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Talca, veintitrés de marzo de dos mil once.
Vistos:
Los días 14 a 18 del presente, ante la Primera Sala del Tribunal Oral en lo Penal
de Talca, se llevó a efecto la audiencia de juicio oral para conocer de la acusación dirigida
en contra de CARLO ALBERTO SILVA FRUGONE, chileno, natural de Valparaíso, 34
años de edad, soltero, comerciante, cédula de identidad N° 10.547.443-1, sin apodo,
domiciliado en calle Ortúzar N° 30, Valparaíso; de EDUARDO ANTONIO GONZALEZ
CORTES, chileno, natural de Santiago, 37 años de edad, soltero, comerciante, cédula de
identidad N° 13.290.593-2, sin apodo, domiciliado en Población Exequiel González
Cortés, calle 2, N° 2062, Ñuñoa, Santiago; de FERNANDA DENISE AMARO GANGAS,
chilena, natural de Talca, 28 años de edad, soltera, dueña de casa, cédula de identidad
N° 15.136.725-9, sin apodo, domiciliada en calle Clodomiro Silva N° 723, San Clemente;
de SILVIA MARIA CAROLINA AMARO GANGAS, chilena, natural de Talca, 31 años de
edad, soltera, labores de casa, cédula de identidad N° 13.786.925-K, sin apodo,
domiciliada en calle Clodomiro Silva N° 723, San Clemente; de LUIS ALEJANDRO
MARIN VEGA, chileno, natural de Talca, 37 años de edad, divorciado, chofer, cédula de
identidad N° 12.520.554-2, sin apodo, domiciliado en Población Abate Molina, calle 9
Oriente N° 375, Talca; y de JUAN RODRIGO GONZALEZ MORAGA, chileno, natural de
Talca, 35 años de edad, soltero, comerciante, cédula de identidad N° 13.102.120-8, sin
apodo, domiciliado en Población Brilla El Sol, calle 13 Sur N° 146, Talca.
Fue parte acusadora el Ministerio Público, representado por el Fiscal don Ángel
Ávila Calderón, con domicilio en calle 1 Sur N° 790 de Talca.
La defensa de Carlos Alberto Silva Frugone, estuvo a cargo del abogado don
Mauricio González Morales; la de Eduardo Antonio González Cortés, por el abogado don
Mario Venegas Gudenschwager; la de Fernanda Amaro Gangas, por el abogado don Iván
Gómez Oviedo; la de Silvia Amaro Gangas, por el defensor penal licitado, don Daniel
Vergara Galaz. A su vez, la defensa de Luis Marín Vega y de Juan Rodrigo González
Moraga, fue ejercida por la defensora penal licitada, doña Carla Pérez Trigo; cuyos
domicilios y formas de notificación constan en la carpeta respectiva.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la imputación efectuada por el Ministerio Público en contra de los
acusados, según el auto de apertura, es del tenor siguiente: “Al menos desde el mes de
julio de 2008, FERNANDA DENISE AMARO GANGAS y SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO
GANGAS, previo concierto, se dedican a la comercialización de droga en esta ciudad, la
que de manera periódica adquieren en Santiago de manos de EDUARDO ANTONIO
GONZÁLEZ CORTÉS quien -también concertado con CARLOS ALBERTO SILVA
FRUGONE- es provisto periódicamente de la misma por este, dedicándose ambos a la
distribución periódica de la droga en diversos lugares, entre otros, Talca. En efecto, en el
mes de agosto de 2008, las hermanas AMARO GANGAS, fueron alternadamente
trasladadas hasta Santiago por LUIS ALEJANDRO MARÍN VEGA, donde adquirieron la
droga que SILVA FRUGONE suministraba a GONZÁLEZ CORTÉS. Bajo dicha modalidad,
el día 5 de agosto de 2008, SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS viajó hasta
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Santiago trasladada por MARÍN VEGA, adquiriendo para sí y su hermana, FERNANDA
DENISE, una cantidad indeterminada de clorhidrato de cocaína, la que fue
posteriormente comercializada en esta ciudad por ambas y, en pequeñas cantidades, por
su madre GLORIA DEL PILAR GANGAS GONZÁLEZ y JUAN RODRIGO GONZÁLEZ
MORAGA (con quien Silvia Amaro Gangas había mantenido una relación sentimental), y
quien en ocasiones prestaba dinero a SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS con el
propósito de adquirir la droga en la capital. Asimismo, el día 19 de agosto de 2008, la
imputada FERNANDA DENISE AMARO GANGAS, fue trasladada hasta Santiago en el
taxi colectivo PPU ZG-2993 por MARÍN VEGA, lugar en el que adquirió para sí y para
SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS de manos de GONZÁLEZ CORTÉS y éste a
su vez de SILVA FRUGONE, 231 gramos brutos de clorhidrato de cocaína, droga que
pretendían trasladar en dicho móvil hasta esta ciudad, siendo sorprendidos en posesión
y transporte de la sustancia por la Policía de Investigaciones de Chile, en la madrugada
del día indicado, al ser controlados en el Peaje Río Claro, manteniendo la droga
distribuida en tres bolsas de polietileno transparente, las que ocultaron entre las
prendas de vestir del menor Héctor Enrique Castro Retamal, que también transitaba en
el auto. El mismo día, en horas de la mañana, previa orden judicial, fueron encontradas
en el domicilio de la imputada FERNANDA DENISE AMARO GANGAS, ubicado en la calle
26 ½ sur D 14 poniente N° 0574 de la Población Samuel Lillo, de esta ciudad, una
balanza digital marca Diamond utilizada para efectos de dosificar el alucinógeno, dinero
proveniente de las ventas del mismo y una munición sin percutar calibre 32 –sin que
esta contara con autorización para su tenencia-. Asimismo, en el domicilio de SILVIA
MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS, ubicado en la calle 18 norte B N° 1146, Talca,
mismo que compartía con su madre, GLORIA DEL PILAR GANGAS GONZÁLEZ, quien
ocasionalmente cumplía funciones de acopio y comercialización de pequeñas cantidades
de droga a consumidores finales, previa orden judicial, se ingresó, registró e incautó por
la Policía de Investigaciones de Chile teléfonos celulares y dinero, utilizados y
provenientes, respectivamente, en la comisión del ilícito. Posteriormente, con fecha 30 de
octubre de 2008, en horas de la tarde, CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE y EDUARDO
ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS, fueron sorprendidos en los momentos en que,
nuevamente, se disponían a efectuar una entrega de droga en calle San Eugenio con
Carlos Dittborn, comuna de Ñuñoa, Santiago, transportando el primero, en la camioneta
PPU BFTG-35, 1,13 kilogramos de clorhidrato cocaína, sustancia que llevaba en el
interior de una bolsa de plástico negra y que iba a ser adquirida por el segundo -de
acuerdo a lo acordado previamente por ambos vía telefónica- manteniendo éste, a su
turno, el precio de la droga ascendente a $6.500.000 en dinero efectivo, destinado
precisamente a la compra del mismo y que ocultaba en un coche en el cual iba a
trasladar la droga. En aquel día, en horas de la noche, previa autorización judicial de
entrada, registro e incautación al inmueble de CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE, se
le encontró por la Policía de Investigaciones de Chile, guardando 78,2 gramos brutos de
cannabis sativa del tipo paraguaya, un revólver calibre 38 marca Taurus con su
respectiva munición, sin que contara con la debida autorización, $27.000.000 en dinero
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efectivo, provenientes de la comercialización de la droga. La totalidad de las sustancias
señaladas arrojaron coloración positiva a la presencia de clorhidrato de cocaína y THC,
respectivamente”.
A juicio de la Fiscalía, tales hechos son constitutivos, respecto de los acusados
CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE, EDUARDO ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS,
FERNANDA DENISE AMARO GANGAS, SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS y
LUIS ALEJANDRO MARÍN VEGA, del delito de tráfico ilícito de drogas, previsto y
sancionado en el artículo 3, en relación al artículo 1, de la Ley N° 20.000. Además, en
relación a CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE, constituyen también el delito de
tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley N°
17.798 sobre Control de Armas y Explosivos. Y, por último, en lo tocante al acusado
JUAN RODRIGO GONZÁLEZ MORAGA, se encuadran en la figura de tráfico ilícito de
pequeñas cantidades de droga, previsto y sancionado en el artículo 4, en relación al
artículo 1, ambos de la Ley N° 20.000; atribuyéndoles, respectivamente, a todos los
imputados la calidad de autores, en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal;
estimando que los ilícitos se encuentran en grado de consumados.
Añade el ente acusador, que beneficia a CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE y
LUIS ALEJANDRO MARÍN VEGA, la atenuante contemplada en el artículo 11 N° 6 del
Código Penal, esto es, su irreprochable conducta anterior. Que perjudica a los acusados
CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE, EDUARDO ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS,
FERNANDA DENIS AMARO GANGAS y SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS, la
agravante especial contemplada en el artículo 19 letra a) de la Ley N° 20.000, esto es, la
de haber formado parte de una reunión o agrupación de delincuentes, sin incurrir en el
delito de organización del artículo 16 de la citada Ley; y, asimismo, concurre en perjuicio
de las imputadas SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS y FERNANDA DENISE
AMARO GANGAS, la agravante general contemplada en el artículo 12 N° 14 del Código
Penal, esto es, la de haber cometido el delito luego de quebrantada la condena dentro del
plazo en que podían ser perseguidas por el quebrantamiento.
Por lo anterior, requiere se impongan a los acusados las siguientes penas: a
CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE y EDUARDO ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS,
quince años de presidio mayor en su grado medio y multa de 400 UTM como autores del
delito de tráfico ilícito de drogas; además, a CARLOS ALBERTO SILVA FRUGONE, tres
años de presidio menor en su grado medio, por su autoría en el delito de tenencia ilegal
de arma de fuego; a FERNANDA DENISE AMARO GANGAS y SILVIA MARÍA CAROLINA
AMARO GANGAS, quince años y un día de presidio mayor en su grado máximo y multa
de 200 UTM, como autoras del delito de tráfico ilícito de drogas; a LUIS ALEJANDRO
MARÍN VEGA, siete años de presidio mayor en su grado mínimo y multa de 100 UTM,
como autor del delito de tráfico ilícito de drogas; y a JUAN RODRIGO GONZÁLEZ
MORAGA, tres años de presidio menor en su grado medio y multa de 40 UTM, por su
autoría en el delito de tráfico de pequeñas cantidades de droga; en cada caso, más las
accesorias legales, pago de las costas y, especialmente, el comiso de los efectos del delito
y las especies que de él provienen; con expresa mención que el dinero que da cuenta el
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depósito a plazo, debe ser enterado en el fondo Especial del Ministerio del Interior,
cuenta N° 9023283 del BancoEstado, conforme lo ordena el artículo 46 de Ley N° 20.000.
En su alegato de apertura, el Ministerio Público, hizo reserva de sus argumentos
para la etapa de clausura, oportunidad en la que sostuvo que Juan Rodrigo González
Moraga, fue acusado como autor de microtráfico y estima que su intervención se probó
en dos ámbitos; hacer entrega de droga y facilitar dinero; lo primero surge de su
conversación con Silvia Amaro, respecto a una mitad que alguien requiere y él se ofrece
para llevársela; lo segundo, de una conversación entre Silvia y Fernanda, donde la
primera dice que “Rodri” le presta trescientos, pero que peleó con él; y no hay otro
“Rodri” en esta investigación. Agrega que todos los acusados que declararon en juicio,
reconocen en los audios, la titularidad de sus voces, porqué debería ser errónea la de
González Moraga. Respecto a Luis Marín Vega, se acreditó que fue sorprendido, el 19 de
agosto de 2008, transportando en su vehículo, 230 gramos de cocaína; es decir, hay
una presunción legal de tráfico; resta establecer el dolo; se pretende hacerlo aparecer
como un chofer de locomoción colectiva que efectuó una carrera, pero su situación es
distinta, ya que acá hay conocimiento; lo que se aprecia de las conversaciones entre
Silvia y Jano, donde ella le refiere que no ha empezado a vender; le ofrece $50.000 por el
viaje, pero Jano le señala que lo conversen personalmente; resulta, a lo menos dudoso,
que un chofer haga viajes especiales, transitando 600 kilómetros sin saber a qué;
además, las hermanas Gangas, en otra escucha, hablan que no están bien, que sólo le
darán a Jano $50.000, no $75.000, lo que indica que habían viajes anteriores; agregan
que le regalaron 10 gramos; es decir, Marín se pagó también con droga; por todo ello
debe ser condenado como autor de tráfico. En cuanto a Silvia y Fernanda Amaro, aunque
la defensa aspira a una calificación distinta; se debe considerar que a Fernanda le
perjudica la presunción del artículo 3 de la Ley 20.000, bajo las hipótesis de transporte
y comercialización; el transporte se acredita con las circunstancias de su detención, el 19
de agosto de 2008; y la venta, con las decenas de escuchas, que dan cuenta de una
conducta de tráfico realizada de manera sistemática; estamos en presencia respecto de
ambas acusadas de un negocio, ambas viven del tráfico de drogas, coordinan los lugares
de entrega y, el lugar de acopio es distinto al donde se pesan. La propiedad de los 231
gramos incautados el 19 de agosto de 2008, no cabe duda que era de Fernanda y Silvia
Amaro Gangas, ambas la comercializaban y reportaban los pagos a Eduardo González
Cortés; 230 gramos no se condice con el concepto “menudeo”; no conoce ningún fallo que
considere tal cantidad como microtráfico; la comparación de la defensa, entre esta droga
y la que portaba Silva y Eduardo González, sólo tiene importancia para la regulación de
la pena, pero no para la calificación; tampoco sirven al efecto las comparaciones
económicas de éstos, pues el enriquecimiento no es parte del tipo penal. Respecto de
ellos concurre la agravante del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000; se dirá que no hay
mandos, ni jerarquías, pero esas circunstancias son exigidas en el artículo 16, con
ocasión de una asociación ilícita; acá es una reunión de delincuentes para efectuar el
tráfico; no hay jerarquización; la razón de ser de esta agravante es sancionar a la
pluralidad de personas que se unen con el objeto de facilitar el tráfico; es claro que hay
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vínculo familiar entre Silvia y Fernanda; una relación de confianza con Eduardo González
Cortés; o sea, una agrupación tripartita con un giro único, traficar; lo que se realiza de
manera sistemática y sostenida en el tiempo; pues González dice que de mayo de 2008
en adelante, le entregó droga a Fernanda; hay permanencia en el tiempo a lo menos
desde esa fecha y Silvia recibía periódicamente los pagos asociados a la mercancía; de
ello se puede sostener que Silvia y Fernanda viajaron a Santiago, alternadamente,
utilizando a un chofer, para luego comercializar la droga en Talca. Se dirá que sancionar
a ambas con la agravante, importaría conculcar el artículo 63 del Código Penal; pero hay
fallos que señalan que éste es un elemento que no forma del tipo penal. Respecto a
Eduardo González Cortés, la titularidad del dominio, no es sólo de 230 gramos
incautados en agosto, sino también aquel que se incautó al momento de su detención y
también le perjudica la agravante. En cuanto a Carlos Silva Frugone, su defensa no ha
cuestionado su participación; fue detenido con un kilo de cocaína y con el dinero
correspondiente a su valor; pero también se probó que existe una permanencia en esto,
una dedicación al tráfico, vinculándose con proveedores extranjeros; además, estando en
prisión preventiva continuó dedicándose al tráfico. No va a instar a su respecto, la
agravante del artículo 19 letra a), pues no se pudo establecer un conocimiento previo
entre éste y las hermanas Amaro Gangas.
En la audiencia establecida en el artículo 343 del Código Procesal Penal, esgrimió
en perjuicio de las hermanas AMARO GANGAS, la agravante del artículo 12 N° 14 del
Código Penal; agregó que si bien Fernanda declaró en el juicio, tal declaración no cumple
con el estándar del artículo 11 N° 9 Código Punitivo, pues tiende a desvincularse de los
hechos y también a Luis Marín Vega, por lo que carece de sustancialidad. Solicita se
condene a ambas a una pena no inferior al presidio mayor en su grado medio. Respecto
de LUIS MARIN VEGA, incorpora su extracto de filiación, sin condenas anteriores, por lo
que le reconoce la minorante del N° 6, del citado artículo 11 N° 6; añadiendo que no
concurre ninguna otra, debiendo descartase la colaboración sustancial; ya que
consciente de la prueba existente en su contra, optó por desvincularse del objeto
material que transportaba. Pide se le aplique una pena de presidio mayor en grado
mínimo. En relación a EDUARDO GONZALEZ CORTES, refirió que estando en presencia
de un delito de carácter continuado, ello debe considerarse en la determinación de la
pena, solicitando el máximo de ella. En lo tocante a CARLOS SILVA FRUGONE, sostuvo
que con fecha 12 octubre d 2010, fue condenado por este Tribunal, a la pena de 5 años
de presidio menor en su grado máximo; hechos que pudieron haberse juzgado
conjuntamente con los de esta causa, por lo que corresponde hacer aplicación del
artículo 164 de Código Orgánico de Tribunales; y considerar a su favor la atenuante de
su irreprochable conducta anterior. Seguramente la defensa alegará también la
colaboración sustancial, pero no hay elementos en los hechos, que hayan sido aportados
por Silva, como para darle tal calidad. Solicita se le condene al máximo de la pena; pues
estando sujeto a prisión preventiva, vuelve a incurrir en delito de la misma especie. Pide,
en forma especial, el comiso de todos los efectos e instrumentos del delito; los
$27.000.000 y los $6.500.000; también conforme al artículo 45 ley 20.000, el comiso de
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muebles, vehículos y dinero; y aquellos bienes adquiridos por terceros a sabiendas.
