SERVICIO A LA TOTALIDAD DE - juntadeandalucia.es Acuerdo... · depreciaci n/amortizaci n de flota, mantenimiento y reparaci n, aprovisionamientos, seguros, C d ig o : 6hWMS869PFIRMANvjIzKwsE+eZq20f

Informe que emite la Asesoría Jurídica Provincial de Granada sobre el

Cuadro Resumen del Modelo de Pliego de Cláusulas Administrativas

Particulares para la contratación del SERVICIO A LA TOTALIDAD DE

TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE DE LOS CENTROS

VINCULADOS AL ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA

SANITARIA DE LA PROVINCIA DE GRANADA, DE PACIENTES

ATENDIDOS POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ASÍ COMO

EL TRASLADO DEL PERSONAL DE URGENCIAS Y

PROGRAMADO, TANTO URBANO COMO INTERURBANO EN SU

ÁMBITO TERRITORIAL EN VEHÍCULOS ESPECIALMENTE

ACONDICIONADOS AL EFECTO, TODO ELLO PREVIA INDICACIÓN

DEL PERSONAL COMPETENTE (18C91010019).

SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE LA PLATAFORMA LOGÍSTICA

SANITARIA DE GRANADA

Nº EXPTE CONTRATACIÓN: GR/INF-2018-0017

FECHA EMISIÓN: 23/02/18

Visto el Cuadro Resumen del modelo de Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares de referencia, esta Asesoría Jurídica, al

amparo del art 13 del Decreto 257/05 de 29 de noviembre de

Asistencia Jurídica al SAS, emite INFORME FAVORABLE, de acuerdo

con lo previsto en el 115.6 TRLCSP. (L. 3/2011, de 14 de noviembre),

por entender que es ajustado a Derecho.

Se hace constar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 317. 1 a)

y 2 del TRLCSP en relación con el artículo 3 del Decreto 39/2011, de

22 de febrero, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno para

Código Seguro De Verificación: CD9MdAm2LsnYRwvp+RWYQw== Fecha 23/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Maria Angeles Barbar Ruiz

Url De Verificación https://ws058.juntadeandalucia.es/verifirma/code/CD9MdAm2LsnYRwvp+RWYQw==

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la celebración de este contrato al tener un valor estimado superior a

los doce millones de euros, y dicha autorización deberá obtenerse

antes de la aprobación del expediente.

Se devuelve el cuadro resumen del pliego debidamente visado, con

firma y sello.

Código Seguro De Verificación: CD9MdAm2LsnYRwvp+RWYQw== Fecha 23/02/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Maria Angeles Barbar Ruiz

Url De Verificación https://ws058.juntadeandalucia.es/verifirma/code/CD9MdAm2LsnYRwvp+RWYQw==

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MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO URGENTE Y PROGRAMADO DE LOS CENTROS ADSCRITOS A LA PLATAFORMA DE LOGÍSTICA SANITARIA DE GRANADA. La presente memoria justificativa se emite por esta Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales con motivo del proceso de fiscalización del expediente de contratación Número: 18C91010019 cuyo objeto es la prestación del Servicio de Transporte Sanitario terrestre de los centros que se recogen en el apartado 2 del Cuadro Resumen, vinculados al Área geográfica de cobertura sanitaria de la provincia de Granada, de pacientes atendidos por el Servicio Andaluz de Salud, así como el traslado del personal de urgencias y programado, tanto urbano como interurbano en su ámbito territorial en vehículos especialmente acondicionados al efecto, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73, apartado 2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El presupuesto máximo del contrato, durante su vigencia de cuatro años, asciende a 64.243.838,25euros (exento de IVA). Dicho presupuesto ha sido elaborado en base a las siguientes premisas:

• El precio base de licitación debe retribuir el Plan Funcional de Transporte Sanitario de todos los Centros del SAS de la provincia, que incorpora los siguientes incrementos de servicios derivados de nuevas necesidades asistenciales:

o 9 ambulancias pasan a ser de tipo B, que implican la existencia de un Técnico de Emergencias Sanitarias más en cada vehículo, adicional al existente.

o Se amplía horario de las ambulancias de Almuñecar y Órgiva a 24 horas. o Nuevos servicio de ambulancia de 12 horas en La Zubia y Pinos Puente.

• El precio base de licitación calculado debe ser adecuado a los precios actuales del mercado y compatible con los escenarios presupuestarios disponibles.

