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Sistema Peruano de Información Jurídica Página 1 Lunes, 12 de enero de 2004 PCM Designan delegación de apoyo que coordinará aspectos de prensa, seguridad y salud referidos a la participación del Presidente de la República en la Cumbre Extraordinaria de las Américas RESOLUCION SUPREMA Nº 016-2004-PCM Lima, 10 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, los días 12 a 14 de enero del presente año, el señor Presidente de la República viajará a la ciudad de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, como participante en la Cumbre Extraordinaria de las Américas; Que, la presencia del señor Presidente de la República en este evento internacional tiene como propósito el tratamiento de los temas de crecimiento económico con equidad, desa- rrollo social y gobernabilidad, así como la realización de reuniones bilaterales con otros mandatarios de la región, De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28128, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2002-PCM; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Designar a la delegación de apoyo que se encargará de coordinar los aspectos de prensa, seguridad y salud relativos a la participación del señor Presidente de la República en la referida visita a los Estados Unidos Mexicanos, la que estará conformada por las siguientes personas: 1. Cdte. FAP César Rengifo Garcia Edecán 2. Cdte. S. PNP Eduardo Ponce Galarza Médico 3. Oscar Paredes Fotógrafo Oficial 4. José Sotomayor Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros 5. Víctor Gerardo Barraza Soto Director de la Agencia Andina 6. Tec. Ins. FAP Hugo Bravo Sotomayor Técnico de Órdenes 7. Rony Santillán Valle Agente de Seguridad 8. Jesús Rodríguez Mora Agente de Seguridad 9. Karin Gordillo Fitzcarrald Agente de Seguridad 10. Merriman Aliaga Bestias Agente de Seguridad 11. Cecilia Urcia Ríos Agente de Seguridad 12. Lady Bardales Castillo Agente de Seguridad 13. José Delgado Hurtado Avanzada de Seguridad 14. Juan Ruiz Velesvilla Asistente de Órdenes 15. Norton Dávila Sandoval Asistente de Órdenes Artículo Segundo.- El egreso por concepto de viáticos para cada una de las personas mencionadas en la presente Resolución, por la suma de US$ 220.00 será asumido por el

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Lunes, 12 de enero de 2004

PCM

Designan delegación de apoyo que coordinará aspectos de prensa, seguridad y salud referidos a la participación del Presidente de la República en la Cumbre Extraordinaria

de las Américas

RESOLUCION SUPREMA Nº 016-2004-PCM Lima, 10 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, los días 12 a 14 de enero del presente año, el señor Presidente de la República viajará a la ciudad de Monterrey, Estados Unidos Mexicanos, como participante en la Cumbre Extraordinaria de las Américas; Que, la presencia del señor Presidente de la República en este evento internacional tiene como propósito el tratamiento de los temas de crecimiento económico con equidad, desa-rrollo social y gobernabilidad, así como la realización de reuniones bilaterales con otros mandatarios de la región, De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 28128, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, la Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM el Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 067-2003-PCM y el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2002-PCM; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Designar a la delegación de apoyo que se encargará de coordinar los aspectos de prensa, seguridad y salud relativos a la participación del señor Presidente de la República en la referida visita a los Estados Unidos Mexicanos, la que estará conformada por las siguientes personas: 1. Cdte. FAP César Rengifo Garcia Edecán 2. Cdte. S. PNP Eduardo Ponce Galarza Médico 3. Oscar Paredes Fotógrafo Oficial 4. José Sotomayor Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros 5. Víctor Gerardo Barraza Soto Director de la Agencia Andina 6. Tec. Ins. FAP Hugo Bravo Sotomayor Técnico de Órdenes 7. Rony Santillán Valle Agente de Seguridad 8. Jesús Rodríguez Mora Agente de Seguridad 9. Karin Gordillo Fitzcarrald Agente de Seguridad 10. Merriman Aliaga Bestias Agente de Seguridad 11. Cecilia Urcia Ríos Agente de Seguridad 12. Lady Bardales Castillo Agente de Seguridad 13. José Delgado Hurtado Avanzada de Seguridad 14. Juan Ruiz Velesvilla Asistente de Órdenes 15. Norton Dávila Sandoval Asistente de Órdenes Artículo Segundo.- El egreso por concepto de viáticos para cada una de las personas mencionadas en la presente Resolución, por la suma de US$ 220.00 será asumido por el

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Pliego Presupuestal correspondiente, debiéndose rendir cuenta documentada en un plazo no mayor de quince (15) días al término de la referida comisión. Artículo Tercero.- El cumplimiento de la presente Resolución no dará derecho a exoneración de impuestos o de derechos aduaneros, de ninguna clase o denominación. Artículo Cuarto.- La presente Resolución será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros. Regístrese, comuníquese y publíquese. Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República CARLOS FERRERO Presidente del Consejo de Ministros

ECONOMIA Y FINANZAS

Aprueban la Asignación y Previsión trimestrales Mensualizadas del Primer Trimestre del Año Fiscal 2004, por diversas fuentes de financiamiento

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 001-2004-EF-76.01

Lima, 2 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, el artículo 30 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, señala que la Asignación Trimestral de gastos constituye el marco financiero a considerar durante cada trimestre, debiendo servir de instrumento eficaz de la programación del gasto cuya determinación responde a la proyección actualizada de los ingresos que contempla el Programa Económico; Que, la Directiva Nº 001-2004-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el año fiscal 2004 aprobada por la Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/76.01 establece que la Dirección Nacional del Presupuesto Público, aprueba el monto de la Asignación y Previsión Trimestral de gastos correspondiente a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional e Instancias Descentralizadas; Que, la Directiva Nº 002-2004-EF/76.01 - Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2004 aprobada por la Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/76.01 establece que la Dirección Nacional del Presupuesto Público, aprueba el monto de la Asignación y Previsión Trimestral de gastos correspondiente a los Gobiernos Regionales; Que, con el propósito de continuar con el procedimiento de aprobar en forma mensualizada la Asignación y Previsión Trimestral de gastos, se hace necesario que la Asignación Trimestral del Primer Trimestre del Año Fiscal 2004 se aprueba en forma mensualizada, por las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales. Asimismo, la Previsión Trimestral del Primer Trimestre del Año Fiscal 2004 de los recursos provenientes de las Fuentes de Financiamiento distintas a Recur-sos Ordinarios y Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales estará expresada en forma mensualizada; De conformidad con el Decreto Legislativo Nº 183 - Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas y la Resolución Viceministerial Nº 148-99-EF/13.03 - Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas y normas modificatorias;

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En uso de las facultades conferidas en los artículos 4 y 5 de la ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar la Asignación Trimestral Mensualizada del Primer Trimestre del Año Fiscal 2004 por la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios” ascendente a la suma de TRES MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 3 717 503 685), y por la Fuente de Financiamiento “Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales” ascendente a la suma de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 1 376 369 084) de acuerdo al detalle que figura en el Anexo Nº 1 de la presente Resolución Directoral. Artículo 2.- Aprobar la Previsión Trimestral Mensualizada del Primer Trimestre del Año Fiscal 2004 por las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios as-cendente a la suma de SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 794 239 987), y distintas a la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 239 411 264), de acuerdo al detalle que figuran en los Anexos Nºs. 2 y 2A de la presente Resolución Directoral. Regístrese, comuníquese y publíquese. NELSON SHACK YALTA Director General Dirección Nacional del Presupuesto Público (*) Ver Cuadro publicado en el Diario Oficial “El Peruano” de la fecha.

Aprueban el Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado de enero, febrero y marzo del año fiscal 2004

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 003-2004-EF-76.01

Lima, 2 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-2004-EF/76.01 se aprobó la Asignación y Previsión Trimestral Mensualizada correspondiente al Primer Trimestre del año fiscal 2004 por cada Fuente de Financiamiento, para la ejecución de gastos de los Pliegos Presupuestarios, la misma que comprende el nivel de recursos disponibles para el Calendario de Compromisos de los meses de enero, febrero y marzo del año fiscal 2004; Que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 32 de la Ley Nº 27209 Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, la ejecución de gastos informada por los Pliegos Presupuestarios por las distintas fuentes de financiamiento se efectúa mediante los Calendarios de Compromisos, teniendo en cuenta la Asignación y Previsión Trimestral de Gastos, sujetándose a la disponibilidad de los Recursos Públicos, la cual constituye la autorización máxima para la ejecución de egresos y no convalidan actos o acciones de los Pliegos Presupuestarios que no se ciñan a la normatividad vigente; Que, conforme a lo establecido en la Directiva Nº 001-2004-EF/76.01, Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario del Gobierno Nacional para el Año Fiscal 2004, el Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado se aprueba a nivel de

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Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de Gastos; Que, conforme a lo establecido en la Directiva Nº 002-2004-EF/76.01, Directiva para la Aprobación, Ejecución y Control del Proceso Presupuestario de los Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2004, el Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado por la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales se aprueba a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de Gastos, y por las Fuentes de Financiamiento distintas de Recursos Ordinarios de los Gobiernos Regionales se aprueban a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Fuente de Financiamiento y Grupo Genérico de Gastos; De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Nº 27209 - Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, el artículo 20 de la Directiva Nº 001-2004-EF/76.01 y el artículo 21 de la Directiva Nº 002-2004-EF/76.01 aprobada por la Resolución Directoral Nº 047-2003-EF/76.01; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado de los meses de enero, febrero y marzo del año fiscal 2004, en los montos que se detallan en el Anexo de la presente Resolución. Artículo 2.- El Calendario de Compromisos aprobado, no convalida actos, acciones o gastos de los Pliegos Presupuestarios que no se ciñan a la normatividad vigente, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Nº 27209. Artículo 3.- Los montos aprobados en el Anexo que se señala en el artículo 1, para el Gobierno Nacional se desagregan a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Función, Programa, Grupo Genérico de Gastos y Fuentes de Financiamiento y para el Gobierno Regional con Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales de manera similar al Gobierno Nacional, de acuerdo a los reportes que forman parte del Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado de los meses de enero, febrero y marzo del año fiscal 2004. Artículo 4.- Los montos aprobados en el Anexo que se señala en el artículo 1, para los Gobiernos Regionales con Fuentes de Financiamiento diferentes a Recursos Ordinarios para los Gobiernos Regionales se desagregan a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Grupo Genérico de Gastos y Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a los reportes que forman parte del Calendario de Compromisos Trimestral Mensualizado de los meses de enero, febrero y marzo del año fiscal 2004. Regístrese, comuníquese y publíquese. NELSON SHACK YALTA Director General Dirección Nacional del Presupuesto Público

ANEXO DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 003-2004-EF/76.01

CALENDARIO DE COMPROMISOS TRIMESTRAL MENSUALIZADO AÑO FISCAL 2004

(EN NUEVOS SOLES)

ENERO FEBRERO MARZO TOTAL GOBIERNO NACIONAL 1,551,505,760 1,542,434,249 1,554,222,314 4,648,162,323

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Sistema Peruano de Información Jurídica

Página 5

RECURSOS ORDINARIOS 1,227,675,027 1,238,973,209 1,250,855,449 3,717,503,685 CANON Y SOBRECANON 1,921,126 1,846,517 1,925,450 5,693,093 CONTRIBUCIONES A FONDOS 152,666,064 119,985,249 109,198,382 381,849,695 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 159,437,936 170,055,969 180,292,207 509,786,112 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,805,607 11,573,305 11,950,826 33,329,738 GOBIERNO REGIONAL 529,127,147 529,179,691 512,473,766 1,570,780,604 CANON Y SOBRECANON 20,956,583 20,956,583 20,956,583 62,869,749 PARTICIPACIÓN EN RENTAS DE ADUANAS 2,403,057 2,403,057 2,403,057 7,209,171 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 27,821,722 27,833,732 27,740,641 83,396,095 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 65,778 64,778 64,778 195,334 FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 28,580,305 28,580,305 28,580,305 85,740,915 RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS REGIONALES 449,299,702 449,341,236 432,728,402 1,331,369,340 TOTAL GENERAL 2,080,632,907 2,071,613,940 2,066,696,080 6,218,942,927

JUSTICIA

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 011-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1848-2003-JUS/PPMJ, de fecha 6 de octubre de 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1322 y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Oficio Nº 447-2003-SUNARP-RPU-JEF, de fecha 3 de octubre del 2003, y su Informe Nº 152-2003-SUNARP-RPU-GAL, la Jefatura del Registro Predial Urbano, remite a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, la documentación sobre indicios de comisión de delito y acciones legales, a efecto que se expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar las acciones penales contra Gregorio Guerra Conde, y contra las personas que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos, previsto y penado en el artículo 427 de nuestro ordenamiento penal sustantivo; Que, mediante el Informe referido en el párrafo precedente, la Gerencia de Asesoría Legal del Registro Predial Urbano, determina que en la solicitud de levantamiento de gravámenes inscrito en la partida predial Nº PO2015515, a que se refiere la Boleta de Presentación, de fecha 16 de mayo del 2003, Expediente Nº 02A3005000, se adjuntó una Declaración Jurada, supuestamente certificada por la Notario Público doctora, Silvia Samaniego de Mestanza, quien mediante comunicación de fecha 15 de julio del 2003, manifiesta que la firma y sellos que figuran en dicha fotocopia no le corresponden; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 1848-2003-JUS-PPMJ, de fecha 6 de octubre del 2003, y en virtud a los hechos que se desprenden del Informe Nº 152-2003-SUNARP-RPU-GAL, de fecha 1 de octubre del 2003, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización de los delitos y las circunstancias en que se han realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y otros en la ejecución del mismo; y,

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Sistema Peruano de Información Jurídica

Página 6

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes contra GREGORIO GUERRA CONDE y contra los que resulten responsables conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 012-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1586-2003-JUS/PPMJ, de fecha 1 de setiembre del 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1161 y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Oficio N.954-2003-SUNARP/GL-SN, de fecha 12 de agosto del 2003, el Superintendente Nacional de los Registros Públicos, remite a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, la documentación sobre indicios de comisión de delito y acciones legales, a efectos de que se expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar la acción penal contra Félix Alejandro La Cruz Aguirre representante de la Empresa La Cruz Aguirre y Asociados Contadores Públicos S.C., y contra las personas que resulten responsables por la presunta comisión del delito Contra la Fe Pública en la modalidad de Falsificación de Documentos, previsto y penado en el artículo 427 de nuestro ordenamiento penal sustantivo; Que, conforme se aprecia del Pacto de Integridad de fecha 25 de octubre del 2002, celebrado entre la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima y la Empresa La Cruz Aguirre y Asociados Contadores Públicos S.C., representada por Félix La Cruz Aguirre, sobre el proceso de Adjudicación Directa Selectiva Nº 008-2002-SUNARP/GAF, para la contratación de una empresa especializada en la toma de inventarios para la realización del inventario de bienes patrimoniales y existencias en el Registro Predial Urbano a nivel nacional, se ha adjuntado en la Propuesta Técnica, Diplomas de Maestrías de los señores Luis Pérez Rodríguez, Jorge Luis Rosales Curas, Luis León Bazalar, Javier Martín Morán Hernández, Luis Enrique Villanueva Herrera y Juan Paz Alvítes, documentos supuestamente expedidos por la Universidad Ricardo Palma, Universidad Inca Garcilaso de la Vega y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se mencionan en los diplomas de maestrías que se acompañan; mediante Oficios Nº 610-2003-URP-R, Nº 1532-2003-SG, Nº 169-2003-D/F-CC.AA. Y CC.EE. de fechas 20, 16 y 13 de junio del 2003, respectivamente, el Rectorado, el Decanato y la Secretaria General de las citadas universidades, manifiestan que no registran matrícula en la Escuela de Post-grado y que dichos documentos son falsos, por lo que se debe iniciar las

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Sistema Peruano de Información Jurídica

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acciones legales que correspondan contra Félix Alejandro La Cruz Aguirre representante de la Empresa La Cruz Aguirre y Asociados Contadores Públicos S.C., y contra las personas que resulten responsables; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 1586-2003-JUS-PPMJ, de fecha 1 de setiembre del 2003, y en virtud a los hechos que se desprenden del Oficio N.954-2003-SUNARP/GL-SN, de fecha 12 de agosto del 2003 y con el objeto de reunir las pruebas de la realización del delito y las circunstancias en que se han realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que haya tenido el autor y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes contra FÉLIX ALEJANDRO LA CRUZ AGUIRRE representante de la Empresa La Cruz Aguirre y Asociados Contadores Públicos S.C., y contra los que resulten responsables conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 013-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1990-2003-JUS-PPMJ, de fecha 20 de octubre de 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, el Registro Nº 1425 y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Oficio Nº 483-2003-SUNARP-Z.R.NºIX/OL, de fecha 1 de agosto de 2003, la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, remite a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, el Memorándum que fuera remitido a su vez por la Gerencia Registral de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, sobre la presunta comisión de delito Contra la Fe Pública en agravio del Estado, por supuesta falsificación de la Tarjeta de Propiedad Vehicular Nº 009623, con placa de rodaje Nº KG-8763; Que, en efecto, mediante Memorándum Nº 546-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GR, de fecha 22 de abril de 2003, la Gerencia Registral informa a la Oficina Legal de la solicitud de Reconstrucción del Antecedente Registral de fecha 7 de febrero de 2003, presentada por doña Soledad Huerta Linares, identificada con D.N.I. Nº 06754202, en el que se adjunta copia de la Tarjeta de Propiedad Vehicular Nº 009623, correspondiente al vehículo marca Volkswagen, con

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Página 8

placa de rodaje Nº KG-8763, documento con la certificación de fecha 17 de febrero de 2000, expedido supuestamente por el Notario Público de Lima, doctor Alfredo Aparicio Valdez. Mediante Oficio Nº 258-2003-SUNARP-Z.R.NºIX/OL de fecha 29 de abril de 2003, se solicita a la Notario Público de Lima, doctora María Mujica Barreda a cargo del Despacho Notarial del Notario Público de Lima, doctor Alfredo Aparicio Valdez, informe sobre la certificación de dicha Tarjeta de Propiedad. Mediante la Carta de fecha 2 de mayo de 2003, la mencionada Notario Público de Lima, informa que la legalización no corresponde al Notario Público de Lima, Dr. Alfredo Aparicio Valdez, por tanto, es supuestamente falsa; Que, en ese sentido, en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia en su Oficio Nº 1990-2003-JUS-PPMJ, de fecha 20 de octubre de 2003, y en virtud a los hechos que se desprenden del Oficio Nº 483-2003-SUNARP-Z.R.NºXI/OL, de fecha 1 de agosto de 2003, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización del citado delito y las circunstancias en que se ha realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido el autor y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes contra Soledad Huerta Linares, y los que resulten responsables, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 014-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 2095-2003-JUS/PPMJ, de fecha 12 de noviembre de 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1545 y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Informe Nº 079-2003-Z.R.VIII-SHYO-JAL, de fecha 10 de noviembre del 2003, el Jefe del Área Legal de la Zona Registral Nº VIII - Sede Huancayo, remite a la Procuraduría Publica encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, la documentación sobre indicios de comisión de delito y acciones legales, a efectos de que se expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar la acción penal contra Marcimario Enrique Huerta Espinoza y Guillermo Arturo Quiñonez Rua, y contra las personas que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la Fe Pública en las modalidades de falsificación de documentos y falsedad ideológica, previsto y penado por los artículos 427 y

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428 de nuestro ordenamiento penal sustantivo; Que, mediante Informe Nº 46-2003-ZRVIII-SHYO/RPV, de fecha 16 de setiembre del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral VIII - Sede Huancayo sobre la solicitud de inscripción de Título que cuenta con recibo Nº 0246047, de fecha 2 de setiembre del 2003, presentado por la señora Libia Salas Vilca (persona dependiente del Notario de La Oroya Doctor Octavio Delgado Guzmán), ante el Registro de Propiedad Vehícular, la cual está referida Transferencia de Propiedad Vehícular del automóvil marca DAEWOO, modelo Lemans, de Placa de Rodaje Nº BP-4196, adjuntándose un Contrato de Compra Venta suscrito por Marcimario Enrique Huerta Espinoza como vendedor y Guillermo Arturo Quiñones Rua como comprador, documento supuestamente certificado por el Notario Público de Huancavelica, doctor Augusto Zorrilla Almonacid, quien mediante comunicación de fecha 15 de setiembre del 2003, manifiesta que los sellos y firma que aparecen en el contrato son falsos; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 2095-2003-JUS-PPMJ, de fecha 12 de noviembre del 2003, y en virtud a los hechos que se desprenden del Informe Nº 46-2003-ZRVIII-SHYO/RPV, de fecha 16 de setiembre del 2003, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización de los delitos y las circunstancias en que se han realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes en forma individual contra las siguientes personas: 1. MARCIMARIO ENRIQUE HUERTA ESPINOZA. 2. GUILLERMO ARTURO QUIÑONEZ RUA, y contra los que resulten responsables conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 015-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 2096-2003-JUS/PPMJ, de fecha 10 de noviembre del 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1544 y demás actuados;

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CONSIDERANDO: Que, mediante Oficio Nº 54-2003-Z.R.NºV/AL de fecha 24 de octubre del 2003, la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo remite a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, el Informe Nº 052-2003-Z.R.Nº V/AL/LLCH de fecha 22 de octubre del 2003 y la documentación sobre indicios de comisión de delito y acciones legales, a efecto que se expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar las acciones penales contra Rolando Máximo Aguilar Yauyo, Leoncio Dávila Guevara, Walter Edgardo Mejía Baca y José Victorio Calderón Rubina, y contra las personas que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos contra la Fe Pública en las modalidades de falsificación de documentos y falsedad ideológica, previsto y penado en los artículos 427 y 428 de nuestro ordenamiento penal sustantivo; Que, mediante Informe Nº 316-2003-ZR-V-S.T-RPV, de fecha 17 de setiembre del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº 01-082858-03, de fecha 11 de setiembre del 2003, presentado por Rolando Máximo Aguilar Yauyo ante el Registro de Propiedad Vehícular, la cual está referida al cambio de carrocería del vehículo de Placa de Rodaje PD-7314, en la que se adjunta un certificado de conformidad de modificación Nº 00578, de fecha 24 de julio del 2003 documento supuestamente expedido por el Instituto de Transportes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería; mediante Oficio 0354/2003-INTRAFIM, de fecha 15 de setiembre del 2003, el Director del citado instituto manifiesta que el certificado de conformidad de modificación es falso; Que, mediante Informe Nº 337-2003-ZR-V-S.T-RPV/LNA, de fecha 14 de octubre del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº 01-087976-03, de fecha 29 de setiembre del 2003, presentado por Leoncio Dávila Guevara ante el Registro de Propiedad Vehícular, la cual está referida a la primera inscripción del vehículo semi remolque, marca LDG, con Nº de serie LDG-002-000813, modelo ELIPTICO, en la que se adjunta un certificado de conformidad de fabricación Nº 00173, de fecha 31 de marzo del 2003 documento supuestamente expedido por el Instituto de Transportes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería; mediante Oficio Nº 0385/2003-INTRAFIM, de fecha 30 de setiembre del 2003, el Director del citado instituto manifiesta que el certificado de conformidad de fabricación es falso; Que, mediante Informe Nº 313-2003-ZR-V-ST-RPV/LNA, de fecha 18 de setiembre del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº 01-083802-03, de fecha 15 de setiembre del 2003, presentado por José Victorio Calderón Rubina ante el Registro de Propiedad Vehícular, la cual está referida al acta de transferencia de propiedad del vehículo de Placa de Rodaje WD-1467, suscrito entre Walter Edgardo Mejía Baca como vendedor y José Victorio Calderón Rubina como comprador, en la que se adjunta una tarjeta de propiedad Nº 063862 de fecha 10 de octubre del 2002, documento que se presuma falso al no haber sido expedido por dicho registro; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 2096-2003-JUS-PPMJ, de fecha 10 de noviembre del 2003, y en virtud a los hechos que se desprenden del Informe Nº 052-2003-Z.R.Nº V/AL/LLCH de fecha 22 de octubre del 2003, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización de los delitos y las circunstancias en que se han realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE:

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Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes en forma individual contra las siguientes personas: 1. ROLANDO MÁXIMO AGUILAR YAUYO. 2. LEONCIO DÁVILA GUEVARA. 3. WALTER EDGARDO MEJÍA BACA. 4. JOSÉ VICTORIO CALDERÓN RUBINA; y, contra los que resulten responsables conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 016-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 2109-2003-JUS/PPMJ, de fecha 17 de noviembre del 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1542 y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Informe Nº 0062-2003-Z.R.Nº I-OALE, de fecha 13 de noviembre del 2003, la Oficina de Asesoría Legal de la Zona Registral Nº I - Sede Piura remite a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, la documentación sobre indicios de comisión de delito y acciones legales, a efecto que se expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar las acciones penales contra Víctor Miseno Rivera Llacsahuanga y contra las personas que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos Contra la Fe Pública en las modalidades de falsificación de documentos y falsedad ideológica, previsto y penado en los artículos 427 y 428 de nuestro ordenamiento penal sustantivo; Que, mediante Informe Nº 025-2003-ZR Nº I/DU de fecha 20 de octubre del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral Nº I - Sede Piura, sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº P-0480518, de fecha 6 de octubre del 2003, presentado por Víctor Miseno Rivera Llacsahuanga ante el Registro de Propiedad Vehícular, la cual está referida al Acta de Transferencia Vehícular del vehículo de Placa de Rodaje AB-3039, suscrito entre don Juan Carlos Díaz Nuñez como vendedor y don Víctor Miseno Rivera Llacsahuanga como comprador, documento supuestamente redactado y certificado por el otario de Chimbote, doctor Guillermo Cam Carranza, quien mediante carta de fecha 17 de octubre del 2003, manifiesta que la citada acta es falsa; pues no ha sido redactada en su Oficio Notarial; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 2109-2003-JUS-PPMJ, de fecha 17 de noviembre del 2003, y en virtud a los hechos que se desprenden del Informe Nº 025-2003-ZR Nº I/DU de fecha 20 de octubre del 2003, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización de los

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delitos y las circunstancias en que se han realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido el autor y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes contra VÍCTOR MISENO RIVERA LLACSAHUANGA y contra los que resulten responsables conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 017-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1992-2003-JUS/PPMJ, de fecha 27 de octubre del 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1453 y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Oficio Nº 470-2003-SUNARP Z.R.Nº IX/OL, de fecha 24 de julio del 2003, la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, remite a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, la documentación sobre indicios de comisión de delito y acciones legales, a efectos de que se expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar las acciones penales contra Héctor Sánchez Torres, Carlos Alberto Iglesias Luna, Fermín Enrique Várela Zapata y Eduardo Alberto Calle Castro, y contra las personas que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la Fe Pública en la modalidad de falsificación de documentos, previsto y penado en el artículo 427 de nuestro ordenamiento penal sustantivo; Que, mediante Memorándum Nº 186-2003-SUNARP-Z.R.Nº IX/GPJN, de fecha 19 de mayo del 2003, se informa a la Gerencia Legal de la Zona Registral IX - Sede Lima sobre la solicitud de inscripción del Titulo Nº 2200, de fecha 20 de febrero del 2003, presentado por don Héctor Sánchez Torres ante el Registro de Personas Jurídicas, la cual está referida a la inscripción de revocatoria de Gerente General y Subgerente General, revocatoria de Directorio y elección de nuevo Directorio de la empresa de transportes Inter.-Prov. Los Angeles del Perú S.A., en la que se adjunta una solicitud de tacha, en la que el citado presentante acredita ser el representante del indicado título, documento supuestamente certificado por el Notario de Lima, doctor Aníbal Corvetto Romero, quien mediante comunicación de fecha 18 de julio del 2003, manifiesta que la firma y sellos que aparecen en el mencionado documento han sido falsificados;

