Embed Size (px)
Citation preview
1
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
TEECH/JDC/008/2015
Juicio para la Protección de losDerechos Político Electorales delCiudadano.
Actor: Sandro de la Cruz López.
Autoridad responsable: ConsejoGeneral del Instituto de Eleccionesy Participación Ciudadana delEstado de Chiapas.
Magistrado Ponente: Arturo Cal yMayor Nazar.
Secretario: Pedro Gómez Ramos.
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Pleno. Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas; a veintiocho de mayo de dos mil quince.
Visto, para resolver, el expediente número
TEECH/JDC/008/2015, relativo al Juicio para la Protección de
los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por
Sandro de la Cruz López, por propio derecho, en contra del
acuerdo numero IEPC/CG/A-033/2015 emitido por el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
del Estado, de fecha primero de mayo del dos mil quince; y,
R e s u l t a n d o
1. Antecedentes. Del escrito de demanda del presente
juicio y de las constancias que obran en autos se advierte lo
siguiente (Todos las fechas se refieren al año dos mil quince).
a).- El primero de mayo, el secretario ejecutivo, del
Instituto de Elección y Participación Ciudadana, mediante oficio
2
numero IEPC/SE/270/2015, actuando en cumplimiento a lo
ordenado en el punto resolutivo segundo del acuerdo emitido
por el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en cumplimiento de la sentencia
emitida en el expediente TEECH/JDC/004/2015, da respuesta
al escrito presentado por el actor de fecha doce de febrero.
b).- El cinco de mayo, disconforme con la anterior
determinación, el actor vía “PER SALTUM” ante los
Magistrados de la Sala Regional Xalapa, promovió juicio para la
protección de los derechos político electorales del ciudadano,
por lo que el Magistrado Presidente, acordó integrar el
expediente SX-JDC-398/2015, el cual fue turnado para su
sustanciación a la ponencia a su cargo.
c).- Por lo que el catorce de mayo, los Magistrados
Integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal con sede en Xalapa, acordaron
declarar IMPROCEDENTE el Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por
Sandro de la Cruz López, REENCAUZANDOLO, ante este
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, para que conforme a
su competencia y atribuciones determine lo que en derecho
proceda.
d).- Por auto de dieciocho de mayo, este órgano colegiado
recibió las constancias originales que integran el expediente
SX-JDC-398/2015 de la Sala Regional Xalapa; por lo que el
Magistrado Presidente, acordó integrar el expediente
TEECH/JDC/008/2015, y remitirlo para su trámite a su ponencia
para que se procediera como instructor en términos de los
TEECH/JDC/008/2015
3
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
dispuesto del artículo 426, del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, lo que fue cumplimentado mediante
oficio TEECH/SGAP/177/2015.
e).- Mediante proveído de dieciocho de mayo, el
Magistrado Instructor tuvo por recibido el expediente y lo radicó
en su ponencia para su substanciación.
f).- Toda vez que previo análisis del presente medio de
impugnación, el Instructor advirtió una probable causal de
improcedencia, mediante auto de veintidós de mayo del año
que transcurre, procedió a dar cuenta al Pleno de este Órgano
Jurisdiccional; y.
g).- - El veintisiete de mayo, se llevó a cabo la sesión
de pleno en la que por unanimidad de votos, los
Magistrados que integran este Órgano jurisdiccional
decidieron aprobar el retiro del asunto para un análisis más
exhaustivo.
h).- El veintisiete de mayo, mediante acuerdo el
Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda de
mérito, ordenó la sustanciación del juicio y desahogo de las
pruebas aportadas.
i).- En auto de veintiocho de mayo, se tuvo por
cumplimentado el requerimiento hecho a la autoridad
responsable y al considerar que no había diligencias
pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción
4
y se ordenó la elaboración del proyecto de resolución
respectivo; y,
C o n s i d e r a n d o
I. Jurisdicción y competencia. De conformidad con los
artículos 17, apartado C, fracción III; 1, fracción I, 2, 381,
fracciones VI, 382, 383, 385, y 426, fracción VIII del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas; 1,
4, 6, fracción II, inciso c) y 16, fracción IX, del Reglamento
Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, este
Órgano colegiado, tiene jurisdicción y ejerce su competencia en
Pleno para conocer y resolver el presente medio de
impugnación, por tratarse de un Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por
Sandro de la Cruz López.
