Embed Size (px)
Citation preview
1
Santiago, treinta de diciembre de dos mil trece.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 786 del
Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia
de reemplazo.
VISTOS:
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de los
considerandos décimo sexto y siguientes, que se eliminan.
Y SE TIENE EN SU LUGAR Y ADEMAS PRESENTE:
PRIMERO: Que, según se señaló en la sentencia de casación
precedente, Vinor S.A. interpuso en contra del Fisco de Chile
acción de nulidad de expropiación y las consiguientes de
reivindicación y subsidiaria de indemnización de perjuicios
fundadas en que por Decreto Supremo del año 2000 se ordenó
expropiar el Lote N° 58 necesario para la ejecución de la obra
“Embalse Puclaro”, indicándose como propietario a Mauro Olivier
y el Rol de Avalúo N° 363-4, de Vicuña, con una superficie de
129.500 metros cuadrados, pese a que en el año 1992 parte de
ese inmueble había sido enajenado por Olivier a Vinor S.A.
inscribiéndose en el Registro de Propiedad del año 1992 del
Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y se individualizó el
inmueble vendido como: “Lote E resultante de la subdivisión de
la Parcela Uno del Proyecto de Parcelación Gualliguaica”.
Señaló en la demanda que es un hecho que ese Lote E fue objeto
del acto expropiatorio por tres razones; primero, atendido que
en el Rol de Avalúo al que el Decreto expropiatorio se refirió
comprendía a esa fecha dicho lote; segundo, por cuanto el Lote
E está incorporado dentro de los deslindes del plano de la
expropiación y; tercero, porque la planta de vinificación que
se ubica en el predio fue valorada en el informe de tasación.
Manifestó que se efectuó la toma de posesión de todo el
inmueble el 5 de agosto del año 2000.
Enseguida apunta que compareció al expediente voluntario
de consignación del monto expropiado como tercero excluyente,
2
pidiendo la declaración que el acto expropiatorio no producía
efecto respeto del Lote E y en subsidio reclamó del monto de la
indemnización. Luego que el Fisco se opusiera a su solicitud,
el juez la desestimó, puesto que la ley no contempla la
posibilidad de que en ese procedimiento se deje sin efecto el
acto expropiatorio y porque correspondía que hiciera valer sus
derechos sobre el monto de la indemnización, resolución que fue
confirmada. Finalmente el 16 de abril del año 2002 Mauro
Olivier retiró el monto consignado.
A continuación, hizo presente que el día 28 de agosto del
año 2002 Mauro Olivier presentó ante el mismo tribunal y bajo
el mismo Rol una demanda en la cual, ateniéndose al decreto
expropiatorio, reclamó del monto de la indemnización, teniendo
como expropiado el antiguo Lote 58, que como tal ya no existía.
El Fisco planteó la falta de legitimación activa para reclamar
por la indemnización respecto del Lote E, atendido que había
sido enajenado antes del acto expropiatorio. Mauro Olivier
presentó escritura pública de ratificación de lo actuado por
parte de Vinor S.A. para reclamar del monto de la indemnización
en cuanto al Lote E. El tribunal desestimó la excepción, pero
pese a ello, se dictó sentencia que rechazó la reclamación del
monto indemnizatorio en cuanto se refería al Lote E, por cuanto
en el cuaderno de liquidación de la indemnización (expediente
voluntario) Mauro Olivier expuso que el Lote E pertenecía a
Vinor S.A. por lo que al no ser dueño del terreno procedía
rechazar la reclamación en lo concerniente al Lote E y debería
descontarse de la indemnización el valor del terreno
perteneciente al Lote E. La Corte de Apelaciones confirmó esa
sentencia aumentando el monto indemnizatorio. La Corte Suprema
por fallo de 27 de julio del año 2004 rechazó el recurso, con
fundamento en que no siendo dueño Mauro Olivier del Lote E no
era legítimo que recibiese indemnización por dicho inmueble. En
definitiva, a raíz de la expropiación, el Lote E constituye
3
parte del lecho del embalse y se encuentra bajo el agua y hoy
el inmueble se encuentra inscrito a nombre del Fisco de Chile.
Esgrime la demanda que se produjo un vicio de nulidad de
derecho público de la expropiación porque no se siguió el
proceso expropiatorio con quien figuraba en el Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces como dueño y por
cuanto el Decreto expropiatorio singularizó un predio mayor,
como tal, inexistente y no al lote E.
Manifiesta que era deber del expropiante conocer quién era
el propietario según el Registro de Propiedad para iniciar el
proceso expropiatorio y finiquitar los trámites de la
expropiación cancelando sus inscripciones y que no hay norma
que vincule la calidad de propietario al rol de avalúos y a ese
dato sólo puede recurrirse a falta de otro mejor tratándose de
inmuebles no inscritos. Se trata de un requisito de validez del
acto expropiatorio según el artículo 6° inciso 3° de la Ley de
Expropiaciones que éste contenga la individualización del bien,
pero en el caso de autos se aludió a un predio que ya no
existía por haberse dividido antes en dos predios.
Además Vinor S.A. ejerce una acción reivindicatoria
consecuencial de la nulidad por el valor del lote E y como el
Fisco de Chile es poseedor de mala fe interpone demanda por los
perjuicios causados con motivo de la privación, los cuales
detalla.
Pidió declarar que es nulo de nulidad de derecho público
el acto expropiatorio y el proceso expropiatorio; que se acoge
por el valor del Lote E la acción reivindicatoria consiguiente
a la nulidad y que se condena al Fisco de Chile a pagarle
indemnización de perjuicios por los montos que indica.
En subsidio y siempre en caso de acogerse la acción de
nulidad de expropiación solicita se acoja la acción de
indemnización de perjuicios por falta de servicio.
También en subsidio dedujo acción de responsabilidad
constitucional derivada del artículo 38 de la Carta Fundamental
4
para el caso de que se decida que la expropiación fue lícita o
que por cualquier motivo no procede la acción de
responsabilidad por falta de servicio.
En caso de que no se acoja la acción de nulidad pide que
se haga lugar a la acción fundada en la igual repartición de
las cargas públicas.
En subsidio pidió se haga lugar a la acción de
enriquecimiento sin causa.
SEGUNDO: Que resulta fundamental para esclarecer el
sustrato fáctico de la controversia, referirse exactamente a
los antecedentes que se verificaron en la causa rol 219-2000
seguida ante el Primer Juzgado Civil de La Serena, tanto en su
gestión voluntaria como en el proceso contencioso –que se
tuvieron a la vista- y que inciden en la resolución del asunto:
I.- Gestión voluntaria de consignación por expropiación.
1) El día 28 de julio del año 2000 el Fisco de Chile
inicia la gestión solicitando tener por consignada en la cuenta
corriente del Tribunal la suma de $417.732.695 por el Lote N°
58 correspondiente a la indemnización provisional y reajustes
por la expropiación, ordenar de conformidad con el artículo 23
del Decreto Ley N° 2186 la publicación de la presentación y de
su proveído por avisos, conminando para que dentro del plazo de
veinte días contados desde la publicación del último aviso, los
titulares de derechos reales constituidos con anterioridad al
acto expropiatorio y los acreedores que antes de esa fecha
hayan obtenido resoluciones judiciales que embaracen o limiten
el dominio del expropiado o el ejercicio de sus facultades de
dueño hagan valer sus derechos en el procedimiento de
consignación sobre el monto de la indemnización, bajo
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo, no podrán
hacerlos valer después sobre el monto de la indemnización; y
tener al Fisco de Chile por instado judicialmente para tomar
posesión material del bien expropiado y autorizarlo para ello.
5
En la presentación el Fisco de Chile indicó: “Mediante
Decreto Supremo N° 2089 de 29 de mayo de 2000, del Ministerio
de Obras Públicas, publicado en el Diario Oficial el 15 de
julio del año 2000, se dispuso expropiar para el Fisco de Chile
el lote de terreno N° 58 necesario para la ejecución de la Obra
“Embalse Puclaro, sector Punta Azul y San Carlos III etapa”,
que se encuentra ubicado en la IV Región, provincia de Elqui,
rol de avalúos N° 363-4, comuna de Vicuña, con una superficie
de 129.500 metros cuadrados, que figura a nombre de Mauro
Olivier Alcayaga, los que se individualizan en los Planos y
Cuadros de Expropiación, elaborados por la Dirección de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por el
referido Decreto Supremo”. Agrega el libelo que la Comisión de
peritos nombrada por Resolución Ministerial Exenta N° 709 de 9
de agosto de 1996, fijó en el informe respectivo la
indemnización provisional en la cantidad de $371.846.800 para
el Lote N° 58. Añadió el Fisco de Chile que atendido el hecho
de que no se llegó a acuerdo con el propietario del lote
expropiado sobre el monto de las indemnizaciones se hace
necesario iniciar el procedimiento judicial establecido en el
Decreto Ley N° 2186. Indica que la consignación se hace para
los efectos del artículo 20 del referido texto legal que
expresa que el dominio del bien expropiado queda radicado de
pleno derecho a título originario en el patrimonio del
expropiante, esto es, del Fisco de Chile, subrogándose el bien
expropiado en la indemnización para todos los efectos legales.
