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EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE ANTIGUA, S.L. C.I.F. B-35642198 http://www.aguasdeantigua.com
SR. RELATOR ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS AL AGUA POTABLE Y EL SANEAMIENTO NACIONES UNIDAS
Input for SR watsan’s 2021 reports
Antigua (Fuerteventura) a 14 de abril de 2021
Sr. Relator
Conocedores de la convocatoria pública para participar en el informe de 2021 sobre la
planificación y visión y sobre la mercantilización del agua, le acompañamos
seguidamente las respuestas de esta Sociedad, como actor no estatal, al cuestionario que
ha planteado a tal efecto.
Atentamente,
FELIPE E. GARCÍA GONZÁLEZ
Gerente
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PALAIS DES NATIONS • 1211 GENEVA 10, SWITZERLAND
www.ohchr.org • TEL: +41 22 917 9000 • FAX: +41 22 917 9008 • E-MAIL: [email protected]
Mandato del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento
Cuestionario para actores no estatales
Informe para el 48º período de sesiones del Consejo de
Derechos Humanos (2021) sobre la planificación y visión
Informe para el 76º período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas (2021) sobre la
mercantilización del agua
I. COVID-19 y los derechos humanos al agua y el saneamiento
1. En el contexto de la pandemia de la COVID-19 y de las estrategias de protección
y recuperación en los países en los que trabaja su organización ¿qué medidas se han
puesto en marcha, por los gobiernos y operadores, públicos o privados, para asegurar
que toda la población tenga un acceso adecuado y suficiente a los servicios de agua,
saneamiento e higiene?
Gobierno Estatal. Medidas:
El Gobierno de España declaró un primer estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de
14 de marzo) prorrogado hasta el 21 de junio de 2020; y con posterioridad un segundo
estado de alarma (Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre), prorrogado hasta el 9 de
mayo de 2021. Con estas declaraciones dispuso de la base legal para adoptar distintas
medidas y decisiones frente a la pandemia. Respecto de los servicios de agua y
saneamiento las más relevantes fueron:
- medidas de protección para los «servicios esenciales», determinando que las
empresas prestadoras o gestoras de servicios esenciales venían obligadas a
adoptar las medidas organizativas y técnicas que resultaran necesarias para
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garantizar la prestación de los servicios esenciales que constituye su actividad
fundamental.
- Entre los servicios esenciales se incluyeron distintos servicios del ciclo integral
del agua. En concreto la Orden SND/274/2020, de 22 de marzo, regula las
medidas para garantizar el correcto funcionamiento de servicios de
abastecimiento a la población de agua de consumo humano y de saneamiento de
aguas residuales urbanas.
Empresa. Medidas:
Desde el primer momento en que las Autoridades Sanitarias españolas comenzaron a
facilitar información y recomendaciones respecto de los eventuales efectos una la
situación epidémica derivada del nuevo coronavirus (COVID-19), esta compañía inició
el desarrollo de un plan de contingencia específico a través del cual definir y coordinar
las directrices de actuación en todos los ámbitos de prestación de los Servicios de Agua
que prestamos, con la finalidad de:
• Asegurar la continuidad en la prestación de los servicios esenciales que
gestionamos en nuestro ámbito de actuación territorial.
• Proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores, de los colaboradores
externos y de los usuarios de los servicios
• Reducir el impacto de la epidemia en las actividades propias de nuestra empresa.
En ese proceso de definición y desarrollo de medidas de contingencia es imprescindible
destacar que siempre se tuvieron en cuenta las directrices marcadas por las Autoridades
Sanitarias correspondientes, en este caso el Ministerio de Sanidad, y de igual modo los
protocolos establecidos en el territorio por la autoridad sanitaria autonómica, la
Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias
A modo de resumen y sin ánimo de ser exhaustivo, se relacionan seguidamente las
medidas implementadas al objeto de asegurar a la población la prestación de los
servicios esenciales de aguas:
a) Se dota de normalidad a la prestación del Servicio mediante la adaptación de las
actividades que se desarrollan, priorizando que los procesos operativos críticos
de los servicios del ciclo integral del agua se lleven a cabo con las mínimas
afectaciones posibles, para asegurar la disponibilidad y calidad de los servicios
prestados. En términos genéricos se mantienen las actividades básicas y se
reducen aquellas que no se consideran imprescindibles. Así se continúan
desarrollando las actividades relativas a control técnico y sanitario de caudales
(cloro, calidad, etc.), potabilización, desinfección, reparación de averías y
desarrollo de las actuaciones de mantenimiento correctivo que sean necesarias,
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revisión niveles de depósitos, reconexiones, atención no presencial a usuarios,
seguimiento de principales variables y equipos críticos de las plantas de
tratamiento de agua y sus infraestructuras asociadas, etc. Se reducen al mínimo
las labores de mantenimiento preventivo o predictivo. La búsqueda de fugas de
agua potable se reduce en intensidad, aunque manteniéndola para evitar
roturas mayores.
b) Se suspenden los cortes de suministro a los abonados, para permitir a todos el
acceso continuo al agua, protegiendo la salud de todos los usuarios.
c) Creación de equipos independientes de trabajo operativo en las diversas áreas
de los Servicios de Agua, dado que las características de la actividad requieren
una labor presencial que imposibilita el teletrabajo. Estos equipos de trabajo
operativo funcionan de forma independiente, a efectos de evitar cualquier
riesgo de contagio y, en caso de que se detectase en alguno de ellos, tener que
establecer un periodo de cuarentena. El diseño de este operativo implica
asimismo la disposición de un tercer equipo de retén, para garantizar la
normalidad del trabajo de suministro de agua. La segregación de estos equipos
de trabajo implica asimismo la supresión de cualquier contacto directo o
indirecto, tanto en instalaciones como vestuarios.
d) De otro lado, se optimizan y extreman las medidas de higiene personal.
e) Dadas las características de la actividad cotidiana del ciclo integral del agua, las
instrucciones de trabajo a las empresas contratistas se facilitan básicamente de
forma telefónica o telemática, sin carácter presencial.
f) De la misma manera, para garantizar la esterilidad de las operaciones, se
cancelan todas las visitas a las instalaciones, salvo en actividades esenciales
como es el transporte de materiales necesarios para asegurar la salubridad del
agua y el normal funcionamiento de dichas instalaciones.
g) Para minimizar riesgos de eventual desabastecimiento de productos o
componentes debido al carácter global de esta crisis, Aguas de Antigua procedió,
con la colaboración de las empresas suministradoras, a hacer un
aprovisionamiento del material necesario para asegurar la continuidad del
suministro con las garantías habituales.
h) Para proteger a la población, en especial a las personas mayores como colectivo
especialmente vulnerable y que es el que hace un uso más intenso de los servicios
presenciales de atención al cliente de nuestros Servicios, se procedió al cierre del
acceso a las oficinas de atención comercial al público externo.
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i) Para garantizar la prestación del Servicio se adoptaron todas las medidas
posibles para salvaguardar la salud de nuestra plantilla, a la que corresponde
desarrollar las labores que permiten la continuidad en la prestación. Por tal
motivo, en ese orden interno de protección a nuestros empleados para proteger
la prestación del Servicio se adoptaron medidas como las siguientes:
- Colocación de Poster informativos sobre información del Coronavirus en
todas las instalaciones, recomendaciones sobre higiene de manos en todos
los centros de trabajos y charlas informativas sobre información de
Coronavirus.