Específicamente, solicita el comiso de las especies incautadas en su oportunidad,
porque no resulta suficiente la explicación dada por Silva, ya que resulta evidente que los
bienes no provienen de una actividad licita.
SEGUNDO: Que la defensa del acusado Carlo Alberto Silva Frugone, en su
alegación inicial, manifestó que su posición no dice relación con el hecho punible ni la
participación, sino básicamente con las circunstancias modificatorias que concurrirían;
ya que impugnará la agravante especial del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000;
estimando que no se acreditaran los requisitos copulativos para su concurrencia; pues si
alguna actividad delictiva realizó su defendido con González Cortés, se limitó a ambos;
nunca hubo contacto con los demás acusados y tampoco impartió instrucciones a nadie.
Añade que en la oportunidad respectiva, alegará además de la atenuante de
irreprochable conducta anterior, la del N° 9 del artículo 11 del Código Penal; y,
consecuencialmente, abogará por una pena inferior. En su alegato de clausura, sostuvo
que el ente persecutor sólo ha acreditado parcialmente los hechos; pues resultó probado
que pasadas las 17:30 horas del 30 de septiembre de 2008, en Ñuñoa, Santiago, Carlos
Silva fue detenido transportando 1.013 gramos de cocaína, y la suma de $6.500.000;
siendo incautados ambos y la camioneta en que se movilizaba. Luego, en la misma
noche, en su domicilio se incautó un revólver y $27.000.000; sobre lo cual no hay
discusión. Por el contrario, no se probó que Silva Frugone se dedicara a la distribución
periódica de drogas en Talca, ni personalmente, ni a través de González Cortés; en
ningún caso efectuó transacciones en esta ciudad; no sabía de la existencia de las
hermanas Amaro Gangas; desconocía el destino que Eduardo González le daría a la
droga. Tampoco se acreditó la proposición fáctica que la droga del 19 de agosto, hubiera
provenido de Carlos Silva Frugone; no hay escuchas que así lo acrediten, pues en este
aspecto, todas se refieren a lo ocurrido el 30 de septiembre. Por la declaración de su
defendido en los albores de la Investigación en Fiscalía; sabemos que a mediados de
septiembre hubo otra transacción entre González y su defendido, de medio kilo de
cocaína, pero eso fue tiempo después que las hermanas Amaro Gangas estaban
detenidas. El Ministerio Público sostiene que los 27 millones de pesos, son producto del
actuar ilícito de su representado; pero ese no es un hecho probado, no se ha acreditado
el origen ilícito del dinero en este juicio; pues la única droga que le fue incautada a
Carlos Silva, es la del 30 de septiembre; no hay ninguna evidencia que dé cuenta de otra
transacción, salvo la de mediados de septiembre; hacia atrás no hay evidencia alguna
que pueda vincular el dinero con la droga. No comparte lo señalado por el Fiscal, en
cuanto a que le correspondía al acusado probar esto, respecto al dinero y bienes, porque
la carga probatoria es del Ministerio Público, respecto al origen de éstos. En relación a
la agravante del artículo 19 letra a), corresponde al Tribunal decidir al respecto; y,
concuerda con el Fiscal, en que la agravante no puede sostenerse contra su defendido,
porque falta el presupuesto básico, que es el conocimiento, conciencia y voluntad de
formar parte de una agrupación; además, estima que también es exigible una cierta
jerarquía; como lo ha acogido este mismo Tribunal en la causa RIT 102-2008. Silva le
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entregó droga a Eduardo González, en dos oportunidades, sin saber a que estaba
destinada y, así no podía tener la conciencia de la existencia de un grupo; además no
existe nexo alguno entre Silva y la actividad delictiva de las hermanas Amaro Gangas; en
cuanto a la estructura jerárquica, si bien no tiene las mismas exigencias del artículo 16,
pero si requiere de una estructura funcional en que alguien tuviera el mando; y, no hay
evidencia que Silva ejerciera labores de mando.
En la audiencia sobre determinación de pena, incorporó el extracto de filiación y
antecedentes de Silva Frugone, exento de anotaciones; un certificado de inscripción de
vehículos motorizados, respecto a la Inscripción BRGL 76 -8, de un automóvil marca
Mercedes Benz, a nombre de Susana Ester Galleguillos Morgan; y un certificado de
inscripción de vehículos motorizados, relativa a la Inscripción BFTG 35-9, de una
camioneta, año 2008, a nombre de Rosa Elizabeth Bruna Yévenes. Invoca a favor de su
representado, las atenuantes de los números 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal, la
primera acreditada con el documento mencionado en primer término; y, la segunda,
teniendo en cuenta los antecedentes que en diversas oportunidades entregó su
representado, que facilitaron la labor de la policía, del Fiscal y del Tribunal mismo.
Incorpora además, el acta de incautación del dinero, que aparece firmada por Silva;
relativa a $27.000.000 y un teléfono celular. Agrega que las declaraciones prestadas ante
el Ministerio Público, también deben considerarse para la atenuante, porque se
efectuaron ante el funcionario policial que participó en su detención; a lo cual accedió
Silva; además entregó antecedentes que el Fiscal no conocía y reconoció la pertenencia
del arma. Su declaración judicial, resulta sustancial, pues declaró al inicio del juicio,
contribuyendo al juzgamiento, porque les permitió a los jueces adquirir convicción plena
de su participación; estimando que ello también tuvo incidencia en la disminución de
prueba. Considerando lo anterior, solicita se rebaje la pena en un grado, aplicándole una
no superior a 3 años y 1 día; teniendo en cuenta que la única actividad acreditada, fue
la del 30 de septiembre y la droga no circuló por lo que el daño fue menor. Respecto al
delito de tenencia ilegal arma, favoreciéndolo las dos atenuantes indicadas, pide se le
rebaje la pena, y se le imponga la de 61 días de presidio menor en su grado mínimo.
Solicita, asimismo, que se rebaje la multa a 40 UTM o, si el Tribunal lo estima, a una
menor, considerando que su representado ha estado privado de libertad, lo que
disminuye sus posibilidades económicas; y se le otorgue, doce cuotas para su pago. En
cuanto al comiso, en la acusación sólo se mencionan los $27.000.000 que provendrían
de la droga; no se señala ninguna otra especie, salvo la camioneta utilizada, de modo
que no puede extenderse el comiso a las especies muebles incautadas, por no ser
materia de la acusación; la mención genérica de cualquier especie, atenta contra el
principio de congruencia. En la parte petitoria, el Ministerio Público pidió el comiso de
los efectos del delito y las especies que de él provienen; y, el único delito es el del 30 de
septiembre. En relación al automóvil Mercedes Benz hay una presunción legal que la
entrega el certificado de inscripción, es decir, pertenece a un tercero. En cuanto a la
camioneta también pertenece a un tercero; y aun cuando haya sido instrumento del
delito, no se ha probado que la propietaria haya tenido conocimiento del uso que se le
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iba a dar a ésta el día indicado. Su representado fue condenado en causa 73-2010 de
este Tribunal, a presidio efectivo y multa de 6 UTM; conforme al artículo 164 del Código
Orgánico de Tribunales y, para el solo evento que le resulte más favorable, pide
unificación de pena, imponiéndosele la pena única de 5 años y 1 día.
Por su parte, el acusado CARLO ALBERTO SILVA FRUGONE, renunciando a su
derecho a guardar silencio, una vez concluidos los alegatos iniciales, expuso que
reconoce el delito que cometió. El 30 de septiembre de 2008, se juntó con Eduardo
González, a quien le pasó un kilo de cocaína y éste le hizo entrega de dinero. Conoció a
Eduardo por intermedio de John Cancino, a quien a su vez había conocido en San Diego
y conversaron como en dos ocasiones, le mencionó que él se dedicaba a comprar y
vender joyas, por lo que John, le señaló que tenía un amigo que quería vender algunas,
para lo cual le dio su número telefónico. Con posterioridad se juntó con John y ahí le
presentó a Eduardo, a quien le compró dos anillos en $500.000. Mientras estaban
compartiendo en el café, John le dijo si quería pegarse un “sape”; fueron al baño, le
convidó droga y luego se fue. En el mes de julio lo llamó Eduardo y le dijo que se
juntaran; ahí le mostró otras joyas, le compró una pulsera en $100.000; le comentó si le
podía conseguir droga, ya que cuando le convidó “el sape”, él le había referido que la
cocaína estaba mala, que tenía un amigo que tenía de la buena; quería 100 o 200
gramos, quedó en averiguarle; fue a Valparaíso donde un amigo llamado Gustavo Díaz, al
que le había comprado antes; le indicó la cantidad que necesitaba, pero dijo que no tenía
y que lo llamaría cuando la tuviera; lo que hizo el 29 de julio de 2008, preguntándole si
todavía la necesitaba; quedaron en que se la mandaría, con alguien al metro Franklin y
cuando esa persona llegara lo llamara. Se encontró con la persona en el lugar indicado,
quien le hizo entrega de 200 gramos de cocaína. Llamó a Eduardo, pero no le contestó;
conversaron al día siguiente y quedaron de juntarse; recuerda que por teléfono le
preguntó si iba a querer al maestro para que le pintara la casa para la fiesta; éste le
respondió que sí, él le refirió que había llegado pintura buena; que él la iba a ver y se iba
a dar cuenta lo buena que estaba. En la tarde, se juntaron en un café de Franklin, antes
le había dicho que le llevara todo el dinero; Eduardo le señaló que no se preocupara,
porque tenía todo el material; le entregó los 200 gramos, pero Eduardo le dijo que no
tenía la plata; por lo que le manifestó que no se lo podía dejar, porque no era suya y la
cosa era con plata. Al día siguiente fue a Valparaíso y le devolvió a Gustavo los 200
gramos, explicándole que la persona en Santiago no tenía el dinero. Después de eso, le
parece que el 15 de septiembre, vio nuevamente a Eduardo, en Franklin; le preguntó
por joyas, dijo que no tenía, pero que ahora disponía de dinero para comprar 500 gramos
de cocaína. Como el 18 de ese mes, lo llamó John, se juntaron en el café; le refirió que
también quería comprar 500 gramos de cocaína; llamó a Gustavo y le dijo que quería un
kilo, asegurándole que ahora si tenían la plata. Gustavo le manifestó que le enviaría la
droga a Franklin, con un tal Felipe y que con el mismo le mandara el dinero. Como a las
14:00 horas, lo llamó Felipe, se juntaron y le entregó el kilo de cocaína. Luego llamó a
Eduardo, se juntaron en el café, donde le entregó los 500 gramos y éste le pagó por ellos
$2.000.000, en efectivo; después como a las 17:00 horas, llamó a John, se reunieron en
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el café, le entregó también sus 500 gramos y él le pagó $2.000.000 en efectivo. Después
le entregó a Felipe $3.500.000, que era el precio que le cobraba Gustavo por el kilo, para
que se los llevara a éste.
Agrega que el 30 de septiembre, en la mañana, lo llamó Eduardo, pidiéndole que
le consiguiera dos kilos de cocaína; quedaron de juntarse en un puesto de completos,
ubicado en San Eugenio con Carlos Dittborn; a las 18:00 horas. Al mediodía llamó a
Gustavo, le pidió la droga, pero éste le dijo que sólo disponía de un kilo y que en unos
días más, podía enviarle el otro. Como a las 16:00 horas, llegó Felipe con el kilo de
cocaína; luego, alrededor de las 18:00 horas, en una camioneta de una prima que estaba
en su casa, concurrió a juntarse con Eduardo, quien andaba con un coche de guagua;
bajó el vidrio de la camioneta, le pasó el paquete y Eduardo el dinero; sin mencionarle
que sólo era un kilo; en ese momento los detuvo la Policía de Investigaciones; los
funcionarios le dijeron que fueran a su casa a buscar más droga; les dijo que eso era lo
único que tenía; trataron de ubicar su casa con el control remoto de la camioneta,
apuntando a los portones, pero en definitiva él les indicó cual era; ingresaron, la
allanaron, buscaron droga por todos lados; tomaron los celulares de sus hijas, de su
señora, de la nana y de su abuela que vive con ellos. Les manifestó que en el ropero,
dentro de un calcetín, tenía un revólver; que al interior de una máquina de juegos de
azar, habían $30.000.000, que se los había dejado su madre antes de morir; también les
señaló que al lado del velador, en una caja de madera, tenía unos 70 gramos de
marihuana porque es consumidor.
Examinado por el Fiscal, sostuvo que no está privado de libertad por este delito;
que cumple condena de 5 años, porque le pidió a su señora que le llevara droga a la
cárcel; eso ocurrió cuando estaba preso por esta causa. Se identificó en el Tribunal como
comerciante; su abogado de la época, cuando declaró con el Fiscal, dijo que él era obrero;
se le contrasta con su declaración de Ministerio Público, donde se lee en la
individualización “obrero”, dice que nunca ha sido obrero, además, que estaba nervioso
en ese momento. En su declaración ante el Ministerio Público, señaló que $15.000.000
se los dejó su madre; que los otros $15.000.000 eran para su hermano Rodolfo, él debía
entregárselo, pero no lo hizo porque está preso por tráfico de droga en Colina; reconoce
que en Fiscalía no dijo lo de su hermano; sino que refirió que, además de los quince
millones que le dejó su madre, se dedicaba a la venta de joyas y trabajos en imprenta;
agrega que también se dedicaba a la compraventa de automóviles, compraba chocados,
los arreglaba y luego los vendía; que en una ocasión compró un BMW en $8.000.000 y lo
vendió en $18.000.000; además, quiso comprar un automóvil Nissan para venderlo
después, pero se arrepintió; que efectivamente hacía llamadas telefónicas desde la cárcel,
por el negocio de autos y también para saber de su familia. Los automóviles los
comercializaba a través de Alvaro, que es de la automotora; ninguno de los vehículos
estaba a su nombre. La camioneta que utilizó el 30 de septiembre, era de su prima Rosa
Yévenes; era una camioneta nueva, del año; sólo en esa ocasión la utilizó, para no ir en
un taxi a entregar la droga. No quería usar el auto que incautó la policía, un Mercedes
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del año, porque era de una tía de su señora, que le pidió que lo guardara en su casa y
estaba al fondo, bien encarpado, aunque las llaves y papeles estaban en su domicilio.
Añade que empezó trabajando en una imprenta, donde ganaba $400.000
mensuales y no le alcanzaba para mantener su familia; por eso se dedicó a la venta de
joyas; además administraba las propiedades de su abuela Teresa Bruna; esas
propiedades se la dejó don Rafael Frugone; que es su abuelo materno. En síntesis, en su
domicilio le encontraron $30.000.000; además, incautaron televisores y figuras de
adorno que le dejó su madre. La policía tuvo buen trato con él, le sacaron fotos a la casa,
porque les llamó la atención que tuviera muebles bonitos, mesa de pool; le dijeron que
prepara un bolso con ropa porque venían a Talca; en la Prefectura de Talca, dejó sus
bolsos cuando lo trajeron a formalizar; luego los pidió, pero no se lo entregaron. Hace
presente que como en cinco oportunidades traficó clorhidrato de cocaína; la que
compraba a Román Alfaro, quien era peruano y lo conoció en los baños turcos; con él
hizo como tres negocios, distintos a los negocios que ha hecho con Gustavo Díaz. El kilo
se lo vendían a $3.500.000 y él lo vendía en cuatro millones, se ganaba quinientos mil
pesos; además aumentaba la droga, agregándole unos 200 gramos de polvos royal; lo que
hacía en casa de un amigo, para que no viera su esposa y sus hijas. En estos negocios
ganaba dinero, pero no tanto; lo invertía en vivir, mantener a su abuela, a quien le
pusieron un marca pasos, ayudar a su hijas y solventar una operación que tuvo. No le
interesaba comprar propiedades porque su abuela tiene y se las va a dejar a él; tampoco
compró automóviles; nunca ha adquirido nada a su nombre; es la primera vez que ha
estado preso. En su casa encontraron un revólver marca Taurus, calibre 38, que
corresponde al que se le exhibe; lo compró, en el Persa Bío Bío, en $150.000, con tres o
cuatro municiones, para defensa propia y nunca ha matado a nadie. Precisa que cuando
le entregó la droga a Eduardo González, el día que fue detenido, éste le pasó $6.500.000;
pero él sólo le entregó uno de los dos kilos que debía entregarle.
Examinado por la defensa de Fernanda Amaro Gangas, refirió que no conocía a
ésta antes del juicio, sólo las vio en el calabozo, cuando los formalizaron; nunca tuvo
contacto telefónico con ella, no sabía de su existencia; él ha hecho negocios con Eduardo
González, pero no sabía que hacía éste con la droga, nunca le preguntó, así como él
tampoco le preguntaba de donde la sacaba.
Examinado por su propia defensa, refirió que de los acusados sólo conocía a
Eduardo González, a los demás nunca los había oído nombrar; Eduardo jamás los
mencionó, ni le dijo que viniera a Talca. A Eduardo lo conoció a fines de junio de 2008;
primero intentaron una transacción de 100 a 200 gramos, pero falló por la plata; luego
le vendió medio kilo de cocaína y, la última vez, fue cuando los detuvieron el 30 de
septiembre de 2008. La condena que cumple actualmente, es de octubre de 2010, los
hechos ocurrieron el año 2009, un año después de los que se juzga actualmente. Ha
tenido acceso a la carpeta de investigación; su defensa le ha comentado escuchas, una
de una llamada a un peruano, otra que es la que comentó, otra con Alvaro, el de los
vehículos y con familiares. La voz de las escuchas es la suya; ahí aparece como “Beto”,
porque se llama Carlos Alberto y le dicen “Beto”. La conversación del automóvil BMW y
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Nissan que refirió el Fiscal, es posterior a su detención, ya estaba preso. En la
declaración que dio el 20 de enero de 2009, ante el Fiscal, se encontraba presente el
Inspector Osvaldo Espinoza Tapia; él prestó su consentimiento para que estuviera allí.
