SECRETARÍA GENERAL - Santa Cruz Department Completo... · Joel Vargas Vía ENLACE REGIONAL PNUD ... Cuadro No.7: Santa Cruz: IDH Comparativo Municipio de Santa Cruz y 3 Municipios

INFORMACIÓN ÁREA: IDENTIDAD Y PUEBLOS

INDÍGENAS

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Elaboración diciembre de 2005

Revisión e impresión julio de 2006

SECRETARÍA GENERAL Unidad de Planificación, Inversión y

Programación (UPIP)

Para el AJUSTE DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO

ECONÓMICO Y SOCIAL (PDDES) 2006 - 2020

EQUIPO TÉCNICO ÁREA IDENTIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS DEL AJUSTE AL PDDES

ASESORAMIENTO, COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Fernando Prado Salmón ASESOR GENERAL - CONSULTOR

Sheyla Martínez Camacho COORDINACIÓN GENERAL – JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN,

INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN (UPIP) PREFECTURA

Antonio Ernesto Miranda Melgar COORDINACIÓN TÉCNICA – CONSULTOR

Saúl Molina Gómez LÍDER DE EQUIPO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA –UPIP PREFECTURA

Irene Poppe López ADMINISTRACIÓN FINANCIERA –CONSULTORA

CONSULTOR

Graciela Zolezzi Chocano ÁREA TRANSVERSAL IDENTIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS

COMISIÓN DE REVISIÓN 2005

Sheyla Martínez Camacho JEFA DE LA UPIP

Antonio Ernesto Miranda Melgar COORDINACIÓN TÉCNICA

Saúl Molina Gómez LÍDER DE EQUIPO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Joel Vargas Vía ENLACE REGIONAL PNUD

REVISIÓN 2006

Saúl Molina Gómez RESPONSABLE DE EQUIPO PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DPIP

GOBIERNO DEPARTAMENTAL

Prefectura del Departamento de Santa Cruz

Plan Departamental de Desarrollo Económico y Social 2006 - 2020

I

ÍNDICE DE CONTENIDO Contenido Página

INDICE DE CONTENIDO I INDICE DE CUADROS III INDICE DE GRAFICOS V DIAGNOSTICO DE IDENTIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS 1 1. MARCO CONCEPTUAL 1 1.1. Diversidad Cultural 1 1.1.1. Pluriculturalidad, Multilingüismo e Interculturalidad 1 1.1.2. Grupos Étnicos y Cultura 3 1.1.3. Lengua y Grupos Étnicos 4 1.2. La Identidad Cultural 5 1.2.1. Identidad Cultural 5 1.2.2. Identidad Indígena y Dominación Cultural 6 1.2.3. La Condición de Pueblo Indígena 7 1.2.4. Condición Campesina y Pertenencia Cultural 7 2. DIAGNÓSTICO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO 11 2.1. Diversidad Étnico Cultural 11 2.1.1. Diversidad Étnico Cultural 11 2.1.2. Indígenas de Tierras Bajas en las Estadísticas 14 2.1.3. Pluriculturalidad Indígena en la Población del Departamento 16 2.2. Identidades y Diversidad Sociocultural 22 2.2.1. Autoidentificación Étnica de la Población 22 2.2.2. Mennonitas, Japoneses: Colonos e Identidades 28 2.2.3. Identidad Regional 30 2.3. Situación de los “Pueblos Indígenas” Nativos del Departamento 35 2.3.1. Discriminación Indígena y Exclusión Social 36 2.3.2. Situación Jurídica de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) 42 2.3.3. Comunidades Indígenas y su Dispersión Rural y Urbana 46 2.3.4. Gestión Territorial en TCOs Indígenas del Departamento 49 2.3.4.1. Gestión Territorial Guaraní 50 2.3.4.2. Gestión Territorial Chiquitana 53 2.3.4.3. Plan de Gestión Territorial de Lomerío 55 2.3.4.4. Manejo Maderable de Bosque en las Comunidades de la TCO Lomerío 56 2.3.4.5. Gestión Territorial Ayorea: El Caso de la Comunidad de Zapocó 56 2.3.4.6. Gestión Territorial Guaraya 57 2.3.4.7. Manejo Maderable de Bosque en las Comunidades de la TCO Guarayos 58 2.3.4.8. Manejo de Bosques Indígenas en el Departamento de Santa Cruz 58 2.3.5. Presiones sobre Tierras Comunitarias de Origen 60 2.3.6. División Político Administrativa del Estado y TCOs 65 2.3.7. Aspectos Jurídicos en el Reconocimiento de los Pueblos Indígenas 68 2.3.8. Autonomía Indígena y Participación Popular 69 2.3.9. Interculturalidad una Propuesta desde los Indígenas 73 2.3.10. CIDOB en el Diálogo Nacional II y III y Planteamientos Económicos de CPESC 78 2.3.11. Políticas Nacionales que Tratan el Asunto de Pueblos Indígenas y Campesinos 87



III

INDICE DE CUADROS Cuadros Página

Cuadro No.1: Población Indígena Rural en Departamento de Santa Cruz 1994 15 Cuadro No.2: Bolivia: Población Total Por Condición de Indígena según Departamento, Censo 2001 15 Cuadro No.3: Total Población Indígena por Área según Subregiones y Provincias 19 Cuadro No.4: Población de 6 años o más de Edad por Idioma o Lengua que Habla y Sexo según

Subregión y Provincias (censo 2001) 20 Cuadro No.5: Población de 15 o más años, que se Auto Identifica con un Pueblo Indígena u

Originario 25 Cuadro No.6: Desarrollo Humano y Población Indígena 36 Cuadro No.7: Santa Cruz: IDH Comparativo Municipio de Santa Cruz y 3 Municipios con más del 50%

de Población Indígena 37 Cuadro No.8: Municipios del Departamento con IDH por Debajo de 0.60 38 Cuadro No.9: Santa Cruz: Porcentaje de Desnutrición Infantil y Zonas de Concentración de

Población Indígena 41 Cuadro No.10: Estado de Tierras Comunitarias de Origen en Departamento de Santa Cruz 43 Cuadro No.11: Centrales Indígenas Chiquitanas por Provincia 47 Cuadro No.12: TCO Monte Verde: Planes de Manejo Forestales Comunales 54 Cuadro No.14: Planes de Manejo en TCO. Departamento de Santa Cruz 59 Cuadro No.15: Concesiones Forestales Otorgadas en la TCO Bajo Paraguá 61 Cuadro No.16: Sobre Posición de TCO con Otros Usos 62 Cuadro No.17: Concesiones Mineras en TCO Monte Verde 64 Cuadro No.18: TCOs Guaraníes y Sobre Posición con Municipios 66 Cuadro No.19: Santa Cruz: Dependencia Pública y Número de Unidades Educativas. Modalidad de

Lengua, según Municipio 74 Cuadro No.20: Resumen: Centros Educativos del Departamentos por Subregiones de Acuerdo

Modalidad Monolingüe y Bilingüe 75 Cuadro No.21: Interinato Docente 75 Cuadro No.22: Escuelas Bilingües y Porcentaje de Maestros Interinos por Subregiones, Provincias y

Municipios 76 Cuadro No.23: Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias Reducir las Desigualdades y Barreras por

Discriminación Étnica 95 Cuadro No.24: Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias Desarrollo con Identidad de los Pueblos

Indígenas y Originarios 98



V

INDICE DE GRAFICOS Gráficos Página

Gráfico No.1: Bolivia. Población de 6 años o Más por Idioma o Lengua que Habla 17 Gráfico No.2: Porcentaje de Población Indígena del Departamento de Santa Cruz 18 Gráfico No.3: Distribución de la Población según Subregión 18 Gráfico No.4: Bolivia. Autoidentificación con Pueblos Originarios o Indígenas con Población de Más

de 15 años 23 Gráfico No.5: Autoidentificación Étnica del Departamento de Santa Cruz 24 Gráfico No.6: Santa Cruz. Población de 15 Años y Más por Subregión por Autoidentificación

Idiomática con un Pueblo Nativo 27



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DIAGNOSTICO DE IDENTIDAD Y PUEBLOS INDÍGENAS

1. MARCO CONCEPTUAL

1.1. Diversidad Cultural

1.1.1. Pluriculturalidad, Multilingüismo e Interculturalidad

En Bolivia en 1994 se producen dos hechos de importancia para el país y en particular para los pueblos indígenas: la reformulación de la Constitución Política del Estado (CPE) y la promulgación de la ley de Reforma Educativa. Con ello en el país se produce un cambio histórico al reconocer el Estado la condición cultural, étnica y lingüísticamente diversa.

La Constitución Política del Estado (CPE), en su primer artículo declara al país como una nación multiétnica y pluricultural, al mismo tiempo que reconoce por primera vez en la historia de la república derechos específicos a los pueblos indígenas:

Se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenibles de los recursos naturales, su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones.

La incorporación de lo multiétnico y pluricultural en la definición de la nación boliviana no ha sido una concesión de los administradores del Estado a la población, sino que es fruto de reivindicaciones de sectores culturalmente oprimidos y constituye una conquista lograda por movimientos sociales del altiplano y de las tierras bajas de Bolivia. Los antecedentes se encuentran en los años 60 del siglo XX con el movimiento Katarista Aymara y a mediados de la década del 80 con el movimiento de los pueblos indígenas de las tierras bajas Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB). Hasta entonces y desde la Reforma Agraria de 1953, el Estado boliviano otorgó la categoría de campesinos a los pueblos étnicos del altiplano y valles y calificó de “selvícolas” a los indígenas de las tierras bajas, obviando sus culturas e identidades.

La Ley de Reforma Educativa, complementó los avances en la CPE, siendo que unos meses después de la reformulación de la CPE, introduce la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) como política del Estado boliviano, definiendo la educación como “intercultural y bilingüe, porque asume la heterogeneidad socio-cultural del país en un ambiente de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres” (Art. 1). Esta vez, también debemos mencionar que la aprobación de la ley de reforma educativa que incorpora la interculturalidad y el bilingüismo, fue fruto de acciones de los pueblos indígenas vinculados a organizaciones de desarrollo1.

1 Precedieron a la Reforma Educativa en los años 80 algunas iniciativas históricas de educación indígena entre los

pueblos aymaras y quechuas, la reivindicación de unificación de alfabetos como en el caso guaraní y acciones

educativas privadas de Educación Intercultural Bilingüe, en especial un proyecto impulsado por la Comisión

Episcopal de Educación en comunidades quechuas y aymaras, y el Proyecto Teko Guaraní para la educación de

adultos y niños guaraníes.



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Es importante aclarar, que los términos de pluri o multiculturalidad se utilizan de manera descriptiva, para indicar la existencia de una diversidad de culturas que coexisten en determinado lugar; lo mismo que multiétnica, que nos indican la existencia de diferentes grupos étnicos que se reconocen a si mismos como sociedades diferentes por razones históricas, de contacto con otros grupos, rasgos físicos, costumbres, etc. Queremos destacar, que la introducción de estos términos en la legislación boliviana ha significado un cambio cualitativo en el proceso de reconocimiento de la composición socio cultural del país y de apertura al ejercicio de derechos hasta entonces no reconocidos a una mayoría de la sociedad. En Bolivia actualmente se habla de la existencia de 35 grupos étnicos, siendo que la mayoría de los mismos se encuentran en las tierras bajas del país.

De otro lado, es pertinente diferenciar la multiculturalidad de la interculturalidad. Gudrun Birk ha sintetizado la discusión de este asunto2 planteando que la multiculturalidad hace referencia al estado de la situación, mientras que la interculturalidad se refiere a las relaciones dinámicas que se establecen entre las comunidades diferentes. Ella cita a Xavier Albó para subrayar el carácter clave que tienen en la interculturalidad las actitudes de una cultura hacia la otra:

“La interculturalidad se refiere sobre todo a las actitudes y relaciones de las personas o grupos humanos de una cultura con referencia a otro grupo cultural, a sus miembros o a sus rasgos y productos culturales” (1999:99).

Por lo tanto, siguiendo a esta investigadora social, destacamos que la interculturalidad no es un concepto “neutral” sino que implica un posicionamiento político social y que se relaciona necesariamente a un proyecto político, o en palabras de Xavier Albó, a “un ideal”. El mismo que tiene que ver con actitudes, capacidades y con valores; y en el contexto boliviano, más precisamente con la capacidad de cambiar actitudes negativas hacia “el otro” para comprender mejor y respetar sus valores.

Esta interculturalidad positiva debe, por ende, desembocar en un enriquecimiento mutuo entre las diferentes culturas. La interculturalidad está orientada a fomentar la comprensión y el respeto mutuo entre las culturas o, como señala Weber:

"... nos tenemos que dar cuenta de que todas las culturas poseen una coherencia propia que cada una identifica con la verdad. Por tanto, la reflexión intercultural ha de desembocar en la constatación de que la verdad es plural y relativa y que cada cultura tiene que trabajar en la superación de sus propios horizontes si quiere comprender más libre y objetivamente los valores del otro".

Albó, por su parte, señala:

“El ideal intercultural es desarrollar al máximo la capacidad de la gente de diversas culturas para relacionarse entre sí de manera positiva y creativa. Esta capacidad se debe lograr en las personas, en las estructuras de la sociedad y en las instituciones que las soportan” (1999:99).

2 La presente discusión ha sido tomada de un documento interno de la ONG APCOB, elaborado por Gudrun Birk.



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1.1.2. Grupos Étnicos y Cultura

Adoptamos la perspectiva de Fedrik Barth (1969), para presentar el concepto de grupos étnicos. Como el autor explica, el término de grupo étnico es utilizado generalmente en la literatura antropológica para designar a una comunidad que en gran medida se auto perpetúa biológicamente; comparte valores culturales fundamentales realizados con unidad manifiesta en formas culturales; integra un campo de comunicación e interacción; cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y son identificados por otros y que constituyen una categoría distinguible de otras categorías del mismo orden (1969:11).

Sin embargo Barth, es crítico a esta manera de entender el fenómeno de los grupos étnicos debido al énfasis que se pone en los contenidos de los mismos grupos lo que impediría realmente comprender el lugar que éstos ocupan en las diferentes sociedades y culturas humanas. El autor más bien nos propone atender al problema de los límites étnicos que en su criterio, son los que definen al grupo y no el contenido cultural.

El argumenta que no se puede equiparar la cultura al grupo étnico. Que ello implicaría que sólo las diferencias culturales constituyen el límite entre grupos étnicos, siendo que las culturas de los pueblos pueden cambiar y de hecho cambian con el tiempo, mientras los límites entre los diferentes grupos persisten. Como sostiene Barth, el foco de la investigación es el límite étnico que define al grupo y no el contenido cultural que encierra (1969: 17).

Silvia Rivera cuando se refiere al proceso de exclusiones eslabonadas que caracterizan la estructuración social boliviana, suscribe la hipótesis central de Barth que descarta asociar la Etnicidad con uno o varios rasgos diacríticos o marcadores culturales permanentes, pues ello equivaldría a naturalizar los hechos sociales e históricos que generan las diferencias étnicas (2001:2).

Uno de los aportes importantes de Barth a la conceptualización de grupos étnicos, es el ponernos en alerta que en realidad, los diferentes grupos no se han desarrollado de manera aislada, sino que por el contrario su existencia y reconocimiento diferenciado de otros grupos étnicos se produce justamente en diferentes formas de contacto e interacción que incluyen la opresión y estratificación social.

Silvia Rivera a su vez es enfática al negarse a confinar la Etnicidad tan sólo a aquellos grupos que se autoidentifican como “indígenas“, “naciones originarias“ o “grupos étnicos“, afirmando que no es aceptable concluir con Barth que “el único criterio válido para definir a un grupo étnico es su autoidentificación explícita como grupo cultural diferenciado. Ella explica que:

“En sociedades postcoloniales como la boliviana, el proceso de despojo étnico deculturación impuesta (y autoimpuesta) ha creado situaciones de autonegación que constituyen, en sí mismas, marcas de Etnicidad, pero que también evocan la aspiración a una Etnicidad ajena“(2001:2).

Siguiendo el pensamiento de esta autora, queremos destacar el hecho que la Etnicidad en el caso boliviano, está marcado por el colonialismo interno que existe en el país; es decir por relaciones de dominación y exclusión social, que han obligado a amplios sectores de la población, a negar muchas veces sus referentes culturales propios, para afirmarse frente a sectores sociales de mayor prestigio y poder social.

Rivera en su estudio sobre la explotación de las mujeres aymaras, sostiene que “la Etnicidad debe relacionarse con la huella prolongada del colonialismo interno, el cual ha ido moldeando las inclusiones/exclusiones a la vez étnicas y genéricas que ha erosionado profundamente los



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antiguos poderes simbólicos y sociales detentados por las mujeres indígenas sin ofertarles nuevos espacios de autoafirmación a través de una auténtica ciudadanía” (2001:3).

1.1.3. Lengua y Grupos Étnicos

La lengua es un elemento importante, que se asocia fuertemente con la pertenencia étnica cultural, siendo que los miembros de un determinado grupo étnico generalmente tienen en común el uso de una lengua propia. Sin embargo, la pérdida de la lengua por algunos de los miembros de un grupo étnico, no conlleva directamente la pérdida del sentido de pertenencia de ellos a su grupo, como tampoco, la pérdida de la lengua por el grupo étnico en general, supone la desaparición del mismo. Son un conjunto complejo de factores que dan lugar a la continuidad de un grupo étnico y al sentido de pertenencia de sus miembros.

En Bolivia, los diferentes autores que escriben sobre los grupos étnicos, a veces no coinciden en la cifra y la diferencia suele deberse a la consideración de factores de lengua y ubicación geográfica espacial de grupos que pertenecen a un mismo tronco lingüístico. Albó (1999:43) se refiere a la existencia en las tierras bajas de 33 grupos étnicos minoritarios en los que se hablan unas 30 lenguas indígenas. En nota al pie, explica que la cifra varía según se considere la lengua o sólo el dialecto de una lengua común en la identificación de los grupos étnicos.

Albó diferencia a los grupos étnicos minoritarios y mayoritarios con criterios demográficos, siendo que aymaras y quechuas, son poblaciones grandes y ampliamente extendidas en el territorio nacional. En las tierras altas tenemos además de los dos grupos mayoritarios a la minoría Uru en el altiplano. Por lo tanto contabilizamos 36 grupos étnicos. Siendo que varios de ellos se encuentran también en los países vecinos. Las fronteras geográficas entre país, dividen a varios grupos étnicos, no sólo a los mayoritarios como aymaras y quechuas, sino a grupos de escasa población como ayoréode que se encuentran también en Paraguay o los Ese Ejja en el Perú, para nombrar un par de ejemplos.

Dentro de los 36 grupos étnicos mencionados anteriormente se ha considerado a la población afro descendiente castellano hablante, cuya presencia data de la época de la colonia y que han adquirido un sentido de minoría no reconocida, y que sólo en la última década ha empezado a organizarse para reivindicar su condición étnico cultural.

Además de los grupos étnicos nativos que están dentro de los 36 grupos étnicos mencionados, debemos hacer referencia a los migrantes extranjeros que han llegado al país en grupo de colonos, a través de convenios celebrados con el Estado boliviano en el siglo XX. Nos referimos a los colonos japoneses y mennonitas asentados en el departamento de Santa Cruz, los cuales se han asimilado a la sociedad boliviana, siendo que se han organizado en torno a la producción agropecuaria, concentrados en determinadas provincias, en las cuales mantienen su propia lengua, formas de organización social, instituciones y características culturales propias.

El mapa de lenguas de Bolivia, elaborado por Albó (1995) clasifica las lenguas presentes en el país en: lenguas mayoritarias, lenguas minoritarias, lenguas o familias asiladas y lenguas extranjeras. Dentro de las primeras se encuentran el castellano, el aymara y el quechua. Entre las lenguas minoritarias y de lenguas o familias aisladas están las lenguas que se hablan en tierras bajas. Y entre las últimas se incluye el portugués que declaró hablar el 23% de los habitantes del departamento de Pando, en la zona fronteriza con el Brasil (Albó 1995: 38), y en el departamento de Santa Cruz, el japonés, y el bajo alemán y /o el inglés hablado por los mennonitas.



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1.2. La Identidad Cultural

1.2.1. Identidad Cultural

Xavier Albó ha discutido ampliamente el asunto de la cultura y la identidad cultural en su libro Iguales Aunque Diferentes (UNICEF, CIPCA, 2002). El autor presenta en ese estudio una definición de “cultura como conjunto de rasgos compartidos y transmitidos por un determinado grupo humano, que sirven para organizar su forma y estilo de vida, darle identidad y diferenciarlo de otros grupos humanos” (Albó 2002:74), para explicar luego, que el grupo humano que comparte una misma cultura, toma su propio sentido de identidad, ya sea como etnia, pueblo, nación, o país, según el contexto cultural, social o político en que se desarrolla.

Con ello el autor quiere destacar el hecho que en la identificación del grupo no es siempre predecible cuáles son los elementos que juegan un rol más definitivo para marcar su identidad puesto que:

“Muchos elementos culturales pueden ser compartidos por muchos grupos y no son, por tanto, muy significativos para la identificación de un grupo, como distinto de otros´. Por ejemplo, pueden ser muchos los grupos culturales que comparten una misma lengua, un mismo ambiente ecológico o tecnología semejantes al menos en determinadas áreas” (Albó 2002: 74).

Como hemos señalado para los pueblos indígenas, Albó también menciona que en muchos casos lo fundamental puede ser el territorio, pero lo importante a entender es que,

“...la identidad grupal y sus razones es una actitud asumida colectivamente, que está sujeta a permanentes adaptaciones y cambios en el tiempo, sin que valgan argumentos a priori para dar mayor relevancia a uno u otro elemento”. (Albó 2002: 75).

Otro aspecto muy importante para entender los procesos de identidad cultural que destaca el autor, es la complejidad de elementos de orden simbólico y pragmático, que entran en juego, cuando se trata de la identidad cultural de cualquier cultura humana. El menciona, que los componentes pragmáticos y simbólicos operan en los ámbitos de la economía y tecnología, las relaciones sociales y el imaginario de las sociedades, y que en cada una de esas esferas pesan más o menos los elementos pragmáticos o simbólicos. Explica que:

“...componentes simbólicos y pragmáticos pueden combinarse en cualquier esfera. Por ejemplo, toda adaptación al medio ambiente es un proceso eminentemente pragmático; pero la identificación de este medio ambiente como territorio ya es una construcción simbólica; ésta a veces se refuerza incluso con la sacralización de ciertos puntos estratégicos o con símbolos más prosaicos como los hitos y los mapas (Albó 2002: 77).

Tanto los elementos simbólicos como los pragmáticos van cambiando en el tiempo con el conjunto de la cultura, por evoluciones internas e influencias externas. Pero es hipótesis del autor que

“… dentro de esta evolución, son algunos componentes simbólicos los que más contribuyen a mantener la identidad del grupo, por lo mucho que ésta tiene de intangible. Una vez más, es difícil predecir cuáles de los múltiples componentes simbólicos se ligarán más a la identidad cultural y étnica, pero es sobre todo en ese campo donde ésta se construirá y expresará” (Albó 2002: 78).



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1.2.2. Identidad Indígena y Dominación Cultural

En Bolivia, en las últimas décadas los grupos étnicos oprimidos por el Estado y la sociedad dominante, que no reconocía su conformación plural, han estado construyendo lo que actualmente se denomina su ciudadanía; una ciudadanía amplia que cuestiona la homogenización cultural y que rescata la noción de Estado Boliviano diverso. Se trata de un proceso en el cual, los miembros de los diferentes grupos étnicos, han pugnado por un reconocimiento de su condición de bolivianos, con plenos derechos individuales, pero sin renunciar a su condición de grupos con identidad cultural y sentido de pertenencia; que deben ser reconocidos como derechos colectivos, siendo que los mismos no pueden realizarse efectivamente a nivel individual3.

La historia reciente, de los pueblos indígenas de las tierras bajas de Bolivia, muestra la capacidad organizativa y política lograda por los diferentes grupos étnicos; para superar sus límites étnicos, a nivel de su estrategia de acción político organizativa. El propósito político reivindicativo del movimiento indígena CIDOB, priorizó la alianza entre grupos étnicos diferenciados; para la resolución de sus problemas sociales y de discriminación que les eran comunes dentro del Estado Boliviano. Como afirma Santana para el caso del movimiento indígena ecuatoriano, la Etnicidad hay que concebirla teniendo en cuenta dos palancas esenciales íntimamente ligadas a la identidad:

“La territorialidad es un factor que se encuentra siempre en la raíz misma de la identidad y de su revitalización contemporánea, mientras que la permanencia permite comprender la continuidad de un rechazo histórico a la dominación impuesta (signo negativo de la identidad) pero igualmente el paso a una visión “constructiva” del futuro indígena y del porvenir nacional (signo positivo) (1995:8).

La CIDOB, en las tierras bajas de Bolivia, concentró su acción política en la recuperación de sus territorios, los mismos que constituyen la base material sobre la que se construyen sus culturas, su sentido de pertenencia e identidad y sus posibilidades de desarrollo futuro como pueblo. El significado atribuido al término “indígena”, por el movimiento de las tierras bajas de Bolivia de las dos últimas décadas, ha estado y continúa estando, vinculado principalmente a la reivindicación de sus territorios étnicos, disminuidos o perdidos en el proceso de dominación colonial y republicano. Territorios entendidos como la tierra y recursos naturales que reclaman como propiedad histórica de sus pueblos. Y directamente relacionado a los mismos está la exigencia de reconocimiento de su condición indígena; entendida como reconocimiento a su cultura y las instituciones sociales y políticas que la conforman, que tienen a su vez un carácter de derechos económicos sociales y culturales de carácter colectivo.

Difícilmente podemos encontrar a individuos y grupos étnicos que se autodefinan como indígenas; se identifican con el movimiento indígena y su plataforma política cuando representa sus intereses, pero se autoidentifican con su propio grupo étnico y espacio territorial; con una determinada lengua y cultura. Por ejemplo, los guaraníes del Isoso, se reconocen a sí mismos como parte del movimiento guaraní, siendo miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, y parte del movimiento indígena CIDOB, al cual están afiliados; organizaciones ambas, mediante las cuales reivindican sus derechos colectivos; entre estos,

3 Por ejemplo, el reconocimiento de su derecho a su lengua, no puede darse efectivamente, con el mero hecho de

otorgarle derecho al individuo para hablarla, sino que, el Estado debe ofrecer condiciones para que se desarrolle la lengua que se encuentra oprimida, lo que imprescindiblemente implica una comunidad de hablantes que estén en posibilidades de preservarla y desarrollarla, superando problemas de discriminación y desvalorización.



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los de territorio, lengua y la educación bilingüe e intercultural, el reconocimiento de su medicina tradicional y sistema de autoridad. Pero a su vez, como isoseños, marcan sus diferencias con otros de grupos étnicos del mismo tronco lingüístico guaraní, como los ava-guaraní, por razones de variaciones dialectales o con los Simba, por otros elementos que hacen a su ubicación geográfica, sus prácticas culturales, costumbres, vestimenta, etc y su historia de contacto e intercambio con su grupo étnico y la sociedad nacional.

Lo “indígena“, es una categoría que les permitió a los líderes del movimiento indígena integrar su visión de transformación de la sociedad; orientada a superar los problemas de marginación y exclusión, de los cuales son objeto como pueblos; y tomar medidas de acción para la recuperación de derechos sociales, culturales y políticos, dentro de una nación que los ignoraba como sujetos sociales y políticos. Tempranamente a mediados de los 80, el movimiento indígena incluyó además entre sus demandas, el reconocimiento de sus lenguas originarias como lenguas nacionales y el reconocimiento de sus propias autoridades.

1.2.3. La Condición de Pueblo Indígena

Como hemos mencionado lo “indígena“ no es un elemento primario de identificación cultural de los grupos étnicos de las tierras bajas de Bolivia, sino una categoría política construida por su movimiento, vinculada principalmente a la reivindicación de sus territorios étnicos. Es ante todo un instrumento de lucha para el acceso, control y propiedad de las áreas territoriales que constituyen la base material y proporcionan referencias para la construcción simbólica de las culturas y pensamiento religioso de los diferentes grupos étnicos.

En el largo proceso de reivindicación, los indígenas de diferentes partes del mundo han venido construyendo instrumentos de acción política, habiendo conquistado a nivel de los organismos de las Naciones Unidas un reconocimiento a su condición pueblo indígena, lo cual, actualmente, les permite exigir derechos no sólo individuales, sino fundamentalmente colectivos. Con lo cual, han enriquecido la noción de derechos humanos, introduciendo cambios profundos a nivel de los derechos internacionales y de las correspondientes legislaciones nacionales que los ratifican.

El Estado Boliviano, el año 1991, incorporó a su legislación el Derecho de los “Pueblos Indígenas” mediante la suscripción del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que fue ratificado por la Ley 1257. Como explica Betancur, la ley otorga a los pueblos indígenas derecho a la identidad cultural, de la cual se deriva el reconocimiento de sus costumbres, sus tradiciones, sus instituciones propias, sus prácticas sociales, cultural, religiosas, espirituales y sus prácticas económicas; su relación no sólo materiales, sino simbólica con el territorio y el carácter colectivo de esa relación. En síntesis, se trata del derecho a seguir siendo como son, a tener idiomas diferentes y formas de gobierno y de relaciones sociales y económicas propias (Betancur SNV CEJIS 2004).

Lo importante a destacar entonces, es que la condición de pueblo indígena; reconocida como un derecho internacional; vincula la base material del territorio, con una cuestión de identidad cultural de los diferentes pueblos étnicos, que reclaman para si un reconocimiento de su existencia: con autonomía, dentro de los estados nacionales, como parte indisoluble, por derecho histórico, en la constitución del mismo.

1.2.4. Condición Campesina y Pertenencia Cultural

La condición campesina, hace referencia principalmente a una condición económico social, de unidades de producción y consumo familiar, basadas en el trabajo de la tierra, utilizando tecnología rudimentaria y estableciendo relaciones de producción, que incluyen intercambio de productos y fuerza de trabajo ligados a relaciones familiares y ceremoniales. Se trata de una economía orientada, fundamentalmente, para satisfacer necesidades de consumo familiar



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e intercambio con otras unidades familiares y con producción excedente, destinada al mercado. Sin embargo, en el contexto de la sociedad boliviana, la condición de campesino, se vincula a una condición de pertenencia étnica cultural y a relaciones coloniales de dominación y exclusión social.

El término “campesino“, adquirió en el caso de Bolivia una connotación política específica dentro del contexto de la Ley de Reforma Agraria del 53; siendo que el Estado boliviano sustituyó el uso del término “indio“ que discriminaba racial y culturalmente a diferentes grupos étnicos, por el de “campesino“, el cual incorporó a la legislación agraria, en un renovado intento de homogenizar la compleja realidad pluricultural, para asimilar a los pueblos étnicos al Estado en cuanto que productores rurales.

Como explica Albó, “a partir de la década del 50, el liberalismo trató de imponer, una nueva forma de homogenización de carácter más participativo y populista. Además de los inmigrados, que iban quedando mimetizados en las ciudades, también en el campo se cambio de “indígena” e “indio” por el de “campesino”; y las “comunidades” ya eran “sindicatos”, afiliados a su vez al “partido”, parecía que se iba a dar fin a una concepción pluriétnica de muchos siglos, para dar paso a un concepto uniforme de ciudadanía y a una sociedad más pareja; a partir de categorías simplemente socioeconómicas, como consumidores y productores y diferenciada sólo por clases sociales y regiones, debidamente articuladas. Ya no habría indios ni blancos, sino bolivianos (Albó, 1999:16 - 17).

Los movimientos campesinos en Bolivia, hasta la década del 80, adoptaron para sí mismos la nominación de “campesinos”, recogiendo la calificación que la Ley de Reforma Agraria de 1954 había introducido y luchaban desde una concepción sindical agraria, para eliminar su situación de pobreza y el marginamiento social. Sin embargo, como el mismo autor menciona el proceso social se condujo por otros rumbos y en la década del 70 “de nuevo fue tomando cuerpo el sentido de identidades culturales, diferenciadas, primero en la región andina y, desde los años 80, también en las tierras bajas.” (Albó 1999:16-17). La historia demostró que las identidades étnicas están mucho más arraigadas de lo que el pensamiento social de la época y los grupos de poder pensaban.

Tocó al CIDOB, al movimiento de los pueblos étnicos de las tierras bajas de Bolivia, introducir en la década del 80 del siglo XX un nuevo paradigma en la lucha de los movimientos sociales; siendo que adopta para sí la calificación de “indígena”, dándole al término una connotación liberadora y no opresora, con una clara propuesta de articulación multicultural y una dimensión territorial y no sólo de derecho a tierras agrarias. CIDOB, enriquecía de esa manera, las propuestas políticas campesinas andinas, aymaras y quechuas, que aparecían como propuestas de alcance menor en lo que a acceso a recursos naturales se refería, e incorpora el reclamo de la condición sociocultural sin disociación posible del reclamo de la tierra territorio.

Es importante destacar que las dos categorías, “indígena” y “campesino”, siguen siendo términos cargados de contenido social y político y que recogen la historia de los propios movimientos sociales rurales de las tierras bajas y de los valles y altiplano de Bolivia. La categoría de indígena, aún hoy no es aceptada por los movimientos campesinos andinos, que prefieren denominarse originarios; pero inclusive en el proceso de avance de las organizaciones de tierras bajas, ciertos pueblos que se denominaban indígenas han preferido cambiar la denominación de sus organizaciones introduciendo los términos de nativos, o originarios. Ambos términos “originario” e “indígena” han sido incorporados por la legislación boliviana con un contenido de reconocimiento de derechos económicos sociales y culturales. Fruto de los movimientos sociales, las leyes actuales han debido introducir las diferentes denominaciones para dar cuenta de la diversidad de organizaciones reivindicativas y de su auto denominación.



9

Actualmente tanto campesinos, como indígenas y colonos, reivindican derechos a la tierra y los recursos naturales a través de sus organizaciones, exigiendo el respeto y el cumplimiento efectivo de derechos económicos, sociales y culturales. Pero también una nueva categoría social ha surgido en los últimos años en el contexto económico y social ligado a la problemática de la tierra, se trata de los denominados sin tierra que han adquirido una propia identidad y se abren paso entre indígenas, campesinos y colonos de manera organizada y con reivindicaciones propias. Como analiza Ávila (2003: 382-383) el surgimiento de los “sin tierra” no es reciente y su origen debe buscarse en el proceso de la Reforma Agraria del 53; cuando la dotación de tierras fiscales por parte del Estado procedió de manera inequitativa; siendo que a los campesinos se les dotaba un máximo de 50 hectáreas, en tanto que a un nuevo sector de grandes propietarios se les entregaban hasta más de 50.000 hectáreas en el chaco y el oriente del país.