2) El Decreto Supremo N° 2089 de 29 de mayo de 2000,
emanado del Ministerio de Obras Públicas, señala textualmente
en lo resolutivo:
“1.- Exprópiese para el Fisco, el lote de terreno N°58,
necesario para la ejecución de la obra Embalse Puclaro Sector
Punta Azul y San Carlos IIII Etapa, que se encuentra ubicado en
la Provincia El Elqui, IV Región y que se individualiza en el
Plano y Cuadro de Expropiaciones, elaborado por la Dirección de
6
Obras Hidráulicas, que se aprueba en lo que respecta a dicho
lote por el presente Decreto.
2.- El propietario, rol de avalúo de la comuna de Vicuña y
superficie de el (sic) lote de terreno afectado con la
expropiación a que se refiere el número anterior es el que a
continuación se indica: Lote 58, Propietario Mauro Iva Olivier
Alcayaga, Rol de Avalúo 363-1, superficie M2 129.500.
3.- La Comisión de Peritos, nombrada por Resolución
Ministerial Exenta S.R.M. IV Región N° 709 de 9 de agosto de
1996, modificada por N° 171 de 21 de febrero de 1997 y la N°
564 de 13 de junio de 1997, compuesta por los peritos señores
Alfredo Prieto Parra, Juan Ibáñez Palma e Iris Marchich Moller,
de fecha 15 de septiembre de 1997, fijó el monto de
indemnización provisional en la cantidad de $ 371.846.800…”.
3) El Fisco de Chile acompañó a la gestión voluntaria un
informe de tasación agrícola que expresa: “Materia: Predio
agrícola. Fundamentos: Se procede a valorar el predio, que más
adelante se individualiza, aplicando el método de valor de
mercado a la tierra y costo de reposición para los bienes
adheridos a ella, con los índices de depreciación que les
afecten. De igual modo, se consideran las condiciones de
ubicación del predio; explotación agrícola; uso y capacidad de
uso de la tierra; tipo y calidad de las vías de comunicación y
acceso; distancia a centros y mercados; superficie e
infraestructura predial, y otros. Informe Descriptivo:
“Expropiación Proyecto Embalse Puclaro”, Sector Punta Azul y
San carlos.- Lote N° 58.- Propietario: Mauro Iva Olivier
Alcayaga. Región: IV Región de Coquimbo. Comuna: Vicuña. Rol N°
363-4. Vías de comunicación: Camino Público La Serena-Vicuña,
Ruta 41. Tipo de camino: Principal. Distancia a centros y
mercados: 9.2 Kms. a Vicuña. Superficie: 129.500 m2. Suelos:
Considerando la capacidad de uso de la tierra, le corresponde
la siguiente clasificación: Terrenos agrícolas clase II (1,99
Hás.), clase III (3,33 Hás.), clase IV (2,70 Hás.) y clase VIII
7
(5,04 Hás.) Topografía: Terreno plano. Plantaciones frutales:
Especies: Vides. Variedades: Pedro Jiménez, Torontel; 7,28 Hás.
13 años: valor: 37.846.000. Plantaciones forestales: Especies:
0,5 Hás. de eucaliptus renovables $ 380.000. Construcciones:
1.- Descripción individual: Cubas e instalaciones vineras con
capacidad de 4.000.000 lts.; electricidad industrial y
alumbrado; red de agua potable; romana; sección prensado;
cuberías de tratamiento; sistema de refrigeración; planta
fermentadora; planta guarda vinos; servicios. Valor: $
250.000.000. Sistema de riego por goteo para 7,28 Hás. Consta
de cañerías subterráneas en PVC, válvulas ramales 2.- Valor
total: $ 9.464.000. Instalaciones: 1.- Descripción individual:
Luz eléctrica: $ 15.000.000. Agua Potable: $ 15.000.000.
Alcantarillado: $ 10.000.000. 2.- Valor: $ 40.000.000.
Conclusión: De acuerdo al estudio de las condiciones y
características descriptivas del predio, y las correspondientes
al fundamento sobre las cuales se basa el presente informe,
entre otros, valores de mercado, rentabilidad, valores de
reposición, estimaciones del S.I.I., etc., su valoración se
fija en los siguientes términos: Tasación. Terrenos: 1,880 Hás.
de terreno agrícola clasificado Clase II. A $ 4.500.000 Há. $
8.460.000. 3,330 Hás. terreno agrícola clasificado Clase III, a
$ 4.000.000 Há. $ 13.320.000. 2,700 Hás. terreno agrícola
clasificado Clase IV, a $ 420.000 Hás. $ 2.116.800.
Plantaciones. Construcciones, instalaciones: $ 337.690.000.
Total tasación: $ 371.846.800”.
4) El 18 de agosto de 2000 se dio lugar a la solicitud de
autorizar al expropiante a tomar posesión material del inmueble
expropiado, previa notificación al expropiado y transcurridos
los plazos legales.
5) El día 7 de septiembre de 2000 comparece Vinor S.A.
solicitando en lo principal que se declare que el acto de
expropiación no produce efecto alguno respecto del “Lote E”,
resultante de la subdivisión de la Parcela Uno del Proyecto de
8
Parcelación Gualliguaica, de su dominio. Explicó que el Lote N°
58 identificado en el decreto supremo expropiatorio con el rol
de avalúo N° 363-4 es un inmueble distinto al Lote E, toda vez
que este último tiene una superficie aproximada de 1,91
hectáreas y presenta los deslindes que indica. Menciona que el
Lote E lo adquirió por tradición que le hizo Mauro Olivier,
según escritura pública de compraventa de 17 de noviembre de
1992 y que se encuentra inscrito a fojas 558 N° 527 del
Registro de Propiedad del año 1992 del Conservador de Bienes
Raíces de Elqui-Vicuña. Alegó que el acto expropiatorio no
cumple con los requisitos que se señalan en el artículo 6°
inciso 3° del Decreto Ley N° 2186, por cuanto refiere a una
propiedad distinta. Finalmente indica que no ha sido notificada
de acto expropiatorio y sólo ha tomado conocimiento en forma
fortuita del mismo. En subsidio interpuso demanda de reclamo
por el monto de la indemnización por la expropiación del lote
de terreno y edificaciones realizadas en él, de su propiedad y
se fije en un monto no inferior a $1.874.267.305 por sobre el
valor de la indemnización provisoria, o en subsidio, a la
indemnización que por sobre dicho valor el tribunal determine.
El 15 de septiembre de 2000 Vinor S.A. complementa la
presentación señalando que comparece como tercero independiente
y excluyente y que tiene intereses incompatibles con la parte
expropiante y con el expropiado.
6) El 20 del mismo mes el tribunal lo tuvo como tercero
independiente y excluyente y dio traslado a su solicitud
contenida en lo principal.
7) El 6 de octubre de 2000 Mauro Olivier comparece
haciendo presente que le es imposible retirar la suma
consignada por el Fisco de Chile en virtud de que el acto
expropiatorio de conformidad al informe de tasación incluye en
forma errónea construcciones, cubas e instalaciones que se
encuentran en una propiedad diferente a la suya y que no le
9
afecta la expropiación, esto es, en el Lote E que es de dominio
de Vinor S.A.
8) El día 3 de julio de 2001 se lleva a efecto una
audiencia (a efecto de instar por un acuerdo) en la que el
Fisco de Chile manifiesta su oposición a la solicitud de Vinor
S.A. por cuanto no se encuentra dentro de las causales que
contempla el artículo 9 del Decreto Ley N° 2186 para modificar
o dejar sin efecto un acto expropiatorio.
9) El día 18 del mismo mes el tribunal rechaza la
solicitud de Vinor S.A. expresando: “…la Ley no contempla la
posibilidad de que se deje sin efecto el acto expropiatorio en
este procedimiento como lo solicitó el tercero “Vinor S.A.”
sino que en este caso debe hacer valer sus derechos sobre el
monto de la indemnización; sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 34 de la Ley Orgánica de Procedimiento de
Expropiación”. En cuanto a las otras cuestiones planteadas, la
desestima porque son materias que deben ventilarse en un
procedimiento diverso. Apelada dicha resolución por Vinor S.A.,
la Corte de Apelaciones de Serena por resolución de 25 de
septiembre de 2001 la confirma.
10) El 5 de octubre de 2001 Vinor S.A. presentó reposición
contra la resolución que accede a la solicitud del Fisco que
autoriza a un Receptor Judicial para la toma de posesión
material del inmueble, fundada en que se debe excluir de la
toma el Lote E. Luego de evacuado el traslado por el Fisco de
Chile, con fecha 17 de enero de 2002 se desestima la
reposición, sin perjuicio de otros derechos.