II. Integración del Tribunal. El Pleno de este Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, a partir del ocho de
octubre del año dos mil catorce, está integrado por los
ciudadanos Magistrados, Arturo Cal y Mayor Nazar,
Guillermo Asseburg Archila, Angelica Karina Ballinas Alfaro,
Mauricio Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix
Macosay; siendo Presidente el primero de los nombrados y
ponente el segundo, actuando ante la fe de la ciudadana
María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General de
Acuerdos y del Pleno.
III. Causales de improcedencia. Por ser su estudio de
orden preferente, y acorde a lo dispuesto en el artículo 404, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado, se
analiza en principio si en el presente caso, se advierte alguna
TEECH/JDC/008/2015
5
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
de las causales de improcedencia contempladas en el
ordenamiento en cita; ya que de materializarse alguna de ellas,
se presentaría un obstáculo que impediría la válida constitución
del procedimiento e imposibilitaría un pronunciamiento sobre el
fondo de la controversia planteada.
En ese orden, la autoridad señalada por el actor como
responsable, aduce que el juicio deviene improcedente por
infundado y frívolo, porque al rendir su informe circunstanciado,
manifestó que el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado, no ha emitido acto o
acuerdo alguno, donde se le haya negado un derecho, y en el
caso particular, no se le ha negado el derecho a registrarse
como candidato, ni mucho menos se le he negado registro,
como tal, para participar en las elecciones municipales en el
cargo de Presidente Municipal de Sitala, Chiapas; asimismo,
que no existe un caso concreto que reparar, porque no existe
una resolución en la cual haya aplicado indebidamente (acto) o
dejado de aplicar (omisión) una ley o asunto en particular; por lo
tanto, la consecuencia jurídica es el desechamiento de la
demanda esto es así, porque si no existe un acto o resolución
con las características referidas, no se justifica la instauración
del juicio, y por ende, se actualiza la causal de sobreseimiento
prevista en el artículo 404, fracción XII, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas.
Por cuanto hace al interés jurídico y legitimación se
considera que el impetrante sí cuenta con ellos, en primer
término, porque de conformidad con el artículo 441, fracción V,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado
de Chiapas, el juicio ciudadano puede ser promovido por los
6
chiapanecos, cuando consideren que los actos o resoluciones
de una autoridad electoral son violatorios de cualquiera de sus
derechos político-electorales.
En el caso, el que impugna, promovió por su propio
derecho como ciudadano de Sitalá, Chiapas, el juicio ciudadano
local, razón por la cual cuenta con legitimación e interés
procesal para hacerlo, tal y como se explica a continuación.
Al respecto, se estima conveniente precisar que por
cuanto hace al interés jurídico procesal debe destacarse que
este Tribunal ha sostenido que, por regla general se tiene por
acreditado, si en la demanda se aduce la infracción de algún
derecho sustancial del actor y a la vez éste hace ver que la
intervención del órgano jurisdiccional es necesaria y útil para
lograr la reparación de esa conculcación, mediante la
formulación de algún planteamiento tendente a obtener el
dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar o
modificar el acto o la resolución reclamados.
Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia
7/2002, emitida por la Sala Superior de rubro: "INTERÉS
JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO".1
Además, debe recordarse que para que un medio de
impugnación pueda desecharse, por la causal invocada, debe
ser notoria y manifiesta, de acuerdo a lo que establece el
artículo 404, fracción XII, del código de la materia, caso en
1 Compilación 19972013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen 1,Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p. 398399.