“Es ahí, que podríamos atribuirle a los llamados asentamientos espontáneos en las áreas de colonización4 ser los primeros “sin tierra” que con fines de trabajarla personalmente la tomaron y consolidaron su derecho propietario mediante demandas de dotación ante Consejo Nacional de Reforma Agraria CNRA o el Instituto Nacional de Colonización, INC” (Ávila 2003: 383)

Sin embargo, el autor nos llama la atención sobre las condiciones actuales en las que los migrantes “sin tierra”, están pugnando por reivindicar sus derechos al acceso a la propiedad de la tierra. Lo importante a destacar es que la Reforma Agraria del 53, a diferencia del proceso actual, dejó abierta la posibilidad de dotar tierras fuera de las zonas de colonización planificadas, lo que permitió dar una solución al conflicto de falta de tierras y a la presión que se ejercía entonces. Sin embargo, actualmente explica el autor se ha cerrado dicha posibilidad a través de disposiciones que introdujeron los grupos de poder en el ordenamiento agrario a través de la Ley INRA, que determinan que se debe concluir el saneamiento de tierras en todo el país, antes de proceder a dotaciones a los campesinos que poseen tierra insuficiente, o simplemente no la tienen.

Ávila deja en claro en su estudio, que por su origen los “Sin Tierra” en Bolivia, se definen a si mismos como trabajadores de la tierra, aunque es posible que en la actualidad muchos de ellos estén trabajando temporalmente en otro rubro, seguramente como informales, dada la falta de empleo provocada por la crisis económica que actualmente se vive en el país” (Ávila 2003: 384).

4 En Bolivia se denomina “colonización” a los procesos de asentamientos de corrientes migratorias internas, y

“colonizadores” a los sujetos de estos procesos.



11

2. DIAGNÓSTICO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO

2.1. Diversidad Étnico Cultural

El país presenta grandes variaciones étnico culturales en contextos regionales y locales, las cuales no han sido suficientemente estudiadas y recogidas en información sistemática, para la elaboración de planes y programas del Estado. En particular el departamento de Santa Cruz, presenta una configuración pluricultural y multilingüe, que tiene raíces en la historia pre-colonial de la región, así como se nutre de migraciones nacionales andinas y de colonos extranjeros, ocurridas desde mediados del siglo XX que han enriquecido la conformación cultural del Departamento.

2.1.1. Diversidad Étnico Cultural

Durante las diferentes etapas históricas, desde la conquista española hasta nuestros días, la población indígena de las Tierras Bajas de Bolivia fue drásticamente reducida5. Actualmente existen 36 grupos étnicos, que corresponden a diferentes agrupaciones lingüísticas. En el departamento del Beni, existe la mayor diversidad de grupo étnicos y lingüísticos; y en Pando se registran pocos grupos indígenas de escasa población6.

El departamento de Santa Cruz, concentra en su espacio territorial a varios grupos étnicos de las Tierras Bajas, agrupados en tres grupos lingüísticos; dos de los cuales se cuentan, entre los de mayor población, es decir demográficamente más extensos: los chiquitanos y los grupos étnicos pertenecientes al tronco lingüístico tupí guaraní; además, es oriundo de esta región el grupo étnico ayoréode, de poca población (Weber 1999). Veamos a continuación su distribución geográfica en el Departamento y su agrupación lingüística:

Chiquitano7: besiro hablantes, ubicados en las provincias Ñuflo de Chávez, José Miguel de Velasco, Chiquitos, Ángel Sandoval y Germán Busch8.

Tupí - Guaraní: pertenecientes a este tronco lingüístico, y que comprende a los siguientes grupos étnicos:

o Guarayu: que hablan la lengua guaraya y están ubicados en la provincia Guarayos.

o Isoceño-Guaraní, guaraní hablantes, ubicados en la provincia Cordillera.

o Ava-Guaraní, guaraní hablantes con cierta variación dialectal respecto a isoseño-guaraní, ubicados en la provincia Cordillera9.

5 En la época prehispánica habrían existido más de un millón de habitantes en la región de las tierras bajas de

Bolivia. 6 En las zonas tropicales y chaqueñas, los pueblos indígenas siempre han sido numéricamente pequeños debido a la

necesidad de adaptarse a las condiciones ecológicas más frágiles y complejas, mientras que las zonas de transición han permitido mayores concentraciones poblacionales.

7 La lengua chiquitana, el besiro, fue una de las lenguas de pueblos de la región en el momento de las reducciones jesuíticas que la impusieron como lengua franca, siendo que prácticamente han desaparecido otras las lenguas, que han sido absorbidas por ésta.

8 Representan aproximadamente según datos 2002 de la CPESC 65.000 habitantes y 450 comunidades indígenas y organizadas en 12 Centrales intercomunales (Fuente: CEJIS).



12

o Mbya (Sirionó), guaraní hablantes ubicados en la provincia Guarayos, asentamiento Salvatierra y río Negro10.

o Guarasug`wae (Pauserna): guaraní-hablantes, casi exterminados ubicados en la provincia José Miguel de Velasco.

Ayoréode: forman parte de la familia étnica y lingüística zamuco, estando su población dispersa en las provincias Ñuflo de Chávez, Chiquitos y Ángel Sandoval11.

A esta diversidad étnico y lingüística de grupos humanos originarios del Departamento, se suma aquella que es producto de las migraciones que se inician en la segunda mitad del siglo XX; provenientes de los Departamentos andinos y en especial de migración campesina ocasionada por problemas de falta de tierra y de oportunidades de empleo; así como el flujo de población extranjera colona dedicada a la producción agropecuaria que llegó al país inicialmente por convenio con el Estado boliviano, el cual les ofreció otorgar tierras fiscales gratuitamente.

Los procesos de colonización han dado como resultado la presencia de población concentrada en ciertas provincias del Departamento, conformando bolsones étnico lingüísticos de origen quechua, aymara, japonés; mennonitas de lengua alemana baja o inglés, ruso, y recientemente asentamientos de predios de brasileros de habla portuguesa.

Según información del Centro Menno los primeros mennonitas llegaron a Bolivia, al departamento de Santa Cruz, desde el Paraguay, a mediados de los años 50 (2004, plan anual). Por razones religiosas, declinaron el ofrecimiento gratuito de tierras y compraron al Estado 50 ha por familia (Parejas 1981:71). A partir del año 1967 se dio un proceso de emigración creciente de mennonitas procedentes de México, Canadá y de Belice impulsados por el interés de mantener su sistema de producción agrícola y de vida organizado por motivos religiosos. Actualmente, según el censo conducido por el Centro Menno a fines del año 2002, vivían alrededor de 42.000 mennonitas en 42 colonias organizadas. La mayoría de las colonias se ubican en un radio de 300 kilómetros al sur, norte y oeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. (Centro Menno, 2004, Plan Anual).

El estudio de Albó (1995:42) identificó en 1992 la presencia de las colonias mennonitas en las provincias, Andrés Ibáñez, Chiquitos, Sara, Cordillera y Ñuflo de Chávez. Según un mapa publicado por el Centro Menno el 2004, podemos identificar que existe una tendencia a dispersar sus colonias en busca de más tierras. que son adquiridas a propietarios privados; siendo que existen cuatro colonias en los alrededores de Charagua -Casa Grande, Piamonde, Durango y La Sierra- otras dos en la provincia de Guarayos -Monte Cristo y Cariño- y dos colonias -Florida y El Sur- se encuentran en el departamento de Tarija.

La migración colona nacional andina en Santa Cruz, llegó de manera espontánea o bajo programas dirigidos a instalarse en ciertas provincias del Departamento. Fue desde mediados

9 También habitan las provincias Luis Calvo y Hernando Siles del Departamento de Chuquisaca y al norte del

Departamento de Tarija.

10 Mbya (Yuki): hasta 1989 se ubicaban en el Departamento de Santa Cruz, fueron trasladados a un campamento

(Chimoré) en el Departamento de Cochabamba.

11 También existentes en el Paraguay.



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de 1950 que el Estado inició un programa de ampliación de la superficie agrícola y propició la colonización en la periferia del área integrada de Santa Cruz (Albó y otros 1989:175-179). Entre 1954 y 1960 se establecieron 6 colonias‚ Aroma, Cotoca, Cuatro Ojitos, Huaytú, Caranda y Yapacaní - algunas dirigidas y otras espontáneas o semidirigidas (Parejas 1981:69). La mayor colonia dirigida se estableció a 150 km al NE de Santa Cruz, cerca de la carretera a Trinidad en San Julián (Albó 1995; Parejas 1981). Inicialmente fue población quechua procedente de Cochabamba la que inmigró al Departamento, pero posteriormente, Santa Cruz recibió migración espontánea de Potosí y otros departamentos del país. La crisis económica, el cierre de minas y los programas de ajuste económico, han generado flujos de población migrante de ex mineros y campesinos pobres y de los diferentes departamentos andinos; también de las propias provincias más deprimidas del Departamento.

La migración de colonos japonesas se inició al igual que los mennonitas en los años 50. Dos fueron las áreas ofrecidas por el gobierno boliviano para el asentamiento de los japoneses, San Juan de Yapacaní en la provincia Ichilo y varios trechos cercanos al río Grande en la provincia de Warnes, renombrados por los inmigrantes Okinawa (Albó 1995). Según Parejas, el año de fundación de San Juan fue 1956, Okinawa I 1954, Okinawa II 1959 y Okinawa III en 1961 (1981:72). Fue por convenio con el estado boliviano, que inmigraron ciudadanos japoneses a quienes se les ofreció tierras fiscales gratuitamente, “adecuadas para las necesidades de los inmigratantes“, con propósitos de producción agropecuaria, que una comisión mixta de ambos países definió (Art. VI del convenio). (Parejas, 1981:165). Los primeros inmigrantes llegaron a la colonia San Juan en 1957, algunos desertaron saliendo del país y pocos se dirigieron a otros departamentos, siendo que en 1977 estaban establecidas 214 familias, la mayoría procedentes de Nagasaki. (Parejas: 104). En las colonias Okinawa hubo mayor deserción. En 1979 quedaban 2.571 personas en ambas colonias; 223 familias y 1.139 personas en San Juan de Yapacaní y 238 familias y 1.432 personas en Okinawa (Parejas 1981:125). Según datos del censo de 1992.

Durán Mendía (2001) explica, el flujo de migrantes hacia la región integrada y la zona de expansión, por ser esas las tierras más fértiles del Departamento y donde la actividad productiva está estrechamente relacionada con la agroindustria cruceña; citando estudios de Bojanic (1988) y de Salvatierra (1998), explica, como en la región se ha ido estructurando un sistema de propiedad de la tierra diferenciado por tipo de productores, identificando a: “a) los colonos nacionales con superficies menores a las 50 ha y cuya actividad principal es la agricultura destinada al mercado; b) colonos extranjeros mennonitas y japoneses, cuyas superficies disponibles de tierra varían entre las 50 y las 1000 ha –con promedio de 231 ha, por familia en colonia de Okinawa y 11 ha, en San Juan de Yapacaní–. Para el caso de los productores mennonitas, la superficie promedio es de 92 ha por familia; los propietarios medianos con superficie menores a las 2.000 ha y los grandes propietarios concentran importantes cantidades de tierra aunque en menor extensión que la zona chiquitana (2001:172).

A las categorías anteriormente mencionadas, debemos añadir en la situación actual, el surgimiento de un sector de migrantes, los “sin tierra”, que siendo colonos provenientes de los departamentos andinos, se reconocen así mismos como miembros de un grupo social excluido y discriminado. Citamos a Ávila (2003) quien muestra los resultados de entrevistas que dan cuenta que la mayoría de los “sin tierra” coinciden acerca de su identidad explicando que:

“Son los hijos de campesinos que han crecido y que trabajan un pedazo de tierra de sus padres, pero ya con familia les resulta insuficiente y no pueden seguir viviendo de lo que les presten”. Para otros son: “Hombres y mujeres cuyo único oficio es trabajar la tierra, y por ello, ante la falta de tierra apta para la producción agrícola, tuvieron que migrar y trabajar para otros, o alquilar tierra o ser partidarios para ganarse el sustento cotidiano” (Ávila 2003: 384).



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Este sector de población migrante, tiene una presencia conflictiva en el Departamento, pues, en su búsqueda de tierra para producir, ejercen presión sobre tierras privadas aparentemente improductivas o sobre áreas protegidas, debido a la falta de tierras disponibles para su dotación; porque como explica Ávila, el Estado boliviano está llevando el proceso de saneamiento de tierras muy lentamente, siendo que “no ha identificado tierras fiscales, y menos aún, revertido propiedad alguna, ni siquiera aquellas que están en manos de quienes hacen gala de haber falsificado títulos de propiedad; es un factor que permite coincidencias en la lucha de “los sin tierra” y los colonizadores, que pueden resumirse en la necesidad de ambos, por alcanzar la modificación parcial de la Ley INRA (Ávila 2003:391).

Podemos afirmar entonces, que la colonización espontánea, es la más significativa actualmente en el Departamento y procede de diferentes lugares del país; Santa Cruz se ha constituido en un polo de atracción económica y ello se traduce en una reconfiguración del panorama étnico, cultural y social del Departamento, que se manifiesta en su diversidad cultural, más claramente percibida en la capital del Departamento.

2.1.2. Indígenas de Tierras Bajas en las Estadísticas

Los censos en Bolivia, enfrentan el problema de estar obligados a generar información sobre una realidad pluriétnica y multicultural, marcada por un proceso de discriminación social y cultural. Los instrumentos de registro censal, no resultan adecuados para dar cuenta de la dimensión política, social y cultural que pretenden medir. La realidad del país presenta grandes variaciones en contextos regionales y locales que dificultan el proceso técnico y se resulta en información poco satisfactoria. Ello se explica debido a la ausencia de indicadores étnicos en los censos en el pasado y a deficiencias en la aplicación de criterios en los recientes12. Consecuentemente el número de integrantes de los distintos grupos étnicos es impreciso y difiere notablemente la información sobre su población en los registros oficiales que pretenden dar cuenta de su población.

Las experiencias censales recientes muestran que, la formulación y la aplicación de los censos son resultado y se derivan de cambios en la constitución formal del Estado. Los indígenas demandaron en años recientes, ser visibilizados en los registros censales y han obligado al Estado Boliviano a dar una respuesta oficial. El año 1994, después del Censo Nacional de Población y Vivienda, se hizo un Censo Indígena rural de tierras bajas, al constatarse que el anterior había sido deficiente en registrar a la población indígena.

La realización del censo, que fue calificado de piloto, se explica en un contexto histórico posterior a la marcha indígena de 1990 que condujo a que los pueblos indígenas a buscar legitimar sus conquistas13. El surgimiento del movimiento indígena durante las décadas del 80 y 90 del siglo XX ha reforzado proceso de auto identificación indígena en las tierras bajas y ha elevado el número de personas que se considera indígena. El Censo Indígena de 1994 presenta los datos de acuerdo a las regiones: Amazonía, Oriente y Chaco. La región Oriente abarca el departamento de Santa Cruz con excepción de la provincia Cordillera que se incluye en la región Chaco. Los siguientes son los resultados globales del censo de 1994:

12 Weber (1999) informa que Kelm (1983), basándose en investigaciones de los años 70, estima en 75.000 los indígenas que viven en el oriente boliviano, mientras que Riester calcula 250.000 personas en el año 1990.

13 El censo indígena se hizo en abril 1994 y aúna los esfuerzos de la cooperación Sueca, PNUD, la organización indígena de las tierras bajas CIDOB y la Subsecretaria de Asuntos Étnicos.



15

Cuadro No.1: Población Indígena Rural en Departamento de Santa Cruz 1994

Pueblo Indígena Oriente Chaco Total %

Chiquitano 46.330,00 46,33 57,2

Guarayu 6.064,00 6,06 7,49

Guaraní 3.338,00 24,06 27,39 36,8

Ayoreo 800 800 0,98

Otros 311 311 0,38

Total 56,84 24,06 80,9 100

Fuente: Censo Indígena 1994.

Aunque involucrando a los pueblos y comunidades en su ejecución, el censo no logró información adecuada. Los datos no pueden considerarse representativos de la población y resultan subestimándola. Diferentes investigadores dan cuenta de una realidad diferente. Weber (1999) informa que Kelm (1983), basándose en investigaciones de los años 70, estimaba a principios de la era del ochenta en 75.000 los indígenas que vivían en el oriente boliviano, mientras que Riester calculaba 250.000 personas en el año 1990.

El censo sólo registró a la población rural por debajo de 2000 personas y los indicadores fueron calculados a nivel global y no por pueblo. El documento del censo en su introducción menciona múltiples dificultades en su aplicación, la elaboración de criterios e indicadores, concluyendo que la situación no es real y que requiere de la construcción de nuevos indicadores para dar cuenta de la situación. Se señalan también problemas de índole social y político como la inseguridad territorial, el deterioro ambiental, la pérdida de identidad cultural que dificultaron el registro censal.

Asimismo se refieren a aspectos técnicos, como la agregación de unidades geográficas comúnmente utilizadas como Secciones Municipales, Provinciales o Departamentales, que no corresponden con la distribución de los pueblos indígenas, o la cuantificación a gran escala y su no correspondencia a unidades socio culturales demasiado pequeñas, cuando se trata de determinar tasas como de maternidad, fecundidad etc. (Zolezzi y de Boer 2003).

En el último Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 también se han presentado problemas para contabilizar a la población indígena. Como señala Loza (2003) el Estado en Bolivia ha abandonado la designación explícita de indio, sustituyéndola por nativo, originario entre otras, sin mantener una nomenclatura constante en sus encuestas, lo cual muestra la inconsistencia y la falta de reflexión al respecto. Hasta el presente, se ha trabajado a nivel de la auto-identificación, lengua y localización geográfica, pero carecemos de análisis que tomen en cuenta otros criterios socio-demográficos que nos permitan construir lo explícitamente señalado como indio.

Cuadro No.2: Bolivia: Población Total Por Condición de Indígena según Departamento, Censo 2001



16

Departamento

Cifras Absolutas Cifras Relativas

Total (Porcentaje de Población Indígena)

Total Indígena No indígena Total Área urbana Área rural

Total 8.274.325 4.133.138 4.141.187 49.95 35.96 73.20

Pando 52.525 6.039 46.486 11.50 13.90 9.92

Beni 362.521 50.630 311.891 13.97 9.30 24.22

Tarija 391.226 69.936 321.290 17.88 17.21 19.03

Oruro 391.870 238.829 153.041 60.95 45.01 85.11

Chuquisaca 531.522 345.010 186.512 64.91 52.67 73.43

Santa Cruz 2.029.471 447.955 1.581.516 22.07 17.89 35.43

Potosí 709.013 572.592 136.421 80.76 56.26 93.22

Cochabamba 1.455.711 999.963 455.748 68.69 52.19 92.27

La Paz 2.350.466 1.402.184 948.282 59.66 45.71 86.77

Fuente: INE. Anuario Estadístico 2004. CNPV 2001. pp 16.

Según los datos del Censo del 2001, vemos que Bolivia es un país que se caracteriza por una composición sociocultural predominantemente indígena, siendo que en 6 de sus 9 departamentos ésta se encuentra por encima del 59 % de su población.

Los datos de los departamentos de Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz aparecen con las cifras relativas menores de población indígena. Sin embargo, es muy importante destacar que justamente en los departamentos de las Tierras Bajas y en particular en Beni, Pando y Santa Cruz se encuentra la mayor diversidad de pueblos indígenas del país, que hacen de Bolivia un país multicultural y plurilingüe. Los dos primeros comprenden alrededor de 20 diferentes pueblos indígenas14.

2.1.3. Pluriculturalidad Indígena en la Población del Departamento

Los datos que a continuación presentamos se basan en cifras oficiales del INE del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, en el cual el criterio utilizado para determinar la presencia de diferentes pueblos étnicos es la lengua, como acabamos de mencionar arriba, a través del idioma hablado por la población, en este caso, de 6 años y más. En otra sección nos referiremos al criterio de auto identificación étnica.

14 Entre los que podemos mencionar a los Araona, Cavineño, Chákovo, Esse Ejja, Yaminagua, Pakahura, Mojenño,

Chimane, Sirionó, Baure, Kanichana, Cayubaba, Itonama, Moré, Movima, Tacaña, Yuracare.



17

En primer lugar, a modo de referencia para contextualizar la situación regional de lenguas y grupos étnicos presentamos la distribución porcentual de lenguas habladas a nivel nacional, graficadas más abajo. Podemos observar que a nivel nacional el idioma más importante en términos de personas que lo hablan es evidentemente el castellano, seguido por el quechua, el aymara, diversas lenguas extranjeras y con muchísima menos población el idioma nativo guaraní y otras lenguas nativas.

El gráfico de la Gráfico Nª 1 nos muestra que independientemente de la autoidentificación de la población con cualquier pueblo indígena, hay una situación efectiva de plurilingüismo en el país con una presencia significativa de las lenguas quechua y aymara frente a las demás sean estas nativas o extranjeras.

Gráfico No.1: Bolivia. Población de 6 años o Más por Idioma o Lengua que Habla

0%

0%

2%

1%

61%

21%

15%

Quechua

Aymara

Español

Guarani

Extranjero

No habla

Otro Nativo

Fuente: INE, CNPV 2001.

Siguiendo el mismo criterio de lengua hablada por la población, en el caso del departamento de Santa Cruz, la población indígena estaría conformada por 447.955 personas, lo que representa el 22,07% de la población total del Departamento, frente al resto de la población de habla castellana y otras lenguas extranjeras.



18

Gráfico No.2: Porcentaje de Población Indígena del Departamento de Santa Cruz

77,93%

22,07%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1Población total Dpto Santa CruzPoblación indigena el el Dpto de Santa Cruz

Fuente: INE CNPV 2001.

En cuanto a la distribución de la población en general por Subregiones, vemos que la subregión Integrada tiene la mayor concentración demográfica con el 70,25%, quedando en segundo lugar la Subregión de la Chiquitania con el 15,84%, en tanto que la Subregión Chaco sólo cuenta con el 9,28%, mientras que la Subregión de los Valles muestra la menor presencia indígena en el Departamento con tan sólo el 4,63%.

Gráfico No.3: Distribución de la Población según Subregión

% de la población por Sub-región

70,25%

15,84%

9,28%

4,63%

INTEGRADA CHIQUITANIA CHACO VALLES

Fuente: INE CNPV 2001



19

Con respecto a la población indígena del Departamento, como observamos en el Cuadro Nº 4, de la siguiente página, existe un tendencia global de concentración de la misma en áreas urbanas, siendo que ésta asciende al 61.74% (276.559) de su población frente a un 38.26% (71.396) que reside el área rural. Es importante anotar que la tendencia está sesgada por la Subregión Integrada que concentra en términos absolutos a la mayor cantidad de población indígena con una gran presencia de población quechua y poblaciones aymara y guaraní en menor proporción. Sin embargo, otros grupos étnicos nativos del Departamento todavía presentan un patrón de asentamiento rural.

En la Subregión Integrada, la población indígena del área rural constituye sólo el 23 %, donde predomina la población urbana, frente a una distribución más bien rural de las otras Subregiones, en las cuales podemos observar lo siguiente: la Subregión Chiquitania que comprende principalmente población indígena chiquitana, besiro hablante -aunque con fuerte presencia quechua y menor presencia aymara- constituye aún en su mayoría población rural (67.2 %). En la Subregión del Chaco, la población rural indígena guaraní es fundamentalmente rural con un 86 %, y en la Subregión del Valle, la población indígena es mayoritariamente rural (74.8 %).

Cuadro No.3: Total Población Indígena por Área según Subregiones y Provincias

Subregión Provincias

Población Indígena

Área Urbana Área Rural Total

Departamento de Santa Cruz 276.559 171.396 447.955

I. Integrada

A. Ibáñez 200.082 24.534 224.616

I. Warnes 4.311 7.452 11.763

Ichilo 8.899 18.979 27.878

Sara 2.051 5.542 7.593

O. Santistevan 26.976 15.878 42.854

Total Subregión 242.319 72.385 314.704

II. Chiquitania

J.M. de Velasco 2.101 4.189 6.290

A. Sandoval 512 722 1.234

Guarayos 8.062 7.452 15.514

Ñ. de Chávez 6.617 26.776 33.393

G. Busch 3.354 949 4.303

Chiquitos 2.560 7.645 10.205



20



Área Urbana Área Rural Total

Total Subregión 23.206 47.733 70.939

III. Chaco /Total Subreg Cordillera 5.806 35.762 41.568

IV. Valles

Vallegrande 531 2.725 3.256

Florida 2.395 5.604 7.999

M.M Caballero 2.302 7.187 9.489

Total Subregión 5.228 15.516 20.744


Como podemos observar en la cuadro Nº 4, la presencia de población indígena del altiplano y valles es significativa en el departamento de Santa Cruz. Debemos destacar sin embargo, que la información respecto a los grupos indígenas se basa en una pregunta que presenta una opción cerrada a cinco etnias -aymaras, quechuas, guaraní, chiquitano, mojeño- que aparecen jerarquizadas frente al resto que queda oculto bajo la denominación de “otro nativo”.

Cuadro No.4: Población de 6 años o más de Edad por Idioma o Lengua que Habla y Sexo según Subregión y Provincias (censo 2001)


Quechua Aymara Guaraní Otro Nativo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Total Censo 2001 128.026 122.354 29.264 23.029 21.688 19.813 8.906 8.543

I. Integrada

A. Ibáñez 68.727 74.179 22.672 19.760 5.098 4.488 1.068 973

I. Warnes 3.194 2.655 501 249 1.080 917 48 27

Ichilo 11.494 9.844 797 417 200 102 86 56

Sara 2.682 1.944 162 79 287 210 61 51

O.Santistevan 16.196 14.292 1.333 714 1.794 1.183 94 67

Total Subregión 102.293 102.914 25.465 21.219 8.459 6.900 1.357 1.174



21

II.

Chiquitania

J.M. de

Velasco 742 568 233 152 74 17 764 786

A. Sandoval 217 57 123 74 20 6 64 47

Guarayos 1.642 1.125 320 181 365 306 4.119 4.109

Ñ. De Chavez 11.073 8.848 924 439 583 368 1.851 1.650

G. Busch 1.013 703 554 309 98 34 236 218

Chiquitos 1.502 844 539 147 180 79 393 346

Total Subregión 16.189 12.145 2.693 1.302 1.320 810 7.427 7.156

III. Chaco

Cordillera

2.588 1.535 519 191 11.858 12.087 85 182

(S-R)

IV. Valles

Vallegrande 359 232 66 49 10 7 13 9

Florida 2.729 2.120 207 145 23 7 20 14

M.M

Caballero 3.868 3.408 314 123 18 2 4 8

Total Subregión 6.956 5.760 587 317 51 16 37 31

Fuente: INE CNPV 2001

Entre quienes hablan alguna lengua nativas u originaria en el Departamento, el 69.2 % habla quechua, 14.4 % aymara; 11.4% Guaraní; 4.8 % otras nativas. La población quechua hablante aparece siendo mayoritaria en tres de las cuatro Subregiones: la Subregión Integrada, la Chiquitania y la Subregión de los Valles, y ocupando el segundo lugar sólo en la Subregión Chaco, donde la población nativa guaraní hablante resulta predominante. Con mucha menor presencia que la población quechua, pero con una importancia relativa en el departamento de Santa Cruz, se ubica la población aymara hablante. Su concentración resulta especialmente significativa en la Subregión Integrada en la que ocupa el segundo lugar después del quechua y superando demográficamente a otras poblaciones indígenas como la guaraní y otras nativas.

En la Subregión Chiquitania, en la cual la población chiquitana nativa -besiro hablante- no aparece siendo predominante, sino que ocupa el segundo lugar después de los quechua hablantes, encontramos que la población aymara supera también a la población guaraní cuya presencia en la zona registra un cuarto lugar en términos de concentración demográfica. Los chiquitanos, que en el cuadro aparecen ocultos como “otro nativo“, ocupan el segundo lugar en su propia región respecto a la población quechua hablante, siendo que como mencionamos antes, esta población es la mayoritaria a nivel departamental. Además dentro de “otro nativo” sabemos que en la región de la Chiquitania habita también el pueblo ayoréode, zamuco hablante, que debe estar incluido también en esa categoría.



22

Observamos que la población andina quechua y aymara con presencia en la región tiene una distribución por sexo diferente en cada una de las Subregiones. Las mujeres quechuas son el 50.2 % de esa población quechua hablante en la Subregión Integrada, mientras que en la Subregión Valles constituyen el 45.3 %, en la región de la Subregión Chiquitania, son sólo el 42.9 %, y en Cordillera el 37.2%. Similar comportamiento demográfico presentan las mujeres aymaras siendo que también tienen menor presencia en Cordillera con el 26.9 %, y mayor presencia en la Subregión Integrada (45.5 %) y en los Valles (35.1 %) y moderada presencia dentro de su grupo aymara hablante en la Subregión de la Chiquitania (32.6 %).

Con respecto a la población guaraní hablante, vemos que la misma tiene presencia en las cuatro Subregiones del Departamento; concentrándose principalmente en su zona de origen, la Subregión Chaco y en la Subregión Integrada y en menor grado en la Subregión Chiquitana, siendo insignificante su presencia en la Subregión del Valle. Especialmente significativo es el flujo migratorio hacia la Subregión integrada donde se concentra el 37 % de la población guaraní del Departamento; con mayor presencia masculina, puesto que las mujeres constituyen el 44.9 %; mientras que en su zona de origen, la Subregión Chaco, encontramos que las mujeres son el 50.4%

Es en la zona de la Subregión Integrada, donde se da una mayor confluencia de población migrante del altiplano y valles, así como de población indígena nativa. Siendo ese un lugar, de concentración de producción agropecuaria y comercial que ha atraído tanto población andina como a la población guaraní. Bajo la categoría “otros“, estarían diferentes pueblos indígenas de las tierras bajas, que no podemos identificar por grupo étnico, pero que constituyen un porcentaje no muy significativo.

2.2. Identidades y Diversidad Sociocultural

En esta sección presentamos información censal sobre la autoidentificación étnico de la población del Departamento extraída del último Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001 que permite mostrar la diversidad étnica cultural de la conformación actual del Departamento y el sentido de pertenencia cultural de los mismos. Para terminar con una presentación de los asuntos que hacen a la construcción de discursos de identidad cruceña.

2.2.1. Autoidentificación Étnica de la Población

Debemos señalar que, la aplicación técnica del concepto de auto identificación insertado en el censo presenta limitaciones y es incierto en los criterios para definir la autoidentificación, porque da por supuesto los elementos identificadores, sin explicitarlos. Además, las opciones para la autoidentificación fueron como ya se señalaron en otra sección, cerrada a cinco opciones de grupos étnicos -quechua, aymara, guaraní, mojeño, chiquitano y otro nativo- para que la gente respondiera sobre su auto identificación.

Como vimos en otra sección, en el caso del departamento de Santa Cruz, la mayoría de la población mayor de seis años es castellano hablante, siendo que tan sólo el 22.07 % habla alguna lengua nativa, incluyendo entre estas, las lenguas nativas originarias del Departamento como el aymara y quechua. Ahora, nos vamos a referir a otro rango de la población, aquella de 15 años y más, siendo que no es posible comparar la información con respecto a la población que habla las mismas y otras lenguas porque no corresponden al mismo rango de edad.

Como podemos observar en el gráfico Nº 4, a nivel nacional la autoidentificación de la población con grupos indígenas u originarios nos muestra que es con la población quechua que la población en general tiene una mayor autoidentificación. Siguiendo en segundo lugar con la población aymara, ambos grupos etnolingüísticas constituyen mayorías nacionales.



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Gráfico No.4: Bolivia. Autoidentificación con Pueblos Originarios o Indígenas con Población de Más de 15 años

100%

31%25%

2% 2% 1% 1%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Población de

15 años o

más

Quechua Aymara Guaraní Chiquitano Mojeño Otro Nativo Ninguno


Pero es de subrayar que existe un 38 % muy significativo que no presenta ninguna orientación de identificación con población indígena alguna. Siendo que el quechua aparece en primer lugar con un 31 %, el aymara con 25 %, el guaraní y chiquitano con el 2 % respectivamente, 1 % mojeño y tan sólo1 % con otros pueblos originarios o indígenas. La distribución de las autoidentificación con los pueblos de las tierras bajas, resulta ser comparativamente muy reducida, lo que tiene una evidente correlación con la realidad demográfica de esos pueblos, que son minoritarios dentro del contexto del país, pero que resultan importantes localmente en sus respectivos departamentos y regiones en los que son valorados por un sector de la población y fuertemente discriminados en algunos casos.

En el siguiente gráfico podemos conocer la distribución porcentual de la autoidentificación étnica de la población del departamento de Santa Cruz.



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Gráfico No.5: Autoidentificación Étnica del Departamento de Santa Cruz

16,8%

0,4%

16,6%

62,5%

37,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Quechua Aymara Guaraní,

Chiquitano,

Mojeño, Otro

Ninguno % Nativo


Como podemos observar en el gráfico Nº 5, hay un 37 % de la población que se siente identificada con alguno de los pueblos étnicos del país, frente a una mayoría (62.5 %) que no tendría ninguna autoidentificación con pueblos indígenas y originarios. Dentro de las personas que se autoidentifican con grupos étnicos, es de especial interés notar que encontramos que existe prácticamente igual cantidad de personas que se identifican con la población quechua (16.8%) que con el conjunto de diferentes grupos étnicos del Departamento y de las tierras bajas del país (16.6%), quedando con sólo 0.4% el aymara. Siendo que son cuatro los pueblos étnicos -varios grupos guaraníes y guarayos, ayoreode y chiquitanos- nativos del departamento de Santa Cruz, pero existiendo en realidad 33 diferentes grupos étnicos con los cuales la población se puede identificar en las tierras bajas, nos percatamos que el predominio de la autoidentificación quechua es más concentrado en el Departamento y por lo tanto tendría mayor influencia, ante una identificación mucho más difusa con pueblos nativos de la región.

En la cuadro Nº 5, podemos observar la lista de grupos étnicos nativos con los cuales la población de 15 años o más del Departamento, mencionó estar identificada. Ello, no implica en ningún sentido que esa población hable la lengua o tenga relación de filiación o parentesco con miembros de tal grupo. Sólo podemos afirmar que la persona manifestó estar identificada con el mismo, aunque es muy probable que muchos de los que se autoidentifican pertenezcan al mismo grupo.

