devastacin de estadO

PODEMOS Y LA APROPIACINDE LA DEMOCRACIA

3NMERO

2552015-3

NDICE

MXicO

aMRica Latina

MUndO

PensaMientO cRticO LiBReRO

HaceR MeMORia

de FiLsOFOs, RecUeRdOs Y aPUestas POR La UtOPa JOS GANDARILLA

cULtURa VERSUS viOLencia?ARGEL GMEZ CONCHEIRO

100 aniveRsaRiO deadOLFO sncHez vzqUezLa FiLOsOFa de La PRXis cOMO PROYectOde eManciPacinDIANA FUENTES

adOLFO sncHezvzqUez, HOYGABRIELA MARTNEZ GARCA

LA HUELGADE LA

CANADIENSE

FABRIZIO MEJA MADRID

eL caPitaL en eL siGLO XXiO La ecOnOMa POLticadeL caPitaLisMO RentistaLAURENT BARONIAN

de La sOciaL a MORenaENRIQUE SEMO

La ReFORMa deLestadO MeXicanO:eL deBate de 1989VCTOR PACHECO Y ALDO GUEVARA

UniveRsidad PaRa tOdOsJOEL ORTEGA ERREGUERENA

cHeRn KeRi: La POLticade LOs de aBajOCSAR ENRIQUE PINEDA

MineRa, POLticaY PROtestas eneL PeR de HOYANAH DURAND

POdeMOs: instRUMentOPaRa cOnveRtiR La eneRGa sOciaL en POdeR POLticOENTREVISTA A SERGIO PASCUAL, SECRETARIO DE ORGANIZACINDE PODEMOSPOR MNICA IGLESIAS VZQUEZY ARANTxA TIRADO SNCHEZ

qUeReMOs Una deMOcRaciade aPROPiacinENTREVISTA A JOAN SUBIRATSPOR GUIOMAR ROVIRA

siGUe siendO eL estadOMASSIMO MODONESI

aPROXiMaciOnes a La cRisisdeL estadO MeXicanOLUCIO OLIVER

estadO teRRORistaCOMIT CEREZO MxICO

OtRa ManO invisiBLe.PaRa Una HiPtesis ecOnOMicistaJESS SUASTE

La FORMa estataL deLcaPitaLisMO FinancieROMATARI PIERRE

devastacinde estadO

PACO IGNACIOTAIBO II

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diRectORMassimo Modonesi

cOMit de RedaccinElvira Concheiro, Gerardo De la Fuente, Samuel Gonzlez Contreras, Fernando Gonzlez, Argel Gmez, Aldo Guevara, Fernando Luna, Jaime Ortega, Joel Ortega, Vctor Hugo Pa-checo, Matari Pierre y Diana Fuentes.

cOnsejO editORiaLHugo Aboites, Guillermo Almeyra, Armando Bartra, Ba-rry Carr, Elvira Concheiro, Horacio Crespo, Gerardo De la Fuente, Enrique Dussel, Jos G. Gandarilla Salgado, Pablo Gonzlez Casanova, Francisco Lpez Brcenas, Ricardo Mel-gar, Massimo Modonesi, Lucio Oliver, Carlos Payn, Enrique Semo, Raquel Tibol , Gabriel Vargas y Mario J. Zepeda.

secRetaRiO de RedaccinSamuel Gonzlez Contreras

cORReccin de estiLORicardo guila

diseO Y FORMacinArgel Gmez Concheiro

iLUstRacin de PORtadaMonero Hernndez

R e v i s t a d e c R t i c a M i L i t a n t e

Memoria es el boletn del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, A.C. Pallares y Portillo 99, Col. Parque San Andrs, Mxico, D.F., C.P. 04040. Telfono: 55490253.Certificado de licitud de ttulo No. 5008 (otorgado el 13 de mayo de 1992). Reserva de Ttulo No. 11796-92.ISSN 0186-1395.

centRO de estUdiOsdeL MOviMientO OBReROY sOciaLista a.c.

Presidente y director fundador: Arnoldo Martnez VerdugoDirectora: Elvira Concheiro

revistamemoria.mx

A 30 aos de los sismos de 1985, los testimonios fotogrficos de Mara Eugenia Tams y Francisco Arciniega que acom-paan este nmero de Memoria nos recuerdan las dos caras de estos terribles sucesos: la tragedia y el despertar ciudadano.

La documentalista Mara Eugenia registr a lo largo de un ao la organizacin y las protestas de cientos de costureras tras la cada de los talleres donde las explotaban. Sin nimo de estetizar las reuniones, asambleas y marchas, realiz el documental No les pedimos un viaje a la Luna, y un levantamiento fotogrfico de gran valor como documento social indito hasta hoy, sobre el proceso de constitucin del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre.

El arquitecto y fotoperiodista Francisco Arciniega, el perito ms joven de la ciudad en aquellos aos, enfrent el colapso de cientos de edificios ayudando a disear las excavaciones para el rescate de vctimas y a revisar las condiciones de los edificios que se mantuvieron en pie.

De la mirada de la lente de Francisco no escapan la fra-gilidad de las construcciones producto casi siempre de la corrupcin, la tragedia humana ni la respuesta ciudadana. La militancia de izquierda, desde los aos de estudiante de secundaria, le haba enseado que la organizacin desvanece hasta los ms slidos escombros.

ndice de iLUstRaciOnesMara Eugenia Tams: 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 30, 37, 40, 51, 72, 73, 74, 76 y 77.Francisco Arciniega: 2, 7, 19, 23, 24, 28, 31, 32, 33, 43, 44, 47, 47, 49, 53, 55, 56, 57, 58 y 59.

dOcUMentOs GRFicOs de Una tRaGedia

5La cuestin de fondo por analizar es entonces, a mi pare-cer, la rpida sucesin de dos situaciones y escenarios de signo opuesto. Primer acto, la denuncia movilizadora bajo la consig-na fue el Estado, que revelaba el uso represivo y coercitivo del aparato pblico y que impulsaba la indignacin multitudina-ria frente al agravio como acontecimiento disparador. Segun-do acto, la resignada afirmacin es el Estado que acompaa la poderosa inercia estabilizadora y conservadora desplegada en el proceso electoral, la reconstruccin del consenso pasi-vo real o simulado desde las prcticas de gobierno, en el marco de las dinmicas generales del rgimen poltico actual.2 Adems de su funcin de ritual legitimador, las elecciones in-termedias fueron concebidas en esta ocasin como respuesta y anttesis al fue el Estado, como un intento de superacin definitiva del ciclo de movilizacin y operaron concretamente, como ya es costumbre, por medio de mecanismos de despo-litizacin, a travs de la proliferacin de formatos vacos que incrementaron el grado de delegacin frente a la capacidad de eleccin consciente e informada: nombres de candidatos en maysculas, carteles con caras sonrientes, palabras y actos lo ms ambiguo e insignificante posible.

En el arco de menos de doce meses, el escenario parece haberse movido de un amplio cuestionamiento antagonista a una igualmente extendida aceptacin subalterna del cua-dro estatal y lo que contiene: rgimen poltico, niveles de gobierno y sistema de partidos incrustados en los diversos mbitos de la funcin pblica y los rganos legislativos.3

Una aparente contradiccin ronda el momento actual de la historia poltica mexicana. El grito fue el Estado que retum-b en las conciencias y en las calles a raz de las desapariciones de Iguala coloc, en la segunda mitad de 2014, el tema de la definicin del Estado y la estatalidad desde la lgica y la prc-tica del antagonismo, de la protesta y la lucha, desestabilizan-do por lo menos a nivel simblico el orden poltico-esta-tal existente en Mxico. Por otra parte y en rpida secuencia, la campaa electoral y los comicios del 7 de junio de 2015 lograron estabilizar, en sentido conservador, este orden que puede ahora exhibir una recobrada normalidad institucio-nal y vanagloriarse de la inexorable afirmacin de las rutinas electorales, mxima expresin de la eficacia de la maquinaria institucional. El objetivo de fondo era y sigue siendo relegi-timar lo deslegitimado para lograr el pleno restablecimiento de la relacin de subalternidad, asentar la subordinacin en la reconduccin de las prcticas polticas al ejercicio delegativo en el horizonte acotado del permetro del sistema de partidos existentes. En este sentido, la del 7 de junio fue a todas luces una eleccin de Estado, orientada al reajuste del complejo an-damiaje sistmico del poder de mando que haba sido afecta-do por las secuelas de la desaparicin de los 43 normalistas. El retroceso relativo del bloque oficialista y la aparicin en esce-na del Morena son detalles menores, aunque no irrelevantes,1 de un cuadro que tiene que entenderse, en primera instancia, desde una mirada de conjunto, en una perspectiva histrica y poltica ms amplia.

DEBATEDEVASTACIN DE ESTADO

SIguE SIENDOEL EStADOLAS ELECCIONES DEL 7 DE juNIO COMO OPERACIN CONSERvADORA

MASSIMO MODONESI

6Podra sostenerse que, despus del vendaval de protesta, reaparecieron y se afirmaron fatalmente las prcticas y los recursos hegemnicos para relegitimar el orden poltico existente, desdibujando la sombra siniestra del Estado visto como mera dominacin, despotismo e imposicin. Pero con-senso y coercin son dos caras de la misma medalla estatal, dos aspectos que se combinan de forma diferenciada; se hacen ms presentes y visibles segn las circunstancias, marcando coyunturas variables de un mismo proceso general.

Para interrogarnos sobre la naturaleza desigual y combinada del ejercicio del poder poltico en Mxico, podemos apelar al alcance analtico de la evocada distincin entre dominacin y hegemona y vincularla con algunos de los argumentos del debate marxista sobre el Estado. En particular los que sostuvo la denominada lectura instrumentalista que insista en carac-terizarlo como aparato y en enfatizar su uso por las clases do-minantes frente a otra que destacaba la llamada autonoma relativa del Estado, en un enfoque estructuralista que asuma que la lucha de clases penetraba en el mbito estatal, y ste se

converta en un espacio en disputa, de equilibrios diversos que no excluan la posibilidad de impulsar transformaciones de ca-rcter social-democrtico.4 En un nivel ms concreto, si bien podemos considerar que ambas perspectivas iluminan aspec-tos coexistentes en la realidad, la segunda hiptesis permite caracterizar mejor los matices de las experiencias de gobiernos progresistas de ayer y hoy, mientras que la primera parece ms adecuada para dar cuenta del papel y el lugar del Estado cuan-do son las derechas quienes ejercen el Poder Ejecutivo.

