SEGUNDO INFORME OBSERVACIÓN ELECTORAL

SEGUNDO INFORME

OBSERVACIÓN ELECTORAL DESDE LOS DERECHOS HUMANOS PROGRAMA LIDERAZGO JOVEN CONTRUYENDO DEMOCRACIA

INTRODUCCIÓN El Programa Liderazgo Joven Construyendo Democracia se encuentra desde el 22 de julio del presente año, realizando un ejercicio de observación electoral desde la perspectiva de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 16 departamentos del país y 54 municipios.

Es importante señalar que la información que a continuación se presenta corresponde a los municipios observados y a datos obtenidos en cuatro semanas, las gráficas elaboradas solo representan el universo observado y no pueden ser considerados una muestra estadística del resto del país, pues la selección de los municipios y la frecuencia de los datos no obedece a un criterio estadístico. En este ejercicio participan 450 jóvenes que semanalmente se reúnen en la cabecera de su municipio con la finalidad de enviar vía electrónica la información correspondiente a lo observado en su municipio, luego de una reflexión respecto a la veracidad de lo observado. De la organización, sistematización y reflexión sobre los contenidos de esta observación surge el presente informe que tiene como guía de reflexión el estado de la democracia partiendo de suponer que una democracia desarrollada se fundamenta en:

“Una ciudadanía que se siente responsable del buen funcionamiento de las instituciones que respetan los derechos humanos y permite una representación de las ideas y los intereses” (Touraine, 1994).

VIII.

VII. II.

III.

IV

.

I.

V

.

VI.

Partidos políticos cuya agenda política está condicionada por los intereses de los diversos actores sociales

Un Estado garante de las libertades y los derechos de los ciudadanos, que procura activamente acciones políticas y económicas que garanticen la inclusión de todos los ciudadanos en cuanto a la satisfacción de sus necesidades e intereses, independiente de su procedencia étnica o estrato económico.

En el caso guatemalteco se parte de la hipótesis de que la ciudadanía no está desarrollada plenamente y que posee características de tipo clientelar, los partidos también son clientelares y fundamentan su estrategia de campaña en la cooptación de los ciudadanos y por último que el Estado guatemalteco si bien tiene instituciones garantes de la democracia, el estado es débil. CONTEXTO Desde el inicio a la transición hacia la democracia en Guatemala en 1985 el país ha vivido seis procesos electorales en donde se ha respetado la voluntad de los electores y la alternabilidad en el poder, se ha incrementado la participación ciudadana y los centros de votación, acercándolos cada vez más al elector. Cada proceso ha tenido características propias provocadas por la relación entre los actores sociales y políticos que en ellas han intervenido. De manera breve se pueden identificar en el proceso actual las siguientes características:

El peso de los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché y San Marcos equivale a la cuarta parte del padrón electoral, superando entre los cuatro al departamento de Guatemala (24%).

Por primera vez, mayor cantidad de mujeres que hombres inscritos en el padrón electoral (51% frente a 49%). Por su parte los jóvenes representan casi la tercera parte (31%).

El irrespeto a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –campañas anticipadas, candidatos inscritos sin finiquitos de la Contraloría General de Cuentas, gastos de campaña por encima del techo autorizado por el Tribunal Supremo Electoral, entre otros, por parte de los partidos políticos y comités cívicos que están participando en el proceso electoral

Inscripción tardía de muchos candidatos a puestos de elección popular.

Campañas onerosas de los partidos políticos con más probabilidades de conseguir puestos de elección. Parece que la motivación principal para financiar estas campañas es beneficiarse de los negocios estatales –contratos de suministros, ejecución de obras y concesiones- a nivel nacional y local (Fuentes, 2011).

Alta incidencia de candidatos que buscan reelegirse tanto en el ámbito local como en el Congreso de la República de Guatemala. Algunos de ellos se encuentran asociados a redes familiares vinculados a la “cosa pública”. Asimismo, muchos de ellos aspiran a reelegirse con otros partidos a los cuales originalmente estaban vinculados.