Después del quechua, que es el pueblo étnico con el cual la población tiene mayor identificación, no como lengua hablada sino como referente cultural, vemos con interés que el segundo y el tercer lugar lo ocupan dos grupos étnicos originarios del Departamento, los chiquitanos y guaraníes, en cuarto lugar queda el pueblo aymara del altiplano y en quinto y sexto lugar los mojeños, naturales del Beni y luego los guarayos naturales de la provincia



25

Guarayos del departamento de Santa Cruz. Llama la atención que sean menos de 1000 personas, quienes se identificaron con los Ayoréode, cuya población es mucho mayor en el Departamento, lo que se explicaría quizás por problemas de auto descalificación étnica que los llevaría a no hacer explícita su autoidentificación. De otro lado, se confirmo la diversidad de población indígena de diferentes departamentos del país que son consideradas y valoradas por la población del Departamento.

Cuadro No.5: Población de 15 o más años, que se Auto Identifica con un Pueblo Indígena u Originario

Departamento de Santa Cruz

No. Pueblo Originarios o

Indígenas

Número de Personas

por Pueblo Porcentaje

TOTAL 1.121.636 100

1 Quechuas 206.417 18.403

2 Aymará 4.804 0.428

3 Guaraní 5.754 0.513

4 Chiquitano 107.105 9.549

5 Araona 0 0.000

6 Ayoreo 856 0.100

7 Baure 30 0.003

8 Canichana 4 0.000

9 Cavineño 1 0.000

10 Cayubaba 20 0.002

11 Chacobo 13 0.001

12 Chiman 90 0.008

13 Esse ejja, chama 50 0.004

14 Guarasugwe 9 0.001

15 Guarayo 5.951 0.531

16 Itonama 186 0.017

17 Joaquiniano 3 0.000

18 Leco 28 0.002

19 Machineri 1 0.000



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Departamento de Santa Cruz

No. Pueblo Originarios o

Indígenas

Número de Personas

por Pueblo Porcentaje

20 Moré 3 0.000

21 Moseten 9 0.001

22 Movima 552 0.000

23 Moxeño 13.441 1.200

24 Pacahuara 4 0.000

25 Reyesano, maropa 24 0.002

26 Sirionó 16 0.001

27 Tacana 86 0.008

28 Tapiete 0 0.000

29 Urus (uruchipaya) 46 0.004

30 Weenhayek mataco 101 0.009

31 Yaminagua 4 0.000

32 Yuqui 14 0.001

33 Yuracare 87 0.008

- No especifica pueblo 15.371 1.370

- Ninguno 760.556 67.808

Fuente: INE y Viceministerio de Asuntos Indígenas.

En el siguiente gráfico comparativo por Subregiones, podemos analizar el sentido de pertenencia étnico declarado por la población con presencia en cada una de las cuatro Subregiones del Departamento15.

15 Valga la aclaración que los datos del INE presentan ciertas variaciones que no permiten en todos los casos sumar el 100%.



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Gráfico No.6: Santa Cruz. Población de 15 Años y Más por Subregión por Autoidentificación Idiomática con un Pueblo Nativo

17,9%

4,5%

10,7%

65,0%

15,0%

2,0%

47,0%

32,0%

7,6%

1,2%

38,8%

52,4%

20,1%

1,4% 1,4%

69,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Quechua Aymara Guaraní, Chiquitano,

Mojeño y Otro

Ninguno

I. Integrada II. Chiquitanía III. Cordillera IV. Valles

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

En primer lugar ya hemos mencionado que, existe un alto porcentaje de la población que no se siente identificado con ninguno de los grupos étnicos de mayor presencia demográfica en las tierras bajas de Bolivia. Es justamente en la Subregión del Valle; donde los datos demográficos presentados anteriormente de la población de 6 años y más que habla una lengua nativa; que muestran escasa población con dominio de una lengua indígena, allí donde encontramos coincidencia con una menor identificación étnica de la población.

En la Subregión Integrada del gráfico Nº 6, donde encontramos la mayor concentración de población indígena de diversos orígenes, vemos que también existe un alto porcentaje de personas que no tienen como referente la cuestión étnico indígena. Es importante aclarar que ésta Subregión comprende amplias zonas de colonización extranjera y población urbana, así como la capital del Departamento. En la Subregión del Chaco, más de la mitad de la población, que responde a esta pregunta, no siente ninguna identificación con pueblos indígenas u originarios, lo mismo que un 37 % de la gente de la Subregión de la Chiquitania, cifras que tienen cierta correspondencia con la conformación castellano hablante de la mayoría de su población, pese a existir núcleos importantes de concentración de población indígena en ambas Subregiones.

Con relación a la autoidentificación de la población con los quechuas, ésta parece corresponder con la realidad del origen de la población, siendo que la Subregión Valle es la que recoge el mayor valor (20.1 %) con respecto a la subzona integrada que se ubica en segundo lugar con un valor cercano (17.9 %) y la Subregión Chiquitana con un 15 %. La Subregión de Cordillera en la cual la presencia de quechua hablantes es menor, encontramos también una menor autoidentificación de la población con esta cultura. La menor autoidentificación cultural con respecto a los núcleos principales de población étnica del país consultados explícitamente en el censo, lo tiene el pueblo aymara en este Departamento,



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siendo que la Subregión en la que alcanza mayor valor es la de la Subregión Integrada, donde no llega al 5%.

Las culturas indígenas nativas de las tierras bajas presentan valores importantes de autoidentificación; como lo podemos corroborar con la lista presentada antes que se corresponden con las zonas de concentración chiquitana, guaraya y guaraní del Departamento, porque los mayores valores están en orden de importancia en la Subregión Chiquitana y la Subregión Chaco, y casi sin relevancia en la Subregión del Valle.

2.2.2. Mennonitas, Japoneses: Colonos e Identidades

En el panorama regional del Departamento, un importante sector de población extranjera, se ubica principalmente en la Subregión integrada, tienen también presencia en otras Subregiones del Departamento. Hemos mencionado su origen y ubicación en otra sección de este documento y ahora queremos referirnos a los aspectos de su cultura e identificación étnica.

Los Mennonitas de las colonias en Santa Cruz, “se caracterizan por haber desarrollado una especial subcultura propia, muy ligada a la agricultura y a las formas tradicionales de vida como se expresa, por ejemplo, en la indumentaria (que recuerda la Europa de entonces) y en los medios de transporte carretas a caballo. Económicamente este enfoque tradicional les ha dado un prestigio especial como productores de alimentos de calidad, procesados sin componente agroquímicos” (Albó 1995: 42).

El sistema de vida de los colonos mennonitas, está marcado por su religión, que procede de una secta religiosa de la época de la Reforma, los anabaptistas, que los conduce a tener valores y actitudes conservadoras y de cerrazón frente a otros pueblos y culturas. Ello conduce a que establezcan límites étnicos muy definidos que los circunscriben a su propio grupo cultural en sus relaciones sociales, políticas y culturales. Como dice el documento del Centro Menno,

“La gran mayoría de los mennonitas vive en colonias con fronteras bien definidas y se entienden como entidades políticas y eclesiásticas autónomas. Tienen un convenio con el gobierno boliviano que les concede libertad para practicar su religión, administrar sus propias escuelas, y la exención del servicio militar obligatorio” (Centro Menno s/f).

Su religión y cultura los conduce a la endogamia, estando prohibido el matrimonio con otros grupos culturales. Sus prácticas culturales, su actitud etnocéntrica, contribuyen a que mantengan altos niveles de monolingüismo, siendo ello más marcado entre las mujeres. Como lo muestra Albó con datos del Censo de 1992: “A lo largo de tres generaciones vivas, no hay prácticamente ninguna pérdida de la lengua traída desde afuera y es muy débil el conocimiento de la lengua local, como segunda. La manejan casi exclusivamente los hombres adultos, no sin cierta dificultad” (Albó 1995:43).

El estado boliviano, tiene con los mennonitas una política de tolerancia, que permite que se abstengan de atender al sistema judicial boliviano, para respetar el poder religioso que se impone en sus colonias. Tal como lo dice el documento antes citado.

“La iglesia local de la colonia es céntrica en la vida de las colonias. Generalmente, los obispos de las iglesias de las colonias son elegidos a esta posición para toda la vida y porque ellos aplican las reglas y las restricciones establecidas a través del tiempo, tienen mucho poder. Deben mantener el orden en la colonia/iglesia y tratar las disputas y ofensas dentro de la colonia sin utilizar el sistema judicial boliviano” (Centro Menno s/f).

La sociedad cruceña, tiene una representación definida de la cultura mennonita y esa no ha generado conflictos aparentemente. La imagen que se tiene de grupo étnico está ligada a su



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labor productiva y son considerados buenos trabajadores y honestos. En ciertas zonas, los colonos extranjeros contratan para ciertos trabajos temporales a colonos andinos o trabajadores indígenas, como los ayoreos o los guaraníes en las colonias que colindan con comunidades de estos pueblos, pero, no tenemos datos sobre las percepciones que los indígenas tienen de sus relaciones laborales, ni viceversa. Conocemos que el sistema de producción de los mennonitas en el caso de la zona de Charagua, de población guaraní; está ocasionando daños al medio ambiente al desmontar aceleradamente grandes superficies, que están afectando las áreas tradicionales de cacería (MAIPO y otros 2004:26), seguramente generando tensiones en la población local.

Las colonias japonesas a diferencia de la mennonitas, tienen una actitud de mayor contacto y apertura hacia la sociedad boliviana y han establecido intercambios culturales sin marcar fuertemente sus fronteras étnicas. Ello también corresponde con su origen y los motivos de inmigración, siendo que los japoneses que llegaron a Bolivia, lo hicieron en el contexto de la posguerra. Vinieron en busca de acceso a la tierra agrícola que era muy escasa en su lugar de origen y de oportunidades económicas y no por motivos religiosos o tensiones culturales. Aunque no estaban informados sobre Bolivia, ni eligieron el país de destino porque las autoridades militares de ocupación americana de Okinawa lo definieron, conocían que enfrentarían dificultades (Wakatsuki, Y. y Kunimoto I, 1995:75-77).

Según explica Albó los miembros de la colonia de San Juan, han mantenido una más fuerte identidad japonesa, comparado con los de Okinawa, “pero muy tempranamente en el proceso de colonización el sistema educativo local hizo el esfuerzo por combinar su legítimo derecho cultural japonés con su inserción en la cultura del país que los acogía”. Los japoneses han formado familias mixtas con bolivianos/as y no se han cerrado a sus colonias. Los datos del Censo de 1992 mostraban que en la zona de San Juan de Yapacaní tan sólo un 5% era monolingüe y un 47% sabía japonés, lo que evidencia un proceso de castellanización que es más pronunciado en las mujeres de las nuevas generaciones (Albó 1995:40-41).

Al igual que en el caso de los mennonitas, la sociedad cruceña en general tiene una imagen positiva de los japoneses, que son considerados un pueblo trabajador; no habiéndose producido fricciones significativas interétnicas entre bolivianos y japoneses, aunque las mismas no están exentas de prejuicios y tensiones en las que se articulan cuestiones de clase, raza y cultura.

En las colonias, desde muy temprano, los japoneses establecieron relaciones laborales con colonos quechuas, aymaras y con campesinos cruceños de la región. Un estudio realizado en 1985 sobre la inmigración japonesa en Bolivia, en base a encuestas (Wakatsuki, Y. y Kunimoto I, 1995:101-102) muestra que en todas las regiones de migración japonesa analizadas en el país, la causa de disputas más frecuentes está vinculada con “problemas con los empleados” y su incidencia es mayor en las zonas rurales donde habitualmente se contratan trabajadores. Como explican los autores los problemas surgen porque el inmigrante japonés suele ser el empleador, sin una adecuada comprensión del idioma y costumbres locales; pero que la tendencia es a la disminución de problemas por la mayor asimilación de los japoneses y su proceso de castellanización. Los mismos autores identificaron, problemas entre japoneses y población local vinculados a la tierra; debido a invasiones de tierras de residentes locales, en tierras sin cultivar de colonos, en el caso de la colonia Okinawa16.

16 Actualmente es interesante anotar que la colonia Okinawa es ahora un municipio que pertenece a la provincia de

Warnes, lo que le permite una planificación acorde a la composición social y cultural de su población que tiene una conformación interétnica.



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Con respecto a los prejuicios raciales, el estudio encuentra que uno de cada cuatro japoneses percibió alguna vez un trato prejuicioso o diferencial, siendo que la respuesta más frecuente asociaba el prejuicio racial con el estrato social “pudiendo interpretarse que en los estratos superiores existe este prejuicio marcadamente y que disminuye en las clases bajas“. Es decir, como señalan los autores citados: “los bolivianos de la alta sociedad rechazaban a los inmigrantes japoneses por considerarlos como pertenecientes a una clase inferior“.

Con respecto a la situación inversa de prejuicios de los japoneses respecto a los bolivianos, el estudio muestra;

“Mas de la mitad respondió que existen inmigrantes con prejuicios, pero que no se trata de un problema racial sino que es algo que surge de la diferencia en el nivel cultural y en el nivel de vida. Interpretamos aquí que no tienen prejuicios con los bolivianos de estratos superiores, pero sí con los de clase más baja” (Wakatsuki, Y. y Kunimoto I, 1995:110).

La integración de los colonos japoneses a la sociedad cruceña, a diferencia de los mennonitas; se relaciona con el hecho que, el sistema educativo en las colonias se adecua a la leyes nacionales, donde asisten colonos japoneses como los nacionales que viven en las zonas vecinas. Como indica Parejas (1981: 143) “paralelamente a la educación, de acuerdo a los programas nacionales, los hijos de los colonos japoneses reciben instrucción en lo concerniente a la lengua japonesa oral y escrita“.

2.2.3. Identidad Regional

Los datos demográficos y de autoidentificación étnica presentados en las secciones anteriores nos conducen a plantear dos asuntos interrelacionados: de un lado, el predomino de los castellano hablantes y la poca identificación étnica con pueblos y culturas indígenas por parte de la mayoría de la población del Departamento; pero de otro lado, la existencia de un fuerte foco de concentración de múltiples identidades ligadas a la diversidad de pueblos indígenas; que aparecen como minoritarios, en términos demográficos en el conjunto de la población del Departamento, pero que tiene un sentido de pertenencia étnica y que se identifican con una determinada cultura y lengua. Ello nos obliga al reconocimiento de la pluriculturalidad del Departamento, y a la constatación que el proceso de identificación cultural es múltiple; que se da en una arena compleja de autoafirmación y de negación de los otros.

Se ha podido recoger información acerca de la diversidad de grupos étnico culturales, que conviven en el Departamento, y nos hemos referido a aquellos que se concentran en determinadas áreas geográficas; básicamente por su condición de campesinos colonos y agricultores extranjeros; sin embargo, nos hemos dado cuenta de todos los grupos culturales y étnicos del Departamento. Además, encontramos un importante sector de la población; que al no identificarse con ningún grupo étnico cultural de base indígena, constituye un sector social con valores y símbolos varios; que pueden estar abiertos o no, a adoptar los valores y símbolos que le son propuestos para una identificación regional, o de una amplia referencia cultural como la de “camba“. Esta última, tendría la ventaja de aglutinar a una diversidad de bases sociales, al ofrecer una identificación que no impone límites étnicos, ni geográficos claramente definidos para la inclusión de sus adherentes, ni tampoco se ajustaría a rasgos culturales definidos, sino que se trata de una propuesta de identificación que apela más bien a valores positivos amplios como la hospitalidad y la amabilidad, que hacen al comportamiento social solidario de profundas raíces históricas en la forma de vida precapitalista de la región y con los cuales muchos sectores sociales pueden sentirse interpretados y representados.

De otro lado, el proceso de globalización de la economía y el correspondiente proceso de expansión de los medios de comunicación, están generando un conjunto de patrones de



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comportamiento y de modalidades de consumo, que definitivamente están influyendo de manera sustancial en la producción cultural y los valores de la población en su conjunto.

La preocupación y el interés por el asunto de la identidad cultural cruceña, es un tema que irrumpe fuertemente en los años 80 del siglo pasado, cuando desde diversos enfoques y con diferentes énfasis; investigadores y estudiosos lo plantearon desde un punto de vista crítico, buscando entender las raíces del hecho denominado identidad cruceña. Podemos citar, entre otros/as, a Herman Fernández, Fernando Prado, Carlos Hugo Molina, Ruber Carvalho, Alcides Pareja y Susana Seleme, quienes elaboraron una interesante producción bibliográfica al respecto.

Exponemos estas ideas, como una especie de sistematización provisional de los aportes que se han hecho y tratamos de dar cuenta de manera general de un tema que resulta complejo y que en el contexto actual, adquiere gran importancia; por lo cual se torna necesario impulsar su debate y profundización, en el marco de las políticas y propuestas de desarrollo que consideran la interculturalidad.

El Aislamiento de Santa Cruz

Constatamos que existe una coincidencia entre diversos investigadores sociales para identificar como uno de los elementos centrales de conformación de lo que se ha llamado el regionalismo cruceño; al aislamiento económico, social, político y cultural en que se debatió la región durante 400 años.

La investigación y compilación “Los cruceños y la cultura” publicada por la Cooperativa Cruceña de Cultura, durante los años 80, expresa que mientras en el occidente el territorio se estructuró rígidamente en función del modelo exportador de minerales, en Santa Cruz surgía una ciudad -estado que se autoabastecía y que se articulaba débilmente y de manera dependiente con el sistema dominante. Esto explicaría el impulso de estructuras políticas y sociales de carácter propio, que incluso llegan a sostener actos de rebeldía contra el poder central “… el que siempre fue sentido como lejano y excluyente”. Es así que se difunde una primera sensación de aislamiento, confrontación y abandono que persistirá durante la colonia y la república y que es la explicación del elemento más característico de la cultura política cruceña: el regionalismo (Cooperativa Cruceña de Cultura 1990: 266).

Desde una perspectiva histórica, para Isaac Sandoval; el regionalismo cruceño encuentra su explicación en la Colonia y en la división político-administrativa del Virreinato: que le asignan a la región, un rol marginal en la reproducción del sistema económico, limitado a la provisión de ciertos insumos, para la producción minera de Potosí. El regionalismo cruceño, desde esta perspectiva, nace de la desigualdad en el proceso histórico de desarrollo; que se expresa, en el plano político, en la asimetría de la distribución del poder, y en el plano económico, en la participación diferenciada en la asignación de recursos (PNUD 2004: 39).

De esta manera, la sociedad cruceña se desenvolvió en un marco histórico de marginación en el contexto nacional, con débiles contactos con el exterior, constituyendo esta la base social previa al proceso de inmigración, del desarrollismo y de la expansión demográfica que sobreviene posteriormente a 1952 (PNUD 1995: 30-39).

Precisamente, Carvalho destaca que la revolución del 52 marca la insurgencia de una nueva burguesía; con otras concepciones y el despegue de otro concepto de desarrollo regional y local; elementos que transformarán a la larga la vieja identidad cruceña son, las migraciones de los valles y altiplano boliviano y la presencia de la cultura transnacional. Estas migraciones, diferente a los moldes establecidos en Santa Cruz desde la colonia y construidos en 150 años de abandono republicano, vienen a su vez a elaborar un nuevo contenido y a dar un nuevo impulso y forma a los patrones culturales en todo el Oriente boliviano (Carvalho 1990: 56).



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De esta manera, los procesos migratorios y los nuevos escenarios generan la necesidad de afirmar una identidad regional. El investigador Fernando Prado, explica que; el modo singular de ser de la población cruceña que se había mantenido hasta el expansionismo comenzado en los años 50, conservando una serie de características homogéneas; se ve afectado e impactado “por los avatares del mundo externo” Prado, denomina a este como un proceso de “identidad quebrada o el paraíso perdido” (PNUD 1995: 45). Expresa que la base social precapitalista, previa al expansionismo, constituyó lo que se podría llamar en sentido mítico “La edad de oro cruceña”. El aislamiento, tiene como efecto la posibilidad de generar en su población un proceso cultural que posibilitó la existencia de una “idiosincrasia propia de profunda raigambre” (PNUD 1995: 45).

La definición de los rasgos que identificarían al cruceño anterior al 52 suele ser resumida caracterizándolo como “orgulloso de lo español y hospitalario”. También se pueden señalar “los valores solidarios de las sociedades pre capitalistas, de la generosidad, dada por el paisaje; el pragmatismo propio de una sociedad autárquica, que dependía fundamentalmente de sí misma aunque estuviera en un ambiente pródigo; la alegría y la sociabilidad común a todas las sociedades enclavadas en climas calurosos; la jerarquización rigurosa de los estratos étnicos y sociales...” (PNUD 1995: 46).

La necesidad de afirmar lo propio, frente a la presión migrante y a la interacción con las culturas portadas por esta población, impulsa la construcción de referentes de una identidad regional. La categoría de “camba” deviene, en este contexto, en un elemento de identificación común. Berhold (1999:17-18), citando a Stearman (1987: 39); explica que lo camba “… vino a ser un medio por el cual, los habitantes de las tierras bajas podían demostrar su distancia tanto cultural como geográfica frente a los habitantes de las tierras altas, a quienes se referían como collas”.

Es importante anotar que históricamente, el término “camba”, tenía connotaciones despectivas y de contenido clasista, que calificaba a la población indígena, campesina y al sector artesanal, sin ser considerada una noción relacionada con lo cruceño. Berhold expone que “…no formó parte de la clase urbana cruceña, hasta los años cincuenta. El tono del nombre camba de los cruceños urbanos en cierta medida cambia las connotaciones de la palabra. De esta manera, hoy en día los cruceños se llaman a sí mismos cambas y el sentido peyorativo de la palabra casi ha desaparecido” (Berhold 1999: 18).

Ahora bien, al decir de Prado (entrevista personal), esta construcción y las referencias a la cultura cruceña, lo “camba” se nutre de aspectos simbólicos, representaciones y algunos elementos materiales de la vida rural y campesina de la región. En Santa Cruz, como en otras ciudades de rápidas transformaciones, “se ha inventado un pasado idílico, elaborado con el rescate de algunos valores y formas reales de ese pasado distinto, pero suprimiendo o transformado la memoria de los conflictos sociales y las penurias materiales y morales” (PNUD 1995: 46).

Con estos elementos, en Santa Cruz nos encontramos ante el caso de “una identidad cultural criolla urbana” (Prado: entrevista personal), que expone ciertos modos de ser y de actuar. Entre algunos rasgos singulares, se subraya por ejemplo, la histórica renuencia ante la autoridad emanada del poder central; que se explica por el prolongado aislamiento de la región en la época colonial y republicana. Otro elemento frecuentemente resaltado por los/as investigadores, que hace al modo de ser cruceño, es el de la hospitalidad y la actitud de relativa apertura a lo foráneo.

Se suele destacar, por otra parte, que en razón a la ausencia de un temprano desarrollo capitalista; en la zona existió y aún perdura, con menor medida, una menor inclinación respecto a la acumulación y el sentido de ahorro (“botarate”), que se relacionan, además, con



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las características ecológicas del medio. Para Prado, algunos de estos aspectos, definen un “fuerte modo de ser, y coherente con su medio” (Prado: entrevista personal).

Regionalismo

A nuestro modo de entender, las condiciones históricas en que se desenvuelve la región construyen la base de sustento de un sentimiento de identidad regional, de regionalismo, que puede ser leído desde dos puntos de vista: a) el que refiere a un sentimiento de pertenencia, de apego a la región y de cohesión grupal, que se vincula con formas de ser compartidas, b) el de la cruceñidad ideológica, que aparecerá como la negación del otro y que se desarrolla por oposición a lo colla.

Ahora bien, los análisis y las reflexiones de los investigadores sociales y autores consultados/as destacan algunos elementos críticos, que hacen a la elaboración y al marco con el que aparecen revestidas las referencias a la identidad cruceña, siendo que algunos/as se refieren a los “mitos ideológicos de la cruceñidad”.

El análisis realizado por los/as investigadores en el estudio “El mito ideológico en Santa Cruz”, desde una lectura clasista, de corte marxista, subraya que, “… la clase dominante utiliza la parte más negativa del mito, el del regionalismo étnico, en contra de un contingente de trabajadores que entra al escenario del proceso productivo regional: la fuerza de trabajo migrante, el “colla” venido del altiplano y de los valles, que está dispuesto a realizar por menor salario cualquier trabajo y que en definitiva se lo arrebata al nativo” (Seleme, Abrego y Arrieta 1985:13).

El regionalismo cruceño, o cruceñismo, como ideología; se fortalece pues ante lo que se llega a conocer o denominar, en el decir o hablar común, “avasallamiento colla”; se nutre además de hechos históricos presentes en la memoria colectiva. Constituyen hitos, en este sentido, el sofocamiento del movimiento federalista e igualitario de Andrés Ibáñez, en 1877 y las intervenciones del gobierno central durante las luchas cívicas regionales por las regalías petroleras, en el período de 1957-1959. Berhold (1999: 104-105) manifiesta que estos acontecimientos históricos son interpretados como “ataques collas” a la cruceñidad, lo cual permite reforzar la tesis de enfrentamiento cultural.

Se explican, en este marco, los conflictos culturales y los hechos de discriminación hacia la población migrante colla indígena, perteneciente a los estratos socioeconómicos más pobres y deprimidos, a nombre de la preservación de la identidad cruceña. Herman Fernández (1984: 137) explica el carácter de clase de dichos conflictos, señalando que: “Los pactos y alianzas políticas y los negocios entre los miembros de estas elites no se vieron nunca entorpecidos ni amenazados por las famosas diferencias culturales”.

Este discurso ideológico sobre la cruceñidad, presenta a la población camba como una homogeneidad sin problemas, basada en la común pertenencia a un territorio. Sin embargo, los conflictos culturales han existido y son una realidad actual, hoy más presente. Al respecto, Carlos Hugo Molina (ILDIS 1990: 17) subraya que la realidad es portadora de mayores niveles de complejidad, escenario en que coexisten otras “nuevas identidades”. En tal sentido, estima que sería un error considerar que la cultura cruceña, que se impulsa desde la capital del Departamento, es la única identidad regional, mencionando a los pueblos indígenas y la presencia campesina.

Es interesante anotar la perspectiva adoptada por Fernández, para quien, la identidad cultural no ha sido una decisión de las clases dominantes; en realidad lo que estas hicieron fue “generar una situación de liderazgo que las favorecía”, pudiendo con ello, decidir y llevar a la práctica mucho de sus proyectos (ILDIS 1990: 24).



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Por otra parte, llama la atención a los investigadores sociales y estudiosos que la interacción con la sociedad globalizada y la cultura del mundo occidental capitalista, así como el fuerte impacto de los medios de comunicación y el creciente consumismo, como uno de sus efectos, no haya merecido la misma preocupación ni suscitado sentimientos de “avasallamiento” (Molina 1990 y Fernández 1984). En tal sentido, los investigadores consultados sostienen que, en el panorama de la Santa Cruz de la década de 1980, la tendencia es que la cultura camba tradicional, no ocupa la misma posición predominante (Cooperativa Cruceña de Cultura 1990 y Fernández 1984).

Prado precisa que, los cambios de la sociedad cruceña tradicional, ocurridos en las décadas de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado, parejos a la consolidación de un modelo económico basado en el consumo; han distorsionado el carácter ancestral, el respeto al espíritu lúdico, la presencia de lazos de afectividad, la amistad, etc., coartando las posibilidades del ocio y la creatividad (PNUD 1995).

Fernández, a su vez, enfatiza en que algunos rasgos del modo de ser del “cruceño medio de la ciudad” (frivolidad, superficialidad, machismo, comicidad), han constituido una fuente propicia para un alto consumismo. En tal sentido, propone como tarea urgente, una definición de la identidad, antes que el consumismo compulsivo (…) arrebate para siempre los rasgos que podrían tal vez definirnos” (Fernández 1984: 33-34).

La identidad y las actitudes hacia el cambio

Diferentes analistas actualmente evalúan la situación de la identidad regional en la coyuntura de las reivindicaciones autonómicas y coinciden que la identidad cruceña es fuerte y no está en crisis. Más bien, puede ser considerada como una identidad en construcción; proceso en el cual se incorporan nuevos elementos, que van modificando lo que fue una actitud de resistencia al cambio y de temor al avasallamiento; que caracterizó el momento de quiebre de la identidad cruceña tradicional en los años 50 (Susana Seleme: entrevista personal).

El contexto actual, de rápido crecimiento del Departamento y composición pluricultural, que acoge las diferentes culturas del país y a migrantes extranjeros, va modificando las representaciones y valores de lo cruceño; que se abre hacia la diversidad sin perder su sentido de pertenencia, fuertemente ligado a su espacio geográfico y a las bondades de su tierra, su clima, y las posibilidades de desarrollo económico, que lo sitúan en ventaja frente a otros departamentos del país. Como diría la investigadora Susana Seleme (entrevista personal): Santa Cruz acoge a gente de diferentes partes del país, quienes no se sienten ajenas sino que encuentran que, inclusive en los sectores más deprimidos y pobres, su condición y su calidad de vida mejora. La diversidad de identidades étnicas y de pertenencia cultural tendería a enlazarse con una identidad regional que es adoptada rápidamente por las nuevas generaciones. No en vano se escucha decir: “cruceño es el que vive y trabaja en Santa Cruz”.

Pero hay diferentes opiniones respecto a la construcción ideológica del “otro”; frente a la cual se definiría lo cruceño en su autoafirmación, es decir en el complejo proceso de singularización y de identificación con los demás. Hay quienes afirman, que la identidad cruceña tiene su base en una cultura “de frontera”, en la cual actualmente “el otro” no es el colla ni el extranjero, sino la modernidad; frente a la cual estuvo mucho tiempo a la defensiva y que le marcaría cierto comportamiento tradicional. Otros, sin embargo, destacan la apertura actual de la idiosincrasia cruceña, que favorece el intercambio y la adopción de elementos modernos, fuertemente inclinados a comportamientos de consumo y de apertura a los mercados.

Por lo expuesto, encontramos que se trata de un proceso cultural complejo, que debe ser considerado en el marco de las propuestas de planificación y desarrollo local.



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El investigador social y urbanista Fernando Prado (entrevista personal) explica que las actitudes culturales y los elementos que comparte una sociedad local, se constituyen ya sea en frenos o en impulsos, para las propuestas de desarrollo. Por tanto, propone que para el caso de Santa Cruz, se puede considerar como potencialidad, el modo de ser en que se expresa globalmente una gran parte de la población; que comparte, paralelamente, una forma tradicional de ser y una condición cosmopolita. Es decir, se trata de tomar en cuenta, que esta cultura, asumida ya como mestiza; diversa y compleja, se mueve entre los polos: de la tradición y de la innovación; mostrando creatividad y apertura hacia el cambio.

Complementariamente, el estudio sobre desarrollo humano en Santa Cruz 2004 subraya la necesidad de tomar en cuenta “el grado de identificación de los cruceños con su región y su capacidad histórica de movilización hacia objetivos regionales, que han constituido una fuerza dinamizadora del desarrollo de Santa Cruz”. Al respecto destaca que en la actualidad una particularidad cruceña y oriental dentro del contexto nacional, es que 2 de cada 3 cruceños se sienten muy identificados con su región” PNUD 2004: 137).

Otro elemento muy importante que caracteriza a sociedad cruceña, es la capacidad de movilización social que han tenido sus clases dirigentes en diferentes momentos de su historia, en torno a reivindicaciones regionales, aglutinando a una diversidad de sectores sociales. Esta característica, que se ha actualizado en los últimos meses en torno a la demanda sobre autonomías, responde a lo que Laserna (Cooperativa Cruceña de Cultura 1990: 271) define como movimientos sociales regionales “… (que) son aquellas acciones del conjunto de las clases de una sociedad regional que, reivindicando su común pertenencia a un territorio, y en un acto de solidaridad que recubre las contradicciones internas, lucha por metas de desarrollo regional o en torno a un determinado proyecto”.

También haciendo referencia a un estudio que trata de medir la capacidad política de la población, el PNUD, menciona que es conveniente subrayar la “capacidad política de la población”. Destaca que la población rural del departamento Santa Cruz constituye uno de los grupos con mayores capacidades políticas para impulsar el desarrollo humano en el país, siendo sin embargo menor esta fuerza en las zonas urbanas, donde sus habitantes soportan elevados niveles de fragmentación y de conflictividad social (PNUD 2004: 141).

Un reto para los diferentes actores políticos y sociales es recoger la diversidad de culturas; su historia y sus visiones de desarrollo; que conduzca a un enriquecimiento mutuo mediante la comunicación social para la acción concertada y el aporte conjunto hacia una propuesta de desarrollo cruceño. En esta perspectiva, la ideología de la cruceñidad, podría configurarse como el resultado de múltiples aportes culturales, inclusive de la diversidad entre culturas y clases sociales, asentadas en el Departamento, concebido como una región hacia la que sus habitantes desarrollan un claro sentido de pertenencia.

Siendo que este no es un espacio para un ensayo sobre la identidad cruceña, sino para plantear la importancia del tema para su consideración en asuntos de planificación de políticas del Estado, queremos traer a colación algunos criterios expuestos por Susana Seleme en el prólogo del libro de Lo Cruceño (Peña y otros, 2003) quien sostiene que:

“... el tema amerita una mirada más honda de las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales. Vale decir, de las relaciones de poder entre las clases sociales, y entre actores sociales, para no quedarnos en la pura ortodoxia de las clases según su relación con la producción material de mercancías” (Peña 2003: XIV).

2.3. Situación de los “Pueblos Indígenas” Nativos del Departamento

Actualmente pese a los avances en la legislación y la estructuración del Estado, que incluye mecanismos democráticos de participación social y de reconocimiento de la diversidad



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cultural; persisten formas de discriminación, que colocan especialmente a los indígenas en situaciones desventajosas.

2.3.1. Discriminación Indígena y Exclusión Social

El informe de desarrollo humano del PNUD (2004) ha determinado en su análisis, que existe una relación inversa entre desarrollo humano y población indígena. Muestra que en los 76 municipios con mayor nivel de desarrollo humano del país (primer cuartil) donde el porcentaje de población indígena es del 50%, éste se eleva a medida que cae el IDH promedio del grupo.

Según los analistas, el Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 sugiere la existencia de una relación robusta entre los municipios y departamentos de mayor desarrollo humano relativo y la predominancia de población que habla español y que no se identifica con las poblaciones indígenas. Por contraste, los municipios y departamentos que presentan los menores niveles de desarrollo humano y los mayores niveles de desigualdad y de pobreza son aquellos donde existe una mayor proporción relativa de población indígena. Ponen de ejemplo los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Beni, que ocupan los tres primeros lugares en el ranking departamental de desarrollo humano la población mayor a seis años que habla un idioma nativo o éste y español representa al 24%, 16% y 12%, respectivamente (2004:34).

