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1 Seguridad en tiempos de pandemia: legados de guerra y crimen organizado en Colombia

Seguridad en tiempos de pandemia legados de guerra crimen … · 2020. 9. 15. · Seguridad en tiempos de pandemia legados de guerra crimen organiado en Colombia Los Grupos Armados

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DirectorLeón Valencia A.

Ariel Ávila M.

Subdirector Académico

Línea de investigación en Conflicto, Paz y Posconflicto

Diego Alejandro Restrepo (Coordinador de Línea de investigación)

Investigadores Nacionales

Paola PerdomoFrancisco Daza

Investigadoras territoriales

Ivonne Quiñónez (Investigadora Regional Costa Pacífica nariñense)Vanessa Useche (Investigadora Regional Cauca)Ximena Sierra (Investigadora Regional Bajo Cauca antioqueño)

Asistentes de investigación

Lina Gaitán Juan Camilo Rodríguez

Mapas

Andrés Narváez

Editor de Contenidos

Carlos Castelblanco

Diseño y Diagramación

Laura Sanabria

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Contenido

- Seguridad en tiempos de pandemia: legados de guerra y crimen organizado en Colombia

- Introducción: una mirada general sobre seguridad y violencia 4

- Indicadores de seguridad 8

- Presencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Ilegales 20

- ELN perspectiva nacional en tiempos de COVID-19 21

- Grupos Armados PostFarc perspectiva nacional en tiempos de COVID-19 31

- Expansión, consolidación y disputas de herederos del paramilitarismo: Clan del Golfo y Caparrapos 43 - Referencias bibliográficas 47

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Una mirada general sobre seguridady violencia

Introducción

Han transcurrido casi cuatro años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Farc-Ep y dos años desde la posesión de Iván Duque Márquez, del partido Centro Democrático, como presidente de los colombianos. En las últimas semanas se han registrado una serie de hechos de violencia con un grado de intensidad tan grande, que tiene sumida en la preocupación y el miedo a la sociedad colombiana. Por una parte se han producido una serie de masacres que han dejado varias decenas de muertos. También se han presentado ataques contra la Fuerza Pública que han dejado como resultado varios de sus miembros heridos y muertos y, finalmente las comunidades en diferentes puntos de la geografía nacional han presenciado con horror los combates entre organizaciones criminales que duran días enteros.

Después de meses de investigación al respecto, la Fundación Paz y Reconciliación –Pares, presenta este informe sobre la crítica situación de seguridad de Colombia que señala cinco (5) grandes conclusiones:

1. Al analizar los datos en materia de seguridad se puede decir que, si bien el homicidio presenta un descenso con respecto al año 2019 producto del confinamiento preventivo, lo cierto es que varios indicadores de seguridad han tenido retrocesos complejos. Por ejemplo, el desplazamiento forzado, las acciones violentas en territoritos y las acciones subversivas. Todo parece indicar que al hacer un análisis de varios años que, este retroceso en materia de seguridad venía desde hace, por lo menos, dos años, pero podría clasificarse como una realidad subterránea, no se veía claramente.

2. Los Grupos PostFarc o Disidencias, el ELN y los Grupos Armados Organizados han casi que doblado su presencia armada territorial en los últimos dos años.

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Los Grupos Armados PostFarc pasaron de operar en 56 municipios en 2018, a 113 a agosto de 2020. El ELN pasó de estar en 99 municipios a más de 160 en 2020, y el Clan del Golfo opera en algo más de 200 municipios actualmente.

3. La ola de violencia más reciente, con varias masacres de por medio, se podría explicar por el concepto de empate técnico negativo. Generalmente, cuando hay disputa criminal esta tiene una duración de dos (2) años o un poco más. Actualmente, la disputa por varias zonas que eran de las antiguas FARC lleva tres (3) años como producto de la imposibilidad de que una organización criminal se imponga sobre las otras. Ninguna es lo suficientemente fuerte como para ganar la guerra, por consiguiente acuden a la violencia contra la población civil para ganarse la adhesión de las comunidades. Por lo menos habrá un año más de disputa criminal en varias regiones del país.

4. A pesar de añadir de manera formal los lineamientos del Plan Marco de Implementación-PMI, el cual orienta la política pública para la implementación del Acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo, principalmente por obligaciones normativas nacionales e internacionales, lo cierto es que los balances de implementación del Acuerdo de Paz realizados por centros de pensamiento y organizaciones sociales independientes del Gobierno, e incluso por instituciones del Estado, han evidenciado la falta de voluntad política para la materialización de lo pactado y los constantes incumplimientos en asuntos tan álgidos como los pagos a las familias que sustituyen de manera voluntaria sus cultivos de coca o las garantías de seguridad de líderes, lideresas y excombatientes de las Farc-Ep.

Una de las principales conclusiones del informe de la Contraloría General de la Nación sobre la implementación del Acuerdo, es que en ninguno de los años de implementación se ha ejecutado el 100% de los recursos destinados por año y sólo se llega hasta el 65% de ejecución. En este sentido, pronostican que, de seguir este ritmo, la implementación podría durar 25 años, es decir 10 años más de lo previsto.

Acerca de la falta de garantías de seguridad los datos de la Fundación Paz y Reconciliación

-Pares, desde la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016 hasta el 25 de agosto de 2020, indican que han sido asesinados 437 líderes sociales y 231 durante el gobierno Duque. Por su parte, han sido asesinados 224 firmantes de paz de la FARC desde la firma del Acuerdo hasta el 25 de agosto de 2020 y 148 en este mandato según los datos aportados por el partido FARC.

La perspectiva integral de seguridad trazada en el Acuerdo para que de manera participativa se construyeran alternativas para el desmantelamiento de estructuras criminales fue reemplazada por el regreso a una visión militarista de la seguridad, caracterizada, entre otras, por el despliegue de Fuerzas Militares en las zonas

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más violentas del país sin acompañamiento integral de instituciones de justicia, ni tampoco por la recuperación del territorio por parte del Estado.

5. Se evidencia una crisis en la Fuerza Pública y, en particular, en las Fuerzas Militares. Desde el inicio del mandato del presidente Iván Duque, las Fuerzas Militares han estado en el ojo del huracán. Denuncias de organizaciones internaciones sobre la elección de su cúpula militar, donde algunos integrantes estaban inmersos en investigaciones y escándalos por violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, entre los cuales se cuenta el excomandante del Ejército, Nicacio de Jesús Martínez. La denuncia del New York Times, realizada en mayo de 2019 señala que las directrices que promovían la reducción del estándar de precisión en operaciones militares e incentivos con el propósito de obtener resultados, fueron el inicio de una serie de escándalos.

En los meses siguientes a las revelaciones del New York Times, Revista Semana dio a conocer las operaciones de contrainteligencia para perseguir a los militares que habían compartido la información con el periódico estadounidense, asimismo, periodistas de Revista Semana que trabajaban en esta investigación denunciaron intimidaciones y persecuciones por parte de la inteligencia militar. En el mes de agosto, este medio de comunicación reveló las palabras pronunciadas durante una reunión de la Brigada 30 en Cúcuta, en enero de 2019, por el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, General Diego Villegas, y confirmadas por siete testigos del Ejército:

El Ejército de hablar inglés, de los protocolos, de los derechos humanos se acabó. Acá lo que toca es dar bajas. Y si nos toca aliarnos con Los Pelusos, nos vamos a aliar, ya hablamos con ellos, para darle al ELN. Si toca sicariar, sicariamos, y si el problema es de plata, pues plata hay para eso

“”(Revista Semana, 7 de septiembre de 2019)

Miembros de esta Fuerza de Tarea que opera en la subregión del Catatumbo fueron quienes en abril de 2019 desaparecieron, torturaron y asesinaron al excombatiente de las Farc-Ep Dimar Torres en el municipio de Convención. Caso conocido públicamente gracias a la acción colectiva de campesinos y campesinas quienes horas después de la desaparición de Dimar cuestionaron a los soldados, insistieron en las inconsistencias de sus relatos y grabaron con sus celulares un hueco que estaban cabando los soldados, las pertenencias del desaparecido y más tarde, el cuerpo, al parecer mutilado de la víctima (PARES, 23 de abril de 2019).

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Una semana después de esta acción, el General Diego Villegas reconoció públicamente el asesinato a manos del Ejército y pidió perdón en nombre de la institución. Por estos hechos fue condenado un Cabo Segundo a 20 años de prisión y otros militares continúan en el proceso. Por su parte, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a cinco militares.

En el primer semestre de 2020, dos escándalos del Ejército Nacional sacudieron la opinión pública. El primero de ellos, la revelación realizada por la Revista Semana sobre una serie de interceptaciones y perfilamientos ilegales realizados por el Ejército Nacional a organizaciones sociales, líderes políticos de oposición y periodistas con fines hasta el momento desconocidos. Por otra parte, recientemente fue denunciada la violación sexual de una menor de edad indígena Emberá por parte de un grupo de soldados del Ejército Nacional que destapó lo que al parecer sería una práctica reiterativa de algunos miembros de la institución en distintos territorios del país. La presión mediática sobre esta grave situación obligó al nuevo comandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, a informar ante la opinión pública que actualmente existen 118 casos en investigación por presunto abuso sexual por parte de miembros del Ejército Nacional.

Todos estos escándalos, se produjeron en un contexto de deterioro de la seguridad, Aunque con algunos indicadores en positivo.