• Entre los costes del contrato, se encuentran con un peso muy significativo los importes salariales del convenio colectivo del sector (RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo para las Empresas y Trabajadores/as de Transporte de Enfermos y Accidentados en Ambulancia, BOJA núm. 205 DE 19.10.2011, que se encuentra en situación de ultraactividad desde el año 2012). Se plantea una recuperación progresiva en el marco de los cuatro años de contrato.

• El precio ha de dar cobertura al resto de costes asociados a este tipo actividad empresarial entre los que son de destacar la amortización de vehículos, su mantenimiento, los seguros y el gasto en combustible.

ANALISIS ECONÓMICO:1. Se ha calculado el impacto que la actualización de salarios ha de tener en el importe del

contrato, basado por un lado en las retribuciones publicadas en el convenio colectivo mencionado, y por otro en el número de horas a contratar para la prestación del servicio en cada Centro, en base a las coberturas de profesionales y vehículos en todos los centros del SAS en la provincia fijado en el Plan Funcional de Transporte, tanto para el transporte programado como para el urgente. En este cálculo se han tenido en cuenta los servicios nuevos incorporados en dicho Plan Funcional de Transporte Sanitario provincial.

2. Se han valorado otros factores de coste como son: precio del combustible, depreciación/amortización de flota, mantenimiento y reparación, aprovisionamientos, seguros,

Código: 6hWMS869PFIRMANvjIzKwsE+eZq20f Fecha 26/02/2018Firmado Por EMILIA MARTINEZ MARTINEZ

Url De Verificación https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/ Página 1/3

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tasas e impuestos directos, gastos de estructura y beneficio empresarial. En esta valoración se ha tenido en cuenta los servicios nuevos incorporados en el Plan Funcional de Transporte Sanitario provincial.

De dicho análisis de costes se deriva el precio total del contrato para poder retribuir a los trabajadores según convenio en el horizonte de los 4 años de contrato y financiar los servicios nuevos. Ello nos lleva al siguiente importe anual de contrato:

o Importe en el año horizonte (año 4) de los gastos de personal conforme a tabla salarial del convenio 2011: 12.303.223,11 €

o Importe anual del resto de costes del servicio (operativos y no operativos), incluido gastos generales y beneficio industrial: 4.156.317,97 €

o Importe total de licitación a cuatro años: 64.243.838,25 euros (exento de IVA).

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Así pues, dicho importe de licitación calculado responde a los precios de mercado, de acuerdo a lo previsto en el art.87.1 del TRLCSP, y a las disponibilidades presupuestarias, y es por ello que se ha establecido como anormal o desproporcionada una oferta inferior al 5% del presupuesto de licitación, por considerar que bajas superiores a dicho porcentaje podrían considerarse por debajo del precio de mercado en función del convenio colectivo aplicable al sector mencionado con anterioridad, siendo pues necesario que el licitador justifique la valoración de su oferta y precise las condiciones de la misma, de acuerdo a lo previsto en el art. 152 del TRLCSP apartado 3. En cuanto a la distribución del gasto entre los subconceptos presupuestarios 257.05 transporte sanitario urgente y 257.06 transporte sanitario programado, se ha realizado un estudio detallado de



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costes de transporte sanitario, estudio que ha sido validado por esta Dirección con las empresas del sector que prestan actualmente sus servicios en la provincia de Granada, y que incluye los siguientes costes para cada tipo de transporte:

1. Costes directos: a. Coste de personal con arreglo las retribuciones previstas en el Convenio Colectivo y

el número de horas de prestación del servicio b. Depreciación de la flota c. Combustibles d. Mantenimiento y reparaciones e. Aprovisionamientos f. Seguros g. Tasas e impuestos directos

2. Costes indirectos: a. Costes estructurales: administración, comunicaciones, taller, gerencia, suministros, telefonía, otras amortizaciones, gastos financieros, servicios profesionales, material de oficina, otros seguros y otros varios

3. Beneficio empresarial De dicho estudio de costes se deriva que el transporte sanitario programado de los Centros integrantes de la PLS supone alrededor del 49,74 % del coste total del servicio, y el transporte sanitario urgente supone alrededor del 50,26 %, y de ahí los siguientes importes para cada tipo de transporte:

- Transporte sanitario programado: 31.952.075,93 euros- Transporte sanitario urgente: 32.291.762,32 euros- TOTAL LICITACION: 64.243.838,25 euros

Así pues, el valor máximo estimado de esta contratación asciende a la cantidad de 122.063.292,68euros (exento de IVA). En el cálculo del mismo se han tenido en cuenta: el importe máximo del presupuesto de licitación, el importe de la eventual prórroga por un máximo de dos años y el importe total de las modificaciones previstas (40%).