Siguiendo estas pistas, es necesario reconocer que la idea, que se generaliz a partir del movimiento en solidaridad con Ayotzinapa, sobre el Estado criminal, represor e infiltrado, sumada a la constatacin de que el PRI regres en 2012 para imponer una agenda neoliberal dura, expresin de claros inte-reses clasistas e imperialistas, contribuye a sostener la tesis de que en Mxico, a diferencia de otros pases latinoamericanos gobernados por fuerzas progresistas, se segua, implantaba o incluso profundizaba el ejercicio de una dominacin sin he-gemona. Una dominacin sin vocacin hegemnica, donde

se volvieron secundarias o simplemente desaparecieron las intenciones, los elementos y los factores hegemnicos, la bsqueda de legitimidad, el cuidado de las apariencias y las formas, el equilibrio y la mesura para que la dominacin sea tolerada y aceptada y toda la gama de dispositivos y procedi-mientos del arte de la poltica, como se fueron concibiendo desde la irrupcin de las masas en el escena histrica. La do-minacin sin preocupacin hegemnica se convierte en el im-perio de la imposicin cnica, sin pudor democrtico como mencionaba en una intervencin en el debate publicado en el nmero 254 de Memoria, donde el mandato electivo se percibe como oportunidad temporalmente acotada de enri-quecimiento a travs del pillaje, al estilo de los gobernadores de las provincias romanas.

En esta ptica, el Estado, el rgimen y los sucesivos gobiernos se tornan meros instrumentos en manos de las clases domi-nantes y aparecen como tales, herramientas al servicio de un bloque de poder cuyos contornos, en el Mxico actual, rebasan las fronteras nacionales y abarcan las esferas legal e ilegal de la acumulacin capitalista. Es el Estado como aparato represi-vo que criminaliza, encarcela, golpea, tortura y eventualmente desaparece, pero tambin el Estado como instancia jurdica que privatiza, que promueve y defiende los intereses privados de reducidos sectores de la poblacin. El Estado de la violencia represiva y la violencia del despojo, del uso de la fuerza para garantizar el orden o el desorden necesarios para la realiza-cin de las ganancias.5 Violencia represiva que se desliza en la cotidianidad por medio de la militarizacin de la seguridad pblica y la criminalizacin de la protesta, procesos siempre ms de fondo, de alcance estructural, de reestructuracin de la matriz estatal, que polticas episdicas y selectivas. Este diseo represivo sirve tanto para debilitar constantemente los contra-poderes existentes como para hacer frente a las coyunturas ms crticas y los eventuales y probables desbordes de movimien-tos de protesta que provoca la profundizacin de las polticas neoliberales. Esto confirma que la actitud frente al disenso no es buscar el consenso, sino asumir los costos polticos de la renuncia a la solucin hegemnica, teniendo lista y operante la solucin coercitiva.

En el plano estrictamente poltico, el Estado como ins-trumento y aparato de poder cobija un rgimen y un siste-ma poltico centrado en un sistema de partidos tendente al despotismo partidocrtico. Es el Estado de las elecciones, del Instituto Nacional Electoral (INE), del multipartidismo de Estado. De la percepcin de esta estructura de dominacin y de la mano de la denuncia de que fue el Estado se nutrie-ron e impulsaron, en ocasin de los comicios del 7 de junio, el movimiento de boicot, el anulismo y el abstencionismo de izquierda, distintas expresiones de un mismo rechazo. Es im-portante distinguir el anulismo de izquierda para no confundir, como intencionalmente algunos han hecho, los argumentos y las intenciones de los liberales de los socialistas y anarquistas, as como habra que desgranar tambin las diferencias entre

DEVASTACIN DE ESTADO

7estos ltimos dos. Respecto de esta cuestin, ampliamente de-batida en los medios, es necesario registrar la descomunal em-bestida de columnistas, intelectuales y opinlogos de todo tipo y color contra de la postura de quienes se proponan anular su voto o abstenerse de votar.6 Si se puede entender el inters inmediato de los dirigentes y la intelectualidad orgnica de Morena, no dej de sorprender la virulencia de los ataques hacia los enemigos del pueblo y la lgica autoreferencial, de patriotismo de partido, que los anim.

Dicho sea de paso, en aras de legitimar las elecciones se ha minimizado el impacto de la abstencin y del voto nulo. Las cifras indican que no fue masivo ni cuantitativamente ms elevado que en elecciones intermedias pasadas. Sin embar-go, stos son argumentos internos en la lgica estrictamente

electoralista que no consideran elementos del contexto social y poltico, por ejemplo, que tendencialmente y por el ni-vel de instruccin e informacin creciente, el voto nulo es siempre menos el resultado de un error a la hora de emitirlo, que son crecientes las prcticas de sufragio diferenciado por medio de los cuales se anulan unas boletas mientras even-tualmente se opta por algn candidato o, ms importante an, que se trataba de elecciones donde la oleada de movili-zaciones del magisterio y las de solidaridad con Ayotzinapa, junto a las imposicin de las contrarreformas, as como el bautizo de Morena, introducan elementos de disputa y po-litizacin contribuyendo a generar un ambiente de mayor politizacin potencialmente susceptible de aumentar la par-ticipacin electoral, la cual sin embargo no aument, posi-blemente porque distintas tendencias se neutralizaron la una a la otra. Pero, en este sentido, asumir que junto al PRD el

gran perdedor de las elecciones del 7 de junio es el anulismo es una interpretacin simplista.

El cierre de filas en defensa del valor democrtico de estas elecciones intermedias agreg intereses distintos, pero cuya convergencia no deja de dar cuenta y de sostenerse sobre un piso comn, un acuerdo bsico de principio. Si los partidos oficialistas de Estado defendan estratgicamente un orden po-ltico y su mecanismo fundamental de reproduccin, el nico de oposicin defenda su perfil y su vocacin alter-estatalista: su apuesta por disputar el poder estatal a partir del respeto y la aceptacin tctica de las reglas del juego electoral. Morena, aunque su composicin interna sea diversa y no termine de asentarse definitivamente, no adopta una postura clara res-pecto de un proyecto de transformacin del Estado existente,

mientras que es explcita su intencionalidad de impulsar refor-mas desde el Estado.

Finalmente es el Estado y sigue siendo el Estado el pun-tal de la relacin social primordial que reproduce el conserva-durismo en la sociedad mexicana, la plataforma cultural que, viceversa, soporta la permanencia de las instituciones. En este terreno, las tesis instrumentalistas son incuestionables en su lgica elemental el Estado es un instrumento de produc-cin ideolgica en las manos de las clases dominantes y, al mismo tiempo, se desdibujan en la medida en que apare-ce la dimensin de la hegemona, ya que la ideologa no se impone groseramente, se difunde, se irradia, se siembra y se cosecha. Con el supuesto de la bsqueda de un ejercicio he-gemnico del poder, las clases dominantes mandan utilizando instrumentos tendentes a generar consenso y, por tanto, re-conocen e incorporan demandas, utilizan formas tolerables y

SIGUE SIENDO EL ESTADO

8negocian constantemente con los subalternos los trminos del ejercicio del poder de mando. La imposicin no es tal, sino el resultado de una determinada correlacin de fuerzas, o se realiza sutilmente, acompaada de una mezcla de concesiones y manipulaciones. En este sentido, Gramsci sugera no dejar de ver una versin ampliada o integral del Estado, sociedad poltica + sociedad civil, donde en sta ltima se realizaba plenamente la hegemona necesaria para acorazar al Estado en sentido estricto, restringido, como rgano del poder poltico. Pero el Estado en Mxico dej hace dcadas de ser concebido

en clave ampliada, de basarse principalmente en la bsqueda del consenso, en la conquista hegemnica de las trincheras de la sociedad civil.

Al mismo tiempo, no se puede negar que, en torno a los in-tereses de las clases dominantes y por tanto en aras de sostener la estabilidad del orden poltico, se sigue realizando una serie de operaciones hegemnicas, principalmente de propaganda y manipulacin, en una ampliacin instrumental y no orgnica, mediatizada, mediticamente amplificada, de la capacidad de persuasin. Dispositivos y prcticas de la que llamaramos he-gemona negativa, que no comporta adhesin activa, positiva, ni genera consenso real sino conformismo, salvo las franjas ac-tivas en defensa del modelo neoliberal y de su derrame consu-mista, en particular la intelectualidad orgnica que vertebra las estrategias de comunicacin. Las elecciones son el momento institucional por excelencia de estas prcticas de legitimacin pasiva y delegativa del orden poltico. Han sido histricamen-te pasajes peligrosos, donde excepcionalmente pueden irrum-pir movimientos y proyectos progresistas (1988 y 2006). Pero generalmente demuestran, en particular las elecciones inter-medias, la capacidad de control social y poltico, la capacidad estatal de administracin y reproduccin del status quo.

La permanencia del conservadurismo poltico en sectores mayoritarios de la poblacin mexicana es el reflejo y la contra-parte de la eficacia real de estos dispositivos de construccin del conformismo. Sin necesidad de hacer tantas cuentas, es evidente que el 8% de 46% de votantes obtenido por More-na, ms las fracciones de punto percentual de los anulistas de

izquierda, dan cuenta de un ocano de pasivo conformismo y activo conservadurismo. Este ocano no es el producto de las circunstancias, sino una construccin histrica de mediana y larga duracin, bajo el cual se encuentran las profundidades societales del Estado. Esto no impide la persistencia de mbi-tos de resistencia y el brote de episodios de rebelin, pero inhi-be su extensin social, contrae su duracin y reduce su efecto. Al mismo tiempo, no es una maldicin sino un dato duro, temporal y espacial de la vida poltica mexicana, del priismo eterno como continuidad histrica de la matriz poltico-esta-tal, el PRI como nico verdadero partido nacional de masas y el priismo difuso y omnipresente en el espectro de partidos en Mxico.7

La cuestin de la hegemona sacada por la ventana de la estrategia del saqueo en el corto plazo reaparece por la ventana de los sedimentos culturales de la larga duracin. Al mismo tiempo, la capacidad persuasiva de los argumentos del instru-mentalismo logra centrar y reconocer una tendencia epocal de mediano plazo, donde la lgica de la nuda dominacin carcome los mbitos de las residuales prcticas hegemnicas, en particular las que no implican mera manipulacin ideo-lgica sino que comportan una concesin real de reconoci-miento y redistribucin material, aunque fueran corporativas o clientelares.

Se trata de una tendencia de poca surgida de equilibrios de poder entre clases que modifica la ecuacin constitucio-nal; y por ello tiene que adaptar permanentemente la Carta Magna. Ya hace tres dcadas, con la lucidez que lo caracte-rizaba, sostena Ren Zavaleta: El reclutamiento de la clase poltica mexicana, por ejemplo, es cada vez ms oligrquico, en la misma medida en que decae el podero hegemnico del Estado.8

Un indicio de esta fractura creciente, posthegemnica, en-tre el Estado mexicano como aparato al servicio de las clases dominantes y la vida y los intereses de las clases subalternas es justamente, en el ocano de conformismo y pasividad, el bro-te episdico de fenmenos masivos de protesta y, en su seno, el crecimiento constante del anarquismo y el autonomismo,9 como reaccin natural al cierre de opciones en el marco del Estado histricamente existente. Opera entonces una ecuacin bsica: a mayor instrumentalismo estatal, corresponde mayor autonomismo de las formas y los horizontes de las luchas so-ciales. A diferencia de ello, en Amrica Latina la presencia de varios gobiernos progresistas genera una doble tendencia: por una parte, stos muestran mrgenes de maniobra y de auto-noma relativa respecto de las clases dominantes; por la otra, ponen en evidencia los lmites de estos mrgenes.