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Indicadores de seguridad

Para el caso de homicidio, a nivel nacional se presentó una disminución en la tasa de casi dos puntos de 2018 a 2019, tendencia que viene desde el año 2012, exceptuando el año 2018 en el que se presentó un aumento atípico en el fenómeno. Sin embargo, comparando las cifras presentadas entre el período de marzo a junio del año 2019 con el 2020 se presenta una disminución

poco significativa entendiendo que en el presente año las condiciones de aislamiento obligatorio y estados de excepción derivados de la pandemia de la Covid-19 debieron significar una reducción radical de este fenómeno. En este sentido y dado el contexto actual, la variación en la cifra no implica una reducción de este tipo de violencia.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.

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Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses-INMLCF. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.

Fuente: Unidad para las Víctimas. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.

Por otra parte, los 281 municipios priorizados por la Fundación Paz y Reconciliación –Pares, para el posconflicto presentaron también una ligera disminución en número, no obstante, la investigación en terreno demostró que los grupos armados organizados han fortalecido su control territorial y su accionar consolidando

su dominio en gran parte de las zonas dejadas por las Farc-Ep luego de su concentración y posterior desarme. En aquellas zonas en las cuales un grupo ha consolido su dominio o ha realizado pactos con otras estructuras la violencia letal no es una estrategia útil para la permanencia o la sostenibilidad de dicha oraganización.

Asimismo, el desplazamiento forzado ha venido en aumento según las cifras

de la Unidad para las Víctimas. A continuación, se ven los resultados.

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Fuente: Unidad para las Víctimas. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.

Fuente: Dirección para la Acción Integral cotra Minas Antipersonal-DAICMA. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.*Los datos de 2020 corresponden al período entre el 01 de enenero y el 30 de junio.

Fuente: Dirección para la Acción Integral cotra Minas Antipersonal. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.

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Fuente: Dirección para la Acción Integral cotra Minas Antipersonal. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.*Los datos de 2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

Fuente: Dirección para la Acción Integral cotra Minas Antipersonal. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.*

Al comprar los periodos de marzo a junio de 2029 con el mismo periodo de 2020, los resultados son los siguientes:

Así como las minas antipersonal y las municiones sin explotar, el secuestro, hizo parte del repertorio de acción de los grupos insurgentes, aunque no de manera exclusiva. Este tipo de violencia

presenta una reducción sostenida desde el año 2012 hasta el presente. En este sentido, gran parte de la variación en secuestro se debe al Acuerdo de Paz.

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Fuente: PONAL. Elaboración: Fundación Paz y Reconciliación.

En los 281 municipios priorizados para el posconflicto se presentó un aumento de casos en el año 2017 y una ligera disminución en el 2018. Para el 2019 el secuestro, en este 25% del territorio

nacional corresponde al 52% del total de casos, sumado a que la mayoría de estos municipios no corresponden a grandes ciudades o grandes aglomeraciones de población.

Fuente: PONAL. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.

Por su parte, según el balance operacional del Sector Defensa entregado por el ministro Carlos Holmes

Trujillo en junio de 2020, la disminución presentada en materia de homicidios, secuestros y delitos de alto impacto, es

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una victoria del sector para Colombia, asimismo, se presentó un incremento en operaciones de la Fuerza Pública

contra el ELN y el crimen organizado a través de neutralizaciones1 .

1 Según el balance presentado por el Ministerio de Defensa Nacional en junio de 2020, las neutralizaciones para el caso del ELN incluyen “desmovilizados, capturas y muertos en desarrollo de operaciones de la Fuerza Pública”. Para el caso del Crimen Organizado incluyen miembros capturados y muertos. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Presentación Logros Sector Defensa, Junio 2020: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/

Logros_Sector_Defensa.pdf.*Los datos de 2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares y Policía Nacional. Presentación Logros Sector Defensa, Junio 2020: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/

Logros_Sector_Defensa.pdf.*Los datos de 2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

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A pesar del incremento de acciones de la Fuerza Pública, según el balance del Ministerio de Defensa, los Grupos Armados Organizados en Colombia, como se verá en los apartados que siguen, han fortalecido su control

territorial y han expandido su presencia. Asimismo, los actos terroristas, las acciones subversivas y las masacres han presentado un aumento en el año 2019 y en el primer semestre de 2020.

Fuente: Policía Nacional. Presentación Logros Sector Defensa, Junio 2020: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf.*Los datos de

2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

Los primeros cinco meses del año 2020 superan en 44 casos el total presentado en todo el año 2019. Por su parte, las acciones subversivas de los primeros cinco meses de 2020 superan en 10 el total presentado en el año anterior. En este sentido, el incremento de acciones

de la Fuerza Pública no corresponde a una reducción de acciones terroristas y subversivas lo cual indicaría que las labores de inteligencia no estarían siendo eficaces frente a la prevención de estos fenómenos.

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Fuente: Policía Nacional. Presentación Logros Sector Defensa, Junio 2020: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf.*Los datos de

2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

Otro de los elementos centrales presentado en los logros del Sector Defensa del Ministerio de Defensa, es el aumento en lo que denominan homicidios colectivos2 que pueden ser leídos como masacres según la definición adopatada por el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH, en ambos casos este hecho consiste en el asesinato de cuatro o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, al mismo tiempo, por los mismo agentes perpetradores.

Desde el año 2019 esta violencia ha aumentado de manera vertiginosa evidenciado las múltiples disputas existentes entre estructuras armadas ilegales y a su vez la degradación de la violencia en contra de la población civil. También este es un indicador negativo de la acción de la institucionalidad en materia de garantías de protección para los territorios más afectados por el conflicto armado, en donde se concentran la mayoría de las masacres.

2 El homicidio colectivo es definido como: “...aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas; no se contabilizan aquellos casos en donde por acción de la Fuerza Pública, en su deber constitucional, resultan muertos cuatro (4) o más delincuentes; tampoco se tiene en cuenta las víctimas de la Fuerza Pública cuando exceden de cuatro (4). Para que sea catalogado como homicidio colectivo, se requiere que el ilícito sea cometido en el mismo lugar, a la misma hora, por los mismos autores y en personas en estado de indefensión. Estos hechos no son contabilizados como actos terroristas”. https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf

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Fuente: Policía Nacional. Presentación Logros Sector Defensa, Junio 2020: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf.*Los datos de

2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación-SIPARES. Las cifras de agosto tienen corte al día 27.

Como puede observarse en la gráfica de “homicidios colectivos”, en el año 2019 se presentó un aumento en 10 casos con respecto del año 2018 y los primeros cinco meses de 2020 se han presentado únicamente 7. Según los datos de la Fundación Paz y Reconciliación, cuyo criterio de definición se ciñe al aportado

por el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH (previo a la dirección de Darío Acevedo), hasta junio de 2020 se habían presentado 16 masacres, lo cual constituye una diferencia radical frente a las cifras oficiales, tanto en julio como en agosto la cifra aumentó hasta llegar a un total de 27 masacres este año.

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Por otra parte, las cifras varían de acuerdo con la fuente y el criterio empleado para su definición. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios-OCHA, cuyo criterio es de tres o más personas

asesinadas en estado de indefensión con las mismas características mencionadas anteriormente, del 01 de enero de 2020 al 31 de agosto de 2020 se han presentado 47 masacres en el país, con un saldo de 192 víctimas (31 de agosto, 2020).

Fuente: Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación-SIPARES. Las cifras de agosto tienen corte al día 27. Fuente: Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios-OCHA. Elaboración: Fundación Paz y

Reconciliación.

De cualquier modo, las masacres están aumentando en Colombia indicando el recrudecimiento de las disputas territoriales entre estructuras armadas ilegales, cuyo objetivo de violencia, en estos casos, es la población civil.

Recientemente, las cifras discordantes y las definiciones de masacres y homicidios colectivos han suscitado una gran polémica debido a fuertes críticas por parte de sectores políticos, organizaciones de la sociedad civil, comunidades y organizaciones de base por la utilización del Gobierno Nacional del eufemismo de homicidio colectivo con el propósito

de minimizar el impacto mediático de las violencias ocurridas en distintos territorios del país y restarles importancia mediante afirmaciones genéricas que ligan como causa de esta violencia únicamente a las disputas por el narcotráfico y asocian a las víctimas con actividades ilegales sin investigación previa.

Por ejemplo, el General Jorge Vargas de la Policía Nacional ha señalado una posible vinculación de algunos jóvenes víctimas de la masacre de Samaniego, ocurrida el 15 de agosto de 2020, con actividades ilegales, lo cual ha sido rechazado de manera enfática por sus

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familiares y personas cercanas a los y las jóvenes asesinadas. Recientemente PARES tuvo acceso videos en los que soldados del Ejército insultaban a campesinos del sur del Meta y les gritaban “guerrilleros vestidos de civil”. Estas narrativas revictimizan y ponen en riesgos aún mayores a la población civil.

Por otra parte, las cifras presentadas por el Ministerio de Defensa en materia de erradicación manual de coca son mucho más altas en 2019 que en años anteriores, asimismo, la incautación de cocaína se mantiene en cifras históricas, tal y como se muestra en las siguientes gráficas.

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Presentación Logros Sector Defensa, Junio 2020: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/

Logros_Sector_Defensa.pdf.*Los datos de 2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

Fuente: Comando General de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Presentación Logros Sector Defensa, Junio 2020: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/

Logros_Sector_Defensa.pdf.*Los datos de 2020 corresponden al período entre el 01 de enero y el 30 de junio.

