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********** VS
COMISIÓN ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE TIJUANA EXPEDIENTE
766/2013 S.S. JUICIO DE NULIDAD SENTENCIA DEFINITIVA
Ensenada, Baja California, diecinueve de marzo del dos mil
catorce.
Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio
contencioso administrativo
766/2013 S.S., promovido por **********.
R E S U L T A N D O S
1. Que por escrito recibido en la Segunda Sala de este Tribunal
el dieciséis de agosto de dos mil trece, la demandante promovió
juicio de nulidad en contra de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana. El ejercicio de la acción se vinculó:
a) Al recibo emanado de la cuenta **********, por el consumo
comprendido del catorce de junio de dos mil trece, al quince de
julio de dos mil trece; y,
b) Al corte del servicio de agua potable, en el domicilio
ubicado en **********, de la ciudad de Tijuana, Baja
California.
2. Mediante auto del veinte de agosto de dos mil trece, se
admitió a trámite el
juicio interpuesto, ordenándose el emplazamiento a la autoridad
demandada, la cual compareció a juicio en términos de su escrito de
contestación visible en autos de la foja 017 a la 035.
3. El seis de noviembre de dos mil trece, se celebró la
audiencia de ley y por ende concluyó la etapa de instrucción, con
lo cual se está en condiciones de emitir la resolución que dirima
la controversia planteada.
C ON S I D E R A N D O S
PRIMERO. Competencia. Esta Tercera Sala del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, es
competente para conocer del presente juicio por razón de la
materia, en tanto se promueve en contra de un acto fiscal emanado
de una autoridad estatal descentralizada, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 22 fracción II de la Ley que rige a este
Tribunal.
Asimismo, esta autoridad es competente para conocer del presente
juicio, aún y cuando fue substanciado por la Segunda Sala de este
Tribunal, en tanto la numeración del expediente en que se actúa
termina en 06 y debido a ello, a esta Tercera Sala le corresponde
dictar la sentencia definitiva que dirima el litigio; esto con
sustento en el Acuerdo del Pleno, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el 19 de julio de 2013, Tomo CXX, Número 32, Sección I,
páginas 21 a 23.
SEGUNDO. Oportunidad. El juicio de nulidad se promovió en tiempo
por la demandante, toda vez que el acto impugnado, referente a la
factura con número de
cuenta **********, lo conoció el doce de agosto de dos mil
trece; por lo que los quince días a que se refiere el artículo 45
de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Baja California, comenzaron a trascurrir el día trece de agosto
de dos mil trece posterior, terminando el primero de septiembre de
este mismo año; descontándose los días diecisiete, dieciocho,
veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de agosto; así como el
día primero de septiembre de dos mil trece; por ser sábados o
domingos.
Por tanto, atendiendo a que la demanda fue presentada el
dieciséis de agosto de dos mil trece, es evidente que tal
interposición se hizo oportunamente, esto es, al cuarto día hábil
siguiente de aquel en que la demandante conoció el acto
impugnado.
TERCERO. Acto impugnado. La existencia del acto impugnado
señalado con el inciso 1) en la demanda quedó debidamente
acreditada con el documento visible
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en autos de este juicio a foja 011, al cual le asiste valor
probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos
322 fracción II y 405 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Baja California, de aplicación supletoria al
procedimiento contencioso administrativo, según los numerales 30
tercer párrafo y 79 de la Ley que rige a este Tribunal.
La existencia del acto impugnado señalado con el inciso 2) no
fue acreditada en autos, como se expondrá más adelante.
CUARTO. La parte actora manifestó como hechos constitutivos de
su pretensión los siguientes:
“1.- Con fecha 12 de Agosto del 2013, llego a mi domicilio
ubicado en ********** de esta Ciudad de Tijuana, Baja California,
el recibo de cobro por el Servicio de Agua Potable con número
********** como lo justifico con la documentación pública que se
anexa, consistente en el RECIBO DE COBRO expedido por la COMISION
ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, hoy demandada y que
establece un periodo de consumo del 14 de Junio al 15 de Julio del
2013,
respecto de la cuenta numero **********, con Clave Catastral
********** del cual se desprende que soy usuario de dicho
servicio.
2.- El CREDITO FISCAL, evidentemente que es NULO DE PLENO
DERECHO y que se refiere a un desglose de cobros que a continuación
se detalla: [se transcriben]
Es nulo el acto de la autoridad consistente en el CREDITO FISCAL
emanado de la COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, en
razón que únicamente contempla una serie de saldos, o cantidades a
cobrar, pero el suscrito, me encuentro en estado de indefensión,
puesto que desconozco la manera que la autoridad demandada arribo a
tal conclusión o resultados, nunca indica los mecanismos u
operaciones aritméticas, que formulo para llegar a dichas
cantidades, que se me pretende cobrar, por diversos rubros de
adeudo, por tal en opinión del suscrito, debe declararse nulo,
además que manifiesto que no consumí el agua que se me pretende
cobrar, ni mucho menos suscribí ningún convenio con la COMISION
ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA.
Y toda vez que el suscrito, niego lisa y llanamente que hubiera
realizado los consumos de agua, que indebidamente me pretende
cobrar la Autoridad Demandada por medio del Crédito Fiscal
impugnado, así como también niego adeudar los diversos saldos y
conceptos que constituyen el citado Crédito Fiscal, le arrojo la
carga de la prueba a la Autoridad Demandada, en los términos del
Artículo 107 del Código Fiscal del Estado, que a señala:
ARTICULO 107.- Los actos y resoluciones de la Autoridades
Fiscales se presumirán legales, sin embargo, dichas autoridades
deberán probar los hechos que motiven los actos o resoluciones
cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos de que la
negativa implique la afirmación de otros hechos.
3.- La expedición de un recibo de cobro por el servicio de agua
potable, por parte de la COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA
, es imposible objetarlo, en los términos del artículo 63 de la Ley
que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja
California.
Por lo anterior es imposible objetar el recibo que se adjunta a
este escrito, p or virtud que el mismo en ningún momento, establece
para iniciar su estudio, el precio por metro cúbico de agua
potable, los recargos y el mecanismo de cálculo, consumo del
periodo , saldo vencido periodos anteriores, recargos acumulados,
aport . Cruz roja/bomberos, otros servicios, etc., cuando menos
indicar que significan cada uno de dichos rubros de cobros, y
únicamente establecen claves para su entendimiento interno. La suma
de alegatos y visiones que el suscrito en este momento desglosa,
creo que ninguna persona está en posibilidades de entenderlos,
dejándome en estado de indefensión, ya que la inconformidad por
parte del suscrito, sería imposible de acreditar con prueba
alguna.
4 . - L a A u t o r i d a d d e m a n d a d a d e p r o p i a a
u t o r i d a d , l l e v o a c a b o supuestamente la instalación
de un "Sello Reductor", siendo la realidad de las cosas que lo que
realizo fue el Corte de Agua, provocando grandes problemas de salud
a la familia del suscrito, así como contribuyendo a problemas
ambientales en mi comunidad, con esa supresión del vital
liquido.
Sin fundamentar ni motivar el mencionado corte del suministro de
agua potable en el domicilio del suscrito, ya que como lo referí el
inicio del presente hecho, de propia autoridad, la hoy demandada
llevo a cabo el corte del vital liquido.
5.- No dejando de pasar por alto que la Ley de Ingresos del
Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2013, publicada
en el Periódico Oficial del Estado Página 20, del día 31 de
Diciembre del 2012, en su artículo 11 de la Ley de Ingresos para el
Estado de Baja California, el Legislador bajacaliforniano, estipuló
que las tarifas y cuotas establecidas en cada una de las secciones
por consumo de agua potable, quedarían
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actualizadas mensualmente a partir del mes de Febrero con el
factor que de obtenga de dividir el Índice Nacional de Precios al
Consumidor que publique el Banco de México, disposición legal que
en la parte que nos importa dice lo siguiente:
…Las tarifas y cuotas contenidas en cada una de las secciones de
este Capítulo, se actualizarán mensualmente, a partir del mes de
febrero, con el factor que se obtenga de dividir el Índice Nacional
de Precios al Consumidor, que se publique en el Diario Oficial de
la Federación por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía,
o por la dependencia federal que en sustitución de esta lo
publique, del último mes inmediato anterior al mes por el cual se
hace el ajuste, entre el citado índice del penúltimo mes inmediato
anterior al del mismo mes que se actualiza.