La situación descrita se explicaría por el sistema de dominación y exclusión de los pueblos indígenas (Calla y Molina 2000), que entre otras cosas acarreó una inadecuada atención a sus exigencias de educación, salud, tierra y otras.

Cuadro No.6: Desarrollo Humano y Población Indígena

Cuartil Número de Municipios

Promedio de IDH


1 76 0.644 49.81

2 78 0.576 62.54

3 81 0.534 79.68

4 79 0.444 89.03r

Fuente: PNUD, Cuadro 15, Informe de Desarrollo Humano 2004.

Considerando las diferencias internas que existen en el departamento de Santa Cruz, presentamos aquí a modo de ejemplo, tres casos de municipios del Departamento con mayoría de población indígena -dos de ellos municipios indígenas, y el tercero aunque no declarado formalmente indígena cuenta con una población de origen indígena tanto nativa del Departamento, como de campesinos y colonos del altiplano y valles- que nos muestran las diferencias de (Índice de Desarrollo Humano) IDH existentes entre el Municipio de la ciudad capital del Departamento y estos tres municipios rurales. Las cifras de desigualdad y de (Necesidades Básicos Insatisfechas) NBI existentes en esos municipios corroboran la tendencia encontrada a nivel nacional de menores condiciones de desarrollo humano en las áreas rurales con población indígena.



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Cuadro No.7: Santa Cruz: IDH Comparativo Municipio de Santa Cruz y 3 Municipios con más del 50% de Población Indígena

Municipio Santa Cruz de

la Sierra Urubichá

San Antonio de

Lomerío El Puente

Ranking nacional 2 101 161 169

Valor del IDH 2001 con desigualdad 0.723 0.577 0.532 0.539

Desigualdad (Índice de Theil) 0.211 0.112 0.263 0.131

Tasa de Alfabetismo de adultos (% de 15

y más años de edad)

96.1 90.6 80.3 82.6

Pobreza por NBI (%) 19.1 97.2 91.7 92.3

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del: PNUD, Índice de Desarrollo Humano 2004, elaboración.

La situación de estos municipios es muy diversa entre sí, siendo que Urubichá es de población fundamentalmente guaraya, con presencia de quechuas. San Antonio de Lomerío es fundamentalmente chiquitana con escasa presencia de migración andina y una conformación étnica bastante homogénea. El Puente es un caso de confluencia de migrantes colonos, campesinos, en una región de población originalmente guaraya, y en la que existe alta presión de grupos sin tierra y de propietarios privados.

En zonas como la provincia Guarayos o en lugares de colonizaciones nacionales como la zona de San Julián y el Puente, podemos constatar, en los últimos años, fuertes conflictos que se originan en problemas materiales de acceso a la tierra y recursos naturales, por lo que se están agudizando las tensiones sociales en el departamento de Santa Cruz. Son justamente las zonas donde existe pobreza y donde confluyen diferentes intereses de sectores sociales y grupos étnico culturales, que pugnan por el acceso a la tierra y recursos naturales. Si bien los problemas no tienen raíces raciales o de confrontación étnica, éstas se articulan de manera compleja, combinando diferentes aspectos que agudizan las tensiones que se generan por inequidades económicas y sociales.

En el Cuadro Nº 12 hemos ordenado los municipios del Departamento de acuerdo con el valor del IDH, tomando aquellos que no llegan al valor de 6.00, entre los cuales se constata que se encuentran municipios donde se concentra la población indígena.

Entre los municipios con menor IDH del departamento de Santa Cruz - menor a 6.0 - se encuentran pueblos indígenas; cuatro municipios, más de la mitad de los siete municipios de población indígena Guaraní, existentes en la provincia de Cordillera, están entre los más pobres: Gutiérrez y Lagunillas ocupan los dos últimos lugares en el desarrollo humano del Departamento. Y también tienen índices muy bajos Charagua y Cabezas. Siete de 11 municipios del Valle son también los más pobres, siendo que Postervalle ocupa el tercer lugar con menor IDH. Luego le siguen dos municipios de población indígena de la Subregión Chiquitania, correspondientes a la provincia de Ñuflo de Chávez:



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Cuadro No.8: Municipios del Departamento con IDH por Debajo de 0.60

Subregión Provincia Municipio

Desigualdad

(Índice de

Theil)

Valor del

Índice de

Desarrollo

Humano

(IDH) 2001

Valor del

IDH 2001 c/

Desigualdad

Pobreza por

NBI (%)

Chaco Cordillera Gutiérrez 0.136 0.52 0.51 96.1

Chaco Cordillera Lagunillas 0.184 0.523 0.51 88.2

Valles Vallegrande Postrer Valle 0.13 0.523 0.514 79.8

Chiquitania Ñuflo de Chávez San Antonio de

Lomerío 0.263 0.553 0.532 91.7

Chiquitania Ñuflo de Chávez San Julián 0.194 0.558 0.543 81.6

Valles Vallegrande Pucara 0.118 0.559 0.551 88.8

Integrada O. Santistevan Saavedra 0.242 0.561 0.543 70.9

Valles Vallegrande Moro Moro 0.139 0.561 0.551 85

Valles Florida Quirusillas 0.138 0.563 0.553 82.8

Valles M.M.Caballero Comarapa 0.275 0.565 0.543 75.8

Chaco Cordillera Charagua 0.278 0.568 0.546 82.9

Integrada Andrés Ibáñez Porongo 0.222 0.576 0.559 79.4

Chiquitania J.M. Velasco San Rafael 0.158 0.576 0.565 86.4

Chaco Cordillera Cabezas 0.225 0.581 0.564 72.4

Chiquitania Guarayos Urubichá 0.112 0.585 0.577 97.2

Valles Florida Pampa Grande 0.225 0.585 0.568 70.1

Chiquitania Ñuflo de Chávez San Javier 0.278 0.587 0.565 82.9

Valles M.M. Caballero Saipina 0.192 0.589 0.575 73.9

Integrada Sara Santa Rosa del

Sara 0.202 0.593 0.578 85.2

Chiquitania Chiquitos Pailón 0.188 0.594 0.579 66.4

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE - Censo 2001.

San Antonio de Lomerío, de indígenas chiquitanos y San Julián, con fuerte concentración de migrantes, colonos del interior; también es parte de esta lista el municipio de San Javier, conformado por población chiquitana; la provincia de J.M. Velasco con el municipio de San



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Rafael, de población chiquitana y la provincia de Guarayos, con el municipio de Ascensión Guarayos; son parte del la Subregión Chiquitania, en la que se muestra una alta correlación entre menor índice de desarrollo humano y presencia de población indígena.

De otro lado, no hay que dejar de mencionar que los procesos de discriminación hacia la población indígena se manifiestan fuertemente en las áreas urbanas, donde la situación de pobreza agudiza las contradicciones. El caso del pueblo ayoreo puede citarse como el ejemplo de un pueblo indígena que sufre fuerte discriminación y exclusión social. En la ciudad de Santa Cruz y otros pueblos menores, su presencia se da en forma de bolsones étnicos, de extrema pobreza, donde sufren problemas de marginación social y enfrentan conflictos de discriminación racial17. Son excepcionales los casos en que los niños ayoreos de la ciudad acceden a la educación escolar y los de hombres y mujeres adultos que hayan logrado insertarse en el mercado laboral. Como explica Lucas Bessire, la violencia estructural que se ejerce sobre su pueblo, se manifiesta en conductas excluyentes, racistas y discriminatorias. Su más cruel expresión en el caso boliviano, son los crímenes impunes de violencia sexual hacia mujeres jóvenes (Bessire, 2001, citado por Zolezzi 2004).

Una esfera en la cual se manifiesta la exclusión y la discriminación hacia los indígenas es en la educación a nivel general en el país. Un informe del Foro Educativo Boliviano (diciembre 2004) analiza la situación nacional y sostiene que:

“Los niños que provienen de una familia perteneciente a grupos originarios alcanzan niveles de escolaridad inferiores en comparación a los niños de familias no indígenas. Por ejemplo, solamente el 13 % de los niños quechuas completaron la escuela primaria. Esta brecha se hace aún más profunda a medida que los niños son mayores”.

En cuanto a la tasa de asistencia “en los primeros años de escuela (entre 7 y 10 años) la mayoría de niños, sin diferencia de origen étnico, asisten a la escuela. Conforme los niños crecen se abre una brecha entre los indígenas, cuando los niños alcanzan 15 años, la brecha alcanza su máximo valor. La tasa de asistencia de los niños quechuas es 40 % menor que los niños castellanos, y la brecha entre niños aimaras y castellanos supera el 25 %” (2004:4 y 5).

Otro ámbito importante en el que se manifiesta la discriminación hacia los indígenas es en la salud. En el Análisis de Situación y Tendencias de Salud, del capítulo País de Salud en las Américas, 1998 de la OPS, basado en datos del Censo Indígena de 199418, podemos constatar que las poblaciones indígenas se encuentran particularmente expuestas a las enfermedades transmisibles y son más vulnerables a ellas:

“La incidencia de tuberculosis en estos grupos es de 5 a 8 veces más alta que la nacional; el cólera tuvo una elevada letalidad entre los Weenhayek (matacos) y los guaraníes. Las enfermedades gastrointestinales, en especial la diarrea aguda, constituyen la primera causa de muerte en la infancia y en niños menores de 5 años. El tétanos neonatal y el sarampión, afectan con mayor rigor a los niños indígenas, cuyas coberturas de inmunización son más bajas que las de los niños de las zonas urbanas. Los embarazos a muy temprana edad y su elevado número, los espacios intergestacionales cortos, la condición de lactante durante gran parte de su vida reproductiva, la atención deficiente del parto y el escaso acceso a la

17 La venta de artesanías por mujeres adultas y la mendicidad de ancianos, mujeres y niños menores son parte de la

estrategia de subsistencia en la ciudad. La prostitución de mujeres es un problema que afronta un sector de su población joven residente y flotante en el área urbana, y ambos sexos enfrentan el desempleo y el desarraigo cultural con problemas de drogadicción entre jóvenes y delincuencia asociada a ésta.

18 http://www.paho.org/spanish/sha/prflbol.htm



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planificación familiar incrementan significativamente el riesgo de muerte de la mujer indígena”.

Respecto a la desnutrición infantil; en el cuadro Nº 7 b, podemos apreciar, que dentro del Departamento; en provincias en las cuales se concentra la población nativa; es donde encontramos los valores más altos de desnutrición infantil. El más alto porcentaje de desnutrición en general; en menores de cinco años y más; se presenta en la provincia de Cordillera que concentra a la población Guaraní, con cifras de 18.7 %, frente a un 72% a nivel departamental. Ésta, prácticamente triplica el porcentaje de desnutrición moderada en menores de cinco años del Departamento, llegando a 31.8 % frente al 14.18 % departamental; la desnutrición severa en menores de cinco años es de 6.40 % frente a un 2.65 % del Departamento y el porcentaje de peso bajo al nacer es casi el doble, con 26.3 % frente a un 13.91% al nivel departamental. En segundo lugar después de Cordillera, se ubica Ñuflo de Chávez, donde existen micro regiones que concentran a la población chiquitana que tiene una comunidad ayorea; allí los porcentajes de desnutrición son menos graves que en la provincia Cordillera, pero superan ampliamente los niveles departamentales, acercándose al doble. Ambas provincias presentan los valores más altos de desnutrición a nivel departamental.



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Cuadro No.9: Santa Cruz: Porcentaje de Desnutrición Infantil y Zonas de Concentración de Población Indígena

Subregiones Provincias

Desnutrición

General en

Menores de 5

Años

Desnutrición

Moderada en

Menores de 5

Años

Desnutrición

Severa en

Menores de 5

Años

Bajo Peso al

Nacer

Total Santa Cruz 72.09% 14.18% 2.65% 13.91%

I. Integrada

A. Ibáñez 81.50% 10.40% 1.70% 12.00%

Warnes 41.60% 7.80% 2.20% 1.10%

Ichilo 20.60% 9.70% 1.50% 11.40%

Sara 32.80% 4.90% 0.50% 10.90%

O. Santistevan 61.50% 10.90% 2.60% 9.70%

Total Integrada 47.6% 8.7% 1.7% 9.0%

II. Chiquitania

J. M. Velasco 95.40% 19.70% 2.90% 17.60%

A. Sandoval 27.40% 6.50% 1.50% 2.90%

Guarayos 72.70% 21.40% 3.50% 10.60%

Ñuflo de Chávez 116.90% 27.40% 4.70% 23.10%

G. Busch 38.70% 6.80% 1.40% 9.60%

Chiquitos 67.50% 12.80% 3.70% 11.60%

Total Gran

Chiquitania 69.8% 15.8% 3.0% 12.6%

III. Chaco

Cordillera 187.40% 31.80% 6.40% 26.30%

Total Cordillera 187.40% 31.80% 6.40% 26.30%

IV. Valles

Valle Grande 111.00% 23.70% 3.40% 21.80%

Florida 76.50% 10.00% 1.80% 27.50%

M. M. Caballero 49.80% 8.90% 1.90% 12.50%

Total Valles 79.1% 14.2% 2.4% 20.6%

Fuente: INE Censo 2001.

En tercer lugar está Vallegrande, y en cuarto la provincia Andrés Ibáñez; en ésta última, el Censo del 2001 da cuenta de la concentración de mayor diversidad de grupos étnicos del



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Departamento; de acuerdo con los datos de lengua originaria o nativa de la población. En cuarto lugar se ubica la provincia Guarayos, que como sabemos, concentra a la población indígena guaraya y alberga un importante sector de población inmigrante colona del interior del país, y le sigue muy cerca la provincia de Chiquitos.

2.3.2. Situación Jurídica de Tierras Comunitarias de Origen (TCOs)

La situación actual de acceso a la propiedad de la tierra indígena, se caracteriza por el uso y ocupación de tierras comunales, ya sea concentradas en ciertas áreas o dispersas. Las Tierras Comunitarias de Origen, constituyen una parte importante de la forma de acceso de los pueblos indígenas a la tierra y recursos naturales. El Estado Boliviano la reconoce como una categoría de propiedad de tierra dentro de la Ley de Reforma Agraria, donde se define como:

“…los espacios geográficos que constituyen el hábitat de los pueblos y comunidades indígenas y originarias, a las cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y desarrollan sus propias formas de organización económica, social y cultural, de modo que aseguran su sobrevivencia y desarrollo. Son inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, inembargables e imprescriptibles“(Ley No. 1715, Art. 41 P.I,5).

Sin embargo, pocas TCOs cuentan con titulación, ya que la mayoría está aún en proceso de saneamiento. Las propiedades comunales dispersas, generalmente tienen títulos agrarios de la década de 1970, situación que varía de acuerdo a la realidad de cada pueblo.

La situación actual de saneamiento y titulación de TCO en el Departamento es la siguiente: se han presentado 56 demandas en las tierras bajas; las mismas que representan una superficie de 24.2 millones de hectáreas, de las cuales se han titulado 4.7 millones de hectáreas, representando un 19 % del total. Empero, no solamente está en cuestión el bajo porcentaje de tierras tituladas, sino también la irregular sobreposición de más de 800 mil hectáreas de concesiones a favor de empresas madereras. (Romero 2004: documento de trabajo).

Con respecto a las TCO del departamento de Santa Cruz, contamos con información elaborada por el Centro de Planificación Territorial Indígena (CPTI)/Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) con datos oficiales actualizados por el INRA al presente año, que mostramos en el siguiente cuadro. De los cuatro pueblos indígenas que han presentado demandas de saneamiento de TCOs19, después de 8 años de vigencia del proceso, sólo se han logrado titular 8 de 15 TCOs con un alcance del 20.87 % de tierras tituladas con respecto a las superficies saneadas. El pueblo ayoreo tituló el 124.41 % de las superficies saneadas, el guarayo 42.38 %, los guaraní el 18.01% y los chiquitanos el 0 % Como podemos observar en el cuadro, el grado de avance en el proceso de titulación de tierras indígenas es muy lento20, lo que se explica por los múltiples problemas derivados de las contradicciones jurídicas y de la politización del proceso y fuerte influencia de los grupos de poder sobre las instituciones públicas, administrativas y jurídicas.

19 Para ello la ley establece un proceso específico de titulación (Saneamiento de TCO, artículo 72) por medio del cual los pueblos indígenas demandan al Estado sus propios territorios. Otras modalidades de saneamiento son el CAT-SAN, saneamiento integrado de catastro, artículo 71, y el SAM-SIM, saneamiento simple, artículo 70, ambas modalidades que no son excluyentes con el saneamiento de las TCO.

20 El actual director del INRA, Alcides Vadillo (El Deber, 17 de octubre: 16) reconoció que el proceso ha sido un fracaso y que es extremadamente lento “Así precisaremos 33 años y si seguimos gastando lo que hemos gastado hasta hora, o sea 68 millones, requeriremos $US 156 millones más para cumplir la labor”.



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Sólo en el caso del pueblo ayoréode se ha logrado sanear y titular el total de áreas demandadas; inclusive en este caso la superficie finalmente titulada supera en un 24 % a lo originalmente demandado y dispuesto para saneamiento. Las comunidades ayoreas son una excepción en el proceso; su situación se explica por una fuerte cooperación internacional que estuvo ligada a una inversión muy grande y evaluaciones críticas al proyecto Tierras Bajas del Este de parte de organismos internacionales. El hecho que sus territorios demandados estuvieran bajo tutela de misiones, facilitó de alguna manera el proceso final de titulación; pero como veremos más adelante, esas TCO ayoreas sólo satisfacen las necesidades de una parte de su pueblo que está disperso en varias comunidades en diferentes provincias del Departamento.

Cuadro No.10: Estado de Tierras Comunitarias de Origen en Departamento de Santa Cruz

Pueblo Indígena No. Nombre de TCO Superficie a

Sanear Ha

Superficie

Titulada (Ha)

Porcentaje

Titulado

/saneado

Ayoreo

1 Rincón del Tigre 97,871 97,741 99.87

2 Santa Teresita 49,726 77,545 155.94

3 Tobité 22,373 26,103 116.67

4 Zapocó 26,748 43,344 162.05

Total Ayoreo 4 196,718 244,733 124.41

Guarayo 1 5 Polígonos 2,200,003 932,275 42.38%

Total Guarayo 1 2,200,003 932,275 42.38

Guaraní

1 Iupaguazu 54,388 28,076 51.62

2 Takovo Mora 272,451 0.00

3 Kaami 95,947 30,657 31.95

4 Charagua Sur 227,477 70,456 30.97

5 Charagua Norte 109,59 62,671 57.19

6 Isoso 5 polígonos 1,957,782 297,607 15.20

7 Yembiguasu

Total Guaraní 5 2,717,634 489,466 18.01

Chiquitano

1 Lomerío 290,788 0 0.00

2 Monteverde 1,059,970 0 0.00

3 Bajo Paraguá 383,827 0 0.00

4 Pantanal 1,134,650 0 0.00



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Pueblo Indígena No. Nombre de TCO Superficie a

Sanear Ha

Superficie

Titulada (Ha)

Porcentaje

Titulado

/saneado

5 Otuquis 0

Total Chiquitano 5 2,869,234 0 0.00%

TOTAL GENERAL 15 7,983,590 1,666,474 20.87%

Nota: En el caso de Guarayos se han titulado dos de los cinco polígonos en proceso de saneamiento.

Yembiguazu y Otuquis no han iniciado aún el saneamiento, la cantidad de ha por demandar en el caso de

Otuquis es de 1’665.474 ha y de 3’093.460 ha para Yembiaguazu.

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de CPTI/CIDOB con datos oficiales del INRA, actualizados a 2004

En el caso de la TCO guarayos, se trata de una tramitación compleja; siendo que en la zona existen presiones que provienen de varios frentes como son los empresarios madereros, ganaderos, grandes agricultores que ejercen influencia y disputan los recursos. Pero a ello se suma el problema de los “sin tierra” y campesinos andinos, que incursionan tratando de establecerse en los territorios demandados por los indígenas guarayos. Hasta la fecha se han titulado en Guarayos, dos de los 5 polígonos en proceso de saneamiento, correspondientes al 42 % de la superficie.

Los datos sobre la titulación de las demandas del pueblo guaraní, nos muestran cómo el proceso de saneamiento está recortando su territorio y favoreciendo a su vez la consolidación de propiedades de terceros. En el caso del territorio étnico de los Isoseño guaraní; conocemos que de los cinco polígonos que estaban por sanearse ya se han concluido cuatro, habiéndosele otorgado títulos sobre el 15% de la superficie saneada. Ello significa que los terceros probablemente han consolidado la mayor parte de las tierras, aunque no conocemos el porcentaje que ha quedado para tierras fiscales sujetas a futuras dotaciones, las mismas que de acuerdo a ley deberían atender en primer lugar las necesidades de las comunidades indígenas. Es de desatacar sin embargo, que en su conjunto el pueblo guaraní hasta la fecha solamente ha logrado titular el 18% de las superficies saneadas cuando quedan por finalizar sólo dos TCO.

El caso de las TCO chiquitanas demuestra claramente las dificultades de saneamiento de tierras. Hasta la fecha los chiquitanos no han logrado titular ninguna de las TCO. El caso de Lomerío resulta revelador; ya que se trata de una zona con alta cooperación al desarrollo, que cuenta con planes participativos de manejo de bosques que lograron incluso la certificación internacional, pero que no ha logrado hasta el momento la titulación de su territorio. “Aunque ya han saneado 275.000 ha, impugnaciones de terceros ante el tribunal agrario sobre un predio de 1.500 ha mal medido y no notificado oportunamente están deteniendo aún el proceso” (comunicación verbal de dirigentes indígenas, noviembre, 2004).

Sin embargo, como explica Terceros (2003) en el proceso de saneamiento de tierras de Lomerío gracias a la vigilancia y seguimiento permanente de la organización demandante

“... han sido desalojados 18 terceros y posesionados en esos ex fundos las comunidades indígenas dueñas de la TCO, así mismo han sido replanteados o recortados 14 predios, recuperando en el terreno la superficie para la TCO..,” lo que permitió la consolidación en cumplimiento de la Ley de 33.320 hectáreas que cumplían una función social a favor de terceros” (Terceros 2003: 254).



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La autora resalta también lo siguiente:

“Otro aspecto interesante, normalmente dicen que con las demandas de TCOs, los resultados de Lomerío hasta ahora, demuestran que los terceros, el 2.8 % de la población de Lomerío, se quedarían con el 10.8 % de la superficie del territorio, en cambio los indígenas el 97.2 % de la población se queda con el 89.2 % de la superficie, calculando por unidad familiar cada familia de terceros (33) se queda con 769.6066 hectáreas promedio, en cambio los indígenas (1147), se quedan con 240.0918 hectáreas, no llegan ni a la mitad de la superficie reconocida para la pequeña propiedad ganadera; pero la forma de utilización del territorio colectivamente engrandece la superficie y permitir su mejor aprovechamiento” (Terceros 2003: 255).

Otro caso que resulta paradigmático es la demanda de la TCO Monteverde, que se inició en 1995. Según información disponible en la institución CEJIS, (CEJIS/SNV cuadernos de trabajo 1999-2004), en esa fecha existían en Monte Verde 21 propietarios privados identificados, que ocupaban una extensión aproximada de 50.000 ha Tres años más tarde cuando se inicia el proceso de saneamiento, 159 propietarios privados reclaman casi 400.000 ha A más de 8 años de aprobación de la Ley 1715, el proceso de saneamiento aún no culmina. A pesar de que durante su ejecución se han identificado con claridad las áreas que legalmente deben quedar para la TCO, el riesgo de que éstas se consoliden a terceros ilegales se mantiene latente. Las irregularidades en el proceso de saneamiento han hecho que los Chiquitanos tengan que movilizarse de manera periódica, tanto para el impulso del proceso como para impedir que se legitimen las pretensiones ilegales de terceros.

Según el informe de evaluación del Plan de Desarrollo Indígena (Hoyos, 2004) que Organización Indígena Chiquitana (OICH) ejecutó con apoyo de Gas Oriente Boliviano21, en la zona de influencia del gasoducto San Miguel-San Matías, ésta organización logró recientemente la titulación de 28 comunidades, sobre una superficie de 136.503 ha, entre las que se incluye la propiedad comunal TURUBO y 5 comunidades chiquitanas de la zonal San José, saneadas como propiedad comunal. Procedimiento de titulación por el cual se optó, por ser menos complicado que el de las TCOs. El área demandada fue de aproximadamente 219.000 ha, pero durante la admisión de la demanda, el INRA redujo la superficie, aduciendo sobreposiciones con Asociaciones Sociales del Lugar, ASLs, y ejerciendo presión para que los comunarios reconocieran propiedades de terceros. Además se otorgó títulos de propiedad privada a comunarios por más de 2.000 ha (Hoyos 2004: 35-36).

La experiencia muestra que el proceso de titulación de los territorios no es un problema sólo técnico jurídico, sino eminentemente político y que corresponde al Estado su real ejecución. La falta de voluntad política y los intereses de sectores de poder han convertido el proceso de saneamiento en ineficiente e ineficaz, con altos costos sociales y económicos para el país22. El procedimiento contemplado para el saneamiento de TCO conduce a que los predios de terceros dentro de los territorios indígenas deban ser saneados de oficio, mientras que los indígenas deben recurrir a financiamientos que posibiliten el proceso para sus territorios

21 El Plan de Desarrollo Indígena se ejecutó entre 1999 y 2004, como producto de la compensación socio económico

por impactos del gaseoducto San Miguel – San Matías a las comunidades indígenas afectadas por dicha obra.

22 Como señala Núñez “el control social y fiscalización efectiva en el proceso de saneamiento actualmente sólo se

da en la modalidad de saneamiento de TCOs, en el cual se reconoce la participación social (indígenas), y no así en

las otras modalidades en las que no se reconoce la participación de campesinos“ (Núñez, 2004, CIPCA, documento

interno).



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demandados. Las irregularidades y la corrupción han distorsionado el proceso de saneamiento que ya lleva varios años y presenta mínimos avances23.

Como señala Romero (2004, documento de trabajo) los resultados alcanzados en el actual proceso agrario nacional son muy modestos. De un total de 107 millones de hectáreas de tierras rurales objeto de saneamiento a nivel nacional, sólo se han saneado 13 millones de hectáreas, encontrándose en proceso 40.6 millones de hectáreas y teniendo pendientes 53.4 millones de hectáreas. INRA ha ejecutado 70 millones de dólares y el plazo de 10 años se ha cumplido en un 80 %, mientras que sólo se ha concluido el 12.5 % de la superficie total.

Las mayores inequidades en la distribución de tierras se presentan en tierras bajas según estudios realizados por Pablo Pacheco (1998) con base en informes oficiales, según cita de Núñez (2004):

"Hasta 1993 fueron distribuidas aproximadamente 26 millones hectáreas de tierras fiscales a propietarios individuales en las tierras bajas del país, de las cuales 22.8 millones (87.6%) fueron dotadas a 78.000 propietarios medianos y grandes y 3.2 millones de ha (12.4%) fueron adjudicadas 76.000 pequeños productores asentados en las áreas de colonización". Esta realidad, respecto a la estructura de la tenencia de la tierra no parece cambiar con la aplicación de la Ley 1715” (Núñez 2004:s/d).

2.3.3. Comunidades Indígenas y su Dispersión Rural y Urbana

Los pueblos indígenas del departamento de Santa Cruz en las dos últimas décadas han desarrollado acciones para consolidar sus tierras ancestrales, pero su esfuerzo se ve limitado a aquellas áreas que tuvieron posibilidades de mantenerse relativamente integradas pese al proceso histórico de fragmentación y despojo. Es por ello que las TCOs de los diferentes pueblos no incluyen al conjunto de las comunidades que los conforman, siendo variable la situación en cada uno de los mismos.

Caso Ayoreo: han consolidado en TCO cuatro áreas de terrenos de ex misiones sobre una superficie total de 244,733 ha -Rincón del Tigre, Zapocó, Santa Teresita y Tobita- y cuentan con títulos desde el año 2000. A parte de las TCO, son tres las comunidades ayoreodes tituladas en la provincia de Chiquitos, en la zona de producción soyera: Poza Verde, Puesto Paz y Gidai Ichai. Adicionalmente los ayoreos se han dispersado en asentamientos ubicados a

23 Según Núñez, en las modalidades de Saneamiento Simple (SAN SIM) y Catastro al Saneamiento (CAT SAN) no hay

control social y el INRA está cometiendo una serie de irregularidades. Por ejemplo: Falta de transparencia en la

información; mala verificación del cumplimiento de la Función Económica y Social (FES) en propiedades privadas

medianas y grandes; en muchos casos los terratenientes con documentos viciados de nulidad absoluta se hacen

pasar como poseedores legales; otros pretende utilizar los Planes de Ordenamiento Predial (POP) y los certificados

de vacunas de fiebre aftosa como medios de comprobación principal de la FES; por otro lado, el INRA ha impulsado

“conciliaciones” irregulares con terceros que no cumplen o cumplen parcialmente la FES; los gremios empresariales

como la CAO y FEGASACRUZ presionan de manera sistemática al gobierno para que las propiedades privadas

hipotecadas a los bancos se consoliden a su favor, sin cumplir la FES; las fuerzas armadas mediante decreto

supremo han pretendido consolidar derechos propietarios sobre grandes extensiones de tierra; otros terceros

pretenden consolidar derecho propietario sobre la tierra dentro de las áreas protegidas y reservas forestales; por

último es importante mencionar que muchos propietarios medianos y grandes que en el proceso de saneamiento,

no están pudiendo demostrar el cumplimiento de la función económica social, están realizando ventas irregulares

de tierras fiscales a empresarios Brasileros, Menonitas, Rusos y otros extranjeros y que por mandato de la Ley, el

INRA tendría que revertir dichas tierras, para su posterior redistribución a los que no poseen. (Núñez, 2004, CIPCA,

documento interno).



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lo largo de la vía férrea en terrenos muy limitados e insuficientes para practicar la agricultura y menos aún la caza y recolección. A excepción de Urucú, cuyo terreno pertenece a la Diócesis, todas se encuentran en terrenos municipales y son utilizadas como sitios “dormitorio”: Carmen Rivero Torres: El Carmen, Puerto Suárez: Motacú Nuevo o Motacucito, Roboré: Urucú24, Santiago de Chiquitos: Santiago (Villa Betel).

La presencia de población ayorea en las áreas urbanas y semiurbanas es de residentes en terrenos sin títulos, totalmente desprovistos de servicios básicos: Santa Cruz de la Sierra, Barrio Bolívar (Deguei) y en zona de Plan Tres Mil, y en la zona de Pailón, en Cuatro Cañadas, el asentamiento denominado Porvenir.

El Caso Chiquitano: Dispersas en cinco provincias del Departamento, existen las comunidades chiquitanas, cuyo origen es diverso. Los antiguos “ranchos” chiquitanos comenzaron a autodenominarse “comunidades campesinas” para acceder a títulos de propiedad agrícola, en los años setenta del siglo XX con la aplicación de la Reforma Agraria. Pero con el surgimiento de CIDOB en los años 80 y la progresiva formación de centrales indígenas locales, estas comunidades campesinas se pronuncian abiertamente como miembros del pueblo chiquitano frente a la sociedad nacional, resignificando el sentido indígena para revalorizar su cultura y recuperar sus derechos colectivos de pueblo (cfr. Riester y otros, 2002). En general esas comunidades se caracterizan por una auto–identificación indígena y una conformación social más homogénea, que preserva un modo de producción basado en lazos de reciprocidad e intercambio.

Cuadro No.11: Centrales Indígenas Chiquitanas por Provincia

Centrales Indígenas Chiquitanas por Provincia No. Comunidades

Afiliadas

Provincia Ñuflo de Chávez total comunidades 80

CICOL Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío 28

CICC Central Indígena de Comunidades de Concepción 34

CIPSJ Central Indígena PAICONECA de San Javier 18

Provincia Chiquitos 64

CICHIPA Central Indígena Chiquitana de Pailón 10

CCICH–T Central de Comunidades Indígenas Chiquitanas TURUBÓ 26

CICHAR Central Indígena Chiquitana AMANECER de Roboré 28

Provincia Velasco 171

MINGA Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios MINGA 140

24 Los habitantes de Urucú y Santiago proceden de Tobité; los de Motacú Nuevo y El Carmen de Rincón del Tigre.



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Centrales Indígenas Chiquitanas por Provincia No. Comunidades

Afiliadas

CICSM Central Indígena de Comunidades de San Miguel 26

CIBAPA. Central Indígena del Bajo Paraguá 5

Provincia Germán Busch 23

CICHGB Central Indígena Chiquitana Germán Busch 23

Provincia Ángel Sandoval 36

CIRPAS Central Indígena Regional de la Provincia Ángel Sandoval 36

Total Comunidades Afiliadas de Cinco Provincias 374

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Informe del Bosque Seco Chiquitano, APCOB 2002.

Las Centrales Indígenas Chiquitanas u organizaciones matrices agrupan a comunidades chiquitanas de una determinada zona o región. Éstas organizaciones intercomunales son las que mostramos en la cuadro anterior (Nº15). Las comunidades anotadas seguramente no constituyen el 100 % de las comunidades chiquitanas, pero dan una noción de su presencia y el proceso de reconcentración que han tenido, como resultado de su proceso organizativo y de reivindicación de tierras. No es posible para todos los casos, identificar a partir de estos datos, cuáles de estas comunidades están incluidas dentro de las demandas de TCOs.

En el caso de CICOL existe plena coincidencia entre las comunidades afiliadas a su central y su inclusión dentro de la TCO Lomerío, que se encuentra en la última fase de saneamiento de tierras. El caso de Monte Verde, se trata de una demanda que aglutina a tres de las centrales de la provincia de Ñuflo de Chávez; siendo que algunas de las comunidades afiliadas a la CICC y CIPSJ se encuentran dentro de la TCO, pero otras están en zonas aledañas. Dentro del territorio de Monte Verde están asentadas 22 comunidades. En el caso de la CICC, las comunidades afiliadas a su central están distribuidas en la provincia y en particular, en los alrededores del pueblo de Concepción; varias cuentan con escasa tierra, y están rodeadas de propiedades de terceros.

El pueblo chiquitano, es el pueblo indígena más disperso en el departamento de Santa Cruz, y no es posible, a través de datos censales, identificar si existen en la ciudad núcleos de asentamientos de chiquitanos que se autoidentifican como tales en las zonas urbanas.