- Instalación de jabones antisépticos en aseos y baños.
- Recordatorio del uso obligatorio de epi´s (mascarillas, gafas, guantes)
para los puestos operativos.
- Paralización de todas las formaciones presenciales, viajes, etc.
- Suspensión de reuniones presenciales, habilitación de sistemas
telemáticos como Skype u otros. Fomento de las comunicaciones por vía
telefónica y/o mail entre el personal.
- Suspensión de visitas de terceros a instalaciones y dependencias. En los
casos que esa visita sea imprescindible (proveedores o similar) se efectúa
un control de acceso a los centros de trabajo.
- Implantación de un plan de teletrabajo para las personas y equipos que
por sus funciones puedan hacerlo. Todo el personal en situación de mayor
riesgo sanitario (embarazos, afecciones respiratorias graves y otras
patologías) tiene habilitado teletrabajo.
- Promoción de la limpieza individual de superficies de trabajo que puedan
compartirse y o también teléfonos o dispositivos comunes. Aumento de la
limpieza y desinfección de objetos y superficies que se toquen
frecuentemente como manillas de puertas, pasamanos, pomos, etc.
En definitiva, Aguas de Antigua desarrolló múltiples acciones para garantizar la correcta
prestación del servicio.
Las medidas adoptadas no impidieron, en ningún caso, atender a las necesidades de los
usuarios, dado que la plantilla continuó desarrollando sus tareas en los términos ya
señalados y se reforzaron los canales de atención no presencial, en especial a través de
atención telefónica y oficina virtual y la emisión de comunicados públicos (web, rrss,
etc.) para mantener informados a nuestros usuarios y público en general.
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1.1. En el caso de que los servicios de agua y saneamiento sean gestionados
por operadores privados y estos no puedan cumplir las exigencias derivadas de la COVID
19 ¿qué medidas específicas se han llevado a cabo para asegurar que la población cuenta
con un acceso adecuado a los servicios e instalaciones de agua, saneamiento e higiene?
No se tiene conocimiento que en el ámbito territorial dónde Aguas de Antigua desarrolla
su actividad se haya dado ningún supuesto como el planteado.
1.2. En el caso de los servicios de agua y saneamiento sean administrados por
gobiernos locales y municipales (regionales) o bajo gestión comunitaria, y se planteen
dificultades para cumplir las exigencias derivadas de la COVID 19 ¿qué medidas
específicas se han llevado a cabo desde el gobierno central para asegurar que la
población cuente con un acceso adecuado a los servicios e instalaciones de agua,
saneamiento e higiene?
No se tiene conocimiento que en el ámbito territorial dónde Aguas de Antigua desarrolla
su actividad se haya dado ningún supuesto como el planteado.
2. En los países donde su organización trabaja, ¿qué medidas temporales, de
carácter político o legislativo, han sido implementadas en el contexto de la COVID-19
(incluyendo el estado de emergencia, leyes de emergencia o moratorias) para prohibir
cortes de agua para aquellos que no son capaces de pagar las tarifas establecidas por
estar en situación de pobreza y vulnerabilidad?
El Gobierno de España adoptó distintas medidas sobre esta cuestión, concretamente:
• Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
- Artículo 4: Medidas de garantía de suministro a los consumidores
vulnerables.
• Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19.
- Artículo 29: Garantía de suministro de agua con carácter general (artículo
29).
• Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer
frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la
vivienda y en materia de transportes.
- Disposición Adicional Cuarta: Extensión de la protección durante el estado
de alarma a los colectivos vulnerables.
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2.1. ¿Qué medidas se han tomado, ya sea por operadores públicos o privados,
para asegurar la asequibilidad de los servicios de agua para aquellos que no pueden
costear el precio de las facturas por razones más allá de su control, incluyendo el
desempleo y la pobreza, los cuales han incrementado como consecuencia de la pandemia
de la COVID-19?
La principal medida adoptada por este operador privado, con la conformidad de las
administraciones públicas competentes, fue la suspensión de los cortes de suministro a
los abonados, para permitir a todos el acceso continuo al agua, protegiendo la salud de
todos los usuarios. Esta medida, inicialmente adoptada de forma unilateral, tuvo
posterior reflejo en la normativa estatal para su aplicación durante el período en que
estuvo en vigor el primer estado de alarma decretado por el Gobierno de España.
Las autoridades públicas han dispuesto la dotación de partidas presupuestarias para
cubrir las necesidades básicas de personas vulnerables:
- A nivel estatal: El Ingreso Mínimo Vital, una prestación dirigida a prevenir
el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o
están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos
económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas.
- A nivel del Gobierno de Canarias: la Prestación Canaria de Inserción, una
Ayuda económica básica que apoya a la integración social, y están
destinadas a personas en situación de pobreza, marginación y exclusión
social, para conseguir su inserción social, económica y laboral.
- A nivel local: muchas entidades locales, por ejemplo, el de Las Palmas de
Gran Canaria, han implementado Prestaciones Económicas de Especial
Necesidad que, entre otras, tienen la finalidad de Atender situaciones
sobrevenidas o imprevistas que produzcan desequilibrios
socioeconómicos en la familia y Cubrir necesidades básicas de las
personas beneficiarias de la prestación.
En el caso de este operador privado las medidas adoptadas han sido:
- Refuerzo de los canales de atención a los usuarios, a fin de disponer de
más y mejores vías de comunicación y así facilitar que los usuarios
vulnerables puedan trasladar su situación, dispongan de información
sobre qué ayudas pueden acceder y cómo hacerlo.
- Mejora de la cooperación con los Servicios Sociales municipales para
facilitar una acción coordinada en la respuesta y atención a las personas
en situación de vulnerabilidad.
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- Incremento de las facilidades de pago, mayores plazos de pago y
fraccionamiento de importes todo ello sin ningún tipo de cargo adicional
para, en definitiva, mantener la continuidad del servicio atendiendo a la
capacidad de los usuarios.
- No presentación de ningún tipo de solicitud de revisión de las tarifas
aplicables.
- Reforzamiento e impulso de fondos sociales y bonificaciones tarifarias.
- Eliminación de la suspensión del suministro respecto a cualquier usuario
en situación de vulnerabilidad.
2.2. En el contexto de la pandemia, ¿se respetó la seguridad y la libertad de los
defensores de los derechos humanos al agua y al saneamiento durante protestas contra
las desconexiones de servicios y movimientos en defensa del acceso y la calidad del
agua?
No se tiene constancia de que se produjera ningún acto de protesta.
3. ¿Cuáles son las vulnerabilidades exacerbadas por la COVID19 que afectan
negativamente al acceso de las personas al agua, el saneamiento y la higiene (WASH)?
¿Qué medidas y pasos se han tomado para identificar y aliviar la situación de aquellos
individuos y grupos en mayor situación de vulnerabilidad? ¿Puede proporcionar casos,
estadísticas o ejemplos específicos? En particular:
3.1. ¿Cuáles son los retos específicos a los que se enfrenta la población que vive
en las zonas rurales y la población que dependen de servicios comunitarios de agua y
saneamiento? ¿Cómo se han abordado estos retos?
