativos se asocian con niveles de salarios muy bajos. De hecho, en la mayoría, el promedio se ubica por debajo de los dos salarios mínimos mensuales, una condición que caracteriza a la población en situación de pobreza. Abasolo presenta una desigualdad elevada para los trabajadores que cuentan con un nivel educativo profesional, percibiendo salarios superiores a los seis salarios mínimos mensua-les, los cuales son muy cercanos a los salarios que percibe la parte alta de la distribución; mientras que en la parte baja, se observa un segmento que percibe salarios bajos, lo que está provocando que la desigualdad se acentúe. Para lograr la equidad en términos del sa-lario, es necesario que se renuncie al 51% de todo el salario que se genera en Abasolo. En el caso de Mainero, con nivel de Secundaria, la desigualdad es alta, pero a diferencia del caso anterior, el salario promedio es menor, y la desigualdad la generan los trabajadores que perciben salarios más altos.

En el municipio de Tampico, la población trabajadora que más reciente la desigualdad es aquella que cuenta con nivel de Prima-ria, percibiendo salarios promedio de 2.43, los cuales son percibidos por la mayoría de trabajadores que cuentan con este nivel de estudio. Asimismo, existen en este municipio trabajadores que cuentan con este mismo nivel de estudio pero perciben mayores salarios, precisa-mente son éstos lo que generan que la desigualdad crezca.

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En este sentido, asociando el nivel académico con los gra-dos de desigualdad de los municipios de Tamaulipas, se percibe que cuando la desigualdad se genera de una manera marcada por los tra-bajadores de la parte alta de la distribución, es decir por aquellos que perciben los mayores salarios, se presentan bajo condiciones específi-cas que se caracterizan porque la mayoría de los trabajadores cuentan con mejores niveles educativos, se localizan en municipios con un mayor nivel de desarrollo; pero además, se observa que el nivel de desigualdad entre éstos es alta.

Para este mismo grupo de trabajadores, se observaron resul-tados donde la desigualdad se originó en la parte baja de la distribu-ción de los salarios; sin embargo, son sólo siete casos de un total de más de 30 casos.

Cuadro 5. Desigualdad y nivel educativo de la parte baja de la distribu-ción de los salarios en Tamaulipas

IEG Atkin-son

Municipios Nivel académico

Salarios mínimos promedio

-1 2 2 Gini

Abasolo Normal-licenciatura 6.59 0.52 0.34 0.51 0.43

Bustamante

Primaria 1.37 0.91 1.12 0.64 0.53Ninguno 0.54 0.44 0.43 0.47 0.44

Secundaria 1.59 0.61 0.40 0.55 0.40Preparatoria 1.81 0.41 0.34 0.45 0.39

Jaumave Primaria 1.51 0.62 0.34 0.55 0.40

MaineroSecundaria 2.48 0.38 0.51 0.43 0.41

Primaria 1.72 0.60 0.38 0.55 0.39Miquihuana Primaria 1.31 0.71 0.62 0.59 0.44

San Fernando Ninguno 1.69 0.78 0.52 0.61 0.43

Tampico Primaria 2.43 0.47 0.81 0.49 0.39Fuente: elaboración propia con datos de los


Cuando la desigualdad surge de la parte baja de la distri-bución del ingreso, se observa que predominan los trabajadores que cuentan con niveles educativos básicos. Para alcanzar la equidad de los salarios en estos grupos de trabajadores, es necesario despren-derse de una proporción más alta de los salarios totales que aquellos trabajadores donde la desigualdad se genera en la parte alta de la distribución.

CONCLUSIONES Como se ha podido observar a lo largo del documento, si

bien es cierto que algunas medidas tratan de estimar la desigualdad del ingreso de manera objetiva más que normativa han recibido críti-cas respecto a su alcance, es necesario reconocer que cuando se usan varios estadísticos para analizar los alcances de la desigualdad, se puede obtener información importante que identifica, no sólo en gra-do de desigualdad, sino más allá de ella, a través de la forma como se comportan los grupos de trabajadores con ciertos niveles de ingresos y de qué manera unos crecen más que otros.

La información anterior puede orientar a los diseñadores de políticas públicas, a fin de poder dirigir acciones gubernamentales a través de planes, programas y proyectos que atiendan a la población en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Por otra parte, el documento muestra, a la vez, algunos de los elementos que generan una distribución del ingreso diferenciado entre los municipios del estado de Tamaulipas. Por una parte, la acti-vidad económica local es fundamental y muestra de ello lo tenemos en la zona norte con Nuevo Laredo y Reynosa, o bien en la zona sur con Ciudad Madero e incluso Tampico.

Dicha actividad económica que se desarrolla en el lugar ge-nera condiciones propias en cuanto a los ingresos para cada grupo de la población que se integra a las actividades con mayor dinamismo.

Sin embargo, existen otros factores que influyen en el proceso de acceder a mejores niveles del ingreso, y entre ellos es fundamental

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el nivel educativo y su coincidencia con las actividades económicas realizadas en cada municipio. Lo anterior muestra el papel que juega la educación como un factor que propicia la movilidad social, pero que a la vez puede contribuir a ensanchar los niveles de desigualdad local.

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SEN, A. (2001). La desigualdad económica, México, Fondo de Cultura Económica.

ANEXODeciles de los salarios mínimos mensuales

para los municipios del estado de TamaulipasDecil

Municipio 10 20 30 40 50 60 70 80Abasolo 0.79 1.10 1.31 1.57 1.84 2.10 2.45 3.15Aldama 1.02 1.28 1.53 1.79 1.84 2.15 2.56 3.07Altamira 0.96 1.43 1.79 2.05 2.51 2.81 3.10 3.84

Antiguo Morelos 0.77 1.02 1.28 1.53 1.53 1.79 2.15 2.72Burgos 0.61 1.05 1.31 1.57 1.84 2.10 2.62 2.62

Bustamante 0.26 0.39 0.59 0.79 1.10 1.57 1.84 2.45Camargo 1.16 1.49 1.99 2.24 2.49 2.98 3.48 4.06

Casas 0.88 1.22 1.50 1.57 1.84 1.97 2.36 2.62Ciudad Madero 1.19 1.74 2.05 2.56 3.07 3.82 5.01 7.16

Cruillas 0.79 1.22 1.44 1.78 1.96 2.20 2.62 3.06Gómez Farías 0.51 0.77 1.02 1.28 1.53 1.53 1.84 2.30

González 0.77 1.28 1.53 1.53 1.79 2.05 2.46 3.07Güémez 0.66 1.05 1.31 1.31 1.57 1.57 1.84 2.10Guerrero 1.24 1.74 1.97 2.15 2.49 2.98 3.48 4.97

Gustavo Díaz Ordaz 0.99 1.49 1.74 2.09 2.36 2.49 2.98 3.73Hidalgo 0.71 1.05 1.31 1.57 1.84 2.10 2.36 2.62Jaumave 0.52 0.79 1.05 1.57 1.57 1.96 2.36 3.06Jiménez 0.79 1.31 1.57 1.84 2.10 2.47 2.62 3.67

Llera 0.79 1.31 1.57 1.57 1.73 1.84 2.10 2.62Mainero 0.52 0.92 1.29 1.50 1.57 1.84 2.14 2.62El Mante 0.77 1.28 1.53 1.79 2.05 2.30 2.56 3.58

Matamoros 1.24 1.74 1.99 2.24 2.49 2.86 3.48 4.23Méndez 0.76 1.22 1.57 1.84 2.36 2.62 2.75 3.15

Mier 1.49 1.99 2.49 2.49 2.73 2.98 3.48 4.47Miguel Alemán 1.39 1.86 2.24 2.49 2.78 2.98 3.73 4.97

Miquihuana 0.39 0.63 0.79 0.94 1.22 1.31 1.62 2.10Nuevo Laredo 1.24 1.74 1.99 2.32 2.49 2.98 3.73 4.97

http://www3.inegi

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Nuevo Morelos 0.77 1.28 1.49 1.53 1.53 1.79 2.05 2.39Ocampo 0.77 1.28 1.53 1.53 1.79 2.05 2.56 3.58Padilla 0.98 1.31 1.47 1.57 1.57 1.84 2.23 2.62

Palmillas 0.79 1.10 1.31 1.57 1.57 1.89 2.10 2.62Reynosa 1.49 1.86 1.99 2.24 2.49 2.98 3.73 4.64

Río Bravo 1.24 1.62 1.99 2.11 2.49 2.73 3.11 3.73San Carlos 0.52 0.99 1.27 1.31 1.57 1.57 1.97 2.45

San Fernando 0.75 1.24 1.49 1.74 1.99 2.32 2.49 2.98San Nicolás 0.61 0.79 0.98 0.98 0.98 1.22 1.31 1.31

Soto la Marina 0.92 1.31 1.57 1.84 2.10 2.45 2.62 3.15Tampico 1.23 1.53 2.05 2.39 2.75 3.22 3.94 5.37

Tula 0.52 0.79 1.05 1.31 1.57 1.84 2.10 2.88Valle Hermoso 0.99 1.49 1.74 1.99 2.24 2.49 2.98 3.73

Victoria 1.31 1.84 2.10 2.36 2.62 3.15 3.93 5.25Villagrán 0.67 1.04 1.31 1.47 1.57 1.84 2.20 2.62

Xicoténcatl 0.77 1.23 1.53 1.53 1.79 2.05 2.44 2.98Fuente: elaboración propia con datos de los


Adolfo Rogelio COGCO CALDERÓNDoctor en Filosofía con orientación en Trabajo Social y Políticas Comparadas del Bienestar Social por la Universidad Autóno-ma de Nuevo León, México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores y Profesor con perfil Promep. En la actualidad es profesor- investigador de tiempo completo en la Unidad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México y profesor invitado en la Universidad del Noreste. Líneas de investigación: proceso de descentralización de las políticas sociales; evaluación de programas y políticas públicas y análisis de las capacidades administrativas de los gobiernos municipales para la atención de los grupos vulnera-bles. Correo Elec.: [email protected]

Jorge Alberto PÉREZ CRUZDoctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California y Maestría en Economía por El Colegio de

la Frontera Norte, A.C., México. En la actualidad es Profesor-investigador de tiempo completo en la Unidad de Ciencias Ju-rídicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico-Madero y Profesor invitado en el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco. Miembro del Sistema Nacio-nal de Investigadores y Profesor con perfil Promep. Líneas de investigación: geografía económica y localización industrial. Correo Elec.: [email protected]

Guadalupe Isabel CEBALLOS ÁLVAREZ Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Regionales y Maestra en Demografía, ambos grados otorga-dos por El Colegio de la Frontera Norte, A.C. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte del Cuerpo Académico “Estudios de Economía y Sociedad” de la Unidad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UCJS) de la UAT. Líneas de investigación: salud reproductiva y violencia hacia la mujer. Correo Elec.: [email protected]



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Desigualdad socioregional y políticas públicas...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 191-218.

DESIGUALDAD SOCIOREGIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN TAMAULIPAS

Héctor Alberto FERNÁNDEZ MORALES, Eder Jesús NODA RAMÍREZ y Carlos HINOJOSA CANTÚ


RESUMENEsta investigación describe, analiza y discute la problemática de

la desigualdad en los municipios de Tamaulipas, México, desde una perspectiva regional, y no solamente enfocada en la concentración del ingreso. Es decir, incorpora mayores elementos sociales, económi-cos y financiero-políticos que definen una desigualdad estructural-espacial orientada a la articulación de las políticas social, económica y fiscal, las cuales se han planteado como tres vectores estructurantes del desarrollo municipal, pero que no han tenido una fuerte articu-lación entre sí.

En ese sentido, los resultados obtenidos a través de la realización de clusters jerárquicos que identifican a los municipios con mayores similitudes estructurales en cuanto a sus asimetrías socio-regionales, están orientados a reflexionar, por un lado, sobre las políticas locales y, por otro, para continuar con el debate y el análisis de la desigual-dad social en el ámbito local.

Palabras clave: desigualdad regional, Tamaulipas, desarrollo municipal, políticas públicas.

SOCIO-REGIONAL INEQUALITY AND PUBLIC POLICIES IN TAMAULIPAS

ABSTRACTThis research describes, analyzes, and discusses the problem of

inequality in the municipalities of Tamaulipas, Mexico, from a re-gional perspective, and not just from income. It incorporates major social, economic, financial, and political elements that define the structured-space of inequality, particularly, in the articulation of social, economic, and fiscal policies. These three have been defined as structural vectors of development in the municipalities but they lack of a strong management.

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FERNÁNDEZ M., H.A.; NODA R., E.J. e HINOJOSA C., C. Desigualdad socioregional y políticas públicas...

In that sense, the results gathered through the creation of hierar-chical clusters, in order to identify the municipalities with greater structural similarities at a social level, are intended to reflect on the local policies, and to continue with the debate and analysis of social inequality at the local level.

Keywords: Regional inequality, Tamaulipas, municipal deve-lopment, public policy.

INTRODUCCIÓN

Los más recientes resultados publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval, 2015) reflejan un incremento de la población en condiciones de po-breza, de 53.3 a 55.3 millones de personas. La versión institucional ex-plica que la caída del ingreso en los hogares y los cambios demográ-ficos fueron factores importantes asociados a este aumento. Si bien la pobreza extrema disminuyó en términos generales en el decil con mayores carencias, la estructura social permanece en una constante desigualdad entre la población, habiendo una mayor concentración de riqueza en un sector muy reducido de ésta.

En este sentido, el tema de la desigualdad es sustancial para comprender las diferentes dinámicas del desarrollo en el país y sus regiones, dado que existen diferencias fundamentales al interior de la República Mexicana que componen de manera interdependiente la actual estructura social.

En el caso de Tamaulipas, de 2010 a 2014, el número de personas en condiciones de pobreza aumentó en 1.1%. Por otro lado, la pobreza extrema se redujo en un 8.6% (Coneval, 2014), lo cual es un indicador de que los grupos más vulnerables tienen mayor acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas, como es la alimentación, pero que el resto de la población no cuenta con las condiciones patrimoniales necesarias que mejoren su calidad de vida de manera más igualitaria.

Por otra parte, la población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo también tuvo un incremento significativo de

1.6% de 2010 a 2014, señalando que tanto a nivel nacional como estatal la caída de los ingresos tuvo repercusiones generalizadas.

De acuerdo con Piketty (2014), la desigualdad imperante en el capitalismo se debe a que las tasas de ganancia son mayores que el crecimiento económico, lo cual le permite a un pequeño estrato de la población tener más beneficios que el resto (r>g). Durante el siglo XX, la concentración de la riqueza ha sido de manera patrimonial o hereditaria, es decir, es un sistema acumulativo de rentas sostenido por oligarquías mundiales. Esto es un círculo vicioso donde parece ser que el meta-juego político-financiero, busca preservar más la renta que la producción, la cual es heredada entre los grupos que la controlan.

Sin embargo, a nivel local, el capitalismo no tiene la misma estructuración y las formas de dominación económica tampoco están circunscritas en un mismo vector político y social. De ahí que la realidad tamaulipeca presente un desarrollo diferente, tanto en el contexto regional (noreste de México) como en el nacional o internacional.

Por otra parte, una mayor inversión o producción en municipios localizados en la frontera norte y el sudeste del estado, no significa que en su interior no presenten dinámicas particulares de desigualdad social y económica. Por eso la relevancia de analizar las estructuras socio-regionales de los municipios, no solamente desde una visión del ingreso, como la mayoría de los estudios en el tema plantean, sino de las propias condiciones en las que el capital está circunscrito espacialmente.

Es decir, las asimetrías en educación, vivienda, capital humano, acceso a las tecnologías de información, salud, producción demográfica, condiciones sociales básicas y finanzas públicas locales.

El objetivo de este documento es describir y analizar las asi-metrías regionales que existen entre los municipios tamaulipecos en su estructura socio-productiva,1 sugiriendo una reconfiguración re-gional de su geografía social, para poder relacionar los resultados con la política social y fiscal, dado que forman parte de un solo proceso

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histórico de desarrollo económico en el estado, el cual se ha dado de forma desigual a nivel local.

Piketty (2014) puntualiza, en una discusión académica, que se ha pasado por alto considerar desde la economía política el tema de la desigualdad, la cual no es un fenómeno espontáneo de las relaciones sociales productivas, sino es consecuencia de la conformación de un capitalismo patrimonial. En ese sentido, el debate de la desigualdad regional no sólo es exclusivo de la economía, sino que también invo-lucra a las ciencias sociales en su conjunto, puesto que su transversa-lidad analítica traslada la discusión a múltiples aristas consecuentes, como la exclusión o la pobreza, fenómenos multidimensionales estu-diados por la sociología y la antropología, principalmente.

DESIGUALDAD, DESARROLLO REGIONAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS

En un primer escenario, Sunkel (1970) explica que las des-igualdades regionales son originadas en las contradicciones del co-mercio internacional, el cambio tecnológico, la urbanización de la economía y la sociedad, y la competencia monopolística. En los países con menos desarrollo de sus fuerzas productivas, los bajos ingresos, el desempleo y el subempleo en un vasto número de la población, son elementos constitutivos de las condiciones precarias de vida. Desde esta perspectiva, los desequilibrios del capitalismo mundial se encuentran en una relación de dependencia con los países poco desa-rrollados, que tienen mayores desventajas en cuanto al desarrollo de sus propias fuerzas productivas.

Lo anterior significa ventajas y desventajas para las naciones en el proceso de desarrollo económico, pero no significa que, a nivel interno, no se reproduzcan desigualdades. Piketty (2014) describe que en el caso de Estados Unidos de América (EUA), los niveles de desigualdad entre los grupos menos favorecidos y más favorecidos (oligarquía norteamericana) son muy distantes en cuanto al ingreso. En el caso latinoamericano, las estructuras socioeconómicas también cuentan con una polarización de la riqueza y segregación de la distri-bución del ingreso en un entorno de pobreza y exclusión social.

Para los países menos desarrollados, el amplio ejército indus-trial de reserva y el propio atraso tecnológico, son factores fundamen-tales de la estática de la movilidad social. Es decir, mientras existe una estructura definida por las oligarquías regionales que buscan intercambiar bienes y servicios con las regiones más desarrolladas (competitividad y comercio internacional), el mercado laboral estará supeditado a infravalorar el trabajo menos capacitado, lo que reper-cute en una presión que conserva los salarios bajos y, por lo tanto, en bajos ingresos en la mayor parte de la población.

Por otro lado, la ruta de la modernización en América Lati-na fue el progresivo traslado de la actividad económica al sistema urbano y, con ello, la localización de la industria y de servicios, los cuales constituyeron núcleos dominantes en el proceso de desarrollo desigual que se dio en la segunda mitad del siglo XX en la relación campo-ciudad. Factores como la migración forzada y el crecimiento de la mancha urbana hacia las periferias de las metrópolis, intensifi-caron las relaciones de acumulación y des-acumulación en los territo-rios: por una parte los centros dominantes aglomeraban la actividad económica (polos de desarrollo) y, por otro lado, los polos excluidos se quedaban sin fuerzas productivas, dado que surgió una movilidad a los centros con mayores factores productivos.

Sin embargo, la movilización forzada ante el abandono del campo no introdujo mano de obra especializada, sino una masa mar-ginal que no disponía de elementos suficientes para integrarse a las actividades competitivas del mercado urbano, lo cual fue rezagando las formas de sobrevivencia de la población.

Si bien en Europa –como señala Lacoste (1980)– en el siglo XIX las rentas nacionales crecieron más que la población, lo cual ele-vó las condiciones de vida de los habitantes, la América latina colo-nializada pasaba por un proceso de explotación laboral más agudo, siendo los grupos más favorecidos aquellos que estaban relaciona-dos con el poder central europeo. Mientras el crecimiento económico en el viejo continente fue de corta duración, el sistema colonializado latinoamericano fue un periodo de larga duración, en términos de Braudel (Lacoste, 1976).

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Con base en lo anterior, el desarrollo económico en la región latinoamericana atendió a una lógica de subordinación y dependen-cia, como explicó en su momento la escuela desarrollista, por lo que es necesario comprender su propio contexto para explicar las formas de desigualdad actuales.

En México, el Estado ha sido fundamental para la construc-ción de la riqueza, dado que a partir de sus reformas o intervención, ha beneficiado a ciertos grupos sociales a lo largo de su historia mo-derna. En la posrevolución, la reforma agraria, la expropiación pe-trolera y la politización de los gremios obreros y sociales formula-ron la ecuación central que dio fisonomía a la nación actual. Así, por ejemplo, la ejidización de la tierra para la producción campesina y el proyecto de industrialización renovaron la estructura productiva del país.