Presencia de “clanes” familiares departamentales dentro de las candidaturas a cargos de elección popular.

Violencia surgida entre los mismos partidos asociada a las pugnas por ocupar los puestos de elección popular

Existencia de una relación clientelar entre los partidos y la población apta para votar que se caracteriza por coacciones para afiliarse y votar por determinados candidatos. Asimismo, la presencia de “dádivas” que varían por región –trajes mayas en la región suroccidente, -

Debilidad institucional del TSE observada en la incertidumbre en relación a la inscripción de candidatos, debido a aspectos no aclarados en el proceso de elección, así como falta de

capacidad de ejecutar sanciones a las agrupaciones partidarias que infringieran la ley de electoral y de partidos políticos.

Fuerte influencia de los medios de comunicación locales –sobre todo radio y televisión- en las preferencias electorales de la población apta para votar.

Mayor participación juvenil como candidatos para puestos de elección.

ANÁLISIS POR REGIONES

REGIÓN CENTRAL Esta región integra a los departamentos de Escuintla, Chimaltenango, y Sacatepéquez. En este proceso de observación se incluye el departamento de Guatemala. Los municipios donde se está realizando observación son los siguientes.

DEPARTAMETO MUNICIPIO

Guatemala Guatemala

Chimaltenango San Martín Jilotepeque Comalapa Tecpán

Escuintla Escuintla Santa Lucía Cotzumalguapa Palín

Sacatepéquez Antigua Guatemala

COMENTARIOS A LOS REGISTROS DE OBSERVACION DE LA REGION CENTRAL En esta región se registra una proporción alta de asesinatos con relación a los registros del universo de observación, siguen las amenazas a activistas políticos y las agresiones físicas y verbales que mantienen la misma tendencia de observación, la movilización de grupos violentos se observa con menos frecuencia y no se reportan amenazas a activistas de derechos humanos ni de observadores electorales. En estos registros no se identifican responsables. Posibles causas :

Las regiones con más densidad de población tienden a ser más violentas

La identificación de los responsables de actos violentos tiene que ver con la pérdida

de credibilidad en las autoridades responsables y la corrupción imperante a nivel

nacional.

La identificación de los responsables también tiene relación con el miedo instalado a

las represalias por razones de denuncia, especialmente en la región de

Chimaltenango

La baja o ninguna frecuencia con la movilización de grupos violentos se observa con

menos frecuencia, históricamente no ha sido parte de la región central excepto

Chimaltenango que presente el caso paradigmático de Tecpán.

Las amenazas a observadores y activistas de derechos humanos son menos

frecuentes en regiones donde hay más presencia de comunidad internacional, dadas

las implicaciones que ello representa para los partidos políticos y sus patrocinadores.

ACTOS DE COOPTACIÓN

La frecuencia de observación de estos actos en general, muestran una proporción menor que el registro general de observación, sin embargo se manifiestan todas las formas de cooptación previstas en las boletas, y van desde regalos y donaciones, manipulación de los COCODES y oferta de préstamos en efectivo y en más baja frecuencia el uso de recursos del Estado. Posibles causas:

La utilización de los recursos del Estado es más visible a medida que las campañas

proselitistas se alejan de la región central, el Gobierno de turno tiene su base en los

departamentos, y los actos que se denuncian pertenecen con frecuencias más altas a

Chimaltenango.

La manipulación de COCODES ha sido la forma “normal” de violentar la participación

comunitaria, por falta de información los directivos son nombrados por los alcaldes y

los pocos que hacen la diferencia, en estas campañas con debilidad en la

participación ciudadana que incluye el desconocimiento de la ley, la necesidad

urgente de satisfacer necesidades básicas son blanco de ofertas electorales,

visualizando así la violación a las leyes tutelares de la población, a nivel municipal,

aún cuando están aspirando al poder formal.