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A pesar del aumento en erradicación manuel de coca y también del mantenimiento de incautación de cocaína en niveles superiores al promedio, la cifra de hectáreas de coca cultivadas en Colombia no ha disminuido

en la misma proporción en la que la acción institucional ha aumentado, razón por la cual, interpretando las dos cifras, el fenómeno ha aumentado de manera abrupta especialmente en los años 2018 y 2019.

Fuente: Sistema de Información de Drogas de Colombia-SIDCO. Elaboración: Fundación Paz & Reconciliación.

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Presencia de Grupos Armados Organizados y Grupos Armados Ilegales.

Por otra parte, la investigación en terreno realizada en múltiples zonas

3 Putumayo, Guaviare, Meta, Caquetá, Nariño, Pacífico, Norte del Cauca, Bajo Cauca antioqueño, Sur de Córdoba, Norte de Santander y Guajira.

afectadas particularmente por la violencia3 ha permitido evidenciar que:

1. Existe un fortalecimiento de Grupos Armados Organizados en Colombia principalmente del Ejército de Liberación Nacional-ELN, el Clan del Golfo, los Grupos Armados PostFarc y los Caparrapos expresado principalmente en expansión a municipios dejados por las Farc-Ep, aumento de la regulación territorial como declaración de toques de queda o diversos tipos de restricción a la movilidad y violencia focalizada.

2. En algunos municipos la consolidación de un Grupo Armado Organizado

como dominante disminuye la acción violenta pues no existe competencia armada con excepción de acciones de la Fuerza Pública.

3. En algunos municipios la situación de disputa entre Grupos Armados Organizados, principalmente por el control territorial y las rentas de economías ilegales como la cadena de producción y comercialización de la cocaína, la minería criminal de gran escala, el contrabando y el tráfico e instrumentalización de migrantes de Venezuela, incrementa la acción violenta, situación que está sucediendo en algunos municipios del Bajo Cauca Antioqueño, Norte de Santander, Chocó, Putumayo y Norte del Cauca, los enfrentamientos han derivado principalmente en desplazamientos forzados (cifra que tiene a aumentar), confinamiento y masacres.

Este informe explora las dinámicas de seguridad a nivel nacional desde la perspectiva de presencia y accionar de Grupos Armados Organizados-

GAO en medio de la pandemia y cómo esta coyuntura sanitaria mundial ha impactado de manera particular en la situación.

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ELN perspectiva nacional en tiempos de COVID-19

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Presencia y estructura organizacional

Actualmente, el ELN está constituido por una cifra que supera los 3.000 combatientes que están distribuidos en 167 municipios de 17 departamentos del país. Además, tiene una presencia en territorio venezolano, donde tendrían presencia la mitad de estos hombres armados, especialmente en zona fronteriza con Colombia. A este número de miembros armados se suma una cantidad, hasta ahora imprecisa, de milicias o redes de apoyo que hacen parte del grupo. Podría tratarse del doble de hombres y mujeres en armas.

La estructura del ELN se caracteriza por la existencia de frentes con un amplio margen de autonomía, a pesar del funcionamiento de un Comando Central (COCE) y una Dirección Nacional. Se trata de frentes que hacen presencia en regiones específicas de estos 17 departamentos del país: Frente de Guerra Norte, Frente de Guerra Oriental, Frente de Guerra Darío Ramírez, Frente de Guerra Central, Frente de Guerra Occidental, Frente de Guerra Suroccidental y Frente Guerra Nororiental. La falta de homogeneidad política y militar de estos frentes se expresa en los distintos territorios donde tienen presencia, observándose una variación en cada uno en lo que respecta al relacionamiento con otros Grupos Armados, la Fuerza Pública y la sociedad civil. Dicha variación se observa, entre otros, en dos aspectos clave acerca de los repertorios de acción del ELN.

Por un lado, un accionar bélico de mayor capacidad al oriente del país en

Arauca y Norte de Santander, con los Frentes de Guerra Oriental y Nororiental, respectivamente, y al occidente, en el departamento del Chocó a través del Frente de Guerra Occidental, lugares donde recientemente ha habido un constante accionar ofensivo contra la Fuerza Pública y Grupos Armados Organizados como Clan del Golfo, el EPL o Pelusos y Los Rastrojos. Mientras que en el sur de Bolívar y Cauca se observan subestructuras del ELN que se han visto debilitadas por la ofensiva de la Fuerza Pública, como en el primer departamento, y de los Grupos Armados PostFarc, en el segundo.

Cada uno de estos enfrentamientos se produce en el contexto de una consolidación militar del grupo guerrillero, una estrategia de expansión a territorios de antigua presencia de FARC-EP, luego de la firma del Acuerdo de Paz firmado por esta guerrilla, así como de una disputa por la incursión o mantenimiento en el control de economías ilegales de interés del ELN como la minería ilegal, el contrabando (bovinos, queso, gasolina, entre otros), el narcotráfico y los pasos ilegales en zonas fronterizas.

Por otro lado, en lo que respecta a los repertorios de violencia, el accionar del ELN, está ampliamente vinculado a hechos de desplazamiento forzado, confinamiento, reclutamiento forzado, restricciones de movilidad, amenaza y secuestro. Los primeros de estos se relacionan con las disputas mencionadas con otros Grupos Armados legales e ilegales, de manera que estas formas

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4 Cálculo estimado a partir de la base de datos de víctimas de minas antipersonal (enero-mayo 2020) de Descontamina Colombia.

de victimización se concentran en zonas como Chocó, Antioquia, Nariño y Norte de Santander. Adicionalmente, en el marco de estas disputas, se observa una estrategia del ELN para contener la ofensiva militar a través del uso de minas antipersona, lo cual es plenamente visible en la concentración del 92%4 de las víctimas de estos artefactos durante enero y mayo del 2020 en zonas de presencia del ELN; puntualmente en 19 municipios de seis (6) departamentos (Mapa 1), de los 17 en los que este tiene presencia.

Los toques de queda y las amenazas son repertorios más recurrentes en las zonas en que el ELN ha alcanzado una mayor inserción a las dinámicas sociales, dentro de las que asume una función de control y regulación de actividades y procesos sociales a través de normas de conducta y prohibiciones dirigidas a la población civil, tal como ocurre en Arauca, Nariño, el Catatumbo (Norte de Santander) y el sur de Bolívar.

Repertorio de Acción durante la pandemia por COVID-19

Durante el periodo de aislamiento obligatorio por la COVID-19 se han registrado, por lo menos, 27 acciones bélicas y 22 afectaciones a DDHH vinculadas al ELN. Estas se han concentrado en Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Venezuela. Todas permiten ver la variedad organizativa de esta estructura armada ilegal.

Por un lado, se observa un ELN en Arauca con presencia hegemónica y una importante capacidad bélica que se traduce a un amplio control social y una capacidad ofensiva de accionar bélico que se muestra, entre otras cosas, en la imposición de restricciones de movilidad a la población civil, acciones contra la Fuerza Pública e infraestructura petrolera en pleno aislamiento obligatorio por la COVID-19. La inexistencia de disputas con otros armados ilegales, a pesar de la presencia del Grupo Armado PostFarc-GAPF Estructura Décima Martin Villa en

el departamento, ha conducido a un desescalonamiento mucho mayor de la violencia contra la población civil que la registrada en otros departamentos durante el periodo de aislamiento por la COVID-19. “Ahora sí se están es enfrentado entre armados, nos han dejado como población civil mucho más tranquilos”, asegura una líder social de Arauca al referirse al comportamiento del ELN entre marzo y junio de 2020.

Por otro lado, se observa un ELN en diputa con otros actores armados ilegales en el marco de una presencia territorial compartida, tal como sucede en Antioquia, Chocó, Norte de Santander, Cauca y Nariño, donde la estrategia de expansión a municipios de antiguo control de FARC-EP les ha costado fuertes enfrentamientos con actores como Clan del Golfo, EPL o Pelusos, y GAPF como el Frente Oliver Sinisterra, entre otros. Antioquia y Chocó han constituido los principales

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escenarios de enfrentamiento, intensificándose incluso en época de aislamiento obligatorio, como si ello hubiese supuesto una oportunidad para que el ELN avanzara en la ofensiva contra sus enemigos. A continuación, algunos de los principales escenarios de disputa.

En lo que respecta a Antioquia y Chocó el ELN ha mantenido durante cuarentena enfrentamientos con el Clan del Golfo, grupo con el cual está en disputa desde el año 2016 por el control de la minería ilegal y el narcotráfico, especialmente desde una actividad regulatoria a través del gramaje. Los excombatientes en proceso de reincorporación en el municipio de Frontino, Antioquia, han sido unos de los principales afectados de estos enfrentamientos; en el mes de abril tres de ellos junto a sus familias tuvieron que salir del Nuevo Punto de Reagrupamiento (NPR), ubicado en el municipio, luego de recibir amenazas de muerte por parte del Clan del Golfo en el marco de la disputa con el grupo guerrillero del ELN (Pares, 2020).

En el Chocó, durante el 2018, ambos grupos habían acordado un pacto de no agresión. No obstante, dicho acuerdo parece haber terminado a finales del 2019, teniendo que en lo corrido del año 2020 y de manera especial durante la cuarentena nacional se ha registrado una intensificación de los enfrentamientos entre ambos grupos, dejando, entre otros, un saldo de 393 personas (74 familias) desplazadas de la comunidad Embera y 969 personas confinadas en zona rural del municipio de Bojayá luego de varios días de enfrentamientos a finales del mes de marzo e inicios de abril (OCHA, 2020).