11) El 13 de febrero de 2002 Mauro Olivier solicita se
gire cheque a su nombre por la suma de $417.732.695.
12) El 19 del mismo mes se resuelve previo a proveer
acompáñese inscripción de dominio de la propiedad expropiada y
acredítese el pago de las contribuciones de la propiedad
expropiada. Además se ordena certificar si se han presentado
terceros haciendo valer sus derechos y se dispone oficiar al
10
Ministerio de Obras Públicas a fin de que informe si el bien
expropiado corresponde al señalado por el solicitante.
13) El 21 de febrero de 2002 Mauro Olivier cumpliendo con
lo ordenado acompaña copia de la inscripción de dominio cuyo
tenor es el siguiente: “Certifico que la inscripción de dominio
practicada a Fs. 257 vta. N° 230 en el Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces a mi cargo, correspondiente al
año 1986 y que se refiere al Resto de la Parcela N° 1, SITIO N°
9 y Octava parte de los Bienes Comunes del Proyecto de
Parcelación “Gualliguaica”, ubicado en la Comuna de Vicuña,
Provincia de Elqui, Cuarta Región, se encuentra a esta fecha
Vigente, a nombre de Mauro Iván Olivier Alcayaga”.
14) Se agregó oficio del Fiscal Regional del Ministerio de
Obras Públicas de Coquimbo de 12 de marzo de 2002 que informa
al tribunal acerca de si el lote expropiado N° 58 es el mismo
indicado por el solicitante: “Sobre el particular cumplo con
informar a US., que de los antecedentes tenidos a la vista, al
parecer el lote expropiado es el mismo que cuyo dominio
acredita el solicitante”.
15) El 22 de marzo de 2002 se certifica que no se han
presentado terceros haciendo valer sus derechos en los términos
previstos en el artículo 23 del Decreto Ley N° 2186.
16) El 5 de agosto de 2002 se certifica por el Receptor
Judicial que se tomó posesión material para el Fisco de Chile
del Lote de Terreno N° 58 con una superficie de 129.500 metros
cuadrados, con el rol de avalúo N° 363-4 de la comuna de
Vicuña. IV Región, que era de propiedad de don Mauro Olivier
Alcayaga…”.
17) El día 22 de septiembre de 2002 Vinor S.A. solicita
que se declare la nulidad de la certificación efectuada por el
Secretario del tribunal y de todas las actuaciones verificadas
con posterioridad, por cuanto ha hecho valer su calidad de
titular del derecho real de dominio sobre la finca expropiada,
derecho adquirido con anterioridad al acto expropiatorio.
11
Evacuando el traslado el Fisco de Chile, entre otras
alegaciones, señaló expresamente: “En consecuencia Vinor S.A.
debe comparecer ante estos autos como expropiado, y no como
tercero, para hacerse pago de la indemnización que pueda
corresponderle como propietario de parte del lote expropiado.
El plazo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de
Expropiaciones sólo afecta a los terceros que tengan
constituidos derechos sobre el bien expropiado, pero no afecta
al propietario del mismo por ser el expropiado”.
18) El día 28 de octubre de 2002 se deniega el incidente
de nulidad, puesto que no se dan las circunstancias que
ameritan acogerlo, esto es, que el vicio produzca algún
perjuicio y que se trate de aquellos solo reparables con la
declaración de nulidad, debiendo además impetrarse dentro del
plazo de cinco días contados desde que aparezca que quien deba
reclamar tuvo conocimiento del vicio.
II.- Juicio por reclamación del monto fijado
provisionalmente como indemnización.
1) El día 28 de agosto de 2002 Mauro Olivier presentó
reclamo del monto fijado como indemnización, fundado en que es
dueño del inmueble denominado “Lote de terreno N° 58, rol de
avalúo N° 363-4 de la comuna de Vicuña, provincia de Elqui, con
una superficie de 129.500 metros cuadrados”. Indicó que el
inmueble tiene las siguientes edificaciones: 1.- Planta
Vitivinícola la que se emplaza dentro de la superficie
expropiada y que ocupa una superficie equivalente a 1,91
hectáreas y 2.- Suelos y plantaciones de vides. Pide que la
indemnización se fije en la cantidad única y total ascendente a
$4.097.675.936.
2) El 24 de septiembre de 2002 el Fisco de Chile contestó
la reclamación y entre otras defensas opuso la excepción de
falta de legitimación activa de Mauro Olivier respecto del
terreno de 1,91 hectáreas y de la planta vitivinícola, fundado
12
en que no es dueño de la parte de ese terreno, ni tampoco de
las instalaciones de la planta Vinor S.A.
3) El 28 del mismo mes Mauro Olivier evacuó el traslado de
la excepción mencionada, señalando: “El titular de la acción,
para des-investir, a don MAURO OLIVIER ALCAYAGA, de su calidad
de expropiado, conferido por Decreto Supremo 2089 o en otra
palabras para objetarle su calidad de expropiado, sobre parte
del lote N° 58, no es otro que el efectivamente propietario de
parte de dicho lote, no otro. No tiene sentido, o de tenerlo
sería el más oscuro de ello SS. que se expropiara a una
determinada persona, efectuar todos los procedimientos legales
en su nombre, para posteriormente cuando éste trata de ejercer
su derecho, oponerle la excepción de que éste no es dueño. Es
absolutamente absurdo. Si el Fisco de Chile, como queremos
pensar, está preocupado de tutelar los derechos de los
realmente afectados por sus actos, perdió esa posibilidad, ya
que justamente, por medio del Ministerio de Obras Públicas,
dictó el DS. 2.089, otorgándole la calidad de expropiado a don
MAURO OLIVIER ALCAYAGA y no a otra persona. Las únicas personas
que pueden enervar la calidad de expropiado del SR. OLIVIER, en
estas instancias, son justamente, las personas que ni el
Ministerio de Obras Públicas, ni el Consejo de Defensa del
Estado ha considerado en este procedimiento, que es justamente
VINOR S.A. Ahora bien y siguiendo este razonamiento, y para
tranquilizar la conciencia Fiscal, los propietarios del terreno
de 1,91 hectáreas y de la planta vitivinícola, que no gozan de
la calidad de expropiados, otorgada por Decreto Supremo, vienen
en ratificar, mediante documento acompañado en otrosí de esta
presentación, todo lo obrado por Mauro Olivier, y en especial
la reclamación interpuesta por él, en el entendido que dicha
reclamación se efectúa por la totalidad del lote N° 58,
incluyendo planta vitivinícola, y que todas las relaciones
internas a que da lugar esta representación es de resorte
interno de mandante y mandatario, debiendo entender, el Fisco,
13
para todos los efectos, que don Mauro Olivier, en su calidad de
expropiado por el Lote 58, reclama por la totalidad de éste”.
4) El 28 de febrero de 2002 el tribunal desestimó la
excepción de falta de legitimación activa atendido que:
“considerando que el expropiado en esta causa es el reclamante
don Mauro Olivier Alcayaga (…) y conforme, además, con lo
dispuesto en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política
de la República; 84, 144 del Código de Procedimiento Civil, 12
y siguientes del Decreto Ley 2186, se niega lugar a la
excepción…”.
5) El día 7 de agosto de 2003 se dicta sentencia que
rechaza el reclamo deducido por Mauro Olivier. Cabe destacar el
considerando vigésimo tercero que señala: “Que al no ser el
reclamante Mauro Olivier Alcayaga dueño del terreno en que se
emplaza la planta vitivinícola ni de las construcciones e
instalaciones de la planta -de–acuerdo a su propia confesión-
procede rechazar la reclamación respecto de los siguientes
rubros que dicen relación con la planta…”.
El considerando vigésimo cuarto agrega: “Que no altera lo
razonado por el Tribunal el documento acompañado a fojas 55
denominado Ratificación y Mandato VINOR Sociedad Anónima a
Rafael Cristián Jordán Jadrievic, pues los acuerdos entre
particulares no pueden alterar las normas procesales que son de
orden público y que en este caso requieren que quien reclame
del monto de la indemnización provisional sea dueño de los
bienes expropiados según se desprende de lo dispuesto en el
artículo 12 del D.L. 2186”.
En contra de dicha sentencia el reclamante Mauro Olivier
dedujo recurso de casación en la forma y apelación.
6) La Corte de Apelaciones de La Serena por sentencia de 5
de diciembre de 2003 desestimó el recurso de casación en la
forma y confirmó el fallo apelado en cuanto se rechaza el
reclamo interpuesto a nombre de Vinor S.A. Asimismo lo revocó
en cuanto se negó lugar a la reclamación interpuesta por Mauro
14
Olivier y lo acogió fijándose como montos definitivos de la
indemnización por expropiación del “resto del lote 58” las
sumas que se indican.