En el Mxico de hoy, frente a la persistencia y la renovacin en la alternancia de los gobiernos de derecha, ni el reformismo alterestatalista de Morena, ni las fuerzas antisistmicas, anta-gonistas y autonomistas parecen prosperar.10 Morena porque, amn de sus resultados, significativos y relevantes, as como minoritarios y testimoniales, tiene por lo menos un pi en el

DEVASTACIN DE ESTADO

9pantano de la estatalidad actual en Mxico, causa y consecuen-cia de un perfil poltico e ideolgico que no deja de repro-ducir patrones del conservadurismo dominante aun cuando, simultneamente, sea expresin y proyecte deseos y volunta-des de transformacin y emancipacin. Las posturas abierta y francamente antisistmicas y antagonistas, por su parte, por-que en su dispersin no acumulan la fuerza necesaria ni configuran un proyecto que les permita constituirse en una alternativa viable en el corto plazo, el de las urgencias que ellas mismas plantean.

Acierta Luis Hernndez Navarro cuando seala que se manifest en las recientes elecciones una crisis de represen-tacin.11 Agregara que hay que reconocer la simultnea crisis de participacin que la acompaa, la crisis de los canales de organizacin, politizacin y movilizacin que las clases sub-alternas forjan y defienden como trincheras defensivas para sostener su resistencia, pero que no estn funcionando de for-ma adecuada, no estn a la altura del desafo que plantea la coyuntura en clave antagonista, de ofensiva antisistmica. En Mxico vivimos una crisis de la democracia en su sentido in-tegral, en sus dos vertientes fundamentales, de representacin y de participacin. Salvo que la crisis de representacin parece estructural e irreversible, mientras que la de participacin po-dra resultar coyuntural y reversible, bajo los buenos auspicios de la vitalidad y la intensidad de las movilizaciones masivas de 2012 y 2014, las cuales, aun espordica e inorgnicamente, dieron cuenta de un fermento y una capacidad de convoca-toria multitudinaria. Frente a una situacin parecida, la crisis de representacin del Porfiriato, la solucin ensayada por las clases subalternas mexicanas fue una revolucin social, un es-tallido de participacin donde las clases subalternas trataron de gobernar su destino, logrndolo solo parcialmente, inci-diendo en el curso de la historia y abriendo una poca de cam-bios. Ante la crisis actual, mientras impulsamos, sostenemos y defendemos los espacios de contrapoder, estamos buscando una alternativa a la barbarie, una barbarie que nos rodea y no tiene nicamente el rostro del narco, sino el ms antiguo del capitalismo y tambin la cara bifronte del Estado.

1 En particular no habra que entramparse en el debate respecto del vaso medio lleno o medio vaco de la cosecha electoral de Morena. De forma ecunime y al margen de lecturas detalladas, a grandes ras-gos es posible una interpretacin que no menosprecie su debut y en particular su resultado en la Ciudad de Mxico sin caer en un triun-falismo que no corresponde a los nmeros reales y su distribucin a lo largo del territorio de la Repblica. 2 Un rgimen presidencialista y partidocrtico basado en la alternan-cia conservadora surgida en 2000, con la apertura hacia el PAN, y que tenda a incluir el PRD en una lgica de tripartidismo de Estado, sin considerar los partidos satlite (el PVEM del PRI, PT y MC antes del PRD, ahora posiblemente de Morena). 3 El escenario, es decir, la correlacin de las fuerzas en movimiento, se movi ms que las opiniones de las personas concretas, aunque tambin individuos y grupos pasaron de una descolocacin antago-nista a un reposicionamiento conservador, conforme a las coordena-das ms profundas de una cultura poltica dominante, cuya suspensin temporal no implica una ruptura ms de fondo. El anlisis de las cul-turas polticas en el entrecruzamiento entre condicionamiento clasista y colocacin en la lnea progresismo-conservadurismo rebasa el alcan-ce de este artculo, pero no deja de ser fundamental para sopesar todas las implicaciones del pasaje secuencial que queremos destacar. 4 Otra corriente fundamental de este debate el llamado derivacionis-mo, que pona el acento en la relacin entre capital y Estado, para una visin general del debate marxista con particular atencin hacia el derivacionismo cfr. Simon Clarke (coord..), The State debate, Pal-grave Macmillan, Londres, 1991 o Mabel Thwaites Rey (coord..), Estado y marxismo. Un siglo y medio de debate, Prometeo, Buenos Aires, 2007.5 En este sentido se entiende el debate sobre el carcter peculiar de un patrn de acumulacin basado en el desborde de las actividades ilcitas y de las que, aun cobijadas por una legalidad mercantilizado-ra, ilegtimamente violentan los territorios y las comunidades que los habitan, con el creciente imperio de la violencia estatal, paraestatal y criminal que acompaa este ataque a los bienes comunes naturales, la tierra y el agua en particular. 6 En las redes sociales aparecieron todas las posturas, de forma muy libre y catica, como es propio de estos medios. 7 Difuso y omnipresente por el origen de los dirigentes, por las prc-ticas polticas y, como lo estamos argumentando, por el marco gene-ral del horizonte relativamente conservador del proyecto poltico que defienden en el contexto de la estatalidad existente. 8 Ren Zavaleta, El Estado en Amrica Latina, Los Amigos del Libro, La Paz, 1990, p. 176.9 Sobre la difusin relativa del anarquismo entre la juventud mexicana hay cierto consenso (ver al respecto Carlos Illades, El retorno del anar-quismo. Violencia y protesta pblica en el Mxico actual en Sociologa Histrica, nm. 4, Universidad de Murcia, 2014), el crecimiento del autonomismo resulta ms difcil de sentenciar si nos referimos a su de-finicin estricta, ideolgica. En este caso me refiero a una autonomis-mo en sentido laxo, atribuible a las posturas polticas de rechazo a las mediaciones partidarias y tendencialmente a las instituciones estatales.10 Sobre el anlisis de estos lmites vase mi artculo Entre la izquier-da subalterna que no termina de morir y la izquierda antagonista que no acaba de nacer, en Memoria nm. 253, febrero de 2015.11 Luis Hernndez Navarro, 7 de junio: crisis de representacin, La Jornada, 9 de junio de 2015.

SIGUE SIENDO EL ESTADO

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Las siguientes son aproximaciones de carcter terico y de va-loracin crtica sobre la situacin actual de la crisis del Estado en Mxico. Es importante contar con una teora del Estado en su sentido integral para entender lo que se juega en el poder pblico, as como lo que sucede entre ste y la sociedad en su conjunto.

No hay un Estado bueno o malo en abstracto, que funcio-ne adecuada y racionalmente o sea totalmente irracional y no cumpla para nada con lo que la sociedad espera. El fenmeno del Estado est siempre ligado a la defensa y reproduccin de un determinado proyecto histrico de sociedad, en una situa-cin donde disputan proyectos distintos surgidos de las con-tradicciones sociales. Por ello, para valorar al Estado moderno en Mxico, su sentido histrico y poltico, las instituciones que lo conforman, los intereses que defiende, las polticas que aplica y las energas colectivas que impulsa, hay que interro-garse cul es el proyecto de sociedad con que est comprome-tido y que busca sacar adelante, lo que normalmente se sabe si se valora adecuadamente su poltica econmica, social, de gobierno y cultural y se conoce la relacin de fuerzas en que se sustenta

En un pas como Mxico, el Estado siempre se present como depositario privilegiado y todopoderoso del proyecto nacional desarrollista de pas diseado por las elites polticas y econmicas y administrado por la burocracia poltica, aun cuando en el discurso siempre se plante que dicho proyecto corresponda a lo deseado por la mayora de la poblacin y tena su origen y justificacin en la revolucin de principios de siglo xx. No obstante las apariencias, el proyecto impulsado por el Estado mexicano fue el de expresar y ayudar a construir plenamente una sociedad capitalista dependiente y subordina-da, en que cristalizara cada vez ms una relacin moderna

de capitalistas y trabajadores si bien rodeada de un gran sector popular y de campesinos. En ese proceso se impusieron formas polticas estatalistas, donde los trabajadores se ubicaron como subalternos, aceptaron la tutela del Estado y cambiaron poli-tizacin por reconocimientos corporativos y clientelares. Ese proyecto hizo crisis por sus contradicciones al desarrollarse un capitalismo monopolista y entrelazarse y subordinarse al poder econmico del capital mundial.

En la actualidad, el Estado es un poder social que defiende otro proyecto histrico: el de un capitalismo transnacionali-zado integrado al imperialismo estadounidense, al que son funcionales instituciones autoritarias que le permiten gober-nabilidad. Un Estado formado por un conjunto de institu-ciones, mediaciones y leyes, por un determinado bloque de poder dominante y un sistema poltico, los cuales contribuyen a reproducir una determinada sociedad, a legitimar las formas productivas y afirmar la subalternidad de los gobernados.

Para entender al Estado, la manera en que en su interior prevalecen y disputan los proyectos y su papel en la sociedad, adems de conocer sus instituciones hay que descubrir la rela-cin de poder que lo constituye, los intereses y los conflictos de la sociedad (Otero, 1841; Gramsci, Cuaderno 10). El Es-tado se le presenta al ciudadano de la calle como pura institu-cionalidad con poder irresistible, como monopolio legtimo de la violencia y emisor de un discurso dirigente a partir de un conjunto articulado de leyes, instituciones, mediaciones, cor-poraciones armadas militares y policiacas, crceles y poderes de representacin (ejecutivo, legislativo, judicial), que a veces incluye los dictados de los principales medios de comunica-cin y educacin. Sus decisiones son verticales, se imponen como obligatorias y algunas son incluso sancionadas en la Constitucin y las leyes. De ah que se hable de un estado de

LUCIO OLIVER

APROXIMACIONES A LA CRISIS DEL EStADO MEXICANO

DEVASTACIN DE ESTADO

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derecho, aun cuando en Mxico no exista un poder judicial independiente que lo garantice.

Las sociedades modernas han conquistado el derecho a or-ganizarse libremente y a ejercer de forma peridica el voto para elegir representantes en los rganos mediadores a los cuales, sin embargo, el Estado mexicano les exige ser tam-bin representantes del Estado en la sociedad. No obstante sus derechos, al ciudadano se le pide su pasividad en tiempos no electorales y se le obliga a subsumir la conflictividad social en negociaciones locales arbitradas por el Estado (Mendieta y Nez, Lucio, Sociologa del poder, 2a. ed., Mxico, UNAM, Instituto de Investigaciones Sociales, 1976, p. 18. )

Uno de los problemas centrales del estudio del Estado, so-bre todo en una poca de crisis, es saber qu explica los des-ajustes entre el proyecto histrico, el funcionamiento de las

instituciones y leyes del Estado y lo que piensa la sociedad muy relacionado con los niveles de organizacin y politiza-cin de sta (Weber, La poltica como vocacin, 1919; Marx, La ideologa alemana, cap. 1)

Con los referentes anteriores, nos proponemos caracterizar la situacin de crisis del Estado en el Mxico actual.

