Primera época Nº 3 Edición especial La Paz, agosto de 2008

Asaltan 85 mil hectáreas de tierrafiscal

Los fraudes de un brasilero

El empresario brasilero Vladimir Martins quisoapropiarse de 27 mil hectáreas con documentos falsosde asentamientos ilegales posteriores a 1996.

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Una red de traficantes integrada por comunarios,autoridades municipales y ex funcionarios del INRABeni firmaron un “Convenio de Cooperación” paralotearse 85 mil hectáreas.

Ex Prefecto se adueña de 74 milhectáreasLa familia de Fernando Romero Pantoja mostrópapeles de 9 mil ha. y pretende adueñarse de 74 milha. Presentó documentos clonados, expedientes depropiedades “voladoras” y papeles de predios “noidentificables geográficamente”.

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El malquerido Estado “andinocentrista”y el desarrollo de Santa Cruz

Nº 3 Edición Especial Primera época La Paz, agosto de 2008

Publicación de la Unidad de Comunicacióndel INRA y del Viceministerio de Tierras

Fotografías: Archivo INRA

Director:Juan Carlos Rojas C.

Editores:Franco Grandi M./UPIC-Tierra

Coordinador:Juan de Dios Fernández

Diseño y diagramación:Miguel Aguilar T.

Los comandantes del movimientoautonomista intentan instalar en SantaCruz un gobierno departamental conestatus de republiqueta y sobre todo conlegislación agraria propia. Exasperan la“Nación Camba” con las arengasindependentistas más radicales algunasfamilias de inmigrantes que salieron dela pobreza a la sombra del Estado“andinocentrista”.

Dirigentes cívicos, líderes empresarialesy connotados intelectuales cruceñosreclaman el reconocimiento de ungobierno autónomo de Santa Cruz conplenas facultades ejecutivas, legislativasy jurídicas, fundamentalmente, porquese sienten “defraudados” por el Estado“burocrático y andinocentrista” quemarginó y abandonó a su región.

Según la burguesía agroindustrial, los“intelectuales orgánicos” y el eficienteaparato mediático local, Santa Cruz esel departamento más pujante ydesarrollado de Bolivia porque los hijosde la “cultura camba” son emprendedoresy laboriosos.

E l d e s p r e c i a b l e c e n t r a l i s m o“altoperuano”, “colla”, “indio” y “feo” esculpable de casi todos los malesnacionales y regionales, pregonan elpresidente del Comité Cívico BrancoMarinkovic, el director de Autonomíasde la Prefectura Carlos Dabdoub, elasesor legal Juan Carlos Urenda, elalcalde Percy Fernández, el ex alcaldeSergio Antelo y la historiadora PaulaPeña, entre otros cuadros delautonomismo cruceño.

Como buenos liberales con “visiónoccidental”, odian el “comunismoindígena” de Evo Morales y quieren unademocracia representativa de libremercado que proteja la propiedadprivada individual por sobre todas lascosas, incluidos el bienestar y losderechos de la colectividad.

El Estado en Santa Cruz

Por recomendación del gobierno deEstados Unidos, la victoriosa revoluciónde 1952 encabezada por indios y obreros

“collas” patrocinó el desarrolloagroindustrial y la “marcha al oriente”como una de las principales políticaseconómicas del Estado boliviano.1

La reforma agraria nacionalista dejóintactas las viejas haciendas y regalóenormes predios a los allegados delrégimen con la esperanza de que losantiguos y los nuevos latifundios seconviertan pronto en “empresasagrícolas” prod uctivas. Además de dotartierras y mano de obra de colonizadores“collas”, el Estado invirtió en complejosagroindustriales, maquinaria, carreterasy vías férreas, y repartió créditos def o m e n t o e n t r e e m p r e s a r i o sagropecuarios, principalmente deldepartamento de Santa Cruz.2

La naciente burguesía agroindustrialcruceña, fruto del mayor esfuerzo estatalde la historia republicana paradiversificar la economía nacional eintegrar al país, se enriqueció aún másen las dictaduras con los excedentes delas exportaciones de gas y petróleo.3

La elite regional ganó influencia políticay económica, al tiempo que acumulócréditos y tierras en la dictadura militarde Hugo Banzer (1971-1978). El régimenterminó condonando 60 millones dedólares a menos de mil productores dealgodón y soya que dilapidaron suscréditos en automóviles, viajes,mansiones, proyectos mineros yconcesiones forestales.