Es pertinente consignar lo señalado en los siguientes
considerandos:
El fundamento noveno indica: “Que es necesario examinar en
segundo término la ratificación que por escritura pública
rolante a fojas 55, Tomo I, hace Vinor S.A. respecto de lo
obrado por Mauro Olivier Alcayaga para reclamar del monto de la
indemnización por la expropiación del Lote N° 58, atribuyéndose
la calidad de único y exclusivo dueño”.
El basamento décimo expresa: “Que tal ratificación carece
de la idoneidad legal suficiente para reputarla como demanda o
reclamo a que se refiere el artículo 12 del D.L. 2186 Ley
Orgánica del Procedimiento de Expropiaciones, toda vez que no
se da estricto cumplimiento al artículo 254 del Código de
Procedimiento Civil, en relación con el artículo 14 de la Ley
Orgánica citada. Sin perjuicio de lo anterior, dicha
ratificación en el evento de reputársela válida como demanda o
reclamo, igualmente no puede ser considerada, puesto que es
extemporánea. En efecto de acuerdo al artículo 12 citado, el
plazo para reclamar judicialmente del monto provisional de la
indemnización es el comprendido desde la notificación del acto
expropiatorio (15 de julio de 2002, fojas 8, Tomo único), hasta
el trigésimo día siguiente a la toma de posesión material del
bien expropiado (05 de agosto de 2002, fojas 177, Tomo único).
Tan es así, que teniendo la referida escritura fecha 27 de
septiembre de 2002, es evidente que se otorgó después de los 30
días hábiles a contar del 05 de agosto del 2002”.
El fundamento undécimo indica: “Que, es hecho establecido
en autos que don Mauro Olivier Alcayaga es dueño del resto del
Lote N° 58, en dicha calidad está absolutamente habilitado para
reclamar del monto de la indemnización, excluyendo la
expropiación y perjuicios correspondiente a Vinor S.A.”.
15
En contra de dicho fallo Mauro Olivier dedujo recurso de
casación en la forma y el Fisco de Chile interpuso recurso de
casación en el fondo.
7) Por sentencia de 27 de julio de 2004 la Corte Suprema
desestimó el recurso de casación en la forma fundado en lo
siguiente:
“8°) Que, en relación con lo anterior, el fallo de primera
instancia dejó establecido, en su motivo vigésimo primero, que
el propio reclamante señaló que se incluyó en el Informe de
Tasación una porción de terreno de una superficie aproximada de
1,91 hectáreas correspondientes al Lote E resultante de la
subdivisión de la Parcela Uno del Proyecto de Parcelación
Gualliguaica, que no le pertenece pues se la vendió a Vinor
mediante escritura pública de 17 de noviembre de 1992. Luego,
en el motivo vigésimo tercero se expresa que “al no ser el
reclamante Mauro Olivier Alcayaga dueño del terreno en que se
emplaza la planta vitivinícola ni de las construcciones e
instalaciones de la planta –de acuerdo a su propia confesión-
procede rechazar la reclamación respecto de los siguientes
rubros que dicen relación con la planta:”. La conclusión lógica
de dicho razonamiento consiste en que, no siendo don Mauro
Olivier el dueño de la señalada porción de terreno, es evidente
que la expropiación no pudo causarle perjuicio, de tal suerte
que los jueces de la instancia han estado imposibilitados por
esta precisa razón de acoger la demanda en relación con la
sección del inmueble ya referida. Por lo anterior, lo expresado
en el motivo vigésimo segundo del fallo de primera instancia no
resulta atinado, porque al plantearse las cosas como se lee
allí, se puede advertir una contradicción con lo previamente
resuelto en torno a la existencia de legitimación activa para
demandar, por parte de don Mauro Olivier”;
“9°) Que lo propio puede decirse del poco adecuado
razonamiento contenido en el motivo cuarto del fallo de segundo
grado, porque insiste en la falta de legitimación activa del
16
demandante, cuestión que como ya se dijo, fue zanjada
previamente. En este caso, claramente se confunden conceptos
procesales, porque conforme a lo resuelto a fs. 69 don Mauro
Olivier estaba habilitado para demandar, pero, probado que no
es el dueño de parte del bien expropiado, por cierto que no se
le puede indemnizar por no haber sido perjudicado. La
circunstancia de que dicha persona no tiene la calidad de dueña
de la porción de terreno de que se trata es un hecho del
proceso, que quedó sentado por los jueces del fondo, de tal
suerte que dicha cuestión resulta inamovible para este Tribunal
de Casación”;
“10°) Que, entonces, de lo expuesto se deriva que en la
especie no existe el vicio alegado, porque las expresiones de
los jueces del fondo que se han esgrimido como fundamento para
desechar la demanda, en lo tocante a la porción de terreno de
1,91 hectáreas que no son de propiedad del demandante, no pecan
sino de desafortunadas, desde que técnicamente la razón del
rechazo es la expresada y no la falta de legitimación activa.
En efecto, si bien la razón entregada por los jueces del fondo
ha sido confusa, lo decidido por ellos es lo correcto, porque
no siendo propietario de dicha sección del inmueble expropiado
don Mauro Olivier, no resultó afectado o perjudicado por su
expropiación y, por ende, no es legítimo que reciba
indemnización”.
TERCERO: Que de todo lo dicho aparece una consideración
fáctica relevante para la resolución del caso: Vinor S.A. no ha
recibido el pago de una indemnización por el daño efectivamente
causado con motivo de la expropiación decretada y que afectó el
lote E, pese a sus numerosas actuaciones tanto en el expediente
voluntario como en el proceso contencioso.
CUARTO: Que ahora corresponde determinar si la
expropiación dispuesta por el Decreto Supremo N° 2089 del
Ministerio de Obras Públicas de fecha 29 de mayo de 2000 se
encuentra afectada por un vicio de nulidad de derecho público
17
de la manera que se ha planteado en la demanda y reformulado en
la apelación.
QUINTO: Que para el efecto señalado –tratándose de actos
de responsabilidad del estado- debe tenerse presente que la
Corte Suprema ha conceptualizado la nulidad de derecho público
como “la sanción de ineficacia jurídica que afecta a aquellos
actos de los órganos del Estado, en los que faltan alguno de
los requisitos que el ordenamiento jurídico establece para su
existencia y validez.” Lo cierto es que la nulidad de derecho
público cubre el estudio de todas las ilegalidades que pueden
afectar a los actos administrativos, en relación con todos sus
elementos, la forma, la competencia, el fin, el objeto y los
motivos del acto (“Nulidad en el Derecho Administrativo”,
Pedro Pierry Arrau, Revista de Derecho de la Universidad
Católica de Valparaíso, XV, 1993-1994). Es relevante señalar en
cuanto al objeto que: “El quinto elemento de licitud del acto
administrativo, está representado por el objeto, que podría ser
definido, como las consecuencias jurídicas que emanan de tal
acto y que el derecho objetivo prescribe, de acuerdo con su
causa o motivo, o fundamento. En buenas cuentas, el objeto
viene a ser la norma jurídico-administrativa que es creada por
la decisión del agente público, implicando derechos y
obligaciones, sea para la Administración, sea para el
particular”. Algunos autores asimilan el objeto al fin: “Por
otra parte, estos principios consagrados por la jurisprudencia
del Consejo de Estado Francés, se corroboran desde un punto de
vista exclusivamente lógico-jurídico. Garrido Falla en su
tratado, pretende diferenciar conceptualmente la causa del fin.
Expresa que “mientras la causa es la contestación al ¿por qué?,
el fin responde al ¿para qué? Del acto administrativo” (“El
Acto Administrativo”, Germán Boloña Kelly, LegalPublishing,
páginas 170 y 177).
