Embed Size (px)
DESCRIPTION
esto le ayudara para los q quieren saber de la guerra de el salvador
Citation preview
CAPITULO 1 – CAUSAS DE LA GUERRA
1.1 Primera Junta Revolucionaria de Gobierno
El 15 de octubre de 1979, un golpe encabezado por el autodenominado movimiento de la Juventud Militar derrocó al presidente salvadoreño en turno, el general Carlos Humberto Romero (1977-1979), poniendo fin a 17 años de gobierno del conservador Partido de Conciliación Nacional(PCN). El presidente Romero, en los dos años y medio de su mandato había enfrentado con una escalada represiva el creciente movimiento revolucionario. El golpe fue avalado por el llamado Foro
Popular, creado en septiembre anterior, en el que participaban algunas de las organizaciones que en esos momentos luchaban en las calles, como la Federación Nacional de
Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), que era la más poderosa central sindical,
perteneciente al Frente de Acción Popular
Unificada (FAPU), y las Ligas Populares "28
de Febrero" (LP-28). También estaba el Partido Comunista Salvadoreño, a través de su frente electoral, la Unión Democrática
Nacionalista, y de varias agrupaciones sindicales. Otras fuerzas del Foro Popular eran el Partido Demócrata Cristiano (El
Salvador) (PDC), el socialdemócrata Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR) y el Partido Unionista
Centroamericano (PUCA). Tras intensas y rápidas negociaciones entre los militares, el Foro Popular y miembros de la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador(CCIES) (estos últimos sin el aval oficial de la empresa privada), se creó la primera etapa de la Junta Revolucionaria de Gobierno (JRG), o Primera Junta, conformada por dos militares y tres civiles. Los militares, propuestos por la Juventud Militar y ratificados por asambleas realizadas en todos los cuarteles del país, eran los coronelesJaima
Abdul Gutiérrez y Adolfo Arnoldo Majano. Los civiles eran Román Mayorga Quiroz, a la postre rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas, de la Compañía de Jesús; Mario Andino, ex vicepresidente de la CCIES, y Guillermo Manuel Ungo, del MNR. Los dirigentes del golpe, presentaron un programa centrista de gobierno, y prometieron un serie de reformas sociales como la reforma agraria y la nacionalización de la banca y el comercio del café, (principal cultivo del país) así como el cese de la violencia de los cuerpos de seguridad contra la población civil y la implementación de un verdadero sistema democrático en el país. Se nombró un gabinete de ministros de composición plural, en el que participan antiguos opositores a los gobiernos del PCN, entre ellos, el democristiano Rubén Zamora como ministro de la Presidencia y el empresario Enrique Álvarez Córdoba como ministro de Agricultura pero también representantes de los sectores
conservadores del país como el coronel José Guillermo García, ministro de Defensa.
Aunque se esperaba que el golpe de estado y la conformación de la JRG frenarían el movimiento popular, o al menos darían un respiro, las cosas empeoraron. Aunque el PCS dio se "apoyo crítico" al gobierno y varios de sus más destacados militantes ocuparon ministerios, viceministerios y oficinas, el FAPU se lanzó a la lucha de calle junto con el Bloque Popular Revolucionario para exigir un pliego petitorio muy similar al que planteaba la Proclama de la Fuerza Armada como parte de su plan de gobierno: aumentos salariales, reforma agraria, disolución de ORDEN. congelamiento de alquileres, etcétera. Por si fuera poco, las LP-28 realizaron tomas de poblaciones periféricas, apoyadas por elEjército Revolucionario del Pueblo (El Salvador), y llamaron a la insurrección;
fueron combatidos por las fuerzas de seguridad, con importantes bajas entre sus militantes y la población civil. La represión contra la izquierda no cesó porque numerosos oficiales de la Fuerza Armada, mantenían sus lazos de colaboración con los escuadrones de la muerte (grupos ultraderechistas) bajo el nuevo gobierno, igual que antes, durante la presidencia del general Romero, ejerciendo considerable presión sobre cualquier funcionario de la Junta que intentara poner en marcha el plan de reformas prometidas. Los escuadrones de la muerte actuaban con impunidad, matando a los sospechosos de ser simpatizantes de las organizaciones armadas de izquierda e incluso a miembros del Partido Demócrata Cristiano (PDC) a pesar que éste partido apoyaba al nuevo gobierno. Dentro de la primera semana después de que la Junta tomó el poder, los organismos de derechos humanos denunciaron un centenar de muertos debido a la violencia política. Las
tomas de fábricas, de los ministerios de Trabajo y Economía, la persecución de la guerrilla contra los militantes de ORDEN (disuelta mediante decreto a los pocos días del golpe de estado), las manifestaciones diarias y los ataques a guarniciones de la Guardia Nacional en el campo se sumaron a las pugnas entre las partes gobernantes, en especial a las presiones de los civiles contra los militares, jóvenes otradicionales. Los sectores institucional y conservador el ejército, además, entraron en conflicto con los militares jóvenes, y éstos echaron en cara a sus antiguos aliados el sabotaje contra la Proclama. Así, el 28 de diciembre de 1979 se produjo una reunión entre los miembros del gabinete civil, la JRG y representantes de los diferentes sectores del ejército, que terminó en un enfrentamiento que llevó a la ruptura de la Primera Junta. La espiral de violencia entre los grupos armados de izquierda, los escuadrones de la muerte y los cuerpos de seguridad continuó durante noviembre y
diciembre de 1979; el país vivía un ambiente de pre-guerra, mientras la esperada reforma agraria tardaba en implementarse. Entretanto, las contradicciones internas dentro de la Junta pronto se hicieron evidentes, con el Coronel Majano representando, el punto de vista de los sectores militares progresistas y el Coronel Gutiérez que representaba más la opinión de los sectores conservadores de la Fuerza Armada. Entre el 2 y el 5 de enero de 1980, los 3 miembros civiles de la Junta, dimitieron, junto con el gabinete de ministros, excepto el ministro de defensa, coronel García. El 2 de enero, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero celebró una reunión de mediación, que fracasó: en ese momento, paralelamente, estaban renunciando varios miembros del gabinete, y las dimisiones continuarían durante la siguiente semana.
1.2 ¿Por qué la reforma agraria era contrainsurgente?
Aspectos positivos
Redistribución de un 25% de la tierra agrícola.
En las haciendas mayores expropiadas se establecieron grandes cooperativas de producción.
Un 5.8% de las familias han sido beneficiadas por la reforma agraria
los campesinos tienen que pagar durante 30 años por la tierra entregada.
El sector agrícola muestra una recuperación en su crecimiento (1.4% anual) en contraste con la reducción en la década de los ´80 (1.4% anual)
Aspectos negativos
Difícilmente se podría impulsar una reforma agraria eficaz cuando soldados y guerrilleros ya estaban enfrentándose en diversas zonas rurales del país.
Afecto aproximadamente a un 16% de las tierras agrícolas del país, sobre todo en las zonas central y oriente
Quedaron afectados los inmuebles que a la fecha de la vigencia de la referida ley estuviesen explotados por fines de uso agrícola.
La reforma agraria fue sólo un pretexto que fue aprovechado por los comunistas, para ganarse el apoyo del campesinado, aunque después las tierras terminaban en poder del Estado y los campesinos bajo el yugo estatal.
La reforma originó un baño de sangre.
En El Salvador, más de la mitad de los beneficiarios han recibido parcelas de tierra de menos de 2 hectáreas, tierra que no se puede sembrar anualmente por su ubicación en zona de declives y bajo nivel de fertilidad
La reforma agraria "a la Prosterman" condena al campesinado a tierras no sirven ni siquiera para la subsistencia de sus familias.
El producto interno bruto descendió -0.4%
La agricultura cayó -0.7% anual en los años 80.
La pobreza permaneció constante en el campo durante los años 80
Perdida de la importancia relativa del sector agrícola dentro de la estructura productiva como de empleo de los países
Falta de infraestructura en zonas rurales y escasa innovación tecnológica
Reducción de la importancia del sector agrícola
Disminución del salario real en la agricultura
Disminución del empleo en este sector
1.3 Nacionalización de la banca y del comercio exterior
Aspecto positivo de la Nacionalización de la Banca
La banca nacionalizada continuó canalizando sus recursos mayoritariamente a las grandes empresas de exportación tradicionales, al comercio y la industria manufacturera y en base a períodos de concesión fundamentalmente cortoplacistas y con el predominio de garantías hipotecarias
fue creado el Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero.