Los derechos por consumo de agua que a continuación se expresan
para cada uno de los Municipios, se calcularán aplicando la tarifa
por metro cúbico consumido que estén previstas en cada uno de los
distintos rangos en forma escalonada es decir por el excedente de
los mismos de forma tal que el monto a pagar por dicho consumo será
la suma de todos y cada uno de los rangos consumidos.
Se derogan las disposiciones que se establezcan en otras Leyes,
reglamentos, acuerdos, circulares o disposiciones administrativas
en la parte que contengan exenciones, totales o parciales,
beneficios o estimulas fiscales, o consideren a personas como no
sujetos de estos derechos, distintas a las comprendidas en las
Leyes que establezcan contribuciones locales y al Código Fiscal del
Estado.
Consecuentemente, la Ley de Ingresos mencionada y el Legislador
Estatal permiten a los organismos denominados Comisiones Estatales
de Servicios Públicos de cada municipio variar el precio por metro
cúbico, mensualmente, pero en razón de que el citado Índice
Nacional de Precios al Consumidor, tiene altibajos o variaciones, y
lo más elemental es que Usuario de dicho Servicio se entere que
elementos para su cotización fueron utilizados, con el fin de
salvaguardar la seguridad jurídica del contribuyente afectado.
6.- Es elemental para el presente caso realizar un estudio sobre
la cuestión relativa a la “competencia” que tiene la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para el efecto de
realizar el cobro de los distintos rubros que componen el recibo
expe dido por la Autoridad
demandada en relación a la Cuenta No. **********, que se
encuentra a nombre del suscrito y que se
ubica en ********** de esta Ciudad de Tijuana, Baja California,
toda vez que la Autoridad Demandada me pretende cobrar los saldos y
cantidades relativas a un total de 11 metros cúbicos en los
siguientes términos: [ se transcribe]
El anterior criterio quedo establecido en diversas tesis
jurisprudenciales sobre el tema de que las Salas del Tribunal
Fiscal están obligadas a estudiarlas exha ustivamente al tenor de
la tesis siguiente:
COMPETENCIA, CUESTIONES DE. LAS SALAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA
FEDERACION ESTAN OBLIGADAS A ESTUDIARLAS EXHAUSTIVAMENTE.
De conformidad con el segundo párrafo del artículo 237 del
Código Fiscal de la Federación, las Salas del Tribunal Fiscal de la
Federación deben resolver la cuestión efectivamente planteada y,
por consiguiente, no es necesario que la enjuiciante controvierta
con razonamientos lógico- jurídicos todos y cada uno de los
preceptos legales que citó la autoridad y que le sirvieron de
sustento legal para su competencia, pues basta con que en la
demanda fiscal se afirme que la autoridad demandada carece de
competencia, para que el tribunal administrativo esté obligado a
analizar todos 'y cada uno de los artículos invocados y que
sirvieron de sustento legal para la competencia de dicha
autoridad, en virtud de que las cuestiones de competencia son de
orden público y ello implica que al plantearse una cuestión de esta
índole, la Sala se encuentre obligada a examinarla
exhaustivamente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.
T.C.
Revisión fiscal 20/91. Robles y Compañia, S.A. 13 de agosto de
1991. Unanimidad de votos. Ponente:
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González
Alvarez.
Amparo dir'ecto 226/89. Eva Lorena Jacobo Kareh. 27 de junio de
1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvin() Rangel. Secretario: José Mario
Machorro Castillo.
Revisión fiscal 199/88. Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. 30 de agosto de 1988. Unanimidad
de votos. Ponente: Gustavo Calvillo-Rangel. Secretario: Jorge
Alberto González Alvarez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación,
Octava Epoca. Tomo IX, Marzo de 1992. Pág. 160. Tesis
Aislada.
Ahora bien, en ninguna parte del Recibo por cobro de agua, se
advierte que la Autoridad fundo
debidamente su competencia para cobrar dicho adeudo, al omitir
hacer alusión del artículo, fracción,
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apartado, inciso, subinciso o párrafo, que justifique el ámbito
espacial, material, etcétera, así también fue omisa en establecer
en el Recibo impugnado citar la fecha de publicación en el Diario
Oficial del Estado de la ley que le permite cobrar los distintos
rubros que marca el recibo impugnado, por lo tanto al no cubrir
ello en especie, se traduce a un estado de indefensión para el
usuario o gobernado, pues no le permite conocer a ciencia cierta si
la autoridad emisora es competente para actuar en competencia a los
supuestos jurídicos de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua
Potable, lo cual riñe con lo dispuesto con el Artículo 16
Constitucional.
En este sentido se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación en la Jurisprudencia 2a./J.ST/2001 derivada de la
Contradicción de Tesis 94/2000-SS,
consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Noviembre de 2001,
página 31, jurisprudencia cuya observancia es obligatoria para este
Tribunal de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 192 de la
Ley de Amparo, misma que a continuación me permito transcribir:
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO
ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE
FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN
EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO Y EN
CASO DE QUE NO LOS CONTENGA SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA,
HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE
De lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P.12. 10/94 del
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Número 77, mayo de 1994, página 12, con el rubro: "COMPETENCIA. SU
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.", así
como de las consideraciones en las cuales se sustentó dicho
criterio, se advierte que la garantía de fundamentación consagrada
en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, lleva implícitas la idea de exactitud y precisión en la
cita de las normas legales que facultan a la autoridad
administrativa para emitir el acto de molestia de que se trate, al
atender al valor jurídicamente protegido por la exigencia cons
titucional, que es la posibilidad de otorgar certeza y seguridad
jurídica al particular frente a los actos de las autoridades que
afecten o lesionen su interés jurídico y, por tanto, asegurar la
prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los
requisitos legales necesarios. En congruencia con lo anterior, se
concluye que es un requisito esencial y una obligación de la
autoridad fundar en el acto de molestia su competencia, pues sólo
puede hacer lo que la ley le permite, de ahí que la validez del
acto dependerá de que haya sido realizado por la autoridad
facultada legalmente para ello dentro de su respectivo ámbito de
competencia, regido específicamente por una o varias normas que lo
autoricen; por tanto, para considerar que se cumple con la garantía
de fundamentación establecida en el artículo 16 de la Constitución
Federal, es necesario que la autoridad precise exhaustivamente su
competencia por razón de materia, grado o territorio, con base en
la ley, reglamento, decreto o acuerdo que le otorgue la atribución
ejercida, citando en su caso el apartado, fracción, inciso o
subinciso; sin embargo, en caso de que el ordenamiento legal no los
contenga, si se trata de una norma compleja, habrá de transcribirse
la parte correspondiente, con la única finalidad de especificar con
claridad, certeza y precisión las facultades que le corresponden,
pues considerar lo contrario significaría que el gobernado tiene la
carga de averiguar en el cúmulo de normas legales que señale la
autoridad en el documento que contiene el acto de molestia, si
tiene competencia por grado, materia y territorio para actuar en la
forma en que lo hace, dejándolo en estado de indefensión, pues
ignoraría cuál de todas las normas legales que integran el texto
normativo es la específicamente aplicable a la actuación del órgano
del que emana, por razón de materia, grado y territorio.
2ª./J. 115/2005
Contradicción de tesis 114/2005-5S. Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer
Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito
y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer
Circuito. 2 de septiembre de 2005. Cinco votos.
Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Alfredo
Aragón Jiménez Castro.
Tesis de jurisprudencia 115/2005. Aprobada por la Segunda Sala
de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de septiembre de
dos mil cinco.
Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXII, Septiembre de
2005. Pág. 310. Tesis de Jurisprudencia.
Bajo este tenor legal el Suscrito asegura que la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, están imposibilitadas
para cobrar créditos fiscales derivados del consumo corriente de
agua potable, es decir, del mes corriente, todo ello derivado de un
estudio integral, de la Ley de las Comisiones de Servicios
Públicos, toda vez que el Artículo 22 de la norma jurídica
comentada, habla con toda claridad y certeza, que la obligación de
pago de las cuotas por consumo de agua y por obras que ejecute la
Comisión y sus accesorios tendrán el carácter de Fiscal, pero el
cobro se realizara por conducto de las Oficinas Recaudadoras del
Estado, conforme lo precise el Código Fiscal y que dice de la
manera siguiente:
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ARTÍCULO 22.- La obligación de pago de.las cuotas por consumo de
agua y por realización de las obras que ejecute la Comisión y sus
accesorios, tendrá el carácter de fiscal, correspondiendo a la
Comisión la determinación de los créditos y de las bases para su
liquidación, la fijación de la cantidad liquida y su percepción y
cobro Respecto de las cantidades que no hubieren sido cubiertas
directamente a la Comisión, el cobro se realizará por conducto de
las Oficinas Recaudadoras del Estado, conforme al Código Fiscal del
mismo, las que podrán hacer uso del procedimiento
económico-coactivo. Obtenido el pago, las Oficinas Ejecutoras
entregarán a la Comisión las sumas recaudadas.