Su abuela materna se llama Teresa del Tránsito Bruna, tiene un departamento en
Santiago y dos casa en Valparaíso, las que administraba él; las casa se arrendaban en
$200.000 cada una y el Departamento en $300.000. Su madre Teresa Frugone, vendió
una casa en $40.000 y de eso les dejó $30.000.000, al morir. En su casa de Los
Copihues N° 410 de La Florida, que arrendaba su señora en $350.000, la policía
incautó, unas figuras que le dejó su madre; unos sillones de Cuerina y todo lo más
bonito.
Precisa que antes de entregarle la droga a Eduardo González, iba a la casa de un
amigo y le tiraba unos 150 a 200 gramos de polvos royal; lo que le permitía quedarse con
una parte.
En la oportunidad establecida en el artículo 338 del Código Procesal Penal,
manifestó que sabe que cometió delitos en dos o tres oportunidades, pero no siempre se
ha dedicado al tráfico; que no tiene la culpa que su madre fallecida le haya dejado
especies y dinero; que siempre ha colaborado en la investigación y pide disculpas al
Tribunal.
TERCERO: Que, la defensa del acusado Eduardo Antonio González Cortés, en
su discurso inicial, manifestó que la posición de su defendido, será la de declarar en
este juicio y en base a ello, establecerá en su favor la atenuante del artículo 11 N° 9 del
Código Punitivo. En relación a la agravante, invocada por el acusador, considera que no
se reúnen los requisitos copulativos para su concurrencia. En consecuencia, instará por
una pena bastante más reducida que la solicitada. En su alegato de clausura, expuso
que, de la prueba vertida, queda claro un hecho puntual, la detención de la señora
Amaro, portando 230 gramos de cocaína; sostener que hay una agrupación de personas,
no corresponde, pues sólo hay un delito de tráfico, en el que Fernanda Amaro, el 19 de
agosto, fue a Santiago y, aparentemente, la droga fue suministrada por González Cortés.
Su representado llamaba por teléfono a ésta y, cuando no le contestaba, llamada a
Silvia, para cobrar el dinero que le debía por la droga del día 19 de agosto. No existe una
agrupación de delincuentes; dado que en este tipo de delitos, debe haber un comprador
y alguien que suministre; tampoco hay una jerarquía; ni se demostró que Eduardo
González era el proveedor de la droga para Talca; no existen fotografías que avalen que
éste proveía a Fernanda; tampoco se allanó su domicilio para verificar la existencia de
droga, pesas u otros elementos; y por último, su representado no conocía a Marín y
González Moraga; de manera tal que no concurre la agravante. Lo que existe es la
situación de flagrancia del día 30 de septiembre, en que su defendido comercializaba un
kilo de cocaína; único hecho que se le puede imputar, sin su colaboración; ya que
respecto del otro, no existe mayor prueba, salvo su propia declaración, en conjunto con
la de dicha imputada.
En la audiencia sobre determinación de pena, invocó a favor de su representado,
la atenuante del artículo 11 N° 9 del Código Penal, argumentando que éste ha declarado
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desde los actos iniciales del procedimiento, cuyos dichos son coincidentes con los
expresados en estrados; estima que su declaración es importantísima, porque de la sola
prueba de cargo, no se hubiese podido acreditar su participación, al menos en el hecho
establecido como a) del considerando primero del veredicto; ya que sólo él manifestó que
había existido una transacción con las hermanas Gangas, antes del 8 de julio de 2008; y
reconoció también las posteriores; pide, además, que se le de a dicha atenuante el
carácter de muy calificada. Añade que la mayoría de los delitos de tráfico son
continuados, de modo que el que se haya considerado de esa forma, respecto a González
Cortés, no es suficiente para aumentar la pena; debiendo considerarse al efecto que la
droga del 19 de agosto, ni la del 30 de septiembre, alcanzó a ser distribuida, de modo
que el daño a la salud pública no se concretó. Solicita se le imponga la pena de 5 años y
1 día de presidio mayor en su grado mínimo; y, en el caso de calificarle la minorante
invocada, se rebaje la pena en un grado, aplicándole la de 3 años y 1 día a 4 años.
Asimismo, solicita una rebaja prudencial de la multa, en atención a que su representado
lleva 2 años y medio privado de libertad y no cuenta con recursos; además, se le otorgue
la posibilidad de pagarla en 12 cuotas.
A su vez, el acusado EDUARDO ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS, declarando
como mecanismo de defensa, al inicio de la audiencia, manifestó que el año 2008,
conoció a Carlos, se lo presentó un amigo de nombre John, a raíz de unas joyas que
tenía para vender, que había traído del extranjero. Se juntaron en un café, donde al ir al
baño a consumir un poco de cocaína, dijeron que estaba mala; Carlos señaló que tenía
un amigo que tenía buena. Como él llegó deportado y no tenía que hacer, vio la
posibilidad de ganar unos pesos vendiendo droga; se acordó de lo que le había dicho
Carlos y le pidió que le vendiera drogas, pero en un comienzo no hicieron negocio porque
él no tenía la plata. En el mes de julio, se encontró nuevamente con Carlos y ahí le
vendió medio kilo de cocaína; en septiembre lo llamó por teléfono y le dijo que necesitaba
comprar dos kilos de cocaína; acordaron juntarse en San Eugenio con Carlos Dittborn; y
ahí fueron detenidos por la policía, en los momentos que él le entregó $6.500.000 y
Carlos un kilo de droga, diciéndole que en los días siguientes le entregaría el resto.
Examinado por el Fiscal, refirió que no conocía a Silvia Amaro; pero si a
Fernanda, porque era amiga de su amiga Rose Mary y, a través de ésta, se contactaron y
le pidió que le consiguiera un poco de droga; no recuerda si en el mes de julio Fernanda
fue a Santiago y él le consiguió droga, pero no donde Carlos; después le pasó como 200
gramos que fue con la que la detuvieron. A Silvia Amaro, sólo la conocía por teléfono, ya
que a veces cuando llamaba a Fernanda le contestaba ella; además, una vez lo contactó
porque Fernanda estaba enferma. Con Fernanda ha hecho cosas en cuanto a drogas,
pero no con Silvia. Recuerda que en la Fiscalía dijo que había hecho negocios con ellas,
que las acompañó a ellas; pero eso fue porque el Fiscal le dijo que lo hiciera así, porque
eso le beneficiaría; no recuerda si en esa ocasión le leyeron los derechos, en realidad ni
siquiera debería haber declarado si no conocía la carpeta de investigación. Se le exhibe
declaración ante Ministerio Público, de 20 de enero de 2009, en la que se lee “si
reconozco que me leyeron mis derechos”; insiste en que el Fiscal le dijo que si reconocía
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esto le iba a servir, pero no declaró lo que en realidad era; sólo a Fernanda acompañó a
comprar drogas, no habló de Silvia, porque a ella no la conoce; se lee declaración
“conozco a las hermanas Gangas que tienen antecedentes penales… hizo negocios con
ellas como dos veces, las acompañé a comprar drogas”, eso dijo en la Fiscalía, pero
insiste en que no conocía a Silvia. Reconoce que en otra parte de su declaración en
Fiscalía dijo que las conocía, pero eso porque a Silvia la conocía por teléfono. Como dos o
tres veces le giraron dinero producto de drogas; a Fernanda le entregó drogas como dos
veces; Silvia nunca fue a Santiago a buscar drogas; puede que haya hablado con ella por
teléfono, al respecto, pero nunca concretaron nada. Hace presente que si vende un
papelillo, es obvio que es para jalarlo, pero si vende 100 o 200 gramos, es para la venta;
la droga que le encontraron a Fernanda Amaro Gangas, se le entregó él y la había
comprado en La Legua, no a Carlos Silva. Fernanda le giró dinero como dos veces, no
sabe cada cuanto tiempo lo hacía. Agrega que es lanza internacional y que en abril de
2008, lo deportaron y no puede volver a Europa, de donde trajo joyas y, los $6.500.000
que tenía, eran producto de la venta de esas joyas. Carlos le entregó un kilo de cocaína,
pero él le había encargado dos, por eso le llevó $6.500.000. En Fiscalía, dijo haber
vendido a las hermanas Gangas entre mayo y junio de 2008; pero no recuerda si en
mayo, si está seguro que fue en junio. La droga que le encontraron a Fernanda en el
peaje Río Claro, se la había entregado él, pero no le dio instrucciones de lo que hiciera
con ella, simplemente se la vendió. No tiene ninguna relación con Fernanda, salvo
haberse conocido y saber que ella robaba.
Interrogado por la defensa de Carlos Silva, refirió que el medio kilo de drogas que
éste le vendió, fue a mediados de septiembre de 2008 y, dos semanas después, le vendió
el kilo, con el que fueron detenidos.
Examinado por la defensa de Fernanda Amaro Gangas, sostuvo que en dos
ocasiones le vendió droga a ésta; entre mayo y junio, no recuerda fechas exactas. Se
enteró que Fernanda era adicta, cuando la llamó por teléfono para cobrarle el dinero que
le debía; por las conversaciones con Silvia, supo que Fernanda se consumió parte de la
droga. Los depósitos que le hizo fueron de $500.000 y $800.000, nunca millones de
pesos.
Interrogado por la defensa de los acusados Luis Marín y Juan González, manifestó
que no los conocía; sólo supo de ellos y los conoció en la cárcel y cuando los traían al
Juzgado; nunca habló con ellos por teléfono.
Examinado por la defensa de Silvia Amaro gangas, expresó que con ésta sólo
mantuvo contacto telefónico; nunca le hizo entrega de drogas; no está seguro si ella le
hizo algún depósito de dinero, porque puede que Fernanda la mandara a depositar; con
Silvia tuvo conversaciones de drogas, pero nunca se concretó.
Interrogado por su propia defensa, manifestó que con Fernanda Amaro se
encontró en Ñuñoa, cuando le entregó 200 gramos de cocaína, andaba sola y le quedó
debiendo la droga; la otra vez que le proporcionó drogas, fue cuando fue detenida; eso
también fue en un lugar cualquiera, en que se pusieron de acuerdo y también en esa
ocasión, Fernanda andaba sola. El 30 de septiembre de 2008, alrededor de las 18:00
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horas, fue detenido en San Eugenio con Carlos Dittborn. Carlos Silva, con quien fue
detenido, no tenía ninguna relación con las personas a quien él le vendía drogas. No
supo que Fernanda estaba presa hasta que lo detuvo Investigaciones; desde mayo hasta
agosto de 2008, la vio como dos veces, más aquella en que fue detenida.
Por último, precisa que a la hora de concretar con Carlos Silva, le entregó sólo un
kilo de los dos que le había encargado; no le dijo nada al respecto; sólo cuando llegaron
al Cuartel, le aclaró que sólo se había conseguido eso. Tres veces tuvo contacto físico con
Fernanda Amaro; dos de ellos le entregó droga; la primera vez la llevó donde una persona
a comprar, no era droga suya; la segunda vez, si le pasó 200 gramos de la cocaína suya y
se la quedó debiendo, esto fue entre mayo y junio y la última fue en agosto cuando la
detuvieron. Ella le giró en dos ocasiones, $500.000 y $800.000, que era por el pago de
la primera vez que le entregó droga; le vendía a $600.000 los cien gramos; el primer
dinero que le depositó es decir los $500.000 era para pagar la droga que le vendió su
amigo, en la que él estaba comprometido porque la había recomendado; los $800.000
eran para él.
En la oportunidad consagrada en el artículo 338 del Código Procesal Penal, dijo
no tener nada que agregar.
CUARTO: Que la defensa de la acusada Fernanda Denise Amaro Gangas, en su
alegato de apertura, refirió que en la etapa correspondiente, sostendrá que si su
representada ha desarrollado actividades contempladas en la ley 20.000; éstas no son
las que pretende el Ministerio Público; sino que deben ser encuadradas en la figura del
microtráfico. Agrega que, por una razón lógica, si hay un delito en que necesariamente se
requiere la participación de varias personas, es en el tráfico de droga; pero ello no
autoriza para atribuírseles la condición de partícipes en una agrupación. En su
discurso final, manifestó que es necesario hacer una distinción, entre dos problemas
jurídicos planteados por el Ministerio Público; la estructura del tráfico, versus el
microtráfico y, la agravante invocada. El tipo penal de tráfico requiere situarnos en que
los delitos exigen un actuar humano como acción final; el tráfico es una de las
actividades en que naturalmente participan, a lo menos, dos personas, aquella que
provee y la que compra; y conforme a lo que dijo el funcionario policial Espinoza, no se
verificó la concreción de ninguna de las transacciones que daban cuenta las escuchas;
sólo lo ocurrido al momento de la detención de su representada. El Fiscal en su alegato,
sacó a Silva de la agrupación; entonces habría que entender que se verificó una situación
de tráfico por tenencia de droga por parte de González, la que le fue entregada a
Fernanda Amaro Gangas; además, dicho policía señaló que esa droga estaba destinada a
dos personas, Silvia y Fernanda; estamos ante una figura en que hay un proveedor y
una compradora; de quien no hay evidencia que haya vendido, salvo su propia
declaración. Estima que en el caso de Fernanda, sólo se configura el ilícito de
microtráfico, porque la droga estaba destinada a dos personas; además, la pena debe ser
retributiva, entonces se debe considerar al fijarla, no sólo la cantidad de droga, sino
también la enorme diferencia económica entre su representada y otros acusados. El
Ministerio Público pretende respecto de Silvia, Fernanda y Eduardo González, una
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supuesta agrupación; esta hipótesis, por la naturaleza del delito, ni siquiera con el señor
Silva incluido, puede ser posible. Si algo de lógica tenía la pretensión del Fiscal, era con
la presencia de Silva, al sacarlo, como lo hizo, no se sostiene; el policía fue claro en que
su defendida eludía el pago a González, entonces como puede ser una agrupación en
esas condiciones; además, cómo distingue el señor Fiscal, la diferencia entre coautoría y
agrupación; no pueden subsistir las dos figuras. En definitiva, en la investigación se
estableció que a su representada se le encontró con 230 gramos de cocaína, en un taxi,
destinada a satisfacer las necesidades de drogas de ella y de su hermana; no se acreditó
una situación de venta y no se da la figura del artículo 19 letra a) de la Ley 20.000;
concluye solicitando se le sancione conforme artículo 4° de la ley en mención.
En la audiencia establecida en el artículo 343 del Código Procesal Penal, refirió
que se debe desestimar la agravante del artículo 12 N° 14, denominada reincidencia
impropia o falsa; porque en su concepto, aplicarla transgrede el principio non bis in
ídem; pues los artículos 90 y 91 del Código Penal, contienen la figura del
quebrantamiento, de modo que la agravante constituye en sí misma una figura delictiva
diversa. Esta agravante según el profesor Etcheberry, es aplicable cuando se comete un
delito mientras se cumple una condena, sin haberla quebrantado; lo cual es compartida
por la doctrina moderna. Invoca a favor de su defendida, la atenuante del artículo 11 N°9
del Código Penal, señalando que los dichos de Fernanda dan sentido a las imaginerías
del policía Osvaldo Espinoza; y a partir de sus declaraciones, permiten dar por sentado,
no solo que ella era participe en la tenencia de los 200 gramos de cocaína, sino también
los demás elementos que el tribunal dio por sentado; como fue que en el mismo tipo de
conductas incurrió Silvia Amaro Gangas, eso es colaboración sustancial. Así las cosas,
estando en presencia de una atenuante y sin agravantes, solicitó que se le impusiera la
pena en el quantum mínimum. En relación a las penas pecuniarias, refirió que su
defendida está recluida, además, en la investigación se probó que su situación
económica era muy precaria; por lo que estima se dan los elementos objetivos, para que
dichas penas sean fijadas en un momento muy inferior a las asignadas al delito.
La acusada FERNANDA DENISE AMARO GANGAS, declarando como medio de
defensa, al momento de rendir su prueba, expuso que reconoce que desde hace un
tiempo se dedicaba a vender droga. Conoció a Eduardo por intermedio de Rose Mary,
una amiga de Chillán; como ella siempre ha consumido, le pidió a éste si le podía
conseguir algo de droga, para poder trabajar en ello y así tener para alimentar a su hija.
La primera vez que Eduardo le pasó, se la consumió casi toda y su hermana Silvia, se
hizo cargo de lo que le quedó debiendo. Cuando logró reunir un poco de dinero, fue a
Santiago a dejárselo a Eduardo y a traer más droga; que fue la que le encontraron
cuando fue detenida al regresar a Talca. Agrega que con la droga que traía venía feliz,
porque además de vender, iba a tener también para su consumo, que era mucho,
incluso estuvo con síndrome de abstinencia en la cárcel.
Examinada por el Fiscal, refirió que Silvia la ayudaba a reunir la plata, para
pagar la deuda que tenía con Eduardo; no a vender droga. Su hermana logró rescatar un
poco de droga, de la que ella se estaba consumiendo y se la pasó a su mamá, pero su
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madre igual se lo consumió. Añade que un par de veces Silvia debe haberle ayudado a
vender; cuando declaró en la Fiscalía dijo que su hermana no tenía nada que ver, que la
droga que le encontraron al ser detenida y la que fue a buscar antes, era suya. Silvia
pensaba que le podía pasar algo a ella, si no pagaba la deuda, por eso se hizo cargo de
ella. Eduardo le pasaba droga incluso sin plata. En su casa, la policía encontró una
balanza, la que tenía para pesar la droga; ya que un tiempo estuvo viviendo de la venta
de droga, ese era su sustento. Silvia compraba joyas y ropa de Santiago y las vendía en
Talca; tuvo una relación con un amigo de Rodrigo, con Juan Higueras, ex funcionario de
Investigaciones. En una grabación se habla de un tal “Rodri”, no sabe si la voz es la de
Juan Rodrigo González; cuando ella le dice a Silvia que la embarró con haber terminado
con el pololo, se refiere a Rodrigo, que puede ser Juan Rodrigo González Moraga, el
acusado que está en la sala.
