¿Sabías que a partir de noviembre habrá un incremento en la tasa

de cotización y por lo tanto, se te descontará más de tu salario?

CONTENIDO

¿Sabías que a partir de noviembre habrá un

incremento en la tasa de cotización?.

15 de octubre día de la mujer rural, en El Salvador

solo el 13% de mujeres agricultoras poseen tierra .

Con 74 votos se aprobó el 27 de septiembre una reforma a las pensiones, el acuerdo se logró sobre la base

de una propuesta diseñada por los partidos de oposición, ante la falta de acuerdos entre el FMLN y ARENA.

Sin embargo, se especula que la propuesta aprobada se fundamentó en la creada por ARENA, quienes meses

atrás se dedicaron a hacer una fuerte campaña en contra de la propuesta realizada por el Gobierno.

La reforma incorpora diferentes elementos como: la creación de una “Cuenta de Garantía Solidaria”, la cual percibirá el 5 por ciento de las aportaciones de la población trabajadora y empleadores. Con el objeto de estudiar la temática con respecto a los diferentes proyectos de reformas del Sistema de

Ahorro para Pensiones, presentadas por diferentes grupos parlamentarios, se creó una Comisión Ad Hoc,

mediante acuerdo de junta directiva, dada la trascendencia de los proyectos y su impacto económico y so-

cial, que precedió antes de su eventual aprobación de un proceso amplio, deliberativo, en el cual participa-

ron todos los grupos parlamentarios representados para tal efecto por los miembros de dicha Comisión.

Para lo cual concluyeron que era urgente adoptar cambios en el actual sistema de pensiones.

A continuación se presentan algunos de los puntos que sobresalen:

Se destaca la devolución de las cotizaciones a quienes hayan aportado a la Cuenta de Garantía Solidaria, ajustadas por la variación de precios al consumidor.

La disminución de las comisiones de las AFP´s de 2.2% a 1.9% del Ingreso Base de Cotización.

Eliminación de comisiones por cuentas inactivas. Eliminación de las comisiones por pensiones mínimas y

reducción de comisiones por renta programada de 1.5% a 1%.

Se estableció un límite a la Garantía del Estado con la Cuenta de Garantía Solidaria únicamente para pen-siones mínimas de afiliados a los que se refiere el Art. 185.

Se habilita a quienes hayan recibido como prestación la devolución de saldo de su cuenta individual de Ahorro para pensiones, a que puedan cotizar voluntariamente al Régimen de Enfermedad, Maternidad y Riesgos Profesio-nales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.

Se combinan recursos fiscales para hacerle frente a las

obligaciones del ISSS y del INPEP de hasta un máximo del 2.5% del presupuesto general de la nación anualmente con emisiones de certificados de Inversiones Previsiona-les, CIP, de modo tal que no se supere el 16% del PIB, en deuda de CIP y luego comience a decrecer; al mismo tiem-po, se hace una excepción para los años 2018 y 2019 de mo-do que el Estado efectúe aportes del 1.7% del presupuesto general de la nación para aliviar los flujos al mismo.

Fuente: Dictamen No. 1 emitido por la Comisión Ad Hoc

Incremento en la tasa de cotización

A partir de noviembre la tasa de cotización será de quince por ciento del ingreso base de cotización respecti-

va, distribuida de la siguiente forma: 7.25% del ingreso base de cotización será a cargo del trabajador-a, la

cual se destinará íntegramente a su cuenta individual de ahorro para pensiones, y 7.75% del ingreso base de

cotización a cargo del empleador.

Estas cotizaciones se distribuirán de la siguiente forma:

Un mínimo del 11.1% del ingreso base de cotización se destinará a la cuenta individual de ahorro para pen-

siones del afiliado. De este total 7.25% será aportado por el trabajador y un mínimo del 3.85% por el em-

pleador.

El 1.9% del ingreso base de cotización, se destinará al pago del contrato del seguro de invalidez y sobreviven-

cia que se establece en esta ley y al pago de la comisión de la Institución Administradora por la administra-

ción de las cuentas individuales de ahorro para pensiones. Este porcentaje será a cargo del empleador, y si

la comisión fuere inferior al mismo, la diferencia será destinada a la cuenta individual de ahorro para pensio-

nes del afiliado.