En el periodo de Sustitución de Importaciones (SI), se forma-ron las nuevas clases empresariales y, con ello, el manejo de la activi-dad económica del país, que en ese entonces proponía la protección del mercado interno a través de políticas proteccionistas. González (2009) explica que, derivado de las crisis sociales y políticas durante la década de los setenta, así como las reformas políticas del Estado, la reconfiguración de las estructuras políticas y económicas en el país permitió la incorporación del neoliberalismo y, con ello, el inicio de la neo democratización nacional, lo que reformuló el discurso político del desarrollo.

Los estados al interior de la República Mexicana pasaron por una trayectoria gradual en la evolución de sus estructuras socio-pro-ductivas, continuando con la constante asimetría de mayor desarrollo en las fuerzas productivas e infraestructura en la zona norte del país, a diferencia de la zona sur, donde se mantienen regímenes de propie-dad similares a los latifundios, pero en un contexto de modernización y urbanización. Asimismo, la localización de las carencias sociales y la pobreza es más notoria en los espacios sureños, a diferencia del desarrollo industrial moderno del centro-norte. Esta primera des-igualdad regional es importante porque también implica una mayor movilidad migratoria, en búsqueda de mejores opciones de vida.

Continuando con las desigualdades internas, las problemá-ticas socio-productivas pasan a formar parte de un ámbito micro-re-gional, es decir, al interior de las regiones más o menos desarrolladas del país. La interacción del capital local que genera ventajas compe-titivas, eslabonamientos productivos, especialización y tecnología, establecen micro-núcleos dominantes que bien pueden expandir el reforzamiento de la riqueza en relación con otras regiones, tanto na-cionales como internacionales. Así por ejemplo, la localización de in-dustrias importantes en un municipio atrae una cadena de valor, no sólo de envergadura local, sino también internacional, así como un posicionamiento importante en la concentración de la riqueza en los grupos industriales que la conforman.

Castaingts (2007) menciona que sólo en los países con mayor desarrollo existe un diamante de la producción, donde de acuerdo con Porter, convergen factores de la producción avanzados como el del capital humano, los sistemas de comunicación y el desarrollo tec-nológico, lo cual genera –en teoría– una dinámica de competencia entre regiones-corporaciones. Por otra parte, en los países con meno-res reforzamientos de la riqueza local existen tres tipos de regiones, según el desarrollo de sus fuerzas productivas: diamantosas, jade y carbón, de mayor a menor desarrollo.

Mencionar esta clasificación es importante para analizar la desigualdad local, dado que implica el reconocimiento de espacios mejor posicionados que otros, cuyas dinámicas sociales y económi-cas son diferentes entre sí. Por ejemplo, en el norte y sur del estado de Tamaulipas, la región fronteriza y huasteca concentran la mayor actividad industrial y de servicios, cuya infraestructura cuenta con mejores condiciones que favorecen a la población (obra pública, in-gresos, empleo, etc.), en contraparte con otras regiones como “Alta del Poniente” o “Cuarto Distrito”, cuyos niveles de desarrollo social y productivo son precarios.

En ese sentido, la micro-espacialización de la desigualdad, para el caso de las regiones más competitivas, se traslada al entorno metropolitano, donde los niveles de exclusión pueden ser incluso si-milares que en entornos menos desarrollados.

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La cuestión se trata de la convergencia socio-productiva de las regiones; en otras palabras, el equilibrio parcial en donde un espa-cio pueda mantener condiciones igualitarias con otro, aunque tengan diferencias sustanciales en cuanto a la actividad económica. Lo an-terior incorpora al debate de la desigualdad el tema de los derechos sociales-civiles y la participación del Estado, para regular la concen-tración de ventajas en una región, y las que se deriven al interior de ella.

Si bien –como explican Murphy et al. (2002) y García (1986)– la desigualdad es entendida en relación con el acceso de los bienes y activos, o a la concentración de la riqueza, y no es exclusiva de la producción, lo cual sugiere que la desigualdad es un fenómeno de “formas” dadas en un proceso de desarrollo social y económico asi-métrico. Las diferencias sustanciales entre los múltiples grupos que conforman la población constituyen un corpus estructural derivado de una desigualdad sistémica, como la desigualdad laboral, política, económica, de sexo, etc., lo que da lugar a poner en la mesa de la dis-cusión el tema de los derechos.

Para Rawls (2006), todos somos iguales, en el sentido que el individuo cuenta con las elecciones de elegir, existiendo un velo de la ignorancia común, por lo que tal elección está orientada a los fines del individuo. Como el individuo es capaz de discriminar racionalmen-te, entonces su libertad es una capacidad manifestada en diferentes objetos.

Cada individuo tiene un derecho igual al esquema de liber-tades básicas similar a los esquemas de otros; por lo tanto, a cada libertad corresponde una necesidad básica (Noda y Carballo, 2015); la justicia opera como una distribución de bienes contingentes y en la resolución de las desigualdades económicas y sociales (la justa igual-dad de oportunidades): a más justicia, menor desigualdad social.

El supuesto rawlsiano de la justicia implica que los espacios menos favorecidos, caracterizados por sus condiciones sociales dete-rioradas, la falta de una infraestructura social suficiente y del acceso a la salud, así como la pobreza acumulativa que deriva en el hambre y la desnutrición, adopta un sentido teórico de la organización social y

política, lo que viene a devengar un enfoque político-democrático de la igualdad: a cada necesidad-libertad corresponde una política como eje regulador de la distribución de los bienes justos.

Sin embargo, Sen (1995) cuestiona los medios que Rawls comprende en función con la distribución de bienes para alcanzar a la libertad como fin; su principal argumento está centrado en las capacidades. Puede haber una igualdad de derechos –ingresos, aso-ciación, voto– entre dos personas, pero si una persona, por ejemplo, es minusválida o presenta limitaciones en sus capacidades, no podrá disfrutar de sus bienes como una persona con sus capacidades desa-rrolladas. En el caso de los ciudadanos menos favorecidos (sujetos políticos), aspectos cualitativos como sexo, salud, esperanza de vida, calidad educativa, son elementos relacionados con sus capacidades.

Entonces, desde la perspectiva ética de Sen, son las capacida-des las que deben sustentar los medios igualitarios de las libertades. La justicia tomaría la noción del derecho como necesidad, para pasar a la del derecho como capacidad: a cada necesidad-capacidad/liber-tad corresponde una política de distribución justa.

En este sentido, si la desigualdad comprende desde el acceso a bienes, entonces éstos implican una justa distribución correspon-diente a las capacidades en un marco institucional de los derechos, de ahí que las políticas públicas jueguen un papel importante entre las condiciones socio-productivas y políticas del desarrollo, las cuales son traducidas a los bienes sociales que garantizan la satisfacción de las necesidades y el desarrollo de las capacidades.

La idea central es conjuntar las condiciones económicas de los territorios con los niveles de vida de la población, dado que re-presentan un binomio a considerar para el desarrollo regional. Ex-tendiendo estos supuestos al ámbito del espacio, son las capacidades territoriales las que también están circunscritas en la lógica de la justi-cia y la distribución de bienes. Si bien existe una estructura global de las desigualdades, es en las relaciones inter-regionales donde surgen las principales asimetrías a lo largo de la historia.

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CONSIDERACIONES METODOLÓGICASEn esta investigación se proponen unas formas de agrupa-

ción que representen a las relaciones inter-estatales, que se traducen a tipos de desigualdad, las cuales forman parte de la estructura re-gional. Es decir, importa reconstruir la fisonomía del territorio y, así, observar las múltiples condiciones de la desigualdad regional.

Para lograr estas agrupaciones, se realizó un ejercicio técnico de cluster jerárquico, perteneciente a los análisis pos hoc, el cual “sirve para clasificar un conjunto de individuos o localidades en una serie de grupos o espacios” (Visauta y Martori, 2003:178). En este caso, in-teresa identificar los espacios derivados de la conjunción de determi-nadas variables que respondan a las situaciones sociales, económicas y de recursos públicos.

Para elaborar los espacios correspondientes, es prescindible definir “las distancias sociales” de cada municipio para compararlos entre sí, de ahí que se utilizara la distancia euclidiana cuadrática para establecer una matriz de proximidad entre las diferentes variables, correspondientes a las formas de desigualdad: d2 (x,y) = ∑i (xi - yi)2. Donde d es la distancia euclidiana elevada al cuadrado y, x, y son variables representadas en una matriz propia de los i-esimos espacios de los conglomerados.

Una vez teniendo la unidad de medida de la agrupación, es necesario también seleccionar el método. En este estudio se utilizó el método de vinculación inter-grupos, el cual define de la forma más aproximada a la distancia de todas las combinaciones posibles entre dos conglomerados, utilizando la información de los pares en rela-ción con sus distancias, logrando homogenizar el espacio en función a las variables de agrupación más próximas (Visauta y Martori, 2003): dAB = 1/nAnB ∑i=A ∑i=B dij . Donde dAB son las diferentes combinaciones de distancias de los clusters bidimensionales en los espacios, dado que queremos analizar las diferencias comparadas entre municipios, de acuerdo con sus variables de criterio, las cuales a continuación se detallan:

Cuadro 1. Indicadores estructurales de la desigualdad socio-regional.

Dimensión Indicador

Participación productiva

Tasa de participación económicaTasa de productividad socialTasa de desempleo abierto

Capital humano

% de la población de 25 años ocupada con grados aprobados a nivel superior% de la población ocupada mayor a 12 años con educación superior

Educación

Grado promedio de escolaridad% de la población de 15 años y más analfabeta% de la población de 15 años y más sin primaria completa

Vivienda

% de ocupantes en viviendas sin energía eléctrica% de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado% de ocupantes en viviendas sin agua entubada% de ocupantes en viviendas con piso de tierra% de la población con algún nivel de hacinamiento

Acceso y condiciones de salud

% de la población sin derechohabiencia% de la población mayor de 12 años con alguna limitación en la actividad

Condiciones sociales básicas

% de la población ocupada con ingresos de hasta dos salarios mínimos% de la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar% de la población con carencia por acceso a la alimentación

Acceso a Tecnologías de la Información

% de viviendas particulares que no disponen de computadora% de viviendas particulares que no disponen de Internet

Dependencia financiera

% de las transferencias federales respecto al total de los ingresos municipales

Fuente: Elaboración propia.

Las dimensiones aquí mencionadas corresponden a un nivel de análisis de la desigualdad que es representado geográficamente

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por medio de la elaboración de los clusters jerárquicos; es decir, re-configura la división política del territorio por una geografía social de las desigualdades.

En este sentido, se pretende mostrar una realidad interestatal variante, según sea la regionalización de las dimensiones. Por ejem-plo: los municipios más favorecidos localizados al norte y sur del es-tado no constituyen precisamente condiciones óptimas de igualdad; en otras palabras, pueden presentar asimetrías en las condiciones de la vivienda, similares a otros municipios.

DISCUSIÓN Y RESULTADOSLa desigualdad por ingresos en el estado de Tamaulipas re-

presentada por un coeficiente de Gini de 0.422 (CG), se ha mantenido por debajo del promedio nacional con un CG de 0.449. Ocupa el lugar 28 en un orden de mayor a menor desigualdad, posicionándolo como uno de los estados de más equitativa distribución de la riqueza, sólo superado por Tlaxcala, Morelos, Colima y Guanajuato.

Sin embargo, esta condición no exime a la entidad de una desigualdad menor al interior de la estructura del ingreso corrien-te. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), muestra que para 2010, el decil (I) con menor ingreso, representa aproximadamente 1.9% del ingreso corriente to-tal, en contraste con el decil (X) de mayor ingreso, que concentra el 32.19%. Tan sólo en los últimos cinco deciles (VI-X), está representado el 78.8% del total.

Cuadro 2. Ingreso corriente (precios constantes del 2010) por deciles.

Deciles Hogares Ingreso PromedioIngreso

corriente925,339 30,988,275,807 33,489

I 92,533 594,589,455 6,426II 92,533 991,874,268 10,719III 92,533 1,297,439,414 14,021IV 92,533 1,648,721,513 17,818V 92,533 2,018,953,675 21,819VI 92,533 2,473,830,329 26,735VII 92,533 3,005,756,090 32,483VIII 92,533 3,775,761,793 40,804IX 92,533 5,205,713,652 56,258X 92,542 9,975,635,620 107,796

CG 0.422Fuente: ENIGH, 2010.

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El mapa temático del CG (figura 1) señala que las mayores desigualdades de ingreso tienen presencia relevante en la zona sur, constituida por las regiones del Cuarto Distrito y la Huasteca Occi-dental; en menor medida por las regiones de la Huasteca Oriental, los Llanos de San Fernando y la Franja Fronteriza; por último, en la Cuenca Central y la Sierra de San Carlos, la distribución del ingreso es más equitativa.

Como puede notarse, en términos municipales, una equidad de ingresos no significa mejores condiciones de vida, dado que un espacio puede tener una estructura productiva tan insuficiente, que la población se encuentre en las mismas situaciones carenciales o de acceso a bienes; verbigracia, el municipio de San Nicolás, que cuenta con uno de los CG menores de la entidad, pero que sus condiciones de rezago son elevadas.

Entonces, una segunda lectura también debe tomar en cuenta la distribución municipal del ICTPC (Ingreso Corriente Total Per Cá-pita), en donde como fue señalado, San Nicolás es el municipio con menor ingreso, es decir: a nivel interestatal el ingreso es distribuido más equitativamente en el municipio, pero las condiciones propias de ese ingreso son las más precarias en toda la entidad. Los municipios de Victoria, Ciudad Madero, Tampico, Reynosa, Mier y Matamoros, a pesar de las agudas diferencias en el nivel de ingreso de la población, son los que mayores ingresos promedio per cápita cuentan, en con-traparte con los municipios de San Carlos, Miquihuana, Bustamante y San Nicolás.

Derivado de lo anterior, conviene ampliar el marco de análi-sis, dado que una distribución más equitativa del ingreso no significa que sea suficiente para mejorar las condiciones sociales y económicas de la población en un plano igualitario de sus capacidades. A conti-nuación se analizarán los resultados obtenidos de los ejercicios técni-cos de aglomeración.

En los resultados del primer cluster, se muestran los muni-cipios con menores distancias en tres indicadores (participación eco-nómica, productividad social y desempleo abierto). La Región 1 es considerada como el circuito de menor productividad, seguido por la Región 2, mientras que la Región 5, conformada por el municipio de San Nicolás, se circunscribe como un caso extremo de deterioro en la base demográfica productiva. Los espacios 3 y 4 conforman un circuito de mayor participación económica.

Como se puede observar, el flujo migratorio es mayor en los clusters que tienen menor tasa de desempleo abierto y mayor parti-cipación económica. En materia de productividad social, hay equiva-lencia en tanto a la relación de población ocupada y población eco-nómicamente activa. Con esta clasificación, la regionalización de la productividad social denota diferencias aglomeradas que posicionan a los municipios desde una perspectiva más específica, propia de la desegregación espacial. También indican relaciones de influencia por la movilidad social (inmigración), al representar núcleos dominantes de desarrollo.

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Las dos variables mencionadas en el cuadro de la figura 3, que conforman el cluster de capital humano,3 muestran una diferen-ciación significativa entre las regiones. El estado cuenta con recursos humanos disponibles, lo cual puede observarse en la Región 4, la cual cuenta con una población del 15.5% (grados aprobados en nivel su-perior) y 17.5% (con educación superior) aproximadamente en edad productiva y con educación superior. En la Región 2 también sucede esta situación, pero en menores medidas, 10.4% y 12.1% respectiva-mente; no es así en las Regiones 3 y 1, las cuales muestran indicadores de menores proporciones.

Esta desigualdad indica que existe un número relativamente importante de mano de obra cualificada en municipios que muestran una alta desigualdad en los ingresos y tasas de participación econó-mica más bajas que el resto de los espacios, como Casas, Jiménez, Llera, Nuevo y Antiguo Morelos. Por otra parte, municipios más productivos como Altamira o Matamoros se encuentran en la región de menores proporciones de su capital humano ocupado, lo que da lugar a una subocupación local, aspecto que también es traducido a problemáticas en las estructuras micro-locales del empleo.

La regionalización del grupo 3 tiene una importante relación con el cluster anterior, dado que muestra los municipios con mayores rezagos en el ámbito educativo. En esta figura es interesante resaltar que el 72.1% del territorio tamaulipeco cuenta con indicadores que reflejan un tejido social con un bajo desarrollo educativo en las dos regiones más vulnerables. El grado promedio de escolaridad de la Región 1 es de 6.8%; su analfabetismo asciende al 8% y el 33.7% de la población mayor a 15 años tiene la primaria incompleta. En la Región 3, que corresponde a Bustamante y Miquihuana, los indicadores an-teriores son más críticos: 5.5%, 18.2% y 45% respectivamente.

Independientemente que la desigualdad educativa es nota-ble, cabe la pena señalar la diferencia que hay cuando se compara con los resultados anteriores: municipios que albergan una proporción considerable de capital humano como González, Llera, Aldama, etc., cuentan con fuertes rezagos educativos.

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Este grupo está conformado por cinco variables explicadas en función de las carencias de vivienda; las distancias entre variables dieron como resultado el mapa de la figura presentada. En la entidad hay un avance importante en el desarrollo de la infraestructura de la vivienda en términos generales; la región puede dar cuenta de ello. Sin embargo, se mantiene una problemática importante en la infraes-tructura del agua potable y el hacinamiento; este último indicador señala una equivalencia de rezagos: todos los municipios mantienen importantes niveles de hacinamiento. Si comparamos el mejoramien-to de la infraestructura de la vivienda, lo cual implica el desarrollo de las capacidades territoriales con el índice de viviendas particulares alquiladas, se observa –aunado a los flujos migratorios– un incremen-to del mercado de la vivienda. En las regiones con mejor infraestruc-tura de vivienda, como la número 1, en un 10% son alquiladas.

Después del vencimiento del ejido en el proceso de regulari-zación de tierras desde la década de los ochenta, ha surgido una ma-yor competencia por la adquisición de vivienda, que a su vez parte del aumento en el grado de urbanización de los municipios.

A pesar de existir políticas públicas para el acceso a la salud universal, la realidad regional señala que el 22.7% del promedio de la población de la Región 1 –la que aglomera el mayor número de mu-nicipios– no cuenta con acceso a los servicios de salud. Es decir, no son derechohabientes ni siquiera en el programa de Seguro Popular. Por otra parte, la problemática de acceso a la salud se traslada en el ámbito urbano; en los municipios con menor población como Miqui-huana (Región 5), Jaumave y San Nicolás (Región 4), la cobertura de salud es menor.

Una situación particular manifestada en las desigualdades regionales es que hay un número significativo de la población mayor de 12 años con alguna limitación en la realización de sus actividades. En este sentido, los conglomerados municipales cuentan con simila-res condiciones en el indicador mencionado, lo cual indica, de mane-ra directa, una obstaculización del desarrollo de las capacidades de la población, la cual también es estructurante en la dinámica regional del estado.

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De acuerdo con estos resultados, el cluster 5, junto con el número 3, son las regiones más desiguales a nivel interestatal que, como puede notarse, forma una meso-región localizada en la franja occidental y sur del estado, constituida por municipios como Busta-mante, Miquihuana, Tula, Ocampo, Nuevo y Antiguo Morelos para la primera zona y, para la segunda, están algunos municipios como Villagrán, Mainero, Ocampo, San Carlos, San Nicolás, González, en-tre otros, los cuales presentan una fuerte problemática de disponibi-lidad del ingreso, dado que cuentan con un promedio del 68.7.7% y 72.3% de su población ocupada que recibe un ingreso menor a dos salarios mínimos. También cabe mencionar que más del 60% de su población está por debajo de la línea del bienestar, cifras similares a sus niveles de pobreza.

Ahora bien, en términos generales, hay un deterioro del te-jido social en cuanto a su estructura material. Como puede notarse, todas las regiones son similares en que no hay diferencias tan remar-cadas en sus condiciones sociales básicas, como en sus ingresos. En otras palabras: la desigualdad social es aún más aguda. En los mu-

nicipios de mayores ingresos no se garantizan mejores condiciones en cuanto al problema de la alimentación y la equidad distributiva del propio ingreso, dado que es un gran número de personas las que ingresan poco, en relación con los de mayor ingreso. Los municipios con mayores ventajas productivas como los urbanizados, no dejan de presentar niveles similares de pobreza que en los territorios más atra-sados. En términos generales, la base productiva del estado está sus-tentada en una población con ingresos deteriorados y generalmente pobre; en algunos casos, incluso, con carencias alimentarias.

El siguiente grupo de conglomerados tomó en cuenta las va-riables de las viviendas que no tienen acceso a internet y que tampoco disponen de una computadora. Los resultados demuestran el atraso tecnológico municipal, el cual es generalizado en toda la entidad; el caso de los clústers 3, 4 y 5, entre el 99% y 98% de viviendas no tienen acceso a internet, situación similar a la disponibilidad de computa-doras.