1) La crisis sociopoltica del Estado es una crisis orgni-ca. Expresa un desajuste proveniente de la modificacin en la ecuacin Estado-sociedad que prevaleci en el siglo xx (Esta-do dominante paternalista con proyecto nacional desarrollista y sociedad subalterna sin autonoma, de mayora campesina o de origen rural). Hoy presenciamos una falta de correspon-dencia del nuevo proyecto poltico-cultural dominante con las necesidades y expectativas de la sociedad civil, cada vez con me-nos heteronoma. Ha entrado en declive la hegemona histrica

del proyecto de nacin del siglo xx y el proyecto neoliberal autoritario subordinado actual tiene muchas dificultades para imponerse con legitimidad, en condiciones en que crece una resistencia social difusa pero amplia y diversa, con formas em-brionarias de organizacin ciudadana, social y comunitaria, en el campo (sobre todo) y en la ciudad.

Desde 1982, los gobiernos federales, esto es, la sociedad poltica dominante (el gran partido del orden actual), impul-saron la sustitucin del programa nacionalista desarrollista de la Constitucin de 1917 por uno de transnacionalizacin capitalista conservador perifrico. Para ello impusieron polti-cas de integracin subordinada a Estados Unidos, impulsaron reformas neoliberales, un patrn de acumulacin basado en el abandono de los apoyos dirigidos al campo y los ingresos por remesas, la especializacin productiva para la exportacin,

la precarizacin de los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, el rentismo extractivista y empresas poltico econmicas ilegales, con una gobernabilidad autoritaria, cuyo eje es hoy la militarizacin de la seguridad pblica. El nuevo proyecto transnacional carece de las caractersticas de impulso productivo, homogeneidad, cultura, e influencia que tuvieron los proyectos de los Estados desarrollistas nacional populares de las antiguas clases dirigentes.

2) Actualmente los agrupamientos sociales dominantes y el nuevo bloque de poder poltico financiero empresarial bus-can consolidar nuevas relaciones sociales, extremamente subordinadas a los grupos dominantes de Estados Unidos, desiguales y excluyentes, vinculadas al predominio del nuevo patrn de acumulacin de capital que organiza ya el conjunto de la economa mexicana. Desde 1982 hasta el presente se ha

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sustituido gradual pero persistentemente el patrn de indus-trializacin diversificada dependiente perifrica que prevaleci en buena parte del siglo xx. Podemos decir que Mxico, pese a tener grandes industrias automovilsticas y de autopartes, es un gran pas rentista dependiente del capital financiero, la ren-ta de petrleo, el turismo, los migrantes a Estados Unidos, la produccin y exportacin de narcticos.

3) La sociedad poltica dominante ha intentado, por dis-tintas formas, llevar a la sociedad civil la influencia de ideologas y nociones tico polticas empresariales-moder-nizadoras, propias de las clases capitalistas transnacionales dominantes, mismas que vacan de contenido social y popular y de verdadero perfil poltico a las nociones de democracia, ciu-dadana, participacin, derechos y asuntos pblicos, a la vez que acentan el individualismo, el pensamiento elitista empresa-rial, la separacin formal entre poltica, cultura y economa y han tratado de fijar la nocin de que todo es inters priva-do, todo se vende y el mercado es el espacio adecuado para resolver las necesidades comunes. Esta nueva configuracin, que podramos denominar como liberalista-social,1 constituye una concepcin poltico-ideolgica ligada al moderno mundo transnacional desnacionalizado de la clase poltica y a sectores dirigentes empresariales vinculados a las viejas instituciones colonialistas y racistas antipopulares.2

4) La gobernabilidad que el rgimen actual ha estado tra-tando de imponer se basa en una sobreposicin y entrela-zamiento de diversas formas autoritarias de tipo empresa-rial burocrticas (empresariales y tcnico-militares, de orden y mando), de formas delegativas, paternalistas y patriarcales (formas de delegacin de poder en diputados y senadores de partido que se deben al Estado y a los empresarios), el clien-telismo y lo que persiste del corporativismo, la infantilizacin y enajenacin de las poblaciones por los grandes medios, la criminalizacin de la protesta y el temor por la creciente ex-pansin de la violencia de Estado y de las mafias.

5) Hay un problema de legitimidad del proyecto del bloque de poder y descomposicin en las instituciones del Estado. El proyecto empresarial poltico transnacionalizado del grupo gobernante actual, profundiza los problemas estructurales del capitalismo mexicano y est contra la satisfaccin de las ne-cesidades sociales y populares. Profundiza la crisis orgnica y agrava la descomposicin en curso del sistema y del rgimen poltico. El rgimen de partidos, las instituciones electorales, las cmaras legislativas y el sistema judicial constituyen un r-gimen poltico liberal autoritario que, aun cuando liberal in-dividualista, en los hechos es tambin estatista y burocrtico. En los mbitos local y regional es donde se vive con mayor profundidad la descomposicin institucional. Con la crisis del partido de Estado y en ausencia de reformas institucionales y judiciales por parte de los gobiernos del panismo, gran parte

de los presidentes municipales y gobernadores del gran partido del orden (PRI, PAN, PRD) ha incursionado en todo tipo de complicidades con el fenmeno de la economa ilegal y el cri-men organizado. Hoy se vive, por tanto, la continuidad en crisis, de algunos elementos comunes a las distintas formas ideolgicas y polticas autoritarias.

6) El Estado est copado por un gran partido del orden. La combinacin de polticas neoliberales y gobernabilidad auto-ritaria es resultado del dominio de una gran alianza estratgica de fuerzas polticas conservadoras y subordinadas a Estados Unidos, la cual se abri paso desde 1982 y se ha hecho ms evidente de 1988 al presente. En el periodo 2000-2012 tuvo a la cabeza a un sector conservador derechista extremo, lide-rado por empresarios y polticos del Partido Accin Nacional (PAN)3 (2000-2012). Actualmente se reafirma a partir de la retomada del gobierno por una fraccin poltica formada por el grupo Atlacomulco salinista, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), asociado al capital transnacional domi-nante4 (2012-2014).

La crisis de hegemona de la burocracia poltica dirigente ha llevado a la consolidacin de facto en las alturas de un amplio partido del orden (lo que a su vez revela la pro-fundidad de tal crisis), formado a partir de la coalicin de las fracciones dominantes del PRI, del PAN y del PRD, todas extremamente derechizadas, las cuales procuran imponer un proyecto conservador desnacionalizador transnacional, oligr-quico antipopular, de privatizacin radical de los recursos na-cionales y de sometimiento a la geoeconoma y geopoltica de Estados Unidos (el Pacto por Mxico). Ese partido del orden utiliza formas polticas electorales de autoritarismo electivo, a modo de sustentacin poltica, que mantienen referencia a un estado de derecho y modelan instituciones en que se impulsa la nocin de democracia liberal restringida y sometida al go-bierno en turno.5 Se utiliza el estado de derecho formal inter-pretado, controlado y manipulado desde el poder del Estado para bloquear la participacin y las reivindicaciones sociales y para desorganizar a las masas populares;

7) La crisis del Estado est tambin vinculada a la ten-dencia de la clase poltica mexicana a profundizar el ali-neamiento geoeconmico y geopoltico subordinado con Estados Unidos. Mxico participa ya de un proyecto de con-trarreforma conservadora impulsada por Estados Unidos que busca reordenar el continente americano, con todas sus con-secuencias tanto de poltica econmica como de visin ideo-lgico poltica del mundo6 y que pueden implicar cambios sustanciales en Amrica Latina. Nuestro pas hace parte de un proyecto de mega Estado de la parte norte del continente, dirigido por Estados Unidos, que busca absorber y condu-cir tambin a Centroamrica, Colombia y el Caribe. En esa tendencia, Mxico ha renunciado a una poltica autnoma que exija un gran acuerdo negociado democrticamente y ha

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aceptado de modo pasivo subordinarse a las polticas econ-micas, de gobierno, militares e ideolgicas de los grupos de poder de Estados Unidos.

8) El problema de la crisis de representacin y la debilidad del sistema poltico tambin tiene relacin con el someti-miento de las instituciones regionales a grupos ilegales y la tolerancia o connivencia de las elites locales con el crimen organizado. La putrefaccin y corrupcin de las mediacio-nes institucionales a todos los niveles y especialmente en los mbitos local y regional7 se ha acentuado por la tolerancia de las instituciones a todos niveles ante la actividad de las mafias criminales, ante las polticas de enriquecimiento sbito de esos

grupos, las polticas de exclusin neoliberales y la falta de al-ternativas econmicas populares. Hay en curso, en gran parte del pas, el dominio de narcotraficantes,8 lo que ocurre en 21 estados segn advertencia del 14 de abril de 2015 del Depar-tamento de Estado de Estados Unidos.9

Se habla ya de un fenmeno de Estado-narco, de narco-gobiernos y narco-poltica,10 el cual no se resolver si no se transforma el modelo de acumulacin, se desplaza el bloque dominante de poder y se reforman radicalmente el sistema poltico y a las instituciones militares y policiacas del Estado. En los ltimos 14 aos se ha acentuado el dominio de grupos delictivos regionales de diverso tipo, entre los que destacan los crteles del narcotrfico y las mafias criminales, que han cre-cido al calor de la descomposicin del Estado, la corrupcin, connivencia de los poderes locales y regionales. Esos grupos

tienen cobertura nacional y se han extendido en un contexto de deterioro econmico y social, crisis orgnica de la economa nacional y prdida de control poltico de las clases dominan-tes, as como debido a la desorganizacin social creada por el patrn de acumulacin. La violencia alienta todo tipo de fe-nmenos de corrupcin y abuso sobre la poblacin. Los bene-ficiarios comnmente son los grupos que se benefician con el sistema financiero y las inversiones extranjeras, en una econo-ma especulativa, rentista, de sobreexplotacin y de despojo.11

9) El verticalismo y autoritarismo existen tanto en la socie-dad poltica como en la civil. As como en las relaciones po-lticas dominantes, en la misma sociedad civil existen ncleos

fuertes de autoritarismo social, cultural y poltico arraigados. Esto es, las relaciones de orden y mando, de imposicin, de hablar y no saber escuchar, de subalternidad extrema a la vi-sin poltico empresarial simplista que pautan las relaciones polticas tienen tambin una dimensin social general. Consi-derando el rgimen de ejecutivo dominante, el clientelismo, el neocorporativismo, las formas de relacin cultural y poltica de una economa liberalizada privatizada y de un Estado geren-cial de competencia, se observa que hay una correlacin cultu-ral entre las formas polticas autoritarias del Estado capitalista de subsidio y sustentacin del capitalismo transnacional, de las relaciones entre los actores polticos y los grupos burocr-ticos y la manera en que est estructurada y se reproduce la sociedad civil mexicana, entendiendo por sta todas las formas y redes de existencia pblica no directamente poltica de la

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sociedad. Hay autoritarismo, despolitizacin y un sentido co-mn enajenado extremo en la forma en que existe y se expresa la sociedad civil mexicana, en la mayora de sus agrupaciones, redes y organizaciones patronales, gremiales, sindicales, popu-lares, acadmicas, deportivas, educativas, culturales y tnicas, (con sus evidentes excepciones). As, las relaciones sociales de

los de abajo corresponden todava en cierta medida a las for-mas autoritarias, de imposicin, de desnacionalizacin y de dominio de las elites dominantes, aun cuando estn en crisis.