TEECH/JDC/008/2015
7
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
concreto que no acontece sirve de criterio orientador la tesis
I.18o.A.12 A (10a.),2 con el rubro y texto siguiente:
DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. SUDESECHAMIENTO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE CAUSALES DEIMPROCEDENCIA QUE RESULTEN NOTORIAS Y MANIFIESTAS. La facultadque tienen los Magistrados instructores para desechar la demanda en el juiciocontencioso administrativo federal, en términos del artículo 38, fracción I, de laLey Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, no debeentenderse irrestricta, sino acotada a los casos en que la improcedencia de losactos impugnados resulte notoria y manifiesta, pues a la luz del principio deinterpretación conforme a la Constitución y a los tratados, previsto en el artículo1o. constitucional, esa intelección es acorde con el diverso principio de tutelajudicial efectiva, contenido en el artículo 17 constitucional y, armónicamente,con los preceptos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protecciónjudicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, sólo porexcepción puede vedarse el acceso a los tribunales y, por lo mismo, entérminos del principio pro persona (artículo 1o. constitucional), el citado artículo38, fracción I, es de aplicación estricta para desechar de plano una demanda;de lo contrario, esto es, de estimar dable el desechamiento de ésta sin que lacausal de improcedencia resulte notoria y manifiesta, se vulneraría el principiode acceso a la justicia y de la previsión de recursos idóneos y efectivos, alpermitir que en esa fase inicial se analizaran cuestiones propias de la sentenciao, incluso, que pudiesen ser materia de prueba durante la sustanciación deljuicio.
Por las consideraciones anteriores no se acredita la
causal de improcedencia hecha valer por la autoridad
responsable.
IV. Requisitos de procedencia del JuicioCiudadano. El presente medio de impugnación satisface
los requisitos generales del artículo 403, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, como a continuación se expone:
a).- Forma. La demanda se presentó por escrito
directamente ante al Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, haciendo valer la figura jurídica del per saltum,
2 Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito,viernes 10 de enero de 2014, registro 2005283
8
en el cual se hizo constar el nombre del actor y su firma
autógrafa; de igual forma, el accionante identifica el acto y
la autoridad responsable; menciona los hechos en que se
basa la impugnación y los agravios respectivos; y señala
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
b).- Oportunidad. El medio de impugnación satisface el
requisito en comento, ya que fue presentado dentro del
término de 4 cuatro días a que se refiere el artículo 388 del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
c).- Legitimación e Interés jurídico. El juicio se
promovió por parte legítima, pues de acuerdo con el artículo
441, fracción V, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana del Estado, corresponde instaurarlo a los
ciudadanos, cuando consideren que han sido violados sus
derechos político electorales, en el presente caso el
derecho a ser votado de Sandro de la Cruz López;
promovió por su propio derecho como ciudadano de Sitalá,
Chiapas, el juicio ciudadano local, razón por la cual cuenta
con legitimación e interés procesal para hacerlo.
d).- Definitividad. En el caso concreto, se tiene por
satisfecho el requisito de definitividad, toda vez que el
presente Juicio para la Protección de los Derechos Políticos
Electorales es el medio idóneo para impugnar el acto
reclamado.