En iguales términos se expresa el Articulo 2 de la Ley que
Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja
California, que habla concretamente sobre la recaudación de los
ingresos por la prestación de los servicios de agua, que será a
través de las Oficinas Recaudadoras de Rentas adscritas a cada
organismo y dice la manera siguiente:
ARTICULO 2o.- La operación, conservación, vigilancia y
reparación de los Sistemas de Agua Potable, las obras de ampliación
de los mismos, la recaudación de los ingresos por la prestación
del
servicio y la imposición de sanciones, por infracción a las
disposiciones de esta Ley, estará
igualmente a cargo de los Organismos a que se refiere el
Artículo anterior. La recaudación de los ingresos por la prestación
de los servicios de agua, l a efectuaran a través de los
Subrecaudadores de Rentas adscritos a cada Organismo, que sean
designados por el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado,
en los términos de las disposiciones fiscales aplicables.
Se entiende por Organismo encargado del servicio aquel que
preste el servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado.
En igualdad de término se expresa el Artículo 17 del mismo
ordenamiento, respecto de las condiciones y términos del cobro de
los créditos fiscales emanados por consumo de agua, y dice de la
manera siguiente:
ARTICULO 17.- Criando no se paguen las. cuotas a que se refiere
el artículo 15, en el plazo
que señala el artículo anterior, su pago y el de los recargos
respectivos, se hará efectivo en las condiciones y términos que
establezca la Ley de Hacienda del Estado. Sin embargo; el
suministro de asma potable para uso doméstico, así como el que se
preste en los inmuebles en los que el Gobierno del Estado brinde
Educación Básica y Servicios de Salud Pública, no podrá
suspenderse.
Tratándose de la prestación de la prestación del servicio de
agua potable y alcantarillado para uso domestico, ante la falta de
pago de más tres meses, únicamente podrá reducirse el suministro de
agua en un 50% del diámetro de la toma contratada y ante la falta
de pago de más de seis meses, solo podrá reducirse el suministro de
agua en un 70% del diámetro de la toma contratada, en tanto el
usuario cubra el importe correspondiente, o en su caso, celebre el
convenio respectivo, en términos de las disposiciones fiscales, en
el que se considerara su capacidad de pago.
Es decir, conforme a las normas jurídicas comentadas en los
puntos que anteceden, sin duda podemos señalar y precisar que las
cuotas por consumo de agua potable, obras, drenaje y sus
accesorios, la cuantificación corresponde a la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana, pero en relación a aquellas
cantidades que no hayan sido cubiertas directamente a la demandada
por virtud que aquellas que no se realizaron, las mismas deben ser
cobradas por conducto de las Oficinas Recaudadoras del Estado
conforme al Código Fiscal Estatal para iniciar el procedimiento
económico -coactivo, y una vez realizado este deberán ser
entregadas a la Demandada las cantidades obtenidas. Puesto que la
facultad económico-coactiva de la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana, está limitada únicamente a la determinación de
los créditos y las bases para su liquidación.”
QUINTO. Medios probatorios. Para acreditar los hechos precisados
en el considerando anterior, la demandante ofreció como elementos
de pruebas los que se detallan a foja 08 del expediente original, y
que substancialmente se hacen consistir en:
“1.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Servicio de Agua Potable expedido por
la COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA, con número
********** respecto del Servicio Público de Agua Potable, respecto
de la cuenta numero **********, con Clave Catastral **********.
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del
escrito inicial de demanda.
2.- INFORME DE AUTORIDAD.- Que deberá de rendir la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, para el efecto de que
informe a esta soberanía Judicial, si los adeudos que se estipulan
en el -Recibo- expedido por la propia demandada, der iv an del gas
to c orr iente por cons umo de agua potable y en su caso, s i son
consecuencia de adeudos anteriores, y señale el numero de
mensualidades, y por último que remita copia autorizada de un
estado de adeudo histórico. Esta prueba se relaciona con todos y
cada uno de los hechos del escrito inicial de demanda.
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3.- PRESUNCIONAL.- En sus dos formas, legal y humana, tan solo
en cuanto favorezca a los intereses del suscrito. Esta prueba se
relaciona con todos y cada uno de
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los hechos del escrito inicial de demanda.
4.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Tan solo en cuando beneficie.
Esta se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito
inicial de demanda.”
Por su parte la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana ofreció como elementos de prueba los que se detallan a
fojas 034 y 035 del expediente original, y que substancialmente se
hacen consistir en:
“1.- DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en el estado de cuenta del
servicio de agua
potable, relativo a la cuenta número **********, el cual
contiene un desglose pormenorizado de cargos y abonos, del cual se
desprende que el que se duele tiene un atraso de pagos al servicio
que este organismo le otorga desde el mes de agosto de 2013. Esta
prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito
de demanda, contestación de demanda y motivos de inconformidad.
2.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado
y por actuar en el presente expediente, que favorezca a los
intereses de mi representada. Esta prueba se relaciona con todos y
cada uno de los hechos del escrito de demanda, contestación de
demanda y motivos de inconformidad.
3.- PRESUNCIONAL.- En su doble aspecto legal y humano, en todo
cuanto beneficie los intereses de mi representada. Esta prueba se
relaciona con todos y cada uno de los hechos del escrito de
demanda, contestación de demanda y motivos de inconformidad.”
SEXTO. Causales de Improcedencia. Previo al estudio de los
motivos de inconformidad planteados por la parte demandante, por
ser una cuestión de orden público y estudio preferente, en este
considerando se resolverá si en la especie se actualiza alguna de
las causales de improcedencia o sobreseimiento estipuladas en la
Ley que rige a este Tribunal.
En mérito de lo anterior, esta Sala da cuenta que, en el caso
que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en
el artículo 40 fracción VI de la Ley
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado1, en
tanto de las
constancias que obran en autos, así como de las pruebas
ofrecidas y desahogadas por las partes, es posible arribar a la
conclusión que no se demostró, por parte de la demandante, la
existencia del acto impugnado señalado como el corte del servicio
de agua potable de la cuenta **********.
En efecto, la demandante omitió ofrecer algún elemento de prueba
para acreditar la existencia del referido acto, siendo que, de
acuerdo al sistema de distribución de cargas probatorias previsto
en los artículos 227 y 278 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Baja California, [de aplicación supletoria], a
ésta y no a la demandada le correspondía acreditar este
aspecto.
No debe perderse de vista que conforme a los artículos
mencionados, existen al menos dos reglas fundamentales para
distribuir la carga de la prueba entre las partes: a) el actor debe
probar los hechos constitutivos de su acción y el reo (demandado)
los de sus excepciones, y b) el que niega sólo debe probar cuando
la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.
En este contexto, si la parte demandante al comparecer a juicio
impugnó el acto en comento y por su parte la autoridad demandada
señaló que la parte actora
disfrutó del servicio sin enterar las cuotas correspondientes2,
resulta claro que la
carga probatoria le correspondía a aquella, en tanto aceptar lo
contrario, supondría condenar a las autoridades a ofrecer algún
elemento de prueba para acreditar lo imposible, pues lógicamente,
no es factible demostrar lo que se ha negado.
Así pues, de las constancias que obran en autos, así como de las
pruebas recibidas y desahogadas, no es posible advertir la
existencia del acto impugnado por
el particular diverso al recibo emanado de la cuenta **********.
Por tanto, tal y como se adelantó, respecto de este acto se
perfecciona la hipótesis prevista en el artículo 40 fracción VI de
la Ley que rige a este Tribunal, procediendo en consecuencia el 1
Artículo 40. El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, es improcedente contra actos o
resoluciones: VI.- Cuando de las constancias de autos apareciere
claramente, que no existe la resolución o acto
impugnado; 2 Véase la contestación de demanda
-
sobreseimiento del presente juicio, en términos del artículo 41
fracción II, del cuerpo normativo en comento.
En otro orden de ideas, enseguida se analizarán los
razonamientos esbozados por la demandada en su contestación, dado
que en ese documento planteó la actualización de al menos tres
causales de improcedencia, a saber: a) el consentimiento tácito del
acto impugnado; b) falta de interés jurídico del demandante; y, c)
Inexistencia de la resolución impugnada.