Alguna parte de la doctrina ha desarrollado modalidades
específicas de las causales de ineficacia tales como la
18
“desviación del procedimiento”: “La Administración para
alcanzar sus fines, no sólo debe actuar en cuanto al fondo y
con el propósito de perseguir la finalidad contemplada en la
potestad respectiva. Debe organizar esas decisiones a través de
los procedimientos y cauces formalizados que ha dispuesto el
legislador. El procedimiento administrativo, al responder
paulatinamente a la idea de especialidad también puede ser
fiscalizado recurriendo al mecanismo de la desviación de
poder”. Resulta particularmente interesante citar el siguiente
párrafo: “Los casos iniciales de manifestación de esta variante
en la jurisprudencia comparada corresponden a la omisión total
del procedimiento expropiatorio en situaciones en que resultaba
exigible (Arrêt Societé Mercedes, 1946; Navello. 1947). En
tales casos la autoridad, por comodidad u otras conveniencias
ajenas a la utilidad pública, reemplaza el proceso
expropiatorio por vías formales alternativas (requisiciones,
compras forzadas) a fin de lograr un resultado análogo: la
adquisición obligada del bien. En otros ejemplos la autoridad
merced a procedimientos diversos, ha pretendido sustraerse de
las limitaciones que impone el procedimiento formal aplicable,
utilizando por ejemplo trámites de determinación de deslindes o
de línea oficial de las vías públicas en lugar de la
expropiación, en razón de su rapidez y menor costo” (…) “Más
allá de la análoga denominación que presentan las figuras,
aparece la desviación de procedimiento con una clara
pertenencia al campo de vicio formal, como expresión de la
omisión o prescindencia total y absoluta de un procedimiento
que legalmente resultaba aplicable. Poco importa si esa omisión
formal lo fue para dictar una decisión de plano, sin
procedimiento alguno, o bien para desviar la instrucción a una
ritualidad impertinente o inidónea. En estos casos la
irregularidad se sitúa en el plano formal del acto
administrativo; no en su aspecto causal” (Desviación de poder y
nulidad de los actos administrativos”, Jaime Jara Schnettler,
19
trabajo presentado en las IX Jornadas de Derecho
Administrativo, Facultad de Derecho, Universidad de Valparíso,
23 de agosto de 2012). Sobre este punto y sin ánimo de
establecer una conclusión al respecto, por no ser la materia
discutida, cabe reflexionar acerca de la naturaleza del
procedimiento de consignación de expropiación que según algunos
autores no reviste el carácter de jurisdiccional atendida la
ausencia de un conflicto de intereses de relevancia jurídica,
por lo que sería perfectamente posible constatar la existencia
de vicios de nulidad en su prosecución. Planteada esa
reflexión, surgen algunas interrogantes: ¿Por qué el Estado de
Chile insistió por tomar posesión material del inmueble,
estando en conocimiento de que el propietario de parte del
inmueble no había recibido indemnización? ¿Por qué no impidió
que el propietario aparente de esa parte del inmueble retirara
la totalidad del monto consignado?.
Lo expresado respecto a las causales de nulidad reseñadas,
es sin perjuicio que ellas puedan reconducirse en definitiva a
la falta de conformidad con el ordenamiento jurídico.
SEXTO: Que corresponde en este orden de idea determinar
cuáles son los elementos de eficacia de una expropiación, para
lo cual es necesario indicar que dicha institución se encuentra
reglamentada en sus principios rectores y bases en la
Constitución Política de 1980, particularmente en el artículo
19 N° 24 y a nivel legal se halla en el Decreto Ley N° 2.186,
orgánico del procedimiento de expropiaciones, publicado en el
Diario Oficial el 9 de junio de 1978.
En lo esencial la expropiación es la privación forzada de
la propiedad (o de uno o más de los atributos esenciales del
dominio) por la autoridad estatal competente mediante la
correspondiente indemnización. En doctrina la expropiación ha
sido definida por Carlos García Oviedo como “un acto de Derecho
Público, mediante el cual la Administración, o un particular
subrogado en sus derechos, adquiere la propiedad de un bien
20
ajeno, mediante la indemnización correspondiente” y por
Patricio Aylwin como “acto por el cual se priva a una persona
de un bien de su dominio por decisión unilateral del Estado,
por razón de utilidad pública calificada por ley y previo pago
de una indemnización al expropiado” (citas de Daniel Peñailillo
Arévalo en “La Expropiación ante el Derecho Civil”, Editorial
Jurídica de Chile, segunda edición, año 2004, página 13 y 14).
Desde un punto de vista descriptivo la expropiación comprende:
(i) un acto de autoridad (ii) por el cual forzadamente (iii) se
priva de la propiedad o de uno o más atributos esenciales del
dominio u otros derechos (iv) por el procedimiento y la
autoridad estatal competente (v) acreditando motivos de bien
común o interés público(vi) mediante la correspondiente
indemnización e (vii) inscribiendo el título en el Conservador
de Bienes Raíces.
Por otra parte, según se ha anticipado, es inevitable
concluir que el concepto de expropiación se encuentra
estrechamente vinculado a la noción del procedimiento, pues es
ahí donde generalmente se lograr la privación del bien (toma de
posesión) y el pago de la indemnización (consignación y retiro
de cheque), el cual se encuentra regulado en el Decreto Ley N°
2.186.
SEPTIMO: Que el artículo 19 N° 24 de la Constitución
Política de la República establece los principios rectores y
las bases del derecho de dominio y, por ende, de su privación.
Es así como dicho precepto en su inciso tercero prescribe: “La
Constitución asegura a todas las personas: Nadie puede, en caso
alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o
de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio,
sino en virtud de ley general o especial que autorice la
expropiación por causa de utilidad pública o de interés
nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá
reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los
tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización
21
por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará
de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por
dichos tribunales”.
A su turno, el inciso quinto de dicha disposición señala:
“La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar
previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de
acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la
forma que señale la ley…”.
OCTAVO: Que a propósito de las normas referidas, don Mario
Verdugo Marincovik respecto a los pronunciamientos
jurisdiccionales sobre la materia ha señalado: “El derecho de
propiedad ha sido reconocido desde los primeros textos
constitucionales. Del examen de la Carta Fundamental de 1980
surgen diferentes determinaciones básicas: a) el constituyente
garantiza las diversas especies de propiedad, en todos los
sistemas que se establezcan por el legislador, sobre toda clase
de bienes, sean estos corporales o incorporales; b) la reserva
legal para regular la propiedad en cuanto a los modos de
adquirir, de uso, goce y disposición de ella, como de las
limitaciones y obligaciones que impone su función social, todo
lo cual no impone ninguna contraprestación al Estado, y c) la
protección del derecho de propiedad diferenciando entre
requisitos, obligaciones, restricciones y limitaciones, por una
parte, y la privación, por otra. Se indica que ninguna persona
podrá ser privada de su propiedad, del bien sobre el cual recae
o de alguno de los atributos o facultades esenciales del
dominio y se remarca que “en ningún caso”, de manera absoluta,
ya que la privación definitiva de todo o parte de la
titularidad del derecho de dominio, del bien sobre el que se
ejerce ese derecho, o de cualquiera de los atributos o
facultades esenciales del dominio, sólo puede realizarse
mediante su expropiación, la que requiere de una ley, general o
especial, que se sustente en alguna de las causales previstas
por la Constitución y calificada por el legislador, como,
22
además, ajustarse a los términos de la indemnización y toma de
posesión material prevista por el mismo texto. En el mismo
sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos proscribe
la privación de la propiedad sin indemnización. Cita efectuada
en relación a la sentencia de casación en causa rol 1018-2009.
(“Constitución Política de la República sistematizada con
jurisprudencia”, AbeledoPerrot, LegalPublishing Chile, páginas
182-183)
En lo relativo a la historia de la Ley Suprema se
consigna: “El señor Ortúzar expresa, respondiendo al señor
Guzmán y para que no haya ningún equívoco en la interpretación
de sus palabras, que si está empeñado en acorazar el derecho de
propiedad, pero reconociendo al mismo tiempo que cumple una
función social. ¿Por qué está empeñado en esto? Porque no le
merece ninguna duda que el derecho de propiedad es el
fundamento de todas las libertades políticas, y si el estómago
de los ciudadanos depende de la voluntad omnímoda del Estado,
se acaban en este país y en cualquier país del mundo todas las
libertades públicas y políticas. Por eso le atribuye
extraordinaria importancia a esta garantía” (Actas de la Sesión
N° 162, de 30 de octubre de 1975).
NOVENO: Que a partir de su naturaleza de regla de
jerarquía superior se sigue que la norma constitucional impone
que tanto el contenido de la reglamentación legal sustantiva y
procedimental de la expropiación como el proceso de
interpretación de la ley deben sujetarse y adecuarse al respeto
de los derechos y garantías constitucionales.
Dicha aseveración determina, sin lugar a dudas, que es
fundamento, condición y presupuesto de la expropiación de un
bien, el pago de la indemnización, esto es, la suma de dinero
que el expropiado recibe por el bien de cuyo dominio se le
priva y por los perjuicios que se le causan y que es
sustitutiva del valor del bien.
23
Además, se infiere que un segundo elemento esencial de la
expropiación radica en que quien debe recibir el pago de la
indemnización corresponde al expropiado, esto es, el dueño del
bien que se expropia.
La observancia de esos elementos esenciales no puede en
caso alguno perderse de vista en la regulación del legislador,
porque precisamente el Constituyente garantiza en el N° 26 del
artículo 19: “La seguridad de que los preceptos legales que por
mandato de la Constitución regulen o complementen las garantía
que ésta establece o que las limiten en los casos en que ello
lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni
imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre
ejercicio”.
En doctrina, el autor Daniel Peñailillo Arévalo ha
indicado que: “b) Sujeto pasivo o expropiado. Es el dueño del
bien que se expropia. No reconociendo la ley privilegios,
cualquier persona, natural o jurídica. Es el bien el que
determina, en el fondo, quien será el sujeto pasivo…”. (obra
citada, página 19).