La oferta de préstamos en efectivo, tiene que ver con los departamentos donde las

artesanías y pequeños productores podrían independizarse, se trata de mantener

vínculos de poder económico sobre un sector de la población estratégica, en el aporte

al desarrollo integral de la población.

El financiamiento de las campañas electorales es tan alto, que da para ofrecer

préstamos en efectivo, donaciones, regalos u otros.

Las sanciones contempladas por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, es tan

amigable y que sancione, simplemente no se cumple.

El caso de alta Verapaz, que se cita a continuación, ilustra lo que acontece en la región central.

La influencia de la narcoactividad “ se logró percibir, y es un convencimiento generalizado en la población, la infiltración de grupos del narcotráfico en el proceso electoral, por medio del financiamiento ilícito… se trata , en primer lugar , de una práctica de corrupción de funcionarios municipales y gubernamentales, con fines de lavado de dinero proveniente del crimen organizado, especialmente del narcotráfico” ( Fundación Propaz, Análisis de la Narcoactividad electoral 2,011 en Alta Verapaz, pp. 13)

REGIÓN NOROCCIDENTE DEPARTAMENTOS DE EL QUICHÉ Y HUEHUETENANGO

A- Actos de intimidación, violación a la vida e integridad personal durante el proceso electoral.

De acuerdo a las boletas recibidas, la cultura de violencia imperante en el país también se hace presente en el actual proceso electoral en los dos departamentos atendidos en los datos. El énfasis de la información recae en amenazas a activistas políticos y agresiones físicas y/o verbales a personas en ejercicio de sus derechos cívico políticos. En general, de acuerdo a los comentarios de los observadores, se puede decir que la mayor parte de los hechos reportados se encuentran relacionados con actores políticos y, específicamente, con simpatizantes o correligionarios de los partidos políticos. Es más, estas actitudes son ofrecidas por aquellos que simpatizan o están vinculados con los partidos que tienen mayor reconocimiento publicitario y sobresalen en las encuestas. El debate en torno a ideas y propuestas de planes y programas, inexistentes en la realidad, se traslada al ámbito de la violencia física o verbal, situación que refleja la limitada vivencia de actitudes democráticas como la tolerancia, el diálogo y el respeto a la diversidad. La ausencia de una oferta de propuestas, planes y programas, sustentadas en análisis, ideología e ideario político, deja paso a la sola acción publicitaria de slogans, colores y canciones, que entre la población genera vínculos emotivos o de conveniencia, fáciles de derivar hacia expresiones violentas, cosa que está sucediendo y posibilita prever mayores hechos a medida que nos acercamos al día de las votaciones.

La violencia, según el cuadro inicial, se encuentra más acentuada en El Quiché, tal situación puede estar vinculada con la historia del departamento, donde a raíz del conflicto armado interno la conflictividad se acrecentó por varias razones, la coexistencia de víctimas y victimarios, la presencia de grupos organizados por ex pac y ex comisionados militares, la falta de un proceso sistemático de salud mental propiciado por los gobiernos o el poder local, y la inaplicabilidad de la justicia y un proceso de resarcimiento integral. La permisividad de los hechos violentos reflejados por las boletas de monitoreo también nos manifiestan la falta de presencia eficaz de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y la justicia. Situación que es semejante a la de casi todo el territorio nacional, pero que en las actuales circunstancias es muy grave por la movilización social que se da en torno a las elecciones. B- Actos de Cooptación Las boletas son más discentes en este aspecto, los hechos de cooptación son el fuerte de la campaña proselitista. Pareciera que la apuesta no es el transmitir una propuesta o planes sustentados seriamente, de cara a apuntalar soluciones a las problemática local sino el obtener la mayor cantidad de votos, independientemente de la forma en que se haga.