Las disputas entre estos grupos al sur del departamento en el Chocó, en el Litoral de San Juan, han conducido igualmente al confinamiento de las comunidades de la zona, produciendo, incluso, la muerte de un menor de edad de la comunidad Wounnan, quien estando en grave estado de salud no logró ser transportado al centro de salud de la cabecera del municipio por las operaciones de control militar impuestas por estos Grupos Armados (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2020).

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo (Alerta Temprana 025-19, 2019), los enfrentamientos en Litoral de San Juan, sur del Chocó, obedecen a la:

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Posición geoestratégica del municipio y las ventajas derivadas de su condición, por contar con la salida al océano Pacífico y comunicar por esta vía con el municipio Buenaventura y hacia el departamento del Valle del Cauca y Risaralda, utilizando la zona de esteros, los cuales permiten la movilidad de los Grupos Armados ilegales, el tráfico de drogas, armas provenientes del Chocó y del interior del país para su comercialización y embarques hacia los mercados internacionales.

Situación similar se encuentra en Cauca y Nariño. Sin embargo, la disputa del ELN allí tiene como objetivo los GAPF Frente Carlos Patiño y Jaime Martínez en el Cauca y el Frente Oliver Siniestra en Nariño. Contra estos grupos, el ELN ha anunciado abiertamente su lucha declarando toques de queda y advirtiendo acciones violentas como respuesta a la violencia ejercida por estos grupos contra la población civil, entre estas el asesinato de dos líderes sociales, el reclutamiento de una menor

de edad que luego murió en combate con el Ejército Nacional, entre otros. “Debido a lo anteriormente mencionado hacemos saber a todas las comunidades que el Ejército de Liberación Nacional –ELN- seguirá combatiendo estas bandas criminales hasta el punto que sean exterminadas” (ELN, 2020). Tras ello, existe un interés financiero por el control de las economías ilegales que tienen lugar entre ambos departamentos relacionado con los cultivos de coca.

Panfleto del 19 de abril de 2020 difundido por el ELN en Argelia, Cauca.

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Mientras tanto, hacia el oriente del país el ELN mantiene una disputa contra el EPL o Pelusos en la subregión del Catatumbo y los Rastrojos en el área metropolitana de Cúcuta. Desde el Paro Armado declarado por el ELN y el EPL en el Catatumbo, empezó a observarse una avanzada hacia la frontera del Área Metropolitana de Cúcuta donde produjo el repliegue de Los Rastrojos, aliados del EPL, de su puesto de control principal en Bocas de Grita, Táchira, Venezuela, generando, incluso, enfrentamientos entre este último grupo y las Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La disputa contra los Rastrojos en Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario obedece a un enfrentamiento por el control de las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales fronterizas bajo amplio control de este Grupo Armado Organizado (Pares, 2020b), tales como las trochas, las cuales son particularmente clave en Norte de Santander para la movilidad de insumos para la producción y distribución del clorhidrato de cocaína. Según fuentes en terreno, incluso durante la cuarentena nacional y en medio del cierre de la frontera, varias de las trochas permanecieron activas permitiendo así el transporte de insumos para el procesamiento de base de coca y clorhidrato de cocaína en pasos ilegales como La Piragua y Boca de Grita, en Puerto Santander; El Águila, La Carbonera y El Escobal, en Cúcuta; además de aquellas ubicadas en Tibú en

el sector conocido como Tres Bocas.

Adicionalmente, en lo que respecta a economías ilegales distintas al narcotráfico, estas trochas representan un incentivo para el ELN en la medida que este grupo armado ilegal “controla, hoy, un altísimo porcentaje de negocios como el contrabando de combustible, cárnicos y carbón, y la extorsión y el secuestro. Todo ello se hace, en parte, a expensas de población migrante reclutada y de un trabajo político silencioso, pero sostenido, entre el tejido social: entidades culturales, productivas y educativas y redes sociales y comunitarias penetradas pacientemente” (El Colombiano, 2020)5 Situación que evidencia el lugar que el ELN ha ganado a ambos lados de la frontera, especialmente en los sectores de los Estados de Zulia y Táchira colindantes con el Catatumbo y Área Metropolitana de Cúcuta, además del Estado de Apure en límites con Arauca. Pues, aunque la presencia del ELN en el país vecino ha sido histórica6, esta ha salido a la luz más contundentemente a través de un accionar bélico reciente muy activo, aún en medio del cierre fronterizo resultado de las medidas de aislamiento por la COVID-19, sumado a lo que parece un espaldarazo político-militar la inoperancia de la Fuerza Pública venezolana ante su accionar.

Los efectos de estas disputas del ELN con otros Grupos Armados ilegales sobre la población civil son plenamente visibles,

5 No obstante, la disputa entre el ELN y los Rastrojos en esta zona del departamento sigue obedeciendo principalmente al control de las rutas del narcotráfico, teniendo en cuenta la mayor relevancia que adquiere esta economía en el marco del municipio con mayor concentración de cultivos de coca en el país, Tibú (19.892 has) (UNODC , 2019). 6 “Donde hay fuerzas del ELN hay mandos del ELN y también hay una realidad muy concreta, todas esas comunidades son binacionales o sea tienen las 2 nacionalidades, cada niño o niña que nace en esa frontera le sacan las 2 cédulas; muchos de nuestros Comandantes y nuestros combatientes tienen las 2 cédulas, […] eso siempre ha sido así, esto es lo que pasa con el ELN” (Pablo Beltrán en Agencia de noticias Reuter. Entrevista realizada el 28 de mayo de 2020).

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entre otras cosas, al observar la violencia homicida a nivel nacional durante los meses en los que se ha extendido la cuarentena nacional en comparación el mismo periodo de 2019, a partir de cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML, 2020). Teniendo así que, el número de homicidios aumentó, entre marzo y mayo de 2020, en algunos de los municipios que reportan presencia simultánea del ELN y otros grupos armados, tales como Frontino (con un incremento del 200%) en Antioquia; El Tambo (260%) y Mercaderes (500%) en Cauca; Quibdó (207%) en Chocó; Leiva (300%) en Nariño; Puerto Santander (250%) y El Tarra (300%) en Norte de Santander, entre otros.

Igualmente, como ya se ha expuesto a lo largo del documento, producto de estos escenarios de disputa en plena emergencia sanitaria por la COVID-19 han sido recurrentes en estas zonas del país los hechos de desplazamiento forzado, confinamiento, toque de queda7, amenaza8 , secuestro9 , y, de manera especial, reclutamiento forzado, según confirman fuentes en territorio y Procuraduría General de la Nación (2020). Preocupa de la misma manera el aumento del número de víctimas por minas antipersonal. Entre enero y mayo del 2020 en 19 municipios (Gráfica 1) de

6 departamentos de los 17 en los que el ELN hace presencia se han registrado un total de 59 víctimas, cifra que corresponde al 92% del total de víctimas del país para 2020, 64 personas. En 2019, durante este mismo periodo, se reportaron a nivel nacional 61 víctimas, según datos de (Descontamina Colombia, 2020). Pablo Beltrán, integrante del Comando Central del ELN y parte de la Delegación de Diálogos, confirmó recientemente el recurrente uso de esto artefactos, señalando: “Se usan defensivamente y ofensivamente, todos los campamentos nuestros tienen aseguramientos periféricos con minados, igual que todas las bases del Ejército y de la Policía, Colombia es un país en Guerra y el minado es el mejor soldado.” Agencia de noticias Reuter. Entrevista realizada el 28 de mayo de 2020.

7Toques de queda obligatorios, a excepción de situaciones de emergencias de salud o funerales. “las personas que sean sorprendidas divagando por las calles, las vías o en cualquier otro lugar donde pueda ser contagiado nos veremos en la obligación de darle su merecido castigo. / las personas que sean portadores del virus COVID 19, y no se hayan auto aislado y anden propagando dicha enfermedad, tendrán su castigo revolucionario” Frente de guerra Jaime Toño Obando del Ejército de Liberación Nacional.8 Amenazas por desobediencia a las medidas de aislamiento. “El no hacer caso al llamado con la intención de salvar muchas vidas, las suyas serán las que rendirán cuentas ante ELN evitemos una calamidad tan grande…” Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Ejército de Liberación Nacional. Amenazas también dirigidas a entidades bancarias y prestamistas gota a gota para que detengan el cobro de pagos a la comunidad. “Entidades bancarias abstenerse de cobrar cuotas bancarias. Prestamistas o gota gotas parar sus cobros hasta el día 30 marzo con fines que las personas que subsisten del diario vivir puedan hacer sus compras para cualquier cuarentena” Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del Ejército de Liberación Nacional.9 22 personas secuestradas entre enero y mayo (Grupo de Información Estadística Mindefensa, 2020).

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10 En todos los municipios de la gráfica se identifica presencia del ELN, excepto aquellos resaltados en color verde.

Gráfica: Elaboración propia a partir de cifras de Descontamina Colombia (2020).