Se promulgo la ley nº 158 para que la canalización de los ahorros se orientara a promover el bienestar general de la población
se "reestructuró el sistema financiero para volverlo capaz de contribuir a los esfuerzos que en adelante debería realizar el Gobierno, para acelerar el proceso de desarrollo económico y social del país".
las políticas aplicadas por el Gobierno reformista tampoco beneficiaron al sector, ya que trasladaban el excedente de la agro
exportación a otros sectores más protegidos como la industria y el comercio
Aspectos negativos de la Nacionalización de la Banca
Los intereses del conflicto político militar determinan la dirección de esa nacionalización bancaria.
El monto de la mora se triplicó en un período de 10 años, pasando de 245.2 millones en 1980 a 786.7 millones en 1988.
incrementa la desconfianza al sistema bancario salvadoreño y se produce una fuga permanente de capitales hacia el exterior.
El nacionalizar los bancos no disminuyo el descontento del pueblo
A manera de ley este banco debía de contar con "los depósitos del Gobierno y el 10% del dinero de los bancos debe de estar a disposición del BCR […]" Lo cual no produjo un
mayor beneficio al pueblo ya que este dinero posteriormente fue robado
El nacionalizar los bancos no disminuyo el descontento del pueblo
A manera de ley este banco debía de contar con "los depósitos del Gobierno y el 10% del dinero de los bancos debe de estar a disposición del BCR […]" Lo cual no produjo un mayor beneficio al pueblo ya que este dinero posteriormente fue robado
Aspectos positivos de la Nacionalización de Exportaciones
Los ingresos provenientes del sector agro exportador también constituían la principal fuente de ingresos del estado
Los ingresos provenientes del sector agro exportador también constituían la principal fuente de acumulación de capital de la economía salvadoreña.
extraía el excedente que servía para generar inversiones.
El sector agro exportador por lo demás, era una de las principales fuentes de empleo en el sector agropecuario.
En el plano político, la economía agro exportadora contribuyó a la configuración de sistemas autoritarios y no participativos, debido en buena medida, a la necesidad del mismo modelo de utilizar métodos represivos para asegurar la disponibilidad de mano de obra requerida por los cultivos de agro exportación
Aspectos negativos de la Nacionalización de Exportaciones
Acabó perjudicando sobre todo a los productores
Cargó con un aumento de los costes de producción
Sufrían constantes retrasos en los pagos
Los procesadores solían cobrar siempre por adelantado.
No implicó, sin embargo, el inicio de un proceso real de democratización.
A lo largo de los años 80, el modelo fue afectado por una profunda crisis económica y social, por el masivo ingreso de recursos externos, y por los efectos conflicto armado.
El ingreso masivo de recursos externos, proveniente principalmente de las remesas familiares que envían los salvadoreños viviendo en Estados Unidos es el elemento principal que provocó el fin de la economía agro exportadora en El Salvador.
1.4 Evolución Histórica de los Partidos Políticos.
Partido Demócrata Cristiano [PDC]
El Partido Demócrata Cristiano de El Salvador (PDC), es un partido político de ideología humanista cristiana fundado el 25 de noviembre de 1960, que durante décadas desempeñó un importante papel en la historia política de El Salvador. Su fundador y primer secretario es Abraham Rodriguez y los primeros seguidores de él fueron José Ítalo Giammatei, Vicente Vilanova, Guillermo Manuel Ungo (padre), Julio Adolfo Rey Prendes y José Napoleón Duarte. Antes de la fundación del partido se reunían grupos de personas para estudiar la doctrona social de la iglesia, por eso se le llamo demócrata cristiano.
El PDC se fundó como un partido opositor al régimen militar. Sin embargo, en 1961 se le
propuso a su dirigencia llevar como candidato al coronel Julio Adalberto Rivera para las elecciones de 1962. El PDC se negó, pero varios de sus fundadores (como Vilanova y Giammatei) se separaron y contribuyeron a la fundación del Partido de Conciliación Nacional, que administraría varios gobiernos militares hasta 1979. El PDC se propuso ocupar un lugar en el centro del espectro político de El Salvador, entre el oficialista Partido de Conciliación Nacional (PCN) y los grupos de la izquierda, como el Partido Comunista Salvadoreño y el Partido de Acción Renovadora (PAR). En 1964, el ingeniero José Napoleón Duarte fue electo Alcalde de San Salvador. Duarte mantuvo el cargo hasta 1970 y se convirtió en el líder más visible de la oposición antimilitarista.
En 1972, el PDC formó una alianza conocida como Unión Nacional Opositora (UNO) junto con el socialdemócrata Movimiento Nacional Revolucionario (MNR) y la Unión Democrática
Nacionalista (UDN), frente abierto del Partido Comunista Salvadoreño, y presentó como candidato presidencial a Duarte. Muchos historiadores consideran que la UNO ganó la elección, pero las autoridades electorales proclamaron la victoria del Coronel Arturo Armando Molina, candidato del PCN, en medio de las acusaciones de fraude.
En las comicios presidenciales de 1984, José Napoleón Duarte, como candidato del PDC, ganó la Presidencia de la República, venciendo a Roberto D'abuisson, de ARENA. Duarte gobernó hasta el 1 de junio de 1989, hasta unos meses antes de su muerte, debida al cáncer, en medio de la guerra civil y una severa crisis económica. Posteriormente en las elecciones de 1989, el candidato democristiano Fidel Chávez Mena fue derrotado por Alfredo Cristiani, de ARENA.
El PDC pasó nuevamente a la oposición y sufrió una serie de crisis internas que lo llevaron a convertirse en un partido político minoritario.
En las elecciones presidenciales de 2004, estuvo a punto de perder el registro electoral por no lograr el tres por ciento de votos que exige como mínimo la ley electoral vigente. Gracias a una serie de maniobras políticas, en alianza con su antiguo rival, el PCN, el PDC logró mantenerse activo en la vida política.
Partido de Conciliación Nacional [PCN]
El Partido de Conciliación Nacional (PCN) es un partido político conservador de El Salvador. Fue fundado el 30 de septiembre de 1961, a instancias del Coronel Julio Adalberto Rivera, quien ocuparía la Presidencia de le República al año siguiente como candidato de esa agrupación. Originalmente Rivera pensaba llegar a la Presidencia a través del recién fundado Partido Demócrata Cristiano, pero éste, en sus fundamentos, contaba con un fuerte elemento antimilitarista y rechazaba cualquier alianza con la institución armada para llegar al poder. Se produjo entonces una escisión dentro del PDC, y varios de sus
fundadores participaron en la creación del PCN, como José Ítalo Giammatei y José Vicente Vilanova, junto con otras figuras de la derecha, como el diplomático Francisco José Guerrero y Enrique Sol Meza.
Aunque el PCN fue considerado durante años como partido de los militares, la mayor parte de su dirigencia estaba formada por políticos profesionales civiles. Su objetivo era lograr una amplia alianza de los diferentes sectores sociales, en una estructura corporativa similar a la del Partido Revolucionario Institucional de México, en vista de los serios problemas que se habían producido en los años anteriores, a la luz de la triunfante Revolución Cubana y en el marco de conflictos estructurales de larga data. En suma, el PCN se planteó como un partido de derecha populista y anticomunista, que debía continuar la línea de los antiguos partidos oficiales, el Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD), que llevó al poder a los presidentes Óscar Osorio (1950-
1956) y José María Lemus (1956-1960), y Pro Patria, creado en la época de Maximiliano Hernández Martínez (1931-1934 y 1935-1944). En su declaración de principios se define como defensor de los postulados de nacionalismo, democracia, justicia social y conciliación nacional.
El PCN tuvo su primera participación electoral en los comicios para la Asamblea Constituyente que se realizaron en diciembre de 1961, en las que obtuvo la totalidad de los escaños en disputa. Ganó las elecciones presidenciales de 1962 llevando como candidato al Coronel Julio Adalberto Rivera, quien gobernó hasta 1967. Luego mantuvo la Presidencia de la República con el general Fidel Sánchez Hernández (1967-1972), el Coronel Arturo Armando Molina (1972-1977) y el General Carlos Humberto Romero (1977-1979), a pesar de las graves acusaciones de fraude, en las elecciones de 1972 y 1977.
