Situacion de Los DDHH en El Paraguay 2004

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  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

  • Situacin de los Derechos Humanos

    en el Paraguay 2004

  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 200

    CONTEXTO CRTICAS CRTICAS DE LA IGLESIA CATLICA

    MAGNICIDIO DE LUIS MARA RGANA

    CORRUPCIN

    CIUDAD DEL ESTE

    ADUANAS

    IPS

    CONSECUENCIAS Y MS CASOS

    YACYRET

    MS CASOS DE CORRUPCIN

    PETROPAR

    EVASIN DE IMPUESTOS, COMISIONES, ROBOS Y FRAUDES

    PODER LEGISLATIVO Y POLTICA

    PRENSA

    FUERZAS ARMADAS

    CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PODER JUDICIAL Y FISCALA

    JUICIO POLTICO AL FISCAL GENERAL

    INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA

    POLI Y MILIBANDIS

    TRAGEDIA DEL YCUA BOLAOS

    NDICE

    7 11 12 16 18 22 28 30 33 34 36 40 41 45 48 53 56 68 71 78 85

  • Comit de Iglesias

    Derechos Econmicos, Sociales y Culturales

    RESULTADOS DEL CENSO 2002 88

    EDUCACIN 89

    SALUD 95

    ECONOMA 100

    LEY DE ADECUACIN FISCAL 103

    OTROS ASPECTOS DE LA ECONOMA NACIONAL 105

    PROBLEMTICA CAMPESINA Y RURAL 107

    PARO CVICO 123

    SINTECHOS 127

    CASO QUE INVOLUCRA A PA RUBIO 128

    REA URBANA - CIPAE VIVIENDA 133 DESCRIPCIN DE LA SITUACIN GENERAL DE LA VIVIENDA 134

    MEDIDAS ADOPTADAS PARA PONER EN PRCTICA EL DERECHO A LA VIVIENDA 135

    LABORALES 139

    CRUCIFICADOS 141

    MEDIO AMBIENTE Y ECOSISTEMA 142

    POBREZA 150

    INDGENAS 155

    DERECHOS HUMANOS 159

    PROCESOS POR VIOLACIN DE DERECHOS HUMANOS 161

    COMISIN VERDAD Y JUSTICIA 166

    SITUACIN DE LA MUJER 167

    SITUACIN DEL MENOR 168

    MIGRACIONES, TRFICO DE PERSONAS Y REFUGIADOS 175

    SITUACIN DE PENITENCIARAS 183

    CONCLUSIN 191

  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 200

    Informe del Comit de Iglesias para Ayudas de Emergencia

    Contexto Tras la cada de la dictadura ocurrida el 2 y 3 de febrero de 1989 el Paraguay ha soportado en los ltimos aos los peores ndices en cuanto a la economa y ni qu decir la desigualdad social. La pobreza, la inseguridad, el desempleo, falta de solucin al drama de los campesinos, psimo sistema educativo y de salud son algunos puntos que hablan por s solos y muestran que los paraguayos deben hacer "maravillas" para enfrentar diariamente la dura realidad. Las malas condiciones del pas y la ausencia de un Estado que no toma medidas para revertir la situacin son aprovechadas por la delincuencia organizada para empeorar la situacin.

    Nuestro pas est considerado el 6to. pas ms corrupto del mundo, segundo en el continente americano, despus de Hait, y primero en Sudamrica en ese ranking. Cuenta con alrededor de 400.000 familias sin tierra; 2.324.000 personas viven bajo la lnea de pobreza; el 37,4 por ciento de la poblacin econmicamente activa tiene problemas de empleo; la poblacin analfabeta de ms de 15 aos de edad, es del 7 por ciento; analfabeta rural mayor de 15 aos, 10 por ciento; de ms de 15 aos sin estudio, 5 por ciento; poblacin rural sin cdula de identidad, el 58 por ciento; poblacin juvenil analfabeta, 4,5 por ciento; poblacin juvenil del pas, 1.527.435. Desde el ao 1989 90 dirigentes campesinos fueron asesinados; el 20 por ciento de la poblacin ms rica tiene el 60 por ciento de las riquezas, y el 40 por ciento ms pobre tiene solo el 10 por ciento de las riquezas; el 10 por ciento de la poblacin tiene el 66 por ciento de las tierras y un 30 por ciento de paraguayos no tienen acceso a la tierra. El 75 por ciento de los presos no tienen condena. El desempleo abierto es del 7,6 por ciento; desempleo oculto, 8,3 por ciento; desempleo total, 15,9 por ciento; subempleo visible, 7,7 por ciento; subempleo invisible, 14,4 por ciento; subempleo total 22,1 por ciento. El salario mnimo de un obrero es de G. 972.000.

    El gobierno de Nicanor Duarte Frutos que asumi el 15 de agosto de 2003 alent a muchos. Varios compatriotas quizs pensaron que este ao sera el de la consolidacin de las instituciones y el despegue socioeconmico de los habitantes de esta Repblica. Este

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  • Comit de Iglesias

    gobierno despert muchas esperanzas en diversos sectores de la sociedad, por el discurso revolucionario del presidente y por la actitud dura, firme e intransigente que trasmita el mandatario en sus continuas arengas. Sin embargo, el transcurso del tiempo y sin ver ni sentir resultados concretos que favorezcan a la ciudadana, se fue decantando esa ilusin y esperanza de la gente hacia la nueva autoridad nacional. Los discursos y los gestos en contra de la corrupcin, son insuficientes hasta ahora Este ao que concluye encuentra al Paraguay sumido en una profunda corrupcin, cada vez ms alarmante inseguridad, en una creciente pobreza y miseria que sigue azotando a la mitad de su poblacin y sin poder encontrar frmulas que ayuden a emerger a una superficie con crecimiento econmico, generacin de empleo, mayor seguridad y equidad social.

    Toda esta situacin es el destino de esta nacin o es la consecuencia de la larga dictadura que padeci el pas (mayo 1954 a febrero 1989). El advenimiento de la democracia no fue resultado de una lucha social. El golpe de Estado militar que derroc al general Alfredo Stroessner el 2 y 3 de febrero de 1989, naci de las mismas entraas de la dictadura cuyos protagonistas sostuvieron y fueron parte fundamental de la dictadura derrocada. La transicin hacia la democracia tampoco fue fruto de un pacto poltico y social hacia la construccin de un modelo de pas, sino ms bien fue concebida como una apretada agenda electoral.

    Este modelo de Estado vigente en el Paraguay, agropastoril, terrateniente, con agregados contrabandistas, vigente en los ltimos cincuenta aos, es sostenido por un mismo partido identificado con el Estado y con las Fuerzas Armadas, aunque en menor medida en este mbito en los ltimos aos, no ha sufrido grandes variaciones a pesar de los profundos cambios mundiales y regionales que se han venido sucediendo en los ltimos tiempos. Ni siquiera la denominada globalizacin y las nuevas corrientes comerciales como el Mercosur, por mencionar lo ms prximo en materia de integracin aduanera, han logrado modificar el estado de cosas.

    El modelo poltico-econmico vigente que absolutamente no ofrece alguna variacin en su esquema, ya que se nota una falta de visin estratgica para lograr, por ejemplo, el crecimiento socioeconmico y el desarrollo del pas, solo acta por inercia y de acuerdo a las circunstancias que se presentan. As como estn las cosas lejos est de dar los saltos necesarios hacia el mejoramiento de la produccin y de una administracin moderna tal como lo requiere en la actualidad las nuevas exigencias para una convivencia adecuada que apunte la definicin constitucional del Paraguay como un estado social de derecho. El sistema econmico paraguayo est sustentado bsicamente en dos pilares desde hace dcadas. La propiedad agropecuaria calificada por algunos como latifundio especulador, la que siempre se benefici con el sistema tributario, excenciones fiscales, enormes facilidades crediticias de la banca pblica y privada, primero; y segundo, el comercio de

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    triangulacin, llmese contrabando a gran escala, que ha ido definiendo el poder administrador a su imagen y semejanza. A estos dos hay que agregar el de la falsificacin y la piratera. Todo esto fue posible gracias a legislaciones benignas y funcionales, aranceles favorables, subvaloracin de mercadera importada y otras prerrogativas y normas no escritas pero de plena vigencia, as como la vigencia de un esquema fuertemente arraigado en la administracin pblica para favorecer la corrupcin y la impunidad por parte de la justicia.

    A estos dos "pilares" se le ha sumado un rubro agrcola ms ligado a la exportacin y que casi no ha trado absolutamente beneficios a nuestro pas, pese a que el Paraguay ostenta el galardn de ser el cuarto pas exportador a nivel mundial de la soja. Al contrario, el cultivo masivo de este rubro ha acelerado el proceso de concentracin de la tierra y el ingreso, ha fomentado la emigracin por pobreza de la poblacin rural hacia zonas urbanas aumentando el cordn de miseria que rodea los centros urbanos. Esto en la prctica trae consecuencias traumticas para la gente afectada, colapsando los servicios de salud, educacin y vivienda, porque no tiene empleo seguro y sobrevive en medio de changas o lo que sea deteriorando la calidad de vida.

    A un ao y medio de gobierno Duarte Frutos no logra an dar un salto cualitativo de las palabras a las acciones, no logra dar con la palanca del poder para producir las anunciadas transformaciones. Es como si continuara en su propia campaa electoral que debe enfrentar que sera su propia responsabilidad.

    En el contexto internacional y sobre todo regional el Paraguay ha seguido una lgica de consenso con los dems pases en asuntos que requeran una posicin de la Repblica. Es as que la decisin del presidente de la Repblica de no enviar tropas a Irak (solicitada por Espaa y Estados Unidos), responde a un acuerdo sostenido con los presidentes del Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva, y de la Argentina, Nstor Kirchner. Con esta decisin estos tres pases muestran ante el mundo una actitud de bloque de cara, por ejemplo a las negociaciones del ALCA (rea de Libre Comercio de las Amrica). Tampoco Paraguay se apart de estos dos pases cuando en Naciones Unidas le toc votar sobre un pedido de enviar una comisin de derechos humanos de la ONU a Cuba.

    Por otra parte, el gobierno paraguayo sigue dependiente fuertemente del apoyo y cooperacin, sobre todo de las donaciones, que el gobierno de la Repblica de China Taiwn otorga. El gobierno oriental se caracteriza por su generosidad financiera para con nuestro pas, ya que es su nico aliado internacionalmente en esta parte del continente. Como contrapartida, el Paraguay, cada reunin cumbre de mandatarios en Naciones Unidas pide por el reconocimiento de Taiwn como estado soberano.

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    En el plano regional en varias ocasiones se plantearon interrogantes sobre la conveniencia del Paraguay de seguir formando parte del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR). Esto debido a que nuestro pas es objeto de constantes barreras impositivas de parte de los socios mayores del grupo, como son Argentina y Brasil. En una de las ltimas reuniones del bloque, celebrada en Puerto Iguaz, Argentina, el presidente paraguayo hizo un formal reclamo exigiendo la supresin de la barrera impositiva a productos nacionales, "porque de lo contrario Mercosur no tiene sentido", deca.

