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© UNIVERSIDAD DE JAÉN 1

RIESGOS NATURALES Y CARTOGRAFÍA CATASTRAL

Tomás Fernández del Castillo Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Universidad de Jaén

[email protected]

Manuel Alcázar Molina Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Universidad de Jaén

[email protected] RESUMEN: En este trabajo se examinan las relaciones entre los riesgos naturales, el catastro, la cartografía y las valoraciones catastrales. En la evaluación de riesgos naturales entran en juego tres factores que son la peligrosidad o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino, la exposición de los elementos del territorio a ese fenómeno, y su vulnerabilidad. De todos ellos, la exposición y su valoración en términos humanos, sociales y económicos es quizá la cuestión que menos se ha desarrollado en estos estudios. El catastro, como inventario detallado de los bienes inmuebles de un país, sobre una base geográfica, es una herramienta de gran importancia a la hora de identificar algunos de los elementos del territorio que pueden ser afectados por un fenómeno de riesgo, y sobre todo sirve de base para una valoración económica detallada y fiable de los bienes inmuebles, tanto en el caso de rústica como de urbana. Además, en el trabajo se discuten algunos aspectos derivados de la utilización de datos y cartografía catastral en la ordenación del territorio, la protección civil y las políticas de seguros. Palabras clave: riesgos naturales, cartografía, geomática, catastro, ordenación del territorio. 1. INTRODUCCIÓN Por riesgo natural se entiende, de forma general, la posibilidad de que un territorio y la sociedad que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario (Olcina y Ayala, 2002). Según esta definición, para que se pueda hablar de riesgo es necesario no sólo que se produzca un proceso potencialmente dañino –un peligro- por su intensidad o severidad, sino que además haya algún elemento humano o material que esté amenazado por dicho proceso. Hay, pues, una diferencia entre peligro y riesgo; en este último se han de tener en cuenta otros factores como la exposición de los elementos (bienes y personas) y su vulnerabilidad ante un fenómeno. En todos estos casos, no obstante, se está hablando en términos de posibilidad o potencialidad, mientras que los vocablos desastre y catástrofe, hacen referencia a un suceso o evento que ya se ha producido (Olcina y Ayala, 2002). De forma técnica el riesgo natural se define como el daño o pérdida esperable a consecuencia de la acción de un peligro sobre un bien a preservar, sea la vida humana, los bienes económicos o el entorno natural. A partir de esta definición se desprende que el riesgo se puede y debe evaluar y, además, que se puede hacer de forma cuantitativa, a partir de la evaluación de sus componentes. Esta evaluación parte de la fórmula general del riesgo (Varnes, 1984), adoptada por la UNDRO (United Nations Disaster Relief Organization):

R = Σ Pi * E * Vi donde R es el riesgo, P la peligrosidad, E la exposición y V la vulnerabilidad. La expresión de la fórmula del riesgo es una sumatoria o integral, según la cual aparece otro concepto, el de riesgo específico, como el asociado a un riesgo y bien determinado (Pi * Ei * Vi), frente al riesgo total como la sumatoria de todos los riesgos específicos.

1er Congreso Internacional de Catastro Unificado y Multipropósito 1st International Congress on Unified and Multipurpose Cadastre

2 ISBN 978-84-8439-519-5

El riesgo se ha de evaluar en distintos aspectos (Olcina y Ayala, 2002; Ministerio Vivienda Perú, 2007): en primer lugar hay que considerar el riesgo humano o social (Moral y Pita, 2002), que se estima en términos de vidas humanas perdidas, aunque también se han de tener en cuenta los damnificados física (heridos) y psicológicamente; en segundo lugar, se ha de cuantificar en términos económicos como el total de las pérdidas económicas esperadas debidas a los peligros o amenazas (González, 1988; Ayala et al., 2004); y, en tercer lugar, hay que evaluar el riesgo ambiental, es decir, el impacto sobre el entorno natural. Aunque es deseable realizar estimaciones cuantitativas, también es posible hacer caracterizaciones cualitativas del riesgo. Un último concepto relacionado es el de pérdida admisible, que permite establecer criterios para determinar qué riesgo es o no tolerable, con o sin medidas de mitigación (Ayala, 2000). La peligrosidad se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente generador de riesgo, con una severidad dada, en un lugar y periodo de tiempo determinados. Para establecer de forma precisa la probabilidad hay que manejar algunos conceptos como la severidad (Olcina y Ayala, 2002) o intensidad del fenómeno (que es inversamente proporcional a la probabilidad), el periodo de retorno (número de años considerados para la evaluación) o la probabilidad anual (inversamente proporcional al periodo de retorno) de excedencia (superación de una intensidad dada). Un concepto importante, aunque de menor nivel, es el de susceptibilidad o probabilidad espacial del territorio (Brabb, 1984), que muchas veces es todo lo que se puede determinar en relación con los datos disponibles. La exposición es el conjunto de bienes (humanos y materiales) a preservar que pueden ser dañados por la acción de un peligro, por lo que también se conocen como elementos en riesgo. Incluye no sólo el hecho de la propia exposición de los bienes por su ubicación espacio-temporal, sino la valoración de los mismos en los distintos términos considerados, no sólo económica, sino también social y ambiental. La vulnerabilidad es el grado de pérdidas esperado de un determinado bien expuesto por la acción de un peligro de una determinada intensidad. Depende, por lo tanto, de la severidad, pero también de las medidas de protección que se hayan tomado. El análisis y la estimación del riesgo, así como sus diferentes niveles y factores tiene, además del interés científico intrínseco, la evidente finalidad de evitar o al menos mitigar los daños producidos por los procesos de riesgo, lo que se conoce como gestión del riesgo (Ayala, 2002). La prevención que supone disponerse o prepararse con anticipación ante un hecho, en este caso se define como el conjunto de acciones para mitigar o eliminar el riesgo y preparación para la acción post-desastre. Implica una cierta predicción –definición del lugar, el momento y la magnitud y tipo de proceso que se va a desarrollar- y previsión –anticipar las consecuencias que conllevará el proceso y, en consecuencia, las actuaciones a realizar (García, 1988). La gestión del riesgo implica la materialización de una serie de medidas mitigadoras que se dividen en dos grandes grupos, las estructurales y las no estructurales, y que actúan sobre los distintos componentes del riesgo (Ayala, 2000; 2002). Las medidas destinadas a reducir la peligrosidad son siempre pre-proceso, y en general de carácter estructural y bastante limitadas. Sin embargo, el simple conocimiento de la peligrosidad o, en su defecto, la susceptibilidad del terreno a un determinado proceso, puede ser suficiente para implementar medidas que disminuyan las otras componentes del riesgo, esto es, la vulnerabilidad y la exposición. Las destinadas a la minoración de la exposición se basan generalmente en la planificación y ordenación territorial (a su vez retroalimentada por la peligrosidad y la vulnerabilidad), en la Protección Civil (evitación temporal de la exposición en el momento del desastre), así como en medidas estructurales (obras de contención, encauzamientos de ríos, etc.). Por su parte, la valoración de la exposición es de gran utilidad a la hora de sensibilizar a la sociedad y los cargos políticos, así como de establecer una adecuada política de seguros. Finalmente, la