Durante los gobiernos del PCN se instrumentó una serie de políticas desarrollistas en el área económica, aprovechando los períodos de bonanza en los precios del café, mientras, en el campo político se reprimía violentamente a todos los grupos de izquierda y a las fuerzas de oposición centristas como el Partido Democráta Cristiano (PDC) y el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). La represión de las fuerzas opositoras y los fraudes electorales en los comicios presidenciales de 1972 y 1977 desacreditaron a los gobiernos del PCN ante amplios sectores de la población, y la creación y fortalecimiento de los grupos guerrilleros de izquierda (FPL, ERP y RN) a lo largo de la década de los 70 provocaron una grave crisis política que terminó con el Golpe de Estado del 15 de octubre de 1979 que significó el fin de los gobiernos del PCN, a la llegada de la Junta Revolucionaria de Gobierno. El borrador original de la Proclama del golpe de 1979 preveía la disolución del PCN, juunto con
ORDEN, pero hubo presiones políticas que lo impidieron y lo mantuvieron en un limbo político durante los años de la guerra civil.
A partir de la instauración de la democracia en El Salvador en 1982, el PCN se reorganizó y desde entonces ha participado en todos los procesos electorales, logrando buenos resultados sobre todo en las zonas rurales de El Salvador, donde mantiene sus votantes tradicionales. Desde 1989 ha actuado como aliado del partido gobernante, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y a partir de las elecciones legislativas de 1997 es la tercera fuerza política de El Salvador por su número de diputados en la Asamblea Legislativa.
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)
Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) es un partido político salvadoreño conservador en lo político, y neoliberal en lo económico, que gobierna El Salvador desde 1989. Fue fundado en los años 1980 por Roberto d'Aubuisson, quien fue mayor del ejército salvadoreño y ha sido acusado de ser fundador de los escuadrones de la muerte; además de ser señalado como autor intelectual de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el Informe "De la Locura a la Esperanza", de la Comisión de la Verdad, entidad que se formó con posterioridad a la finalización del conflicto, para investigar crímenes cometidos contra la población civil.
El partido surgió como una respuesta a la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, de ideología comunista, el cual procuraba, a través de las armas, deponer al gobierno e instalar un régimen estatal inspirado en los gobiernos de
Cuba revolucionaria y de la Nicaragua sandinista.
Por su fuerte línea anticomunista, ARENA tuvo el apoyo de algunos miembros del Partido Republicano de los Estados Unidos, como el ex-senador estadounidense Jesse Helms, quien apoyó a d'Aubuisson en el proceso de desarrollo del partido. En su ideario, el partido afirma creer en un sistema de gobierno democrático y representativo, enfatizando los derechos individuales, la familia como núcleo de la sociedad y el respeto a la propiedad privada. Durante la década de los 80, se acusó a miembros del partido de participar en la organización y financiamiento de los escuadrones de la muerte (comandos paramilitares de ultraderecha) que produjeron masacres y crímenes contra población civil. Un escándalo sacudió al partido en 1986 cuando Orlando Llovera Ballette e Isidro López Sibrián, personas vinculadas al líder arenero Roberto d'Aubuisson fueron juzgados y condenados por
el secuestro de varios empresarios. En 1989, durante los primeros meses del gobierno de ARENA fue asesinado, el jesuita defensor de los derechos humanos Ignacio Ellacuría y otros cinco compañeros sacerdotes.
Desde 2004, la máxima dirección del partido ARENA, ha estado en manos de Elías Antonio Saca, como presidente del partido y René Figueroa, como vicepresidente de ideología.
Dada la política de gobierno conservador, El Salvador mantiene buenas relaciones con gobiernos afines tal como los Estados Unidos. Uno de sus "mayores logros" en el año 2006 fue una extensión de programa de permiso de trabajo temporal (TPS, por sus siglas en inglés), así como la aprobación del tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y los países centroamericanos, siendo este un paso para concretar el proyecto del Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Los detractores del partido ARENA cuestionan la
total fidelidad del partido al modelo económico neoliberal.
Capitulo II
2.1 estrategias de insurgencia y contrainsurgencia desde la ofensiva de 1981 hasta mediados de 1984.
ANALIZAR EL ORIGEN DEL FMLN Y LA ONFENSIVA DE 1981ANALIZAR LA ASISTENCIA MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS: OBJETIVOS Y MONTOS.
El 10 de enero de 1981, el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional lanzó lo que llamó una "ofensiva final", después rebautizada como "ofensiva general", contra el gobierno salvadoreño, encabezado por la Junta Revolucionaria de Gobierno. El objetivo declarado era la toma del poder antes de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Ronald
Reagan, que ocurriría el 20 de enero de ese mismo año.
El FMLN se había fundado el 10 de octubre de 1980, y en diciembre se había integrado el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC). Por lo menos desde enero de ese mismo año se estaba preparando la plataforma para un Gobierno Democrático Revolucionario
(GDR), que se instrumentaría tras la toma del poder. El GDR fue presentado el 24 de febrero de ese año por la Coordinadora
Revolucionaria de Masas (CRM).
Mientras la Dirección Revolucionaria
Unificada preparaba los aspectos militares,
políticos y diplomáticos de la ofensiva, desde el 22 de enero, a través de la CRM, la izquierda comenzó un intenso trabajo de lucha de calle con una gigantesca manifestación (entre 200,000 y 350,000 personas), que fue reprimida por los cuerpos de seguridad del gobierno. Desde el 30 de marzo, tras la matanza ocurrida durante los funerales del arzobispo Óscar Arnulfo
Romero, asesinado el día 24 de ese mes, las organizaciones de masas comenzaron a replegarse de las calles, pero muchos de sus militantes y cuadros pasaron a engrosar las filas de las organizaciones político-militares, con miras a la "ofensiva final". Los sindicatos afiliados a la CRM también efectuaron diversos "ensayos" de huelga general; se activaron grupos de choque para proteger las manifestaciones y hubo un auge de los comandos urbanos. Por su parte, con la mayor parte de sus dirigentes exiliados, el Frente
Democrático Revolucionario, en alianza
con el FMLN, lanzó una campaña diplomática en Europa, América Latina, Estados Unidos y el norte de África destinada a lograr simpatía internacional hacia el movimiento revolucionario. Entre otras medidas, se presentó una moción para que se reconociera como fuerza representativa y beligerante al FMLN ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque no fructificó, el 30 de agosto de ese año llevó a la Declaración
México-Francia de reconocimiento del FMLN como representativa del pueblo salvadorelo, un tanto tarde ya para los objetivos de la ofensiva.
La respuesta del régimen fue implacable. Además del asesinato de figuras políticas y morales de gran peso, como el arzobispo Romero, los llamados "escuadrones de la muerte" fueron activados al máximo, y buena parte del movimiento popular fue descabezado, sin contar con los asesinatos de militantes de base y de sus familias. Fue el
año en que se lanzaron las mayores y más frecuentes ofensivas militares contra las zonas de influencia de la guerrilla y se crearon los primeros batallones de élite. La culminación de esta campaña fue el asesinato, en noviembre de 1980, de seis de los principales dirigentes del FDR: Enrique Álvarez
Córdova, presidente de la alianza; Juan
Chacón, secretario general del Bloque
Popular Revolucionario; Manuel de
Jesús Franco, dirigente de la Unión
Democrática Nacionalista; Enrique
Escobar Barrera, del Movimiento
Nacional Revolucionario; Humberto
Mendoza, del Movimiento de Liberación
Popular, y Doroteo Hernández, líder de la Unión de Pobladores de Tugurios, dependiente del BPR.
Aun así, el 20 de diciembre de 1980, en Managua, el presidente del FDR, Guillermo Manuel Ungo, declaró que pronto se daría a conocer la conformación del gobierno que
tomaría el poder tras la ofensiva que se avecinaba, y diferentes comandantes guerrilleros aseguraron que la ofensiva culminaría con la toma del poder antes de la juramentación de Ronald Reagan.
El 10 de enero de 1980, el FMLN y el FDR dio a conocer un escueto comunicado por todo el mundo: "A las 5 de la tarde de hoy se inició la ofensiva general. El enemigo está perdido; lo tenemos rodeado; la justicia popular ha llegado."
Los combates comenzaron con el ataque a varias de las guarniciones más importantes del país, como la de San Francisco Gotera, en Morazán, y las de San Miguel, Santa Ana, Zacatecoluca y varias de San Salvador. En ese momento quedó claro que, pese a todos los preparativos, las fuerzas del FMLN no estaban listas para el combate frontal contra el ejército y los cuerpos de seguridad, y lo que debía ser una rápida victoria se convirtió en un impasse que corría en contra de las fuerzas
revolucionarias, pues el gobierno salvadoreño recibió un rápido y masivo apoyo militar del gobierno estadounidense, aún encabezado por James Carter.