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Que, mediante Memorándum Nº 216-2003-SUNARP-Z.R.Nº IX/GPJN, de fecha 12 de junio del 2003, se informa a la Gerencia Legal. de la Zona Registral IX - Sede Lima sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 50041, de fecha 13 de marzo del 2003, presentado por don Carlos Alberto Iglesias Luna ante el Registro de Personas Jurídicas, la cual está referida a la revocatoria y designación de nuevo contador y poderes de la asociación Mutualista Sanitaria del Perú, en la que se adjunta copia certificada, en la que se hace referencia al Libro de Actas Nº 03 de la Asociación, cuya apertura fue legalizada ante el Notario de Lima, Dr. Aurelio Díaz Rodríguez, quien mediante comunicación de fecha 19 de mayo del 2003, manifiesta que en su Registro Cronológico de Legalización de Libros y hojas sueltas no aparece la legalización del mencionado Libro de Actas; Que, mediante Memorándum Nº 217-2003-SUNARP-Z.R.Nº IX/GPJN, de fecha 12 de junio del 2003, se informa a la Oficina Legal de la Zona Registral IX - Sede Lima sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 91145, de fecha 15 de mayo del 2003, presentado por don Fermín Enrique Várela Zapata ante el Registro de Personas Jurídicas, la cual está referida a la revocatoria y designación de nuevo contador y poderes de la asociación Mutualista Sanitaria del Perú, en la que se adjunta una copia certificada, en la que se hace referencia al Libro de Actas Nº 03 de la Asociación, cuya apertura fue legalizada ante el Notario de Lima, Dr. Aurelio Díaz Rodríguez, documento que como ha manifestado el Notario Aurelio Díaz Rodríguez, no aparece en su Registro Cronológico de Legalización de Libros y hojas sueltas; Que, mediante Memorándum Nº 583-2003-SUNARP-Z.R.Nº IX/GPI, de fecha 11 de junio del 2003, se informa a la Gerencia Legal de la Zona Registral IX - Sede Lima sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 77124, de fecha 24 de abril del 2003, presentado por don Eduardo Alberto Calle Castro ante el Registro de Propiedad Inmueble, la cual está referida al Contrato de Compraventa, que mediante Escritura Pública de fecha 24 de diciembre de 1986, que otorga María Locricia Manco Viuda de Gonzáles a favor de Rifhaed Abdul Al Nasr, extendida por el Notario de Lima, doctor Manuel Reátegui Molinares, y tal como se desprende del Informe Nº 187-2003-AGN/DNDAAI/DANJ de la Dirección de Archivo Notarial y Judicial, de fecha 3 de junio del 2003, refiere que la firma del Notario Público Manuel Reátegui Molinares, consignada en la última hoja del testimonio, es falsa; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 1992-2003-JUS-PPMJ, de fecha 27 de octubre del 2003, y en virtud de los antecedentes que se desprenden del Oficio Nº 470-2003-SUNARP Z.R.Nº IX/OL, de fecha 24 de julio del 2003, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización del delito y las circunstancias en que se han realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes en forma individual contra las siguientes personas: 1. Héctor SÁNCHEZ TORRES. 2. Carlos ALBERTO IGLESIAS LUNA. 3. Fermín Enrique VÁRELA ZAPATA. 4. Eduardo Alberto CALLE CASTRO; y, contra los que resulten responsables conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

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Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 019-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1998-2003-JUS/PPMJ, de fecha 27 de octubre de 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, el Registro Nº 1413/OGAJ, y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Informe Nº 007-2003-SUNARP-Z.R.NºIX/OL, de fecha 26 de agosto de 2003, la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, dirigido a la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, emite opinión, señalando que del análisis y revisión de la documentación que forma parte del expediente del Proceso de Adjudicación Directa Selectiva de Bienes Nº 003-2003-Z.R.NºIX, referida a la adquisición de útiles de oficina y materiales PAD, convocada mediante Resolución Jefatural Nº 592-2003-SUNARP-Z.R.NºIX/JEF del 16 de junio de 2003, se puede determinar que respecto al Certificado de Calidad y Entrega Puntual de los Bienes del 06 de marzo de 2003, aparen-temente expedido por el Director de Abastecimiento del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor Wilfredo Ponte Rodríguez, y de la Constancia de Calidad de Servicio de fecha 17 de junio de 2003, supuestamente expedida por el Gerente de Abastecimiento del Ministerio Público, economista Francisco Moore Pérez-Treviño, existirían indicios razonables de la presunta comisión del Delito Contra la Fe Pública, tipificado en el artículo 427 del Código Penal; recomendando se solicite la expedición de la Resolución Ministerial que autorice que en nombre e interés del Estado se interpongan las acciones legales contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del mismo; Que, en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia en su Oficio Nº 1998-2003-JUS-PPMJ, de fecha 27 de octubre de 2003, al precitado informe, y en virtud a los hechos que se desprenden de la documentación adjunta, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización del delito citado en los mismos, y las circunstancias en que se ha realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido el autor y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes contra Abel Marcelo Mesajil León, en su calidad de representante legal de la Distribuidora Mesajil Hnos. S.A., y los que resulten responsables, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

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Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 020-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1984-2003-JUS-PPMJ, de fecha 27 de octubre de 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, el Registro Nº 1426/OGAJ, y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Oficio Nº 637-2003-SUNARP-Z.R.NºIX/OL, de fecha 1 de octubre de 2003, la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, remite a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, los memorándums que fueran remitidos a su vez por la Gerencia de Bienes Muebles de la citada Zona, mediante los cuales, se comunica de la presunta falsificación de firmas y sellos de diferentes Notarios Públicos, en la Certificación de la documentación presentada, así como la falsificación en el Certificado de Conformidad de la Universidad Nacional de Ingeniería - UNl, Certificado Policial PNP y la Boleta de Venta de la empresa H.A. MOTORS S.R.L., documentos presentados ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP, Zona Registral Nº IX, Sede Lima del Registro de Propiedad Vehicular, para su calificación y posterior inscripción, según corresponda; agregando que se encontraría acreditado que existen indicios de la comisión del delito Contra la Fe Pública, tipificado en el artículo 427 del Código Penal, por lo que solicita la expedición de la Resolución Ministerial autoritativa para que en nombre e interés del Estado se interponga la acción legal correspondiente; Que, en efecto, por Memorándum Nº 878-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 17 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa de la solicitud de inscripción del Título Nº 118732, de fecha 26 de junio de 2003, correspondiente al vehículo marca DAEWOO Año 1994, Serie Nº KLAJF19WIRB732552, adjuntando el Memorándum Nº 106-2003-ORLC/GBM-RPV-ID del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que indica, se advierte un Certificado de Conformidad de Fabricación y un Certificado de Identificación Vehicular, presentados mediante reingreso, que adolecen de irregularidades en su emisión, según se desprende de las consultas realizadas a las entidades pertinentes, las mismas que tuvieron respuesta con: Oficio Nº 0322/2003-INTRAFIM, de fecha 27 de agosto de 2003 del Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería y Oficio Nº 816-03-VII DIRTEPOLL-PNP-JEFTRA-DIPROVE-OFITEL-J, del 31 de agosto de 2003, de la Policía Nacional del Perú, respectivamente, corroborando las supuestas irregularidades; Que, mediante Memorándum Nº 877-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 17 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 87254, de fecha 8 de mayo de 2003, referido al vehículo con placa de rodaje Nº SIP-989, adjuntando el Informe Nº 174-2003-ZR-IX-GBM-RPV-Sec.9 del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que indica, se ha detectado la presunta falsificación de la firma y sellos del ex Notario Público de Lima, Dr. Alfredo Aparicio Váldez, consignados en el documento privado: contrato de compraventa, con firmas legalizadas, celebrado entre Víctor Fernando Sánchez Ramos (Vendedor) y Luis Rolando

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Dueñas Pareja (Comprador), de fecha 21 de marzo de 2001; Que, por Memorándum Nº 876-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 17 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 164291, de fecha 1 de setiembre de 2003, referido al vehículo con placa de rodaje Nº SIG-230, adjuntando el Informe Nº 151-2003-GBM-RPV-IR7-PEM del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que indica, se ha advertido la presentación del contrato compraventa y transferencia de propiedad del citado vehículo con la presunta falsificación de la firma y los sellos de la Notaria Pública de Lima, Dra. Ruth Alessandra Ramos Rivas, conforme a la comunicación de fecha 12 de setiembre de 2003, cursada por la misma; Que, por Memorándum Nº 872-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 16 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 165822, de fecha 2 de setiembre de 2003, correspondiente al vehículo automotor de Serie Nº EE1026023838 y Motor Nº 4E2687458, adjuntando el Informe Nº 014-2003-ZRIX-GBM-RPV-RDR-JGP del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, a través del cual, remite la Boleta de Venta Nº 001 0014146 de fecha 12 de junio de 2003, expedido por la empresa H.A. MOTORS S.R.L. a nombre de Eva Luz Cóndor Córdova, la misma que ha sido adulterada conforme a la respuesta cursada por la citada empresa emisora con fecha 3 de setiembre de 2003; Que, mediante Memorándum Nº 859-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 12 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 163531, de fecha 28 de agosto de 2003, correspondiente al vehículo con placa de rodaje Nº XG-5102, adjuntando el Informe Nº 149-2003-GBM-RPV-IR7-PEM del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que indica, se ha advertido la presentación de un Certificado de Conformidad de Modificación falso, conforme se desprende de la comunicación de fecha 9 de setiembre de 2003, cursada por el Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería; Que, por Memorándum Nº 850-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 10 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 154738, de fecha 18 de agosto de 2003, correspondiente al vehículo con placa de rodaje Nº UO-1695, adjuntando el Informe Nº 146-2003-GBM-RPV/IR7/NMC del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que advierte se ha detectado que el contrato de compra venta del citado vehículo, presenta falsificación en la legalización notarial (Sellos y firma del Notario Público de Lima), la misma que ha sido confir-mada por el mismo: Dr. Juan Francisco Gutiérrez Miraval con comunicación de fecha 28 de agosto de 2003; Que, mediante Memorándum Nº 846-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 9 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 164344, de fecha 1 de setiembre de 2003, correspondiente al vehículo con placa de rodaje Nº RGF-550, adjuntando el Memorando Nº 460-2003-GBM-RPV-IR5 del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que indica que en mérito a la Carta del 08 de setiembre e 2003, remitida por el Notario Público de Lima, Dr. Abraham Velarde Alvarez, se ha determinado la falsedad de los sellos y firma del mismo, que constan en el contrato de compra-venta del 11 de noviembre de 1992 del citado vehículo, otorgado por don Marco Antonio Florián García a favor de don Manuel Delgado Ramírez, procediéndose, agrega- a la tacha de dicho título; Que, por Memorándum Nº 834-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 4 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 154664, de fecha 18 de agosto de 2003, correspondiente al vehículo con placa de rodaje Nº BQ-4118, adjuntando el Informe Nº 169-2002-SUNARP-Z.N.IX-GBM-cvm del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que hace de conocimiento que con fecha 2 de setiembre de 2003, se ha procedido a la tacha del citado título, por causal de falsificación de documento, conforme se desprende de la comunicación de fecha 27 de agosto de 2003, cursada por el Notario Público de Lima, Dr. Elvito Rodríguez Dominguez;

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Que, mediante Memorándum Nº 833-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 4 de setiembre de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 157715, de fecha 4 de setiembre de 2003, correspondiente al vehículo con placa de rodaje Nº HI-6698, adjuntando el Informe Nº 168-2002-SUNARP-Z.RNIX-GBM-cvm del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que hace de conoci-miento que con fecha 2 de setiembre de 2003, se ha procedido a la tacha del citado título, por causal de falsificación de documento (Sellos y firma), conforme se desprende de la comunicación de fecha 27 de agosto de 2003, cursada por el Notario Público de Lima, Dr. Aurelio Díaz Rodríguez; Que, por Memorándum Nº 815-2003-SUNARP-Z.R.NºIX-GBM, de fecha 28 de agosto de 2003, la Gerencia de Bienes Muebles informa a la Oficina Legal sobre la solicitud de inscripción del Título Nº 156971, de fecha 28 de agosto de 2003, correspondiente al vehículo con placa de rodaje Nº UI-1216, adjuntando el Informe Nº 684-2003-SUNARP/-Z.R.NºIX-GBM-RPV-IR03 del Registrador Público de la Zona Registral Nº IX - Sede Lima, que hace de conocimiento que el contrato privado de compraventa y transferencia de propiedad del citado vehículo, celebrado entre Alejandro Barreto Vara y Fulgencio Justino Yauri Huaynate y esposa, contiene una manifiesta falsedad en lo que respecta a la firma y sellos del Notario Público, Dr. Alfredo Aparicio Valdez, según escrito de fecha 4 de setiembre de 2003, por lo que comunica que se ha procedido a la tacha del citado título; Que, en ese sentido, en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia en su Oficio Nº 1984-2003-JUS-PPMJ, de fecha 27 de octubre de 2003, para que se proyecte la resolución autoritativa que interponga la denuncia penal, por la presunta comisión del Delito Contra la Fe Pública en agravio del Estado, y en virtud a lo señalado en los documentos citados en los considerandos precedentes, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización del mismo para cada caso, y las circunstancias en que se ha realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y otros en su ejecución; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes contra Julio Muñoz Seminario, Edgar Palomino Enriquez, Renzo Hernán Salcedo Silva, Jorge Santiago Meza Alarcón, Heny García Pezo De León, Luis Alberto Flores Baldeón, Manuel Antonio Delgado Ramírez, Jorge Antonio Castañeda Ortíz, Fernando Ricardo Tejada Fernández, Norma Victorio Rojas de Yauri, y los que resulten responsables, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 021-2004-JUS

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Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 452-2003-JUS/PPMJ, de fecha 27 de febrero de 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia; CONSIDERANDO: Que, mediante Informe Nº 032-2003-SUNARP-Z.R.Nº 1X/01de fecha 20 de enero de 2003, el Jefe de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº IX-Sede Lima informa a la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, sobre la solicitud de ins-cripción mediante Título Nº 200599 del 24 de octubre de 2002, presentado para su inscripción ante el Registro de Propiedad Inmueble de Lima, que contiene el parte notarial de Compraventa que otorgan don Salvador Antonio Revilla Salazar y doña Berta Cecilia Pérez Zegarra como vendedores a favor de don Luis Oscar Villanueva Vilchez; documento supuestamente otorgado ante Notario Público del Callao, Dr. Rafael Rivero Castillo; quien mediante Oficio s/n de fecha 4 de diciembre de 2002, manifiesta que el referido parte, así como los sellos y firma no corresponden a su despacho notarial, resultando ser una falsificación; Que, existen indicios razonables de la comisión del delito contra la Fe Pública, siendo presuntos responsables de dicho acciones ilícito, Hernán Juvenal Montoya Valderrama, presentante de la solicitud de inscripción del Título y don Luis Oscar Villanueva Vilchez, quien figura como comprador en el referido documento falsificado; por lo que es procedente la autorización a la Procuradora Pública a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio de Justicia, para en representación y defensa de los intereses del Estado interponga las acciones judiciales que correspondan; De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga denuncia penal contra Hernán Juvenal Montoya Valderrama, Luis Oscar Villanueva Vilchez y los que resulten responsables de la comisión del delito contra la Fe Pública, en la modalidad de falsificación de documentos, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de esta Resolución, así como los antecedentes del caso a la mencionada Procuradora Pública, para los fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones legales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 022-2004-JUS

Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1679-2003-JUS/PPMJ, de fecha 10 de setiembre del 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1213 y demás actuados;

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CONSIDERANDO: Que, mediante Oficio Nº 47-2003-Z.R.Nº V/AL, de fecha 27 de agosto del 2003, la Jefatura de la Oficina Legal de la Zona Registral Nº V - Sede Trujillo, remite a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, el Informe Nº 034-2003-Z.R.Nº V/AL/LLCH y la documentación sobre indicios de comisión de delito y acciones legales, a efecto que se expida la Resolución Ministerial que autorice iniciar las acciones penales contra José Antonio Abad Concha, Judith Alida Fajardo Linares, Julio Alcides Cabanillas Becerra, Leoncio Vidal Asencio Fernández, y César Augusto Castillo Rodríguez y contra las personas que resulten responsables por la presunta comisión de los delitos Contra la Fe Pública en las modalidades de falsificación de documentos y falsedad ideológica, previsto y penado en los artículos 427 y 428 de nuestro ordenamiento penal sustantivo; Que, mediante Informe Nº 170-ZR-V/RPV, de fecha 30 de mayo del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral V – Sede Trujillo sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº 36090, de fecha 21 de abril del 2003, presentado por don José Antonio Abad Concha ante el Registro de Propiedad Vehicular, la cual está referida al Contrato de Compraventa del vehículo de Placa de Rodaje AD-4093, suscrito entre don Ricardo Jorge López Olguín como vendedor, y, José Antonio Abad Concha como comprador, documento supuestamente certificado por la Notaria de Lima, doctora Silvia Samaniego de Mestanza, quien mediante Carta de fecha 5 de mayo del 2003, manifiesta que los sellos y la firma que aparecen en dicha certificación no son auténticos, por lo que no le corresponden ni se encuentran inscritos en su registro de transferencia vehicular; Que, mediante Informe Nº 184-2003-ZR-V/RPV, de fecha 2 de junio del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral V - Sede Trujillo sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº 48291-03, de fecha 27 de mayo del 2003, presentado por doña Judith Alida Fajardo Linares ante el Registro de Propiedad Vehicular, la cual está referida a la primera inscripción del vehículo semi-remolque, marca Reywal, con Nº de Serie SR01REYF015; en la que se adjunta el certificado de conformidad de fabricación Nº 00026, de fecha 20 de mayo del 2003, documento supuestamente expedido por el Instituto de Transportes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería; mediante Oficio Nº 0168/2003-INTRAFIM, de fecha 28 de mayo del 2003, el Director del citado instituto manifiesta que el certificado de conformidad de fabricación es falso; Que, mediante Informe Nº 270-ZR-V/RPV, de fecha 6 de agosto del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral V - Sede Trujillo sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº 56006, de fecha 19 de junio del 2003, presentado por Julio Alcides CabaniIlas Becerra ante el Registro de Propiedad Vehicular; la cual está referida a la transferencia de propiedad del vehículo de Placa de Rodaje AD-2754, en la que se adjunta un contrato de compraventa, suscrito entre doña Zoila Linda Jacobs Bardales como vendedora, y, Edilberto Rodríguez Tello como comprador, documento supuestamente certificado por el Notario de Barranca, doctor Héctor González Rosales, quien mediante Carta de fecha 31 de julio del 2003, manifiesta que la firma y los sellos que aparecen en dicha certificación no le corresponden a su persona ni a su oficina; Que, mediante Informe Nº 201-2003-ZR-V-ST/VEH/GPH, de fecha 11 de junio del 2003, se informa a la Gerencia Registral de la Zona Registral V - Sede Trujillo sobre la solicitud de inscripción del Título que cuenta con recibo Nº 37278-03, de fecha 23 de abril del 2003, presentado por don César Augusto Castillo Rodríguez ante el Registro de Propiedad Vehicular, la cual está referida al cambio de característica (carrocería) del vehículo de placa de rodaje WD-3375; en el que se adjunta el certificado de conformidad de fabricación Nº 00008, de fecha 14 de abril del 2003, documento supuestamente expedido por el Instituto de Transportes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería; mediante Oficio 0186/2003-INTRAFIM, de fecha 9 de junio del 2003, el Director del citado instituto manifiesta que el certificado de conformidad de fabricación es falso; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 1679-2003-JUS-PPMJ, de fecha 10 de setiembre del

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2003, y en virtud a los hechos que se desprenden del Informe Nº 034-2003-Z.R.Nº V/AL/LLCH, de fecha 27 de agosto del 2003, y con el objeto de reunir las pruebas de la realización de los delitos y las circunstancias en que se han realizado, corresponde recurrir a la vía judicial para establecer la distinta participación que hayan tenido los autores y otros en la ejecución del mismo; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia y el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes en forma individual contra las siguientes personas: 1. JOSÉ ANTONIO ABAD CONCHA. 2. JUDITH ALIDA FAJARDO LINARES. 3. JULIO ALCIDES CABANILLAS BECERRA. 4. LEONCIO VIDAL ASENCIO FERNANDEZ. 5. CÉSAR AUGUSTO CASTILLO RODRÍGUEZ; y, contra los que resulten responsables conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

Autorizan a procuradora iniciar acciones correspondientes contra el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de

Mayolo”

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 018-2004-JUS Lima, 8 de enero de 2004 Visto el Oficio Nº 1897-2003-JUS/PPMJ, de fecha 13 de octubre del 2003, de la Procuraduría Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, Registro Nº 1351 y demás actuados; CONSIDERANDO: Que, mediante Informes Nº 076-2003-ZRNºVII-OL, de fecha 30 de setiembre del 2003 y Nº 087-2003-Z.R.Nº VII-OL, de fecha 9 de octubre del 2003, la Oficina Legal de la Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz, remite a la Procuraduría Pública encargada de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, la documentación con el propósito de interponer demanda en vía de Proceso Contencioso Administrativo contra el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”, Ingeniero Felismero Salinas Fernández, a fin de que se declare la nulidad del acto administrativo, que corresponde al contrato de obra celebrado entre la Zona Registral Nº VII - Sede Huaraz y la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”, con fecha 30 de noviembre del 2000;

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Que, mediante los Informes referidos en el párrafo precedente, se ha determinado que en mérito al Contrato de Obra celebrado entre la Oficina Registral Regional, Región Chavín y la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”, para la Construcción de la Sede Institucional de la Oficina Registral en mención, se han contravenido normas legales, como son el artículo 9 de la Ley Nº 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado” y la Cuarta Disposición Complementaria y Transitoria de la Ley Nº 27212 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2000”; Que, en ese sentido, y en estricta atención a lo solicitado por la Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia, en su Oficio Nº 1897-2003-JUS-PPMJ, de fecha 13 de octubre del 2003, y en virtud a los hechos que se desprenden de los Informes Nº 076 y Nº 087-2003-Z.R.Nº VII-OL, de fechas 30 de setiembre y 9 de octubre del 2003, respectivamente; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la Constitución Política del Perú, artículos 2 y 8 del Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia, el artículo 12 del Decreto Ley Nº 17537 de Representación y Defensa del Estado en Juicio, modificado por Decreto Ley Nº 17667, y Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de Justicia, para que en representación y defensa de los intereses del Estado, interponga las acciones judiciales correspondientes contra el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ancash “Santiago Antúnez de Mayolo”, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución. Artículo 2.- Remitir copia de la presente Resolución y antecedentes del caso a la Procuradora Pública mencionada, para su conocimiento y fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. FAUSTO HUMBERTO ALVARADO DODERO Ministro de Justicia

DEFENSA

Modifican el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú

DECRETO SUPREMO Nº 020-2003-DE-MGP

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CONSIDERANDO: Que, por Decreto Supremo Nº 011-DE/MGP de fecha 23 de octubre del 2002, se aprobó la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, TUPAM-15001, Edición enero 2002; Que, por Decreto Supremo Nº 010-76-MA de fecha 6 de setiembre de 1976, se encarga a la Dirección de Hidrografía y Navegación que efectúe y controle toda actividad o trabajo relacionado con la seguridad de la navegación acuática en el área de su competencia, situación en que se encuentran comprendidas las empresas que realizan estudios Hidro-Oceanográficos; Que, por Leyes Nºs. 27806 y 27927, así como por Decretos Supremos Nºs. 043-2003-PCM y 072-2003-PCM de fechas 22 de abril y 6 de agosto del 2003, respectivamente, se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su modificatoria,

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sistematizadas en el Texto Único Ordenado y su Reglamento, en las que se dispone entre otros aspectos que el Monto de la Tasa por concepto de costos de reproducción de la información requerida por el solicitante, debe figurar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de cada entidad de la Administración Pública; así como se incorpora un nuevo formato de solicitud de acceso a la información pública; Que, por Ley Nº 27928, se modificó el inciso (1) del artículo 61 de la Ley Nº 27178 - Ley del Servicio Militar, referido a sanciones; Que, por Decreto Supremo Nº 045-2003-RE de fecha 19 de marzo del 2003, se aprobó la Tarifa de Derechos Consulares, comprendiendo en su Sección IX lo relacionado al Registro Militar, en la cual se regula el derecho de pago que deben efectuar nuestros connacionales en las Oficinas Consulares del Perú en el exterior; Que, es conveniente para los intereses institucionales, lo dispuesto en el considerando segundo a fin que la Dirección de Hidrografía y Navegación cuente con los procedimientos administrativos necesarios que le permitan tener un adecuado control operativo y administrativo de las empresas que realizan estudios Hidro-Oceanográficos; Que, lo dispuesto en las normas legales indicadas en los considerandos tercero, cuarto y quinto del presente Decreto Supremo, tienen por finalidad que los administrados tomen conocimiento de la tasa por concepto de costos de reproducción de la información pública requerida y del nuevo formato de solicitud de acceso a la información pública a ser presentado; por otro lado, es necesario actualizar el beneficio otorgado a los peruanos en edad militar con la disminución del porcentaje de multa por omisos a diferentes causales previstos para el Servicio Militar, así como precisar en cada procedimiento administrativo de inscripción y omisos, un requisito adicional para que los peruanos residentes en el extranjero entreguen fotos de frente y de perfil a color, fondo blanco, tamaño pasaporte, sin anteojos oscuros ni prenda de cabeza, para el escaneado y digitalización correspondiente, en reemplazo del pago por captación de imagen codificada no considerada en la Sección IX de la Tabla de Tarifa de Derechos Consulares, por lo que la Marina de Guerra del Perú debe adecuar sus procedimientos administrativos afectados en el TUPAM-15001, Edición enero 2002, a la normatividad legal vigente; Que, es necesario modificar el Procedimiento Administrativo de Inscripción Anual al Concurso de Admisión de Alumnos a cargo del Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval (CITEN), a fin que los postulantes a ese Centro de Estudios se beneficien con la transparencia, normatividad legal vigente, exoneración en los pagos y precisión de los requisitos, concordante con lo dispuesto en la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27178 - Ley del Servicio Militar y Ley Nº 28036 - Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, respectivamente; Que, de la experiencia adquirida de solicitudes de los administrados por recursos de apelación derivados de procesos de selección convocados por la Marina de Guerra del Perú, se ha determinado la conveniencia de establecer un procedimiento administrativo único con arreglo a la normatividad legal vigente; Que, el artículo 37, inciso (1) y artículo 38, numerales 38.1 y 38.5 de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General disponen entre otros aspectos, que la creación de nuevos procedimientos administrativos, incremento de derechos de tramitación o requisitos, deben contar con respaldo legal, para ser comprendidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de la entidad, requiriendo de una Norma Legal de igual jerarquía que aprobó el citado Texto; Que, la Marina de Guerra del Perú en cumplimiento a las normas y procedimientos que rigen para la Administración Pública, en lo referente a la prestación de servicios, requiere modificar e incorporar al Texto Único enunciado en el considerando primero, los procedimientos administrativos actualizados, a fin que se encuentren comprendidos dentro de los alcances de las normas legales señaladas en los considerandos precedentes;

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De conformidad con lo dispuesto en el inciso (8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; DECRETA: Artículo 1.- Modificar el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, TUPAM-15001, Edición enero 2002, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-DE/MGP, de fecha 23 de octubre del 2002, en las Partes siguientes: Parte “A” - Dirección General del Personal de la Marina, Unidad Orgánica (2), Dirección de Instrucción, Capítulo II - Centro de Instrucción Técnica y Entrenamiento Naval, el Procedimiento B-02; Parte “A” - Dirección General del Personal de la Marina, Unidad Orgánica (3), Dirección de Administración de Personal, Capítulo II - Departamento de Reservas y Movilización, División de Registro Militar, los Procedimientos del B-01 al B-17, cambiándose la denominación de dicho Capítulo II por la de “Departamento de Reservas Navales y Movilización”; y Parte “F” - Dirección de Intereses Marítimos e Información - Unidad Orgánica (1), Departamento de Información, Capítulo I - División de Operaciones, el Procedimiento A-01, así como el Formato de Solicitud de Información, cambiándose la denominación del citado formato por la de “Solicitud de Acceso a la Información Pública”; dichos Procedimientos se modifican de acuerdo al texto que forma parte integrante del presente Decreto Supremo; Artículo 2.- Incluir en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, TUPAM-15001, Edición enero 2002, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-DE/MGP, de fecha 23 de octubre del 2002, en la parte “B” - Dirección de Hidrografía y Navegación - Unidad Orgánica (1), Jefatura Técnica, Capítulo IV - Oficina de Evaluación Técnica, los Procedimientos D-004 y D-005; así como UNA (01) Disposición General, conteniendo el Procedimiento denominado “Recurso de Apelación derivados de Procesos de Selección convocados por la Marina de Guerra del Perú”; dichos Procedimientos y Disposición General, se incluyen de acuerdo al texto que forma parte integrante del presente Decreto Supremo. Artículo 3.- Derogar en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Marina de Guerra del Perú, TUPAM-15001, Edición enero 2002, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-DE/MGP, de fecha 23 de octubre del 2002, los siguientes procedimientos administrativos: Parte “A” - Dirección General del Personal de la Marina, Unidad Orgánica (1) - Dirección General del Personal de la Marina, Capítulo I - Oficina Asesoría Legal, el Procedimiento A-06; Parte “B” - Dirección de Hidrografía y Navegación, Unidad Orgánica (2) - Jefatura Logística, Capítulo I - Departamento de Abastecimiento, el Procedimiento A-001; Parte “C” - Dirección General de Capitanías y Guardacostas, Unidad Orgánica (1) - Secretaría de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; Oficina Asesoría Legal y Capitanías de Puerto (según corresponda el caso), Capítulo I - Secretaría de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas; Oficina Asesoría Legal y Capitanías de Puerto (según corresponda el caso), el Procedimiento A-10; y Parte “D” - Dirección General del Material de la Marina, Unidad Orgánica (1) - Dirección General del Material de la Marina, Capítulo I, Oficina Asesoría Legal, el Procedimiento A-06. Artículo 4.- Autorizar a las Dependencias de la Marina de Guerra del Perú señaladas en los artículos precedentes, la reproducción de los citados procedimientos administrativos, a fin que los Administrados del área de su competencia tomen conocimiento de las modificaciones, inclusiones y derogaciones efectuadas mediante el presente Decreto Supremo al Texto Único de Procedimientos de la Marina de Guerra del Perú, TUPAM-15001, Edición enero 2002, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-DE/MGP de fecha 23 de octubre del 2002. Artículo 5.- Autorizar a la División de Ordenanzas Navales del Departamento de Organización del Estado Mayor General de la Marina, la modificación e inclusión de los procedimientos administrativos materia del presente Decreto Supremo, en la publicación naval afectada. Artículo 6.- El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Defensa. Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintinueve días del mes de diciembre del

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año dos mil tres. ALEJANDRO TOLEDO MANRIQUE Presidente Constitucional de la República ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN Ministro de Defensa (*) Ver Gráfico en el CD de Tupas.