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también actúan de forma indirecta en la reducción de la vulnerabilidad e incluso la propia peligrosidad en el pre y en el post-desastre. Dentro de las cartografías de riesgo hay varios niveles, cada uno de los cuales es importante en la prevención de los riesgos naturales, aunque la evaluación final del riesgo de acuerdo a la ecuación general es la que proporciona la información más integrada y completa y, en consecuencia, es a lo que se debe apuntar. En la figura 1 se muestran las distintas cartografías de riesgo aplicadas a los movimientos de ladera (Chacón et al, 1992). 2.1. Susceptibilidad La susceptibilidad es el nivel más sencillo dentro de las componentes del riesgo y expresa como se ha dicho anteriormente la probabilidad espacial; concretamente, según Brabb (1984), que la define en el ámbito de los movimientos de ladera, la susceptibilidad es la probabilidad o posibilidad de que suceda un fenómeno de riesgo en una zona específica y en un futuro no determinado en función de la correlación de los factores condicionantes del proceso con la distribución de los eventos pasados. La simple cartografía de susceptibilidad o incluso de la distribución de los eventos previos o los factores condicionantes o determinantes de un fenómeno, es una herramienta muy eficaz de planificación, puesto que muestran a los planificadores y tomadores de decisiones la ubicación de las zonas en las que ha ocurrido o puede ocurrir (de acuerdo al principio del actualismo) un proceso potencialmente dañino. Es, por lo tanto, un instrumento básico para la ordenación del territorio, como medida pre-desastre y anti-exposición, ya que puede evitar o al menos reducir la ubicación de elementos en riesgo en una zona determinada del territorio. La susceptibilidad del terreno es muchas veces una de las pocas cosas que se puede modelar en función de los datos existentes, ya que, en general, resulta bastante factible el disponer de evidencias de eventos pasados y de cartografías de los factores condicionantes (geología, clima, biología, hidrografía, etc.). Por el contrario, contar con información temporal no siempre es fácil, especialmente en procesos muy extendidos pero de un bajo impacto individual. Las técnicas geomáticas son aplicables a todos los niveles y escalas desde el inventario de eventos (topografía clásica y GPS, escáner-laser terrestre, fotogrametría, lidar aerotransportado, teledetección óptica y radar) hasta el uso de Sistemas de Información Geográfica (Chacón e Irigaray, 1999) para la modelización de la susceptibilidad por combinación de mapas de inventario y factores determinantes. En la figura 1 se presenta el flujo de una metodología de susceptibilidad a los movimientos de ladera, con varias fases (Chacón et al., 1992):

¬ Inventario de fenómenos o procesos.

¬ Inventario y cartografías de factores

¬ Análisis de factores determinantes (correlación cruzada entre factores y fenómenos)

¬ Modelado de la susceptibilidad, mediante métodos estadístico-probabilísticos, más o menos complejos, métodos deterministas o basados en la experiencia.

¬ Comprobación o validación de los modelos obtenidos por correlación cruzada con inventarios o muestras distintas a aquellos que se utilizaron en el análisis.

Las Infraestructuras de Datos Espaciales, como extensión del concepto de SIG a la red y las consecuencias que esto trae en cuanto a disponibilidad de datos, fiabilidad de los mismos e impulso a la compartición y transferencia de la información geográfica, son un aspecto a tener muy en cuenta hoy día en estos análisis. Por último, no se han de olvidar ni infravalorar las


técnicas de representación cartográfica (convencionales o más sofisticadas como los modelos realistas en 3D y animaciones) que desempeñan un papel fundamental a la hora de concienciar a la sociedad, planificadores y tomadores de decisiones. En la figura 2 se muestran los mapas de susceptibilidad y peligrosidad para distintos procesos en un ejemplo simulado y en la tabla 1 los resultados del análisis areal.

Terremotos Deslizamientos Inundaciones Sequía Plagas

Figura 2. Mapas de susceptibilidad y peligrosidad (30 años) en el ejemplo propuesto.

Tabla 1. Análisis de susceptibilidad y peligrosidad (30 años) en el ejemplo propuesto.

Zona 1: Rústica Riesgo sísmico Deslizamientos Inundaciones Sequía Plagas S P Area S P Area S P Area S P Area S P Area

100 26 10000 100 95 1000 100 96 4000 100 99 10000 100 100 10000

50 48 1000 0 71 6000

25 24 2000 45

10 10 2500 26

5 5 3500 0

Zona 2: Urbana Riesgo sísmico Deslizamientos Inundaciones Sequía Plagas S P Area S P Area S P Area S P Area S P Area

100 14 10000 100 95 500 100 96 6000 100 99 10000 100 100 10000

50 48 500 0 71 4000

25 24 1500 45

10 10 2000 26

5 5 5000 0

S: Susceptibilidad; P: Peligrosidad en %. Area en m2 2.2. Peligrosidad La peligrosidad, como se indicó antes, supone la determinación de la probabilidad espacio-temporal, es decir, la probabilidad de que se produzca un fenómeno de una severidad determinada no sólo en el espacio, sino en un tiempo dado, llamado periodo de retorno. La