DECIMO: Que según ya se anticipó el efecto inevitable en
caso de no concurrir alguno de esos elementos esenciales
consagrados a nivel constitucional no es otro que el de la
nulidad de derecho público. A este respecto, del artículo 6°
inciso primero del texto político se extrae que un acto de la
autoridad puede ser irregular con fundamento directo en la
Constitución y a consecuencia de ello, será nulo. En efecto,
dicho precepto manda: “Los órganos del Estado deben someter su
acción a la Constitución y a las demás normas dictadas conforme
a ella”, de modo tal que la regularidad de un acto
administrativo dependerá esencialmente de su armonía con la
Carta Fundamental y luego de su conformidad con las normas
legales y reglamentarias. En materia de nulidad de la
expropiación es ilustrativo citar a este respecto a Hugo
Caldera Delgado, quien señala: “La validez de los actos
24
administrativos, sin excepción, se rige básicamente por las
siguientes normas de la Constitución: art. 7° en relación con
el art. 1°, inciso 4°; art. 5° inciso final, y art. 6°.
Conforme con las normas indicadas, la validez del acto
administrativo depende del estricto cumplimiento de los
siguientes requisitos: a) investidura regular del agente
público o funcionario que interviene en su emisión; b)
habilitación normativa, expresa y previa, de competencia; c)
existencia real de los motivos del acto, tal como están
descritos en la competencia; d) acatamiento integral del
procedimiento administrativo respectivo; e) que el objeto del
acto esté autorizado en la competencia; f) que el fin
“específico” de bien común del acto sea real; g) que el acto
administrativo respete los derechos esenciales de aquellas
personas a quienes alcanzan sus efectos; h) que el objeto (la
medida o contenido del acto) sea oportuno, puesto que la
“oportunidad” es integrante de la juridicidad del acto”. (“La
nulidad del acto expropiatorio”, en Revista de Derecho y
Jurisprudencia, Tomo LXXXV, N° 1, primera parte, año 1988)
En suma, el incumplimiento de cualquiera de esos elementos
acarrea la violación al ordenamiento jurídico –disconformidad
con la Constitución y con las leyes- y en caso de ser esencial
tendrá como sanción la nulidad del acto administrativo.
UNDECIMO: Que desarrollando aún más el concepto de sujeto
pasivo o expropiado es posible realizar una enumeración de los
derechos y acciones que el ordenamiento jurídico pone a su
disposición, tales como:
1.- De oponerse a la toma de posesión material del bien
mientras no reciba el pago de la indemnización, con fundamento
en lo dispuesto en el artículo 19 N° 24 inciso quinto de la
Carta Fundamental.
2.- De demandar la ilegalidad del acto expropiatorio, con
fundamento en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política
25
y en el artículo 9 del Decreto Ley N° 2186. En efecto, esa
norma legal preceptúa en lo pertinente:
“Dentro del plazo de treinta días, contados desde la
publicación en el Diario Oficial del acto expropiatorio, el
expropiado podrá reclamar ante el juez competente para
solicitar:
a) Que se deje sin efecto la expropiación por ser
improcedente en razón de la inexpropiabilidad, aún temporal,
del bien afectado, o fundado en la falta de ley que la autorice
o en la no concurrencia de la causa legal invocada en el acto
expropiatorio;
b) Que se disponga la expropiación total del bien
parcialmente expropiado cuando la parte no afectada del mismo
careciere por sí sola de significación económica o se hiciere
difícil o prácticamente imposible su explotación o
aprovechamiento;
c) Que se disponga la expropiación de otra porción del
bien parcialmente expropiado, debidamente individualizada,
cuando ésta, por efecto de la expropiación se encontrare en
alguna de las circunstancias antes señaladas, y
d) Que se modifique el acto expropiatorio cuando no se
conforme a la ley en lo relativo a la forma y condiciones de
pago de la indemnización.
3.- De reclamar el monto fijado como indemnización
provisional, con base en lo dispuesto en el artículo 19 N° 24
de la Carta Fundamental y en el artículo 12 del Decreto Ley N°
2186. Esta última norma dispone:
“La entidad expropiante y el expropiado podrán reclamar
judicialmente del monto provisional fijado para la
indemnización y pedir su determinación definitiva, dentro del
plazo que transcurra desde la notificación del acto
expropiatorio hasta el trigésimo día siguiente a la toma de
posesión material del bien expropiado. En el caso del inciso
segundo del artículo 15 se entenderá como fecha de la toma de
26
posesión material la de la escritura pública a que se refiere
dicho inciso”.
4.- El expropiado podrá alegar el desistimiento o que el
acto expropiatorio ha quedado sin efecto, por vía de acción o
de excepción, de acuerdo al artículo 36 del Decreto Ley N° 2186
en relación a los supuestos de los artículos 32 y siguientes
del mismo texto legal.
5.- De modo residual y según se anticipó, con fundamento
en el artículo 6 y 19 N° 24 de la Carta Fundamental, el dueño
del bien expropiado puede pedir la nulidad de derecho público
de la expropiación por ausencia de sus requisitos esenciales.
Tratándose de terceros distintos al expropiado, cabe
referirse al artículo 20 inciso final y 23 del Decreto Ley N°
2186.
El artículo 20 inciso final señala: “El daño patrimonial
efectivamente causado a los arrendatarios, comodatarios o a
otros terceros cuyos derechos se extingan por la expropiación y
que, por no ser de cargo del expropiado, no pueda hacerse valer
sobre la indemnización, será de cargo exclusivo de la entidad
expropiante, siempre que dichos derechos consten en sentencia
judicial ejecutoriada o en escritura pública, pronunciada u
otorgada con anterioridad a la fecha de la resolución a que se
refiere el inciso segundo del artículo 2°, o de la del decreto
supremo o resolución que señala el inciso primero del artículo
6°, en su caso. La acción que, para el resarcimiento de ese
daño, ejerciten tales terceros, se sujetará al procedimiento
incidental; pero la primera gestión deberá notificarse
personalmente, o si el juez lo autoriza, por cédula, a la
entidad expropiante. En ningún caso esta acción impedirá la
toma de posesión material del bien expropiado”.
El artículo 23 prevé:
“Consignada a la orden del Tribunal la indemnización o la
cuota de ésta que debe pagarse de contado, a que se refiere el
inciso primero del artículo 17, el juez ordenará publicar dos
27
avisos a costa del expropiante, conminando para que, dentro del
plazo de veinte días, contados desde la publicación del último
aviso, los titulares de derechos reales constituidos con
anterioridad al acto expropiatorio y los acreedores que antes
de esa fecha hayan obtenido resoluciones judiciales que
embaracen o limiten el dominio del expropiado o el ejercicio de
sus facultades de dueño, hagan valer sus derechos en el
procedimiento de liquidación sobre el monto de la
indemnización, bajo apercibimiento de que, transcurrido dicho
plazo, no podrán hacerlos valer después sobre el monto de la
indemnización. Los juicios que hubieren iniciado se agregarán a
este procedimiento y se paralizarán en el estado en que se
encuentren, sin perjuicio de que los acreedores usen de sus
derechos en conformidad a las normas de este título. No
obstante, los juicios en que un tercero reclame dominio sobre
la totalidad o parte del bien expropiado, se acumularán también
ante el Tribunal que conozca de la expropiación, pero
continuarán tramitándose con arreglo al procedimiento que
corresponda según su naturaleza, hasta que cause ejecutoria la
sentencia definitiva conforme al inciso cuarto del artículo 49
de la presente ley.
Los acreedores no comprendidos en el inciso precedente
podrán, en los juicios respectivos seguidos con el expropiado,
hacer valer sus derechos sobre la parte de la indemnización, si
la hubiere, que en definitiva le corresponda percibir a aquél,
sin que puedan, en caso alguno, entorpecer el procedimiento de
liquidación.
Los avisos se publicarán en los días y periódicos
indicados en el inciso primero del artículo 7° y deberán
contener la indicación del Tribunal ante el cual se ventila el
asunto, la individualización del dueño o dueños expropiados y
la del bien expropiado, el monto de la suma consignada, el
apercibimiento expresado en el inciso primero y los demás datos
que el juez estime necesarios para que los terceros referidos
28
en el inciso primero de este artículo puedan hacer valer sus
derechos o créditos.
La solicitud del interesado expresará la cantidad
determinada o determinable cuyo pago pide, los fundamentos de
hecho y de derecho en que se apoya y las preferencias o
privilegios alegados. En todo caso, acompañará una minuta en la
que se indique el monto de lo adeudado, especificando el origen
y, si es determinable, los datos necesarios para precisar su
cuantía; y, cuando corresponda, acompañará también los
instrumentos justificativos de los derechos y créditos hechos
valer. Además, el interesado fijará domicilio dentro de los
límites urbanos del lugar de asiento del Tribunal y, mientras
no lo hiciere, la totalidad de las resoluciones se le
notificarán por el estado diario, sin más trámite.