Granada, 16 de febrero de 2018 LA DIRECTORA E.A. DE LA PLS DE GRANADA

Fdo.: Emilia Martínez Martínez



MPEG/AC/mn ACUERDO DE LA DIRECCION GERENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES DE GRANADA DE INICIACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA.

HECHOS Por la Dirección Económica-Administrativa de la PLS, se emite MEMORIA JUSTIFICATIVA de fecha 16-02-2018, sobre la necesidad de contratar el expediente de SERVICIOS Nº 18C91010019 (162/2018), SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE DE LOS CENTROS VINCULADOS AL ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA SANITARIA DE LA PROVINCIA DE GRANADA, DE PACIENTES ATENDIDOS POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, ASÍ COMO EL TRASLADO DEL PERSONAL DE URGENCIAS Y PROGRAMADO, TANTO URBANO COMO INTERURBANO EN SU ÁMBITO TERRITORIAL EN VEHÍCULOS ESPECIALMENTE ACONDICIONADOS AL EFECTO, TODO ELLO PREVIA INDICACIÓN DEL PERSONAL COMPETENTE, objeto del presente expediente, por un importe de //64.243.838,25€ (EXENTO DE IVA). TOTAL IMPORTE DEL CONTRATO: //64.243.838,25//EUROS A la vista de las necesidades planteadas, se considera que está debidamente justificada y que se encuadra dentro de los supuestos marcados en los art. 138 y 157 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, siendo necesario iniciar los tramites pertinentes para satisfacer la petición, mediante:

Tramitación: ORDINARIA Procedimiento: ABIERTO Carácter: PLURIANUAL Año 2018: 6.492.460,45 €

Año 2019: 15.724.724,39 € Año 2020: 16.071.775,27 € Año 2021: 16.353.479,19 € Año 2022: 9.601.398,95 €

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que dado que la adjudicación deberá recaer a la proposición más ventajosa atendiendo a la ponderación de los criterios de valoración que se marquen en el PCAP sin atender exclusivamente al precio tal y como se recoge en el artículo 150 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, su adquisición se realizará mediante la utilización de VARIOS CRITERIOS DE VALORACIÓN.

Código: 6hWMS803PFIRMAROWasDQuwKORPc/1 Fecha 26/02/2018Firmado Por MARIA DEL PILAR ESPEJO GUERRERO


Segundo.- Que no habiéndose realizado una selección previa de empresarios para que presenten sus proposiciones, el procedimiento de adjudicación será ABIERTO conforme a lo dispuesto en los artículos 157 y siguientes del TRLCSP.

Tercero.- Que la tramitación del expediente, conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del TRLCSP., será el ORDINARIO dado que no se dan ninguno de los supuestos contemplados en los artículos 112 y 113 de TRLCSP.

Cuarto.- Que la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Granada por delegación de competencias de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de 2 de abril de 2.013, modificada por Resolución de 26 de enero de 2015, como órgano de contratación de la Plataforma de Logística Sanitaria de Granada, tiene la facultad de celebrar contratos administrativos con el límite de los créditos que se les asignen en sus respectivos presupuestos y en el ámbito provincial.En base a estos Hechos y Fundamentos de Derecho, esta Dirección Gerencia adopta el siguiente,

ACUERDO

Autorizar la iniciación del expediente administrativo reseñado, por un importe de: //64.243.838,25€ (EXENTO DE IVA). TOTAL IMPORTE DEL CONTRATO: //64.243.838,25//EUROS, y en base a las Prescripciones Técnicas que figuran en el expediente.

Granada, a 20 de Febrero de 2018 LA DIRECTORA GERENTE

Fdo.: Maria Pilar Espejo Guerrero.

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Vicente Fernández Guerrero 02/03/2018 14:51 PÁGINA 1/2

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Vicente Fernández Guerrero 02/03/2018 14:51 PÁGINA 2/2

VERIFICACIÓN NW9GD4VVMO9587BxqMZJ3RpmPWogV9 https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

Memoria justificativa sobre la conveniencia de no división en lotes de la contratación provincial del servicio de transporte sanitario de la PLS de Granada.

El servicio de transporte sanitario cuenta para su desarrollo de varias estructuras que se consideran indivisibles y que una fragmentación podría acarrear distorsiones en su funcionamiento no deseables desde el punto de vista de la calidad asistencial.

1. La red de comunicaciones del servicio debe ser única ya que conecta todas las ambulancias de la provincia en momentos de funcionamiento ordinario y en momentos de avisos de catástrofes y emergencias.