Autorizan viaje al exterior de personal de la Fuerza Aérea del Perú, en comisión de servicio

RESOLUCION SUPREMA Nº 004-DE-FAP-CP

Lima, 9 de enero de 2004 Visto el Oficio V-35-DPFI-Nº 001 del 5 de enero de 2004 y Mensaje DPFI-071049 de enero el 2004, ambos, del Comandante de Operaciones de la Fuerza Aérea del Perú; CONSIDERANDO: Que, el Personal de la Fuerza Aérea del Perú que se indica en la parte resolutiva, ha sido propuesto para viajar en Comisión de Servicio a los Estados Unidos Mexicanos, ciudad de Monterrey, para conformar la tripulación del avión B-737-528 FAP Nº 356 que realizará un vuelo en Misión Oficial trasladando al señor Presidente Constitucional de la República, el 12 al 13 de enero de 2004; Que, el Sector Defensa en cumplimiento a lo dispuesto por el Supremo Gobierno respecto a las medidas de austeridad y racionalidad del gasto en el Sector Público viene reduciendo al mínimo indispensable las autorizaciones de los viajes al exterior; Que, la Ley Nº 27619, concordante con el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002, regulan los conceptos que se abonan al Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas que viaja al exterior en Comisión de Servicio; y De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defensa y Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004; SE RESUELVE: Artículo 1.- Autorizar el viaje al exterior en Comisión de Servicio a los Estados Unidos Mexicanos, al Personal de la Fuerza Aérea del Perú que se indica a continuación, el cual conformará la tripulación del avión B-737-528 FAP Nº 356, que realizará un vuelo en Misión Oficial trasladando al señor Presidente Constitucional de la República, del 12 al 13 de enero de 2004: Coronel FAP MUÑOZ VIGNES Luis Alfredo Piloto Comandante FAP RIDOUTT AGNOLI Alexandre Robert Piloto Comandante FAP RODRIGUEZ ZEVALLOS Eduardo Rafael Piloto Mayor FAP ALIBRANDI SALLERES José Antonio Seguridad Técnico 1ra. FAP CASTRO GALLO Oscar Oswaldo M. Abordo Técnico 2da. FAP CRUZ PACHECO Mario M. Abordo E.C. FAP GIUSTI MURO Roxana Elizabeth Hostess E.C. FAP VALDEZ RASMUSSEN Cinthya Roxana Hostess E.C. FAP VALVERDE COSIO Julissa Elizabeth Hostess E.C. FAP GONZALES RUIZ Rosa Liz Hostess Artículo 2.- El Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea del Perú, efectuará los pagos que

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correspondan a cargo del presupuesto Recursos Ordinarios, de acuerdo a disposiciones vigentes: Viáticos US$ 200.00 x 2 días x 10 personas Artículo 3.- El Ministro de Defensa queda facultado para variar la fecha de inicio y término de la autorización a que se refiere el artículo 1, sin exceder el total de días autorizados. Artículo 4.- Los miembros integrantes de la tripulación tendrán la responsabilidad de rendir cuenta documentada de los gastos en viáticos, de conformidad a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM de fecha 5 de junio del 2002. Artículo 5.- La presente Resolución no dará derecho a exoneración o liberación de impuestos aduaneros de ninguna clase o denominación. Artículo 6.- La presente Resolución será refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Defensa. Regístrese, comuníquese y publíquese. Rúbrica del Dr. ALEJANDRO TOLEDO Presidente Constitucional de la República CARLOS FERRERO Presidente del Consejo de Ministros ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN Ministro de Defensa

Designan Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 015-2004-DE-SG Lima, 10 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, el artículo 14 de la Ley Nº 27860 - Ley del Ministerio de Defensa, concordante con el artículo 51 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-DE/SG de fecha 19 de febrero de 2003, dispone que la Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano encargado de prestar asesoría a la Alta Dirección y a los órganos del Ministerio de Defensa en temas de carácter legal, siendo la Jefatura de la Oficina de Asesoría Jurídica cargo de confianza; Que, es conveniente nombrar al funcionario de confianza que desempeñará dicho cargo; Que, el artículo 3 de la Ley Nº 27594 - Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, establece entre otros, que mediante Resolución Ministerial o Resolución del Titular en la entidad que corresponda se dispone el nombramiento de los funcionarios con cargo de confianza; y, Que, de conformidad con la Ley Nº 27594 y la Ley Nº 27860 y su Reglamento; SE RESUELVE: Artículo Único.- Designar a partir de la fecha, a la doctora ROCIO DEL PILAR VARGAS MORALES, como Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa.

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Regístrese, comuníquese y publíquese. ROBERTO ENRIQUE CHIABRA LEÓN Ministro de Defensa

PRODUCE

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ministerio para el año fiscal 2004

RESOLUCION MINISTERIAL Nº 006-2004-PRODUCE

Lima, 8 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, establece que cada entidad elaborará un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el que debe prever los bienes, servicios y obras que se requerirán durante el ejercicio presupuestal y el monto del presupuesto requerido, y será aprobado por el Titular de Pliego o la máxima autoridad administrativa de la entidad; Que, la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 380-2003-CONSUCODE/PRE, regula el procedimiento de elaboración y el contenido de los Planes Anuales de Adquisiciones y Contrataciones que las entidades del Sector Público bajo el ámbito de aplicación de la normativa sobre contrataciones y adquisiciones del Estado, así como la oportunidad y mecanismos para su remisión al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE; Que, el artículo 22 de la Ley Nº 28128 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2004, establece los montos para la determinación de los procesos de selección; Que, mediante Resolución Ministerial Nº 510-2003-PRODUCE, de fecha 23 de diciembre del 2003, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2004 del Pliego 038: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN; Que, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE, el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones será aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa, según corresponda, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes de aprobado el presupuesto institucional, en concordancia con el monto asignado conforme a las leyes presupuestales de la República para el ejercicio anual a ejecutarse; Que, en este sentido, resulta necesario aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la Producción correspondiente al Año Fiscal 2004; Estando a las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, y el literal i) del artículo 11 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2002-PRODUCE; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la Producción para el Año Fiscal 2004, el mismo que forma parte de la presente Resolución. Artículo 2.- Disponer que la Oficina General de Administración, dentro de los diez (10)

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días hábiles siguientes a su expedición, remita un ejemplar del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Ministerio de la Producción aprobado por el artículo precedente, al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME, sin perjuicio de ser puesto a disposición de los interesados en la página web y en el local de la Entidad. Regístrese, comuníquese y publíquese. JAVIER REÁTEGUI ROSSELLÓ Ministro de la Producción

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Otorgan a persona natural permiso de operación para prestar servicio irregular de transporte fluvial comercial de carga y pasajeros en los ríos de la hoya amazónica

RESOLUCION DIRECTORAL Nº 377-2003-MTC-13

Lima, 29 de diciembre de 2003 Vista la solicitud (Expediente Nº 2003-024241) presentada por don ALFREDO ROCHA VÁSQUEZ, solicitando Permiso de Operación para prestar servicio irregular de transporte fluvial comercial mixto (carga y pasajeros) en los ríos de la hoya amazónica, en tráfico nacional o cabotaje; CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Supremo Nº 005-2001-MTC se aprobó el Reglamento de Transporte Fluvial Comercial, en el cual se establecen las normas técnicas y legales a las cuales deberán sujetarse las personas naturales y jurídicas que prestan este servicio, a fin de alcanzar el ordenamiento empresarial, administrativo, operativo y de seguridad del transporte fluvial; Que, de acuerdo a la legislación vigente, corresponde a la Dirección General de Transporte Acuático expedir los Permisos de Operación a las personas naturales o jurídicas, que así lo soliciten; Que, don ALFREDO ROCHA VÁSQUEZ ha cumplido con las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento de Transporte Fluvial Comercial vigente, para prestar servicio irregular de transporte fluvial comercial mixto (carga y pasajeros) en los ríos de la hoya amazónica, en tráfico nacional o cabotaje; Que, la Persona Natural de don ALFREDO ROCHA VÁSQUEZ se encuentra debidamente inscrita en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) con el Nº 10000779895; Que, mediante Informe Nº 309-2003-MTC/13.02 de la Dirección de Marina Mercante y Transporte Multimodal, así como del Informe Nº 394-2003-MTC/13.al del Asesor Legal, se opina favorablemente sobre la solicitud de permiso de operación presentada, por lo que resulta procedente autorizar lo solicitado; De conformidad con la Ley Nº 27791, con el Decreto Legislativo Nº 560 y con los Decretos Supremos Nº 005-2001-MTC, Nº 041-2003-MTC y Nº 008-2002-MTC; SE RESUELVE: Artículo 1.- OTORGAR Permiso de Operación a favor de don ALFREDO ROCHA VÁSQUEZ para prestar servicio irregular de transporte fluvial comercial mixto (carga y pasajeros) en los ríos de la hoya amazónica, en tráfico nacional o cabotaje, en la forma siguiente:

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TRÁFICO : Nacional o cabotaje. SERVICIO : Irregular; en los ríos de la hoya amazónica. TRANSPORTE : Mixto (carga y pasajeros). Artículo 2.- El servicio de transporte a que se refiere el artículo precedente será atendido con la embarcación de su propiedad denominada M/F Anthony José con matrícula IQ-8909-EF; Artículo 3.- El permiso de operación que se otorga por el artículo 1, tendrá una vigencia de cinco (5) años, computados a partir de la fecha de la publicación en el Diario Oficial El Peruano. La renovación deberá ser solicitada por el recurrente a la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio de Transportes y Comunicaciones con anticipación de sesenta (60) días calendario antes de su vencimiento. Artículo 4.- El permiso de operación otorgado, implica la obligación por parte de su titular, de someterse al Decreto Supremo Nº 005-2001-MTC y demás disposiciones legales y reglamentarias que regulan el transporte fluvial, debiendo adecuarse a las normas modificatorias y complementarias que se expida sobre la materia, así como a las disposiciones y directivas que dicte la Dirección General de Transporte Acuático. Artículo 5.- Disponer su inscripción en el Registro Administrativo de Personas Naturales o Jurídicas que prestan servicio de transporte fluvial, en la forma establecida en el Reglamento de Transporte Fluvial Comercial, lo dispuesto por la presente Resolución Directoral. Artículo 6.- Remitir copia de la presente Resolución Directoral a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, a las Capitanías de Puerto de Iquitos y Pucallpa y a las Direcciones Regionales de Transportes y Comunicaciones de los Gobiernos Regionales de Loreto y Ucayali para su conocimiento y fines. Artículo 7.- La presente Resolución Directoral entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Regístrese, comuníquese y publíquese. PABLO ARAMBURÚ GARDENER Director General Dirección General de Transporte Acuático

CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA

Ratifican a Magistrado Coordinador del Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 020-2004-P-CSJLI-PJ

Lima, 8 de enero de 2004 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Corte Superior de Justicia es la máxima autoridad administrativa de la sede de su cargo, por lo que tiene competencia para dictar las medidas administrativas pertinentes y necesarias que conlleven al mejoramiento del servicio de administración de justicia en sus distintos niveles y áreas; Que el Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) es un organismo de auxilio judicial de carácter público, que presta apoyo a los señores Magistrados de las diferentes áreas jurisdiccionales, cuando la necesidad de la intervención de peritos judiciales así lo requieran;

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Que este Despacho considera pertinente que sea un Magistrado, quien se encargue de conducir y supervisar en coordinación con el Jefe de la Oficina de Registro de Peritos Judiciales, los mecanismos de control necesarios para el adecuado cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de la RENIEC; Que la labor desempeñada por el señor doctor Luis Miguel Armijo Zafra como Magistrado Coordinador del Registro de Peritos Judiciales de esta Corte Superior de Justicia, correspondiente al año judicial 2003, ha sido satisfactoria por haber contribuido en la política de gestión de la misma, por lo que resulta atinente su ratificación para el presente año judicial; Que estando a las facultades reconocidas en los artículos 3) y 9) del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; SE RESUELVE: Artículo Primero.- RATIFICAR al señor doctor LUIS MIGUEL ARMIJO ZAFRA, Juez titular de esta Corte, como MAGISTRADO. COORDINADOR DEL REGISTRO DE PERITOS JUDICIALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, para el presente año judicial. Artículo Segundo.- FACULTAR al Juez Coordinador para que absuelva las observaciones y/o solicitudes, que presenten tanto los Decanos de los Colegios Profesionales, los señores peritos, Magistrados, litigantes y público en general, relativas a los asuntos del Registro de Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima. Artículo Tercero.- DISPONER que mensualmente el Magistrado Coordinador emita un informe a este Despacho sobre la labor que viene desempeñando como Coordinador y la Oficina de REPEJ; para lo cual previamente la indicada oficina elaborará el informe de gestión mensual al Magistrado Coordinador. Artículo Cuarto.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la Gerencia General, de la Gerencia de Personal y Escalafón del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y del doctor Armijo Zafra, para los fines pertinentes. Regístrese, publíquese, cúmplase y archívase. VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Ratifican a Magistrada Coordinadora de los Juzgados Penales para Procesos en Reserva

de la Corte Superior de Justicia de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 021-2004-P-CSJLI-PJ Lima, 8 de enero de 2004 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que es política de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, lograr el mejoramiento del servicio de la administración de justicia en sus distintos niveles, áreas jurisdiccionales y administrativas; Que para la regulación de actividades y buen funcionamiento de los Juzgados Penales para Procesos en Reserva, es necesario la designación de un Magistrado coordinador para el presente año judicial, el mismo que se encargará de conducir y supervisar los mecanismos de control necesarios para un adecuado desarrollo laboral de los Juzgados en referencia;

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Que la labor desempeñada por la señorita doctora Norma Zonia Pacora Portella como Magistrada Coordinadora de los Juzgados Penales Permanentes para Procesos en Reserva de esta Corte Superior, correspondiente al año judicial 2003, ha sido satisfactoria por haber contribuido en la política de gestión de la misma, por lo que resulta pertinente su ratificación para el presente año judicial; Que estando a las facultades reconocidas en los artículos 3) y 9) del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; SE RESUELVE: Artículo Primero.- RATIFICAR a la doctora NORMA ZONIA PACORA PORTELLA como MAGISTRADA COORDINADORA de los Juzgados Penales para Procesos en Reserva, para el presente año judicial. Artículo Segundo.- La Juez Coordinadora de los Juzgados Penales para Procesos en Reserva deberá emitir un informe periódico a la Presidencia de esta Corte Superior de Justicia, sobre las acciones que se tomen para el mejoramiento de las funciones de dicha área jurisdiccional. Artículo Tercero.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la Gerencia General, Fiscalía de la Nación y de la doctora Pacora Portella, para los fines pertinentes. Regístrese, publíquese, cúmplase y archívase. VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

Designan Magistrada Coordinadora de las Salas y Juzgados Penales del sistema de requisitorias del Distrito Judicial de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 022-2004-P-CSJLI-PJ

Lima, 8 de enero de 2004 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que es política de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, lograr el mejoramiento del servicio de la administración de justicia en sus distintos niveles, áreas jurisdiccionales y administrativas; Que por Resolución Administrativa Nº 134-CME-PJ, de fecha 26 de junio de 1996, se creó el Registro Nacional de Requisitorias a cargo de la Gerencia General del Poder Judicial, destinado a inscribir a través de un sistema automatizado de información, las órdenes de captura, mandatos de detención y/o impedimento de salida del país de quienes se encuentran sometidos a procesos penales; y, por Resolución Administrativa Nº de fecha 7 de julio de 1999, se crea e instala en la Corte Superior de Justicia de Lima, la Oficina de Requisitorias de este distrito judicial, emitiéndose a la vez una serie de disposiciones, que las Salas y Juzgados Penales deben de tener en cuenta; La Oficina de Requisitorias del distrito judicial de Lima está encargada de garantizar el buen funcionamiento del sistema automatizado de información de órdenes de captura, mandatos de detención y/o impedimentos de salida del país de quienes se encuentren sometidos a procesos penales; así como se encarga de gestionar y efectuar los trámites pertinentes para que la persona requisitoriada que se encuentre detenida sea puesta a

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disposición del Juzgado o Sala correspondiente, debiendo el Jefe de la indicada Oficina trabajar de manera coordinada con la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú; En tal sentido, este Despacho considera pertinente que un Magistrado supervise la labor y funciones de la Oficina de Requisitorias de este distrito judicial, como se ha venido realizando, quien además deberá coordinar los adecuados mecanismos de control y de proponer soluciones de ser el caso, para el mejoramiento de las funciones encomendadas; así como de velar por un adecuado control en el área jurisdiccional de la base de datos del sistema de requisitorias, con el propósito de evitar detenciones indebidas sujetas a homonimia o errores en la identificación de requisitoriados; por lo que resulta pertinente designar al Magistrado Coordinador de las Salas y Juzgados Penales del Sistema de Requisitorias del distrito judicial de Lima; Que estando a las facultades reconocidas en los artículos 3) y 9) del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; SE RESUELVE: Artículo Primero.- DESIGNAR a la señora doctora MARÍA DELFINA VIDAL LA ROSA SÁNCHEZ, Juez Titular del Cuadragésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, como MAGISTRADA COORDINADORA DE LAS SALAS Y JUZGADOS PENALES DEL SISTEMA DE REQUISITORIAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LIMA, para el presente año judicial. Artículo Segundo.- DISPONER que la Juez Coordinadora nombrada supervise la labor y funciones de la Oficina de Requisitorias, así como coordinar con ésta los adecuados mecanismos de control y de proponer soluciones de ser el caso, para el mejoramiento de las funciones encomendadas; así también la Magistrada designada deberá de velar a fin de que se lleve un adecuado control en el área jurisdiccional de la base de datos del sistema de requisitorias, con el propósito de evitar detenciones indebidas por homonimia o errores en la identificación de requisitoriados. Artículo Tercero.- DISPONER que mensualmente la Magistrada designada deberá emitir un informe a este Despacho sobre las acciones que se tomen para el mejoramiento de las funciones de la Oficina de Requisitorias del distrito judicial de Lima. Artículo Cuarto.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la Gerencia General, de la Gerencia de Personal y Escalafón del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y de la doctora Vidal La Rosa Sánchez, para los fines pertinentes. Regístrese, publíquese, cúmplase y archívase. VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

Designan Magistrado Coordinador responsable del Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados de la Corte Superior de Lima

RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 023-2004-P-CSJLI-PJ

Lima, 8 de enero de 2004 VISTOS Y CONSIDERANDO: Que es política de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, lograr el mejoramiento del servicio de la administración de justicia en sus distintos niveles, áreas jurisdiccionales y administrativas;

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Que por Resolución Administrativa Nº 148-99-SE-TP-CME-PJ, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial, mediante el cual se dispuso la creación del “Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados”, como uno de los servicios judiciales de la Gerencia General del Poder Judicial, destinado a registrar a través de un sistema automatizado de información, los casos de personas sujetas a investigación penal, que se encuentren privadas de su libertad, así como aquellas personas sentenciadas a pena privativa de la libertad efectiva; Que mediante Resolución Administrativa del Titular del Pliego del Poder Judicial Nº 022-2000-SE-TP-CME-PJ, se aprobó el Reglamento que regula el funcionamiento y ope-ratividad del “Registro Nacional de Internos Procesados y Sentenciados”, aprobándose además la ficha única del mencionado registro; Que de acuerdo a la Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del mencionado Reglamento, los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia, deberán de nombrar al Magistrado responsable de su distrito judicial mediante resolución administrativa, debiendo remitir copia de la misma a la Gerencia General; En tal sentido, este Despacho debe proceder a designar al Magistrado que se desempeñará como Coordinador responsable del Registro Nacional de internos procesados y sentenciados de la Corte Superior de Justicia de Lima, para el presente año judicial; Que estando a las facultades reconocidas en los artículos 3) y 9) del artículo 90 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; SE RESUELVE: Artículo Primero.- DESIGNAR al señor doctor WILBERT JOSÉ SÁNCHEZ VERA, Juez Titular del Trigésimo Octavo Juzgado Penal de Lima, como MAGISTRADO COORDINADOR RESPONSABLE DEL REGISTRO NACIONAL DE INTERNOS PROCESADOS Y SENTENCIADOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, para el presente año judicial. Artículo Segundo.- DISPONER que mensualmente el Magistrado Coordinador designado emita un informe a este Despacho sobre las acciones que se tomen para el mejo-ramiento de las funciones encomendadas. Artículo Tercero.- PONER la presente resolución en conocimiento de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la República, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, de la Oficina de Control de la Magistratura, de la Gerencia General, de la Gerencia de Personal y Escalafón del Poder Judicial, Fiscalía de la Nación y del doctor Sánchez Vera, para los fines pertinentes. Regístrese, publíquese, cúmplase y archívase. VÍCTOR RAÚL MANSILLA NOVELLA Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima

REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL

Autorizan a procurador iniciar acciones judiciales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

RESOLUCION JEFATURAL Nº 623-2003-JEF-RENIEC

Lima, 19 de diciembre de 2003

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Visto, el Informe Nº 659-2003-GP/DP/ADRIA/RENIEC y el Informe Nº 784-2003-GAJ/RENIEC emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 10 de noviembre del 2003. CONSIDERANDO: Que, la Subgerencia de Depuración Registral y Archivo Central del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, antes Área de Depuración del Registro e Investigación Administrativa, en su labor fiscalizadora ha detectado que el ciudadano JESÚS MORAN CHORRES con fecha 9 de julio de 1993, se presentó ante el Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Tumbes y declara el fallecimiento de la ciudadana INES MORAN CHORRES, dando origen a la Partida de Defunción Nº 175; Que, con fecha 15 de febrero del año 2000, la ciudadana INES MORAN CHORRES se presentó ante el Registro solicitando mediante Formulario de Identidad Nº 09462160 el canje de su Libreta Electoral Manual por el Documento Nacional de Identidad Nº 00245759; Que, mediante Examen Nº 499 de fecha 11 de septiembre del 2003 emitido por el técnico dactiloscópico Raúl Echevarria Paredes, informa que las imágenes registradas en la Partida de Inscripción Nº 00245759, Formulario de Archivo Nº 09462160 y la prueba decadactilar de fecha 11 de agosto del 2003, estas corresponden a una misma persona biológica; existe error al asentar el acta de defunción Nº 175, puesto que la ciudadana que falleció es MARIA INES MORAN SILVA; Que, según lo expuesto, el comportamiento realizado por el ciudadano JESÚS MORAN CHORRES, al haber insertado datos falsos ante el Registro, declarando como fallecida a una persona distinta de la causante, afectando de esta manera la seguridad jurídica del Registro, estableciéndose indicios razonables en la comisión de delito contra la Fe Pública, en su modalidad de Falsedad Ideológica, previsto y sancionado en el Artículo 428 del Código Penal vigente; Que, en atención a los considerandos precedentes resulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que interponga las acciones que correspondan en defensa de los intereses del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil contra JESÚS MORAN CHORRES Y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES; y, De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 17537 y la Ley Nº 26497; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y representación de los intereses del Estado interponga las acciones legales que correspondan contra JESÚS MORAN CHORRES Y LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES, por presunto delito contra la Fe Pública, en la modalidad de Falsedad Ideológica, en agravio del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae la presente Resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. EDUARDO RUIZ BOTTO Jefe Nacional

Autorizan a procurador iniciar acciones judiciales a presuntos responsables de delito contra la fe pública

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RESOLUCION JEFATURAL Nº 624-2003-JEF-RENIEC Lima, 19 de diciembre de 2003 Visto, los Informes Nºs. 376 y 227-2003-ADRIA/DP/GP/RENIEC, y el Informe Nº 796-2003-GAJ/RENIEC, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, de fecha 13 de noviembre del 2003. CONSIDERANDO: Que, la Subgerencia de Depuración Registral y Archivo Central del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, antes Área de Depuración del Registro e Investigación Administrativa, en su labor fiscalizadora ha detectado que el ciudadano PEDRO SEGUNDO HERNÁNDEZ VALLES con fecha 7 de diciembre del 2001, solicitó ante la Agencia RENIEC de Moyobamba, la emisión del Documento Nacional de Identidad Nº 00804026, mediante el trámite de rectificación domiciliaria, usurpando la identidad del ciudadano JUAN MIGUEL IBERICO PEREZ, valiéndose para ello de sustentos falsos; Que, por Informe de Homologación Monodactilar Nº 053/2002/UD/DCP/RENIEC de fecha 17 de junio del 2002, se ha determinado que las impresiones digitales, fotografía y firma que se encuentran registradas en la Partida de Inscripción Electoral Nº 00804026 pertenece al verdadero ciudadano JUAN MIGUEL IBERICO PEREZ, y la persona identificada como PEDRO SEGUNDO HERNÁNDEZ VALLES, cuyas imágenes se encuentran registradas en el Formulario de Identidad Nº 12554423 se trata de un presunto suplantador; Que, el comportamiento incurrido por el ciudadano PEDRO SEGUNDO HERNÁNDEZ VALLES, al haber insertado datos falsos en documento público, y declarándolo así, con el objeto de suplantar a tercera persona, se encuentra previsto normativamente como delito contra la Fe Pública, en las modalidades de Falsedad Ideológica y Genérica, previsto y sancionado en los artículos 428 y 438 del Código Penal vigente; Que, en atención al considerando precedente resulta necesario autorizar al Procurador Público, a cargo de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que interponga las acciones que correspondan en defensa de los intereses del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil contra PEDRO SEGUNDO HERNÁNDEZ VALLES Y QUIENES RESULTEN RESPONSABLES; y, De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley Nº 17537 y la Ley Nº 26497; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Autorizar al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para que en nombre y representación de los intereses del Estado interponga las acciones legales que correspondan contra PEDRO SEGUNDO HERNÁNDEZ VALLES Y QUIENES RESULTEN RESPONSABLES, por presunto delito contra la Fe Pública, en las modalidades de Falsedad Ideológica y Genérica, en agravio del Estado y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Artículo Segundo.- Remítase lo actuado al Procurador Público encargado de los asuntos judiciales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, para los fines a que se contrae la presente Resolución. Regístrese, comuníquese y publíquese. EDUARDO RUIZ BOTTO Jefe Nacional