En el ámbito territorial dónde Aguas de Antigua desarrolla su actividad no existen
fórmulas de gestión de servicios de agua y saneamiento a través de organizaciones
comunitarias.
3.2. ¿Cuáles son los retos específicos a los que se enfrenta la población que vive
en zonas con estrés hídrico y/o regiones semiáridas?
El ámbito territorial dónde Aguas de Antigua desarrolla su actividad, dada su situación
geográfica, es una zona con tradicional carestía de agua natural. El reto para superar el
estrés hídrico fue y continúa siendo, disponer de tecnologías válidas para el tratamiento
de aguas, inicialmente a través de desalación de agua de mar para obtener recursos
hídricos y en la actualidad destinando preferentemente los caudales de agua desalada
hacia el consumo de la población y facilitando el uso de las aguas regeneradas (aguas
residuales tratadas a través de proceso de depuración que permite su reutilización) en
otras actividades como riego, limpieza de calles, etc.
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Tal y como señalamos en la encuesta promovida por el anterior Relator, en el caso de las
Islas Canarias el mayor reto es seguir manteniendo la garantía de disponibilidad de
forma sostenible. Las Islas no cuentan con aguas superficiales y sus recursos
subterráneos son cada vez más escasos dada la cada vez más menor pluviometría
derivada del cambio climático. Disponer de más y mejores infraestructuras de
tratamiento de agua es el desafío inmediato:
- Infraestructuras de desalación que permitan captar agua de mar y destinarla
al abastecimiento. Estas plantas deben ser ecoeficientes, con menor consumo
de recursos y menos contaminantes, para ello resulta como mejor opción
plantas de tamaño adecuado y ubicadas de forma estratégica que permitan
garantizar caudales a todo el territorio, evitando la existencia de múltiples
pequeñas plantas de autoabastecimiento que impiden un adecuado control
de los recursos y su calidad, y dificultan el mantenimiento de un sistema
general comunitario que garantice el agua a todas las personas en adecuadas
condiciones de accesibilidad, calidad y asequibilidad.
- Infraestructuras de depuración, que también con criterios de ecoeficiencia
(menor consumo de recursos y mayor calidad de agua resultante) facilite la
disponibilidad de agua regenerada para usos no potables (riego, limpieza,
industria, etc.), fomentando una reutilización sostenible de los caudales
existentes y permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos
existentes para el consumo humano. En este aspecto, la inexistencia de
infraestructuras públicas para permitir el uso de agua regenerada, impide a
Aguas de Antigua destinar a otros usos el total de los caudales que trata en las
plantas de depuración que gestiona. Del total de metros cúbicos depurados y
susceptibles de ser reutilizados (aproximadamente 16 millones de m3 al año),
únicamente pueden ser reutilizados, por no existir infraestructuras
suficientes, unos 7 millones de m3 al año.
3.3. ¿Cuáles son los retos específicos a los que se enfrenta la población que vive
en campos de refugiados, en las comunidades de acogida que absorben a refugiados y
solicitantes de asilo o desplazados forzosos, en los barrios marginales y en los
asentamientos informales de las zonas urbanas y periurbanas? ¿Y los trabajadores
temporeros?
Los retos en esta materia en Canarias son de similares características a las del resto de
Europa. En este sentido, la Unión Europea a través de la reciente Directiva (UE)
2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2020 relativa
a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano plantea una serie de medidas
destinadas a afrontar este tipo de retos.
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3.4. Además de los grupos mencionados que han sido identificados como
brechas en la investigación del Relator Especial hasta el momento, ¿a qué otros grupos
y población se debe dar prioridad debido al aumento de la vulnerabilidad que ha creado
la COVID19?
En el sector del agua se ha vinculado tradicionalmente la vulnerabilidad del usuario con
su capacidad económica. Esta concepción se va superando lentamente mediante la
incorporación normativa de aspectos sociales y culturales. Así se hace, por ejemplo, en
el Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y
usuarios frente a situación de vulnerabilidad social y económica, en la que la cuestión de
la «vulnerabilidad» se contempla desde una perspectiva global, no exclusivamente
económica.
En esta consideración y en el marco específico del sector del agua, la posible
vulnerabilidad por cuestiones sociales vendría determinada en su caso por criterios
estrictamente culturales que, en principio, no parecen existir.
Políticas públicas
4. En los países donde su organización trabaja, ¿qué medidas se han tomado a través
de políticas públicas, y otras leyes centradas en aumentar la resiliencia y sostenibilidad
(“Building Back/Forward Better”) para hacer frente al incremento de las
vulnerabilidades que afectan a individuos y grupos por la pandemia?
4.1. ¿Qué conclusiones pueden extraerse de la respuesta a la COVID-19 en
relación al aumento de la protección social y la resiliencia de cara a potenciales crisis
futuras de salud pública?
Resulta imprescindible continuar en el impulso por alcanzar los ODS de la Agenda
2030, en especial, el objetivo 6 (acceso al agua y al saneamiento), el 1 (fin de la
pobreza), asegurando el suministro de agua a las familias en situación de
vulnerabilidad a través de tarifas y fondos sociales desarrollados en cooperación con
las entidades locales, el 13 (lucha contra el cambio climático), y el 17, valorando la
eficacia de las alianzas como motor del cambio. Sólo la sostenibilidad garantiza la
resiliencia del sistema.
4.2. ¿Qué medidas se han tomado para garantizar el agua, el saneamiento y la
higiene como parte del fortalecimiento de la política de salud pública? ¿Qué impacto (si
lo hay) tuvieron las medidas de protección frente a la COVID-19 en cuestiones
relacionadas con los derechos humanos al agua y al saneamiento, como proyectos
relacionados con la higiene menstrual?
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En el ámbito territorial dónde Aguas de Antigua desarrolla su actividad no existe
constancia de acciones y/o proyectos enmarcables en esa tipología.
4.3. En su opinión, y haciendo referencia tanto a medidas a corto como a largo
plazo (“Building Back/Forward Better”) ¿qué áreas no han sido abordadas o requieren
mayor atención?
El saneamiento de las aguas, tanto en su vertiente de eliminar o minimizar su capacidad
de contaminación como en la de permitir su reutilización en otros usos. Canarias ha sido
una de las áreas territoriales por las que España ha sido sancionada por la Unión
Europea por no disponer de infraestructuras de depuración en las condiciones exigibles.
El gobierno de España ya ha anunciado que se destinará una partida importante de los
Fondos de recuperación a financiar acciones en materia de saneamiento y depuración,
en especial en municipio que por escasa población (menos de 5.000 habitantes) tiene
limitada disponibilidad inversora para acometer por sí mismos estas actuaciones.
4.4. En su opinión, ¿los gobiernos nacionales/regionales/locales han
respondido de forma adecuada a la crisis desencadenada por pandemia a través de las
políticas de protección?
Con carácter general sí, si bien en algunos casos con la lentitud propia de sistemas
lastrados por exceso de burocracia.