El caso Guaraní: las comunidades están dispersas en tres departamentos y en varias provincias. La información que proporciona CPTI/CIDOB, da cuenta del conjunto de demandas de TCOs de la Asamblea del Pueblo Guaraní APG, que aglutina diferentes organizaciones étnicas micro regionales, que corresponden a su sistema político de capitanías. Vale la pena destacar aquí que la APG extiende su representación hacia otros departamentos como son Tarija y Chuquisaca; donde existen también comunidades guaraní, las mismas que no hemos incluido en este informe por no corresponder al departamento de Santa Cruz. Hay que destacar el hecho que, existen 7 áreas de TCOs demandadas y por demandar (caso de Yembiguasu), en el departamento de Santa Cruz, cinco de las mismas ya han sido tituladas, con una disminución significativa, respecto a la superficie acordada para sanearse. Además



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sería necesario completar el panorama información respecto al conjunto de propiedades comunales tituladas que no estén incluidas dentro de las TCOs mencionadas.

Al igual que el pueblo ayoreo, los procesos de migración han conducido a la presencia de guaraníes en áreas urbanas y suburbanas; como es el caso de grupos en la ciudad de Santa Cruz y de varias comunidades en la zona norte próximas a áreas de producción cañera y agroindustrial. Las cifras censales del 2001, muestran una fuerte concentración de población guaraní hablante en la Subregión de la Zona Integrada del Departamento.

Un estudio realizado en el 2001, en áreas urbanas y peri urbanas de Santa Cruz (Ros y otros 2001), da cuenta de la fuerte concentración de comunidades de origen guaraní principalmente en la zona integrada y dentro de la ciudad. El estudio presenta una lista de 25 comunidades o barrios; 9 de estos ubicados en la provincia Andrés Ibáñez, 11 comunidades en la provincia Warnes, 1 en la provincia de Sara, 3 en Obispo Santistevan y 1 en Ñuflo de Chávez. Se trata de asentamientos humanos de población guaraní, que están afiliados a su organización Zona Cruz; la cual es base de la Asamblea del Pueblo Guaraní. Los propios guaraní diferencian sus asentamientos en: “barrios integrales” y comunidades; los dos primeros por su composición étnico cultural; ya sea de sólo guaraníes o multiétnicos de “karai”, chiquitanos, quechuas y guaraníes- y en el otro caso; según el acceso o no a terrenos productivos y de caza o pesca. Siendo que 8 de los 25 asentamientos son considerados comunidades, 7 barrios guaraní y 10 barrios integrales (Ros y otros 2001: 59-64). En la ciudad de Santa Cruz, se encuentran asentamientos guraníes en los barrios más pobres fuera del cuarto anillo -Villa Primero de Mayo, Plan Tres Mil, avenida Tres Pasos al Frente y los Lotes.

El caso de Guarayos: en el caso del pueblo guarayo, el mismo se encuentra asentado fundamentalmente en la provincia Guarayos, dentro de las áreas demandadas de la TCOs. Los denominados pueblos guarayos están comprendidos en antiguos espacios misionales, tales como los de San Pablo, Yotaú, Yaguarú, Ascensión y Urubichá y las comunidades de más recientes formación como Salvatierra, Momené y Santa María y otros asentamientos menores Cururú, Cachuela y San Luís.

También en años recientes se ha producido un flujo de migración de población guaraya hacia la ciudad capital de Santa Cruz y hacia el departamento del Beni, donde se han asentado en algunas comunidades rurales y en la zona urbana de Trinidad25.

2.3.4. Gestión Territorial en TCOs Indígenas del Departamento

Un taller organizado por la Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios (MAIPO) y otras instituciones públicas y privadas sobre experiencias de gestión territorial indígena en las TCO, nos permite conocer de manera general la situación en el departamento de Santa Cruz (MAIPO y otras, 2004).26 Incluimos en anexos un documento elaborado en este seminario en el cual se presenta el marco jurídico institucional vigente de la gestión territorial indígena que permite contextualizar y comprender la temática (ver en anexo Acercamiento al marco normativo para la Gestión Territorial Indígena (GTI).

25 Comunicación verbal de Mercedes Nostas, antropóloga, sociológa que está realizando una investigación de tesis

sobre el pueblo guarayo.

26 Queremos administrar nuestro territorio para ser felices “Experiencias sobre gestión territorial indígena en

tierras bajas de Bolivia” Sistematización de Taller realizado en Cochabamba, Vinto, 28 al 30 de junio 2004 MAIPO

MPP/PDCR-II CIDOB/DANIDA DED CIPCA.



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A nivel nacional, los planes de gestión territorial, muestran una situación variable respecto a la temática y líneas de acción; pero se encuentran factores comunes como el fortalecimiento organizativo, el control territorial, la implementación e innovación en proyectos productivos y el manejo sostenible de recursos naturales; en variadas formas, vinculado a la generación de ingresos. El informe del taller, da cuenta de cierto interés en promover cadenas productivas, articularse a mercados para mejorar los ingresos económicos; aunque también existen decisiones comunales de fortalecer la seguridad alimentaria. Así mismo llama la atención sobre el poco énfasis en fortalecimiento de organizaciones y participación de la mujer y en los temas de educación y salud. En esta sección recurriendo a diferentes fuentes presentamos los avances que se están dando en TCOs del departamento de Santa Cruz en la gestión de sus tierras comunitarias de origen, pese a los problemas de planificación que enfrenta, como veremos más adelante, debido al no reconocimiento de las mismas como unidades administrativas a nivel del estado.

2.3.4.1. Gestión Territorial Guaraní

El caso del Proyecto Kaa Iya en TCO Isoso

La Capitanía del Alto y Bajo Isoso y la Fundación Ivi Iyambae (CABI/FII) trabajan con el apoyo técnico de la WCS con la cual han suscrito un convenio de colaboración para la administración del Parque Nacional Kaa Iya y el desarrollo de la TCO Isoso.

La creación del Parque Nacional Kaa Iya por decisión del Estado Boliviano en 1995, se basó en una propuesta presentada por la CABI (Capitanía de Alto y Bajo Izozog) con el apoyo técnico de WCS (Wildlife Conservation Society) y la coadministración con el SERNAP (Servicio Nacional de Áreas Protegidas); le fue concedida sobre 3.4 millones de ha a través de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Sostenible en 1996. En 1997, CABI presentó la demanda de Tierra Comunitaria de Origen (TCO) sobre 1.9 millones, a favor del pueblo isoseño; en la zona que colinda con el parque, en una estrategia de manejo sostenible y conservación sobre un área que cubre 5.3 millones de ha. El área es de interés estratégico para el desarrollo del país, por la presencia de hidrocarburos, que han llevado a la construcción de gasoductos e infraestructura vial internacional. La titulación de la tierra es fundamental para asegurar el manejo del área.

La CABI, ha logrado consolidar una estructura administrativa que mantiene comunicación regular con sus bases comunales y comités de manejo del parque. Con fondos propios, ha financiado la auditoria de uso de recursos del proyecto Kaa–Iya, GEF, Fundación Kaa-Iya, PRAC, TRANSIERRA, GTB y fondos de la cooperación española, soportan sus iniciativas de desarrollo.

Para el inicio de actividades de manejo territorial de la TCO Isoso, y de su proceso de titulación de tierras, utilizó recursos de inversión, que ha logrado que le sean devueltos en un 33 % del “fondo de retorno”, por el estado Boliviano. Actualmente, la CABI se encuentra en negociación con tres proyectos de gasoductos y dos proyectos de carreteras internacionales, en acuerdos con compañías privadas y otras organizaciones indígenas.

La CABI, viene implementando un proyecto con interesantes proyecciones a futuro como son:

Establecer un sistema de monitoreo ambiental, cubriendo 5.4 millón ha del Chaco Boliviano (Parque Kaa Iya y TCO Isoso); para enfrentar riesgos de frontera agrícola y ganadera y del desarrollo de hidrocarburos bajo un sistema que considere los impactos ambientales y socioeconómicos.

Contribuir al diseño e implementación de una estrategia bi-nacional de conservación, entre Bolivia y Paraguay.



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Está en coordinación con el Banco Mundial, para desarrollar iniciativas con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) para un programa de cooperación de inversión que incluya a las comunidades isoseñas, los terratenientes, municipalidades y compañías del sector energético; generar un compromiso de GEF (Global Environment Facility) y el Banco Mundial para desarrollar un proyecto de manejo de recursos naturales en la TCO y el área integrada del Parque Kaa Iya y una evaluación del potencial del uso de energía en la región en coordinación con IFC (InternationalFinance Corporation) y SAAVCO Ltda.

Es un reto, conseguir recursos para financiamiento de alternativas productivas en toda el área de 1.9 millones de ha de TCO y para la comercialización de fauna para reducir a su vez la presión sobre los recursos naturales.

Como parte de las actividades de gestión de su territorio destacan las siguientes actividades:

Está en implementación una zonificación de la TCO Isoso que incluye opciones de irrigación; en convenio con CABI-FII, WCS, CI, GTB, Fundación Kaa-Iya, TRANSREDES; evaluación del potencial forestal de la zona norte de la TCO y la titulación del mismo; diseño de base de datos de GIS; evaluación de unidades modelo de producción ganadera.

Ha realizado una evaluación estratégica de las alternativas de ecoturismo con apoyo de USAID, WCS y la fundación Kaa-Iya para dar continuidad a trabajo anteriormente financiado por USAID.

A través de la investigaciones de conservación del Parque Kaa Iya; ha confirmado el valor excepcional de la fauna y está realizando acciones efectivas de conservación (ha documentado la existencia de una población de 1.000 jaguares; la mayor población documentada de esta especie y ha identificado otras especies en peligro de desaparición como armadillos gigantes, tapir, ocelote, y puma), está implementando un programa de monitoreo del guanaco sobre 57,000 ha, que ha detenido su cacería en acciones conjuntas con el Paraguay y contrapartes de UICN).

La investigación de fauna silvestre, le ha permitido obtener bases para desarrollar programas de manejo sostenible de ciertas especies, para su explotación comercial27; y la producción comercial de harina de pescado, harina de cupesí; manejo de abejas nativas para la producción de miel y el uso de combustible de madera para el uso doméstico; en coordinación con la organización de mujeres indígenas CIMCI.

La CABI, ha logrado, la titulación parcial de sus territorios y el compromiso del Estado, del reembolso de los fondos invertidos en la titulación para destinarlos a inversiones de manejo territorial.

La CABI desde 1996 viene implementando un programa de educación ambiental a través de las escuelas del Isoso; en el cual ha desarrollado un currículo en consulta con profesores, padres de familia y estudiantes; que está en implementación en 16 escuelas e incluye entrenamiento a maestros. Desde el 2000 el equipo técnico provee asistencia a UNICEF para implementación en otras escuelas de Charagua. El programa incluye también la producción de un programa radial semanal en guaraní.

27 Brocket deer, collared peccary, y armadillos; la cacería comercial de: tegu lizards and collared peccaries, por el

valor de su piel.



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El caso de la TCO PARAPITIGUASU y TCO Charagua Norte

La TCO guaraní de Parapitiguasu28 está ubicada entre dos municipios, el de Charagua y el de Boyuibe. La TCO Charagua Norte está ubicada en el municipio de Charagua. En la presentación de la síntesis de su situación, se mencionan las dificultades que enfrentan ambas TCOs, en su articulación con el Estado; lo cual los lleva a plantear la necesidad de redefinir los límites político administrativos y generar una propuesta de creación de un municipio indígena que comprenda a la TCO en su conjunto. Actualmente existen en esas TCOs, distritos municipales indígenas con subalcaldes elegidos; pero la figura del distrito no parece ser suficiente para garantizar la autogestión; se plantea entonces buscar caminos que conduzcan a la creación de municipios indígenas.

Para la realización de su plan de gestión territorial, la TCO ha utilizado la Guía Metodológica de Diagnóstico elaborada por la Prefectura a través del PDCR, adaptándola a la realidad de las TCOs y ha coordinado con la prefectura la realización de proyectos productivos. Utilizaron como criterio de uso de suelo, el Plan de Uso del Territorio; considerando el potencial o capacidad de uso del suelo y la presencia de biodiversidad.

Las TCOs enfrentan problemas y limitaciones, tal es el caso de: la sequía que afecta drásticamente la producción agropecuaria. Entre 2003 y 2004 la sequía afectó el 95% de la producción. Adicionalmente, ambas TCOs, Parapitiguasu y Charagua Norte sufren la presión sobre su territorio; buena parte de las tierras comunales han sido ocupadas por terceros quienes poseen más tierra que las comunidades; los conflictos con terceros; particularmente ganaderos, que han ocupado tierras comunales; la presencia de mennonitas han afectado las áreas tradicionales de cacería; han desmontado aceleradamente grandes superficies, lo que ha impactado en la biodiversidad. Por otra parte, existen varias concesiones petroleras otorgadas en la zona (muchas de ellas operando), que han presentado serios problemas ambientales; entre los cuales se cuenta la ruptura de venas de agua y la contaminación; en algunos casos se han desarrollado negociaciones con estos operadores obteniendo recursos destinados a proyectos de beneficio colectivo.

El proceso de gestión ha implicado la organización de un Grupo de Gestión Territorial, compuesto por 15 personas, representantes indígenas y la realización de varios diagnósticos. La TCO cuenta con subalcaldes y Distritos Municipales Indígenas; se cuenta con un concejal guaraní en el municipio de Charagua que apoya a las TCOs; por otro lado, existe un concejal no guaraní y la importante participación en los Comités de Vigilancia que apoyan igualmente a las TCOs. Se han desarrollado procesos de negociación con petroleras. Las organizaciones indígenas han logrado imponer condiciones a las operaciones petroleras en el territorio. A los operadores petroleros se les exige compensación por los daños ambientales.

Los principales temas considerados en el plan de gestión son: el fortalecimiento del sistema sociocultural, de la identidad y la autoestima; el uso sostenible de Recursos Naturales y el fortalecimiento de la economía indígena, así como la conservación del patrimonio natural y cultural. Se considera importante fortalecer la capacidad de autogestión y de proposición, promoviendo el ejercicio del poder local. Se considera, también importante, fortalecer el sistema de control social para permitir el uso y acceso de Recursos Naturales.

El plan de gestión territorial incluye tres programas: fortalecimiento organizativo; gestión sostenible de Recursos Naturales y ecoturismo, patrimonio natural y cultural. Se considera

28 La información sobre estas TCO han sido extraídas de la sistematización del taller antes mencionado organizado

por MAIPO y otras instituciones (MAIPO 2004: 16 y 20) y reordenada para incluirla en esta sección.



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importante realizar estudios y promover la gestión y manejo de cuencas y micro cuencas. Diseño de una estrategia de conservación de biodiversidad. Fortalecimiento de chacos familiares.

Se destacan los siguientes resultados:

Entre 2000 y 2003 se elaboró un Plan de Gestión Territorial Indígena para cada TCO, que ha sido publicado.

La TCO cuenta con estatutos y se está desarrollando estrategias de reasentamiento en la TCO.

Se cuenta con líneas de acción ya definidas para el uso de recursos naturales según el Plan de Uso del Territorio y un diagnóstico socioeconómico, abarcando 43 comunidades.

Existen diagnósticos determinando el estado de los Recursos Naturales.

Se está planificando el uso del suelo, e identificando alternativas productivas. Se han elaborado proyectos ganaderos, con financiamiento.

Se han implementado técnicas agroforestales con especies nativas. Se están implementando proyectos de reforestación para conservar las cuencas, con apoyo de la empresa de servicios petroleros, TRANSREDES.

Se está impulsando la transformación y comercialización de recursos forestales. Se cuenta con varios aliados institucionales no gubernamentales.

Se ha coordinado con instituciones académicas internacionales, las cuales han apoyado en proyectos de conservación de biodiversidad. Se ha impulsado la recuperación y el fortalecimiento de los conocimientos tradicionales sobre la biodiversidad.

Se cuenta con infraestructura de salud, educación y agua potable. Un 53 % de la población, se abastece de agua de grifo. El saldo combina el acceso a recursos hídricos, con pozos, atajados, cisternas, etc.

Se tienen 500 viviendas en construcción.

Se cuenta con cartillas que contienen aspectos del PGTI (Plan de Gestión Territorial Indígena) para ser distribuidas en las escuelas y las comunidades.

2.3.4.2. Gestión Territorial Chiquitana

El caso de TCO Monte Verde

El área de Monte Verde, inicialmente demandada por los chiquitanos; cuenta con una extensión de 1.059.964 ha destinadas a beneficiar a más de 100 comunidades indígenas; ubicada en la provincia Ñuflo de Chávez; y se extiende sobre dos municipios, San Javier (30%) y Concepción (70%).

La demanda de titulación de Monte Verde, fue presentada en 1.995 a través de: su organización matriz; la Organización Indígena Chiquitana (OICH) y de las centrales indígenas de Comunidades de Concepción (CICC), Paikoneka de San Javier (CIP-SJ) y de la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL). Actualmente, la OICH está en proceso de diseño de su Plan de Gestión Territorial; con apoyo del SNV y otras instituciones de cooperación financiera, como OXFAM América. El proceso que es consultivo y participativo, involucra al



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conjunto de comunidades existentes dentro de la TCO y las organizaciones demandantes organizadas en centrales intercomunales.

Según lo presentado en el taller (ya mencionado) de experiencias de TCO (MAIPO y otros, 2004), en la TCO Monteverde; los chiquitanos habrían identificado, como temas y líneas de acción para la gestión territorial: la capacitación de técnicos y dirigentes; la elaboración de un plan estratégico; los asentamientos humanos y la creación de nuevas comunidades; el control y el ordenamiento territorial; el aprovechamiento de recursos forestales y la implementación de módulos ganaderos. Se desatacarían como avances en la gestión territorial

Equipos técnicos indígenas, formados para el saneamiento y gestión territorial;

Cartillas sobre gestión territorial diseñadas por los técnicos indígenas, que se han elaborado, publicado y difundido.

Varios estudios sobre recursos naturales y ordenamiento territorial realizados;

Módulos ganaderos en implementación.

Planes piloto de manejo forestal.

Se han implementado puestos de control y se han realizado 2 asentamientos anuales en el territorio.

Manejo maderable de bosque en comunidades de la TCO Monteverde:

La CICC, mediante un convenio suscrito con la ONG Apoyo Para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, y con apoyo financiero de HIVOS de Holanda; se encuentra ejecutando con 7 comunidades ubicadas dentro del territorio Monte Verde, cuatro planes de manejo forestal, sobre una superficie total de 24,904 ha, con un corte anual en 2004 de 1.220 ha.

Cuadro No.12: TCO Monte Verde: Planes de Manejo Forestales Comunales

PMF Comunidades: Fecha de

Aprobación (Años

Aprovechados)

Superficie Total

ha (ciclo de

Corta en años)

Área de

Aprovechamiento

Anual ha

Precio en US/

m3. Modalidad

de Venta

Empresas

Compradoras y

Variedades de

Madera

Santa Mónica:1999 5, 389

180

34 SOBOLMA: yesquero

y serebó

(99 – 2004) -30 puesto en

rodeo

Alderete,

Aserradero

Rospigllosi,

Gillette:madera

dura

Palestina: 2001 4.000

200

34 SOBOLMA: yesquero

y serebó

(2002 –2004) -20 puesto en

rodeo

25 Santa María:



55

madera dura

Makanaté Intercomunal: 2004

7.515 370

10

Aserradero Peter:

madera dura Makanaté, Puerto San Pedro,

El Regreso, Sagrado Corazón árbol en pie

Monte Verde:2004 8.000

470

10 Aserradero Sirari:

madera dura -2003 -20 árbol en pie

TOTAL Superficie 25 1, 220

Fuente: Elaboración propia sobre informe del Ing. Forestal Amado Olivera, asesor, APCOB, 2004.

El aprovechamiento maderable de los bosques comunitarios, es una de las estrategias importantes de consolidación de la gestión territorial, que las comunidades indígenas están implementando. De acuerdo con la tecnología disponible y las posibilidades de financiamiento, las comunidades han definido ciclos de corta diferentes, que determinan las posibilidades de corte anual, también han optado por diferentes modalidades de venta de la madera.

En algunos casos, los planes de manejo son intercomunales, pero en todos los casos se trata de una administración propia, que aprovecha la mano de obra local y que cuenta con asistencia técnica externa, para calificar su mano de obra y generar un proceso de autogestión a mediano plazo. Las comunidades están obteniendo ingresos que varían de acuerdo a las condiciones de venta. Los precios de venta, por m3 son de 10 US $; en el caso de venta de madera dura puesta en pie, y de 25 $US y 35 $US, puesta en rodeo, dependiendo de la calidad y tipo de madera.

Ninguno de los planes de manejo se encuentran certificados, pero están en condiciones de lograr la certificación. Actualmente las empresas madereras o aserraderos que adquieren la madera de bosques comunales, están interesados en certificarlos; por lo que se estima que a futuro, se harán convenios de comercialización de madera de más largo plazo, que permitan la certificación de los mismos; ya que en la actualidad las comunidades no están en condiciones de asumir los costos de la certificación.

2.3.4.3. Plan de Gestión Territorial de Lomerío

Con el apoyo de DANIDA, la Central de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), se encuentra elaborando a través de un equipo conformado por sus propios técnicos indígenas, un Plan de Ordenamiento Territorial, para realizar la gestión sostenible del territorio.

Según lo presentado en el taller de experiencias de TCO (MAIPO y otros, 2004), en la TCO Lomerío se habrían definido como líneas de acción: el fortalecimiento organizativo; control territorial; manejo de recursos naturales; apoyo a la economía y la producción y la implementación de servicios básicos.

Los siguientes serían avances en el proceso de gestión territorial:

o Estatutos y reglamentos a nivel comunal elaborados

o Dos planes de manejo forestal se están ejecutando aprobados por la Superintendencia; está en trámite la renovación del sello verde que permitió certificar madera durante cinco años



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o Actividades de protección de cuencas

o Actividades de control sobre la concesiones mineras existentes en el territorio

o Proyectos ganaderos, avícolas y agrícolas se están ejecutando

o Convenios con universidades e institutos superiores para formar indígenas

o Convenio con la Cruz Roja para capacitar promotores en salud compatibilizando conocimientos con la medicina tradicional;

o Red de sistemas de agua potable en tres comunidades, así como pozos de agua

o Propuesta de electrificación en proceso de estudio.

2.3.4.4. Manejo Maderable de Bosque en las Comunidades de la TCO Lomerío

El caso de Lomerío, es de un proyecto de larga trayectoria; que sentó las bases para la experiencia de manejo de bosques comunitarios de las tierras bajas de Bolivia; con un proceso participativo, que generó alto aprendizaje de las propias comunidades y replicas en comunidades vecinas, como las de Monte Verde. Lomerío logró la certificación de bosque y la exportación de manera experimental en el mercado exterior; pero dificultades financieras, especialmente vinculadas a la gestión del aserradero, obligaron a cambiar de estrategia y cerrar el ciclo de certificación sin volver a certificar.

Lomerío ha pasado; de una gestión de manejo intercomunal de bosque sostenible, a una de explotación sostenible de bosques comunales; dejando de lado la administración centralizada, que involucraba a la acción concertada, de todas las comunidades con bosques comunales, dentro de su TCO, las que vendían la madera a su aserradero intercomunal. Las comunidades realizan actualmente el trabajo de manera autogestionaria, con apoyo y asistencia técnica de SNV y APCOB; con un fondo rotatorio de apoyo, provisto por OXFAM América.

Actualmente, cuatro comunidades están retomando el manejo de bosques, que corresponde a dos planes; uno en la zona norte, que abarca 21.000 ha y otro en la zona sur con 33.000 ha, los mismos que han sido diseñados con ciclo de corte de 35 años. La modalidad de aprovechamiento, está por definirse bajo la modalidad de venta de árbol en pie o puesta en rodeo. Existe la posibilidad de venta de madera a un aserradero instalado en la zona de Concepción por un empresario privado, cuya empresa denominada INPA-parquet ha iniciado la producción de pisos de madera29.

2.3.4.5. Gestión Territorial Ayorea: El Caso de la Comunidad de Zapocó

Zapocó es una de las cuatro comunidades ayoreas, que ha consolidado la propiedad de su territorio comunal y actualmente se encuentra aprovechando los recursos maderables de sus bosques orientados al mercado de Santa Cruz. La actividad es asesorada por la ONG APCOB y cuenta con el soporte financiero de HIVOS. La superficie del área de manejo de bosque es de 20,000 ha y el plan de manejo fue aprobado el 2002. La comunidad ha aprovechado su bosque dos años consecutivos desde el 2004, vendiendo en la modalidad de árbol en pie a un precio

29 Información proporcionada por dirigente indígenas de CICOL en entrevista.



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de 10 US $ el m3 a la empresa aserradero Petunos. La gestión del bosque está a cargo de los propios comunarios.

2.3.4.6. Gestión Territorial Guaraya

La Central Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo (COPNAG) en 1997 presentó una demanda de La TCO Guarayos, sobre un área originalmente inmovilizada de 2’205.369,89 ha, de las cuales en 1999 se titularon dos polígonos con una superficie de 932.274, 69 ha. Superficie que representa el 69 % del área recomendada por el estudio de necesidades espaciales.

Actualmente, cuenta con apoyo de DANIDA (Embajada Real de Dinamarca) para la elaboración de un Plan de Ordenamiento Territorial; el cual está elaborando a través de un equipo conformado por sus propios técnicos de apoyo e indígenas y técnicos asesores; a fin de planificar un uso sostenible del conjunto de recursos de su TCO. El plan incluye diversas líneas y estrategias de acción, siendo las principales: la organización, el manejo de recursos naturales, la producción, las acciones económicas y la acción social y de servicios.

La estrategia territorial del plan incluye: el uso del territorio para controlarlo; la vigilancia del TCO; el establecimiento de alianzas estratégicas con terceros legalmente establecidos; y acciones para consolidar la titulación de tierras vía el saneamiento.

El plan se encuentra en fase de diseño final y enfrenta el reto del fortalecimiento organizativo interno de la organización; la misma que se encuentra debilitada y requiere reforzar los vínculos entre las diferentes organizaciones con las Centrales Indígenas y éstas con la COPNAG (Central de Organizaciones de los Pueblos Nativos Guarayos). Conflictos a nivel de la organización nacional CIDOB; y de la regional Santa Cruz, la CPESC; han incidido también en el nivel local, impidiendo una coordinación adecuada en las actividades en general.

Su territorio tiene un alto potencial de biodiversidad y recursos de flora y fauna; así como un potencial forestal que se traduce en que, el 80 % de la superficie total de la TCO está cubierta de bosques naturales30. La agricultura es una actividad económica importante, al igual que la caza y la pesca tradicional; siendo que la ganadería también se ha tornado en una actividad de importancia en las diferentes comunidades de la TCO; al igual que el aprovechamiento forestal maderable.

Sin embargo los guarayos enfrentan un problema de control sobre su TCO, por dificultades para gestionarla. Los problemas son tanto internos; por la falta de compromiso de algunos guarayos, con su territorio consolidado; lo que se traduce en venta de tierras a terceros, así como de explotación no sostenible de sus recursos de fauna y flora por personas ajenas que incursionan en sus territorio para la explotación de madera valiosa como la mara, la cacería y pesca.

30 El Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz y el Estudio Potencial de los Bosques Naturales de Bolivia, muestra a la

TCO con un gran potencial en la ganadería y la producción forestal. Para este último, señalan que existen 281 especies forestales maderables, siendo el Ochoó (Hura crepitans) y el Verdolago (Terminalia amazónica), las principales especies abundantes con 8,81arb/ha. Sin embargo, la especie considerada representativa de esta formación es el palo maría (Calophylllum brasiliense).



58

2.3.4.7. Manejo Maderable de Bosque en las Comunidades de la TCO Guarayos

Al igual que los chiquitanos y los ayoreos; los guarayos han optado por el manejo forestal maderable, como una de las formas de consolidación de su territorio; para lo cual están trabajando con la ONG CEADES y el apoyo técnico del SNV y BOLFOR. Tres Centrales Comunales tienen bajo plan de manejo, aproximadamente 160.000 ha, lo que se traduce también en ingresos para la comunidad. La COPNAG ha conformado 6 “Organizaciones Forestales Indígenas” (OFIs) que estarían beneficiando a 280 familias.

Cuadro No.13: TCO Guarayos: Superficie de Planes de Manejo Forestal

Planes de Manejo Comunales Superficie

(ha)

Área de

Aprovechamiento

Anual (Ha)

No de

Familias

Yotaú 28.586 923 230

Momené 604 0 50

Momené ampliación. 11.000 0 -

Salvatierra 49.069 1.800 70

Cururú 26.420 861 49

Santa María 2.433 111 35

Urubichá 41.123 1.014 760

TOTAL 15.235 4.709 1.194

Fuente: Plan de Ordenamiento territorial Gwuayu. Centro de ecología y sostenibilidad Gwarayu.

2.3.4.8. Manejo de Bosques Indígenas en el Departamento de Santa Cruz

Según un estudio realizado por Cronkleton, (2004) la forestería comunitaria en Bolivia está abriendo horizontes para nuevos actores, entre los que se destacan los indígenas. Según el autor; los planes de comunidades indígenas, están ubicados en su mayor parte en la región subandina del norte de La Paz, la zona del Beni y al norte del departamento de Santa Cruz (2004: 88). Es interesante anotar que; de 22 unidades forestales indígenas (UFI), con planes de manejo aprobados a nivel nacional; más de la mitad se encuentran en el departamento de Santa Cruz.

Como vemos en el siguiente cuadro Nº 12, tres de los cuatro pueblos indígenas nativos del Departamento, están manejando sus bosques de manera sostenible, siendo que sus planes siguen las normas establecidas por el Estado; lo que contribuye a la sostenibilidad de los ecosistemas, en los cuales no sólo producen, sino que habitan las poblaciones indígenas.



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El autor destaca el crecimiento de la participación de los indígenas en el manejo forestal; indicando que hay seis planes esperando aprobación, tres de los cuales, como vemos en el cuadro, corresponden al departamento de Santa Cruz. El autor señala que desde 1998, cuando se aprobaron los primeros planes de manejo indígena, con la creación de más UFIs, el área bajo manejo ha crecido rápidamente:

“En el año 2002, el área bajo manejo era de 540.402 ha Si los planes que están siendo evaluados en la actualidad son aprobados, se le agregarán 69.750 ha al total mencionado. Los planes varían en tamaño: el mayor es el de la TCO Bajo Paraguá con 90.758 ha, mientras el más pequeño es Litoral con 532 ha El área media de los planes elaborados por grupos indígenas es de 11.209 ha” (87).

Cuadro No.14: Planes de Manejo en TCO. Departamento de Santa Cruz

No. Comunidad UFI TCO Año de

Aprobación

Pueblo

indígena Superficie (ha)

1 Lomerío Lomerío 1998 Chiquitano 60.800

2 San Juan de Lomerío Comunidad Indígena 1999 Chiquitano 19.270

3 Santa Mónica Monte Verde 1999 Chiquitano 7.434

4 Palestina Monte Verde 2002 Chiquitano 4.000

5 Bajo Paraguá Bajo Paraguá 2001 Chiquitano 90.758

5 Total Pueblo Chiquitano superficie de manejo de bosques 182.262

1 Zapocó Ayoreo Zapocó 2002 Ayoreo 19.982

2 Santa Teresita Santa Teresita Sin aprobar Ayoreo 7.200

2 Total Pueblo Ayoreo superficie de manejo de bosques 27.182

1 Urubichá (AIFUS) Guarayos 2000 Guarayos 41.123

2 Santa María Guarayos 2001 Guarayos 2.433

3 Yotaú Guarayos 2002 Guarayos 28.586

4 Cururú(AIMCU) Guarayos 2002 Guarayos 28.421

5 Momené Guarayos Sin aprobar Guarayos 664

6 Salvatierra Guarayos Sin aprobar Guarayos 40.886

6 Total Pueblo Guarayo superficie de manejo de bosques 805.449

13 Total General Superficie de Planes de manejo 1.014.893

Fuente: Elaboración propia sobre datos de Superintendencia Forestal. Informe Anual 2002, incluido en estudio de Cronkleton (2004).



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2.3.5. Presiones sobre Tierras Comunitarias de Origen

Los pueblos indígenas han demostrado ser los mejores conservadores de su medio ambiente. Se conoce de la coincidencia en diferentes partes del mundo, entre las áreas de mayor diversidad biológica y su correspondencia con áreas bajo control de los pueblos indígenas. Eso ocurre igualmente en el caso del departamento de Santa Cruz; podemos mencionar como ejemplo, los bañados del Izozog y la población Guaraní, o el Pantanal, el territorio de Monte Verde de población chiquitana, o el caso de la zona de conservación incluida en la TCO guarayos.

El equilibrio que se ha logrado entre la naturaleza y el sistema de aprovechamiento tradicional de los recursos naturales en los territorios de los pueblos indígenas no es casual, sino que se explica como resultado de su visión del mundo -que es compartida por los pueblos indígenas, por encima de sus diversidades culturales- en la que el ser humano se considera parte de la naturaleza, y no se disocia el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, con la preservación de los mismos. Su sentido de pertenencia a la naturaleza es resultado de su cosmovisión sagrada del mundo; en la cual la sobrevivencia humana y la construcción cultural, implican respeto y equilibrio del medio ambiente.

Sin embargo, ese equilibrio milenario entre el ser humano y la naturaleza en áreas indígenas, ha venido modificándose fuertemente como producto de la penetración de sistemas económicos extractivistas, que tienden a romper su lógica económica y someterla a la lógica de producción del mercado. Ello se traduce en la falta del control sobre el manejo de recursos naturales de parte de los pueblos indígenas en su territorio y su articulación a otras formas de aprovechamiento y producción. El paso de una economía sostenible, diversificada: de manejo integrado, de diversificación de productos, de intervenciones modestas y adecuadas y de consumo a pequeña escala; hacia la explotación intensiva de ciertos recursos, que requiere el mercado; resultan en amenazas para su hábitat, los ecosistemas y el sistema de vida y cultura de los pueblos indígenas.

Es por ello que objetivamente se puede afirmar que: son los pueblos indígenas, los más interesados en garantizar un desarrollo sostenible, en las actuales condiciones de participación de su economía en el mercado nacional e internacional; justamente por los vínculos estrechos que persisten entre, sus sistemas culturales y religiosos, el uso productivo de sus territorios y el espacio de reproducción de sus sociedades dentro del hábitat. Su territorio, ante todo; es su base material de existencia socio cultural y no sólo un recurso para el aprovechamiento productivo.