SBS

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Autorizan al Banco de Crédito del Perú el cierre de agencia ubicada en el distrito de Ate, provincia de Lima

RESOLUCION SBS Nº 1-2004

Lima, 2 de enero de 2004 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA VISTA: La solicitud presentada por el Banco de Crédito del Perú, para que se le autorice el cierre de una agencia ubicada en la Carretera Central Km. 6.5, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima; y, CONSIDERANDO: Que, el Banco de Crédito del Perú en sesión de Comité Ejecutivo celebrada el día 18 de diciembre de 2003, aprobó el cierre de la agencia ubicada en la Carretera Central Km. 6.5, Ate, Lima; Que, la agencia en mención venía funcionando en mérito de la Resolución SBS Nº 629-96 del 30 de setiembre de 1996; Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la documentación pertinente que justifica el cierre solicitado; Estando a lo informado por el Departamento de Evaluación del Sistema Financiero “A”, mediante Informe Nº 188-2003-DESF “A”; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Circular Nº B-1966-97; y, en virtud de las facultades delegadas mediante la Resolución SBS Nº 003-98; RESUELVE: Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú el cierre de una agencia ubicada en la Carretera Central Km. 6.5, distrito de Ate, provincia y departamento de Lima. Regístrese, comuníquese y publíquese. LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR Superintendente Adjunto de Banca Autorizan al Banco de Crédito del Perú la apertura de oficinas especiales en los distritos

de San Miguel y Miraflores, provincia de Lima

RESOLUCION SBS Nº 2-2004 Lima, 2 de enero de 2004 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE BANCA VISTA: La solicitud presentada por el Banco de Crédito del Perú, para que se le autorice la apertura de dos (2) Oficinas Especiales, con carácter temporal, los días 23 y 26 de diciembre de 2003, en las instalaciones del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) de la Sede

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San Miguel, ubicada en la Av. La Marina Nº 2469, distrito de San Miguel, y en la Sede Miraflores, ubicada en la Av. Angamos Oeste Nº 120, ambas en la provincia y departamento de Lima; y, CONSIDERANDO: Que, el Banco de Crédito del Perú en sesión de Comité Ejecutivo celebrado el día 18 de diciembre de 2003, aprobó la instalación de dos oficinas temporales en los locales del ICPNA; Que, la citada empresa ha cumplido con presentar la documentación pertinente que justifica la apertura solicitada; Estando a lo informado por el Departamento de Evaluación del Sistema Financiero “A”, mediante Informe Nº 187-2003-DESF “A”; y, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, con la Circular Nº B-1996-97; y en virtud de las facultades delegadas mediante la Resolución SBS Nº 003-98; RESUELVE: Artículo Único.- Autorizar al Banco de Crédito del Perú, en vías de regularización, la apertura de dos (2) Oficinas Especiales, con carácter temporal, los días 23 y 26 de diciembre de 2003, en las instalaciones del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) de la Sede San Miguel, ubicada en la Av. La Marina Nº 2469, distrito de San Miguel, y en la Sede Miraflores, ubicada en la Av. Angamos este Nº 120, ambas en la provincia y departamento de Lima. Regístrese, comuníquese y publíquese. LUIS FELIPE ARIZMENDI ECHECOPAR Superintendente Adjunto de Banca

CONSUCODE

Sancionan a la empresa Gráfica Técnica S.R.L. con suspensión en su derecho de presentarse en procesos de selección y contratar con el Estado

RESOLUCION Nº 1097-2003.TC-S1

TRIBUNAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Sumilla: Corresponde aplicar sanción administrativa, cuando se ha demostrado que el contratista ha incurrido en la causal contenida en el literal f) del artículo 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Lima, 12 de diciembre de 2003 Visto en sesión de la Primera Sala Mixta del Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, del 10.12.2003, el Expediente Nº 765/2003.TC referido al procedimiento de aplicación de sanción contra de la empresa Gráfica Técnica S.R.L. por haber presentado documentos falsos y/o declaración jurada con información inexacta en la Licitación Pública Internacional Nº 0002-2002-ANR-CE, convocada por la Asamblea Nacional de Rectores para la “Adquisición de 150,000 unidades de formatos de Diplomas de Grados y Títulos Universitarios”, y atendiendo a los siguientes: ANTECEDENTES:

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1. Con fecha 26 de noviembre de 2002, la Asamblea Nacional de Rectores, en adelante la Entidad, convocó a la Licitación Pública Internacional Nº 0002-200-ANR-CE para la “Adquisición de 150,000 unidades de formatos de Diplomas de Grados y Títulos Universitarios”, por un valor referencial ascendente a S/. 400 175,00 (Cuatrocientos Mil Ciento Setenta y Cinco y 00/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas - IGV. Las bases exigían como características complementarias de impresión entre otras “En tinta visible sólo con luz ultravioleta, (...) el diseño del Escudo del Perú (11 x 11 cm.) elaborado en lineado fino color azul,...” para el anverso de los diplomas. Dicha característica complementaria de impresión fue modificada en la integración de las bases por razones técnicas, cambiando el lineado de color azul al color verde amarillo. 2. La empresa Gráfica Técnica S.R.L. presentó en su propuesta técnica el Certificado Nº CN-1220-2002 de fecha 20 de diciembre de 2002, expedido por el Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, indicando que su producto ofertado presentaba como característica de impresión en el anverso, el Escudo del Perú elaborado en lineado fino de color verde amarillo. 3. Con fecha 27 de diciembre de 2002, el Comité Especial dio a conocer en acto público el resultado de la evaluación técnica de los dos postores participantes, cuya calificación fue la siguiente: (1) Gráfica Técnica S. R. L., con 33.52 puntos y (2) ENOTRIA S.A., con 48.10 puntos. Debido a que un solo postor había superado el puntaje mínimo requerido por las Bases de cuarenta (40) puntos para la evaluación técnica, dicho Comité declaró desierto el proceso de selección. 4. Con fecha 6 de enero de 2003, el postor Gráfica Técnica S.R.L. interpuso recurso de apelación contra la declaración de desierta de la Licitación Pública Internacional Nº 0002-2002-ANR-CE, solicitando que dicha decisión fuese revocada y corregida la evaluación de las propuestas técnicas presentadas por los postores por haber sobrepasado los cuarenta puntos necesarios para dicha calificación. 5. Mediante Resolución Nº 1004-2003-ANR del 13 de enero de 2003, notificada con fecha 16 de enero de 2003, la Entidad declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto, retrotrayendo el proceso de selección hasta la etapa de evaluación de las propuestas técnicas. 6. Con fecha 23 de enero de 2003, el Comité Especial prosiguió con la Licitación Pública Internacional Nº 0002-2002-ANR-CE, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 1004-2003-ANR, indicando que el Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, se había ratificado en el informe original, ante lo cual se procedió a evaluar las propuestas técnicas de los postores. 7. Con fecha 27 de enero de 2003, el Comité Especial otorgó la buena pro a la empresa ENOTRIA S.A., por un monto ascendente a la suma de S/. 280 122,50 (Doscientos Ochenta Mil Ciento Veintidós y 50/100 Nuevos Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas - IGV. 8. Con fecha 3 de enero de 2003, el postor Gráfica Técnica S.R.L. interpuso recurso de apelación contra el otorgamiento de la buena pro, siendo declarado improcedente mediante Resolución Nº 1083-2003-ANR del 7 de febrero de 2003. 9. El 3 de febrero de 2003, Gráfica Técnica S.R.L. interpuso un Recurso de Revisión contra el otorgamiento de la Buena Pro, el cual fue declarado infundado por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, mediante Resolución Nº 329/2003.TC-S1, de fecha 1 de abril de 2003, disponiéndose adicionalmente, en el numeral 3 de la fundamentación de la citada resolución, que la Entidad, en el plazo de veinte (20) días, cumpla con informar el resultado de la investigación sobre la supuesta presentación de documentación inexacta por el

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postor Gráfica Técnica S.R.L. 10. El 27 de mayo de 2003, el Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina remitió la Carta DCIM-024/2003 a la empresa Gráfica Técnica indicando que la contramuestra presenta un lineado color amarillo cremoso con tonos violáceos, pero que de ninguna manera es de color azul. 11. Luego de practicada la fiscalización posterior, la Entidad remitió al Tribunal, el Informe Nº 001-2003-C.L., de fecha 16 de junio de 2003, en el cual manifestó que “la Comisión Investigadora termina concluyendo que ha sido la empresa Gráfica Técnica, la que presentó dos muestras distintas: Una al laboratorio La Molina - Calidad Total de la Universidad Nacional Agraria - La Molina y otra al Comité Especial de la Licitación Pública Internacional Nº 002-2002-ANR-CE, lo que ha originado la observación realizada por el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en su Resolución Nº 329/2003.TC-S1” (sic). 12. El 30 de julio de 2003, el Tribunal mediante Acuerdo Nº 201/2003.TC-S1 dispuso iniciar procedimiento sancionador contra la empresa Gráfica Técnica S.R.L., por presunta responsabilidad en la presentación de documentos falsos y/o declaración jurada con información inexacta a la Entidad. 13. Con fecha 26 de agosto de 2003, la Entidad remitió su informe técnico y legal, indicando que la empresa postora Gráfica Técnica S.R.L. habría presentado dos muestras distintas; una al Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina y otro a la Entidad, debido a que no existe coincidencia entre lo analizado por el Laboratorio y la muestra alcanzada en el proceso de selección la misma que presentaba al anverso la línea con el Escudo del Perú hecha de tinta visible sólo con luz ultravioleta, color azul y no color verde amarillo según las bases integradas. 14. Con fecha 25 y 27 de agosto de 2003, Gráfica Técnica S.R.L. cumple con efectuar sus descargos, señalando que al Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina se le envió muestras en lineado fino color azul y no se preparó muestras color amarillo verdoso dado que se corría el peligro de no obtener el certificado de calidad a tiempo, siendo imposible prever que la tinta sería cambiada de color. La intención de la prueba era demostrar que se podía imprimir con tintas visibles sólo con luz ultravioleta, dado que se puede confeccionar papel con cualquier color de tinta visible con luz ultravioleta. En este sentido señala Gráfica Técnica S.R.L. es el Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina quien comete un error en el Certificado de Calidad emitido, pues al remitirle el nuevo anexo con las modificaciones efectuadas por la integración de las bases, seguramente debieron transcribir las nuevas especificaciones técnicas referidas a la impresión de seguridad, no reconociendo el mismo, el error en que han incurrido. 15. El 6 de noviembre de 2003, se realizó la Audiencia Pública con la participación del representante de la empresa Gráfica Técnica S.R.L. Asimismo, se solicitó a la Secretaría del Tribunal proporcionar las cintas magnetofonías del expediente Nº 183/2003.TC y del expediente 765/2003.TC; y a la Entidad la propuesta técnica de empresa Gráfica Técnica S.R.L. 16. Con fecha 7 de noviembre de 2003, la empresa Gráfica Técnica S.R.L. remitió copias de las especificaciones técnicas originales, la aclaración a las bases, el certificado expedido por el la Laboratorio La Molina de fecha 20 de diciembre de 2003 y la carta del Laboratorio La Molina de fecha 27 de mayo de 2003. FUNDAMENTACIÓN: 1. El presente caso está referido a la imputación efectuada por la Entidad contra la empresa Gráfica Técnica S.R.L., por haber presentado documentación falsa y/o declaración jurada con información inexacta en la Licitación Pública Internacional Nº 0002-2002-ANR-CE

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convocada para la “Adquisición de 150,000 unidades de formatos de Diplomas de Grados y Títulos Universitarios”. 2. Al respecto, el literal f) del artículo 205 del vigente Reglamento, establece que los postores, proveedores, y/o contratistas incurrirán en infracción susceptible de sanción cuando “(..) Presenten documentos falsos o declaraciones juradas con información inexacta a las Entidades o al CONSUCODE”. Dicha infracción se configura con la sola presentación de la declaración jurada con información falsa o inexacta, sin que la norma exija otros factores adicionales. 3. El literal c) del artículo 56 del Reglamento vigente, establece que el postor es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del proceso de selección, lo normado está referido a toda la documentación que se presente en el mismo, sin importar su naturaleza o su fin, en tanto haya sido o no requerido en las Bases o haya sido materia de evaluación. La finalidad de dicho artículo estriba en el cumplimiento del Principio de Moralidad que debe regir en todos los actos referidos a las Adquisiciones y Contrataciones, disposición establecida en el inciso 1) del artículo 3 del Reglamento, dentro de los límites de la razonabilidad. 4. Asimismo el artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobada mediante Ley Nº 27444, establece que “Todas las declaraciones juradas, los docu-mentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines del procedimiento administrativo, salvo prueba en contrario”. 5. De los documentos obrantes en el expediente, se observa que la empresa Gráfica Técnica S.R.L. en el folio dos de su oferta técnica indica que la impresión de seguridad del anverso presenta en tinta sólo visible con luz ultravioleta, el diseño del Escudo del Perú elaborado en lineado fino color verde amarillo. Asimismo el Certificado de Calidad del Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, presentado por Gráfica Técnica S.R.L. también sostiene que la impresión con el diseño del Escudo del Perú en el anverso es de color verde amarillo. 6. En este sentido, en la Audiencia Pública del Expediente Nº 183/2003.C, correspondiente al Recurso de Revisión que da origen al procedimiento administrativo sancionador, el representante de la empresa Gráfica Técnica S.R.L. sostiene que la muestra presentada al Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina presentaba la impresión del Escudo del Perú en lineado fino color verde amarillo cumpliendo con los requisitos consignados en las bases. Sin embargo, durante el desarrollo de la Audiencia Pública la Técnica representante de la Entidad, realizó una prueba con luz ultravioleta a las muestras de los postores, llegándose a determinar que la muestra de la empresa Gráfica Técnica S.R.L., no cumplía con los requisitos solicitados en las bases, al presentar en el anverso de su muestra, la impresión del Escudo del Perú en lineado fino color azul y no en color verde amarillo como lo había sostenido. Ante esta situación Gráfica Técnica S.R.L., reconoció que efectivamente sus muestras presentaban las impresiones en color azul y esto debido a que no les dio el tiempo para preparar una nueva muestra con el color verde amarillo, señalando que el Laboratorio de la Universidad Nacional La Molina, debió haberse confundido al consignar los colores. 7. Gráfica Técnica S.R.L. señala en sus descargos y en la Audiencia Pública del 6 de noviembre de 2003, que consignó en su propuesta técnica que cumplía con presentar el color verde amarillo, por error de tipeo que fue una equivocación sin intención de sorprender al Comité Especial y que algo similar debió haberle pasado al Laboratorio del Instituto de la Universidad Agraria La Molina. Sin embargo se observa que el postor Gráfica Técnica S.R.L., mantuvo la afirmación de que su propuesta y muestra se adecuaba a los requerimientos de las bases, hasta que fue evidente que no cumplía con las mismas. 8. Al respecto, cabe destacar que la responsabilidad respecto de la veracidad o autenticidad de la documentación presentada a la Entidad, es de la Contratista, sean de

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documentos obtenidos de forma directa o a través de terceros. La propia empresa debió con un mínimo de diligencia razonable, verificar el contenido de los documentos que presentaba. 9. En consecuencia, en atención a lo expuesto y en mérito a la documentación que obra en expediente, se ha determinado que existe responsabilidad administrativa por parte de el Postor, al haber presentado documentos e información que no corresponde a la realidad de los hechos, razón por la cual resulta procedente la aplicación de sanción administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 205 inciso f) del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 10. Asimismo, teniendo en cuenta las declaraciones vertidas por la empresa Gráfica Técnica S.R.L., respecto a la actuación del Laboratorio del Instituto de Certificación, Inspección y Ensayos de la Universidad Nacional Agraria La Molina, es pertinente hacer de conocimiento de estos hechos al INDECOPI. Por estos fundamentos, y de conformidad con las facultades contenidas en los Artículos 52, 59 y 61 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el Artículo 204 de su Reglamento aprobado por D.S. Nº 013.2001.PCM, analizados los antecedentes y luego de agotado el correspondiente debate; LA SALA RESUELVE: 1. Sancionar a la empresa Gráfica Técnica S.R.L. con siete (7) meses de suspensión en su derecho de presentarse en procesos de selección y contratar con el Estado, sanción que tendrá vigencia a partir del día siguiente de publicada la presente Resolución. 2. Poner en conocimiento de la Gerencia del Registro Nacional de Contratistas la correspondiente Resolución para las anotaciones de Ley. 3. Poner en conocimiento del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI los hechos materia de esta Resolución. 4. Devolver los antecedentes a la Entidad, para los fines consiguientes. Regístrese, comuníquese y publíquese. SS. DELGADO POZO BERAMENDI GALDÓS MARTÍNEZ ZAMORA

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de CONSUCODE para el ejercicio presupuestal 2004

RESOLUCION Nº 007-2004-CONSUCODE-PRE

CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Jesús María, 9 de enero de 2004 VISTO: El Memorándum Nº 006-2004 (GAF/LOG), mediante el cual la Subgerencia de Logística presenta el Plan Anual de Adquisiciones 2004 del CONSUCODE, formulado en base a las necesidades definidas por las diferentes áreas de la entidad y el Memorando Nº 008-2004 (GAF), con el cual la Gerencia de Administración y Finanzas propone a la Presidencia el proyecto indicado; y, CONSIDERANDO:

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Que, el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2004, ha sido aprobado mediante la Resolución Nº 386-2003-CONSUCODE/PRE, de fecha 30.12.2003; Que, el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, concordante con el artículo 7 de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM, establecen que cada entidad debe elaborar su Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones consolidando como mínimo la información de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas que se realizan en el ejercicio presupuestal; Que, dentro del marco del Convenio de Donación de Objetivo Estratégico suscrito entre el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y el Gobierno del Perú representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se suscribió la Carta de Entendimiento LA-527-0402-CONSUCODE-01 y la enmienda Nº 1, entre el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE y la oficina de Iniciativas Democráticas - USAID. Que, el numeral 3) del artículo 7 del Reglamento de la citada Ley, dispone que el Plan Anual aprobado deberá considerar aquellos procesos que tengan financiamiento externo y se encuentren comprendidas en el artículo 49 de la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, por lo que se incluyen en el Plan, los procesos de selección para la contratación de servicios necesarios para el Proyecto “Transparencia en las Adquisiciones Estatales”; Que, el numeral 4) del artículo 7 del Reglamento de citada Ley, dispone que el Plan Anual aprobado deberá encontrarse a disposición de los interesados en la dependencia encargada de las Adquisiciones y Contrataciones de la Entidad y en la página Web de ésta, debiendo además remitirse a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME; Que, en razón de lo expuesto y con la finalidad de ejecutar de acuerdo a Ley los procesos de selección programados para el ejercicio 2004, debe aprobarse el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del CONSUCODE; De conformidad con las facultades establecidas en el numeral 14) del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Consejo Superior de Contrataciones del Estado - CONSUCODE, aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2001-PCM y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación y la Gerencia de Administración y Finanzas; SE RESUELVE: Artículo Primero.- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, para el ejercicio presupuestal 2004, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo Segundo.- Disponer que la Gerencia de Administración y Finanzas remita copia de la presente resolución a PROMPYME dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su aprobación para los fines que la ley establece y cautele que el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones se encuentre en las Oficinas de la Subgerencia de Logística a disposición de los interesados, para su revisión o adquisición al precio de costo de reproducción. Artículo Tercero.- Disponer que la Gerencia de Sistemas publique la presente resolución y el Plan Anual de Adquisiciones de Contrataciones del 2004 en la página Web del CONSUCODE. Regístrese, comuníquese y publíquese. RICARDO SALAZAR CHÁVEZ Presidente

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(*) Ver Cuadro publicado en el Diario Oficial “El Peruano” de la fecha.

FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA

Declaran en situación de urgencia la adquisición de combustibles para el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 001-2004-CD-FHH

Huancayo, 2 de enero de 2004 VISTO: El Informe Nº 001/GG-FHH/04 del Gerente General y el Informe Nº 003-2004-CVV/FHH del Asesor Legal Externo del Ferrocarril Huancayo-Huancaveiica; y, CONSIDERANDO: Que, con el documento del Visto se indica que para el Ejercicio Presupuestal 2004 se encuentra programada -para su posterior aprobación dentro del Plan Anual de Adquisiciones- la compra de Combustibles mediante un proceso de Licitación Pública, considerando el volumen de la referida adquisición y el precio total que ello importa; Que, sin embargo, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el T.U.O. de la Ley Nº 26850 “Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado”, y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM, el proceso de Licitación Pública demanda un calendario aproximado de 90 días naturales para efectos de elaboración y aprobación de Bases, Convocatoria, Formulación de Consultas y Observaciones y la Absolución de las mismas, Integración de Ba-ses, Calificación, Adjudicación e Impugnación de resultados; Que, en ese orden de ideas se hace necesario adoptar un mecanismo legal que permita la inmediata adquisición de combustible como insumo imprescindible para la conti-nuidad del servicio público que brinda el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica; Que, siendo ello así, conviene a los intereses de la institución la aplicación de lo señalado por el inciso c) del artículo 19 del T.U.O. de la Ley Nº 26850 en cuya virtud se encuentran exoneradas de los procesos de Licitación Pública las adquisiciones que se realicen en situación de urgencia declaradas de conformidad con la citada Legislación; Que, por su parte el artículo 21 del T.U.O. de la Ley Nº 26850 señala que existe situación de urgencia cuando la ausencia extraordinaria e imprevisible de determinado bien o servicio compromete en forma directa e inminente la continuidad de los servicios esenciales o de las operaciones productivas que la Entidad tiene a su cargo; Que, en consecuencia, apelando a dicha definición legal, se tiene que para el caso existe ausencia extraordinaria e imprevisible de un bien, por cuanto de conformidad con lo señalado por el inciso 1) del artículo 7 del Reglamento del T.U.O. de la Ley Nº 26850, el Plan Anual de Adquisiciones debe ser aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa dentro de los 30 días naturales siguientes de aprobado el presupuesto institucio-nal; de manera que al haberse aprobado el 31.DIC.2003 el Presupuesto Institucional del Ejercicio 2004 y estando la institución dentro del plazo de aprobación de Plan Anual de Adquisiciones aún no se ha efectuado la convocatoria del proceso de Licitación Pública para la adquisición de combustibles en la Entidad, resulta ello una circunstancia ajena y, por tanto, extraordinaria e imprevisible; Que, de igual forma, tal situación de ausencia extraordinaria e imprevisible del bien requerido (combustible) compromete el forma directa e inminente la continuidad del servicio esencial que presta la Entidad, habida cuenta que siendo el transporte de pasajeros y carga su

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objetivo principal de acuerdo con lo señalado por el artículo 3 de su Estatuto aprobado por D.S. Nº 019-96-MTC; la adquisición de combustible no admite postergación alguna; Que, en consecuencia, mientras se apruebe el Plan Anual de Adquisiciones 2004 de la Entidad y en tanto se realice el Proceso de Licitación Pública para la Adquisición de Combustible; se hace necesaria la declaración de urgencia que permita una acción inmediata en el marco de lo dispuesto por el T.U.O. de la Ley Nº 26850 y su Reglamento aprobado por D.S. Nº 013-2001-PCM; Con las atribuciones conferidas por el artículo 9 del Estatuto de la Institución y con la opinión favorable del Gerente General, del Jefe del Departamento de Administración y del Asesor Legal Externo; SE RESUELVE: Primero.- Declarar en Situación de Urgencia, por un plazo de 120 días calendario, la adquisición de combustibles para el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica. Segundo.- Exonerar a la adquisición de combustibles del proceso de Licitación Pública correspondiente, autorizando la ejecución de un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía durante el plazo a que se refiere el artículo Primero de la presente Resolución y en forma mensual hasta alcanzar el total que a continuación se indica: Descripción Básica Valor Referencial -Combustibles: Diesel Nº 01 Aditivado (61,000 Glns.) S/. 462,380.00 Gasolina de 84 octanos (1,120 Glns.) S/. 9,632.00 Dicha adquisición se ejecutará con cargo a la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados y Recursos Ordinarios. Tercero.- Delegar en la Gerencia General la facultad de designar al Comité Especial que tendrá a su cargo la conducción del proceso de Adjudicación de Menor Cuantía destinado a la adquisición de combustible en el marco de la presente exoneración. Cuarto.- Encargar a la Gerencia General la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su aprobación. Quinto.- La Gerencia General queda encargada de comunicar la presente Resolución a la Contraloría General de la República, dentro de los 10 días calendario siguientes a su aprobación. Regístrese, comuníquese y publíquese. JULIO ESCUDERO MEZA Presidente del Consejo Directivo LEONCIO VILA ORELLANA Miembro del Consejo Directivo Representante Gob. Reg. Junín REYNEIRO MEJÍA USANDIVARAS Miembro del Consejo Directivo Representante Gob. Reg. Huancavelica

INPE

Sancionan con destitución a servidora del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de

Chorrillos

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RESOLUCION PRESIDENCIAL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Nº 006-2004-INPE-

P Lima, 7 de enero de 2004 VISTO, el Informe Nº 001-2004-INPE-CPPAD de fecha 5 de enero de 2004 de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Penitenciario; CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Presidencial Nº 752-2003-INPE/P de fecha 21 de noviembre de 2003, se instauró proceso administrativo disciplinario a la servidora María Concepción GARCÍA GUZMÁN, Agente Penitenciario, Nivel STF, del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos de la Dirección Regional Lima, por haber incurrido en abandono laboral a su centro de labores desde el 3 de abril de 2002 hasta la fecha, haciendo un total de 644 días de ausencias injustificadas, por lo que la indicada servidora se encuentra inmersa dentro de los alcances de lo previsto en los incisos a) y k) del artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; Que, de la revisión de los documentos que obran en el expediente, se advierte que la servidora María Concepción GARCÍA GUZMÁN, fue notificada con la resolución de instauración del proceso administrativo disciplinario el 6 de diciembre de 2003, conforme al cargo de notificación que consta en autos, no habiendo presentado su descargo en el término de cinco días hábiles establecido en el artículo 169 del Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa; Que, mediante Resolución Directoral Nº 292-2001-INPE/DRL-17 de fecha 26 de marzo de 2001 se le otorgó a la servidora María Concepción GARCÍA GUZMÁN, personal de seguridad del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos, licencia sin goce de remuneraciones por un período de doce meses a partir del 3 de abril de 2001 hasta el 2 de abril de 2002, y al término de la licencia hasta la fecha no ha cumplido con reincorporarse a su cen-tro de labores, por lo que se colige que con su inasistencia injustificada por más de tres días consecutivos en un período de treinta días calendario ha incumplido sus obligaciones e incurrido en falta grave de carácter disciplinario y consiguientemente ha transgredido el artículo 10 y el inciso b) del artículo 39 del Reglamento de Control de Asistencia, Puntualidad y Permanencia para los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario, aprobado por Resolu-ción de la Presidencia de la Comisión Reorganizadora Nº 503-98-INPE-CR-P de fecha 16 de noviembre de 1998, así como el inciso c), artículo 21, e inciso k), artículo 28 del Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público; Estando a lo informado por la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, contándose con las visaciones de los Miembros del Consejo Nacional Penitenciario y de las Oficinas Generales de Asesoría Jurídica y Administración; y, De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 276, Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Resolución Ministerial Nº 040-2001-JUS, Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional Penitenciario y en uso de las facultades conferidas por Resolución Suprema Nº 364-2001-JUS; SE RESUELVE: Artículo 1.- IMPONER la sanción administrativa disciplinaria de DESTITUCIÓN a la servidora María Concepción GARCÍA GUZMÁN, Agente Penitenciario, Nivel STF, del Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Chorrillos de la Dirección Regional Lima del Instituto Nacional Penitenciario, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

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Artículo 2.- NOTIFÍQUESE a la presente Resolución a través de la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Nacional Penitenciario y publíquese en el Diario Oficial El Peruano para los fines legales pertinentes. Regístrese, comuníquese y publíquese. JAVIER BUSTAMANTE RODRÍGUEZ Presidente

OSINERG

Declaran infundado el recurso de reconsideración interpuesto por COES-SINAC contra la Res. OSINERG Nº 162-2003-OS/CD

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION

EN ENERGIA OSINERG Nº 002-2004-OS-CD

Lima, 7 de enero de 2004 Que, con fecha 15 de octubre de 2003, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (en adelante “OSINERG”) publicó la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº 162-2003-OS/CD contra la cual el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (en adelante “COES-SINAC”), dentro del término de ley, presentó recurso de reconsideración, siendo materia del presente acto administrativo el análisis y decisión de dicho recurso impugnativo. 1.- ANTECEDENTES Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley de Concesiones Eléctricas1 (en adelante “LCE”), las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste, son fijadas semestralmente por el OSINERG y entran en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año; Que, el Proceso de Regulación Tarifaria, conforme se señala en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003, se inició el 14 de julio de 2003 con la presentación del Estudio Técnico Económico correspondiente por parte del COES-SINAC; Que, el OSINERG, en cumplimiento del procedimiento para fijación de Tarifas en Barra, convocó la realización de una Audiencia Pública para que el COES-SINAC expusiera el contenido y sustento del Estudio Técnico Económico, la misma que se realizó el 24 de julio de 2003; Que, seguidamente, el OSINERG presentó sus observaciones al referido Estudio Técnico Económico, incluyendo aquellas otras observaciones que se presentaron como consecuencia de la Audiencia Pública. Al respecto, la LCE dispone (Artículo 522) que, absueltas las observaciones, o vencido el plazo sin que ello se realice, el OSINERG procederá a fijar y publicar las Tarifas en Barra y sus fórmulas de reajuste mensual;

1 Artículo 46.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste, serán fijados semestralmente por la Comisión de Tarifas de Energía y entrarán en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año. Las tarifas sólo podrán aplicarse previa su publicación en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de mayor circulación. 2 Artículo 52.- La Comisión de Tarifas de Energía comunicará al COES sus observaciones, debidamente fundamentadas, al estudio técnico-económico. El COES deberá absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estudio, de ser necesario. La Comisión de Tarifas de Energía evaluará los nuevos cálculos y luego de su análisis, procederá a fijar y publicar las tarifas y sus fórmulas de reajuste mensuales, antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año.