2. La unidad de control de las ambulancias también debe ser única para que controle todos los vehículos de la provincia y los conecte con el servicio del 061 que es el que dirige en última instancia la red de transporte urgente.

3. Las instalaciones de aparcamiento y mantenimiento de los vehículos deben ser únicas porque una división incrementaría los costes del servicio y dificultaría el funcionamiento tanto del servicio programado, como del urgente.

La división en lotes perjudicaría la sustitución de vehículos averiados en el menor tiempo posible y la sustitución de personal por ausencias imprevistas, con la consiguiente reducción del margen de maniobra para la gestión del servicio por parte del empresario y por añadidura de la calidad del servicio a prestar.

La división territorial del servicio acarrearía una dificultad añadida a la gestión unificada de todas las demandas de traslados y a sensu contrario la unificación facilita la gestión y coordinación de las mismas y la asignación de todos los coches a la demanda global.

Desde el punto de vista funcional, los desplazamientos de vehículos de transporte sanitario son en su mayoría de ámbito supramunicipal, teniendo como destino u origen hospitales y servicios especializados de ámbito provincial. Hay múltiples desplazamientos desde cualquier punto de una provincia al hospital comarcal, al ubicado en la capital, y entre éstos. Muchos de estos traslados se hacen en ambulancias colectivas, lo que supone el trazado de rutas que, sin penalizar en exceso los tiempos de desplazamiento para los pacientes, optimicen el uso de los vehículos.

No hay que olvidar que la planificación de recursos tanto en atención primaria como en asistencia especializada están diseñados en un ámbito provincial, donde convergen y se resuelven las demandas y ofertas asistenciales de los pacientes y de los servicios sanitarios. Ámbitos de prestación del servicio de

Código: 6hWMS876PFIRMAdnaufs80phMjY+f3 Fecha 02/03/2018

Firmado Por ANDRES FUENTES PEREZ


transporte sanitario inferiores al analizado serían incoherentes con el dibujo anterior y con los flujos de pacientes que actualmente se producen.

La multiplicidad de contratistas en una provincia, con obligaciones de traslado entre una multiplicidad de domicilios y unos pocos centros sanitarios, conllevaría trayectos duplicados, vehículos desplazándose sin pacientes y mayores costes en tiempo y personal para organizar adecuadamente el servicio. Aparte del caos de coordinación que podría desencadenarse.

Podrían presentarse en este último caso y en el transporte urgente pacientes que tendrían dificultades para ser trasladados desde unos ámbitos geográficos a otros, al ser discutible la competencia del traslado.

El servicio de transporte programado actúa como refuerzo de la dotación del servicio de transporte urgente en los casos de emergencias sanitarias. Una compartimentación de recursos pondría en peligro la necesidad de poder disponer de todos los recursos en un momento dado sin cortapisas derivadas de la pertenencia a diferentes contratos.

Memoria sobre el apartado 17.6 del Cuadro Resumen del expediente de transporte sanitario de la PLS GRANADA sobre la prohibición de la subcontratación.

La subcontratación tiene una serie de consecuencias en el funcionamiento ordinario de una empresa que deben ser objetivadas y calculadas cuando la empresa principal que contratamos tiene una relación directa con el paciente que es el caso del transporte sanitario. Podemos afirmar que la subcontratación supone los siguientes riesgos:

1. Rotación en las empresas que se subcontratan. 2. Dificultad en el conocimiento de la organización sanitaria. 3. Pérdida en cierto grado del control del servicio ofrecido. 4. Mayor grado de compartición de los datos personales de los pacientes y

posible afectación de la confidencialidad. 5. Dilución de las responsabilidades civiles y penales en su caso. 6. Dificultad de implantar una gestión integral del servicio por parte del

adjudicatario. Las consecuencias de estos riesgos podrían ser los siguientes en el caso del servicio del transporte sanitario.

1. Posibles reducciones de la calidad del servicio derivadas de la dificultad de mantener iguales niveles de prestación.

2. Incapacidad de conocer en profundidad el servicio sanitario y las necesidades particulares e individuales de los pacientes. Las empresas subcontratadas requieren tiempo y posiblemente una curva de




aprendizaje en las que las calidades de prestación del servicio pueden ser inferiores.