Es coincidente la visión de todos los pueblos indígenas respecto a su sentido de pertenencia a la naturaleza, como parte de su ser en el mundo; sobre cuyas bases se asienta la posibilidad de desarrollo cultural, económico y social; debiendo cuidar sus recursos naturales para garantizar no sólo su economía de subsistencia, sino sus posibilidades de desarrollo como pueblo.

Las limitaciones crecientes, en el acceso de los pueblos indígenas a sus recursos naturales tradicionales los han colocado en una situación que frecuentemente puede calificarse de alto riesgo social y cultural. Las acciones del movimiento indígena por asegurar el control sobre sus territorios, resultan ser fundamentales y estratégicas para su desarrollo. Los problemas de tenencia de tierra, que influyen gravemente en el uso y control de los recursos naturales, son por lo tanto, un asunto de interés social general; siendo que el Estado tiene la obligación de garantizar la existencia de los pueblos indígenas y las posibilidades de un desarrollo respetuoso, a las culturas y pueblos que conforman la nación.



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El contexto en el que se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria, es el de las reformas estructurales de “segunda generación”, caracterizadas por su profunda orientación al mercado; sin embargo en el caso de la ley de tierras, el Estado boliviano ha tratado de equilibrar su rol regulador y el del mercado; pero su política agraria no puede analizarse al margen de las otras políticas.

Como lo ha anotado Romero (2004, documento de trabajo), existen otras presiones que se derivan de la propia legislación sectorial pues; la titulación de las TCO no es incompatible con las áreas protegidas; también se admiten expropiaciones en los territorios indígenas bajo la forma de planes de compensación por derechos de vía en la construcción de los gasoductos, las exploraciones y explotaciones de hidrocarburos y para la construcción de los corredores de exportación, carretera bioceánica y proyectos hidroeléctricos. En las áreas de explotación minera el Código de Minería tiene relación sobre el derecho agrario en general.

A continuación presentamos una muestra de la sobre posición existente en las TCOS con otros usos, siendo que la presión de concesiones forestales a terceros y concesiones mineras resultan poniendo en tensión la administración y el control de los territorios indígenas por sus autoridades para garantizar su desarrollo sostenible.

Una de las TCOs más grandes del Departamento, como es la del Bajo Paraguá, nos muestra la dimensión de la superposición que tienen las concesiones forestales sobre la TCO demandada. Importantes áreas de sus comunidades se encuentran bajo la presión de actividades de explotación de sus bosques de parte de empresas privadas.

Cuadro No.15: Concesiones Forestales Otorgadas en la TCO Bajo Paraguá

Concesión Superficie Total de

Concesión (ha)

Superficie Sobrepuesta a

las Áreas Comunales (ha)

Industria Forestal Paraguá 112.953 58.196

Aserradero Tarumá Ltda. 83.467 26.831

Palmitos Ichilo 88.432 88.432

Totales 284.852 173.459

Fuente: Superintendencia Forestal (en: Artículo Primero No.14 pp 260, Territorio Indígena del Bajo Paraguá.).

Tamburini (2003: 257-268) explica cómo es posible que existan concesiones forestales dentro de una TCO, siendo que esa figura no está prevista por la ley actual. El autor presenta evidencias, que en el proceso de saneamiento de este territorio indígena, se confrontaron problemas de distorsión en la aplicación de la ley que lo rige, violando los derechos del pueblo indígena chiquitano; que presentó la demanda, con posteridad a la aprobación de la Ley 1715, en diciembre de 1998. Según se explica, el INRA fraguó una argumentación jurídica, para justificar el recorte del territorio del Bajo Paraguá y consolidar dos concesiones forestales, Industria Forestal Paraguá y la Empresa Aserradero Tarumá Ltda., en una superficie de algo más de 85.000 hectáreas sobrepuestas con un área que desde la época del auge siringuero, casi 100 años atrás, es de ocupación y uso de las comunidades demandantes.



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El cuadro siguiente muestra el caso de siete Tierras Comunitarias de Origen del departamento de Santa Cruz, que enfrentan problemas de superposición con concesiones forestales y concesiones mineras.

Cuadro No.16: Sobre Posición de TCO con Otros Usos

TCO

Concesiones forestales Concesiones Mineras Área Protegida

Superficie

Afectada

% de TCO Superficie

Afectada

% de TCO Superficie

Afectada

% de TCO

Afectada Afectada Afectada

Guarayos 386.187 18% 272.171 12% 550.073 25%

Monte Verde 122.431 12% 134.552 13%

Lomerío 73.639 25%

Rincón del Tigre 562 1% 97.871 100%

Santa Teresita 3.109 6%

Tobité 5.295 24%

Pauserna Chiquitano 169.234 46%

Fuente: De Vries, Territorios indígenas en las tierras bajas de Bolivia, 1998.

Seis de las siete TCO tienen problemas con concesiones mineras dentro de su territorio y dos de éstas, además, comprenden concesiones forestales cedidas por el Estado a terceros; lo que afecta sus posibilidades de manejo de los recursos de sus territorios de manera autónoma. En el caso de la TCO Monte Verde, 25 % de su superficie tiene concesiones forestales y mineras. Vemos que en el caso de la TCO Guarayos, 40 % de su superficie presenta superposiciones, con esos dos tipos de usos, pero a su vez el 25 % de su superficie ha sido declarada área protegida; lo cual requiere de un tratamiento cuidadoso de su ecosistema, con restricciones para el uso productivo de su territorio.

Es importante destacar que las áreas protegidas son un elemento que favorece el manejo y la preservación de los territorios indígenas y a su vez muestra la coincidencia que existe entre las áreas indígenas y las zonas mejor preservadas del Departamento, lo que se explica por los sistemas de uso y manejo de recursos naturales que caracterizan a los pueblos indígenas, que tradicionalmente han vivido en armonía con la naturaleza de la cual se sienten parte. Las áreas protegidas superpuestas a territorios indígenas no son una amenaza, sino por el contrario una condición que contribuye a la sostenibilidad de los ecosistemas.

También se presentan problemas de superposición en TCOs que comprenden áreas protegidas; como lo demuestra el caso del Territorio Indígena Pantanal, cuya sobre posición es casi total con el Área Natural de Manejo Integrado San Matías; que se encuentra bajo administración del



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Servicio Nacional de Áreas protegidas SERNAP31 Terceros (2003: 269-282) expone cómo en el caso de esta demanda presentada por la Central Reivindicativa de la Provincia Ángel Sandoval CIRPAS, a favor de 30 comunidades chiquitanas y 6.140 demandantes; el área declarada en saneamiento excluye áreas de concesiones forestales anteriormente certificadas por el INRA., pero, a pesar de ser área protegida, existen 5 concesiones mineras en su interior, según datos del Servicio Nacional Técnico de Minas.

Un autodiagnóstico realizado por las organizaciones demandantes de la TCO Monte Verde OICH, CIPS, CICC, CICOL; con el apoyo de la ONG CEADES (2003) da cuenta del problema de sobre posición de concesiones mineras en dicho territorio.

El estudio llega a la siguiente conclusión, entre otras:

“Todas las actividades de exploración y explotación, no han sido de conocimiento y consulta oportuna de las comunidades indígenas de la TCO Monte Verde, por lo que los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT han sido vulnerados.... No existe ninguna fiscalización por parte de la Superintendencia de Minas para el cumplimiento de la normativa vigente y falta de una Reglamentación que permita no solamente cumplir con todos los procedimientos establecidos, sino incorporar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los pueblos indígenas, como establece el Convenio 169 de la OIT, Ley 1257 en Bolivia“ (OICH, CEADES 2003:61-62).

31 Como explica Terceros (2003) la titulación de TCO no es incompatible las áreas protegidas. Tanto la Ley de Servicio Nacional de Reforma Agraria (artículo 44 parágrafo II) como la Ley de Medio Ambiente (artículo 64) establecen que la titulación de tierras comunitarias de origen son compatibles con la declaratoria de áreas protegidas. El artículo 25 del reglamento de Áreas Protegidas permite el manejo compatible entre la protección y el aprovechamiento sostenible a cargo de la población local. (pág. 272 y 273).



64

Cuadro No.17: Concesiones Mineras en TCO Monte Verde

No. Formulario Concesión Concesionario No.

cuadrículas ha

Estado

Actual

Lugar de

Referencia

1 15871 San Gabriel Carlos Sá de Barros 9 225 explotación San Pablo

2 18594 Unión

Minera José Ricardo Villarroel Vargas 20 500 exploración San Pablo

3 18591 El Cedro

Arturo Vortéz Barroso Julio

Banegas Mercado y Guillermo

Vidal Paredes

5 125 Sin

actividad San Pablo

4 18468 Cinco

Estrellas Patricia Hellen Cueto deIm 24 600

Sin

actividad Santa Mónica

5 18709 Rominelli Franco Candia Minelli 10 250 Sin

actividad San Pablo

6 18595 Unión

Minera IV José Ricardo Villarroel Vargas 12 300 exploración San Pablo

7 19450 Liberata Víctor Rodríguez Gonzáles 10 250 Sin

actividad Santa Mónica

Total 90 2250

Fuente: Autodiagnóstico de Monte Verde, Superintendencia de Minas Santa Cruz, nov.2002.

Lo expuesto son ejemplos de dificultades que enfrentan los indígenas en el proceso de consolidación de sus tierras. A ello se suman otros riesgos que provienen de la mayor inserción de los territorios indígenas dentro del sistema económico; que tiende a liberar cada vez más la propiedad de los recursos naturales y la tierra. Siendo que Bolivia se inserta en el marco de los tratados de libre comercio, se puede esperar que este traiga consigo mayores presiones tendientes a eliminar los alcances de las propiedades colectivas de las tierras indígenas que actualmente no entran dentro del mercado. Como afirma Martínez:

“Los territorios indígenas son muy apetecidos por los grandes proyectos que tiene interés en recursos de biodiversidad y no es casual que varias concesiones forestales, petroleras y mineras se sobrepongan a los territorios indígenas; también algunas áreas clasificadas como parques nacionales y reservas se sobreponen a las TCO” (2001:395).

Romero opina a su vez, que las crisis ambientales han exigido que Bolivia asuma compromisos internacionales dirigidos a la preservación del medio ambiente (Ley del Medio Ambiente



65

1992), los mismos que plantean la necesidad de definición de derechos, la participación de beneficios y la gestión de recursos32.

2.3.6. División Político Administrativa del Estado y TCOs

En el cuadro Nº 14, presentamos el caso de fraccionamiento y superposición de las TCOs y de los municipios del pueblo Guaraní, que ejemplifican la problemática de la configuración actual de división política del Estado, con respecto a los municipios y las TCOs. Nos encontramos ante un problema complejo de configuración político administrativa del Estado; en la cual las TCO, pueden cruzar provincias y departamentos, y pertenecer simultáneamente a varios municipios. El fraccionamiento que actualmente enfrentan las TCOs; al pertenecer a diferentes municipios o la inclusión de sus TCOs en municipios, en los cuales, su base territorial, no es considerada para fines administrativos y de presupuesto; hace de las TCOs una figura indeterminada, cuya autonomía reconocida jurídicamente, no puede ser ejercida en la práctica, por los pueblos indígenas y sus autoridades.

32 A su vez la identificación de ecosistemas estratégicos, constituye objeto de apetencias del capital transnacional

que encuentra en ésta una nueva fuente importantes posibilidades de reproducción. El desarrollo de la

biotecnología como instrumento para el biocomercio impulsado por la OMC para el siglo XXI, incorpora nuevos

elementos a la cuestión agraria, entre estos se destacan las actividades de conservación de la biodiversidad, la

investigación, el ecoturismo, especialmente en áreas de riqueza de biodiversidad y paisajes exóticos lo que, por

otra parte plantea la definición de derechos, la participación de beneficios y la gestión de recursos. (Romero,

2004).



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Cuadro No.18: TCOs Guaraníes y Sobre Posición con Municipios

No. TCO Extensión

(ha)

Área Geográfica de Intersección con Municipios ha y

%

Estado

Saneamiento

1 Charagua Sur 109,59

(1) Municipio de Charagua 95,530 ha, el 87% de la

TCO fase final

(2) En Boyuibe 14,060 ha, el 13%

2 Charagua

Norte 222,557

(1) Municipio Charagua, 192,024 ha, el 86% de la

TCO

avance de

títulos (2) Municipio de Gutiérrez, 14,929 ha, el 6 % de la

TCO

(3) En Municipio de Cabezas, 15,604 7% el

3 Iupaguasu 54,388

(1) Municipio de Gutiérrez, 47,099 ha el 86% de la

TCO

avanzado (2) Municipio de Lagunillas, 4,699 ha, el 8.3% de la

TCO

(3) Municipio de Valle Grande, 2,590 ha, el 5.7% de

la TCO

4 Kaaguazu 131,218

(1) Municipio de Gutiérrez, 92,989 ha, el 71% de la

TCO

en proceso (2) (2) En municipio de Cabezas , 30,397 ha, el

23% de la TCO

(3) En municipio de Charagua, 7,832 ha, el 6% de la

TCO

5 Kaami 95,988

En Camiri 61897 ha de Kaami , el 64% de la TCO

en proceso

En Cuevo 7,624, el 8% de TCO

En Boyuibe 5,945 ha, el 6 %

(4) En Lagunillas,2,310 ha, el 2.5%

(5) En Charagua, 18,212 ha, el 19%

6 Takovo Mora 272,451

(1) En Municipio de Cabezas, 269,065 ha, el 99 %

de la TCO en proceso

(2) En La Guardia el 1% restante

7 Isoso 2,029,880 (1) Toda su extensión 100% en el Municipio de

Charagua

avanzado

titulación

parcial



67

No. TCO Extensión

(ha)

Área Geográfica de Intersección con Municipios ha y

%

Estado

Saneamiento

Total Área en

Saneamiento 2,916,072

Área resultante de los mapas actualizados SIG de las

TCO en proceso de Saneamiento

8 Yembiguazu 1,428,280

(1) Toda su extensión en Municipio de Charagua Inmovilizada

sin

saneamiento Área Inmovilizada SIN SANEAMIENTO

Fuente: WWC/CABI, 2004.

Como podemos observar, sólo en el caso de la TCO Isoso, ésta se encuentra dentro de un municipio; el de Charagua33. En el resto de casos, las TCO están por lo menos divididas en dos municipios, siendo lo más frecuente que se encuentren dispersas en tres municipios, llegando al extremo, en el caso de la TCO Kaami, cuyo territorio está fraccionado dentro de cinco municipios.

Hasta el momento, las políticas del Estado, han estado dirigidas a hacer de las bases territoriales de los pueblos indígenas, elementos funcionales al sistema municipal. La ley de Participación Popular, fue modificada en su versión original para introducir la figura de los distritos municipales indígenas; a fin de responder a la diferenciación cultural al interior de los municipios; en los cuales existen unidades distinguibles de pueblos indígenas; y adecuarlos al ordenamiento territorial. Ello dio como resultado la creación de distritos municipales indígenas en todo el país; sin embargo la creación de distritos municipales indígenas, no constituye una respuesta, que resuelva fácilmente el problema de ordenamiento territorial, desde el punto de vista de la gestión territorial indígena. Como podemos apreciar en el ejemplo de las TCOs guaraníes, las TCOs pueden estar fragmentadas hasta en cinco municipios.

Según la Fundación Tierra (2001) en su “Análisis sobre la propuesta del gobierno boliviano al Grupo Consultivo con relación al saneamiento” (Fundación Tierra 2001)

“Las políticas de participación popular, políticas de tierras y de ordenamiento territorial son aplicadas con la misma finalidad: delimitar las jurisdicciones indígenas, ya sea través de la constitución de Distritos Municipales Indígenas (DMI’s), saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO), y la posibilidad que se abre con la ley de UPA’s para la creación de municipios indígenas en áreas socioculturales homogéneas, previo cumplimiento de requisitos de población” (Fundación Tierra, 2001).

Pero estas leyes no se aplican de manera articulada ni coordinada. En opinión de la Fundación Tierra (2001).

“No existe ninguna articulación entre procesos de saneamiento con la conformación de distritos municipales indígenas, y tampoco se otorga importancia en las políticas de tierras a los límites municipales. Las políticas se aplican de manera dispersa, desarticulada y desordenada por falta de liderazgo político gubernamental que compete al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación”

33 Lo que generó que tempranamente, en el proceso de aplicación de la Ley de Participación Popular fuera

declarado primer distrito municipal indígena, en un intento de conciliación de los territorios indígenas en el marco del ordenamiento municipal.



68

“Por eso es que el INRA puede titular como TCO un área geográfica muy pequeña al interior de un municipio, o por el contrario un área que exceda los límites municipales, provinciales e incluso departamentales. Es decir que para el Instituto de Reforma Agraria los municipios prácticamente no existen.”

El proceso resulta en una situación confusa e indefinida que; refleja un problema de concepción de las TCOs, a nivel de la aplicación de las leyes sectoriales, que no corresponden al reconocimiento de las TCO como unidades territoriales indígenas, con derecho a autonomía de gobierno, de acuerdo a su identidad cultural. La ley INRA 1715, está tratando a las TCO como un tipo de propiedad de tierras y define límites de TCOs sin tener la potestad de otorgarle la correspondiente jurisdicción indígena sobre su territorio.

Ante tal problema, el movimiento indígena, en algún momento propuso la creación de Municipios Indígena y CIDOB con apoyo de CEJIS elaboró una propuesta de ley que no se concretó. Por lo tanto, si bien se habla de municipios indígenas; cuando hay una mayoría de población indígena en una sección municipal; como por ejemplo en Urubichá de Guarayos o en San Antonio de Lomerío de Ñuflo de Chávez; no existe legalmente una categoría de municipios indígenas.

De otro lado, como analiza la Fundación Tierra (2001), en el caso de las comunidades campesinas existen confusiones y distorsiones. Por el tipo de definiciones de los sujetos de la participación popular, se han reconocido dos tipos excluyentes de comunidades: indígenas y campesinas. Los indígenas han sido beneficiados con mayores derechos en el marco legal al reconocerse sólo para ellos el aprovechamiento sobre los recursos naturales renovables y al reconocimiento de sus usos y costumbres, entre los aspectos más importantes.

A los campesinos de occidente no se les reconoce esos derechos. Asimismo, se interpreta el país, como si no existieran campesinos, que son al mismo tiempo indígenas -que en realidad son la vasta mayoría del país- y se desconocen sus formas de derecho propietario mixto (colectivo e individual) sobre sus tierras comunitarias. Esto está produciendo muchos conflictos en la aplicación de la ley 1715. Estas comunidades constituyen la mayoría de comunidades campesinas-indígenas de ex hacienda y posiblemente en términos poblacionales son los habitantes rurales más numerosos del país.

2.3.7. Aspectos Jurídicos en el Reconocimiento de los Pueblos Indígenas

El problema de fondo que enfrentan los pueblos indígenas, es la inconsistencia jurídica en el tratamiento del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; debido a que normas de amplio reconocimiento como CPE y la Ley 1257, que ratifican el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); son contradichas por leyes sectoriales como la Ley INRA 1715 y regulaciones menores.

La Ley 1257, es un instrumento utilizado por los pueblos indígenas para exigir amplios derechos. La misma introduce la noción del derecho a la identidad cultural fuertemente ligado al territorio, porque es en un territorio determinado donde han vivido y desarrollado su historia, donde se relacionan y recrean su cultura y tiene implicaciones prácticas muy importantes porque la identidad cultural es la que determina el carácter de pueblo o comunidad indígena para hacerlos acreedores de derechos (Betancur, SNV/ CEJIS, 1999-2004: 11).

El convenio mencionado en su artículo 13, establece el respeto a la particular relación que tienen las comunidades con los territorios que ocupan y en especial el aspecto colectivo de esta relación. (Betancur, SNV/CEJIS, 1999-2004:11). Las disposiciones constitucionales mencionadas, son normadas luego por la ley INRA 1715, la misma que cambia el sentido de lo



69

establecido por la CPE y convierte a las TCO en una categoría de propiedad del suelo agrícola. De esa manera aparece la figura del territorio indígena limitado a una de las formas de propiedad agraria contemplada por la ley agraria vigente.

El Estado en la legislación sectorial, reconoce la propiedad de la tierra a los indígenas -concepto tierra - mientras el sector indígena, reclama para su propiedad el conjunto de recursos naturales ubicados en áreas de ocupación ancestral. Como explica Martínez (2001:394) “la ley se contradice en el tratamiento de los derechos sobre la tierra, porque si bien hace una definición importante de las TCO, en otras disposiciones contradice el espíritu de la definición34.

El trasfondo es un problema no resuelto, que hace a las concepciones de derecho privado y derecho colectivo, comprendidas en la Constitución Política del Estado (CPE). Porque si bien , la CPE en el primer párrafo del Art. 171 establece que “se reconocen, respetan y protegen en el marco de la ley los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional; especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso aprovechamiento sostenible de los recursos naturales; a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones”, este mandato constitucional se ve frenado en la práctica por leyes, que aunque tienen menor jerarquía se aplican contradictoriamente generando situaciones ambiguas.

La Ley agraria determina que, la TCO no pueden ser revertidas, enajenadas, gravadas, embargadas ni adquiridas; en general, los artículos dos y tres de la ley 1715 reiteran lo expresado en los artículos 165,169 y 171 de la CPE. Sin embargo, la limitación está, en que no ratifica la categoría de territorios de la TCO y ello pone en cuestión la garantía para el desarrollo cultural, étnico, social y económico propio de los pueblos indígenas. Como afirma Martínez (2001: 393-394): “Si se acentúa sólo la perspectiva agraria, se estará condenando a estos pueblos a un proceso de campesinización, a un rápido deterioro de su hábitat y a la pérdida de los recursos de la biodiversidad, que para muchas de las comunidades son los medios de subsistencia cotidianos“.

2.3.8. Autonomía Indígena y Participación Popular

La concepción actual de la política del Estado hacia los pueblos indígenas, resulta limitada, contradictoria y fundamentalmente asimilatoria; a pesar de contar con instrumentos jurídicos importantes como son la CPE y la Ley 1257, que ratifica el Convenio de la OIT. Actualmente los pueblos indígenas, no pueden ejercer la autonomía, que la constitución política les otorga dentro de sus tierras comunitarias de origen; para vivir y producir según su cultura y sistemas políticos propios. En realidad, no están pudiendo ejercer autonomía, para ejercer el derecho a la identidad cultural, que se asocia estrechamente con el control de sus territorios étnicos.

Si bien la CPE en su artículo 171 reconoce la personería jurídica de comunidades indígenas, campesinas y las asociaciones y sindicatos campesinos, en la práctica este reconocimiento constitucional no garantiza una tramitación automática de la personería jurídica, sino se somete a un procedimiento de la Ley de Participación Popular.

34 En el artículo 41 establece las referencias que determinan la superficie de los territorios indígenas, en cambio en

el artículo 42, que hace a las formas de distribución de los predios agrarios, indica que las TCO son dotadas

mediante trámite administrativo. La pregunta es ¿cómo se puede dotar o conceder aquellos territorios cuya

posesión y ocupación viene desde los antepasados?”(Martínez, 2001:394)



70

Es incuestionable la importancia y el impacto, que ha tenido la aplicación de la Ley de Participación Popular (Ley 1551, de 1994) en Bolivia; en la distribución de recursos, con la asignación del 20 % del presupuesto anual del tesoro público a los municipios, extendiendo su alcance al ámbito rural e impactando en la vida política del país; con una participación de hombres y mujeres en las instancias de los gobiernos locales. Sin embargo, su alcance resulta limitado y contradictorio, con respecto a la realidad étnica cultural de la participación, en la gestión de los territorios de parte de los pueblos indígenas. Ello se expresa, entre otras cosas, en la obligación de los indígenas a elegir a sus autoridades municipales; inclusive en municipios netamente indígenas y no de acuerdo a sus propias formas de gobierno interno.

La Ley de Participación Popular, entra en tensión con el reconocimiento de la pluralidad cultural de la nación boliviana, al no otorgar a las TCO, una condición de unidad administrativa y subsumirla en el municipio como distrito indígena o buscando soluciones generalmente inviables en la mancomunidad de municipios. En el primer caso, el reconocimiento resulta parcial; con la figura de las Subalcaldías; que no facultan a la elección autónoma, por parte de los pueblos étnicos, de sus representante ante el gobierno municipal, y en otros casos, la agrupación de varios municipios no resuelve el fraccionamiento de las TCOs, al obligar a la participación de comités de vigilancia en diferentes secciones municipales.

El sistema actual presenta dificultades para la gobernabilidad en las TCOs; es conocido el problema del fuerte debilitamiento de organizaciones indígenas, confrontadas a un reto de gobernabilidad que los coloca en una encrucijada incluso allí donde hay mayor coincidencia entre la jurisdicción territorial de la TCO o comunidad y el municipio35. En los municipios indígenas se puede observar un paralelismo entre las autoridades propias, tradicionales y entre sus representantes de organizaciones representativas y las nuevas autoridades municipales.

En el taller que reunió a TCOs de Bolivia (MAIPO y otros 2004:23) se llega a la conclusión, que es un problema el hecho que muchas TCOs estén localizadas en dos o más secciones municipales, respondiendo por tanto a distintos procesos de planificación y de relaciones de poder político y que:

La pertenencia de una TCO a más de un municipio implica también la articulación a diferentes comités de vigilancia y a diferentes procesos de control institucionalizado sobre la gestión municipal. Esto tiene como corolario la decisión de solicitar la redefinición de los límites político administrativos. (MAIPO y otros 2004:23).

Las experiencias recogidas en la mayoría de las TCOs muestran que ésas presentan problemas de gestión, en el gobierno en sus territorios, por las restricciones que tienen en su actuación, con los gobiernos municipales, que les impide intervenciones como cuerpos integrados. Según lo recogido en dicho taller, lo que ocurre es que no se pueden promover planes y proyectos de desarrollo integral, y no es posible en ese contexto que las decisiones de las organizaciones indígenas representativas del territorio sean respetadas (Ver en anexo Taller MAIPO, descripción de problemas por casos).

35 Por ejemplo el estudio publicado el 2001 por el PIEB „De la Huella al Impacto”, de la investigadora Ana Maria

Lema que analiza los municipios indígenas de Urubichá de Guarayos, Gutiérrez y Villa Montes.



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Las lecciones aprendidas motivan a las organizaciones indígenas a organizarse para lograr mejor y mayor presencia de indígenas en los gobiernos municipales. El hecho que una TCO esté ubicada en dos o más municipios representa un problema y no facilita procesos de apoyo y planificación integral del territorio; por lo que se plantea la necesidad de realizar gestiones necesarias, para que el territorio sea declarado municipio indígena, para lo cual se deberían modificar los límites políticos administrativos. En esa línea, proponen que las TCOs se constituyan en Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) para ser reconocidas por el Estado, como parte de la división político administrativa del país, con todas sus prerrogativas”.

Una revisión de los documentos oficiales de CIDOB, de su GANPI (Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas) de 1998 nos permite conocer su análisis crítico de la participación indígena a nivel municipal e indica que:

La relación con el municipio ha sido siempre negativa en todos los departamentos del país. Se niegan a dar resoluciones municipales, para otorgar personerías jurídicas a las organizaciones indígenas y no hay atención a sus demandas.

Los subalcaldes, son elegidos políticamente y no se respeta a las decisiones de las comunidades.

Los recursos de la coparticipación, no benefician a la población indígena, pues existe manipulación política.

La Superintendencia Forestal, facilita a demandantes de empresas y exige demasiado a las comunidades. Otorga concesiones y permisos para explotar recursos forestales en nuestros territorios.

CIDOB se planteaba entonces una estrategia de acción que incluía lograr la consolidación de municipios indígenas. Se nombre y regule la función de subalcaldes con reconocimiento pleno de derechos administrativos y distritos municipales indígenas. Comités de vigilancia elegidos por comunidades de acuerdo a la ley y no permitir ingerencia política. Promover mayor coordinación de comités de vigilancia con las organizaciones indígenas para fiscalizar los recursos de coparticipación. Hacer cumplir la ley con respecto a los comités de vigilancia ya que cuentan con recursos para ello. Generar mayor participación de comunidades en la elaboración de los POAS.

No queremos terminar esta sección, sin referirnos a las dificultades administrativas que las TCO enfrentan, en el ámbito de la gestión de la salud y de la educación de los pueblos indígenas. Tanto el sistema de salud como el de educación, siguen el esquema local municipal. En cumplimiento de la Ley de Participación Popular 1551, la infraestructura de educación y de salud, queda bajo control de los gobiernos municipales, con lo cual se dificulta la gestión en términos de la administración indígena de su territorio por la misma razón antes expuesta.

El sistema de educación, tiene una organización de carácter distrital, siendo que en el departamento de Santa Cruz existen 49 distritos de educación. Según la evaluación del Consejo de Educación Departamental, CDE, existen problemas en la administración del sistema en general en el Departamento: “El Servicio de Educación tiene una estructura inadecuada a la norma vigente que no responde a las necesidades de transformación del Sistema Educativo Regional, ni se ajusta a los nuevos retos de la descentralización educativa“ (CDE 2004:59).

En cuanto a la gestión, se afirma que “En SEDUCA ni en los 49 Direcciones Distritales, existe capacidad de gestión que permita un desempeño eficaz del Sistema educativo“ (CDE:60). A esto se añadiría el asunto de la gestión de los distritos municipales indígenas definidos en su



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condición de unidades culturales, volviendo aún más complejo el panorama a la luz de la gestión de las TCOs.

La Reforma Educativa ha creado a partir de 1997, cuatro Consejos Educativos de Pueblos Originarios CEPOs a nivel nacional, que incluye a los pueblos aymaras , quechua, guaraní y el multiétnico amazónico; para que se involucren en el seguimiento a la política intercultural y bilingüe que plantea el estado boliviano, desde 1994 cuando se dio la Ley de Reforma Educativa. Pero es importante destacar que los CEPOs son solamente órganos consultivos en la definición de políticas educativas para las naciones originarias.

Según dice el análisis de la problemática educativa contenido en la propuesta de las organizaciones indígenas Por una Educación Indígena Originaria, las relaciones de los CEPOs con el Ministerio de Educación y con los SEDUCAs son todavía débiles por cambios permanentes de autoridades, debido a razones político partidarias y a la falta de conocimiento de la existencia y atribuciones de los CEPOs (CONAMAQ y otros, 2004:25).

En el ámbito de la salud, el Estado boliviano cuenta con el Sistema Nacional de Salud Boliviano, que se define como el conjunto de entidades, instituciones y organizaciones públicas y privadas que prestan servicios de salud, reguladas por el Ministerio de Salud y Previsión Social, que integra al Sistema Público, Seguro Social de corto plazo, Iglesias, Instituciones Privadas con y sin fines de lucro y a la Medicina Tradicional Indígena.

El primer escalón en la estructura administrativa del sistema de salud es el nivel local municipal denominado DILOS; siendo que existe uno por Municipio. El DILO está formado por el Alcalde Municipal, el Director Técnico del SEDES y el Representante del Comité de Vigilancia. Es solamente a nivel del Comité de Vigilancia que se hace mención a los pueblos campesinos, indígenas u originarios; organizados según sus usos, costumbres o disposiciones estatutarias.

De otro lado, el Estado reconoce como un componente la Medicina Tradicional, en términos de las prestaciones de salud, pero no como elemento de la estructura funcional. La estructura del sistema de salud comprende el nivel nacional (Ministerio); el Servicio Departamental de Salud (SEDES), dependiente de la Prefectura; el Municipal, correspondiente al Directorio Local de Salud (DILOS) y el Local, correspondiente al establecimiento de salud en su área de influencia y brigada móvil como nivel operativo.

Lo anteriormente expuesto nos muestra que la actual división político administrativa y de gestión de servicios de salud y educación priorizan el nivel municipal y su articulación con el sistema nacional; siendo que las TCOs quedan marginalmente vinculadas al sistema. El fraccionamiento de las TCOs, en varios municipios crea problemas de dispersión de esfuerzos, que obligarían a las comunidades y pueblos indígenas participar simultáneamente en diferentes comités e instancias sin una posible acción integral y coherente. De otro lado, los niveles intermedios de gestión departamentales estarían también debilitados. Por último debemos mencionar que, los recursos empleados están definidos por la Ley y corresponden con los niveles de gestión nacional, departamental y municipal. La asignación de recursos a los distritos es un asunto que demanda también gestiones específicas no necesariamente reguladas.

Lo anteriormente expuesto nos muestran un panorama que resulta confuso y complicado; hace inviable una gestión territorial de las TCO, y que tampoco permite su incorporación coherente dentro del sistema de planificación, ni el términos de la representación política necesaria para definir las estrategias de desarrollo de sus pueblos.



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2.3.9. Interculturalidad una Propuesta desde los Indígenas

Son los pueblos indígenas del Departamento, los sectores que manifiestan más fuertemente sus demandas de aplicación de una política intercultural de parte del Estado Boliviano. Justamente ante los problemas de discriminación, de los que son objeto sus pueblos, ante los menores niveles de escolaridad de su población, el mayor analfabetismo, el no reconocimiento de sus instituciones sociales, la no incorporación de sus lenguas en la educación pública y la falta de recursos destinados a la formación de maestros, que eduquen a la población en el marco del reconocimiento de sus culturas.

La desvalorización cultural fue abordada inicialmente a través del rescate de las lenguas indígenas, para propiciar su reconocimiento y viabilizar su escritura como instrumento de alfabetización en la propia lengua. Es por ello que el movimiento indígena de las tierras bajas CIDOB, incluyó desde temprano en su plataforma reivindicativa, la cuestión del reconocimiento de su lengua y de su propia cultura y formas de organización social.

Un antecedente importante fue la unificación del alfabeto guaraní que fue impulsado a fines de la década del 80 por el CIDOB con sus bases guaraní de Izozog y en coordinación con la Asamblea del Pueblo Guaraní. Ello puso el fundamento para la implementación en 1990 un proyecto piloto de alfabetización bilingüe para adultos que reunió esfuerzos de la ONG Teko Guaraní, APG y UNICEF. “La CSUTCB, CIDOB, APG y CONMERB y otros sectores sociales plantearon una Educación Intercultural Bilingüe que posteriormente fue asumida por el Estado, a través de la ley de Reforma Educativa, que posibilitó la creación de Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (CEPOs)” (CONAMAQ, CSUTCB, CIDOB y otros 2004:25). Estos comenzaron a funcionar en 1997 realizando acciones de sensibilización y orientación a profesores y Juntas Educativas, dirigentes y padres de familia.