La Región 1 indica que las distancias entre los municipios que la conforman son menores y más homogéneas, lo cual significa una similitud en materia de acceso tecnológico, contemplando práctica-

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mente todo el estado. Aunque seguramente la cobertura tecnológica ha aumentado, bien es cierto que la población no dispone de recursos suficientes para aprovechar la tecnología disponible, lo cual limita sus oportunidades y capacidades de mejorar su calidad de vida.

Lo anterior no quiere decir un no acceso completo de comu-nicaciones, dado que existen puntos como escuelas, empresas, algu-nos parques públicos y servicios de telefonía móvil disponibles en la comunidad. No obstante, a diferencia de los municipios más desarro-llados del país y del mundo, la entidad está muy distante de alcanzar la disponibilidad tecnológica en sus viviendas.

Interesa resaltar, como una de las entidades de mayor desa-rrollo nacional, que cuenta con un desarrollo industrial maquilador y petroquímico, con corredores industriales importantes en el contexto regional y, por ende, con una mejor condición tecnológica que otras entidades, como las del sur del país, que la población no disponga de acceso tecnológico desde sus viviendas en un contexto de mayores competencias laborales.

Incluso los municipios con mejores condiciones de oportu-nidades regionales, como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo (re-laciones de intercambio directo con los EUA), Ciudad Victoria (cen-tralidad del poder político) o los municipios huastecos de Tampico, Ciudad Madero y Altamira (turismo, desarrollo portuario, industria petroquímica y cluster industrial), presentan asimetrías importantes en el uso y acceso social de las tecnologías de la información.

Después de haber expuesto los resultados socioeconómicos de los municipios, conviene incorporar al análisis regional las finan-zas públicas, dado que es parte fundamental de la estructura del de-sarrollo regional.

En la última aglomeración se tomó en cuenta sólo la variable de transferencias federales, para observar particularmente aquellos territorios más vulnerables en cuanto a la dotación de recursos pú-blicos financieros, y que, por sus pocas capacidades productivas e institucionales, no cuentan con una base recaudatoria suficiente para cubrir sus necesidades sociales básicas.

En más del 72% de municipios de Tamaulipas, localizados en las Regiones 1 y 2, su estructura financiera local depende en un 93.4% y 86%, respectivamente, de los recursos públicos provenientes del Ramo 28 y 33. En términos generales, la tasa de dependencia es muy alta, aunque en la Región 3 (Tampico, Reynosa, Nuevo Laredo y Ciudad Madero), el ingreso municipal por concepto del gasto des-centralizado es menor que en el resto de las regiones, con una tasa de dependencia del 67.4%. Esto, debido a que su recaudación es la más alta en términos intermunicipales, con un 17.5% de ingresos propios disponibles, derivados de los impuestos sobre el patrimonio como el predial y otros impuestos sobre el patrimonio, más los derechos como licencias y prestación de servicios públicos. En esta misma lógi-ca se encuentra el clúster 2, compuesto por los municipios de Victoria y Altamira.

La desigualdad financiera no está dada en términos de canti-dades recibidas de los recursos públicos, sino en las capacidades que tienen los municipios para equilibrar sus propios ingresos. Para ello necesitan contar con una estructura productiva dinámica y equitati-va, lo cual no existe en la mayoría de los municipios de básicamente características rurales; pero por otro lado, sí hay una constante des-

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igualdad del ingreso. En otras palabras, existen grupos sociales que desde sus municipios se benefician de la renta local.

Aquí hay una cuestión compleja de analizar. En los munici-pios con menor población y productividad su gasto depende de las transferencias federales, pero existe una desigualdad de ingresos en términos intermunicipales, implicando la falta de mecanismos fisca-les locales de justa distribución que aumente la base fiscal por con-cepto del patrimonio a los de mayor ingreso. Ello, dado que, a nivel federal, la recaudación tributaria está enfocada más a los pequeños contribuyentes por medio del Impuesto al Valor Agregado (IVA), re-percutiendo básicamente en los niveles de precios de los productos y, por supuesto, de la canasta básica.

Por último, si bien municipios más urbanizados y con mayor presencia productiva, mantienen una brecha muy distante en rela-ción con el resto de los municipios, su margen recaudatorio no está en igualdad de condición a la riqueza regional, 15% o 17% de ingresos propios no son suficientes para solventar el gasto local, ni impulsar el desarrollo municipal, y continúan dependiendo de las transferencias federales.

En este sentido, los esfuerzos de planes metropolitanos po-nen un mayor atención al tema de los servicios y obra pública, que si bien importa dotar de infraestructura a los municipios principal-mente conurbados, no existen estrategias de solidaridad fiscal para aumentar la base recaudatoria y destinar el gasto federalizado a sec-tores más estratégicos que ofrezcan un mayor desarrollo de las capa-cidades/libertades de la población.

CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALESLa desigualdad por ingresos es un parámetro importante

de análisis en la estructura social de Tamaulipas; no obstante, la re-producción de la desigualdad en las relaciones intermunicipales está más enfocada al tema de la justicia y la libertad, por lo tanto a los derechos y al desarrollo de las capacidades humanas. En este senti-do, incorporar mayores elementos al debate de la desigualdad socio-

regional, implica una mayor atención en las estrategias de conver-gencia por medio de la articulación de la política social, económica y fiscal, para establecer una distribución más equitativa de los bienes y, con ello, generar una oferta regional de oportunidades para alcanzar la igualdad en condiciones.

En este análisis pudo observarse, por medio del ejercicio de aglomeración según ocho dimensiones de análisis mencionadas ut supra, que la desigualdad regional no es estática al tema de los ingre-sos, ni sólo al análisis de la convergencia de la producción y el creci-miento económico. Sino, más bien, es un tema en un nivel anterior a ese plano analítico, dado que se analiza con qué recursos humanos, políticos, sociales y económicos cuentan los municipios, lo cual incide en las relaciones interestatales.

La desigualdad socio-regional consta de un proceso histórico de acumulación y des-acumulación del capital, por la propia forma-ción de núcleos dominantes del desarrollo, generalmente municipios altamente urbanizados y con una dinámica industrial y de servicios que son polos de atracción del trabajo. Esta base productiva, que es importante para entender las dinámicas regionales, también debe considerar las condiciones en las que se encuentran las múltiples re-laciones económicas y sociales per se asimétricas.

Los resultados arrojaron que la entidad presenta desigual-dades muy remarcadas en prácticamente todas las variables sociales mencionadas (educación, salud, vivienda, acceso a tecnologías de la información, condiciones sociales básicas), pero a su vez cuenta –en términos bajos– con un capital humano significativo, el cual debe au-mentar y ser más aprovechado para también incrementar el valor de los bienes y servicios y, por lo tanto, los ingresos. Esto implica una política de trabajo, educativa y de ciencia-tecnología conjunta, enca-minada a impulsar la solidaridad regional del conocimiento.

Por otro lado, las políticas social, económica y fiscal no de-ben estar separadas, dado que es multinivel, están superpuestas en un continuo proceso de desarrollo del capital regional. Regresando a Piketty, incrementar la base recaudatoria para abatir la desigualdad del capital regional al patrimonio, es funcional siempre y cuando se

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establezcan estrategias de solidaridad intermunicipal, que garanticen también el desarrollo pleno de las capacidades humanas.

En la actual estructura fiscal estatal no hay restricciones para el consumo de lujo o la adquisición de bienes no productivos; tampo-co existe un inventario patrimonial de los deciles con mayor ingreso, un tema que corresponde puntualizar urgentemente a las adminis-traciones locales, las cuales –en las últimas décadas– han estado go-bernadas –para el caso de los municipios más urbanizados– por una élite empresarial dominante, que no corresponde al mejoramiento de las capacidades institucionales de los municipios.

NOTAS1 Para elaborar el análisis de este documento, fueron utilizados datos

de 2010, dado que la mayoría de la información se tomó del censo de población y vivienda de ese año.

2 Ingreso corriente total per cápita (ICTPC) mensual. Promedio por mu-nicipio, México, 2010 (a pesos de agosto de 2010).

3 El capital humano en este artículo es entendido como la población es-pecializada o que cuenta con educación superior, lo cual incrementa el valor de la productividad.

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Green practices in logistics and supply chain management...

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Héctor Alberto FERNÁNDEZ MORALES Doctor en Administración Pública y Maestro en Administra-ción de Empresas Agropecuarias por la Universidad Autó-noma de Tamaulipas (UAT). Ha incursionado en la iniciativa privada y la función pública, destacando su participación en temas de administración financiera y análisis del desarrollo. Actualmente profesor de tiempo completo con perfil Promep en la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales de la UAT, miembro de la Red Regional de Investigación en Segu-ridad Pública y Desarrollo Social y de la Red Latinoamericana de Estudios Administrativos (LASA), integrante del Cuerpo académico en consolidación “Medios de comunicación y opi-nión pública”. Líneas de investigación: administración y finan-zas públicas, desarrollo municipal, seguridad y opinión públi-ca. Correo Elec.: [email protected]

Eder Jesús NODA RAMÍREZ Licenciado en Economía por la UCJS de la UAT y Maestro en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana. Ha investigado sobre el tema de marginación, espacio y red social en la zona metro-politana de Xalapa. Desde el 2010 ha colaborado con el Cuerpo Académico Economía y Sociedad de la UCJS de la UAT. Líneas de investigación: marginación, pobreza, política social, econo-mía social, desarrollo regional, finanzas públicas, democracia y filosofía de la ciencia. Correo Elec.: [email protected]

Carlos HINOJOSA CANTÚ Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamauli-pas (UAT-1979); Maestro en Derecho Laboral y Licenciado en Derecho por la UAT Victoria. Director de la Unidad Académi-ca de Derecho y Ciencias Sociales (UADCS) de la UAT (2007-2014). Notario Público en Ciudad Victoria. Profesor investiga-dor SNI I en la UAT con perfil Promep. Línea de investigación: Economía. Correo Elec.: [email protected]

Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 219-237.

GREEN PRACTICES IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: END OF LIFE VEHICLE RECOVERING

AND RECYCLING IN MEXICO

Rafael Alejandro VAQUERA SALAZARUniversidad Autónoma de Tamaulipas, México

ABSTRACTThe intention of this article is to review the dynamics related to

the recycling of cars at the end of its useful life (ELV), focusing in green practices (ecological) and policies that automakers have in their home countries and in Mexico.

An increasing pressure has been put on the automotive industry for the implementation of ecological or green processes and their lo-gistics, both by government organizations and member shareholders within companies. In the case of Mexico, automakers and the Federal Government have worked together in a Program of Vehicle Renewal (PRODIAT-C), but the results were not as expected, and this is the problem analyzed.

Three car manufacturers with operations in Mexico were selec-ted for the analysis of their green policies related to the recycling of vehicles at the end of their useful life, as well as the current ecological practices in the industrial plants.

Keywords: Automotive recycling, ecology, logistics of supplies.

PRÁCTICAS ECOLÓGICAS EN LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTROS

EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: FINAL DE LA VIDA ÚTIL

Y EL RECICLAJE VEHICULAR EN MÉXICORESUMEN

La intención del presente artículo es revisar la dinámica relacio-nada con el reciclaje de automóviles al final de su vida útil (ELV por sus siglas en inglés), enfocándose a las prácticas verdes (ecológicas)

220 221

VAQUERA SALAZAR, R.A. Green practices in logistics and supply chain management...

y las políticas que los fabricantes de automóviles mantienen en sus países de origen y en México.

Una creciente presión –por parte de organizaciones gubernamen-tales y por miembros accionistas dentro de las compañías– ha sido puesta sobre la industria automotriz, para la ejecución de procesos más ecológicos o verdes y su logística. En el caso de México, fabrican-tes de automóviles y el Gobierno federal han trabajado en conjunto en la generación del Programa de Renovación Vehicular (PRODIAT-C), pero los resultados no fueron los esperados, lo cual se analiza.

Se seleccionaron tres fabricantes de automóviles con operaciones en México para el análisis de sus políticas verdes relacionadas con el reciclaje de vehículos en el final de su vida útil, así como las actuales prácticas ecológicas en sus plantas industriales

Palabras clave: reciclaje automotriz, ecología, logística de su-ministros.

I . GREEN LOGISTICS IN THE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND END OF LIFE VEHICLE RECOVERING

During the last two decades, an increasing pressure has been put in companies and entire industrial sectors due the high de-gradation of the environment and the impact of manufacturing ac-tivities in climate that have caused global warming and other side effects (NASA, 2013). In the United Kingdom, during the last ten years, the efforts of car manufacturers have generate reductions in the energy required in car assembly processes up to 28% and 73% less waste entering to landfill sites.

The industrial forecast shows that manufacturers will conti-nue driving down emissions as technical progress will help to move towards a more sustainable and low carbon future (SMMT, 2013).

Green logistics is concerned with producing and distributing goods in a sustainable way, taking in account environmental and so-cial factors, and its activities include measuring the environmental impact of different distribution strategies, reducing energy usage in logistics activities, reducing waste and managing its treatment (Sbihi & Eglese, 2007). In the same way, the current approaches on green lo-

gistics, from a marketing point of view, rely on the existence of mar-ket segments willing to pay a higher price for products or services made in an environmental-friendly mode, and that motivates com-panies to develop green practices in order to attend those segment (Sharma & Gopalkrishnan, 2012).

The automotive industry is defined as all those companies and activities involved in the manufacture of motor vehicles, inclu-ding most components, such as engines and bodies, but excluding tires, batteries and fuel (Encyclopædia Britannica Online, 2013). Du-ring the recent years, car manufacturers have been doing a relevant effort to adopt green practices in their facilities, and those practices are overall expressed as follows (General Motors LLP, 2013):

1. Restoring and preserving the environment.

2. Reducing waste and pollutants, conversing resources and recycling material at every stage of the product li-fecycle.

3. Participating actively in educating the public about envi-ronmental conservation.

4. Pursuing the development and implementation of tech-nologies to minimize pollutant emissions.

5. Working with all government entities for the develop-ment of technically sound and financially responsible environmental laws and regulations.

6. Assessing the impact of the facilities and products on the environment and the communities where we live and operate with a goal of continuous improvement.

General Motors is one of the top ten largest manufacturers of vehicles in the world and its public standing about environment and green practices resumes all the commitments in other car manufactu-rers (OICA, 2013).

222 223


The End of Life Vehicle recovering (ELV) is an activity that substantially differs between developed countries and developing countries. In one hand, European Commission through the End of Life Vehicle Directive regulates between its members the recovery and proper disposal or recycling of automobiles, setting targets for reuse and pushing producers to manufacture new vehicles with a new view to their recyclability.

This directive was officially adopted in 2000 and regulates the proper management of approximate 8.5 million of tons generated every year by end of life vehicles (European Commission, 2013).

Table 1 shows that in the United Kingdom, in 2011, the to-tal recycle and reuse was 988,314 tons of vehicles, leading the path between European countries as only France recycled and reused a higher rate of tonnage of ELV than United Kingdom (see Table 2 for further data).

European Commission states that the metals used in the ma-nufacture of vehicles are routinely recovered, reused and recycled to high levels, but at the same time there is a real challenge on recove-ring non-metallic parts to meet the levels required by law.

On the other hand, Mexico as developing country has not made an official regulation related to the management of ELV. Even when the Ministry of Environment and Natural Resources (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT) has publis-hed recently the national regulation related to carbon dioxide emis-sions in cars and trucks, there is still no regulation related to the reco-very of ELV and most of these kind of motor units are usually found in junk yards, municipal car yards or private homes (Delegation of Mexico at the World Trade Organization, 2013).

By 2012, 37.7% of the total of automobiles in Mexico were twenty years old or more, and the total number of vehicles were 26,444,573 units that year (Terra, 2012). Some efforts had been made during the recent years, such as a national program for car renewals (PRODIAT-C), but rules for applying the program and a complicated logistics network to deliver the ELV to the proper facilities, made the

program a failure. This case is further explored in succeeding para-graphs.

Nevertheless, consumers play an important role in ELV re-cycling due traditional attitudes related to vehicle maintenance, as the only and most suitable action for managing CO2 car emissions. Most of the consumers do not make the proper repairs and mecha-nical keeping to the units, which cause at later stages problems as emitting more CO2 than average, loose capability for braking or noise and fluid pollution through leakages.

By doing the appropriate maintenance, implementing activi-ties such as sharing car for going to the office with their workmates and using public transportation, the user CO2 footprint will be redu-ce. In terms of ELV recovering, users of old vehicles cannot do much about recycling them, as no appropriate network exist for that goal, and recycling centers set in the past were far away in most cases.

II . END OF LIFE VEHICLE RECOVERING, RECYCLE AND REUSE IN MEXICO

A recent paper published related to reverse logistics in the Mexican automotive industry shows that the ELV management is dri-ven by market conditions, where the most important components are recovered in order to generate profits in aftermarkets (Cruz-Rivera & Ertel, 2009).

The inefficient logistics existing at this moment could be ex-plained by several reasons, both political and economic.

1. However, the main problems are resumed in the fo-llowing:

2. The inexistence of a national network for collecting or re-covering ELV, which includes both governments and car manufacturers.

224 225


3. The lack of incentive or subsidies for car owners in order to dispose their automobiles after they have completed its lifecycle.

4. The existence of a wide aftermarket for used spare parts obtained by ELV.

The efforts of the car manufacturers in Mexico and the fede-ral government generated in 2009 the creation of the Vehicular Re-newal Program (Programa de Renovación Vehicular). The program was open to Mexican owners of vehicles with more than ten years old for getting an incentive of MXP $15,000 (today, USD $1145) by the Mexican government for buying a new car.

This initiative would boost the sales of vehicles in an unstable economic environment caused by the 2008 world financial crisis, but at the same time it was intended to take out of the streets most of the vehicles that were old, unsafe and air polluting. The owners must take their car to a recycling center for its proper disposal and they would get a certificate for buying a new car with price no higher than MXP $170,000 (USD $13,000) made by any country with a Free Trade Agreement with Mexico (CNNexpansión, 2009).

However, this program was ended in 2010, only one year af-ter the announcement and start in operation. The Mexican govern-ment did not renew the program to the car manufacturers, once they used all the budget by giving incentives. In addition, once the pro-gram ended, the owners have no further incentive for recycling their old units. In the case of Texas, United States of America, the State Government coordinates a program in which people can obtain up to USD $3,500 by recycling their cars with more than ten years or if it has failed environmental tests (Texas Commission on Environmental Quality, 2013).

It is important to mention that these kinds of dynamics were the ones proposed by Mexican government in 2009, however imple-mentation wasn’t done correctly because the incentive for recycling vehicles was quite low, and market prices for those kinds of vehicles were higher, so owners weren’t encouraged to recycle ELV.

Recommendations in this matter is to generate a public poli-cy related to a permanent program for ten years or older vehicle re-newal that involves government and car manufacturers, in the man-ner of giving incentive according to market value of the ELV after the owner delivers the unit to the specialized recycling center, and car manufacturers through their dealerships to provide with competitive credit plans for buying a new car. Therefore, a reasonable amount of money obtained by recycling ELV, plus competitive financing plans for buying cars will incentive owners to change their vehicles often, reducing CO2 emissions, maintaining safer cars in circulation and boosting the Mexican automotive (manufacturing) and banking (loans and financing) industries.

Other factors that would qualify as constraints for the car ow-ners were some of the legal requirements for applying to the program (AMDA, 2009):

• Official identification card issued by an entity of the Mexican or Local governments.

• Evidence of address such as electricity, telephone or water bills.

• Original invoice of the automobile.

• Certificate of vehicle registry where it states the car has no alert on robbery or theft.

• Evidence of current payment on annual car tax.

• Car registration card and plates.

The first four requirements were easy to comply by the ow-ners, but the evidence of payment on annual car taxes supposed a problem for them, as a part of the population stops paying those kinds of taxes when the car is getting old, and local authorities have no interest in demanding the payment of those taxes. Furthermore, it generated that car registration card and plates were old or past-due, and if an owner have wanted to participate in the program he or she

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would be required to pay all due taxes, which involves a higher cost of transaction.

The program ended in March 2010, but not all the econo-mic resources were used, and the final rate of effectiveness reached 77% of all the budget set. Also, the program was extended four more months after March, but there was still no demand (Lacayo Ojeda, N/A). This is additional information to conclude that the program didn’t reach the expected results. Table 3 shows the total amount of resources available for every major car manufacturer in Mexico un-der that program, the total car sales made and the number of cars recycled during the period (Ministry of Economy, 2010).

As mentioned before, the program was also intended for boosting car sales on a crisis environment, but statistics show that the total car sales in 2009 were 754,918 units, which means a fall of 35.84% in front of 2008 sales, which reached 1,025,520 units. This data allows to conclude that the 12,291 units sold under the program had quite little impact in improving the industry situation from an economic point of view but also in the little CO2 emissions amount that were offset from old vehicles.