10) Entr en crisis tambin la compleja cultura poltica del viejo Estado nacional de represin-negociacin-convenios. Proveniente de los arreglos posrevolucionarios de tipo nacio-nalista populista (en el que las masas populares participaban siempre en condicin de subalternidad), tuvo como base la peculiar interaccin de poder entre elites dirigentes y masa popular en el Estado del siglo xx; esa interaccin sustentaba tambin la participacin de los agrupamientos polticos insti-tucionales en las mediaciones estatales. Hoy se deslava como cultura poltica por la poltica de acumulacin y concentra-cin de capital, por el autoritarismo empresarial poltico y por

la resistencia democratizadora y autonmica de sectores de la sociedad civil y de los nuevos movimientos sociales. La cultura poltica tradicional de negociacin est desmembrada, pero no ha sido sustituida del todo por una cultura de derecha abierta basada en la dominacin elitista empresarial de tipo oligr-quico. En un pas abigarrado como Mxico es prcticamente imposible una cultura autoritaria total de ajuste en el orden definido por los grupos dominantes.

11) Siguen presentes espacios y formas de subalternidad popular tradicional en los valores, las concepciones del mundo, la vida sociocultural y las relaciones con lo p-blico de la sociedad civil, que an sirven de sustento a las instituciones y el sistema poltico. Son ncleos polticos y culturales populares despolitizados que han sido parte del cua-dro del viejo sistema hegemnico tradicional en la sociedad civil y especialmente entre las masas subalternas.12

Los nuevos sectores populares que impulsan una actividad autnoma y que actan en la resistencia crtica ciudadana y popular de la sociedad civil, de los pueblos y de las comunida-des originarios en mltiples estados y regiones del pas, tienen algunas nuevas caractersticas ideolgico-culturales autonmi-cas y horizontales que reivindican los derechos plenos. Esos sectores estn inclinados a reivindicar otras relaciones sociales. Tienen elementos para ampliar tanto la democracia electoral como las formas participativas, profundizar la nocin de resis-tencia y unir sus luchas sociales con perspectivas polticas de ciudadana y ampliacin de los espacios pblicos.

Las resistencias populares locales en curso, empero, todava actan en un horizonte exclusivo de accin y confrontacin directa. No han avanzado hacia una poltica compleja de lucha de posiciones vinculada a un horizonte poltico nacional am-plio, tampoco se ha construido una fuerza estratgica dirigen-te nacional progresista que enarbole una poltica democrtica integral. Sin embargo, constituyen el punto de partida de un movimiento de propuesta hacia una reforma de la sociedad ci-vil democrtica popular urbana, de nuevas relaciones auton-micas de la sociedad civil y de un movimiento poltico cultural por un Estado democrtico real, donde el movimiento popu-lar, adems de afirmar poltica y jurdicamente el derecho a tener derechos se proponga la difcil tarea de elevarse a clase dirigente capaz de cuestionar la separacin entre gobernantes y gobernados. Sin embargo son an movimientos minoritarios y locales en los planos econmico, poltico y cultural,13 tanto en el campo como en las ciudades (incluida la capital del pas), mientras que prevalecen la alienacin y el apoliticismo en la visin del mundo de las grandes mayoras.14

12) En una parte importante de la sociedad, sectores me-dios progresistas, un amplio sector de los trabajadores formales y precarizados, comunidades locales del campo y poblacin comunitaria indgena originaria hay en ciernes una incipiente cultura progresista popular emancipatoria,

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1 Entendindose por liberalista la proclividad al mito y a las polticas econmicas del libre cambio. Vase Antonio Gramsci, Cuadernos de la crcel, Cuaderno 13, Prgf 18.2 Vase Lorenzo Meyer, Nuestra tragedia persistente: la democracia au-toritaria en Mxico. Mxico, Ed. Debate, 2013.3 Que se resguardan y dinamizan bajo y dentro de la formalidad del viejo Partido Accin Nacional.4 Herederos y continuadores en vida del viejo Partido Revoluciona-rio Institucional que medi en la hegemona de 70 aos del Estado mexicano surgido de la Revolucin Mexicana y de las reformas radi-cales del presidente Lzaro Crdenas.5 Vase Silvia Gmez Tage Mxico: una democracia fragmentada, en Gmez Tagle y Sonnleitner (coords), Mutaciones de la democracia. Tres dcadas de cambio poltico en Amrica Latina, Mxico, Ed. El Colegio de Mxico, 2012.6 En el contexto del seminario internacional A dnde va Amrica Latina?, organizado por la Coordinacin de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM), Constanza Moreira, ex profesora de la Universidad de la Repblica, de Uruguay, y actual senadora por el Frente Amplio; Lino Morn, de la Universi-dad del Zulia, Venezuela, y Nstor Kohan, de la Universidad de Bue-nos Aires, Argentina, lamentaron la cercana y alineamiento de las polticas pblicas mexicanas con los postulados neoliberales dictados desde Estados Unidos. La Jornada, Viernes 23 de agosto de 2013. Para una referencia bibliogrfica sobre la poltica actual de EUA ha-cia Amrica Latina consltese: Marco A. Gandsegui Hijo y Ddimo Castillo, Estados Unidos. La crisis sistmica y las nuevas condiciones de legitimacin. Argentina, Editorial CLACSO-Siglo xxi, 2010.7 Carlos Prez Zavala, El proceso de descomposicin de las institu-ciones y el sentido de lo comunitario en los proyectos de sociedad, El Cotidiano, nm. 152, noviembre-diciembre, 2008., pp. 25-30, UAM Azcapotzalco, Mxico.8 Jos Luis Solis Gonzlez, Neoliberalismo y crimen organizado en Mxico: el surgimiento del Estado narco, en Revista Frontera Norte, vol 25, Nmero 50, julio a diciembre de 2013, Universidad Aut-noma de Coahuila.9 Alerta de los Estados Unidos a sus ciudadanos sobre 21 Estados del pais. Agencia Imagen del Golfo y diario Sin embargo. 14/0472015.

10 Vase nota 8.11 Iln Bizberg. Una democracia vaca. Sociedad civil, movimien-tos sociales y democracia, en, coleccin Movimientos sociales / Iln Bizberg y Francisco Zapata (coords) Los grandes problemas de Mxico, Coleccin Movimientos Sociales, v. 6, Mxico, El Colegio de M-xico, 2010.12 Vase Rina Roux, El Prncipe mexicano: subalternidad, historia y

Estado, Mxico, Era, 2005.13 Alberto J. Olvera, Sociedad Civil, Gobernabilidad Democrtica, Espacios Pblicos y Democratizacin: los contornos de un proyec-to. PDF. En el texto introductorio se dice: La coleccin de folletos Cuadernos de la Sociedad Civil presenta, en versin resumida, los resultados del proyecto de investigacin Sociedad Civil y Goberna-bilidad en Mxico, auspiciado por la Fundacin Ford y desarrollado entre noviembre de 1998 y enero del 2000. Este trabajo fue parte de un proyecto comparativo internacional que abarc a 22 pases en cuatro continentes, dirigido por el Institute of Development Studies de la Universidad de Sussex.14 Jean Franco, La globalizacin y la crisis de lo popular. Nueva socie-dad, N. 149, 1997, Venezuela. 15 Pablo Gonzlez Casanova. La cultura poltica en Mxico, pp- 62-77, en El Estado y los partidos polticos en Mxico, Mxico, Ed. ERA, 1983.

con nuevas ideologas y valores, con elementos de reforma econmica, intelectual y moral, organizativa y politizadora de la sociedad civil.15 Hay perspectiva de poder y, sin duda, ello es parte de una posibilidad de movimiento popular y de sustento de un Estado democrtico.

Lo peculiar de la intensa y recurrente actividad de los mo-vimientos urbanos de derecho a la ciudad, de reivindicacin de derechos sociales y ciudadanos de todo tipo, de lucha por la paz contra la impunidad y la corrupcin actuales es que coinciden con el sentido del reclamo de los movimientos so-ciales plurinacionales y de justicia locales y regionales, tanto urbano-populares como campesino-comunitarios. Son distin-tas vertientes de una nueva cultura autonmica de derechos y muestran inclinacin por constituir un movimiento poltico de democracia participativa popular.

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Resultado de un trabajo sobre documentacin de violaciones a los derechos humanos en Mxico y del anlisis marxista so-bre la formacin econmico-social-capitalista que impera en el pas llegamos a la conclusin de que estamos viviendo el proceso de configuracin del Estado en uno terrorista. En este ensayo trataremos de fundamentar por qu se ha arribado a esta conclusin, sin que esto signifique que no hay dudas, la-gunas y amplios campos por explorar.

La configuracin del Estado mexicano en un Estado terro-rista contiene las siguientes caractersticas:

1. Profundizacin del neoliberalismo: la reaccin conser-vadora ante la crisis econmica mundialEstamos viviendo, desde mediados del gobierno panista de Vicente Fox y, de manera acelerada, desde el fraude electoral de 2006, con la llegada a la Presidencia de la Repblica de Felipe Caldern y posterior arribo al poder del Partido Revo-lucionario Institucional (PRI), un proceso en el cual el Estado mexicano se est configurando como uno terrorista. Pero cul es el motivo principal de este proceso? Reducir la razn de est a la maldad, ineptitud o error de determinadas polticas gubernamentales o incluso, como sostienen la derecha y al-gunos despistados de izquierda, colocar la explicacin de lo que pasa en Mxico dentro de la teora del llamado Estado fallido o Estado con funciones fallidas no solo nos aleja de la comprensin de la realidad, sino que nos coloca en el terre-no de la justificacin de las polticas de seguridad emprendidas por el Estado mexicano.

La razn debemos buscarla en la economa, sobre todo en la continua crisis sistmica capitalista, producto de poco ms de tres dcadas de neoliberalismo en el mundo y en las salidas que el propio capitalismo implanta para sostener su hegemo-na planetaria.

En 2001, algunos pensadores de izquierda1 anunciaban que el militarismo y las guerras marcaran una de las formas

que desarrollara el imperialismo para salir de la profunda cri-sis econmica. El Estado, en este sentido, lejos de adelgazarse o debilitarse, se fortalece, sobre todo en sus funciones de repre-sin y control social. Se trata, como en todas las crisis capita-listas, de destruir de manera masiva las fuerzas productivas de la competencia para reactivar las economas propias. Destruir para volver a construir sin competencia y garantizar no solo el control de las materias primas y de la mano de obra sino, tambin, nuevos mercados de consumo.