    Sin embargo, a pesar de la insistencia de Duarte Frutos en levantar, por ejemplo, el impuesto interno aplicado por el Brasil a las exportaciones paraguayas, el gobierno nuevamente retorn con las manos vacas de la Cumbre del Mercosur. Reclam que los discursos integracionistas entre los pases no aterrizan en la burocracia ni bajan a los niveles de aplicacin, y que ese es un captulo que se debe revisar y resolver.

    El ministro de Hacienda Dionisio Borda, tambin puso en duda la efectividad del MERCOSUR, Considera que el Paraguay "debera conseguir mucho ms. Lo que nos preocupa es hasta qu medida Paraguay se beneficia del Mercosur". En los trece aos de vigencia del Tratado de Asuncin el proceso de integracin ha experimentado ms contramarchas que avances positivos, segn el anlisis del economista Ricardo Rodrguez Silvero, plasmado en m libro. Asevera que la creciente prdida de credibilidad en el proceso es, en gran medida responsabilidad de sus propulsores: Brasil y Argentina, que han hecho hasta ahora todo lo posible por obstaculizar su normal funcionamiento. Agrega que para el Paraguay, el Mercosur representa mayores desventajas que ventajas, bsicamente debido a la diferencia de intereses con sus socios mayores, y deja entrever que ms le conviene abrirse al mundo y no permanecer bloqueado por acuerdos que solo persiguen el beneficio de Argentina y Brasil, tanto en las negociaciones intrarregionales como frente a otros bloques econmicos subregionales, como la Unin Europea y los Estados Unidos. Puntualiza que al Paraguay ms le conviene abrirse al mundo que estar preso en el bloque.

    El anlisis de Rodrguez Silvero enumera los principales problemas del Mercosur que son dificultades para el Paraguay, por ejemplo: el arancel externo comn sigue siendo relativamente alto (12 y 14 por ciento), varias veces ms elevado que el promedio de los Estados Unidos y la Unin Europea; el promedio arancelario de Paraguay se encuentra en alrededor del 9 por ciento; en Chile, en contraste, alrededor del 6 por ciento; para avenirse al Mercosur, estos pases tendran que aumentar el promedio de sus aranceles. Qu ventajas podra obtener Paraguay con esto, acostumbrado a la libre competencia, ninguna; asimetras (por ejemplo, pobreza, mediterraneidad); el actual acuerdo en el bloque imposibilita desde el punto de vista jurdico-contractual las negociaciones bilaterales; los intereses de Brasil y Argentina divergen entre s, y son radicalmente diferentes a los de Paraguay, por eso no le convendrn las negociaciones en bloque.

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    En cuando a los principales problemas del Paraguay, menciona la mala imagen: contrabando (aproximadamente 20 por ciento del comercio con el bloque), piratera, falsificacin, competencia desleal, etc.; el Gobierno demuestra voluntad poltica para combatirlos, pero la raigambre de aquellos vicios y el poder de las mafias pueden debilitarlo; fragilidad de sus instituciones y fallas en su gobemabilidad; inseguridad jurdica en ciertas reas; escasa presencia diplomtica en el exterior en general, y en ciertos puestos claves en particular, especialmente cuando dicha presencia debe articularse en propuestas tcnicas.

    CRTICAS El gobierno de Duarte Frutos durante este ao recibi duras crticas de diversos sectores de la sociedad. Una de las tantas provino de los empresarios, quienes exigen al gobierno, como lo han venido haciendo desde hace aos a sucesivos gobiernos de esta transicin, desarraigar la corrupcin, asegurar justicia pronta y barata, definiciones en polticas financieras y crediticias, la lucha contra la pobreza, la seguridad fsica y de los bienes. "Estado paquidrmico y corrupto no nos sirve" afirmaba en junio Enrique Riera, presidente de la Feprinco.

    Representantes de sectores sociales tambin se hacan sentir cada vez con ms frecuencia con sus crticas al gobierno de Duarte Frutos por la falta de respuesta a los reclamos y por falta de cumplimiento de las propias promesas del jefe de Estado. A mediados de junio, casi simultneamente cuando Nicanor reciba crticas de la Feprinco, trabajadores del transporte pblico criticaban al Mandatario. Incluso llegaron al extremo de que algunos de ellos se crucificaron frente al local de la Setama (Secretara del Transporte del rea Metropolitana).

    En este caso el reclamo es por falta de trabajo, pues con algunas medidas implementadas por la Setama varios vehculos del transporte pblico fueron sacados de circulacin ocasionando la prdida de puesto de trabajos de varios jefes de familia.

    A mediados de mayo el vicepresidente de la Repblica Luis Castiglioni, en ese entonces en el ejercicio de la presidencia ante la ausencia de Duarte Frutos, declaraba a medios de prensa que tanto el presidente como l y todos los que estn empeados en la lucha contra las mafias estn recibiendo amenazas. "Nosotros le estamos tocando, le estamos pisando los callos y los talones. Le estamos acorralando a una red maosa, evasora, que ha sobrevivido durante dcadas en el Paraguay, cabalgando sobre los privilegios de una burocracia estatal corrupta", afirmaba el nmero dos del Poder Ejecutivo. Agregaba que la mafia est siendo combatida con la mayor fortaleza por eso las amenazas de muerte contra el viceministro de Tributacin, Andreas Neufeld. y por eso las amenazas contra

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    Margarita Daz de Vivar, directora de Aduanas. Insista en que las mafias estn reaccionando como siempre reaccionan, amenazando e inclusive tal vez llegando al extremo de ocasionar la muerte de autoridades.

    En enero pasado el propio presidente de la Repblica Duarte Frutos haba dicho que haba amenazas contra su integridad, razn por la cual retras un da su retorno al pas cuando vacacionaba en el Brasil..

    CRTICAS DE LA IGLESIA CATLICA En lo que va del ao 2004 la Iglesia Catlica en diferentes ocasiones fue la voz crtica hacia las acciones del gobierno y sus miembros. Una de las crticas las formul el titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Mons. Claudio Gimnez Gaona y fue dirigida al titular del Ejecutivo. Deca que el Ejecutivo por un lado expresa algo; pero, despus, al cambiar de oyentes se produce otro discurso. Entonces eso trae consigo un desconcierto, una contusin de la poblacin por la falta de una lnea clara de conduccin.

    A principios de noviembre la Conferencia Episcopal Paraguaya realiz su asamblea anual de anlisis de la realidad nacional y eclesial. Con severas crticas al Poder Ejecutivo por su incoherencia frente a importantes temas relacionados con la vida del pas y con el Poder Judicial, que se ve salpicado por continuos escndalos de corrupcin, nepotismo, trfico de influencias, extorsin y otros vicios culmin la 172 asamblea de la CEP. Los pastores reclaman adems seguridad para la poblacin y la recuperacin de las tierras mal habidas.

    La situacin del pas que perciben los obispos es que sigue siendo dramtico y doloroso el va crucis por el que atraviesa la nacin como consecuencia del aumento de la pobreza y la miseria, del aumento de la violencia y la criminalidad que dejan en situacin de vulnerabilidad, inseguridad y sin defensa a la ciudadana; la inseguridad se instal no solamente en el mbito social, sino sobre todo en la sicologa, la violencia criminal pase a tomar parte de nuestra vida cotidiana; la incoherencia del Poder Ejecutivo confunde 3 crea desconfianza hacia las intenciones y las acciones del gobierno; el Poder Legislativo debe asumir una actitud mucho ms responsable y activa para proponer proyectos de leyes que den respuestas a las necesidades y aspiraciones de la sociedad; los cambios en el Poder Judicial no han mejorado la justicia y la credibilidad y eficacia de la misma se debilita por continuos escndalos de corrupcin, de nepotismo, de trfico de influencias de extorsin y otros vicios que creamos desterrados con la renovacin de la Corte Suprema; de Justicia. En resumen, en estas condiciones, no se podr pensar en garantizar, resguarda

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  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    y, menos, mejorar la seguridad jurdica, los bienes y la vida de las personas; se dan situaciones concretas del origen ilegtimo de la tenencia de la tierra, legitimadas, sin embargo, por la corrupcin, que requieren justicia, esclarecimiento y acciones decididas para recuperar las tierras mal habidas.

    Las acciones que proponen inmediatas y concretas que sugieren son: es urgente que los poderes pblicos diseen e implementen un proyecto serio de pas para dar respuesta a los graves problemas y conflictos sociales relacionados con la tenencia y el uso de la tierra y con la pobreza en general en nuestro pas; es necesaria una profunda renovacin de nuestra clase poltica para que est a la altura de las actuales circunstancias polticas, sociales y econmicas; el gobierno debe crear las condiciones para una reactivacin de la economa nacional, apostando a la produccin y a la transformacin de la materia prima nacional; se debe encarar con urgencia y seriedad el problema de la seguridad ciudadana; hace falta una urgente atencin a la niez, preferentemente a la carenciada, atendiendo con urgencia sus necesidades bsicas de sanidad y nutricin con la creacin de un fondo comn de parte del Estado; dada la poblacin mayoritariamente joven del pas, es necesaria una poltica de Estado que contemple y privilegie consecuentemente esta fuerza poblacional en nmero, energa y creatividad; es necesario modificar las relaciones sociales injustas hacia horizontes de mayor equidad y solidaridad, con una poltica que contemple el bien comn; reafirmamos que las escuelas y colegios catlicos son el lugar privilegiado de la educacin integral de la persona humana a travs de un claro proyecto educativo que tiene su fundamento en Cristo.

    La Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) considera que los problemas del pas de hace 25 aos son los mismos, pero agravados. As se resume un documento divulgado el 12 de junio pasado con motivo de cumplirse 25 aos de la publicacin de la carta pastoral "El Saneamiento Moral de la Nacin". Segn los obispos, continua la apologa de la ganancia fcil a travs del robo, la violencia e incluso la tortura. "Lo que llama la atencin de un modo extraordinario es que los problemas de hace 25 aos son los mismos, pero agravados, en el Paraguay del ao 2004, motivo por el cual invitamos a los fieles cristianos y a las personas de buena voluntad a releer el documento de los obispos, a la luz de la fe, de la esperanza y del compromiso para revertir con urgencia una situacin que daa profundamente la vida de la sociedad nacional", expresa el documento.

    Recuerdan que en 1 979 los obispos manifestaban su preocupacin por los dolos que destruyen el tejido moral y social de la nacin, como el dolo de la riqueza como valor supremo, ya que exige adoradores incondicionales y sacrificios crueles; es insaciable y pide ganancias rpidas. y suculentas, sin mirar a los medios. "Hoy queremos agregar a estos hechos negativos las, calumnias y falsas delaciones que tan profundamente lesionan la convivencia social. S intriga y se denuncia falsamente, sin medir la gravedad de las consecuencias, lo mismo a pobres e indefensos ciudadanos que a sacerdotes y obispos", expresa.