El FMLN había confiado también en que los ataques contra el ejército provocarían insurrecciones locales por todo el país, pero éstas no se produjeron. En la capital se declaró la huelga general y hubo combates de calle entre las fuerzas de seguridad y comandos urbanos y milicias, pero la población tampoco se levantó, y para el 20 de enero, día de la toma de posesión de Reagan, la ofensiva había fracasado. Los combates continuarían durante algunos días más, en especial en las zonas rurales.
Según diferentes valoraciones, fueron varios los factores que determinaron el fracaso de la "ofensiva final" u "ofensiva general". La más importante fue la desarticulación de las dirigencias de los movimientos de masas y el traslado de sus cuadros más eficaces a las
instancias militares. Luego, las organizaciones político-militares declararon dentro del FMLN una cantidad mucho mayor de sus fuerzas reales, y los planes se hicieron con base en esto; se confiaba en que la población insurreccionada compensaría la falta de efectivos guerrilleros. Además, por la desconfianza existente entre las propias organizaciones guerrilleras y de masas, no se estableció un mando común, un estado mayor general o mecanismos de coordinación sobre el terreno, y cada una actuó por su lado, sin mantener informadas a las demás. No se establecieron mecanismos de logística, y los incipientes comités de barrio no contaban con líderes, planes de acción concretos ni mecanismos de lucha prestablecidos.
El FMLN, en fin, jugó a la carta de la "ofensiva final" toda la energía organizativa acumulada a lo largo de una década. La derrota llevó a un replanteamiento de los mecanismos de lucha, que quedaron prácticamente destruidos, y de
la estrategia revolucionaria insurgente. Este replanteamiento llevó no sólo a un reforzamiento militar del FMLN, con un énfasis menor en el movimiento popular y político, sino también a pugnas entre y dentro de las organizaciones político-militares. Una de las consecuencias extremas de las discusiuones sería el asesinato en Managua, el 6 de abril de 1983, de la comandante Mélida
Anaya Montes, "Ana María", y del comandante Salvador Cayetano Carpio, "Marcial", los principales dirigentes de la más poderosa organización del FMLN, las Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí".
2.2 estratega de insurgencia y contrainsurgencia desde 1984 hasta 1989.
ANALIZAR LA ASISTENCIA MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS: OBJETIVOS Y MONTOS.
REFLEXION DE LOS APORTES DE LOS DIALOGOS DE LA PALMA, AYAGUALO Y LA NUNCIATURA: ¿MEDIDAS PARA LOGRAR EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO O ESTRATEGIA DE CAMPAÑA POLITICA EN EL SALVADOR Y USA.
De 1981 a 1984 se generaliza la guerra civil. El FMLN consolida sus posiciones en aproximadamente una tercera parte del país (el territorio salvadoreño tiene casi22.000 km. cuadrados, por lo que el territorio de influencia insurgente es de 7.000), principalmente en el Norte y Oriente: los departamentos de Morazán, Chalatenango, parte de La Unión, Cabañas, San Miguel, Usulután y en el cerro Guazapa. Desde 1981 los protagonistas de dicha guerra son tres: las fuerzas gubernamentales, los EE.UU. y la alianza FDR-FMLN; las fuerzas armadas de El
Salvador y EE.UU. actúan fusionadas en el esfuerzo militar contra la insurgencia. La intervención norteamericana, justificada por motivos de seguridad nacional, mediante el razonamiento de que no puede repetirse otra situación como la nicaragüense, se basa en la dirección estratégica de la guerra a través del US. Military Group y su total financiamiento. El US. Military Group dirige el conjunto de las acciones de las fuerzas armadas de El Salvador, a la vez que les provee de todo el equipo bélico necesario y entrena a sus efectivos, a través de los diversos programas de asesoría y asistencia. Durante el conflicto armado, Entre las más notables modificaciones estructurales de la economía salvadoreña se encuentran la participación económica de los salvadoreños residentes en EE.UU. y la incidencia directa de la asistencia económica y militar de EE.UU. en la balanza de pagos. Estos dos factores, producto directo de la guerra civil, eran prácticamente
inexistentes al inicio del conflicto y en la actualidad son el pilar de la economía y el gobierno. Sin ellos muy probablemente la economía habría sucumbido.
Esta situación llevó al gobierno de EE.UU. a aceptar cambios en el manejo político para nuestro país, buscando crear una alternativa al estilo agotado de la dictadura militar tradicional por otro esquema con cierta apertura política, pero siempre obediente al imperio, con el objeto de quitar las banderas de lucha del movimiento revolucionario y evitar una cadena de revoluciones de corte socialista en la región. Así se planifica el golpe de estado en octubre de 1979, dando fin a la época del PCN. La Junta de Gobierno cívico-militar que se instala tiene vida efímera, las contradicciones políticas, incluso dentro del ejército y la injerencia norteamericana llevan a la derechización del proceso, obligando la salida de sus componentes democráticos. Así se llega a la conformación de una 2ª Junta en
la cual aparece como figura central el conocido político democristiano Napoleón Duarte, que regresa del exilio en Venezuela y al cual la embajada de los EE.UU. le confió el manejo de la situación. Duarte rompe la vieja alianza de su partido con las fuerzas democráticas, incluso soporta una fractura política interna y acepta el papel que le es asignado por el imperialismo y las Fuerzas Armadas La asistencia de EE.UU. se dedica en un 70% al esfuerzo bélico y solo un 30% se destina al beneficio de la población. La asistencia militar, a su vez, se reparte entre el esfuerzo de entrenamiento a los miembros de las fuerzas armadas, la dotación de equipo militar y las necesidades auxiliares de la guerra, como reconstrucción de caminos y puentes - para facilitar el tránsito de tropas -. Para evitar el derrumbe del ejército, EE.UU. ha propiciado su reestructuración total, favoreciendo su profesionalización. En 1979 sus efectivos eran de 15.000, incluidos los
cuerpos de seguridad; en 1987 suman 56.000. Asimismo, se ha fortalecido notablemente a la fuerza aérea, por la importancia que tiene para la contrainsurgencia. Entre las modificaciones sustanciales, producto de la estrategia norteamericana, se pasa, a nivel organizativo y técnico, comparando 1979 con 1987: de 13 batallones de maniobra a 41; de 28 aviones de combate a 63; de 5 helicópteros a 72 y de 4 barcos de guerra a 33.
2.3 ofensiva de 1989 y sus consecuenciasLA NUEVA ESTRATEGIA DE DIALOGO DE LA ADMINISTRACION CRISTIANI: DIALOGOS DE MEXICO Y SAN JOSE.LA OFENSICA DE 1989, CAUSAS (POLITICAS: LA NEGATIVA DE LA ADMINISTRACION CRISITANI A CONTINUAR EL DIALOGO); CONSECUENCIAS POLITICAS DEL ASESINATO DE LOS JESUITAS.
A las 8 de la noche del sábado 11 de noviembre de 1989, el FMLN desencadena la mayor ofensiva registrada a lo largo del conflicto, ésta ocurre a los pocos días del atentado con dinamita en la sede de FENASTRAS. La magnitud de la ofensiva sobre la capital y otras ciudades lleva a decretar el estado de excepción. A partir del 13 de noviembre se establece el toque de queda de 6 pm a 6 am <<NP: Americas Watch señaló que, "...al parecer, tanto el Gobierno como el FMLN han violado las normas de guerra durante la primera semana de la ofensiva.
La ofensiva de 1989 fue uno de los episodios más violentos en el desarrollo de la guerra. La guerrilla se escuda dentro de sectores densamente poblados durante la refriega y zonas urbanas son blanco de bombardeos aéreos indiscriminados. Se materializan violaciones como la detención, la tortura, el asesinato y la desaparición de cientos de
personas de la población civil no combatiente como consecuencia de la crítica circunstancia que atraviesa el país. En ese marco se lleva a cobo el asesinato de los sacerdotes jesuitas y dos mujeres.
Dos tendencias contradictorias afectan a la sociedad salvadoreña en el año 1989. De un lado se acentúan los actos de violencia y las denuncias por violaciones a los derechos humanos y de otro, se adelantan las conversaciones entre representantes del Gobierno de El Salvador y miembros de la dirección del FMLN, con miras a lograr una solución negociada y política del conflicto.