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Que, posteriormente, se efectuó: la prepublicación del Proyecto de Resolución que fija la Tarifas en Barra y la relación de la información que la sustenta, la Audiencia Pública de fecha 24 de setiembre de 2003 y la recepción de opiniones y sugerencias de los interesados respecto a la mencionada prepublicación, conforme a lo dispuesto en los literales g), h) e i) del Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra; Que, con fecha 15 de octubre de 2003, el OSINERG, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 43 de la LCE3, publicó la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, la misma que estableció las Tarifas en Barra para el período noviembre 2003 - abril 2004; Que, con fecha 5 de noviembre de 2003, el COES-SINAC interpuso recurso de reconsideración contra la resolución citada anteriormente, cuyos alcances se señalan en el apartado 2 siguiente; Que, el Consejo Directivo del OSINERG convocó a una tercera Audiencia Pública para que las instituciones, empresas y demás interesados que presentaron recursos de reconsideración contra la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, pudieran exponer el sustento de sus respectivos recursos, la misma que se realizó el 17 de noviembre de 2003; Que, con la facultad que le otorga el Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra, los interesados legitimados pueden alcanzar a la entidad reguladora sus opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración; no habiéndose recibido ninguna en el presente proceso regulatorio; Que, finalmente, con relación al recurso de reconsideración se han expedido el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 001-2004 de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaría (en adelante “GART”) del OSINERG y el Informe OSINERG-GART-AL-2003-165 de la Asesoría Legal de la GART, los mismos que contienen la motivación que sustenta la decisión del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refiere el Artículo 3, numeral 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General4 (en adelante “LPAG”); 2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Que, el recurso de reconsideración del COES-SINAC contiene las siguientes pretensiones: a) Incluir la demanda asociada a la interconexión con el Ecuador; b) Modificar la fecha de ingreso del proyecto C.H. Yuncán de acuerdo con las siguientes fechas propuestas por el COES-SINAC: 1er grupo en octubre de 2005, 2do grupo en diciembre de 2005 y 3er grupo en febrero de 2006;

3 Artículo 43.- Estarán sujetos a regulación de precios: a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la presente Ley. b) Esta regulación no regirá en el caso de contratos entre generadores por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador; c) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión y Distribución; d) Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribución destinadas al Servicio Público de Electricidad; y, e) Las ventas a usuarios del Servicio Público de Electricidad. 4 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: ... 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. ...

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c) Considerar Costos Variables No Combustibles (en adelante “CVNC”) sustentados por ETEVENSA para las unidades termoeléctricas de la C.T. Ventanilla utilizando gas natural, 5,56 US$/MWh para las unidades TG3 y TG4 en ciclo simple y 3,87 US$/MWh para la unidad TG3 ciclo combinado; d) Considerar los datos del programa de mantenimiento de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas propuestos por el COES-SINAC en el modelo PERSEO; e) Recalcular el Precio Básico de Potencia conforme a la propuesta presentada por el COES-SINAC; Que, el COES-SINAC solicita, además, que se recalcule el Precio Básico de Energía de acuerdo con los literales a), b), c) y d) señalados anteriormente; 2.1 DEMANDA ASOCIADA A LA INTERCONEXIÓN CON EL ECUADOR 2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO Que, el COES-SINAC solicita que la demanda de Ecuador sea incluida a partir del 30 de setiembre de 2004 y que se considere esa misma fecha como el inicio de operaciones de la línea de transmisión Zorritos-Zarumilla. Señala sustentar su pedido en lo siguiente: - Que, el proyecto de interconexión Perú-Ecuador entrará en operación a más tardar el 30 de setiembre de 2004; pues así se establece en el convenio entre TRANSELECTRIC y Red de Energía del Perú (en adelante “REP”), obligatorio para ambas partes. Agrega que el Estado Peruano participa activamente en este proyecto, dentro del marco de la Decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones, y por tanto el proyecto tiene que entrar en operación en la fecha referida lo cual, señala, es consistente con el plazo máximo contenido en el contrato de concesión suscrito por REP y el Estado Peruano; - Que, legalmente resulta inadmisible que el OSINERG no considere la demanda de Ecuador debido a las observaciones que este organismo presentara respecto de la metodología de cálculo del COES-SINAC, debiendo perfeccionarla y cumplir con lo que la ley dispone; - Que, el OSINERG ha confundido el tema de la ejecución de la interconexión con Ecuador, con el cálculo de la demanda asociada a dicha interconexión y, debido a que hasta ahora no se ha emitido la reglamentación para la interconexión, pretende ignorar la existencia de la demanda de Ecuador y excluirla de la fijación de las Tarifas en Barra. Concluye entonces, que el hecho de que sea necesario emitir regulación complementaria para ejecutar la interco-nexión, es independiente del cálculo de la demanda, por lo que ésta debe proyectarse con la información actual; - Que, respecto de las rentas de congestión, señala que el legislador decidirá si las regula o no, y la forma en que lo hará; y que no se puede sujetar el cumplimiento de las disposiciones de la LCE a la promulgación de una legislación que puede o no producirse; - Que, el Artículo 42 de la LCE5 establece que los precios regulados deben reflejar los costos marginales de suministro, por lo que si se excluye parte de la demanda se estarían subestimando éstos y, por tanto, los precios no podrían reflejar estos costos. De este modo, a su entender, el inciso a) del Artículo 47 de la LCE6, consecuentemente con la disposición anterior, establece que para el cálculo de las tarifas debe proyectarse la demanda de los

5 Artículo 42.- Los precios regulados reflejarán los costos marginales de suministro y se estructurarán de modo que promuevan la eficiencia del sector. 6 Artículo 47.- Para la fijación de Tarifas en Barra, cada COES efectuará los cálculos correspondientes en la siguiente forma: a) Proyectará la demanda para los próximos cuarentiocho meses y determinará un programa de obras de generación y transmisión factibles de entrar en operación en dicho período, considerando las que se encuentren en construcción y aquellas que estén contempladas en el Plan Referencial elaborado por el Ministerio de Energía y Minas;

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próximos 48 meses; - Que, el COES-SINAC y el OSINERG están de acuerdo en que la interconexión se producirá dentro de los próximos 48 meses, por lo cual para dar cumplimiento a los Artículos 42 y 47 de la LCE, debe proyectarse la demanda de Ecuador; - Que, la forma de cálculo de la demanda, indica el COES-SINAC, no ha sido materia de mayor desarrollo normativo, señalando que es OSINERG quien define los parámetros y criterios para su determinación; en este sentido; manifiesta que el OSINERG debe proyectar la demanda sin excluir ninguna parte de ella, pues ello significaría incumplir la LCE; - Que, aún si la reglamentación para la interconexión fuese necesaria para calcular la demanda de Ecuador, señala que de acuerdo a la LPAG, el OSINERG no puede dejar de incluir la demanda en la fijación tarifaria por deficiencia de fuentes; - Que, el OSINERG, en oportunidad anterior, no dejó de resolver en circunstancias en que la regulación no había determinado con precisión uno de los elementos para calcular la tarifa. Señala que ese fue el caso del precio del gas natural de Camisea; - Que, la fecha de entrada en operación de la línea Zorritos-Zarumilla considerada por el OSINERG carece de motivación y por ello incumple la LPAG; - Que, el incumplimiento de la LCE, de la LPAG y del Reglamento de OSINERG ocasionan la nulidad de la Resolución Nº 162-2003-OS/CD, que establece las tarifas excluyendo la demanda de Ecuador; Que, finalmente, el COES-SINAC indica que, mayor sustento legal sobre este punto se encuentra en el informe que acompaña como Anexo 3 de su recurso, el cual señala: - Que, no es necesaria legislación nacional para calcular la curva de costos marginales de otros países, lo cual está corroborado en el hecho de que no ha sido incluido dicho punto en la lista de temas que exigen modificaciones de la LCE según el OSINERG. Señala que el OSINERG no puede ignorar los aspectos contenidos en el estudio Técnico-Económico del COES-SINAC, sino que debe corregirlos y ajustarlos; y por ello resulta legalmente inadmisible que en este caso no considere la demanda de Ecuador por objeciones técnicas a la metodología empleada por el COES-SINAC para tal fin, debiendo, de ser el caso, perfeccionarla y cumplir con lo que la ley dispone; Que, respecto a la afirmación del OSINERG de que los precios de compra y venta internacionales deban ser fijados por una autoridad administrativa, considera que es contraria a derecho y a los principios esenciales de la economía de mercado. A ninguna autoridad peruana le corresponde fijar el precio de exportación de energía a Ecuador. Señala además, que en el supuesto negado que ello fuera posible, en tanto no exista control de precios (modificando la Constitución Política) no se pueda proyectar la demanda de Ecuador; Que, el OSINERG, al afirmar, que en tanto no se legislen las rentas por congestión no es posible calcular la demanda, está implícitamente reconociendo que en tanto no exista un mecanismo que neutralice el impacto en las tarifas generado por el Ecuador, no la va a reconocer. Señala que ello es ilegal puesto que: el legislador decidirá si se implementan o no, no se puede sujetar la aplicación de una ley vigente a una que no existe aún, el Artículo 47 de la LCE señala proyectar la demanda sin considerar rentas por congestión, se atentaría contra los principios de imparcialidad, legalidad, verdad material y razonabilidad de la LPAG y la ética regulatoria. No incluir la demanda por la razón aludida significaría actuar con discrecionalidad política que viciaría de nulidad los actos del regulador; Que, de la lista de los temas que, según aduce OSINERG, requerirían de legislación previa, ninguno tiene que ver con la metodología y el procedimiento para la proyección de demanda del Ecuador sino con la reglamentación de los intercambios internacionales. Señala que concuerda con OSINERG que los procedimientos para la proyección de la demanda de Ecuador deben ser definidos por el COES-SINAC y el OSINERG, no teniendo que ver en este

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tema otra autoridad legislativa. Indica asimismo, que el Artículo 12 de la Decisión 5367 obliga a considerar en el despacho económico de cada país la oferta y la demanda de los países de la Subregión Andina equivalentes en los nodos frontera, y por tanto no es necesaria una norma que establezca el tratamiento que se deba brindar a las ofertas extranjeras en la determinación de la tarifa, sino que sólo falta definir como afinar la metodología para proyectarla, resultando ilegal desconocerla; Que, el OSINERG, tal como lo ha reconocido, debe ajustar su actuación a lo dispuesto en la LCE y demás normas vigentes. El Artículo 42 de la LCE señala que los precios regulados deben reflejar los costos marginales de suministro, y éstos están determinados por la potencia y energía que el Sistema Interconectado debe abastecer; en este sentido si se subestima la demanda se subestimarán también los costos marginales de este suministro, y por tanto al omitir parte de la demanda se estaría incumpliendo el Artículo 42. Asimismo, el literal a) del Artículo 47 de la LCE no hace más que confirmar que es necesario efectuar una proyección de la demanda a efectos de poder calcular los costos marginales de suministrar la potencia y la energía que cubra la demanda, para ello establece un horizonte de 48 meses y la consideración de proyectos de generación y transmisión factibles de entrar en operación en di-cho período. En este sentido, si tanto el COES-SINAC como el OSINERG coinciden en la factibilidad de la interconexión con Ecuador, entonces la demanda asociada a dicha interconexión formará parte del mercado, de conformidad con el Artículo 47, y por tanto no existe fundamento legal para que esta demanda no sea tomada para efectos de la tarifa; - Que, la forma de cálculo de la demanda de Ecuador le compete enteramente al OSINERG, siempre que no se aleje de lo dispuesto en el marco legal ya definido. Así, la forma en que se calcula la demanda no ha sido materia de mayor desarrollo normativo y por tanto el OSINERG debe ajustar sus modelos y fórmulas a esta nueva demanda, o establecer factores totalmente nuevos dentro de las restricciones actualmente existentes. No es necesario modificar o crear norma alguna y es cuestión de que el OSINERG decida como hará el cálculo; - Que, el regulador confunde dos asuntos diferentes y en esta confusión pretende incumplir con un mandato legal. Esta confusión es la necesidad de reglamentación de diversos aspectos relativos a la interconexión con el Ecuador (referido a las Transacciones Internacionales de Electricidad - TIE), con el cálculo de la demanda asociada a la interconexión con dicho país. Las normas que señala el OSINERG que es necesario expedir, nada tienen que ver con la forma de proyectar la demanda derivada de la interconexión con el Ecuador. El COES-SINAC no ha solicitado que se ejecute la interconexión de inmediato, sino que se proyecte la demanda asociada a dicha interconexión; - Que, no es necesaria la regulación complementaria para saber aproximadamente cuál es la demanda que se recibirá del país vecino. El cálculo de la demanda es independiente de la ejecución efectiva de la interconexión; en todo caso, la reglamentación ayudará a realizar el cálculo con mayor precisión, pero que al tratarse de eventos futuros seguirá siendo una aproximación; - Que, el COES-SINAC no ha solicitado al OSINERG expedir la reglamentación para ejecutar la interconexión. El pedido del COES-SINAC se limita a que el OSINERG determine la forma cómo se calculará la demanda y que se incluya dicho elemento en la tarifa; - Que, señala, que de acuerdo a lo expresado por el OSINERG, el problema para proyectar la demanda de Ecuador sería de información; sin embargo, de acuerdo al Artículo VIII del Título Preliminar de la LPAG, el OSINERG no puede dejar de resolver las cuestiones que se le proponga, por deficiencia de fuentes. En este sentido, menciona, negarse a acudir a fuentes supletorias debido a que la futura normativa que se expida en lo referido a la interconexión con Ecuador sería falaz e inconsistente, pues es evidente que las fuentes

7 Artículo 12 (Decisión 536).- El despacho económico de cada País considerará la oferta y la demanda de los Países de la Subregión equivalentes en los nodos de frontera. Los flujos en los enlaces internacionales y, en consecuencia, las transacciones internacionales de electricidad de corto plazo, se originarán en el despacho coordinado entre Países, de conformidad con las respectivas regulaciones.

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supletorias serán aplicables en tanto no contravengan la normativa actual y en tanto el Estado no promulgue norma de mayor jerarquía que se oponga a dichas prácticas; Que, agrega, que el OSINERG ya acudió a fuentes supletorias en la fijación de tarifas, citando el caso del precio de transporte del gas natural de Camisea; y en este sentido no puede negarse a hacerlo ahora; - Que, respecto a la fecha de entrada en operación de la línea de transmisión Zorritos-Zarumilla, señala que la única fecha cierta es el 30 de setiembre de 2004, pues es la fecha convenida entre TRANSELECTRIC y REP. Señala que la fecha considerada por el OSINERG ha tenido como única motivación lo expresado en el folio 87 de su informe, lo que considera, carece de fundamento jurídico, y demuestra una actitud que vulnera el principio de imparcialidad contenido en la LPAG. 2.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG Que, con el fin de dar respuesta a este extremo del recurso de reconsideración del COES-SINAC, es conveniente efectuar las siguientes precisiones: Que, el conjunto de normas jurídicas que tienen valor en una sociedad constituyen el derecho u ordenamiento jurídico. Estas normas son entes dinámicos que pueden ser clasificados. Una de las clasificaciones aceptadas por la generalidad de la doctrina, es aquella que se efectúa en base al ámbito espacial de las normas. Como señala Torres Vasquez8: “Cada Estado se encuentra sometido a un orden jurídico soberano. La coexistencia de Estados soberanos, que conforman la comunidad jurídica internacional, cada uno de ellos sometido a su propio orden jurídico, impone la distinción entre normas de Derecho interno y normas de Derecho externo. Las normas de Derecho interno son las que integran el ordenamiento jurídico de cada país. La validez de las normas de Derecho interno en el territorio nacional, como dice Reale, se refiere, directa o indirectamente, al Estado visto como el centro de polarización de la positividad jurídica, es decir como la ordenación del poder en virtud de la cual las normas jurídicas obligan, haciéndose objetivamente exigible el comportamiento que ellas prescriben”. Que, atendiendo a la clasificación mencionada, del ámbito espacial, es indudable que la LCE y su Reglamento, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Reglamento General del OSINERG y todas las resoluciones expedidas por el Consejo Directivo del OSINERG, constituyen normas de derecho interno, que deben ser obligatoriamente respetadas dentro del ámbito nacional; Que, el Artículo 42 de la LCE establece que los precios regulados reflejarán los costos marginales de suministro, mientras que el Artículo 47 dispone que para la fijación de Tarifas en Barra, el COES-SINAC efectuará los cálculos, proyectando la demanda para los próximos 48 meses. El COES-SINAC ha considerado en su propuesta tarifaria la proyección de la demanda del Ecuador, sin tomar en cuenta que sus facultades no pueden exceder al ámbito nacional. Como se ha dicho anteriormente, la LCE y su Reglamento son normas de Derecho interno que enmarcan el área de acción de las entidades del país. Ninguna entidad, incluido el COES-SINAC, puede ejercer facultades mas allá de su área de acción, limitada por el ámbito interno. La consideración dentro del horizonte de 48 meses, de la demanda de Ecuador, no puede efectuarse sin que exista la norma legal que faculte al COES-SINAC a extender los alcances de la LCE considerando en la propuesta tarifaria, tal factor externo al país; Que, del mismo modo, el OSINERG, que cuenta en exclusividad, con la facultad regulatoria de las Tarifas en Barra, no puede fijar éstas, considerando dentro de los cálculos tarifarios la demanda de Ecuador, habida cuenta que las disposiciones de la LCE y su

8 Torres Vásquez, Aníbal; Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho, Palestra Editores, 1999.

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Reglamento, sólo le faculta a ejercer su accionar en el ámbito interno; Que, con independencia de lo expresado, se ha señalado, con ocasión de la última fijación de Tarifas en Barra en el mes de mayo pasado, que la Decisión 536 expedida por la Comunidad Andina de Naciones, contiene disposiciones que se encuadran dentro de dos vías. Aquellas que pueden ser cumplidas de inmediato y otras que para su implementación requieren de la expedición de normas dictadas por el Perú a fin de que puedan aplicarse correcta y efectivamente; Que, el Artículo 12 de dicha Decisión establece que el despacho económico de cada país considerará la oferta y la demanda de los países de la subregión equivalente en los nodos de frontera; sin embargo, dicha norma no es de aplicación directa e inmediata, en la medida en que su aplicabilidad requiere la armonización de los marcos regulatorios andinos y un desarrollo legislativo interno en los países que conforman la comunidad lo que, hasta la fecha para el caso peruano, es una tarea pendiente; Que, en este sendo, el OSINERG ha actuado respetando las normas vigentes, pues se ha ceñido al ámbito espacial de la LCE y de su Reglamento, y se encuentra a la espera de las disposiciones legales pertinentes que le permita accionar en el cumplimiento de la Decisión 536, antes mencionada; Que, asimismo, se debe recordar que el Ministerio de Energía y Minas, en relación al tema, hizo llegar al OSINER el Oficio Nº 471-2003-EM-VME, en el que señaló que, en cumplimiento de su rol normativo, le corresponde desarrollar los instrumentos legales necesarios, con el aporte del organismo regulador y de los diferentes actores integrantes del sistema; Que, de otro lado, en lo referente a la utilización por parte del OSINERG, de las fuentes supletorias, en caso que no se cuente con la reglamentación necesaria para considerar la demanda de Ecuador, ello no es posible, por cuanto, como se ha señalado el problema está en la falta de reglamentación que faculté al OSINERG a poder implementar la Decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones, reglamentación que como ya se mencionara, debido a la jerarquía de normas, no puede ser expedida por el propio OSINERG; Que, respecto a la afirmación de que el OSINERG, en el caso del precio del gas natural, en su momento, habría tomado en cuenta otras fuentes supletorias para efectuar cálculos tarifarios, se debe mencionar que ello no es correcto, por cuanto se encontraba vigente la Ley Nº 27133, Ley de Promoción de la Industria del Gas Natural, que faculta al OSINERG a fijar las tarifas correspondientes al transporte y distribución de gas natural por red de ductos. El OSINERG, en uso de la facultad señalada, se limitó a utilizar los criterios que aparecían en la prepublicación de la norma sobre procedimiento de cálculo de tarifas de trans-porte y distribución de gas natural por red de ductos. Es decir, sí existía la disposición legal que otorgaba la facultad regulatoria sobre dicho tema al OSINERG; Que, de lo expuesto anteriormente queda claro que la motivación del OSINERG para no incorporar la demanda de Ecuador en la fijación de Tarifas en Barra se debe a razones legales; constituyendo las razones técnicas (expuestas en el informe que sustenta la resolución recurrida) aspectos secundarios, válidos en tanto las disposiciones legales necesarias sean expedidas. Lo afirmado significa que, dependiendo los aspectos técnicos de las normas legales a expedirse, se considera innecesario manifestarse sobre los mismos, toda vez que no constituyen la cuestión de fondo del asunto tratado, además de desconocerse a la fecha los alcances de tales normas legales; Que, complementariamente a todo lo expuesto anteriormente, se debe manifestar que de acuerdo a los considerandos que motivan la Decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante “CAN”), las interconexiones de los sistemas eléctricos de los países miembros de la CAN están destinadas a brindar beneficios en términos económicos, sociales y ambientales, así como a la utilización óptima de los recursos energéticos y a la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico; es decir, se entiende, que el objetivo de las interconexiones dentro del marco de la Decisión 536 de la CAN es generar beneficios al

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conjunto de los países interconectados, no sólo en términos económicos, sino también en términos de seguridad y calidad de suministro. Para ello, es necesario que las condiciones de operación de los enlaces internacionales permitan lograr estos objetivos y, en este sentido, antes de cualquier discusión sobre la inclusión o no de cualquier demanda internacional, se debe efectuar un análisis, desde el punto de vista económico, respecto a si la forma de “operación radial”, que se espera del enlace de interconexión entre Perú y Ecuador, es consistente con los objetivos, en términos de beneficios y optimización de recursos, que persi-gue la Decisión 536, de modo tal que ésta le sea aplicable; Que, respecto a la fecha de entrada en operación de la línea de transmisión Zorritos-Zarumilla, el recurrente señala que el OSINERG no ha sustentado el porqué se considera como fecha de entrada en operación de dicha línea, el mes de marzo del año 2005, cuando, según consta en el contrato suscrito entre TRANSELECTRIC y REP, la fecha comprometida es el 30 de setiembre de 2004. En este sentido, el OSINERG, dentro de su responsabilidad reguladora, ha considerado, en uso de una prudente y razonable facultad discrecional, tomar como referencia la fecha máxima permisible a REP, es decir, el mes de marzo de 2005. No es cierto que el OSINERG haya establecido dicha fecha sin sustento alguno, pues así como el COES-SINAC apoya su propuesta en un contrato, el OSINERG apoya su decisión en otro. En adición a lo expuesto, debe quedar claro que la fecha de entrada en operación de la citada línea de transmisión no constituye un hecho decisorio para incluir la demanda de Ecuador, sino, como está dicho anteriormente, su inclusión depende de la expedición de los dispositivos legales pertinentes; Que, en razón a las consideraciones expuestas en este numeral, este extremo del recurso de reconsideración del COES-SINAC debe ser declarado infundado; Que, finalmente, en lo que se refiere a la solicitud de nulidad de la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, planteada por el COES-SINAC, los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden demuestran que el OSINERG ha ajustado su actuación dentro de las facultades que la ley le concede, no habiendo incurrido, por tanto, en violación de las disposiciones legales que menciona el recurrente, razón por la cual no es procedente la nulidad solicitada. 2.2 FECHA DE INGRESO DEL PROYECTO YUNCÁN 2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO Que, el COES-SINAC señala que “(...) posteriormente al informe GART/DGT Nº 050 A - 2003 elaborado por el OSINERG han acontecido hechos y obtenido información que cambia nuevamente el estado de las cosas (...)”, indicando lo siguiente: a) Proinversión ha postergado la fecha de presentación de ofertas por dos meses (hasta el 15 de diciembre); b) Información a la tercera semana de octubre indica que en el túnel 4 (ruta crítica) el avance de la excavación entre junio y octubre ha sido de 100 metros, avance que de mantenerse pospondría la puesta en operación hasta el año 2006; c) El cronograma remitido por EGECEN, utilizado por el OSINERG para realizar sus observaciones, muestra errores que llevaron a reportar fechas optimistas (asume que el primer grupo entra a operar en febrero de 2005, cuando programa concluir el túnel 4 en marzo de 2005); Que, señala el recurrente que el ritmo de avance registrado es reducido y, que inclusive sólo aumentando dicho ritmo se podrá concluir el trabajo en las fechas propuestas por el COES-SINAC. Señala que dicho retraso es independiente del atraso ocurrido en la presentación de propuestas convocada por Prolnversión; Que, asimismo, señala que de no concretarse la participación de un inversionista privado a fines de diciembre, es muy probable que se postergue significativamente las fechas propuestas, pues el Estado tendrá que resolver cómo continuar con el proyecto;

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Que, finalmente, hace referencia a que adjunta en el Anexo 4 de su recurso, un informe técnico que fundamenta lo expresado sobre este extremo; 2.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG Que, conforme a la LPAG, el recurso de reconsideración tiene por objeto contradecir en la vía administrativa un acto de la administración que el administrado considera ha violado, desconocido o lesionado un derecho legítimamente adquirido. Así, tal como señala Gustavo Bacacorzo “(...) reconsiderar es posibilitar que el órgano resolutorio cuyo acto se impugna, pueda nuevamente considerar el caso en principio dentro de las mismas condiciones anteriores (...)”. La afirmación del conocido jurista nacional resulta de singular importancia puesto que, como es lógico, la expedición del acto administrativo que genera la impugnación del administrado, fue dictada a la luz de consideraciones que tuvo a la mano el administrador al momento de adoptar su decisión. El administrador jamás podía basar su opinión en hechos ocurridos posteriormente; Que, respecto de la información listada en los literales a) y b) del numeral 2.2.1 anterior, que sirve de sustento del análisis presentado en el Anexo 4 del recurso de reconsideración del recurrente, se constituye en información de eventos acontecidos con posterioridad a la publicación de la resolución recurrida y, en este sentido, se debe manifestar que la normativa administrativa obliga al administrador a considerar todos los aspectos que pre-existen al acto administrativo que contendrá la decisión tarifaria. Así, al momento de expedirse la resolución impugnada, los hechos tenidos en cuenta por el OSINERG quedan anclados a efecto de los cuestionamientos que puedan plantear los concesionarios, en su derecho a demostrar que las premisas adoptadas por el regulador no tomaron en cuenta tal o cual procedimiento existente, olvidó aplicar tal o cual norma vigente, o, desdeñó determinada prueba que tuvo a la mano con anterioridad al acto administrativo cuestionado. Ello es así, por cuanto la autoridad reguladora tiene un plazo determinado por el Artículo 52 de la LCE9 para cumplir con su función de fijación de tarifas. De admitirse cuestionamientos al acto administrativo, sustentados en hechos nuevos sobrevinientes de su expedición, significaría cuestionar la validez del principio de verdad material y negar la capacidad del regulador para hacer uso, tanto de su potestad reglada como de la discrecional. Significaría por último, propiciar la ilegalidad sobreviniente de actos administrativos dictados legalmente al tiempo que estos se aprobaron; Que, en consecuencia, lo expuesto en los párrafos anteriores permite sostener la invalidez legal de basar un pedido de reconsideración en hechos ocurridos luego de que el OSINERG adoptó su determinación respecto a las Tarifas en Barra para el período noviembre 2003 - abril 2004; Que, en lo que se refiere al literal c) del numeral 2.2.1 anterior, se debe manifestar que el cronograma remitido por EGECEN, y utilizado por el regulador como parte de la información que motivo su decisión, no muestra el error al que hace referencia el recurrente, por cuanto, se aprecia que el túnel 4 se habría programado para marzo de 2005 y, en ese sentido es posible contar con el primer grupo instalado hacia fines de febrero de 2005, incluyendo la prueba seca (“dry test”), y quedando pendiente la prueba con carga de agua (“wet test”) del mismo, la cual, se tenía entendido se realizaría holgadamente entre la fecha de término informada del túnel 4, y la fecha considerada por el OSINERG para su puesta en operación comercial (julio de 2005). De igual modo ocurre con los restantes dos grupos; Que, finalmente debe hacerse hincapié en que en el caso de la central Yuncán, se contó con información que dio cuenta que: las obras no se paralizaron, se habían resuelto las controversias con las autoridades de la región Pasco, se había convocado a un proceso de

9 Artículo 52.- La Comisión de Tarifas de Energía comunicará al COES sus observaciones, debidamente fundamentadas, al estudio técnico-económico. El COES deberá absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estudio, de ser necesario. La Comisión de Tarifas de Energía evaluará los nuevos cálculos y luego de su análisis, procederá a fijar y publicar las tarifas y sus fórmulas de reajuste mensuales, antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año.