En lo que respecta a la Fuerza Pública a nivel nacional, se identifica un amplio número de combates, hostigamientos y dadas de baja en los que el ELN ha estado involucrado; 36 hechos entre el 24 de marzo y 24 de junio de 2020 (SIPARES, 2020). El Ministerio de Defensa registra un balance, a corte del mes de mayo de 2020, de 16 miembros del ELN muertos en operaciones, además de, 116 miembros desmovilizados, 176 capturados, entre enero y mayo del 2020 (Grupo de Información Estadística Mindefensa, 2020). La captura de miembros del ELN se ha concentrado especialmente en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Bolívar. En este último departamento, en el municipio de Montecristo, sur de Bolívar, el 14 de mayo de 2020 fueron dados de baja alias ‘Gallero’, integrante de la

Dirección Nacional del ELN y delegado por el Comando Central ante el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, y cuatro (4) guerrilleros más (Semana, 2020), luego de un bombardeo de la Fuerza Pública que fue calificado por el ELN como un uso desproporcionado de la fuerza (Agencia de noticias Reuter, 2020).

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Principales conclusiones

• Se mantiene la consolidación y fortalecimiento militar y social del ELN en zonas de presencia histórica como Arauca, Norte de Santander, Chocó y Nariño que empezó a visibilizarse a partir del 2017 y se ha intensificado desde el 2019, luego de levantada la Mesa de Diálogo con el gobierno de Iván Duque. Esta se ha evidenciado más claramente en el accionar bélico durante la emergencia sanitaria por la COVID-19, tiempo durante el cual, a pesar del cumplimiento del Cese el Fuego Unilateral por parte del ELN durante el mes de abril como gesto humanitario en medio de la coyuntura, este grupo guerrillero ha mantenido acciones ofensivas, especialmente, contra Clan del Golfo, Los Rastrojos y GAPF, además de la Fuerza Pública, en los territorios ya mencionados

• No obstante, se observan zonas de menor actividad donde las acciones de estos mismos grupos de confrontación, especialmente, la Fuerza Pública ha generado significativos golpes al ELN, tal como ocurre en el Sur de Bolívar o en el departamento del Cauca con el repliegue producto de la ofensiva de los GAPF. La disputa con otras Estructuras Armadas Ilegales, como los GAPF, empieza a responder al escenario de crecimiento de estos últimos grupos en el país, lo cual produce una dinámica aceleradamente cambiante respecto a alianzas y disputas por el control del territorio.

• Las afectaciones a derechos humanos en tiempos de cuarentena nacional por parte del ELN han obedecido, principalmente, a los combates que sostiene con las otras estructuras armadas ilegales, teniendo así que estas se relacionan con afectaciones por el uso de minas antipersonal, desplazamiento forzado y confinamiento. Siendo de menor proporción los hechos de violencia directa contra la población civil atribuibles al grupo, a excepción del secuestro y el reclutamiento forzado. Sin que ello signifique que la violencia homicida no represente un escenario característico de las zonas donde este grupo hace presencia y se enfrenta con otras Estructuras Armadas Ilegales. El control social del ELN alrededor de las medidas de aislamiento por la COVID-19 a través de toques de queda, restricciones a la movilidad, puestos de control, así como amenazas de muerte a las personas que no acaten estas medidas, es mucho más contundente en las zonas de mayor hegemonía de esta estructura armada.

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• Las posibilidades de diálogo entre el Gobierno Nacional y el grupo guerrillero son casi inexistentes a pesar de la reiterada disposición de la Delegación de Diálogos del ELN. En primer lugar, por la resistencia del gobierno de Iván Duque a continuar con estos, bajo el argumento del accionar criminal continuo del ELN, reiterado aún durante la más recientes solicitud formal del ELN de un Cese el Fuego Bilateral, a partir del llamado del Concejo de Seguridad de la ONU a detener las hostilidades. En segundo lugar, por un escenario de contexto cada vez menos propicio para la configuración de unos incentivos para el ELN, especialmente el de aquellos frentes y comandancias que insisten en el fortalecimiento de la vía armada.

• Así, por un lado, los incumplimientos al Acuerdo de Paz y el creciente asesinato selectivo de excombatientes vinculados al proceso de reincorporación. Por otro lado, la consolidación de una presencia del grupo armado ilegal a ambos lados de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, donde amplía su control militar, social y sobre las principales economías ilegales de esta zona del país, entre estas, el narcotráfico en Norte de Santander, el contrabando en Arauca y la minería ilegal en el departamento del Vichada, hacen muy difícil una salida negocia en estos momentos.

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Grupos Armados PostFarc perspectiva nacional en tiempos de COVID-19

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Como Grupos Armados PostFarc, en adelante GAPF, la Fundación Paz y Reconciliación entiende a aquellos grupos armados ilegales, conformados principalmente por algunos excombatientes de las extintas FARC-EP, que nunca participaron o no continuaron en el proceso de paz y decidieron rearmase para continuar actividades ilegales. Se trata de grupos heterogéneos que difieren en sus motivaciones, composición y forma de organización que, además, han demostrado tener un carácter muy dinámico dentro del cual se producen de manera constante surgimientos de nuevos grupos y disputas entre estos mismos. Características de un fenómeno complejo a partir de las cuales es importante comprender y analizar su existencia y accionar. No son entendidos como disidencias o desertores, teniendo en cuenta que las dinámicas regionales evidencian, en algunos casos, que la unificación de estructuras no necesariamente

responde a un carácter político y, en la mayoría de los casos, se trata de estructuras motivadas exclusivamente por su participación en las economías de guerra que manejaban las extintas FARC-EP.

A continuación, se presenta una breve caracterización de estos grupos a partir de su surgimiento, presencia territorial, estructura organizacional y accionar actual, con énfasis en el periodo de cuarentena nacional por la COVID-19. Seguido, se presentan los principales escenarios de disputa que explican las dinámicas de violencia recientes en departamentos donde se concentra la presencia de la mayoría de estos GAPF, al sur y occidente del país. Por último, se plantea un escenario de reconfiguración respecto a las alianzas y disputas de estos GAPF que rápidamente estarían reorganizándose a partir de dos comandancias que separadamente reclaman la unificación de dichos grupos a lo largo del país.

Presencia, estructura organizacional y accionar

Los primeros Grupos Armados PostFarc (GAPF) en Colombia se conformaron en la Amazonía y Pacífico Colombiano. En la Amazonía surgieron con alrededor de 300 exmiembros del Frente 1 y 7 de las FARC, quienes no participaron en el proceso y continuaron actividades ilegales en Guaviare, Guainía y Vaupés, en lo que actualmente se conoce como GAPF Frente primero o Bloque Suroriental, del cual surgen otras estructuras bajo el mando de Gentil Duarte, quien se declaró fuera del Acuerdo de Paz y, en alianza con Néstor Gregorio Fernández,

alias ‘Iván Mordisco’, se unió en Guaviare a los excombatientes que ya se habían retirado del proceso. Es así como empieza a gestarse el GAPF más grande que actualmente tiene presencia en el país, al mando de un guerrillero de más de 40 años de experiencia en las FARC. De acuerdo con información de inteligencia militar, actualmente Gentil Duarte tendría a su mando 1.700 hombres y mujeres en armas, lo cual representa el 65% del total de combatientes vinculados a GAPF en el país.

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Por otro lado, en el pacífico, específicamente en el municipio de Tumaco, Nariño, más de 200 hombres exmiembros de FARC empezaron a conformar los grupos Gente de Orden, Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y Frente Oliver Sinisterra (FOS). El primero de estos grupos surge a mediados de 2016 en zona rural de Tumaco con 200 personas, la mitad de ellas exmilicianos del grupo guerrillero que no se acogieron al proceso de paz, al igual que los miembros del segundo grupo (GUP), conformado por algunos exmiembros del frente 29, al mando inicialmente de ‘Don Ye’. Por su parte, el Frente Oliver Sinisterra, uno de los más grandes de la región, se conformó con algunos exintegrantes de la columna móvil Daniel Aldana, bajo la comandancia de Walter Patricio Arizala, alias ‘Guacho’, quien en 2017 aseguró comandar una estructura de 250 hombres que se habrían reorganizado luego de la dejación de armas de las FARC, mientras se iniciaba el preagrupamiento de la vereda El Playón, Tumaco.

Este último tipo de GAPF que la Fundación Paz y Reconciliación ha denominado GAPF dispersos se caracteriza por tres aspectos. En primer lugar, por el carácter autónomo y desarticulado que adquirieron respecto a los GAPF que se alinearon bajo la comandancia de Gentil Duarte al momento de su organización, expresando de esta manera una ausencia de aspiración a consolidarse dentro de una estructura mayor con carácter nacional. Esto por lo menos inicialmente, pues, como se presentará más adelante, durante la época de pandemia por la COVID-19 se ha visibilizado un escenario de reconfiguración criminal dentro del

cual algunos de estos GAPF dispersos han empezado a acogerse a los lineamientos de GAPF como los liderados por Gentil Duarte. En segundo lugar, por un repertorio de violencia caracterizado por los asesinatos selectivos a líderes y lideresas sociales. En tercer lugar, por su origen y accionar predatorio al occidente del país, especialmente en el suroccidente colombiano alrededor de los cultivos de uso ilícito: producción, control y exportación de clorhidrato de cocaína. Teniendo algunos de ellos, incluso, alianzas con grupos como el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más grandes del país que controlan en 45% de la salida de droga (Ávila, 2017). La Fundación Paz y Reconciliación, de acuerdo con las recientes cifras, estima que estos GAPF dispersos reunirían más de 700 combatientes en la actualidad.