La comparecencia del acreedor reclamando el pago de su
crédito conforme a este artículo, constituirá, en su caso,
suficiente demanda judicial para los efectos del inciso tercero
del artículo 2.518, y del artículo 2.523, del Código Civil”.
DUODECIMO: Que desde una perspectiva funcional el concepto
de expropiado se complementa en términos que será sujeto pasivo
de una expropiación quien tenga protegido su derecho de dominio
a través de garantías sustantivas y procedimentales, esto es:
a) Garantía de recibir el pago de la indemnización previo a la
toma de posesión material del bien; b) Garantía de accionar,
particularmente contra legalidad del acto expropiatorio y del
monto indemnizatorio.
En otras palabras, no es posible llamar expropiado a un
sujeto al que no le han sido reconocidas tales garantías, tanto
es así que de acuerdo con el texto constitucional “siempre”
debe conferirse al propietario el derecho a reclamar de la
procedencia de la expropiación y a la indemnización.
Estas aseveraciones encuentran respaldo en la doctrina,
como en la emanada del autor Daniel Peñailillo Arévalo quien
indica: “Puede acontecer que todo un procedimiento
29
expropiatorio se siga con quien no es, en realidad, dueño del
bien expropiado. Ello es posible sobre todo respecto de bienes
muebles. Con un sistema registral de escasa legalidad, como el
nuestro, aunque difícil, es también posible respecto de bienes
raíces. En tal evento, si bien es cierto la expropiación “no
toma en cuenta la voluntad del expropiado”, como lo ha
sostenido un fallo, no pueden desconocerse los derechos del
dueño; por ejemplo, el de reclamar la procedencia de la
expropiación, que bien pudo no haber ejercitado o haberlo
ejercitado en forma inapropiada el dueño aparente. Parece
adecuado concluir que las acciones que le asisten las mantiene
mientras no se extingan por la prescripción. Y en cuanto a la
indemnización, si la autoridad expropiante la pagó, apareciendo
el verdadero dueño bien podría aducir el principio “quien paga
mal paga dos veces” y exigir el pago a él, igualmente mientras
no se extinga su derecho por la prescripción. Ello sin
perjuicio de las acciones que como consecuencia asistan al
expropiante en contra del aparente dueño a quien pagó, para la
restitución…” (obra citada páginas 19 y 20).
DECIMO TERCERO: Que visto el asunto de la manera que se ha
desarrollado con base en las normas constitucionales y legales,
aparece que el razonamiento del fallo de primera instancia fue
insuficiente y más aún, equivocado en lo que se refiere a la
aplicación e interpretación del artículo 6º inciso 3º del
Decreto Ley Nº 2.186, el cual señala:
“El acto expropiatorio contendrá su fecha, la
individualización del bien objeto de la expropiación y su rol
de avalúo para los efectos de la contribución territorial, si
lo tuviese; la disposición legal que haga procedente la
expropiación y, en caso de que ésta hubiere sido autorizada por
ley general, la causa en que se funda; el nombre del o de los
propietarios o de los que aparezcan como tales en el rol de
avalúos o los datos que faciliten su determinación; el monto
provisional de la indemnización, con señalamiento de la
30
comisión que lo fijó y de la fecha de su informe, y la forma y
plazos de pago de la indemnización que corresponda conforme a
la ley”.
Conforme al nexo de la reglamentación de la expropiación
con el respeto al derecho y garantías constitucionales
consagradas en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental en
relación con el N° 26, es ineludible acudir a una
interpretación coherente de modo que sea la disposición legal
la que debe ajustarse al contenido de la regla constitucional y
no viceversa. Desde luego, no se trata de un asunto de
inaplicabilidad de la ley, sino que de ajustar
interpretativamente el concepto de expropiación a la
concurrencia de sus requisitos y exigencias. En este sentido,
la manera de individualizar el bien expropiado debe conciliarse
con la necesidad de que no se impida absolutamente al
propietario del bien el ejercicio de sus derechos a reclamar la
improcedencia de la expropiación, a recibir una justa
indemnización de manera previa a la toma de posesión material,
a oponerse a la toma de posesión material si ello no ha
ocurrido y a reclamar del monto de la indemnización, derechos
que precisamente en el caso sub lite fueron desconocidos.
Lo recién expresado encuentra respaldo no sólo apreciando
el decreto supremo sino que también el procedimiento de
expropiación –por ello se ha dicho que expropiación y el
procedimiento se encuentran en estrecha relación- dado que
Vinor S.A. compareció como tercero excluyente en la gestión
voluntaria de consignación del monto de la indemnización y pese
a sus peticiones para que se tuviera en cuenta su dominio
respecto del Lote E, el Fisco de Chile se opuso y más aún,
instó por la toma de posesión material de ese Lote con
indiferencia acerca de la situación, esto es, que el dueño del
bien expropiado no había sido indemnizado por el daño
efectivamente causado e incluso no objetó que el propietario
31
aparente del mismo, retirara el cheque del tribunal por el
total del monto consignado.
Esto implica que se trató de una indemnización meramente
ofrecida por el expropiante pero no efectivamente entregada y
recibida por el expropiado.
Siguiendo con el desarrollo de los hechos, en la etapa
contenciosa, Mauro Olivier, anterior dueño del Lote 3, reclamó
por el monto fijado por la Comisión de peritos tanto por su
bien propio (resto del predio subdividido) como por el de Vinor
S.A. (Lote E), determinándose en definitiva que no correspondía
que el reclamante recibiera indemnización por el Lote E. Sin
embargo, la Corte Suprema en su fallo de casación pone de
relieve la confusión: “…las expresiones de los jueces del fondo
que se han esgrimido como fundamento para desechar la demanda,
en lo tocante a la porción de terreno de 1,91 hectáreas que no
son de propiedad del demandante, no pecan sino de
desafortunadas…” (…) “En efecto, si bien la razón entregada por
los jueces del fondo ha sido confusa, lo decidido por ellos es
lo correcto, porque no siendo propietario de dicha sección del
inmueble expropiado don Mauro Olivier…”.
DECIMO CUARTO: Que en conclusión a Vinor S.A. se le
sustrajo no sólo de su bien inmueble sino también de la
posibilidad de deducir los reclamos ante los tribunales
ordinarios de justicia, que el texto constitucional le reconoce
“siempre” como garantía, todo ello ocasionado por la
irregularidad inicial del acto expropiatorio, que trajo consigo
lo que antes había destacado Peñailillo ante un ejemplo muy
parecido al ocurrido en estos autos: “…no pueden desconocerse
los derechos del dueño; por ejemplo, el de reclamar la
procedencia de la expropiación, que bien pudo no haber
ejercitado o haberlo ejercitado en forma inapropiada el dueño
aparente”.
DECIMO QUINTO: Que, por consiguiente, y retomando el
planteamiento inicial, la expropiación se siguió respecto del
32
bien del demandante sin considerar la concurrencia de uno de
sus elementos esenciales, esto es, el pago de la indemnización
por el daño efectivamente causado, que en los términos que
antes se reseñaron corresponde a la ausencia de objeto. La
causal se traduce en la afectación de la propiedad de un modo
que no se conforma con la Constitución y consecuencialmente con
los resguardos que la ley de procedimiento expropiatorio
considera para el dueño del bien. En efecto, de los artículos
6º y 7º de la Constitución Política fluye que la sanción
prevista es la nulidad del acto en cuanto la expropiación
dispuesta por el Ministerio de Obras Públicas comprende la
privación del Lote E y sólo en esa parte.
DECIMO SEXTO: Que la nulidad de derecho público de que se
trata en virtud de las disposiciones constitucionales que la
consagran tiene las características de insanable e
imprescriptible y por ende no cabe aceptar la excepción del
Fisco en este sentido. Por otra parte, tampoco corresponde
acoger la prescripción de la responsabilidad extracontractual
del Fisco, puesto que la demanda de autos fue notificada el día
26 de diciembre de 2006 y si bien la toma de posesión material
se produjo en agosto del año 2002, lo cierto es que ella se
produjo a raíz de la autorización judicial verificada en la
causa voluntaria rol 219-2000 en la que Vinor S.A. se hizo
parte como tercero excluyente. A su vez posteriormente en la
misma causa en su faz contenciosa Vinor S.A. ratificó lo obrado
por el reclamante, sin perjuicio que esa actuación no tuvo
éxito. Esa causa terminó el 27 de julio de 2004 por fallo de
casación de esta Corte.