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licitación y, se contaba con un programa de obras hasta la puesta en servicio. Asimismo, era evidente que su construcción no podría detenerse debido a la penalidad económica que ello le significaría al Estado Peruano. Sobre esa base, el OSINERG tomó la mejor decisión a la luz de la información disponible; Que, en razón a las consideraciones expuestas anteriormente, el presente extremo del recurso de reconsideración debe ser declarado infundado. 2.3 CVNC DE C.T. VENTANILLA UTILIZANDO GAS NATURAL 2.3.1 SUSTENTO DEL PETITORIO Que, el COES-SINAC señala que dado que en el informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003 el regulador indicó que los archivos que contienen las hojas de cálculo, si bien contienen el procedimiento de cálculo del CVNC, éste no se sustentó con información del fabricante en lo relativo a las recomendaciones para el mantenimiento de unidades. El recurrente señala adjuntar (en el Anexo 5 de su recurso) la información sustentatoria de dichas hojas de cálculo; Que, el recurrente indica que ha preparado dos casos: el primero, considerando costos del año 1999, que resulta en valores para el CVNC de las unidades de ventanilla operando en ciclo simple de 5,56 US$/MWh y para ciclo combinado de 3,87 US$/MWh; y el segundo, considerando precios de repuestos actualizados, que resulta en valores para el CVNC de las unidades de ventanilla operando en ciclo simple de 6,12 US$/MWh. Finalmente, señala que en el Anexo 5 de su recurso se alcanza la ficha técnica de las unidades de Ventanilla utilizando gas natural, las que se corresponden con el primer caso indicado anteriormente. 2.3.2 ANÁLISIS DEL OSINERG Que, sobre este particular se debe reproducir la observación completa realizada por el OSINERG en su oportunidad (Observación Nº 23 del Informe OSINERG-GART/DGT Nº 049-2003 “Observaciones al Informe Técnico-Económico presentado por el COES-SINAC para la regulación de noviembre 2003”): “El COES-SINAC no ha entregado información alguna que sustente los costos variables no combustibles propuestos en el ESTUDIO para la central termoeléctrica de Ventanilla cuando utilice como combustible el gas natural de Camisea, debiendo manifestarse que el valor informado en el folio 281 es más del doble del costo variable no combustible considerado para una unidad ciclo simple en fijaciones tarifarias anteriores, el cual fuera de 2,25 US$/MWh. Por lo tanto, el COES-SINAC deberá entregar la información que sustente los valores propuestos tomando en cuenta los procedimientos establecidos para el cálculo de los costos variables no combustibles. De no hacerlo, se procederá a mantener los valores utilizados en la fijación de Tarifas en Barra de mayo de 2003.” Que, asimismo, se transcribe la respuesta completa del COES-SINAC a la observación realizada: “Se adjunta en medio magnético en el Anexo Q los libros de cálculo que sustentan el CVNC de los grupos de la C.T. Ventanilla con combustible gas natural.” Que, de igual modo respecto de los libros de cálculo entregados por el COES-SINAC, el OSINERG expresó en el Anexo D del Informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003 lo siguiente: “Al respecto, se debe mencionar que si bien el COES-SINAC ha entregado dos archivos MSExcel como sustento de su propuesta, no ha sido presentada documentación que sustente los valores propuestos del CVNC para las unidades de ETEVENSA; así por ejemplo, en el archivo COSTOS-SIEMENSREV05.xls se observan valores de costos de repuestos para las unidades SIEMENS V84.3A, sin embargo, no se presenta la información (tales como órdenes de compra, facturas, etc) que sustente dichos valores. De igual manera, el archivo

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CVNC TG3yTG4-ETV.xls si bien contiene un procedimiento de cálculo del CVNC, este no se sustenta con información del fabricante en lo relativo a las recomendaciones para el mantenimiento de las unidades. Por lo tanto, el pretendido sustento carece de la información mínima necesaria para su validación, lo que imposibilita su aceptación.” Que, tomando en cuenta los antecedentes expuestos, se debe mencionar que el Artículo 51 de la LCE10 señala que el COES-SINAC deberá presentar el correspondiente estudio técnico-económico que explicite y justifique11, entre otros, los costos variables de operación pertinentes, mientras que el Artículo 52 de la LCE señala que el COES-SINAC debe absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estudio de ser el caso. Sin embargo, de la lectura de los párrafos precedentes es claro que el COES-SINAC no explicitó ni justificó los valores del CVNC en cuestión, ni antes, ni después de la observación fundamentada que realizara el OSINERG; pues, tal como se señaló en la resolución, el COES-SINAC no sustentó con información mínima necesaria ni los costos, ni los requerimientos de mantenimiento propuestos, habiendo señalado claramente el OSINERG la falta de documentos que sustenten los valores de los libros de cálculo. En este sentido, el OSINERG procedió a establecer el valor del CVNC en cuestión sobre la base de la información disponible al momento de su decisión, lo cual se halla debidamente motivado en el Anexo D del Informe OSINERG-GART/DGT 050A-2003; Que, respecto de la información que adjunta el COES-SINAC como Anexo 5 de su recurso de reconsideración, la cual como se puede apreciar le fue remitida con posterioridad a la publicación de la resolución recurrida, se debe manifestar que la normativa administrativa obliga al administrador a considerar todos los aspectos que pre-existen al acto administrativo que contendrá la decisión tarifaria. En este sentido, al momento de expedirse la resolución impugnada, los hechos tenidos en cuenta por el OSINERG quedan anclados a efecto de los cuestionamientos que puedan plantear los concesionarios, en su derecho a demostrar que las premisas adoptadas por el regulador no tomaron en cuenta tal o cual procedimiento existente, olvidó aplicar tal o cual norma vigente, o, desdeñó determinada prueba que tuvo a la mano con anterioridad al acto administrativo cuestionado. Ello es así, por cuanto la autoridad reguladora tiene un plazo determinado por el Artículo 52 de la LCE para cumplir con su función de fijación de tarifas. De admitirse cuestionamientos al acto administrativo, sustentados en hechos nuevos sobrevinientes de su expedición, significaría cuestionar la validez del principio de verdad material y negar la capacidad del regulador para hacer uso, tanto de su potestad reglada como de la discrecional. Significaría, por último, propiciar la ilegalidad sobreviniente de actos administrativos dictados legalmente al tiempo que éstos se aprobaron; Que, en consecuencia, lo expuesto en los párrafos anteriores permite sostener la invalidez legal de basar un pedido de reconsideración en hechos ocurridos luego de que el OSINERG adoptó su determinación respecto a las Tarifas en Barra para el período noviembre 2003 - abril 2004; Que, a mayor abundamiento, cabe recordar que la resolución impugnada, así como el

10 Artículo 51.- Antes del 15 de marzo y 15 de septiembre de cada año, cada COES deberá presentar a la Comisión de Tarifas de Energía el correspondiente estudio técnico-económico que explicite y justifique, entre otros aspectos, lo siguiente: a) La proyección de la demanda de potencia y energía del sistema eléctrico; b) El programa de obras de generación y transmisión; c) Los costos de combustibles, Costos de Racionamiento y otros costos variables de operación pertinentes; d) La Tasa de Actualización utilizada en los cálculos; e) Los costos marginales; f) Precios Básicos de la Potencia de Punta y de la Energía; g) Los factores de pérdidas de potencia y de energía; h) El Costo Total de Transmisión considerado; i) Los valores resultantes para los Precios en Barra; y, j) La fórmula de reajuste propuesta. 11 Según la 21 edición del Diccionario de la Real Academia Española se define “Justificar” como “Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos”.

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informe que la sustenta, fueron objeto de una etapa de prepublicación posterior a la absolución de observaciones por parte del COES-SINAC, con la finalidad de recabar las opiniones y sugerencias de los agentes interesados en el proceso de regulación tarifaria. En dicha oportunidad el COES-SINAC únicamente observó lo referido a los poderes caloríficos del gas de Camisea, mas no el tema tratado en este extremo; Que, por las consideraciones anotadas, este extremo del recurso de reconsideración deberá ser declarado infundado. 2.4 MANTENIMIENTOS MENORES DE LAS CENTRALES GENERADORAS DEL SEIN 2.4.1 SUSTENTO DEL PETITORIO Que, el COES-SINAC señala que no existe fundamento legal para excluir los mantenimientos menores de la fijación de tarifas sino que, por el contrario las disposiciones de la LCE, su Reglamento y los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC, que norman lo referido a la elaboración de los programas óptimos de operación del SEIN obligan a que los mantenimientos menores sean tomados en cuenta; Que, en este sentido, indica el recurrente que, el Artículo 47 de la LCE dispone que para la fijación de tarifas el COES-SINAC debe determinar el programa de operación que minimice la suma del costo actualizado de operación y de racionamiento para el período de estudio considerando ciertas variables; interpretando que la utilización del término “entre otros” contenido en literal b) del Artículo 47 obliga a considerar aquellas variables que, de conformidad con la restante normativa del sector, han de ser tomados en cuenta en la programación de la operación y, en este sentido, expresa que la consideración de los mantenimientos menores está prevista expresamente en los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC aprobados por el Ministerio de Energía y Minas. Que, asimismo, señala que, la programación de la operación se rige por lo dispuesto en los Artículos 91 al 99 del Reglamento de la LCE y por los Procedimientos Técnicos del COES-SINAC, y que el Artículo 95 establece que la programación de corto, mediano y largo plazo deberá minimizar los costos de operación y racionamiento, lo que es concordante con el Artículo 47 de la LCE; asimismo indica que, de acuerdo al Procedimiento Nº 12 del COES-SINAC, en la programación de la operación anual se debe tomar en cuenta los programas de mantenimiento; los cuales, señala, incluyen los mantenimientos menores; Que, adicionalmente, indica el recurrente, que la motivación del OSINERG para excluir los mantenimientos menores es que por lo general éstos se realizan en horas de baja demanda y por ello no afectan los costos marginales, careciendo por tanto de sentido su inclusión; en este sentido, el COES-SINAC alega que al utilizar el término “por lo general”, el OSINERG acepta que los mantenimientos menores sí afectan los costos marginales. Asimismo, señala que como fundamento de su posición el OSINERG, además, ha expresado que, por las características del modelo de simulación, la incorporación de los mantenimientos menores se traduciría en un alza artificial de las tarifas, lo cual no puede ser invocado como causa para dejar de cumplir el Artículo 47 de la LCE, pues los problemas de representación deberán ser superados de modo tal que no implique perjuicio o violación al derecho de los administrados; el no hacerlo, indica, sería causal de nulidad. 2.4.2 ANÁLISIS DEL OSINERG Que, se puede observar, de los argumentos presentados por el COES-SINAC, que no se realiza un sustento técnico que permita objetar la decisión tomada por el OSINERG, aún cuando en su calidad de ente técnico encargado de coordinador de la operación del sistema, el recurrente cuenta con toda la información requerida para sustentar su posición, bajo el supuesto caso (que no ha demostrado) que el OSINERG esté errado en sus apreciaciones sobre los mantenimientos menores. El recurrente, en este sentido, se limita a presentar argumentos de carácter legal, que pretenden demostrar que el organismo regulador habría actuado sin motivación contraviniendo lo dispuesto en el Artículo 47 de la LCE;

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Que, al respecto, el OSINERG debe mencionar que el Artículo 41 de la LCE12 establece, como una de las funciones básicas del COES-SINAC la de “controlar el cumplimiento de los programas de operación y coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones”, precisándose al concluir la relación de funciones que podrá desarrollar otras que expresamente se mencionen en el Reglamento de la LCE. Complementariamente, el literal c) del Artículo 91 del Reglamento de la LCE13, establece que la Dirección de Operaciones es el órgano ejecutivo del COES-SINAC y tendrá como funciones “coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones y ordenar a los integrantes acatar las medidas correctivas necesarias”. Como se puede observar, en ninguno de estos artículos se señala de manera expresa la inclusión de mantenimientos menores en la fijación de Tarifas en Barra; en consecuencia, desde el punto de vista legal, no existe justificación para que el COES-SINAC incluya los mantenimientos menores en el cálculo de las Tarifas en Barra; Que, respecto del Procedimiento Nº 12 que, según indica el recurrente, sustentaría su posición de incluir los mantenimientos menores en la Tarifa en Barra a través de la interpretación forzada del término “entre otros” presente en el literal b) del Artículo 47 de la LCE, se debe mencionar que si bien dicho procedimiento tiene por objetivo establecer los pasos que deben seguir el COES-SINAC y sus integrantes para la elaboración de los programas de mantenimiento, éste no demuestra por sí mismo que los mantenimientos menores que pretende incluir el COES-SINAC afecten los costos marginales de suministro y por lo tanto deban ser incluidos en la fijación de tarifas, tal como fuera observado y requerido por el OSINERG en su momento; Que, respecto de la afirmación del recurrente, referida a la falta de motivación del OSINERG para no considerar los mantenimientos menores en la presente regulación de tarifas, se debe aclarar que el COES-SINAC nuevamente ha citado en este extremo de su recurso partes aisladas de un párrafo que, leídas así, pueden llevar a errores de apreciación, motivo por el cual se reproduce el párrafo completo contenido en el Anexo E del Informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003: “Al respecto, el OSINERG debe señalar que no es posible ampararse en un término “entre otros” para pretender incorporar variables en el cálculo de las Tarifas en Barra con la sola finalidad de incrementar la tarifa, sino que previamente debe analizarse y demostrarse que ciertamente los mantenimientos menores afectan los costos marginales del SEIN; lo cual no sería el caso, por cuanto de la revisión de la programación de mantenimientos para el presente año (aquella entregada en la fijación de Tarifas en Barra de mayo de 2003) se puede observar que los mantenimientos menores, se realizan por lo general en horas de baja demanda con lo cual la indisponibilidad no afecta los costos marginales del sistema y por lo tanto, carece de sentido su inclusión. Sin embargo, debido a que el modelo de simulación utilizado es de mediano plazo y por lo mismo se realiza una representación que no permite el nivel de detalle para incorporar mantenimientos menores (los cuales forman parte de la optimización de problemas de despacho en el corto plazo, semanal o mensual), el incorporar estos mantenimientos se traduce en un alza artificial de los costos marginales del sistema y, por ende, de la tarifa.” Que, tal como se puede apreciar, el OSINERG ha expresado que, producto de la revisión de la programación de mantenimientos entregada en la fijación de Tarifas en Barra de Mayo de 2003 (que corresponde al programa anual -del año 2003- que ordena realizar al

12 Artículo 41.- Las funciones básicas del Comité de Operación Económica del Sistema (COES) son: ... b) Controlar el cumplimiento de los programas de operación y coordinar el mantenimiento mayor de las instalaciones; ... 13 Artículo 91.- La Dirección de Operaciones es el órgano ejecutivo del COES y tendrá las siguientes funciones: a) Elaborar los programas de operación de corto, mediano y largo plazo del sistema interconectado y comunicarlos a sus integrantes para su cumplimiento; ...

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COES-SINAC el Artículo 116 del Reglamento de la LCE), se concluye que los mantenimientos, que no son mayores, no afectarían los costos marginales y por tanto no tiene sentido su inclusión, hecho que no ha sido desvirtuado por el COES-SINAC ni en su absolución de observaciones, ni en sus opiniones y sugerencias al proyecto de resolución de tarifas, ni en su recurso de reconsideración. Asimismo, el OSINERG manifestó que en el supuesto (ya negado en la primera parte del párrafo reproducido) que debieran incluirse los mantenimientos menores, no sería posible hacerlo de la manera que propone el COES-SINAC por cuanto el modelo tarifario es un modelo de mediano plazo que, como es sabido por la comunidad técnica, de la cual forma parte el recurrente, no permite representar de manera explícita los trabajos menores, sino que requiere de formas alternativas de representación, y por tanto el ignorar este hecho implicaría un alza artificial de las tarifas. En este sentido, lo importante es buscar la forma de representar de la mejor manera el efecto de los mantenimientos menores en los costos marginales del sistema y que, como ya se mencionara, al no afectarlos, la mejor representación es no incluir los mantenimientos menores; Que, adicionalmente, el OSINERG, en el informe que sustenta la resolución recurrida, abundó en motivos para excluir los mantenimientos menores propuestos por el COES-SINAC para el período 2004-2007; así se expuso: “Asimismo, y sin perjuicio de lo anterior, es de extrañar que siendo ya difícil prever los trabajos por mantenimiento mayor, por un lado, y que a la vez es más probable conocer los trabajos por mantenimiento del año 2003 (en curso) que los de los años 2004 a 2007, por otro, se propongan, e inclusive se detallen, gran cantidad de trabajos de carácter menor en el horizonte 2004-2007, comparados con aquellos previstos para el año 2003. Tal es el caso, por ejemplo, de la central hidroeléctrica de Cañón del Pato, que durante el año 2003 tiene programadas cero horas por mantenimientos menores, mientras que a partir del año 2004 se proponen alrededor de 400 horas por año.” Que, por lo afirmado en las consideraciones que preceden, puede observarse que no existe vicio de nulidad alguno y que lo afirmado por el COES-SINAC carece de sustento técnico - legal. El OSINERG ha actuado ciñéndose a los procedimientos establecidos en las normas legales pertinentes; Que, finalmente, el OSINERG debe recordar que es obligación del COES-SINAC explicitar y justificar debidamente su propuesta tarifaria, tal como lo indica el Artículo 51 de la LCE y, en este sentido, la pretensión de incluir los mantenimientos menores no debe realizarse considerando el claro mandato legal del Artículo 42 de la LCE, que señala que las tarifas deben basarse en los costos marginales de suministro; Que, por las consideraciones anotadas, este extremo del recurso de reconsideración deberá ser declarado infundado. 2.5 PRECIO BÁSICO DE POTENCIA 2.5.1 SUSTENTO DEL PETITORIO Que, señala el COES-SINAC que el haberse desestimado la lista de precios del fabricante que presentó, alegando que no se ha acreditado que correspondiera a tal fabricante, es contrario a la presunción de veracidad contenida en el Artículo 42 de la LPAG14, correspondiendo al OSINERG admitir como cierta la información presentada por el COES-SINAC, a menos que demuestre su falsedad. En este sentido, señala que la decisión del OSINERG carece de motivación; Que, adicionalmente, indica el recurrente que contrariamente a lo establecido en el Artículo 50 de la LCE15, el OSINERG, en lugar de calcular los costos sobre la base de precios

14 Artículo 42.1.- Todas las declaraciones juradas, los documentos sucedáneos presentados y la información incluida en los escritos y formularios que presenten los administrados para la realización de procedimientos administrativos, se presumen verificados por quien hace uso de ellos, así como de contenido veraz para fines administrativos, salvo prueba en contrario. 15 Artículo 50.- Todos los costos que se utilicen en los cálculos indicados en el artículo 47

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vigentes, ha decidido utilizar los correspondientes a una fijación anterior; Que, concluye, que se ha contravenido la LCE, su Reglamento, el Reglamento de OSINERG y la LPAG; por lo cual, la resolución en este extremo es nula. Como fundamento de lo anteriormente expresado, acompaña un informe legal como Anexo 6, en el cual señala: - Que, el marco legal establece el procedimiento dentro del cual el OSINERG debe actuar. En este sentido indica que las observaciones que realice deben ser fundamentadas, que no puede apartarse del contenido del informe técnico económico del COES-SINAC que no hayan sido observados, que la resolución no puede contener observaciones adicionales a las ya comunicadas, que la resolución debe fundamentar las razones para desestimar partes de la propuesta del COES-SINAC y que para efectos del cálculo de costos se debe considerar precios vigentes. De esta manera, señala, la tarifa se calculará de manera objetiva, transparente y neutral; - Que, en las observaciones planteadas por OSINERG se solicitó el sustento de los costos propuestos, habiendo el COES-SINAC cumplido con adjuntar la lista de precios del fabricante. En el informe que sustenta la tarifas se cuestiona la veracidad de la información entregada por el COES-SINAC y se menciona que sin perjuicio de los precios oficiales, es usual que se otorguen descuentos como el de 20% al operador EDEGEL; sin embargo, el OSINERG no se utilizan los precios alcanzados por el COES-SINAC, y éste mantiene los costos que fueron reconocidos en la fijación de mayo pasado, aplicándoles un factor de actualización. En este sentido, el OSINERG no ha aplicado la presunción de veracidad establecida en la LPAG, respecto de la lista de precios del fabricante, sin presentar pruebas de su falsedad, por lo cual su actuación carece de motivación. Que, asimismo agrega que, al haber utilizado los costos correspondientes a una fijación anterior se ha actuado contrariamente a la LCE, su Reglamento, el Reglamento de OSINERG y la LPAG, siendo por tanto nula la resolución en este extremo; Que, de otro lado, señala el recurrente que en el Anexo F del Informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003, el OSINERG no ha indicado las razones para no considerar las cotizaciones más importantes alcanzadas por el COES-SINAC, y que sólo se menciona que el repuesto TRANSITION COAT tiene un descuento de 20% por un acuerdo con el operador. Al respecto, señala que estos acuerdos no siempre se dan y que en el Anexo 6 del recurso se adjunta una cotización reciente del mismo repuesto del fabricante pero sin mención a algún descuento; Que, finalmente, respecto al factor de corrección por envejecimiento, el recurrente señala que en tanto el OSINERG no cuente con un procedimiento de cálculo de la potencia, no hay justificación para desestimar la propuesta del COES-SINAC. 2.5.2 ANÁLISIS DEL OSINERG Que, se debe aclarar que lo señalado por el recurrente, respecto de que el OSINERG habría actuado contrariamente al principio de presunción de veracidad contenido en la LPAG, constituye una apreciación subjetiva equivocada, por cuanto, si bien el regulador manifestó que no se acreditó que la lista de precios presentada correspondía al fabricante, ello no significó que no procediera a su revisión, y no la desestimó debido a la no presunción de veracidad de la misma, tal como se demuestra a continuación mediante la reproducción del análisis contenido en el Anexo F del Informe OSINERG-GART/DGT-050A-2003: “En lo que respecta a los costos empleados para el Cálculo del costo fijo de operación y mantenimiento, se puede comentar lo siguiente: El COES-SINAC no ha tomado en cuenta el descuento del 20% acordado con el fabricante para la adquisición de repuestos, indicada en la carta adjunta al ESTUDIO en el folio 631. Por ejemplo, BASKET COMBUSTOR, TRANSITION, CIYLINDER TRANSITION, entre otros.

deberán ser expresados a precios vigentes en los meses de marzo o septiembre, según se trate de las fijaciones de precio de mayo o de noviembre, respectivamente.

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- Se observa de la revisión de los componentes empleados, que los códigos identificación de partes y piezas, denominadas “Style”; en la lista presentada por el COES-SINAC, no coincide con los códigos de las partes y piezas empleadas en el cuaderno de cálculo presentado. - Se observa que los costos de algunos componentes considerados no corresponden a los costos indicados en la lista de precios, tampoco existe coincidencia en los códigos de identificación de las partes. Por ejemplo, NOZZLE SPRAY OIL, RING LOCK, SEGMENT VANES, BLADE STANDARD y otros. - Existen componentes cuyas cantidades no corresponden a las cantidades recomendadas en la lista presentada. Por ejemplo, se consideran 14 NOZZLE SPRAY y la lista recomienda solo 2, se consideran 14 RING LOCK y 14 CAP SWIRL y la lista sólo recomienda 2 unidades de cada una, entre otros. Por lo tanto, por la razones presentadas, se considera que se debe desestimar los valores propuestos por el COES-SINAC de costo fijo de operación y mantenimiento para el cálculo del Precio Básico de Potencia por carecer del sustento adecuado, y por ello se mantendrán aquellos costos que fueran reconocidos en la fijación de tarifas de mayo de 2003.” Que, tal como se puede apreciar, la motivación para desestimar los valores propuestos por el COES-SINAC no se basa en la presunción de veracidad de la información presentada, sino en los resultados del análisis exhaustivo de la misma. En este sentido, ante la falta de consistencia de la información, el OSINERG optó por mantener los costos reconocidos en la regulación anterior, y que se constituyen en la mejor fuente de información supletoria con que cuenta el regulador; Que, respecto de la existencia o no de descuentos entre el operador de la unidad y el suministrador de los equipos, se debe observar que en la introducción de la carta adjunta en el Anexo 6 del recurso de reconsideración, se lee: “Siemens Westinghouse Power Corporation here by offers as per Edegel’s request for standard International List Price to quote Transitions for its Santa Rosa’s W501D5A unit (...)”16 Que, es decir, se entiende que la información suministrada por la empresa proveedora ha sido motivo de un pedido expreso por una cotización a precios de lista, sin considerar el descuento al que sí se hace referencia, de manera espontánea, en la carta contenida en el folio 631 de la propuesta técnico económica del COES-SINAC. En este sentido, se puede apreciar que la carta adjuntada en el recurso no demuestra que los descuentos entre el operador de la planta y el proveedor no se den siempre, dado que se refiere a un pedido expreso de cotización “a precios de lista”; Que, respecto del mandato del Artículo 50 de la LCE de que todos los costos que se utilicen en los cálculos indicados en el Artículo 47 de la LCE deben expresarse a precios vigentes de setiembre de 2003 en la presente fijación de tarifas de noviembre 2003, se debe manifestar que el OSINERG al aplicar la fórmula actualización del Precio Básico de Potencia está cumpliendo con dicha exigencia. La alternativa planteada por el recurrente, mediante la cual realiza una interpretación literal y forzada del citado artículo de la LCE, implicaría que tampoco se podría tomar (en el caso que se hubiera determinado que era consistente) la información presentada por el COES-SINAC por cuanto como se lee en los cuadros de precios de los folios 621 y 622 del estudio técnico económico del COES-SINAC, los precios presentados corresponden al año 1999; Que, a mayor abundamiento, se debe señalar que, además del Precio Básico de Potencia, las tarifas aplicables a sistemas aislados también han sido expresadas a costos de

16 [Traducción libre] Siemens Westinghouse Power Corporation por medio de la presente ofrece a solicitud de Edegel por una cotización con la Lista de Precios Estándar Internacional de la Transición para su unidad W501D5A en Santa Rosa (...)