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determinación de la peligrosidad se hace bastante acuciante en la sociedad de hoy en día donde prima la actualidad en los medios de comunicación y en la actuación política. Por lo tanto, de cara a una concienciación social y a una llamada de atención a los políticos y tomadores de decisiones, se hace necesario no sólo mostrar donde se pueden producir los fenómenos sino cuándo y con qué frecuencia. Se ha de evitar, no obstante, que la mitigación de peligros con un periodo de retorno elevado sea postergada, especialmente los de alta intensidad. Para la determinación de la peligrosidad es necesario datar con la mayor exactitud la fecha de ocurrencia o al menos disponer de un cierto conocimiento sobre la frecuencia con que se producen los procesos, o de sus factores activadores o desencadenantes (por ejemplo el conocimiento de la frecuencia de eventos lluviosos por encima de una intensidad determinada puede llevar a conocer la frecuencia de activación de movimientos de ladera). Las técnicas de datación pueden basarse en registros históricos –sólo disponibles para eventos catastróficos–, observaciones de campo (morfología del terreno, indicios geológicos, etc.), isótopos radiactivos, o, de forma más limitada en el tiempo, fotografía (aérea y terrestre) histórica e imágenes de satélite. A partir de estos estudios es posible determinar el periodo de retorno de un evento de una determinada intensidad y en consecuencia la probabilidad anual o en una serie de años (Olcina y Ayala, 2002). En este sentido, resulta bastante útil contar con escalas cuantitativas para medir la intensidad, como en el caso del riesgo sísmico (Mercalli o MKS). Puesto que la peligrosidad tiene una distribución espacial, se puede expresar cartográficamente en mapas de peligrosidad anual o de peligrosidad en distintos periodos de retorno (por ejemplo, 30 años, como en la figura 2). Nuevamente, las técnicas geomáticas son absolutamente cruciales (Jorge, 2002), desde la fase de inventario al análisis y presentación de los resultados (tabla 1). 2.3. Exposición al riesgo La exposición presenta dos vertientes, la primera derivada de la propia localización de elementos en riesgo en zonas de alta susceptibilidad o peligrosidad; la segunda, de la valoración de estos elementos (Varnes, 1978). Una adecuada y completa localización y valoración de los elementos en riesgo es realmente importante a la hora de la concienciación, pues se ponen de manifiesto y se cuantifican los elementos que pueden ser afectados por un peligro. La exposición o localización de los elementos en riesgo respecto a las zonas de peligrosidad es bastante sencilla de determinar con técnicas cartográficas y SIG, a partir de los cruces entre las distintas capas de información. Los elementos en riesgo están presentes en las cartografías generales (vías de comunicación, población, construcciones, edificaciones, elementos culturales, usos del suelo, etc.) y temáticas (cultivos y aprovechamientos, inventario forestal, minería, lugares de interés turístico, histórico o ecológico, población, etc.). En este sentido, la cartografía catastral (rústica y urbana) contiene información de interés, en cuanto a inventario detallado de bienes y propiedad de esos bienes, pero sobre todo va a ser relevante por cuánto se constituye en la base de la valoración del territorio y los bienes situados en él. La valoración de los elementos es el segundo paso para determinar esta componente del riesgo (Olcina y Ayala, 2002); por un lado está la valoración social, la cual se determina de forma directa como el número de personas (población) expuestas al riesgo; por otro lado, está la valoración ambiental, la cual es posible estimar a partir de inventarios y cartografías ambientales (vegetación, fauna, geología y geomorfología, hidrología, etc.); y, por último, englobando –que no obviando- a las anteriores se encuentra la valoración económica, que se puede estimar a partir de distintas fuentes. Así, la valoración agraria –realizada en España por técnicos del Ministerio de Agricultura- se ocupa de los cultivos y aprovechamientos; los datos de construcción de obras civiles de distintas administraciones, permiten valorar estos elementos;


los estudios de mercado inmobiliario, del suelo y las edificaciones; y los datos de compañías aseguradoras, de la estimación de los daños en bienes personales y de las propias personas. Es en esta línea, donde la cartografía catastral y la valoración correspondiente pueden constituirse en una herramienta de primer orden para la estimación cuantitativa de los elementos en riesgo y, en consecuencia, del propio riesgo. La valoración catastral, tanto rústica como urbana, presenta un gran detalle, lo que permite su empleo en escalas grandes (mapas de riesgos en núcleos urbanos y municipios), aunque también en escalas más reducidas y zonas más amplias, mediante generalización. Además, abarca un gran número de elementos del territorio (todos los bienes inmuebles públicos y privados, rústicos y urbanos), aun cuando no alcanza con igual detalle a otros elementos como las obras civiles, que, no obstante, aparecen registrados en el Catastro. Otra limitación importante es la ausencia de la valoración de los bienes muebles privados o los equipamientos públicos, que igualmente hay que deducir de otras fuentes. En la figura 3 se muestran los elementos en riesgo de la simulación propuesta y en la tabla 2 se muestra el análisis de los mismos, junto a su vulnerabilidad.

Tabla 2. Valoración y vulnerabilidad de los elementos en riesgo en el ejemplo propuesto.

Zona 1: Rústica

Usos del suelo Suelo Construcción Vulnerabilidad

Area T.E. VR Area MBC VC Ter Desl Inu Seq Pla

Cultivo Cereal 2500 400 0,10 0,10 0,30 1,00 0,75 0,80

Olivar 3000 600 0,18 0,10 0,20 0,50 0,30 0,75

Natural Pinar 500 200 0,05 0,10 0,20 0,50 0,15 0,50

Matorral 1000 50 0,01 0,10 0,20 0,75 0,10 0,20

Edifica

Vivienda 400 100 40 500 250 125 0,40 0,50 0,40 0,00 0,10

Nave ganad 250 60 15 250 150 37,5 0,50 0,50 0,30 0,10 0,50

Caseta 50 10 0,50 50 120 6 0,75 0,70 0,50 0,00 0,00

Comun.

Carretera 1000 600 60 0,20 0,75 0,30 0,00 0,00

Camino 250 60 3 0,10 0,50 0,40 0,00 0,00

Acceso 50 60 0,6 0,10 0,50 0,40 0,00 0,00

Otros Lecho río 1000 0 0 0,00 0,20 0,75 0,00 0,00

Zona 2: Urbana Suelo Construcción Vulnerabilidad

Area MBR VR Area MBC VC Ter Desl Inu Seq Pla

Edifica

Residencial 2000 250 500 6000 400 2400 0,50 0,25 0,20 0,00 0,10

Viviendas 2500 250 625 4000 500 2000 0,50 0,50 0,40 0,00 0,10

Oficinas 1000 250 250 7000 600 4200 0,40 0,40 0,30 0,00 0,00

Comun. Calles 2000 150 300 0,20 0,75 0,30 0,00 0,00

Equipam. 1500 150 225 0,00 0,20 0,75 0,00 0,00

Otros Lecho río 1000 0 0 0,10 0,50 0,30 0,00 0,00 TE: Tasa Equivalente, MBR/MBC: Módulo Básico Repercusión/Construcción en €. Valoración VR/VC en miles €.


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Figura 3. Elementos en riesgo en el ejemplo propuesto.

2.4. Vulnerabilidad La vulnerabilidad es el grado de pérdidas esperables por un fenómeno de una determinada intensidad o severidad (Varnes, 1978). Su determinación es necesaria para matizar a los factores anteriores, ya que un peligro puede afectar de distinta manera –e incluso no afectar- a los elementos en riesgo. La vulnerabilidad ha de ser valorada por especialistas en las construcciones o explotaciones (ingenieros y arquitectos), pero también pueden intervenir especialistas del campo de la salud, el patrimonio, etc. En este sentido es quizá el factor del análisis de riesgos que presenta mayores carencias, ya que no se dispone de estudios ni de datos fiables o extendidos, con la notable excepción de la norma sismorresistente (Martín, 2002). La forma de incorporar los datos de vulnerabilidad es a través de una capa de información cuantitativa en una escala 0-1 para cada tipo de fenómeno e intensidad del mismo (tabla 2). 2.5. Riesgo El riesgo se define como la sumatoria de los productos de la peligrosidad, exposición-valoración y vulnerabilidad calculados para cada uno de los elementos en riesgo, afectados por un peligro en una zona determinada. Si en la zona intervienen más de un proceso de riesgo o peligro, se sumaran a su vez los resultados obtenidos para el riesgo unitario en cada uno de ellos.