El empresariado agroindustrial tuvo laoportunidad de importar bienes decapital con ayuda del Estado acomienzos de los 80, cuando estalló lahiperinflación. Desde mediados de esadécada, el Estado neoliberal invirtiómillones de dólares y aprobó decenas depolíticas públicas para fortalecer alempresariado agroexportador . 4

La reforma agraria de mercado de 1996aceleró la titulación, el registro y elcatastro de propiedades para dar“ s e g u r i d a d j u r í d i c a ” y a t r a e r“inversiones”. Los que se apoderaron detierras fértiles entre fines de los 70 ymediados de los 80 “legalizaron” sus

latifundios “de engorde” y comenzarona recibir créditos del BID y de la CAFpara desmontar áreas y ampliar demanera irrestricta los cultivos de soya.5

Entre 1953 y 2002 se distribuyeron casi36 millones de hectáreas en eldepartamento de Santa Cruz: 73 porciento de la tierra fue para medianos ygrandes empresarios, y 6% parapequeños productores. El reparto fueparticularmente intenso en los períodos1974-1978 (20,7% de la tierra) y 1989-1993 (16,2%). Un informe preliminar delINRA indica que en todo el país menosde 4 mil personas se beneficiaron condobles, triples, cuádruples y hasta concinco o más dotaciones. La mayoría delas dotaciones múltiples ilegales seconcretó en el departamento de SantaCruz.

Los exportadores de soya y girasolcontinuaron ganando millones en losúltimos años con las subvenciones deldespreciado Estado centralista. Cuandoel precio del barril de petróleo trepóhasta los 100 dólares los agroindustrialesde Santa Cruz acaparaban más de 100millones de dólares de los 250 millonesde dólares de subvención estatal al diesel,estimó el ministro de Hacienda LuisArce.

Los gobiernos nacionalistas, losregímenes de facto y los neoliberales quecontrolaron Estado “burocrático yandinocentrista” en los últimos 50 añosrelegaron y abandonaron a las grandesmayorías del departamento de SantaCruz, pero jamás descuidaron a unminúsculo grupo empresar ia l .

Notas:

(1) En el marco del tratado de cooperaciónbilateral entre Bolivia y Estados Unidos, unamisión norteamericana presidida por MervinBohan propuso en 1942 una agresiva y activaintervención del Estado en el desarrolloagroindustrial de Bolivia a través de la

vertebración caminera; la modificación depolíticas impositivas sobre la tierra, laredistribución de tierras y la ocupación deespacios geográficos insuficientementehabitados.

(2) El Estado construyó las carreteras La Paz– Cochabamba – Santa Cruz y los caminosSanta Cruz – Buena Vista – Puerto Grether(1.000 kilómetros). Se tendieron líneas férreasentre Santa Cruz y Argentina (531 kilómetros)y entre Santa Cruz y Brasil (615 kilómetros).El núcleo inicial de la inversión agroindustrialen el oriente fue el ingenio azucarero Guabiráen el norte cruceño. La Corporación Bolivianade Fomento (CBF) amplió el ingenio LaEsperanza, construyó el ingenio La Bélgica y laplanta azucarera San Aurelio.Se estima que entre 1955 y 1983 el BancoAgrícola Boliviano (BAB) repartió créditos por12 mil millones de pesos bolivianos, 44 por cientoa favor de productores de Santa Cruz. Otrosestiman que el agro cruceño recibió el 42% delos créditos agrícolas distribuidos entre 1955 y1969 que ascendieron a 21,8 millones de dólares.A partir de 1967, los grandes propietariosa l g o d o n e r o s c o m e n z a r o n a r e c i b i rfinanciamiento del Banco del Estado. En losaños 90, familias de latifundistas como losPetricevic obtenían auto préstamos del BancoUnión (del cual eran los mayores accionistas)hipotecando sus latifundios “de engorde”. ElBanco Unión quebró y el Estado tuvo queasumir las millonarias deudas.

