Capítulo VI

SOCIOLOGÍA DE LA CIENCIA Y ECONOMÍA DE LA CIENCIA:

OTRA EXTRAÑA PAREJA

1. INTRODUCCIÓN.

Hasta hace no muchos años, el estudio de la ciencia como una realidad social ha

estado tradicionalmente desligado de su estudio como una actividad “puramente”

epistémica. Esto se correspondía bien con la idea de que la ciencia era el único ámbito

de actividad humana en el que la objetividad prevalecía sobre los intereses particulares

y los prejuicios culturales, y los propios sociólogos, deslumbrados tal vez por la prístina

racionalidad del conocimiento científico (racionalidad que pretendían asimilar en su

propio trabajo), apartaron en un principio a la ciencia de su esfuerzo investigador,

mientras que sí consideraban como objetos apropiados de estudio aquellas creencias

que, como la religión y la ideología, podían considerarse más “irracionales”. La obra de

Émile Durkheim y de Karl Mannheim sobre la determinación social de las creencias es

paradigmática de este rechazo a considerar la ciencia contemporánea como digno objeto

de análisis sociológico. Incluso más adelante, cuando la escuela de Robert Merton

comenzó a interesarse por las características plenamente sociales e institucionales de la

ciencia, el propio ámbito de la metodología de la investigación científica se consideró

que estaba al margen de posibles explicaciones sociológicas, y que sólo podía ser

estudiado desde el punto de vista de la epistemología, cuyos principios filosóficos (en

aquel entonces, la síntesis positivista-falsacionista defendida por autores como Carnap y

Hempel, que había llegado a ser el modelo metodológico casi unánimemente aceptado

por la cultura científica) debían ser aceptados como tales por cualquier investigación

sociológica, tanto como explicación sustantiva de los criterios utilizados por los

científicos al validar o rechazar las teorías y experimentos, como en cuanto norma

metodológica estándar que los mismos sociólogos debían seguir si querían dar a sus

investigaciones el suficiente grado de validez científica.

Fue en los años sesenta y setenta cuando los sociólogos empezaron a perder el

respeto a este viejo “tabú”, en parte por la propia evolución interna de la disciplina, con

las respuestas al paradigma mertoniano, y en parte por la propia crisis de la concepción

clásica de la metodología de la ciencia, crisis representada sobre todo por las obras de

Kuhn y Feyerabend. Lo primero propició una proliferación de estudios empíricos sobre

episodios concretos de la historia de la ciencia, en los que cada vez se iba ahondando

más profundamente en las imbricaciones “sociales” de los esquemas considerados antes

como simplemente epistemológicos. Lo segundo sirvió, como vimos en el primer

capítulo, para indicar a los filósofos que el camino para comprender la producción del

conocimiento científico pasaba por un estudio más detallado de su historia, incluyendo

todos sus aspectos sociales, psicológicos, culturales, económicos, institucionales,

etcétera.

Así, desde hace unas tres décadas la sociología de la ciencia (y, más en concreto,

la sociología del conocimiento científico, como gustan denominar a la especialidad

algunos de sus practicantes) se ha convertido en una fecunda disciplina académica,

habitada por numerosos programas de investigación que, si bien tienen todos ellos en

común el rechazo al viejo “tabú” que prohibía estudiar los condicionantes sociales de la

producción de conocimientos objetivos, por otro lado ofrecen varias perspectivas que a

veces entran en conflicto entre sí, como en toda disciplina científica viva.1

Un intento reciente de sintetizar los principales planteamientos y resultados de la

especialidad es el que ofrece el libro de Cristóbal Torres Albero, Sociología política de

la ciencia. Su punto de partida es la idea de que, siendo la ciencia una institución social,

puede ser estudiada convenienemente con la ayuda de las herramientas conceptuales de

la sociología política. Según esto, las cuestiones principales a las que se debería dar

respuesta son tres: 1) ¿cuáles son las características fundamentales del “orden

científico”, es decir, los rasgos que distinguen la institución científica de las demás

instituciones sociales (como el estado, la familia, el sistema económico, etcétera)?; 2)

¿cuáles son los factores que contribuyen al mantenimiento de dicho orden?; y 3) ¿cómo

puede cambiar dicho orden, y debido a qué causas?

En este capítulo examinaré las propuestas que, desde mi punto de vista, son más

interesantes del citado libro en relación a estas tres cuestiones, e intentaré mostrar que

dichas propuestas son en general bastante consistentes con lo que podría ser un estudio

económico de las instituciones científicas. Con esto no me refiero simplemente al

estudio de la financiación de la ciencia, sino al intento de aplicar a la ciencia las

herramientas analíticas de la moderna “economía de las instituciones”.2 Posteriormente

1 Una buena introducción a la sociología del conocimiento y de la ciencia es Lamo de

Espinosa et al. (1994). Véase también González García et al. (1996) y (1997). Para la

sociología mertoniana, ver Merton (1977).

2 V., p. ej., los trabajos recogidos en Hodgson (1993).

me ocuparé de analizar algunos aspectos genéricos de dos de los programas de

investigación más importantes, el “Programa Fuerte” de Barnes y Bloor, y el

“constructivismo” de Latour, Woolgar y Knorr-Cetina, comentando los puntos de

acuerdo y de conflicto que ambos enfoques podrían tener con la “economía institucional

de la ciencia”.

2. EL ORDEN CIENTÍFICO COMO UN ORDEN SOCIAL.

2.1. El carácter institucional de la ciencia.

Todas las sociedades se han enfrentado de una u otra manera al problema del

conocimiento: una cierta visión general del mundo y de la relación del ser humano con

el cosmos, y un conjunto de conocimientos técnicos mediante los cuales enfrentarse de

forma razonablemente exitosa a la naturaleza y al resto de los seres humanos, son dos de

los requisitos más básicos que a toda sociedad le exigen sus miembros. Así, en todas las

culturas ha habido instituciones encargadas de preservar y transmitir a las nuevas

generaciones los conocimientos obtenidos por las antiguas, instituciones generalmente

bien adaptadas al tipo y la importancia de los conocimientos que debían ser transmitidos

por ellas (desde la relación familiar en la que la madre enseña a la hija cómo cuidar de

los niños, hasta la iglesia que se encarga de controlar férreamente la observancia de la

ortodoxia moral). En cambio, sólo desde hace unas pocas centurias existen instituciones

cuya primordial función sea la de generar conocimientos nuevos, y no meramente

transmitirlos (como en tantas otras cosas, la Grecia Antigua, con sus diversas

“Academias” y “Escuelas”, es una de las poquísimas excepciones, aunque con sus

particulares matices). Estas instituciones son las relacionadas con lo que normalmente

llamamos “ciencia” y “tecnología”. No quiere esto decir que en las otras sociedades no

se produjeran conocimientos “nuevos”; cada fragmento de conocimiento tiene su

historia, claro está. Pero sí es cierto que en las sociedades antiguas no estaba

institucionalizada dicha producción: los “descubrimientos” o “inventos” nuevos eran

más bien el resultado secundario de las prácticas cotidianas, hallazgos relativamente

aleatorios cuyo origen era rápidamente ignorado o trasladado al nebuloso “tiempo

originario” de las leyendas, del que supuestamente procedían todos los conocimientos

importantes poseídos por la sociedad.

Básicamente, el que una actividad se haya institucionalizado, significa que se ha

constituido como una entidad social con existencia autónoma, al margen de los

individuos concretos que podrían figurar como sus “fundadores”, e incluso como algo

que es relativamente independiente de sus miembros actuales. Esto implica, en primer

lugar, que los conocimientos producidos por la ciencia y la tecnología modernas no

deben considerarse tanto el fruto de genios aislados, cuanto el resultado de la

cooperación reglada de muchos individuos, frecuentemente desconocidos unos para

otros. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la ciencia funciona de acuerdo

con unas normas de general aceptación entre sus miembros. Por último, en tercer lugar,

el carácter autónomo de la institución hace que las relaciones entre la ciencia y el resto

de la sociedad se establezcan a través de mecanismos y procesos distintos a como serían

si el conocimiento tuviera que ser obtenido por individuos y grupos aislados. Mi

discusión del “orden científico” se ocupará en primer lugar de estos tres puntos: el

carácter cooperativo de la ciencia, sus normas específicas y el carácter de sus relaciones

con el resto de la sociedad. Posteriormente, en una segunda parte, expondré las líneas

generales de una conceptualización económica de estos hechos, y, basándome en ella,

me ocuparé de las tesis de Torres Albero sobre el cambio en las instituciones científicas,

así como, en la tercera parte, de las afirmaciones más importantes del “Programa

Fuerte” y del “constructivismo”, dos de los enfoques más importantes de la moderna

sociología “radical” de la ciencia.

2.2. La ciencia como empresa cooperativa.

Se ha repetido en muchas ocasiones, con razón, que uno de los principales

defectos de la metodología “clásica” de la ciencia, y, en general, de la epistemología

tradicional, es el haber ignorado el carácter social del conocimiento científico. Podemos

entender esta crítica viendo que los filósofos de la ciencia, desde Aristóteles y Descartes

hasta Carnap y Popper, han pretendido establecer unas reglas metodológicas cuya

pretensión básica era que, quien las siguiera, obtendría “conocimientos válidos” (en el

sentido que cada teoría le dé a esta expresión), incluso aunque se tratara de un

individuo aislado. Las reglas del método científico, como las de la aritmética o las de la

lógica, no garantizaban una mayor validez por el hecho de ser aplicadas “por la

multitud”, aunque se tratara de una multitud de científicos. Pero, de hecho, el

conocimiento científico, tal y como lo conocemos, no puede ser producido por el

individuo solitario, principalmente por dos motivos: principalmente, la limitación de

recursos del individuo, y secundariamente, el sesgo subjetivo que éste tiende a

manifestar en su trabajo.

Con respecto a lo primero, cualquier proceso de investigación mínimamente

serio va mucho más allá de lo que el individuo aislado podría emprender. En primer

lugar, la investigación parte siempre de un corpus de conocimientos heredado (no

solamente compuesto por “teorías”, sino también por habilidades prácticas: el

“conocimiento tácito” del que hablaba Polany), y es precisamente porque existe ese

corpus por lo que el investigador puede plantearse resolver un problema determinado.

Por supuesto, no todo el contenido de este corpus posee el mismo grado de autoridad y

credibilidad; de hecho, en principio todo él podría ser criticado (aunque no

simultáneamente), si bien, en la práctica, la mayor parte se considera como fuera de

duda. En segundo lugar, el proceso de investigación requiere habilidades muy

diferentes (a menudo, requiere incluso especialistas de disciplinas considerablemente

dispares), que un individuo solitario no podría reunir debido al elevadísmo coste de

alcanzar la necesaria competencia profesional ya en una sola de dichas habilidades;

llamémosle a esto la división horizontal del trabajo científico. Pero, aun cuando no sea

necesaria la participación de especialistas de áreas distintas, el proceso fuertemente

competitivo de la investigación exige establecer al menos una clara división vertical del

trabajo, entre los “investigadores”, por una parte, y los “técnicos” o “ayudantes”, por

otra; un investigador sin ayudantes, sin “equipo”, no puede aspirar a obtener

conocimientos muy relevantes cuando sus competidores cuentan con recursos mucho

más poderosos. En tercer lugar, los recursos precisos para casi cualquier investigación

científica relevante están muy por encima de las capacidades financieras de un

individuo aislado (y quienes poseerían esa riqueza, normalmente carecen de las

habilidades científicas necesarias); esto significa que los científicos deben esforzarse

por “vender su producto” de alguna manera, sea a instituciones académicas o a

organizaciones industriales, con lo que el tipo de conocimiento que acaben produciendo,

y la forma de cooperar y competir unos con otros, serán seguramente distintos de como

serían si no debieran preocuparse por la financiación de sus investigaciones.

Con respecto a lo segundo (el sesgo subjetivo del individuo), frente a la

concepción tradicional de la objetividad como algo identificable con la certeza

cartesiana, que el individuo puede alcanzar obedeciendo nada más que a su “luz

natural”, la psicología y la epistemología modernas han puesto de manifiesto que no

existe más objetividad que la intersubjetividad. Esto se debe, fundamentalmente, al

hecho de que el individuo construye su visión del mundo, su imagen interna de la

realidad, sobre la base de su interacción con los demás individuos. El concepto de

“conocimiento objetivo” no significaría, pues, “la imagen del mundo que es

determinable por la razón y la experiencia desnuda”, sino más bien “aquella

representación del mundo que está sancionada en un cierto marco social”. Si yo creo ver

un fantasma y los que me rodean no lo ven, más que aceptar que poseo extrañas

facultades de percepción extrasensorial, lo que tenderé a pensar es que estoy perdiendo

los tornillos o que debo dejar de beber. Si una prueba matemática me parece totalmente

convincente, pero los matemáticos profesionales se ríen de mí cuando se la presento, no

pensaré que soy el incomprendido descubridor de la contraaritmética, sino más bien que

me debería plantear el dedicarme a otra cosa. Todo esto significa que, al menos en

nuestra sociedad, no consideramos “conocimiento válido” a lo que procede de la

experiencia o el razonamiento de un individuo aislado, sino a lo que ha pasado una serie

de controles sociales de calidad, sobre todo el de la contrastación intersubjetiva e

independiente llevada a cabo por parte de varios sujetos, y no unos sujetos cualesquiera,

sino sólo aquellos que han sido socialmente “homologados” para llevar a cabo dicha

contrastación: los “científicos especialistas”.