3. Posible ausencia de capacidad de que las directrices del SAS sean perfecta y claramente conocidas.

4. Posibles fallos en la custodia de los datos de los pacientes. 5. Posible falta de claridad en la jerarquía de control y mando. 6. La capacidad del contratista principal para implantar una gestión integral

puede verse dificultada por la subcontratación, posibilidad que no debe contemplarse en un servicio sanitario con atención directa al paciente.

Un aspecto a destacar es que la subcontratación busca la pericia y habilidad de una segunda empresa en una parte del servicio prestado, en nuestro caso se considera que la cadena de valor que supone el servicio de transporte sanitario no puede subdividirse y la experiencia directa se le exige completamente a la empresa principal. En general podemos afirmar que la subcontratación en el caso del transporte sanitario afecta al negocio crítico del Servicio Andaluz de Salud que en el punto que nos ocupa es la atención al paciente. Al afectar al servicio sanitario directamente ninguno de los riesgos que hemos comentado con anterioridad son asumibles. El criterio marcado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el régimen de subcontratación aboga por no limitar la subcontratación de manera abstracta y sin mención alguna sobre el carácter esencial de las tareas a las que afectaría. En el caso del transporte sanitario tal como se ha comentado anteriormente, la actividad total y en su conjunto debe considerarse como esencial, sin posibilidad de fragmentar con objeto de poder ser subcontratada. Por otro lado, se da cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable que sería el artículo 227 del TRLCSP:

El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. Claramente y por lo argumentado más arriba se dan las condiciones para la aplicación de la segunda parte del artículo en cuestión.

EL SUBDIRECTOR DE COMPRAS Y LOGISTICA




1

Servicio Andaluz de Salud CONSEJERÍA DE SALUD

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DE CONFORMIDAD EMITIDO POR

LA INTERVENCIÓN GENERAL EL 2 DE MARZO DE 2018, EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN DEL

SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE URGENTE Y PROGRAMADO DE LOS CENTROS

VINCULADOS AL ÁREA GEOGRÁFICA DE COBERTURA SANITARIA DE LA PROVINCIA DE GRANADA.

Primera Observación: De acuerdo con la Instrucción 11/2017 de la Intervención General de la Junta de Andalucía

sobre criterios referidos a lotes y a la subcontratación, a tener en cuenta en la fiscalización de los expedientes de

contratación, no queda suficientemente justificado en el expediente los motivos que impiden la división en lotes del

contrato de conformidad con la previsión contemplada en el artículo 46.1 de la Directiva 2014/24/UE sobre

contratación pública, ni la prohibición de la subcontratación en la prestación de este servicio señalada en el apartado

17.6 del Cuadro Resumen del PCAP, de conformidad con lo establecido en los artículos 63 y 71 de la Directiva citada,

de aplicación directa en estos aspectos.

Respuesta a la Primera Observación: Se plantean en esta observación dos cuestiones. Respecto a la primera:

El artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública, que, efectivamente, es de aplicación directa,

establece: “1. Los poderes adjudicadores podrán optar por adjudicar un contrato en forma de lotes separados, y

podrán decidir el tamaño y el objeto de dichos lotes.

(…), los poderes adjudicadores indicarán las principales razones por las cuales han decidido no subdividir en lotes.

Dicha decisión se incluirá en los pliegos de la contratación o en el informe específico al que se refiere el artículo 84.”

En el considerando 78 referido a esta cuestión se recoge: “(…) El poder adjudicador debe estar obligado a estudiar la

conveniencia de dividir los contratos en lotes, sin dejar de gozar de la libertad de decidir de forma autónoma y

basándose en las razones que estime oportunas, sin estar sujeto a supervisión administrativa o judicial. Cuando el

poder adjudicador decida que no sería conveniente dividir el contrato en lotes, el informe específico o los pliegos de

la contratación deben incluir una indicación de las principales razones que expliquen la elección hecha por el poder

adjudicador. Estas razones podrían ser, por ejemplo, el hecho de que el poder adjudicador considere que dicha división

podría conllevar el riesgo de restringir la competencia, o hacer la ejecución del contrato excesivamente difícil u onerosa

desde el punto de vista técnico, o que la necesidad de coordinar a los diferentes contratistas para los diversos lotes

podría conllevar gravemente el riesgo de socavar la ejecución adecuada del contrato.”