Examinada por la defensa de Marín Vega y González Moraga; señaló que en los
audios escuchados, cuando Silvia habla con “Rodri”, no puede asegurar que sea Juan
Rodrigo González, a quien conoce porque es amigo de Juan Higueras, padre de su
sobrina; en el segundo audio, donde hablan ambas en relación a que Rodrigo les iba a
prestar dinero, se trataba de Juan Rodrigo González; era un préstamo que le iba a hacer
éste a Silvia. A Santiago fue en dos oportunidades a buscar droga; en ambas ocasiones
en auto, en el colectivo con Jano (Luis Marín), a quien le pidió que le hiciera una carrera
y que le iba a pagar buena plata; no le dijo a qué iba; lo entusiasmó con la plata; siempre
le hacía carreras, a San Clemente y al Manzano, fundación donde estaban sus sobrinas;
cuando no tenían dinero le quedaban debiendo los viajes y le pagaban después. Cuando
fueron a Santiago, Jano nunca se bajó del colectivo; él sabía que ella andaba de “mecha”
o de lanza y que se dedicaba a delinquir; nunca le dijo que vendía droga, pero todo el
mundo tiene que haber sabido esto. La última vez que fueron a Santiago, venía en el
auto un niño en el asiento trasero, durmiendo; ella metió la droga debajo del asiento del
copiloto y se puso a dormir, Jano no vio la droga.
Interrogada por la defensa de Silvia Amaro, manifestó que comercializaba droga,
de $10.000, $15.000 y $25.000; las de diez era mucho menos de un gramo, las de
quince, tampoco era un gramo, porque ella les “cortaba la cola” y se consumía la
diferencia. La droga que trajo la primera vez, era mala, por eso ella no la “pateaba”,
incluso le reclamó a Eduardo por la mala calidad. Reconoce que en uno de los audios,
conversaba con Silvia sobre unas joyas que tenía empeñadas en la Caja de Crédito, le
parece que en $30.000; era normal hacerlo y cuando tenía dinero las recuperaba. Los
ingresos por concepto de venta de drogas, le alcanzaban para arrendar una casita y vivir
con su hija, nada más.
Examinada por la defensa de Carlos Silva, refirió que no sabía de la existencia de
éste, nunca lo había escuchado nombrar; lo conoció recién cuando estaba preso, en esta
ciudad. Ignoraba de donde sacaba la droga Eduardo González; además no era el único al
que le compró, pues en una ocasión adquirió droga a un tal “Guatón Polo” en La Legua.
Interrogada por su propia defensa, sostuvo que la máxima cantidad de droga que
le vendió a una persona, debe haber sido unos 2 o 3 gramos, que en plata eran como
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$25.000. Supo de la mala calidad de la droga, porque la probaba; la mayoría se la
consumía ella; a veces se perdía 4 o 5 días, consumiendo. Sus dificultades económicas,
se debían a que no podía trabajar, porque había estado presa y debía todavía un tiempo,
tenía orden pendiente; estuvo como 10 meses viviendo de la venta de droga; la vez que
compró mayor cantidad a Eduardo fue cuando la detuvieron, antes traía entre 30 y 50
gramos.
Dos veces fue a Santiago con Jano en auto, porque estaba con problemas de su
embarazo, en ambas ocasiones al mismo lugar; las veces anteriores lo hacía en bus.
Interrogada nuevamente por el Fiscal, conforme al artículo 329 del Código
Procesal Penal, manifestó que las voces que se escuchaban en las grabaciones telefónicas
y que el policía señor Espinoza, decía que era la suya, efectivamente lo era; también la de
Silvia; y las de Jano (Luis Marín). En aquella donde Silvia le dice a Jano que está recién
comenzando a vender, no sabe a qué venta se refiere, porque vendía joyas, ropas, chalas,
pinches y hacían baratillos con su mamá.
Examinada nuevamente, por la defensa de Marín Vega, expresó que en Santiago,
ella le daba las indicaciones a Jano, le indicaba por donde entrar y salir y las calles por
la que debía transitar.
Ofrecida que le fue la palabra, al término de la audiencia, declinó hacer uso de
ella.
QUINTO: Que, la defensa de la acusada Silvia María Carolina Amaro Gangas, en
su alegación de inicio, sostuvo que, respecto a su defendida, no se reúnen elementos
para sostener la figura de tráfico de drogas; en el evento de ser condenada debería ser
por microtráfico; y, ante esa lógica, no le afecta la agravante invocada por el Ministerio,
porque no ha participado en ninguna agrupación. En su discurso de término, manifestó
que, conforme a la acusación, Fernanda concurría a Santiago a buscar droga, para sí y
para Silvia; luego sostiene que Silvia, en casa de su madre, efectuaba el acopio de la
droga y la comercialización a consumidores finales; por lo que estima que estamos ante
un delito de microtráfico; pues la ley exige del sujeto activo, pequeñas cantidades; y, en
casa de Silvia Amaro sólo se encontró un teléfono celular, ningún elemento que indicien
el tráfico de drogas. No se probó que alguna de las transacciones que se mencionaban en
las escuchas, se haya concretado. Agrega que para distinguir entre tráfico y microtráfico,
se debe considerar la cantidad de droga incautada, en el caso de su defendida, cero
gramos; ahora si se considera que la mitad de la encontrada a Fernanda, era suya,
estamos ante en una pequeña cantidad; un segundo elemento es la pureza de la droga;
la que portaba Fernanda, era de muy baja calidad, pues su pureza alcanzaba,
respectivamente, 21%, 15% y 21%, lo que hacía dificultoso “patearla”; un tercer aspecto
dice relación con la forma de ocultamiento, al momento de la detención; su representada
fue detenida en su domicilio y no se le encontró droga; otro elemento, es la tenencia de
materiales o utensilios que faciliten la distribución; lo que también fue negativo respecto
a Silvia; en relación a la proyección de dosis susceptible de obtener; es imposible sin
aumentar la droga alcanzar las 1.500 dosis, que mencionó el policía. Además, es ilógico
del punto de vista financiero, que su defendida se dedicara al tráfico propiamente tal,
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pues no contaba con propiedades ni vehículos, vivía en una casa común y corriente; con
serios problemas de dinero. Conforme a la prueba rendida, se daría la situación de
microtráfico respecto a su representada; además, la madre de ésta, en esta misma
causa, fue condenada por dicho ilícito y había sido acusada con los mismos elementos
que se han esgrimido en contra de Silvia. En relación a la agravante invocada, hace suyo
los argumentos del defensor señor Gómez; agregando en cuanto al “fin común”, que el
criterio objetivo indica que quien entrega droga a otro, sabe que es para venderla o
consumirla; por ello hay que atender al elemento subjetivo, esto es, grado de
conocimiento hacia el fin último; lo cual no fue probado; no existe una organización, sólo
conexión material, mas no ideológica con fin común.
En la audiencia sobre determinación de pena, solicitó el rechazo de la agravante
del artículo 12 N° 14 del Código Penal, por cuanto su aplicación es una flagrante
afectación del principio non bis in ídem, ya que ella fue sancionada por el delito de
quebrantamiento. En torno a la multa, pide se le aplique en el mínimo que el Tribunal
estime, pues no realiza actividad remunerada alguna, lleva 30 meses privada de libertad
y tiene hijos menores que mantener; además se le conceda plazo para su pago. En
cuanto a la pena principal, solicitó se aplicara en su mínimo.
Por su parte la acusada SILVIA MARIA CAROLINA AMARO GANGAS, hizo uso
de derecho a guardar silencio, actitud que mantuvo al término del juicio, cuando le fue
ofrecida la palabra.
SEXTO: Que la defensa de los acusados Luis Alejandro Marín Vega y Juan
Rodrigo González Moraga, en su discurso inicial, hizo reserva de sus
argumentaciones, para la etapa de clausura; oportunidad en la que expresó que
corresponde al Ministerio Público probar la participación en un ilícito. Agrega que el
funcionario policial, reconoció en estrados, que lo que él decía, eran supuestos, lo que
creía o deducía. Respecto a Juan González, no hay ninguna prueba para establecer su
participación, pues sólo se habló de un tal “Rodri”, sin que el policía estableciera que se
trataba de González Moraga; simplemente lo dedujo, porque era conocido de las
hermanas Amaro Gangas. En cuanto al préstamo de dinero, también supuso que era
para traficar, porque nada se dijo al efecto en las escuchas. En relación a Luis Marín
Vega, manifestó que efectivamente hay escuchas que lo nombran, pero no sabemos las
fechas de éstas, por ende, podemos justificarlas con los dichos de su representado;
porqué debía ser droga la que no empezaba vender una de las hermanas Amaro, porqué
no ropa o los CD que encontraron en casa de Marín. Tampoco está claro por qué viajes
le iban a pagar $50.000 y no $75.000; ningún colectivero pregunta a que va una persona
a determinado lugar, es común que hagan viajes especiales, sin preguntar nada. El
Fiscal afirma que Luis Marín transportaba la droga, pero el policía dijo que ésta estaba
entre las ropas del menor, de modo que no era visible; entonces el Ministerio Público está
presumiendo el dolo de su representado; es decir la intención fraudulenta de participar
en el delito de tráfico, porque no hay ninguna prueba cierta; y, no se pueden condenar
por presunción de dolo.
19
En la audiencia consagrada en el artículo 343 del Código Procesal Penal,
incorporó el certificado de nacimiento de dos hijos de Luis Marín; una declaración jurada
de Ana Julia Imas Ramos, dando cuenta de la pensión de alimentos que recibe de parte
del acusado, por su hijo Roberto Marín; certificado de la Línea de Taxis Colectivos N° 10,
en el que se señala que Marín trabaja en el automóvil patente ZG 2993; un certificado de
José Ramírez en cuanto a pagos de arriendo al día, por parte de Marín. Además de la
atenuante del artículo 11 N° 6 del Código Punitivo, reconocida por el ente persecutor;
invoca la del Nº 9 de dicho artículo, refiriendo que su representado declaró en estrados,
reconociendo su participación material en el hecho, con detalles de la misma, lo que
permitió hilar los dichos del funcionario policial. Conforme a lo anterior, pide rebajar la
pena en un grado, imponer presidio menor en su grado máximo, teniendo en cuenta
también, el principio de justicia material, pues él era un mero transportador de la droga.
En relación a la pena pecuniaria, solicita una rebaja prudencial, considerando que es
padre de dos hijos, a quienes debe mantener y trabaja sólo como chofer de colectivo, no
es propietario. En cuanto a la forma de cumplimiento, pide se le conceda el beneficio de
libertad vigilada; y, por último, que no se le condene en costas, atendida la naturaleza
de su representación.
El acusado LUIS ALEJANDRO MARIN VEGA, declarando al inicio de la
audiencia, como mecanismo de defensa, manifestó que trabaja en colectivo desde hace
10 años; en el sector norte de Talca; ahí conoció a la familia Amaro Gangas, a Silvia,
Fernanda, al papá, a la mamá y al hermano; debido a que le hacía carreras
constantemente, incluso iba a buscar a sus hijas al Manzano, los días viernes y a
dejarlas el domingo. El 5 de agosto de 2008, en horas de la mañana, se topó con
Fernanda, quien le preguntó cuanto le cobraba por llevarla a Santiago; le respondió que
$70.000 más los gastos; agregó que andaba con molestias por su embarazo, por eso no
iba en bus. En la tarde la llamó Silvia, quien le manifestó que tenía $50.000 para el
viaje; fue a la casa a hablar con ellas; allí conversó con Fernanda, accediendo a hacer el
viaje, le pidió que le llenara el estanque y le diera la plata para los peajes, y que le
quedaba debiendo los $20.000. Concurrieron a Santiago, entraron por Departamental,
llegaron cerca de Vicuña Mackenna; lo hizo detenerse, señalándole que la esperara, que
iba y volvía; regresó a la media hora, dijo que le había ido mal; que se devolvieran a
Talca. Añade que a los 15 días, Fernanda le habló de un nuevo viaje, solicitándole que le
cobrara $50.000, y que después le pagaba los $20,000 del viaje anterior. Cuando salían
rumbo a Santiago, un joven que estaba en un grupo, a quien conocía como “el viejito”, le
dijo a Fernanda que lo llevara, andaba volado y como insistió tanto, Fernanda le dijo que
se subiera al asiento trasero. En Santiago, nuevamente entraron por Departamental,
llegaron a Vicuña Mackenna, a unos departamentos, que estaban más al norte que la vez
anterior; Fernanda le dijo que diera vuelta la manzana y que la recogiera en el mismo
lugar; lo hizo y al regresar ella ya estaba esperándolo, se subió, y le indicó que salieran
por la ruta 68 y después retornaron a la ruta 5 Sur. Fernanda no traía bolso ni nada, se
detuvieron en San Francisco, él pasó al baño; Fernanda reclinó el asiento del copiloto y
se quedó dormida. Cuando llegaron al último peaje, en Camarico; los hicieron bajarse
20
del auto, los allanaron y ahí dijeron que venía la droga. El no sabía de eso, hizo el viaje
sólo porque le convenía.
Examinado por Fiscal; refirió que Silvia y Fernanda lo contactaron por Teléfono;
fue dos veces a Santiago, con Fernanda; el 5 y el 18 de agosto de 2008, la primera vez se
suponía que iba a ir Silvia, porque Fernanda andaba con molestias por su embarazo; en
ambas ocasiones en el automóvil Hyundai, patente ZG-2993, en la segunda ocasión fue
que se encontraron aproximadamente 230 gramos de droga, pero él no la vio, no sabía
que la llevaban ni donde la encontraron. No sabía que Silvia y Fernanda se dedicaban al
tráfico de drogas, sólo que robaban y que andaban quebrantadas; sabe que tenían
condenas pendientes por robo y órdenes de detención; él les hacía varias carreras, las
llevaba a Pub y discotheques, donde se encontraban con detectives y estos, nada decían.
No consume cocaína ni marihuana. Nunca le entregaron cocaína; él viaje lo hizo por
dinero. El joven, apodado “el viejito”, que llevaron a Santiago, era menor de edad, estaba
volado y no se bajó en ningún momento del auto.
Examinado por la defensa de Silvia Amaro Gangas, expresó que a ésta no la llevó
en ninguno de los viajes a Santiago.
Interrogado por su propia defensa, señaló que estuvo preso un año por esta
causa; no ha sido condenado por otro motivo. Conoce a la familia Amaro Gangas, desde
hace unos siete años; a los pasajeros les pregunta donde van y que van a hacer, por
seguridad. Fernanda no le dijo que iba a buscar droga; de haberlo sabido, le habría
cobrado mucho más, no se iba a arriesgar por tan poca plata. Fernanda le indicaba el
trayecto que debía hacer en Santiago. La detención fue en el peaje de Camarico; ahí lo
trajinaron le quitaron $80.000 que tenía en los bolsillos y los teléfonos; nunca recuperó
el dinero; lo llevaron al cuartel, luego lo trajeron al Juzgado a formalizarlo, quedó
detenido y estuvo como un año preso; después quedó con prohibición de acercarse a la
cárcel, para no contactarse con las hermanas Amaro Gangas.
Al término del juicio, manifestó que no tenía nada que agregar.
Por su parte, el acusado JUAN RODRIGO GONZLAEZ MORAGA, hizo uso de su
derecho a guardar silencio y, en la oportunidad señalada en el artículo 338 del Código
Procesal Penal, observó la misma actitud.
SEPTIMO: Que el Ministerio Público, para acreditar los hechos materia de la
acusación, rindió la prueba que quedó en su integridad en el registro de audio y que a
continuación se detalla: testimonios del Subcomisario de la Policía de Investigaciones,
Osvaldo Enrique Espinoza Tapia, a cargo de la investigación y procedimientos de
incautación y detención, en su calidad de miembro de la Brigada Antinarcóticos de
dicha Institución. Asimismo, rindió prueba pericial en relación al delito de tenencia
ilegal de arma de fuego, consistente en los dichos del perito balístico Daniel Cáceres
Aravena. Además, incorporó como prueba documental, la siguiente: Reservado N° 259,
de 19 de marzo de 2009, del Director del Servicio de Salud del Maule; protocolo de
análisis químico N° 18421-2008-M1-3; protocolo de análisis químico N° 18421-2008-M3-
3; protocolo de análisis químico N° 18421-2008-M2-3; Informe sobre tráfico y acción de
la cocaína en el organismo, suscrito por la perito Angelique Gálvez Navarro; Acta de
21
recepción de droga N° 883/08, de 22 de agosto de 2008; reservado N° 362, de 6 de abril
de 2009, del Director del Servicio de salud del Maule; protocolo de análisis químico N°
18416-2008-M1-1; informe sobre tráfico y acción de la cocaína en el organismo, suscrito
por el perito químico Jorge Grandón Parra; protocolo de análisis químico N° 914/08,
relativo a cannabis sativa; informe sobre la acción de la cannabis en el organismo; acta
de recepción de droga N° 990/08 de 2 de octubre de 2008 (cocaína y cannabis sativa;
oficio N° 1595/242, del Jefe de la autoridad Fiscalizadora N° 44 de Carabineros; oficio N°
1595/281, emanado de la misma autoridad, de 22 de diciembre de 2008; y comprobante
de depósito a plazo N° 00.002.507.262 del BancoEstado, de 8 de octubre de 2008;
además, los extractos de filiación y antecedentes de los acusados, copias de sentencias
anteriores relativas a Fernanda y Silvia Amaro gangas; copias de resoluciones emanadas
del Centro de Cumplimiento Penitenciario, que dan cuenta de las sanciones
disciplinarias impuestas a las acusadas recién mencionadas, y a los acusados Silva
Frugone y González Cortés. De igual manera, se incorporaron como otros medios de
prueba, un set de 213 fotografías, que dan cuenta de la diligencia de entrada y registro al
domicilio de Silva Frugone; 13 hojas con transcripciones de conversaciones telefónicas;
un disco con diversas grabaciones telefónicas, las que fueron escuchadas en la
audiencia; un revólver marca Taurus, calibre .38; tres cartuchos del mismo calibre; y
una balanza digital marca Diamond.