Mxico desempea un papel importante para la economa de Estados Unidos (EU). Ya no basta el control de las princi-pales ramas de la economa mexicana ni la dependencia tec-nolgica o la fuente constante de mano de obra barata. Los pases capitalistas necesitan mayor explotacin del hombre y de la naturaleza para salir airosos de la crisis mundial. Para ello requieren mayor control y la subordinacin de las diferentes poblaciones.

El Estado mexicano, entre otras caractersticas, sigue siendo el instrumento principal de una minora para profundizar las polticas econmicas neoliberales en el pas en perjuicio del resto de la sociedad. En los periodos de crisis, esta afirmacin se muestra con mucha claridad. Para que Mxico pueda cum-plir el papel que le toca en esta crisis mundial del capitalismo debe transformarse aceleradamente. Adecuarse a las nuevas exigencias del capital. Sin embargo, el proceso de construccin del Estado terrorista no est exento de contradicciones, avan-ces y retrocesos. No es un proceso lineal, y su configuracin es marcada, por un lado, por los intereses geoestratgicos de EU y econmicos de la oligarqua mexicana; y por otro lado, por las oposiciones de algunas fuerzas polticas y sociales del pas.

La derecha mexicana, supeditada a las exigencias de EU, cum-ple el papel de ejecutor de los cambios que exige el capital. Qu sector de esta derecha puede llevar a cabo de mejor manera las transformaciones institucionales y sociales que garanticen la pro-fundizacin del neoliberalismo? Se trata de una de las preguntas

COMIt CEREzO MxICO

EStADOtERRORIStA

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resueltas con las elecciones de 2012 y reafirmadas en las de 2015, si no es que la oposicin a este proyecto da un viraje a estas pol-ticas neoliberales, algo muy poco probable.

2. El narcotrfico como economa criminalEl narcotrfico como fenmeno capitalista no es nuevo, como bien lo explica Norberto Emmerich;2 y tampoco, siguiendo al autor, el comportamiento de la droga, ya sea cocana u opio, como mercanca capitalista. Un fenmeno relativamente nue-vo es la produccin masiva de estas mercancas. El informe del Equipo Bourbaki nos muestra cmo la economa ilegal pasa por una etapa violenta de acumulacin originaria de capital.

Tradicionalmente se conoce esta acumulacin como el

proceso de escisin de los productores de sus medios de pro-duccin y la creacin de un mercado de esos medios de pro-duccin. Esta escisin se da de manera violenta a travs del uso de la fuerza. En nuestro caso de estudio, podramos decir que el uso de la fuerza se da por el control de territorios de produc-cin y distribucin de la nueva mercanca, lo que genera un mecanismo violento que garantiza la reproduccin ampliada de la acumulacin capitalista.3

El problema del narcotrfico es econmico; la droga supone una de las mercancas que genera ms ganancias que cualquier otra mercanca legal. Esto es posible no por la venta de la mer-canca y su gran costo en el mercado, sino porque permite una amplia explotacin de mano de obra que trabaja en con-diciones casi de esclavitud, sin ningn derecho o prestacin social. La burguesa necesita garantizar que esta mano de obra

permanezca en este estado de total sometimiento. De ah el terror como poltica de control, as como la utilizacin del Es-tado para garantizar la produccin, circulacin, distribucin y consumo de esta mercanca. La economa capitalista de por s es criminal, pues fluye en beneficio de una minora de la so-ciedad, pero el narcotrfico rompe incluso con esa legalidad capitalista porque el capital no reconoce ms leyes que las pro-pias. Los Estados capitalistas, en la lucha tenaz por mantener sus respectivas hegemonas, no solo necesitan controlar esta mercanca, que le redita gran capital, tambin necesitan el control territorial desde donde se produce, as como las redes de distribucin, y generar un consumo masivo. El narcotrfico es uno de los pilares de la economa capitalista mundial y, a su

vez, uno de los pretextos ms a doc para justificar una serie de polticas gubernamentales, no encaminadas a la erradicacin de las drogas, sino guiadas a garantizar el control de la pobla-cin que permita, simultneamente , intensificar la explota-cin de la mano de obra.3. La construccin de un enemigo interno, en este caso la delincuencia organizada y el narcotrfico, para justificar la restriccin de derechos a la poblacinEl narcotrfico, fenmeno existente y en expansin, ha sido el enemigo interno que el gobierno mexicano, siguiendo los dictmenes de EU, ha construido para justificar el inicio de una guerra, hoy llamada lucha contra el narcotrfico. sus mtodos violentos provocan terror, miedo y zozobra en la po-blacin y cuyos resultados saltan a la vista: ms de 120 mil eje-cuciones al trmino de 2014; una cifra aproximada de 30 mil

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desapariciones forzadas y ms de medio milln de desplazados forzados. Un ejemplo de esto es el valle de Jurez, Chihuahua, con cerca de 250 mil desplazados forzados a raz de que en ese lugar comenzara la construccin del mayor puente fronterizo de la historia.

La guerra o lucha contra el narcotrfico es el pretexto perfecto que facilita al Estado su estrategia de control social y su estrategia represiva y contrainsurgente respecto al mo-vimiento social, sus organizaciones, dirigentes y la sociedad en su conjunto. Como muestra tenemos los cerca de 120 casos de desaparicin forzada por motivos polticos y los 60 de ejecucin extrajudicial (de 2006 a la fecha) contra inte-grantes del movimiento social, los ms de 120 presos por motivos polticos que existen actualmente, las cerca de 800 detenciones arbitrarias en lo que va del sexenio de Enrique Pea Nieto.

Por un lado, el narcotrfico es uno de los pilares de la eco-noma mundial, pues no solo genera capital o que tambin es fuente de financiamiento para las guerras imperialistas y, por otro lado, el pretexto de los Estados capitalistas para in-crementar la industria militar e incluso generar guerras en las cuales se busca el control, no nicamente del narcotrfico sino de los recursos geoestratgicos necesarios para mantener la he-gemona capitalista sobre otros Estados capitalistas.

Por ello, no se sostiene la tesis de que el narcotrfico es un fenmeno ajeno a los Estados capitalistas o de que el narco-trfico ha corrompido o est penetrando en el Estado y adue-ndose de l. El narcotrfico es en este momento parte de la poltica estatal y, como vimos ms arriba, parte de la economa mundial. Sin embargo, en el discurso se concibe como el ene-migo a vencer e incluso la fuente de todos los males del pas.

4. El uso sistemtico del terror para combatir al enemigo internoLas ejecuciones extrajudiciales de nios, mujeres, ancianos y hombres en retenes policiacos o de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotrfico; la tortura como prctica cotidiana y sistemtica de obtencin de informacin o de autoinculpacin del detenido; la desaparicin forzada; las masacres de jvenes y migrantes sin relacin alguna con el narcotrfico; los feminicidios; los cateos ilegales; el recluta-miento forzoso; las amenazas y los ataques contra los lucha-dores sociales constituyen actos terroristas, en primer lugar por la crueldad con que son realizados y por los objetivos que persiguen: la destruccin del tejido social y la eliminacin fsica de toda oposicin y, segundo, por el grado de terror que provoca en las vctimas, pero tambin en su entorno fa-miliar, el de su organizacin y en una parte de la sociedad;4 y, adems, porque violan los pactos, las convenciones y los protocolos que protegen los derechos humanos que el Estado mexicano ha firmado.

El uso sistemtico del terror tiene como finalidad identi-ficar y destruir al supuesto enemigo interno, as como a todo

actor que lo tolere, adems de disuadir a quienes se consideran enemigos potenciales y controlar la vida social a travs de l. No es casualidad que la marina mexicana en la mayora de sus operativos contra el narcotrfico no detenga personas, sino que las ejecute. Incluso, una organizacin estadouni-dense, ligada histricamente a las polticas gubernamentales del pas del norte, en su informe de 2011 llega a la siguiente conclusin.

Human Rights Watch pudo observar que existe una po-ltica de seguridad pblica que fracasa seriamente en dos as-pectos. No slo no ha logrado reducir la violencia, sino que adems ha generado un incremento drstico de las violaciones graves de derechos humanos, que casi nunca se investigaran adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad p-blica en Mxico, la guerra desplegada por Caldern ha conse-guido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del pas.5

Lo que Human Rights Watch ve como un fracaso es real-mente uno de los objetivos del gobierno de Caldern: exa-cerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del pas. Y parece un objetivo cumplido.

5. La militarizacin institucional y de la vida socialMxico representa el continuismo de la ortodoxia neoliberal en la regin dispuesto a dar una vuelta de tuerca ms.6 Nos dice bien Rodrguez Rejas. Esta vuelta de tuerca pasa por el proceso de militarizacin de Mxico. Conforme a cifras oficia-les, ms de 60,000 elementos de las Fuerzas Armadas y de la Marina cumplen tareas que corresponden, en teora, exclusi-vamente a las autoridades civiles.

Las fuerzas armadas (ejrcito, marina, polica federal y de los estados) se han convertido en el principal instrumento para combatir al enemigo interno y garantizar la imposi-cin de la profundizacin del neoliberalismo: la militariza-cin es pieza esencial de la reproduccin del patrn de acu-mulacin neoliberal y su estructura de poder; es la tercera pata en que se apoyan las nuevas oligarquas, el tercer vncu-lo de la dominacin.7 Ya no es raro observar retenes, vuelos rasantes de helicpteros, operativos en ciudades y poblacio-nes rurales, patrullajes, militares con licencia o retirados al mando de las Secretaras de Seguridad Pblica de los estados (en 17 de 32 entidades federativas hay militares al mando de las Secretarias de Seguridad Pblica y en 25 estados dirigen policas municipales).

La presencia de las fuerzas armadas y de la marina aumenta en todos los mbitos de la vida social, sobre todo donde los pueblos se organizan o hay proyectos econmicos trasnaciona-les en curso o proyectados. Aunado a esto, se crea una nueva casta privilegiada y fiel al sistema: los militares. Mientras al trabajador comn se aument en 2010 el 4.85% a su salario, a los soldados y marinos se les increment el 40%. Ser un miembro activo de las fuerzas armadas se convierte en la nica opcin legal de mejorar las condiciones de vida para amplios

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sectores de la poblacin. Si a eso sumamos la impunidad que los ampara, el resultado es catastrfico para la poblacin civil.

Como ejemplo tenemos las ms de 6 mil quejas por violacio-nes de los derechos humanos formuladas contra de la Secretara de la Defensa Nacional de 2006 a 2011, y las presentadas ante la Comisin Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones de derechos humanos por militares se han incre-mentado ms de 1,000% entre 2006 y 2011.

La militarizacin como elemento garante del orden neoli-beral, subordinado a las exigencias de seguridad y de la crisis econmica de EU, coloca a Mxico,cada vez ms en un papel de subordinacin y de polica de los intereses de Washington.

Los militares como nuevo actor poltico que ve incrementado su podero y como casta privilegiada se convierten en uno de los mayores obstculos para frenar la dinmica de guerra y so-metimiento de la poblacin.