La obtención del riesgo a partir de sus factores es un caso típico de superposición de capas, que se lleva a cabo en Sistemas de Información Geográfica, una vez que se han modelado previamente dichos factores. La forma de proceder es determinar la peligrosidad media para cada uno de los elementos en riesgo y, a continuación, multiplicar por la vulnerabilidad y la valoración de la exposición al riesgo. De esta manera, se obtienen los riesgos específicos, que sumados dan lugar al riesgo total. En la tabla 3 se incluyen los datos de riesgo específico.


Tabla 3. Análisis del riesgo en el ejemplo propuesto.

Zona 1: Rústica

Usos del suelo Area Peligrosidad media Riesgo específico

Ter Desl Inu Seq Pla Ter Desl Inu Seq Pla

Cultivo Cereal 2500 26 6 30 99 100 0,00 0,00 0,03 0,07 0,80

Olivar 3000 26 21 10 99 100 0,01 0,01 0,01 0,05 0,75

Natural Pinar 500 26 40 22 99 100 0,00 0,00 0,01 0,01 0,50

Matorral 1000 26 46 40 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20

Edifica

Vivienda 400 26 28 24 99 100 17,2 23,1 15,8 0,00 0,10

Nave ganad 250 26 6 48 99 100 6,83 1,58 7,56 5,20 0,50

Caseta 50 26 5 26 99 100 1,27 0,23 0,85 0,00 0,00

Comun.

Carretera 1000 26 27 20 99 100 3,12 12,2 3,60 0,00 0,00

Camino 250 26 6 28 99 100 0,08 0,09 0,34 0,00 0,00

Acceso 50 26 24 26 99 100 0,02 0,07 0,06 0,00 0,00

Otros Lecho río 1000 26 38 100 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zona 2: Urbana

Suelo Area

Peligrosidad media Riesgo específico

Ter Desl Inu Seq Pla Ter Desl Inu Seq Pla

Edifica

Residencial 2000 14 5 35 99 100 203 36,2 203 0,00 0,10 Viviendas 2500 14 36 22 99 100 184 473 231 0,00 0,10 Oficinas 1000 14 5 31 99 100 249 89,0 414 0,00 0,00

Comun Calles 2000 14 9 55 99 100 8,40 20,3 49,5 0,00 0,00 Equipam. 1500 14 25 25 99 100 0,00 11,3 42,2 0,00 0,00

Otros Lecho río 1000 14 5 96 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Peligrosidad media en %; Riesgo específico en miles de €. 3. RIESGOS NATURALES, CATASTRO Y VALORACIONES Las relaciones entre los riesgos naturales y el Catastro se pueden establecer básicamente de dos formas, según el aspecto que consideremos como previo. Por un lado –en la línea de lo ya apuntado previamente- se puede considerar el uso del Catastro y la valoración catastral como base para la evaluación de los elementos en riesgo y finalmente del riesgo mismo; y en segundo lugar, se puede considerar la inclusión de los resultados del análisis de riesgos –y de sus factores- en los datos catastrales, retroalimentando al cálculo de la valoración (Borrero, 1999). 3.1. El Catastro y los elementos en riesgo El Catastro se define como el registro detallado de los bienes inmuebles de un país, con descripción de sus características económicas, físicas y jurídicas (Alcázar, 2007). De esta definición es importante –en lo que nos ocupa- la consideración del catastro como un inventario detallado, exhaustivo y completo, por lo que, aunque sólo cubra una parte de la geografía de un país, como ocurre en algunos modelos que están en fase de implantación o se encuentran enmarcados dentro de responsabilidades municipales, su empleo en los análisis de riesgos está plenamente justificado.


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La inclusión de las características físicas es lo que da sentido cartográfico y geográfico al catastro, y resultan básicas en la evaluación del riesgo en dos sentidos: el análisis generalmente se basa en la superposición de capas de información geográfica, lo que exige una buena exactitud geométrica o especial; y, por otro lado, la valoración económica del riesgo tiene en cuenta, entre otros aspectos, a las superficies o áreas (en nuestro caso de las parcelas catastrales). En cuanto a las características jurídicas (principalmente la titularidad/propiedad), éstas son importantes en algunos aspectos, como en la estimación de la población residente en cada una de los inmuebles –a través de la identificación vía cédula de datos de empadronamiento y seguridad social-, lo que permite la valoración del riesgo humano o social. En éste ámbito la discusión sobre titular catastral/propietario pierde validez, en tanto en cuanto se trata de vidas humanas, y lo que interesa es conocer los datos identificativos de las personas; o el número aproximado de habitantes que pudieran verse afectados a través de información estadística complementaria, o por aproximaciones derivadas de las superficies catastradas. En el aspecto económico, la inclusión de algunas variables explicativas para estimar el valor catastral, la renta catastral o el valor de mercado, son definitivos para cuantificar los daños que pudieran originarse. La mayor parte de los modelos catastrales contemplan la inclusión de los cultivos existentes, coberturas forestales, la infraestructura más destacada y pueden identificarse, en ocasiones, vías de acceso, cursos de agua permanentes o torrenciales y densidades de las plantaciones forestales. Por su parte, en los catastros urbanos la inclusión de variables como: antigüedad de la edificación, estado de conservación, calidad constructiva, uso y destino, alturas, etc., son la base de cualquier estudio detallado de riesgos. En concreto, el Texto Refundido de la Ley de Catastro (1/2004), indica en su artículo 23 que, para la determinación del valor catastral se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) La localización del inmueble, las circunstancias urbanísticas que afecten al suelo y su aptitud para la producción.

b) El coste de ejecución material de las construcciones, los beneficios de la contrata, honorarios profesionales y tributos que gravan la construcción, el uso, la calidad y la antigüedad edificatoria, así como el carácter histórico-artístico u otras condiciones de las edificaciones.

c) Los gastos de producción y beneficios de la actividad empresarial de promoción, o los factores que correspondan en los supuestos de inexistencia de la citada promoción.

d) Las circunstancias y valores del mercado.

e) Cualquier otro factor relevante que reglamentariamente se determine.