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setiembre de 2003 mediante la aplicación de sus fórmulas de actualización, ante la consideración de que ésta se constituye en la mejor alternativa con que cuenta el regulador ante la falta de información consistente y actualizada para la fijación de las Tarifas en Barra; sin perjuicio de que en el futuro, ante mejor información, estas se revisen con el detalle que implica la alternativa de no utilizar las fórmulas de actualización; Que, respecto a lo expresado por el recurrente sobre el factor de corrección por envejecimiento, cabe señalar que este tema ya ha sido resuelto en la fijación de tarifas de mayo de 2003. Siendo el caso que no se han presentado argumentos nuevos que ameriten revisar lo resuelto mediante la Resolución OSINERG No. 092-2003-OS/CD, no se debe incluir este factor en la determinación del Precio Básico de Potencia; Que, en consecuencia, sobre la base de lo expresado anteriormente, es claro que no existe vicio de nulidad alguno y que el OSINERG ha actuado ciñéndose a los procedimientos establecidos en las normas legales pertinentes; Que, por las consideraciones anotadas, este extremo del recurso de reconsideración deberá ser declarado infundado. Que, de conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento General del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Gene-ral y en lo dispuesto en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimiento Regulatorios de Tarifas; SE RESUELVE: Artículo 1.- Declárese improcedente la solicitud de nulidad efectuada por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COES-SINAC, contra la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD. Artículo 2.- Declárese infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, COES-SINAC, contra la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, por las razones señaladas en los apartados 2.1.2, 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 y 2.5.2 de la parte considerativa de la presente resolución. Artículo 3.- Incorpórese el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 001-2004 - Anexo 1, como parte integrante de la presente resolución. Artículo 4.- La presente Resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada, junto con su Anexo 1, en la página WEB de OSINERG: www.osinerg.gob.pe. ALFREDO DAMMERT LIRA Presidente del Consejo Directivo

Declaran infundado el recurso de reconsideración interpuesto por EDEGEL contra la Res. OSINERG Nº 162-2003-OS/CD

RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION

EN ENERGIA OSINERG Nº 003-2004-OS/CD Lima, 7 de enero de 2004 Que, con fecha 15 de octubre de 2003, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (en adelante “OSINERG”) publicó la Resolución de Consejo Directivo OSINERG Nº

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162-2003-OS/CD (en adelante la “RESOLUCIÓN”) contra la cual la Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A.A. (en adelante “EDEGEL”), dentro del término de ley, presentó recurso de reconsideración, siendo materia del presente acto administrativo el análisis y decisión de dicho recurso impugnativo. 1.- ANTECEDENTES Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 46 de la Ley de Concesiones Eléctricas1 (en adelante “LCE”), las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste, son fijadas semestralmente por el OSINERG y entran en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año; Que, el Proceso de Regulación Tarifaria, conforme se señala en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003, se inició el 14 de julio de 2003 con la presentación del Estudio Técnico Económico correspondiente por parte del COES-SINAC; Que, el OSINERG, en cumplimiento del procedimiento para fijación de Tarifas en Barra, convocó la realización de una Audiencia Pública para que el COES-SINAC expusiera el contenido y sustento del Estudio Técnico Económico, la misma que se realizó el 24 de julio de 2003; Que, seguidamente, el OSINERG presentó sus observaciones al referido Estudio Técnico Económico, incluyendo aquellas otras observaciones que se presentaron como consecuencia de la Audiencia Pública. Al respecto, la LCE dispone (Artículo 522 ) que, absueltas las observaciones, o vencido el plazo sin que ello se realice, el OSINERG procederá a fijar y publicar las Tarifas en Barra y sus fórmulas de reajuste mensual; Que, posteriormente, se efectuó la prepublicación del Proyecto de Resolución que fija la Tarifas en Barra y la relación de la información que la sustenta, la Audiencia Pública de fecha 24 de setiembre de 2003 y la recepción de opiniones y sugerencias de los interesados respecto a la mencionada prepublicación, conforme a lo dispuesto en los literales g), h) e i) del Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra; Que, con fecha 15 de octubre de 2003, el OSINERG, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 43 de la LCE3, publicó la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, la misma

1 Artículo 46.- Las Tarifas en Barra y sus respectivas fórmulas de reajuste serán fijados semestralmente por la Comisión de Tarifas de Energía y entrarán en vigencia en los meses de mayo y noviembre de cada año. Las tarifas sólo podrán aplicarse previa su publicación en el Diario Oficial El Peruano y en un diario de mayor circulación. 2 Artículo 52.- La Comisión de Tarifas de Energía comunicará al COES sus observaciones, debidamente fundamentadas, al estudio técnico-económico. El COES deberá absolver las observaciones y/o presentar un nuevo estudio, de ser necesario. La Comisión de Tarifas de Energía evaluará los nuevos cálculos y luego de su análisis, procederá a fijar y publicar las tarifas y sus fórmulas de reajuste mensuales, antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año. 3 Artículo 43.- Estarán sujetos a regulación de precios: a) La transferencia de potencia y energía entre generadores, los que serán determinados por el COES, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de la presente ley b) Esta regulación no regirá en el caso de contratos entre generadores por la parte que supere la potencia y energía firme del comprador;

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que estableció las Tarifas en Barra para el período noviembre 2003 - abril 2004; Que, con fecha 5 de noviembre de 2003, la EDEGEL interpuso recurso de reconsideración contra la RESOLUCIÓN; asimismo, a solicitud del OSINERG, EDEGEL precisó sus pretensiones. Los alcances del recurso de reconsideración interpuesto se señalan en el apartado 2 siguiente; Que, el Consejo Directivo del OSINERG convocó a una tercera Audiencia Pública para que las instituciones, empresas y demás interesados que presentaron recursos de reconsideración contra la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, pudieran exponer el sustento de sus respectivos recursos, la misma que se realizó el 17 de noviembre de 2003; Que, con la facultad que le otorga el Procedimiento para Fijación de Tarifas en Barra, los interesados legitimados pueden alcanzar a la entidad reguladora sus opiniones y sugerencias sobre los recursos de reconsideración; no habiéndose recibido ninguna en el presente proceso regulatorio; Que, finalmente, con relación al recurso de reconsideración se han expedido el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 002-2004 de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (en adelante “GART”) del OSINERG y el Informe OSINERG-GAR-TAL-2003-166 de la Asesoría Legal de la GART, los mismos que contienen la motivación que sustenta la decisión del OSINERG, cumpliendo de esta manera con el requisito de validez de los actos administrativos a que se refiere el Artículo 3, numeral 4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General4 (en adelante “LPAG”); 2.- EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN Que, el recurso de reconsideración de EDEGEL contiene las siguientes pretensiones: a) Que, la demanda asociada al proyecto de interconexión con Ecuador, por tratarse de un proyecto perfectamente factible, sea considerada como parte de la demanda que será atendida por el sistema en los próximos 48 meses y, en tal medida, sea incluida en el cálculo de las tarifas en barra, en estricto cumplimiento de los artículos 42 y 47 de la LCE; b) Que, la oferta asociada al proyecto de la central hidroeléctrica de Yuncán sea excluida de la oferta de generación para el cálculo de la tarifa, por tratarse de un proyecto que actualmente carece de financiamiento para completarse y, por tanto, no puede ser considerado factible de conformidad con los criterios establecidos por el propio OSINERG para la evaluación de la factibilidad; Que EDEGEL solicita, además, que se recalcule el Precio Básico de Energía de acuerdo con los literales a) y b) señalados anteriormente; 2.1 DEMANDA ASOCIADA A LA INTERCONEXIÓN CON EL ECUADOR

c) Las tarifas y compensaciones a titulares de Sistemas de Transmisión y Distribución; d) Las ventas de energía de generadores a concesionarios de distribución destinadas al Servicio Público de Electricidad; y, e) Las ventas a usuarios del Servicio Público de Electricidad. 4 Artículo 3.- Requisitos de validez de los actos administrativos Son requisitos de validez de los actos administrativos: … 4. Motivación.- El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico. …

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2.1.1 SUSTENTO DEL PETITORIO Que, EDEGEL solicita que la demanda de Ecuador sea incluida en la fijación de Tarifas en Barra y que se considere el mes de setiembre de 2004 como la fecha de inicio de operaciones de la línea de transmisión Zorritos-Zarumilla. Sustenta su pedido señalando lo siguiente: Que, el OSINERG tiene competencia para establecer las Tarifas en Barra del subsector electricidad, pero que dicha competencia no puede ser ejercida de modo arbitrario, sino dentro de límites definidos por un marco legal que encuadra la actuación del regulador, principalmente la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento. Agrega, que las disposiciones del marco legal inevitablemente otorgan al regulador cierto margen de discrecionalidad, que debe ser ejercido dentro de ciertos limites definidos por los principios generales del Derecho Administrativo, básicamente la LPAG y el Reglamento general del OSINERG. En este sentido, expresa que para efectos de su recurso, las disposiciones que establecen el marco de acción que determina los límites de la facultad de OSINERG para fijar las tarifas son las disposiciones contenidas en los Artículos 42 y 47, inciso a), de la LCE5; Que, indica la recurrente, que los costos marginales de suministro, a que se refiere el Artículo 42, se determina por la potencia y energía que se tendrá que abastecer. Así, si se excluye una parte de la demanda que existirá en el mercado, se subestimara la demanda y en consecuencia se subestimarán los costos marginales de suministro, y por ello el precio regulado no reflejará los verdaderos costos marginales. Por lo tanto, concluye, que el OSINERG está obligado a considerar toda la demanda existente, porque si omite una porción de la misma sus precios no reflejaran los costos marginales y por tanto incumplirá el Artículo 42 de la LCE; Que, expresa, que el Artículo 47 de la LCE confirma lo anteriormente mencionado de que es necesario efectuar una proyección de la demanda para poder calcular los costos marginales de suministrar la potencia y energía para cubra dicha demanda; Que, sin embargo, señala que el marco de acción que establecen los Artículos 42 y 47 de la LCE, contiene la factibilidad de un proyecto como único elemento de apreciación subjetiva que permite cierta discrecionalidad al regulador, y que en este sentido, la discrecionalidad del OSINERG se limita solamente a determinar si un proyecto es o no factible; Que, siendo el caso, que tanto el COES-SINAC como el OSINERG están de acuerdo en la factibilidad de que ciertos proyectos se lleven a cabo en los próximos cuarentiocho meses, entonces necesariamente deben considerarse como parte de la demanda total para efectos del cálculo de la tarifa; no hacerlo, concluye, sería una violación al principio de legalidad6, lo que causaría la nulidad de pleno derecho de la resolución; Que, señala que el OSINERG debe regir su actuación respetando los principios

5 Artículo 42.- Los precios regulados reflejarán los costos marginales de suministro y se estructuraran de modo que promuevan la eficiencia del sector. Artículo 47.- Para la fijación de Tarifas en Barra cada COES efectuará los cálculos correspondientes en la siguiente forma: a) Proyectará la demanda para los próximos cuarentiocho meses y determinará un programa de obras de generación y transmisión factibles de entrara en operación en dicho período, considerando las que se encuentren en construcción y aquellas que estén contempladas en el Plan Referencial elaborado por el Ministerio de Energía y Minas. (…) 6 Artículo IV (Título Preliminar de la LPAG), numeral 1.1.- Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron concedidas.

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generales que limitan su discrecionalidad, mencionando el Debido Proceso y la obligación de motivar decisiones7, el de, Transparencia y Predictibilidad8, el de imparcialidad9 y, consistencia y el de resolver cuando existe deficiencia de fuentes10. Así, la recurrente sostiene que el OSINERG debe sujetarse a una serie de restricciones: “… en primer lugar, en aplicación del derecho al debido proceso, OSINERG esta obligado a motivar su decisión sobre la factibilidad de un proyecto en fundamentos jurídicos y técnicos adecuados para cada caso. En segundo lugar, los criterios según los cuales OSINERG define la factibilidad de un proyecto deben ser perfectamente cognoscibles por los administrados, deben ser predecibles y deben ser uniformes para todos los casos. En tercer lugar, OSINERG esta obligada a resolver los temas de su competencia siempre, aún cuando exista deficiencia de fuentes, en cuyo caso deberá utilizar los principios del Derecho Administrativo y otras fuentes supletorias”. Que, respecto de la incorporación de la demanda de Ecuador, EDEGEL, señala que la interconexión con el Ecuador es un proyecto decidido por el Estado Peruano, en concordancia con la Decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones, razón por la que ha entregado a Red de Energía del Perú (en adelante “REP”) la concesión para la construcción de la línea Zorritos-Zarumilla. A su vez, REP ha suscrito con la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica del Ecuador (en adelante “TRANSELECTRIC”) un convenio que permitirá la interconexión de las instalaciones peruanas y ecuatorianas. La última addenda suscrita entre estas dos empresas señala que el proyecto de interconexión Perú-Ecuador entrará en operación comercial en setiembre de 2004, y que por ello el COES-SINAC incluyó en su proyección de demanda la demanda de Ecuador, habiendo el OSINERG excluido dicha demanda del cálculo de las tarifas; Que, señala la recurrente que ninguno de los argumentos que expone el OSINERG para negarse a incorporar la demanda, cuestionan la factibilidad del proyecto; con lo cual viola la LCE, al no considerar un proyecto que reconoce como factible. Indica, que los argumentos del OSINERG, se refieren a las dificultades de calcular la demanda del Ecuador, y a la falta de regulación relacionada con la ejecución de la interconexión; Que, sostiene EDEGEL que en el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003, el OSINERG ha cuestionado la metodología empleada por el COES-SINAC para proyectar la demanda del Ecuador, señalando que lo correcto hubiese sido comparar las curvas de costos marginales de ambos sistemas y, eventualmente, incluso las de Colombia y Venezuela, así como incluir la información sobre los precios de esos países, información que es muy compleja y que no está regulada;

7 Artículo 139 (Constitución), literal 3.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 3) La observancia del debido proceso... Artículo IV (Título Preliminar de la LPAG), numeral 1.2.- Principio del debido procedimiento: Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. 8 Artículo 8 (Reglamento General del OSINERG).- Principio de transparencia: toda decisión de cualquier órgano de decisión deberá adoptarse de tal manera que los criterios a utilizarse sean conocibles y predecibles por los administrados. Las decisiones del OSINERG serán debidamente motivadas... 9 Artículo 9 (Reglamento General del OSINERG).- Principio de imparcialidad: OSINERG aplicará las normas legales vigentes. Los casos o situaciones de características semejantes, deberán ser tratados de manera similar. 10 Artículo Vll (Título Preliminar de la LPAG).- 1.- Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga, por deficiencia de sus fuentes; en tales casos, acudirán a los principios del procedimiento administrativo previstos en esta ley; en su defecto, a otras fuentes supletorias del derecho administrativo, y sólo subsidiariamente a éstas, a las normas de otros ordenamientos que sean compatibles con su naturaleza y finalidad.

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Que, EDEGEL sostiene que ninguna de las razones argumentadas por el OSINERG justifica que sé deje de proyectar la demanda del Ecuador, porque corresponde al OSINERG suplir cualquier vacío para su cálculo, mejorar los procedimientos y efectuar las observaciones necesarias para que el COES-SINAC perfeccione las proyecciones que hubiese efectuado. Así, de existir errores u omisiones, lo que le toca al OSINERG es perfeccionarlos y subsanarlos, y así cumplir con lo que la ley dispone; Que, por otra parte, la recurrente hace referencia al informe legal OSINERG-GART-AL-2003-122, que se acompaña a la resolución impugnada, y señala que otro de los argumentos del OSINERG es la falta de la regulación de aspectos necesarios para materializar las transacciones internacionales de electricidad con el Ecuador y que, en consecuencia, ayudarán a realizar una proyección más exacta de la demanda. Señala que las regulaciones faltantes allí mencionadas se refieren a la manera como se ejecutará la interconexión, lo que no tiene que ver con el cálculo de la demanda, que por tratarse de proyecciones, siempre será una aproximación; Que, señala EDEGEL, que los argumentos del OSINERG explican porqué no puede materializarse la interconexión con Ecuador ni realizarse las Transacciones Internacionales de Electricidad en este momento, pero no justifican que no se calcule la demanda de ese país, con lo cual, la decisión del OSINERG carece de motivación y, por tanto, de uno de los requisitos de validez de los actos administrativos. Que si bien, el Ministerio de Energía y Minas es el llamado a dictar la regulación correspondiente sobre la forma en que se realizará la interconexión, el OSINERG es el único que puede determinar los criterios, modelos y fórmulas para proyectar la demanda de ese país e incluirla en el cálculo de las tarifas; Que, la recurrente hace referencia a la Resolución OSINERG Nº 1492-2002-OS/CD, para sostener que allí se estableció el precedente que se debe realizar los cálculos de la tarifa con los elementos e información con los que cuente a la fecha y sin perjuicio que éstos puedan ser alterados. En tal razón menciona, el OSINERG debe calcular la tarifa incluyendo la demanda del Ecuador, utilizando la información con la que cuenta, acudiendo, de ser necesa-rio, a las fuentes alternativas supletorias; Que, agrega que respecto a la necesidad de regular las rentas de congestión, EDEGEL sostiene que lo que el OSINERG estaría diciendo es que en tanto no exista un mecanismo legal que permita neutralizar el impacto de las tarifas generado por la demanda del Ecuador, no lo va a reconocer. Sustenta que es ilegal sujetar el cumplimiento de la LCE a una legislación que pudiera o no darse, de modo tal que mientras no exista rentas por congestión que tengan un impacto en las tarifas, lo que le corresponde al COES-SINAC y al OSINERG es proyectar la demanda sin considerar renta alguna por congestión; Que, finalmente, señala sorprenderse de que el OSINERG haya decidido mantener la fecha de marzo de 2005, como fecha para que entre en operación la línea Zorritos-Zarumilla, en lugar del 30 de setiembre de 2004, que es la fecha acordada entre REP y TRANSELECTRIC. Expresa que el OSINERG no ha sustentado adecuadamente el porque de la fecha considerada, y por tanto ha viciado de nulidad a la resolución impugnada; 2.1.2 ANÁLISIS DEL OSINERG Que, debemos manifestar nuestra conformidad con lo expresado por la recurrente cuando señala que el OSINERG tiene competencia exclusiva para fijar las Tarifas en Barra, para lo cual debe actuar conforme al marco establecido, teniendo cierta discrecionalidad que debe ejercerla dentro de los límites que emergen de los principios establecidos en el Reglamento General del OSINERG y la LPAG, en todo aquello que le competa; Que, asimismo, coincidimos en que los Artículos 42 y 47 de la LCE, forman parte del procedimiento para fijar las Tarifas en Barra, mas no coincidimos en el razonamiento que desarrolla EDEGEL para tratar de demostrar la obligación que tiene el OSINERG para incorporar la demanda del Ecuador dentro del horizonte de cuarentiocho meses; Que, con el fin de dar respuesta a los argumentos del Recurso de Reconsideración de EDEGEL, es conveniente efectuar las siguientes precisiones:

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Que, el conjunto de normas jurídicas que tienen valor en una sociedad constituyen el Derecho u ordenamiento jurídico. Estas normas son entes dinámicos que pueden ser clasificados. Una de las clasificaciones aceptadas por la generalidad de la doctrina, es aquella que se efectúa en base al ámbito espacial de las normas. Como señala Torres Vasquez11: “Cada Estado se encuentra sometido a un orden jurídico soberano. La coexistencia de Estados soberanos, que conforman la comunidad jurídica internacional, cada uno de ellos sometido a su propio orden jurídico, impone la distinción entre normas de Derecho interno y normas de Derecho externo. Las normas de Derecho interno son las que integran el ordenamiento jurídico de cada país. La validez de las normas de Derecho interno en el territorio nacional, como dice Reale, se refiere, directa o indirectamente, al Estado visto como el centro de polarización de la positividad jurídica, es decir como la ordenación del poder en virtud de la cual las normas jurídicas obligan, haciéndose objetivamente exigible el comportamiento que ellas prescriben”. Que, atendiendo a la clasificación mencionada, dentro del ámbito espacial, es indudable que la LCE y su Reglamento, la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, el Reglamento General del OSINERG y todas las resoluciones expedidas por el Consejo Directivo del OSINERG, constituyen normas de derecho interno, que deben ser obligatoriamente respetadas dentro del ámbito nacional; Que, el Artículo 42 de la LCE establece que los precios regulados reflejarán los costos marginales de suministro, mientras que el Artículo 47 dispone que para la fijación de Tarifas en Barra, el COES-SINAC efectuará los cálculos, proyectando la demanda para los próximos 48 meses. El COES-SINAC ha considerado en su propuesta tarifaria la proyección de la demanda del Ecuador, sin tomar en cuenta que sus facultades no pueden exceder al ámbito nacional. Como se ha dicho anteriormente, la LCE y su Reglamento son normas de Derecho interno que enmarcan el área de acción de las entidades del país. Ninguna entidad, incluido el COES-SINAC, puede ejercer facultades mas allá de su área de acción, limitada por el ámbito interno. La consideración dentro del horizonte de 48 meses, de la demanda de Ecuador, no puede efectuarse sin que exista la norma legal que faculte al COES-SINAC a extender los alcances de la LCE considerando en la propuesta tarifaria, tal factor externo al país; Que, del mismo modo, el OSINERG, que cuenta en exclusividad, con la facultad regulatoria de las Tarifas en Barra, no puede fijar éstas, considerando dentro de los cálculos tarifarios la demanda de Ecuador, habida cuenta que las disposiciones de la LCE y su Reglamento, sólo le faculta a ejercer su accionar en el ámbito interno; Que, con independencia de lo expresado, se ha señalado, con ocasión de la última fijación de Tarifas en Barra en el mes de mayo pasado, que la Decisión 536 expedida por la Comunidad Andina de Naciones, contiene disposiciones que se encuadran dentro de dos vías. Aquellas que pueden ser cumplidas de inmediato y, otras que, para su implementación, requieren de la expedición de normas dictadas por el Perú a fin de que puedan aplicarse correcta y efectivamente; Que, el Artículo 12 de dicha Decisión establece que el despacho económico de cada país considerará la oferta y la demanda de los países de la subregión equivalente en los nodos de frontera; sin embargo, dicha norma no es de aplicación directa e inmediata, en la medida en que su aplicabilidad requiere la armonización de los marcos regulatorios andinos y un desarrollo legislativo interno en los países que conforman la comunidad lo que, hasta la fecha para el caso peruano, es una tarea pendiente; Que, en este sentido, el OSINERG ha actuado respetando las normas vigentes, pues

11 Torres Vásquez, Aníbal; Introducción al Derecho, Teoría General del Derecho, Palestra Editores, 1999.

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se ha ceñido al ámbito espacial de la LCE y de su Reglamento y se encuentra a la espera de las disposiciones legales pertinentes que le permita accionar en el cumplimiento de la Decisión 536, antes mencionada; Que, asimismo, se debe recordar que el Ministerio de Energía y Minas, en relación al tema, hizo llegar al OSINERG el Oficio Nº 471-2003-EM-VME, en el que señaló que, en cumplimiento de su rol normativo, le corresponde desarrollar los instrumentos legales necesarios, con el aporte del organismo regulador y de los diferentes actores integrantes del sistema; Que, en relación a lo afirmado por EDEGEL en el sentido de que el OSINERG ha resuelto anteriormente casos en que a pesar de la falta de información, procedió a calcular la demanda, citando el caso de la Resolución OSINERG Nº 1492-2002-OS/CD, debe señalarse que existe error de apreciación en el ejemplo citado como antecedente. En efecto, en dicha resolución, el OSINERG efectuó una amplia exposición respecto a la aplicación del principio de verdad material para sustentar el hecho de que la decisión adoptada en la resolución que se recurrió en dicha oportunidad se sustentó con toda la información existente al momento en que el Consejo Directivo del OSINERG adoptó la decisión, no pudiendo cuestionarse tal decisión con información generada después de la fecha de la resolución regulatoria correspondiente. Como es de apreciar, el caso resuelto con la Resolución OSINERG Nº 1492-2002-OS/CD no resulta de aplicación para el caso planteado en esta oportunidad por Edegel, toda vez que la posición del OSINERG se sustenta principalmente en la falta de normatividad legal para incluir la demanda de Ecuador en el cálculo tarifario; Que, de otro lado, en lo referente a la utilización por parte del OSINERG, de las fuentes supletorias, en caso que no se cuente con la reglamentación necesaria para considerar la demanda de Ecuador, ello no es posible, por cuanto, como se ha señalado, el problema está en la falta de reglamentación que faculte al OSINERG a poder implementar la Decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones, reglamentación que como ya se mencionara, debido a la jerarquía de normas, no puede ser expedida por el propio OSINERG; Que, respecto a la afirmación de que el OSINERG, en el caso del precio del gas natural de Camisea, acudió a criterios generales para fijar la tarifa, ello no es así, por cuanto se encontraba vigente la Ley Nº 27133, Ley de Promoción de la Industria del Gas Natural, que faculta al OSINERG a fijar las tarifas correspondientes al transporte y distribución de gas natural por red de ductos. El OSINERG, en uso de la facultad señalada, se limitó a utilizar los criterios que aparecían en la prepublicación de la norma sobre procedimiento de cálculo de tarifas de transporte y distribución de gas natural por red de ductos. Es decir, sí existía la disposición legal que otorgaba la facultad regulatoria sobre dicho tema al OSINERG; Que, de lo expuesto anteriormente queda claro que la motivación del OSINERG para no incorporar la demanda de Ecuador en la fijación de Tarifas en Barra se debe principalmente a razones legales, constituyendo las razones técnicas -expuestas en el informe que sustenta la resolución recurrida- aspectos secundarios, válidos en tanto las disposiciones legales necesarias sean expedidas. Lo afirmado significa que, dependiendo los aspectos técnicos de las normas legales a expedirse, se considera innecesario manifestarse sobre los mismos, toda vez que no constituyen la cuestión de fondo del asunto tratado, además de desconocerse a la fecha los alcances de tales normas legales; Que, respecto a la fecha de entrada en operación de la línea de transmisión Zorritos-Zarumilla, el recurrente señala que el OSINERG no ha sustentado el porqué se considera como fecha de entrada en operación de dicha línea, el mes de marzo del año 2005, cuando, según consta en el contrato suscrito entre TRANSELECTRIC y REP, la fecha comprometida es el 30 de setiembre de 2004. En este sentido, el OSINERG, dentro de su responsabilidad reguladora, ha considerado, en uso de una prudente y razonable facultad discrecional, tomar como referencia la fecha máxima permisible a REP, es decir, el mes de marzo de 2005, considerando (tal como lo acepta también EDEGEL) que “los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos”. No es cierto que el OSINERG haya establecido dicha fecha sin sustento alguno, pues así como EDEGEL apoya su propuesta en un contrato, el OSINERG apoya su decisión en otro. En adición a lo expuesto, debe quedar claro que la fecha de entrada en