Por su parte, las defensas de los acusados, se limitaron, en su caso, a incorporar
como medio defensa, las declaraciones de sus propios representados.
HECHOS
OCTAVO: Que, según consta del auto de apertura, no se concordaron
convenciones probatorias y, ponderados en forma libre los elementos de prueba rendidos
durante la audiencia, de conformidad con lo estatuido en el artículo 297 del Código
Procesal Penal, este tribunal ha adquirido la convicción, más allá de toda duda
razonable, que se encuentran establecidos los siguientes hechos:
a) Que, a raíz de una investigación, iniciada en el mes de julio de 2008, por
la Policía de Investigaciones de Talca, se estableció mediante escuchas telefónicas
autorizadas que, al menos desde el día 8 de dicho mes, FERNANDA DENISE AMARO
GANGAS y SILVIA MARÍA CAROLINA AMARO GANGAS, previo concierto entre
ambas, se dedicaban a la comercialización de drogas en esta ciudad, que adquirían
en Santiago. En una oportunidad antes de esa fecha, le compraron a EDUARDO
ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS y también el 19 de agosto de 2008, ocasión en la
que FERNANDA DENISE AMARO GANGAS, viajó a Santiago y adquirió para sí y para
su hermana Silvia, de manos de GONZÁLEZ CORTÉS, 200,44 gramos netos de
clorhidrato de cocaína. Para tal efecto fue trasladada en el taxi colectivo patente
ZG 2993, conducido por LUIS ALEJANDRO MARIN VEGA, en conocimiento de esta
operación y a cambio de una suma de dinero. De regreso a Talca, en el referido
móvil, fueron sorprendidos en posesión y transporte de dicha sustancia, por la
Policía de Investigaciones, en la madrugada del día indicado, en el Peaje Río Claro,
22
manteniendo la droga distribuida en tres bolsas de polietileno transparente, que
ocultaron entre las prendas de vestir de un menor que los acompañaba.
El mismo día, en horas de la mañana, previa orden judicial, fue encontrada
en el domicilio de FERNANDA AMARO GANGAS, ubicado en calle 26 ½ Sur D 14
Poniente N° 0574 de la Población Samuel Lillo de esta ciudad, una balanza digital,
marca Diamond, utilizada para dosificar el alucinógeno.
Asimismo, previa orden judicial, en el domicilio de SILVIA AMARO GANGAS,
ubicado en calle 18 Norte B N° 1146, que compartía con su madre Gloria del Pilar
Gangas González; esta última, ocasionalmente cumplía funciones de acopio y
comercialización de pequeñas cantidades de droga a consumidores finales; se
incautó por la policía, teléfonos celulares utilizados en la comisión del ilícito.
b) Que en dicho contexto investigativo, se estableció que con fecha 30 de
septiembre de 2008, alrededor de las 17:30 horas, CARLOS ALBERTO SILVA
FRUGONE y EDUARDO ANTONIO GONZALEZ CORTES, realizarían una transacción
de drogas, siendo sorprendidos en los momentos en que la efectuaban, en calle San
Eugenio con Carlos Dittborn, comuna de Ñuñoa, Santiago, transportando el primero
en la camioneta patente BFTG 35, la cantidad de 1.000 gramos netos de
clorhidrato de cocaína, sustancia que llevaba al interior de una bolsa plástica, color
negro, la que iba a ser adquirida por el segundo, en la suma de $6.500.000 que
llevaba consigo, en un coche, en que iba a trasladar la droga.
En horas de la noche de ese mismo día, previa autorización judicial, personal
policial ingresó al domicilio de SILVA FRUGONE, situado en calle Los Copihues N°
410 de la comuna de La Florida, Santiago; donde éste mantenía guardado 72,92
gramos netos de cannabis sativa, del tipo paraguaya y la suma de $27.000.000 en
dinero efectivo, proveniente de la comercialización de drogas.
c) Que, en la misma oportunidad, en el referido domicilio de SILVA
FRUGONE, la Policía de Investigaciones, incautó un revólver calibre .38, marca
Taurus, con su respectiva munición, que éste mantenía en dicho lugar, sin contar
con la debida autorización.
Los hechos antes descritos han quedado plenamente acreditados con las
declaraciones del Subcomisario de la Policía de Investigaciones OSVALDO ANDRES
ESPINOZA TAPIA, quien en forma clara, precisa y detallada, expuso al Tribunal, cada
una de las actuaciones que le correspondió realizar, con ocasión del procedimiento
investigativo del que estaba a cargo; refiriendo al efecto, lo siguiente:
El 8 de julio de 2008, se denunció a la Brigada Antinarcóticos, de la que forma
parte, que Silvia y Fernanda Amaro Gangas, se dedicaban a la venta de clorhidrato de
cocaína en esta ciudad; por lo que se interceptaron sus teléfonos. A los pocos días se
estableció la efectividad de la denuncia, ya que en las conversaciones escuchadas
claramente se referían a lo que hacían, hablaban de venta de bolsas, de gramos y
valores; normalmente las ventas las hacían en sus domicilios y en la casa de su madre,
ubicada en la Población Padre Hurtado de Talca. También pudieron darse cuenta que el
proveedor de la droga, era un sujeto de Santiago, de nombre Eduardo; persona que
23
efectuaba llamados cobrándole un dinero que le debían las dos hermanas y que, de
acuerdo a las conversaciones entre las hermanas, tal deuda era por compra de droga;
además, ambas habían viajado, a lo menos dos veces, a Santiago a adquirir droga a
Eduardo. Hay conversaciones en las que Silvia y Fernanda se ponen de acuerdo, en
cuanto a la droga que les quedaba y forma de venderla rápido, para pagarle a Eduardo,
quien las presionaba por teléfono; incluso hablaron de ir a vender al sur. Fernanda
citaba a gran parte de sus clientes a las cercanías de su domicilio, dando su dirección
por teléfono, la que ellos corroboraron, en 26 ½ Sur D, 14 Poniente, Población Samuel
Lillo; como no sabían cuál era la casa, la siguieron un par de veces, constatando que
correspondía al N° 0574. Silvia, por su parte, pasaba gran parte del tiempo en casa de su
madre en 8 Norte B N°1146, Población Padre Hurtado y tenía un departamento en las
cercanías de ésta. Luego de establecer que Eduardo era el proveedor, se informó al
Ministerio Público y se intervinieron los teléfonos que éste utilizaba; de esa forma, un día
que encargó gas por teléfono, establecieron que se trataba de Eduardo González Cortés y
que vivía en las cercanías de Vicuña Mackenna. Mientras continuaban con la escucha de
los teléfonos, se dieron cuenta que entre Silvia y Fernanda había una buena relación, se
pasaban drogas, Silvia guardaba el dinero que debían girar o entregar personalmente a
Eduardo.
A principios de agosto de 2008, escucharon que Silvia y Fernanda planeaban
viajar a Santiago, para llevarle dinero a Eduardo y traer droga; para lo cual, la primera
recolectó el dinero que le debían. Supieron que viajaban en un colectivo, conducido por
un tal “Jano”, por lo que el 19 de agosto, efectuaron un operativo, disponiendo que un
vehículo se fuera a Santiago, dejando al otro en el peaje de Camarico, para observar el
colectivo. En horas de la tarde de ese día, se vio pasar por el peaje, rumbo al norte, al
colectivo, marca Hyundai Accent, patente ZG 2993, conducido por un hombre; al
interior iba Fernanda y un menor de edad. En horas de la noche, se observó al mismo
vehículo, llegar a la casa de Eduardo en Santiago, donde descendió Fernanda, ingresó a
un pasaje y, luego de cinco minutos, regresó al auto y regresaron a Talca. En el
trayecto Eduardo llamó a Fernanda para preguntarle cómo iba; además, recibió otro
llamado de un hombre, preguntándole cómo le había ido y si llevaba carne. Hace
presente que dicho colectivo fue seguido desde Santiago a Talca; en el peaje de Camarico,
se encontraba personal de la Brigada y el Fiscal de la Fuente; procediendo a controlar el
móvil; identificando al conductor como Luis Marín Vega; llevando como pasajero a
Fernanda Amaro Gangas y a un menor de edad; este último llevaba entre su ropa una
bolsa color amarillo, que contenía tres bolsas anudadas con envoltorio trasparente,
contenedoras de un polvo blanco, que al efectuarle la prueba de campo, arrojó positivo a
la presencia de clorhidrato de cocaína, cuyo peso bruto fue de 231 gramos. Se procedió a
trasladar a estas personas a la unidad; donde a Fernanda se le incautó un teléfono
celular y $12.000; en el vehículo, Luis Marín tenía los comprobantes de peajes de ese día
y otros de un viaje anterior; más el pase diario de ese día 19 de agosto.
Con orden de entrada y registro, en horas de la mañana, concurrieron al domicilio
de Fernanda Amaro Gangas, encontrando sobre una mesa, una balanza digital, marca
24
Diamond, color gris; también una munición calibre 32 y una radio portátil, color negro,
marca Motorola. A continuación se dirigieron a la casa de la madre de ambas, ubicada en
Población Padre Hurtado, calle 18 Norte B N° 1146; donde no encontraron droga, pero si
dos teléfonos celulares. A continuación fueron al domicilio de Juan Rodrigo González
Moraga, pololo de Silvia, situado en 13 Sur con 6 Oriente, quien de acuerdo a las
escuchas telefónicas, también había comercializado droga, por encargo de Silvia; y le
facilitaba dinero a ésta para cubrir la deuda que ella tenía con Eduardo González, por
drogas. En dicho lugar no encontraron droga, sólo especies que daban cuenta que se
dedicaba a reproducir CD piratas.
Tras la detención de estas personas, continuaron monitoreando el teléfono de
Eduardo González, estableciendo que a éste le entregaba la droga, un sujeto de Santiago,
apodado “El Beto”; por lo que se monitoreó los celulares de éste. En una oportunidad
que pidió una pizza a su casa, supieron que su dirección era Los Copihues N° 410, La
Florida, Santiago; que su identidad era Carlos Alberto Silva Frugone. En el mes de
septiembre, se escucharon conversaciones telefónicas, en las que Eduardo solicitaba más
droga a Carlos y se ponían de acuerdo para juntarse el 30 de ese mes, alrededor de las
18:00 horas, en un ocal de completos, ubicado cerca de la casa de Eduardo. A raíz de
ello, el 30 de septiembre, viajaron a Santiago, ya que según las escuchas, Carlos
entregaría 2 kilos de cocaína a Eduardo, quien pagaría por ella $6.500.000; una vez allí,
ubicaron el local de completos, efectuaron vigilancia y entre las 17:30 y 18 horas, una
camioneta blanca patente BFTG 35, se estacionó al lado de los completos; poco antes
hubo llamados entre ambos, preguntándose por su ubicación. Observaron a Eduardo
con un coche, tal como lo había referido por teléfono, quien se acercó a la camioneta y en
el momento que se juntan ambos, los controlaron. En el asiento del copiloto de la
camioneta, encontraron una bolsa color negro, en cuyo interior había un ladrillo
prensado, con cinta de embalaje, color café, con un polvo que a la prueba de campo,
resultó ser clorhidrato de cocaína; junto a ésta, había una bolsa color rojo que contenía
$6.500.000 en dinero efectivo. Se procedió a la detención de ambos y se pidió orden de
entrada y registro al domicilio de Carlos Silva.
Con apoyo de otra unidad y peritos de Lacrim, concurrieron al lugar, donde se
encontraba su pareja Priscila Morales Galleguillos, junto a sus dos hijas y un hermano o
pariente de Priscila o Carlos; ingresaron al inmueble, se trataba de una casa grande, con
muchos lujos, donde había un auto Mercedes Benz, del año, modelo Compresor,
estacionado al interior. En el dormitorio de Carlos Silva, al interior de una bolsa que
estaba en un mueble, encontró un revólver marca Taurus, calibre 38, con algunos
cartuchos. Otros funcionarios le indicaron que en una caja de madera, habían
encontrado 78 gramos bruto de cannabis sativa, tipo paraguaya; y, en una habitación
dedicada al esparcimiento, los peritos habían encontrado un saco con dinero, al interior
de una máquina de juegos, procediendo a la incautación. El Fiscal ordenó que se dejara
a la señora Priscila Morales Galleguillos, como depositario provisional de todas las
especies que había al interior, lo que se hizo, bajo acta firmada por ella. Una vez en
Talca, en presencia del Fiscal, pesaron la cocaína y la marihuana, arrojando la primera
25
un peso de 1,17 kilos y la segunda, alrededor de 78 gramos. El dinero incautado fue de
aproximadamente 34 millones, además del automóvil Mercedes Benz, con más o menos
500 kilómetros de recorrido.
Al paso de los días, llegó información a la unidad, en el sentido que Carlos seguía
comercializando droga, indicando los teléfonos que estaba usando al interior de la
Cárcel; por lo que con la debida autorización, durante 9 meses se monitorearon los
teléfonos o Schip que utilizaba, unos 40 en total; en las conversaciones se hablaba de
distraer sus bienes, especialmente los vehículos; cuya comercialización debía realizarla
un tal Alvaro.
El proveedor de Silvia y Fernanda Amaro Gangas, era Eduardo González Cortés y
no se estableció que otra persona las proveyera. Por los dichos de éstas y por una
conversación que una de ellas mantuvo con “Jano”, se estableció que ambas habían
viajado a Santiago; la droga la comercializaban en Talca, cada una tenía sus clientes,
pero se pasaban entre ellas; utilizaban la casa de su madre para tal efecto; incluso en
una conversación con un sujeto, dieron a entender que su madre estaba en conocimiento
de estas ventas. En casa de Fernanda se encontró una pesa digital; allí se dosificaba la
droga; la venta se efectuaba en el caso de Fernanda, en su domicilio, y en el de Silvia, en
el de su madre; además acordaban con los clientes, diversos lugares de encuentro. Se le
exhibe una balanza digital marca Diamond, modelo 500; dice que fue la encontrada en
la casa de Fernanda Amaro Gangas, el día de su detención.
Se partió interviniendo los teléfonos de Silvia y Fernanda Amaro Gangas; luego el
de Eduardo González Cortés; luego de la detención de Fernanda; se intervino el teléfono
de Carlos Silva Frugone; y producto de la información obtenida a través de las escuchas,
el 30 de septiembre de 2008, se procedió a la detención de Silva y González, en el
momento que efectuaban una transacción. Todas las conversaciones sostenidas por los
imputados fueron grabadas en un disco compacto y remitido a la Fiscalía.
Más o menos el 15 de julio de 2008, se empezaron a escuchar los teléfonos de
Silvia, Fernanda y Eduardo, la detención de las dos primeras, se produjo el 19 de agosto
de 2008, durante ese tiempo se estableció que las hermanas Amaro se dedicaban a la
venta de drogas en Talca, que su proveedor era Eduardo González Cortés; que para
trasladar la droga de Santiago a Talca, las mujeres contrataban los servicios de Luis
Marín. Materialmente, el 19 de agosto, observaron a Fernanda llegar a la ciudad de
Santiago, en el vehículo conducido por Luis, a adquirir la droga, lo que originó su
detención en el peaje de camarico, encontrándose en poder del menor que los
acompañaba, 230 gramos de clorhidrato de cocaína; lo lógico hubiera sido que en casa
de Fernanda, donde se encontró una pesa, se realizara la dosificación y aumento de la
droga traída de Santiago. Según su experiencia, la cocaína de una pureza superior a
50%, los 230 gramos se podían aumentar hasta medio kilo, y considerando que de un
gramo se pueden obtener tres dosis de consumo; de la cantidad incautada, se podían
obtener 1.500 de ellas.
En la investigación, se pudo establecer que existiría una reunión de personas para
cometer o llevar a efecto el tráfico de drogas; ya que existía una colaboración entre las
26
personas que fueron investigadas y una cierta distribución de funciones; con un gran
proveedor principal; otro que recibía la droga de parte de éste; dos mujeres de Talca
viajaban a comprarla a este segundo sujeto, a Santiago, para lo cual utilizaban un taxi
colectivo conducido por Marín; y, una vez en Talca, la comercializaban.
A las preguntas formuladas por la defensa de Carlos Silva, sostuvo que no
recuerda si el propietario de la casa donde vivía Silva, era una inmobiliaria o un
particular; ignora de cuando éste ocupaba ese inmueble, ni la época en que se habrían
adquirido las especies que la guarnecían. En ninguna de las escuchas telefónicas, las
hermanas Amaro Gangas, se refieren o se comunican con Carlos Silva; tampoco se le
menciona en las conversaciones sostenidas por éstas y Eduardo González. No tiene
antecedente que Silva haya venido a Talca. No sabe quien proveía a Eduardo González,
en las primeras entregas a las hermanas Amaro; en cuanto a la droga que le entregó a
Fernanda, el 19 de agosto de 2008, cree que el proveedor de Eduardo era Carlos Silva,
pero no lo puede afirmar con certeza. De las conversaciones no se puede colegir que Silva
sabía que la droga estaba destinada a Talca, tampoco que éste impartiera instrucciones a
Eduardo.