De acuerdo con lo expuesto, este uso pudiera ser un acicate más para que los responsables catastrales buscasen su generalización a todo el territorio. La actividad agraria suele concentrarse en terrenos en los que el riesgo de pérdidas humanas no es muy elevado, y en los que no es extraño que se hayan realizado catastros con fines exclusivamente fiscales o de titulación. En cambio, en las zonas con elevado índice de peligrosidad no suele establecerse explotaciones permanentes, por lo que no es extraño que no se cuente con un catastro gráfico. La estimación de este riesgo sería, sin duda, una de las líneas de argumentación en la búsqueda de recursos económicos y humanos para la implantación catastral universal. En cambio, en el ámbito urbano, la colonización y la ocupación ilegal para el establecimiento de asentamientos destinados a viviendas, sí suele concentrarse en las zonas marginales de las grandes ciudades (agrupaciones de chavolas, favelas, bidonvilles, villas miseria, infraviviendas, colonias,…), en las que los riesgos son elevados. Basta con realizar un breve recorrido en


hemerotecas para comprobarlo. En estas zonas, en las que la pérdida de vidas debidas a accidentes naturales son una constante, debería estar plenamente justificada la elaboración de un catastro fiable, en el que se incluyesen las variables explicativas suficientes para actuar de forma preventiva o, al menos, establecer modelos de simulación que facilitasen las salvación de vidas humanas. Sin duda alguna, esta aplicación sería una de las más importantes en los modelos de catastro multipropósito que se están desarrollando. 3.2. Valoración económica de los elementos en riesgo La valoración de los elementos en riesgo, como se ha indicado, responde a distintas vertientes, cada una de las cuales ha de ser cuantificada de forma independiente. Así, a pesar de que los daños sociales/humanos y ambientales de un peligro o amenaza, puedan también en última instancia estimarse en términos económicos (gastos médicos, protección civil, acogida, indemnizaciones, restauración, etc.), es claro que algunas componentes, especialmente la humana (física, psicológica, social), aunque también la ambiental, no se pueden reducir a ella. La valoración de la componente humana se realiza mediante herramientas como el censo de población o los padrones, aunque los datos catastrales y su vinculación con los anteriores, pueden ser importantes para análisis de gran escala o de detalle. De todas formas, un estudio de detalle del riesgo no sólo ha de recaer en el número de habitantes, sino que ha de evaluar las consecuencias físicas y psicológicas que cabe esperar de un fenómeno de una severidad determinada. Esta valoración es bastante compleja y requiere de análisis de situaciones previas. La valoración de la componente ambiental también resulta compleja. Algunos aspectos como los patrimoniales o especies animales o vegetales afectados pueden ser más claros, pero otros como el paisaje, los ecosistemas, etc., pueden resultar más difíciles de valorar, aunque desde hace unas décadas existen metodologías suficientes para intentar cuantificarlas. La valoración económica del riesgo, aun siendo también compleja, es junto con la estimación de las pérdidas humanas la que más se ha desarrollado. Algunos estudios se basan en aproximaciones generales basadas en distintas hipótesis de riesgo y estimación de costes por suceso y habitantes (González, 1988); en otros casos, se realizan por sectores económicos ante la amenaza de un riesgo global como el calentamiento por efecto invernadero. A pesar de ello, hasta ahora, en los análisis de riesgos no se han incluido metodologías valorativas que permitan la estimación de los valores/daños agrarios, urbanos e industriales, de acuerdo con las referencias que configura el mercado. La valoración catastral, en especial aquellos modelos en los que lo que se persigue es la estimación de los valores de mercado, sería el elemento de partida, la fuente de información (previa) indispensable para cuantificarlos a los diferentes efectos que se considerasen: indemnizaciones económicas o entrega de inmuebles sustitutivos. Por otra parte, y de forma complementaria, la cartografía catastral resultaría de gran utilidad en análisis de riesgos en escalas grandes y de detalle (cartografías municipales y de cascos urbanos), y que además, mediante generalización, podrían ser la base de análisis en escalas medianas (mancomunidades, comarcas, e incluso provincias). En escalas más reducidas como las autonómicas y las nacionales, la aplicabilidad es menor ya que la generalización se ve superada y se debe recurrir a otras técnicas de valoración. A continuación se hace una propuesta para la utilización de los datos catastrales y la valoración correspondiente, para la evaluación de riesgos en terrenos urbanos y rústicos.


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3.2.1. Catastro y valoración catastral rústica El catastro rústico en España es un inventario detallado de bienes de esta naturaleza, resultado de una metodología específica y diferenciada del catastro urbano. La unidad sobre la que se basa es la parcela catastral, a los efectos de titularidad; aunque a los efectos de este documento, lo que verdaderamente es de interés es la utilización de las subpacelas catastrales: unidades homogéneas, dentro de la parcela, que son las que describen detalladamente las características físicas y económicas del inmueble. Atendiendo a estas características, se distinguen dentro del Catastro Rústico Español tres tipos de subparcelas: de terreno, son aquellas que presentan unas características uniformes en cuanto a la calificación como expresión del cultivo o aprovechamiento al que se dedica la subparcela, y en cuanto a la clasificación o intensidad productiva dentro de cada clase; de descuento, que son aquellos recintos que han de tener un tratamiento; abstractas, cuando se presenta distintos cultivos o aprovechamientos que no son distinguibles cartográficamente; construcciones agrarias; y construcciones urbanas, generalmente diseminados que, aunque integradas dentro de las parcelas rústicas tienen un tratamiento distinto (como catastro urbano). La clasificación hecha en la figura 3 y la tabla 2 responde a este esquema. La valoración catastral rústica se realiza tomando como unidad las subparcelas, y responde a un proceso técnico-administrativo que culmina con la asignación de un valor catastral a cada de ellas, basándose en la superficie y el tipo evaluatorio (T.E.) calculado por hectárea, en cada uno de los cultivos o aprovechamientos (calificación) y en cada una de las intensidades productivas (clasificación) de un municipio. Partiendo de las rentas reales o potenciales que pudieran generarse, apoyadas en un cultivo e intensidad productiva, se obtiene el valor catastral capitalizándolas, mediante la aplicación del método analítico. Aunque no es ningún secreto que los valores catastrales en España no se aproximan, ni guardan una relación lineal, con los de mercado, en este caso no es una limitación para el uso que se propone en este documento. Los datos: cultivos, superficies, calidades, etc., sí son correctos y, puntual o masivamente, podrían estimarse los valores más probables de mercado apoyándose en esta documentación previa, pública y accesible. Este valor catastral se puede introducir en los análisis de riesgos, de una forma directa si se va a determinar el riesgo anual a partir de la peligrosidad anual. En el caso más frecuente de la determinación del riesgo en un determinado periodo de retorno (30 años, como en el ejemplo) habrá de considerarse el valor medio anual de la serie, ya que la peligrosidad se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno catastrófico, que normalmente afectará a la actividad y producción de un año. Como ya se ha apuntado, en este valor no se recogen otros elementos en riesgo existentes en las parcelas rústicas como los bienes muebles, equipamientos y las propias personas, así como las construcciones civiles (comunicaciones, canalizaciones, etc.) y otros usos especiales. 3.2.2. Catastro y valoración catastral urbana Aunque la distribución en bienes de naturaleza rústica y urbana, cada día tiene menos razón de ser dentro de los denominados catastros unificados, lo cierto es que la información que se captura de cada uno de ellos es diferente –como es lógico- para estimar los valores. En cambio, en materia de cartografía, y salvo por una cuestión de escala, la concepción sí tiene que ser universal: el territorio es continuo, el catastro es continuo y, lamentablemente, los riesgos también los suelen ser.