Todos estos primeros GAPF, consolidados en apenas dos años entres finales de 2016 y 2018, fueron apenas el inicio de un importante fenómeno que ha adquirido mayor fuerza con el surgimiento de nuevos GAPF en estas y otras regiones del país, sobre todo, en departamentos donde ya había una presencia significativa de este tipo de estructuras: Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, entre otros. Se trata de 10 grupos consolidados posterior a la declaración de la “Segunda Marquetalia” en agosto de 2019, cuando un grupo de excomandantes de las extintas FARC : Iván Márquez, Jesús Santrich, ‘El Paisa’ y ‘Romaña’ anunciaron que liderarían el reordenamiento de esta guerrilla alzándose nuevamente en armas en zonas de antigua influencia. A partir de este momento, se han organizado bajo esa dirección los GAPF Frente

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18, Frente 5, una facción del frente Décimo Martín Villa, Frente 33 Danilo García, entre otros. Según información de inteligencia, desde su regreso a las armas la Segunda Marquetalia contaría con 202 combatientes.

Este panorama tiene como resultado una presencia a nivel nacional de 30 GAPF, entre los organizados por Duarte, Márquez y los GAPF dispersos, a lo largo de 113 municipios (44 de los cuales hacen parte de los 281 municipios priorizados para el posconflicto o de antigua presencia de las extintas FARC-EP) de 19 departamentos, entre los que registran una amplia presencia territorial Cauca, Nariño, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo y Antioquia (Mapa 1). Su acelerado crecimiento entre 2016 y 2020 se observa más claramente en el aumento del número de excombatientes vinculados a estos grupos, pasando de 1600 hombres y mujeres en armas en 2018, más de 1800 a finales de 2019 en 85 municipios (Pares, 2019), a 2600 combatientes para mayo de 2020 como resultado de nuevos reclutamientos. El 94% de excombatientes en proceso de reincorporación, correspondiente a 12.767 excombatientes de un total de 13.510 (Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), 2020), que actualmente se mantienen en dicho proceso luego de la firma del Acuerdo de Paz, confirma que los reclutamientos de estos GAPF no corresponden a reincidencia de antiguos combatientes de FARC-EP que se acogieron al proceso de paz, sino principalmente a nuevos reclutamientos entre población civil, combatientes que nunca se acogieron al Acuerdo y personas vinculadas a otros grupos armados ilegales.

La multiplicidad de los GAPF a lo largo del país ha implicado la existencia de disputas y alianzas entre estos mismos y otro tipo de grupos armados ilegales como Clan del Golfo, ELN y EPL. De manera que en las zonas de mayor presencia de GAPF se observan unas dinámicas de violencia que han evolucionado rápidamente encendiendo las alarmas, tanto en materia de derechos humanos como en el comportamiento de las principales economías ilegales en estos territorios. El accionar de los GAPF en medio de la cuarentena nacional evidencia el aprovechamiento de las medidas de aislamiento obligatorio por parte de estos para desplegar una fuerte violencia contra sus objetivos militares, tanto de otros grupos armados ilegales, como de la sociedad civil, teniendo así un preocupante balance de asesinatos selectivos en las zonas de presencia de estos grupos.

El asesinato selectivo hace parte de uno de los repertorios de violencia más recurrentes de estos grupos. De 81 asesinatos selectivos registrados a nivel nacional entre el 24 de marzo y 30 de junio de 2020 en el Sistema de Información de la Fundación Paz y Reconciliación SIPARES, 23 han sido identificados como autoría de GAPF en Cauca (18), Antioquia (3), Putumayo (1) y Tolima (1); de estas víctimas cuatro (4) eran líderes indígenas, dos (2) líderes comunales –JAC, dos (2) líderes campesinos, dos (2) personas en proceso de reincorporación y (dos) 2 familiares de estas, entre otros.

También producto de la presencia de estos GAPF y, sobre todo, de las disputas que libran por el control territorial, se identifica un incremento de homicidios en plena cuarentena nacional en 29

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municipios de los 113 en los que tienen presencia, según tasas de homicidios comparadas de los meses entre marzo y mayo del 2019 y 2020, a partir de cifras de Medicina Legal (INML, 2020). Entre los más alarmantes se encuentran Uribe (350%), Meta; El Tarra (247%), Norte de Santander; El Tambo (159%) y Toribío (150%), Cauca; Puerto Asís (141%) y Puerto Leguízamo (103%), Putumayo; y Yarumal (100%), Antioquia (Mapa 1).

En plena cuarentena nacional, entre el 24 de marzo y el 30 de junio, la Fundación Paz y Reconciliación ha

identificado 64 afectaciones a derechos humanos y 69 acciones bélicas relacionadas con GAPF (SIPARES, 2020). Las afectaciones a DDHH se concentran principalmente en Cauca, Nariño, Antioquia, Caquetá, Arauca, Putumayo y Tolima, donde se registran, además de los hechos victimizantes ya relacionados, desaparición, desplazamiento forzado y amenazas dirigidas a líderes y lideresas sociales (Gráfica 1). Además de un control social violento desmedido, a propósito de las medidas de aislamiento por la COVID-19.

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En lo que respecta a las 69 acciones bélicas, estas están relacionadas con los enfrentamientos por el control territorial con otras estructuras armadas ilegales. Los combates con Fuerza Pública no hacen parte del repertorio bélico recurrente de los GAPF, lo que soporta una caracterización de estos grupos a partir de sus intereses económicos predatorios y al margen de intereses políticos, a pesar del legado subversivo que autoproclaman la mayoría de estos con supuestos intereses de desestabilización del Estado. A esto se suma un relacionamiento con la población civil que no corresponde a un proyecto de articulación a los procesos sociales de las comunidades, sino por el contrario, una imposición de poder a

través de la violencia. De manera que las acciones bélicas

se concentran en la disputa con otros actores armados alrededor del control de las economías ilícitas, especialmente, al occidente del país. La violencia en esta zona corresponde, entre otras cosas, a la dinámica de los GAPF ubicados a lo largo de la región Pacífico, donde se ubican especialmente los GAPF dispersos como el GAPF Frente Oliver Sinisterra, GAPF Guerrillas Unidas del Pacífico, Frente Estiven González, GAPF Frente Carlos Patiño y GAPF Rafael Aguilera o Frente 30. Además de los dos GAPF dispersos restantes, ubicados fuera de la región en los departamentos de Antioquia (GAPF Frente 36) y Putumayo (GAPF Frente 48). Estos son escenario

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de las más fuertes disputas alrededor de las rentas del narcotráfico, como resultado de su lugar estratégico en la producción y exportación de clorhidrato de cocaína. En primer lugar, por tratarse de la zona con mayor concentración de cultivos de coca a nivel nacional, según cifras de UNODC (2019), con municipios como Tumaco (11.830has) y El Charco (5.318) en Nariño; El Tambo (7.102has), Cauca; y Puerto Asís (6.809has), Putumayo. En segundo lugar, por su conexión internacional a través del océano pacífico. Adicionalmente, por el incentivo que representan las rentas criminales alrededor de la minería ilegal. Las principales disputas de estos GAPF dispersos en esta zona del país se producen con el Clan del Golfo, ELN, EPL y los GAPF de Gentil Duarte y la Segunda Marquetalia, siendo el Cauca uno de los principales escenarios11 .

La disputa contra el Clan del Golfo es particularmente fuerte en el departamento de Antioquia, donde el GAPF Frente 18, al mando de alias Román Ruíz, adscrito a la línea de GAPF liderados por Iván Márquez, ha acordado una alianza militar con Caparros en los municipios de Tarazá e Ituango, además del sur de Córdoba, para atacar esta estructura armada. La confrontación entre estos grupos se produce por el control del procesamiento de clorhidrato de cocaína y las rutas de comercialización, teniendo en cuenta tres factores (Alerta Temprana 004 – 20). En primer lugar, el rápido crecimiento que ha tenido en el municipio de Ituango el GAPF Frente 18. En segundo lugar, las presuntas “alianzas con emisarios de

carteles de droga centroamericanos a quienes les venden la coca que se cultiva y procesa en los alrededores del Nudo de Paramillo” (AT 044-20). En tercer lugar, lo que pareciera ser una disminución en la capacidad de actuación del GAPF Frente 36, comandadas por alias “Cabuyo”, ante los operativos de la Fuerza Pública en su contra.

Preocupa la forma en que los enfrentamientos entre estas estructuras armadas ilegales no se han detenido durante la pandemia por COVID-19, teniendo así combates en Antioquia entre abril y mayo de 2020 que han producido el confinamiento y posterior desplazamiento forzado de más de 90 personas en Ituango que se ha visto obligada a movilizarse hacia el ETCR de la vereda Santa Lucía del mismo municipio (Caracol Radio, 2020), buscando refugiarse de los enfrentamientos entre ambos grupos armados ilegales, que han dejado cuatro civiles asesinados.