El FMLN continúa con su propia política de "ajusticiamientos" y amenazas en contra de los alcaldes, provocando el abandono de las funciones de los alcaldes, que afectan a una tercera parte del país <<NP: Op. Cit., NNUU,
"Informe del Enviado Especial a la Com. de DDHH", 1989, p.11.>>. Por otro lado, se incrementan los asesinatos por motivos políticos, la mayoría de los cuáles se atribuyen a los rebeldes. Los casos que causan mayor conmoción fueron el asesinato del ex-comandante de la guerrilla, Miguel Castellanos (17 de febrero) (Ver el Cap. IV), la ejecución del Dr. Francisco Peccorini Letona, el Fiscal General de la República, Sr. Roberto García Alvarado, y el asesinato el día 9 de junio del Dr. José Antonio Rodríguez Porth, quien días antes había asumido el cargo de Ministro de la Presidencia, junto al chofer de su vehículo y un acompañante. El Dr. Rodríguez Porth, quien tenía 74 años, fue herido de varios disparos frenta a su casa, falleciendo poco tiempo después en el hospital. Este acto, probablemente fue cometido por el FMLN. También se produjeron el asesinato de lideólogo conservador Edgar Chacón; la ejecución de
Gabriel Eugenio Payés Interiano <<NP: Edgard Antonio Chacón era presidente del Instituto de Relaciones Internacionales, columnista, de conocidas convicciones radicalmente anti-comunista. El 30 de junio mientras conducía su automóvil con su esposa, es atacado y muere al recibir varios impactos de bala.
Capitulo 3:Proceso de diálogo y negociación
Pese a que históricamente se reconoce que el precedente oficial de los Acuerdos de Paz de Chapultepec se dio en 1989, hubieron negociaciones previas que sin dar mayores resultados, sentaron las bases para las negociaciones formales y productivas.
Primeras negociaciones
Los Acuerdos de Paz fueron el resultado de un largo proceso de negociación entre el Gobierno y el FMLN que se había iniciado a mediados de la década de los 80. Los primeros encuentros
de diálogo se desarrollaron en La Palma, Chalatenango el 15 de octubre de 1984; Ayagualo, La Libertad el 30 de noviembre
de 1984; Sesori, San Miguel el 19 de
septiembre de 1986 y la Nunciatura
Apostólica de San Salvador el 4 de octubre
de 1987 entre el presidente José Napoleón
Duarte y funcionarios gubernamentales con delegados de la dirigencia del FMLN. Aunque en los primeros encuentros de diálogo no se consiguió ningún acuerdo concreto, se logró poner sobre la mesa la posibilidad de una solución negociada al conflicto.
Ronda de La Palma, Chalatenango: el 15 de octubre de 1984 hubo un primer acercamiento entre las partes en conflicto en la ciudad norteña de La Palma. Dicha reunión dio como resultado el "Comunicado Conjunto de La Palma"; la delegación del Gobierno fue integrada por el Presidente de la República; por su parte, la delegación de la guerrilla fue encabezada por el Doctor Guillermo Manuel
Ungo y actuando como moderador monseñor Arturo Rivera y Damas, Arzobispo de San
Salvador. La declaración fue escueta y vaga; sin acuerdos firmes y con el único logro de constituirse en un acercamiento político.
Ronda de Ayagualo: se dio el 30 de noviembre de 1984, en Ayagualo, departamento de la Libertad. Las comisiones fueron presididas por el doctor Abraham Rodríguez y el doctor Rubén Zamora, por el gobierno y la guerrilla respectivamente] Como mediadores se presentaron los moseñores Arturo Rivera y Damas, Giacomo Otonello y Gregorio Rosa Chávez. En dicha reunión se emitió el "Comunicado Conjunto de Ayagualo", el cual manifestaba la disponibilidad al diálogo entre las partes y el compromiso de continuar negociando
Ronda de Sesori: se había fijado para el 19 de septiembre de 1986 y los representantes del gobieron y la guerrilla fueron Rodolfo Antonio Castello Claramount y Jorge Villacorta
respectivamente; siempre bajo la mediación de monseñor Rivera y Damas. Sin embargo, no se realizó por un quiebre en las negociaciones. Fue hasta varios meses después que se reanudó el proceso en una reunión privada en Panamá, donde se acordó la evacuación al exterior de 42 lesionados de guerra del FMLN el día 29 de
enero de 1987 y el canje del Coronel Omar Napoleón Ávalos por 57 guerrilleros detenidos.
Ronda de la Nunciatura: se llevó a cabo el 4 y 5 de octubre de 1987. Bajo la ya acostumbrada mediación de monseñor Rivera y Damas, representó al gobierno Fidel Chávez Mena y a la guerrilla, Salvador Samayoa. En dicha reunión se emitió el "Comunicado Conjunto de la Tercera Reunión de Diálogo", el cual expresaba la voluntad de buscar un cese al fuego y de respaldar las decisiones tomadas por el Grupo Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela), el cual buscaba la pacificación en Centro América.
Intervención internacional
En junio de 1989, el gobierno del presidente Alfredo Cristiani, convocó a una reunión de diálogo que se realizó el 15 de septiembre de ese año en la Ciudad de México; allí se acordó la solicitud conjunta de mediación dirigida al Secretario General de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar quién tras consultar al Consejo de Seguridad, nombró como representante especial al peruano Álvaro
de Soto. El 11 de noviembre de 1989, el FMLN lanzó una ofensiva general para demostrar su fuerza militar. La ofensiva fue contenida por la Fuerza Armada, que sin embargo sufrió gran cantidad de bajas. Tras esta batalla, muchos analistas consideraron demostrada la imposibilidad de la victoria militar de cualquiera de las dos partes en contienda.
Acuerdos para la negociación
El 4 de abril de 1990, se celebró una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, donde se firmó un acuerdo que fijó el conjunto de normas a
seguir en el proceso de negociación y se estableció la voluntad de ambas partes, Gobierno y FMLN, de alcanzar una solución negociada y política al conflicto bélico. Además, se fijaron los objetivos de la negociación:
Terminar el conflicto armado por la vía política;
Impulsar la democratización del país;
Garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos;
Reunificar a la sociedad salvadoreña.
El 21 de mayo de 1990, en una nueva reunión en Caracas, Venezuela, se estableció la agenda general de negociaciones y los temas que serían sometidos a discusión. Se crearon dos delegaciones negociadoras: la gubernamental formada por David Escobar
Galindo, Abelardo Rodríguez, Oscar
Santamaría, el militar Mauricio Ernesto
Vargas y la del FMLN formada por los comandantes guerrilleros Schafik Handal,
Joaquín Villalobos, Salvador Sánchez
Cerén, Eduardo Sancho Castaneda, Francisco Jovel, Salvador Samayoa, Nidia
Díaz y Juan Ramón Medrano.
Acuerdos firmados para la finalización de la guerra
El 26 de julio de 1990 se firmó el Acuerdo de
San José, en Costa Rica, el cual estableció un compromiso para respetar los Derechos
Humanos por parte de las fuerzas en contienda, poniendo fin a prácticas como los asesinatos selectivos y la desaparición forzada de personas. Además, dio origen a la resolución 693 (1991) del Consejo de Seguridad para la formación de una misión de observación para la resolución del conflicto. Dicha comisión estaría integrada por civiles, militares y policías que velarían, cada uno en su campo, por el correcto funcionamiento del proceso de paz.
El acuerdo de San José dejó al descubierto la primera crisis en la negociación. El puno más
álgido era la distribución de las tierras en un país pequeño y sobrepoblado. Dado que el problema era de orden constitucional, la solución circundaba dos opciones; por un lado, modificar la constitución para que pudiesen ser incorporados los artículos más adelante; o también, incorporar las modificaciones directamente ignorando las disposiciones constitucionales sobre modificación. La crisis vino por parte de los grandes terratenientes, que con el reordenamiento de posesión de tierras, acababan francamente perjudicados. La negociación arrojó la decisión de modificar la constitución directamente, pero sin transgredir los procedimientos establecidos. En El Salvador, para que una modificación a la constitución esté en vigor, debe ser ratificada por dos Asambleas Legislativas distintas; en tal sentido, para que la asamblea vigente lograse aprobar dichas reformas, debían estar listas antes del 30 de abril de 1991, fecha en la que acababa su periodo legislativo. Dicha
decisión obligó a los negociadores y legisladores a extenuantes jornadas a fin de obtener acuerdos a tiempo.