En resumen, las principales implicaciones del carácter social de la ciencia son:

1) la aceptación, por parte del científico individual, de un corpus de conocimientos

socialmente certificado (esta aceptación puede tener grados de intensidad), 2) la

necesidad de la división del trabajo científico, 3) la necesidad de captar recursos, y 4) la

exigencia social del “consenso de los especialistas” para que algo sea aceptado como

“conocimiento científico”. Todo esto hace que el científico deba confiar continuamente

en la palabra y el trabajo de otros (aunque no deba hacerlo siempre). Las características

fundamentales de la institución científica serán, pues, aquellas que garantizan un

suficiente grado de confianza por parte de los científicos hacia sus colegas (y hacia

aquellos de quienes depende el flujo de recursos económicos hacia la ciencia, aspecto

del que me ocuparé en el apartado 4).

Precisamente los dos elementos que Torres Albero (op. cit., pp. 35 y ss.) señala

como rasgos básicos del orden científico, a saber, la existencia de un sistema público de

comunicaciones (sobre todo, las revistas especializadas y los congresos) y de un

conjunto de mecanismos de control de calidad (el sistema académico de acceso a la

profesión, la institución de los referees, etcétera), irían precisamente en esta dirección.

Los motivos que hacen que todos estos “sistemas de generación de confianza”

funcionen, y que han sido discutidos abundamentemente por los sociólogos de la

ciencia, son expuestos también en la obra citada (pp. 40-84). Básicamente se trata de

dos posibilidades. Primero, un científico puede confiar en las afirmaciones y

actuaciones de otros investigadores porque piensa que éstos comparten sus mismos

“valores científicos”; de este modo, si todos los miembros de la comunidad científica3

están movidos altruistamente en su investigación por los mismos valores (por ejemplo,

la lista ofrecida por Merton; v. Torres Albero, op. cit., pp. 41 y ss.), se podrá confiar en

que han actuado con “honradez”. Pero también, en segundo lugar, la confianza puede

proceder del hecho de que cada investigador sabe que los otros tienen un interés

personal en seguir ciertas pautas comúnmente aceptadas. Son, en resumen, las teorías

“consensualista” y “del intercambio” que analiza Torres Albero.

Haciendo una analogía económica, podemos plantearnos la cuestión de por qué

confiamos que la lata de conservas que adquirimos en el supermercado va a tener una

calidad que corresponde a su precio. Las dos posibles respuestas son que, o bien

3 Respeto el uso tradicional de esta expresión, aun aceptando las críticas aducidas contra

el término en por Torres Albero en op. cit. pp. 92 y ss.

creemos en la honradez del fabricante, o bien creemos que la mejor estrategia que puede

seguir éste para maximizar sus beneficios es ofrecer una relación calidad-precio igual o

mejor que la que ofrecen sus competidores. En el primer caso, confiamos en la moral de

los otros (su “ethos”); en el segundo, confiamos en el sistema de mercado de libre

competencia (y en la eficacia de las leyes que castigan el fraude). En el campo de la

economía, parece haber cierto consenso en que es el segundo mecanismo el que genera

la confianza de los consumidores (y de los empresarios, que también deben confiar en la

calidad de los productos que adquieren su empresas), aunque en las economías

precapitalistas es posible que prevaleciera el primer mecanismo.

En el caso de la ciencia, empero, no está tan claro cuál de los dos sistemas de

generación de confianza es el predominante. Por un lado, los estudios empíricos más

recientes han puesto de manifiesto la importancia de los intereses (o, en términos

económicos, los “incentivos”) en la conducta de los científicos; pero, por otro lado, hay

que tener en cuenta que, en nuestra sociedad, quien se dedica a los negocios lo hace

básicamente por el afán de riqueza, mientras que quienes deciden dedicarse a la

investigación científica lo hacen más bien porque en ellos domina el afán del

conocimiento. Es cierto que, cuando este afán se traslada al campo de batalla del

laboratorio, de los congresos y de las publicaciones, la intensa competencia entre

investigadores hace que el interés por “(con)vencer” a los demás se manifieste como el

motivo primordial; pero no es menos cierto que sólo llegan a participar en esa

competencia individuos para quienes el conocimiento científico es algo valioso en sí

mismo (¿quién soportaría, si no, la disciplina de una carrera y un doctorado?), y que,

aunque el principal incentivo que ofrece el sistema científico a los individuos es el

“reconocimiento”, los investigadores desean ser reconocidos por sus descubrimientos

científicos, y no por otras cosas (al fin y al cabo, alguien que aspira al “reconocimiento”,

pero que no valora “la ciencia por la ciencia”, haría mejor en dedicarse al deporte, a la

política o al rock 'n' roll, con lo que sería “reconocido” por millones de personas, y no

por los cuatro gatos que admiran a quien descubrió la composición química de la cloro-

fila).

En resumen, ambos factores, valores e intereses, son sin duda alguna relevantes

en la explicación de la conducta de los científicos, y será necesario estudiar su

interrelación.

2.3. Las normas de la ciencia.

Una vez que está claro que la confianza es el principal rasgo de la institución

científica, debemos estudiar cuáles son las normas que garantizan esa confianza. Si

admitimos que compartir ciertos valores es lo que permite que los científicos confíen los

unos en los otros, hemos de aclarar cuáles son tales valores y en qué tipo de normas

sociales se manifiestan. Si, por otro lado, aceptamos que es el sistema de incentivos el

que ofrece las garantías de confianza, hemos de decir también cuáles son los rasgos que

definen dicho sistema. En ambos casos, la actividad científica, como cualquier otra

institución, se basará en un conjunto determinado de normas sociales.

Un comentario crítico que podría hacerse a mis afirmaciones del apartado

anterior es que los científicos no confían realmente en las afirmaciones de sus colegas

tanto como he dicho, sino que más bien desconfían, lo que se comprueba al contemplar

la ciencia en proceso de elaboración, que es la verdadera actividad científica, y no la

ciencia ya elaborada (para usar la terminología de Bruno Latour). En este escenario

dinámico y fuertemente competitivo, cada científico intenta rebatir las afirmaciones de

los demás. Ahora bien, un simple vistazo a cualquier caso concreto de polémica

científica muestra que, por cada afirmación que un investigador intenta refutar, debe

basarse en la aceptación, expresa o tácita, de cientos de otras afirmaciones. Podríamos

preguntarnos, entonces: si los científicos no se creen algunas afirmaciones de sus

colegas, ¿por qué no desconfían de todas las demás?

La respuesta, idealmente, es que los científicos se fían de una afirmación sólo si

piensan que en el pasado otros científicos desconfiaron de ella y la afirmación “resistió”

los intentos de ser refutada. Es decir, los científicos admiten un enunciado sólo si ha

sido sometido a crítica, y tanto más lo admiten cuanto más severa haya sido dicha crítica

(y menos éxito haya tenido, por supuesto). Esto es el conocido “escepticismo

organizado” al que se refería Merton, o el viejo falsacionismo popperiano. Esta norma,

la de aceptar un enunciado sólo cuando ha resistido la crítica más severa posible, es

válida tanto si presuponemos que la confianza se basa en los valores, como si admitimos

la teoría de los incentivos. En el primer caso, el principal valor que justifica la norma es

el del rechazo de la autoridad como fuente de conocimiento, o, dicho de otra manera, el

valor de la autonomía epistémica. La ciencia se basa en que las únicas fuentes últimas

“fiables” de conocimiento son la razón y la experiencia, no la revelación, la tradición,

los intereses de clase o algo parecido. Y, puesto que el individuo aislado no puede

producir por sí mismo una cantidad mínimamente significativa de conocimientos de ese

tipo, exige que “la razón y la experiencia” hayan sido aplicadas por otros con el mayor

rigor posible.

Aquí encontramos la base de lo que podríamos llamar la “constitución” o el

“contrato social” de la ciencia. En el hipotético “contrato social” de la sociedad civil,

cada individuo renuncia a utilizar la violencia contra los demás a cambio de que éstos

también renuncien a utilizarla; es decir, cada individuo acepta obedecer ciertas leyes y

no actuar arbitrariamente, a condición deque los demás realicen el mismo compromiso.

Este es el fundamento (normativo, ya que no histórico) del orden social, según la vieja

tradición del contractualismo. El fundamento del orden científico consistiría en algo

muy semejante: cada investigador trabaja intentando averiguar si algunas afirmaciones

son fiables o no (pues no puede ocuparese de todos los enunciados de la ciencia), y

acepta el compromiso de no presentarlas como fiables más que si han resistido una

discusión pública4 lo más severa posible (“pública” no significa aquí necesariamente

que una multiplicidad de individuos haya participado de hecho en la contrastación del

enunciado; más bien se trata de que el investigador haya tenido en cuenta el mayor

número posible de las objeciones que sus colegas podrían hacer). Es decir, el científico

acepta el compromiso de no hacer afirmaciones arbitrariamente, sino sólo teniendo en

cuenta la mayor cantidad de evidencia racional y empírica que él y sus colegas puedan

aportar; y, de igual forma que en el orden social, este compromiso se produce a cambio

de que el resto de los científicos lo acepten también.

Así pues, los investigadores “actuales” cooperan y compiten entre sí intentando

presentar afirmaciones que resistan todas las críticas que sean capaces de imaginar y de

llevar a la práctica, alcanzando en ciertos casos un consenso sobre ciertas afirmaciones

que pueden considerarse “fiables”. Y, por otro lado, aceptan muchos otros enunciados

acríticamente porque dan por supuesto que, si los investigadores “pasados” acordaron

que tales enunciados eran fiables, lo hicieron obedeciendo la propia norma de la crítica.

Visto de otra forma, el principal problema del orden científico es el de por qué

los investigadores aceptan acríticamente gran parte de lo que han afirmado sus

predecesores, cuando parece que lo que distingue a la ciencia de otras instituciones,

4 “Pública” no significa aquí necesariamente que una multiplicidad de individuos

haya participado de hecho en la contrastación del enunciado; más bien se trata de que el

investigador haya tenido en cuenta el mayor número posible de las objeciones que sus

colegas podrían hacer.

especialmente de la religión, es el rechazo a los “argumentos de autoridad”. La

respuesta contractualista a este problema es que cada científico confía (aunque no

necesariamente de forma ciega) en que sus antecesores ya han examinado lo más

críticamente posible aquellas afirmaciones que presentan como conocimiento fiable.

Ahora bien, puesto que la fiabilidad de un hecho, ley o teoría se decide por

consenso, también se admite que dicho consenso puede ser roto en cualquier momento,

de forma parecida a como el compromiso constitucional de ajustarse a la ley no impide

llevar a cabo acciones legítimas para cambiar la ley. Una segunda norma de la ciencia

sería, pues, que cualquier enunciado previamente aceptado es revisable si se presentan

argumentos que la comunidad científica de cada momento considere relevantes.

Estas dos primeras normas, la aceptación de los enunciados “antiguos” a cambio

de someter a la más severa crítica los enunciados “nuevos”, y la revisabilidad de todos

los enunciados, no son normas exclusivamente metodológicas, sino auténticas normas

sociales, en el sentido de que implican una orientación fundamental de la conducta de

los científicos: dicen lo que cada miembro de la comunidad científica espera que los

otros hagan, es decir, establecen lo que los individuos deben hacer. Pero ambas normas

afirman esto en un sentido muy genérico, sin especificar exactamente de qué forma se

puede someter a crítica cada tipo de enunciado: son, en realidad, normas

metametodológicas. Esto significa que cada comunidad científica deberá establecer

además un conjunto de reglas metodológicas propiamente dichas, que concreten las

formas en las que puede obtenerse la evidencia empírica, los argumentos que se

considerarán válidos o relevantes, etcétera. Dichas reglas pueden tomarse a su vez como

afirmaciones revisables, sujetas a posteriores críticas, y no como criterios eternos e

inmutables; también es de esperar que sean distintas en los diferentes campos de

investigación y en las diversas disciplinas científicas, en parte debido a la naturaleza del

objeto de estudio de cada una, y en parte a causa de las negociaciones que hayan

existido acerca de tales normas.

En cuarto lugar, encontramos aquellas normas que regulan el proceso que

conduce a lo que he denominado muy genéricamente “consenso”. Estas normas serían,

al nivel “constitucional” del que me estoy ocupando, el análogo a las “reglas de

votación” o “reglas de decisión colectiva” en los diversos sistemas legislativos. Los

términos “consenso” y “acuerdo” son hasta cierto punto confundentes, porque parecen

indicar la necesidad de una decisión unánime por parte de los científicos a la hora de

determinar el grado de fiabilidad que debe conferirse socialmente a un enunciado. Esto,

naturalmente, no tiene por qué ser así (cf. Torres Albero, op. cit., p.123 y ss.): la opinión

expresada por unos científicos puede y suele contar mucho más que las opiniones de

otros a la hora de tomar esas decisiones. La manera en la que las opiniones de los

distintos miembros de la comunidad científica se “agregan” para constituir la decisión

social será también una norma importante del orden científico. Este problema es, desde

otro punto de vista, el de determinar el grado de autoridad cognitiva, o grado de

credibilidad, que cada miembro de la comunidad científica posee, y de qué forma y por

qué factores se determina dicho grado. Cada comunidad científica tendrá, posiblemente,

unas “reglas de decisión social” peculiares, fruto de la historia de cada comunidad y de

los distintos procesos de negociación que tengan lugar dentro de las mismas.