(3)Entre 1970 y 1974 la participación de SantaCruz en las exportaciones nacionales aumentóde 7% a 37%.

(4) Devolución de impuestos a los exportadores,subsidios indirectos , la ley de Inversiones de1990; proyectos financiados por USAID, elproyecto de las Tierras Bajas del Este costeadopor el Banco Mundial. El Estado negoció unacuerdo de libre comercio con la ComunidadAndina de Naciones (CAN) para que losagroindustriales de Santa Cruz exporten soyacon preferencias arancelarias.

(5) Entre 1953 y 2002 se distribuyeron casi 36millones de hectáreas en el departamento deSanta Cruz: 73 por ciento de la tierra fue paramedianos y grandes empresarios, y 6% parapequeños productores. El reparto fueparticularmente intenso en los períodos 1974-1978 (20,7% de la tierra) y 1989-1993 (16,2%).

Después de la revolución nacionalista de 1952, el Estado centralista hizo un esfuerzo monumental paradesarrollar la agroindustria e incubó deliberadamente en Santa Cruz una burguesía productiva comopivote del desarrollo capitalista en Bolivia. Los hijos y nietos de esos empresarios que prosperaron yse enriquecieron con fondos y ayudas del Estado nacionalista, dictador y neoliberal, ahora quieren

independizarse.

Empresario brasilero, un ex prefecto delMNR y traficantes de tierra se adueñan

de 187 mil hectáreas en Beni

La familia Romero Pantoja demanda 74mil hectáreas de tierra en los Polígonos122-147-128 del departamento de Beni;Martins reclama 27 mil hectáreas en elPolígono 139, y comunidades que traficancon tierras solicitan 85 mil hectáreas enel Polígono 106.

El Viceministerio de Tierras revisó yanalizó jurídica y técnicamente losantecedentes agrarios y los procesos desaneamiento de las tres solicitudes,además de los trámites de saneamientode propiedades colindantes y tambiénv a r i a s i m á g e n e s s a t e l i t a l e smultitemporales de toda la zona.

La minuciosa investigación concluye queRomero, Martins y las comunidadessolicitan el reconocimiento de derechosde extensos asentamientos en tierrafiscal posteriores a 1996. La Ley INRA1715 estableció como regla de oro quetodo asentamiento posterior a supromulgación en octubre de 1996 esilegal y pasible al desalojo con la fuerzapública.

Ex funcionarios del INRA negligentessocaparon la ilegalidad y “construyeron”procedimientos de acaparamiento enbeneficio de los solicitantes, en algunoscasos sin siquiera haber visitado lospredios. Fueron cómplices delmonumental fraude agrario empresasprivadas dedicadas al saneamiento detierra.

En los registros documentales de los trestrámites se hallaron fotocopias sin valorlegal, documentos duplicados o viciadosde nulidad, documentos falsos,expedientes agrarios de propiedades queno existen, y hasta expedientes depropiedades inubicables o situadas avarios kilómetros de distancia del áreademandada.

Los interesados modificaron una y otravez la forma, ubicación y extensión delas áreas solicitadas. Las empresascontratadas para sanear y verificar laFunción Económica Social (FES) de laspropiedades hicieron su trabajo en unaoficina y no en campo como manda laley.

La familia del ex senador del MNR y ex prefecto de Beni Fernando Romero Pantoja, el empresariobrasilero Vladimir Martins y granjeros menonitas pretenden apropiarse fraudulentamente de tres extensasáreas de tierra fiscal que abarcan un área total de más de 187 mil hectáreas en las provincias Cercado,Mamoré, Marbán e Iténez del departamento de Beni. Están implicados en el fraude ex funcionarios del

INRA, un alcalde y empresas privadas.