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    A fines de julio pasado nuevamente la Iglesia Catlica dio a conocer un informe de la situacin del pas. El panorama pintado mencionaba un mayor empobrecimiento de gran parte de la poblacin; la injusta distribucin de la tierra sin una debida reforma agraria nacional, que lleva a una galopante latifundizacin, con preeminencia de extranjeros e intereses multinacionales; la deficiente atencin de la educacin y la salud; el evidente crecimiento del desempleo con su secuela de migraciones internas y externas; la herencia de gobiernos dictatoriales y corruptos; el atropello a la misma soberana nacional; la creciente violencia contra la vida y los bienes de los ciudadanos, que genera la inseguridad y el miedo en la poblacin; la vergonzosa impunidad ante flagrantes hechos punibles; el aumento doloroso de las familias desintegradas a causa de la emigracin hacia las periferias urbanas; se constata un panorama sombro con un futuro incierto.

    El presidente deca compartir plenamente la legtima preocupacin de los obispos y sacerdotes de la Iglesia Catlica para corregir la herencia de los gobiernos dictatoriales y corruptos y ofrecer mejores das al pueblo.

    A principios del mes de noviembre se difundi por medios de prensa que inteligencia del Brasil detect un plan para atentar contra tres obispos de la Iglesia Catlica. Mario Melanio Medina, obispo de Misiones y eembuc; Femando Lugo, obispo de San Pedro, y Adalberto Martnez, obispo de San Lorenzo. El obispo de Misiones afirmaba que los rumores de amenaza contra su vida seran para desviar la atencin ante los problemas sociales o para amedrentarlo. Sealaba que desde la dictadura salan rumores de amenaza de muerte y que en esa poca incluso uno crea ms en las amenazas, pero que ahora en la democracia no tiene sentido. "Yo personalmente no creo ni me da miedo ni me va a doblegar mi postura de crtico", expresaba.

    Por su parte Mons. Lugo sostena que la polica y los militares no gozan de la confianza ciudadana en San Pedro por lo que el clero diocesano rechaz el ofrecimiento del presidente de custodio policial y militar para el obispo. El clero sampedrano emiti un comunicado mediante el cual rechaz el ofrecimiento del gobierno, alegando que "nos parece incoherente que mientras los militares y policas matan, maltratan, apalean, apresan y perjudican a nuestra gente sencilla, pobre y desprotegida, quieran proteger a su pastor devorando a sus ovejas".

    La fiscala Mara Dominga Bentez fue designada para investigar el supuesto plan de atentado contra los tres obispos.

    Las amenazas seran por la postura crtica que mantienen los citados obispos contra el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, especialmente en lo que se refiere a cuestiones sociales que afectan a sectores desposedos como los campesinos, indgenas y personas que viven en la miseria. 14

  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    El obispo de San Pedro, Mons. Femando Lugo, advirti en ese tiempo que "se viene un nuevo marzo paraguayo", con relacin a la crisis social que azota al pas y que cada vez se percibe un mayor agravamiento. El obispo dijo que el presidente de la Repblica debe tomar la iniciativa de convocar urgentemente a un pacto social entre todos los sectores. "Debera darse cuenta (Nicanor) de que si persiste esta situacin, el gran perdedor ser l". Agregaba que el clima social de zozobra y de alta temperatura en el pas est instaurado, y si el presidente no convoca de manera urgente para lograr un pacto social entre todos los sectores, se viene un nuevo marzo paraguayo. Insista en que la mafia se meti por atrs, y puede aprovecharlo para otros objetivos si el Jefe de Estado no toma las medidas urgentes y correctas.

    El sacerdote Flix Miranda asegur a travs de medios de prensa que la actividad de los delincuentes es continua y que tendra la proteccin de poderosos "padrinos" vinculados al poder poltico. Segn el titular de las parroquias del sur del eembuc, existira complicidad de representantes de organismos de control de Paraguay y Argentina que no son capaces de ver lo que todo el mundo ve en la frontera. Incluso se menciona que las pistas ubicadas en lugares casi inaccesibles podran ser utilizadas como aguantadero de los secuestradores. La agilidad con que se desplazan los delincuentes en la zona, utilizando aviones y veloces embarcaciones, facilita el "trabajo" de traslado de las vctimas de plagios y su permanente "rotacin" para evitar su localizacin. Precisamente una de las vctimas de secuestro, Mara Mercedes Elizeche, haba sido rescatada al note del departamento del eembuc. El sacerdote lamenta la inaccin de las fuerzas de control que aparentemente estaran protegiendo las acciones ilcitas en el eembuc y que de la misma manera obraran las autoridades argentinas.

    La Conferencia Episcopal Paraguaya realiz a principios de noviembre su 172 asamblea. Concluy realizando severas crticas al Poder Ejecutivo por su incoherencia frente a importantes temas relacionados con la vida del pas y con el Poder Judicial, que se ve salpicado por continuos escndalos de corrupcin, nepotismo, trfico de influencias, extorsin y otros vicios. Los obispos reclamaron mayor seguridad para la poblacin y la recuperacin de las tierras mal habidas.

    La situacin que perciben es la siguiente: sigue siendo dramtico y doloroso el va crucis por el que atraviesa la nacin como consecuencia del aumento de la pobreza y la miseria, del aumento de la violencia y la criminalidad que dejan en situacin de vulnerabilidad, inseguridad y sin defensa a la ciudadana; la inseguridad se instal no solamente en el mbito social, sino sobre todo en la sicologa, la violencia pas a formar parte de nuestra vida cotidiana; la incoherencia del Poder Ejecutivo confunde y crea desconfianza hacia las intenciones y las acciones del Gobierno; el Poder Legislativo debe asumir una actitud mucho ms responsable y activa para proponer proyectos de leyes que den respuestas a las necesidades y aspiraciones de la sociedad; los cambios en el Poder Judicial no han

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  • Comit de Iglesias

    mejorado la justicia y la credibilidad y eficacia de la misma se debilita por continuos escndalos de corrupcin, de nepotismo, de trfico de influencias, de extorsin y otros vicios que creamos desterrados con la renovacin de la Corte Suprema de Justicia; en resumen, en estas condiciones no se podr pensar en garantizar, resguardar y, menos, mejorar la seguridad jurdica, los bienes y la vida de las personas; se dan situaciones concretas del origen ilegtimo de la tenencia de la tierra, legitimadas, sin embargo, por la corrupcin, que requieren justicia, esclarecimiento y acciones decididas para recuperar las tierras mal habidas.

    En cuanto a las acciones inmediatas y concretas que propone la Iglesia Catlica, se menciona la urgencia que los poderes pblicos diseen e implementen un proyecto serio de pas para dar respuesta a los graves problemas y conflictos sociales relacionados con la tenencia y el uso de la tierra y con la pobreza en general en nuestro pas; es necesaria una profunda renovacin de nuestra clase poltica para que est a la altura de las actuales circunstancias polticas, sociales y econmicas; el gobierno debe crear las condiciones para una reactivacin de la economa nacional, apostando a la produccin y a la transformacin de la materia prima nacional; se debe encarar con urgencia y seriedad el problema de la seguridad ciudadana; hace falta una urgente atencin a la niez preferentemente a la carenciada, atendiendo con urgencias sus necesidades bsicas de sanidad y nutricin con la creacin de un fondo comn de parte del Estado; dada la poblacin mayoritariamente joven del pas, es necesaria una poltica de Estado que contemple y privilegie consecuentemente una fuerza poblacional en nmero, energa y creatividad; es necesario modificar las relaciones injustas hacia horizontes de mayor equidad y solidaridad, con una poltica que contemple el bien comn; reafirmamos que las escuelas y colegios catlicos son el lugar privilegiado de la educacin integral de la persona humana a travs de un claro proyecto educativo que tiene su fundamento en Cristo, expresa las conclusiones.

    Los problemas actuales del pas y la ausencia del Estado para ayudar al pueblo a superarlos sern temas de reflexin de los obispos del Paraguay durante las festividades de la Virgen de los Milagros de Caacup, anunci el obispo cordillerano y titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Mons. Claudio Gimnez.

    MAGN1C1DIO DE LUIS MARA RGANA La aparicin de nuevas "evidencias", respecto al magnicidio del entonces vicepresidente de la Repblica Luis Mara rgana, ocurrida el 23 de marzo de 1999, generaron un largo debate a travs de medios de prensa. Todo se inici con la denuncia de Ladislaa Medina

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  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    viuda de Aguilar, esposa de Gumercindo Aguilar, considerado testigo falso del hecho criminal que involucr a varias personas del mbito poltico en la muerte de rgana. La misma dijo que su marido fue contratado para ser testigo del hecho. Involucr a varias personas como el fiscal general del Estado, Osear Germn Latorre, a Nelson rgana, Juan Ernesto Villamayor, Francisco Jos De Vargas, Jos Alberto Planas, Walter Bower, entre otros.

    Acus a algunos policas en actividad de ser autores del asesinato de su esposo, Gumercindo Aguilar.

    Tambin ex-allegados a rgana como Recasens Molinas, su secretario, y su chofer Vctor Barrios Rey, nico sobreviviente del atentado, haban declarado a medios de prensa locales y extranjeros que rgana falleci la noche antes del atentado.

    La cuestin de fondo de todo esto es la responsabilidad o no en el magnicidio del polmico ex-militar Lino Csar Oviedo Silva. El entonces juez Jorge Bogarn Gonzlez en base de los testimonios falsos de Gumercindo Aguilar, Jos Alberto "Icho" Planas, Francisco Jos De Vargas y Walter Bower, proces a Oviedo, Conrado Pappalardo, Vctor Hugo Paniagua y Bonifacio Nara, como autores morales del atentado que cost la vida a Luis Mara rgaa.

    Oviedo desde el Brasil y tambin a travs de sus abogados en el Paraguay alentaba la idea de que el proceso sea reabierto "debido a los nuevos elementos que salieron a la luz pblica sobre el magnicidio". Pareca que el ambiente se estaba preparando para la vuelta del exmilitar a nuestro pas. Hecho que se produjo a fines de junio pasado y actualmente guarda reclusin en la prisin militar de Vias Cu de Asuncin. El propio titular de la Corte Suprema de Justicia, Vctor Nez, afirmaba que era posible revisar el caso si es que as se solicita y los hechos ameritan. Tambin en numerosas ocasiones se plante la existencia de dudas respecto al informe de la autopsia del cuerpo de Luis Mara rgana. Entre las diligencias realizadas por la justicia en el caso del magnicidio tambin continu la investigacin en torno a la ejecucin de Jos "Coco" Villar, ocurrida el 2 de julio de 1999, a quien se involucr en el asesinato de Luis Mara rgana. El ex presidente de la Repblica Luis ngel Gonzlez Macchi admiti ante el juez Jos Waldir Servn que haba ordenado la intervencin militar que culmin con el asesinato de Villar en Montelindo, Chaco. El ex Mandatario reconoci que no haba contado con una resolucin judicial y que actu sobre la base de los informes que haba recibido de las Fuerzas Armadas, la Polica y la Secretara Antidrogas, que sindicaron a Villar como un hombre peligroso y que estaba involucrado en el crimen de rgana.