En quinto lugar, el trabajo científico requiere el uso de diversos recursos

económicos (laboratorios, revistas, ordenadores, “capital humano”, dinero, etcétera),

todos los cuales, por supuesto, pueden utilizarse de formas muy diversas y para fines

muy diferentes. Las comunidades científicas deberán poseer, por lo tanto, un conjunto

de normas que determinen qué uso debe dársele a cada recurso cuando existe un

conflicto entre varios usos alternativos: por ejemplo, qué tipo de problemas estudiará

cada investigador, qué artículos se publicarán en cada revista, que proyectos de

investigación van a ser financiados, qué estudiantes admitir como becarios, qué

experimentos u observaciones realizar, etcétera. Estas normas sobre el empleo y la

distribución de los recursos funcionarán realmente como asignaciones de poder

científico, un concepto que podemos distinguir así del de autoridad cognitiva, analizado

en el párrafo precedente; ambos conceptos corresponderían a los que discute Torres

Albero como autoridad en los contextos micro- y macro-social (“poder”), y micro- y

macro-cognitivo (“autoridad) (op. cit., pp. 101 y ss.). La diferencia entre autoridad

cognitiva y poder científico puede verse con claridad si se tiene en cuenta que un

científico fallecido puede poseer lo primero, pero, evidentemente, no lo segundo; es

decir, sus opiniones pueden tener fuerte influencia en las de sus colegas vivos, pero no

puede decidir lo que éstos van a hacer con sus recursos.

Los sistemas concretos de normas relativas a la autoridad cognitiva y al poder

sobre los recursos pueden variar considerablemente de unas comunidades científicas a

otras; en cada caso, serán factores históricos los que hayan conducido a un conjunto de

normas en particular, aunque sería interesante establecer algunas regularidades

significativas y buscar alguna explicación satisfactoria de las mismas, un trabajo que

excede lo que puedo realizar aquí. Por ejemplo, ¿existe una correlación perfecta entre la

autoridad y el poder?, es decir, ¿controlan más recursos quienes poseen más credibili-

dad, o puede no ocurrir así? ¿Existe en todas las comunidades científicas una élite que

monopolice la autoridad y el poder, o varía el grado de estratificación de unas

comunidades a otras? ¿Depende este grado de estratificación de la magnitud de los

recursos manejados por la comunidad, del tipo de problemas cognitivos estudiados en

cada disciplina, de “accidentes históricos”, o de factores de otro tipo? ¿Qué

consecuencias pueden tener sobre la evolución del conocimiento las diferentes

estructuras de autoridad y de poder?

2.4. Las relaciones de la ciencia con el resto de la sociedad.

Como indicaba al principio, la institucionalización de la ciencia implica que sus

relaciones con el resto de la sociedad serán muy diferentes a como serían en el caso de

que la producción del conocimiento estuviera en manos de individuos aislados. Una

primera consecuencia (muy buscada originariamente por los científicos) de dicha

institucionalización fue el aumento de la credibilidad de las afirmaciones de la ciencia

ante el resto de los individuos. Precisamente la creación de las primeras instituciones

científicas propiamente dichas (como la Royal Society en el siglo XVII y las facultades

de ciencias en las universidades alemanas del XIX) no sólo tenía la misión de facilitar el

trabajo investigador y hacer más fluida la comunicación entre los científicos, sino

también de presentar la ciencia ante la sociedad como una voz digna de crédito, por lo

menos al mismo nivel que las voces que hasta el momento gozaban de la autoridad

cognitiva. Era, por así decir, una estrategia propagandística.

El éxito de la ciencia en este terreno ha sido tan alto que hoy en día la

consideramos como el principal (y en casi todos los terrenos, prácticamente el único)

depositario de la autoridad cognitiva. Nada puede ser tan cierto para nosotros como lo

que está “científicamente demostrado”. Tanto es así que hasta en muchos campos donde

la ciencia no ha llegado a producir realmente un conocimiento amplio y preciso, nuestra

sociedad mantiene la ilusión de que los “especialistas” en esos campos están mucho más

autorizados a opinar que la “gente corriente”, más incluso que quienes poseen un

conocimiento cotidiano, pragmático y ateórico sobre los problemas de dichos ámbitos.

En general, ocurre así en las ciencias sociales, pero también en muchas aplicaciones

concretas de las ciencias “duras”.

Por otro lado, hemos de preguntarnos por qué confían los científicos en que la

sociedad va a seguir aportando fondos con los que financiar sus investigaciones y sus

empleos. Igual que en el caso de la confianza entre científicos, de nuevo son dos las

explicaciones posibles: o bien creen que la mayoría de los ciudadanos (o de los

gobernantes y legisladores) valoran el conocimiento por el conocimiento y aceptarán

por ello que una parte de sus impuestos se destine a financiar la ciencia, o bien admiten

que la sociedad sólo está dispuesta a mantener a los científicos en su cómoda torre de

marfil si éstos consiguen, con sus descubrimientos, proporcionar otras cosas valiosas,

aunque sea a largo plazo. En ambos casos, los científicos deberán esforzarse por hacer

que el conocimiento que producen sea valorado en la sociedad. Una sociedad que no

obtenga en general ningún beneficio a partir de la ciencia, difícilmente la tolerará,

excepto, si acaso, como el divertimento de unos pocos ricos estrafalarios, que puedan

financiar por sí mismos sus investigaciones. Esto implica que el “orden científico”

deberá estar relativamente adaptado al tipo de necesidades que la sociedad espera

satisfacer gracias a la ciencia. También es de suponer que las disciplinas más capaces de

producir conocimientos socialmente valiosos gozarán de una mayor financiación, y,

posiblemente, de un mayor prestigio e influencia, tanto sobre la sociedad como sobre el

resto de las especialidades.

Naturalmente, aunque en todo este apartado haya estado hablando en singular de

“la sociedad”, no debemos olvidar que ésta está formada por grupos, instituciones e

individuos con intereses y opiniones no sólo diferentes, sino muy a menudo

contrapuestos. Los “expertos”, por ejemplo, pueden manifestar opiniones “científicas”

divergentes sobre ciertas cuestiones si están sostenidos por grupos de presión con

intereses políticos o económicos distintos, que quieren todos ellos presentar sus puntos

de vista con el status de “conocimiento certificado”. Debido a esta tendencia general a

intentar apropiarse de la credibilidad que proporciona la ciencia, las instituciones

científicas deben desarrollar unas normas especiales que protejan por lo menos algunas

afirmaciones (y, a ser posible, el mayor número de ellas) de la constante sombra de

duda que proyectaría sobre el conocimiento la posibilidad de que dichas afirmaciones

estén basadas en intereses particulares, y no en criterios epistémicos de validez

institucionalmente aceptados.

Con respecto a las posibles fuentes de financiación de la investigación científica,

también deben tenerse en cuenta los diferentes intereses presentes en la sociedad. Por

ejemplo, aquellos conocimientos cuyo “valor social” puede traducirse rápidamente en

un beneficio económico (en general, la tecnología), serán demandados por empresas,

que intentarán forzar la evolución de ese conocimiento hacia aquellos desarrollos que

tengan mayor interés para ellas, sin que necesariamente tengan que coincidir con los que

un mayor número de personas desearían. La “ciencia básica”, en cambio, cuyos

productos tienen las cualidades de los llamados “bienes públicos”, y cuyos beneficios

prácticos son más dudosos a corto, y a veces incluso a largo plazo, es más difícil que sea

financiada por empresas privadas, y los científicos intentarán convencer a las

instituciones públicas para que proporcionen la mayor financiación posible. Esta

financiación dependerá más bien, por tanto, del valor político que se le dé a la ciencia

en general y a los diversos proyectos de investigación en general. Idealmente, deberían

ser las preferencias de los ciudadanos las que determinaran el grado de financiación que

debería otorgarse a cada uno de estos proyectos (en algo así consistiría la

“democratización de la ciencia”), pero teniendo en cuenta la cantidad de información

necesaria para la toma de este tipo de decisiones, es más de esperar que éstas se

produzcan mediante mecanismos muy burocratizados, y que incluso las diferencias

entre las políticas científicas propuestas por los diversos partidos no sean muy

diferentes. Al fin y al cabo, los ciudadanos deciden el partido al que votarán más en

función de sus propuestas sobre otros problemas más cotidianos (el paro, las pensiones,

los impuestos, la seguridad, etcétera). Además, los políticos sólo pueden recibir

información fiable sobre el valor de cada proyecto de investigación a partir de los

propios científicos; los políticos, pues, tenderán a delegar en los científicos la toma de

decisiones sobre el reparto por disciplinas y por proyectos de investigación de la

financiación global a la “ciencia básica”, y serán las propias luchas internas entre los

diversos grupos de científicos las que determinen cuántos recursos obtendrá cada uno.

Esto significa que, a la estructura de poder dentro de cada disciplina, de la que

hablamos en el apartado anterior, hay que sumarle una estructura de poder entre

disciplinas diferentes, si bien la explicación de cada una de ellas será sin duda muy

distinta: la primera puede deberse al diferente grado de credibilidad de cada científico o

grupo de investigación, mientras que la segunda puede depender en mayor medida de

factores “externos”, como serían la valoración social de cada disciplina, su antigüedad

en el contexto académico establecido, la habilidad política de ciertos científicos,

etcétera.

3. EL ORDEN CIENTÍFICO COMO UN EQUILIBRIO ECONÓMICO.

3.1. Una explicación “económica” de la investigación científica.

En los apartados anteriores he presentado una descripción, naturalmente en

líneas muy generales, de las principales características que presenta la ciencia cuando se

la contempla desde la perspectiva de una institución social. Resumiéndolo lo más

brevemente posible, el conocimiento científico es el resultado de la interacción de

muchos individuos, y esa interacción se produce en el marco de unas normas sociales,

que son las que definen la ciencia como institución. En este apartado voy a plantear, en

cambio, la posibilidad de una explicación económica de estas características sociales de

la ciencia. Por “explicación económica” entiendo aquella que se basa en la idea de que

los individuos son agentes racionales, maximizadores (o, al menos, “satisfacedores”) de

una función de utilidad que refleja sus preferencias individuales, y cuya interacción

produce un estado social de equilibrio (o, al menos, una tendencia clara hacia ese

estado), que es el que puede observarse empíricamente. La explicación económica de la

investigación científica contendría, así, dos elementos básicos:

1) la descripción de las funciones de utilidad que deben asignarse a los agentes;

2) la especificación del proceso que conduce las conductas de los agentes hacia

un estado de equilibrio.

Para entender mejor lo que se pretende con este tipo de explicación, conviene

hacer una analogía entre el “sistema de libre mercado”, tal como lo concibe la teoría

económica estándar, y el “sistema científico”. En el caso del mercado, lo que deseamos

explicar son los precios relativos de los distintos bienes, las cantidades producidas de

cada uno, y la distribución final de éstos entre los diversos agentes. Partiendo de unas

dotaciones iniciales de bienes y factores de producción, la interacción entre las

preferencias de los agentes, por un lado, y la tecnología disponible, por otro, hace que se

alcancen unos niveles de producción de cada bien y unos precios relativos de éstos tales

que sea imposible cambiar dichos niveles de producción y dichos precios sin perjudicar

a alguien, esto es, sin disminuir su utilidad, y, lo que es más importante, sin generar los

incentivos que llevarían a los agentes a volver nuevamente a aquellas cantidades y

precios de equilibrio (esto es lo que los economistas llaman una situación “eficiente”).

Finalmente, los precios resultantes de los factores productivos (trabajo, tecnología y

recursos naturales) determinarán la renta de cada agente, es decir, la parte de la

producción global que cada uno podrá apropiarse.

Los principales aspectos que me interesa señalar de este modelo, para establecer

la analogía con el sistema científico, son los siguientes:

a) el valor económico de cada bien, que se identifica con su precio, depende de

la interacción de una serie de factores subjetivos (las distintas preferencias o “valora-

ciones” de cada individuo, tanto sobre el valor que para él tengan los diferentes bienes,

como sobre el valor del trabajo, del ocio, del consumo presente y del consumo futuro) y

una serie de factores objetivos (las posibilidades técnicas al alcance de la sociedad);

b) el proceso que conduce al equilibrio se basa en que, cuando la situación no es

de equilibrio, algunos agentes perciben posibles acciones que les harían estar mejor (por

ejemplo, cambiar las cantidades consumidas de ciertos bienes, cambiar la tasa de

ahorro, producir diferentes cantidades de bienes, etcétera); de hecho, el equilibrio se

define como aquella situación en la cual nadie tiene ningún incentivo para modificar su

conducta, teniendo en cuenta cuál es la conducta de los demás (“equilibrio de Nash”);

c) la distribución de la renta y de la riqueza a la cual se llega como resultado del

proceso económico no tiene por qué ser “igualitaria”, pero dependerá de dos factores

cuya crítica o justificación es bien diferente: la riqueza de todo tipo de la que parte cada

individuo (que los diferencia ya en la “línea de salida”) y las preferencias de todos los

agentes (que pueden tender a dar más valor económico a unos tipos de riqueza o de

talento que a otros; por ejemplo, probablemente no sea necesario un mayor “talento”

para encestar triples en el baloncesto que para matar moscas escupiéndoles, pero las

preferencias de millones de individuos hacen que quien tiene el primer tipo de talento

pueda hacerse rico en el mercado gracias a él, mientras que quien posee el segundo lo

tiene mucho más difícil);

d) todo el proceso de producción, intercambio y distribución en la economía de

mercado se basa en el respeto a una serie de normas (por ejemplo, la aceptación del

valor del dinero como medio de pago, la no discriminación entre compradores, la

libertad de entrada y salida del mercado, la evitación del fraude, etcétera); estas normas

son en parte heredadas por la sociedad (es decir, son una institución que antecede a los

individuos), en parte cambiantes como resultado de acciones descoordinadas, cuyo fin

voluntario no es el de cambiar esas normas (es decir, son el resultado de una evolución

constante), y en parte susceptibles de modificación por la acción voluntaria y

coordinada de los miembros de cada “generación” (es decir, pueden ser transformadas a

través de una reforma constitucional o simplemente legislativa).