Posteriormente la Reforma Educativa con la Ley 1565 de 1995, al plantear como política de estado la educación intercultural bilingüe, permitió llevar a las aulas, módulos para niños/as de educación intercultural bilingüe guaraní. En 1996 el Ministerio de Educación y la cooperación de DANIDA, dieron inicio al Programa Amazónico de Educación Intercultural Bilingüe. A través de ese programa, lingüistas europeos trabajaron en la elaboración de alfabetos en 18 lenguas nativas. Posteriormente un decreto reconoció a todas las lenguas que se hablan en Bolivia como lenguas oficiales.

Los mayores avances en la política intercultural se han dado en el ámbito de la Reforma Educativa, aunque justamente las críticas actuales, ponen el énfasis en mayores avances en la educación bilingüe y pocos logros en la educación intercultural. Con respecto a los avances en la cobertura de la Educación Intercultural Bilingüe; se conoce que ésta se aplica sólo en 8 de los 9 departamentos del país (no en Pando) y en 10 % de los centros educativos, y sólo en el primer y segundo ciclo de primaria, y no en los demás ciclos como establece al ley de reforma educativa. Las unidades educativas que incorporan la lengua quechua son la mayoría 1404, aymara 887 y guaraní 84 y 117 en las diferentes lenguas de las tierras bajas: el besiro se enseña en 18 unidades educativas; el guarayu en 14 y en 85 unidades educativas otras lenguas (CONAMAQ, CSUTCB, CIDOB y otros 2004:21).



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Cuadro No.19: Santa Cruz: Dependencia Pública y Número de Unidades Educativas. Modalidad de Lengua, según Municipio

Subregión Provincia Municipio

Modalidad de Lengua

Total

Bilingüe Monolingüe

I. Integrada

Warnes Warnes 2 86 88

Ichilo

San Carlos 1 57 58

Yapacaní 3 75 78

I. Integrada 6 218 224

II. Gran Chiquitania

Guarayos Urubichá 14 4 18

Ñuflo de Chávez San Julián 3 141 144

II. Gran Chiquitania 17 145 162

III. Cordillera Cordillera

Lagunillas 10 13 23

Charagua 12 48 60

Cuevo 3 10 13

Gutiérrez 19 22 41

Camiri 8 38 46

III. Cordillera 52 131 183

IV. Valles M.M. Caballero Comarapa 2 45 47

IV. Valles 2 45 47

Total 77 539 616

Fuente: Elaboración Propia en Base a Información del INE. Censo 2001.

En el cuadro Nº 22, mostramos información del Censo del 2001 sobre las provincias y municipios del departamento de Santa Cruz, en las cuales se estaba impartiendo educación bilingüe el año 2001. La situación ha mejorado ligeramente respecto a ese año, como se constata por la información mencionada anteriormente que da cuenta de la existencia de 18 escuelas de enseñanza en besiro que no figuran en este cuadro. En este, son sólo 11 los municipios correspondientes a un total de 6 provincias del Departamento que cuentan con enseñanza bilingüe. En la misma podemos observar que es muy pequeña la proporción de unidades educativas de enseñanza bilingüe con respecto a las monolingües en cada uno de los municipios en los que se ubican. La cifra es aún más pequeña si consideramos el total de provincias que no cuentan con ninguna escuela bilingüe.



75

En la Subregión Integrada el total de escuelas monolingües es de 1.430, siendo que a esas se suman sólo 6 bilingües. Sobresale la región de Cordillera en la cual se viene implementando la educación bilingüe Guaraní español en cinco municipios con 52 centros, que se suman a los 181 centros educativos monolingües de la Subregión, haciendo un total de 233 centros, siendo que los bilingües constituyen el 22.3 % del total de la Subregión y el 1.9% del total del Departamento. En la Subregión de la Chiquitania -donde no figuran los centro besiro ya existentes- aparecen 14 centros educativos bilingües correspondientes a la provincia de Guarayos, en el municipio de Urubichá, donde se implementa la educación bilingüe en lengua guaraya, y tres centros educativos en el municipio de San Julián, que suponemos, son quechuas. Esos 17 centros constituyen el 2.5 % del total de las 668 unidades educativas de la Subregión Chiquitania. En los valles son sólo 2 centros bilingües sobre un total de 322 centros educativos. En resumen, el año 2001 eran 77 los centros bilingües existentes en el Departamento, sobre un total de 2,659 centros educativos, lo que equivalía a un 2.9 %.

Cuadro No.20: Resumen: Centros Educativos del Departamentos por Subregiones de Acuerdo Modalidad Monolingüe y Bilingüe

Subregión Total Bilingüe Monolingüe

I. Integrada 1.436 6 1.430

II. Gran Chiquitania 668 17 651

III. Cordillera 233 52 181

IV. Valles 322 2 320

Total 2.659 77 2.582

Fuente: INE Censo 2001.

Vemos que justamente allí donde se concentran las escuelas de educación bilingüe, que son en la provincia de Cordillera y en la Gran Chiquitania donde hay mayor porcentaje de maestros interinos.

Cuadro No.21: Interinato Docente

Area Geográfica Interinato

Docente

Bolivia 26.9%

Santa Cruz 37.2%

Subregión Integrada 26.5%

Subregión Gran Chiquitania 47.1%

Subregión Cordillera 47.8%

Subregión Valles 29.6%

Fuente: INE 2001.



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Si analizamos los valores en cada uno de los municipios, encontramos una alta correlación entre el mayor porcentaje de interinos y la existencia de escuelas bilingües. Ello lo podemos observar en el cuadro Nº 20. Frente a un 19.94 % de interinos en la capital Santa Cruz, donde no se imparte educación bilingüe, el mayor porcentaje de interinos lo encontramos en la zona Guaraní, en el municipio de Gutiérrez (60.4 %), justamente donde existe el mayor número de escuelas bilingües del Departamento (19 escuelas). En Urubichá que tiene 14 escuelas los interinos son el 44 %. Ello se explicaría, en parte por la falta de recursos humanos calificados en el sistema formal, para enseñar en su propia lengua.

Cuadro No.22: Escuelas Bilingües y Porcentaje de Maestros Interinos por Subregiones, Provincias y Municipios

Subregión Provincia Municipio No. Escuelas

Bilingües

% de Maestros

Interinos

I. Integrada

Warnes Warnes 2 35.7

Ichilo

San Carlos 1 32.5

Yapacaní 3 34.62

I. Integrada 6

II. Chiquitania

Guarayos Urubichá 14 44.0

Ñuflo de Chávez San Julián 3 41.8

II. Chiquitania 17

III. Cordillera Cordillera

Lagunillas 10 65.0

Charagua 12 23.2

Cuevo 3 52.1

Gutiérrez 19 60.4

Camiri 8 30.5

III. Cordillera 52

IV. Valles M.M. Caballero Comarapa 2 39.1

IV. Valles 2

TOTAL 77

Fuente: Elaboración propia con datos de INE 2001.



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Actualmente existen cuatro Consejos Educativos de Pueblos Originarios: El Consejo Educativo Amazónico Multiétnico (CEAM), el Consejo Educativo del Pueblo Originario Guaraní (CEPOAG), el Consejo Educativo Aymará (CEA) y el Consejo Educativo nación Quechua (CENAQ). Están por conformarse tres nuevos consejos

Recientemente a fines del mes de diciembre de 2004, se realizó una reunión departamental del Consejo de Educación, en el que se evaluó el trabajo realizado y se plantearon propuestas para llevarlas a la reunión nacional. El departamento de Santa Cruz, ha logrado importantes niveles de coordinación entre los diferentes actores que operan en el campo educativo regional; habiendo desarrollado una propuesta concertada por la CONAMAQ, CSUTCB, CIDOB, APG, CSCB, FNMCB-BS, CEAM, CEPOG, CENAQ y CEA; la misma que se denomina “Por una Educación Indígena Originaria“, y tiene un respaldo técnico y un alcance amplio, que recoge la experiencia de una diversidad de instituciones que trabajan en el sector educativo.

El documento de Evaluación de la Reforma Educativa CODED Santa Cruz (diciembre 2004) nos permite conocer de manera general la situación relativa a la implementación de la Educación intercultural bilingüe, que es política del estado. Si bien da cuenta de los esfuerzos realizados para aplicar la interculturalidad, el bilingüismo en las aulas, la evaluación destaca como principales problemas los siguientes (2004:32 y 33):

o Existe racismo, intolerancia y discriminación en la sociedad boliviana.

o Falta de claridad conceptual y precisión de concepto de interculturalidad en los documentos curriculares.

o Ausencia de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en los ámbitos urbanos.

o La Educación Intercultural Bilingüe sólo se está aplicando en el nivel primario (primer ciclo)

o Falta formación inicial y permanente de los docentes para EIB.

o La interculturalidad se ha restringido a la educación.

o Poco desarrollo de la escuela productiva en el ámbito de la EIB

o Falta relacionar, la sabiduría de los pueblos indígenas y originarios, con los conocimientos de la ciencia occidental a nivel del diseño y desarrollo curricular.

o El currículo está poco contextualizado a las características de las diferentes realidades locales.

o El tronco común no refleja los contenidos propios de la diversidad étnica, cultural y geográfica del país.

Ante las limitaciones en el avance de la educación intercultural y bilingüe y los problemas de gestión en el sistema educativo, las organizaciones indígenas en su propuesta nacional consensuada; Por una Educación Indígena Originaria (CONAMAQ, y otros 2004), plantean la creación de “órganos de participación indígena originaria“ en educación; para poder ejercer una real participación, con poder de decisión en la formulación de políticas educativas y la gestión de todo el sistema de la educación; que ahora ellos proponen se denomine Sistema de Educación Plurinacional (CONAMAQ, 2004:52).

La propuesta de las organizaciones es que la participación, “debe abarcar los aspectos curriculares, pedagógicos, institucionales y administrativos y no sólo limitarse al control



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social; de esta manera orientar la educación intercultural y la bilingüe hacia la educación de calidad, y garantizar que no se desvincule de la vida de la comunidad, ni fomente la falta de respeto a sus autoridades o a sus formas de vida”.

Nuestra participación debe hacer que la educación sea parte del control del territorio y el sistema organizativo de la comunidad y no que la escuela controle nuestro territorio y desestructure nuestro sistema milenario (CONAMAQ, 2004:52).

2.3.10. CIDOB en el Diálogo Nacional II y III y Planteamientos Económicos de CPESC

Propuesta CIDOB Diálogo Nacional II

Según CIDOB, no han sido atendidas sus demandas presentadas al Diálogo Nacional II y ellos ratifican su posición respecto a los siguientes asuntos36:

La distribución de los recursos de lucha contra la pobreza por la vía municipal no llega a los pueblos indígenas de tierras bajas:

Las secciones municipales no han tomado en cuenta la territorialidad indígena, más bien la han fragmentado.

Esto reduce el peso político de los indígenas en los municipios y estos no los toman en cuenta al momento de elaborar sus POAs y PDMs.

Por esta razón los recursos HIPIC y de coparticipación no benefician a las comunidades indígenas.

Para modificar esta situación proponen dos caminos:

La modificación de la CPE donde se reconozca a las TCO como un a nueva división política del territorio -Entidades Territoriales Indígenas- que faciliten la gestión indígena de sus territorios, tal como lo establece actualmente la CPE.

La declaración de un decreto supremo que norme la creación de distritos municipales indígenas con autonomía administrativa, en las TCOs.

La participación política de los pueblos indígenas y la descentralización son fundamentales en la lucha contra la pobreza

Mientras los indígenas no tengan la posibilidad de postular directamente sus candidatos a autoridades nacionales, regionales o municipales37. La autonomía de gestión de nuestros territorios es parte del proceso de descentralización que el país necesita. No puede hablarse de lucha contra la pobreza si las decisiones las toman los grupos de poder de siempre. Por eso vemos como urgente la necesidad de la descentralización real del país.

36 La Ley del Diálogo: un sordo que no quiere escuchar, CIDOB, noviembre 2001

37 Planteaban antes de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas que modifica la participación política a nivel municipal:

siempre será posible que los partidos políticos manipulen a nuestras organizaciones y nos roben representación. Por

eso es fundamental la eliminación del monopolio electoral de los partidos, esa reforma debe ser inmediata.



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Garantizar la tierra como activo indígena es fundamental

Una inversión en la lucha contra la pobreza es la tierra y se debe consolidar los procesos de titulación que ya están dando frutos y mejorar los procesos en las áreas donde este mal o no haya avanzado.

El Estado debe ser el principal comprador de la producción de los pequeños productores:

El estado es uno de los principales compradores del país, no puede ser que las leyes que se están elaborando no se orienten a vender a los pequeños y medianos productores nacionales, caso contrario donde venderemos nuestra producción.

A) Propuesta Estrategia Productiva APG:

Visión al 2015: Los Guaraníes en el marco de la agricultura, cuentan con suficientes recursos humanos propios capacitados en la agricultura, ganadería y la administración, cultivan mayor cantidad de plantaciones del maíz, maní, cítricos, y en la producción mejorada con el ganado porcino, empezando por las familias, lo que les posibilita obtener la mejor condición de vida, la seguridad alimentaria y la mayor entrada económica en las familias, comunidades y organizaciones dentro de las TCOs, los mismos que les permiten tener mayor acceso al los créditos.

Producción priorizada:

Producción Agrícola Auto Abastecimiento: Maíz Tradicional, Cumandá, Maní, cítricos, zapallo, yuca, algodón, el urucú, el tabaco, la tuna, el Mijo.

Producción Agrícola para comercialización: Variedades nativas de Maíz, Cumandá, Maní, Cítricos. Aprovechamiento de especies silvestre: Cupesí y otros

Cría de Ganado menor: Porcino, Caprino, Aves

Piscicultura

Aprovechamiento forestal: Árboles (22 especies), Arbustos (36 especies), bejucos y epifitas (13 especies), hierbas (39 especies)

Minería: En el mediano y largo plazo

Acciones Estratégicas:

Recuperación de tierra:

El principal problema para el pueblo guaraní es que la tierra ha sido usurpada por no indígenas y en áreas donde es disponible no ha concluido el proceso de saneamiento. La acción estratégica habla de constituir un programa de dotación de tierras que prevea la compra de tierras en zonas donde el saneamiento no haya proporcionado tierra suficiente y la ocupación de la demanda de Yembiguazu y las tierras del Abapó Izozog, ambas demandas históricas del pueblo guaraní. El programa debe prever los recursos financieros para concluir el proceso de saneamiento y los costos de implementación de nuevos asentamientos en las áreas indicadas.

Plan de gestión de recursos naturales:

Las áreas ocupadas y las ya tituladas, requieren de un plan de gestión de los recursos naturales y ordenamiento territorial, con la finalidad de un aprovechamiento sostenible de los



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recursos naturales y de una protección de la proyección histórico-cultural del pueblo guaraní. Esta acción implica gastos de Pre-inversión que deben ser considerados para su implementación. Por las características de la ocupación territorial de los guaraníes el plan de gestión territorial y de recursos naturales debe estar a cargo de la capitanía de la TCO en coordinación con la APG.

Garantizar el Abastecimiento de agua:

Siendo el agua un problema fundamental para la producción agropecuaria en la región chaqueña, se requiere implementar acciones especiales que garanticen el abastecimiento de agua para el consumo humano y para la producción. Esto significa inversiones en sistemas de riego, atajados y pozos, además de capacitación y organización social para su mantenimiento. Anteriores experiencias nos han mostrado que este programa debe ser manejado integralmente desde la organización, en coordinación con el ministerio encargado del tema.

Capacitación de recursos humanos:

El mejoramiento de la producción agropecuaria y aprovechamiento forestal; ya sea para garantizar la seguridad alimentaria o para la comercialización; requiere de recursos humanos capacitados y asistencia técnica. Esta tarea deberá ser abordada respetando la estructura orgánica y las instancias de capacitación existentes en la misma. Tanto el ministerio de Agricultura como los municipios deben apoyar estas iniciativas.

Créditos de fomento:

Considerando que los productores guaraníes son unidades familiares y los factores de producción como la tierra, la maquinaria y la infraestructura tiene carácter comunal, se requiere un sistema de créditos de fomento a los dos niveles: el familiar y el comunal. El crédito debe estar destinado a crear condiciones para el mejoramiento de la productividad agropecuaria familiar y comunal. El mecanismo de dotación de créditos puede estar articulado al mecanismo de comercialización.

Los recursos para constituir el sistema de crédito deberán provenir de los recursos de alivio a la pobreza y ser canalizados a un fondo que atienda exclusivamente a los indígenas. Este fondo puede ser incrementado con recursos que provengan de programas negociados por el pueblo guaraní en otras instancias y que tengan el mismo objetivo; fomentar la estrategia productiva guaraní.

Mecanismo de comercialización propio:

La posibilidad de aumentar la producción destinada a la comercialización depende de contar con mercados donde esta producción pueda ser colocada en condiciones ventajosas para los productores, por esta razón es necesario construir un mecanismo social que se haga cargo de orientar la producción de interés comercial, acopiar la misma, ofertarla, trasladarla a los mercados y comercializarla.

Este mecanismo debe ser confiable por lo que debe estar en manos de los guaranies, pero bajo una adecuada dirección técnica.

Este mecanismo deberá constar de una dirección técnica central una administración zonal (es decir en cada Departamento: Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz)

Esta instancia deberá ser negociada con el gobierno central y las prefecturas.



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B) Estrategias Productivas COPNAG – CIDOB

Recoge cuatro de las cinco líneas de acción del Plan de Gestión Territorial de Guarayos: Territorial, Recursos Naturales, Producción, Económica

Línea de Acción Control Territorial

Visión: La TCO esta poblada estratégicamente, usando los recursos naturales de una manera sostenible, con puestos de control territorial consolidados, para evitar la explotación ilegal de los mismos y se han suscrito convenios de estrecho relacionamiento y alianzas estratégicas para la defensa del territorio, con los terceros legalmente constituidos.

Estrategia: Orientada a sentar la soberanía del pueblo indígena guarayo sobre su TCO, ocupando y utilizando los recursos del territorio de manera sostenible y aplicando mecanismos de control para resguardar el territorio y el marco legal favorable a protección de los recursos naturales y el derecho preferente para los pueblos indígenas para el acceso y uso de los recursos naturales.

Consolidar el territorio a través del uso forestal, mediante manejo forestal sostenible con la constitución de Organizaciones Forestales Indígenas, 3 Centrales Comunales que tienen bajo plan de manejo cerca de 160.000 ha

Componentes Principales en orden de prioridad:

Uso para el control territorial.- Que está orientada a garantizar el derecho de propiedad de la TCO y a evitar la entrada de personas ajenas a ésta.

Crear nuevas comunidades con la participación de las 6 Centrales.

Implementación de Planes de Manejo Forestal en lugares estratégicos y con la participación de todas las Centrales.

Implementar proyectos productivos (ganaderos, turísticos, etc.) en lugares estratégicos y conflictivos, con la participación de mujeres, hombres y jóvenes.

Vigilancia.- Guarda una estrecha relación con el elemento anterior y tiene que ver con el establecimiento de mecanismos de control para resguardar el territorio y la aplicación y búsqueda del respeto del marco legal referido a los pueblos indígenas y sus TCO.

Formar y equipar guardas para la vigilancia territorial.

Organización de grupos conocedores de la TCO para el control de territorio.

Creación de puestos de control en puntos estratégicos de la TCO.

Creación de reglas y normas para el control territorial, con la participación de mujeres, hombres y jóvenes.

Relación con Terceros.- Está destinado a potenciar alianzas estratégicas y relaciones con terceros legalmente constituidos que contribuyan a la defensa del territorio.

Suscribir convenios con los terceros legalmente constituidos, que contribuyan a la defensa de la TCO.



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Velar por la aplicación y respeto a las normas legales vigentes en materia agraria y medio ambiente

Seguimiento al Saneamiento.- Busca consolidar el territorio a través de la titulación de la TCO y el respeto al marco legal vigente en materia agraria.

Titulación total de la TCO conforme a la demanda planteada.

Realización un seguimiento a las propiedades ilegales y solicitar la reversión de tierras ocupadas ilegalmente, a favor de la TCO.

Líneas de acción Recursos Naturales

Visión: El pueblo Guarayo cuenta con Recursos Naturales en buen estado de conservación, aprovechándolos en forma sostenible, aplicándolos conocimientos culturales para el uso adecuado del ecosistema, protección y manejo integrado de las cuencas hidrográficas mediante la respectiva zonificación y reglamentación interna en el uso y manejo de los mismos.

Estrategia: orientada al aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales según los usos y costumbres del pueblo guarayo, mediante la formación, capacitación y concientización de los recursos humanos indígenas, para la protección y sostenibilidad de los recursos existentes en la TCO.

Componentes Principales:

a).Aprovechamiento Sostenible

Tiende a establecer una zonificación que garantice un mejor aprovechamiento y manejo sostenible de los Recursos Naturales bajo un marco normativo adecuado y coherente según los usos y costumbres culturales de la población guaraya:

Desarrollar y apoyar en la zonificación de las áreas ecológicas.

Establecer reglamento para el uso y manejo de los RRNN de acuerdo al uso y costumbre ancestral.

Desarrollar medidas de control para aprovechamiento sostenible de los RRNN.

Implementar programas de reforestación y planes de manejo forestal.

Apoyar en la identificación del potencial mineralógico dentro de las centrales comunales.

b) Capacitación

Para llegar a tener los recursos humanos competentes en diversas áreas profesionales, en cada una de las centrales comunales, capacitados también, en los aspectos del rescate y la preservación de la medicina tradicional guaraya.

Capacitación y formación de recursos humanos en diferentes áreas profesionales (Técnico forestal, Ingeniero forestal, Ingeniero Agrónomo, Veterinarios, Geólogos, Biólogos).

Capacitación en la medicina tradicional para las personas interesadas tanto hombres como mujeres de las centrales comunales.



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Capacitación en turismo para la explotación de las zonas potenciales en las centrales comunales.

c) Protección

Que se dirige a proteger los Recursos Naturales mediante la concientización y la ejecución de prácticas culturales adecuadas, por parte de las comunidades y en coordinación con entidades estatales y de apoyo.

Aplicar mecanismos para la protección de las plantas medicinales, forestales, recursos minerales, cuencas hidrográficas, animales silvestres y lugares histórico y sagrados, existentes en el territorio de las centrales comunales.

Promover la concientización en cuanto a la protección de los RRNN.

Incentivar y promocionar los conocimientos tradicionales sobre la utilización de las plantas medicinales (remedios, recetas, etc)

Aplicar mecanismos de coordinación con las autoridades municipales para la protección de los recursos naturales.

Gestionar financiamiento para la preservación de los lugares estratégicos (abundancia de flora, fauna, riqueza cultural).

Línea de acción Producción

Visión: El pueblo Guarayo cuenta con un proceso productivo acorde a su realidad cultural, lo que permite desarrollar mejores niveles de productividad, competitividad y una producción diversificada; acompañado por eventos de capacitación, con acceso a la tecnología y créditos; garantizando la seguridad alimentaria y los ingresos de los productores y productoras, por lo tanto mejorando la calidad de vida de las familias y comunidades de la TCO.

Estrategia: Bajo el principio de aprovechar sosteniblemente los sistemas productivos, la prioridad es la conformación de organizaciones productivas, la capacitación de productores en aspectos técnicos y de sistema de manejo, para mejorar la productividad, como también incentivar la diversificación de la producción para la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a crédito, destinado a incentivar las actividades productivas con mercados potenciales.

Componentes Principales:

Organización para la producción.- Elemento estratégico está destinado a potenciar y resolver la falta de organización de la población para la producción, con la finalidad de fortalecer los diversos sistemas productivos. Desarrollar procesos de concienciación para la formación de grupos productivos, explicando las ventajas y desventajas que conlleva esto. Promover la organización de grupos productivos entres los productores y especialmente a los jóvenes.

Formación y capacitación.- Elemento transversal orientado a tener recursos humanos propios competentes, en las áreas técnicas y administrativas para resolver los problemas presentados especialmente en el manejo de los cultivos agrícolas, sistema ganadero y artesanal. Todo ello con el objetivo de mejorar la productividad y aumentar los rendimientos actuales.

Formar hombres y mujeres bachilleres en carreras técnicas y universitarias relacionadas con temas como la agricultura, la ganadería, la administración.

Capacitar a los productores indígenas en el manejo de los cultivos y la ganadería.



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Capacitar a las mujeres en producción artesanal de tejidos.

Capacitar a hombres y mujeres en el manejo de las palmares de cusi y la producción de aceite de cusi y sus derivados.

Diversificación

Su importancia radica, en mejorar por un lado la dieta alimenticia de la población indígena y por otro lado, ver cultivos que mejoren sus ingresos monetarios a través del fortalecimiento de los actuales sistemas productivos y la identificación de productos potenciales que se adecuen a las características de la zona.

Promover la incorporación de nuevos cultivos especialmente de las hortalizas, cítricos y otros.

Identificar otros productos potenciales derivados del bosque.

Mercado

Este elemento está destinado a buscar lo mercados potenciales para la comercialización de productos agrícolas, ganaderos y especialmente artesanales, con el fin de obtener mejores precios por sus productos.

Establecer mecanismos de comercialización de productos agrícolas, ganaderos y artesanales

Identificar mercados potenciales para las ventas de productos ofrecidos por la TCO.

Seguridad alimentaria

Destinada a asegurar la alimentación de las familias indígenas Guarayas durante el año, incorporando en su dieta los cultivos que le permitan consumir vitaminas y minerales, partiendo por aumentar su productividad, lo que implica mejorar los rendimientos actuales.

Proporcionar asistencia técnica para el mejoramiento de la productividad.

Coadyuvar en los sistemas de almacenamientos.

Crédito

Acceder a créditos para la adquisición de insumos y herramientas que son indispensables en la producción, buscando la necesidad de establecer sistemas productivos más competitivos.

Identificar y establecer mecanismos crediticios que estén acorde a la realidad socio-cultural del pueblo guarayo para su operación y su funcionamiento.

Realizar convenios interinstitucionales para la búsqueda de fondos financieros para su funcionamiento.

Línea de acción Económica

Visión: El pueblo guarayo cuenta con iniciativas económicas diversificadas, las cuales están orientadas a mercados potenciales con buenos precios respaldadas por la facilidad de acceder a créditos para desarrollar esas iniciativas y dispone de infraestructura productiva que apoya la productividad; por lo tanto, las familias de TCO tienen mejores ingresos y capacidad de ahorro.



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Estrategia Económica (ver en anexo situación económica actual)

La presente estrategia debe estar orientada a la diversificación económica con inversiones productivas según las necesidades de los actuales y futuros sistemas productivos, los que deben ser apoyados por un sistema comercial y a su vez, por un sistema de crédito, a fin de que los(as) productores(as) puedan tener acceso al capital de trabajo y éste sea manejado de manera responsable, para lo que se les debe brindar la capacitación en administración de recursos, lo que debe conducir a la garantía de la sostenibilidad económica y financiera y el incremento de la capacidad de ahorro a los indígenas guarayos.

Inversiones en Infraestructuras Productivas

Son las que están dirigidas a mejorar la productividad y la rentabilidad de los sistemas productivos con la disposición de infraestructuras que apoyen en forma directa e indirecta a las actividades económicas de la TCO-Guaraya.

Gestionar financiamiento ante las instituciones públicas y privadas para fomentar las inversiones productivas.

Promover la elaboración de proyectos de industrialización para productos frutícolas.

Sistema de Créditos

Es el que está destinado a potenciar las actividades económicas para que los productores puedan acceder aun capital de operación y así éstos pueden desarrollar iniciativas productivas.

Promover la creación de una cooperativa indígena para el acceso a créditos productivos (rotativo), que beneficien a la población de las comunidades de la TCO.

Gestionar junto a COPNAG fuentes de financiamiento para la disponibilidad de capital en las asociaciones o cooperativas.

Desarrollar líneas de créditos para el fortalecimiento de insumos y equipos de producción

Capacitación el Manejo de Recursos Económicos

Que de por sí es un elemento transversal a las demás estrategias para el fortalecimiento de los recursos humanos en el manejo y uso de los recursos económicos, asegurando de esta manera la sostenibilidad económica y financiera de las otras estrategias.

Capacitación en temas económicos y que estén dirigidos a los productores (administración contable.

Sistema de Comercialización

Es otro elemento que está orientado a resolver las deficiencias de mercadeo para mejorar los beneficios económicos, lo que conlleva a obtener mejores precios por los productos.

Apoyar a la conformación de asociaciones o cooperativas comerciales.

Gestionar apoyo financiero para la capitalización de las asociaciones o cooperativas.

Aplicar mecanismos de identificación de productos y mercados potenciales.



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Apoyar en el mejoramiento de la calidad de los productos tradicionales.

Capacitación en temas de mercado (administración y dirección).

Gestionar la obtención de asesoramiento técnico

Diversificación de las Actividades Económicas

Es la que está orientada a potenciar y asegurar los ingresos de las familias con la finalidad de fortalecer el sistema productivo familiar.

Desarrollar la industrialización de productos como piña, papaya, manga y naranja.

Fortalecer la actividad forestal mediante nuevos planes de manejo.

Fortalecer la actividad ganadera.

Propuestas de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz.

Propuestas de la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz

Esta organización, que es la instancia representativa del movimiento indígena de las tierras bajas a nivel departamental Santa Cruz, agrupa a los cuatro pueblos étnicos que la CPESC reconoce que forman su base. Ciertas fricciones y discrepancias políticas han distanciado en los últimos años a la CPESC de la organización CIDOB, que es la instancia nacional del movimiento indígena de las tierras bajas con sede en Santa Cruz de la Sierra.

Anteriormente hemos presentado los planteamientos de los guaraníes, de la Asamblea del Pueblo Guaraní y del pueblo Guarayo organizado en COPNAG. En esta sección recogemos los planteamientos económicos de la CPESC que nos fueron proporcionados por miembros de su equipo técnico. Los mismos que son desarrollados en tres documentos:

Política de Desarrollo Campesino e Indígenas. Que es una tabla que esquemáticamente presenta un objetivo y sus respectivas las líneas de acción e instrumentos para abordar el problema de la exclusión económica de campesinos e indígenas;

Desarrollo Comunitario Integral Sostenible con Identidad. Que plantea como objetivo el desarrollo de un Programa de Economía Indígena para lo cual formula cinco líneas estratégicas de acción (economía indígena, producción y sistemas productivos, promoción e implementación del Etno Eco Turismo Comunitario; defensa y protección de los recursos naturales y la biodiversidad; y gestión, participación y protección ambiental) además de la promoción de organizaciones productivas, fondos de incentivos a la producción y destaca como ejes de la economía indígena: la tierra-territorio, organización productiva y social, manejo de los recursos naturales y tecnología y mercado.

Acta de acuerdos sobre la plataforma de demandas del Bloque Oriente conformado por la CPESC y las organizaciones: FSUTC-SC, Movimiento Sin Tierra-SC; Movimiento Sin Tierra-Gran Chaco, CDTAC, Mujeres Bartolina Sisa, Colonizadores y CPEMB; documento que trata del asunto de políticas de desarrollo socio-productivo para pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias y se focaliza en la exigencia hacia el Estado para que amplíe el D.S. 27298 a fin que incluya al Movimiento Sin Tierra y al CDTAC en torno a la asignación de recursos de un fondo de incentivo productivo. También trata sobre la necesidad de reestructuración de las Prefecturas, para que incorporen Comités de Fiscalización y de Políticas de desarrollo para pueblos Indígenas y comunidades campesinas y originarias en los distintos niveles de administración del Estado, (adjuntamos en anexo los documentos mencionados)



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2.3.11. Políticas Nacionales que Tratan el Asunto de Pueblos Indígenas y Campesinos

A) El Plan General de Desarrollo Económico y Social 2003-2007 el Pacto Productivo y Social

Incluye el asunto de los pueblos indígenas y campesinos como asunto transversal.

En el plan se evalúa la fragilidad del sistema democrático, y el peligroso proceso de crisis y deslegitimación, por lo cual plantea que es imprescindible construir nuevos espacios de deliberación pública que canalicen las demandas más importantes de la población. En esa perspectiva señala que se debe retomar la capacidad de construir un proyecto renovado de nación, intercultural y multilingüe.

En el mediano plazo, esta visión deriva en la democratización del derecho propietario (tierra y vivienda), la incorporación de las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) a procesos económicos para favorecer la seguridad alimentaria y el mercado, en beneficio de todos los bolivianos, la promoción activa de los sectores agroindustriales, industriales y de servicios con alta capacidad de generación de empleo, valor agregado y divisas, además del uso sostenible y productivo de los recursos naturales renovables y no renovables del país.

Considera que la lucha contra la pobreza, en el marco del desarrollo sostenible, requiere de políticas concertadas entre los agentes del Estado y la sociedad, estableciendo planes o estrategias de desarrollo que sean aplicadas localmente (PDMs).

El Saneamiento de Tierras, aparece como una meta nacional que debe ser alcanzada en 100% el año 2007, siendo que parte de una información que para el año 2002 se habría alcanzado el 14%.

Propone como instrumentos para avanzar en dicha dirección la necesidad de lograr: pactos públicos, privados y mixtos. Dentro de dicha estrategia está la realización del Diálogo 2003, en el cual se realizaría la concertación necesaria hacia la identificación de pactos entre diferentes actores sociales. Específicamente, se propone tres tipos de instrumentos de promoción de crecimiento de base ancha: pacto público (entre Gobierno Central, Prefecturas y Gobiernos Municipales), público-privados (Gobierno Central y/o local a micro, pequeños y productores y productoras, comunidades campesinas e indígenas para el cumplimiento de compromisos productivos) y entre privados (productores, acopiadores, mayoristas, minoristas y exportadores).

Los pactos sociales están destinados a mejorar la provisión de servicios para el logro de coberturas en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y pueden ser público-públicos (orientados a la mejor coordinación de las responsabilidades entre los ámbitos nacional, departamental y municipal), público - privados y privado-privados.

Dentro de las políticas de Desarrollo Humano la cuestión indígena aparece como política de protección social, tomando en consideración que el Estado boliviano mediante Ley 1257 ha ratificado el Convenio 169 de la OIT que establece la necesidad de que los pueblos indígenas y originarios ejerzan sus derechos económicos, políticos, culturales y sociales. En este sentido, la política de desarrollo indígena con identidad pasa por transversalizar en el marco jurídico e institucional del país y en los programas y proyectos en ejecución y por ejecutarse la concreción de estos derechos. Establece dos acciones estratégicas:

Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Indígena con Identidad (PNDII), el mismo que cuenta con cuatro grandes componentes:



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o saneamiento y titulación de TCOs,

o gestión del desarrollo en territorios indígenas,

o desarrollo humano intercultural y

o desarrollo de la normatividad para conciliar el derecho consuetudinario con el derecho positivo.