Con una definición similar, la parcela/bien inmueble presenta una característica propia que en los últimos años ha sido el sustento de numerosos trabajos, su tridimensionalidad (3D. Los bienes inmuebles urbanos suelen estar edificados, en superficie o bajo ella, y son susceptibles de otros riesgos diferentes a los rústicos. Muchos son los datos que se recogen en el catastro urbano de España para identificar con detalle estos bienes; desde una cartografía detallada, a escala 1/100 del mismo, hasta otros imprescindibles para la cuantificación económica por unidad de superficie: uso, destino, calidad, antigüedad, estado de conservación, depreciaciones, etc.; a los que se añaden otros de forma indirecta: relación fondo-fachada, irregularidad del solar, nombre de la calle, localización en un entorno, etc. Los valores catastrales calculados en España tienen como referencia, efectiva y real, el valor de mercado, sin que en ningún caso pueda superarlo, estableciéndose la relación en el 50%. Apoyados en estudios de mercado se zonifican los valores de suelo (teniendo en consideración los parámetros urbanísticos) y se cuantifica el valor de lo edificado aplicando el método conocido como de reposición. A los efectos de este documento es suficiente indicar que la fórmula empleada de forma generalizada en asignación del valor es la siguiente:

Vv = 1,40 * (Vr + Vc) * Fl En la que Vv sería el valor de mercado (Valor catastral = 50% del estimado); Vr el denominado valor de repercusión de suelo; Vc, valor de construcción y Fl el factor de localización. El coeficiente 1’40 recoge los gastos y beneficios de la promoción del inmueble. La normativa que la regula está recogida en el Real Decreto 1020/1993, al que acompañan otras que adecuan la realidad inmobiliaria catastral y de mercado a la situación existente. Toda ella puede consultarse en la página Web de la Dirección General del Catastro de España (http://www.catastro.meh.es/). La inclusión de la valoración catastral urbana en los análisis de riesgos puede resultar muy útil, y se basa en la aplicación de referencias y coeficientes mencionados sobre el módulo de valor M, expresado en €/m2. En el ejemplo considerado (figura 3 y tabla 2), se ha supuesto unos valores genéricos para ofrecer una simulación de lo que se describe en este trabajo. 3.2.3. Catastro y valoración catastral de bienes inmuebles de características especiales Definidos e identificados en la legislación del año 2002, y ratificados en el Texto Refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, artículo 8, estos bienes son:

1. Los bienes inmuebles de características especiales constituyen un conjunto complejo de uso especializado, integrado por suelo, edificios, instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento, se configura a efectos catastrales como un único bien inmueble.

2. Se consideran bienes inmuebles de características especiales los comprendidos, conforme al apartado anterior, en los siguientes grupos:

a) Los destinados a la producción de energía eléctrica y gas y al refino de petróleo, y las centrales nucleares.

b) Las presas, saltos de agua y embalses; incluido su lecho o vaso, excepto las destinadas exclusivamente al riego.


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c) Las autopistas, carreteras y túneles de peaje.

d) Los aeropuertos y puertos comerciales. Como puede apreciarse, no son bienes rústicos ni tampoco destinados a vivienda, locales, etc. Aunque el origen de su identificación precisa se debió más a cuestiones valorativas y administrativas, a los efectos de este documento su importancia es elevada; en tanto en cuanto son construcciones de elevado valor económico que pueden ocasionar daños de gran magnitud (por su propia naturaleza y uso), sobre terceros, en el caso de siniestros naturales. La georreferenciación de los mismos, la descripción precisa de la construcción a través de una detallada identificación de sus características constructivas y la inclusión de las “instalaciones y obras de urbanización y mejora que, por su carácter unitario y por estar ligado de forma definitiva para su funcionamiento,…”, aporta un nivel de información imprescindible para todo tipo de actuaciones relacionadas con los riesgos naturales. 3.3. Inclusión de los datos del riesgo en el Catastro La utilización de los datos catastrales para la determinación del riesgo se ve complementada con la inclusión de los propios resultados de los análisis de riesgos en el catastro y las valoraciones, a modo de retroalimentación de un sistema, en el que se integran ambos conceptos. Una vez determinado el riesgo, o alguno de sus factores como la susceptibilidad/peligrosidad y la vulnerabilidad, esta información se puede incorporar a los datos catastrales, proporcionando un valor añadido a estos, pudiendo ser empleada en la cuantificación del valor catastral del inmueble, siendo la base de una inmediata valoración ambiental. Por lo tanto, el catastro, además de ser un registro/inventario de información económica, física y jurídica, puede convertirse en un almacén de datos ambientales entre los que se encuentran los riesgos. La inclusión de este tipo de datos es interesante para poder realizar una valoración ambiental del territorio –a la que ya nos hemos referido antes- de una forma más completa y también a la hora de otro tipo de estudios y actuaciones como la ordenación del territorio a la que dedicaremos un apartado posterior, basándose en los datos catastrales (Borrero, 1999, ). 4. APLICACIONES RELACIONADAS CON LOS RIESGOS NATURALES La utilización de los datos catastrales en los análisis de riesgos naturales introduce nuevas aplicaciones de este tipo de estudios o expande las posibilidades de algunas de las ya existentes. Es el caso de la ordenación del territorio (Borrero, 1999; Olcina, 2002; Contreras et al, 2008) y las políticas de seguros (Nájera y Piserra, 2002) que siempre han estado relacionadas con los análisis y gestión de los riesgos naturales, pero que con la introducción de los datos catastrales pueden experimentar un mayor desarrollo, en cuestiones relacionadas con la escala de trabajo o la certidumbre de los análisis. 4.1. Ordenación del territorio La ordenación del territorio ha estado siempre en el horizonte de los análisis de riesgos. Así, como se recoge en la Carta Europea de Ordenación del Territorio (1983), aunque está en el espíritu de otras iniciativas, los objetivos de la ordenación del territorio son el desarrollo socioeconómico equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de vida, la protección del