Código: 6hWMS823PFIRMAOdVyfpfpa2Ex2+5P Fecha 06/03/2018

Firmado Por MARIA DEL CARMEN FERNANDEZ MORENO


https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/6hWMS823PFIRMAOdVyfpfpa2Ex2+5P

2

En los Pliegos de esta contratación, concretamente en la cláusula 2.1.2 del Pliego de cláusulas Administrativas

Particulares (PCAP)se establece: “El Servicio objeto de la presente contratación deberá ser ofertado por la totalidad,

conforme memoria justificativa que obra en el expediente de contratación, dada la necesidad de contar con un solo

adjudicatario para toda la provincia que simplifique y coordine los traslados entre los Centros sanitarios y los domicilios

de los pacientes y entre ellos entre sí. Esta opción genera mayor efectividad y eficiencia en la prestación del servicio

al centralizar en un solo punto todas las demandas y todas las órdenes de prestación de servicios.”

Pese a estar previsto en el PCAP, se emite memoria justificativa por el Subdirector de Compras y Logística en el

sentido de lo previsto en el artículo 46 de la Directiva 2014/24/UE en relación con el considerando 78, que consta

en el expediente de contratación y textualmente señala en relación a la conveniencia de no división en lotes de la

contratación provincial del servicio de transporte sanitario: “El servicio de transporte sanitario cuenta para su desarrollo

de varias estructuras que se consideran indivisibles y que una fragmentación podría acarrear distorsiones en su

funcionamiento no deseables desde el punto de vista de la calidad asistencial.

1. La red de comunicaciones del servicio debe ser única ya que conecta todas las ambulancias de la provincia

en momentos de funcionamiento ordinario y en momentos de avisos de catástrofes y emergencias.

2. La unidad de control de las ambulancias también debe ser única para que controle todos los vehículos de

la provincia y los conecte con el servicio del 061 que es el que dirige en última instancia la red de transporte

urgente.

3. Las instalaciones de aparcamiento y mantenimiento de los vehículos deben ser únicas porque una división

incrementaría los costes del servicio y dificultaría el funcionamiento tanto del servicio programado, como

del urgente.

La división en lotes perjudicaría la sustitución de vehículos averiados en el menor tiempo posible y la sustitución de

personal por ausencias imprevistas, con la consiguiente reducción del margen de maniobra para la gestión del servicio

por parte del empresario y por añadidura de la calidad del servicio a prestar.

La división territorial del servicio acarrearía una dificultad añadida a la gestión unificada de todas las demandas de

traslados y a sensu contrario la unificación facilita la gestión y coordinación de las mismas y la asignación de todos

los coches a la demanda global.

Desde el punto de vista funcional, los desplazamientos de vehículos de transporte sanitario son en su mayoría de

ámbito supramunicipal, teniendo como destino u origen hospitales y servicios especializados de ámbito provincial.

Hay múltiples desplazamientos desde cualquier punto de una provincia al hospital comarcal, al ubicado en la capital,

y entre éstos. Muchos de estos traslados se hacen en ambulancias colectivas, lo que supone el trazado de rutas que,

sin penalizar en exceso los tiempos de desplazamiento para los pacientes, optimicen el uso de los vehículos.





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No hay que olvidar que la planificación de recursos tanto en atención primaria como en asistencia especializada está

diseñada en un ámbito provincial, donde convergen y se resuelven las demandas y ofertas asistenciales de los

pacientes y de los servicios sanitarios. Ámbitos de prestación del servicio de transporte sanitario inferiores al analizado

serían incoherentes con el dibujo anterior y con los flujos de pacientes que actualmente se producen.

La multiplicidad de contratistas en una provincia, con obligaciones de traslado entre una multiplicidad de domicilios y

unos pocos centros sanitarios, conllevaría trayectos duplicados, vehículos desplazándose sin pacientes y mayores

costes en tiempo y personal para organizar adecuadamente el servicio. Aparte del caos de coordinación que podría

desencadenarse.

Podrían presentarse en este último caso y en el transporte urgente pacientes que tendrían dificultades para ser

trasladados desde unos ámbitos geográficos a otros, al ser discutible la competencia del traslado.

El servicio de transporte programado actúa como refuerzo de la dotación del servicio de transporte urgente en los

casos de emergencias sanitarias. Una compartimentación de recursos pondría en peligro la necesidad de poder

disponer de todos los recursos en un momento dado sin cortapisas derivadas de la pertenencia a diferentes contratos.”

Todo lo expuesto permite conocer, quedando justificado, el proceso lógico seguido por la Administración para la

configuración del contrato y en su caso la no división en lotes.