Pues bien, en un primer momento la autoridad argumentó que este
juicio debe tenerse como improcedente en tanto la parte actora
consintió el acto que impugnó ante este Tribunal. Para arribar a
esa conclusión, la demandada afirmó que el particular en ningún
momento promovió el medio de defensa que se prevé en el artículo 63
de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado
de Baja California.
En efecto, la autoridad al dar contestación a su demanda
consideró configurada una causal de improcedencia, ya que a su
juicio, la parte actora, antes de acudir a interponer su demanda,
debió agotar el recurso que prevé el artículo 63 de la Ley que
Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja
California.
Al respecto, es de señalarse que el razonamiento esgrimido por
la autoridad es infundado, toda vez que pasa por alto que, conforme
al artículo 35 de la ley que rige a este Tribunal, los medios de
defensa o recursos administrativos previstos en otras leyes o
reglamentos, son optativos para el particular; es decir, éste puede
optar por agotarlos o intentar directamente el juicio contencioso
administrativo.
A efecto de que la presente sentencia gane en claridad, se
considera necesario traer a la presente resolución el contenido del
numeral en comento:
Artículo 35.- Cuando las Leyes o Reglamentos de las distintas
Dependencias Estatales, Municipales o de sus Organismos
Descentralizados establezcan medios de defensa o algún recurso
administrativo, será optativo pata el particular agotarlo o
intentar directamente el juicio contencioso administrativo.
Así pues, el hecho de que en la Ley que Reglamenta el Servicio
de Agua Potable, se prevea una cauce en favor del particular para
revocar un acto administrativo como el impugnado en este juicio, no
es óbice para que éste, si así lo decide, pueda acudir directamente
a entablar un juicio de nulidad ante este Tribunal, sin necesidad
de agotar de forma previa aquel medio de defensa.
En tales condiciones se concluye que este primer argumento que
esgrimió la autoridad respecto de la improcedencia del juicio
resulta infundado. El particular no tiene el deber de agotar ningún
medio de defensa antes de promover el juicio de nulidad; su
interposición es potestativa; por lo que intentar una u otra vía es
una decisión que debe permanecer en el fuero interno del
gobernado.
En otro fragmento de su contestación la autoridad manifestó que
este juicio debía tenerse como improcedente, en tanto la parte
actora carecía de interés jurídico, ello, debido a que a su
entender, no le fue violado algún derecho subjetivo público.
Para esta Sala, los argumentos anteriores resultan erróneos y
carentes de fundamento, en tanto, la demandada confunde el interés
para promover el presente juicio, con el derecho subjetivo que la
actora aduce para obtener lo solicitado a través de su demanda.
La parte actora goza de interés jurídico para promover el
presente juicio desde el momento en que le fue notificado un acto
administrativo dirigido a su persona que lesiona un derecho
subjetivo público que le es propio. En cambio, el derecho para
obtener lo solicitado en su demanda, es una cuestión que atañe al
fondo del asunto y que en todo caso supondrá que se le conceda o no
lo solicitado.
En otras palabras, una cosa es que la demandante vea afectado un
derecho subjetivo público por un acto de autoridad, lo cual le
genera un interés jurídico para interponer el juicio de nulidad y
otra cosa muy distinta es que esa afectación esté justificada por
una norma que habilite a la autoridad a actuar como finalmente
lo
-
hizo. Por tanto, el hecho de que la autoridad no haya violado
una disposición jurídica al emitir el acto administrativo impugnado
en juicio, no implica la ausencia de un interés por parte del
demandante para impugnarlo en ejercicio de una acción contenciosa.
La lesión se da al emitirse el acto administrativo; en cambio, su
legalidad, es justamente lo que habrá de determinarse en esta
sentencia.
Es útil para sostener lo anterior, la jurisprudencia que se
reproduce enseguida:
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL
QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ
DESESTIMARSE.
Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser
claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer
una en la que se involucre una argumentación íntimamente
relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse.
Amparo en revisión 2639/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero
de 1998. Unanimidad de nueve votos en relación con el criterio
contenido en esta tesis. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y
Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.
Amparo en revisión 1097/99. Basf de México, S.A. de C.V. 9 de
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María
Marcela Ramírez Cerrillo.
Amparo en revisión 1415/99. Grupo Ispat International, S.A de
C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos.
Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.
Amparo en revisión 1548/99. Ece, S.A. de C.V. y coags. 9 de
agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Secretaria: Irma Leticia Flores Díaz.
Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y
coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
José Manuel Quintero Montes.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy seis de
diciembre en curso, aprobó, con el número 135/2001, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a seis de
diciembre de dos mil uno.
Otro de los argumentos que esbozó la demandada para sostener que
este juicio debía declararse improcedente tiene que ver con la
inexistencia del acto impugnado.
En relación a esto, la autoridad afirmó lo que se transcribe
enseguida: “Ya que como de las constancias del presente juicio se
desprende, no existe el acto ni la pretendida resolución impugnada,
pues por una parte ES FALSO que mi representada haya cortado el
servicio de agua potable, así como también ES FALSO que mi
representada haya realizado tales actos de manera ilegal y
arbitraria o sin levantar constancia o notificación alguna.”
Como se aprecia de la transcripción anterior, la autoridad
sostuvo que no existe un acto ilegal que pueda atribuírsele; de lo
que a su entender se sigue, que no existe el acto impugnado.
Para esta Sala es claro que la autoridad confunde la existencia
del acto, con su ilegalidad. La existencia del acto es un
presupuesto para la procedencia del juicio y en este caso quedó
acreditada en autos, tal y como se adujo líneas arriba en esta
misma sentencia3. Por su parte, la legalidad del acto impugnado
no es un
presupuesto de procedibilidad, sino es un tópico atinente al
estudio que se hará del fondo del asunto.
En otras palabras, el juicio es procedente porque el acto que la
demandante impugnó existe, obra en autos a foja 011; es decir, en
este caso hay elementos para estudiar si es ilegal o no. El hecho
de que el acto sea legal no significa que no exista; quizá lo que
trató de argumentar la autoridad es que lo que no existe es la
violación de un derecho subjetivo; sin embargo eso no significa que
el acto no se haya dictado ¿De qué manera pude hacerse un análisis
de la legalidad de un acto administrativo, sino es partiendo de la
base de que ha surgido jurídicamente?
Finalmente esta Sala no pasa por alto que en el apartado
denominado “En cuanto a los motivos de inconformidad” la autoridad
demandada argumentó que la
3 Véase el considerando tercero
-
relación jurídica que mantiene con el particular demandante es
de coordinación, en tanto ambos se encuentran en un plano de
igualdad y no vinculados en un plano de supra a subordinación; la
autoridad arribó a esta conclusión, considerando que el servicio
que ella presta y que el particular disfruta, tiene como fuente un
contrato administrativo de adhesión. Por tanto a su entender, esta
Sala resulta incompetente para conocer del presente juicio, en
tanto el acto que se impugnó no puede considerarse propio de una
autoridad. Al respecto es de señalarse lo siguiente:
La ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado
de Baja California, en su numeral 22 fracción II, establece que las
Salas son competentes para conocer de los juicios que se promuevan
en contra de actos o resoluciones de naturaleza fiscal emanados de
las autoridades Estatales, Municipales o de sus Organismos Fiscales
Autónomos, cuando éstos actúen como autoridades, que causen agravio
a los particulares.
En este sentido, y tratándose de la impugnación de cobros de
derechos fiscales por consumo de agua o determinaciones de
créditos, mediante la emisión de recibos o facturas, el Pleno de
este Tribunal ha emitido la Tesis de Jurisprudencia número 5,
fijando claramente que tales recibos constituyen actos de molestias
susceptibles de
impugnarse a través de un juicio de nulidad.4
Por tal motivo, y conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 95 de la ley que rige a este Tribunal, es indudable
que esta Tercera Sala debe constreñirse necesariamente a la
observancia obligatoria de la citada Tesis de Jurisprudencia número
5, que fija y resuelve sobre la competencia del Tribunal
Contencioso Administrativo de Baja California, para conocer la
impugnación de recibos por consumo de agua, como sucede en el
presente juicio.
De esta manera, si la autoridad demandada en este juicio
considera que debe interrumpirse la observancia de la Tesis de
Jurisprudencia emitida por este Tribunal número 5; está en aptitud
de solicitar su revisión al Pleno de este Tribunal, quien puede
resolver su interrupción. Lo anterior en términos de lo dispuesto
en el numeral 95-Bis de la ley que rige a este Tribunal, y que a la
letra dice:
“ARTÍCULO 95 Bis.- Cuando existan razones fundadas por las que
se considere que deba interrumpirse la observancia del criterio
sustentado en una tesis jurisprudencial, la autoridad
administrativa y los particulares que demuestren interés jurídico,
podrán solicitar su revisión al Pleno del Tribunal.