Los correspondientes aspectos del “sistema científico” serían, a su vez, los

siguientes:

a) el valor científico de cada enunciado para una comunidad de investigadores

dependerá de factores objetivos (los resultados de los experimentos, observaciones y

pruebas lógicas, que no pueden ser modificados de forma arbitraria) y de factores

subjetivos (la interpretación que cada investigador dé a estos resultados, y la

importancia que tengan para ellos y para los demás agentes sociales). Todos estos

factores no se “suman”, simplemente, sino que se combinan a través de un complejo

proceso de interacción, en el que lo más importante es la percepción que cada científico

tiene sobre las opiniones de sus colegas; es decir, no todos los miembros de la

comunidad darán probablemente la misma valoración a cada enunciado, sino que por

“valoración social” debemos entender, más bien, la distribución de valoraciones que

dan los diferentes individuos a cada enunciado;

b) la valoración epistémica de un conjunto de enunciados científicos llegará a

una situación de equilibrio cuando ningún investigador tenga un incentivo en llevar a

cabo alguna acción (p. ej., nuevos experimentos, nuevos argumentos, etc.) que podría

dar como resultado un cambio en aquellas valoraciones;

c) la autoridad cognitiva de cada científico será el resultado del valor que los

enunciados “producidos” por él tengan en la valoración epistémica de equilibrio

alcanzada por la comunidad científica, y que hemos mencionado en el punto b; a su vez,

el control que cada investigador posea sobre los recursos científicos dependerá de su

autoridad cognitiva; ahora bien, la relación entre el poder, la autoridad y la

productividad de cada investigador no tiene por qué ser una relación sencilla, digamos

“lineal” (eso dependerá de la forma en la que institucionalmente interactúen los

científicos entre sí y con el resto de la sociedad), y además, dicha relación también

puede depender de otros factores (por ejemplo, la autoridad puede “heredarse” en parte

de la institución donde uno trabaja o de los científicos con los que uno se ha formado; v.

Torres Albero, op. cit., pp. 113 y ss.);

d) las normas que definen las diversas instituciones científicas también pueden

evolucionar, en parte como resultado de pequeños cambios cuyos efectos sobre las

instituciones (involuntarios) sólo son perceptibles al cabo de mucho tiempo, y en parte

como resultado de la discusión explícita en ciertos momentos de la historia de cada

disciplina.

Teniendo en cuenta esta cuádruple analogía, debemos volver a las cuestiones

que planteábamos unos párrafos más arriba. Con respecto a la función de utilidad de los

científicos, es necesario regresar a la discusión que ya comentamos en el apartado

segundo entre quienes defendían los valores como principal factor explicativo de la

conducta de los científicos, y quienes hacian lo propio con los intereses. Creo no

distorsionar mucho la historia de la disciplina si sugiero que la sociología mertoniana de

la ciencia ofrecía una visión del investigador científico como un agente cuya función de

utilidad poseía como argumentos principales el valor epistémico “objetivo” de los

enunciados científicos en general y el reconocimiento que recibía de sus colegas, el

cual, a su vez dependía del valor epistémico “objetivo” de las aportaciones de aquél; por

su parte, la “nueva” sociología de la ciencia consideraría que los únicos argumentos

reales de esa función de utilidad son la “rentabilidad” que el investigador obtiene como

fruto de sus decisiones, y, si acaso, el beneficio que un cierto resultado científico puede

aportar a los grupos sociales con los que el investigador se sienta de algún modo

“identificado”. La sociología “clásica” de la ciencia partiría, pues, de las hipótesis de

que los científicos son generalmente capaces de reconocer el “verdadero” valor

epistémico de los enunciados de su disciplina (basándose en los principios autónomos

de la metodología de la ciencia) y de que el mecanismo social del “reconocimiento del

mérito” identifica de forma aproblemática las contribuciones “realmente” valiosas. La

“nueva” sociología de la ciencia, al negar la existencia de algo así como un “valor

epistémico verdadero”, únicamente puede explicar la conducta de los científicos en

función de “factores sociales”, que nada tienen que ver con la objetividad del

conocimiento, tal como se entendía este concepto en la filosofía tradicional de la

ciencia.

Como ya indiqué en el apartado segundo (y como tendré ocasión de reiterar al

comentar la corriente constructivista), creo que una visión más realista de la

investigación científica tiene que admitir la importancia de ambos tipos de factores, los

epistémicos y los sociales. Así, incluiré en la función de utilidad de los científicos tres

variables principales (que luego pueden ser analizadas en componentes más básicos): el

valor epistémico de cada enunciado científico desde el punto de vista de cada

investigador (evitando así la introducción de un “valor epistémico verdadero”), el

prestigio que cada uno pueda alcanzar (tanto individualmente, como por pertenecer a un

grupo social determinado, y asumiendo que este prestigio conduce también al disfrute

de otros bienes y recursos), y, por último, la opinión de los colegas sobre cada cuestión

relevante (y, en algunos casos, también la de los demás miembros de la sociedad).

Con respecto al proceso que conduce a la comunidad científica a un equilibrio

determinado, hemos de plantear primero cuáles son los diferentes tipos de decisiones

que cada investigador debe tomar en el marco de su trabajo. Estas decisiones (que no

son tomadas necesariamente en el orden en el que las menciono; más bien todas ellas

tienen lugar de forma continua) podemos clasificarlas en cuatro grandes categorías:

a) qué valoración dar a cada enunciado científico presentado por sus colegas;

b) qué experimentos, observaciones, argumentos teóricos, etcétera, intentar

llevar a cabo;

c) qué interpretación ofrecer de sus resultados;

d) cómo comunicarse con sus colegas y con el resto de la sociedad.

Las decisiones del primer tipo se refieren a si un cierto enunciado es susceptible

de crítica o no, cuál es su grado de probabilidad o verosimilitud, si debe ser tenido en

cuenta o ignorado, etcétera.

Las decisiones del segundo tipo incluyen, desde las acciones más rutinarias de la

investigación (cuántas veces repetir un test, qué nivel de significación considerar

aceptable en cierto estadístico, etcétera), hasta decisiones más trascendentales para el

científico, como qué proyectos de investigación elegir, en qué instituciones trabajar, qué

becarios admitir, o con qué equipos colaborar, en la medida en la que todo esto conduce,

directa o indirectamente, a llevar a cabo un cierto trabajo empírico o teórico en lugar de

otro.

Las decisiones del tercer tipo suponen que, como consecuencia de las acciones

que el investigador ha llevado a cabo (individualmente, o con más frecuencia, en

equipo), se han alcanzado unos ciertos resultados empíricos o formales, pero estos

resultados no conllevan su propia interpretación como una etiqueta adherida, sino que,

al comunicarlos al resto de los colegas, el investigador debe elegir la forma en la que

cree que deben ser interpretados. A veces sólo percibirá una interpretación posible, pero

en muchas ocasiones existirán varias, y es concebible que, aunque él sólo vea unas

pocas posibilidades, otros científicos vean luego más. Por otro lado, proponer una teoría

científica no es más que un caso particular de este tipo de decisiones, pues una teoría es

hasta cierto punto una interpretación de un conjunto muy amplio de fenómenos.

Por último, las decisiones del cuarto tipo se refieren a cosas tales como qué

revistas, libros y artículos leer, dónde enviar los propios trabajos, a qué congresos

acudir, con qué colegas entrar en contacto, a qué agencias o instituciones solicitar

fondos, etcétera.

Todas estas decisiones no sólo están mutuamente relacionadas entre sí en el caso

del científico individual, sino que las decisiones que toma cada uno dependen de las que

hayan tomado los demás, e incluso de las que cada uno crea que los otros van a tomar

en el futuro. Esta interrelación mutua de las decisiones individuales es lo que lleva a la

comunidad científica a un estado de equilibrio determinado, a través de un proceso en el

que podemos distinguir un período más inmediato (“corto plazo”) y otro más extenso

(“largo plazo”).

A corto plazo (es decir, cuando se tienen en cuenta los resultados obtenidos hasta

el momento, pero aún no se han llevado a cabo experimentos o desarrollos teóricos

nuevos) se obtendrá un equilibrio basado únicamente en decisiones de los tipos a, c y d:

cada investigador propone unos enunciados, intenta comunicarlos y escuchar lo que

otros comunican, y decide qué valoración dar a cada uno de esos enunciados. Puesto

que cada uno toma esa decisión basándose en parte en las valoraciones que piensa que

los otros harán (recuérdese el tercer argumento de la función de utilidad), el equilibrio

se obtiene cuando las decisiones individuales basadas en la creencia de que los otros

decidirán de tal o cual manera, conduce exactamente a esa distribución de las decisiones

(en términos más técnicos: cuando “las expectativas son autosatisfechas”). La fluidez en

la comunicación, dependiente del diseño institucional de cada disciplina, es lo que hará

que este equilibrio a corto plazo se alcance de forma relativamente rápida, o, por el

contrario, sea difícil llegar a él.

Este equilibrio a corto plazo es dinámico en el sentido de que cada decisión

acerca de realizar algún trabajo empírico o teórico relacionado con una cierta afirmación

dependerá de la valoración de ésta en el equilibrio de corto plazo correspondiente al

momento en el que se toma la decisión. Es decir, un investigador puede considerar

“rentable” llevar a cabo cierto experimento, pongamos, supuesta una valoración social

determinada del enunciado en cuestión, pero no considerar que merece la pena si la

valoración social de equilibrio es otra diferente. En particular, si el enunciado es objeto

de fuerte discusión en la disciplina, los experimentos relacionados con él podrán

proporcionar “beneficios” a quienes los realicen, pero si sólo hay un pequeño grupo

“marginal” que todavía no acepta el enunciado, el resto de los miembros de la

comunidad seguramente no considerarán “rentable” dedicarse a convencerlos mediante

nuevas pruebas empíricas, pues habrá otros problemas que serán más interesantes. Este

hecho nos obliga a tener en cuenta otro factor importante, como es el de los recursos

con los que cuenta cada investigador. Estos recursos serán siempre limitados, lo que

quiere decir que no todas las acciones concebibles pueden ser llevadas a cabo (de ahí

que sean necesarias las decisiones de tipo b).

A largo plazo, los investigadores pueden añadir nuevos argumentos empíricos y

teóricos que sean relevantes para la valoración de cada enunciado; esto es, se llevan a

cabo acciones nuevas del tipo b y c. Los resultados de estas acciones, al ser

públicamente conocidos, afectarán al valor epistémico que subjetivamente asigne cada

investigador a las afirmaciones correspondientes (recuérdese el primer argumento de la

función de utilidad que supusimos unos párrafos más arriba), y, debido a la interrelación

entre unos enunciados y otros, también podrá modificarse el “prestigio” que cada

ciéntifico espera obtener. Todo esto hará que los equilibrios a corto plazo que se

hubieran obtenido con anterioridad para cada enunciado vayan desplazándose en dos

posibles sentidos: o bien hacia la aceptación unánime de la validez de un enunciado

(con lo cual pasará a ser un “hecho socialmente aceptado”), o bien hacia su

consideración como una simple hipótesis no establecida definitivamente, o incluso

refutada (a largo plazo, ambas posibilidades tienen el mismo efecto práctico:

simplemente la no aceptación del enunciado como un “hecho sólido”). Por supuesto,

ningún equilibrio de largo plazo es definitivo por necesidad: la evolución del

conocimiento puede hacer que algunos investigadores consideren “rentable” poner en

cuestión los enunciados que se consideraban “hechos sólidos” o “principios firmes”, o

rescatar algunos que eran tomados como simples hipótesis.

En cuanto a la distribución de la autoridad cognitiva y el poder científico entre

los miembros de la comunidad, como dije más arriba, ella dependerá de dos factores: de

la distribución de autoridad y poder previa a cada proceso de investigación, y del

resultado de dicho proceso, es decir, del éxito que haya tenido cada investigador o cada

equipo en proponer enunciados que han sido aceptados como “hechos sólidos” por la

comunidad. La autoridad cognitiva es hasta cierto punto algo subjetivo, pues podemos

identificarla con la importancia que tiene la opinión de un científico en las valoraciones

que hagan sus colegas; pero también podemos dar una definición más “objetiva”,

diciendo que la autoridad de un científico sobre cierto enunciado es igual a la magnitud

en la que se modificaría la valoración social de dicho enunciado si cambiara la opinión

manifestada sobre él por aquel científico. El poder sobre los recursos, en cambio,

siempre es una propiedad objetiva, aunque, como dijimos en el apartado anterior, puede

no identificarse directamente con la autoridad, ya que los procesos de asignación de

autoridad y de distribución de recursos no son idénticos, ni siguen necesariamente los

mismos mecanismos (los primeros son una cuestión interna de la comunidad científica;

los segundos son una cuestión política).