III . THE IMPACT OF ELV PRACTICES IN CAR MANUFACTURERS

Due the high number of car manufacturers in the world and in Mexico, for the approach of this document the three major manufacturers in Mexico are taken for analysis, according the size of their operations and market share: General Motors (United States), Nissan (Japan) and Volkswagen (Germany).

First, General Motors practices related to ELV are expressed as the design of vehicles to be as recyclable and recoverable as is fea-sible, following ISO standards and developing internal standards to gain common benefits across global regions (General Motors LLC, 2013). The company expresses that on average, their vehicles are 85% recyclable and 95% recoverable by weight, which can be understood

as most of the supplies used in the production lines for making a new car are composed by recyclable elements or materials (e.g. glass, plas-tics, sound insulation foams, iron and other ferrous materials, etc.). This policy along with others related to waste management in their facilities and social initiatives (e.g. reforestation), have generated $2.5 billion dollars in revenue from 2007 to 2010 and $1 billion dollars in byproduct reuse and recycle revenue annually. Due the limitations of available information, it was not possible to determine the amount of material or savings that the company generated by ELV recycle. In Mexico, General Motors is focused on waste management in their facilities, and ELV activities are not executed, on which most of the cases is done third parties such as iron manufacturing companies and scrap recyclers.

On the other side, Nissan have special teams for conducting studies and experiments on dismantling and recycling ELV, and sha-re the knowledge and techniques with other partners in their supply chain (Nissan Global, 2013). The results of these teams have led to im-provements in the recovery, recycle and reuse of plastics and ferrous components (e.g. aluminum), along with oils and fluids required in the powertrain. By recycling plastics from bumpers and other items, Nissan is able to manufacture new bumpers in coordination with their supply chain partners.

Collaboration in recycling components and ELV is an impor-tant issue in different countries, and Japanese regulations have led Nissan to conform a group of action towards resource recovering to Subaru, Mazda, Mitsubishi, Isuzu and Suzuki.

However, their activities in Mexico are not included in ELV recovering, and their main effort in the country is expressed in ma-nufacturing cars with CO2 emissions lower than the level set by the government. These efforts have been successful and Nissan has maintained the certification of “Clean Industry” due the manufactu-ring processes, commitment to the environment and efficient waste management and recycling in their facilities (Nissan Mexicana, 2013).

Finally, Volkswagen leads the IDIS (International Dismant-ling Information System) in order to simplify the recycling of ELV

228 229


and optimize efficiency. The IDIS database contains relevant infor-mation relating to removal of fluids, airbags and other fasteners and components. Along with this, the company has set three stages in ELV recovery: dismantling, shredding and treatment of shredder resi-dues; these stages conforms the VW SiCon process (Volkswagen AG, 2013). This allows the company to operate the system and process for recovering 696 models for 34 countries. In Mexico, Volkswagen focus their environmental practices in waste management and efficiency in the resources demanded in their processes, as most of the car manu-facturers does. Mexico is not a market that is included in the IDIS, so that is evidence that the company do not manage ELV activities in the country (IDIS, 2013).

IV. LOW CARBON SUPPLY CHAINS: FRAMEWORK AND FUTURE

Even when there is no clear consensus among research about the definition of a low carbon supply chain, and this can be noticed between different databases and journal publications, in the attention of this document a low carbon supply chain can be addres-sed as network of different companies producing and distributing a specific product or service that complies within three different sta-ges on carbon management set by Carbon Trust organization: direct emissions reduction, indirect emissions reduction and offsetting.

This company established by the United Kingdom Govern-ment (Carbon Trust, 2006) set three different stages on carbon emis-sion reduction between partners in a supply chain, from raw mate-rials to end consumer, driven by the recognize of companies to redu-ce energy cost and play a relevant position in mitigation of climate change:

1. Direct emissions reduction: focusing on reducing the di-rect polluting emissions of the companies by implemen-ting cost effective energy efficiency measures, using new process technologies and delivering staff training and awareness programs, at the same time of developing low

carbon energy sources and addressing strategic business risks and opportunities associated with climate change.

2. Indirect emissions reduction: looking at opportunities to reduce emissions between other partners in a supply chain, allowing carbon footprint to be calculated and ma-king reductions in energy consume. Working with part-ners in the supply chain would be possible to develop low carbon products that would generate higher profits over the time by consumers green attitudes.

3. Offsetting: this practice occur when a company buy cre-dits associated with environmental projects that reduce CO2 emissions, was way of offsetting their carbon emis-sions. Whereas this exercise might be a corporate social responsibility practice, the evaluation and measure of the environmental impact by offsetting should be made in a cautious way in order to conclude if the practice had success.

These stages might set a common framework for every com-pany, no matter the size, in order to reach higher levels of green acti-vities. Law regulation differs from one country to another (e.g. Kyoto Protocol worldwide, Climate Change Act in United Kingdom, some Federal Regulations with no enforcement in Mexico) (Hitchcock, 2012).

However, the current challenges for developing a low carbon economy and low carbon supply chains reside in the economic im-pact for companies by adopting new technologies and new practices in an environment not fully recovered by 2008 financial crisis.

The emissions reduction that companies make an effort to ful-fil is driven mostly by cost reductions as we set in previous paragra-phs. These cost reductions might generate a higher rate of return for investments and compliance with the legal framework is just made at the minimum level, in other words only what the law requires.

230 231


It is worth to mention that most of the global companies are doing important steps ahead adopting green technologies and impro-ving logistics processes, along with collaborating with their supply chain partners.

As a matter of fact, at a microeconomic level, the conclusion is that a common framework is required so every company would be aware of challenges and opportunities in working towards green lo-gistics processes in a supply chain, and the generation of creative and inexpensive tools or practices become highly important, so SME can adopt in a quick way that knowledge and reduce carbon footprint.

The importance of developing solutions for SME exist in the huge impact on a national economy, as they are the major contribu-tors in the Gross Domestic Product for most of the countries (Edin-burgh Group, 2012).

At macroeconomic level, the discussions between countries related to the level of emissions that has to be cut, the stipend for combating climate change or global temperature targets, have made more notorious the gap between developed countries and develo-ping countries. Even when Climate Change Conferences are held on a regular basis by the United Nations in different cities of developing and developed countries, general agreement about investment for cli-mate change is usually a hard-to-negotiate affair.

Conclusion on this paper is that technological development will be main catalyst between reducing the CO2 emissions and, by consequence, reducing the carbon footprint along a supply chain. Political efforts on setting standards for emissions are expressed in terms of laws and regulations, but those are only possible to achie-ve if technology is available to deploy in the companies. Therefore, green practices in terms of logistics processes, supply chain manage-ment and corporate social responsibility, will be adopted according to the development of green technologies. Low carbon economy is an affair that any company must observe in its business planning, as co-llateral damages can occur to their supply chains due climatological or environmental factors that could affect directly to the availability of raw materials for the production of a product or service.

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APPENDIXTable 1. Total Recycle and Reuse of End of Life Vehicles (expressed in tonnes).

Country / Year

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Belgium 114,924 113,068 126,767 127,971 156,973 151,542

Bulgaria 37,164.99 20,960.43 31,263.34 52,114.23 66,136 58,916

Czech Republic

37,994.51 48,980 106,026 118,215 108,790 94,872

Denmark 79,226 79,597 83,696 81,638 94,947 93,525

234 235


Germany (until 1990

former

territory of

the FRG)

389,796 370,468 345,908 1,324,209 492,907 437,679

Estonia 8,779.1 10,139.85 12,679.01 6,726.75 5,937 9,230

Ireland 114,504 88,618 103,667 128,608 130,216 111,198

Greece 19,714 35,103.63 44,433.88 100,185 77,867 89,126

Spain 675,519 687,562.22 587,735.93 754,449 666,723 534,196

France 666,343 698,459 835,942 1,150,900 1,223,990 1,213,626

Italy 921,404 1,211,727 933,418 1,127,598 1,031,369 836,310

Cyprus 784.46 1,590.27 9,950.93 13,408.4 9,543 12,815

Latvia 4,866.91 9,713.72 9,278.9 7,638.02 8,270 8,638

Lithuania 12,368 14,862 16,431 16,258 20,159 24,251

Luxem-bourg

3,879.2 2,510.62 2,135.41 5,254.99 5,173 1,668

Hungary 13,295.2 24,646 23,473 20,857 12,803 12,622

Nether-lands

148,399 130,328 123,542 157,561 193,533 164,648

Austria 55,349.84 40,362.04 43,668.53 61,557.65 57,255 55,778

Poland 105,225.1 109,236.23 135,197.63 167,532.97 193,226 254,459

Portugal 17,836 64,415 77,365 80,682 79,736 59,444

Romania 13,592.38 26,786.32 36,853.87 38,763.39 131,316 91,191

Slovenia 5,996 5,264.87 4,197.79 4,567.4 4,698 4,910

Slovakia 9,857.57 20,142.75 26,418.11 48,020.09 24,216 28,261

Finland 11,698 11,866 77,392 72,335 98,139 112,161

Sweden 279,765.2 220,987 148,424 139,319 175,085 191,197

United Kingdom

786,066 904,475 968,515 1,058,693 933,315 988,314

Lie-chtens-tein

N/A 2.02 96.6 60.48 92 84

Norway 87,791.91 77,791.13 110,324.09 81,215.93 97,382 95,739

Source: Eurostat (2013).

Table 2. Total Recovery and Reuse of End of Life Vehicles (expressed in tonnes).

Country / Year

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Belgium 117,915 115,849 130,050 131,074 160,966 155,563

Bulgaria 39,367.76 21,714.47 33,463.62 56,211.68 66,405 60,516

Czech Republic

40,928.27 52,762 113,979 127,048 116,919 101,961

Den-mark

79,547 79,781 83,827 81,902 95,158 93,632

Ger-many (until 1990

former

territory

of the

FRG)

402,311 380,067 360,256 1,384,016 547,981 506,830

Estonia 8,779.1 10,139.85 12,714.42 6,738.24 6,009 9,572

Ireland 114,504 88,682 111,760 134,228 130,971 114,315

Greece 19,714 35,103.63 44,433.88 101,217 79,722 91,690

Spain 743,582 714,257.16 610,400.61 786,214 690,700 563,735

France 677,970 713,503 851,881 1,203,067 1,268,451 1,272,843

Italy 952,786 1,223,980 963,969 1,166,657 1,059,636 841,454

Cyprus 795.46 1,585.26 10,140.93 14,309.6 10,220 13,215

Latvia 4,866.91 9,984.48 9,389.58 7,702.82 8,309 8,694

Lithua-nia

12,998 14,919 16,557 16,298 20,258 24,323

Luxem-bourg

3,909.41 2,575.71 2,147.01 5,550.49 5,371 1,840

Hungary 13,348.9 25,018 23,885 21,310 13,532 12,896

Nether-lands

153,184 133,783 125,275 159,533 221,398 190,606

Austria 59,471.45 43,768.79 50,181.81 71,322.28 65,619 65,768

Poland 106,537.54 115,530.7 136,293.37 169,192.15 195,338 260,058

Portugal 18,680 67,581 83,468 83,159 83,551 62,995

236 237


Romania 14,147.62 27,427.17 38,063.75 41,301.71 138,696 95,481

Slovenia 6,215 5,368.15 4,295.26 4,739.25 4,806 5,148

Slovakia 9,964.55 20,275.85 26,549.62 48,417.54 24,719 28,692

Finland 11,731 11,918 77,734 73,068 113,039 129,189

Sweden 285,179.1 239,256 163,323 146,613 189,054 205,597

United King-dom

798,682 918,453 985,120 1,076,801 961,580 1,014,749

Lie-chtens-tein

N/A 5.67 100.64 73.5 112 97

Norway 88,363.83 79,367.76 110,970.09 84,184.87 110,036 121,366

Source: Eurostat (2013).

Table 3. Total of Beneficiaries under PRODIAT-C Program for Vehicle Renewal.

Beneficiary (Car Manufacturer)

Available Budget (Mex.

Gov.) (Millions of MXP)

Car Units with

Subsidy**

Current Car Sales*

Percentage of Current Car Sales by Car Units with

SubsidyNissan Mexicana 55,628,487 3,708 3,009 81.8%

General Motors de México 61,418,698 4,094 3,864 94.4%

Volkswagen de México 48,740,752 3,249 2,953 90.9%

Toyota Motors Sales de México 4,516,116 301 268 89.0%

Chrysler de México 39,522,952 2,634 1,506 57.2%

Honda de México 4,058,989 270 86 31.9%

Ford Motor Company 36,114,006 2,407 605 25.1%

TOTAL 250,000,000 16,666 12,291 73.7%

* Total sales in car units made with Certificates of Destruction (done and in progress).

** Total of allowance by car manufacturer according to their market share in Mexico.

Source: Facilitation Project for the Free Trade Agreement between Mexico and European Union (2010).

Rafael Alejandro VAQUERA SALAZARConsultor en proyectos del Programa Emprendedor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En 2015, comenzó como profesor en la Facultad de Comercio y Administración. Ingeniero comercial y administrador por la UAT. Maestro en Logística y Administración de Cadenas de Suministro por la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Tiene experiencia en el sector público y privado, y es emprendedor de una empre-sa con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Líneas de investigación: logística, administración de cadenas de su-ministro, emprendimiento y economía del desarrollo. Correo Elec.: [email protected]


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Empleo, inversión y desigualdad socioeconómica...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 239-264.

EMPLEO, INVERSIÓN Y DESIGUALDAD SOCIOECONÓMICA…

AQUÍ Y AHORA

Francisco Javier HERNÁNDEZ MONTEMAYORConsejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, México

RESUMENEn el artículo se explicarán las formas en que el comportamiento

del empleo, la inversión y la educación impactan en la estructura so-cioeconómica, generando bienestar y desigualdad social en diferentes dimensiones.

Se analizan las características del crecimiento de la desigualdad socioeconómica con base en el efecto condicionante de la cantidad y calidad del empleo, particularmente en su dinámica en torno a los ciclos económicos y en un contexto de intranquilidad y violencia que ha caracterizado a gran parte de nuestro territorio en los primeros quince años del siglo XXI.

Se aborda este problema social desde un enfoque de conjunto, y desciende el análisis a nivel nacional, para en su diversidad inter-na distinguir el caso de Tamaulipas, revelando la información más reciente que nos ofrecen la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al respecto de este tema.

Palabras clave: empleo, inversión, desigualdad socioeconómi-ca, bienestar social.

EMPLOYMENT, INVESTMENT, AND SOCIO-ECONOMIC INEQUALITY... HERE AND NOWABSTRACT

The article explains the ways in which employment behavior, in-vestment, and education impact the socio-economic structure, gene-rating well-being and social inequality in different dimensions.

It discusses the characteristics of the growth of socio-economic inequality based on the driving effect of the quantity and quality of

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HERNÁNDEZ MONTEMAYOR, F.J. Empleo, inversión y desigualdad socioeconómica...

employment, particularly in its dynamic in economic cycles and in a context of unrest and violence that has characterized our country in the first fifteen years of the 21st Century.

This social problem is approached from a joint approach, and goes down to the analysis at the national level, as in its internal diversity differentiate the case of Tamaulipas, revealing the latest offering by the OECD, the ILO (Labor Standards), INEGI (National Institute of Statistics and Geography-Mexico), the STPS (Secretariat of La-bor and Social Prevision in Tamaulipas), and the Coneval (National Board of Evaluation in the Policy of Social Development) regarding this subject.

Keywords: Employment, investment, socio-economic inequa-lity and social welfare.

INTRODUCCIÓN

Para explicar las grandes desigualdades estructurales de la sociedad contemporánea en México y en Tamaulipas, se tiene que observar la historia reciente de los grandes cambios económicos a escala global. Nuestra sociedad está condicionada e influenciada directamente por nuestra relación con la economía mundial y la des-igualdad social y económica que caracterizan nuestro modelo de de-sarrollo, que predomina y se manifiesta en todo el mundo.

En el presente artículo se explicarán las formas en que el comportamiento del empleo, la inversión y la educación impactan en la estructura socioeconómica, generando desigualdad social en dife-rentes dimensiones.

Se analizan las características del crecimiento de la desigual-dad socioeconómica con base en el efecto condicionante de la canti-dad y calidad del empleo. Por tanto, se aborda este problema social desde un enfoque global, y desciende el análisis a nivel nacional y, en su diversidad interna, al caso de Tamaulipas.

Los indicadores cuantitativos que se aplicarán en este ensa-yo para explicar el fenómeno en cuestión serán: el comportamien-to general de la economía de los países de mayor influencia en la economía internacional y sobre México; la evolución y estructura del

ingreso y acceso a bienes y servicios de la población, particularmente la educación y su relación con el empleo formal y la inversión directa.

La hipótesis que guiará este artículo consiste en explicar la creciente desigualdad socioeconómica de la población en México como un fenómeno estructural global, el cual acentúa algunas carac-terísticas especiales en entidades fronterizas como Tamaulipas, ma-nifestándose en un estancamiento y degradación del empleo, sobre todo en el sector primario y secundario.

Ello trae como consecuencia el crecimiento de la pobreza, la desesperación social y el crecimiento de la violencia y la intranqui-lidad, la cual retroalimenta con más fuerza la falta de inversión, la contracción coyuntural del empleo y la degradación de la calidad de vida, así como del tejido social de nuestras comunidades.

Felicito y agradezco la oportunidad de participar en esta edi-ción a quien dirige esta revista y la promoción del análisis de un tema que motiva la reflexión profunda en uno de los temas más importan-tes en la actualidad. Vaya mi gratitud por ello, particularmente al Dr. Héctor Manuel Cappello y a Jorge Lera Mejía.

LA INTERNACIONALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA

El proceso de internacionalización de la economía mundial en todos los sectores y actividades económicas como estrategia para impulsar un nuevo ciclo largo de crecimiento del capitalismos co-nocido como la globalización, se fortaleció de manera cada vez más sustantiva y acelerada a raíz de la desintegración del polo soviético durante la última década del siglo XX, y la consecuente integración de la economía de “Europa del Este” al mercado mundial, proceso que se replicó y completó con la incorporación de la economía china y su liderazgo industrial y financiero en los primeros quince años del siglo XXI.

Después de las grandes crisis de 1974 y, en nuestro caso, ade-más la de 1995, sobrevino una etapa expansiva de la economía mun-

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dial, que creció de manera desigual conforme al modelo diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), caracterizado por la priva-tización de las empresas estatales, la apertura comercial y financiera en los “países en desarrollo” y la consolidación de la Unión Europea, condiciones que le permitieron al capitalismo emprender la conquis-ta global, hasta el último rincón significativo de la economía mundial, avanzando y subsumiendo a los países que giraban en torno al eje de la ex sociedad soviética y a una gran parte de la República Popular China, sobre todo en zonas urbanas y costeras.

Con este modelo, y con la relativa pacificación social, sobre-vino la incorporación al poder estatal de nuevos gobiernos surgidos de la izquierda socialdemócrata en América Latina –sobre todo en el Cono Sur y Centro América–; la modernización de la India, en la era de las tecnologías de la información, emergiendo nuevos polos de crecimiento y desarrollo que le aportaba nuevos mercados a la insa-ciable expansión capitalista de la economía mundial.

En esta nueva etapa del desarrollo, el mercado pudo obte-ner el suficiente oxígeno para retomar un nuevo ciclo de crecimiento real a escala global, sostenido en el crecimiento del consumo y de la industria en estas economías emergentes. Sólo la economía china multiplicó ocho veces su comercio exterior entre los años 2000 y 2012 (OCDE FactBook, 2014), observándose tasas de crecimiento del PIB superiores al 8% anual sostenidas.

El crecimiento acelerado de las economías emergentes y en desarrollo fue súbitamente alterado –sobre todo en México– por las dos grandes caídas de la economía en la primera década del siglo XXI, las cuales desafiaron la capacidad de recuperación de su expansión. Éstas fueron la crisis concurrente a los ataques terroristas a EUA del 11 de septiembre de 2001 y la gran depresión de los mercados finan-cieros, de vivienda y del automóvil en 2008-2009, la cual impactó se-veramente a la economía más internacionalizada de México, particu-larmente en el norte del país, como se verá más adelante.

Cuando parecía que estábamos llegando al cumplimiento de las promesas del bienestar que traerían consigo la apertura comercial, el crecimiento económico y la educación tecnológica y superior gene-

ralizada, se desvaneció el espejismo que ofrecían en su horizonte la base del “arcoíris” del capitalismo globalizado.

Gráfico No. 1. Exportaciones de China 2000-2012.

Con el crecimiento desigual del mercado mundial, por una parte lento y con muestras de estar exhausto en la esfera de las eco-nomías de Europa y Norteamérica y, por la otra parte, mostrando un ritmo sobresaliente y sostenido en las economías recién abiertas de Rusia y China, se generó una nueve fuente de competencia a es-calas insospechadas para conquistar los nuevos mercados y surtir a las regiones de alta densidad de riqueza y consumo –EUA y UE–. A ello se destina una buena parte de las exportaciones de los países emergentes, a la vez que los países de economías emergentes y “en desarrollo” se convierten en clientes cautivos de los bienes de capital y las tecnologías de los países predominantes.