El panorama que la tabla nos muestra, permite ver que el clientelismo se sustenta en un mercadeo político en su más baja expresión. Los datos refieren que la oferta transita desde láminas y rifas de artefactos eléctricos hasta el arreglo de caminos o inversiones económicas para proyectos, pasando por el uso de los recursos del estado, en el ámbito nacional o municipal o, la intimidación de pérdida de trabajo. El objetivo es el poder y ante ello, los candidatos y/o partidos políticos invierten para su obtención, degradando el sistema y menoscabando su credibilidad. Tal inversión afecta negativamente el desarrollo de una ciudadanía integral, la cual interesa para justificar un aparente proceso electoral democrático. Por otra parte, la ciudadanía no resiente este tipo de campaña y proceso, no cuestiona ni reflexiona sobre la legitimidad social o ética de tales actitudes, juega a la venta de su voto y con ello a la corrupción. Este tipo de hechos cobran mayor notoriedad en Huehuetenango que en El Quiché, quizá la razón obedezca a que ese departamento cuenta con un “padrón electoral que sobrepasa las 512,000 personas”

1, uno de los cuatro departamentos que mayor cantidad de personas aporta

al padrón electoral. C- Violaciones al ejercicio de las libertades individuales Sobre este tipo de hechos, la boletas aportan muy poca información. La explicación posible a tal situación es que o bien, no se dan acciones violatorias a tales derechos o, que la población y los observadores no hayan podido identificar dichos hechos. D- Comunicación

Acto Huehuetenango El Quiché Total

¿Conoce la población la información y los mensaje transmitidos por el TSE? 12 1 13

¿Conoce la ciudadanía los lugares de votación? 10 5 15

¿Conoce la ciudadanía las boletas electorales? 5 0 5

¿Se han transmitido en idiomas indígenas los mensajes del TSE? 8 6 14

¿Han transmitido los partidos políticos sus mensajes en idiomas indígenas? 16 14 30

¿Han presentado los partidos políticos, comités cívicos o candidatos (as) sus planes de trabajo en su municipio? 17 10 27

¿Los medios de comunicación han influido u orientado a la ciudadanía para preferir a un determinado partido político, comité cívico o candidato (a)? 10 2 12

¿La población ha comprendido el mensaje de los partidos políticos, comités cívicos o candidatos (as)? 13 5 18 ¿Ha tenido impacto en la ciudadanía la publicación de los resultados de las encuestas? 10 2 12

1 PROPAZ, Análisis de la conflictividad electoral 2011 en Huehuetenango. Agosto 2011, pág. 7.

En cuanto a este aspecto, es relevante que algunos partidos políticos, comités cívicos o candidatos se han comunicado con la población en su propio idioma y, de acuerdo a las boletas han presentado sus planes, sobre todo los que aspiran a las municipalidades. Sin embargo, la presentación de ellos va desde breves líneas de acción o actividades, hasta formulaciones más elaboradas, siempre sin precisar con que presupuesto se pretende llevarlos adelante. La población, refieren los datos, ha entendido los mensajes de los partidos políticos, comités cívicos o candidatos, particularmente, los que a través de los medios radiales se lanzan constantemente, ya que los planes o programas se han divulgado más en foros, donde no toda la población se ha hecho presente. Es de destacar que hay medios de comunicación o locutores que pretenden manipular a la población, favoreciendo a alguien en particular. Además, hay población sensible a la publicación de las encuestas, razón por la cual se ven influidas en su intención de voto. Sin embargo, el fenómeno se da más en Huehuetenango que en El Quiché y no existe monitoreo de ninguna institución que prohíba o penalice tales acciones. El TSE, si bien ha tenido algún tipo de comunicación con la población, no ha desarrollado todavía una amplia campaña que informe a la población, particularmente en los idiomas mayas, sobre lugares de votación o las boletas. Con los días que faltan para las votaciones, esta situación hace prever que la comunicación será muy deficitaria y abonará en alguna medida a favor de los acarreos que los partidos suelen promover en el día de las elecciones. REGIÓN NORTE DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ En esta región a la que también pertenece el departamento de Baja Verapaz, solo se está realizando observación electoral en cinco municipios del departamento de Alta Verapaz, considerados por la investigación realizada por Fundación Propaz los de mediana y menor conflictividad del departamento.(Fundación Propaz. Análisis de la conflictividad electoral 2011), Algunos datos relevantes para contextualizar la información obtenida de la observación están dados en el padrón electoral del departamento y son los siguientes: a) el 53 % de los empadronados es analfabeto, b) el padrón electoral para estas elecciones se incrementó en un 22% convirtiendo al departamento juntamente con Huehuetenango, Quiché y San Marcos en poseedores del 25 % del total de registros del padrón electoral. c) el 53 % de las personas inscritas en el padrón son hombres.