medio ambiente y la utilización racional del territorio. Todos estos objetivos tienen una fuerte vinculación con los riesgos naturales, de tal manera que la mitigación de los mismos mediante políticas de ordenación del territorio contribuirá a una mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente (Olcina, 2002). En este sentido hay numerosas iniciativas y documentos de carácter internacional (Década Internacional para la Mitigación de Riesgos Naturales, Agenda 21, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, etc.); europeo (Carta Europea de Ordenación del Territorio, Ley Barnier de Francia, etc.); estatal (Norma Sismorresistente, leyes de Protección Civil, Ley del Suelo, etc.); autonómico, muy abundante y variada (leyes de ordenación del territorio, urbanismo, planes de emergencias); y local (PGOU). De una forma más concreta y relacionada con la cartografía es necesario resaltar los Planes de Prevención de Riesgos –derivados de la Ley Barnier de Francia, 1995-, que establecen 3 zonas de riesgo en el territorio y que facultan procedimientos de expropiación con indemnizaciones bastante satisfactorias a las personas instaladas en zonas de alto riesgo, así como la prohibición de construir en ellas (Olcina, 2002). Aunque no vaya tan lejos, a nivel español se dispone de la la Ley del Suelo, en la que se indica de forma literal la necesidad de incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto de la ordenación en el informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización (González, 2009). Otra iniciativa importante es la cartografía que se define con bastante detalle en el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial para la Prevención del Riesgos de Inundaciones en la Comunidad Valenciana) o la propia guía del Ministerio de Vivienda para la elaboración de mapas de riesgos naturales en la ordenación territorial y urbanística (Regueiro, 2009). La ordenación del territorio se puede basar, pues, en los distintos niveles de cartografías de riesgo existentes. Así, la determinación de la susceptibilidad o la peligrosidad, que permite conocer la probabilidad de que se produzca un fenómeno de riesgo en una zona determinada, es una herramienta a tener en cuenta en la ordenación territorial, simplemente evitando o reduciendo la localización en zonas de alta susceptibilidad/peligrosidad de determinados elementos en riesgo. Es un factor a tener en cuenta en la planificación territorial y los planes de urbanismo, previa a la posible colocación de elementos vulnerables en zonas de peligro. Los análisis mediante simulación (sobre la base de Sistemas de Información Geográfica) en los cuales se incluya la exposición y vulnerabilidad de hipotéticos elementos en riesgo en zonas de susceptibilidad/peligrosidad elevada permiten aportar una mayor información y, en consecuencia, hacen que la ordenación o planificación territorial sea más realista y menos restrictiva. No sólo se trata de saber si una zona del territorio puede ser afectada con una determinada probabilidad por un proceso que suponga un riesgo, sino cómo afectaría este proceso a los hipotéticos elementos y cuáles serían las consecuencias de todo ello. No obstante, hay otro planteamiento de los análisis de riesgos en relación con la ordenación del territorio que es analizar la situación actual con vistas a minorar los riesgos, a través de cambios o restricciones en el uso del suelo, además de otro tipo de medidas complementarias –ya discutidas- como las obras estructurales, la protección civil o las políticas de seguros (Ayala, 2000). A través del análisis de riesgos y cartografías resultantes se pueden proponer o imponer –en casos especialmente relevante- por parte de las administraciones cambios o restricciones en los usos del suelo. En todo este tipo de planteamientos la información geográfica proporcionada por el Catastro puede jugar un papel fundamental, no sólo por su labor como inventario detallado del territorio –importante como se ha vista a la hora de determinar el riesgo-, sino por los atributos de carácter jurídico que incorpora en cuanto a la propiedad de los terrenos que pueden ser


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afectados por un proceso. La información sobre titularidad (el Registro de la Propiedad, único que tiene efectos de fe pública respecto de la titularidad y derechos reales sobre bienes inmuebles, RDL 1/2004), permite a las administraciones conocer a sus interlocutores a quién han de dirigirse para eventuales recomendaciones o imposiciones (vía leyes o dado el caso expropiaciones) sobre el uso del suelo y sus restricciones (Borrero, 1999). Además, permite alcanzar escalas de detalle en la planificación, concretamente al nivel de la planificación municipal, por ejemplo a los planes de ordenación urbana. La combinación de mapas de riesgo a escala de detalle con datos catastrales permite la ordenación del territorio a nivel de parcela y subparcelas, como se deduce del ejemplo planteado en secciones anteriores. 4.2. Protección civil Otra de las grandes áreas relacionadas con los riesgos naturales es la Protección Civil y la gestión de emergencias (Cremades, 2002). En este caso, disponer de mapas de riesgo suficientemente detallados junto con datos de infraestructuras que permitan la evacuación de la población y de instalaciones (hospitales, estaciones de bomberos, hoteles, y lugares de acogida como polideportivos, naves, etc.) resulta importante a la hora de planificar y ejecutar las actuaciones en materia de Protección Civil. Los análisis de riesgos permiten determinar el alcance que tendría la ocurrencia de un determinado peligro sobre los elementos en riesgo, y particularmente sobre la población –objeto prioritario de la Protección Civil- y, por lo tanto, son la base para diseñar la respuesta a la emergencia que se deriva del citado evento, reduciendo sus consecuencias sobre las personas. En este caso, es importante la evaluación completa del riesgo, o al menos llegar hasta la determinación de la vulnerabilidad, pues la respuesta deber ser elaborada a partir de la información más completa y los modelos y simulaciones más realistas, en las que se consideren también las infraestructuras que posibiliten la evacuación y las instalaciones de protección civil y acogida. Hay que tener en cuenta, además las posibles consecuencias del propio evento catastrófico sobre estos elementos. La utilización de información geográfica de detalle como la catastral puede actuar como en el caso de la ordenación territorial, en primer lugar, para elaborar una cartografía de riesgos precisa, necesaria para elaborar la estrategia de respuesta a las emergencias, y, en segundo lugar, para organizar las propias actuaciones de la Protección Civil. La organización de las actuaciones de protección civil requiere de un conocimiento detallado de los elementos del territorio que permitan la evacuación del mismo (vías y bases de comunicación públicas y privadas, morfología del terreno, masas forestales-peligro de incendios, etc.), así como de las instalaciones propias de la protección civil (estaciones de bomberos, policía, etc.) y de acogida (hoteles, casas, naves, polideportivos, iglesias, etc.). En todo ello es importante no sólo la información espacial o geográfica, sino también la relativa a la propiedad de todos estos elementos que permita una adecuada movilización de todos los recursos. En este sentido, es importante señalar que en la protección civil la responsabilidad máxima es de las administraciones, pero también de la propia población que debe estar totalmente involucrada en estas cuestiones. Por lo tanto, una adecuada información espacial-jurídica como la que proporcionan los datos de catastro y de registro de la propiedad son absolutamente fundamentales a la hora de coordinar la participación ciudadana en la protección civil.