II. Cuestionario Cambio Climático y Derecho Humano al Agua y Saneamiento
Impactos en grupos específicos
1. En su experiencia, ¿Cómo los impactos del cambio climático dificultan el
cumplimiento de los Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, especialmente en los
grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Puede identificar grupos específicos que hayan
aumentado su vulnerabilidad en materia de abastecimiento y saneamiento debido al
cambio climático (sequías, inundaciones, desertificación)? (por ejemplo, mujeres,
personas en asentamientos, refugiados, indígenas, etc) ¿puede proporcionar algunos
estudios de caso, estadísticas o ejemplos específicos?
Aguas de Antigua considera que el cambio climático en su ámbito de actuación es un
problema que afecta por igual a toda la sociedad, se sea colectivo vulnerable o no.
2. ¿Qué pasos y medidas están considerando para incluir en sus proyectos a los
grupos en situación de vulnerabilidad? ¿Puede proporcionar estudios de caso,
estadísticas o ejemplos específicos?
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Mantener la estrategia ya fijada por esta compañía en materia de ODS y Agenda 2030,
de la importancia que tiene para la vida diaria el acceso al agua, la compañía presta una
atención especial a aquellos colectivos que, por falta de recursos, tienen dificultades
para hacer frente al coste de su consumo de agua. En materia de asequibilidad el reto
se encuentra en seguir profundizando en sistemas solidarios y sostenibles que
garanticen el suministro a la población más desfavorecida, bien sea a través de
bonificaciones en el precio como, en los casos más extremos, mediante la
disponibilidad gratuita de un mínimo hídrico vital.
3. ¿Qué iniciativas y proyectos a nivel regional/local se han puesto en marcha para
tener en cuenta la voz y los conocimientos de los grupos en situación de vulnerabilidad
a la hora de diseñar soluciones frente al cambio climático (sequías, inundaciones,
desertificación) sobre los derechos humanos al agua y al saneamiento? ¿Qué
mecanismos de participación se están activando? ¿Puede aportar estudios de caso,
estadísticas o ejemplos concretos?
El Gobierno de Canarias se encuentra tramitando la Ley Canaria de Cambio Climático y
Transición Energética, en un proceso que permite la participación pública de todos
aquellos interesados. Según el Anteproyecto de dicha norma, entre los objetivos de la
misma se encuentra: “La mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático para
la reducción de la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las
infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.”
En ese marco, la norma incluye como concepto el de Justicia Climática: “Justicia que
vincula el desarrollo a los derechos humanos de modo que se logre un enfoque centrado en
el ser humano para hacer frente al cambio climático, proteger los derechos de las personas
más vulnerables, y repartir las cargas y los beneficios del cambio climático y sus impactos
de forma equitativa e imparcial.”
Este operador tiene dentro de sus objetivos estratégicos empresariales la alineación con
los ODS de la Agenda 2030. En materia de cambio climático, Aguas de Antigua ha
desarrollado y desarrolla múltiples acciones:
- Ha sido el primer operador de las islas Canarias que firma un compromiso para
que, a partir de 2020, el 100% de la electricidad consumida provenga de fuente
de energía verde. Con ello contribuye al cambio de modelo energético renovable,
de especial importancia en un entorno insular para reducir la dependencia de
materias primas fósiles externas.
- Existe un proyecto coordinado por el Ayuntamiento de Antigua para que todas
las aguas residuales del municipio se viertan en la EDAR de Montaña Blanca para
su po-terior regeneración y uso en el riego de parque y jardines públicos y
suministro económico de agua para la agricultura, fundamentalmente para el
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riego de plantas forrajeras con destino a la ganadería, sector muy importante en
la isla, que actualmente debe importar gran cantidad de forrajera para la
ganadería existente, de la cual además depende la producción de quesos de la isla,
que además son un referente no sólo gastronómico sin cultural como forma de
preservar antiguas tradiciones y formas de vida cercanas al territorio y su
conservación.
El impacto de las sequías en disponibilidad y calidad
4. Durante los ciclos de sequía, cuando los efectos del cambio climático tienden a
intensificarse en frecuencia y duración, las reservas de agua deberían estar
monitorizadas y previstas, y se debería priorizar el uso doméstico, para beber y uso
personal, garantizando el derecho humano al agua, especialmente a los grupos que
sufren situaciones de vulnerabilidad. Del mismo modo, se debería prever el impacto
negativo sobre la calidad de aguas, por concentración de contaminantes a reducirse los
caudales de dilución. En este contexto, para que las estrategias de adaptación al cambio
climático garanticen el acceso de la población al suministro seguro de agua potable y
saneamiento:
4.1. Según su experiencia, ¿considera que a nivel nacional/regional y local
existe una estrategia de prevención de la sequía con una planificación hidrográfica que
garantice el suministro de agua de calidad, especialmente a los colectivos en situación
de vulnerabilidad? ¿qué debilidades considera que existen en las estrategias de
prevención de la sequía? ¿puede aportar algunos estudios de caso, estadísticas o
ejemplos concretos?
La vigente normativa aplicable en Canarias exige la disponibilidad de una planificación
hidrológica en un proceso adaptativo continuo que se lleva a cabo a través del
seguimiento del plan hidrológico vigente y de su revisión y actualización cada seis años.
La planificación hidrológica española persigue el logro de objetivos ambientales y la
consecución de otros objetivos socioeconómicos, en concreto de atención de las
demandas de agua para satisfacer con la debida garantía, eficacia y eficiencia los
distintos usos del agua requeridos por la sociedad, lo cual comprende a cualquier tipo
de colectivo.
Según se indica en el Plan Hidrológico de Fuerteventura, ciclo de planificación
hidrológica 2015-2019, dentro de su apartado 9, Programa de medidas, en el punto
9.3.1.3 de Medidas complementarias indica que: “Respecto a las sequías, el Plan
Hidrológico recopilará las medidas más relevantes previstas de acuerdo con lo señalado
por la Ley 12/1990. Todas ellas formarán parte del Programa de Medidas, que
incorporará además la información disponible sobre su eficacia y su coste”. Con lo cual,
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una ref-rencia a un documento del año 1990, entendemos que no permite una estrategia
eficaz para la prevención de la sequía, sobre todo en una zona tan árida como
Fuerteventura donde se depende 100% de la desalación de agua para el suministro.
4.2. Desde su experiencia, ¿considera que las medidas previstas en los planes
de emergencia por sequía son suficientes y adecuadas para garantizar la prioridad del
suministro de agua en los hogares y para usos personales y domésticos, especialmente
para quienes están en situación de vulnerabilidad? Si no es así, ¿puede describir los retos
actuales para que estas medidas sean efectivas?
La prioridad del suministro de agua para abastecimiento de la población sobre cualquier
otro uso está reconocida normativamente en la Ley de Aguas de Canarias. Es prioridad
es absoluta y, por tanto, alcanza a toda la población, sea cual sea su condición socio
económica, de tal forma que legalmente se garantiza que en caso de sequía los caudales
disponibles deben ser destinados obligatoriamente a cubrir las necesidades de la
población.
No obstante, el organismo de cuenca en coordinación con los agentes sociales,
ayuntamientos y empresas suministradoras debe esforzarse por implementar dentro
del Plan Hidrológico las acciones necesarias y pertinentes para contrarrestar la sequía.
