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Realidad problemática.
Si bien es cierto, todo fraude financiero representa un considerable déficit que resulta
complicado poder enfrentar para toda organización, para lo cual será necesario recurrir a
ayuda profesional y especializada para subsanar esta anomalía; esta situación es similar al caso
de un paciente cuyo sistema inmunológico está afectado con algún factor nocivo y necesitará
de ayuda médica para controlar y restablecer su estado de salud. Frente a ello, la auditoría se
constituye como un mecanismo de prevención y control para la lucha contra todo tipo de
información financiera fraudulenta; la auditoría financiera cuestiona mediante la evaluación
del control interno la obtención de una razonable seguridad de que los estados financieros
estén libres de afirmaciones erróneas significativas. Estos exámenes son necesarios para el
desarrollo y el progreso del país. Por tanto, todas las empresas deben solicitar o requerir de
una auditoría contable y financiera, ya que en algún momento se pueden presentar anomalías
que consigan que tanto las cifras como los recursos crezcan de manera exponencial y
empiecen a surgir especulaciones en el entorno, lo cual no ayuda en nada al crecimiento y de
manera consecuente puedan manifestarse serios problemas, tales como sobrevaloración de
recursos, malversación de fondos, entre otros.
Entre los actos poco éticos que conducen a un fraude financiero, se encuentra el lavado de
dinero, también conocido en algunos países como lavado de activos o blanqueo de dinero.
Según Pedrini, G., (2014), este es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los
fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales. El Fondo
Monetario Internacional (FMI), organismo ligado a la ONU, estima que el lavado de dinero en
el mundo podría representar entre 2% y 5 % del Producto Bruto Interno (PBI) a nivel global. En
países como Argentina, este problema financiero impactó al 75% de las empresas, en las que
los delitos más comunes fueron el robo de mercaderías (42%), robo de datos (21%) y fraudes
de proveedores (45%), según la “7° Encuesta Global de Fraude”, que elabora Kroll, consultora
especializada en estos temas. Por otro lado, el diario argentino Clarín (2014), señala que 3 de
cada 4 compañías sufren robos o actos de corrupción, y esto se debe a que los delitos
corporativos crecen cuando hay incertidumbre sobre la economía. Según el director ejecutivo
de Kroll Argentina, una de las empresas especialistas en la detección del fraudes corporativos
en 30 países, Nahón, M., las empresas más afectadas por estos delitos son los bancos, quienes
deben invertir mucho en prevenir delitos informáticos, que a su vez se presenta un nuevo tipo
de actividad fraudulenta y que va acorde a las tendencias tecnológicas de la globalización. Por
su lado, Garniz, F. (2014), indica que en cuanto a la solución de los conflictos, la mayoría de las
organizaciones lo hace de forma interna; además afirma que el fraude no es el mayor costo
que sufre una empresa, siendo principal preocupación las consecuencias que trae, es decir, la
mala reputación para la empresa por sus actos fraudulentos, seguida del desprestigio del
directorio y, en tercer lugar, el monto defraudado.
En el Perú, la realidad es adversa en lo que concierne a actos fraudulentos, por lo cual se
necesita un control exhaustivo de carácter contable y financiero. Esto se puede comprobar con
las estadísticas de un estudio presentado por la agencia Ernst & Young (2014), en las cuales se
afirma que más del 50% de las empresas peruanas sufrió algún tipo de fraude y el 23% de estas
registró más de cinco casos de este tipo durante el 2013. Según este estudio, el tipo de fraude
más común está relacionado al robo o malversación de activos y en segundo lugar figura el
abuso de la posición de confianza de niveles gerenciales y de supervisión. La fuga de
información es el tercero más común, seguido de la recepción o pedido de comisiones
(sobornos o coimas) con el mismo porcentaje que el fraude por conflicto de interés. Además,
revela que en los últimos cinco años, el 24% de empresas que sufrieron fraudes tuvieron
pérdidas de entre US$50,000 a US$100,000 por evento de fraude, y 22% de más de
US$100,000 por evento. Se identificó que la auditoría interna ocupa el tercer lugar como el
mecanismo más usado para la identificación de acciones fraudulentas. El informe señala que el
83% de los encuestados no se sienten seguros sobre la suficiencia y efectividad de los
controles específicos antifraude de su organización, cifra que guarda relación con el 67% de
empresarios cuyas compañías sufrieron casos de fraude y creen que estos pueden volver a
suceder.