    Sobre Oviedo pesa una sentencia de 10 aos de prisin dictada por un tribunal militar extraordinario por la intentona golpista del 22 y 23 de abril de 1996. Esta sentencia fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

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  • Comit de Iglesias

    Tras los sucesos del marzo paraguayo (1999) se haba fugado del pas la tarde del 28 de marzo, tras la renuncia del entonces presidente de la Repblica Ral Cubas Grau. Se refugi en la Argentina donde permaneci hasta el 10 de diciembre de 1999. El 12 de junio del 2000 fue capturado en el Brasil donde le inici un proceso por algunos hechos delictivos estando 18 meses preso. El Supremo Tribunal Federal rechaz el pedido de extradicin solicitado por el gobierno de Luis Gonzlez Macchi. Luego obtuvo residencia en ese pas hasta junio del 2004.

    Actualmente sigue guardando reclusin en la crcel militar de Vias Cue.

    CORRUPCIN La corrupcin existente en el pas es uno de los problemas centrales de la gobernabilidad democrtica del Paraguay. Encarar realmente la corrupcin es uno de los principales retos que debe enfrentar el gobierno, que hasta ahora lo viene haciendo solo en los discursos, ya que en los hechos, como se podr observar a lo largo de este informe, cada vez ms abundan hechos de corrupcin. La percepcin que se tiene es que quienes realmente combaten la corrupcin en el Paraguay son los medios periodsticos y cuando aparecen denuncias de irregularidades en reparticiones del Estado, la reaccin es el traslado o el castigo del funcionario que facilita los datos a la prensa.

    El flagelo que quizs sea el que ms perjuicio caus a la nacin paraguaya es la corrupcin en las ltimas dcadas y cuya consecuencia sigue pagando muy cara la ciudadana. Desde diversos sectores sociales se critica este hecho, se aportan mecanismos para combatirlos, se hacen promesas a diestra y siniestra, pero la prctica sigue tan campante y tan arraigada especialmente en la administracin pblica. El Paraguay avanz poco o nada en la lucha contra la corrupcin en el mbito estatal, porque sigue en dficit en el cumplimiento de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin.

    El presidente Duarte Frutos, pese a que pas ms de un ao de haber asumido el poder de la Repblica parecera que sigue en plena campaa electoral por el tono y el sentido de sus discursos, especialmente cuando se refiere a la corrupcin. Prometa en varias ocasiones que los bienes despojados del pueblo sern recuperados y que "recin estamos en el primer giro del tomillo". Deca tambin que termin la poca del despilfarro, de la complicidad, del amiguismo que demasiado robo caus a la patria.

    El Paraguay ocupa el lugar ms alto del ranking de corrupcin poltica, segn el informe global de la corrupcin 2004 de la organizacin Transparencia Internacional. Seala que

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  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    el Paraguay tiene una alta corrupcin poltica y figura entre el 17 por ciento de los pases que realizan pagos irregulares en campaas polticas, entre el 41 por ciento de los pases que tienen una prevalencia de donaciones polticas ilegales y entre el 69 por ciento de los pases que tienen un alto impacto en su poltica como consecuencia de las donaciones.

    El Paraguay tambin aparece como el pas que tiene a los aduaneros y policas ms corruptos de Sudamrica en una gua de vias, bodegas y vinos, editada para esta parte del continente y distribuida a grandes e importantes empresarios de la regin. "Entrar al Paraguay en un auto puede ser, desde los primeros kilmetros, una experiencia disgustante: los aduaneros y policas ms sinvergenzas de Sudamrica acosan al forastero demandando papeles y visas inexistentes y desconocidos en cualquier otro pas vecino, con el nico propsito de hacerse de unos pocos miles de guaranes para la cervecita". Esa es la presentacin que precede al relato de las experiencias vividas por un grupo de profesionales que visitaron varias naciones del continente, entre ellos nuestro pas, durante los primeros meses del ao pasado.

    El Paraguay se compromete ante Naciones Unidas a combatir la corrupcin tanto en el sector pblico como privado. El Poder Ejecutivo remiti al Congreso la convencin de las Naciones Unidas firmada por nuestro pas el 9 de diciembre de 2003 en Mrida, Mxico. El citado instrumento tiene por objetivo promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir de manera eficiente la corrupcin en los sectores pblico y privado. Obliga al Paraguay a facilitar y ayudar la cooperacin internacional y la asistencia tcnica en la prevencin y la lucha contra la corrupcin, as como la recuperacin de activos, promover la integridad, la obligacin de rendir cuentas y la debida gestin de los asuntos y los bienes pblicos. Este instrumento fue ratificado por el Congreso paraguayo.

    Sin embargo, est visto que en la prctica, este tipo de instrumentos y leyes vigentes que apuntan al combate a la corrupcin tiene muy poco valor en nuestro pas. Una muestra palpable fue la sancin de un proyecto de ley sobre declaracin pblica de bienes y rentas de funcionarios en el que no se estableca taxativamente la obligatoriedad del acceso pblico a los bienes. Esta propuesta, por desidia de diputados del partido de gobierno, tuvo sancin automtica. Como queriendo reparar el criticable gesto de sus diputados el gobierno vet la ley. Luego se presentaron otros proyectos en el que se garantizaba el acceso pblico a los documentos de bienes y rentas de funcionarios. Actualmente sigue pendiente en el Poder Legislativo este tema.

    Hay otras muestras de esta incoherencia. Por ejemplo, la aprobacin del proyecto de ley en el Senado que tipifica y castiga los delitos de trfico de influencias y enriquecimiento ilcito. Este es un nuevo instrumento que sali "mutilado", ya que excluye de la normativa a los parlamentarios. Se aplica a toda persona que cumpla una funcin pblica o tenga

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    facultades de uso, custodia, administracin o explotacin de fondos, servicios o bienes pblicos. Castiga con prisin de 1 a 10 aos a quienes con posterioridad al inicio de sus funciones hayan obtenido la propiedad, la posesin o el usufructo de bienes, derechos o servicios cuyo valor sobrepase sus legtimas posibilidades econmicas y las de su cnyuge o conviviente; tambin a quien haya cancelado deudas o extinguido obligaciones que afectaban su patrimonio. Castiga con penas de 3 aos o multa al que reciba o se haga prometer para s o para un tercero dinero o cualquier otro beneficio como estmulo o recompensa para mediar ante un funcionario pblico en un asunto que se encuentre conociendo, invocando poseer relaciones de importancia o influencias reales o simuladas; igual pena se aplicar a quien entregue o prometa dinero o cualquier otro beneficio para obtener el favor de un funcionario pblico. Castiga con penas de hasta 10 aos al funcionario pblico que promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable en la emisin de decretos, acuerdos, actos o contratos administrativos que otorguen en forma directa beneficios para su provecho personal o para el de su cnyuge o conviviente o el de sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad inclusive.

    A principios de setiembre sin embargo, el Consejo Impulsor del Sistema Nacional de Integridad (CISNI) y Transparencia Internacional Paraguay presentaron el resultado del monitoreo realizado sobre el cumplimiento en el pas de las disposiciones de la Convencin Interamericana contra la Corrupcin. Seala que el Paraguay avanz poco en la lucha contra la corrupcin a nivel estatal en el primer semestre de este ao, porque sigue en dficit en el cumplimiento de la citada convencin. Las instituciones pblicas ni siquiera tienen datos sobre hechos ilegales. Hay muy pocos recursos para acceder a datos. La Fiscala General del Estado no tiene cifras sobre las causas promovidas contra hechos punibles contra el patrimonio estatal y enriquecimiento ilcito.

    En abril Transparencia Paraguay present su informe sobre la lucha contra la corrupcin por parte del gobierno. Seala que el poder administrador no ha demostrado un compromiso demasiado firme en la lucha anticorrupcin. "El grado de cumplimiento de las promesas electorales en los cuatro meses del periodo de observacin no ha demostrado un compromiso demasiado firme del Ejecutivo y menos del Legislativo y puede ser calificado como no satisfactorio", expresa parte del informe.

    Seala tambin que todos los partidos polticos prometieron luchar contra la corrupcin sin embargo, no existe consenso o debate concertado sobre las medidas a tomar y, en general, todos cayeron en generalidades. En otras palabras, los programas polticos anticorrupcin quedaron en los libretos. Encuestas realizadas por este organismo sealan que el 50,9 por ciento sostiene que ganan las licitaciones quienes sobornan a funcionarios, y el 33,3 por ciento dice que las licitaciones ganan los amigos del presidente de la Repblica; el 49,7 por ciento ya sabe el sistema y cunto hay que pagar en concepto de coima, el 20

  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    28,80 por ciento sostiene que el propio funcionario pide plata; en tanto que el 14,50 por ciento seala que el usuario del servicio ofrece el pago o regalo al funcionario. Otra parte de la encuesta dice que el 94,9 por ciento cree que ser pariente de un poltico abre la puerta al trabajo de un empleo pblico.

    A fines de octubre esta misma institucin present igualmente el informe sobre la percepcin de la corrupcin en 146 pases del mundo. Si bien el Paraguay en materia de puntaje tuvo una leve mejora, 0.3 por ciento, sigue estando entre los pases ms corruptos del mundo y del continente. Pues el nivel de corrupcin en que se encuentra el Paraguay es crnico y sistmico. En el mundo est en el sexto lugar entre los ms corruptos, y en Latinoamrica en el segundo lugar despus de Hait, lo cual lleva al Paraguay a ser el pas ms corrupto de Sudamrica.

    A principios de agosto el entonces procurador general de la Repblica Nelson Alcides Mora Rodas, anunci que querellar a todos los ex presidentes responsables de que el pas figure en los primeros lugares en el ranking de corrupcin en el mundo. Dijo que los acusar de "dao moral" e intentar obligarlos a resarcir econmicamente al Estado. Tambin pedir embargo contra los bienes de ex jerarcas que ya tienen condena en primera instancia. En realidad esto fue nada ms que un anuncio, porque hasta ahora no se conoce de accin alguna para concretar el anuncio hecho desde la Procuradura General de la Repblica.

    A fines de octubre se habilit el consejo presidencial con la promesa de hacer un gobierno menos costoso, desburocratizado y transparente. Asumi el liderazgo del Consejo Presidencial de Modernizacin de la Administracin Pblica el propio presidente Nicanor Duarte Frutos. El objetivo es combatir la corrupcin, premiar la eficiencia, la honestidad, y volver gil el funcionamiento del aparato estatal. Est integrado por el Jefe de Estado, el ministro de Agricultura y Ganadera, Antonio Ibez; la titular de Educacin, Blanca Ovelar; de Hacienda, Dionisio Borda, y de Industria y Comercio, Emst Bergen. En un panel debate realizado a principios de este ao sobre la Convencin Interamericana contra la Corrupcin los panelistas coincidieron en que la corrupcin socava el cimiento de las naciones y retrasa el desarrollo de los pueblos. Uno de ellos, el Dr. Daniel Mendonca, deca que la corrupcin provoca conmocin y alarma a la poblacin y que ello se justifica porque "causa enormes costos econmicos, genera inestabilidad poltica, retrasa el desarrollo de las naciones, conduce al desprecio de la legalidad, aumenta el poder de la criminalidad organizada, propicia la desintegracin social, destruye los fundamentos morales de la nacin, atenta contra los derechos fundamentales, minan los cimientos del Estado y socava los fundamentos de la democracia".