Estuvo presente en la declaración en Fiscalía tomada a Carlos Silva, quien aceptó
su presencia; en lo medular reconoció la transacción de dos kilos de droga, con Eduardo
González, por seis millones y medio, pero que el llevó un kilo solamente; además de otra
transacción, efectuada 15 días antes, por medio kilo.
Por su parte, al interrogatorio efectuado por la defensa de Fernanda Amaro,
respondió que la droga que traía Fernanda, era para ella y Silvia, es decir, poco más de
100 gramos para cada una, si es que no se mezclaba. Se escuchó por teléfono diversos
acuerdos para la compra de drogas, pero no se verificó si estas transacciones se hicieron,
por estrategia de investigación. Hace presente que el fin último era vender drogas,
existía un proveedor principal, Carlos Silva; una persona que recibía la droga de éste,
Eduardo González; quien la distribuía a las hermanas Amaro Gangas, quienes la
comercializaban en Talca, hasta donde era trasladad en un vehículo conducido por Luis
Marín.
A la defensa de Eduardo González, le refirió que no allanaron el domicilio de
Eduardo González; sólo se le hizo una vigilancia discreta a su casa; no vieron físicamente
a Silvia Amaro en Santiago, sólo a Fernanda, pero hay una conversación entre Silvia y
Luis Marín, que claramente indican que ésta había concurrido a dicha ciudad, porque le
dice a Luis que ahora no iba a ir Fernanda con ellos. En las escuchas, Eduardo González
no menciona la cantidad de dinero que le adeudan, ni que tal deuda sea por drogas,
porque esas cosas no se dicen directamente.
Respecto a las preguntas formuladas por la defensa de Marín Vega y González
Moraga, manifestó que este último está involucrado, porque hay una conversación en
que alguien le pidió a Silvia una mitad y él se ofrece para dársela; y en otra, entre Silvia
y Fernanda, la primera dice que Rodrigo le va a pasar $300.000; además Rodrigo era la
pareja de Silvia. El interpreta que al decir mitad, era la mitad de una bolsa de drogas,
porque Silvia vendía drogas.
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Fernanda y Silvia, contrataron a Luis Marín para ir a la ciudad de Santiago; no es
posible que hayan sido viajes dentro de Talca o alrededores, por los montos cobrados. No
sabe si se materializaron los viajes anteriores; sólo verificaron el del 19 de agosto de
2008, fecha en que fue detenido, encontrando la droga entre las vestimentas del menor.
Por último, al defensor de Silvia Amaro, le señaló que en casa de ésta, no se
encontró droga; tampoco otros elementos anexos, pero de la investigación quedó claro
que mantenían la droga alejada de sus domicilios. No hay similitud en la casa de Carlos
Silva y la de Silvia y Fernanda Amaro. Si la droga del 19 de agosto hubiera llegado a
destino, y al aumentarla, podrían haber llegado a 1.500 dosis. Las hermanas Amaro
Gangas, son despreocupadas para hablar, la experiencia dice que las personas que
comercializan drogas, no hablan de gramos, de bolsas, ni dosificaciones, como lo hacen
ellas. Las llamadas de Eduardo González, eran tanto al teléfono de Silvia como al de
Fernanda.
En relación con el hecho descrito en la letra a) de este considerando, cabe tener
en consideración el reservado N° 259, de 19 de marzo de 2009, por el que el Director
del Servicio de Salud del Maule, remite a la Fiscalía Local de esta ciudad, el resultado
del análisis de la muestra enviada por Ord. 346, de 19 de agosto de 2008, de la Brigada
Antinarcóticos de Talca; acta de recepción N° 883/08, que da cuenta que el 22 de
agosto de 2008, la oficina de Asesoría de Farmacia del mencionado Servicio de salud,
recibió por Ord N° 346, de la Brigada Antinarcóticos, tres bolsas de polietileno,
contenedoras de polvo blanco, cuyos pesos netos respectivos fueron 100,1; 50,23 y 50,11
gramos; y los protocolos de análisis químico, suscritos por la perito del Instituto de
salud Pública, Angelique Gálvez Navarro; quien concluyó que el contenido de cada una
de las muestras corresponde a cocaína clorhidrato, cuya pureza es de 21%, 15% y 48%,
respectivamente; además del informe sobre tráfico y acción de cocaína en el
organismo, suscrito por la misma profesional, señalando que su consumo crónico y
agudo produce trastornos cardio-vasculares, cerebrales, respiratorios y psíquicos,
cualquiera sea la pureza o concentración de la droga y, que en Chile no existe ninguna
persona natural o jurídica autorizada para portar, distribuir, consumir o vender cocaína.
Lo anterior es plenamente concordante con lo manifestado por el policía, señor
Espinoza; pues al referirse a la diligencia que concluyó con la detención de Fernanda
Amaro Gangas y Luis Marín Vega, señaló que la droga encontrada ascendía a
aproximadamente 230 gramos bruto y estaba distribuida en tres bolsas; cantidad que
coincide con la que fue remitida al Servicio de Salud del Maule para su análisis y, la
forma en que era transportada, explica el por qué de la pluralidad de protocolos, respecto
a dicha droga.
Respecto a este mismo hecho, resulta también coincidente con los dichos del
funcionario policial, la evidencia material incorporada, consistente en una balanza
digital marca Diamond; reconocida por éste, como aquella incautada en el domicilio de
Fernanda Amaro Gangas, el día de su detención.
En cuanto al hecho referido en la letra b) de este mismo motivo, se tiene por
establecido, además de lo expuesto por el Subcomisario Espinoza Tapia; con el
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reservado N° 362, de 6 de abril de 2009, por el que el Director del Servicio de Salud del
Maule, remite a la Fiscalía Local de esta ciudad, el resultado del análisis de la muestra
enviada por Ord. 386, de 30 de septiembre de 2008, de la Brigada Antinarcóticos de
Talca; acta de recepción N° 990/08, que da cuenta que el 2 de octubre de 2008, la
oficina de Asesoría de Farmacia del mencionado Servicio de salud, recibió por Ord N°
386, de la Brigada Antinarcóticos, un envoltorio de polietileno, tipo ladrillo, contenedor
de polvo blanco; y una bolsa de polietileno, contenedora de hierba seca molida, color
café; cuyos pesos netos, fueron de 1.000 y 72,92 gramos, respectivamente; y los
protocolos de análisis químico, suscritos, el primero, por el perito del Instituto de
Salud Pública, Jorge Grandón Parra, quien concluyó que el contenido de la muestra
corresponde a cocaína clorhidrato, cuya pureza es de 57%; y, el segundo, por la perito
Inés Blanco Baeza, la que expresó que la muestra analizada, corresponde a cannabis
sativa L, en la que detectó la presencia de los principios activos del cáñamo indiano;
además de los informes sobre tráfico y acción de cocaína y cannabis en el
organismo, que señalan, en el primer caso, que su consumo crónico y agudo produce
trastornos cardio-vasculares, cerebrales, respiratorios y psíquicos, cualquiera sea la
pureza o concentración de la droga y, que en Chile no existe ninguna persona natural o
jurídica autorizada para portar, distribuir, consumir o vender cocaína; y, en el último,
que la cannabis sativa genera todas las características de los estupefacientes, a
excepción de la dependencia física, lo que no la exime de acarrear graves perjuicios a
jóvenes en pleno desarrollo físico o intelectual y por ende a la sociedad, como asimismo a
la salud Pública de la Nación.
Concordante con el expuesto por el Subcomisario Espinoza, resulta el set
fotográfico incorporado a juicio, que da cuenta de la entrada y registro al domicilio de
Carlo Silva Frugone, acaecido el día 30 de septiembre de 2008, en horas de la noche;
especialmente las números 24, 25 y 26, en las que se aprecia una caja de madera
contenedora de una hierba seca color café; la que según lo afirmara el aludido
funcionario, sometida a la prueba de campo, arrojó coloración positiva para cannabis
sativa; como asimismo, las números 50 a 59, en las que se observa una máquina de
juegos, un saco con dinero en su parte posterior interna, y el dinero de distinta
denominación, fuera de su contenedor. En concordancia con esto último, se encuentra
el comprobante de depósito a plazo renovable del BancoEstado, por la suma de
$33.430.000, con fecha de emisión 8 de octubre de 2008, siendo su titular el Ministerio
Público; que da cuenta de la existencia de los dineros incautados, tanto en el domicilio
de Silva, como en el vehículo en que se movilizaba al momento de su detención.
En lo tocante al hecho relacionado en la letra c) de este fundamento, su
establecimiento ha sido posible, además, de lo sostenido por el funcionario policial, con
el oficio N° 1595/242, de 22 de octubre de 2008, emanado de la Autoridad
Fiscalizadora N° 044 de Talca, que señala que Carlo Alberto Silva Frugone, no tiene
armas inscritas a su nombre, ni cuenta con permiso para portar armas de fuego en la
Dirección General de Movilización Nacional; oficio N° 1595/281, de 22 de diciembre de
2008, por el que el Jefe de la Autoridad Fiscalizadora, remite acta de entrega de un
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revólver marca Taurus, calibre .38, serie KA39548 y tres cartuchos del mismo calibre; a
personal del Laboratorio de Criminalística, para su peritaje; y declaración del perito
balístico de la Policía de Investigaciones, Daniel Cáceres Aravena, en cuanto refirió que
efectuó pericia a un revólver marca Taurus, calibre .38 especial, serie KA 39548 y a tres
cartuchos del mismo calibre; verificando procesos normales y eficaces de percusión y
disparo; y se consultó dicha arma a Asesoría Técnica; concluyendo que el revólver es
apto como arma de fuego; sin encargo ni inscrita; los tres cartuchos estaban aptos para
el disparo y podían ser percutidos con el arma en mención; reconociendo el revólver y
cartuchos incorporados, como aquellos que fueron objeto de su pericia.
En el mismo sentido orienta la evidencia material incorporada, consistente en el
arma y cartuchos mencionados; como también, las fotografías 120 a 122, en las que se
aprecia el aludido revólver, envuelto en un paño, al interior de una dependencia del
domicilio de Silva Frugone, donde fue encontrado; y la N° 124, que fija los tres cartuchos
en dicho lugar.
Especialmente relevante, han resultado las escuchas telefónicas, relativas a
conversaciones entre los acusados y entre éstos y terceros, incorporadas por el ente
acusador, tanto aquellas transcritas como las contenidas en un disco compacto, que
fueron latamente oídas en la audiencia; todas las cuales fueron explicadas por el
funcionario policial Osvaldo Espinoza Tapia.
NOVENO: Que estos sentenciadores, conforme a lo establecido en el motivo
precedente, han dado plena credibilidad a los dichos del Subcomisario de la Policía de
Investigaciones, Osvaldo Espinoza Tapia, quien estuvo a cargo de la investigación, desde
sus inicios, participando en cada una de las actuaciones y diligencias que concluyó, en
cada caso, con la detención de los acusados y la incautación de la droga; por cuanto su
testimonio proviene de un funcionario público, sin interés en el juicio, que se limita a dar
a conocer al tribunal, lo percibido y obrado con ocasión de un procedimiento en el que
profesionalmente le correspondió participar; además, tales atestados se encuentran en
concordancia con los demás elementos probatorios incorporados a juicio, no
desvirtuados por prueba alguna en contrario, que se tuvieron en cuenta para el
establecimiento de los hechos y la participación culpable que en ellos cupo a los
acusados Silva Frugone, González Cortés, Fernando Amaro Gangas, Silvia Amaro Gangas
y Marín Vega.
En efecto, de los antecedentes pormenorizados en el considerando que antecede,
especialmente de las escuchas telefónicas reproducidas en la audiencia, cabe concluir
que la incautación de droga y la detención de los acusados, no es el producto de una
situación azarosa, sino el resultado de una investigación acuciosa que se extendió por
más de dos meses; en la que se pudo establecer fehacientemente que en esta ciudad,
Fernanda y Silvia Amaro Gangas, se dedicaban a la comercialización de clorhidrato de
cocaína, que adquirían en Santiago, a lo menos en dos oportunidades, a Eduardo
González Cortés; que dicha droga era trasladada a Talca, en un taxi colectivo conducido
por Luis Marín Vega, quien estaba en conocimiento de ello y que concluyó con la
detención de la primera y de Marín, en el Peaje Río Claro, portando 200,44 gramos netos,
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de tal sustancia. Además, en el mismo contexto, se acreditó que Silva Frugone y
González Cortés, fueron sorprendidos por personal policial, en los momentos en que
efectuaban una transacción de 1.000 gramos netos de clorhidrato de cocaína, en la
comuna de Ñuñoa, en la suma de $6.500.000; y que, en el domicilio de Silva, se encontró
la cantidad de 72,92 gramos netos de cannabis sativa, la suma de $27.000.000; un
revolver marca Taurus, calibre .38 y tres cartuchos del mismo calibre.
La circunstancia de que no se haya realizado una pericia a los fonogramas, para
establecer la correspondencia de las voces allí grabadas con la de los enjuiciados; ni el
hecho que las personas que aparecen comunicándose en ellas, no den sus nombres, ni
hablen específicamente de droga, no afecta el valor probatorio que se ha dado a las
escuchas telefónicas, por cuanto el Subcomisario Espinoza, fue enfático en reconocer la
correspondencia de las diversas voces con los diferentes acusados; explicando, además,
la forma en que llegó a cada uno de ellos, al señalar que primero interceptó los teléfonos
de las hermanas Amaro Gangas, quienes sostenían conversaciones con Eduardo
González y Luis Marín, de lo cual obtuvo el teléfono de González Cortés y, a partir de
éste, el de Silva Frugone; seguimiento que se prolongó desde comienzos del mes de julio
de 2008 hasta, a lo menos, el 30 de septiembre del mismo año; escuchando una
cantidad muy superior a las 45 conversaciones que se reprodujeron en el juicio; lo cual
le permitió distinguir sin dificultades, la voz de cada uno de los acusados; por lo demás,
en el día y medio que duró la reproducción de las grabaciones en la audiencia, estos
jueces pudieron ir distinguiendo claramente una voz de otra y la persistencia de algunas
de ellas en las conversaciones. De otro lado, las máximas de la experiencia nos indican
que en las relaciones familiares o de cierta cercanía, las personas no suelen nombrarse
cuando se comunican por teléfono, porque se reconocen las voces. Asimismo, el hecho
que no se hayan referido a las transacciones, dinero y droga, de manera directa, usando
otro tipo de alocuciones, como se aprecia en las escuchas N° 7, 13, 21 y 33, en las que se
habla de “vender una grande”, “si trae carne”, “si le quedan papas” y de “bolsas”,
respectivamente; guarda también relación con las máximas de la experiencia, pues tal
como lo aseguró el referido policía, las personas que se involucran en este tipo de
hechos, para no correr riesgos, han buscado otras formas de referirse a sus
transacciones, ya que están en conocimiento que la interceptación telefónica, es uno de
los procedimientos policiales que se utilizan en la investigación de estos delitos. Por
último, cabe consignar en este aspecto, que el Subcomisario Espinoza Tapia, pudo
reconocer sin ninguna duda la voz de Silvia Amaro Gangas, en las escuchas 1 a 12, en
que conversaba con terceros; lo propio ocurrió con Fernanda Amaro Gangas, en las
escuchas 13 a 22 y 31; asimismo, reconoció las voces de Silvia Amaro y Eduardo
González Cortés, en las escuchas 23, 24, 25 y 28; las de Fernanda y Eduardo, en las N°
26, 27, 29 y 30; las de Silvia y Fernanda, en las 32 a 35; las de Eduardo y Carlos Silva,
en las 36 y 37; y la voz de Silva, conversando con terceros, en las 39 a 45; dando cuenta
además, en cada una de ellas de su contenido; particularmente en las conversaciones
entre Silvia y Fernanda Amaro Gangas y en las de éstas con González Cortés, refiere que
están relacionadas con la deuda que las dos primeras mantenían con el último y la
31
necesidad de cubrirla para poder adquirir más droga; la de Silvia con Luis Marín, en las
escuchas N° 2 y 3, se refieren a los viajes a Santiago en el vehículo de éste en busca de
la droga; la de Carlos con Eduardo, a la transacción de drogas que se verificó el día de
sus detenciones; todo lo cual autoriza para otorgar pleno valor a las interceptaciones
telefónicas en referencia.
La participación culpable que se les atribuye a los acusados, Carlo Silva
Frugone, Eduardo González Cortés y Fernanda Amaro Gangas, ha quedado
suficientemente establecida con los dichos del funcionario policial, en cuanto señaló que
a través de las escuchas telefónicas tuvo conocimiento que Fernanda Amaro Gangas
concurría a la ciudad de Santiago a proveerse de droga, la cual le era suministrada por
González Cortés, que se le efectuó un seguimiento a ésta y labores de vigilancia al
domicilio de González, el día 19 de agosto de 2008, lo que culminó con su detención y la
incautación de 200,44 gramos neto de clorhidrato de cocaína; que con antelación había
existido, a lo menos, una transacción, la cual no había sido pagada, lo que dio origen a
diversas llamadas telefónicas de González, tanto a Fernanda como a Silvia, cobrando
dicha deuda. Además, y bajo el mismo procedimiento, se enteró que el 30 de septiembre
de 2008, Silva Frugone vendería dos kilos de droga a González Cortés, por la que éste
pagaría la suma de $6.500.000; y mediante el sistema de vigilancia, efectuada al lugar
convenido por éstos en forma telefónica, logró detener a ambos, en situación de
flagrancia, incautando un kilo de clorhidrato de cocaína y la suma de dinero
mencionada. Todo lo cual es concordante con lo escuchado en las grabaciones
telefónicas reproducidas en juicio y con los dichos de los propios acusados.