Si se consideran procedentes las razones expuestas, el Pleno del
Tribunal, por unanimidad de votos de los Magistrados que lo
integran, resolverá la interrupción del criterio sustentado en la
tesis jurisprudencial. Dicha resolución no afectará las situaciones
jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se
hubiese dictado las sentencias que constituyeron los precedentes de
la tesis jurisprudencial.
El Pleno del Tribunal deberá dictar la resolución dentro de un
plazo de treinta días y ordenar su publicación en los términos
previsto por el artículo 97 de esta Ley. Si no se resuelve en dicho
plazo, se suspenderá la aplicación de la tesis
jurisprudencial.”
Por las razones antes expuestas, esta Tercera Sala determina y
resuelve la inoperancia de los argumentos con los que la autoridad
demandada sostiene la improcedencia del presente juicio contencioso
administrativo.
SÉPTIMO. Análisis de los motivos de inconformidad. En virtud que
en este asunto no se hace valer causal de improcedencia o
sobreseimiento adicionales a las valoradas en el considerando
anterior, ni tampoco esta Sala advierte que se actualice alguna,
enseguida se procederá al estudio de los motivos de inconformidad
hechos valer por la parte demandante.
Por cuestión de técnica, se examinarán los motivos de
inconformidad, en orden diverso al planteado por el actor. Sirve de
sustento a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:
4
RECIBO POR CONSUMO DE AGUA. CONSTITUYE ACTO ADMINISTRATIVO DE
MOLESTIA IMPUGNABLE EN JUICIO.
PARA SU VALIDEZ Y EFICACIA DEBE ESTAR FUNDADO. Tesis de
Jurisprudencia número 5, consultable en el Boletín del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja
California, Año 9, Números 15 y 16, Enero-Agosto 1999.
-
COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. AL SER UN
PRESUPUESTO PROCESAL CUYO ESTUDIO ES DE ORDEN PÚBLICO LAS SALAS DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBEN
ANALIZARLA DE OFICIO, SIN DISTINGUIR SI SE TRATA DE LA INDEBIDA,
INSUFICIENTE O DE LA FALTA DE FUNDAMENTACIÓN DE AQUÉLLA.
De la interpretación de las tesis jurisprudenciales P./J. 10/94,
2a./J. 99/2006, 2a./J. 57/2001 y 2a./J. 115/2005, publicadas en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época,
Número 77, mayo de 1994, página 12 y Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIV, julio de 2006;
XIV, noviembre de 2001; y, XXII, septiembre de 2005, páginas 345,
31 y 310, respectivamente, de rubros: "COMPETENCIA. SU
FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.";
"COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE NULIDAD.
DEBE ANALIZARSE EN TODOS LOS CASOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."; "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS. EN EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE
MOLESTIA, DEBE SEÑALARSE CON PRECISIÓN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA Y, EN SU CASO, LA RESPECTIVA
FRACCIÓN, INCISO Y SUBINCISO."; y "COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE
MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES
OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN,
INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA
DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE
CORRESPONDIENTE."; se colige que cuando se analiza la competencia
material, por grado o territorio de cualquier autoridad
administrativa, entre las que se incluye a la fiscal, no cabe
distinguir entre su falta o ausencia o una indebida o incompleta
fundamentación, para que las Salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa estén obligadas a examinarla en forma
oficiosa, toda vez que, como presupuesto procesal que atañe a la
correcta integración de un procedimiento, es una cuestión de orden
público, mayor aún en un procedimiento que concluye con una
resolución definitiva que establece cargas fiscales a un
particular. Lo anterior es así, ya que por imperativo del artículo
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la
autoridad que lleva a cabo un acto de molestia, tiene la ineludible
obligación de justificar a plenitud que está facultada para
hacerlo, lo cual implica necesariamente que cuenta con competencia
para ello en los tres ámbitos mencionados, es decir, por razón de
materia, grado o territorio, expresando en el documento respectivo
el carácter con el que suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto
que le otorgue dicha legitimación, aun en el supuesto de que la
norma legal no contemple apartados, fracción o fracciones, inciso y
subincisos, pues en tal caso, debe llegar incluso al extremo de
hacer la transcripción correspondiente del precepto en que funde
debidamente su competencia, toda vez que la garantía de
fundamentación consagrada en el citado artículo 16, lleva implícita
la idea de exactitud y precisión en la cita de las normas legales
que facultan a la autoridad administrativa para emitir el acto de
molestia de que se trate, ya que sólo así podrá justificar si su
actuación se encuentra dentro del ámbito competencial respectivo;
de tal manera que si en un acto de molestia no se citan con
exactitud y precisión las normas legales que facultan a la
autoridad administrativa para afectar al gobernado, ese acto
concreto de autoridad carece de eficacia y validez, en tanto que
aquélla no proporcionó los elementos esenciales que permitan
conocer si tiene competencia para incursionar en la esfera jurídica
del particular, pues de lo contrario se le dejaría en estado de
indefensión, toda vez que ignoraría cuál de todas las normas
legales que integran el texto normativo es la específicamente
aplicable a la actuación del órgano del que emana y en ese sentido,
aun cuando la indebida, insuficiente o falta de fundamentación de
la competencia de la autoridad generan la ilegalidad de la
resolución administrativa en términos de la fracción II del
artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el
31 de diciembre de 2005, cuyo contenido sustancial se reproduce en
la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, relativa a la omisión de los requisitos
formales exigidos por las leyes; conforme al contenido y alcance
del penúltimo párrafo de ese numeral, coincidente con el penúltimo
párrafo del invocado artículo 51, las Salas del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa están obligadas a examinarla de
oficio, al resultar ilegal el acto combatido, precisamente por la
actuación o intervención de una autoridad que no acreditó tener
competencia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.
VIII.3o. J/22
Revisión fiscal 23/2007. Administrador Local Jurídico de Torreón
en el Estado de Coahuila. 13 de febrero de 2007. Unanimidad de
votos. Ponente: Ezequiel Neri Osorio. Secretaria: Lilián González
Martínez.
Revisión fiscal 474/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de
Administración Tributaria y otras autoridades. 20 de febrero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez.
Secretaria: María del Pilar Aspiazu Gómez.
-
Revisión fiscal 478/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de Coahuila, en representación de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de
Administración Tributaria y otras autoridades. 20 de febrero de
2007. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Lobato Martínez.
Secretario: José Enrique Guerrero Torres.
Revisión fiscal 483/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de
Coahuila, en representación de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria
y otras autoridades. 20 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretario: Luis Sergio Lomelí
Cázares.
Revisión fiscal 489/2006. Administrador Local Jurídico de
Torreón en el Estado de
Coahuila, en representación de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria
y otras autoridades. 20 de febrero de 2007. Unanimidad de votos.
Ponente: Miguel Lobato Martínez. Secretaria: María del Pilar
Aspiazu Gómez.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXV, Abril de 2007.
Pág. 1377. Tesis de Jurisprudencia.
Es de señalarse que a juicio de esta Sala no es necesario
transcribir el referido motivo de inconformidad, en virtud de que
no existe disposición expresa que obligue a este órgano resolutor a
ello. Lo anterior, por supuesto, no releva a esta Sala de precisar
los puntos controvertidos en términos del artículo 82 fracción I,
de la Ley que rige a este Tribunal; por tanto, para tal efecto es
menester iniciar determinando la posición de la parte demandante
respecto del acto impugnado.
Pues bien, la parte actora, en su segundo motivo de
inconformidad manifestó que la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana es una autoridad incompetente para efectuar el
cobro de las cantidades que no fueron cubiertas por los
particulares directamente a dicha Comisión.
Al respecto, la autoridad demandada manifestó que los argumentos
vertidos por la parte actora son infundados, dado que ha cumplido
con todos y cada uno de los requisitos de ley.
Pues bien para determinar si la autoridad demandada es
competente para emitir la factura impugnada, primeramente es
pertinente traer a la presente resolución el contenido del artículo
22 de la Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del
Estado.
Artículo 22.- La obligación de pago de las cuotas por consumo de
agua y por realización de las obras que ejecute la Comisión y sus
accesorios, tendrá el carácter de fiscal, correspondiendo a la
Comisión la determinación de los créditos y de las bases para su
liquidación, la fijación de la cantidad líquida y su percepción y
cobro. Respecto de las cantidades que no hubieren sido cubiertas
directamente a la Comisión, el cobro se realizará por conducto de
las Oficinas Recaudadoras del Estado, conforme al Código Fiscal del
mismo, las que podrán hacer uso del procedimiento,
económico-coactivo. Obtenido el pago, las Oficinas Ejecutoras
entregarán a la Comisión las sumas recaudadas.