ACTO DE INTIMIDACIÓN Y VIOLACIÓN A LA VIDA E INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS Los datos en esta región hasta el momento de la elaboración de este informe revelan pocas situaciones que son afines con este componente. Los casos mencionados están relacionados a enfrentamientos entre simpatizantes de partidos políticos.

ACTOS DE COOPTACIÓN Los reportes sobre regalos y donaciones en esta región son elevados, mostrando que las campañas políticas cuentan con grandes recursos financieros. Existe entre la población la certidumbre de que lo caro de las campañas indica la presencia de capitales del narcotráfico en las mismas. Los partidos políticos juegan con las necesidades más sentidas de las personas y a esto se debe que los actos de cooptación y coacción en esta región evidencian las estrategias clientelares en que la mayoría de los partidos políticos han incurrido. Los datos indican que los partidos que ejercen el poder local hacen uso de los recursos tanto monetarios como físicos del municipio para financiar sus campañas, coaccionan a los empleados a trabajar en las campañas con pena de ser despedidos de sus cargos.

Una de las situaciones que preocupa en esta región es la amenaza de ciertos grupos con obstaculizar carreteras el día de las elecciones si no atienden a demandas de mejorar las carreteras. REGIÓN NORORIENTE A esta región pertenecen los departamentos de El Progreso e Izabal que no están dentro de la cobertura de la observación, el departamento de Zacapa se realiza observación en la cabecera municipal y en el municipio de Río Hondo, y el departamento de Chiquimula en los municipios de Quetzaltepeque, Ipala y la cabecera departamental Chiquimula. De acuerdo a la gráfica siguiente en los municipios de esta región los principales hechos relacionados con actos de intimidación o violación a la vida o integridad de las personas se refieren a amenazas a activistas políticos realizadas por los oponentes. También se reportan agresiones físicas y un asesinato que fue documentado en medios de prensa.

En cuanto los hechos de cooptación que se registran en la grafica siguiente, se puede comentar que se utilizan los recursos del municipio y el Estado por parte de los partidos que se encuentran en el ejercicio del poder para sus campañas, recurren a la amenaza de destitución de los empleados públicos que no se pliegan a las directrices del partido.

Los otros partidos mantienen prácticas de cooptación mediante regalos y pagos en efectivo para comprar votos.

REGIÓN SURORIENTE Esta región comprende los departamentos de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa en donde no se está haciendo observación. Los municipios en los que se hace observación son San Luis Jilotepeque, Santa Catarina Mita y el Progreso. En cuanto a violaciones a la integridad de las personas se reportan amenazas a activistas políticos, agresiones físicas realizadas por los oponentes

En los casos de cooptación en esta región se destaca la utilización de fondos estatales y municipales para financiar campañas políticas, la organización de actividades deportivas y la entrega de dinero en efectivo para condicionar el voto. En el caso de Santa Catarina Mita por ejemplo se han regalado zapatos, machetes y hasta graneros y en el Progreso han obsequiado láminas, limones, mandarinas, bombas para fumigar, piochas y gabachas. Es evidente que los partidos políticos ante la imposibilidad de hacer propuestas concretas para resolver la problemática municipal recurren a este tipo de prácticas que establecen una relación clientelar con la población.