De esta forma, se integra una cadena mundial de producción y de servicios financieros y de comercialización por grandes bloques

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y aglomeraciones que combinan, por un lado los servicios de alto va-lor agregado, la investigación, el desarrollo tecnológico y los bienes de capital y, por el otro, la producción industrial de bienes de consu-mo y la formación de fuerza laboral calificada.

El caso de la evolución del comercio exterior mexicano a raíz del libre comercio con Norteamérica fue de un crecimiento rampante, en el que las exportaciones con EUA y Canadá crecieron 7.5 veces, desde 1993 a 2014, pasando de un poco más de 44 mil millones de dólares a 329 mil millones anuales. No obstante el dinamismo y la diversificación relativa de importaciones, seguimos bajo la misma es-tructura de dependencia en un 80% del mercado norteamericano y, por tanto, seguimos siendo dependientes de los ciclos económicos de EUA, como quedó demostrado en la crisis generalizada de su econo-mía de en 2008-2009.

Gráfico No. 2. Exportaciones de México 1993-2014. (Fuente: Secretaría de Economía, Estadística de Comercio Exterior 2015).

El problema de este modelo disimétrico y de crecimiento tan desigual entre los países predominantes respecto de los de las eco-nomías emergentes y en desarrollo, es que se sostiene con base en la desigualdad social, puesto que la producción exportadora de los paí-ses de las economías emergentes, incluyendo a México, se basa en un modelo de productividad económica que se caracteriza por la asigna-ción de salarios a los trabajadores de la industria exportadora en una banda alrededor de los 1.50 dólares por hora. Ello corresponde en nú-meros redondos al 13% del pago por trabajo similar en los países con los cuales México tiene más comercio –11.4 dólares x hora–, mientras que la productividad local es el 24.5% de la productividad promedio de EUA / Francia, lo cual fuerza al sistema productivo a exportar la mayor parte de la producción internacionalizada, ya que los bajos salarios locales se convierten en un mercado interno restringido para bienes como automóviles y electrodomésticos, entre otros.

Gráfico No. 3. Inversión en I+D respecto del PIB, OCDE, 2002-2012. (Fuente: Hacerlo Mejor: Índice de Productividad México,

Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), 2011).

246 247


Esta disimetría en la división internacional del trabajo tam-bién está reproduciendo una desigualdad en las capacidades cien-tíficas y tecnológicas disponibles en el mundo, la cual depende de las inversiones en infraestructura y personal especializado para la Investigación y Desarrollo (I+D), así como en su conversión en inno-vaciones aplicadas e impacto directo en la productividad. Esta disi-metría estructural se puede observar con claridad en la rampa de las inversiones en este renglón, y que pone en la parte más baja a países en desarrollo como México y Chile, y a Finlandia, Israel y Corea en la punta.

Agotamiento del modelo de expansión “post guerra fría”:La desigualdad estructural internacional de ingresos sala-

riales y productividad acaba por conducir a la “ralentización” del crecimiento de la ocupación en los dos polos del sistema internacio-nal, y en muchas casos a alcanzar tasas de desempleo en jóvenes que han superado el 20% en algunos países de la zona euro (OCDE, Fact-book), lo cual ocasiona insolvencia y pobreza en este sector de la po-blación –con crudas manifestaciones sociales como los “desahuciados inmobiliarios”–. Por su parte, en las zonas de los países emergentes o en desarrollo, resulta en la exacerbación de la pobreza comparativa, tanto al interior del país de residencia, como en relación con los de-más países comparables, que acabará por generar un éxodo masivo de migrantes en busca de empleo en los países centrales de Nortea-mérica y Europa.

Lo que más sorprende en la gráfica anterior, es que entre los siete países en los que la proporción de población en estado de po-breza relativa es mayor, se encuentran en primer lugar Israel, luego México, Turquía, Chile y EUA, Japón y España (los que viven con ingresos menores a 50% de la media de ingresos).

Además, al comparar el PIB por persona, resulta que Rusia queda un 55% debajo de EUA y México un 65% abajo (OCDE, op. cit.), lo cual es un claro reflejo de los bajos salarios que predominan en México, enfocando la inversión extranjera hacia la utilización de su fuerza laboral calificada y de bajo costo.

Gráfico No. 4. Tasa de pobreza relativa (1980-1990 y 2010).

Este modelo disimétrico ha entrado en una etapa crítica y de ralentización desde 2014 y 2015, al reducir el ritmo de crecimiento de los países emergentes, y en un desempleo crónico en los países más desarrollados, lo cual denota también un agotamiento prematuro del modelo de crecimiento basado en la expansión sobre territorio “vir-gen”, y en la desigualdad de ingresos y productividad a escala global.

La grave acumulación del desempleo de jóvenes calificados en los países del sur de Europa –España, Italia, Grecia, Portugal y Turquía– y la pobreza de migrantes en EUA y Europa tiende a con-centrar el ingreso en los sectores de más alta jerarquía laboral y em-presarial, y eventualmente se traducirá en la reducción de sus pedi-dos a los países emergentes, en la baja de los precios de las materias primas, en la desestabilización del tipo de cambio y los términos del intercambio comercial, hasta que restablezcan su dominio en el sis-

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tema, aun a costa de hacer entrar en desaceleración y/o recesión a los países emergentes y subdesarrollados.

México, desocupación de fuerza laboral calificada, subocupación y alta concentración del ingreso

Una muestra muy elocuente de las restricciones del mode-lo descrito es el caso mexicano, caracterizado por la baja ocupación de jóvenes, por lo que la informalidad y la migración o la ilegalidad son salidas naturales de la falta de ocupación y cobertura escolar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informa que el segmento en el que está creciendo más el desempleo en la última década es pre-cisamente entre jóvenes con estudios de media superior y superior, donde se observa un aumento de 447,482 desempleados, que repre-senta un aumento del 85%, a pesar del crecimiento de la economía desde 2010.

Gráfico No. 5. Tasa de desempleo por escolaridad en México 2005-2015.

En una escala latinoamericana, la OIT, en su informe Pano-

rama Laboral de América Latina y el Caribe, 2012, destaca que “Entre aquellos que sí tienen una ocupación, hay al menos 130 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad. De cada diez trabajadores latinoamericanos y caribeños, al menos tres no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de protección social. Y más adelan-te informa que: “Casi la mitad de los desempleados urbanos son jó-venes. El desaliento y la frustración sin duda contribuyen a que unos 22 millones de jóvenes no estudien ni trabajen”…

Y en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Em-pleo, actualizada en agosto de 2015 por el INEGI, la tasa de ocupación en la informalidad fue del 57% y se reduce a 52% si no contamos con la ocupación agropecuaria. Ello sugiere la precariedad ocupacional como una fuente determinante de la desigualdad y la pobreza estruc-tural.

México, desigualdad extrema y pobreza estructuralDe acuerdo con la edición de Forbes del 3 de marzo de 2015,

el “Top Ten” de los multimillonarios mexicanos, suman un patrimo-nio del orden de los $139,800 millones de dólares, lo cual representa el 11% del PIB de 2013, mientras que el ingreso promedio en México fue de 10,307 dólares, situación que seguramente se agravará después de la devaluación de 2015, estimada en un 28% menos.

Si observamos el quintil más bajo de la pirámide de ingresos en México, nos damos cuenta de la profunda desigualdad, pues ape-nas llegaba a 2,584 dólares cuando el dólar estaba a 13. Y éste com-prende al 48% de la población empantanada en la base más pobre de la pirámide.

De acuerdo con la publicación de INEGI en junio de 2015 –según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares– se destaca que el 70% de la población con menores ingresos vive con el 37.5%, y el 30% más alto recibe el 62.5% del total. Y si el análisis lo enfocamos al 10% de más altos ingresos, se observa que reciben el 35.4% del ingreso. Además, se muestra una reducción del ingreso corriente total trimestral de los hogares, el cual resultó un 3.2% menor que en 2012 (El Financiero, 16-07-2015).

250 251


En 2014, el 30% de los hogares con mayores ingresos (deciles VIII, IX, X) concentraron el 62.5% de los ingresos corrientes totales, mientras que el restante 70% de los hogares (del decil I al VII) obtu-vieron sólo el 37.5% del ingreso.

Gráfico No. 6. Distribución del ingreso corriente total 2014.

El problema del ingreso –y por ende la pobreza– se ve miti-gado y encubierto por las transferencias que los trabajadores migra-torios envían desde Estados Unidos de América y Canadá, impactan-do de manera sustantiva los ingresos de la población de más bajos ingresos.

De acuerdo con la misma fuente, “El ingreso de quienes están en el percentil del 10% más bajo se reduce en un 65.6% si se dejan de contar las transferencias”, llegando a una cantidad anual de in-greso de 2,531.70 dólares, la cual se eleva con las transferencias hasta 7,716.48 dólares.

Pero nos debemos de preguntar, ¿cuál es la fuente interna o local de la desigualdad?; ¿de qué depende estar en los grupos que integran el 30% de más bajos ingresos y que viven en la pobreza, respecto a los de ingresos medios y los de ingresos más altos?

Hay evidencia de que se tiene una fuente estructural de acuerdo con el sector de actividad económica en donde se desenvuelve su vida, ya que el sector primario condicionará ingresos menores, respecto a los sectores urbanos de industria y servicios. Por otra parte, se encuentra el factor de su pertenencia o no a los sectores formales de la economía o a su informalidad, éstos últimos muestran menores ingresos. Y hay un factor fundamental que ha demostrado ser un detonador de la movilidad social por ingresos, y se basa en el nivel de escolaridad, demostrándose que al adquirir una educación terciaria –técnico superior y superior–, el ingreso se eleva sustantivamente, sobre todo si es de calidad.

Gráfico No. 7. Educación redituable después de la Educación Media Superior.

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Calidad del empleoPor otra parte, se observa que el desempeño de la calidad

del empleo se va deteriorando progresivamente, ya que ahora son más los que ganan menos y menos los que ganan más, si considera-mos el crecimiento de la población que reciben de uno a tres salarios mínimos, mientras que la cantidad absoluta de la población ocupada con ingresos promedio de más de tres salarios mínimos, ha ido decre-ciendo progresivamente en los últimos diez años. Ello se manifestará en el descontento de los sectores de ingresos medios, sobre todo ur-banos y con escolaridad superior al bachillerato y en la desesperación de los que tienen menores ingresos y que tenderán a migrar en busca de mejores condiciones de vida.

Gráfico No. 8. Población ocupada por niveles de ingreso.

¿A qué se debe este descenso progresivo? Cuestión que podemos explicar por dos factores de alto impacto: primero, por los cambios en la composición técnica del capital durante los ciclos de crecimiento y auge, al intensificar el uso de tecnología ahorradora de fuerza labo-

ral, mediante la automatización creciente de los procesos de trabajo y, como agravante coyuntural, los ciclos económicos en sus fases de crisis.

Ambos factores han impactado y determinado un estanca-miento crónico del empleo en el sector industrial de los últimos quin-ce años, como se observa en la Gráfica No. 9, y un crecimiento muy moderado en la ocupación del sector servicios, de 1.6 millones de per-sonas en 14 años.

Gráfico No. 9. Evolución del empleo formal de 2000 a 2014. (Fuente: Estadísticas de empleo STPS, IMSS, 2015).

En cuanto a los ciclos económicos del siglo XXI, se observa una caída de la producción y la inversión en 2002-2003 y una mucha más grave contracción de los sectores exportadores en 2008-2009, la cual arrastró al conjunto de la economía hacia un remolino de es-tancamiento del bienestar y profundización de la pobreza y la des-

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igualdad, lo que se ha convertido en una gran ola de población joven desplazada hacia la informalidad, la migración y actividades ilegales. Este grupo se puede estimar en más de 650 000 por año, durante los 14 años, considerando que se han creado 350 000 empleos por año, in-cluyendo todos los sectores formales, además de que una gran parte de los despedidos mayores de 40 años ya no son recontratados y son arrojados también a la informalidad.

Desigualdad regional En el contexto mundial, la desigualdad se expresa en la po-

larización entre los países centrales, que concentran el poder y la ri-queza, y que subordinan a sus intereses a los países en desarrollo con economías abiertas y dependientes de la inversión extranjera y de las exportaciones de productos primarios y manufacturados. Pero la cuestión ahora es: ¿cómo se refleja e influye esta condición disimétrica mundial, con la desigualdad interna de países como México?

México, desde las grandes reformas económicas de los años 80, dejó de crecer de manera sostenida, y cuando crece lo hace con sobresaltos y a un ritmo promedio inferior al crecimiento de la población económicamente activa.

México se ha convertido en una nación donde la pobreza abarca cada vez a más millones de personas, donde la informalidad se vuelve la característica predominante del mercado, en donde la pobreza extrema sólo se neutraliza y reduce marginalmente a base de asistencialismo dirigido a los indicadores, tales como pisos de concreto, despensas, desayunos masivos… los cuales son muy necesarios, pero no resuelven las raíces profundas de la pobreza. Como son: los bajos precios de productos del campo para asegurar la “competitividad de la fuerza laboral urbana” y la falta de inversión para la producción de bienes y servicios de calidad para un mercado interno fortalecido con mejores sueldos, y no sólo para el “exigente” mercado exterior y la élite nacional.

De acuerdo con este ángulo de análisis estructural de la desigualdad, lo primero que salta a la vista es la disimetría regional entre el campo y la ciudad, y tiene un impacto muy importante sobre el resto del sistema social a escala global, porque de la depresión

económica, la informalidad y la falta de educación y oportunidades en las regiones rurales, se deriva una corriente migratoria constante hacia las ciudades con oferta industrial, y otro tanto integra las grandes corrientes migratorias hacia los EUA del último cuarto del siglo pasado.

Nótese en la siguiente gráfica cómo la evolución de los ingresos en las regiones rurales y urbanas se reflejan también en México en el contexto de los subsistemas regionales del norte y el sur de México, que demuestra también la gran cantidad de comunidades rurales que subsisten como tales hacia el sur de la “frontera” de los estados de Veracruz, Puebla y Estado de México hacia el sur.

Gráfico No. 10. Evolución del PIB por persona y por regiones en México.

Después del impacto inicial del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y de detonar las fuertes corrientes del comercio exterior en la región, particularmente entre México y EUA, su creci-

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miento se estabilizó y reforzó la estructura desigual entre las regio-nes, tanto en el crecimiento económico de los estados más relaciona-dos con la economía internacionalizada –norteños–, respecto de las economías enfocadas al mercado local –sureños–, condicionando la cantidad del empleo e ingreso entre el norte y el sur.

El crecimiento relativamente acelerado de los estados del norte se ve atenuado coyunturalmente en Tamaulipas y Baja Califor-nia, con menores ritmos de crecimiento, derivado del alto impacto de las contracciones de la economía norteamericana, de 2002-2003 y de 2008-2009. Por otra parte, el crecimiento también se observa en esta-dos más al sur, pero ligados al auge del turismo extranjero y al de las divisas de la inversión extranjera y de la renta petrolera, como es el caso de Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco.

Además de estos factores, hay una diferenciación influen-ciada por la realización de estrategias de los gobiernos locales para atraer inversión nacional y del exterior, al gestionar grandes proyec-tos de infraestructura, promoviendo su capital natural como son las condiciones geoeconómicas, sus recursos naturales y belleza escéni-ca, los minerales e hidrocarburos y el aprovechamiento de ventajas comparativas geográficas.

Asimismo, la inversión en educación, tanto en cobertura como en su calidad, que van diferenciando las oportunidades de mo-vilidad social, así como de obtención de mejores empleos a la pobla-ción, al atraer determinados proyectos de inversión en actividades con distinto valor agregado y con estructuras de distribución del in-greso diferentes. De tal forma que se pone en relieve la competitivi-dad para atraer inversiones en ciudades específicas, como Monterrey, Querétaro, León, Saltillo, Tijuana y Reynosa, por mencionar algunas que han observado un alto ritmo de crecimiento de las inversiones y el empleo.

Recientemente, en la segunda semana de octubre de 2015, la OCDE y el INEGI entrelazaron sus capacidades para instrumentar una metodología para describir las condiciones y factores que nos permite comparar el desempeño de doce dimensiones del “bienes-tar” –aunque en realidad para algunas regiones y sectores de la po-

blación lo que se describe es la ausencia de bienestar y la abundancia de restricciones y precariedad de vida–.

Este esfuerzo resulta de gran utilidad para el análisis de las semejanzas y desigualdades que se observan en las distintas regiones de nuestro país y en cada entidad federativa, utilizando información histórica de hace quince años, y se proyectan algunos hasta 2014. Ello permite apreciar algunas tendencias y los esfuerzos particulares de algunos estados, para enfrentar en mejores condiciones los retos a vencer, a fin de ofrecer mejores oportunidades de vida y de trabajo a su población, aun bajo las adversas condiciones estructurales del sistema a escala mundial y nacional.

Las conclusiones de la presentación preliminar del estudio de la OCDE/INEGI “Midiendo el bienestar en los estados mexicanos. Resultados más destacados”, de octubre de 2015 apuntan lo siguien-te:

“En los últimos 15 años México ha mejorado su desempeño en diferentes dimensiones que son esenciales para una buena vida, sobre todo en las áreas de salud, accesibilidad a servi-cios básicos y calidad de la vivienda”.

Sin embargo indica que hay logros y también retrocesos…

“se requieren de mayores esfuerzos para avanzar en áreas ta-les como la educación, la seguridad, la calidad de los empleos y la reducción de la pobreza”…

Y nos conduce, a través de un análisis comparativo de las doce dimensiones del bienestar, a la demostración de un desarrollo desigual de las regiones y entidades. En sus conclusiones también pone en relieve que algunas entidades han tenido un desempeño más equilibrado y que superan en todas las dimensiones a la media nacio-nal; estas tres entidades son Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur. Hay otros estados que se destacan en algunos indicadores en lo particular.

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Expongo a continuación algunas gráficas de dicho reporte para su análisis y tratar de derivar algunas conclusiones en aquellos factores que tienen impactos multiplicadores en otros elementos, ta-les como son educación, trabajo e ingresos.

En materia de educación, el informe destaca que solamente el 44% de la fuerza laboral mexicana cuenta con estudios de bachillerato o más, 30 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE, mientras que la brecha educacional entre el Distrito Federal (58%) y el estado de Chiapas (27%) es la segunda mayor disparidad que hay en cualquier país miembro de la OCDE, después de Turquía.

Las características de la dimensión educativa destacan que hay una preponderancia en los mejores niveles de educación de los estados del norte y en la capital del país, en donde se concentra la mayor riqueza.

Sin embargo, si observamos la proporción de los estudiantes de bachillerato que desertan de sus estudios, la cosa cambia por el impacto social que representa. Este factor –deserción escolar– pue-de tener un efecto multiplicador en varios sentidos. El más positivo puede ser el de migrar a los EUA y ocuparse legalmente como tra-bajador temporal y convertirse en parte de la fuente más importante de divisas en 2015. El siguiente grupo va a las filas del pantano de la informalidad, de los que padecen pobreza y con riesgo de convivir con el crimen.

A escala nacional, se estiman alrededor de 500 000 desertores del bachillerato, y la situación de informalidad juvenil empeora en las entidades como Tamaulipas, que reciben migrantes en tránsito y que flotan temporalmente en las ciudades fronterizas. Situación que se complica, aún más, con las decenas de miles de deportados que son arro-jados anualmente en estos polos urbanos con cruce a los EUA.

El caso de Tamaulipas se ubica a media tabla, apenas unas dé-cimas mejor que el promedio nacional de 12.9% de deserción anual, la cual en tres años suma 38.7%.

Empleo, calidad y cantidadUna consecuencia estimada por la interrupción de estudios

de secundaria y después en el nivel medio superior, se va a traducir en condiciones críticas de ocupación, con largas jornadas, bajos sala-rios y muchas veces sin prestaciones de ley a una población que re-flejará su magnitud en los escalones más bajos de la estructura social y regional.

Si analizamos las condiciones más críticas de trabajo en las entidades federativas, volveremos a observar que los estados con los niveles de educación más bajos serán los que tendrán mayor canti-dad y proporción de la población en condiciones de empleo críticas, como es el caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. Mientras que entidades como el DF, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Coahuila sufren menos de esta condición crítica de ocupación. El caso de Tamaulipas se ubica con un 9.9, en el lugar 14, y con mejor desempeño que la media nacional (OCDE-INEGI, op. cit.).

Como consecuencia de las condiciones de la educación, así como su impacto sobre las condiciones de ocupación, ingresos y ries-gos laborales, se sintetizará en las tasas de pobreza que observa el país en cada una de las entidades y regiones, reflejando la caracte-rización diferenciada de los estados ubicados al sur de la Ciudad de México y los estados del norte.