6. El paramilitarismo como la mano siniestra del EstadoComo el Estado mexicano necesita, por la presin nacional e internacional, cierto grado de legitimidad para seguir aplican-do su poltica econmica neoliberal y su proyecto de control social, no puede violar descaradamente todas las leyes a que se debe ni contravenir abiertamente derechos humanos sin tener cierto costo poltico ante la misma sociedad que desea lo apo-ye. Incluso, por este motivo, el gobierno federal ha abandona-do el discurso de guerra contra el narcotrfico y retomado ms el de seguridad democrtica, al estilo de Colombia.

El ejrcito no puede mantener el orden neoliberal por s solo, sin que sus miembros sean sealados o acusados de gra-ves violaciones de los derechos humanos. Para quitarse cierto

costo poltico, el Estado recurre al paramilitarismo como una poltica que le permite aplicar el uso sistemtico del terror evadiendo ante la opinin pblica su responsabilidad direc-ta. Incluso, la existencia de paramilitares se convertir en otro motivo del aumento de la militarizacin del pas.

La existencia de grupos paramilitares permite al Estado tra-tar de evitar cuestionamientos sobre su estrategia de seguridad y erigirse como vctima de entidades armadas ajenas a su con-trol, y con esto volver a adoptar una posicin de defensor de la sociedad o de garante de sus derechos. Ahora bien, probar que el paramilitarismo es la mano siniestra del Estado no solamente es difcil en trminos de documentacin, sino

que implica un riesgo muy elevado para las organizaciones o personas que lo hagan. Sin embargo, la experiencia de otros pueblos nos dice que los grupos paramilitares no pueden sur-gir ni desarrollarse al margen de la proteccin del Estado que casi siempre dice combatirlos.

En Mxico se cruzan tres formas de paramilitarismo. La primera, cuando el ejrcito o la marina se quitan los unifor-mes oficiales y con el narcotrfico acta contra la poblacin civil. La segunda, cuando los paramilitares estn constitui-dos por desertores del ejrcito o la marina, mercenarios, y su fuente de financiamiento es directamente el narcotrfico. La tercera, cuando militares o mercenarios entrenan a poblacin civil para que sta cometa los crmenes en agravio del resto de la poblacin.

Reconocer los fines del paramilitarismo nos ayudar a com-prender el porqu de la violencia y crueldad extrema en que nos han sumergido y el grado de impunidad que se tiene con-tra los responsables de esta situacin.

ESTADO TERRORISTA

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7. La criminalizacin de los defensores de los derechos hu-manos y de la sociedad en generalLa criminalizacin de los defensores de los derechos huma-nos tampoco es un fenmeno nuevo en Mxico, pero en este marco de guerra contra el narcotrfico adquiere caracters-ticas distintas de las dcadas anteriores. La criminalizacin es una estrategia del Estado: consiste en estigmatizar a la per-sona utilizando los medios de comunicacin masiva con el objetivo de acusarla de ser violenta, actuar al margen de la ley, transgredir la ley y estar involucrada con la delincuencia organizada, el narcotrfico o el terrorismo de judicializarla (encarcelarla) o crear condiciones sociales y mediticas para que los militares o los paramilitares la ejecuten por pertenecer a este enemigo interno.

Otra caracterstica de la criminalizacin es que va dirigida no solo contra luchadores sociales o movimientos de oposi-cin: se ampla a toda la sociedad. Ser joven, mujer, drogadic-to, estudiante te convierte, con el pretexto de estar ligado al narcotrfico, en blanco de la violencia de Estado.

En ciertos casos, al defensor de los derechos humanos y al luchador social se fabrican delitos del fuero comn o del federal para encarcelarlos y coartarles los derechos de manifes-tacin y organizacin. Sin embargo, la estadstica nos dice que la estrategia del Estado va ms all y se encamina a ejecutar o desaparecer a quienes cuestionan sus polticas de seguridad. Y aun as, en Mxico hay cerca de 130 personas encerradas por su participacin poltica.8

8. La creacin de un marco jurdico de excepcin que le-galiza las prcticas violatorias de los derechos humanos y garantiza la impunidadEl gobierno federal ha impulsado propuestas de reformas constitucionales para legalizar prcticas violatorias de dere-chos humanos y vivir en estados de excepcin no declarados, donde se suspenden las garantas de las personas detenidas o investigadas como se hace de facto o por medio de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que no responde a los criterios establecidos en la Convencin de Palermo sobre la materia y constituye, en s misma, una grave violacin de los derechos humanos.

La reforma de seguridad nacional que impuls el gobierno de Enrique Pea Nieto es un ejemplo de legalizar lo ilegal; le-galizar el proceso de configuracin del Estado mexicano como uno terrorista y dotarlo de una herramienta jurdica que le permita en el futuro inmediato nuevas reformas que restrinjan an ms los derechos de los ciudadanos.

Una objecin ante este proceso de configuracin del Es-tado mexicano en un Estado terrorista es la aprobacin de la reforma de derechos humanos en materia constitucional. Cmo explicar ese aval en el contexto de la guerra contra el narcotrfico?

En los hechos, y a ms de dos aos de la aprobacin, la reforma no ha servido para frenar las graves violaciones de los

derechos humanos. Ms bien ha servido para lavarle la cara al gobierno y hacerlo ver como un gobierno preocupado por los derechos humanos. Esto no quiere decir que la reforma no sir-va para nada pues no solo fue una concesin del Estado, sino que la reforma refleja que, dentro del Estado y la sociedad, hay fuerza opuestas a las polticas de seguridad y que tratan de acotarlas mediante recursos legales. En este sentido, decamos que este proceso no es lineal ni est a salvo de contradicciones, avances y retrocesos.

9. Los medios de comunicacin como partes de guerraLos medios de comunicacin masiva desempean un papel importante en este proceso de configuracin del Estado mexi-cano en uno terrorista. Veamos a continuacin algunos de los argumentos exhibidos por el gobierno federal a travs de los medios afines a sus polticas de seguridad:

1. Que el pas se encontraba en una situacin muy grave, ya que estaba secuestrado por el narcotrfico y el crimen organizado.2. Que los gobiernos anteriores haban sido muy tolerantes con el crimen organizado, lo que les haba permitido crecer a la luz de la ilegalidad.3. Que su gobierno emprendera una guerra contra la delin-cuencia y el narcotrfico.4. Que la poblacin estaba gravemente amenazada.5. Que la guerra implicara costo de vidas humanas.9

Justificar la guerra contra el narcotrfico, exacerbar la violencia a travs de la televisin, la radio y la prensa, conta-bilizar las ejecuciones, los descuartizamientos, las torturas, el linchamiento meditico en contra de todo quien el gobierno seale como parte del narcotrfico. La estigmatizacin de am-plios sectores de la poblacin como partes de este enemigo interno y sobre todo la justificacin de la mano dura, es de-cir, de las graves violaciones de los derechos humanos en este contexto de guerra contra el narcotrfico, son algunas de las funciones de los medios de comunicacin masiva. Por un lado, hacer visible la violencia y la muerte y, por otro lado, ocultar la responsabilidad Estatal.

La televisin se ha convertido, incluso, en vocero no oficial de grupos paramilitares, como los llamados matazetas, quie-nes en formato de conferencia de prensa justifican el terror al mismo tiempo que defienden las instituciones del gobierno.

Ahora bien, este discurso cambi con la llegada del PRI al poder. El actual gobierno federal administra la visibilizacin o no de la violencia sin que ello signifique una disminu-cin real de sta.

10. La polarizacin social mediante la ruptura acelerada del tejido socialEn Mxico, como en todo pas capitalista, la polarizacin social no es un fenmeno nuevo. Hay una divisin clasista

DEVASTACIN DE ESTADO

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1 Martens, Ludo: Globalizacin imperialista y revolucin. PTB. Blgica. 2011. Bajar en lnea: http://www.megaupload.com/?d=UQFROON22 Emmerich, Norberto: Globalizacin, Estado y narcotrfico. El caso Southern Winds / 1 ed. / Buenos Aires. 20093 Equipo Bourbaki: El costo humano de la guerra por la construccin del monopolio del narcotrfico en Mxico (2008-2009). Febrero de 2011. Pg. 38.4 Terrorismo o Rebelin? Editado electrnicamente por el Equipo Nizkor Derechos Human Rights, diciembre de 2002. Ver en lnea: http://www.derechos.org/nizkor/colombia/libros/dih/cap4.html5 Human Rights Watch: Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, des-apariciones y tortura en la guerra contra el narcotrfico de Mxico. Noviembre de 2011. Pg. 10.6 El proceso de militarizacin en Mxico: un caso ejemplar. Publi-cado en: Jos Mara Caldern Rodrguez (coord.). Amrica Latina: Estado y sociedad en cuestin, Edimpo, Mxico, 2010. Pg. 29.7 Jos Mara Caldern Rodrguez (coord.). Amrica Latina: Estado y sociedad en cuestin, Edimpo, Mxico, 2010. Pg. 29.8 Informe. Saldos de la Represin en Mxico 2009-2010: una guerra contra el pueblo. Comit Cerezo Mxico. 2011. Ver en lnea: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article9939 Informe: Saldos de la represin en Mxico 2009-2010: una guerra contra el pueblo. Comit Cerezo Mxico. 2011. Pg. 15.

BiBLiOGRaFa

Martens, Ludo: Globalizacin imperialista y revolucin. PTB. Bl-gica. 2011.Emmerich, Norberto: Globalizacin, Estado y narcotrfico. El caso Southern Winds /1 ed. / Buenos Aires. 2009.Equipo Bourbaki: El costo humano de la guerra por la construccin del monopolio del narcotrfico en Mxico (2008-2009). Febrero de 2011.Equipo Nizkor: Terrorismo o rebelin? Human Rights. 2002.Rodrguez Rejas, Mara Jos. (2010) El proceso de militarizacin en Mxico: un caso ejemplar. Amrica Latina: Estado y sociedad en cuestin. Ed. Edimpo.Human Rights Watch: Ni seguridad, ni derechos. Ejecuciones, des-apariciones y tortura en la guerra contra el narcotrfico de Mxico. Noviembre de 2011.Informe. Saldos de la represin en Mxico 2009-2010: una guerra contra el pueblo. Comit Cerezo Mxico. 2011.

de la sociedad que se agudiza por la crisis econmica mun-dial y se manifesta polticamente a travs de diversas fuerzas o agrupamientos polticos. La burguesa trata de mantener la hegemona mundial mediante mayor control de la poblacin que, a su vez, le permita la mayor explotacin posible. Para

ello le apuesta a la ruptura del tejido social del resto de la so-ciedad, a fin de que esta parte explotada y oprimida no tenga capacidad de organizarse, luchar y poner en tela de juicio la dominacin capitalista. Las guerras son el mejor ejemplo de lo anterior. No se trata solo de destruir las fuerzas productivas del oponente, sino de colapsar las bases organizativas de la sociedad misma.