Propiedades “voladoras”Los acaparadores suelen respaldarsus solicitudes de tierra conexpedientes de propiedadessituadas a varios kilómetros dedistancia del área demandada. Lamodificación de coordenadas deubicación geográfica de estaspropiedades “voladoras” es undelito frecuente en los fraudesagrarios.

Predios fantasmasAlgunos terratenientes presentana n t e c e d e n t e s a g r a r i o s d epropiedades que no figuran en losarchivos del antiguo ConsejoNacional de Reforma Agraria(CNRA) o que fueron declaradas“no identificables geográficamente”.

Fincas clonadasPara agrandar sus propiedades,algunos presentan documentosduplicados de un mismo predio o“expedientes gemelos” que sediferencian sólo por su número deregistro en Derechos Reales.También se han visto predios condoble titularidad.

En tres casos se hallaron documentos falsos, documentos duplicados yexpedientes agrarios de propiedades que no existen

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Martins armó un latifundiode 27 mil hectáreas condocumentos falsosEntre los años 2000 y 2004, el empresario Vladimir Martins intentóde manera recurrente introducir en la base de datos del INRA antecedentesde propiedades fantasmas, y con la complicidad de algunos funcionariosde la Dirección Nacional del INRA pudo iniciar algunos trámites.

El 1 de junio de 2004 Martins solicitó la priorización del saneamientode las propiedades El Tigre, Villa Olga y Villa Elsa de una superficiede 15 mil hectáreas. Un mes después, el 4 de julio de 2004, WalterAli Parada pidió la ampliación del área añadiendo antecedentes delos predios El Esfuerzo, Lagarto Tuerto, San Pedro y Santa Maríade una superficie aproximada de 21 mil hectáreas.

En las pericias de campo, la empresa privada de saneamiento LIMITESRL certificó la existencia de ocho predios en el Polígono 139-Martins (El Tigre, Villa Olga, Villa Elsa, Santa Martha, Bettel, NuevaEsperanza, Santa María y El Esfuerzo) de una superficie total de 27mil hectáreas de tierra fiscal. De manera inexplicable, desaparecendel trámite los predios Lagarto Tuerto, San Pedro y Villa Elsa.

Imágenes satelitales de 1992, 1996 y 2001, muestran de manera claraque en el área no existe trabajo humano, mejoras ni asentamientosanteriores a 1996. Los demandantes intentaron justificar la antigüedadde la posesión con documentos fraguados, curiosos documentos detransferencia con doble titularidad y trámites agrarios inexistentes en losregistros del viejo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA).

Durante la recopilación de información en campo y el registro de datosde los predios, la empresa LIMITE SRL aceptó fotografías de mejorasy conteo de ganado vacuno fraguados, además de documentos detransferencia de dudosa legalidad. La empresa no verificó el cumplimientode la FES con trabajos de campo, realizó el saneamiento en gabinete,generó información falsa y también cometió delitos de falsedad materialen la ubicación geográfica de propiedades.

Con papeles de 9 mil ha. la familia RomeroPantoja pretende apropiarse de 74 mil ha.

Foto presentrada para el predio:La Loma de Luis

Foto presentrada para el predio:Tanzania

Foto presentrada para el predio:Yatoba

En el proceso desaneamiento presentaron lamisma foto para tres predios

Con papeles de 9 mil ha. la familia RomeroPantoja pretende apropiarse de 74 mil ha.

El 29 de septiembre de 2004, Fernando RomeroPantoja, Julio Romero Barea y Mirian DaysiPantoja Ruiz de Romero solicitaron lapriorización del saneamiento de los polígonos122, 147 y 128 de una superficie de 30 milhectáreas.

Presentaron como respaldo antecedentes agrariosde cinco predios: Laguna Romero, El Rincón,El Chapaco, El Chapaco II y Bella Vista queabarcan una superficie aproximada de 10 milhectáreas. No declararon y/o respaldaron laposesión de una superficie excedente de 21 milhectáreas.