Hay doce estados que comprenden a más del 49.5% de po-blación en condiciones de pobreza y que se ubican en la región sur, y algunos del norte como Zacatecas. Estados como Michoacán, Gua-najuato y San Luis Potosí seguramente estarían en este caso si se de-duce la aportación tan significativa de las transferencias de remesas del exterior provenientes de sus trabajadores migratorios.

De estos estados afectados por la pobreza, los sureños esta-dos de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas involucran a dos de cada tres habitantes en condiciones de pobreza, en su mayoría integrantes de las etnias originarias, que padecen marginación, discriminación y opresión.

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Gráfico No. 11. Tasa de pobreza por entidad federativa. (Fuente: Dimensiones del Bienestar, OCDE, INEGI, 2015).

En el caso de Tamaulipas, se ubica a media tabla, con un 37.9% de la población, que representa un 10% mejor que el promedio nacional, que ubica la pobreza en un promedio de 46.2% de la po-blación. Pero es casi del doble de los estados con mejor desempeño y menor proporción de pobreza, como es el caso de Nuevo León, que apenas rebasa el 20%, el cual se desprende de todo el grupo, ya que las entidades que siguen son: DF, Baja California, Sonora y Coahuila, que oscilan en torno al 30% de tasa de pobreza.

El Coneval, por su parte, ha dado a conocer los resultados de su más reciente estudio de la población en pobreza, y destaca que la población que sufre de pobreza se incrementó en dos millones de per-sonas de 2012 a 2014, mientras que en el mismo período la fracción que sufre pobreza extrema se redujo en cien mil en números redon-dos, aunque advierte que hay mejoras en las condiciones de acceso a los servicios públicos de educación, vivienda y salud.

El Coneval concluye que en 2014 había un total de 55.3 mi-llones de personas que viven en condiciones de pobreza, que repre-sentan al 46.2% de la población, y el 11% de los que sufren pobreza están en “pobreza extrema”. Por otra parte, hay más de 24 millones de personas libres de pobreza que representan el 20% de la población. Esta información dimensiona muy bien la magnitud de la desigual-dad en México.

Gráfico No. 12. Indicadores de pobreza 2014, México.

CONCLUSIONESLas condiciones de la desigualdad en México se han ido po-

larizando, no obstante el crecimiento de las exportaciones y de la eco-nomía en su conjunto, impulsado por la atracción de inversiones que buscan estímulos fiscales y bajos salarios, sustentado en la subordina-ción de los productores del campo a las necesidades del desarrollo de la economía urbana de la industria y los servicios, lo cual reproduce la pobreza de ingresos en el campo y entre la fuerza laboral para la industria exportadora y los servicios al turismo.

Las condiciones de baja escolaridad, la escasa vinculación en-tre la educación y la productividad, así como la alta deserción escolar y la crónica informalidad, complican aún más las condiciones de ac-ceso a la población de condiciones laborales adecuadas para mejorar sus ingresos.

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Estas condicionantes del modelo de alta competencia para atraer inversiones y asegurar una renta atractiva a las empresas loca-les, impiden el crecimiento del mercado interno y refuerzan la depen-dencia del mercado externo. Ello permite advertir que las promesas de bienestar y crecimiento acelerado con mejores empleos de acuerdo con el mejoramiento de la escolaridad y productividad, quedarán en expectativas frustradas para la mayoría de la población, dado que las economías de los países centrales y predominantes están llegando a su frontera de expansión geoeconómica y los pedidos crecen lenta-mente o se contraen.

Por todo lo anterior, será necesario reflexionar más amplia-mente en todos los círculos de la academia y de la sociedad, incluyen-do necesariamente a los representantes de los productores y presta-dores de servicios, para rediseñar un nuevo modelo de desarrollo y de sociedad, que asegure:

• el crecimiento sostenido del mercado local;

• el aprovechamiento óptimo del talento y las capacidades tecnológicas y científicas para optimizar la producción local de bienes y servicios;

• el logro de la seguridad alimentaria y energética;

• el aseguramiento de una mejor distribución del ingreso;

• una balanza equilibrada en las cuentas externas;

• una inversión responsable e inteligente en innovación económica y social.

Todo ello, aprovechando el mejor conocimiento disponible que sustente nuestra competitividad en el talento y en la productivi-dad, con base en los principios de cooperación y máximo beneficio social, superando de raíz el modelo que nos hunde en los bajos pre-cios de productos del campo, para poder tener bajos salarios y atraer

capital extranjero que sólo pretende aprovecharse de la urgencia que muestran los promotores de un México barato, sin ley y sin impuestos, y que sólo ha generado desigualdad extrema y pobreza generalizada en la mitad de la población.

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Reflexiones sobre la propuesta de Thomas Piketty...

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HERNÁNDEZ MONTEMAYOR, F.J. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 265-273.

REFLEXIONES SOBRE LA PROPUESTA DE THOMAS PIKETTY

Y ACCIONES C OMPLEMENTARIAS

Felipe PEARL ZORRILLA Comité Estatal de Productividad y Competitividad

del Estado de Tamaulipas, México

RESUMEN/INTRODUCCIÓNLa publicación del libro de Thomas Piketty, “El capital en el siglo

XXI”, ha sido una oportuna coincidencia o una planeada oportuni-dad para discutir un tema que viene preocupando –y muchas veces indignando– no sólo a pensadores serios, a analistas aficionados o a gobernantes de buena fe, sino a miles, quizá millones, de ciudadanos de todo el mundo.

El tema de la desigualdad es tan antiguo como el hombre y ha subsistido con base en las armas, en el poder y hasta con las justifi-caciones más remotas y atrevidas. Pero en las últimas décadas, con la apertura de las cifras, la transparencia de las informaciones y la posibilidad mediática de comparar diferencias de ingresos y niveles de vida, el tema de la desigualdad social es un concepto clave para la sana convivencia de toda sociedad.

Palabras clave: desigualdad, economía reflexiva, acción correc-tiva.

REFLECTIONS ON THE PROPOSAL OF THOMAS PIKETTY AND C OMPLEMENTARY ACTIONSABSTRACT/INTRODUCTION

The publication of Thomas Piketty´s Capital in the Twenty-First Century has been a timely coincidence or a planned opportunity to discuss an issue that is troubling and often-times causes discomfort, not only in serious thinkers, amateur analysts, or rulers of good faith, but thousands, perhaps millions, of citizens around the world.

The topic of inequality is as old as mankind and it has survived based on weapons, in power, or even in the most remote and daring justifications. But in recent decades, with the opening of the figures, transparency of information and the possibility of media to compare differences in earned income and standards of living, the theme of

Francisco Javier HERNÁNDEZ MONTEMAYORLicenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autóno-ma de México (UNAM) y Maestro en Administración Pública por la UADCS de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Fue profesor por la FCPYS de la UNAM en 1977-1980 y en la Universidad Autónoma de Chapingo entre 1980-1985. Profesor de tiempo completo en la UAT de 1987 a 2005. Ac-tualmente ocupa el cargo de Director General del Consejo Ta-maulipeco de Ciencia y Tecnología (Cotacyt), organismo que destaca nacionalmente como uno de los mejores en cuanto a las gestiones y estímulos para la investigación y tecnología. Línea de investigación: Economía. Correo Elec.: [email protected]



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PEARL ZORRILLA, F. Reflexiones sobre la propuesta de Thomas Piketty...

social inequality became a key concept for healthy coexistence of the society as a whole.

Keywords: Inequality, reflective economy, corrective action.

CONCIENCIA UNIVERSAL

En las últimas ediciones del Foro Mundial de Davos la desigualdad dentro de los países y entre las naciones ha sido un tema que ha preocupado a los expertos, gobernantes y empresarios que acuden a esa cumbre internacional.

La gran aportación de Piketty es presentar –en forma ordena-da, accesible y contundente– su teoría de que la Acumulación del Cap-ital crece, en términos generales, más rápido que la tasa de desarrollo económico, y se puede comprobar desde que hay estadísticas confiables en varios países, algunos de ellos supuestamente ejemplos de igualdad y equidad, excepción hecha de los inesperados períodos de las dos conflagraciones mundiales y sus efectos inmediatos.

Pareciera que las guerras de ese tipo son terribles instrumentos de igualdad social. El tema de por sí controversial recibió una visión optimista de su propia remediación con las teorías del respetado Premio Nobel de Economía, Simon Kuznets, de que había “fuerzas equilibradoras del crecimiento, la competencia y el progreso técnico” que conducen espontáneamente a una reducción y a una armoniosa estabilización de las desigualdades en las fases avanzadas del desarrollo.

La propuesta de Piketty es en sentido pesimista. No hay comprobación de que ese equilibrio se dé en forma automática y, por el contrario, los ejemplos de países donde se ha logrado paliar o reducir la brecha de las desigualdades ha sido con políticas definidas y estrategias expresas.

El autor francés lo basa en políticas públicas y, por lo tanto, en la decisión de los gobernantes. Pero yo creo que debe haber una grande y activa participación de la sociedad civil.

PROPUESTA DE PIKETTYPara resolver esa tendencia creciente y aparentemente im-

parable de la desigualdad, Piketty plantea la aplicación de un Im-puesto Mundial sobre el Capital.

Reconoce que es una medida muy difícil de aplicar, pero le llama una “utopía útil”. Propone que se vaya aplicando por etapas, quizá primero por países o regiones, para luego ir intentando su co-bertura mundial.

Afirma que en Estados Unidos y en varios países europeos existen ya bases de dicho impuesto y los controles bancarios a las transmisiones de dinero entre países, así como las propias políticas internas como las de China, son avances en ese sentido.

Precisa que dicho impuesto no sustituye a otros ingresos fis-cales, estima que no pasaría de tres a cuatro puntos del Producto In-terno Bruto (PIB), pero subraya que no sería para financiar al Estado, sino para regular los extremos y posibles defectos del capitalismo a ultranza.

Propone, de hecho, un impuesto mundial a la riqueza no ma-yor al 2%, salvo en los casos de fortunas superiores a los 1000 millo-nes de euros, donde habla de tasas del 5 al 10%.

Por otro lado, propone un mayor Gasto Público, que repre-sentara hasta 2/3 partes del PIB, pero asegurando un ejercicio justo, transparente y eficiente del mismo.

Y cuestiona con argumentos interesantes la necesidad de au-mentar el Salario Mínimo a niveles que aseguren mayor bienestar y poder de compra a las grandes masas.

REFLEXIÓNSiento un gran respeto por todos los empresarios que arries-

gan su capital, que aportan su trabajo, visión y creatividad para ini-ciar, crecer y expandir sus negocios, sean éstos pequeños, medianos

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o corporaciones multinacionales. Y creo que el premio o recompensa justa y razonable a esa iniciativa emprendedora debe estar basada en las utilidades que dicha empresa genera. En su momento, tienen todo el derecho legal y humano de transmitir la propiedad de sus empresas y activos adquiridos a lo largo de su vida a las personas o instituciones que decidan. Es un principio básico de libertad.

Lo que debemos proteger es que ese crecimiento de la riqueza individual vaya acompañado de un compromiso social, vía impues-tos, donaciones, acciones cívicas, etc., que les permitan compartir con los menos favorecidos, en la medida de sus posibilidades y deseos.

Cuando la actitud esperada en ese sentido no se da, y la acumulación de capital pareciera ser el único y principal objetivo, no existe una conciencia social, y se van acentuando las diferencias económicas y sociales. La teoría de Piketty señala que es cuando la sociedad y los Gobiernos deben plantearse soluciones que permitan convivir en un mundo más armónico, equitativo y justo.

Pero no creo que un Impuesto Mundial al Capital o un Esta-do Paternalista y Protector sean las soluciones mágicas. Las dramáti-cas diferencias que menciona Piketty, y que la realidad cotidiana nos transmite, requieren de soluciones más amplias, donde se involucren diversas estrategias y una mayor participación ciudadana.

Pareciera que en dicha solución hay dos enfoques distintos, pero que pudieran ser complementarios:

1. Por un lado, una distribución más equitativa de la rique-za existente.

2. Por otro, la creación de más oportunidades, para que ma-yor número de personas tengan acceso a mejores niveles de ingreso y bienestar.

En el primer escenario entran las propuestas de Piketty, con las modalidades que cada país decida y con las resistencias del status quo que cada afectado ejercite.

En la segunda vertiente es donde quisiera aportar algunas ideas.

PROPUESTAS COMPLEMENTARIASEstimo que la situación bajo análisis trasciende las solucio-

nes meramente económicas y fiscales, y se adentra en consideracio-nes éticas y sociales. Además, considero que podrían implementarse otras medidas fiscales y de gasto público que ayudarían a reducir las desigualdades.

Cito algunos:

1. Un mayor apoyo a emprendedores con capital de riesgo. Si las empresas son generadoras de riqueza, y lo que faltan son empresarios y empleos, una forma de generar ese círculo virtuoso es apoyando con recursos competi-tivos o capital de riesgo a los jóvenes que tienen un pro-yecto viable. Si la concentración de ingresos es debido, en parte, a un reducido grupo de propietarios del capital, en la medi-da en que “democraticemos” o “ampliemos” ese grupo de empresarios, podremos mejorar los ingresos de muchas personas que, teniendo el talento, la idea o la visión, carecen de los recursos financieros para implementar su proyecto. Lo menciona José Martí Pellón como una forma de promover la inversión, en su libro “La sociedad de la infor-mación: el reto del siglo XXI”.

2. Un programa de capacitación focalizada a las actividades, ca-rreras o destrezas que mayor demanda y remuneración econó-mica ofrecen los mercados. El reiterado divorcio entre la oferta y la demanda de empleos es una fuente de pobreza relativa, un desperdi-cio de recursos públicos y privados, y una causa de ma-yores diferencias sociales. Si el Gobierno, la Academia y la Sociedad realizaran realmente un esfuerzo serio de Vinculación, Comunica-ción y Motivación, incluyendo casos exitosos como el

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“Modelo dual” de Alemania, podrían formarse cuadros en carreras o técnicas que se requieren, y que tenderán a obtener mejores ingresos que las personas subempleadas o que estudiaron profesiones o especialidades saturadas o de bajos ingresos.

3. Una política de Estado que aliente la inversión privada pero que desmotive la acumulación excesiva de capital y sus mani-festaciones más desafortunadas.

4. La promoción permanente en los tiempos oficiales de los medios masivos y, desde luego, en prensa y redes sociales, sobre la res-ponsabilidad social de los que más tienen y las oportunidades disponibles para los menos afortunados.

5. Aprovechar la disposición y compromiso social de muchos me-dios masivos privados para fomentar la Responsabilidad Social de los más afortunados y su compromiso o “hipoteca social”, como le llama el maestro David Noel Ramírez Padilla.

6. Crear una cultura de filantropía, conciencia social y progra-mas de apoyo donde se premien públicamente las acciones igualitarias. Bernardo Klinksberg habla del “voluntariado so-cial”, que permite volcar miles de personas a ayudar a quienes menos tienen, tanto con apoyo material, como con educación y, a veces, lo más importante, con aten-ción y esperanza de que podrán salir adelante de su mar-ginación.

7. Diseñar profesionalmente una campaña donde se privilegien los valores de trabajo, ahorro, inversión, honradez, etc., y se desalienten y exhiban los comportamientos y acciones de derro-che, excesos y descomposición social.

8. Que haya una supervisión o vigilancia de todos los indicado-res que muestren ampliaciones del gap o diferencias entre las diferentes clases socio-económicas. Que, por ejemplo, el Índice Gini se publique con la periodicidad que se permita, y se expli-

quen las áreas, sectores y regiones donde las diferencias se am-plían, al mismo tiempo que los casos exitosos, donde se logran reducciones y mejoras.

9. Que se refuercen todas las acciones fiscalizadoras ante las co-rrupciones, malos manejos o ineficiencias de servidores públi-cos, que sean castigados con ejemplaridad legal y social, cuyo costo económico es enorme y que los ahorros que esas medidas generen se destinen a los programas sociales que permiten re-ducir desigualdades.

10. Tomar en cuenta y promover aún más la movilidad social de los empresarios. Con el arribo de nuevas tecnologías se producen efectos irruptores que afectan hasta teorías como la de Piketty. De pronto, en pocos años, surgen nuevas e inmensas fortunas de personas que no han heredado nada, que inclusive comen-zaron con muy modestos recursos, pero que con su talento e imaginación han logrado reducir sus “distancias” igualitarias, con casos como los de Google, Microsoft, Twitter, Facebook, Amazon, Uber, Instagram, etc.

11. Que haya una participación más propositiva del Banco Cen-tral, que no premie con dinero fácil o barato en forma desigual, sino que al contrario, democratice y facilite el acceso a créditos a tasas preferenciales o con capital de riesgo a los niveles me-dios y bajos de ingresos, y a las micro, pequeñas y medianas empresas.

12. Reestructurar el régimen de pensiones para asegurar mejores niveles de ingresos a los adultos en edad de jubilación y estable-cer incentivos al ahorro de las clases medias y bajas.

13. Reforzar todas las instituciones oficiales y cívicas que luchan contra los monopolios, las concentraciones, los abusos del po-der, los enriquecimientos ilícitos, el tráfico de influencias y to-dos aquellos delitos sociales que muchas veces provocan más inequidades que la tasa de crecimiento analizada por Piketty.

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CONCLUSIONESCreo que la obra de Piketty es una gran aportación al estu-

dio de las desigualdades y contribuye con propuestas concretas que buscan darle soluciones a esa grave problemática, ancestral y actual.

La intención de este ensayo no es detenerme en el análisis. Creo que en ese tema y en muchos más estamos sobre diagnostica-dos. Lo que urgen son soluciones. Piketty, en forma clara y valiente, hace sus propuestas.

Con la mejor intención intento proponer una serie de accio-nes complementarias que ayuden a lograr una sociedad más justa, equitativa, progresista, que viva en paz y con dignos niveles de bien-estar compartido.

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Felipe PEARL ZORRILLALicenciado en Economía y en Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey y Maestro en dicha institución académica. Becario de la fundación alemana Adveniat para estudiar Maestría en la Universidad de Navarra y Becario de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) para estudios de Economía y Comercio Exterior en China. Cuenta con otros cursos de posgrado en Es-tados Unidos e Inglaterra, así como estudios de Licenciatura en Derecho. Candidato al Doctorado en Ciencias, especialidad Ambiente y Sociedad. Fue Fundador de la División de Pos-grado e Investigación de la Facultad de Comercio y Adminis-tración de Tampico (FCAT) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y Jefe de dicha División. Colaboró como maestro, logrando reconocimientos como Maestro Emérito y Profesor Extraordinario. Desde 2012 es Presidente Ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Económico y la Competitivi-dad del Estado y a partir de 2014 es vocal del Consejo Estatal de Energía. Línea de investigación: Economía. Correo Elec.: [email protected]

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Recepción y adaptación de La Riqueza de las Naciones...Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM Vol. XXVI, N. 1 (2016) pp. 275-295.

RECEPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES

DE ADAM SMITH EN EL MUNDO HISPANOHABLANTE DURANTE

LOS SIGLOS XVIII Y XIX

Paz MOLERO HERNÁNDEZUniversidad Complutense de Madrid, España

RESUMENEl objetivo de este trabajo es un aspecto poco conocido de la obra

de Adam Smith, La Riqueza de las Naciones. En concreto, se estudia el motivo por el que, tanto en España como en Latinoamérica, se co-noció censurada en los siglos XVIII y XIX, es decir, en sus primeras traducciones en nuestra lengua. A través del estudio de estas traduc-ciones, y de las circunstancias históricas en las que se realizan, se analiza, a su vez, si los motivos de esta censura corresponden a las ideas que efectivamente defendió Adam Smith. No se pretende juzgar las intenciones de ninguna de las partes que intervienen en este pro-ceso, pero sí entender el contexto en el que sucedieron y juzgar si en los países hispanohablantes se conoció verdaderamente en esos siglos lo que Adam Smith efectivamente quiso expresar.

Se llega finalmente a una doble conclusión, por un lado que, aun-que el autor escocés critica determinadas circunstancias que se daban en España en ese momento y también a la religión, sin embargo, sus críticas son más bien a los efectos socio-políticos perversos que se lle-varon a cabo en el tiempo histórico próximo al que vive y, por otro, se concluye que, fruto del miedo a ser censurada por completo La Riqueza de las Naciones, más que una traducción, lo que se conoció en estos siglos es una adaptación de la obra de Adam Smith.

Palabras clave: Adam Smith, censura, España y Latinoamérica siglos XVIII y XIX, riqueza de las naciones, Ilustración esco-cesa.

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MOLERO HERNÁNDEZ, P. Recepción y adaptación de La Riqueza de las Naciones...