De la transcripción anterior, es posible arribar a la conclusión
de que el artículo antes citado contiene al menos tres supuestos
normativos:
1. La obligación de pago de las cuotas por consumo de agua y por
realización de las obras que ejecute la Comisión y sus accesorios,
tienen el carácter de fiscal.
2. Corresponde a la Comisión la determinación de los créditos y
de las bases
para su liquidación, la fijación de la cantidad líquida, su
percepción y cobro.
3. Respecto de las cantidades que no hubieren sido cubiertas
directamente a la Comisión, el cobro se realizará por conducto de
las Oficinas Recaudadoras del Estado, conforme al Código Fiscal del
mismo, las que podrán hacer uso del procedimiento
económico-coactivo; y al obtener el pago, las Oficinas Ejecutoras
entregarán a la Comisión las sumas recaudadas.
Por su parte los artículos 15, 16, 17 de Agua Potable en el
Estado de Baja enseguida:
y 18 de la Ley que Reglamenta el Servicio California, disponen
lo que se reproduce
Artículo 15.- La prestación de los servicios de agua, causarán
los derechos que se establezcan en las disposiciones fiscales
aplicables. Artículo 16.- Están obligados al pago de los derechos
por servicio de agua:
-
I.- Los propietarios de los predios o giros que tengan
instaladas tomas.
II.- Los poseedores de predios o giros que tengan instaladas
tomas:
a).- Cuando la posesión se derive de contratos de promesa de
venta o de contratos de compra-venta con reserva de dominio,
mientras esos contratos estén en vigor, y
b).- Cuando no se conozca el propietario.
III.- En forma solidaria, los arrendadores y arrendatarios de
predios locales que tengan instaladas tomas.
Las personas obligadas a pagar los derechos por servicios de
agua, deberán cubrirlos en las oficinas recaudadoras o en
establecimientos autorizados por las autoridades fiscales, dentro
de los quince días naturales posteriores al periodo facturado.
Artículo 17.- Cuando no se cubran los derechos a que se refiere
el artículo 15, en el plazo que señala el artículo anterior, su
pago y el de los accesorios legales respectivos, se hará efectivo
en las condiciones y términos que establezca la Legislación fiscal
del Estado de Baja California. Sin embargo, el suministro de agua
potable y alcantarillado sanitario que se preste en los inmuebles
en los que el Gobierno del Estado brinde educación básica y
servicios de salud pública, no podrá suspenderse.
Tratándose de la prestación del servicio de agua potable y
alcantarillado para uso doméstico, ante la falta de pago de más de
tres meses, únicamente podrá reducirse el suministro de agua en un
50% del diámetro de la toma contratada y ante la falta de pago de
más de seis meses, sólo podrá reducirse el suministro de agua en un
70% del diámetro de la toma contratada, en tanto el usuario cubra
el importe correspondiente, o en su caso, celebre el convenio
respectivo, en términos de las disposiciones fiscales, en el que se
considerará su capacidad de pago.
Artículo 18.- Los ingresos que recauden los Organismos
encargados de los anteriores servicios, se invertirán íntegramente
en todo lo relacionado a los Sistemas de Agua y en ningún caso
podrán ser afectados a otro fin distinto.”
De acuerdo con lo anterior y en una interpretación
teleológica-sistemática de lo establecido por el artículo 22 de la
Ley de las Comisiones Estatales de Servicios Públicos del Estado,
en relación con lo dispuesto por los artículos 16 último párrafo y
17 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el
Estado de Baja California se concluye que la facultad de la
autoridad demandada está limitada a la determinación de los
créditos fiscales, las bases para su liquidación, su percepción y
cobro dentro del plazo de 15 días a que se refiere el mencionado
artículo 17; siendo dicho cobro mensual, es decir, se factura
mensualmente el consumo de agua.
Transcurrido dicho plazo, si el crédito fiscal determinado no es
cubierto por los obligados, la facultad para su cobro corresponderá
entonces a la Recaudación de Rentas. Esta interpretación conjunta
otorga certeza jurídica y viene a clarificar en qué momento inicia
la facultad de cobro de la Recaudación de Rentas.
De no interpretarse en forma conjunta los preceptos legales en
comento, se dejaría al arbitrio de las autoridades determinar
cuando les corresponde la facultad de cobro a cada una de ellas
(Comisión y Recaudación de Rentas) sin parámetros definidos que
otorguen certeza a los gobernados, quienes no podrían analizar en
forma clara si la autoridad que emite el acto que consideran les
ocasiona una lesión objetiva, es realmente la competente para
ello.
Así, si las cantidades determinadas en cantidad líquida no se
cubren dentro de los quince días que establece el artículo 16,
corresponde a la Recaudación de Rentas su cobro.
En tales condiciones, es indudable que la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana, se encuentra facultada para
determinar únicamente los créditos fiscales por lo que hace al
consumo de agua correspondiente al consumo del periodo (mes).
Ahora bien, la factura impugnada contiene diversos conceptos,
que a continuación se especifican:
- CONSUMO DEL PERIODO - SALDO VENCIDO PERIODOS ANTERIORES -
RECARGOS ACUMULADOS - APORT. CRUZ ROJA/BOMBEROS - OTROS
SERVICIOS
-
Es un hecho notorio que en autos5 obra el estado de cuenta
exhibido por la
propia demandada, documental que prueba plenamente en contra de
quien la exhibió, en atención a lo previsto por el artículo 411 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicado
supletoriamente en la materia por disposición del artículo 79 de la
Ley que rige a este Tribunal; instrumento en el que consta que la
cantidad determinada a pagar referente al periodo de consumo del
catorce de junio de dos mil trece, al quince de julio de dos mil
trece (periodo del acto impugnado), es por el importe de $157.75
pesos (ciento cincuenta y siete pesos 75/100 moneda nacional). En
ese instrumento además consta que las cantidades determinadas en la
factura impugnada incluyen conceptos de adeudos anteriores, que
coinciden además con el contenido del acto impugnado en cuanto al
número de cuenta, su titular y el domicilio donde se presta el
servicio.
Así las cosas, a juicio de esta Sala en la factura impugnada la
autoridad cobró al particular tanto el consumo del periodo (cuenta
corriente o mes facturado), como adeudos anteriores.
Al ser esto así, y partiendo de la base que la Comisión Estatal
de Servicios de Tijuana está facultada únicamente para determinar y
cobrar el consumo de agua correspondiente al periodo de consumo
facturado (mes), entonces es dable concluir que de forma indebida
realizó el cobro de los diversos conceptos contenidos en la factura
impugnada.
Por tal motivo, en la especie se actualiza la causal de nulidad
prevista por la fracción I del artículo 83 de la Ley de Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado, al no ser competente la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para realizar el
cobro de los conceptos de: “SALDO VENCIDO PERIODOS ANTERIORES”
“RECARGOS ACUMULADOS” y “OTROS SERVICIOS”.
Por lo que respecta al concepto “APORT. CRUZ ROJA/BOMBEROS”, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 83 última parte de la
Ley que rige a este Tribunal, esta Sala advierte que la Ley de
Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal
del año 2013, en ningún apartado establece como parte de los
ingresos del Estado tal “aportación” como obligación de los
particulares frente al Estado.
Ni la Ley de la Comisiones Estatales de Servicios Públicos, ni
la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable del Estado, ni
ningún otro ordenamiento legal autoriza o faculta a la autoridad
demandada a cobrar a un particular coercitivamente aportación
alguna para favorecer a la Cruz Roja o Bomberos.
Es evidente que respecto de tal concepto, se actualizan las
causales de nulidad previstas en la fracción I del artículo 83 de
la Ley que rige a este Tribunal.
Agotado el análisis respecto de la competencia de la autoridad
demandada para emitir el acto impugnado, acto seguido esta
autoridad entrará al estudio del primer motivo de inconformidad
planteado por la parte demandante.
En este apartado la parte actora argumentó que el artículo 11 de
la Ley de Ingresos Estatal publicada el 31 de diciembre de 2012 en
el Periódico Oficial del Estado, establece genéricamente que las
tarifas y cuotas contenidas en cada sección, se actualizarán
mensualmente utilizando para el efecto un Índice Nacional de
Precios al Consumidor que publica el Banco de México y por el cual
se hace el ajuste al mes inmediato anterior al del mismo mes que se
actualiza.