En las pericias de campo, los Romero Pantojaampliaron el área demandada hasta 37 milhectáreas con la presentación de papeles denuevas propiedades. Aparecieron documentosduplicados de un mismo predio, expedientes depropiedades situadas a 80 kilómetros distanciadel área demandada (conocidos como expedientes“voladores”), e inclusive antecedentes agrariosviciados de nulidad absoluta, según un informedel antiguo Consejo Nacional de ReformaAgraria (CNRA). Lo más llamativo es quealgunos expedientes fueron declarados “noidentificables geográficamente”.

La empresa privada encargada del saneamientoCHTAS hizo pericias de campo y verificó laFES “en gabinete”, tomando en cuentadocumentación fraguada, ya sean fotografías demejoras, georeferenciación de mejoras, conteode ganado vacuno y croquis prediales. El INRAincumplió normas y procedimientos para laverificación de FES, y pasó por alto la etapa deRelevamiento en Gabinete, lo que permitióutilizar expedientes “voladores”.

Concluidas las pericias de campo, la empresaCHTAS certificó a favor de los Romero Pantojauna superficie de 74 mil hectáreas en los cantonesSan Pedro, San Ramón y El Carmen de lasprovincias Cercado, Mamoré e Iténez,respectivamente, es decir más del doble de loque la familia había solicitado.

CHTAS manejó documentación falsificada,aceptó documentos de transferencia de dudosalegalidad, generó información falsa y cometióel delito de falsedad material en la ubicacióngeográfica de propiedades.

Lo más curioso es que el ex funcionario delINRA Beni Omar Vaca, en el ejercicio defunciones públicas, actuó como abogado en latransferencia de dos propiedades yposteriormente como representante legal en elsaneamiento de otros dos predios.

Imágenes satelitales de los años 1992, 2004 y2006 y un análisis del Plan de Uso del Suelopermiten concluir que los predios se encuentranen áreas de uso forestal maderable, con rasgosde monte alto y con escasas áreas aptas para laganadería extensiva.

En una inspección ocular en campo realizada el13 de febrero de 2008, el INRA Nacionalconfirmó la inexistencia física de dos predios delPolígono Romero Pantoja, y constató que unode ellos es un asentamiento menonita de datareciente.

Una red de traficantes de tierra integrada porcomunarios, autoridades municipales y representantesinstitucionales pretendió perfeccionar derechosindividuales y colectivos de 85 mil hectáreas de tierrafiscal mediante un supuesto “Convenio de Cooperación”suscrito en agosto de 2007 por el director departamentaldel INRA Beni, Pablo Greminger, y el alcalde de SanJavier, José Antonio Melgar.

Greminger no tenía competencia alguna para firmardicho convenio y mucho menos para autorizar quepersonas ajenas al INRA y empleados de la Alcaldía deSan Javier ejecuten el saneamiento de tierras en elPolígono 106, ubicado en los cantones San Javier y SanPedro de la provincia Cercado de Beni.

El personal que realizó el saneamiento certificó laexistencia de ocho predios en el Polígono 106:

Un alcalde y comunarios se lotearon85 mil ha. de tierra fiscal con ayuda

del ex jefe del INRA Beni

tierra que no viven en la zona. La mayoría de laspropiedades no cuenta con fichas catastralesdebidamente llenadas y verificadas que registren lasuperficie real de los terrenos, la actividad agrícola,ganadera y las mejoras que se hayan hecho. Como enlos casos Romero Pantoja y Martins, el INRA midió engabinete los predios del Polígono 106.

La valoración técnico legal del contenido de las carpetasPoligonal y Prediales, el análisis de los procesos desaneamiento de áreas colindantes y datos obtenidosen entrevistas directas permiten concluir que exfuncionarios del INRA, autoridades municipales ydirigentes campesinos impulsaron la firma del Conveniode Cooperación y participaron en el saneamiento delPolígono 106 con el único objetivo de perfeccionarderechos en tierras fiscales que se habían distribuidoentre ellos con antelación.