REGIÓN SUR OCCIDENTE Breve descripción La Región Sur Occidente está conformada por seis departamentos: Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango, San Marcos y Retalhuleu. Abarca una extensión correspondiente al 11% del territorio nacional. Ecológicamente se encuentra divido en tres regiones: una planicie costera, la pendiente costera o boca costa y las tierras altas volcánicas, con un rango de elevaciones que oscilan entre los 200 a 2800 msnm. De acuerdo con las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística está región contará en 2011 con 3.5 millones de personas, equivalentes al 24.1% de los habitantes del país. Su población es eminentemente rural (75.1% en el año 2001), predominando la de ascendencia maya (52.5% hacia 2002). El resto básicamente es población mestiza (ladina) asentada, sobre todo, en los núcleos urbanos y la planicie costera. Respecto al Índice de Desarrollo Humano, en 2006 la región obtuvo un promedio de 0.655, puntuación inferior a la nacional que se ubicó en 0.702. Dentro de los centros urbanos vale destacar Quetzaltenango, en el departamento del mismo nombre, con aproximadamente 150 mil habitantes. Esta urbe es el núcleo de los servicios financieros, educativos y hospitalarios de la región. Otras ciudades de menor importancia son Totonicapán, Retalhuleu, Mazatenango, San Pedro y San Marcos Sacatepéquez. Finalmente, cabe destacar la existencia en Totonicapán de un modelo de organización política paralelo al nacional vigente. Este régimen es la junta de los 48 cantones, que constituye un sistema de servicio comunitario (cuasi-estatal), conformado por gente elegida a lo interno de la misma comunidad. Análisis de las boletas Esta parte se divide en dos secciones. La primera, mencionando brevemente la cobertura de la observación electoral. Una segunda, describiendo la situación de la región respecto a actos de intimidación y violación a la vida e integridad personal, actos de cooptación (aquí entendidos como actos clientelares), violaciones a las libertades fundamentales y aspectos de comunicación. Como se mencionó con anterioridad el PLJCD tiene presencia en cinco de los seis departamentos de esta región (excluye Suchitepéquez). Asimismo, abarca a 19 de 108 municipios (18% del total), distribuidos de la manera siguiente:

Cuadro no. 1

Número de municipios

Total

Observación electoral

Sololá 19 8

Quetzaltenango 24 2

Totonicapán 8 3

Suchitepéquez 20 0

Retalhuleu 9 1

San Marcos 28 5

Total 108 19

Dentro de los hechos observados en el proceso eleccionario destacan dos: la violencia y el clientelismo. El primero se manifiesta sobre todo en amenazas a activistas políticos y agresiones físicas o verbales a personas cumpliendo con el ejercicio de sus derechos cívicos (ver gráfica 1). Cabe destacar el asesinato de un activista político, suceso ocurrido en el departamento de Sololá.

En la gráfica 2 puede apreciarse que la gran mayoría de dichos actos (85%) fueron cometidos por personas vinculadas a partidos políticos. Inclusive es altamente probable que los casos desconocidos sean derivados de estas agrupaciones partidarias. Este hecho muestra como la violencia está profundamente ligada a la contienda electoral.

Respecto al clientelismo, según puede verse en la gráfica 3, uno de los actos más observados fue el reparto de dádivas (44 actos) que va desde trajes típicos de mujer a víveres, pasando por utensilios de cocina, láminas, fertilizantes. Otro acto frecuente es el uso de recursos estatales (vehículos para el transporte de gente, propaganda, mobiliario para uso en mítines, entre otros) en la campaña política. Relacionado con ello, las autoridades locales se emplean a fondo en la construcción de caminos y dotación de infraestructura en localidades estratégicas poco antes de las elecciones. Asimismo, se reportó pagos en efectivo por empadronamiento y afiliación a los partidos políticos.