4.3. ¿Ha identificado zonas, barrios o poblaciones en situación de
vulnerabilidad que estén expuestas a la escasez de agua en periodos de sequía? Si es así,
según su experiencia, ¿considera que los gobiernos – central, regional y/o local - están
aplicando políticas públicas que garanticen la disponibilidad de agua de calidad en estos
casos? ¿Puede dar ejemplos concretos?
En el ámbito territorial dónde Aguas de Antigua desarrolla su actividad no existe
constancia de la existencia de situaciones enmarcables en esa tipología.
El impacto de las inundaciones en la disponibilidad y calidad del agua
5. Las inundaciones causadas por lluvias torrenciales y crecidas de ríos, aparte de
provocar riesgos para las vidas de las personas afectadas, inundaciones de viviendas,
destrucción de cultivos y diversos daños económicos, tienen impactos significativos en
los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento. A menudo, el suministro de agua
doméstica queda contaminado, o las instalaciones de suministro quedan afectadas, lo
que conlleva cortes en el suministro de agua potable. Las estaciones de saneamiento
tienden a bloquearse cuando reciben los drenajes de esas lluvias torrenciales junto con
el agua de los retornos domésticos e industriales, lo que provoca vertidos directos sin
depurar. Es especialmente preocupante el riesgo de que las estaciones de saneamiento,
situadas cerca de los ríos, se inunden indefinidamente. En ocasiones, un aumento en el
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nivel de los ríos y el drenaje masivo de aguas pluviales generan inundaciones de aguas
negras urbanas desde el alcantarillado, que incluso llegan al interior de las viviendas. En
este contexto, para que las estrategias de adaptación al cambio climático garanticen que
la población tiene acceso a agua potable y saneamiento seguros:
5.1. Según su experiencia, ¿cuáles son los puntos de mejora que es necesario
incluir en los planes de ordenación territorial y urbana ante los riesgos de inundación
para minimizar la vulnerabilidad de las poblaciones y garantizar los derechos humanos
al agua y al saneamiento?
Los Planes de gestión del riesgo de inundación en España tienen como objetivo lograr
una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y la sociedad para
reducir las consecuencias negativas de las inundaciones, basándose en los programas de
medidas que cada una de las administraciones debe aplicar en el ámbito de sus
competencias para alcanzar el objetivo previsto, bajo los principios de solidaridad,
coordinación y cooperación interadministrativa y respeto al medio ambiente. En
particular, los PGRI tendrán en cuenta los objetivos medioambientales indicados en el
artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de
octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito
de la política de aguas. Asimismo, ha de señalarse que el procedimiento de elaboración
de los PGRI se enmarca en la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, regulada
por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de
2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, traspuesta al
ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de
evaluación y gestión de riesgos de inundación.
En la prevención de riesgos de inundación se hace especial hincapié en los siguientes
aspectos: Mejorar la coordinación administrativa entre todos los actores involucrados
en la gestión del riesgo y en todas las etapas.: Mejorar el conocimiento para la adecuada
gestión del riesgo de inundación; Mejorar la capacidad predictiva ante situaciones de
avenida e inundaciones; Contribuir a mejorar la ordenación del territorio y la gestión de
la exposición en las zonas inundables; Conseguir una reducción, en la medida de lo
posible, del riesgo a través de la disminución de la peligrosidad para la salud humana,
las actividades económicas, el patrimonio cultural y el medio ambiente en las zonas
inundables; Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad de los elementos
ubicados en las zonas inundable; Contribuir a la mejora o al mantenimiento del buen
estado de las masas de agua. Se echa de menos que los Planes prevean en mayor medida
y concreción la disponibilidad de infraestructuras que otorguen mayor resiliencia al
sistema en caso de inundaciones.
Según se indica en el Plan Hidrológico de Fuerteventura, ciclo de planificación
hidrológica 2015-2019, dentro de su apartado 9, Programa de medidas, en el punto
16
9.3.1.3 de Medidas complementarias indica que: “En el caso particular de las situaciones
hidrológicas extremas (artículo 59 del RPH) el plan recopilará las medidas más
relevantes de prevención y mitigación de inundaciones y avenidas ya previstas por las
autoridades competentes. Asimismo, incluirá información sobre la cartografía de riesgo
de inundaciones disponible y sobre los planes de gestión de inundaciones”, igualmente
al caso de las sequías el documento marco esta pendiente de desarrollar en sus próximas
versiones las acciones necesarias.
5.2. ¿Qué medidas deberían tomarse para evitar el bloqueo de las estaciones
de saneamiento, las inundaciones por desbordamientos fluviales o las inundaciones
negras desde la red de alcantarillado?
Desarrollar adecuadamente los Planes de gestión del riesgo de inundación e
implementar las infraestructuras precisas para que el sistema cuente con la mayor
sostenibilidad y resiliencia posible.
5.3 Según su experiencia, ¿considera que los planes de emergencia para los
barrios y grupos en situación de mayor vulnerabilidad ante inundaciones son adecuados
y eficaces para garantizar los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene
a esas poblaciones, tanto en sus viviendas como en las posibles circunstancias de
evacuación, si esta fuera precisa? Si no es así, ¿qué mejoras considera necesarias?
Los Planes de gestión del riesgo de inundación se elaboran atendiendo a cuestiones
meramente objetivas de geografía, pluviometría, población, orografía, etc., sin ningún
tipo de distinción o diferencia que tenga su origen en la mayor o menor vulnerabilidad
económica y social de las personas que habitan la zona.
El impacto de la desertificación en la disponibilidad y calidad del agua
6. El incremento de las temperaturas y de la variabilidad pluviométrica provocado
por el cambio climático aceleran y agravan la desertificación en zonas áridas, semiáridas
y subhúmedas secas. Dicha desertificación incrementa las escorrentías y por tanto el
riesgo de inundaciones (con sus consecuencias en el suministro de agua y el
saneamiento); al tiempo que acarrea una menor infiltración en los acuíferos, lo que
afecta a la disponibilidad de agua. Por último, el riesgo de incendios es cada vez mayor,
lo que aumenta el riesgo de erosión y desertificación de las zonas quemadas.
6.1 Según su conocimiento, ¿qué pasos y medidas se están dando para
garantizar el suministro continuo de agua y saneamiento en caso de desertificación,
especialmente para los grupos en situación de vulnerabilidad?
La planificación para supuestos de sequía, al igual que el resto de las planificaciones que
afectan al ciclo hidrológico, se elaboran atendiendo a cuestiones meramente objetivas
17
de geografía, pluviometría, hidrogeología, población, orografía, etc., sin ningún tipo de
distinción o diferencia que tenga su origen en la mayor o menor vulnerabilidad
económica y social de las personas que habitan la zona.
6.2 ¿Hay políticas de información y de participación ciudadana que integren
los derechos humanos en la lucha contra la desertización?
La administración pública en España viene obligada tramitar los procesos de regulación
y planificación con una fase de exposición pública, dónde cualquier interesado puede
formular las alegaciones que considere y participar con ello en la elaboración de la
norma o plan de que se trate.