RECEPTION AND ADAPTATION OF THE WEALTH OF NATIONS

BY ADAM SMITH IN THE SPANISH SPEAKING WORLD, DURING THE EIGHTEEN

AND NINETEEN CENTURIESABSTRACTThe objective of this paper is a little unknown aspect of the work

of Adam Smith in The Wealth of Nations. Specifically why is he met censored in Spain as in Latin America in the XVIII and XIX centu-ries, i.e. in his first Spanish translations. Through the study of these translations, and the historical circumstances in which performed, it analyzes, in turn, if the reasons for censorship correspond to the ideas that indeed Adam Smith defended. It is not intended to judge the in-tentions of any of the parties involved in this process but understand the context in which they occurred, and judge whether in Spanish-speaking countries truly in those centuries knew what Adam Smith actually wanted to express.

It finally reaches two conclusions, first that, although the Scot-tish author criticizes certain circumstances that occurred in Spain at that time and also to religion, however, their criticisms are rather to the effects perverse sociopolitical that were carried out in the next historical time he lived, and on the other, we conclude that, as a result of fear of being censored completely The Wealth of Nations, rather than a translation, it was known in these centuries an adaptation of the work of Adam Smith.

Keywords: Adam Smith, censorship, Spain and Latin America eighteenth and nineteenth centuries, wealth of nations, Scot-tish enlightenment.

1. INTRODUCCIÓN

Adam Smith no pierde actualidad. El considerado Padre de la Economía Clásica es citado con frecuencia en discursos de toda índole, en muchas de esas ocasiones atribuyéndole aspectos que dan por supuesto ideas que él no llegó a definir o que simplemente es-bozó. Es por ello que este trabajo pretende un estudio de un aspecto poco conocido, y a su vez parcial, que se derivó de su trabajo, con la certeza de que no es posible una comprensión completa ni de sus intenciones ni de la intelección de su pensamiento.

El objetivo de este trabajo no es la obra completa, sino en con-creto, analizar los motivos por los que La Riqueza de las Naciones (en adelante RN) escrita en 1776, tanto en España y en Latinoamérica, se conoció censurada en los siglos XVIII y XIX, y también analizar si los motivos de esta censura corresponden a las ideas que efectivamente defendió Adam Smith (en adelante AS).

Me centro en la traducción de esta obra al español en dichos siglos, ya que es la primera que se conoce del autor y que se traduce al español; tendrá además recortes de censura por distintos motivos que analizaremos más tarde. La Teoría de los Sentimientos Morales (en adelante TSM), aunque es anterior, verá la luz en su versión completa en español a finales del siglo XX y se conocerá menos en estos dos siglos que son objeto de esta investigación (Rodríguez Braun, 1997).

La versión española habría de esperar hasta los comienzos de la última década del siglo XVIII. José Alonso Ortiz, jurista agregado a los Consejos Reales y Cancillería de Valladolid, inicia en esas fechas el largo recorrido que separaría a la traducción española de RN de la imprenta y de su difusión pública. Gracias a la habilidad de Alonso Ortiz frente a los censores, y gracias también al pago del elevado cos-te de algunas mutilaciones en el texto, pudo obtenerse la autorización para imprimir la RN en los Talleres de la Viuda e Hijos de Santander, publicada en Valladolid, en cuatro volúmenes, en el año 1794 (Fuen-tes Quintana-Perdices de Blas, 1996).

No pretendo, sin embargo, juzgar las intenciones de ninguna de las partes que intervienen en este proceso. Es importante en este tipo de análisis entender el contexto en el que acontecen los hechos. Si no es posible una comprensión completa, al menos pretendo que sea suficiente. Por eso, en la primera parte de este trabajo se dan unas claves de la época en la que AS escribe su obra. Para ello, es necesa-rio encuadrar a AS dentro de la polémica que venía desarrollándose en Gran Bretaña, y especialmente en Escocia, tanto en el terreno de la investigación científica como en la discusión sobre la naturaleza humana.

Al mismo tiempo, hay que entender la Ilustración escocesa, en cuyo seno se forma AS, como un centro intelectual donde se dis-

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cute de temas de psicología, de teología moral y de ascética. En su tiempo, el fundamento de la actividad económica se replantea y no se pone ya en la posesión de las tierras, sino en las relaciones interper-sonales, con lo que el entramado social cobra más importancia como referente. La solidez de la economía se considera, a su vez, como el marchamo de una sociedad bien asentada y en orden.

A continuación trato el contexto histórico de la España de entonces, para pasar a explicar las razones que pudieron llevar a cen-surar la obra en su traducción española; analizar si fue bien entendi-da por los censores y, como consecuencia, qué interpretación de AS han heredado los países hispanohablantes de los siglos XVIII y XIX. Termino con algunas conclusiones acerca de si la tradición católica, religión mayoritaria en estos países, conoció, a mi juicio, verdadera-mente lo que AS quiso decir.

2. LA OBRA DE ADAM SMITH Y SU TIEMPOPuede afirmarse que la RN es un producto en gran parte de

su época. Sin pretender con esta afirmación ir en detrimento de su autor, éste se inserta dentro de la escuela escocesa de Filosofía Moral, de la que toma su método de investigación social. Probablemente, sin estas influencias, no hubiera podido ser escrito o el resultado hubiera sido bien distinto. AS tuvo el acierto de captar bien las ideas y pro-blemas económicos de la sociedad de su tiempo para hacer balance y sacar conclusiones. La ciencia no es aséptica. Al científico, como al hombre en general, le afecta el momento histórico en el que se desa-rrollan sus ideas.

Así, AS tampoco es indiferente al momento en el que vive y escribe la RN. Es el momento del nacimiento del Banco de Inglaterra, de la deuda pública, del patrocinio parlamentario, del ejército profe-sional y de una clase social que, con sus rentas, en beneficio propio, mantenía estas dos instituciones mencionadas. Estos cambios provo-can que, en la conciencia británica, lo económico pase a un primer plano.

La filosofía social que surge en Escocia en el tiempo ante-rior a la RN nace de un tratamiento de las pasiones humanas. Así, la

preeminencia de lo pasional en la constitución de la sociedad es soli-daria del debate sobre la naturaleza humana, propiciado en parte por doctrinas neoestoicas y neoplatónicas y, sobre todo, por el auge de las doctrinas antropológicas que tomaban como base la depravación del hombre (Rodríguez Lluesma, 1997).

Articular todas estas ideas dispersas en la tradición especu-lativa y práctica que antecedía a AS precisaba su conocimiento pro-fundo, demandaba también tiempo para articularlas en un sistema coherente y exigía, finalmente, plasmar esa construcción en un estilo y forma que las hiciera asequibles y aceptables a la sociedad. AS reu-nió todos estos requisitos.1

La RN es considerada su obra maestra. El objetivo general de esta obra, como él mismo afirma, es fomentar la discusión política y animar a buscar los medios para promover la felicidad de la sociedad. La obra, sin embargo, madurará lentamente, ya que tarda diez años en escribirse. A la muerte de AS, ocurrida el 17 de julio de 1790, ca-torce años después de aparecer la RN, la fama de su figura y el valor de su obra estaban ya reconocidos y difundidos en el mundo de su tiempo.

3. ESPAÑA EN EL SIGLO XVIIIA pesar de que la mayoría de los autores españoles del Se-

tecientos, a diferencia de los filósofos franceses, respetaron la religión y la monarquía, después de los acontecimientos revolucionarios fran-ceses de 1789 se produjo un cierto temor en España a que algunas de las ideas revolucionarias desembocasen en hechos similares. El poder civil y el inquisitorial se unieron contra el mismo enemigo: los revo-lucionarios franceses, quienes cuestionaban el poder de la monarquía absoluta y de la Iglesia católica.

No obstante, a finales del siglo XVIII, se propusieron unas medidas más aperturistas. La apertura se reflejó en las traducciones que se realizaron en la última década de este siglo. Se tradujeron tex-tos de Condillac, Genovesi, Hume, Turgot, Quesnay y, por supuesto, de Smith. En tal resurgimiento, se publicaron las traducciones de AS por parte de Martínez de Irujo y de José Alonso Ortiz.

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Puede ayudar también a encuadrar el asunto que nos ocupa que la libertad de expresión, durante el siglo XVIII, estuvo limitada tanto por el poder civil como por la Inquisición, institución que ha-bía visto diezmado su poder durante el reinado de Carlos III y que había sido sometida al poder civil. Se necesitaba una censura previa del Consejo de Castilla para obtener una licencia de impresión, y los miembros más conservadores del Consejo no daban licencias a las publicaciones que se consideraran sospechosas o peligrosas.

Por eso, no es de extrañar que los traductores dedicasen sus trabajos a esos poderosos ministros, tanto para no tener ningún pro-blema con la censura civil, como para promocionarse en la adminis-tración del Estado (Reeder, 1978). La Inquisición había perdido poder ante el Estado, aunque todavía era una institución que imponía res-peto.

4. TRADUCCIÓN, ADAPTACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RIQUEZA DE LAS NACIONES EN ESPAÑA Y MUNDO HISPANOHABLANTE EN LOS SIGLOS XVIII Y XIX

En 1792, la Inquisición española –los inquisidores apostóli-cos contra la Herética pravedad y la apostasía– promulga un edicto de prohibición del libro en su versión francesa. El libro no podía leer-se, bajo pena de excomunión, salvo que se tuviese licencia y “ello por encontrar contenido favorecedor de la tolerancia religiosa e inducir al naturalismo” (Lasarte, 1976:23).

La primera traducción al español de la RN es la de Luis Alon-so Ortiz en 1794. Hasta entonces sólo había una traducción parcial del resumen o Compendio de Condorcet, elaborado por Martínez de Irujo. Es realmente curioso que, después de lo que se ha mencionado sobre la censura, Martínez de Irujo consiguiera salvar su traducción. Pero “sin duda, a la publicación de la traducción también contribuyó la prudencia del traductor. En primer lugar, no cita nunca el nombre de Smith y rectifica algunos puntos que pudiesen incomodar.

El traductor apunta que Condorcet, en el Compendio, había eliminado aquellas implicaciones impropias de la obra original, pero

recoge los principios básicos de su autor en materia de crecimiento económico” (Fuentes Quintana-Perdices de Blas, 1996: XLI).

Así es que, en 1794, la Oficina de la Viuda e Hijos de Santan-der publicó en Valladolid la primera traducción del original inglés de la octava edición. Alonso Ortiz realizó algunas modificaciones de la obra, para que pasara las censuras eclesiástica y civil, en temas relati-vos a la educación, los diezmos, la usura, las referencias desfavorables a España y la religión católica. La segunda edición de esta traducción “muy corregida y mejorada” parece que, también, fue realizada por Ortiz y se publicó en 1805-1806 en Valladolid, por la imprenta de la Oficina de la Viuda e Hijos de Santander, en cuatro volúmenes.

Luego, hasta 1806, sólo hay dos ediciones de la RN en cas-tellano y la síntesis publicada en 1792. De 1806 a 1933 no se realizó ninguna edición de la obra maestra de Smith. Esto es debido a que Say y Bastiat fueron los autores más traducidos y leídos por los es-pañoles del siglo XIX.2 Parece entonces que AS fue más leído por los ilustrados que por los liberales españoles del siglo XIX. Por las fechas de publicación de las traducciones de la RN, podemos mantener que dicha obra fue leída en España antes de la publicación del Tratado de Say. Es decir, fue principalmente la última generación de ilustrados quien leyó a Smith.3

Por los estudios monográficos sobre los economistas españo-les consultados, parece adecuado mantener que la influencia de la RN en España no fue importante. AS será un símbolo para los librecam-bistas y el padre de la economía para los docentes, pero realmente la RN no fue tan leída y tuvo pocas traducciones, si comparamos con Say y Bastiat. La última generación de ilustrados, que fueron los que más leyeron a AS, no tomaron de este autor los argumentos favora-bles a la libertad comercial en el interior y con las Colonias, ni tampo-co la idea de la importancia del establecimiento de unas buenas ins-tituciones económicas con el fin de conseguir un mayor crecimiento económico, ni todas las ideas expuestas en el debate sobre la reforma de la Hacienda. Fueron muchos los ilustrados y economistas del si-glo XIX, como Valle Santoro, que se apartaron de las proposiciones smithianas cuando las aplicaban a España (Perdices de Blas, 1990:36).

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Las ideas de AS en el siglo XIX se conocieron, no a través de la lectura directa de la RN, sino de las numerosas obras traducidas de Say. La inclusión en el Índice de la edición francesa pudo estigmatizar el libro RN entre los países de mayoría católica, a lo que hay que aña-dir que la economía que aprendieron los españoles en los manuales escritos por sus compatriotas era una economía ecléctica, obtenida de numerosos autores.

La última conclusión que se puede deducir, viendo las fechas que median entre la traducción de Alonso Ortiz y la siguiente, es que los políticos liberales del siglo XIX, más retóricos que teóricos, pre-firieron otros argumentos a los de AS para defender políticas libre-cambistas y anti-intervencionistas. En concreto, prefirieron a Bastiat, Mirabeau y Say, quienes gozaron por tanto de más éxito que AS entre los economistas españoles (Cheng-Chung, 2005).

5. ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE LA AUTOCENSURA Y ADAPTACIÓN DE LA TRADUCCIÓN DE ORTIZ

Como ya hemos comentado, la traducción de Ortiz es, en el fondo, una adaptación de la RN, ya que comenta, recorta o suprime partes considerables del texto original, sobre todo, de los libros IV y V. Los motivos son varios, civiles o históricos unos, religiosos otros. La mayoría de los economistas españoles de la época de Ortiz defen-dió la religión católica, la monarquía absoluta y la patria; no obstante, podían criticar la situación económica. El tener que pasar la censura civil y eclesiástica les condujo, en ocasiones, a autocensurar su expo-sición por miedo a ser censurados. Éste es el caso de Alonso Ortiz.

A. Retrato de España y sus colonias en la RNEl economista escocés se extiende en numerosas páginas en

la explicación del hecho histórico del descubrimiento de América y en los motivos que llevaron a los españoles a conquistar y colonizar estas nuevas tierras.

“A partir de las informaciones de Colón, el Consejo de Cas-tilla decidió tomar posesión de unos países cuyos habitantes eran manifiestamente incapaces de defenderse. El piadoso

propósito de convertirlos al cristianismo santificó a un pro-yecto injusto, cuyo único objetivo era la esperanza de encon-trar oro...” (RN, p. 575).

Un poco más adelante, afirmará que en España se ha abolido el sistema feudal pero no ha sido sustituido por otro mejor y, por tanto, la sed de oro que presidió la empresa del descubrimiento ha desaprovechado las ventajas que conllevaba la extensión del merca-do. Piensa que la política de prohibición de sacar los metales ha obs-taculizado el desarrollo de sectores productivos en España.

Es decir, si anteriormente había dicho que la ventaja de la conquista de unas colonias no radica en la obtención de metales pre-ciosos, sino en la extensión del mercado, ahora insistirá en que el monopolio beneficiará a parte de los comerciantes pero no a toda la población. Los economistas españoles habían llegado a esta misma conclusión; la diferencia, no obstante, está en que estos últimos dan una edulcorada visión de España. El patriotismo de AS le permitía criticar con libertad los defectos de su sistema político, pues Ingla-terra gozaba de mayor libertad de expresión. Tampoco tenía ningún problema en hablar de la usura o del comportamiento de los monar-cas. A los censores inquisitoriales les molestaba esta libertad (Perdi-ces de Blas, 1996).

Es verdad que puede ser que AS se sobrepase en sus críticas a España y a sus instituciones, pero también es verdad que lo hace de un modo semejante cuando trata de aquellos aspectos que considera negativos en su país. Para él, la lógica que subyace al sistema mer-cantilista refleja el fetichismo por el dinero en la sociedad, la creencia popular de que ser rico es tener dinero y que tener riqueza y tener dinero son sinónimos.

En esencia, a pesar de los comentarios críticos, el libro IV –que es donde se recogen las críticas fundamentales a España– es una detallada denuncia a los efectos nocivos producto de los vínculos con el sistema feudal. “El punto central es la convicción smithiana de que el monopolio es un privilegio de los productores, en contraste con los intereses de la colectividad” (Barucci, 1977:110).

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Es también este libro donde Smith analiza la noción popular que confunde las nociones de riqueza y dinero. La suposición que un país “es generalmente rico de la misma manera que una perso-na” (RN, p. 429) es un serio error. En efecto, según AS, la causa de la riqueza de una nación no es la cantidad de oro y plata que ésta acumule, sino su trabajo.

B. La crítica a la Iglesia de Roma y a las religiones en la RN. La tolerancia religiosa

Este punto, si cabe, es más complejo que el anterior, pues en él no se trata sólo de hechos históricos, sino del modo en el que se entiende que AS critica la religión y, en concreto, al Papado. Los momentos en los que AS trata este tema (Libro V, sección I de la RN) serán los más recortados en la traducción de Alonso Ortiz.

A lo largo del libro V, cuando trata de los ingresos del Estado o del soberano, AS se ocupa del problema de cómo financiar las insti-tuciones destinadas a la educación en la sociedad. Ahí establece una notable diferencia entre la educación que han de recibir los pobres y la que han de recibir los miembros de las clases superiores y, todo ello, en gran parte derivado de su concepto de benevolencia y del propio interés.

Para AS, el sistema educativo se puede hacer accesible a la mayoría mediante escuelas dependientes de parroquias o distritos pagando una tasa moderada. El Estado obtiene una gran ventaja en la instrucción de las clases más pobres, porque las libra del fanatismo y de la superstición, que podrían ser la causa de grandes desórdenes. Quizá el estudio despierte intereses que activen pasiones peores en el rico, pero aunque éste se convierta en un monstruo es también una ventaja para la sociedad. El freno en los pobres sería la educación bá-sica y la abundancia de trabajo; en los ricos, el freno lo marca la Ley. Es aquí donde trata precisamente de la intolerancia religiosa. La ense-ñanza religiosa sufragada vuelve indolentes a los clérigos y docentes, que se vuelven intolerantes con el resto de los credos por no perder las tasas que tienen ya establecidas.

Merece la pena, a pesar de su extensión, recoger la cita, pues no parece que sea un ataque a la esencia de los credos, sino más bien

una crítica al defecto de un sistema concreto. Es un pasaje donde se está refiriendo a que las instituciones destinadas a la instrucción son principalmente las que se ocupan de la educación religiosa. Los maestros dependen completamente para su sustento bien de contri-buciones voluntarias, bien de algún otro fondo que la legislación de su país les asigne:

Su esfuerzo, su celo y laboriosidad serán probablemente mu-cho mayores en el primer caso que en el segundo. En este sentido los maestros de las nuevas religiones siempre han gozado de una considerable ventaja al atacar las creencias antiguas y establecidas, cuyos clérigos, al disfrutar repo-sadamente de sus beneficios, descuidan el mantener vivo el fervor de la fe y la devoción en la gran masa del pueblo; y al entregarse a la indolencia llegan a ser totalmente inca-paces de acometer una reacción vigorosa en defensa de su propia posición. Los clérigos de una religión oficial y bien dotada a menudo se convierten en hombres de erudición y elegancia, que poseen todas las virtudes de los caballeros o las que atraen la estima de los caballeros; sin embargo, tien-den gradualmente a perder las cualidades, buenas y malas, que les proporcionaron autoridad e influencia sobre las cla-ses inferiores de la población, y que quizás fueron las causas originales del éxito y consolidación de su religión. Tales clé-rigos, al ser atacados por un grupo de iluminados populares y audaces, aunque sean estúpidos e ignorantes, se sienten absolutamente indefensos (…)

Ante una emergencia de ese tipo un clero en tales condi-ciones no tiene habitualmente otra alternativa que acudir al magistrado civil para que persiga, aniquile o expulse a sus adversarios, en tanto perturbadores de la tranquilidad públi-ca. Así fue como la iglesia católica romana requirió al poder civil para que persiguiese a los protestantes; y la iglesia de Inglaterra para que persiguiese a los disidentes; y así lo ha-cen en general todas las religiones cuando han disfrutado durante uno o dos siglos de la seguridad de una institucio-nalización legal y se ven imposibilitadas para oponer una resistencia enérgica frente a cualquier nueva secta que pre-tenda atacar su doctrina o disciplina. En estas ocasiones la ventaja en cuanto a la sabiduría y la buena escritura puede a veces estar en manos de la iglesia oficial. (…) En la iglesia de

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Roma la laboriosidad y el celo del clero inferior se mantienen vivos gracias al poderoso motivo del propio interés en mayor grado que en ninguna religión protestante oficial (RN, pp. 721-723).

Para evitar estos defectos, termina AS postulando una Igle-sia independiente del poder del Gobierno. Se adelanta a su tiempo, defendiendo una separación entre Iglesia y Estado, es decir, que no haya estados confesionales, ni iglesias oficiales. La sangrienta historia de guerras religiosas no sólo habrían motivado a Hobbes a buscar un sistema que preservara la paz, sino que de alguna manera también está presente en el pensamiento de AS. Para él, una sociedad con dos-cientas, trescientas o miles de diferentes sectas constituye la mejor opción.