Cabe mencionar que hay dos niveles de clientelismo: uno referente a la entrega de “regalos” a los vecinos a cambio de voto y otro referente a la compostura de calles, suministro de agua potable, en fin servicios públicos municipales a cambio del voto. Este último es realizado mayoritariamente por el partido con más posibilidades de ganar.

En el tema de comunicación, cabe destacar la insuficiente información que proviene del TSE, en especial sobre las papeletas electorales. Es necesario aclarar que la información es mejor en cabeceras y áreas urbanas, empeorando su cobertura en el área rural. Asimismo, la información del TSE y los partidos no siempre es pertinente lingüísticamente. Por último, es necesario indicar dos cuestiones específicas. Primero, la apatía generalizada de los vecinos en muchos municipios de Sololá sobre el proceso electoral, derivado de los antecedentes de promesas incumplidas. Segundo, se reportó en el departamento de San Marcos que los partidos coaccionan a las personas, amenazando con tomar fotografías de los votos que realicen el 11 de septiembre.

CONCLUSIONES La cultura de violencia que impera en el país se hace evidente en éste proceso electoral. Al día de hoy, no se tiene como ejercicio cotidiano la tolerancia, el diálogo, ni el respeto a la diversidad. Esto se evidencia en el número de casos reportados por los jóvenes del PLJCD que están haciendo observación en 54 municipios del interior del país. Los actos de intimidación, violación a la vida e integridad personal que se reportan transitan desde las agresiones físicas y/o verbales, las amenazas a los diversos actores (políticos, de derechos humanos, observadores), hasta el asesinato de activistas políticos. Sin embargo, se puede decir que la mayor parte de los hechos reportados son relacionados con miembros de partidos o simpatizantes de los mismos. Podría considerarse que éste escenario no es casual. Sus orígenes se pueden identificar en la lucha por el poder que se diluye entre lo legal y lo fáctico. En un sistema político democrático, plenamente desarrollado, el partido político procura alcanzar el poder mediante el voto del ciudadano, su estrategia es la organización partidaria, la propuesta bien cimentada y desarrollada. En el caso guatemalteco la estrategia de los partidos es la cooptación, la amenaza en sus diferentes manifestaciones y la coacción, que son procedimientos totalmente clientelares. Los datos obtenidos al indagar sobre procesos de coacción y cooptación van desde la amenaza de despido a los empleados públicos, el uso de los recursos del Estado y el municipio con fines electorales, la compra de voluntades por los partidos mediante regalos de toda índole y la manipulación sobre la asignación o ejecución de proyectos en los consejos comunitarios de desarrollo En el caso de los partidos que ejercen el poder a nivel nacional y municipal, parte de dichos fondos se sustraen del erario nacional y municipal, derivando en una serie de actos de corrupción en los cuales se encuentran involucradas personas de diferentes estratos sociales de la población. Otros fondos provienen de donantes identificables, cuyos recursos provienen del sistema económico formal. Sin embargo, existen fuentes de financiamiento no identificadas, que a voz popular, tienen dudosa procedencia y explican el gasto desproporcionado de las campañas electorales. La posesión partidaria de grandes cantidades de recursos para la campaña, cimenta actitudes prepotentes, mientras la limitación de los mismos, provoca frustración y búsqueda de financistas; ambas conductas llevan a confrontación y violencias, generándose un círculo perverso. Las movilizaciones de personas para asistir a los mítines también son competencia de recursos, y expresión de la cultura de irrespeto a las libertades fundamentales de las personas por parte de los dirigentes partidarios y los correligionarios, que cierran calles para la realización de actividades o bloquean el paso a vehículos que trasladan a personas de otros partidos a sus concentraciones proselitistas impidiendo su movilización y libertad de reunión La carencia de fundamentos ideológicos que interpreten la realidad y la falta de propuesta desarrollada llevan a transformar la campaña electoral en una estrategia de mercadeo político en su más pobre expresión, canciones sin contenido, slogan sin sentido, fotos retocadas, etc.