Finalmente, nuestro modelo “económico” de la investigación científica puede

extenderse a la explicación de las normas que mencionamos en la primera parte. Por

supuesto, no es posible dar una explicación completa de las normas sociales o éticas en

términos de la elección racional de los individuos, pues esta elección se basa siempre en

algunas normas que el individuo toma como dadas.5 Pero sí es posible hacer una crítica

normativa de dichas normas usando la perspectiva de la llamada “economía política

constitucional”;6 esto es, podemos plantearnos si los miembros de una comunidad, si se

vieran a obligados a elegir por unanimidad un conjunto de normas por las cuales regirse

en el futuro, elegirían las normas vigentes u otras alternativas. Este mecanismo es

análogo al ideado por John Rawls en su Teoría de la justicia, pues, como las normas

van a elegirse para un período muy largo, los individuos no tendrán certidumbre sobre

cuál va a ser su posición durante todo ese período, y no podrán tomar su decisión

5 V. Hodgson (1993).

6 V., p. ej., Buchanan y Tullock (1980) y Vanberg (1999).

basándose en sus intereses concretos, sino sólo en lo que le interesaría al “miembro

medio” de la comunidad (es decir, aquel en el que tienen más posibilidades de llegar a

convertirse). Aplicado al caso de las instituciones científicas, podemos suponer que, en

una hipotética “elección constitucional” de las normas, la decisión de cada individuo se

tendría que basar principalmente en el primer argumento de su función de utilidad (esto

es, sus valores epistemológicos), ya que ignoraría lo que sucederá con los otros dos

argumentos (no sabe qué teorías va a defender en el futuro, ni qué opiniones van a tener

sus colegas). Esto no significa que todos los científicos compartan los mismos valores

epistemológicos, ni que estén de acuerdo, de hecho, sobre las mismas normas de la

ciencia; pero sí implica la posibilidad de que, desde un punto de vista normativo, los

individuos sean capaces de abstraerse de su posición concreta y juzgar esas normas sólo

sobre la base de valores racionales abstractos. Las normas de la ciencia, en especial las

normas metodológicas establecidas en cada disciplina, pueden muy bien haberse

generado, a lo largo de la historia, a través de una especie de “discusión constitucional

permanente”, en la que la tendencia a favorecer las propias posiciones se ve

contrapesada por una tendencia a criticar las normas establecidas mediante criterios

imparciales.

3.2. El cambio en el orden científico.

El modelo económico cuyas líneas principales he presentado en el apartado

anterior es, evidentemente, no sólo un modelo del “orden científico”, sino que, al hacer

hincapié en las decisiones y acciones de los individuos, y en el proceso dinámico al cual

éstas conducen, intenta ser una explicación del proceso de cambio en ese orden. En este

apartado voy a comparar este proceso de cambio, tal como se contempla desde nuestro

modelo, con los comentarios de Torres Albero sobre el mismo proceso.

Un primer aspecto digno de señalar en la exposición de Torres Albero es que

ésta se basa en una analogía entre los procesos de cambio científico y los procesos de

cambio en el sistema político. Así, distingue cinco tipos de cambio (op. cit., p. 214): 1)

la acumulación de conocimientos en el marco de los regímenes autocráticos (esto es, la

“ciencia normal” de Kuhn), 2) las revoluciones que conducen de un régimen autocrático

a otro (los “cambios de paradigma” de Kuhn), 3) la competición dinámica entre

programas de investigación rivales que luchan entre sí más o menos en pie de igualdad

(lo que correspondería a la metodología de Lakatos), 4) la colonización de nuevos

territorios (“áreas de problemas”) sin explorar y 5) la conquista de territorios ocupados

previamente por otras disciplinas (los dos últimos procesos se derivan de la obra de

Mulkay sobre las “migraciones científicas”). Esta quíntuple división puede reducirse a

un único hilo conductor, que es el de la estructura de poder vigente en cada disciplina.

Si esta estructura es “autocrática”, sólo serán posibles los dos primeros tipos de cambio

(respectivamente, si se mantiene el mismo “dictador” en el poder, o si es derrocado y

substituido por otro); si no hay un grupo que monopoliza el poder, sino varios

“partidos” o “grupos de presión” con intereses contrapuestos y con capacidad para

actuar legítimamente, tendremos un régimen de cambio científico más parecido al

lakatosiano; y si, en cualquiera de los dos casos, existe la posibilidad de que algún

grupo poco poderoso dentro de la comunidad original se instale fuera de sus límites

primitivos, entonces tendremos alguno de los dos últimos casos.

La descripción de la autoridad cognitiva que hemos visto en el apartado anterior

es perfectamente compatible con las dos primeras posibilidades:7 cuando la autoridad

7 El caso de las “migraciones” requeriría una cierta extensión conceptual de nuestro

modelo económico, que no voy a plantear ahora, pero que considero también bastante

plausible.

está muy concentrada (sea porque unos pocos miembros poseen casi toda la autoridad, o

porque, aunque hay muchos individuos con autoridad, todos ellos comparten las mismas

valoraciones sobre los principios básicos de la disciplina), entonces será muy

improbable que un científico “aislado” considere rentable proponer afirmaciones que

vayan en contra del “paradigma”, o si lo hace, será poco rentable para los demás el

aceptarlas. Por otro lado, si la autoridad está más extendida, aumentará la probabilidad

de que surjan ideas alternativas, de que sean discutidas por la comunidad, y de que den

lugar a planteamientos teóricos y empíricos nuevos.

Otra cuestión acertadamente planteada por Torres Albero (p. ej., p. 193) es la de

la ambigüedad y vaguedad con la que Kuhn usa los términos “paradigma” y

“revolución”. Al intentar explicar casi cualquier cambio científico con ayuda de estos

dos conceptos, Kuhn los vacía realmente de todo contenido empírico, y se hace

necesario, por tanto, utilizar unos esquemas conceptuales más precisos. Una

consecuencia negativa de aquella vaguedad se observa en la polémica sobre si la histo-

ria de la ciencia puede contemplarse como una sucesión de paradigmas dominantes (tal

como parece afirmar Kuhn) o como la lucha continua de diversos programas de

investigación coexistentes (tal como se desprende de la obra de Lakatos).

Desde mi punto de vista, esta polémica se resuelve considerando que no existe,

en realidad, una dicotomía entre el concepto de paradigma y el de programa de

investigación, sino que más bien ambos conceptos se refieren a aspectos diferentes del

trabajo científico. Hasta ahora he hablado de las “afirmaciones” o “enunciados” de la

ciencia como si se tratara de proposiciones aisladas unas de otras, aunque con ciertas

relaciones entre sí; pero, en realidad, los enunciados científicos presentan una estructura

jerarquizada, en el sentido de que unos son más generales que otros, es decir, se aplican

a un conjunto de casos más amplio, aunque su contenido empírico es menor. Esto es, las

teorías científicas presentan una estructura arbórea (o “de red”, como afirman los

estructuralistas; cf. capítulo anterior), basada en uno o unos pocos “principios

generales”, que se supone que son válidos en todas las posibles aplicaciones de la teoría,

y a los que se van añadiendo otras “leyes” más específicas, que dan contenido concreto

a los principios básicos en el marco de aplicaciones empíricas cada vez más

restringidas. Normalmente, los principios básicos de una disciplina son aceptados sin

crítica por todos sus miembros, casi como si fueran las “reglas del juego”, de las cuales

tiene poco sentido decir si son verdaderas o falsas: más bien se trata de lo que define la

especialidad a la que uno se dedica. Esto se correspondería con la idea de “paradigma”.

Por el contrario, las partes más alejadas del “tronco” de la teoría son las que están

realmente “vivas”, en el sentido de que los investigadores en activo se dedican a

desarrollarlas, y, casi por definición, aún no se ha llegado a encontrar un cojunto de

“leyes específicas” que la comunidad de investigadores acepte consensualmente como

la “correcta”; mientras esta solución consensuada no llega, evidentemente es posible

que compitan muchas posibles soluciones alternativas, que es lo que se correspondería a

la idea de los “programas de investigación”. Que la distinción entre paradigma y

programa de investigación es relativa y no absoluta se aprecia claramente cuando se

tiene en cuenta que todas las partes “establecidas” del árbol teórico fueron en su día

“ramas vivas”, con varias alternativas compitiendo entre sí para intentar ser finalmente

aceptadas. Por otro lado, cuando la competencia entre programas de investigación

parece estar llevando a un callejón sin salida, porque ninguna de las soluciones

propuestas alcanza la aceptación unánime porque se enfrenta con problemas que no

puede resolver, comienza a ser considerada la posibilidad de descender hacia las partes

más establecidas del árbol teórico para intentar buscar alternativas diferentes a los

principios “establecidos”, que permitan desarrollar programas de investigación más

exitosos desde otro paradigma.

Desde la perspectiva del modelo económico presentado en el apartado anterior,

podemos afirmar que el coste que tiene para el científico individual someter a crítica los

enunciados que en su correspondiente equilibrio a largo plazo han sido aceptados como

“principios firmemente establecidos”, es un coste demasiado alto la mayor parte de las

veces (tanto en términos de su posible pérdida de prestigio si los pone a prueba, como

en términos del valor epistémico que él mismo confiere a dichos enunciados). En

cambio, los enunciados que todavía no han alcanzado ese equilibrio a largo plazo,

porque aún son debatidos por los miembros de la comunidad, formarán parte sin duda

de algún programa de investigación activo, y aceptarlos o rechazarlos serán alternativas

igualmente factibles para los miembros de la comunidad.

El aspecto que me parece más problemático de la exposición de Torres Albero

sobre el problema del cambio científico es el hecho de que, aparentemente, el que la

dinámica de este cambio siga un proceso kuhniano o lakatosiano depende, para el citado

autor, simplemente del grado de concentración de poder que exista dentro de cada

disciplina. El tipo de dinámica dependerá, por tanto, de factores sociales más bien que

de factores cognitivos. Esto parece querer decir que, si en una disciplina la autoridad

está concentrada en unos pocos individuos, será más probable que su evolución siga el

ciclo kuhniano de ciencia normal-crisis-revolución-ciencia normal, mientras que si la

autoridad está más diseminada, será más fácil encontrar diversos programas de

investigación coexistentes. La cuestión es si, a su vez, aquella estructura de poder

depende de la evolución teórica de la disciplina, o depende de otro tipo de factores

extra-cognitivos. Si sucede esto último, parece que habríamos encontrado un argumento

poderoso en favor de las visiones más “sociologistas” de la ciencia, pues la evolución de

las disciplinas científicas, y de su contenido cognitivo, se explicaría fundamentalmente

por la estructura de poder subyacente, y ésta a su vez por otros factores “sociales”. Pero,

en mi opinión, es más acertada una visión como la presentada en los párrafos anteriores,

según la cual la asignación de autoridad en las disciplinas científicas depende

fundamentalmente de los logros de cada investigador, tal como son percibidos por el

resto de sus colegas (y, por lo tanto, depende de cuál sea la percepción social de los

resultados cognitivos alcanzados), y además, el hecho de que un enunciado sea

susceptible o no de crítica depende, no de cuán jerarquizada se encuentre la

especialidad, sino de que sus miembros lo acepten consensualmente como un “principio

firmemente establecido” o como una “hipótesis digna de ser desarrollada”. Dicho de

otra manera, incluso en una disciplina científica plenamente “democrática”, en el

sentido de que todos sus miembros gozasen exactamente del mismo grado de autoridad

cognitiva y de control sobre los recursos, sería posible la existencia de ciertos

enunciados que todo el mundo considerase demasiado costoso criticar (esto es, podría

existir un “paradigma”); y de igual forma, en una disciplina fuertemente

“jerarquizada”, en la que sólo una pequeña élite tuviera toda la autoridad y todo el

poder, sería posible que los miembros de esta élite (e, idealmente, incluso un único

líder) propusieran al resto de los miembros un conjunto de programas de investigación

alternativos.

No hay que olvidar tampoco una de las tesis centrales de Kuhn, que me parece

perfectamente válida: la de que sólo cabe decir que una cierta disciplina se ha

convertido en una “ciencia” cuando sus miembros se han logrado poner de acuerdo en

una serie de principios básicos, normas metodológicas y ejemplos concretos de “buenas

aplicaciones” de ambas cosas. Hasta que no encontremos esto, nos hallaremos, como

mucho, ante la “prehistoria” de una ciencia. Pero el acuerdo sobre estos principios

básicos, normas y “ejemplares” no genera automáticamente un acuerdo sobre todos los

demás problemas de la disciplina (algo en lo que Kuhn no parece insistir), sino que sólo

proporciona el marco en el que puede haber simultáneamente rivalidad y posibilidad de

acuerdo en las investigaciones posteriores. Por tanto, la existencia de un “paradigma”

no es simplemente una forma alternativa de organización “social” de la ciencia, frente a

otras alternativas posibles, sino más bien la propia definición de algo que merezca ser

llamado “ciencia”, es decir, de una institución encargada de producir conocimiento

certificado mediante métodos racionales. Y de la misma forma, la existencia de

programas de investigación rivales (que en último término tienen, a veces, incluso la

posibilidad de desbancar al paradigma hegemónico) es la única forma posible que puede

tener una institución que sólo valora el conocimiento generado a través de la crítica

racional y la evidencia empírica, es decir, que rechaza los meros argumentos de

autoridad.

Un último aspecto que quiero destacar de la crítica de Torres Albero a la teoría

de Kuhn es la (en mi opinión, acertada) sustitución de los factores “irracionales” del

cambio científico (aquellos a los que se refiere el autor norteamericano al hablar de

“conversión”, “inconmensurabilidad” o “psicología de masas”) por factores racionales

basados en los intereses de los científicos (op. cit., p. 196), si bien se trataría de

racionalidad instrumental más bien que de racionalidad cognitiva. Es decir, los

científicos no tomarían sus decisiones (o algunas de ellas) basándose tanto en el valor

epistémico de cada enunciado o en la pura “lógica de la investigación”, cuanto en la

maximización de sus intereses particulares o de grupo. Esto no deja de ser coherente

con nuestro modelo económico, en el que ambos tipos de factores eran incluidos en la

función de utilidad de los científicos.