    En referencia especfica a nuestro pas, deca que es de corrupcin sistemtica. Explicaba que eso es as porque la incorreccin es la norma y la correccin la excepcin, la conducta desviada se encuentra tan institucionalizada que rara vez se castiga a un agente corrupto

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  • Comit de Iglesias

    mientras se protegen los comportamientos indebidos. Estima que en el Estado de corrupcin sistemtica la administracin posee un cdigo formal de prcticas que alientan, desarrollan y ocultan sus violaciones y quienes violan el cdigo formal son protegidos y quienes hacen pblicos dichos comportamientos son degradados y sometidos a represalias.

    CIUDAD DEL ESTE Esta capital departamental es considerada por muchos como el centro de la corrupcin del Paraguay y quizs del Cono Sur del continente. En esa zona del pas reina la piratera, el contrabando, falsificacin de productos y una variedad de actividades ilegales como la evasin de impuestos y subvaloraciones, etc. Todo lo malo se le atribuye al Paraguay, pero en gran medida los "empresarios" que estn detrs de estas actividades en la mayora o son brasileos, chinos, rabes o de otra nacionalidad.

    Paralelamente al floreciente negocio que permite a unos cuantos enriquecerse, la poblacin comn cada vez vive en peores condiciones de vida. Sobre esta situacin reflexion el embajador paraguayo ante Naciones Unidas, Rigoberto Gauto Vielman. Este funcionario afirmaba que se la ilegalidad hubiera sido un elemento de riqueza, Ciudad del Este sera un lugar de gente rica. En el centro de esa capital del departamento del Alto Paran vive gente pobre, que gana poco con la venta de productos falsificados, pero que enriquece a extranjeros. Abog por la necesidad de cambiar ese modelo de actividad comercial, puesto que los legales no quieren competir con la piratera existente en la zona. Indic que el problema es que la ilegalidad impide que aquellos comercios legales se puedan establecer porque a la hora de vender no es posible competir con la ilegalidad. Nadie quiere establecer un negocio en un pas donde tenga que pagar impuestos, beneficios sociales de los trabajadores y competir con gente que no cumple estas obligaciones Esto porque comercia, por lo general, con cosas falsificadas que traen del exterior y en consecuencia saca el 100 por ciento de las ganancias.

    El entonces obispo de Ciudad del Este, Mons. Ignacio Cogorza, conden la bajeza de la corrupcin, el egosmo y el exagerado partidismo que benefician solo a unos pocos. En el festejo del santo patrono de esa ciudad, San Blas, el prelado conden la piratera que destruy la industria de la zona. Hizo un llamado a la poblacin para que diga s a la reconversin de Ciudad del Este.

    El centro del comercio entre las dos ciudades fronterizas, Foz de Yguaz y Ciudad del Este, se da por el Puente de la Amistad que une fsicamente a los dos pases separados por el ro Paran. El Puente soporta un trfico de 25 mil vehculos por da; por la pasarela pasan todos los das ms de 50 mil personas; desde las 16:00 se libera el paso de camiones de cargas; los turistas compradores comienzan a ingresar desde las 4:00; en la margen 22

  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    brasilea son solo dos los organismos que hacen controles: la Polica Federal y la Receita Federal (Secretara de Ingresos Federales). En la margen paraguaya son unas 15 las instituciones que realizan los controles. Todos piden coimas. Un diagnstico sobre el Puente seala que tiene infraestructura deficiente; sealizacin inadecuada; sistema de controles y fiscalizacin inadecuados; falta de control entre los organismos de control; trnsito conflictivo de personas y vehculos; dificultad para el trnsito de turistas; instalaciones precarias para atencin a turistas; insalubridad del local; instalaciones y equipos informtica arcaicos.

    Desde el Brasil se est impulsando la reestructuracin del Puente como parte de un ambicioso plan turstico de los brasileos, que busca cambiar el concepto de "ilegalidad" que caracteriza a la frontera entre Paraguay y Brasil. Tambin se viene hablando insistentemente de la necesidad de concretar el viejo proyecto de construir un segundo puente sobre el ro Paran en las cercanas de Ciudad del Este, como una forma de descongestionar el trfico por el Puente de la Amistad.

    A mediados de noviembre hubo movilizacin de personas en la cabecera del Puente de la Amistad interrumpiendo el paso de vehculos y personas en protesta por la medida del Gobierno del Brasil de "tolerancia cero", al contrabando. Estaba vigente una normativa que permite a compradores o "sacoleiros" del Brasil comprar en el lado paraguayo hasta un monto de 150 dlares por persona. A esta movilizacin se sumaron autoridades de Ciudad del Este y representantes de diversos sectores de la ciudad. El conflicto tuvo carcter internacional interviniendo la Cancillera, el embajador del vecino pas y el propio presidente de la Repblica Duarte Frutos quien contact telefnicamente con el presidente brasileo Inacio Lula Da Silva. En el segundo da del bloqueo intervino el gobernador del Estado de Paran, Brasil, Roberto Requio, prometiendo buscar una salida al conflicto. En tanto que el embajador del Brasil en nuestro pas, Valter Pecly Moreira, ratific que su gobierno seguir con el operativo "Cataratas" hasta el 22 de diciembre.

    Tras una serie de negociaciones entre autoridades de ambos pases en las dos ciudades fronterizas se levant el bloqueo y se rehabilit el trnsito por el puente internacional. En una asamblea popular los manifestantes decidieron aceptar el acuerdo compromiso firmado. Los trabajadores indicaron que si no se cumple el pacto, volvern a cerrar el paso por la pasarela internacional. El compromiso contempla: agilizar el paso de vehculos por el Puente de la Amistad, retirando todas las barreras fsicas que existen en la zona primaria brasilea; cumplir la cota de 150 dlares; el compromiso de la Receita Federal de acompaar el pedido de aumento de la cota a 500 dlares; exigir a los gobiernos de Brasil y Paraguay el cumplimiento de la agenda 19 del Mercosur que establece polticas para el desarrollo de Ciudad del Este y Foz de Yguaz; el compromiso fue avalado por el presidente de la Repblica en ejercicio, Luis Castiglioni, y diputados de Paraguay y del Brasil.

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  • Comit de Iglesias

    El coordinador general de la administracin aduanera de la Secretara de la Receita Federal del Brasil, Ronaldo Lzaro Medina, haba dicho que mientras no se cierre la "puerta de entrada", llamada Ciudad del Este, su pas seguir siendo "invadido" desde Paraguay por productos falsificados que, para colmo de males, ingresan de contrabando. Un informe divulgado en Brasilia en un seminario nacional de la propiedad intelectual, deca que empresarios brasileos fabrican cigarrillos en el Paraguay e ingresan de contrabando al mercado brasileo. Seala que en el ao 2002 moviliz 46 billones de cigarrillos, es decir el 32,5 por ciento del total de cigarrillos consumidos en territorio brasileo.

    El presidente paraguayo Duarte Frutos anunci que pedir una compensacin al Brasil ante la lucha contra la ilegalidad y la piratera que implemento en la zona de Ciudad del Este. Con ese dinero se construir el centro comercial para reubicar a todos los trabajadores informales de la va pblica de la ciudad fronteriza. "No es posible que estemos luchando contra la piratera y otras ilegalidades y debamos hacer pasar hambre a nuestro pueblo, expres el Mandatario en un acto en Ciudad del Este.

    La excesiva burocracia municipal y los pedidos de coimas estn trabando una inversin de 3,5 millones de dlares en Ciudad del Este, segn denuncia del abogado Paraguayo Cubas. Indic que para conseguir una simple certificacin de localizacin tuvo que "peregrinar" por la comuna durante 30 das. Agreg que en la Divisin Catastro de la comuna le pidieron la suma de 500 dlares para acelerar todo el proceso. Un grupo de empresarios taiwaneses pretendan instalar una fbrica de CDs vrgenes y DVD.

    A principios de marzo de este ao fue incautada de una casa de cambios clandestina que funcionaba en Ciudad del Este la suma de 450.000 dlares americanos y 240.000 reales (unos 3.000 millones de guaranes al cambio del momento), presumiblemente producto de lavado de dinero. Esta intervencin se realiz en prosecucin de las investigaciones de lavado de dinero y evasin impositiva, a cargo de los fiscales Juan Carlos Duarte y Carolina Rosa Gadea. El local intervenido fue "Telefax S.A. Prstamos Prendarios", una casa de cambio que operaba clandestinamente.

    Un grupo de chino es sospechoso de haber remesado colosales sumas de dinero "sucio" a bancos del Asia como parte de operaciones que, segn investigaciones fiscales, apuntan al lavado de dinero. Al menos tres casas de cambio de Ciudad del Este fueron utilizadas para esos envos. Estos datos fueron descubiertos tras la intervencin del citado negocio clandestino que es utilizado para blanquear fortunas. De acuerdo a las investigaciones, hasta 5 millones de dlares por da remesaban al exterior desde la casa de cambios "Telefax S.A. Prstamos Prendarios". Seis paraguayos de un grupo de 22 personas fueron acusados de haber lavado cerca de 880 millones de dlares entre Foz de Yguaz y Ciudad del Este. La acusacin estuvo a cargo del Ministerio Pblico del Brasil, que ha dividido en varios procesos el caso de la "lavandera" instalada en la frontera. 24

  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    Los paraguayos denunciados por el ilcito cuyos nombres fueron publicados por medios de prensa son: Anbal Antonio Montiel Ibarrola, Anuncio Rafael Almada Huber, Juan Bautista Almada Huber, Mario Miguel Almada Huber, Mario Alcides Toppi Ortigoza, Juan Carlos Rotela Millos, Juan Carlos Ramrez Villanueva, Juan Carlos Domingo Prono, Juan Carlos Baraja Saldvar, Juan Carlos Augusto Ferreira Martnez, Humberto Manuel Aquino Gmez, Guillermo Eduardo Espinla Villanueva, Francisco Isabelino Lovera Bareiro, Agripino Ortega Ramos, Crescencio Barreto Portillo, Daniel Villalba Jara, Elvio Csar Gonzlez, Francisco Ortiz, Rodolfo Gustavo Bentez Reyes, Ramn Ramrez Zarate y Pedro Alcides Barreiro Molinas.