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operación de la citada línea de transmisión no constituye un hecho decisorio para incluir la demanda de Ecuador, sino, como está dicho anteriormente, su inclusión depende de la expedición de los dispositivos legales pertinentes; Que, por otro lado, con relación a las rentas por congestión (que como ya se dijo forma parte de los aspectos técnicos que comentara el OSINERG), llama la atención como la recurrente, sobre este tema, sí señala que no es posible su tratamiento debido a la no existe de la normativa que la regule, y, no obstante, para el caso de la demanda de Ecuador señala que no es necesario desarrollar normativa adicional. Esto demuestra la utilización conveniente de criterios contrapuestos por la recurrente; Que, complementariamente a todo lo expuesto anteriormente, se debe manifestar que de acuerdo a los considerandos que motivan la Decisión 536 de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante “CAN”), las interconexiones de los sistemas eléctricos de los países miembros de la CAN están destinadas a brindar beneficios en términos económicos, sociales y ambientales, así como a la utilización óptima de los recursos energéticos y a la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico; es decir, se entiende, que el objetivo de las interconexiones dentro del marco de la Decisión 536 de la CAN es generar beneficios al conjunto de los países interconectados, no sólo en términos económicos, sino también en términos de seguridad y calidad de suministro. Para ello, es necesario que las condiciones de operación de los enlaces internacionales permitan lograr estos objetivos. En este sentido, antes de cualquier discusión sobre la inclusión o no de cualquier demanda internacional, se debe efectuar un análisis, desde el punto de vista económico, de si la forma de “operación radial”, que se espera del enlace de interconexión entre Perú y Ecuador, es consistente con los objetivos, en términos de beneficios y optimización de recursos, que persigue la Decisión 536, de modo tal que ésta le sea aplicable; Que, en razón a las consideraciones expuestas en este numeral, este extremo del recurso de reconsideración de EDEGEL debe ser declarado infundado; Que, finalmente, en lo qué se refiere a la solicitud de nulidad de la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, planteada por EDEGEL, los argumentos expuestos en los considerandos que anteceden demuestran que el OSINERG ha ajustado su actuación dentro de las facultades que la ley le concede, no habiendo incurrido, por tanto, en violación de las disposiciones legales que menciona la recurrente ni de los principios legales que se especifican en el recurso de reconsideración, razón por la cual no es procedente la nulidad solicitada. 2.2 FECHA DE INGRESO DEL PROYECTO YUNCÁN 2.2.1 SUSTENTO DEL PETITORIO Que, menciona la recurrente que, contrariamente a la negativa de incluir la demanda de Ecuador en la fijación de tarifas, el OSINERG ha optado por incluir la central de Yuncán como parte de la oferta, a pesar de su ausencia de factibilidad; Que, señala que Prolnversión ha postergado para el 15 de diciembre de 2003 la fecha de presentación de ofertas de concurso internacional para entregar en usufructo la central hidroeléctrica de Yuncán, habida cuenta que los inversionistas inicialmente interesados decidieron no presentar propuestas en la fecha inicialmente fijada (24 de octubre de 2003), según se puede apreciar en los recortes periodísticos y en la copia del aviso publicado en la página web de Prolnversión que adjunta EDEGEL en su recurso de reconsideración. Sostiene la recurrente que el OSINERG, a la fecha de expedición de la resolución impugnada, no contaba con información que demostrara la viabilidad del proyecto, de modo tal que este no era factible. Señala que sólo cuando se cuente con compromiso de inversión del sector privado, podrá considerarse factible la puesta en servicio de la central Yuncán; Que, señala EDEGEL que la decisión del OSINERG es inconsistente, lo que se evidencia al revisar el análisis que realiza el regulador en este mismo proceso tarifario con relación a otros proyectos destinados a satisfacer una mayor demanda, como es el caso de la interconexión con Ecuador y el subsistema San Martín, dado que la constante variación de la

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fecha de inicio de éste último es un indicio de falta de factibilidad, y por ello el OSINERG decidió retirar el proyecto del proceso de fijación tarifaria. Sin embargo, para el proyecto de la central Yuncán, el OSINERG ha ido reconociendo diversas fechas para el inicio de su operación comercial, a lo largo del tiempo, adjuntando como sustento de esta afirmación un cuadro con las subsecuentes modificaciones. En este sentido, la recurrente señala que la constante variación de fecha de inicio del proyecto Yuncán debió haber sido razón para dudar de su factibilidad y, por tanto, excluirlo de la fijación de tarifas de noviembre de 2003; Que, sostiene la recurrente, para la exclusión del subsistema San Martín, el OSINERG también argumentó que a la fecha no se contaba con financiamiento para su ejecución. EDEGEL señala que nuevamente, si se aplicase este criterio a la central Yuncán, sería evidente que no podría ser considerada como parte de la oferta de generación para los próximos años, ya que a la fecha no se cuenta con todo el financiamiento para que ello ocurra; Que, lo anteriormente indicado, señala, evidencia que el regulador ha utilizado criterios y parámetros distintos para evaluar los proyectos que se le han presentado, mostrando inconsistencia en sus decisiones, que vulnera los principios de predictibilidad e imparcialidad. En este sentido, expresa que los errores en las estimaciones del regulador con relación al inicio y ejecución de determinados proyectos de generación en los diferentes procesos de regulación tarifaria, ha originado una pérdida económica para los generadores a consecuencia de la tarifa diminuta que fija el regulador. Agrega que se estaría de esta manera, enviando una señal perniciosa al mercado que desincentiva la inversión; Que, señala que, el OSINERG considera julio de 2005 como la fecha factible de entrada en operación comercial de la central Yuncán, sin embargo, conforme al contrato de explotación distribuido a los interesados en este proyecto, el plazo máximo para la entrega de esta central es el 1 de julio de 2006. En este sentido, expresa que desde el punto de vista estrictamente legal, la fecha exigible es recién el 1 de julio de 2006, por lo que es inaceptable que el OSINERG haya considerado injustificadamente como fecha factible julio de 2005. 2.2.2 ANÁLISIS DEL OSINERG Que, previamente al análisis de los argumentos presentados por el recurrente, se debe manifestar que conforme a la LPAG, el recurso de reconsideración tiene por objeto contradecir en la vía administrativa un acto de la administración que el administrado considera ha violado, desconocido o lesionado un derecho legítimamente adquirido. Así, tal como señala Gustavo Bacacorzo “(...) reconsiderar es posibilitar que el órgano resolutorio cuyo acto se impugna, pueda nuevamente considerar el caso en principio dentro de las mismas condiciones anteriores (...)”. La afirmación del conocido jurista nacional resulta de singular importancia puesto que, como es lógico, la expedición del acto administrativo que genera la impugnación del administrado, fue dictada a la luz de consideraciones que tuvo a la mano el administrador al momento de adoptar su decisión. El administrador jamás podía basar su opinión en hechos ocurridos posteriormente. De ahí que la presentación del recurso impugnativo, cuyo objeto primordial es que el administrador varié su criterio u opinión de forma tal que se supere la lesión que afecta al administrado, debe sustentarse en pruebas pre-existentes al momento de la aprobación de la resolución; Que, el principio de verdad material contemplado como tal en la LPAG, señala que la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual adoptará las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aún cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas; Que, bajo este principio, el OSINERG tiene implícito el deber de verificar la información existente respecto a la materia cuya decisión se reflejará en una resolución, es decir en un acto administrativo que debe estar rodeado de todas las garantías que permitan tener la certeza que se ha agotado la búsqueda de los hechos reales producidos que sustentarán la decisión; Que, sostiene Gordillo, que “:.. mientras que en el proceso civil el juez debe en principio constreñirse a juzgar según las pruebas aportadas por las partes (verdad formal), en el

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procedimiento administrativo el órgano que debe resolver está sujeto al principio de la verdad material, y debe en consecuencia ajustarse a los hechos, prescindiendo de que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no, por ejemplo, hechos o pruebas que sean de público conocimiento, que estén en poder de la administración por otras circunstancias, que estén en expedientes paralelos o distintos, que la administración conozca de su existencia y pueda verificarlos, etc. Si la decisión administrativa no se ajusta a los hechos materialmente verdaderos, su acto estará viciado por esa sola circunstancia”; Que, debe recordarse que la LPAG exige al funcionario involucrado en la toma de decisión de la administración, a respetar los principios del procedimiento administrativo, a los que hace referencia expresa el Título Preliminar de la mencionada ley, dentro de los que se encuentra el anunciado principio de verdad material; Que, en conclusión, la legalidad del acto administrativo exige que éste se ajuste a la normativa vigente y que, para su expedición, se haya tenido en cuenta toda la información disponible que sustente la decisión reflejada en dicho acto; Que, la LCE y su Reglamento, establecen los pasos a seguir para la determinación de las Tarifas en Barra. De la lectura del Artículo 47 de la LCE se extrae que los cálculos a realizarse están basados en proyecciones de la demanda para los próximos 48 meses. También, se requiere la determinación de un programa de obras de generación y transmisión factibles de entrar en operación en dicho período, la determinación del precio básico de la energía por bloques horarios para el período del estudio, la determinación del precio básico de la potencia, etc. Es decir, resultan componentes de la Tarifa en Barra, las proyecciones con las que debe trabajar el regulador. Toda proyección, claro está, tendrá como resultado la mejor y mayor aproximación posible del dato requerido. Resulta ilusorio pensar que el dato obtenido a base de proyecciones será, finalmente, confirmado a futuro por la realidad de los hechos; Que el procedimiento administrativo para la determinación de las Tarifas en Barra, constituye un procedimiento especial regido por normas propias no contempladas en la LPAG. Tales normas permiten el desempeño, tanto de la potestad reglada del regulador, como de la potestad discrecional. Tal como lo señalan Eduardo García de Enterría y Tomás Ramón Fernández , “... el ejercicio de las potestades regladas reduce a la Administración a la constatación del supuesto de hecho legalmente definido de manera completa y a aplicar en presencia del mismo lo que la propia Ley ha determinado también agotadoramente”. Agregan: “Por diferencia con esa manera de actuar, el ejercicio de las potestades discrecionales de la Administración comporta un elemento sustancialmente diferente: la inclusión en el proceso aplicativo de la Ley de una estimación subjetiva de la propia Administración con la que se completa el cuadro legal que condiciona el ejercicio de la potestad o su contenido particular”; Que, es importante tomar en cuenta que el proceso de regulación de tarifas, al amparo de las disposiciones que sobre transparencia de la regulación existen, conlleva la realización de Audiencias Públicas en las que el administrado tiene la oportunidad de expresar opinión sobre los criterios y metodología utilizada por el regulador para fijar las tarifas. De admitirse la sustentación de los recursos de reconsideración en hechos ocurridos posteriormente a su expedición, se rompería el objeto de la realización de Audiencias Públicas previas a la fijación tarifaria, toda vez que tal fijación podría ser variada por hechos sobrevinientes al acto administrativo; Que, de ello se concluye, que la determinación de las Tarifas en Barra, por su procedimiento especial, requiere efectuar proyecciones que conllevan implícito, la utilización de potestades regladas y discrecionales del regulador, cuyo resultado será apreciado a futuro, lo que originará la decisión de ajustar los presupuestos para la siguiente regulación (regulaciones semestrales, según la LCE); Que, tal como se ha señalado, el procedimiento para la determinación de las Tarifas en Barra, conlleva la aplicación de determinadas proyecciones contempladas en la LCE y su Reglamento. Obtenidos los datos requeridos y disponibles, el Consejo Directivo del OSINERG procede a aprobar la Resolución que fija las Tarifas en Barra. Aquel concesionario que se considere afectado con el acto administrativo expedido por el OSINERG, puede recurrir pre-

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sentando el recurso impugnativo que la ley le franquea, es decir, el recurso de reconsideración. Dicho recurso impugnativo, deberá probar la ilegalidad de los supuestos y decisiones contenidos en la resolución, que afectan, lesionan o violan derechos que el administrado considera legítimos; Que, EDEGEL argumenta la invalidez de la inclusión del Proyecto Yuncán, basado en información generada con fecha posterior a aquella en que el OSINERG expidió la resolución tarifaria que se impugna (13 de octubre de 2003). Ello se da en el caso de la Fecha de Ingreso del Proyecto Yuncán en que, con fecha posterior a dicha resolución, PROINVERSION postergó la fecha de presentación de las ofertas por dos meses, señalando que ninguno de los tres postores precalificados manifestó interés de presentar oferta en la fecha postergada y que un cuarto interesado pidió formalmente se postergue la fecha de presentación de ofertas (originalmente prevista para el 24 de octubre de 2003), lo que queda comprobado con las publicaciones periodísticas de los diarios Gestión y El Comercio, de fecha 22 de octubre de 2003 y con el aviso publicado por PROINVERSIÓN en su página web en el que menciona que el Comité difirió la fecha de presentación de los Sobres Nº 1 y Nº 2 para el 15 de diciembre de 2003; Que, el análisis de los hechos expuestos, nos permite sostener la invalidez legal de basar un pedido de reconsideración en hechos ocurridos luego de que el OSINERG adoptó su determinación respecto a las Tarifas en Barra para el período noviembre 2003-abril 2004. La normatividad administrativa ha obligado al administrador a considerar todos los aspectos que pre-existen al acto administrativo que contendrá la decisión tarifaria; ha obligado pues el irrestricto respeto al principio de verdad material antes mencionado y, finalmente, ha concluido esta etapa con la expedición de la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD. Es en ese momento que los hechos tenidos en cuenta por el OSINERG quedan anclados a efecto de los cuestionamientos que puedan plantear los concesionarios, en su derecho a demostrar que las premisas adoptadas por el regulador no tomaron en cuenta tal o cual procedimiento existente, olvidó aplicar tal o cual norma vigente, o, desdeñó determinada prueba que tuvo a la mano con anterioridad al acto administrativo cuestionado. Ello es así, por cuanto la autoridad reguladora tiene un plazo determinado por la Ley para cumplir con su función de fijación de tarifas. En efecto, la LCE precisa en su artículo 52 que la fijación de las tarifas y sus fórmulas de reajuste mensuales debe ocurrir antes del 30 de abril y 31 de octubre de cada año, según se trate de la determinación tarifaria de mayo o noviembre, respectivamente; Que, de admitirse cuestionamientos al acto administrativo, sustentados en hechos nuevos sobrevinientes a su expedición, significaría cuestionar la validez del principio de verdad material y negar la capacidad del regulador para hacer uso, tanto de su potestad reglada como de la discrecional. Significaría, por último, propiciar la ilegalidad sobreviniente de actos administrativos dictados legalmente al tiempo en que éstos se aprobaron; Que, es a base de las consideraciones expuestas en la presente resolución, que puede concluirse que no es dable sustentar recursos de reconsideración en hechos originados con posterioridad a la fecha en que dichos actos administrativos fueron correctamente aprobados. En tal razón, apoyar la exclusión del Proyecto Yuncán, basado en la postergación de la fecha del concurso público internacional, no se ajusta a ley; Que, se debe rechazar la afirmación de que el OSINERG no habría realizado un análisis para sustentar su decisión de incorporar dentro del plan de obras factible a la central hidroeléctrica Yuncán. Como prueba de ello se reproduce lo expresado por el OSINERG como conclusión que sustento su decisión (Anexo D.3 del Informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003): “Por lo tanto, ante el avance de las obras, habiéndose superado los problemas con el gobierno regional de Pasco, habiéndose establecido una fecha para la presentación de las propuestas del Concurso Público Internacional PRI-71-01 para la promoción de la inversión privada en el Proyecto Yuncán, y tomando en consideración la información tanto de Prolnversión como de Egecen, se puede concluir que se contaría con dicha central dentro del horizonte de estudio. Asimismo, considerando los retrasos de los que ha sido objeto este proyecto anteriormente, se considera razonable tomar en cuenta la fecha informada por

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Proinversión como aquella de inicio de operaciones de la central.” Que, como se puede apreciar, el OSINERG realizó el análisis para sustentar su posición tomando en consideración la información disponible al momento de su decisión, siendo incorrecto por tanto afirmar que no se realizara análisis alguno; Que, respecto de la afirmación de la recurrente en el sentido de que la central Yuncán sólo podrá ser considerada como factible cuando se materialice el compromiso de inversión por parte del sector privado y se suscriba el contrato de construcción correspondiente, debe señalarse que la construcción de dicha central se ha venido realizando hasta la fecha sin dicho compromiso; teniendo en consideración el hecho de que paralizar la obra mientras se efectúe el proceso de transferencia en usufructo al sector privado, resultaría en un perjuicio económico mayor para el Estado Peruano, puesto que, mientras más demore la finalización de la central, mayores serán los interés que tendrá que honrar el Estado como producto del financiamiento otorgado por el Japan Bank for International Cooperation para su construcción. Esto es tan así, que tanto el COES-SINAC como el OSINERG están de acuerdo en la factibilidad de la central Yuncán durante el presente proceso regulatorio, habiendo existido diferencias, sin embargo, respecto de la fecha de puesta en servicio de la central; dichas diferencias se analizaron en el informe OSINERG-GART/DGT Nº 050A-2003 mediante la revisión de los argumentos pre-sentados por el COES-SINAC como sustento de su propuesta, y los argumentos adicionales que sustentaron la posición del OSINERG; Que, respecto a la supuesta inconsistencia de la decisión de OSINERG, tomando como argumento el paralelo realizado por la recurrente entre el proyecto de interconexión del subsistema San Martín al Sistema Interconectado Nacional y la central hidroeléctrica Yuncán, se debe aclarar que, en principio, la central hidroeléctrica Yuncán es una obra en construcción con un nivel de avance a la fecha de la resolución recurrida, de aproximadamente sesenta por ciento, mientras que la línea de interconexión al subsistema San Martín es un proyecto cuya construcción ni siquiera se ha iniciado. Así, tomando en consideración lo anterior, no es posible aplicar los mismos criterios a una obra en marcha y a un proyecto cuyo inicio de obras inclusive es incierto. Así, el OSINERG toma en cuenta los avances producidos con el tiempo en cada central o línea de transmisión que puedan ser candidatos a formar parte del programa de obras para tomar su decisión acerca de incluirlas o no; Que, en ese sentido, en el caso del subsistema San Martín, el OSINERG requirió al COES-SINAC se presentase, entre otros, un cronograma de la realización del proyecto que, como información mínima, permitiera realizar una evaluación adecuada. Sin embargo, en la absolución de observaciones del COES-SINAC, no se presentó esta información. De otro lado, el OSINERG solicitó, también, mediante Oficio Nº 147-2003-OSINERG-GART/DGT la misma información a la Dirección Ejecutiva de Proyectos del Ministerio de Energía y Minas (DEP-MEM), no habiendo recibido la información solicitada a pesar de ser esta entidad la encargada del proyecto. Así, sobre la base de la información con que se contó, referida sólo a los antece-dentes sobre este proyecto, el OSINERG mediante el mejor uso de su discrecionalidad decidió no incluirlo por los continuos cambios de fecha informados y, la falta de financiamiento del íntegro del mismo; Que, como ya se indicó anteriormente, en el caso de la central Yuncán, se contó con información que dio cuenta que: las obras no se paralizaron aun ante la presencia de dificultades con la Región Pasco, se había resuelto dichas dificultades, se había convocado a un proceso de licitación y, se contaba con un programa de obras hasta la puesta en servicio. Asimismo, es claro que la central cuenta con financiamiento y que aun cuando no se transfiera al sector privado, su construcción no podría detenerse debido a la penalidad económica que ello le significaría al Estado Peruano. Sobre esa base, el OSINERG tomó la mejor decisión considerando la información disponible; Que, respecto a que el contrato de explotación distribuido a los interesados en la central Yuncán, establece que el plazo máximo para la entrega de esta central es el 1 de julio de 2006 se debe reproducir los primeros párrafos de la cláusula 2.3.1 del referido contrato: “EGECEN se compromete a entregar la CENTRAL al USUFRUCTUARIO para su uso y

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disfrute el 01 de julio de 2005 (en adelante Fecha de Entrega Prevista). Si la CENTRAL no se entrega en la fecha indicada, el USUFRUCTUARIO estará obligado a aceptar un retraso de hasta 12 meses contados a partir de la Fecha de Entrega Prevista. Transcurrido el plazo de 12 meses, será facultad del USUFRUCTUARIO continuar con el Contrato o darlo por resuelto, siendo aplicable en este caso en forma automática lo dispuesto en el literal b del numeral 11.3, en lo que respecta exclusivamente al componente financiero de la compensación por atraso. (…) En caso que la CENTRAL llegue a tener existencia antes del 30 de junio de 2005, se procederá a la entrega de la CENTRAL bajo las condiciones antes mencionadas, en la fecha que indique EGECEN a través de carta notarial dirigida al USUFRUCTUARIO con una anticipación de 30 días. En este caso, en la Fecha de Entrega Efectiva fijada por EGECEN, el USUFRUCTUARIO además de cumplir con lo establecido en los párrafos precedentes, deberá efectuar el pago total de las cuotas del Derecho de Acceso que no se hubiesen devengado hasta tal fecha.” Que, como se puede apreciar, existe un compromiso para entregarla central Yuncán al usufructuario el 1 de julio de 2005, y si bien es cierto que se hace referencia a la obligación de aceptar un retraso de hasta doce (12) meses en la entrega de la central, también se hace referencia a la posibilidad de entregarla anticipadamente si las obras se finalizasen antes del 30 de junio de 2005. Es decir, el contrato contempla ambas posibilidades. Por ello, es claro que la entrega dependerá de la fecha de finalización de las obras, y es en la estimación de dicha fecha que han realizado su análisis tanto el COES-SINAC (en su propuesta tarifaria), como el OSINERG (en la resolución que fija la tarifa), habiéndose ya expresado que existieron razones suficientes en su momento, para motivar la decisión del OSINERG de estimar la fecha de ingreso de la central en julio de 2005. Debe quedar claro que, como todo estimado, se revisará la fecha Considerada a medida que se cuente con mayores elementos de juicio como resultado del avance de las obras; Que, por las consideraciones anotadas, este extremo del recurso de reconsideración deberá ser declarado infundado. Que, por las consideraciones anotadas es de apreciar que el OSINERG ha cumplido con las disposiciones legales vigentes sobre las materias contenidas en el recurso de reconsideración, habiendo ajustado su accionar al cumplimiento de los principios contenidos en su reglamento interno y en la LPAG, de manera tal que el pedido de nulidad de la resolución impugnada, resulta improcedente. Escuchada la exposición oral de los representantes de EDEGEL, que hicieron uso de la palabra en el curso de la sesión del Consejo Directivo de fecha 12 de diciembre de 2003; y, De conformidad con lo establecido en la Ley Nº 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, en el Reglamento General del OSINERG, aprobado por Decreto Supremo Nº 054-2001-PCM; en el Decreto Ley Nº 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y en su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 009-93-EM, en lo dispuesto en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en lo dispuesto en la Ley Nº 27838, Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimiento Regulatorios de Tarifas; SE RESUELVE: Artículo 1.- Declárese improcedente la solicitud de nulidad efectuada por la Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A.A., EDEGEL, contra la Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD. Artículo 2.- Declárese infundado en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto por Empresa de Generación Eléctrica de Lima S.A.A., EDEGEL, contra la

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Resolución OSINERG Nº 162-2003-OS/CD, por las razones señaladas en los apartados 2.1.2 y 2.2.2 de la parte considerativa de la presente resolución. Artículo 3.- Incorpórese el Informe OSINERG-GART/DGT Nº 002-2004 - Anexo 1, como parte integrante de la presente resolución. Artículo 4.- La presente Resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano y consignada, junto con su Anexo 1, en la página WEB de OSINERG: www.osinerg.gob.pe. ALFREDO DAMMERT LIRA Presidente del Consejo Directivo

PROMPEX

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones para Contrataciones de PROMPEX para el ejercicio presupuestal 2004

RESOLUCION DE DIRECCION EJECUTIVA Nº 004-2004-PROMPEX-DE

COMISIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES

Lima, 7 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, establece la obligatoriedad para que la entidad elabore un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones, el mismo que será aprobado por el Titular del Pliego; Que, mediante Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR de fecha 25 de junio del 2003 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 27 de junio del mismo año, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, cuyo artículo 169 establece que el Director Ejecutivo es la máxima autoridad ejecutiva de la entidad, Titular de la entidad y del Pliego Presupuestario; Que, mediante Resolución Suprema Nº 017-2003-MINCETUR de fecha 3 de julio del 2003 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 4 de julio del mismo año, se designó al señor Jorge Luis Montero Urbina como Director Ejecutivo de PROMPEX; Que, la Oficina de Administración y Finanzas ha propuesto el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el año 2004, en base a las necesidades identificadas en las diferentes unidades orgánicas de la Institución; Que, en tal sentido es necesario aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones para el ejercicio presupuestal 2004; De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM y el artículo 16 del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPEX, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2003-MINCETUR; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Comisión para la Promoción de Exportaciones - PROMPEX, para el ejercicio presupuestal 2004, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

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Artículo 2.- Disponer que el Plan Anual sea remitido al CONSUCODE, así como a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa - PROMPYME, dentro de los diez días siguientes a la aprobación del mismo, conforme lo dispone el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM. Artículo 3.- Disponer que el Plan Anual aprobado esté a disposición de los interesados, en el Departamento de Logística y Servicios Auxiliares de PROMPEX, ubicada en la Av. República de Panamá Nº 3647 - 3651, San Isidro, y en la página WEB de PROMPEX, conforme lo dispone el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM. El costo de reproducción del Plan Anual aprobado es de S/. 8.00 (Ocho y 00/100 Nuevos Soles). Artículo 4.- Autorizar a la Oficina de Administración y Finanzas de PROMPEX, para que proceda a publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano dentro de los diez días hábiles siguientes a su expedición, conforme lo dispone el numeral 2 del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM. Regístrese, comuníquese y publíquese. JORGE MONTERO URBINA Director Ejecutivo

SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

Aprueban Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la SEPS para el ejercicio 2004

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 001-2004-SEPS-S

Lima, 8 de enero de 2004 CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 012-2001-PCM, las Entidades de la Administración Pública elaborarán un Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones que contemple los bienes, servicios y obras que requerirán durante el ejercicio presupuestal, así como el monto del presupuesto requerido, el mismo que debe ser aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa de la Entidad; Que, con fecha 30 de diciembre de 2003, mediante Resolución de Superintendencia Nº 089-2003-SEPS/CD, fue aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud para el Año Fiscal 2004; Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2001-PCM; el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones será aprobado dentro de los 30 días naturales siguientes de aprobado el Presupuesto Institucional; y, la Resolución que lo aprueba deberá publicarse en el Diario Oficial El Peruano dentro de los 10 días hábiles siguientes de su expedi-ción; Que, mediante la Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE/PRE, aprobada por Resolución Nº 380-2003-CONSUCODE/PRE, se establecen disposiciones generales y específicas de obligatorio cumplimiento, para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones

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de las Entidades Públicas; En uso de las facultades conferidas en el artículo 9 del Reglamento de Organización y Funciones de la SEPS, aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 029-2001-SEPS/CD; SE RESUELVE: Artículo Primero.- APROBAR el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud para el Ejercicio Fiscal 2004, contenido en el Anexo (01 folio) que forma parte integrante de la presente Resolución. Artículo Segundo.- DISPONER que el Plan aprobado en el Artículo Primero sea remitido al CONSUCODE y a la Comisión de Promoción de la Pequeña y Microempresa - PROMPYME, debiendo estar, asimismo, a disposición de los interesados en la Página Web de la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud y en la Sede de la SEPS, sito en la Av. Velasco Astete Nº 1398, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. Artículo Tercero.- DETERMINAR que la distribución del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones se efectuará de manera gratuita a quienes lo soliciten. Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Administración y Finanzas la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su emisión. Regístrese, comuníquese y publíquese. CÉSAR AUGUSTO DONAYRE CÁRDENAS Superintendente