La campaña propagandística que satura los medios de comunicación masiva los espacios visuales y físicos, genera de nuevo actitudes de violencia que se manifiestan en la destrucción de la propaganda del oponente. La presencia de esta pobre publicidad en los medios está supeditada a los recursos económicos de los partidos o a la influencia que ejerce sobre los medios locales la autoridad de turno Los pocos espacios de discusión pública sobre sus programas de trabajo o al menos el esbozo de ideas sobre lo que pretenden realizar los candidatos, son los foros públicos que algunas organizaciones han realizado y en el caso de los municipios donde se hace esta observación, los candidatos con menor preparación, pero a veces con mayor cantidad de recursos no se presentan. Los observadores reportan que la presentación de planes y programas ha sido muy limitada y se ha realizado en los foros que a nivel municipal han organizado los participantes del PLJCD. La debilidad del Estado se nota en las instituciones que deben de velar por la seguridad de los ciudadanos, las de fiscalización y el Tribunal Electoral Tanto la PNC como el MP aparecen como ausentes en casi todos los hechos de violencia señalados por los observadores. Los recursos del Estado y del municipio son utilizados por las autoridades de turno con fines electorales, los funcionarios y empleados unas veces participan en actividades proselitistas durante su jornada de trabajo, por coacción o voluntad propia y ninguna autoridad se da por enterada. Los órganos de control financiero en sus diferentes instancias también muestran vacíos en la fiscalización de los recursos del Estado en los diferentes estamentos de poder que son utilizados en las campañas políticas. El TSE como ente rector del proceso electoral en su función de comunicador de las acciones propias del proceso ha iniciado en forma tardía la divulgación de información relacionada con los lugares de votación, y la forma de hacerlo y en forma especial la comunicación en idiomas mayas ha sido muy poca. En cuanto a su función de control sobre las campañas electorales, permitió el inicio de campañas electorales anticipadas sin sancionar a los infractores o las sanciones han sido ineficaces, en cuanto al techo de campaña, a todas luces es evidente que los partidos la han sobrepasado y el TSE no acciona. Tampoco se pronuncia respecto al uso de los recursos del Estado tanto a nivel nacional como municipal, en las campañas proselitistas, permite la colocación de propaganda en lugares que la ley prohíbe y no sanciona.

EL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA Las boletas refieren que el ejercicio de la ciudadanía en Guatemala se reduce a la inclusión en el padrón electoral y a emitir el sufragio el día de la votación. Las condiciones socio-económicas en que vive la población facilitan los procesos de cooptación, y los convierte en la práctica cotidiana de la democracia guatemalteca. Los abusos y violaciones a los derechos y libertades individuales son lo cotidiano y se consideran normales en los procesos electorales, a tal punto que ni las agresiones físicas ni los asesinatos mueven a la ciudadanía a la denuncia, ni a la búsqueda de justicia. Una cultura de violencia exacerbada por un proceso electoral sin controles efectivos por parte de las instituciones puede llevar a situaciones de ingobernabilidad ciudadana la noche anterior, el día D y los días posteriores. El funcionamiento actual de los partidos políticos no permite y hace impensable el fortalecimiento de la democracia en Guatemala; requiriendo urgentemente que el pueblo, en el ejercicio de su ciudadanía, exija y promueva la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. El Tribunal Supremo Electoral en su papel de ente rector del proceso electoral debería hacer cumplir la ley electoral y todas aquellas relacionadas con el mismo, de forma que el sistema de fiscalización de los fondos y sus orígenes se perfeccione. Una ciudadanía carente de contenido lo cual es producto histórico de la forma en que este país se ha organizado donde las elites han asumido a la población solo en momentos de elección, se ve con esperanza la actitud de jóvenes como los del PLJCD, que desde lo rural están haciendo un esfuerzo enorme por construir democracia activa participativa y fundada en el respeto a los derechos humanos fundamentales.

Guatemala, septiembre 2011