Desde mi punto de vista, la idea de que las decisiones de los científicos se basan

“solamente” en la racionalidad instrumental, y no en la racionalidad epistémica, es, o

bien inconsistente, o bien injusta con los propios científicos. La razón de esto es que un

agente sólo puede ser racional en el sentido instrumental del término si es además

mínimamente racional en el sentido cognitivo: alguien que intenta maximizar su utilidad

lo hace tomando aquella decisión que es más beneficiosa de acuerdo con la información

que posee; por lo tanto, un sujeto instrumentalmente racional tiene un obvio incentivo

en obtener la mejor información posible, esto es, la más fiable. Si no existieran

mecanismos que permitieran distinguir la información objetiva de las meras creencias

subjetivas, no tendría ningún sentido intentar tomar “decisiones racionales”. Ahora bien,

puesto que la “información objetiva y fiable” es útil para los agentes

instrumentalmente racionales (los que supuestamente pueblan las instituciones propias

de la edad contemporánea, desde la ciencia hasta el capitalismo, pasando por el estado

de derecho), existirá un incentivo para la creación de mecanismos institucionales

dedicados específicamente a la producción de ese tipo de información (y que podrán

tener más o menos éxito). Es decir, si el tipo de ser humano que predomina en las

sociedades modernas es el que se caracteriza por la racionalidad instrumental, entonces

es de esperar que la ciencia tienda a producir conocimientos objetivos. Aquí radica la,

desde mi punto de vista, inconsistencia de los programas de sociología de la ciencia que

quieren subvertir la objetividad del conocimiento científico basándose en la idea de que

los científicos persiguen sus propios intereses.

Por otro lado, puesto que este los agentes racionales son por definición capaces

de evaluar el valor cognitivo de la información (aunque dicha capacidad no es ni mucho

menos ilimitada), entonces, si los científicos son individuos de ese tipo, tendrán alguna

capacidad de juzgar los enunciados científicos en términos de su valor cognitivo. Ahora

bien, el valor cognitivo que cada investigador asigne a dichos enunciados no tiene por

qué coincidir con la valoración que es más acorde con sus intereses. Por tanto, si

suponemos que el científico toma su decisión de acuerdo sólo con sus intereses, esto

querría decir que el científico es fundamentalmente un cínico, que hace afirmaciones

contrarias a sus auténticas creencias siempre que ello le beneficia.

¿Cómo podemos resolver esta aparente “paradoja de la racionalidad

instrumental”, que presenta la ciencia como una institución encargada de producir

conocimiento fiable, y a sus miembros como dispuestos a afirmar cualquier cosa con

independencia de lo fiable que crean que es? En mi opinión, la única solución posible es

la estrategia “constitucional” que mencioné al final del apartado anterior: los científicos

son conscientes de que sus intereses pueden, en ocasiones, apartarles de la objetividad, y

por ese motivo intentan fomentar el uso de criterios metodológicos que permitan

coordinar sus distintas valoraciones e intereses subjetivos de tal forma que las

afirmaciones consensuadas mediante el uso de tales criterios tengan la mayor

probabilidad de poseer un elevado valor epistémico para todos los individuos. Las

normas de la ciencia serían, pues, un mecanismo institucional semejante a la “mano

invisible” que (supuestamente) transforma en el libre mercado los intereses particulares

de cada uno en beneficios para todos. En este sentido, la visión económica de la ciencia

debería incluir un estudio de la eficiencia de las instituciones científicas en la

producción de conocimiento fiable. A la metodología “epistémica” tradicional, que se

planteaba únicamente la cuestión de qué métodos nos podían conducir de forma más

efectiva al progreso del conocimiento, deberíamos añadir una “metodología social de la

ciencia”, que nos dijera qué ordenamientos sociales de la investigación científica son

más eficaces en la producción de conocimiento fiable.8

8 V., p. ej., P. Kitcher (2001), cap. 8.

Retomando el asunto de la racionalidad o irracionalidad del cambio científico,

creo que es posible aplicar aquí el concepto de racionalidad limitada para iluminar,

desde una perspectiva simultáneamente psicológica y económica, los aspectos señalados

por Kuhn en un lenguaje tal vez demasiado metafórico. Me refiero sobre todo a la

cuestión de la “inconmensurabilidad”, término con el que Kuhn quiere indicar

básicamente el hecho de que los miembros de paradigmas diferentes tienen dificultades

para entenderse mutuamente. Con el concepto de racionalidad limitada, propuesto por

Herbert Simon, los economistas intentan a su vez apresar la idea de que el ser humano

tiene una capacidad finita de procesar y asimilar información, de tal manera que

nuestras decisiones no pueden nunca ser “óptimas” en sentido absoluto, pues siempre

habrá alguna información relevante que no hayamos tenido en cuenta. Esta limitación

inherente a las capacidades cognitivas del ser humano hace que normalmente no

sigamos la llamada “racionalidad sustantiva” (es decir, el intento de maximizar nuestra

utilidad estudiando minuciosamente nuestras decisiones caso por caso), sino lo que

llama Simon “racionalidad procedimental”, esto es, la aceptación de ciertos

procedimientos rutinarios más o menos fiables para la toma de decisiones, que, aunque

a veces nos conduzcan a auténticas “meteduras de pata”, por lo general funcionan

satisfactoriamente (aunque otros tal vez funcionarían aún mejor).

Pues bien, llevado al terreno de la investigación científica, podemos considerar

que, al ser limitadas las capacidades cognitivas del científico individual, éste debe

basarse en la asimilación de procesos de pensamiento estandarizados, que, aunque no

siempre le conduzcan inevitablemente a “la verdad”, sean relativamente fiables en la

generación de conocimientos que la comunidad científica pueda admitir como tales. La

asimilación de estos procedimientos es un trabajo arduo, lento, y que por sí mismo

requiere llevar casi hasta el límite las capacidades intelectuales del individuo. No es de

extrañar, así, que una vez que alguien ha asimilado tales mecanismos, no sólo sea reacio

a admitir la validez de otros mecanismos alternativos (que podrían reducir el valor

social de los suyos), sino también que los considere hasta cierto punto ininteligibles,

pues la asimilación de sus propies esquemas intelectuales “bloquea” de alguna manera

la capacidad de comprender otros esquemas diferentes. Por otra parte, tampoco es

necesario que los seguidores de paradigmas rivales realmente “no se entiendan” para

que tengan lugar los fenómenos de incomunicación a los que se refiere Kuhn. Más bien

lo que sucede puede ser que el coste de asimilar los procedimientos intelectuales nuevos

sea considerado más alto que los beneficios esperados, y por lo tanto, haya una lógica

resistencia al cambio. Sólo cuando estos beneficios esperados llegan a ser muy altos,

por la importancia que la comunidad científica da a la resolución de su estado de crisis,

puede surgir un número significativo de investigadores dispuestos a arriesgarse su

reputación ensayando nuevos esquemas conceptuales.

4. SOBRE LA SOCIOLOGÍA “RADICAL” DEL CONOCIMIENTO

CIENTÍFICO.

4.1. El Programa Fuerte y sus puntos débiles.

La idea de que no sólo la organización institucional de la ciencia y sus relaciones

con el resto de la sociedad, sino el propio contenido del conocimiento científico debía

ser objeto del estudio sociológico, ha sido el principal caballo de batalla de una de las

más conocidas corrientes actuales del estudio social de la ciencia, el llamado “Programa

Fuerte”, desarrollado principalmente por D. Bloor y B. Barnes, aunque las tesis del

primero son generalmente más radicales (al menos aparentemente) que las del segundo.

En este apartado voy a comentar algunos de los puntos más significativos que Bloor

presenta en lo que se considera como el “acta fundacional” del citado programa, su libro

Knowledge and Social Imaginery, una obra más metodológica y programática que

dedicada a estudios sustantivos.

El punto de partida del Programa Fuerte (op. cit., pp. 4 y 5) es que los

sociólogos deben mostrarse imparciales ante las afirmaciones de conocimiento

realizadas por cualesquiera grupos sociales (“tesis de la imparcialidad”);

“conocimiento” es, para el sociólogo, cualquier cosa que un determinado grupo social

considera que es conocimiento, y, que, en esa medida, ha de “obligarse” a los miembros

del grupo a que lo acepten como tal. Tanto las creencias de los pueblos primitivos en la

brujería, como las creencias religiosas institucionalizadas en diversas sociedades, como

las teorías científicas admitidas en nuestros días, son “conocimiento” en ese sentido

“social”, y el sociólogo no debe plantearse la validez de cada una de esos “universos

simbólicos”: sólo debe intentar explicar por qué dichos grupos admiten esos

“conocimientos” en lugar de otros (“tesis de la causalidad”). Significativamente, Bloor

estipula que el tipo de explicación debe ser el mismo en todos los casos, indepen-

dientemente de si el conocimiento analizado nos parece verdadero o falso, racional o

irracional: puesto que la aceptación de unas ideas determinadas es un hecho social, la

explicación en todos los casos debe ser una explicación sociológica (“tesis de la

simetría”). Bloor añade una cuarta tesis (“reflexividad”), que afirma que el mismo tipo

de explicación debe ofrecerse para el conocimiento sociológico, incluyendo las mismas

tesis del Programa Fuerte.

Con las tres primeras tesis, Bloor se opone a la que considera que es la visión

tradicional de la filosofía de la ciencia, según la cual habría ciertas afirmaciones que los

científicos admiten (o deben admitir) simplemente por su propia evidencia racional o

empírica, de tal modo que, aparte del hecho psicológico de que nuestra mente “tiende”

de forma “natural” a admitir esos enunciados, no habría nada más que explicar, sobre

todo si la explicación se basa en factores “externos”. Las creencias correctas se

explicarían únicamente en función de las capacidades racionales normales del ser

humano, y sería sólo el “error” lo que requeriría una explicación “social” o de otro tipo.

Bloor se muestra especialmente crítico con dicha concepción en lo que se refiere a los

enunciados de la lógica y de la matemática; con respecto a los enunciados que reflejan

la experiencia directa (“aquí hay una mesa”, “está lloviendo”, etcétera), admite que, en

buena parte, su aceptación está basada en nuestras capacidades psico-biológicas innatas,

que son las que, en el fondo, nos permiten interactuar con el mundo material que nos

rodea, y, dentro de éste, con los demás miembros de nuestra sociedad (op. cit., pp. 33-

34); la aceptación de aquellos enunciados, en cambio, no está basada únicamente en

esas capacidades innatas, sino que también depende del marco social en el que nos

encontremos. Al fin y al cabo, argumenta Bloor, los “hechos empíricos” están “cargados

de teoría”, y, puesto que no poseemos la capacidad innata de aceptar unas teorías en vez

de otras, es nuestra interacción con otros sujetos la que determina finalmente qué teoría

vamos a aceptar como válida para interpretar los hechos empíricos. Evidentemente, si

esto es así en el caso de los enunciados de experiencia directa, mucho más claramente

ocurrirá en el caso de las teorías científicas abstractas.

En este punto Bloor hace uso de la famosa tesis de Duhem, según la cual ningún

conjunto de experiencias, por muy amplio que sea, puede demostrar la validez de una

teoría universal (especialmente si se refiere a entidades inobservables), pues, en

principio, habría infinitas teorías compatibles con los mismos datos. La tesis que

plantean Bloor y otros sociólogos de la ciencia es la de que, si la lógica sola no basta

para inferir una teoría a partir de un conjunto finito de datos empíricos, los factores que

hacen que se acepte una única teoría de entre todas éstas deben ser factores sociales, lo

cual lo “demuestran” a partir de un amplio conjunto de casos históricos.

Aparte del hecho de que, según la propia tesis de Duhem, habría infinitas teorías

(sociológicas o no) igualmente compatibles con los “datos” históricos presentados por

estos sociólogos e historiadores de la ciencia, el principal punto débil de la argumenta-

ción de Bloor sobre esta cuestión me parece la ambigüedad con la que usa la expresión

“los mismos tipos de causas”: las tesis de la imparcialidad y la simetría, tal como son

usadas en el Programa Fuerte, implican que la aceptación de una teoría científica

determinada (como, por ejemplo, la teoría de la gravitación universal, la genética

mendeliana, la teoría celular, la aritmética elemental, etcétera) se debe siempre al mismo

tipo de factores que la creencia en los dioses y héroes de la mitología clásica, en los

misterios de la religión católica o en las supersticiones populares; ahora bien, cuando

los críticos de Bloor insisten en que evidentemente deben ser causas diferentes las que

se hallan involucradas en ambos casos, Bloor se defiende diciendo que lo único que él

afirma es que debe usarse el mismo tipo de causas, no las mismas causas. La cuestión

entonces es, ¿a qué tipo de causas se refiere? Si se permite la introducción de factores

psicológicos y de otro tipo junto con los factores sociales, la afirmación de que “tanto la

aceptación de que existen infinitos números primos como la de que los ajos espantan el

mal de ojo se deben a alguna combinación de factores psicológicos, sociales, y tal vez

de otro tipo”, es una afirmación completamente vacía y que todos los filósofos de la

ciencia, excepto tal vez algunos platónicos radicales, estarían dispuestos a admitir.