En Putumayo, como en el Cauca y Nariño, se da por el contrario una intensa disputa entre GAPF. En este departamento específicamente entre el GAPF Frente Carolina Ramírez, de la línea comandada por Gentil Duarte, y los GAPF dispersos Frente 32 y 48, relacionados con la organización criminal La Constru y un reciente grupo del que no se conocen aún mayor información autodenominado La Mafia Sinaloa. Estos enfrentamientos, además de amenazas diarias a los pobladores y líderes y lideresas sociales, ha dejado un saldo durante la cuarentena nacional, entre el 24 de marzo y junio de 2020, dos (2) excombatientes en proceso de

11 En el apartado dedicado al Norte del Cauca se desarrolla en detalle este contexto.

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reincorporación asesinados y un (1) presidente de Junta de Acción Comunal (JAC) (SIPARES, 2020). Al igual que en los departamentos ya relacionados, la disputa se da principalmente por el manejo de los cultivos de coca y los laboratorios de producción o cristalizadores ubicados en el departamento, particularmente en el municipio de Puerto Asís. Así como por las rutas de distribución que comunican al Putumayo con el Ecuador, desde donde es enviada a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Situación similar se presenta en Nariño en los municipios del Triángulo del Telembí y orillas del Río Patía, donde durante los últimos meses, entre mayo y junio de 2020, en plena pandemia por la COVID-19, se han presentado combates entre el GAPF disperso Frente Oliver Sinisterra, presuntamente alineado hace apenas unos meses a la línea de Gentil Duarte, y el GAPF Frente 30, que estaría compuesto por disidentes del FOS y estaría adscrito recientemente a los lineamientos de la Segunda Marquetalia en cabeza de Iván Márquez, que han ocasionado el desplazamiento forzado de varias comunidades reporta que el 82% de las personas desplazadas a nivel nacional entre enero y mayo de 2020 se han concentrado en departamentos de la región pacífico. El 74% de las personas desplazadas corresponde a personas de comunidades afrocolombianas (49%) e indígenas (25%). El 30% de los confinamientos se concentran en los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño, afectando a comunidades étnicas. Las desapariciones, homicidios con señales de tortura, restricciones de movilidad y amenazas a población civil, especialmente migrante, en Nariño son apenas algunos de los repertorios de

violencia que se han mantenido durante la emergencia sanitaria.

Este tipo de enfrentamientos se hacen cada vez más recurrentes entre los GAPF a nivel nacional, quienes hasta mediados de 2019 se venían enfrentando, por lo general, con otras estructuras armadas ilegales o entre los GAPF dispersos y los reconocidos bajo la línea de Gentil Duarte, pero que luego de finales de 2019, con el surgimiento de la línea de la Segunda Marquetalia, empiezan a generar algunas reconfiguraciones, dentro de las cuales este último tipo de GAPF se ve avanzar muy rápidamente.

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¿Adhesión de los GAPF dispersos a los GAPF de Gentil Duarte e Iván Márquez?

La intensificación de estas disputas entre GAPF, plenamente visible durante la pandemia por la COVID-19, deben comprenderse a la luz de un aspecto clave. La importancia organizativa que reviste Gentil Duarte para los GAPF del país que actualmente responden a este lineamiento, pues la capacidad militar y económica de las GAPF que lidera, empezando por el GAPF Frente Primero, se observa en la concentración de armamento en la zona sur del país donde este se ubica y el control cada vez mayor que adquiere en la cadena del narcotráfico.

Lo primero, se evidencia, en recientes y recurrentes operaciones de Fuerza Pública en Guaviare, Putumayo y Meta, donde se han hallado fábricas clandestinas de explosivos y depósitos de armas largas y demás material bélico perteneciente al GAPF Frente 112 ; por lo menos cinco (5) hallazgos de este tipo por parte del Ejército durante la emergencia sanitaria (SIPARES, 2020). Lo segundo evidenciado en que Gentil Duarte “tiene estructuras propias de cultivos y producción de coca, llegando a tener la fábrica más grande de cocaína en Colombia [Tibú, Norte de Santander], con un gran poder económico y armado” (La Opinión, 2020), que le permite controlar el 20% de cultivos ilícitos en la subregión del Catatumbo a través de la participación en buena parte de la cadena del narcotráfico, teniendo cultivos de coca propios, laboratorios

y algunas rutas hacia Venezuela, según reporta la misma fuente. Igualmente, desde los departamentos de Caquetá, sur del Meta y occidente del Guaviare estaría gestando una importante ruta de narcotráfico desde la Orinoquía y la Amazonía a las fronteras de Brasil y Venezuela, en el marco de una presunta relación con Cartel de Sinaloa a través de los GAPF Frente Séptimo y 16.

Estas capacidades se traducen a mayores incentivos para los GAPF que ya son apoyados por este mando, pero también para los GAPF dispersos, con menor capacidad bélica por presencia territorial y número de combatientes, y que pueden ser objeto de adhesión por parte de una estructura mayor como la que pretende organizar Duarte bajo su comandancia. Esto, a su vez, supone una amenaza para la línea de Iván Márquez que, además de venir en crecimiento, ha buscado unificar bajo la Segunda Marquetalia a los GAPF del país, invitando incluso a Gentil Duarte a formar parte de dicho proyecto.

Tras la imposibilidad de la consolidación de ambos mandos por el rechazo contundente de Duarte a tal propuesta, parece entonces configurarse una intensificación de los enfrentamientos entre los GAPF que lideran ambas comandancias y que implicara una disputa por la adhesión a sus filas de los GAPF dispersos. Escenario de acaparamiento dentro del cual estos

12 Este panorama permite pensar en el “legado bélico” que, siguiendo el poder que tuvo el Frente 1 de las extintas FARC en esta zona del país, busca abanderar Gentil Duarte con la reunión de GAPF que recoge y pretende unificar.

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últimos han respondido de manera violenta y, en apenas algunos casos, bajo el panorama de los incentivos militares y económicos relacionados con el narcotráfico han cedido a adherirse a lineamientos más amplios como los de Gentil Duarte, tal como lo evidencia el caso en Cauca y se presume en Nariño. Pues información de fuentes secundarias, sobre la que aún no se obtiene confirmación suficiente a través de fuentes en terreno, señalan que el GAPF disperso Frente Oliver Sinisterra (FOS), ubicado en Nariño con 350 combatiente, “hoy está dividido entre la lealtad a Duarte y Márquez”, ya que alias Andrés o Allende, segundo al mando de este grupo, habría sido llamado por Gentil Duarte y nombrado jefe del Bloque Occidental, una nueva estructura subordinada al mando de Duarte. “Este comandante se comprometió con ‘Andrés’ a apoyarlo con hombres y armas, y con ser su enlace directo con los carteles mexicanos”.

Por su parte, alias ‘Comandante Gringo’, principal cabecilla del FOS se habría alineado a Márquez y su “Segunda Marquetalia”.

Reconfiguración que permitiría comprender las intensas disputas en del Triángulo del Telembí y orillas del Río Patía que han tenido lugar durante la cuarentena nacional por COVID-19 y han recrudecido la compleja situación humanitaria.

El avance y escalamiento de estos enfrentamientos entre los GAPF agrupados por Duarte y Márquez ya se han presentado, además de los departamentos resaltados a lo largo del texto, en zona fronteriza de Arauca y Norte de Santander con Venezuela, donde combatientes y comandantes de la Segunda Marquetalia tendrían una importante presencia (La Opinión, 2020). No obstante, en esta zona oriente del país, con los GAPF Frente 33 Mariscal Sucre (Catatumbo, Norte de Santander) y la Estructura Décima Martín Villa (Arauca) se observa una clara consolidación del poder de Duarte. El pronunciamiento del comandante del GAPF Frente 33, ubicado en el Catatumbo, es muy diciente de la brecha cada vez más amplia entre esta comandancia respecto a la de Márquez.

“Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros, se hacen llamar la Segunda Marquetalia, proyecto que hasta el día de hoy no ha sido consultado con todas las unidades guerrilleras desplegadas a lo largo y ancho del territorio nacional; por tal razón, no nos identificamos con esta propuesta. […] Decidimos darle continuidad al proyecto de las Farc-EP con los ideales de nuestros mártires marquetalianos bajo la dirección de los camaradas Gentil Duarte, Iván Mordisco y Eduardo Posada, entre otros”13 . John Milicia, también conocido como John Catatumbo, comandante del GAPF Frente 33, ubicado en la subregión del Catatumbo, Norte de Santander.

13 Un GAPF de la Segunda Marquetalia habría intentado desde mediados del 2019 disputar el poder de John Catatumbo en el GAPF, a través de alias Villa, renunció al proceso de paz sin tener los resultados esperados ya que no consiguió consolidar el GAPF de marquetalianos que también reclamaba las banderas del Frente 33 en el Catatumbo, y que por ahora parecen haber perdido presencia territorial.

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Entonces, por ahora, la línea de GAPF liderada por Márquez ha pronunciado con ahínco su interés por conseguir la estructura organizativa de las extintas FARC-EP sin mayor éxito. Primero, haciendo un llamado a la unificación de los distintos GAPF conformados en el país. Segundo, configurando un organismo central como el Secretariado y el Estado Mayor, además de unos frentes y bloques bajo los cuales

estaría organizada la estructura. Esto, además, como una estrategia militar de actuar en pequeñas comisiones armadas, con campamentos móviles y coordinar, así como estructurar a sus antiguos colaboradores como servicios de inteligencia para que los mantengan informados sobre los desplazamientos de las tropas, además, la presencia de la Policía y la Fiscalía.

Principales conclusiones

• El crecimiento de los GAPF liderados por Márquez y Gentil Duarte, especialmente de este último, ha conducido a una acelerada intensificación de las disputas entre dichos grupos y la reconfiguración de algunos GAPF dispersos que estarían siendo acaparados en una estrategia aislada de unificación por parte de Márquez y Duarte. Dentro de esta es evidente la desventaja de Márquez frente al poder militar y económico, producto de las actividades del narcotráfico, entre otras, que ha adquirido Duarte tanto al sur como al oriente del país, donde ha logrado adherir GAPF dispersos, e incluso, erosionarlos generando rupturas a partir de los incentivos que suponen sus capacidades bélicas y criminales. Constituyéndose así el occidente, especialmente la región del Pacífico, en uno de los escenarios de mayor disputa en este intento de consolidación y en el marco de una relación muy estrecha con el narcotráfico.