El 27 de abril de 1991 se firmó el acuerdo de Ciudad de México, donde se dieron por finalizadas las negociaciones en lo que respectaba a tenencia de tierras y se incluyeron reformas constitucionales de orden judicial, militar, electoral y de Derechos Humanos. En una jornada legislativa sin precedentes en el último día de su gestión, la asamblea constituyente ratificó las reformas constitucionales salvo las referentes a la Fuerza Armada, lo cual generó una nueva crisis. Tras dicha jornada se dio una condición sin precedentes en lo que iba de conflicto; por primera vez el gobierno se flexibilizaba a cambiar la constitución en aras de la finalización de la guerra y el FMLN aceptaba, por fin, la vigencia de la Constitución.
El 26 de julio de 1991 se estableció formalmente ONUSAL para la verificación del
respeto a los Derechos Humanos. Desde el 1 de
enero de 1991 se había establecido una oficina que preparó las condiciones mínimas de funcionamiento de la misión, siendo dotada de abogados, educadores, verificadores de Derechos Humanos, personal militar y civil. Pese a que el acuerdo de San José establecía que la misión se instauraría después del cese al fuego, ambas partes en contienda pidieron a Naciones Unidas que se pusiese a funcionar antes de lo planificado.
Pese a la llegada de la misión de Naciones Unidas, los encuentros de negociación entre el gobierno y la guerrilla era estériles dado que había un punto inconcluso en lo referente a la Fuerza Armada. El FMLN exigía para bajar las armas, que la Fuerza Armada cumpliese sus compromisos de reducción de efectivos y de acoso militar hacia las fuerzas beligerantes; se buscaban garantías de reincorporación de los combatientes guerrilleros a la sociedad civil, en el marco de la legalidad y seguridad
particular.[28] Para tales efectos, se dio la intervención directa del Secretario General de Naciones Unidas, quien logró sentar a las partes en Nueva York el 25 de septiembre de 1991, en la sede de Naciones Unidas. En dicha cumbre se acordaron las garantías mínimas de seguridad para un cese al fuego, las cuales sería verificadas por la naciente Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz
(COPAZ). Además, se obtuvieron los acuerdos necesarios para la modificación constitucional sobre la Fuerza Armada.
La diferencia fundamental entre ONUSAL y COPAZ era su composición. La primera estaba formada por observadores internacionales y sustentada por Naciones Unidas; la segunda, estaba compuesta por miembros de todas las fuerzas políticas del país, constituyéndose en la primera comisión multipartidaria en el El Salvador.
Pese a que hubo consenso entre el gobierno y la guerrilla, algunos sectores políticos,
empresariales y varios periodistas criticaron el acuerdo por considerarlo forzado; surgió una campaña mediática de intimidación a las comisiones verificadoras, a lo cual se puso fin con la firma del acta de Nueva York, donde ambas partes manifestaron definitivamente el alcance de acuerdo de paz. El 31 de diciembre
de 1991 se fijó la fecha para la firma de la paz y se hizo pública la noticia; el 13 de enero de 1992 se acabaron de firmar los últimos detalles previos a la solución definitiva del conflicto.
El 10 de enero, el Secretario General de Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad la ampliación de las facultades y objetivos de ONUSAL, para que pudiese continuar apoyando el proceso de paz y sus consecuencias; dicha modificación fue autorizada mediante la resolución 729 del 14 de enero de 1992.
El 16 de enero de 1992, se firmó en el palacio de Chapultepec, el texto completo de los acuerdos en un acto solemne, con la asistencia
de jefes de Estado de países amigos, así como de las delegaciones oficiales de negociación
Factores determinantes para la obtención de acuerdos
Si bien los acuerdos de paz se dieron bajo consenso voluntario, hubo presiones nacionales e internacionales que orillaron a las partes a buscar una solución pacífica
Factores internos
El anhelo de Paz del pueblo salvadoreño: a medida que transcurría el conflicto bélico, el anhelo de paz fue creciendo en la conciencia colectiva del pueblo. Al final, el convencimiento de que la alternativa más razonable para acabar con el conflicto era la negociación se extendía en la mayoría de sectores de la población, tal como fue expresado por miembros de la alta dirigencia guerrillera.
Los cambios de la derecha civil: un desarrollo que abrió el camino hacia las negociaciones
con el FMLN fue la trasformación gradual de Alianza Republicana Nacionalista en un partido civil, de amplia base, representativo de la empresa privada, de las clases medias y de sectores pobres de ideología conservadora.
La deslegitimación de la Fuerza Armada: un factor clave que influyó en el cambio de la posición institucional del ejército frente a la negociación, fue el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, perpretado por la fuerza armada, en el marco de la ofensiva guerrillera en noviembre de 1989. La Fuerza Armada se vio obligada negociar por presiones internacionales, en el entendido de que su integridad institucional no se vería afectada.
La evolución ideológica del FMLN: el FMLN descubrió que no tenía la fuerza suficiente para derrocar al gobierno y que una insurrección popular de masas era algo muy lejano. Sus metas revolucionarias cambiaron hacía la trasformación de el país en un Estado
verdaderamente democrático; de hecho,
varios meses antes del acuerdo final, la dirigencia guerrillera ya anunciaba el fin de la guerra a nivel internacional.
Factores externos
La mediación de las Naciones Unidas: logró de manera sostenida el desarrollo del proceso de pacificación al ligar a ambas partes a compromisos de los cuales les sería muy difícil retractase, a no ser a un alto costo político.
El nuevo escenario geo-político mundial y regional: la crisis del bloque soviético y la extinción del conflicto este-oeste, protagonizado por las potencias que entonces ejercían una notable influencia en el desenlace del conflicto armado en El Salvador. También contribuyó el Grupo de Contadora debido a las cercanías geográficas.
Contenido de los Acuerdos
El texto de los acuerdos firmados en el Palacio de Chapultepec, el 16 de enero de 1992, está dividido en 9 capítulos donde se establecen una serie de medidas que ambas partes debían realizar para alcanzar la paz firme y duradera en El Salvador.
Acerca de la Fuerza Armada
En el primer capítulo, con respecto a la Fuerza Armada, el gobierno aceptó los siguientes compromisos:
Modificar los principios doctrinarios de la Fuerza Armada para que pudiese cumplir con los acuerdos tomados, estableciendo que el objetivo único de la institución es "la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio, es una institución permanente al servicio de la nación" y acarando que la institución "es obediente, profesional, apolítica y no deliberante".
Reformar el sistema educativo de la Fuerza Armada.
Crear una Comisión ad hoc para la depuración de los oficiales implicados en violaciones a los Derechos Humanos.
Reducción de efectivos de la Fuerza Armada; fueron dados de baja un total de 21000 soldados, a los cuales se les pagó su respectiva indemnización, finalizando el proceso un año antes de lo previsto, el 28 de febrero de 1993.
Superación de la impunidad con la Creación de la Comisión de la Verdad que investigaría los más graves hechos de violencia de la guerra civil; la cesación de oficiales inició el 31 de
diciembre de 1992.
Disolución de los 3 cuerpos de seguridad
pública que dependían de la Fuerza Armada: Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda.
Disolución de los servicios de inteligencia
militar y creación de un servicio de inteligencia civil: el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). Los antiguos cuerpos de inteligencia
fueron suprimidos en su totalidad el 9 de junio
de 1992, dando paso a los nuevos que estaba ya funcionando desde el 28 de abril del mismo año. Disolución de los Batallones de
Infantería de Reacción Inmediata (BIRI). El batallón "Gral. Eusebio Bracamonte" fue disuelto el 16 de agosto de 1992, el batallón "Atlacatl" el 8 de diciembre de 1992 y el batallón "Gral. Manuel José Arce" se extinguió el 6 de febrero de 1993; aportando un total de desmovilizaciones que alcanzaron los 10000 efectivos.
Reformar la Constitución para definir claramente la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
Supresión de las entidades paramilitares (Patrullas de defensa civil).Suspensión de las actividades de reclutamiento forzoso.
Creación de la Policía Nacional Civil En el segundo capítulo, el gobierno se comprometió a:
Crear la Policía Nacional Civil como nuevo cuerpo policial que sustituyera los antiguos cuerpos de seguridad con una doctrina civilista y democrática.
Establecer cuotas para el personal de la nueva policía, en la que participarían elementos desmovilizados del FMLN, antiguos agentes de la Policía Nacional y personas sin militancia en ambos bandos. Se acordó que fuese el 20% para cada bando y el 60% de participantes neutrales.