Si, por el contrario, para dar mayor contenido a la tesis del Programa Fuerte

restringimos el tipo de explicaciones admisible, empiezan las dificultades. Supongamos

que las “causas” a las que nos referimos son los intereses sociales: está entonces

bastante claro que la creencia supersticiosa se basa en ciertos intereses (¿a quién no le

interesa librarse del mal de ojo?), pero realmente a mí no me va ni me viene nada en que

haya finitos o infinitos números primos; por otro lado, el que a mí me interese librarme

del mal de ojo no implica necesariamente que tengan que ser los ajos los que realicen

tan benéfica misión; ¿no podían ser las cebollas? Claro, que entonces puede ser que los

intereses sociales involucrados sean los deseos de los productores de ajos por aumentar

sus ganancias; pero, entonces, ¿por qué tengo que aceptar yo, que no tengo invertido mi

capital en la producción de ajos, aquella tesis? ¿Y por qué no han triunfado los intereses

de los productores de cebollas sobre los de los productores de ajos? Evidentemente, no

es a este tipo de intereses a los que se refieren los defensores del Programa Fuerte. En

realidad, en todos los ejemplos que conozco, Bloor, Barnes y sus colegas se refieren a lo

que podríamos llamar “intereses de grupo”: en esos ejemplos, una cierta teoría era

admitida por parte de un grupo, porque favorecía los intereses de ese grupo; el

individuo, en tal caso, se limitaría a identificarse con esos intereses. Buscar la

explicación social de un cierto item de “conocimiento” se convertiría, entonces, en

buscar aquel grupo al que la aceptación de dicho conocimiento “beneficia”.

El problema aquí es la oscuridad del concepto de “interés de grupo” y su difícil

articulación con los deseos y preferencias de los individuos de carne y hueso, que son

los únicos que realmente tienen “intereses” en el sentido literal de la palabra. La tesis de

Bloor parece ser que cada uno de nosotros “asimila” una cierta imagen de la sociedad,

que es la más “favorable” para el grupo con el que uno se siente “identificado”, y que

“transfigura” dicha imagen en todo aquello que acepta como conocimiento. Bloor

generaliza así a la ciencia moderna la tesis de Durkheim de que las cosmovisiones

primitivas son un mero reflejo del orden social de cada cultura. Los “intereses”

explicarían, de este modo, por qué aceptamos o rechazamos ciertas teorías, pero lo

harían de manera muy indirecta, determinando solamente una especie de “visión general

del mundo” en la que cabrían luego muchas posibilidades diferentes.

Por ejemplo, podemos admitir hasta cierto punto que la concepción naturalista

de la realidad (no el “naturalismo científico” en epistemología, que vimos en el capítulo

III) “favorecía” a las clases medias emergentes en el siglo XIX en su intento por

alcanzar la primacía social, frente a la visión teológica tradicional, más favorable a la

aristocracia terrateniente. Pero esta preferencia genérica por las explicaciones

naturalistas no favorecía en mayor medida a la teoría darwiniana de la selección natural

frente al evolucionismo lamarckiano, ni a la interpretación que hacía Darwin del

proceso de selección frente a la que hacía Wallace. Todas estas teorías evolucionistas

eran igual de “naturalistas”, y, por lo tanto, favorecían por igual los intereses de las

clases medias. Y, lo que es más grave, existirían muchísimas otras teorías con las

mismas características. ¿Por qué los biólogos terminaron aceptando la teoría de Darwin,

y por qué la modificaron posteriormente con nuevos principios y argumentos? Creo que

podemos concluir que, igual que el Programa Fuerte insiste en la “infradeterminación de

las teorías por la evidencia empirica”, hay también una paralela “infradeterminación de

las teorías por los factores sociales”, que hace que la aceptación de una teoría u otra

tras una controversia científica deba ser explicada por algo más que por los meros

“intereses de grupo”, cuya capacidad explicativa en este caso creo que es francamente

exigua.

En el terreno de la lógica y de la matemática, Bloor hace un uso más restringido

de la teoría de los intereses (salvo en la referencia a Pearson y al origen de la

estadística), e insiste más bien en la tesis de que las reglas lógico-matemáticas “obligan”

exactamente en el mismo sentido que las reglas sociales, y que por eso mismo deben

considerarse una “institución social”, tan contingente como las demás. Aparte de que la

epistemología de las ciencias formales en la que se basa Bloor (un inductivismo

psicologista inspirado en John Stuart Mill) es relativamente endeble y poco capaz de

explicar las propiedades más significativas de los sistemas formales9, la propia identi-

ficación de la “obligatoriedad” del razonamiento lógico y matemático con la

“obligatoriedad” de las normas sociales (y, a su vez, con la de las “leyes naturales”) me

parece singularmente fuera de lugar. Téngase en cuenta, simplemente, que las normas

sociales puedo desobedecerlas, mientras que las leyes naturales y las reglas lógico-

matemáticas no; además, tanto en el caso de las normas sociales como en el de las leyes

naturales puedo concebir una situación en la que no se cumplan (por ejemplo, me

puedo imaginar a mí mismo cometiendo un asesinato o suspendido en el aire sin ayuda),

mientras que simplemente no soy capaz de pensar que dos y dos son cinco (aunque sea

capaz de decirlo). Las reglas lógico-matemáticas “obligan”, pues, en realidad, de una

forma mucho más fuerte que las normas sociales, y parece difícil admitir, por lo tanto,

que la “obligatoriedad” de aquéllas se derive de alguna forma de una obligatoriedad

mucho más débil.

9 Según el “empirismo” de Mill, la forma en la que averiguamos los principios

matemáticos fundamentales es el mismo proceso de inducción que se usa en las ciencias

naturales. Por ejemplo, yo sé que “el orden de los factores no altera el producto” porque,

al multiplicar muchas veces dos números en ambas direcciones, he obtenido el mismo

resultado. Esto, evidentemente, no explica por qué estoy seguro de que ese enunciado se

cumplirá para cualesquiera dos números (incluso algunos que nunca haya imaginado),

mientras que no lo estoy tanto de que “el sol seguirá alcanzando el cénit cada

veinticuatro horas en los próximos veinte mil millones de años”, una frase para la que

poseo una evidencia inductiva favorable posiblemente más extensa que la que poseo

para la otra, pero que estoy prácticamente convencido de que es falsa.

En conclusión, si en nuestra sociedad establecemos una diferencia radical entre

lo que merece ser llamado “ciencia” y lo que son meras “creencias”, “opiniones” o, peor

aún, “ideología”, esa diferencia consiste justo en el hecho de que, mediante la ciencia,

intentamos alcanzar una imagen de la realidad que sea independiente de nuestros

intereses particulares, de tal manera que si descubrimos que alguien admite una teoría

“porque de alguna forma le beneficia que (la gente acepte que) las cosas sean así”, eso

mismo lo consideraremos un indicio de que dicha teoría es sospechosa, es decir, de que

lo más probable es que encontremos algún fallo en los argumentos con los que la

defiende. Naturalmente, partimos de la convicción de que poseer creencias (aproximada

o probablemente) verdaderas es más útil que poseer creencias rotundamente falsas; pero

por eso mismo deseamos “librarnos” de nuestros intereses al determinar cuál es la

“verdad”. Lo que deseamos es, más bien, que sea la realidad misma la que nos indique

si tenemos razón o no al admitir ciertas afirmaciones, y todo el complejo desarrollo

técnico e institucional de la ciencia moderna tiene principlamente esa función, la de

dejar hablar a la realidad con una voz más fuerte que la nuestra. La razonable actitud

de sospecha hacia las ciencias sociales se debe, en mi opinión, a que en este caso no

tenemos claro que los “intereses sociales” no sean los que en el fondo hacen a unos

científicos preferir ciertas teorías en vez de otras.

Si considero preferible la explicación “económica” de la ciencia a la explicación

sociológica, tal como la plantea el Programa Fuerte, es precisamente porque creo que

con la primera podemos intentar comprender los mecanismos gracias a los cuales la

ciencia puede alcanzar conocimientos cuyo “sesgo social” sea el más pequeño posible, a

pesar de que dicho sesgo está sin duda alguna presente en el proceso mismo de genera-

ción del conocimiento. Es decir, podemos intentar explicar de qué forma y en qué

medida el sistema científico consigue eliminar (y no sólo “esconder”) del

“conocimiento certificado” los intereses de los individuos y grupos involucrados en su

producción.

4.2. La Antropología Constructivista de la Ciencia: un cordero con piel de

lobo.

Esta corriente de la sociología-antropología de la ciencia se hizo particularmente

famosa gracias a los primeros “estudios de laboratorio”, llevados a cabo principalmente

por Bruno Latour y Karen Knorr-Cetina a finales de los años setenta, los cuales fueron

presentados como confirmación de la tesis de que el conocimiento científico es

“construido socialmente”, y más que ser un reflejo objetivo de la realidad, lo que refleja

son las tensiones, disputas y alianzas entre los diversos actores que intervienen en la

investigación. Frente a la concepción “macrosociológica” del Programa Fuerte, que

intentaba explicar el contenido del conocimiento en función de las características de la

sociedad en que era producido, los constructivistas presentan una visión

“microsociológica”, que se centra en el análisis de la interacción “cara a cara” entre

científicos concretos. Una característica que sí comparten, en cambio, con el Programa

Fuerte, aunque posiblemente más acentuada, es la “imparcialidad” frente a los

contenidos del conocimiento; en este caso, se trata de considerar a los científicos como

el antropólogo considera una “tribu”, intentando comprender su mentalidad, sus

creencias y su forma de vida, pero sin comprometerse con ellas. Los “antropólogos de la

ciencia” intentarán, así, explicar la conducta de los científicos a partir de lo que

“realmente” puede observarse de esa conducta: los artículos que escriben, sus conver-

saciones, los gráficos producidos por los aparatos del laboratorio, etcétera, pero

“poniendo entre paréntesis” la existencia de las entidades inobservables a las que los

científicos creen poder referirse.10

El programa del constructivismo ha sido resumido magistralmente por Latour en

el apéndice a su obra Ciencia en acción (p. 263 de la ed. española), de tal modo que voy

a limitarme a comentar las siete “reglas del método” propuestas por este autor francés.

Veremos que se trata en su mayoría de planteamientos muy sensatos, aunque es difícil

estar de acuerdo con la interpretación radical que les dan estos autores.

La primera “regla del método” es la de estudiar la ciencia en su proceso de

elaboración, más que la ciencia elaborada. Esta es una tesis muy razonable, con la que

estarían de acuerdo la mayor parte de los filósofos de la ciencia de las últimas décadas,

aunque habría bastantes opiniones diferentes acerca de lo que realmente implica. A lo

que se refiere Latour es a la diferencia entre el momento en el que algo se considera ya

por la comunidad científica como conocimiento establecido (en los términos de Latour,

una “caja negra”), y la historia anterior, protagonizada por las controversias entre

diversos científicos acerca de cuál debe ser el contenido de dicho conocimiento. Latour

nos insta simplemente a estudiar cómo se establece el conocimiento, exactamente igual

que insistían Popper, Lakatos o Hempel, sin ir más lejos. Ahora bien, puesto que el

deseo de lograr que una cierta afirmación se convierta en una “caja negra” es lo que

motiva a los científicos durante todo ese proceso de “elaboración del conocimiento”, no

parece insensato suponer que la imagen ideal que posean los científicos de las

propiedades que una afirmación debe poseer para convertirse en una “caja negra” será

sin duda uno de los factores más importantes para explicar el proceso de la “ciencia en

10 Curiosamente, esta estrategia metodológica no deja de recordar al deseo de los

positivistas lógicos por fundamentar el conocimiento científico en enunciados

observables que no poseyeran ningún contenido teórico.

acción”. Naturalmente, el estudio de dicha imagen ideal es lo que siempre se ha llamado

“metodología de la ciencia”.

La segunda regla afirma que la objetividad o subjetividad de una afirmación no

debe buscarse en sus “cualidades internas” sino en lo que “se hace con ella” una vez que

ha sido propuesta. Esta regla es también totalmente acorde con la esencia del método

hipotético-deductivo: no hay nada en las “propiedades internas” de un enunciado que

indique si es verdadero o falso, aceptable o inaceptable; es sólo el posterior proceso

público de contrastación el que mostrará si el enunciado se considera falsado,

corroborado o insuficientemente contrastado. La tesis de Latour de que cualquier “caja

negra” puede volverse a abrir en el futuro (aunque con costes crecientes para quien lo

intenta), es también idéntica a la afirmación popperiana de que ni siquiera las teorías

mejor corroboradas deben considerarse como establecidas fuera de toda duda.

Las dos siguientes reglas son las que han generado más polémica, y son de

hecho las más características del constructivismo. Según ellas, la naturaleza y la

sociedad son “el resultado del cierre de las controversias”, no la causa, y por lo tanto, no

pueden utilizarse para explicar por qué una controversia se cierra de tal o cual manera.

La tesis relativa a la naturaleza es especialmente molesta para los filósofos realistas,

mientras que la tesis relativa a la sociedad es presentada por Latour casi como un “acta

de defunción” de la propia sociología de la ciencia. Las dos afirmaciones son demasiado

fuertes y es necesario examinar con detalle qué es lo que se nos pretende decir con ellas.