III. Cuestionario acerca de la financiarización/mercantilización
Especificidades del sector WASH y de la financiarización:
1. Los servicios de agua y saneamiento son un monopolio natural y requieren
grandes inversiones a largo plazo, lo que contrasta con las características clave de los
mercados financieros: competencia y gestión a corto plazo. Esto, entre otras cosas, hace
que el sector WASH, en principio, sea diferente a otros servicios básicos.
1.1. A partir de su experiencia, ¿cómo actúan los grandes operadores privados
frente a las necesidades de inversión a largo plazo en el sector del agua, el saneamiento
y la higiene (WASH)? ¿Conoce operaciones financieras significativas de corto plazo en el
sector WASH hasta hoy? ¿Cree que pueden combinarse operaciones especulativas de
corto plazo con estrategias de largo plazo en el sector WASH ? Por favor, comparta
posibles investigaciones, testimonios o experiencias.
Los Servicios de Agua y Saneamiento en España son un sector regulado, donde distintas
administraciones ejercen sus competencias, especialmente los municipios en cuanto a la
prestación de los servicios de suministro de agua, alcantarillado y depuración a la
población, que tienen la consideración de servicios esenciales básicos de obligada
prestación conforme a la ley de Bases de Régimen local.
Esta consideración de sector regulado impide hablar en España de un “mercado privado
del agua”, los operadores privados únicamente participan en su gestión cuando la
Administración competente así lo decide, la elección de qué operador privado gestiona
una determinada fase o servicio del ciclo integral del agua se produce en todos los casos
a través de los procesos previstos legalmente en materia de contratación del sector
público y la gestión o prestación así contratada queda siempre bajo el control y
autoridad de la administración pública contratante.
18
Siendo ello así resulta imposible de aplicar al caso de España el concepto de
“mercantilización” del sector del agua.
1.2. En la medida que se trata de un monopolio natural y que no puede haber
propiamente competencia en el mercado, ¿qué papel debería tener la participación y el
control ciudadano en la gestión de estos servicios? ¿Puede compartir algún ejemplo
relacionado con buenas prácticas de control y participación ciudadana, en coherencia
con lo que exige en este sentido la gestión de derechos humanos?
Como se ha señalado con anterioridad, el ordenamiento jurídico español establece
mecanismos de participación pública obligatoria para distintos supuestos normativos y
de planificación. También se exigen procesos participativos en los que la ciudadanía
pueda participar para el supuesto de gestión de servicios públicos. Esa posibilidad de
participación alcanza tanto a los supuestos en los que la Administración analiza la mejor
fórmula para la gestión para su servicio de aguas (ya sea para contar con un operador
privado si así lo considera o para internalizarlo nuevamente en caso de que estime tal
opción como la más ventajosa para los interés público), como a otros aspectos
sustanciales del propio Servicio, como es el caso de aprobación de Reglamentos y
Ordenanzas, fijación de nuevas tarifas, planificación, etc. En todos esos casos, a través
del trámite de información pública cualquier ciudadano puede manifestarse a favor o en
contra de la propuesta sometida a consulta e incluso presentar propuestas alternativas.
Sobre la privatización de los servicios de agua y saneamiento
2. El anterior Relator Especial, Leo Heller, dedicó un informe temático al impacto de
la privatización sobre los derechos humanos al agua y el saneamiento (A/75/208) en
2020. Basándose en las recomendaciones realizadas en este informe, el actual Relator
Especial se propone examinar el papel de los actores privados que participan en el
abastecimiento de los servicios de agua, saneamiento e higiene, así como clarificar los
riesgos que puedan emerger para el cumplimiento de los derechos humanos al agua y el
saneamiento. En este contexto:
Esta Empresa participó en la encuesta referida y aquí nos reiteramos en lo necesario en
lo allí expuesto. Puede accederse a nuestra contestación en el siguiente enlace:
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Questionnaire/NonStates/Aguas
de Antigua_Concesiones.pdf
El anterior Relator no tomó en consideración ninguna de las aportaciones efectuadas
desde esta Parte. Esa omisión entendemos que se debió a que el Informe a emitir en
aquel momento iba referido en mayor medida a plantear cuestiones que pudieran
resultar objeto de análisis para Estados en los que la regulación normativa de los
19
Servicios de Agua fuera inexistente y/o escasamente desarrollada, cuestión que no
aplicaría para el caso de España con toda una serie de mecanismos regulatorios
exhaustivos y sistematizados.
En cualquier caso como se dijo en nuestra anterior respuesta y también hemos apuntado
en la presente, el sector del agua en España no está liberalizado, como si ocurre con otras
actividades de las denominadas utilities (energía eléctrica, telefonía, gas, etc.). Por eso
no es posible plantear que en nuestro país se haya dado ningún tipo de «privatización»
en el sector del agua, dado que los servicios son siempre y en todo momento de carácter
público, por obligación legal, y es al Administración la que decide, atendiendo al
procedimiento legamente fijado para ello, si le resulta más ventajoso su gestión a través
de medios propios, especializados o no, o contar para ello con la colaboración de alguno
de los operadores tecnológicos existentes, manteniendo siempre, e n uno u otro caso, las
facultades de control sobre el servicio de su titularidad, fijando las tarifas y las
condiciones en que el Servicio debe prestarse a la ciudadanía.
2.1. ¿Se ha encontrado con políticas y alianzas basadas en Asociaciones
Público-Público (PUPs), entre instituciones públicas, que hayan tratado de reforzar estos
servicios? Si así es, por favor, dé ejemplos concretos de PUPs u otras formas de gestión
y financiación públicas exitosas y explique lo que funcionó y lo que no.
En Canarias las Asociaciones Público-Públicas más comunes son las Mancomunidades
(participadas únicamente por Ayuntamientos) o los Consorcios (participadas por
Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas).
En Fuerteventura se da el supuesto del Consorcio de Abastecimiento de Aguas de
Fuerteventura, conformado por el Excmo. Cabildo Insular y los Ayuntamientos de la Isla
y cuyo objetivo es La producción y distribución de agua potable, así como el
establecimiento, ampliación, dotación, conservación y explotación del servicio a los
habitantes de los municipios Consorciados.
2.2. Las crisis pueden favorecer inversiones privadas para llenar los vacíos de
financiación en infraestructuras y servicios públicos, si se aplican estrategias de
“austeridad”, como ocurrió en la anterior crisis (2007 – 2008). Teniendo en cuenta la
crisis económica desencadenada por la pandemia de la COVID-19, así como la necesidad
de inversión en infraestructuras para prevenir los efectos del cambio climático:
2.2.1. ¿Se han aplicado, o se prevén, fondos verdes o subvenciones para
el cambio climático y para la adaptación al medio ambiente al sector del agua, el
saneamiento y la higiene (WASH)? De ser así ¿Ha animado esto a los actores privados a
entrar en el sector WASH? Si es así, ¿de qué manera?