4.3. Política de seguros La política de seguros es otra de las áreas de aplicación de los análisis de riesgo naturales. Los seguros vienen a cubrir situaciones de riesgo que tienen que ver con la vida humana (seguros de vida y accidente) o los bienes de las personas (seguros de vivienda en relación con continente y contenido, automóviles, seguros industriales, agrarios, de los negocios, etc.). Los riesgos naturales son uno más de las posibles causas de riesgo sobre las personas y los bienes, aunque las características de algunos de los procesos (severidad, número de personas afectadas, inmediatez, distribución espacial, etc.) aconsejan un tratamiento específico de éstos (López y Nájera, 2008). En este sentido, en la mayoría de los países los mercados aseguradores no son capaces de asumir con garantías la cobertura de un evento catastrófico y por ellos muchos de ellos, entre los que se encuentra España, Francia, Japón, Estados Unidos, etc., se han habilitado sistemas de cobertura con algún tipo de intervención pública. Interesante es el caso francés, donde la ley Barnier, establece la creación de un fondo para la prevención de riesgos mayores, que se nutre en un porcentaje del 2,5% de las primas adicionales a la garantía contra los riesgos previsto en Código de Seguros. En otro orden de cosas, la cooperación internacional (sobre todo a través del Banco Mundial) también está permitiendo poner en marcha nuevos sistemas para países en los que no exista esta cobertura. Tradicionalmente la cobertura de los riesgos se realiza a partir de los seguros de vida, de vivienda, accidentes, etc., mediante cláusulas que establecen un recargo que cubre algunos eventos como inundaciones extraordinarias, tempestad ciclónica, terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas. En el recargo se aplica una tarifa única e indiferenciada, para todo el territorio y para todos los tipos de riesgos, en base a los principios básicos del sistema: solidaridad y compensación, es decir, lo que se conoce como mutualidad del seguro (Nájera y Pisarro, 2002; López y Nájera, 2008), que en España además está basada en el Consorcio de Compensación de Seguros, entidad que da estabilidad y garantía a todo el sistema. No obstante, un adecuado análisis de los riesgos, en el que se tengan en cuenta todas sus componentes (peligrosidad, valoración y vulnerabilidad) podría introducir variaciones en los recargos, aun sin eliminar los principios anteriores. 4. CONCLUSIONES Los riesgos naturales son un conjunto de procesos que ocasionan anualmente grandes pérdidas humanas y económicas a la sociedad, por lo que se hace necesaria una adecuada gestión de los mismos, basada en análisis rigurosos, con objeto de contribuir a su mitigación o reducción. La evaluación del riesgo se hace en virtud de tres componentes o factores, que son la peligrosidad o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino, la exposición de los elementos del territorio a ese fenómeno y la vulnerabilidad que ofrezcan frente al evento. Las investigaciones han permitido desarrollar de una forma amplia la primera componente, en detrimento de las otras, especialmente la exposición y valoración de los elementos en riesgo. En este trabajo se analiza la posibilidad de utilizar e integrar los datos catastrales y la valoración que se realiza a partir de ellos en estos estudios, como base para la valoración de los elementos en riesgo. A través de un ejemplo simulado se observa la viabilidad de esta propuesta, sobre todo en los análisis y cartografías de riesgos de detalle (escala municipal), aunque con posibilidades de generalización a escalas más reducidas y zonas más amplias. En este sentido, el catastro proporciona información física (georreferenciada), jurídica y económica de gran detalle y cobertura, por lo que se empleo resulta muy satisfactorio en este ámbito.


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Por lo tanto, y, en una primera aproximación, se puede confirmar la utilidad de la valoración catastral, tanto rustica como urbana, como método de estimación económica de una parte de los bienes o elementos en riesgo. No obstante, dentro de los elementos en riesgo, hay otros como los bienes muebles, instalaciones y sobre todo las personas que no se han tenido en cuenta en esta aproximación directa, pero que se podrían considerar indirectamente, combinándolos con otros datos como los del censo, padrón o los de las compañías aseguradoras. Asimismo, hay que notar que las implicaciones de estos estudios de detalle sobre otras cuestiones como la ordenación del territorio, la protección civil y las políticas de seguros abren interesantes vías de estudio e investigación. Por último, es necesario señalar el papel fundamental de la cartografía y las técnicas geomáticas en estos estudios, que presentan una fuerte componente geográfica de la información, desde las fases de regida de datos, hasta los análisis (mediante Sistemas de información Geográfica) y presentación de los resultados. 5. REFERENCIAS Alcázar, M. (2007). Catastro inmobiliario. Servicio de Publicaciones Caja Rural de Jaén. 535 p. Ayala, F.J. (1988). Introducción a los riesgos geológicos. En: Riesgos geológicos, Ayala, Duran y Peinado, eds., 3-20, Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, España. Ayala, F.J. (2000). La ordenación del territorio en la prevención de catástrofes naturales y tecnológicas. Bases para un procedimiento técnico-administrativo de evaluación de riesgos para la población. Boletín de la AEG, 30, 37-49. Ayala, F.J. (2002). Introducción al análisis y gestión de riesgos. En: Riesgos naturales, Ayala y Olcina eds., 133-144, Ariel, Barcelona, España. Ayala, F.J.; Olcina, J. y Vilaplana, J.M. (2004). Impacto social y económico de los riesgos naturales en España en el periodo 1990-2000. Inforiesgos, Gobierno de España. Borrero, S. (1999). The Economic and Social Justification for Cadastral Reform: The Latin American Experience. International Conference on Land Tenure and Cadastral Infrastructures for Sustainable Development, International Federation of Surveyor, FIG; Melbourne, Australia. Chacón, J.; Irigaray, C.y Fernández, T. (1992). Metodología para la cartografía regional de movimientos de ladera y riesgos asociados mediante un Sistema de Información Geográfica. III Simposio Nacional sobre taludes y laderas inestables. Vol. I, 121-133. La Coruña, 1992. Chacón, J. e Irigaray, C. (1999). Previsión espacial de movimientos de ladera y riegos asociados mediante SIG. En: Los sistemas de Información Geográfica en los Riesgos Naturales y en el Medio Ambiente, Laín, L. (ed.), 113-123, Instituto Geológico y Minero de España. Madrid. Cremades, T. (2002). La protección civil. El ejemplo español. En: Riesgos naturales, Ayala y Olcina eds., 1383-1395, Ariel, Barcelona, España.


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RIESGOS NATURALES Y CARTOGRAFÍA CATASTRALcoello.ujaen.es/.../Cicum2010.3.21_Fernandez_y_otros_Riesgos_natur… · fórmula del riesgo es una sumatoria o integral, según la cual