    La prensa public que un libans acusado de lavado contaba con la bendicin de policas y fiscales. Un verdadero esquema de proteccin cre a su alrededor el libans Kassem Mohamad Hijazi para operar sin ser molestado por las autoridades policiales y hasta militares en el lavado de dinero. El mismo oper por aos con la casa de cambios clandestina "Telefax...", sin que los organismos de seguridad y prevencin de hechos delictivos procedan siquiera a molestarlo. Adems, pese a no tener arraigo en el Paraguay y a la oposicin del fiscal Juan Carlos Duarte, el juez Ral Virgilio Martnez concedi la medida sustitutiva de libertad. Igualmente el paraguayo Nelson Faria Fleitas, detenido con 160.000 reales adheridos al cuerpo, fue beneficiado con la medida sustitutiva.

    Solo estos dos casos constituyen muestras palpables de que en el Paraguay reina absolutamente el imperio de la impunidad de la mano de la Polica Nacional y de representantes del Poder Judicial.

    El esquema de lavado de dinero que se mont en la frontera paraguayo-brasilea utiliz casas de cambio y bancos de ambos pases y tuvo la proteccin de autoridades de Paraguay y del Brasil. En el Brasil la investigacin sobre esta actividad ilcita se inici en el ao 1996 y existen 3.500 personas investigadas, de las cuales estn procesadas 191. Se informaba que ms de 100 paraguayos fueron procesados en el Brasil por delito contra el sistema financiero, entre ellos el lavado de dinero, y otros 300 estaran siendo investigados por el Ministerio Pblico Federal. Los principales acusados estn o estuvieron, vinculados a casas de cambio que operan en Ciudad del Este.

    Las pesquisas giran sobre lavado de dinero, evasin de impuestos y lesin de confianza. Desde Foz de Yguaz se remesaron al exterior 24 mil millones de dlares entre 1996 al 2000. El Parlamento del Brasil abri una investigacin para identificar a polticos involucrados en el esquema. Conform dos Comisiones Parlamentarias de Investigacin (CPI) para realizar pesquisas sobre el lavado de dinero en Tres Fronteras. Se presume que los mismos lavaban dinero a nombre de testaferros, quienes reciban irrisorias sumas por prestar el nmero de su CPF (Catastro de Personas Fsicas).

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    En el lado paraguayo el superintendente fiscal Juan Carlos Duarte, ensayando una llamativa defensa de las casas de cambio clandestinas, declar que esos "negocios", que estaran sirviendo para lavar millones de dlares diariamente en la frontera, no son otra cosa que "corredores de cambio". La prensa publicaba que haciendo un simple cruzamiento de datos con la Comuna de Ciudad del Este, que no tardara ms de 5 minutos, se puede afirmar que lo manifestado por el fiscal es falso, pues ninguna de las prcticas mencionadas figuran en la Municipalidad como dedicada al mencionado rubro.

    A fines de agosto la Fiscala anunciaba la imputacin de 47 personas por lavado de dinero junto al libans Kassan Hijazi, anunciaba el fiscal Juan Carlos Duarte Martnez.

    Otra denuncia en Ciudad del Este sealaba que funcionarios de Delitos Econmicos de la Polica Nacional daban proteccin a abogados que extorsionan a comerciantes extranjeros. La rosca es conocida como la "mafia de las marcas". Las publicaciones daban cuenta que a principios de abril en la galera Zuny, la abogada Linda Taiyen, junto a tres agentes policiales, exiga a un libans que le pague supuestamente la suma de 6 mil dlares para que le permita comercializar una carga de cepillos de dientes. A raz de las publicacin agentes del Departamento de Delitos Econmicos de la Polica y abogados de la referida mafia de las marcas, iniciaron una fuerte presin sobre los comerciantes extranjeros para evitar que los mismos denuncien ante los medios de prensa las extorsiones de los que diariamente son objeto. Se informaba que el comerciante de origen rabe Majed Kamel Younes huy del pas ante las amenazas que reciba de los integrantes de la mafia de las marcas casi diariamente.

    Una de las organizaciones delictivas mejor estructuradas y las que ms recaudan es la referida mafia de las marcas. Una sola de las ramas de ese grupo integrado por comerciantes y abogados, que tiene sus tentculos en el Ministerio de Industria y Comercio, Poder Judicial, Ministerio Pblico, aduanas, policas y militares, obtiene ingresos por ms de mil millones de guaranes mensualmente en detrimento de las arcas del Estado y de la imagen del pas, fruto de la extorsin que realizan a comerciantes. Esta denominada mafia de las marcas tiene dos grandes ramificaciones o especialidades: la primera es la integrada por abogados que se dedican a trabajar con las grandes firmas internacionales, como ser la Disney, Nintendo, Bic, Lorytonn. Etc. Estos tienen la misin de impedir que ingresen al pas cualquier imitacin de los productos que representan. El otro equipo es el que se dedica a registrar las marcas como inventadas y creadas por ellos. Es as que en Ciudad del Este viven los que "inventaron" el paraguas o sombrillas, los mantelitos, los estuches de CDs, los jueguitos electrnicos porttiles, el encendedor, los autitos en miniatura y los colores y nada ms y nada menos que el creador de los embalajes para los cepillos de dientes. La prensa publicaba que el comerciante de origen libans, Al Ahmad Zaioun, adems de ser informante de la Polica Antiterrorista del Paraguay, es un gran inventor, 26

  • Situacin de los Derechos Humanos en el Paraguay 2004

    Pues, segn los registros solicitados y obtenidos en el Ministerio de Industria y Comercio, el mismo se present como el inventor de las mquinas de calcular.

    Pese a las graves denuncias publicadas por la prensa sobre el accionar de la mafia de las marcas en las aduanas del pas un poderoso grupo dedicado a extorsionar y negociar el ingreso de mercaderas falsificadas, no se observ resultado concreto sobre alguna investigacin que se haya iniciado.

    En la zona fronteriza del Este por lo visto hay lugar para todo tipo de hechos delictuales. Los casos que se dan podran hasta servir de inspiracin a novelas sobre hechos reales al ms pintado escritor. Otros casos ilcitos conocidos a travs de la prensa es la clonacin de telfonos celulares. Pero no solamente telfonos celulares son clonados por el esquema mafioso que est instalado en Ciudad del Este. Documentos al igual que tarjetas de crdito y cheques tambin son duplicados en base a otros autnticos. Las empresas brasileas son las principales vctimas de ese esquema ilcito que deja millonarias ganancias a quienes comandan el negocio ilegal que sigue creciendo ante la tremenda impunidad que existe. Pero, como es lgico en el imperio de la impunidad, la justicia ignora todo lo denunciado a travs de los medios de comunicacin. Incluso si intervienen su accionar sirve ms bien para "blanquear" los ilcitos. En el caso de la clonacin de celulares el fiscal Carlos Gimnez Vallejo intervino la firma "Mini Carlos", donde periodistas comprobaron que s se hace esa operacin, y "comprob" que en ese lugar no se venden celulares robados y clonados y no existe clonacin en el lugar.

    Un conflicto entre transportistas cre caos en el Puente de la Amistad que une Ciudad del Este, Paraguay con Foz de Yguaz, Brasil. De por medio existen denuncias de coimas para habilitar a los mototaxis para que realicen el servicio de transporte en la frontera. Taxistas paraguayos impidieron el ingreso de mototaxistas a la zona cntrica de la capital del Alto Paran desde el citado puente internacional.

    Tambin se denunci nuevamente este ao la vigencia de los "guas" en el puente de la Amistad que piden coimas a quienes ingresan al pas apoyado por agentes policiales. Los "guas" de estacionamiento exigen coimas a los visitantes que llegan a Ciudad del Este. Los mismos trabajan en contubernio con funcionarios de la Polica Municipal y efectivos de la Polica Nacional. La coima exigida por los mismos oscila entre 5 a 10 reales a los turistas, para que les puedan indicar dnde estacionar o tener acceso privilegiado en el citado puente internacional.

    La Receita Federal (Secretara de Ingresos Federales) del Brasil instal en la zona primaria del Puente de la Amistad, lado brasileo, alambres con cortantes (tipo arpn) para combatir

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  • Comit de Iglesias

    el contrabando. Es decir para evitar que los sacoleiros tiren sus mercaderas al ro, de donde otras personas recogen o ingresan al pas y as logran burlar el control.

    A principios de este ao el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamrica nuevamente vincul a la regin de Tres Fronteras (Paraguay-Argentina-Brasil) con grupos terroristas. Algunos analistas tomaron esta informacin como una especie de represalia contra el Brasil, cuyo gobierno decidi fichar a todos los estadounidenses que llegaban al vecino pas. El viceministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Avalos, seal al respecto que el "alerta" estadounidense sobre la zona de Tres Fronteras, est desfasado . En tanto que en Foz de Yguaz, Brasil (ubicado frente a Ciudad del Este, Paraguay) culpan a los norteamericanos y a este tipo de informacin de la disminucin de turistas. Indicaron que cerca de 400 mil turistas dejaron de venir el ao pasado a la zona de las tres fronteras a causa de las acusaciones sobre la existencia de supuestos grupos terroristas.

    ADUANAS Una investigacin profusamente divulgada por la prensa daba cuenta que mensualmente ingresan al Paraguay mercaderas por valor de entre 35 y 40 millones de dlares. La mayor parte de estos productos, que son adquiridos en la zona franca de Iquique, Chile, entra directamente de contrabando; la otra parte est subvalorada. En el esquema estaran involucrados funcionarios de la Direccin General de Aduanas, del Ministerio de Hacienda, polticos y empresarios del sector privado. Abastecen al 70 por ciento de los pequeos y medianos comerciantes de la capital del Alto Paran. Todo el sistema funciona con una tremenda informalidad e ilegalidad que permite traer cargas a nombre del propio presidente de la Repblica Nicanor Duarte Frutos, identificado con las iniciales PNDF. Para respaldar el trabajo periodstico se informa que los investigadores compraron un lote de mercaderas que entr al pas sin ningn tipo de documento. Solo se utilizaron boletas de remisin de los negocios chilenos que ya vienen subfacturadas.

    La investigacin periodstica dice que por cada camin que ingresa con mercadera desde la zona franca de Iquique se estara abonando una coima de 7.500.000 guaranes a los aduaneros involucrados en el esquema. Haciendo un clculo rpido, los "muchachos estaran recaudando semanalmente G. 450 millones, teniendo en cuenta que ingresan como mnimo 60 camiones. Igualmente se est entregando una "tasa" mensual a funcionarios del Ministerio de Hacienda, desde donde existe una proteccin a los supuestos contrabandistas, quienes, pese a las denuncias, seguan operando regularmente.