En este sentido la Resolución 341/2016 del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía de 29 de diciembre de 2016 señala que “el contrato debe ajustarse a los objetivos que la Administración contratante persigue para la consecución de sus fines, correspondiendo a ésta apreciar las necesidades a satisfacer con el contrato y siendo la determinación del objeto del contrato una facultad discrecional de la misma, sometida a la justificación de la necesidad de la contratación y a las limitaciones de los artículos 22 y 86 del TRLCSP.” Por lo que respecta a la división en lotes dentro de esa discrecionalidad la Resolución 335/2016 del citado Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía de 22 de diciembre de 2016 señala que: “En definitiva, pues, hemos de concluir que, salvo los supuestos de adjudicación obligatoria de los contratos en lotes separados a que se refiere el artículo 46.4 de la Directiva -apartado que no goza de efecto directo al remitir tales supuestos a los que puedan establecerse por cada Estado miembro-, los poderes adjudicadores siguen teniendo libertad a la hora de configurar el objeto del contrato previendo o no su división en lotes; ahora bien, cuando se decida no dividir el objeto, el órgano de contratación deberá indicar las razones de tal decisión. Por último y a tal efecto, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 2014 (Recurso Casación 1375/2013) establece que para que la discrecionalidad pueda ser controlada jurisdiccionalmente y se respete la interdicción de la arbitrariedad, se exige la oportuna motivación, y, la Sentencia del Alto Tribunal de 13 de julio de





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1984 pone de manifiesto que “(…) lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero considerables en todo caso”. En relación a la segunda cuestión, relativa a la prohibición de subcontratación establecida en el apartado 17.6 del

Cuadro Resumen del PCAP, se mencionan los artículos 63 y 71 de la Directiva 2014/24/UE, de aplicación directa a

estos aspectos. El artículo 63 bajo el título “Recurso a las capacidades de otras entidades” establece: “1. Con respecto

a los criterios relativos a la solvencia económica y financiera establecidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 58,

apartado 3, y a los criterios relativos a la capacidad técnica y profesional establecidos de conformidad con el artículo

58, apartado 4, un operador económico podrá, cuando proceda y en relación con un contrato determinado, recurrir a

las capacidades de otras entidades, con independencia de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas.

No obstante, con respecto a los criterios relativos a los títulos de estudios y profesionales que se indican en el anexo

XII, parte II, letra f), o a la experiencia profesional pertinente, los operadores económicos únicamente podrán recurrir

a las capacidades de otras entidades si estas van a ejecutar las obras o prestar servicios para los cuales son necesarias

dichas capacidades. Cuando un operador económico desee recurrir a las capacidades de otras entidades, demostrará

al poder adjudicador que va a disponer de los recursos necesarios, por ejemplo mediante la presentación del

compromiso de dichas entidades a tal efecto.

El poder adjudicador comprobará, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59, 60 y 61, si las entidades a

cuya capacidad tiene intención de recurrir el operador económico cumplen los criterios de selección pertinentes y si

existen motivos de exclusión con arreglo al artículo 57. El poder adjudicador exigirá al operador económico que

sustituya a una entidad si esta no cumple alguno de los criterios de selección pertinentes o si se le aplica algún motivo

de exclusión obligatoria. El poder adjudicador podrá exigir o el Estado miembro podrá exigir a este que requiera al

operador económico que sustituya a una entidad que haya incurrido en algún motivo de exclusión no obligatoria.

Cuando un operador económico recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos

a la solvencia económica y financiera, el poder adjudicador podrá exigir que el operador económico y dichas entidades

sean solidariamente responsables de la ejecución del contrato.

En las mismas condiciones, las agrupaciones de operadores económicos a que hace referencia el artículo 19, apartado

2, podrán recurrir a las capacidades de los participantes en la agrupación o de otras entidades.

2. En el caso de los contratos de obras, los contratos de servicios o las operaciones de colocación o instalación en el

contexto de un contrato de suministro, los poderes adjudicadores podrán exigir que determinadas tareas críticas sean

ejecutadas directamente por el propio licitador o, en el caso de una oferta presentada por una agrupación de

operadores económicos de las contempladas en el artículo 19, apartado 2, por un participante en esa agrupación.”

Del tenor del texto reproducido se deduce claramente que lo regulado es el supuesto de que un licitador no tenga la

solvencia económica y financiera y técnica o profesional requerida y pueda complementarla con la de otro u otros, no





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siendo una obligación del poder adjudicador establecer, en todo caso, la posibilidad de poder recurrir a las capacidades

de otras entidades, aunque puede admitirse cuando proceda y en relación con contratos determinados.

También se cita el artículo 71 de la Directiva 2014/24/UE, respecto al cual tiene efecto directo de sus ocho apartados,

tan solo el 2., 4., 5., que vienen a recoger lo previsto en el artículo 227 del TRLCSP, por lo que su contenido no se

afectado por el efecto directo de la Directiva.