El 2.0% del ingreso base de cotización, será como aporte para los beneficios de longevidad del afiliado, el

cual se destinará a la cuenta de garantía solidaria. Este porcentaje será de cargo del empleador.

Se reduce el pago de administración por las cuentas, de 2.2% a 1.9%

Devolución de Saldo

La persona afiliada que cumpla la edad legal para pensionarse por vejez y registre menos de diez años de

cotizaciones mensuales continuas o discontinuas tendrá derecho a la devolución del saldo de su cuenta indi-

vidual en un solo monto.

Los afiliados y afiliadas que cumplida la edad legal para pensionarse por vejez, registren períodos de cotiza-

ciones comprendidos entre un mínimo de diez años de cotizaciones continuos o discontinuos y menos de

veinticinco años de cotizaciones, podrán elegir entre recibir la devolución del saldo de su cuenta individual o

gozar de un beneficio económico temporal o un beneficio económico permanente, según corresponda y de

conformidad a lo dispuesto en la Ley.

Quienes opten por la devolución de su saldo, lo recibirán en tres pagos anuales.

La reforma busca que exista un equilibrio entre el nivel de la deuda y genera un alivio a los flujos fiscales de

corto, mediano y largo plazo que estén en correspondencia con las posibilidades y capacidad financiera ac-

tual y futura del Estado.

15 de octubre, día de la mujer rural, en El Salvador solo 13% de las

mujeres agricultoras poseen títulos de propiedad de las tierras

Más de diez millones de mujeres rurales viven

en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicara-

gua. La mayoría son mujeres campesinas e

indígenas que trabajan más de quince horas

diarias para asegurar la subsistencia y la ali-

mentación de sus familias, desempeñando un

papel fundamental en las frágiles economías

rurales de la región. Estas mujeres son las que

atienden los huertos familiares, alimentan a

los animales, siembran, cosechan y procesan

el maíz, recogen la leña, buscan el agua, cui-

dan niñas, niños y mayores, participan en co-

mités vecinales y a menudo complementan

los ingresos familiares con distintos trabajos

fuera del hogar .

Son las mujeres quienes se ocupan de produ-

cir los alimentos básicos para el hogar, ade-

más han diversificado la producción en sus

patios con el fin de producir para el mercado

local. Además del cultivo son las responsables

del cuidado de la familia y la participación co-

munitaria; una triple tarea no remunerada ni

tampoco reconocida a pesar de ser esencial

para la sobrevivencia familiar, la cohesión so-

cial y el bienestar comunitario.

Según la investigación realizada por la Red Centroamericana de Mujeres Rurales Indígenas y Campesinas

(RECMURIC), en toda la región de América Latina, de 58 millones de mujeres rurales sólo 17 millones son

reconocidas como parte de la población económicamente activa. Esto tiene graves implicaciones cuando

tratan de optar a programas estatales de adjudicación de tierras o de fomento productivo. Este es el caso

de El Salvador, donde muchas mujeres son excluidas como demandantes de tierra porque la ocupación que

registra su documento oficial de identidad es la de ama de casa en lugar de agricultora.

La mayoría de las mujeres centroamericanas cultivan una tierra que no les pertenece, sino que acceden a

ella a través del alquiler, el préstamo o el colonato. Esto implica que no pueden decidir libremente qué sem-

brar y cómo, no saben si el siguiente año podrán volver a sembrar y deben entregar una parte de la cosecha

o de los beneficios al propietario de la tierra.

La brecha de género en el acceso a la tierra no ha dejado de ensancharse. Según investigaciones realizadas

los últimos años las mujeres apenas poseen la tierra. En Honduras sólo el 12%, Guatemala el 15%, El Salva-

dor, sólo el 13% de los títulos de tierra están a nombre de una mujer. Y en Nicaragua el 23% de las explota-

ciones agrícolas están manejadas por mujeres, siendo explotaciones significativamente más pequeñas que

las que manejan los hombres.

Por qué es importante que las mujeres accedan a la tierra

La falta de tierra impide a las mujeres acceder a otros recursos y servicios esenciales como el crédito y la

asistencia técnica. Generalmente si no se tiene un terreno, que aportar como garantía no es posible obtener

un préstamo formal. Esto también las excluye de la mayoría de los programas estatales de inversión produc-

tiva y asistencia técnica, que a menudo exigen contar con tierra propia donde desarrollar la producción.