En relación con la acusada Silvia Amaro Gangas, si bien no fue sorprendida
manteniendo droga en su poder; su participación se desprende de las conversaciones
sostenidas con su hermana Fernanda, en el sentido que ésta debía hacerle llegar el
dinero, para juntárselo a Eduardo González Cortés, quien la llamaba constantemente
cobrándoselo; además, existen varias conversaciones, en las que Silvia Amaro, se
compromete con terceros a efectuar transacciones de drogas, aunque no haga mención
directa a ella, lo que se condice con lo razonado al efecto en el motivo octavo; además,
ambas viajaban indistintamente a la ciudad de Santiago, en busca de la droga, lo que
queda de manifiesto en la escucha N° 3, en la que contrata a Luis Marín, señalándole
que esta vez ira sola, sin Fernanda; además, en la escucha N° 10, en que Silvia conversa
con una mujer no identificada, indicándole que se encuentra en dicha ciudad,
específicamente cerca de Vicuña Mackenna; que coincidentemente es el sector donde vive
González Cortés, según lo afirmó el policía señor Espinoza Tapia, donde efectuó
vigilancia el día 19 de agosto de 2008; por lo demás, en las conversaciones sostenidas
con su hermana Fernanda, queda claro que ambas se dedicaban al tráfico de drogas, ya
que hacen mención a cuánto le queda a cada una, el dinero que han recolectado e
incluso planificaron un viaje al sur para ir a vender, poniéndose de acuerdo en el sistema
que utilizaría, para no competir entre ambas; en otras ocasiones se refieren incluso a la
dosificación de la droga, así queda de manifiesto en la escucha N° 33, en la que hablan
de 20 bolsas de tres gramos, luego se refieren al precio “cuatro lucas” cada una y que el
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peso real de cada una era sólo 2,8 gramos; Silvia le comenta que hay personas que no
quieren ir a la casa de Fernanda, porque está lejos y les sale muy caro ir a buscar una
bolsa. Finalmente, Fernanda Amaro, en su declaración en estrados, reconoce que Silvia
era la encargada de reunir el dinero para enviárselo a Eduardo González; que en dos o
tres ocasiones le ayudó a vender droga; y que la voz de las escuchas telefónicas, era la de
su hermana; todo lo cual lleva a concluir que la droga que Fernanda Amaro Gangas,
adquiría en Santiago y trasladaba para su comercialización a Talca, era para sí y para su
hermana Silvia Amaro Gangas.
Por su parte, para atribuir participación en calidad de autor al acusado Luis
Marín Vega, han sido relevantes, las escuchas telefónicas N° 2 y 3, en las que se
reproducen sendas conversaciones sostenidas por éste y la acusada Silvia Amaro
Gangas; en la primera, Marín llama a Silvia para cobrar un dinero, a lo que ésta
responde que todavía no tiene, porque no ha empezado a vender; estimando plausible la
explicación dada al efecto por el Subcomisario Espinoza, en cuanto a que se trata de
venta de droga, por cuanto Silvia no tenía ninguna actividad remunerada y como se dijo,
las personas dedicadas a ello, no hablan en forma directa; desechándose lo argumentado
por la defensa de Marín, en orden a que podría tratarse de cualquier otro tipo de
mercadería, pues no se probó de manera alguna en juicio, que ésta se desempeñara
como comerciante. En la segunda escucha mencionada, Silvia refiere que quiere viajar a
Santiago, que esta vez no lo hará con Fernanda; que le pagará $50.000; a lo que Marín
responde que “esto no se habla por teléfono” que mejor se junten; lo cual pone de
manifiesto el conocimiento de éste, respecto al motivo del viaje a Santiago para lo que
estaba siendo contratado; pues de no ser así, que de malo o riesgoso podría tener el
fijar, por dicha vía, el valor de un flete común y corriente. Refuerza lo anterior, es decir,
el que Marín estaba en conocimiento que debía concurrir a Santiago a buscar droga, los
dichos de Fernanda Amaro en la audiencia, al señalar que nunca le dijo a “Jano” que
vendía droga, pero todo el mundo sabía esto; además, en la escucha N° 33, conversan
Silvia y Fernanda, hablan de lo que le pagan a Jano por los viajes a Santiago, que
además del dinero recibió 10 gramos de drogas, lo que estiman que es más de lo que le
corresponde; dan a entender que viajaban constantemente, refiriendo que si Jano no
quería ir por menos plata, se conseguirían otro chofer. Por último, el propio acusado
reconoce que conocía a las hermanas Amaro Gangas y a su familia desde hacía 7 años,
que siempre les hacía carreras en su colectivo; que sabía que robaban y estaban
quebrantadas, pero no que vendían drogas, pues de haber sabido que iban a Santiago a
eso, les habría cobrado más caro; versión que no resulta creíble, en la última parte,
atendido lo expresado por Fernanda Amaro, en el sentido que todo el mundo sabía que
ella vendía droga; pues no resulta lógico que una persona cercana a ella y a su familia,
no estuviera enterado de ello, pero sí de sus quebrantamientos de condena, cuya única
manera de saberlo, es por los dichos de las propias protagonistas; además, considerando
el grado de confianza existente, no resulta convincente que haya efectuado, al menos,
dos viajes a Santiago, en forma intempestiva, permaneciendo allí, según sus propios
dichos, en la última oportunidad, sólo 5 minutos y se le haya ordenado salir hacia la
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Ruta 68, para luego retomar la carretera al sur; sin formular pregunta alguna; no siendo
atendible su explicación, en orden a que en la locomoción colectiva, no se le pregunta al
pasajero que va a hacer a determinado lugar; pues no se trataba en este caso de viajes
comunes y corrientes, sino que de larga distancia y con retorno inmediato y en horas de
la noche.
Conforme a lo anterior, no cabe sino concluir, que Marín Vega, estaba en
conocimiento de que los viajes efectuados a Santiago, tenía por objeto el traslado de la
droga a esta ciudad, para su comercialización, aceptando efectuar dicho traslado.
CALIFICACION JURIDICA
DECIMO: Que, los hechos descritos en las letras a) y b) del motivo octavo,
configuran sendos delitos de tráfico ilícito de estupefacientes, previsto en el artículo 3° de
la Ley N° 20.000, en relación con el artículo 1° de dicho cuerpo legal, en grado de
consumado, dado que, en el primer caso, uno de los sujetos poseía una cantidad
importante de clorhidrato de cocaína para sí y su hermana, que había adquirido de su
proveedor, con el objeto de traficar con ella; mientras que el otro agente, facilitó el
transporte de dicha sustancia. En tanto que en el segundo, los agentes fueron
sorprendidos efectuando una transacción de un kilo de clorhidrato de cocaína. Y,
además, uno de ellos mantenía en su domicilio otra cantidad significativa de cannabis
sativa; sin contar con la autorización competente.
Se debe tener en cuenta, además, lo dispuesto en el artículo 1° del Reglamento de
la referida Ley, que califica como sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas,
productoras de dependencia física o síquica, entre otras, a la cocaína y cannabis sativa.
Para determinar la figura típica aludida, en relación al ilícito de 19 de agosto de
2008, se ha tenido en consideración que la cantidad de 200,44 gramos de clorhidrato de
cocaína, aún cuando estuviere destinado a dos personas, como lo sostuvo la defensa de
Silvia y Fernanda Amaro Gangas, y su concentración o pureza no superara el 50% (21,
15 y 48), no puede considerarse a la luz de los antecedentes como “pequeña cantidad”;
teniendo especialmente en cuenta que de ella se pueden obtener gran cantidad de dosis,
cubriendo así un amplio espectro de personas a quienes ha de llegar como destinatario
final. Es dable considerar además, que según se establece en el informe sobre tráfico y
acción de la cocaína, emanado del Instituto de Salud Pública, los efectos adversos que
ésta provoca en el organismo, se mantienen cualquiera sea su concentración. Útil son
también al efecto, las circunstancias en que se produjo la detención de los acusados, el
hallazgo de la droga y el que ésta estuviera destinada a su comercialización.
UNDECIMO: Que, los hechos descritos en la letra c) del fundamento octavo,
configuran el delito consumado de tenencia ilegal de arma de fuego, previsto y
sancionado en el artículo 9, en relación con el artículo 5°, ambos de la Ley N°17.798,
sobre Control de Armas, toda vez que el hechor mantenía en su poder un revólver apto
para el disparo, cargado con tres municiones, sin contar con la respectiva inscripción.
DUODECIMO: Que con las probanzas rendidas y analizadas en el considerando
octavo, se considera que a los acusados FERNANDA DENISE AMARO GANGAS, SILVIA
MARIA CAROLINA AMARO GANGAS y LUIS ALEJANDRO MARIN VEGA, les ha
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correspondido participación en calidad de autores del delito descrito en la letra a) del
considerando en mención.
Por su parte al acusado CARLO ALBERTO SILVA FRUGONE, le ha cabido
participación de autor en el ilícito referido en la letra b) y c) del referido motivo octavo.
A su vez, EDUARDO ANTONIO GONZALEZ CORTES, ha tenido participación de
autor en el hecho descrito en la letra a) del motivo octavo, referido a la venta de cocaína a
Fernanda Amaro Gangas y en la adquisición de la misma sustancia a Carlos Silva
Frugone, descrita en el hecho b) del mismo fundamento, constitutivos del delito de
tráfico, conforme se calificó en el fundamento décimo y que, a su respecto, se ha
estimado como un delito continuado de tráfico, teniendo en cuenta que se trata de un
ilícito de emprendimiento.
La participación que en cada caso se ha atribuido, lo es en los términos del
artículo 15 N° 1 del Código Penal, por cuanto los agentes intervinieron, respectivamente,
en los hechos, de una manera inmediata y directa.
HECHOS NO PROBADOS
DECIMOTERCERO: Que, en concepto de estos jueces, la prueba rendida en juicio
resulta insuficiente para establecer, más allá de toda duda razonable, que JUAN
RODRIGO GONZALEZ MORAGA, haya tenido algún grado de participación en los
hechos que le imputa el Ministerio Público, ya sea suministrando los medios para
adquirir droga o colaborando en su venta a consumidores finales.
En efecto, tendiente a establecer los hechos que sustenta la acusación a su
respecto, el ente persecutor, incorporó a juicio las escuchas N° 1 y 35, que corresponden,
respectivamente, a las transcritas bajo los N° 5 y 2; la primera, se refiere a una
conversación entre Silvia Amaro Gangas y un tal “Rodri”, en la que ésta le refiere que “la
señora de Pedro quiere una mitad”, él responde “dile que venga a mi casa, me pase la
plata y yo se la traigo al tiro”; y la segunda, a una conversación entre Fernanda y Silvia
Amaro, en la que hablan de la deuda que tienen con Eduardo, ambas dicen que no han
vendido nada, Fernanda le propone que le pida dinero a Rodrigo, Silvia le dice que éste le
pasa “tres gambas al tiro”, pero que peleó con él. Sin embargo, el funcionario policial
Osvaldo Espinoza Tapia, al referirse a dichas grabaciones, señala que supone que “Rodri”
y Rodrigo, que se mencionan en ellas, es el acusado González Moraga, porque Silvia tenía
una relación cercana con él. Tales antecedentes carecen de la fuerza necesaria, para dar
por probada la participación de dicho acusado, pues no se estableció fehacientemente,
que la persona que, según Silvia, le prestaría dinero, tenía conocimiento que sería
utilizado en la compra de droga y, lo más importante, tampoco se acreditó, más allá de
la mera suposición, que efectivamente se trataba de de González Moraga; más aún, si se
considera que, conforme a lo expresado por el policía, en su domicilio no se encontró
droga, sino sólo especies que indicaban que se dedicaba a reproducir discos “piratas”.
Así las cosas, no habiendo alcanzado estos sentenciadores, la convicción de que
realmente se haya cometido el hecho punible y que en él le haya correspondido al
acusado Juan Rodrigo González Moraga, una participación culpable y penada por la ley;
corresponde absolverlo de la acusación dirigida en su contra.
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CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS
DECIMOCUARTO: Que favorece a los acusados Carlo Alberto Silva Frugone y
Luis Alejandro Marín Vega, la circunstancia atenuante de responsabilidad, consagrada
en el artículo 11 N° 6 del Código Penal, esto es, sus irreprochables conductas anteriores,
la que se encuentra acreditada con el mérito de sus respectivos extractos de filiación y
antecedentes, exentos de anotaciones.
Asimismo, se apreciará a favor del acusado Luis Alejandro Marín Vega, la
minorante del N° 9 del referido artículo y Código, vale decir, haber colaborado
sustancialmente al esclarecimiento de los hechos; por cuanto su declaración prestada en
estrados, inmediatamente concluidos los alegatos de apertura, reconociendo sus
conversaciones con las acusadas Amaro Gangas y los viajes efectuados a la ciudad de
Santiago, resultó relevante para la convicción del Tribunal a su respecto; de manera que
la actitud merece ser reconocida y se estima suficiente para tener por concurrente la
aludida atenuante.
De igual manera, se estima concurrente a favor de Carlos Silva Frugone, sólo en
el delito de tenencia ilegal de arma de fuego, la atenuante de colaboración sustancial,
la que se considera suficientemente acreditada, con el mérito de su declaración prestada
en juicio, reconociendo la propiedad del revólver y su correspondiente munición, como
también la forma y lugar en que fue adquirido; lo cual se estima sustancial, en atención
a que fue encontrado en su domicilio, en el cual moraban otras personas, a quienes
perfectamente pudo atribuírseles dicha tenencia.
DECIMOQUINTO: Que, por el contrario, no concurre la atenuante contemplada
en el artículo 11 N° 9 del Código Punitivo, a favor de los acusados Carlo Silva Frugone,
en el delito de tráfico ilícito de estupefacientes; Eduardo González Cortés y Fernanda
Amaro Gangas, invocada por sus defensas, teniendo para ello en consideración que el
hallazgo de la droga y sus detenciones, se produjeron en una situación de flagrancia, de
modo que si bien declararon en el juicio y reconocieron su participación, tales atestados
carecen de la sustancialidad que exige la norma para la concurrencia de la minorante.
DECIMOSEXTO: Que, se desestima la petición del Ministerio Público, en cuanto a
considerar que perjudica a los acusados Fernanda Amaro Gangas, Silvia Amaro
Gangas y Eduardo González Cortés, la agravante contemplada en la letra a) del artículo
19 de la Ley 20.000, esto es, que los acusados formaron parte de una agrupación o
reunión de delincuentes, sin incurrir en el delito de organización del artículo 16, pues de
los antecedentes probatorios allegados al juicio no es posible desprender que haya
existido una conciencia, conocimiento y voluntad de formar parte de una agrupación o
reunión para realizar el tráfico entre aquéllos.
En efecto, para apreciar la concurrencia de dicha agravante, ha de tenerse en
consideración, que si bien ésta no requiere de una organización de gran nivel y
sofisticación, como la figura típica de asociación ilícita consagrada en el artículo 16 de la
Ley 20.000, que la delimita; al menos, en opinión de estos sentenciadores, se deben
reunir las condiciones básicas de la misma, en cuanto a estructura funcional y
especialmente, a la permanencia de la agrupación, con la finalidad de cometer un
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número indeterminado de delitos; sin embargo, de las pruebas producidas en juicio, sólo
es posible colegir que las referidas acusadas, adquirieron droga de parte de Eduardo
González, en dos oportunidades, existiendo una constante comunicación entre ellos,
exclusivamente porque las hermanas Amaro Gangas, se encontraban en mora de pagar
la primera adquisición; de este modo la permanencia en el tiempo de la relación habida
entre todos ellos, no guarda relación con el propósito común de traficar, por cuanto a
Eduardo González sólo le interesaba recuperar su dinero, con prescindencia del destino
que las acusadas le daban a la droga. Así las cosas, no habiéndose establecido la
permanencia de la agrupación con la finalidad delictiva indicada, corresponde, como se
ha dicho, desestimar la concurrencia de la referida agravante.
Por igual motivo se desestima la procedencia de esta agravante respecto de Luis
Alejandro Marín Vega y Carlo Silva Frugone, esgrimida en la acusación fiscal y,
porque, además, en lo referente al último de los nombrados ni siquiera se estableció
algún vínculo entre éste y las hermanas Amaro Gangas, como lo sostuvo el propio Fiscal
en su alegato de clausura.
DECIMOSEPTIMO: Que, tampoco se estima concurrente, en perjuicio de Silvia
Amaro Gangas y Fernanda Amaro Gangas, la agravante esgrimida por el Ministerio
Público, contemplada en el N°14 del artículo 12 del Código Punitivo, por cuanto, si bien
se estableció que la primera cometió el delito después de haber quebrantado la pena
impuesta en causa RIT 4.458/2002 del Juzgado de Garantía Talca, el día 4 de noviembre
de 2007, según consta de su extracto de filiación, copia de sentencia respectiva y oficio
N° 03.03.00 962/2007, de la Alcaide del Centro Penitenciario Femenino de Talca; siendo
condenada por dicho ilícito a 10 días de incomunicación, como se expresa en Oficio N°
07.03.00 40/2009 del Alcaide del Centro Penitenciario Femenino de Talca; en tanto que
la segunda, perpetró este ilícito, luego de haber quebrantado la pena impuesta en causa
RIT 3042-2004 del Juzgado de Garantía de Linares, como consta de su extracto de
filiación y antecedentes, copias de la respectiva sentencia; y oficio N° 07.02.03
3506/2008, de 13 de noviembre de 2008, del Alcaide del Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Talca; tales circunstancias constituyen, por sí mismas, un delito
sancionado en nuestro ordenamiento legal, específicamente en el artículo 90 del Código
Penal; en consecuencia, resulta improcedente considerar nuevamente tal hecho para
agravar sus responsabilidades, por prohibirlo expresamente el inciso primero del artículo
63 del mencionado código sustantivo, que consagra el principio non bis in ídem.