La ruptura del tejido social en Mxico ha entrado en una nueva fase. La violencia estructural y la dirigida contra am-plios sectores de la poblacin buscan polarizar an ms a las diferentes clases sociales. La guerra contra el narcotrfico, en nuestra opinin, es contra el pueblo, la sociedad, pero no toda, sino los que se oponen o no se subordinan a la pro-fundizacin del neoliberalismo. Una guerra clasista en este sentido.

Con la ruptura del tejido social, el Estado pretende orillar

a la sociedad a permanecer en extremos opuestos. En uno la parte de la poblacin que no solo apoya incondicionalmente la estrategia de seguridad del Estado, sino que tambin es parte activa ah, convirtindose en la base social que la legitima y reproduce. Por otro lado est el segmento en desacuerdo con la estrategia de seguridad del Estado o con una parte de ella, incluso que solo cuestiona su validez, mostrada as como un enemigo interno y, por tanto, como un objetivo por neutra-lizar o eliminar desde la lgica estatal.

Con este tipo de estrategia de terror se profundiza la divisin social que lleva a una diferenciacin radical entre ellos y noso-tros. La polarizacin social revela as su contenido de clase.

ESTADO TERRORISTA

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Podramos sostener la hiptesis de que, subyacente a los procesos que tienen lugar en el nivel de la conduccin po-ltica el terreno donde se enfrentan izquierdas y derechas, se disputan las reglas del juego econmico y se im-plantan las polticas de los gobiernos electos, una fuerza ms profunda y slida dispone las economas naciona-les segn un orden rgido? La hiptesis de que, al margen de los procesos con-vulsos y contingentes que constituyen la vida poltica de las naciones, ciertas dinmicas estructurales mantendran las economas en niveles estables e incluso predecibles? Sucedera entonces como si la vida de las naciones pudiera juzgarse en dos niveles y pticas. A la vertiginosa serie de acontecimientos que definen la biografa particular de un pas crisis, reformas, elecciones, polticas pblicas, cambios de rgimen y hasta conflictos armados, y en los cuales la voluntad de los implicados es determinante, se opondra, en el largo plazo y desde un punto de vista global, una tendencia ordenadora que neutraliza todos estos sucesos y conduce a las naciones hacia resultados regulares. Los periplos que

singularizan a cada pas perderan im-portancia ante la accin de dinmicas subyacentes, que en el mediano plazo los reconducen hacia un estadio prede-terminado por coacciones externas.

Por ahora, la hiptesis nada dice de la naturaleza del Estado, mucho menos de su imbricacin con los procesos eco-nmicos. Se limita a sugerir que, en el concierto de las naciones, cada una de ellas es empujada como por una mano invisible (otra mano invisible) hacia de-terminado nivel econmico al que per-tenece como por fatalidad. Utilizamos a sabiendas la metfora: si en los mecanis-mos del libre mercado Adam Smith cre-y entrever la accin de una fuerza que trueca el inters personal en un beneficio general, aqu hablaramos de una fuerza de signo inverso por cuya accin los ga-nadores y los perdedores del juego de la economa siempre son los mismos y en un orden semejante.

Presentaremos a continuacin algunas escenas para avanzar en la fundamenta-cin de esta hiptesis economicista. Di-cha labor pasa por detectar la presencia de mecanismos externos a los esfuerzos individuales e incluso de las decisiones

JESS SUAStE

DEVASTACIN DE ESTADO

OtRA MANO

PARA uNA HIPtESIS ECONOMICIStA(PRIMERA PARtE)

colectivas que tendemos a identificar con los movimientos del Estado-nacin.

a. De la voluntad individual. En nuestra entrega anterior centramos la atencin en que, de acuerdo con los estudios de la OCDE, el nuestro es el pas donde ms horas se trabaja anualmente a cam-bio de una de las peores remuneraciones. El dato tiene la mayor relevancia dado que basta para echar abajo al menos dos prejuicios ampliamente admitidos. Primero, la insultante idea de que los pueblos del tercer mundo estaran afec-tados por una suerte de pereza congni-ta, causa ltima de su pobreza. Segundo, el extendido prejuicio fundamento tico del capitalismo de que hay una relacin directa y justa entre el esfuerzo y la ganancia, entre la cantidad de traba-jo rendido y la remuneracin obtenida, en cuyo caso, de acuerdo con el mismo informe, los pueblos ms pobres debe-ran ser los ociosos daneses, noruegos, alemanes y holandeses (quienes trabajan entre 1,500 y 1,300 horas anualmente) y no los hiperlaboriosos chilenos, grie-gos, coreanos y mexicanos (quienes se desloman por alrededor de 2,100 horas

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cada ao). Ms an, las ochocientas cin-cuenta horas extra de trabajo anual que median entre los extremos de la tabla, es decir, nosotros y los holandeses, debe-ran traducirse en mayor calidad de vida a favor nuestro. Sin embargo, los hechos apuntan en el sentido opuesto. Si es po-sible extraer una correlacin consistente entre estas variables (tiempo trabajado y nivel econmico), resulta que los pases con los mayores ingresos tienden hacia jornadas ms breves, mientras que las horas extra son monopolio de los pa-ses en precariedad.1 As, mientras la tica capitalista promete que una gran riqueza es efecto de un trabajo ms in-tenso y extenso, los hechos muestran que tal riqueza es la causa un trabajo menor. El trabajo es fruto de la despo-sesin como el ocio lo es de la riqueza. En esa medida, la situacin entre pases desarrollados y pobres no difiere de la relacin entre trabajadores y capitalis-tas: lo que se presenta primero como contrato comercial entre socios libres se expresa luego como reparticin desigual de los tiempos de trabajo y de disfrute. La divisin mundial del trabajo repro-duce la moraleja contenida en la teora de Marx: en el capitalismo trabajar no suele ser buen negocio.

Que el resultado general de una eco-noma sea independiente de la cantidad de trabajo rendido por sus habitantes re-mite a dinmicas producidas en un nivel distinto del correspondiente a la volun-tad de los individuos. Sera lcito llevar ms all este principio, hasta preguntar-nos por la eficacia de las decisiones esta-tales en relacin con la economa global en otros trminos, por la capacidad real de la voluntad colectiva expresada en el Estado para incidir en el curso de los procesos econmicos?

b. De la voluntad colectiva. El ejercicio es el siguiente: ordenar jerrquicamente las naciones de acuerdo con el tamao de su PIB per cpita y analizar la evolucin histrica de sus movimientos valindo-nos del ndice de correlacin (donde 0 indica correlacin nula, y 1 perfecta), considerando que dicho ndice puede

funcionar como un indicador del gra-do de dependencia de una economa respecto de su pasado y, en esa misma medida, un ndice de la estabilidad de la dinmica global.

Los datos varan de acuerdo con las distintas investigaciones pero las ten-dencias generales se mantienen. Por

ejemplo, segn el ERS International Macroeconomic Data Set, que presenta un clculo del PIB per cpita para 190 pases, de 1969 a 2013, los ordenamien-tos de estos aos mantienen entre s un grado de correlacin de .88. A 44 aos de distancia, el estado de la economa en el lejano 1969 influye con vigor (proba-blemente ms que cualquier otra varia-ble) en el estado de esa economa para el futuro. Segn la informacin recopilada por el Banco Mundial, que abarca 191 pases, el ndice de correlacin entre el orden econmico de 1962 y el de 2013 es de .86. Los 51 aos de distancia no bastan para debilitar la fuerte asociacin entre ellos. Y segn la informacin del Proyecto Maddison, el ndice de corre-lacin entre los rdenes econmicos de 1950 y 2008 para 140 pases es de .78. El alto grado de correlacin, claro est, no impide a ciertos pases conse-guir desplazamientos extraordinarios en la jerarqua. ste es el caso de China o

ReFeRencias

ndice para una vida mejor 2013, OCDE. En http://www.oecdbetterlifeindex.org/ Catalog Sources World Development Indi-cator, World Bank National Accounts Data, and OECD National Accounts Data Files, 2015. En shttp://data.worldbank.org/indi-cator/NY.GDP.PCAP.CD ERS International Macroeconomic Data Set, United States Department of Agriculture Economic Research Service, 2015. Disponible en http://www.ers.usda.gov/dataproducts/internationalmacroeconomicdataset.aspx Maddison Historical GDP Data, enhttp://www.worldeconomics.com/Data/Ma-disonHistoricalGDP/Madison%20Histori-cal%20GDP%20Data.efp

Taiwn, cuyo desarrollo se basa en la su-perexplotacin de la fuerza de trabajo, o Guinea Ecuatorial, donde el descubri-miento de grandes yacimientos petro-leros lo catapult en una dcada como poderosa economa. El estudio de estos casos ser fundamental para determinar los medios por los cuales un pas rompe la inercia que arrastra a la mayora de los pases y los encasilla. La excepcin, empero, no es menos importante que la regla: por ejemplo, si del concentra-do presentado por la investigacin de Maddison retiramos a los 10 pases ms voltiles, el ndice de correlacin para los 180 restantes en los mismos 44 aos asciende hasta .94.

Estos datos, nos llevan a suponer que, comparativamente, las economas tienden a establecerse en el mismo ran-go. Un anlisis ms detenido de estas tenencias podr determinar con mejor los alcances de la hiptesis, que apunta a sugerir que el margen de maniobra del Estado es mucho ms estrecho del que de ordinario imaginamos. Adentrarse en dicho anlisis ser el objeto de la conti-nuacin de esta entrega...

1 Corea representa una excepcin de la regla. Su desempeo, con el resto de los llamados Tigres asiticos, constituye un caso extraordinario que merece anlisis aparte a propsito de los costos del creci-miento econmico.

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Todo Estado est fundado en la vio-lencia, dijo Trotsky. Objetivamente esto es cierto [] La violencia no es, natu-

ralmente, ni el medio normal ni el nico medio de que el Estado se vale, pero s es

su medio especficoMax Weber

Toda consideracin sobre la dominacin poltica contempornea conduce inevi-tablemente a analizar dos caractersticas inherentes al poder estatal: por un lado, la articulacin entre fuerza y consenso; y por el otro, la particularizacin del Esta-do como poder separado de la sociedad y por encima de sta. Ambas condicio-nan la suerte de la intervencin estatal en la reproduccin del sistema econ-mico, as como en la contencin de los antagonismos sociales. El poder poltico reviste la forma de un aparato pblico impersonal, resuma Evgeny Pasukanis. Para entenderla es preciso examinar las formas de articulacin entre violencia y consenso, y discernir los vnculos entre los poderes pblicos y los intereses de la clase dominante.

cOeRcin

La historia reciente de los medios de eje-cucin del poder estatal tribunales, ad-ministracin, ejrcito, policas, alguaciles,

crceles sintetiza las grandes evolucio-nes estructurales de la fase actual del ca-pitalismo. Igual que el conjunto de los servicios pblicos, esas instituciones han enfrentado medidas de austeridad y una degradacin de las condiciones laborales de la mayora de sus integrantes. El des-bordamiento de los jueces y e