Comunidad Campesina Curva del Río Negro, ComunidadCampesina Nueva América, Comunidad Campesina VillaNazaret, Puesto Nuevo, Kenia, Maraza, Los Leones-Marayau y La Ilusión, que abarcan una superficie total de85 mil hectáreas. Llama la atención la participación directadel alcalde Melgar en este trámite irregular. La autoridad“certificó” las posesiones agrarias de algunos miembros delas comunidades campesinas Río Negro y Nueva América,y aparece como “comunario” de la Comunidad campesinaVilla Nazareth en un trámite de 2005.

El ex director departamental del INRA Beni fue cómplicedel fraude porque permitió que la Alcaldía contratepersonal al margen del procedimiento normal, colaboróen la rápida ejecución del saneamiento, elaboró deinmediato su informe técnico legal, y reconoció derechosde asentamientos ilegales posteriores a 1996, algunosficticios y otros creados por acaparadores y traficantes de

El fracaso de la reformaagraria de mercado

Fue incapaz de redistribuir tierra a campesinos e indígenas y profundizó la desigualdad

Los tres monumentales fraudes agrariosdescubiertos en el departamento de Beniprueban una vez más el fracaso de lareforma agraria “asistida por el mercado”que se ejecutó en Bolivia desde 1996 enel marco de la Ley de Modificación delServicio Nacional de Reforma Agraria,más conocida como Ley INRA.

La prioridad de esta reforma impulsadapor el Banco Mundial era acelerar latitulación, el registro y el catastro depropiedades para “garantizar laseguridad de tenencia de la tierra” y“atraer inversiones”. No estabainteresada en investigar fraudes ni enexpropiar latifundios improductivos.

La reforma agraria liberal degradó alEstado “corrupto e ineficiente” a lacondición de mero vigilante del mercadode tierras, pero muy pronto el mercadoy los “vigilantes”, tan o más sucios einútiles, consolidaron los derechos delatifundistas corruptos y legalizaron eldespojo de miles de hectáreas de tierradel Estado.

En manos del mercado

La Ley INRA creó las TierrasComunitarias de Origen (TCO) comonuevo régimen de propiedad y reconocióque pueblos indígenas y campesinos sintierra o con tierra insuficiente tienenacceso preferencial y gratuito a tierraspúblicas tituladas de manera colectiva.Al mismo tiempo, dejó de asignargratuitamente tierras públicas a pedidode parte, un mecanismo que permitió aunas cuantas familias recibir gratispredios de hasta 50 mil hectáreas desde1953. Desde entonces los particularestienen que comprar tierras a precios de“mercado”.

El neoliberalismo postulaba que elmercado democratizaría el acceso a latierra. Con esa premisa se creó elInstituto Nacional de Reforma Agraria(INRA), la Comisión Agraria Nacional,la Superintendencia Agraria y laJudicatura Agraria. Se redefinió elconcepto de “función socioeconómica”de la tierra y se establecieron nuevasreglas sobre el impuesto, la reversión yla expropiación de la tierra.1

La Ley INRA redujo a la mitad elimpuesto a la tierra creado en la reformaimpositiva de 1986 y eximió de lareversión a todos los propietarios quepagan impuestos. De esta forma, el pagopuntual de tributos se convirtió en unaprueba del no abandono de la tierra y enun mecanismo para asegurar el derechopropietario.

La Ley INRA redefinió el conceptotradicional de la función social de latierra en términos de trabajo directo en

agricultura o ganadería. La tierra dejóde ser sólo “de quien la trabaja” yadquirieron nuevos derechos lospropietarios que pagan impuestos, losque realizan actividades agrícolas,ganaderas, forestales, ecoturismo,investigación y trabajos de conservaciónde la biodiversidad en beneficio personalo de la sociedad.

Al tiempo que se liberalizó el comercioagrícola y se desmantelaron losprogramas estatales de apoyo a lapequeña y mediana agricultura, la LeyINRA redujo significativamente laslimitaciones para las transferencias y elarriendo de tierras, un mecanismo másbarato y ágil para dar tierra a quienes nola tienen y no cuentan con capital paracomprar, según el Banco Mundial.