• En este contexto es importante avanzar en el seguimiento del lugar de los carteles mexicanos como dinamizadores de estas estructuras y disputas, teniendo en cuenta que podrían adquirir una mayor injerencia de la que hasta ahora se ha identificado.

• Los repertorios de acción de estos GAPF concentrados en los enfrentamientos con estructuras armadas ilegales y la violencia selectiva contra la población civil se han evidenciado plenamente durante la pandemia por COVID-19, tiempo durante el cual han recrudecido su imposición a través de la violencia. En primer lugar, hacía líderes, lideresas sociales

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y excombatientes. En segundo lugar, hacia la población en general de los lugares donde hacen presencia, a quienes ha extendido un control social violento, a través de amenazas, asesinatos y duras restricciones frente a las medidas de aislamiento y prevención producto de la emergencia sanitaria. Complejo escenario humanitario al que se suman desplazamientos forzados y confinamientos como resultado de los enfrentamientos entre estos GAPF u otras estructuras como Clan del Golfo y ELN, entre otras.

• En este sentido, aunque estos GAPF, por lo menos los liderados por Gentil Duarte e Iván Márquez, buscan abanderar el legado de la extinta guerrilla FARC-EP, sus relaciones con la población civil y su estructura organizativa los mantienen lejos de constituirse como dicha estructura guerrillera. En primer lugar, porque su ejercicio violento no evidencia un interés por la articulación y legitimidad dentro de los procesos sociales de las comunidades en las que hacen presencia. En segundo lugar, porque la estructura organizativa que pretenden separadamente Duarte y Márquez, a través de una comandancia general y la existencia de unos GAPF con una gran autonomía, no responderían a la caracterizada verticalidad, homogeneidad y amplia capacidad de cohesión de las extintas FARC-EP.

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Expansión, consolidación y disputas de herederos del paramilitarismo: Clan del Golfo y Caparrapos

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Para agosto de 2020, el Clan del Golfo, hace presencia en 211 municipios del país siendo la estructura armada ilegal más grande de Colombia. Se señala que dicha presencia se concentra principalmente en los departamentos de Antioquia (52 municipios), Bolívar (23 municipios), Córdoba (23 municipios), Chocó (21 municipios) y Nariño (10 municipios) con una cobertura nacional que les ha permitido consolidar su presencia en otros departamentos como Meta (12 municipios), Sucre (11 municipios), Magdalena (9 municipios), Valle del Cauca (8 municipios), La Guajira (6 municipios), entre otros.

El despliegue territorial del Clan del Golfo en diferentes departamentos de Colombia, se sustenta en gran medida en la estrategia de subcontratación, como la que han implementado en municipios del Meta como Puerto López, Puerto Gaitán y Cabuyaro (Defensoría del Pueblo, 2020), o la que manejan en El Carmen de Bolívar (Defensoría del Pueblo, 2020), lo que les permite ampliar la red criminal desde sus epicentros históricos de presencia como lo son el Bajo Cauca antioqueño y el Urabá antioqueño y chocoano hacia regiones como la costa atlántica y el centro del país por medio de la creación de enlaces con grupos delincuenciales organizados que les permite tener un mayor despliegue de su accionar delictivo.

Cabe señalar que, la pretensión del Clan del Golfo, de ampliar territorialmente su presencia nacional no esta exenta de barreras, encabezadas tanto por la Fuerza Pública como por

otras estructuras armadas ilegales como el ELN, Caparros, y Grupos Armados PostFarc (GAPF), que comparten los mismos intereses de dominio de determinadas zonas geográficas.

Las disputas del Clan del Golfo con otras estructuras armadas ilegales están focalizadas en zonas del país donde su presencia ha sido permanente. Se encuentra por ejemplo que en el departamento de Chocó dicha confrontación se da con el ELN, mientras que, en el Bajo Cauca antioqueño, se desarrolla con los Caparros y, en la costa pacífica nariñense y algunos municipios de Putumayo con GAPF. Caso opuesto es el de la región del Catatumbo, en la que ha habido históricamente una presencia de grupos como el ELN y el EPL lo cual hace que la del Clan del Golfo no sea significativa.

Los hechos vinculados a enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las mencionadas estructuras armadas ilegales, inicialmente se enmarcan en la dinámica de apropiación de territorios para consolidar su posición en el negocio del narcotráfico. En este sentido, el Clan del Golfo, como estructura armada ilegal, se enmarca a su vez en la categoría de crimen organizado, la cual expone que sus actividades ilícitas se orientan hacia el objetivo principal de obtención de rentas económicas.

Es así como la ocupación por parte del Clan del Golfo de antiguos territorios de dominio de las FARC-EP en dónde existe una alta densidad de cultivos de hoja de coca están enfocados a controlar la

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cadena de producción y comercialización de la droga; al ser una economía ilegal con una significativa oferta y demanda deja a su vez grandes ganancias que circulan hacia mercados legales por medio del lavado de activos o se invierte en la obtención de armamento y material de guerra para fortalecer aún más la estructura.

Sobre la base de que la práctica del narcotráfico representa, para el Clan del Golfo, el aumento de su capital económico y el fortalecimiento de su estructura, dicha EAI ha establecido una alianza con el cartel de Sinaloa, quien es reconocido como unas de las grandes organizaciones criminales a nivel internacional. La Fundación Paz & Reconciliación (2020) pudo establecer que dicha relación se da por medio de la articulación, lo que les permite adelantar labores conjuntas en aras de controlar la cadena de producción y comercialización de la cocaína hacia el mercado mundial, sin embargo, la alianza con carteles mexicanos no es exclusiva del Clan del Golfo.

Desde PARES también se expuso que, los Caparros tienen vínculos con el Cartel Jalisco Nueva Generación por medio de la financiación. A través de dicha modalidad, se estaría dando una fuerte inyección de capital y armas por parte de la organización mexicana para que Los Caparros no solo consoliden su presencia en varios municipios del departamento de Antioquia (Cáceres, Caucasia, Tarazá, Frontino, entre otros) sino que tengan un proceso de expansión hacia el sur de Córdoba (San José de Uré,

Puerto Libertador, Montelíbano, entre otros) lo que a su vez les podría facilitar su presencia en otros departamentos de la costa atlántica.

Cabe señalar que, del objetivo de control de economías ilícitas en cabeza del narcotráfico en determinadas zonas del país, se deriva también el del control poblacional en regiones donde está concentrada su presencia y en las que la del Estado es escasa o débil, de esto se sacaría provecho para establecer algún tipo de vínculo institucional por medio del cual puedan ejercer impunemente sus actividades delictivas.

Es importante señalar que, los diversos tipos de acciones violentas ejercidas por el Clan del golfo y Los Caparros, no se enmarcan exclusivamente en las disputas con actores ilegales y legales, sino que también son un mecanismo que se orienta hacia la instauración de un orden social entre la población de los territorios donde hacen presencia. En este orden de ideas, el control poblacional se hará a partir del desarrollo de otras economías ilegales como la extorsión, cobro de ‘vacunas’, entre otras, en dónde se ofrecen servicios de “protección” similares a los utilizados por las mafias y que se focalizan en ejercer una violencia más selectiva.

Como se ve, el portafolio criminal del Clan del Golfo no se limita al narcotráfico como única fuente de altos ingresos. La minería ilegal a gran escala que desarrolla dicha estructura en municipios como Caucasia (Armada de Colombia, 2020), da cuenta del manejo de altas sumas de

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• Es preocupante la expansión que está teniendo el Clan del Golfo en la costa atlántica y otras regiones del país. El modelo de subcontratación les estaría permitiendo tener una mayor injerencia en departamentos como Bolívar y Magdalena siendo posiblemente el origen de su consolidación el sur de Córdoba. Por otro lado, en regiones más alejadas les sería funcional los nodos creados con grupos delincuenciales organizados a través de la subcontratación.

• El fortalecimiento y expansión del Clan del Golfo expone también que el negocio del narcotráfico, a pesar de vigente pandemia por COVID-19 continúa operativo. La alianza con el Cartel de Sinaloa estaría manteniendo dicho negocio a flote, lo que dejaría réditos que les permitiría tanto mantener como expandir su estructura.

• Las disputas con el ELN, Caparros y GAPF por el control de territorios con alta densidad de cultivos de coca es permanente en zonas de Chocó, Antioquia y Nariño lo que cual expondría que hay regiones en las que el Clan del Golfo no tiene un dominio visible y en las que las confrontaciones son permanentes.

• El desarrollo de otras economías ilegales como la minería ilegal a gran escala brindan un soporte de capital a esta estructura armada ilegal, con lo cual no depende únicamente de las rentas del negocio del narcotráfico. Esta diversificación del portafolio criminal con fines económicos también les ha permitido expandirse geográficamente.

capital que se invierten en maquinarias fluviales y terrestres, las cuales les permite tener un ingreso permanente de dinero debido a la explotación intensiva de yacimientos.

Bajo este panorama, se señala que la expansión del Clan del Golfo a nivel nacional

se sustenta a partir de que la confluencia de alianzas, procesos de expansión por medio de subcontrataciones y el constante desarrollo de economías ilegales encabezadas por el narcotráfico. Es así como se establecen las siguientes conclusiones:

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