Expresa que en la tesis aislada emitida por el Poder Judicial de
la Federación bajo el rubro “ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR. POR SEGURIDAD JURÍDICA LA AUTORIDAD EXACTORA ESTA
OBLIGADA A SEÑALAR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO LA FECHA DE
PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ELEMENTOS
DE COTIZACIÓN SEÑALADOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 20
BIS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, POR SER INTEGRANTES DE
AQUEL”, se determina que la autoridad se encuentra obligada a dar a
conocer al consumidor la fecha de publicación en el Diario Oficial
de la federación de los elementos de
5 Véase de la foja 036 a la foja 0039.
-
cotización señalados en la fracción I del artículo 20 del Código
Fiscal de la Federación.
Señala que en el recibo, que le fue enviado por la Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, no se dice los elementos
que fueron utilizados para su cotización o en su caso bajo que
Índice de precios fueron calculados los conceptos del desglose del
saldo, sino que únicamente se señalaron cantidades de dinero en
pesos moneda nacional, lo que lo deja indefenso como contribuyente
al no dar certidumbre sobre los saldos a los que se refiere.
Respecto a la fundamentación y motivación, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación emitió la Tesis de Jurisprudencia con número
de registro 238212, visible en la página 143 de los Volúmenes
97-102, Tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación,
Séptima Época, que dice:
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la
Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y
suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero
que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al
caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión,
las circunstancias especiales, razones particulares o causas
inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del
acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los
motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso
concreto se configuren las hipótesis normativas."
Se aprecia entonces, que para considerar que un acto de
autoridad está adecuada y suficientemente fundado, la autoridad
debe expresar con precisión los ordenamientos y preceptos que son
aplicables al caso.
Para que se estime que el acto administrativo se encuentra
adecuadamente y suficientemente motivado, se debe indicar con
precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o
causas inmediatas que se tomaron en consideración para la emisión
del acto, y que se adecuen los razonamientos a las disposiciones
legales aplicables.
La fundamentación y motivación en su aspecto formal, se
establece en función de garantizar el derecho de defensa del
gobernado, esto es, que quede en aptitud de ofrecer prueba en
contradicción de los hechos aducidos por la autoridad y alegar
violación de las disposiciones aplicadas o en su caso por haberse
aplicado éstas indebidamente.
El estudio del motivo de inconformidad planteado por la actora,
se hará en relación con el concepto de “consumo de periodo”, que en
el considerando que antecede se concluyó era el único que la
autoridad tenía facultad para cobrar y percibir directamente.
Del examen de la factura impugnada, se advierte que al reverso
obra la leyenda:
“FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 1, 2, 22, de la Ley de las
Comisiones Estatales de Servicios Públicos de Baja California,
Artículos 1, 2, 15, 17, 60, 61, 62 de la Ley que Reglamenta el
Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California y de
acuerdo a la tarifa contenida en la Ley de Ingresos del Gobierno
del Estado de Baja California en vigor, artículo 27 del Código
Fiscal del Estado de Baja California”
No obstante la cita de los preceptos y ordenamientos legales
referidos, se advierte que la factura impugnada carece de
suficiente fundamentación.
En primer término, la autoridad menciona una Ley de Ingresos del
Gobierno del Estado de Baja California “en vigor”, sin determinar a
cual se refiere en atención a la temporalidad de dicha normatividad
en relación con los conceptos determinados en la factura impugnada,
ni mucho menos indica el artículo en específico a que se
refiere.
De igual manera, el referido artículo 11 de la Ley de Ingresos
del Estado de Baja California para el ejercicio Fiscal del Año
2013, en su décimo párrafo que las tarifas y cuotas en cada una de
las secciones de ese precepto, se actualizarán mensualmente, a
partir del mes de febrero, con el factor que se obtenga de dividir
el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que publique el Banco
de México, del último mes inmediato anterior al mes por el cual se
hace el ajuste, entre el
-
citado índice del penúltimo mes inmediato anterior al del mismo
mes que se actualiza; la demandada Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana, para dar certidumbre al particular sobre la
forma en que se obtuvo la cantidad correspondiente, se encuentra
obligada a precisar la fecha de publicación en el Diario Oficial de
la Federación de los Índices Nacionales de Precios al Consumidor
que aplicó al determinar la cantidad, (no así las fechas de
publicación en dicho Periódico del procedimiento seguido para
obtener los valores calculados por el Banco de México), tal como lo
determinó la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país al resolver
la contradicción de tesis 59/2011 y emitir la tesis de
jurisprudencia 66/2011, que a continuación se transcribe:
ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR. FUNDAMENTACIÓN DE UNA
RESOLUCIÓN DETERMINANTE DE UN CRÉDITO FISCAL ACTUALIZADO. Para que
la resolución emitida por la autoridad hacendaria, en el rubro de
actualizaciones, esté debidamente fundada, debe citar los preceptos
legales aplicables y las fuentes de las que derivaron los datos
necesarios para realizar las operaciones que llevaron a determinar
el crédito fiscal relativo, esto es, la fecha de publicación en el
Diario Oficial de la Federación de los Índices Nacionales de
Precios al Consumidor aplicados, de manera que se genere
certidumbre al gobernado sobre la forma en que se obtuvo la cuantía
correspondiente, sin embargo respecto de dichos valores que son
calculados por el Banco de México, conforme al artículo 20 Bis del
Código Fiscal de la Federación, es innecesario que en las
resoluciones respectivas se citen además las fechas de publicación
en el medio de difusión de referencia del procedimiento seguido al
efecto, toda vez que, en su caso, la legalidad de dicho
procedimiento no es atribuible a la autoridad fiscal y puede ser
materia de análisis si el particular afectado considera ilegal una
disposición de observancia general aplicada en su perjuicio en el
procedimiento que precedió a la resolución expresamente impugnable
y no necesariamente como aspecto de fundamentación de la resolución
determinante del crédito fiscal.
Contradicción de tesis 59/2011. Entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Séptimo Circuito. 23 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Armida Buenrostro
Martínez.
Tesis de jurisprudencia 66/2011. Aprobada por la Segunda Sala de
este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de abril de dos mil
once.
Al no haberlo hecho así, la autoridad demandada incurre en
vicios de naturaleza formal, por ausencia de fundamentación y
motivación, porque la que menciona es tan vaga e imprecisa que no
da elementos al particular de contradecir o controvertir los
fundamentos y motivos que en su caso sustenten el cobro del
“CONSUMO DEL PERIODO”.
De igual importancia resulta, que la factura impugnada carece de
la motivación a la que se refiere el artículo 16
constitucional.
Si bien es cierto, se asentó en la factura el periodo de
consumo, lectura anterior, lectura actual, y consumo, la autoridad
demandada fue omisa en asentar las circunstancias, razones o causas
que tomó en consideración para emitirla, y tampoco adecuó dichos
los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el
caso concreto se configuren las hipótesis normativas en las que
fundamento su actuación.
Así las cosas, no puede considerarse satisfecho el requisito
formal de fundamentación y motivación que debe contener todo acto
de autoridad, en razón de que la cita insuficiente de una serie de
preceptos y la omisión TOTAL de la motivación correspondiente, se
traduce en la falta de fundamentación y motivación aludida.
Por lo antes expuesto, al carecer la factura impugnada, de
fundamentación y motivación, respecto del concepto “CONSUMO DEL
PERIODO”, se estima que se actualiza la causal de nulidad prevista
por la fracción II del artículo 83 de la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, en virtud de que incumple
con las formalidades que legalmente debe revestir.
OCTAVO. Efectos de la sentencia. Al haberse concluido en el
considerando séptimo de esta sentencia que la factura impugnada
actualiza las causales de nulidad previstas por las fracciones I,
II del artículo 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado, en virtud de que, por una parte, la
autoridad Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana no es
competente para realizar el
-
cobro por lo que hace a los conceptos “SALDO VENCIDO PERIODOS
ANTERIORES”, “RECARGOS ACUMULADOS”, “OTROS SERVICIOS” y “APORT.
CRUZ ROJA/BOMBEROS”; y por la otra, no motivó su actuación por lo
que hace al concepto “CONSUMO DEL PERIODO”, se declara la nulidad
de la citada factura.