Impulsado por el Gobierno de Canarias, se ha formalizado el Pacto para la Reactivación
Social y Económica de Canarias en el que se integran todos los agentes políticos,
20
sociales y económicos de las Islas. Este Plan contempla inversiones de 4.000 millones
de euros de fondos privados; 2.200 millones de ayuntamientos; 1.900 millones de
cabildos; 7.200 millones de la Comunidad autónoma y el resto (3.200 millones) del
Estado y gira sobre siete prioridades:
1. El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.
2. El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias,
3. La atención y apoyo a las personas vulnerables
4. El mantenimiento y recuperación del empleo,
5. El impulso de la actividad económica,
6. La agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa,
7. El impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible.
Parte importante de la financiación de este Pacto tendrá su origen asimismo en los
Fondos Next Generation EU, un Fondo de Recuperación Europeo que supone una
inyección para España de 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos.
Esta dotación económica, equivalente al 11% del PIB, servirá para financiar a partir del
2021, proyectos que vayan en la línea de la transformación digital, la reindustrialización
y el pacto verde a favor de energías limpias. En ese ámbito del Pacto Verde las ayudas se
centrarán en alcanzar la neutralidad climática y, por tanto, encajan en él proyectos
relacionados con la eficiencia, sostenibilidad y resiliencia del sector del agua.
2.2.2. ¿Ha habido una reacción en la financiación pública de estos
servicios (WASH) ante el reto que supone la pandemia de la COVID-19? ¿Ha habido
incremento de la financiación privada ante la COVID19? ¿Cuál ha sido el impacto en las
comunidades en situación de vulnerabilidad de esos aportes de financiación pública o
privada?
Nos remitimos a la respuesta anterior. Ha de tenerse presente, en todo caso, que a la
fecha de este cuestionario las iniciativas a acometer y los importes destinados a cada una
de ellas se encuentran todavía en fase de definición y concreción.
Sobre los mecanismos basados en el mercado como respuesta a la escasez de agua
3. Existen varias opciones basadas en el mercado para gestionar la escasez de agua
y su distribución entre los usuarios involucrados. Aunque hay diferentes modelos, lo que
es común a todos es la necesidad de separar los derechos al agua de los derechos a la
tierra, de forma que el agua como tal, o los derechos al agua, se pasan a administrar como
un bien de consumo. Existen modelos, como el de los Bancos de Agua (Water Banks),
que organizan transacciones bajo el control público y con fuertes regulaciones. También
21
existen opciones de mercado de derechos entre los beneficiarios directos de los
derechos al agua y los usuarios del agua. Pero estos mercados de agua también pueden
estar abiertos a los especuladores, es decir, aquellos actores que no van a hacer uso de
los derechos de agua en cuestión, sino que simplemente promueven juegos
especulativos (con altas expectativas de beneficios a corto plazo), actuando como
intermediarios entre quienes tienen derecho de agua y aquellos que finalmente pueden
comprar esos derechos. Aunque los mercados de agua están localizados en el marco de
una cuenca hidrográfica o en cuencas interconectadas por trasvases, con la entrada de
nuevos actores financieros, los derechos del agua pueden integrarse dentro de los
mercados financieros globales, a través de los derivados financieros, donde el agua
recibirá el tratamiento de una mercancía más.
De acuerdo a sus observaciones:
3.1. ¿Cómo están diseñados los mercados de agua que conoce y cuál es su
propósito? Por ejemplo, ¿gestionar la escasez de agua, la sobreexplotación o los impactos
del cambio climático, facilitando transacciones entre quienes tienen derechos al agua y
quienes aspiran a tenerlos? ¿El agua que se almacena o se transfiere es propiedad
pública o privada? Y en caso de que sea privada, ¿qué se privatiza en realidad? Por
ejemplo, ¿una cantidad determinada de agua, la licencia para extraer cierta cantidad de
agua o la concesión?
No se conoce ningún mercado del agua, dado que, tal y como ya se ha referido, la
regulación legal del sector del agua en España no permite su existencia dada la
consideración del agua como bien de dominio público.
En Canarias el concesionario de un aprovechamiento sí puede transferir los caudales
que obtiene a un tercero y obtener un precio a cambio. Esta operación ha de respetar en
todo caso los postulados de la Ley de Aguas de Canarias de 1990, en especial (i) el agua
como recurso escaso y esencial es un bien de titularidad pública, (ii) cabe la explotación
de los recursos hídricos a través de concesión administrativa, y (iii) todas las aguas de
las Islas están adscritas prioritariamente al suministro a la población, de tal forma que
en épocas de sequía o escasez por cualquier circunstancia la Administración se reserva
el derecho a usar esas aguas para cubrir las necesidades básicas de los vecinos.
3.2. Los mercados de agua afectan a las comunidades en situación de
vulnerabilidad de diferentes maneras, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas
puede que sus derechos no se tengan en cuenta. Los pequeños agricultores por otro lado,
pueden quedar fuera del mercado debido al aumento de los precios. ¿Cuál ha sido el
impacto de los mecanismos basados en el mercado sobre las comunidades en situación
de vulnerabilidad para acceder y costear los servicios de agua y saneamiento?
22
Corresponde a las administraciones públicas titulares de los servicios de suministro de
agua fijar el importe que los usuarios han de satisfacer al operador, público o privado,
que desarrolla la prestación que reciben. Ese precio es fijo y, por tanto, no está al albur
de posibles fluctuaciones derivadas de un mercado que no existe.
En el supuesto de concesionarios de aprovechamientos y sus usuarios, el precio se suele
fijar con periodicidad anual, por lo que no se ve afectado por fluctuaciones durante el
período.
3.3. En algunos mercados de agua, sólo participan actores que compran el agua
para su propio uso (por ejemplo, agricultura, minería, servicios urbanos del agua), pero
hay mercados abiertos a especuladores. ¿Cuáles son los mayores actores en los
mercados de agua que conocen? Y, si los mercados están abiertos a los inversores
financieros, ¿qué tipo de empresas son? Por ejemplo, fondos de cobertura, inversores
individuales, bancos nacionales o internacionales … ¿Influye el tipo de actores sobre el
diseño y comportamiento del mercado del agua, así como sobre el precio y accesibilidad
del agua?
No se tiene conocimiento que en el ámbito territorial dónde Aguas de Antigua desarrolla
su actividad exista ningún supuesto como el planteado.
3.4. El índice Nasdaq Veles California Water es el primer ejemplo de mercado
de futuros del agua, ¿cuál cree que será su impacto en la asequibilidad y disponibilidad
del agua? ¿Cree que este modelo se extenderá más allá de California? Si es así, ¿de qué
manera?
No se conoce en profundidad el caso californiano que se propone como para poder dar
opinión al respecto. Sin perjuicio de ello, como se infiere de las distintas respuestas
consignadas en este Cuestionario, en el ámbito de España ese tipo de mercado no
resultaría posible dada la legislación aplicable en este país.
3.5. ¿Dispone de investigaciones, pruebas o experiencias prácticas sobre el
impacto de los mecanismos de mercado en las comunidades en situación de
vulnerabilidad?
No se dispone, dada su inexistencia.
Sobre la mercantilización del agua por medio del agua embotellada.
4. La extracción del agua para bebidas es una industria creciente y altamente
rentable. Las empresas de extracción de agua pueden disfrutar de licencias para obtener
agua de acuíferos o de aguas superficiales, o bien pueden acceder a aguas municipales a
costes bajos o marginales. Las bebidas comercializadas, incluyendo el agua embotellada,
pueden dirigirse a familias con acceso limitado o de baja calidad a servicios públicos del
23
agua, así como a quienes recelan sobre la calidad de los servicios públicos de agua.