DECIMO SEPTIMO: Que en estas circunstancias procedería
declarar la nulidad de derecho público, además de hacer lugar a
la demanda reivindicatoria a favor del actor respecto del bien
que se afirma fue expropiado y no lo ha sido, esto es, el Lote
E resultante de la subdivisión de la Parcela Uno del Proyecto
33
de Parcelación Gualliguaica, integrado por un terreno de 1,91
hectáreas, una planta vitivinícola y plantaciones de vides.
Sin embargo, el actor ha desarrollado toda una actuación
procesal en este juicio como en el expediente voluntario N°
219-2000, seguido con motivo de la expropiación del Lote 58 en
las que se deja claramente manifestada su voluntad de perseguir
la compensación económica que por la privación forzada de la
propiedad referida por parte del Fisco le corresponde. Plantea
la cuestión de aquello a lo cual debe dar acogida la
jurisdicción antes acciones principales y subsidiarias, ante
cuyo acogimiento igualmente conforma a su parte. Ante tal
escenario, teniendo los tribunales por función obtener la paz
social, brindar seguridad jurídica y resolver las contiendas
que se le sometan a su conocimiento de manera efectiva, bajo
parámetros de la mayor economía para las partes, en lo cual no
puede desconocer el deber del Consejo de Defensa del Estado,
como representante del Fisco, en orden a resguardar en la mejor
forma posible sus intereses, aspecto que llevará a un nuevo y
largo litigio antes de llegar a una decisión que resuelva
definitivamente el conflicto, afectando de paso el desempeño de
los tribunales.
Tales antecedentes permiten advertir que la demandante
sostiene de manera principal, primera y fundamental la acción
de indemnización de perjuicios, aceptando la radicación del
dominio de su propiedad en el Fisco, como fue su primera
expresión de voluntad al concurrir al procedimiento
expropiatorio, constituye el centro de preocupación del juez.
Es así como podrá el magistrado acceder a la acción que en
mejor forma de satisfacción a la demanda.
De esta forma, al tener que hacer lugar a la demanda, el
tribunal debe plantearse a determinar como el actor obtiene
respuesta a sus pretensiones, conforme a los hechos y el
derecho discutidos en autos. Sin sanearse los vicios de
ilegalidad de la nulidad de derecho público, corresponde
34
atender al derecho substancial del actor. Por ello es que se
accederá a la acción indemnizatoria sustentada en la privación
del dominio, cuestión que en mejor forma atiende a la realidad,
la cual no puede ser ignorada por el tribunal. Este proceder no
ignora la ilegalidad, sino que constituye el factor de
imputación que funda la responsabilidad del Fisco.
La acción indemnizatoria adquiere justificación en toda la
doctrina legislativa y jurisprudencial de falta de servicio,
por el actuar ilegal de la Administración, que tiene por
fundamento, según se ha expresado, en la privación forzada de
la propiedad del actor por parte del Fisco sin indemnización.
DECIMO OCTAVO: Que la nulidad trae aparejada la
responsabilidad del Fisco de Chile, de la cual deriva el deber
de indemnizar el daño efectivamente causado, el que debe
determinarse de acuerdo a las reglas generales de la reparación
por equivalencia mediante una indemnización de perjuicios que
corresponda a la disminución patrimonial sufrida por la
sociedad demandante. Debe tenerse especialmente en cuenta que
la indemnización que se otorgará en virtud de esta sentencia
compensa la pérdida del dominio del bien y como contrapartida
debe dejarse consignado que al actor no le asiste derecho
alguno respecto de dicho bien, todo ello ante la imposibilidad
material de proceder a la restitución del mismo.
DECIMO NOVENO: Que en relación a la prueba rendida por la
parte demandante para acreditar el perjuicio en los términos
expuestos, cabe señalar que obran las siguientes probanzas:
-A fojas 133 se ordenó agregar la causa rol N° 219-2000
con citación.
-A fojas 218 (documento exhibido por el Fisco de Chile)
informe de tasación comercial del Lote E elaborado por MN
Ingenieros Ltda. inserto en un estudio realizado por la misma
empresa a petición del Ministerio de Obras Públicas, que
valoriza el terreno en $ 28.650.000 y las construcciones, cubas
35
y obras civiles en $ 485.380.000 (Total $514.030.000
equivalente a 34.391 UF al 30 de septiembre de 1999).
-A fojas 549 informe pericial evacuado por José Luis
Villagra, perito contable, quien establece que la cifra
calculada como lucro cesante para Vinor a marzo de 2009
asciende a $ 2.418.368.092.
-A fojas 552 informe pericial elaborado por Pelayo Vial
Vial, ingeniero agrónomo, quien indica que al 5 de agosto de
2002 el valor del terreno asciende a 23.000.000, por pérdida de
obras civiles y equipamiento $1.683.086.081 y valor intangible
$393.916.234. Y se fijan el lucro cesante en $200.000.000 como
una “cantidad justa para indemnizar ganancias no percibidas
desde el año 2000”. Luego agrega que para realizar esta
operación es necesario reajustar los $ 200.000.000 del año 2000
hasta el año 2009 mediante IPC. En los años 2000, 2001 y 2002
se le resta para la indemnización lo efectivamente percibido y
llega a una suma total de $ 1.957.354.109.
-A fojas 617 informe pericial evacuado por Juan Pablo
Olmos de Aguilera, que considera los siguientes rubros en valor
en pesos al 5 de agosto de 2002: (i) terreno: $ 19.100.000;
(ii) Obras civiles: $ 1.124.888.542; (iii) Equipos: $
1.200.419.609; (iv) Valor intangible: $ 446.431.849.
VIGESIMO: Que de la apreciación de esa prueba y teniendo
además en cuenta que la justicia y la conveniencia están de
parte de una decisión que repare los perjuicios que la
demandante hubo de sufrir por obra de una expropiación en que
no se cumplieron normas jurídicas esenciales se fijará la
indemnización por el daño patrimonial causado en la suma de $
844.354.287. Dicha suma resulta de la actualización efectuada
en la tasación comercial del Lote E, elaborada por MN
Ingenieros Limitada, inserto en el estudio realizado a petición
del Ministerio de Obras Públicas, exhibido por la parte del
Fisco de Chile, conforme a lo agregado a fojas 218, esto es, la
36
suma en pesos del equivalente a 34.391 unidades de fomento al
30 de septiembre de 1999.
VIGESIMO PRIMERO: Que por estas razones se acogerá la
demanda en los términos antes referidos.
Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en
los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil, se revoca la sentencia apelada de treinta y uno de enero
de dos mil once, escrita a fojas 760 y se decide que se acoge
la acción interpuesta por Vinor S.A. solo en cuanto se condena
a al Fisco de Chile a pagar al demandante la suma única y total
ascendente a 34.391 unidades de fomento; cantidad que devengará
intereses corrientes para operaciones de crédito de dinero
reajustables a contar de la fecha en que se ordene el cúmplase
de esta sentencia.
Se previene que el Ministro señor Cisternas concurre al
fallo revocatorio de reemplazo, sobre la base de las
consideraciones que expuso en su voto contrario a la casación
de forma de oficio, con la consiguiente acogida de la casación
de fondo interpuesta por la parte demandante; y que en tal
contexto participa de los argumentos de esta sentencia de
reemplazo que conducen a la revocación acordada y, en especial,
de los relativos a la fijación de la indemnización decretada.
Se previene igualmente que el Abogado Integrante señor
Lecaros concurre al fallo revocatorio de reemplazo salvo en lo
relativo a la fijación del monto de la indemnización, respecto
del cual fue de opinión de aumentarlo en el valor $393.916.234,
por concepto de valor de los intangibles y en $200.000.000 por
concepto de lucro cesante como una “cantidad justa para
indemnizar ganancias no percibidas desde el año 2000”, la que
debe ser reajustada por el Índice de Precios al Consumidor
desde el año 2000 hasta el año 2009, según lo concluido en el
peritaje de don Pelayo Vial Vial. Para lo anterior tiene
expresamente en consideración que La Constitución Política de
la República, en su artículo 19 Número 24, garantiza al
37
expropiado el pago del “daño efectivamente causado” el que
comprende todo el daño emergente y el lucro cesante, daño este
último que no ha sido considerado en la indemnización concedida
por el fallo de reemplazo, toda vez que la tasación que éste
toma en cuenta fue hecha con un objeto diverso al de la
expropiación, razón porque en ella no correspondía considerar
este factor.
Regístrese y devuélvase con sus agregados.
Redacción a cargo del Ministro Sr. Muñoz y de la
prevención sus autores.
Rol Nº 9953-2011.
Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada
por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sr. Lamberto Cisternas
R., el Ministro Suplente Sr. Carlos Cerda F., y los Abogados
Integrantes Sr. Luis Bates H., y Sr. Raúl Lecaros Z. No firma,
no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la
causa, el Abogado Integrante señor Lecaros por estar ausente.
Santiago, 30 de diciembre de 2013.
Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil trece, notifiqué
en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