Crear la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar a los agentes de la Policía Nacional Civil, dando énfasis a la formación para el respeto de los Derechos Humanos.
Sistema Judicial y Derechos Humanos
En esta área los compromisos gubernamentales fueron:
Crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país.
Reformar la estructura del Consejo Nacional
de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia.
Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de
Justicia.
Crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales.
Sistema Electoral
En este tema se acordaron una serie de medidas para asegurar la plena vigencia de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos:
La creación de reformas institucionales: creación del Tribunal Supremo Electoral, la más alta autoridad administrativa y jurisdiccional en la materia.
El derecho de los partidos políticos en vigilar la elaboración, organización, publicación, y actualización del registro electoral.
En el plano político, las medidas adoptadas buscaron garantizar a los dirigentes del FMLN y a sus integrantes el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos dentro un marco de absoluta legalidad, mediante su incorporación a la vida civil, política e institucional del país. El FMLN se comprometió a desmovilizar sus fuerzas guerrilleras, bajo la supervisión de la ONUSAL. El gobierno se comprometió a aprobar la legislación necesaria para que el FMLN se transformara en un partido político legal y pudiera participar en los comicios generales de 1994.[37]
En lo económico y social
En esta área el gobierno se comprometió a:
Crear el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones
empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.
Distribuir las tierras en zonas conflictivas entre los ex combatientes desmovilizados.
Las tierras que excedían las 245 hectáreas, así como aquellas propiedad del Estado que no eran reserva natural, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que carecían de terrenos cultivables.
Cumplimiento de los acuerdos
El cese definitivo de los combates se dio el 1 de
febrero de 1992, bajo la supervisión de COPAZ y la presencia notable de ex comandantes del FMLN y sus antiguos enemigos formales. Para que dicha reunión pudiese darse, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero una Ley de
Reconciliación Nacional, mediante la cual el Estado salvadoreño se privaba de abrir causas legales contra los combatientes de la guerra, abriendo una amnistía nacional. La baja masiva y paulatina de efectivos de la Fuerza
Armada se fue dando mientras los ex combatientes guerrilleros se desplegaban de las zonas ocupadas hacia quince áreas que previamente se habían establecido para dicho propósito. El armamento guerrillero fue depositado en contenedores controlados por ONUSAL, salvo aquellas armas pequeñas destinadas a la defensa personal.
Agentes policiales de varios países acompañaron en tareas de patrullaje a la Policía Nacional, la cual había dejado de depender del Ministerio de Defensa
Nacional; dicho acompañamiendo se dio hasta la creación de la Policía Nacional Civil.
Por otro lado, la repartición de tierras a los ex combatientes llevó más tiempo de lo previsto, así como la instauración de la Academia Nacional de Seguridad Pública y la legalización del FMLN como partido político. Dichos retrasos empezaron a crear tensión entre las fuerzas políticas, lo que llevó a COPAZ a convocar a una recalendarización, la cual se
llevó a cabo el 12 de junio de 1992. Dicha calendarización fue modificada en repetidas ocasiones para ajustarse a los plazos reales que marcaba el ritmo del avance del proceso; es así que, varios meses después de lo previsto, el 15
de diciembre de 1992 se celebró oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.
La principal crítica a la consecución de los acuerdos es sobre la parcialidad del cumplimiento, decantándose todos los esfuerzos en cumplir en su totalidad los acuerdos referentes a la Fuerza Armada, Derechos Humanos y fuerza policial, destinando gran cantidad de recursos a reformar esos rubros. El debilitamiento de la Fuerza Armada, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento masivo de la Policía Nacional Civil ocuparon la agenda principal. Sin embargo, el tema económico y social se vio relegado a un segundo plano, provocando críticas y polarización política entre el partido
en el gobierno y el FMLN como naciente partido político.
Capítulo IV: Acuerdos de Paz 16 de enero de 1992
IV.I Elementos e instituciones creadas, reformas: alcances e incumplimiento. Visión de la iglesia, partidos políticos.
Instituciones creadas:
Se creó la Policía Nacional Civil como nuevo cuerpo policial que sustituyera los antiguos cuerpos de seguridad con una doctrina civilista y democrática.
Se creó la Academia Nacional de Seguridad Pública para formar a los agentes de la Policía Nacional Civil, dando énfasis a la formación para el respeto de los Derechos Humanos
Se creó la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país.
Se creó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales.
Se creó el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.
Reformas:
Reformar el sistema educativo de la Fuerza Armada.
Reformar la Constitución para definir claramente la subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil.
Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia.
Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
La iglesia participo formando parte del Comité Permanente del debate Nacional por la Paz cuyo objetivo era garantizar el cumplimiento de los acuerdos.
La evolución ideológica del FMLN: el FMLN descubrió que no tenía la fuerza suficiente para derrocar al gobierno y que una insurrección popular de masas era algo muy lejano. Sus metas revolucionarias cambiaron hacía la trasformación de el país en un Estado verdaderamente democrático; de hecho, varios meses antes del acuerdo final, la dirigencia guerrillera ya anunciaba el fin de la guerra a nivel internacional.
IV. II Policía nacional civil: creación, función y critica sobre su accionar actual
La PNC surgió como resultado de los Acuerdos de Paz de Chapultepec que pusieron fin a la Guerra civil salvadoreña. En los Acuerdos de Paz se establecía la obligación del Estado de desmovilizar a los antiguos cuerpos de seguridad: Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda que habían sido señalados por múltiples violaciones a los derechos humanos antes y durante el conflicto bélico; además se acordaba la reforma constitucional para crear la Policía Nacional Civil como nuevo cuerpo policial que debía estar basado en una doctrina civilista y democrática. Los Acuerdos también establecieron la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública para adiestrar a los agentes y oficiales de la PNC; los planes educativos de esta institución deberían capacitar al nuevo cuerpo policial en el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.
El proceso de desmovilización de los antiguos cuerpos de seguridad, así como el reclutamiento y adiestramiento de la PNC fue supervisado por la ONUSAL (Misión de las Naciones Unidas para El Salvador). El despliegue de la PNC se inició el 1 de febrero de 1993. El primer departamento donde se retiraron los antiguos cuerpos de seguridad y se desplegó la PNC, fue Chalatenango. Para diciembre de 1994, la PNC había asumido control efectivo de las tareas policiales en el territorio nacional.
IV.III Sistema Judicial. Independencia del ejecutivo, control de la impunidad por los jueces y control sobre accionar de los jueces. Consejo nacional de la judicatura.
En esta área los compromisos gubernamentales fueron:
Crear la Escuela de Capacitación Judicial para formar jueces y magistrados ajustados a la nueva realidad del país.
Reformar la estructura del Consejo Nacional de la Judicatura (organismo que nombra y evalúa a los jueces) para darle mayor independencia.
Reformar el proceso de elección y los períodos de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), institución autónoma, que debe supervisar el respeto a los Derechos Humanos por parte de las demás instituciones estatales.
Los cambios a la “justicia” penal salvadoreña
La reforma integral a la justicia penal salvadoreña fue posibilitada por importantes cambios políticos y sociales ocurridos en la década de los años noventa. La firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, impulsó cambios en la ley penal, procesal penal y penitenciaria. Fruto de este nuevo pacto social fue posible la reforma penal total e integral que, finalmente, fue instaurada en 1998.
La reforma de la justicia penal permitió el cambio de un modelo penal de sistema inquisitivo a uno de inspiración acusatoria. No obstante, la nueva normativa comenzó a experimentar transformaciones, incluso antes y durante los primeros días de su entrada en vigencia. Estos cambios continuaron en los años siguientes. La mayoría de reformas marcan una orientación al endurecimiento de la política penal y —entre otras intenciones— han sido utilizadas como instrumento para la obtención de beneficios políticos. Así, los permanentes cambios muestran la ausencia de una política criminal integral y seria, que aborde el problema de la violencia en un contexto respetuoso de los derechos humanos, de independencia judicial y, en general, del Estado de Derecho. Por el contrario, las iniciativas implementadas contienen una marcada tendencia de improvisación y arbitrariedad, que al mismo
tiempo producen cambios técnicamente deficientes que no solucionan el problema.