Sin duda, las Iglesias de Lutero y de Inglaterra fueron me-nos conflictivas políticamente, pues concedieron que los soberanos dispusieran de los episcopados, convirtiéndose en las verdaderas ca-bezas de estas Iglesias y así, para AS, desde el principio fueron favo-rables a la paz. Sabe que durante siglos la religión ha jugado el papel que él mismo le quiere otorgar al poder político (Fitzgibbons, 1996).

AS no entiende la religión católica y la reduce a una supers-tición que, según él, ha alimentado los intereses privados de un clero que durante siglos gozó de rango y fortuna y que contó con el respal-do del poder político. En gran parte hace este juicio porque el análisis que hace de la Iglesia de Roma recoge, como si fuera un caso probado a lo largo del tiempo, la situación histórica de la Iglesia en los princi-pios de la Edad Media (Griswold, 1999).

Para AS, la religión católica había mostrado desde siempre su preferencia por los pobres, pero cuando los clérigos y los nobles se dejaron llevar por el afán de propiedad y vanidad, el poder de la Iglesia se redujo en toda Europa, porque su autoridad quedó muy debilitada. AS considera que una religión así entendida tiene amplia acogida entre los esclavos y los salvajes.

Después de este análisis, AS continúa y pronostica que el ca-tolicismo en el curso de unos pocos siglos más se desintegrará, por-

que, así como el progreso económico destruyó el poder de los baro-nes medievales, así también se destruirá el poder del clero. El amor al prójimo o a Dios no es criticado por él, pero es el sentido del negocio el que ha de dirigir nuestro actuar. Como observa Minowitz, tanto el cristianismo como el principio simpatético de AS ayudan a restringir el egoísmo, pero no de igual manera; el cristianismo lo combate en la esfera de la acción, AS en la del sentimiento (Minowitz, 1993).

La Iglesia Católica se vislumbra en AS como un ejemplo de una institución religiosa que jugó un papel constructivo en la historia de Europa, pero que al mantener su poder demasiado tiempo, hace que su papel no sea otra cosa más que una parte de la larga historia de la evolución de la religión institucional en Europa. Aunque esto sólo sea un capítulo de la historia de la evolución de la humanidad es, sin embargo, una parte instructiva e importante, porque es de donde AS saca sus principios concernientes a la religión como institución y su concepción de la religión natural. De forma que, el credo religioso que él ve, es consistente con el planteamiento liberal (Evensky, 2005).

Sin embargo, esta visión de AS hacia la Iglesia Católica es un ejemplo simple de un peligro mayor; el peligro de que el poder de una facción que se haya convertido en oficial –sea religiosa, mercantil o de cualquier tipo–, vigile exclusivamente su propio interés.

Es por esto que, en contra de su amigo Hume, defenderá una separación clara entre Iglesia y Estado, y defenderá también una libre competencia entre las sectas religiosas: cuantas más haya, menos ries-go de que sea una la que ostente todo el poder.

Es decir, una religión oficial, cualquiera que sea, no juega un papel esencial en la sociedad de AS, y no tiene que estar bajo ningún control, a excepción de lo que ella misma considere que es la volun-tad de Dios.

C. La naturaleza humana y el individualismo en la RNAunque AS se mantuvo siempre cauto en lo que se refiere a

explicitar sus creencias,4 su doctrina se ajusta a los principios deístas (Hernández Andreu, 2014). Algunos autores explican que su interés no es presentarnos una sociedad arreligiosa, sino en hacer que la reli-

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gión sea del todo secular, para prestar un servicio moral a la sociedad comercial.

Así, la “mano invisible” no es teísta. No creyó que el Dios del teísmo controlase el trabajo de la economía, aunque probablemente, por influencia jansenista, usó esta metáfora para referirse al ejercicio de una Benevolencia Universal. El hombre no necesita ser salvado por Dios, sino acomodarse a su designio desde su naturaleza. Si lo hace así, cabe esperar recompensa; si no, castigo (Lázaro, 2002).

Como hemos visto en el apartado anterior, en realidad AS no juzga que una religión sea mejor que otra en función del tipo de me-diación que establezca entre Dios y los hombres. No le interesan, en sí mismos, los diferentes credos, sino tan sólo aquellos que confirmen lo que la naturaleza le señala al hombre como lo correcto para su ac-tuación social. A saber, que su conducta ha de ir orientada a preservar la armonía de la sociedad.

La religión es útil y tolerable en la medida en que sirve para perseguir o, al menos, no estorbar al interés general. En el fondo, esta religión natural es simplemente un comportamiento ético. Los bue-nos efectos que se seguirán de este comportamiento –que para AS no es otra cosa que seguir nuestra naturaleza–, es lo único necesario para saber si una religión es buena o no. En este planteamiento, es irrele-vante una revelación o una fuente que otorgue principios morales distintos a los de la naturaleza.

Lo natural mueve al hombre y, en última instancia, le es su-ficiente. La ley cristiana del amor es sustituida por el precepto de la naturaleza. Curiosamente, AS recoge los valores cristianos, pero no reconoce su procedencia, no habla de una religión revelada ni de un Dios personal. Así, su espectador imparcial no es suficiente a la hora de juzgar moralmente, porque puede equivocarse.

Es el principio del sentido del deber el único por el que la mayoría de la humanidad podría orientar sus acciones. AS no se pre-gunta sobre la verdad de la existencia de Dios, sino que construye una organización social, donde la idea de Dios resulta coherente con sus presupuestos.

La religión, para él, refuerza el sentido moral del deber pero no añade nada.

“El dios de AS no es un dios personal sino cósmico, como el de los estoicos, que crea la naturaleza y ordena y prescri-be reglas generales. Su religión es fundamentalmente hori-zontal, es decir, es un referente moral” (Rodríguez Braun, 1997:31).

La crisis de la autoridad histórica se transforma en crisis de la

autoridad como tal, crisis de toda forma que imponga normas desde lo alto o desde fuera, de la cualidad ética de los individuos, de aque-llas acciones de un imperativo que sea su fuente. “Se concibe enton-ces la ética como el resultado mismo de la libertad humana, he ahí el problema” (Preti, 1957:33).

A pesar de tener esta visión de un hombre necesitado de los demás naturalmente, es fácil incurrir en el individualismo.

“En la teoría smithiana, la omisión del bien sólo es puni-ble cuando se sanciona desde la ley civil o positiva, es decir, cuando ésta obliga a que un bien determinado se haga. El bien a otro se hace, o bien desde la moralidad, o bien desde la jurisprudencia: sólo en el segundo caso se hace obligatoria-mente” (Lázaro, 2002:244).

En una sociedad donde la caridad ha sido sustituida por la corrección, como criterio que distingue al auténtico hombre virtuoso, es fácil acabar en el individualismo.

En opinión de AS, actuar sólo por benevolencia le es imposi-ble al hombre. En este punto critica tanto a los antiguos padres de la Iglesia Católica, como a algunos ministros de Cambridge tras la Re-forma. El hombre actúa sólo desde su naturaleza, luego tanto desde la benevolencia, como desde el amor propio. Esto último repercute indirectamente en efectos beneficiosos sobre los demás, porque al buscar lo propio me beneficio, pero también al resto de la sociedad. En el desarrollo de la tendencia antropocéntrica, individualista, de este nuevo hombre que nos presenta AS, se reconquistará con vigor el concepto de autarquía.

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6. REFLEXIÓN FINAL. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si bien es cierto que, para una interpretación cabal del es-cocés, es necesario leer sus obras a la luz de las propiedades y carac-terísticas que tuvo la Ilustración, no lo es menos que se puede correr el riesgo de generalizar éstas y perder los detalles de nuestro autor.

AS usa un lenguaje y un discurso retórico propio de su tiem-po, del deísmo de la Ilustración que cree en un Dios benevolente. Pa-rece un deísta providencialista; defiende –como ya hemos visto– una religión natural, y está claro que es uno de los motivos que tuvieron los censores de la Inquisición para incluirla en el Índice. Pero no todos los autores aseguran que fuera creyente.

Como he sugerido anteriormente, pese a que muchos ven en Smith a un deísta, mi opinión personal –y es sólo una opinión, ya que no existe evidencia– es que era un agnóstico práctico. Nunca niega la existencia de Dios, pero cuando tiene que valerse de un lenguaje deísta, como en TMS, lo utiliza, mientras que cuando puede evitarse los problemas derivados de la publicación de los Dialogues Concerning Natural Religion de su amigo Hume, los evita. A mi juicio, su análisis tan fríamente realista de las religiones no hace más que reforzar esta tesis del agnosticismo práctico (Montes, 2004:125).

En cualquier caso, es cierto que, además del uso del lenguaje deísta, para AS la ciencia es el antídoto contra el veneno del entusias-mo religioso y la superstición. Ello le lleva a una dura crítica contra el Papado y la Iglesia de Roma. No es menos cierto, sin embargo, que no se dirigen las críticas a su credo o a su doctrina principalmente, cuestión que es secundaria para él, sino más bien a los efectos socio-políticos perversos que se llevaron a cabo en nombre de la religión, en el tiempo histórico próximo al que vive.

No se encuentra dentro de ninguna confesión religiosa, pero los valores que asume son indudablemente cristianos. Es un hombre de la Ilustración, con una tradición y educación cristiana, no hay que olvidarlo. Se limita a describir la naturaleza caída, pero no la califica como tal, simplemente observa su debilidad e imperfección, porque para AS no hay nada que permita la observación de qué es una na-

turaleza caída. No acepta los datos bíblicos ni la revelación y, por eso, defiende una religión natural. Por más egoísta que se pueda su-poner al hombre, evidentemente existen en su naturaleza principios que le llevan a interesarse por la suerte de otros. Cae fuera de sus presupuestos atender a fenómenos que excedan la facticidad que se observa.

Por otra parte, tampoco se puede decir que defienda un libe-ralismo a ultranza. Es más bien un defensor del libre comercio y de la sociedad comercial; no entiende la libertad como autonomía total, el hombre necesita desarrollar una serie de virtudes para vivir en socie-dad (Dermange, 2003). No pretende una teoría económica, sino que fruto de la observación –recordemos la influencia en la Ilustración del método newtoniano–, habla de un sistema realista, es decir, es prescriptivo no normativo.

Y, sin embargo, en la tradición católica se le ha identificado con un cierto automatismo individualista que no es tal o, por lo me-nos, no es radical, aunque sea fácil caer en esa deducción, al interpre-tar el propio interés como motor exclusivo e impulsor del libre juego de mercado. Se puede afirmar que, para AS, el hombre económico es más prudente y más justo, porque actúa por su propio interés y con cierta corrección en su conducta. Precisamente, por ese motivo no se le pide que sea un héroe y, al mismo tiempo, hay una serie de virtu-des sociales para las que el hombre se tiene que capacitar, si quiere prosperar y ser feliz.5

Lo que parece claro es que, en el modo de interpretarlo y tra-ducirlo en España en ese momento, se pone en evidencia el contraste entre dos culturas, la latina y la anglosajona. Tanto la interpretación de AS hacia el modo de gobierno de la España de la época y el enca-sillamiento de la Iglesia católica en la Edad Media, como la de los tra-ductores españoles hacia el pensador escocés, son hijas de su tiempo. Bien es cierto que la propia Ilustración concibe la naturaleza huma-na como invariable, desdeñosa de la historia y sujeta a leyes férreas, como las que tiene el mundo natural.

Es decir, la Ilustración será ciega a la diferencia de culturas porque aceptarlo equivaldría a la demolición de su concepción sobre

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la naturaleza humana. Esta imagen del hombre, como puro razona-dor, acabaría siendo derrocada a finales del siglo XIX.

Cuestión distinta es la respuesta de las autoridades eclesiás-ticas, españolas o no, en los siglos XVIII y XIX. En este ámbito destaca en primer lugar la Encíclica Quanta Cura y el Syllabus del Papa Pío IX en 1864, que consisten fundamentalmente en la condena de una serie de errores derivados del relativismo y deísmo de la Ilustración, por considerarlos incompatibles con la doctrina de la Iglesia. En España destaca la figura de Félix Sardá y Salvany, con uno de sus múltiples libros titulado El liberalismo es pecado (1887).6 No son una crítica, por tanto, a la RN.

Para terminar, tal vez sea bueno hacer mención del concep-to de bien común, entendido no como un producto determinado, un patrón social concreto o un modelo concreto de distribución de la riqueza y de oportunidades, sino como un marco institucional que se genera como resultado de la libre actuación de los ciudadanos (Rhomheimer, 2012).

El postulado capitalista del laissez-faire es visto así como el marco que da libertad económica a los ciudadanos y a su creatividad, en orden a una libre competencia garantizada por el Estado y por las leyes. En este sentido, cabe recordar que la mejor tradición liberal ha reclamado siempre que el binomio Estado-mercado sea complemen-tado con otras formas de solidaridad enraizadas en la sociedad civil.

AgradecimientosEste artículo no hubiera podido ser escrito sin los

sabios consejos y sugerencias de los profesores Martin Schlag y Juan Hernández Andreu, a quienes

agradezco muy sinceramente su apoyo en mi labor científica.

NOTAS1 Gracias al éxito de TMS es invitado, en calidad de tutor personal del

duque de Buccleugh, a realizar un tour por Europa. A partir de enero de 1764, Smith viaja entonces por Europa, residiendo en París un año (dos meses iniciales y diez posteriores), dieciocho meses en Tou-louse y dos meses en Ginebra. Este viaje amplía de forma definitiva los conocimientos económicos de Smith, pues acontece en la etapa del florecimiento de la «Nouvelle École des Économistes», con cu-yos componentes mantuvo Smith relaciones directas e intensas. En el verano de 1764 Smith le escribe a Hume desde Francia, contándole que estaba aburrido, y que para pasar el tiempo habría comenzado a escribir un libro (cfr. Correspondence of Adam Smith, (1987), India-napolis, Liberty Press, 82, 102), probablemente el germen de su RN. A su regreso a Inglaterra, a primeros de noviembre de 1766, Smith se instala en Londres, trabajando seis meses con Charles Towshend. En Londres permanece hasta la boda de su pupilo, en mayo de 1767. Es entonces cuando Smith decide capitalizar para la economía política el generoso retiro que su pupilo le había fijado, al señalarle una pensión anual. Publica la primera edición de RN en 1776.

2 Say se tradujo porque fue autor de uno de los libros claves para impar-tir las enseñanzas de economía política en España, y Bastiat porque fue un autor que exponía de forma clara, aunque superficial, los ar-gumentos favorables a la libertad de comercio. La causa del éxito de los libros de Say radica en que son más adecuados que la RN para la docencia (tampoco hay que olvidar que los españoles de la época leían con más facilidad el francés que el inglés). El economista francés su-pera al inglés en claridad, orden y ligereza del texto.

3 Hasta 1956 no habrá una traducción completa y fiel de la RN en Espa-ña. Es la traducción llevada a cabo por Amando Lázaro Ros la prime-ra traducción fiel y completa al español de la RN (Madrid, Aguilar).

4 Algunos le critican que pese a dejarle Hume en su testamento los Diálogos para su publicación, él decidiera no hacerlo. En defensa de Smith se puede decir que en su correspondencia el propio David Hume, poco antes de morir, deja el tema de la publicación de sus Diálogos a la discreción de su amigo, consciente de que lo ponía en una difícil situación (cfr. Correspondence of Adam Smith (1987), Indianapolis, Liberty Press, pp. 156-157, 194-196). Acto seguido, Hume precavidamente decide dejarle una copia de sus Diálogos a su sobrino. Sólo días después de la muerte de Hume, el 25 de agosto de 1776, Smith le escribe a su editor de la WN (y editor de Hume) in-formándole que no quiere participar en la publicación de los Diálogos (cfr. Correspondence of Adam Smith (1987), Indianapolis, Liberty Press, pp. 172, 211).

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5 Excede al propósito de este trabajo hacer un análisis de la diferencia entre self-interest y selfish, entre interés propio y egoísmo, no sólo en A. Smith, sino en la tradición anterior a él. Puede consultarse FORCE, P. (2003), Self-Interest before Adam Smith. A Genealogy of Economic Science, Cambridge, Cambridge University Press.

6 Esta obra fue traducida a los principales idiomas europeos.

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soberanía y la democracia representativa: una trampa de exclusión social y violencia. pp. 11-32.

Héctor M. CAPPELLO. La iden-tidad universitaria. La construcción del concepto. pp. 33-53.

Ma del Carmen GÓMEZ DE LA FUENTE, José Luis PARIENTE FRAGOSO y Miguel TÚÑEZ LÓPEZ. Organismos certificadores de calidad de programas de posgrado en México y España, Fortalezas y retos. pp. 55-74.

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Maribel RÍOS EVERARDO.

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Pedagogía feminista para la equidad y el buen trato. pp. 123-143.

Juan Antonio TAGUENCA BELMONTE y Gabriela Yolanda CASTAÑÓN GARCÍA. ¿Es posible la participación ciudadana más allá de los movimientos sociales? pp. 145-167.

Sonia TOLEDO TELLO. Transfor-mación agraria en el norte de Chiapas. Rupturas y continuidades. pp. 169-186.

C@hiers de psychologie politique REVISTA DE INFORMACIÓN, REFLEXIÓN E INVESTIGACIÓN

C@hiers de psychologie politique es una revista interdis-ciplinaria de ciencias humanas y sociales de reflexión e investigación. Revista generalista, abierta y transversal, en el seno de un riguroso espacio universitario, es un vehículo en lengua francesa (pero abierta a otras), para informar y conllevar las ideas más allá de las fronte-ras mentales y geográficas, a fin de comprender mejor las antiguas controversias que de nuevo se encuentran en la problemática social actual.

Esta revista no evita las interrogantes excepcionales. Diversas y nuevas canteras transdisciplinarias han sido reabiertas en estos últi-mos tiempos, en especial: la memoria colectiva, el discurso político, los medios de comunicación de masas, el liderazgo carismático, el neo-populismo, el maquiavelismo, la democracia representativa, las turbulencias sociales (revoluciones y crisis), los prejuicios raciales, la guerra en todas sus manifestaciones simbólicas, la propaganda y los discursos ideológicos. Otras se desarrollan con lentitud: la ciudada-nía, la justicia, la corrupción, las mujeres en la política, la participa-ción, las estrategias identitarias, las religiones, el nacionalismo, entre otras.

Director: Profesor Alexandre Dorna N° ISSN: 1776-274X

Correo electrónico: [email protected] Universidad de Caen / Laboratorio Cerrev

Esta revista publica trabajos originales e inéditos en las áreas de las ciencias sociales y las humanidades y recibe trabajos con diversos enfoques y métodos, tanto cuan-titativos como cualitativos, que aborden problemáticas en estos ámbitos.

Las contribuciones pueden ser reportes de in-vestigación relevante (trabajos empíricos) o análisis y revisiones teóricas que ofrezcan una evaluación de los trabajos existentes en un área determinada.

Los trabajos serán evaluados por expertos con reconocimiento nacional e internacional en el campo de estudio. Los objetivos de la revisión serán asegurar la originalidad y la calidad de los trabajos publicados y garantizar que éstos cumplan con los objetivos de la revista. El proceso de revisión seguirá la modalidad doble ciego.

En la evaluación se tomará en cuenta que:•El trabajoseaoriginal (seexaminará lacontri-bución del estudio al cuerpo de conocimientos ya existente).•La tesis central del artículo se evidencie a lolargo de todo el trabajo (resumen, introducción, discusión y conclusiones).•Elprocesodeinvestigaciónreportadoseaváli-do (estrategias metodológicas, análisis de resul-tados, etc.).•La revisiónde la literatura incluya referenciasrelevantes para el campo de estudio abordado.•Las conclusiones sean consistentes con lo en-contrado en el trabajo y con las hipótesis plantea-das por los autores.•Sesiganlasrecomendacionesdelarevistaparala publicación de trabajos.•El trabajo esté bien organizado y se haga unuso adecuado del lenguaje (ortografía, gramática, puntuación, estilo de redacción).

Proceso de revisiónLos pares revisarán el trabajo atendiendo los pun-

tos anteriores. Si, terminada la revisión, recomiendan hacer modificaciones al trabajo para su publicación, el editor responsable comunicará sus dictámenes a los autores para que atiendan las recomendaciones en ellos vertidas. El trabajo será enviado a los autores para ha-cer las modificaciones solicitadas por los pares una sola ocasión. Una vez reenviado el trabajo, el editor respon-sable tendrá la última decisión sobre su publicación.

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Revista Internacional de Ciencias Sociales y umanidades ... · 3 Vol. XXVI, N. 1 (2016) Presentación PR ESENTACIÓN C on este número iniciamos el Volumen XXVI de la Revista Internacional