PENALIDAD
DECIMOCTAVO: Que la pena asignada al delito tráfico de droga, consta de dos
grados de una divisible, esto es, presidio mayor en su grado mínimo a medio; y multa de
cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales.
Favoreciendo al acusado CARLO SILVA FRUGONE, una circunstancia atenuante
y en ausencia de agravantes, por mandato del inciso segundo del artículo 68 del Código
Penal, le está vedado al Tribunal imponer la pena en su grado máximo, de modo que su
marco penal queda radicado en presidio mayor en su grado mínimo, mas no en su nivel
inferior, por estimar a su respecto que la cantidad de droga significó un mayor riesgo al
37
bien jurídico protegido; con independencia de si ésta llegó o no a ser distribuida, por
tratarse de un delito de peligro.
En relación a la pena de multa, no se hará lugar a lo solicitado por su defensa, en
orden a fijarla en 40 UTM, o en una cantidad inferior que el Tribunal estime; puesto que
de los dichos del Subcomisario Espinoza Tapia y set fotográfico incorporado, es posible
colegir que el acusado goza de una situación económica que le permite solventar un
monto superior al mínimo; sin embargo, tampoco se fijará en su parte más alta,
atendido su larga permanencia privado de libertad, regulándose en definitiva en 100
UTM; la que por la razón señalada en último término, podrá pagar en parcialidades en el
plazo de un año; haciéndose exigible el total de ella, en caso de no pago de una sola de
las parcialidades.
De otro lado, aún cuando el acusado Silva Frugone, fue condenado en causa RIT
N° 73-201, de este Tribunal, por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, perpetrado
el 27 de agosto de 2009, vale decir, su juzgamiento pudo efectuarse conjuntamente con
los de la presente causa; estos sentenciadores no procederán a unificar las sanciones,
conforme a lo prescrito en el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, por estimar
que de seguir tal procedimiento, le correspondería al acusado una pena mayor; pues la
naturaleza de los ilícitos y las circunstancias de su comisión, conllevan a que el aumento
por la reincidencia, no sea en su parte mínima.
Por su parte, la pena asignada al delito de tenencia ilegal de arma de fuego, es
presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo; y, concurriendo
respecto de CARLO SILVA FRUGONE, dos circunstancias atenuantes y ninguna
agravante, el Tribunal hará uso de la facultad establecida en el inciso tercero del
artículo 68 del Código Punitivo y rebajará la pena en un grado al mínimo de los
señalados por la ley; radicándola en definitiva, en presidio menor en su grado mínimo.
DECIMONOVENO: Que tal como se reseñó en el considerando precedente, la pena
que la ley asigna el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, es presidio mayor en su
grado mínimo a medio, más multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales; y,
conforme a ello, se determinará, respecto de cada acusado, de la manera que sigue:
EDUARDO ANTONIO GONZÁLEZ CORTÉS: por no concurrir a su respecto
circunstancias modificatorias de responsabilidad, se fija su marco penal en presidio
mayor en su grado mínimo; el que no se aplicará en su cuantía menor, por las mismas
razones dadas al efecto, respecto del acusado Silva Frugone, esto es, el mayor peligro al
que se vio expuesto el bien jurídico, en atención a la cantidad de droga.
En cuanto a la multa, no habiéndose probado la existencia de elementos
suficientes que autoricen a imponerla en un monto inferior al señalado por la ley; se
rechaza la petición que en tal aspecto formuló su defensa; regulándose en 100 UTM y,
teniendo en cuenta que González Cortés ha permanecido privado de libertad por más de
dos años con motivo de esta causa y que, conforme al marco penal fijado, deberá
continuar en tal situación, lo que le impide generar mayores ingresos, se le autoriza para
pagar la multa por parcialidades, otorgándosele al efecto el plazo de un año.
38
SILVIA AMARO GANGAS y FERNANDA AMARO GANGAS: No concurriendo
respecto de estas acusadas, circunstancias que modifiquen su responsabilidad penal,
estos sentenciadores quedan facultados para recorrer toda la extensión de la pena al
aplicarla, conforme lo estatuido en el inciso primero del artículo 68 del Código Punitivo;
la que se radicará en presidio mayor en su grado mínimo, la que se impondrá en su parte
mínima, en atención a que en lo que a ellas respecta, la cantidad de droga era
considerablemente inferior a la de los acusados Silva y González y, por ende, la
afectación del bien jurídico es también menor.
En relación con la multa, cabe tener presente que tanto de los dichos del
funcionario policial, como de las escuchas reproducidas en el juicio, consta que ambas
acusadas, se encontraban en una difícil situación económica, la cual se ve agravada con
la circunstancia de encontrarse privadas de libertad desde el 19 de agosto de 2008, lo
que no les permite desempeñar alguna actividad remunerada, de manera que se hará
uso de la facultad contemplada en el artículo 52 de la Ley 20.000, procediendo a rebajar
prudencialmente la multa que corresponde imponerles, regulándose en 20 UTM, cada
una; otorgándoseles, asimismo, el plazo de un año para su pago, en parcialidades.
LUIS MARIN VEGA: atendida la concurrencia de dos circunstancias atenuantes y
en ausencia de agravantes, estos jueces harán uso de la facultad consagrada en el
artículo 68 inciso tercero del Código Penal y rebajará la pena en un grado al mínimo de
los señalados por la ley; radicándola en presidio menor en su grado máximo, en el
quantum que se dirá en lo resolutivo.
Del mismo modo y teniendo en consideración que se desempeña como chofer de
un taxi colectivo y que es padre de dos hijos menores, respecto de los cuales debe
aportar a su manutención, como consta de los documentos incorporados a juicio; se
hará uso también de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley 20.000 y se impondrá una
multa inferior al mínimo establecido, regulándola en 10 UTM, otorgándosele, además, el
plazo de un año para su pago, en parcialidades.
Beneficio: Reuniéndose, respecto de Marín Vega, los requisitos del artículo 15 de
la Ley 18.216, se le concederá en beneficio de Libertad Vigilada. En efecto, consta de su
extracto de filiación y antecedentes, que no ha sido condenado con antelación; el marco
penal fijado, no excede de cinco años y, el informe presentencial evacuado por el Consejo
Técnico del Centro de Reinserción Social de Talca, concluye que es recomendable su
ingreso a dicha medida, por estimarse que un tratamiento es necesario y eficaz dadas
sus características, pues presenta hábitos laborales, con calificación laboral, sin
contaminación criminógena y capacidad de insertarse en ambientes normados, entre
otras.
VIGESIMO: Que, atendida la naturaleza del delito y considerando que los
dineros incautados corresponden a efectos del delito tráfico, que no se han aportado
antecedentes que permitan desvincularlos del ilícito, no siendo atendible lo manifestado
al efecto por el acusado Silva Frugone, en cuanto a que los $27.000.000 que fueron
incautados en su domicilio, corresponden a una herencia dejada por su madre, toda vez
que no parece lógico que tal suma se mantuviera en un saco, al interior de una máquina
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de juego y en billetes de baja denominación como se observa de la fotografía N° 58 del set
incorporado; se decretará el comiso del mismo; y; lo propio ocurrirá con la suma de
$6.500.000, que fueron incautados en el momento en que González Cortés, adquiría de
parte de Silva un kilo de clorhidrato de cocaína; dinero del que da cuenta el comprobante
de depósito a plazo renovable reajustable N° 00.002.507.262 del BancoEstado, de 8 de
octubre de 2008.
De igual manera se dispondrá el comiso de una camioneta marca Great Wall,
modelo Deer 2.2, año 2008, patente BFTG 35, inscrita a nombre de Rosa Elizabeth
Bruna Yévenes; por ser un instrumento del delito perpetrado el 30 de septiembre de
2008, ya que conforme a la prueba rendida, era utilizado por Silva en el momento de
efectuar la transacción de droga.
También se dispone el comiso de una balanza digital marca Diamond, incautada
del domicilio de Fernanda Amaro Gangas, por tratarse de un instrumento destinado a la
perpetración de delitos penados en la Ley 20.000. Todo ello conforme a lo dispuesto en
los artículos 45 y 46 de la ley en mención.
En cuanto a los teléfonos celulares incautados en poder de los acusados, se
decretará igualmente el comiso, ya que las escuchas telefónicas reproducidas en la
audiencia de juicio, dan cuenta que ellos eran utilizados en las transacciones y
coordinación tendientes a la adquisición y entrega de droga.
Asimismo, se dispondrá la pena de comiso del arma de fuego y municiones que
mantenía en su poder Silva Frugone, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley sobre
Control de Armas.
En relación al automóvil Mercedes Benz y demás bienes incautados en el
domicilio de Carlo Silva Frugone, no se dispondrá su comiso por cuanto, además de no
haber sido detallados en la acusación, no se probó que estuvieran vinculados
directamente al tráfico de drogas o que fueran efectos del delito; pues no se incorporó un
informe contable o estado patrimonial de dicho acusado, que permitiera al menos
deducir la procedencia de tales bienes, siendo insuficiente al efecto la sola versión del
funcionario policial, en cuanto a la forma de vida del imputado.
Por las anteriores consideraciones y lo dispuesto en los artículos 1°, 11 N° 6 y 9,
14 N° 1, 15 N° 1, 18, 21, 24, 26, 28, 29, 30, 50, 68, 69 y 70 del Código Penal; 1°, 3º, 18,
45, 46 y 52 de la Ley 20.000; 1° del Decreto N° 867 del Ministerio del Interior, de 2008,
Reglamento de la Ley N° 20.000; 5°, 9° y 15 de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas;
y 1°, 45, 46, 47, 48, 295, 296, 297, 315, 329, 333, 338, 340, 341, 342, 344 y 348 del
Código Procesal Penal, y artículo 15 de la Ley 18.216, se declara:
I.- Que se ABSUELVE a JUAN RODRIGO GONZALEZ MORAGA, de la acusación
formulada en su contra, como autor del delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades
de droga, que se habría perpetrado en esta ciudad, entre julio y agosto de 2008.
II.- Que se CONDENA al acusado CARLO ALBERTO SILVA FRUGONE, ya
individualizado, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, relativo a
clorhidrato de cocaína y cannabis sativa, perpetrado en Santiago, el 30 de septiembre de
2008; a la pena de SIETE AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo, más las
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accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos
políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la
condena y al pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a CIEN Unidades
Tributarias Mensuales.
Que se CONDENA al mencionado SILVA FRUGONE, por su autoría en el delito de
tenencia ilegal de arma de fuego, cometido en la misma fecha y ciudad; a la pena de
CIEN DIAS de presidio menor en su grado mínimo, más la accesoria de suspensión de
cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Por no reunirse los requisitos legales, no se le concede ninguno de los beneficios
de la Ley N° 18.216 y, consecuencialmente debe cumplir efectivamente las penas
impuestas, en orden sucesivo comenzando por la más grave; la que se empezará a contar
una vez concluida la sanción impuesta en la causa RIT 73-2010 de este Tribunal, en
actual cumplimiento; sirviéndole de abono el tiempo que permaneció sujeto a prisión
preventiva con motivo de esta causa, esto es, desde el 30 de septiembre de 2008 hasta el
10 de diciembre de 2010, según consta del auto de apertura y de la certificación
respectiva.
III.- Que se CONDENA al acusado EDUARDO ANTONIO GONZALEZ CORTES,
ya individualizado, a la pena de SIETE AÑOS de presidio mayor en su grado mínimo,
más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y
derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras
dure la condena; y al pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a CIEN Unidades
Tributarias Mensuales, como autor del delito continuado de tráfico ilícito de
estupefacientes, relativo a clorhidrato de cocaína, perpetrado en Santiago, los días 19 de
agosto de 2008 y 30 de septiembre del mismo año.
Por no reunirse los requisitos legales, no se le concede ninguno de los beneficios
establecidos en la Ley N° 18.216 y, consecuencialmente debe cumplir efectivamente la
pena impuesta; la que se empezará a contar desde el 30 de septiembre de 2008, fecha
desde la cual ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad en esta causa,
según consta del auto de apertura.
IV.- Que se CONDENA a las acusadas FERNANDA DENISE AMARO GANGAS y
SILVIA MARIA CAROLINA AMARO GANGAS, ya individualizadas, como autoras del
delito de tráfico de clorhidrato de cocaína, perpetrado en esta ciudad y en la comuna de
Río Claro, entre el 8 de julio y el 19 de agosto de 2008; a sufrir cada una de ellas, la pena
de CINCO AÑOS Y UN DIA de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias
de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y
la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al
pago de una multa a beneficio fiscal ascendente a VEINTE Unidades Tributarias
Mensuales.
Por no reunirse los requisitos legales, no se les concede ninguno de los beneficios
establecidos en la Ley N° 18.216 y, consecuencialmente deben cumplir efectivamente la
pena impuesta; la que se empezará a contar, en el caso de Fernanda Amaro Gangas,
desde el 27 de septiembre de 2009, fecha desde la cual ha permanecido
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ininterrumpidamente privada de libertad en esta causa, sirviéndole de abono los 22 días
que permaneció en prisión preventiva, contados desde el 19 de agosto de 2008 hasta el 9
de septiembre del mismo año, fecha esta última en que ingresó a cumplir pena en causa
diversa, según consta del Fax N° 69/2011, del Alcaide del Centro Penitenciario Femenino
de Talca. En tanto que a Silvia Amaro Gangas, se le computará la pena desde el 19 de
agosto de 2008, fecha desde la que ha estado privada de libertad en esta causa, sin
interrupción.
V.- Que se CONDENA al acusado LUIS ALEJANDRO MARIN VEGA, ya
individualizado, como autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, relativo a
clorhidrato de cocaína, perpetrado en la comuna de Río Claro, el 19 de agosto de 2008; a
la pena de TRES AÑOS Y UN DIA de presidio menor en su grado máximo, más las
accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de
inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena; y
al pago de una multa a beneficio fiscal, ascendente a DIEZ Unidades Tributarias
Mensuales.
Por reunirse los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Ley 18.216,
conforme lo razonado en el fundamento decimonoveno, se le concede el beneficio de
Libertad Vigilada; debiendo quedar sujeto a la vigilancia y orientación permanente de
un delegado de Gendarmería de Chile por el plazo de cinco años, y cumplir las demás
exigencias contenidas en el artículo 17 de la citada ley.
En el evento que el sentenciado deba cumplir efectivamente la sanción impuesta,
le servirá de abono el tiempo que permaneció privado de libertad con motivo de esta
causa, esto es, desde el 19 de agosto de 2008 hasta el 11 de agosto de 2009, como
consta del auto de apertura.
VI.- Que se CONDENA a todos los acusados, al pago proporcional de las costas
del procedimiento; y no se condena en costas al Ministerio Público, en virtud de la
absolución decretada por el acusado González Moraga, por estimar que tuvo motivos
plausibles para litigar.
VII.- Que se AUTORIZA a cada uno de los sentenciados para pagar las multas
por parcialidades, en el plazo de un año; haciéndose exigible el total de lo adeudado, por
el no pago de una sola de las parcialidades.
En el evento que los sentenciados no pagaren las multas impuestas, sufrirán por
vía de sustitución, la pena de reclusión, regulándose en un día por cada media unidad
tributaria mensual, sin que dicha reclusión pueda exceder de seis meses.
VIII.- Que se decreta el COMISO de los efectos e instrumentos del delito,
consistentes en los teléfonos celulares incautados a los acusados, una balanza digital
marca Diamond, una camioneta marca Great Wall, modelo Deer 2.2, año 2008, patente
BFTG 35, inscrita a nombre de Rosa Elizabeth Bruna Yévenes; además de los dineros de
que da el comprobante de depósito a plazo renovable reajustable N° 00.002.507.262 del
BancoEstado, de 8 de octubre de 2008, por la suma de $33.480.000; dinero que deberá
ser depositado, en el fondo especial del Ministerio del Interior, cuenta N°9023283 del
BancoEstado.
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Se decreta el comiso de un revólver marca Taurus, calibre .38, serie KA 39548 y
de tres cartuchos del mismo calibre, los que deberán ser remitidos a arsenales de guerra.
Devuélvanse al Ministerio Público, para que dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 46 de la Ley 20.000 y 23 de la Ley 17.798, respectivamente.
Cúmplase con lo señalado en el inciso cuarto del artículo 46 de la Ley 20.000.
IX.- De conformidad a lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley N° 19.970 y 40 de
su Reglamento, se ordena la determinación de la huella genética de los sentenciados,
previa toma de muestras biológicas si fuere necesario, la que deberá incluirse en el
Registro de Condenados.
Una vez ejecutoriado el presente fallo, dése cumplimiento al artículo 468 del
Código Procesal Penal, oficiándose a la Contraloría General de la República, al Servicio
de Registro Civil e Identificación y a Gendarmería de Chile.
En su oportunidad, póngase a los sentenciados a disposición del Juzgado de
Garantía de Talca, para los efectos del cumplimiento de las penas, oficiándose al Centro
de Cumplimiento Penitenciario, a quien deberá adjuntársele copia de esta sentencia, con
el atestado de encontrarse ejecutoriada.
Devuélvase a los intervinientes, en su oportunidad, los elementos de prueba
incorporados en la audiencia.
Redacción del Juez don Wilfredo Urrutia Gaete.
Regístrese y, en su oportunidad, archívese.
RUC N° 0800605047-7
RIT N° 305-2009
Pronunciado por los Jueces doña Jeannette Valdés Suazo, quien presidió la
audiencia, don Iván Villarroel Castrillón y don Wilfredo Urrutia Gaete.