Por otro lado, la tierra es uno de los principales factores que condicionan las relaciones de poder. Se ha de-

mostrado que una mujer sin tierra está más subordinada al hombre y participa menos en las decisiones fa-

miliares y comunitarias. Al no contar con bienes propios su posición de resguardo es más débil, lo que la ha-

ce más vulnerable a la violencia machista. Por el contrario, cuando las mujeres ejercen su derecho a la tierra

se ven fortalecidos otros derechos, aumenta su autoestima y la aceptación social.

Dadas las escasas posibilidades que tienen las muje-

res rurales de obtener ingresos propios, la posesión

de un activo como la tierra se traduce en un cambio

significativo que les permite avanzar en su autono-

mía económica. Se ha demostrado que esto además

trasciende en el bienestar de las familias ya que

cuando las mujeres deciden sobre el gasto familiar

priorizan la inversión en alimentación, salud y educa-

ción.

Pero más allá del beneficio personal y familiar, am-

pliar el acceso de las mujeres a la tierra y otros acti-

vos productivos, así como a la asistencia técnica y

financiera mejoraría la productividad agrícola hasta

un 30%, lo que ayudaría a erradicar el hambre y la

pobreza rural. Permitiría disponer de más alimentos

y a menores precios en el mercado, contribuyendo a

alcanzar la soberanía alimentaria. Y además mejora-

ría los niveles de empleo y de ingresos en las econo-

mías locales.

Distribución de las tierras

Según este documento, elaborado por la RECMURIC, en El Salvador, el Estado apenas está adjudicando

nuevas tierras, y a partir de 2010 la actividad principal del Instituto Salvadoreño de Transformación Agra-

ria, ISTA se centró en resolver los casos de titulación que aún no habían sido legalizados. Mientras que en

los veinte años del gobierno de ARENA apenas se entregaron 20,000 escrituras. Entre julio de 2009 y di-

ciembre de 2014 el Programa de Titulación del ISTA escrituró 45,200 propiedades, incluyendo tanto lotes

agrícolas (de 0,75 a 1 manzana en promedio) como solares para vivienda (de 210 metros cuadrados).

Se trata sobre todo de propiedades que fueron entregadas a cooperativas y excombatientes y que nunca

se pusieron en producción por distintos motivos, como la falta de acceso a recursos financieros para inver-

tir, asistencia técnica y de mercado, así como otros problemas como la migración al extranjero y la insegu-

ridad social.

Mientras, numerosas personas y organizaciones que no resultaron beneficiadas por la Reforma Agraria hoy

siguen careciendo de tierras o manejan propiedades demasiado pequeñas para ser económicamente via-

bles, y su única forma de acceso es a través del alquiler, el préstamo, el cuido o la ocupación.

La gran mayoría de los productores y productoras agropecuarios salvadoreños (un 82% de los casi 400.000

censados) son pequeños productores según el censo agropecuario más reciente.

A este sector se dirige el Programa de Agricultura Familiar (PAF) que fue lanzado por gobierno del Presiden-

te Mauricio Funes con los objetivos de reducir la pobreza rural, impulsar la productividad agrícola y la dis-

ponibilidad de alimentos y mejorar el bienestar de los hogares rurales a través de la innovación y el aumen-

to de la competitividad.

En 2013 la participación de las mujeres en este programa fue del 37% en el abastecimiento de paquetes

agrícolas, el 40% en la dotación de asistencia técnica en la producción de alimentos y el 23% en cuanto a la

asistencia técnica en cadenas productivas. Es decir, su participación fue considerable aunque se mantuvo la

asignación de roles tradicionales que sitúan a las mujeres como responsable de la alimentación familiar y al

hombre en la producción comercial.

Según los datos más recientes las mujeres rurales representan el 13% del total de propietarios de tierras y

en su mayoría son dueñas de pequeñas parcelas, una proporción que ha descendido desde el 18% en 2009

(CEPAL 2013). Por eso la mayoría de las mujeres productoras se ven forzadas a alquilar tierras para poder

sembrar sus cultivos de subsistencia o bien utilizan tierra prestada. Tres de cada cuatro mujeres cultivan

una tierra que no les pertenece.54

En 2014 la primera presidenta mujer del ISTA dio un giro en la política de la institución con varias acciones

encaminadas a ampliar el acceso de las mujeres a la tierra y otros activos productivos: se creó la Unidad de

Género, se estableció una mesa de interlocución con mujeres lideresas, se modificó el manual de transfe-

rencia de tierras y se comenzó a desarrollar con el apoyo de ONU Mujeres una Política Institucional de Gé-

nero para la Mujer Campesina e Indígena.