La Ley INRA mantuvo el “solarcampesino” y la “pequeña propiedad”

como propiedades inalienables einembargables, pero abrió la posibilidadde que pequeños predios que atraiganinversiones se reclasifiquen como“medianas propiedades”.

Se aceleró la mercantilización de tierrasen varias zonas de Santa Cruz, en el nortede Beni y en gran parte de Pando. En casitodas las regiones donde hubo compra-venta los protagonistas casi siemprefueron los mismos ganaderos ya g r o i n d u s t r i a l e s n a c i o n a l e s yextranjeros. Muy pocos demandantesparticiparon efectivamente en elmercado porque siempre fue difícil oimposible acceder a créditos.

La reforma agraria liberal nunca pudoc r e a r u n m e r c a d o d e t i e r r a s“competitivo”. Los demandantes yofertantes concurrían al mercado encondiciones desiguales; los vendedores

pedían por sus parcelas mucho más delo que podían pagar los compradores,quienes carecían de asesoría técnica yjurídica.

En la nueva lógica, el Estado “corruptoe ineficiente” debía actuar como un merovigilante y regulador del mercado, y sufunción principal era “garantizar laseguridad de tenencia de la tierra”acelerando la titulación, registro ycatastro de propiedades.

Se creía que la seguridad jurídicaestimularía las inversiones y abriría laspuertas del crédito. En los hechos, losplanes de titulación “blanquearon” viejoslatifundios ilegales y estimularon laconcentración de tierras.2

En principio, el Banco Mundial justificóel despojo diciendo que sobrevivieronlos eficientes3 sobre los “menoseficientes”, pero años más tarde elorganismo tuvo que reconocer que lasreformas agrarias asistidas por elmercado son sólo una “herramientaadicional” a las reformas agrariasclásicas.4

Notas:

(1) Los mercados de tierras rurales en Bolivia,Jorge A. Muñoz; Red de DesarrolloAgropecuario Unidad de Desarrollo Agrícola;División de Desarrollo Productivo yEmpresarial, Santiago de Chile, octubre de 1999,N a c i o n e s U n i d a s , C E P A L - E C L A C .

(2) En varios países de Sudamérica proliferaronlos convenios de arrendamiento o de gestión, através de los cuales los agricultoresempobrecidos o endeudados cedieron el controlde su tierra a administradores privados quesobreexplotaron el suelo. La mayoría de lospequeños productores quebraron, no pudieronpagar sus deudas y los bancos se quedaron consus tierras y sus títulos.

(3) Nueva estrategia de desarrollo rural; Juntadirectiva del Banco Mundial, octubre de 2002.Informe “Política de tierras para el Crecimientoy la Reducción de la Pobreza del BancoMundial”, mayo de 2003.

(4) El principal técnico encargado de diseñarla política de tierras del Banco Mundial, KlausDeininger, aseguraba en el 2001 que losproyectos piloto en Colombia eran todo unéxito, pero pocos años después el BM dejó demencionarlos. En el caso de Suráfrica el informeadmite que durante los tres primeros años delprograma (1994-1997) solo se transfirieron 200mil hectáreas, siendo que la meta eran 99millones de hectáreas correspondientes al 30%de la tierra agrícola. En enero de 2003 sesuspende el Banco da Terra, programa dereforma agraria de mercado en Brasil, con elfin de investigar irregularidades y corrupción,problemas de infraestructura y capacidad depago de los beneficiarios.

Expropiar y redistribuirExpertos y analistas de todo el mundo coinciden en que nada es más efectivoque la redistribución de tierras expropiadas a latifundistas que no cumplen unaFunción Económica y Social, si se quiere realmente corregir las crecientesdesigualdades en el acceso y la tenencia de la tierra en sociedades altamenteinequitativas y en un contexto internacional oligopolista.

Las reformas agrarias genuinas e integrales y las políticas expropiatorias delsiglo XXI tienen que reconocer derechos históricos y reparar los dañosocasionados a los pueblos indígenas y a otros grupos rurales despojados.