En el apartado 17.6 del Cuadro Resumen del PCAP se establece la imposibilidad de subcontratación, cumpliendo lo

previsto en la normativa aplicable que sería el artículo 227 del TRLCSP:

1. El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los

pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser

ejecutado directamente por el adjudicatario.

2. (…) e) Las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder del

porcentaje que se fije en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En el supuesto de que no figure

en el pliego un límite especial, el contratista podrá subcontratar hasta un porcentaje que no exceda del 60

por 100 del importe de adjudicación.

La posibilidad legalmente prevista de no admitir la subcontratación, cuenta con la justificación de tal decisión tomada por el órgano de contratación en la Memoria suscrita por el Subdirector de Compras y Logística en relación al transporte sanitario, con el siguiente tenor: “La subcontratación tiene una serie de consecuencias en el funcionamiento ordinario de una empresa que deben ser objetivadas y calculadas cuando la empresa principal que contratamos tiene una relación directa con el paciente que es el caso del transporte sanitario. Podemos afirmar que la subcontratación supone los siguientes riesgos:

1. Rotación en las empresas que se subcontratan. 2. Dificultad en el conocimiento de la organización sanitaria. 3. Pérdida en cierto grado del control del servicio ofrecido. 4. Mayor grado de compartición de los datos personales de los pacientes y posible afectación de la

confidencialidad. 5. Dilución de las responsabilidades civiles y penales en su caso. 6. Dificultad de implantar una gestión integral del servicio por parte del adjudicatario.

Las consecuencias de estos riesgos podrían ser los siguientes en el caso del servicio del transporte sanitario.





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1. Posibles reducciones de la calidad del servicio derivadas de la dificultad de mantener iguales niveles de prestación.

2. Incapacidad de conocer en profundidad el servicio sanitario y las necesidades particulares e individuales de los pacientes. Las empresas subcontratadas requieren tiempo y posiblemente una curva de aprendizaje en las que las calidades de prestación del servicio pueden ser inferiores.

3. Posible ausencia de capacidad de que las directrices del SAS sean perfecta y claramente conocidas. 4. Posibles fallos en la custodia de los datos de los pacientes. 5. Posible falta de claridad en la jerarquía de control y mando. 6. La capacidad del contratista principal para implantar una gestión integral puede verse dificultada por la

subcontratación, posibilidad que no debe contemplarse en un servicio sanitario con atención directa al paciente.

Un aspecto a destacar es que la subcontratación busca la pericia y habilidad de una segunda empresa en una parte del servicio prestado, en nuestro caso se considera que la cadena de valor que supone el servicio de transporte sanitario no puede subdividirse y la experiencia directa se le exige completamente a la empresa principal. En general podemos afirmar que la subcontratación en el caso del transporte sanitario afecta al negocio crítico del Servicio Andaluz de Salud que en el punto que nos ocupa es la atención al paciente. Al afectar al servicio sanitario directamente ninguno de los riesgos que hemos comentado con anterioridad son asumibles. El criterio marcado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el régimen de subcontratación aboga por no limitar la subcontratación de manera abstracta y sin mención alguna sobre el carácter esencial de las tareas a las que afectaría. En el caso del transporte sanitario tal como se ha comentado anteriormente, la actividad total y en su conjunto debe considerarse como esencial, sin posibilidad de fragmentar con objeto de poder ser subcontratada. Por otro lado, se da cumplimiento a lo previsto en la normativa aplicable que sería el artículo 227 del TRLCSP: El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que aquél ha de ser ejecutado directamente por el adjudicatario. Claramente y por lo argumentado más arriba se dan las condiciones para la aplicación de la segunda parte del artículo en cuestión.”

Segunda Observación: Según el apartado 1 del PCAP, el contrato se rige por el texto refundido de la Ley de

contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. A estos

efectos debe indicarse que de conformidad con la disposición transitoria primera de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, para entender que el

expediente de contratación iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos , y por tanto,

regirse por la normativa anterior, la convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato debe publicarse antes

del 9 de marzo de 2018.





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Respuesta a la Segunda Observación: Se pretende que el expediente este publicado antes del 9 de marzo de

2018 por el carácter estratégico del mismo, no obstante, si las circunstancias lo hicieran imposible es sabido que

habría que desistirse del mismo e iniciar un nuevo expediente de contratación que se ajuste a la Ley 9/2017, de 8

de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

LA LETRADO DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA





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