Uno de los objetivos básicos de La vida en el laboratorio y de The Manufacture

of Knowledge era mostrar que “la naturaleza es el resultado de lo que los científicos

hacen en el laboratorio”. Por ejemplo, que cuando Lavoisier pretendió haber descubierto

la composición química del agua, esta composición no era algo preexistente al trabajo

de Lavoisier, sino algo construido por él, y que, mediante un proceso de “negociación”

con el resto de los científicos, fue finalmente aceptado como un “hecho”. Lavoiser,

diríamos en los términos de Latour y Woolgar, construyó el H2O. O también, los

descubridores de la estructura de la insulina no la “descubrieron”, sino que la

“construyeron”. En principio, este lenguaje ofrece una inaceptable ambigüedad cuando

intentamos aplicarlo para distinguir las actividades de quienes supuestamente

“descubrieron” la estructura de una sustancia y quienes hallaron un método para

producirla sintéticamente; se supone que estos últimos sí que la construyen en sentido

literal. ¿En qué sentido decimos que la “construyen” los primeros, entonces? Puestos a

dudar de la existencia “independiente” de los objetos que los científicos pretenden haber

descubierto, no tiene sentido afirmar que éstos “construyen” esos objetos: lo que

“construyen”, evidentemente, son enunciados, teorías, esquemas, acuerdos, etcétera, que

supuestamente representan dichos objetos. Dichos enunciados, teorías, etcétera, son

nada más que hipótesis, como la hipótesis de que ahora mismo no soy una mariposa que

sueña que es un filósofo, pero el trabajo de la ciencia es, precisamente, el de averiguar

qué hipótesis sobre la estructura de la realidad son más dignas de crédito, son más

fiables, nos ofrecen más garantías si basamos nuestras acciones en ellas. La estructura

supuesta de la insulina es “sólo” una hipótesis, pero los diabéticos que consiguen

gracias a esa hipótesis llevar una vida que era impensable para ellos hace sólo unas

décadas, tienen razones para creer que la suposición es bastante fiable.

Latour juega con esta ambigüedad cuando afirma que “puesto que el cierre de

una controversia es la causa de la representación de la naturaleza, nunca podemos

utilizar esa consecuencia, la naturaleza, para explicar cómo y por qué se ha cerrado una

controversia” (subrayados míos). La primera parte de la frase es plenamente aceptable;

la segunda, en cambio, comete una falacia de colegial al identificar la naturaleza con su

representación. Si no fuera por esta falacia, también la segunda parte sería

completamente razonable: es absurdo decir que “la razón por la que los químicos

aceptaron que el agua era H2O es que el agua es H2O”, ningún filósofo de la ciencia

admite esto, lo que intentamos afirmar, por el contrario, es que la razón por la que se

admitió esa afirmación fue la acumulación de resultados empíricos consistentes con ella

y problemáticos para las teorías rivales (acumulación que, naturalmente, nunca puede

dar una respuesta definitiva). La actitud más parecida que se me ocurre a la criticada por

Latour, pero aún así razonable, es la de los historiadores de la ciencia, que explican,

basándose en el conocimiento científico actual, por qué los investigadores del pasado

pudieron obtener ciertos resultados y dar credibilidad a ciertas hipótesis que ahora no

aceptamos. Por ejemplo, basándonos en la moderna teoría física y astronómica podemos

explicar por qué la teoría geocéntrica de Ptolomeo debía parecer razonable en su día:

podemos explicar por qué el movimiento de la tierra no se nota, lo cual hacía razonable

suponer, a falta de otros datos, que la tierra estaba en reposo.

Con respecto a la regla que prohibe utilizar la sociedad para explicar el cierre de

las controversias, tampoco puedo estar de acuerdo con Latour. Lo único que demuestra

este autor, refiriéndose sobre todo al desarrollo tecnológico, es que, como consecuencia

del cierre de las controversias, la sociedad cambia (se crean nuevos grupos, nuevos

intereses, nuevas normas, etcétera). Pero es absurdo pensar que la única causa de todas

estas novedades haya sido “el cierre de la controversia”. Es mucho más lógico pensar

que el estado anterior de la sociedad, junto con el proceso “agonístico” de

investigación del que estemos ocupándonos, conducen a la sociedad a un nuevo estado.

El propio proceso de investigación no puede tener lugar sin un marco social previo en el

que desarrollarse, y este marco social es necesario entenderlo para entender la actividad

investigadora. Por ejemplo, podemos admitir que “el aficionado a la fotografía que no

desea llevar a cabo todo el proceso técnico” es una figura “inventada” por Eastman con

el fin de promover sus productos, pero nadie en su sano juicio afirmará que los millones

de aficionados que compraron la cámara Kodak salieron de la cabeza de Eastman como

Atenea de la de Zeus: Eastman colaboró a cambiar los deseos y las actividades de la

gente, pero partió de una “materia prima” que consistía en el tipo de sociedad y el tipo

de personas que existían antes de que él pusiera en venta sus máquinas.

Una lectura más positiva, pero también más aguada, de estas dos tesis de Latour,

es que debemos huir de las explicaciones “teleológicas ingenuas”, según las cuales

Lavoisier descubrió la composición química del agua “simplemente” porque ésa era la

verdad, o Eastman construyó su cámara así o asá porque “simplemente” eso era lo que

la gente quería. También implican las tesis de Latour que el desarrollo de la ciencia y de

la técnica no está prefijado de antemano, y que depende de muchas decisiones

interrelacionadas, que pueden conducir hacia un camino o hacia otro. Pero, salvo

algunas malas obras de divulgación de la ciencia y la tecnología, pocos estudios serios

se encontrarán que cometan estos dos pecados. No es necesario “deconstruir” el

conocimiento para decirnos que lo que parece sencillo es en realidad el resultado de un

proceso complejo y abierto.

Las tres últimas “reglas del método” están escritas en un lenguaje que,

sinceramente, me resulta difícil comprender, por lo que las citaré al pie de la letra. La

quinta dice que “tenemos que permanecer tan indecisos acerca de lo que constituye la

tecnociencia, como los diversos actores a los que sigamos; cada vez que se trace una

línea divisoria entre lo interior y lo exterior, debemos estudiar ambos lados simultá-

neamente y hacer una lista, sin que importe lo larga y heterogénea que sea, de los que

llevan a cabo el trabajo”. Por la lectura del correspondiente capítulo de Ciencia en

acción supongo que Latour se refiere a que no debemos considerar la investigación

científica o tecnológica como un sistema autónomo, sino entender su compleja

interacción con el resto de la sociedad. Nadie lo duda, me parece. Lo que no se puede

deducir a partir de esto es que, puesto que los investigadores negocian continuamente

con otros agentes, no puede considerarse que la ciencia y la tecnología sean

instituciones autónomas, en el sentido de que poseen características que las distinguen

de otras, en particular, que las distinguen de otras instituciones con pretensiones de

poseer un conocimiento legítimo sobre la realidad.

La sexta regla afirma que “cuando nos enfrentemos a la acusación de

irracionalidad, no examinaremos qué regla lógica se ha roto, ni qué estructura social

puede explicar la distorsión, sino el ángulo y dirección en que se ha desplazado el

observador, y la longitud de la red que se está construyendo”. En el capítulo

correspondiente, Latour critica la excesiva facilidad con la que los occidentales tildamos

de “irracionales” las creencias y acciones de las “culturas primitivas”. Según Latour,

ellos simplemente “construyen redes diferentes de las nuestras”, aunque tal vez menos

“extensas”. Estas “redes” están formadas por la interrelación de múltiples

“inscripciones” y “actores”11, y la ciencia de distingue de otros modos de conocimiento

“simplemente” porque es capaz de acumular más “inscripciones” y más “actores”. Los

“hechos científicos” (por ejemplo, “el agua es H2O”) no son más verdaderos que los

“hechos débiles” de la cultura no científica (por ejemplo, “en Febrero, busca la sombra

el perro”), pues en realidad sólo tienen existencia dentro de la red construida por los

11 En un alarde de creatividad verbal y de emborronamiento de todas las categorías

semánticas razonables, Latour sustituye el término “actor” por el “más razonable” de

“actante”, que se refiere a... ¡lo que sea!: todo lo que forma parte de una red es un

actante, y todo existe únicamente en la medida en la que forma parte de una red. Si la

función del lenguaje es ayudarnos a distinguir unas cosas de otras, la voz “actante” no

es nada más que una forma (sólo) aparentemente más articulada del gruñido primigenio.

científicos, como “se demuestra” por el hecho de que la insulina sintética sólo es

efectiva si se ha construído en un laboratorio, o que sólo se puede comprobar si los

rayos X existen montando un nuevo laboratorio. Aquí Latour confunde de nuevo la

validez o la verdad de un hecho con la forma en la que nosotros podemos comprobarla.

Si los constructivistas quieren cambiar el lenguaje con el que decimos normalmente que

una teoría ha hecho una predicción correcta (por ejemplo, el descubrimiento de Neptuno

gracias a la teoría de la gravitación), y decir, en su lugar, que “los científicos han

conseguido ampliar la extensión de una red”, están perfectamente en su derecho, pero

los hechos básicos que la filosofía y la sociología de la ciencia deben explicar (“¿cómo

diantres se las arregló Leverrier para apuntar los telescopios al sitio justo en el que se

iba a ver un punto luminoso móvil, desconocido hasta entonces, y cuya trayectoria

encajaba con la que él había deducido?”, “¿por qué el porcentaje de curaciones es

mayor con la medicina tradicional que acudiendo al brujo de la tribu?”, o “¿por qué

cuando se monta un laboratorio de tales y cuales características la sustancia que se

produce allí sirve para curar cierta enfermedad?”), estos hechos, decía, seguirán ahí por

mucho que los rebauticemos con el argot de la filosofía francesa post-moderna, y

seguirán pidiéndonos a gritos alguna explicación razonable.

Latour también afirma, más o menos explícitamente, que el “poder” de una red

es directamente proporcional a la cantidad de recursos que se han invertido en ella. Esto

lo dice especialmente cuando intenta “demostrar” que no hay diferencias básicas entre

los “hechos sólidos” producidos por las llamadas ciencias “duras” y los “hechos menos

sólidos” por las “ciencias blandas” como la sociología (op. cit., p. 200; Latour y

Woolgar, La vida en el laboratorio, p. 287). En realidad, la economía, la sociología y la

antropología cuentan hoy con muchísimos más recursos e “inversiones previas” que las

que tenían los físicos y los químicos de la primera mitad del siglo XIX, pero puede

dudarse muy bien de que las tres ciencias sociales mencionadas hayan logrado hasta la

fecha descubrir o “fabricar” hechos tan “sólidos” como los englobados en la física de

Newton, la química de Lavoisier o la electrodinámica de Faraday.

La última regla afirma que “antes de atribuir una característica especial a la

mente o al método de las personas, examinemos primeramente las muchas formas en

que las inscripciones se reúnen, combinan, entrelazan y se envían de vuelta. Sólo si,

después de hacer analizado las redes, queda algo por explicar, hablaremos de factores

cognitivos”. Esto nos conduce nuevamente al comentario que hice al principio sobre la

analogía entre el método de los constructivistas y el de los positivistas lógicos: para

éstos, la ciencia se basaba en los enunciados de experiencia directa libres de

interpretación teórica; para aquéllos, el estudio antropológico de la ciencia debe basarse

en lo “puramente observable”, esto es, las “inscripciones”. No me cabe duda de la

importancia que debe dársele a los productos “observables” de la actividad

investigadora, pero hay que ser muy ingenuo, ambicioso, o simplemente provocador,

para suponer que el estudio de las “inscripciones” en sí mismas va a explicarnos los

aspectos fundamentales de la ciencia (o de lo que sea); al fin y al cabo, esas

“inscripciones” son siempre realizadas con algún propósito y, como manifestaciones

lingüísticas que son, siempre se les da algún significado. Sin algunas presuposiciones

sobre tales propósitos y significados, las “inscripciones” no tienen más sentido que la

disposición de las estrellas visibles en el firmamento. El legítimo objeto de la filosofía y

la sociología de la ciencia es comprender aquellos propósitos y significados, y cómo

influyen en la producción y certificación del conocimiento. Los “factores cognitivos”

son, así, necesarios desde el principio; no se trata de asumir que los científicos (y sobre

todo los matemáticos) poseen talentos mentales superiores a los del resto de los seres

humanos: ¡la propia capacidad de entender y producir enunciados o “inscripciones” que

otros también puedan entender, ya es un “factor cognitivo” dificilísimo de explicar! Y

esto sin olvidar la cuestión de por qué seres humanos con capacidades cognitivas

semejantes han sido capaces de “construir redes” mucho más complejas (como la física

o la biología modernas, por ejemplo) que las de sus congéneres de las culturas más anti-

guas.

En resumen, las afirmaciones básicas del constructivismo son, o una palabrería

provocativa pero poco sensata (cuando se las interpreta de la forma más radical), o un

simple reconocimiento de las tesis más elementales del método hipotético-deductivo y

de la sociología tradicional de la ciencia. La idea básica de que “el conocimiento es

construído” es plenamente compatible con una visión racionalista de la ciencia,

racionalista tanto en el sentido de que asume que los propios científicos son agentes

racionales, como en el de que sus resultados son un conocimiento bastante fiable de la

realidad. En particular, la visión que presentan los constructivistas del proceso de

producción del conocimiento en los laboratorios (o, en general, en el marco de la

investigación científica) es coherente con el modelo económico presentado más arriba.

Por ejemplo, la descripción de Knorr-Cetina del científico como un “oportunista” (The

Manufacture of Knowledge, pp. 33 y ss.) se traduce en nuestro modelo, sencillamente,

en la imagen del investigador que intenta maximizar su utilidad utilizando la estrategia

más conveniente en cada contexto, incluso aunque contextos diferentes exijan utilizar

“principios metodológicos” distintos, tal y como en cierto sentido vimos en el capítulo

anterior.