Asimismo, toda vez que el artículo 84 de la ley del Tribunal,
prevé que como consecuencia de la nulidad del acto impugnado, se
ordenará también a la autoridad demandada el hacer, el no hacer o
el dar que corresponda, se condena a la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana a que se abstenga de emitir
facturas relativas a la cuenta **********, relacionada con el
inmueble con clave
catastral ********** que contengan los conceptos de “SALDO
VENCIDO PERIODOS ANTERIORES”, “RECARGOS ACUMULADOS”, “OTROS
SERVICIOS” y “APORT. CRUZ ROJA/BOMBEROS”; por no ser autoridad
competente para cobrarlos; en el entendido de que, de cobrar dichos
conceptos nuevamente, se le tendrá repitiendo el acto declarado
nulo y se hará acreedora a cualquiera de los medios de apremio
previstos en esta Ley.
Por otro lado es de señalarse que debido a que el consumo del
periodo asentado en la factura no constituye propiamente un
requerimiento de pago, sino la determinación de un crédito fiscal,
la factura, por cuanto a dicho concepto, no puede declararse nula
para efectos; esto es, no se puede imponer a la demandada la
obligación de emitir otra factura tendente a sustituir la tildada
de nula.
Cuando mes a mes la Comisión Estatal de Servicios Públicos de
Tijuana, emite una factura en la que asienta el concepto antes
citado, lo que hace es determinar un crédito fiscal, indicándole al
particular el tiempo que éste tiene para pagarlo. Por tanto, siendo
esa determinación una facultad discrecional y no una potestad
reglada, esta Sala no puede obligar a la Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Tijuana a que emita otra factura, ya que de
hacerlo se sustituiría en esa autoridad, la cual es libre para
decidir si despliega o no esa atribución.
Sirve para robustecer lo anterior, la jurisprudencia por
reiteración de criterios que se reproduce enseguida:
CRÉDITO FISCAL DERIVADO DEL EJERCICIO DE LA FACULTAD
DISCRECIONAL DE LA AUTORIDAD HACENDARIA. SU EJECUCIÓN YA NO DEPENDE
DEL ARBITRIO DE LA EXACTORA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de
tesis 16/2000 estableció el criterio de que las autoridades
hacendarias pueden obrar de dos maneras, discrecional y
reglamentada; en tratándose del ejercicio de la facultad
discrecional, la legislación otorga a la autoridad un margen libre
de apreciación para determinar la forma de actuar. El Código Fiscal
de la Federación en su artículo 42 contempla las formas de ejercer
esas facultades discrecionales de revisión, comprobación y
determinación de que dispone, tendentes a verificar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales, pues la ley le otorga a la autoridad
un margen de libre apreciación para determinar su forma de actuar,
al contar con la facultad de decidir libremente si despliega o no
esas atribuciones. En la facultad reglada o reglamentada, la
actuación de la autoridad fiscal debe ceñirse al marco legal fijado
por la norma jurídica que señala la conducta específica que debe
seguirse ante la actualización de la hipótesis que la disposición
legal prevé, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo
145 del Código Fiscal de la Federación llevada a cabo la
autodeterminación por parte del contribuyente, o bien, determinado
un crédito por parte de las propias autoridades hacendarias, surge
la obligación de enterar el monto del adeudo dentro de los plazos
que establece la ley, tornándose exigible a través del
procedimiento administrativo de ejecución. Por su parte, el
artículo 239 del referido ordenamiento indica que en las sentencias
definitivas se podrá: a) reconocer la validez de la resolución
impugnada; b) declarar la nulidad de la sentencia combatida; y, c)
en su caso, declarar la nulidad para determinados efectos, debiendo
precisar con claridad la forma y términos en que la autoridad debe
cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. La
interpretación armónica de dichos preceptos legales permite
concluir que cuando la autoridad fiscal a través de alguna de las
formas de verificación a que alude el numeral citado en primer
término finca un crédito a favor del fisco federal, con dicho
procedimiento y determinación agota la facultad discrecional
prevista por la norma de referencia; en consecuencia, a partir de
entonces queda en presencia de una facultad reglamentada y, por
tanto, constreñida a exigir el pago de los créditos fiscales que no
hubieren sido cubiertos o garantizados a través del referido
procedimiento económico-coactivo; luego, cuando en el ejercicio de
éstos se advierta alguno de los vicios de nulidad a que se refieren
las fracciones II y III del artículo 238 del Código Fiscal de la
Federación, durante el procedimiento administrativo de ejecución,
la Sala Fiscal que conozca del juicio debe declarar la nulidad para
el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva
resolución pues, en esos casos, ya no opera la excepción contenida
en el artículo 239 del citado ordenamiento, por no encontrarse ante
el ejercicio de facultades discrecionales.
-
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.
VII.3o.C. J/11
Revisión fiscal 148/2002. Secretario de Hacienda y Crédito
Público y otras autoridades. 28 de febrero de 2003. Unanimidad de
votos. Ponente: Mario Alberto Flores García. Secretaria: María
Isabel Morales González.
Amparo directo 157/2004. Radio Fortín, S.A. 7 de mayo de 2004.
Unanimidad de votos. Ponente: Mario Alberto Flores García.
Secretaria: María de Jesús Ruiz Marinero.
Revisión fiscal 30/2004. Administrador Local Jurídico de Xalapa,
con sede en Xalapa, Veracruz, unidad administrativa encargada de la
defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la
autoridad demandada. 9 de julio de 2004. Unanimidad de votos.
Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretaria: María
Guadalupe Cruz Arellano.
Amparo directo 301/2004. Casa Trueba, S.A. de C.V. 6 de agosto
de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal
Maldonado. Secretario: José Alfredo García Palacios.
NOVENO. Fundamento jurisprudencial. Es preciso puntualizar que
las jurisprudencias citadas a lo largo de la presente resolución
son obligatorias para este Tribunal atento a lo previsto en el
artículo 217, de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, mismo que por su importancia nos permitimos transcribir
a continuación:
Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es
obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y
además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y
unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales
militares y judiciales del orden común de los Estados y del
Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo,
locales o federales.
La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es
obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito,
los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del
orden común de las entidades federativas y tribunales
administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen
dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de
circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo
anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás
tribunales colegiados de circuito.
La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en
perjuicio de persona alguna.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 82, 83
fracciones I y II y 84 de la Ley que rige a este Tribunal, se
resuelve:
PRIMERO. Atento a lo expuesto en el considerando séptimo de esta
resolución y de conformidad con el artículo 83 fracciones I y II de
la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de
Baja California, se declara
la nulidad del recibo emanado de la cuenta **********, con fecha
de vencimiento del primero de agosto de dos mil trece, emitido por
la Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana, en relación con el inmueble con clave
catastral **********.
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 84 de Ley del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, se
condena a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana a
que se abstenga de emitir facturas
relativas a la cuenta **********, relacionada con el inmueble
con clave catastral ********** que contengan los conceptos de
“SALDO VENCIDO PERIODOS ANTERIORES”, “RECARGOS ACUMULADOS”, “OTROS
SERVICIOS” y “APORT. CRUZ ROJA/BOMBEROS”; por no ser autoridad
competente para cobrarlos; en el entendido de que, de cobrar dichos
conceptos nuevamente, se le tendrá repitiendo el acto declarado
nulo y se hará acreedora a cualquiera de los medios de apremio
previstos en esta Ley.
TERCERO. Notifíquese personalmente a la parte actora y por
oficio a la autoridad demandada.
Así lo resolvió el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, René
Aguilar Samaniego, y firmó ante la presencia del Secretario de
Acuerdos, José Mario Charles Garza, quien autoriza y da fe.
-
LA SUSCRITA, CLAUDIA CAROLINA GOMEZ TORRES, SECRETARIA GENERAL
DE ACUERDOS DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA,
CERTIFICA:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUE LO TRANSCRITO CON ANTERIORIDAD CORRESPONDE A UNA VERSION
PUBLICA DE LA
RESOLUCION DICTADA POR LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ESTADO EN FECHA DIECINUEVE DE MARZO DE DOS
MIL CATORCE EN EL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 766/2013 S.S., EN LA QUE SE
SUPRIMIERON DATOS QUE
SE HAN CONSIDERADO COMO LEGALMENTE RESERVADOS O CONFIDENCIALES,
CUBRIENDO EL
ESPACIO CORRESPONDIENTE MEDIANTE LA UTILIZACION DE DIEZ
ASTERISCOS; VERSION QUE VA
EN DIECIOCHO FOJAS UTILES.
LO ANTERIOR CON APOYO EN LA FRACCION I, DEL ARTICULO 34 DE LA
LEY DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA Y 15 DEL
REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA. LO
QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR,
EN LA CIUDAD DE
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DOCE DE AGOSTO DE DOS MIL
DIECISEIS. DOY FE.