En cuanto a la entrega de titulaciones, entre junio de 2014 y mayo de 2015 el ISTA entregó 4,617 escrituras

de propiedad, correspondiendo un 51% de las mismas a mujeres.

No obstante, la mayor parte corresponde a sola-

res de vivienda tal y como se comprueba al anali-

zar la Encuesta de Hogares, si bien en la Memoria

de Labores del ISTA no se aporta información

desagregada por género en cuanto al tipo de pro-

piedad escriturada (si se trata de solares de vi-

vienda o lotes agrícolas).

La normativa que regula el ámbito agropecuario

en El Salvador está desfasada pues no evidencia

la condición de igualdad de las mujeres, es muy

restrictiva y excluyente y no ha sido actualizada

en más de dos décadas.62 A ello se suman las

resistencias institucionales asociadas a una cultu-

ra predominantemente patriarcal y machista en

los órganos de gestión del agro, que tradicional-

mente ha desvalorizado el aporte de las mujeres

rurales.

Uno de los obstáculos para que las mujeres pue-

dan optar a los programas de acceso a tierras de

cultivo es el requisito de demostrar que se trata

de “campesino, jornalero o agricultor” sin tie-

rras.63 El documento de identidad de la mayoría

de las mujeres indica como ocupación “ama de

casa”. Y aunque los funcionarios que realizan el

trámite de solicitud deberían basarse en otros

criterios, muchas mujeres ven sus solicitudes re-

chazadas por este motivo.

Derecho a la Tierra y Empoderamiento Económico

de las Mujeres Rurales en El Salvador

“El empoderamiento económico de las mujeres se

puede definir como la habilidad de las mujeres para

transformar su propia realidad y la de sus socieda-

des de manera positiva como resultado de su parti-

cipación en actividades económicas. Estas activida-

des incluyen la habilidad de las mujeres de: partici-

par de manera eficiente en la economía; participar

en los mercados laborales y de productos bajo las

mismas en igualdad de condiciones con los hom-

bres; influenciar la división del trabajo dentro de los

hogares y en el mercado laboral; acumular sus pro-

pios activos; e influenciar la gobernabilidad y las es-

tructuras institucionales que determina la relación

entre el mercado y el Estado así como los procesos

que determinan la velocidad del desarrollo económi-

co. Dichas actividades deben basarse en los dere-

chos de las mujeres.”

En El Salvador, las mujeres pueden tener acceso a

tierra por tres diferentes vías:

A través de las relaciones sociales y de paren-

tesco

Acceso a tierra por parte del Estado

Acceso a la tierra en el mercado de tierra

Lo cual está regulado en la Constitución Política de

la República de El Salvador, el Código Civil o mercan-

til, el Código de Familia, y el Código de Trabajo

Implicaciones de este marco legal para el derecho de las mujeres a la tierra

Para que las mujeres logren un verdadero empoderamiento económico es fundamental facilitar un ac-

ceso equitativo a recursos productivos tangibles y a los recursos productivos intangibles que respondan

tanto a las necesidades prácticas como a los intereses estratégicos de las mujeres. No obstante La legis-

lación salvadoreña vigente en relación al acceso y control a la tierra, carece de un enfoque de género no ha

permitido la garantía de los derechos de las mujeres a obtener esos recursos y menos al “uso”,

“control” y “transacción” de la tierra.

Estos mecanismos carecen de una correspondencia con el Derecho Agrario, los Derechos Humanos y el en-

foque de género, lo cual deja muchos vacíos que perpetúan el control masculino de los recursos

productivos y por ende la exclusión de las mujeres al poder económico. Es necesaria una reformulación

de la legislación vigente que se traduzca en una igualdad real en el acceso a las mujeres a estos recursos pro-

ductivos, pero principalmente que garanticen el acceso a la tenencia segura de la tierra a las mujeres.

Fuente: Documento: Tierra para nosotras “Propuestas políticas de las mujeres rurales centroamericanas para el acce-

so a la tierra”. RECMURIC; Derecho a la Tierra y Empoderamiento Económico de las Mujeres Rurales en El Salvador.

Fotos: Oxfam internacional.