Cuando se trata de familias en situación de vulnerabilidad, los altos precios pueden ser
difíciles de cubrir. Cuando las aguas subterráneas o superficiales escasean estos
negocios pueden aumentar la vulnerabilidad de comunidades enfrentadas a problemas
de escasez.
A partir de sus experiencias:
4.1. ¿Cuál ha sido el impacto de extracciones de agua embotellada sobre el
acceso de las comunidades en situación de vulnerabilidad a los servicios de agua y
saneamiento? Por favor, comparta cualquier evidencia que tenga al respecto, incluyendo
informes de investigación, experiencias prácticas o testimonios.
En Canarias no existe constancia de la existencia de ningún tipo de impacto negativo. La
existencia de empresas que disponen de autorización para el desarrollo de su actividad
empresarial mediante el embotellado y venta de agua no ha impedido en ningún caso
que la población, vulnerable o no, haya contado en todo momento con las adecuadas
garantías de cantidad, calidad y continuidad en el suministro de caudales desde los
servicios públicos de agua.
4.2. ¿Existen mecanismos para que las comunidades afectadas pidan cuentas a
las empresas o al Estado por su impacto en el acceso, asequibilidad y disponibilidad del
agua?
Los derechos que la normativa española otorga a sus ciudadanos habilita a cualquiera
de ellos para, en cualquier momento, de forma individual o conjunta, poder dirigirse a la
Administración pública competente y plantear aquellas cuestiones que estime
relevantes, incluida la rendición de cuentas.
Sobre la financiarización
5. Los servicios e infraestructuras de agua y saneamiento se pueden “financiarizar”
de distintas formas, dando más espacio a los actores con ánimo de lucro. Así, inversores,
empresas privadas, bancos, entidades financieras (nacionales o internacionales), fondos
de cobertura, fondos de pensiones y, cada vez más, aseguradoras, pasan a ganar espacios
de negocio en la gestión de servicios e infraestructuras de agua, saneamiento e higiene
(WASH por sus siglas en inglés) mediante la mercantilización del agua, la privatización
de los servicios de agua y saneamiento o el desarrollo y apropiación de infraestructuras
en el sector.
5.1. La financiarización de WASH ha sido justificada con diferentes
motivaciones, por ejemplo, para promover inversiones y ampliar los servicios o para
24
hacer frente a la escasez de agua. Desde las experiencias que conozca, ¿qué actores
privados están implicados y qué motivaciones existen?
La Constitución Española admite la reserva para la administración pública sobre los
servicios esenciales, como así se hace en el caso de los servicios de agua en la Ley de
Bases de Régimen Local. Esa reserva no impide contar con la colaboración de operadores
privados especializados cuando así se estime por la Administración. En este sentido la
normativa de contratación pública admite que la Administración Pública pueda acudir a
contratar a terceros cuando los servicios tengan un contenido económico que los haga
susceptibles de explotación por empresarios particulares y no impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos. La participación de operadores tecnológicos
especializados en la gestión del agua tiene una larga tradición en el derecho español y
ha permitido incluso que los mismos participen en la financiación de infraestructuras
públicas de los servicios, facilitando que la Administración destinara los fondos que
tuviera disponibles a otras necesidades que les resultaban más urgentes o de mayor
interés. En cualquiera de los casos, la participación privada tanto en la gestión como en
la financiación de infraestructuras de los servicios públicos nunca ha supuesto que los
mismos se tornaran en servicios o infraestructuras privadas, ya que siempre mantienen
su condición de públicas.
Que los accionistas que participan del capital social de los operadores privados sean de
una tipología u otra (de carácter industrial, financiero, patrimonial, etc.) no afecta a la
condición pública de los servicios que se gestionan, siempre en colaboración con la
administración pública, atendiendo a las reglas y condiciones que la misma fija y previa
la oportuna licitación con concurrencia de otros interesados capacitados.
Si por financiarización se entiende una mayor presencia de determinada tipología de
entidades como accionistas de los operadores económicos, es una cuestión que afecta a
todos los sectores de la economía mundial, no sólo al WASH.
5.1.1. ¿Mercados de derechos de agua, o incluso mercados de futuros?
No resulta factible en el ordenamiento español, tal y como ya se ha
referido.
5.1.2. ¿Privatización de servicios o infraestructuras?
No resulta factible en el ordenamiento español, tal y como ya se ha
referido.
5.1.3. Transacciones relativas a la contaminación del agua? Por ejemplo,
el comercio de créditos de contaminación en cuerpos de agua
compartidos.
25
El ordenamiento jurídico español no contempla supuestos como el
descrito.
5.1.4. La mercantilización del agua a través, por ejemplo, del agua
embotellada.
El sector del agua embotellada es un sector industrial y económico de
similares características a otros muchos de los que conforman la economía de un
país. Como ya se ha referido es un sector que no interfiere, dificulta o reduce la
capacidad de los servicios públicos de agua para atender las necesidades de la
población abastecida.
5.1.7. ¿Cómo ha cambiado esto con el tiempo? ¿hay nuevas tendencias y
desarrollos?
5.2. Hay un debate en curso sobre el papel y el impacto de la financiarización
y la especulación en el agua como recurso, los servicios y las infraestructuras de agua y
saneamiento. En su opinión, ¿qué impactos puede tener la participación de los actores
financieros promoviendo estrategias especulativas, en los mercados de agua?
No se conoce ningún caso de estrategia especulativa en el sector del agua ni es factible
que se produzca dado que la participación de los operadores privados está regulada de
forma detallada en la normativa española. La participación de los operadores privados
en la prestación de los servicios de aguas y/o en la dotación de infraestructuras
asociadas a los mismos deriva siempre de una previa convocatoria pública, en la que la
Administración fija las condiciones, reglas y criterios que el operador necesariamente
debe aceptar previamente y seguir con posterioridad durante la ejecución de los
trabajos que se le encargan.
5.3. Los actores privados han participado en el sector del agua, el saneamiento
y la higiene desde hace tiempo, a través de procesos de privatización y mediante
estrategias de partenariado público-privado. ¿Qué cambiará a su entender con el avance
de la financiarización que supone la entrada de poderosos actores financieros y de las
estrategias especulativas en los mercados de futuros?
No debe cambiar nada. La premisa de que los actores financieros que participen
en el capital social de las empresas operadoras privados plantearán movimientos
especulativos no es real, dado que como se ha reiterado el sector del agua en España es
un sector regulado y, por tanto, las reglas fijadas por las administraciones públicas
impedirían actuaciones como las que se plantean.
La colaboración público-privada sólo se da en los supuestos en que el sector
público así lo decida previamente. Y los términos en que tal colaboración se desarrolla
son fijados con carácter previo por el sector público que mantiene siempre las facultades
26
de control y, por tanto, la capacidad de corregir, incluso mediante sanciones, cualquier
comportamiento no ajustado a las condiciones establecidas.
![INFORME RELATOR GENERAL[1].perpdf](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/62cc04ce35b278292471547d/informe-relator-general1perpdf.jpg)