    La firma Latina Import S.R.L., responsable del ingreso masivo de mercaderas supuestamente de contrabando, desde Chile, paga sumas irrisorias en concepto de impuestos, 28

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    segn los registros de la Municipalidad de Ciudad del Este. Menciona la informacin que una firma que en un solo da ingres ms de 40 camiones de gran porte repletos de mercaderas, el ao pasado pag apenas 1.221.000 guaranes en concepto de patente comercial. Latina registr en Aduanas importaciones desde Iquique por ms de 10,8 millones de dlares en siete meses, y en el mismo periodo, sin embargo, no declar un solo guaran en ventas, ni pag un centavo de impuesto. Esta empresa controla cerca del 90 por ciento de todas las importaciones que llegan del puerto franco de Chile. Esta firma fue ligada por la prensa con el diputado colorado Ricardo "Lilito" rgana, quien usara su influencia poltica para subvaluar o evadir directamente el pago de tributo por la mercadera que la citada firma Latina Import S.R.L. ingresa al Paraguay. La Direccin General de Aduanas a travs de su titular Margarita Daz de Vivar, anunci la realizacin de un sumario a la empresa Latina Import S.R.L. Sin embargo, hasta fines de noviembre no pas nada.

    En Aduanas se denunci el robo de recaudaciones que seran ms de 4.000 millones de guaranes. Las administraciones aduaneras de Asuncin, Pilar, Paksa y del aeropuerto Silvio Pettirossi no enviaron las documentaciones exigidas por los auditores para controlar sus recaudaciones. Eso, deca la informacin publicada, hace suponer que el monto desviado sera muy superior a los 4 mil millones de guaranes. El informe de auditores revela adems que varios funcionarios del sistema informtico Sofa estn involucrados en el esquema, teniendo en cuenta que algunas operaciones fueron "borradas" para permitir el robo al fisco. En un solo da se robaron ms de 313 millones de guaranes de las recaudaciones de la Aduana de Ciudad del Este, revela el informe de auditoria nmero dos entregado a la titular de la entidad recaudadora estatal, Margarita Daz de Vivar.

    Funcionarios de Aduanas estaban vendiendo las informaciones confidenciales de los despachos de importacin y exportacin, que luego eran utilizadas para manipular los documentos. Igualmente, despachantes e importadores eran habilitados momentneamente para operar y facilitar el robo del dinero pblico, segn revela el informe de la auditoria, lo cual confirma que el esquema del desvo de fondos es manejado por los propios jefes aduaneros, quienes siguen impunes en sus cargos, pese a las evidencias que existen contra los mismos.

    Un gigantesco esquema de falsificacin y evasin fiscal fue desbaratado en Ciudad del Este con la retencin de dos contenedores clonados y la incautacin de casi 2 millones de CDs vrgenes, de la marca Dr. Hunk, adems de chapas de vehculos y otros documentos aparentemente falsos. Los contrabandistas clonaban los nmeros de los contenedores, que eran pintados con el mismo color y caractersticas, y hacan el despacho legal de las mercaderas de uno de ellos, para utilizarlos posteriormente con todos los otros que de esa forma ingresaban al pas en "fro". De esa manera habran evadido millones de guaranes en impuestos, en complicidad con funcionarios de Aduanas, quienes supuestamente, no se percataban de la burda falsificacin de los nmeros de los contenedores, segn presumen en el Ministerio Pblico.

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    El administrador de Aduanas del aeropuerto Guaran de Minga Guaz, Ramn Mostaf Admen Bentez, fue detenido tras ser detectado mercaderas presuntamente falsificadas, ingresadas de contrabando. Esto ocurra a fines de marzo. Tambin otros tres aduaneros, quienes participaron en la recepcin y verificacin de las mercaderas provenientes de Miami, Estados Unidos, y que llegaron a la citada estacin aeroportuaria de Alto Paran fueron detenidos y recluidos por orden de la fiscala regional. Ellos son: Vctor Olmedo Florentn (jefe de valoracin), Luis Expedito Gauto Cspedes (jefe de inspeccin), y Juan Guillermo Espnola Velzquez (jefe de registros). El operativo form parte de una serie de procedimientos fiscales, tendientes a desbaratar toda una red delictiva que estara introduciendo al pas mercaderas de contrabando y en otros casos evadiendo impuestos mediante la subvaloracin de los artculos importados.

    A travs de un sofisticado sistema informtico unas 380 empresas estn evadiendo al fisco "clonando" tiquetes. El programa incluso fue aprobado por el Ministerio de Hacienda. Llamativamente, a pesar de denuncias concretas sobre 3 empresas que hacen esta doble facturacin, no fueron fiscalizadas. La "clonacin" se est constituyendo en los ltimos tiempos en delito de moda. Pues esta prctica es aplicada en diversas actividades econmicas y lo grave es que va ganando terreno en la actividad delictiva del pas.

    IPS A partir de la funesta administracin de Edgar Osvaldo Oviedo y su sucesor el militar Hugo Dejess Arajo, ninguno de los presidentes sucesivos del IPS pudo combatir y erradicar la mafia y el robo en esa institucin. Antes bien, han derrochado la plata aportada por obreros y patrones. Por el IPS pasaron los siguientes presidentes: Edgar Osvaldo Oviedo Zaracho, Hugo Dejess Arajo, Jos Mara Fernndez, Samuel Brunstein, Ignacio Mendoza, Luis Cubas Grau, Elio Brizuela, Alberto Echeverra Meza, Mario Lujn Melgarejo, Filemn Paniagua, Daro Filrtiga, Bonifacio Irala Amarilla, Leandro Domingo Redondo, Vctor Solalinde, Cecilio Cano Flores, Ovidio Otaz y actualmente es el Ing. Pedro Ferreira. De las 17 personas las primeras dos fueron durante gran parte de la larga dictadura de Stroessner y el resto corresponde a la era de la transicin democrtica. Es decir 15 presidentes en 15 aos de transicin democrtica; en promedio se tiene que cada ao hubo cambio de presidente del IPS.

    Los males histricos de este instituto son: Robos de medicamentos, licitaciones amaadas, compras sobrefacturadas, planillerismo, sindicalistas haraganes y radicalizados, falta de insumos y remedios, maltrato a los asegurados, legin de recomendados polticos, fuente de prstamos preferenciales, odos sordos e impunidad a denuncias, colas interminables

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    en la farmacia, incumplimiento de horario de mdicos, atencin y remedios para los aportantes, escasa cobertura en horario nocturno, feriados, atencin a cargo de practicantes, y caos en sector de vendedores informales, entre otros.

    El actual presidente tiene como meta corrupcin cero, mejoramiento del servicio de salud y jubilacin ordinaria automtica. Sus promesas fueron que ya no faltarn medicamentos, implementacin de un organigrama especfico integral, solucin a la burocracia y los maltratos, acciones para la recaudacin inmediata, no ms crditos directos, inversiones seguras, atencin digna a todos los asegurados. Pero todo esto hasta ahora sigue en veremos ya que la percepcin de los asegurados es que todo sigue igual o peor que antes con excepcionales y aislados casos de mejoramiento.

    En otra de sus tantas arengas Duarte Frutos hacia una severa advertencia a los proveedores de medicamentos del Instituto de Previsin Social, asegurando que no permitir que estafen al pueblo, puesto que hasta pastillitas de almidn daban (los proveedores) como aspirinas. Explicaba que haba empresas que falseaban los medicamentos que entregaban al IPS. Uno de los dramas de los asegurados del IPS desde hace un buen tiempo es la falta de remedios. A fines de marzo el instituto aprob la compra de medicamentos sin licitacin por G. 8.000 millones debido a la imprevisin y deficiencia administrativa del sector salud. A la falta casi permanente de medicamentos los asegurados del IPS tambin sufren de malos tratos, segn denuncias recogidas por la prensa. Tambin resalta la falta de atencin de pacientes crnicos que no pueden ser atendidos debido a que casi constantemente los instrumentos tecnolgicos no estn en condiciones. Uno de los sectores ms castigados en ese sentido es el que afecta a personas que deben seguir tratamiento de dilisis.

    Afines de agosto se informaba por los medios de prensa que el IPS logra ahorrar G. 2.232 millones al mes luego de descubrir y suspender la atencin a 93 O personas que consultaban peridicamente en las clnicas perifricas sin tener derechos. El dato es resultado de la inversin en nueva tecnologa informtica, explicaba el titular del ente Ing. Pedro Ferreira. Jubilados del IPS se manifestaron a mediados de mayo y denunciaron que la atencin mdica del IPS podra entrar en un colapso. Afirman que ello ocurrira si no aumenta la recaudacin ante el aumento de pacientes, en especial docentes jubilados. Advirtieron sobre posible desvo de medicamentos para atencin en los hospitales del Ministerio de Salud Pblica. Entre las irregularidades denunciadas se mencionan: 1- Los jubilados denunciaron que signen faltando algunos medicamentos pese a millonarias compras por ms de G. 7.000 millones. Funcionarios de la farmacia externa del hospital central confirmaron la carencia. 2- Los manifestantes tambin se quejaron de la racionalizacin en la entrega de frmacos. Las autoridades del IPS aclaran que el objetivo es evitar despilfarros al entregar productos para pacientes no crnicos. 3- El consejo de

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    administracin del ente complet la adjudicacin para la compra de frmacos por unos G. 32.000 millones. Los productos se tendrn en los hospitales en unos das ms, segn la promesa. 4- Los jubilados advirtieron que el plan financiero de la administracin del Ing. Pedro Ferreira servira para desfondar el IPS. El titular del instituto defendi su proyecto y asegur que la diversificacin de la inversin es justamente para evitar nuevas prdidas de fondos en bancos.

    Los jueces Digno Fleitas, Germn Torres y Mar Ladan dejaron impune un perjuicio de 4.500 millones de guaranes al patrimonio del IPS, que se concret a travs de un pago irregular de gratificaciones a los funcionarios de la institucin, de acuerdo a la acusacin de la fiscala. Los mismos, mediante un criticado fallo, sostuvieron que no es reprochable la conducta del ex presidente del ente Bonifacio Irala Amarilla, as como de los ex consejeros y del ex administrador, tambin enjuiciados.

    Otro golpe contra la mayor previsional de nuestro pas fue la impunidad que se dio con el "asqueroso" robo detectado en la cocina del hospital. En 1994 se haba denunciado el robo de alimentos de ese lugar, hecho que acapar las portadas de los distintos diarios, causando la repulsa de la ciudadana y motiv reiteradas promesas de castigo a los culpables por parte de las autoridades. Tambin dio origen a un juicio que lleg a su final sin condenados ni absueltos, solo varios sobresedos por inaccin judicial. Es un hecho de corrupcin ms que se integra a la nefasta galera de la impunidad que ostenta el Poder Judicial en el Paraguay. El abogado Simn Jara Sosa, en la parte final del sumario administrativo expresaba textualmente: "Puede colegirse que, de todos los productos comprados, licitados y adjudicados semanalmente para el hospital, es un robo asqueroso y una montaa de corrupcin que solamente basta realizar la comparacin de los precios oficiales de productos con su escala de menor al mximo posible y no llega ni al 50 por ciento del precio en que son adjudicados desde hace tiempo a cuatro empresas que pasan precios inflados hasta en 72 por ciento del valor real".

    Se trata de otro caso ms que pasa a engrosar la larga lista de casos de corrupcin caratulados popularmente como el "opa rei".