En el sector financiero se detectan algunos casos de actividades fraudulentas; por ejemplo, el
portal web del diario El Comercio (2014), informó que el Órgano de Control Institucional de la
Caja Metropolitana de Lima presentó algunos indicios de irregularidades en la emisión de
bonos de Caja Gas y un préstamo a la empresa Promotora Chulucana S.A.C.; es decir, la CML
habría recibido préstamos por parte de Caja Gas, además de otorgar el préstamo mencionado.
Ambas operaciones habrían favorecido a un amigo del gerente municipal de Lima, Castro, J.,
quien es además presidente del directorio de la Caja Metropolitana. Sin embargo, la entidad
no acusa y solo se limita a informar de delitos financieros como estafa, fraude, etc. Según el ex
presidente del Banco Central de Reserva, Chávez, J. (2014), sin un peritaje técnico, al menos
sobre los bonos o la consultoría que dio el amigo del gerente municipal, es prematuro hablar
de delitos. Pero en el préstamo a Promotora Chulucanas S.A.C., sí habría un mal criterio
financiero, pues no es bien visto pedir un préstamo para un fin, usarlo para otro o aparentar
que no se ha empleado, incluso si la deuda se pagó. La Contraloría General de la República por
medio del contralor Khoury, F., presentó meses después el informe final de su auditoría a la
gestión de la Municipalidad de Lima y reveló que efectivamente, se han encontrado indicios
razonables de delitos en el caso de la Caja Metropolitana de Lima. Sobre este caso, refirió que
hubo una presunta conducta de evasión de normas de contratación. Como se puede notar, se
necesita de una auditoría financiera para poder detectar faltas en los procesos financieros para
que de esta manera, se pueda evitar y corregir un comportamiento antiético en la empresa.
Algo diferente ocurrió en Cusco, en donde la jefa del Departamento de Contabilidad de la Caja
Municipal de esa ciudad, Enríquez, G. (2015), explicó que dicha entidad financiera pasó por
diversas auditorías durante el 2014 y durante todo el proceso, sustentan sus cuentas sin
ninguna anormalidad. Aseguró que en estas evaluaciones se halló estados financieros óptimos
y gastos mínimos en comparación con otras cajas municipales del país. Asimismo, Enríquez
señaló que respecto a los pagos por publicidad y marketing que se tuvieron que efectuar por la
necesidad de posicionarse en el país provocó que la Caja Municipal de Cusco fuera observada
por las autoridades locales. Enríquez también indicó que la CMC en el 2014 logró 19% más de
utilidades con lo que logró recaudar más de S/. 46 millones. En este caso se puede ver que las
auditorías financieras analizan algún fenómeno de esta índole y para evitarlo debe efectuarse
el control necesario, que permita el manejo y la correcta utilización de los recursos de la
empresa.
La situación en la región de Ancash La situación a nivel de la región de Ancash no presenta
ningún caso de asesorías financieras a empresas de esta índole. Sin embargo, respecto a esta
misma situación local, se observa que la Caja Trujillo filial Chimbote, como parte de sus
controles contables y financieros, requiere aplicar una auditoria voluntaria, la cual debe ser
realizada por terceros, ya que la empresa quiere demostrar que las cuentas y los estados
financieros no han sido vulnerados ni manipulados, lo cual le permitirá afrontar las
fiscalizaciones de la SUNAT que sean necesarias; no obstante, la Caja Trujillo no estila a hacer
eso en realidad, lo cual se convierte en todo un reto financiero para la empresa crediticia. A
esto hay que sumarle que tampoco cuenta con información que pueda brindarle una auditoria,
la cual puede destinarse para fines de gestión y mejora continua en sus procesos contables y
financieros; es por las carencias expuestas que la Caja Trujillo necesitará un cambio en sus
hábitos, que irán modificando gradualmente su cultura. Más vale prevenir antes que lamentar,
es por ello que la auditoría le permitirá a esta empresa encontrar acciones fraudulentas
posibles que no han podido ser detectadas antes. Por tanto, se plantea indagar respecto a la
situación preliminar para proponer adecuadamente una auditoria con un enfoque correcto,
además de conocer la predisposición de la entidad financiera para la aplicación de esta
auditoría.