Los cambios a la “justicia” penal salvadoreña
La reforma integral a la justicia penal salvadoreña fue posibilitada por importantes cambios políticos y sociales ocurridos en la década de los años noventa. La firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, impulsó cambios en la ley penal, procesal penal y penitenciaria. Fruto de este nuevo pacto social fue posible la reforma penal total e integral que, finalmente, fue instaurada en 1998. La reforma de la justicia penal permitió el cambio de un modelo penal de sistema inquisitivo a uno de inspiración acusatoria. No obstante, la nueva normativa comenzó a experimentar transformaciones, incluso antes y durante los primeros días de su entrada en vigencia. Estos cambios continuaron en los años siguientes. La mayoría de reformas marcan una orientación al endurecimiento de la política penal y —entre otras intenciones—
han sido utilizadas como instrumento para la obtención de beneficios políticos. Así, los permanentes cambios muestran la ausencia de una política criminal integral y seria, que aborde el problema de la violencia en un contexto respetuoso de los derechos humanos, de independencia judicial y, en general, del Estado de Derecho. Por el contrario, las iniciativas implementadas contienen una marcada tendencia de improvisación y arbitrariedad, que al mismo tiempo producen cambios técnicamente deficientes que no solucionan el problema.
IV.IV Creación de la procuraduría para la defensa de los derechos humanos, objetivos, funciones y accionar actual.
La creación de la PDDH fue resultado del acuerdo de paz de 1992. Es una entidad independiente, encargada de tutelar el respeto de los derechos humanos, además de vigilar que las instituciones estatales cumplan con sus funciones constitucionales.
V. Sistema Electoral
Con la idea de garantizar el proceso electoral, la Constitución de 1950 establece un Consejo Central de Elecciones como autoridad suprema en materia electoral, modificando el sistema de 1986 en el cual las Juntas Departamentales conocían de la elección de Diputados a la Asamblea Legislativa en la elección de Presidente y Vice-Presidente de la República.
El Consejo Central de Elecciones, a partir de esa declaración, era elegido por la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia presentaban una terna a la Asamblea, escogiendo un propietario y un suplente de cada una de las ternas y se elegía directamente el otro propietario y el otro suplente, quedando formado por tres miembros propietarios y tres suplentes.
El Consejo Central de Elecciones nació en 1950, funcionó con las proyecciones y limitantes
establecidas por la Ley Primaria hasta el 15 de diciembre de 1993, fecha en que se le dio vida al Tribunal Supremo Electoral.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) surgió en 1992 a raíz de la firma de los Acuerdos de Paz, entre el Gobierno y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).El Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral, sin perjuicio de los recursos establecidos en la Constitución por violación de la misma.
Tiene su sede en la Capital de la República con jurisdicción en todo el territorio nacional.El Tribunal Supremo Electoral es un organismo con plena autonomía jurisdiccional, administrativa y financiera en materia electoral y de consiguiente, no supeditado a organismo alguno de estado.Las resoluciones que el Tribunal Supremo Electoral pronuncie, en el
ejercicio de sus atribuciones, serán de acatamiento forzoso para las autoridades civiles, militares, partidos políticos y ciudadanos a quienes se dirijan y su incumplimiento les hará incurrir en responsabilidad.La creación del TSE tiene sus antecedentes en el proceso de negociación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y el FMLN, ya que el documento firmado en México, el 27 de abril de 1991, dice textualmente en la parte III, numeral 1 sobre las Reformas Constitucionales:"Creación del Tribunal Supremo Electoral en sustitución del Consejo Central de Elecciones.
En términos generales, el TSE tiene dos funciones básicas:
Una función administrativa, que consiste en planear, organizar, dirigir y ejecutar los procesos electorales en El Salvador para la elección de las autoridades relativas a los cargos de elección popular siguientes:
a) Presidente y Vicepresidente de la Repúblicab) Diputados al Parlamento Centroamericanoc) Diputados a la Asamblea Legislativad) Concejos Municipales.
Una función Jurisdiccional, que consiste en impartir justicia electoral, para garantizar el cumplimiento del estado de derecho, en casos como las demandas de los ciudadanos ante la violación de sus derechos electorales o dirimir conflictos de su competencia.
Vi. tema económico-social:
En esta área el gobierno se comprometió a:
Crear el Foro de Concertación Económica y Social, organismo donde tendrían representación los sindicatos, las asociaciones empresariales y el Estado para dialogar sobre la política económica del país.
Distribuir las tierras en zonas conflictivas entre los ex combatientes desmovilizados.
Las tierras que excedían las 245 hectáreas, así como aquellas propiedad del Estado que no eran reserva natural, debían ser distribuidas entre los campesinos y pequeños agricultores que carecían de terrenos cultivables.
El cese definitivo de los combates se dio el 1
de febrero de 1992, bajo la supervisión de COPAZ y la presencia notable de ex comandantes del FMLN y sus antiguos enemigos formales. Para que dicha reunión pudiese darse, la Asamblea Legislativa aprobó el 23 de enero una Ley de Reconciliación Nacional mediante la cual el Estado salvadoreño se privaba de abrir causas legales
contra los combatientes de la guerra, abriendo una amnistía nacional. La baja masiva y paulatina de efectivos de la Fuerza Armada se fue dando mientras los ex combatientes guerrilleros se desplegaban de las zonas ocupadas hacia quince áreas que previamente se habían establecido para dicho propósito. El armamento guerrillero fue depositado en contenedores controlados por ONUSAL, salvo aquellas armas pequeñas destinadas a la defensa personal
Agentes policiales de varios países acompañaron en tareas de patrullaje a la Policía Nacional, la cual había dejado de depender del Ministerio de Defensa
Nacional; dicho acompañamiento se dio hasta la creación de la Policía Nacional Civil.
Por otro lado, la repartición de tierras a los ex combatientes llevó más tiempo de lo previsto, así como la instauración de la Academia Nacional de Seguridad Pública y la legalización del FMLN como partido político.] Dichos
retrasos empezaron a crear tensión entre las fuerzas políticas, lo que llevó a COPAZ a convocar a una recalendarización, la cual se llevó a cabo el 12 de junio de 1992. Dicha calendarización fue modificada en repetidas ocasiones para ajustarse a los plazos reales que marcaba el ritmo del avance del proceso; es así que, varios meses después de lo previsto, el 15
de diciembre de 1992 se celebró oficialmente el fin definitivo del conflicto armado.
La principal crítica a la consecución de los acuerdos es sobre la parcialidad del cumplimiento, decantándose todos los esfuerzos en cumplir en su totalidad los acuerdos referentes a la Fuerza Armada, Derechos Humanos y fuerza policial, destinando gran cantidad de recursos a reformar esos rubros. El debilitamiento de la Fuerza Armada, la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el fortalecimiento masivo de la Policía Nacional Civil ocuparon la agenda principal. Sin
embargo, el tema económico y social se vio relegado a un segundo plano, provocando críticas y polarización política entre el partido en el gobierno y el FMLN como naciente partido político.
Vii. participación política del FMLN como partido político
Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) es un partido político de izquierda, principal fuerza de oposición de El
Salvador, creado originalmente como un organismo de coordinación de las organizaciones político-militares que participaron en la guerra civil entre 1980 y 1992.
El FMLN, a más de 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 y del fin de la guerra civil posee una importante representación en la Asamblea Legislativa (parlamento). Es también una de las dos fuerzas políticas más
grandes de todo el país, siendo la otra el derechista Alianza Republicana Nacionalista
(ARENA). Históricamente hablando, el FMLN es el conjunto de fuerzas políticas que protagonizaron por 12 años uno de los dos bandos de la Guerra Civil de El Salvador.
La Primera Convención Ordinaria del 4 de Septiembre de 1993 eligió a Schafik Handal
como Coordinador General del FMLN. Las primeras elecciones en las que el FMLN participó como partido político legal fueron las presidenciales de 1994 llevando la fórmula del Dr. Rubén Zamora para Presidente y el Dr. Francisco Lima para Vicepresidente. Como todo partido político en Centroamérica, el FMLN tiene diputados en el Parlamento
Centroamericano.
El FMLN tiene presencia en los 14 departamentos del país y ha tenido un crecimiento progresivo desde su inserción legal hasta el grado de tener bajo su administración casi todas las ciudades primarias del país en
donde se concentra más del 50 por ciento de la población total del país. En 1994 obtuvo 21 diputados y 15 alcaldías. En 1997 obtuvo 27 diputados, 7 diputados al Parlamento
Centroamericano y 54 alcaldías. En el 2000 obtuvo 80 alcaldías. En el 2004 el número de sus alcaldías bajó a 34 pero ganó 31 diputados de los 84 que conforman la Asamblea Legislativa.