    A fines de abril la fiscala Victoria Acua solicit la condena del ex presidente del IPS Alberto Echeverra Meza, de los ex consejeros del ente Nstor Mndez Nez, Andrs Burgez y Stella de Servn y del ex sndico de la previsin Vctor Prez Maz, por defraudacin y peculado. Fue por la concesin de un millonario crdito a la empresa Atilio Salomn e Hijos, que ha causado un perjuicio de ms de 1.800 millones a la institucin.

    El ex sndico del IPS Guillermo Bez Huerta denunci ante la prensa que la previsional de enero a abril de este ao dej de ganar G. 1.268 millones porque obtuvo menor rentabilidad en sus colocaciones. Seal que de enero a diciembre de 2003, perdi ms de

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    G. 6.600 millones. Los consejeros estaran violando la Ley 98/92, pero el titular del instituto, Ing. Pedro Ferreira, asegur que no se debe tener en cuenta solo la rentabilidad para aprobar las inversiones, sino tambin la seguridad.

    CONSECUENCIAS Y MS CASOS A inicios de marzo el jefe de Estado anunciaba la habilitacin de un portal electrnico para realizar las contrataciones pblicas. En tono desafiante hacia los corruptos del sector pblico y privado deca "a los que apelando a maniobras torcidas, a los vicios que encarecen los costos en las contrataciones, generan privilegios irritantes, matan la competencia sana y empobrecen a la nacin" que la habilitacin del Portal de Contrataciones Pblicas, permitir a toda la ciudadana va Internet el control sobre el uso de recursos oficiales. La corrupcin y la inestabilidad poltica en el Paraguay ahuyentan las inversiones, deca Orto J. Reich, enviado del presidente de los Estados Unidos de Norteamrica a nuestro pas. Seal que de las tres fronteras sale el dinero para financiar a grupos terroristas. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno estadounidense, adverta igualmente que la seguridad jurdica que ofrece Paraguay no ha sido suficiente hasta ahora como para atraer realmente la inversin extranjera. Sostuvo que uno de los mayores obstculos es la corrupcin. "La mayora de las compaas de pases industrializados no pueden trabajar donde hay corrupcin, por las limitaciones que le imponen sus propias leyes nacionales", deca.

    Un ejemplo de las advertencias del funcionario estadounidense es lo que sucedi con un inversor argentino. Cansado de los robos y todo tipo de atropellos sufridos, el inversor argentino Claudio Zichi Thyssen decidi retirarse del pas. Para ello anunciaba el remate de 3.000 cabezas de ganado y tratar de levantar las 1.500 hectreas de soja que tiene cultivada. La estancia del mismo, Toro Blanco, est ubicada en Taba'i, departamento de Caazap, unos 300 kilmetros de Asuncin. Mencionaba que en menos de dos meses los abigeos le robaron 45 animales.

    La prensa local denunciaba a travs de sus publicaciones que traficantes de cigarrillos, vehculos y droga dominan las rutas del Chaco. Los traficantes de los citados rubros que tienen por destino el mercado argentino y boliviano trazaron caminos en el departamento de Presidente Hayes aprovechando el escaso control y lo desolado de estas zonas. Uno de los caminos utilizados es la conocida Ruta , que parte en el Km. 160 de la Transchaco y comunica con la Ruta XII a la altura de Fortn Caballero. El otro tramo es Gral. Daz y sus bifurcaciones hacia La Patria y Blas Garay hasta llegar a la frontera seca. En un aparatoso procedimiento judicial policial se decomisaron 200 cajas de cigarrillos en Fortn Caballero correspondiente a la marca Rodeo y 51 entre otros productos.

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    YACYRET Un informe de 350 pginas de la Entidad Binacional Yacyret fue remitido a la Cmara de Diputados y revela en detalles el grosero despilfarro de fondos pblicos. El documento, que en principio la Cmara de Diputados retuvo y no quiso dar a publicidad el contenido, muestra, entre otras cosas, que solo en viticos al personal superior se pag ms de 5 mil millones de guaranes entre el 2000 y junio de 2004. Adems detallan los 300 millones de guaranes que se gastaron en reparar el nuevo edificio que Yacyret compr en 2 millones de dlares y los G. 1.900 millones que se pagaron en alquiler de aviones.

    Un informe sobre Yacyret tambin fue elaborado por la Contralora General de la Repblica en el que revela multimillonario despilfarro del dinero que bien pudo haberse utilizado en programas de carcter social que tanta falta hace al pas para mitigar la aguda pobreza que afecta a una gran mayora de la poblacin. El documento fue tomado por el denominado bloque opositor que integran cuatro partidos de la oposicin con representacin parlamentaria y presentado ante la Fiscala General del Estado como una denuncia formal para que se investigue y sancione a las personas involucradas en los millonarios fraudes, algunos de ellos integrantes del gabinete de este gobierno y otros miembros de la Cmara de Senadores. Tambin se constat que la entidad binacional desde el ao 97 hasta la presentacin del informe, mediados de julio, pag 1.630.688 dlares a policas y militares bajo el argumento de servicio de vigilancia. Eso a pesar de que la Polica y los militares tienen presupuesto estatal y tienen la obligacin de cuidar intereses nacionales.

    Este emprendimiento hidroelctrico que en un momento el entonces presidente de la Repblica Argentina Carlos Sal Menem lo denomin como un "monumento a la corrupcin", motiv una reunin de parlamentarios de nuestro pas con el del vecino pas. Concretamente miembros de la comisin de Minas y Energa de Paraguay conversaron con sus pares de la Argentina para conformar una comisin binacional para investiga a fondo a la entidad. "Lo que pretendemos es crear una comisin binacional, de forma tal que podamos entrar a tallar directamente y no tengamos que recurrir a informes, ya sea a travs de Relaciones Exteriores o de Cancillera. Que ambos parlamentos nos pongamos de acuerdo cmo vamos a comenzar un proceso de investigacin profundo en la EBY y tener que manifestar y mostrar cmo se est robando la plata del pueblo", afirm el titular de la comisin de Minas y Energa, Gustavo Mussi.

    El parlamentario incluso lleg a afirmar a travs de medios de prensa que el presidente de la Repblica Nicanor Duarte Frutos, protege la corrupcin en el ente binacional al evitar que su director de entonces, Luis Fretes Escario, responda a requerimientos del Poder Legislativo ante numerosas denuncias y evidencias de persecucin a denunciantes. 34

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    Sin embargo, en una reunin entre los presidentes de Paraguay, Nicanor Duarte Frutos, y de Argentina, Nstor Kirchner, el mandatario paraguayo sostuvo que Yacyret tiene una historia estigmatizada de corrupcin, despilfarro y abusos, a causa de la voracidad de quienes le precedieron en el gobierno de nuestro pas. En tanto que el jefe de Estado del vecino pas afirmaba que "Yacyret se ha convertido en una fotografa de lo que no se debe hacer". Ambos asumieron el compromiso de transparentar la culminacin de las obras de la hidroelctrica.

    Las entidades binacionales estaban fuera del alcance de organismos de control de la Repblica. Desde hace aos se vena reclamando esa situacin, porque no permita conocer el manejo financiero tanto de Itaip como Yacyret. En marzo pasado el propio presidente de la Repblica confirmaba los despojos a la nacin en ambas hidroelctricas. Resolvi abrir Yacyret a la investigacin. Pidi a la Contralora General de la Repblica iniciar una auditoria para esclarecer los estados contables y financieros, la deuda, costo del servicio, proyeccin del flujo de fondos, estado de cuenta de las compensaciones por resarcimiento del territorio inundado, y por cesin y energa. Anunciaba tambin la misma operacin en Itaip.

    El fiscal Adolfo Marn imput por lesin de confianza al exdirector paraguayo de Yacyret, Walter Reiser, para quien solicit un embargo de 230 mil dlares, entre otras medidas alternativas de prisin. Es a raz de la sobrefacturacin del trabajo de sealizacin del aeropuerto de Ayolas, por el cual se pagaron 230 mil dlares, pese a que su costo real sera de G. 87.300.000. Esta imputacin fue sobre la base de una denuncia presentada por el Sindicato de Personal de la Entidad Binacional Yacyret, encabezada por Federico Schenk.

    El director de Yacyret actual, Carlos Miguel Goibur, y el fiscal general del Estado Osear Germn Latorre firmaron un convenio para agilizar la remisin de documentos con el fin de investigar ilcitos que se perpetraron en el ente. Existe una larga lista de hechos de corrupcin que deben ser develados y que nunca fueron investigados, ya que, segn la prensa, eran taponadas por el propio fiscal Latorre, cuya esposa, Haydee Aguad, fue contratada con un salario de "primer mundo" (G. 10.000.000 mensuales) por la binacional, cuando uno de sus principales denunciados, Walter Reiser, era el director paraguayo del ente.

    Entre los hechos irregulares que deben ser investigados se menciona la presunta compra sobrefacturada del edificio de Yacyret en Gral. Daz 831; la adquisicin de equipos informticos supuestamente "truchos"; el intento de soborno a un ex diputado nacional, Nery Pereira; el pago de 200 mil dlares por la pintura de la pista del aeropuerto de Ayolas (Misiones); la denuncia de violacin de oficinas del ente en Encarnacin, en las que guardaban documentos relacionados con la compra del edificio; el pago de grandes

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    cantidades de dinero a distintos medios de comunicacin en concepto de publicidad para la entidad, hecho que la Ley 1297/98 prohibe a las empresas estatales sin competidores. A mediados de mayo un grupo de diputados y sindicalistas de Yacyret denunci a la Fiscala que el embalse (lago) de la presa habra sido operado en forma ilegal en un lapso de 10 aos, produciendo un fraude financiero para la entidad y miles de familias paraguayas damnificadas, que se estima en 740 millones de dlares. Segn normas bilaterales vigentes, el embalse de la hidroelctrica binacional, ubicada sobre el ro Paran en el eje Encarnacin (Paraguay) - Posadas (Argentina), no debe ser mayor a 76 metros sobre el nivel del mar hasta que se completen obras sociales y medioambientales para proteger reas afectadas por las inundaciones causadas por el proyecto. La citada altura, o cota, se alcanz en 1994, mientras que las reglas de juego se fijaron en 1992, sobre la base del canje de instrumentos diplomticos (notas reversales) entre el Paraguay y la Argentina, dueos condminos de la presa.

    MS CASOS DE CORRUPCIN A mediados de julio el juez Martn Ortega y el fiscal Csar Cceres constataron que las mercaderas del megacontrabando entregadas a un particular en carcter de depositario desaparecieron. El magistrado y el agente del Ministerio Pblico se constituyeron en el lugar donde deban estar los productos decomisados en abril del 2001 y que corresponde a un cargamento de cinco semirremolques que transportaron millones de CDs, partes de computadoras y ropas usadas. El depositario de las mercaderas incautadas era Estanislao Franco de Oliveira. El cargamento junto con los camiones fue incauta