La Consolidación Institucional, entendida como una política dedicada a la promoción de una democracia intercultural de manera que las instituciones de la democracia boliviana representativa se nutran de las formas de expresión democráticas de las identidades socioculturales de Bolivia. Se trata de reconocer las identidades socio-culturales de los pueblos indígenas y originarios de Bolivia, así como de aquélla población que se auto define no indígena. En este marco, desarrollar una interculturalidad activa que genere unidad en la diversidad, en la construcción del desarrollo sostenible; una democracia que incorpore los usos y costumbres de nominación, designación y participación de todos los actores identificados en el fortalecimiento del Estado pluricultural y multilingüe.

En el marco de las políticas para el desarrollo productivo; como parte de la política de promoción y diversificación agropecuaria, se plantea la generación de un proceso de inserción en la actividad económica de los diversos estratos campesinos e indígenas, con el propósito que puedan articularse a los circuitos agropecuarios en el marco de su seguridad alimentaria.

En tal sentido, plantea la necesidad que las TCOs cuenten con planes de ordenamiento predial y que las tierras estén saneadas a fin de poder garantizar un mayor ingreso de los productores agropecuarios con mayor competitividad en la producción y que se posicionen en el mercado interno y externo. Establece como meta hasta el 2007: 20 millones de hectáreas de tierras de propiedad comunal, TCO cuentan con planes de ordenamiento predial, y 20 millones de hectáreas de tierra saneadas.

Con respecto a la tenencia de la tierra evalúa que la lucha por la posesión de tierra para uso agropecuario en el territorio nacional, casi siempre ha concluido en serios conflictos, y que el reclamo por acceso a la tierra se hace cada vez más insostenible por existir una fuerte presión por este recurso natural, legítimamente demandado por las comunidades indígenas y campesinas.

En este sentido, establece que se deberá realizar como acciones estratégicas, la continuación y aceleración del proceso de saneamiento y dotación de tierras hasta el 2007, siguiendo los lineamientos de la Ley INRA, para resolver los actuales problemas de tenencia, en un ambiente de paz social, estabilidad y seguridad jurídica. La implementación del Plan Tierra, contempla la distribución de tierras y la ejecución de programas de asentamientos humanos durante los próximos 3 años para al menos 10.000 familias, a las que se les adjudicaría, bajo la modalidad de titulación conjunta para hombres y mujeres, aproximada-mente 500.000 ha. Este plan sobrepasaría las 2.500 solicitudes de dotación de tierras recibidas por el INRA e incluye la incorporación de nuevas tierras fiscales. El uso de las tierras fiscales, que son lasque se deben dotar, con ciertas reservas, deberá incluir en su trámite el mantenimiento del ecosistema.

Concibe que la lucha contra la pobreza, en el marco del desarrollo sostenible, requiera de políticas concertadas entre los agentes del Estado y la sociedad, estableciendo planes o estrategias de desarrollo que sean aplicadas localmente (PDMs). En esa línea considera el Diálogo Nacional como un instrumento de establecimiento de pacto entre sectores públicos, privados y mixtos que deben incluir a los pueblos indígenas, cuando plantea que:



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“Específicamente, se propone tres tipos de instrumentos de promoción de crecimiento de base ancha: pacto público (entre Gobierno Central, Prefecturas y Gobiernos Municipales), público-privados (Gobierno Central y/o local a micro, pequeños y productores y productoras, comunidades campesinas e indígenas para el cumplimiento de compromisos productivos) y entre privados (productores, acopiadores, mayoristas, minoristas y exportadores)”.

Dentro de las otras Políticas de Desarrollo Humano, los pueblos indígenas son mencionados como un sector social más, en un enfoque de universalización de acceso a servicios sociales. Destaca la Reforma Educativa en la que se pretende consolidar los avances logrados, consolidando a su vez la aplicación del currículo intercultural en las aulas de primaria, incrementando la carga horaria, y fortaleciendo la aplicación de la modalidad bilingüe, desarrollando el currículo diversificado de primaria y promoviendo el manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación.

El Gobierno está impulsando la Beca Futuro, que tiene por objetivo incentivar la permanencia de los niños en la escuela en el área urbana e incrementar la asistencia y disminuir el rezago escolar en el área rural. Para lograr este objetivo se realizará una transferencia de ingresos a las familias más pobres que tengan niños y niñas en edad escolar. En el largo plazo, se pretende garantizar la permanencia de los niños y niñas en la escuela hasta completar la primaria. El programa será operativizado por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Municipales y las Juntas Escolares, fortaleciendo el proceso de descentralización del servicio educativo.

Para implementar el Programa Beca Futuro, se prevé una ruta crítica en la cual, en la primera fase, se realizará una prueba piloto que beneficiará a 34 municipios que combinen realidades urbanas y rurales y entre estas últimas a pueblos indígenas y no indígenas. Hasta el año 2008 se tiene previsto beneficiar a 126 municipios. Como este es un programa cíclico de apoyo a la población en riesgo, se espera que a fines del 2010 pueda ser eliminado.

Otra política es la de profundización de la descentralización de una gestión educativa participativa para una educación con equidad, fortaleciendo la capacidad de gestión educativa de las Prefecturas y Gobiernos Municipales, instalando el Consejo Nacional y los Consejos Departamentales de Educación, y realizando el Congreso Nacional de Educación.

Dentro del ámbito de las políticas de desarrollo institucional, cuando se trata de profundizar la descentralización administrativa e incrementar la gobernabilidad, se plantea la necesidad de modificar las reglas de juego político en el ámbito departamental perfeccionando el rol de las entidades de control departamental y de un mayor equilibrio político entre legislativo municipal y el ejecutivo para que la elección de concejales tenga una adecuada relación con la territorialidad municipal, pero no se hace referencia a las cuestión de representación indígena y participación en esas instancias.

La propuesta de fortalecimiento de la participación ciudadana tiene como objetivo hacer del control social un mecanismo que efectivamente funcione en los tres niveles de ejecución de los procesos de planificación y ejecución de políticas públicas; articulando el Mecanismo de Control Social con los Comités de Vigilancia creados mediante Ley de Participación Popular. De esta forma, se espera mejorar la coordinación entre las organizaciones territoriales y funcionales, de manera que existan canales capaces de transmitir las preocupaciones ciudadanas y los intereses sectoriales hasta el nivel central, en función de la estructura territorial. Sin embargo aquí no se tratan los problemas de gobernabilidad que se producen en las TCO con relación a la actual conformación municipal que se superpone disfuncionalmente con los municipios.

La propuesta del plan es la de resolver problemas vía el fomento de mancomunidades. Se pretende convertir a las mancomunidades en un instrumento intermunicipal facilitador del ordenamiento territorial de la República, el fortalecimiento municipal y las acciones propues-



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tas en las políticas públicas orientadas a la reducción de la pobreza y la lucha contra la exclusión social. Desde el punto de vista de las economías de escala, las mancomunidades de mayor cercanía al cliente (distritaciones intramunicipales) contribuirá a un mayor grado de inclusión socio espacial de lo étnico (distritos indígenas).

Allí vemos que no se enfrenta el problema crítico de la dispersión de las TCOs dentro de una multiplicidad de municipios que generan serios problemas de gestión territorial y de participación.

El plan considera asuntos financieros de equilibrio a los municipios cuando su requerimiento para cubrir socialmente su territorio, no sea cubierto por las transferencias básicas. Para ello, habrá que avanzar hacia el cálculo del déficit por municipio entre su fuerza fiscal sin descuidar el estímulo al esfuerzo fiscal territorial. Se impulsará en el mediano plazo el adecuado uso de las capacidades de operación de las entidades municipales, buscando acoplar el gasto social a sus capacidades de gestión real, las que dependen en buena medida, de temas de escala.

Contempla también dentro de la reforma judicial, acciones para hacer más accesibles lograr la mayor el para la población en igualdad de condiciones, reconociendo la multiculturalidad, la justicia comunitaria además de un tratamiento que garantice a poblaciones indígenas.

Dentro de las políticas de Desarrollo Ambiental y de Recursos naturales, se incluye la gestión ambiental de bosques y de tierras forestales, en la que se hace referencia a las TCOs cuando se plantea la elaboración e implementación del Programa Nacional de Plantaciones Forestales, el cual favorezca a las comunidades, Asociaciones Sociales del Lugar (ASLs), Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) y población en general, en la gestión forestal racional. Ello se concibe como un requerimiento para la promoción de dinámicas productivas el desarrollo sostenible de la Amazonia boliviana, que articule a todos los actores del Régimen Forestal (ASLs, TCO, concesionarios y propietarios. Para lo cual se recuerda una vez más la necesidad de concluir el saneamiento de zonas productoras de especies maderables y no maderables más importantes (castaña, goma, palmito, copoazú) brindando seguridad jurídica.

B) La Política Nacional Indígena

Fue planteada en el año 1998 proponiendo en sus desafíos principales: el “Desarrollo con Identidad”38. El documento de política que fue publicado por el anterior gobierno sigue vigente como política sectorial del actual Ministerio de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios.

El Desarrollo con Identidad es concebido como la transformación integral, auto y cogestionaria de las condiciones de existencia social, económica, política y cultural con que los pueblos indígenas y originarios se relacionan entre sí, con la naturaleza y con la sociedad nacional; de acuerdo con sus usos y costumbres en condiciones de dignidad, equidad, oportunidad e institucionalidad para su desarrollo integral sostenible. El Plan Nacional del Estado adopta como orientación estratégica las siguientes políticas sectoriales mencionadas en el plan:

38 La información ha sido resumida del documento de Área Social de trabajo consultoría preparado por de Julio

César Mallón para el BID- MACPIO, orientada a la formulación del Anteproyecto de Ley de Desarrollo Indígena en Bolivia, marzo 2002.



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Eje Económico

Principalmente en etno–ecoturismo, bienes y servicios culturales, agroindustria liviana, biotecnología y producción asociada a vectores de desarrollo territorial: gasoductos, ferrovías, hidrovías y corredores de exportación.

Eje Social

Extensión y calidad de las prestaciones estatales, incorporando los recursos, tecnologías y prácticas de las culturas tradicionales, tanto en las áreas rurales como urbanas del país, en el marco de las reformas promovidas por la descentralización participativa del Estado.

Eje Político

Afianzamiento de los sistemas de organización y gestión pública de las sociedades indígenas y originarias, procurando su institucionalización en los aparatos de gobierno e incrementando sus capacidades, para el ejercicio pleno de la ciudadanía personal, de la autoridad colectiva y de la función pública.

Eje Cultural

Afirmar las ventajas comparativas y competitivas que constituyen los valores, normas, saberes y tecnologías indígenas y originarias, en los ámbitos urbanos y a escala regional, aprovechando las oportunidades de la globalización telemática y comunicacional.

El gobierno actual estaría enfocando como más relevantes las siguientes dimensiones presentes en el objetivo estratégico:

Equidad en el Desarrollo Social: adaptar las políticas, estrategias y planes del Estado en los sectores sociales de salud, educación, saneamiento básico, hábitat y vivienda, a las particularidades culturales de los pueblos indígenas y originarios, procurando su aplicación equitativa en las jurisdicciones administrativas en las que habitan.

Dignidad en el Desarrollo Cultural: fomentar el desarrollo de políticas, estrategias y planes específicos del Estado para la dignificación y adopción social de los valores, normas y expresiones de las diversas culturas indígenas y originarias, promoviendo su afirmación e integración efectiva en la vida cotidiana local y regional.

Institucionalidad en el Desarrollo Político: promover el ejercicio efectivo, individual y colectivo, de los derechos indígenas, institucionalizando su participación ciudadana y potenciando las capacidades de sus liderazgos para el acceso y el desempeño eficaz en las instituciones políticas del Estado a nivel municipal, departamental y nacional.

Otros elementos incluidos en la política que resultan de interés destacar son los siguientes:

La construcción contemporánea del Desarrollo con Identidad implica también asumir y resolver, de modo progresivo, los siguientes imperativos nacionales e internacionales:

Seguridad y ejercicio efectivo de los derechos a la tierra y el territorio, así como de la nueva generación de derechos específicos, emergentes de los derechos humanos.

Crecimiento económico sostenible con alianzas estratégicas, en los marcos de la integración regional y de la globalización económica.



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Aprovechamiento selectivo de las nuevas tecnologías de conocimiento, información y comunicación, propias de la globalización cultural.

Afianzamiento, ampliación y profundización de la democracia política, asegurando la gobernabilidad mediante la participación ciudadana.

Descentralización administrativa del Estado, ejerciendo sus roles contemporáneos con calidad y transparencia.

La aptitud de los marcos conceptuales, institucionales y normativos para atender apropiadamente las desigualdades causadas por el desarrollo moderno: la degradación ambiental y la depredación de recursos naturales, el avasallamiento de las culturas locales, las inequidades de género y generacionales y la marginalidad estructural de los pueblos indígenas y originarios, entre otras.

Queremos destacar también que el plan asume la Interculturalidad como asunto estratégico, entendiendo por ello que:

construcción activa y constante del Artículo 1ro. de la Constitución Política del Estado. Es necesario promover la afirmación y convivencia de las identidades culturales y civilizatorias de los pueblos indígenas y originarios del país, a través de la expansión y desarrollo de sus expresiones sociales, espirituales, intelectuales, tecnológicas, materiales, comunicativas y recreativas; de la expresión jurídico-institucional y el ejercicio efectivo de sus derechos patrimoniales, tangibles e intangibles; y del diálogo e intercambio digno, multiétnico y pluricultural, en escenarios renovados, promovidos por las instituciones civiles y políticas del país,. Todo ello, en orden a la

C) Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza

La lucha contra la pobreza se concibe como una cuestión de largo plazo y un esfuerzo compartido entre Estado y Sociedad Civil, considerando los cambios del país en las dos últimas décadas en los ámbitos político, institucional, económico, social y cultural. La estrategia establece una estrecha relación entre el crecimiento económico y los cambios en los niveles de pobreza y se propone acciones para ampliar la base del crecimiento, lo que implica incorporar a los pequeños productores, comunidades campesinas y pueblos indígenas a beneficiarse de la actividad económica en condiciones más equitativas a través del incremento de la capacidad productiva, las particularidades de su desarrollo cultural y las potencialidades en el uso de los recursos.

En el esfuerzo de alcanzar las metas del milenio plantea transversalizar la lucha contra la exclusión social y como parte de la estrategia de lucha contra la pobreza, adoptando un enfoque de género, y asuntos generacionales, de pueblos indígenas y originarios, medioambiental y de desarrollo alternativo. Pero a su vez reconoce explícitamente que la pobreza extrema se encuentra ubicada en el ámbito rural, donde se desarrolla la mayor exclusión social contra indígenas, campesinos y, especialmente, contra las mujeres ante lo cual hay que focalizar acciones.

El documento contiene cuatro componentes: a) ampliar las oportunidades de empleo e ingresos, b) incrementar las capacidades productivas de los pobres, c) elevar los niveles de seguridad y protección y, d) favorecer la integración social y la participación ciudadana.

La Estrategia deposita principalmente en los Municipios, la responsabilidad de llevar adelante las acciones para reducir la pobreza, asumiendo gradualmente a su cargo la administración de los servicios de educación y salud e interviniendo en la creación de infraestructura económica y la promoción económica local.



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En la contribución del Diálogo Nacional 2000 a la EBRP, entre los temas tratados estuvo el de la exclusión social, la cual se analizó como un problema relacionado con la discriminación de género y etnia, con las limitaciones al ejercicio de derechos ciudadanos, la escasa participación en decisiones colectivas, y la desvalorización de los lazos sociales de solidaridad que aún persisten en las comunidades. Se mencionó la escasa participación de la población en la elaboración de Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y Departamental (PDDs). Los pobres perciben que sus opiniones no son escuchadas y que las instituciones tienen poca efectividad para la provisión de servicios públicos. Entre las acciones para reducir los niveles de riesgo y vulnerabilidad se citaron la difusión y capacitación sobre los alcances de la Ley INRA y la Ley de Medio Ambiente, la despolitización e institucionalización del INRA, el desarrollo de un proceso de saneamiento jurídico y titulación de tierra en el área rural, la protección de tierras mediante defensivos y forestación con asistencia técnica y financiera, y la conservación del medio ambiente mediante el manejo integrado y sostenible de los recursos naturales.

Entre las principales observaciones y sugerencias resultantes del seminario, “El Gobierno Escucha”, la sociedad civil en la mesa 1 (Oportunidades, Seguridad y Medio Ambiente) solicitó que para el desarrollo rural es necesaria la certificación de productos agropecuarios nacionales y la priorización de la infraestructura productiva de apoyo para ampliar la industria y mejorar las condiciones del sector agropecuario. Se solicitó integrar a la comunidad campesina y pueblos indígenas en el desarrollo del turismo local. Y la necesidad de tratar la problemática de tierras no como seguridad jurídica únicamente, sino también como redistribución de tierras. También se manifestó la necesidad de promocionar la microempresa de base cultural.

La EBRP trata el tema de la tierra como un problema e gran importancia. El mismo está inserto dentro del tratamiento de dos de sus objetivos estratégicos; el de ampliación de oportunidades de empleo e ingresos de la población pobre y en el aumento de la seguridad y protección de los pobres. Veamos como se trata:

Ampliar las Oportunidades de Empleo e Ingresos de la Población Pobre

Uno de los aspectos más recurrentes en las demandas del sector agropecuario nacional se refiere al retraso en los procesos de saneamiento y titulación de tierras en el área rural y las restricciones que ello impone a la captación de inversiones y/o la mejora de los predios. La seguridad jurídica sobre la propiedad agraria, es una condición fundamental para captar y fomentar las inversiones en el área rural y lograr un desarrollo económico integral y sostenido.

La EBRP contempla la conclusión del saneamiento del área rural para el año 2006 y el fortalecimiento del marco institucional relacionado (que incluya al INRA, Superintendencia Agraria, Consejos Agrarios Nacionales y Departamentales y Tribunal Agrario).

La EBRP resalta la necesidad de mejorar el acceso al recurso tierra, a través de la conclusión del proceso de saneamiento de Territorios Comunitarios de Origen (TCOs) en el oriente del país y la reducción de los niveles actuales de desigualdad en la tenencia de este activo en las regiones del altiplano y valles. Ratifica el principio de cumplimiento de la función económica y social para garantizar el derecho de propiedad agraria y promueve el fortalecimiento de los programas de asentamientos humanos.

La EBRP apoyará el desarrollo del turismo rural, como una actividad con alto potencial para generar ingresos no agropecuarios. Los programas y proyectos de turismo rural serán desarrollados como parte del Plan Nacional de Turismo en coordinación con las acciones del MACPIO y el Viceministerio de Microempresa. Estas acciones están encaminadas a asegurar la activa participación de las poblaciones rurales para que éstas sean las que se beneficien del desarrollo turístico en el área rural.



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Aumentar la Seguridad y Protección de los Pobres

Incluye garantizar la seguridad jurídica sobre los activos. En particular el tema de tierra es central. La EBRP ratifica el cumplimiento de la función económica-social de la tierra para garantizar el derecho de propiedad agraria y la redistribución de las tierras fiscales, preferentemente en dotación exclusivamente a favor de comunidades campesinas, pueblos y comunidades indígenas y originarias, sin tierra o con tierra insuficiente y de acuerdo a la capacidad de uso mayor de la tierra. Complementariamente, se identificará mecanismos que garanticen que las instancias gubernamentales encargadas del proceso de saneamiento realicen una efectiva revisión de las situaciones de doble dotación, de las propiedades que sobrepasen las superficies permitidas mediante Ley, y el cumplimiento de las condiciones en la asignación de tierras fiscales con anterioridad a la ejecución del saneamiento.

Dentro del objetivo estratégico de desarrollo de capacidades productivas de los pobres se inserta el asunto de la interculturalidad a través de los aspectos de educación y de salud:

Desarrollar las capacidades productivas de los pobres

Mejorar la Calidad y Acceso del Servicio de Educación es una cuestión prioritaria que incluye la transformación del sistema de formación y administración docente y la transformación de la currícula; el cual plantea la redefinición de la estructura institucional del sistema educativo a partir de la escuela y la revalorización de la función social del maestro. La nueva currícula es intercultural, en reconocimiento de la diversidad cultural de la sociedad boliviana, y responde a las necesidades de aprendizaje y a las necesidades de desarrollo regional y nacional; reconoce a los alumnos como sujetos constructores de sus propios aprendizajes y establece la modalidad bilingüe para aquellos cuya lengua materna no es el castellano. Se promueve así mismo la descentralización de la gestión educativa al ámbito municipal con participación social. Para mejorar la gestión educativa descentralizada se fortalecerá a las Direcciones Departamentales y Distritales de Educación, a través del reclutamiento de personal técnico adecuado y de su capacitación en las funciones que deben cumplir: técnico-pedagógicas, sistemas de información, sistemas administrativos y de control, evaluación y supervisión. Asimismo, se dotará del equipamiento necesario.

La prioridad de la EBRP en salud coincide con el principal objetivo de la Reforma de Salud: Disminuir las tasas de mortalidad materno – infantil y el control de las principales endemias. Para lograr este objetivo se definieron cinco líneas de acción: a) gestión eficiente de recursos humanos; b) ampliación del sistema de seguros de salud; c) control de enfermedades transmisibles y fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica; d) mejoramiento de la calidad y el estado nutricional de la población y e) desarrollo de la interculturalidad en salud.

Este último plantea que para superar las barreras culturales en la prestación de servicios de salud, se concientizará al personal médico y paramédico de la importancia de promover el respeto al uso y costumbres de los pueblos originarios en el proceso salud-enfermedad mediante campañas educativas. Esta acción logrará una mayor confianza de estos grupos de población en la medicina convencional, mejorando las coberturas de atención al parto y los niveles de vacunación.

Se ampliará el programa "Salud con Identidad" que busca la creación de un modelo mixto de atención que combine las virtudes y beneficios de los sistemas de atención tradicional y convencional y rescate las experiencias exitosas.

La cuestión étnica y de discriminación cultural es tratada en la EBRP a través del objetivo de aumento de la participación e integración social. Veamos como se aborda:



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Aumentar la Participación e Integración Social

Para reducir la pobreza se requiere de políticas que promuevan la participación, la organización, la ciudadanía y la integración social, y que cuenten con el interés del Estado y de los pobres. Al reducir la exclusión social, los pobres podrán tener mayores oportunidades para lograr que sus demandas y necesidades sean atendidas, satisfacer sus necesidades básicas, dotarse de capacidades, mejorar el control social, integrarse y formar nuevas redes sociales, incrementar los ingresos y su calidad de vida.

Se plantean dos líneas de acción: (i) apoyar y capacitar para la organización y participación ciudadana y (ii) reducir las desigualdades y barreras por discriminación étnica.

En la primera línea se plantea fortalecer a los Gobiernos Municipales a través de una mayor capacitación de sus recursos humanos. En la segunda línea se sintetiza el planteamiento en la siguiente matriz:

Cuadro No.23: Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias Reducir las Desigualdades y Barreras por Discriminación Étnica

Acciones Estratégicas Plan de Acción Institución Responsable

Promover el cumplimiento de los

derechos humanos

Fortalecimiento de la Defensoría

del Pueblo Min. de Justicia

Fortalecimiento de instancias de

defensa de los Derechos Humanos

(Defensa Pública)

Min. de Justicia

Promover la equidad étnica

Desarrollo e implementación de

programas de capacitación a

organizaciones Indígenas en el uso

y aprovechamiento sostenible de

los recursos naturales y el medio

ambiente

VPPFM

Ampliación del acceso y

permanencia de la población

indígena en el sistema educativo

(modalidad bilingüe y enfoque

intercultural)

MECYD

Difusión periódica de información

con indicadores desagregados por

etnia.

INE-VPPFM

Desarrollo con Identidad de los Pueblos Indígenas y Originarios.

El diagnóstico y las conclusiones del Diálogo sugieren un alto grado de relación entre la pobreza y el origen étnico de la población. Fundamentalmente, esta relación se manifiesta en la ausencia de oportunidades para los pueblos indígenas y originarios que enfrentan restricciones para incorporarse de manera participativa y competitiva en la vida política, cultural, social y económica del país, en términos de dignidad, oportunidad y equidad.



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La EBRP apunta a fortalecer e implementar el desarrollo con identidad de las poblaciones indígenas y originarias en Bolivia. De esta manera, se espera coadyuvar al incremento de su calidad de vida, alcanzar el progreso económico, lograr la participación y afirmación cultural. Con este objetivo, se requiere de acciones en las siguientes áreas: (i) ampliar las oportunidades para el desarrollo económico de los pueblos originarios, (ii) facilitar el desarrollo de servicios sociales con equidad cogestionaria, (iii) fortalecer el desarrollo político con afirmación jurídico-institucional.

i) Ampliar las Oportunidades para el Desarrollo Económico de los Pueblos Originarios

Se deberá considerar además el modo de actuar sobre los asentamientos humanos de los pueblos indígenas y originarios en sus territorios, Tierras Comunitarias de Origen (TCOs), zonas de colonización, ciudades intermedias y ciudades mayores.

A fin de ampliar las oportunidades de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios se diseñará e implementará el Plan Nacional de Desarrollo Indígena. Para la operativización del Plan se elaborará la Ley para el Desarrollo Campesino, Indígena y Originario.

A través del "Proyecto de Innovación y Aprendizajes para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas" se implementará y consolidará microempresas de base cultural. Bajo este marco, se aprovecharán las ventajas comparativas en el acceso y uso del capital social que caracterizan a las poblaciones indígenas y originarias. Se sistematizarán las experiencias, identificando los elementos de aprendizaje del comportamiento para su difusión y posterior uso en el diseño de estrategias específicas que consoliden de manera permanente los emprendimientos.

Se impulsará la Gestión de Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades Campesinas, con el objetivo de lograr el uso sostenible de los recursos naturales a partir de la capitalización de conocimientos, usos y costumbres de la población indígena, fortaleciendo de este modo identidad cultural. Con este objetivo, se prevé el diseño de un Plan de Gestión de TCOs.

La gestión de las Comunidades Campesinas se desarrollará en el marco de formas locales y regionales de organización, promoviendo el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y enfatizando y potenciando las estrategias de producción ancestralmente utilizadas. Para ello, se identificarán núcleos generadores de desarrollo de las comunidades campesinas con el objetivo de producir efectos de encadenamiento y de demostración en los sectores económico, social y político orientados a favorecer el desarrollo regional.

Las acciones mencionadas requieren la articulación y coordinación con el MAGDR de manera que los programas y proyectos a diseñarse y ejecutarse rescaten el uso de los recursos, formas de organización y tecnologías utilizadas por las poblaciones indígenas, originarias y comunidades campesinas.

ii) Facilitar el desarrollo de servicios sociales con Equidad Cogestionaria

En el área social, se requiere identificar y revertir los obstáculos que impiden el acceso equitativo a servicios locales y regionales de salud, saneamiento, educación y otros servicios sociales cogestionados entre instituciones estatales y organizaciones indígenas. Se deberá considerar las características multiculturales y rescatar los conocimientos tradicionales para mejorar la calidad de la oferta de estos servicios.

Con el objetivo de mejorar el diagnóstico y la información para la toma de decisiones, se desarrollará una base de datos y mapeo de la situación de las comunidades campesinas,



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pueblos indígenas y originarios en las áreas de salud, educación y servicios básicos. Este sistema de datos permitirá discriminar las carencias por pueblo y por región posibilitando una mejor comprensión de la realidad de los pueblos originarios en lo referido a salud, educación y servicios básicos. En base a la información, se coordinará con los sectores del área social para la revisión y eventual reformulación de aquellas estrategias, programas y proyectos orientados a una intervención diferenciada.

iii) Fortalecer el Desarrollo Político con Afirmación Jurídico-Institucional

En el área política, se fortalecerán las organizaciones indígenas y originarias en su forma autogestionaria al interior de ellas. De esta manera, se potenciará y desarrollará las capacidades de conducción de sus líderes con el propósito de facilitar el acceso y participación en los centros del poder político, en los ámbitos de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, tanto a nivel nacional como departamental y municipal.

Al mismo tiempo, se institucionalizará el Servicio de Asistencia Jurídica a los Pueblos Indígenas y Originarios, instancia orientada exclusivamente a la prestación de asistencia técnica-jurídica en temas referidos a la solución de conflictos colectivos relacionados con los derechos de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y originarios tanto a nivel central como descentralizado. Esta acción se efectúa a través del Proyecto Servicio de Asistencia Jurídica a los Pueblos Indígenas y Originarios (SAJPIO) que además apoya al seguimiento al proceso de saneamiento de TCOs realizados por el INRA.

Se destaca la importancia del capital social étnico de Bolivia, entendido como formas de cooperación y reciprocidad manifestada en el uso de "aynis", "minkas”, el "compadrazgo" y otras instituciones de ayuda mutua. Recientes estudios demuestran que la presencia y uso del capital social en la organización de la producción, reduce los costos de transacción y asimetrías en la información logrando mejores resultados sobre la producción. En Bolivia, los grupos indígenas y comunidades de origen representan las instancias sociales que mayor uso hacen de diferentes formas de capital social. Se considera que frente a grandes brechas en la distribución del capital humano, el capital social étnico se convierte así, en una forma efectiva de participar en mercados productivos y reducir los efectos de la incertidumbre económica. El desarrollo de microempresas con base cultural tiende precisamente a utilizar la amplia base de capital social étnico logrando así, que comunidades campesinas, grupos y pueblos indígenas y originarios puedan hacer uso efectivo de sus ventajas comparativas y se integren competitivamente al mercado nacional e internacional.

Se fortalecerá las capacidades de gestión de las organizaciones indígenas, originarias y comunidades campesinas, para el ejercicio integral, participativo y sostenible de sus derechos económicos, políticos, sociales y culturales de manera que puedan participar en los procesos de planificación tanto a nivel nacional, departamental y local. Se tomarán las experiencias del "Proyecto Gestión Indígena Local", que viene desarrollando el aprendizaje en la capacitación en gestión a líderes y organizaciones indígenas y su relación con los Gobiernos Municipales.

Por otro lado, se desarrollarán mecanismos que logren la consolidación de las competencias delegadas por el Gobierno Municipal al Distrito Municipal Indígenas, principalmente lo referido a la participación en las definiciones de políticas y estrategias de desarrollo, administración indirecta de los recursos otorgados para gastos operativos, ejecución de obras de menor envergadura de alcance administrativo y la coordinación de actividades con otros actores sociales de su jurisdicción.

Esta consolidación complementa la descentralización departamental y municipal, logrando que los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas cuenten con espacios de participación en los municipios para lograr su propio desarrollo local.



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Cuadro No.24: Matriz de Acciones y Políticas Prioritarias Desarrollo con Identidad de los Pueblos Indígenas y Originarios

Acción Estratégica Plan de Acción Instrumento

Normativo Institución Responsable

Ampliar las oportunidades

de participación

económica

Promoción de planes y

programas orientados a

facilitar la organización

empresarial y autogestionaria

de pueblos indígenas y

originarios.

Ley para el Desarrollo

campesino, Indígena y

Originario

MACPIO MDSP-VPEPP

MGDR SERNAP

Desarrollo e implementación de

iniciativas que consoliden

microempresas indígenas y

originarias de base cultural.

------ Ministerio de Trabajo y

Microempresa

Gestión de Tierras Comunitarias

de Origen y Comunidades

Campesinas

------

Facilitar el acceso a

servicios sociales

Articulación de programas y

proyectos a las particularidades

de las comunidades

campesinas, pueblos indígenas

y originarios.

-----

MACPIO, MECD, MSPS

MVSB, Ministerio de

Hacienda - VIPFE

Fortalecer las

organizaciones indígenas y

de grupos originarios

Reconocimiento y ejercicio de

los Derechos económicos,

sociales, culturales y políticos

de las comunidades

campesinas, pueblos indígenas

y originarios

DS. Institucionalice

el Servicio de

Asistencia Jurídica a

los Pueblos Indígenas

y Originarios.

MACPIO VPEPP DUF

Fortalecimiento a las

capacidades de gestión de las

organizaciones indígenas y

originarias, orientado a lograr

una participación más efectiva

en las instancias nacional,

departamental y municipal.

-----

Desarrollo de mecanismos que

consoliden la funcionalidad de

los Distritos Municipales

Indígenas.

Política Nacional de

Compensación

A nivel del MARCO INSTITUCIONAL de la EBRP, cuando se trata el tema de la descentralización se menciona la necesidad de realizar un ajuste a la política de descentralización, relativo al ordenamiento territorial y las particularidades que se deben aplicar en las estructuras institucionales de los municipios que correspondan al contexto urbano y rural.

Así mismo se plantea como necesario evitar la excesiva dispersión de los recursos y los esfuerzos de los órganos públicos, en los casos de los municipios con población muy escasa.



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Con este propósito, se establece que se fomentará en forma explícita la creación de las mancomunidades municipales y se evitará la distribución de recursos hacia los municipios con población menor a 5.000 habitantes que no hayan resuelto su incorporación en uno de estos arreglos.

D) Santa Cruz 2020 Plan Unidos por Santa Cruz

Por último queremos mencionar que la política que proyecta el plan dentro de sus premisas filosóficas formula la necesidad de “Reconocimiento del otro” como cuestión para lograr una integración, comprendiendo la realidad cultural y social en la se vive. Se concibe que Santa Cruz deba trabajar en el aprovechamiento de la diversidad que posee dada la gran cantidad de migración que recibe. Siendo que se consideran un potencial las diferencias existentes, si se dan bajo un marco de respeto mutuo y de canalización adecuada de demandas. La diversidad no podrá ser aprovechada mientras no existan procesos de integración internos, sin exclusiones, con tolerancia y respeto a lo percibido como ajeno. Se considera que la integración nacional debe complementarse con procesos de integración internacional que abran nuestros horizontes y potencialidades.

La proyección del Plan 2020 se visualiza como construcción de ciudadanía entendida como “relación jurídico política de una persona con el estado” en la cual el “...ciudadano (está) dispuesto a ejercer su responsabilidad y derechos individuales frente y para el estado”.

Sin embargo aquí sería necesario plantearse la noción de los derechos colectivos juntamente con los derechos individuales, atendiendo a los principios de interculturalidad y reconocimiento de los pueblos indígenas.

El plan aborda los asuntos de gobernabilidad con medidas de prevención ante la crisis, considerando la importancia del funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental, como espacio de debate de los temas vinculados a la tierra y en donde se plantean las políticas agrarias del Departamento¡ y la creación de un Sistema de Alerta Temprana y Crisis, con el apoyo de Naciones Unidas, un Sistema de Alerta Temprana y Crisis (SAT) que permite la prevención, el análisis, la resolución y el seguimiento a los conflictos.



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