V.- Escrito de demanda. El actor Sandro de la Cruz
López, hace valer los agravios siguientes:
TEECH/JDC/008/2015
9
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
FUENTE DE AGRAVIO.- CAUSA AGRAVIO AL SUSCRITO, ELRESOLUTIVO PRIMERO DEL ACUERDO DEL CONSEJO GENERALDEL INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACION CIUDADANA,EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 01 DE MAYO DE 2015,EN LA QUE SE DIO RESPUESTA A MI ESCRITO DE FECHA 12 DEFEBRERO DEL PRESENTE AÑO. CUYO CONTENIDO SETRANSCRIBE, EL SUBRAYADO ES PROPIO.(sic)“PRIMERO. Este Consejo General del Instituto de Elecciones yParticipación Ciudadana, en cumplimiento a la nueva sentencia emitidapor el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expedienteTEECH/JDC/004/2015, procede a dar respuesta a la solicitud delimpugnante en los términos siguiente:En respuesta a su escrito recibido en la oficialía de parte de esteorganismo electoral, el día 12 de febrero del año en curso, a través delcual solicita se realice una interpretación sistemática y funcional, delArtículo 68 fracción VI de la Constitución Política Estado de Chiapas, enel sentido de establecer si en su caso, puede ser postulado por unpartido político para ser candidato a Presidente Municipal de Sitala,Chiapas, ya que tal como lo refiere tiene parentesco porconsanguineidad con quien actualmente ocupa dicho cargo; en virtud, yen aras de continuar fortaleciendo el vinculo con la ciudadaníachiapaneca, así como de cumplir con los fines democráticos, y brindarcerteza y legalidad a las actuaciones de este organismo electoral, aefecto de emitir un criterio orientador para el ejercicio de susderechos políticos-electorales, es precisos señalar que dentro delos requisitos establecidos en el artículo 68, fracción VI, de laConstitución Política Local, se establece literalmente que: “paraser miembro de un Ayuntamiento se requiere:….IV-sic-. No serconyugue o concubino, hermana o hermano, madre, padre, hija,hijo o tener parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, asícomo tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundogrado, con el Presidente Municipal o Sindico en funciones, si seaspira a los cargos de Presidente Municipal o Sindico.” En esetenor, si bien es cierto, tal como lo señala en el escrito de mérito, la SalaRegional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de laTercera Circunscripción Plurinominal Electoral Federal al resolver losautos para la protección de los derechos políticos-electorales, dentro delexpediente SX-JDC-1212/2012, promovido por el C. Romeo del CarmenFonseca Ballinas, a fin de controvertir la sentencia dictada por elentonces Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del PoderJudicial del Estado de Chiapas, resolvió la inaplicación del artículo 68,fracción VI, de la Constitución Política Local, no menos cierto es, que elsentido de la resolución fue inaplicar en el caso particular delpromovente de dicho medio de impugnación, el precepto constitucionalcitado. De ahí que en el caso concreto, este órgano colegiado, noconsidere dicha resolución como obligatoria para el caso en estudio,pues la misma no produce efectos erga omnes, como se advierte en elresolutivo primero de la sentencia de mérito.(sic)En tal virtud, no omitimos manifestarte que conforme a lo dispuesto enla Constitución Política del Estado de Chiapas, en su artículo 147,Apartado C, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es unaautoridad de carácter administrativo, que basa su actuación en elejercicio de sus atribuciones, con apego a los principios rectores decerteza, seguridad, veracidad, legalidad, independencia, imparcialidad,objetividad y máxima publicidad, teniendo como órgano máximo dedirección al Consejo General, quien verificara de manera coordinada
10
con los consejos electorales respectivos que el registro de candidatosser de cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Local, la leyorgánica municipal, así como el código, Comicial Local, en términos delartículos 234 fracción VII, de dicho Código, velando en todo momentopor el respeto y salvaguarda de los derechos políticos electorales de losciudadanos, mas no el de ejercer un control de constitucionalidad, pueseste es exclusivo del Poder Judicial Federal, mediante diversosmecanismos legales, adicional a ello, mediante reforma constitucionaldel 1º de julio de 2008, en el sexto párrafo del artículo 99, de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se otorgó alTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la facultad deinaplicar las leyes sobre la materia, contrarias a la Constitución Federal,de ahí que esta autoridad administrativa en materia electoral, no tengalas atribuciones legales y constitucionales para inaplicar una normativa,puse como se dijo, esta es atribución exclusiva de los órganosjurisdiccionales.(sic)En ese sentido, se dejan a salvo los derechos del peticionario de laconsulta que nos ocupa, para que en su oportunidad cuando esteConsejo General, resuelva sobre el registro de la candidaturas y estesolicite su registro a un cargo de elección popular y no este conformecon ello, promueva lo que a sus intereses convenga a través de losmecanismos legales respectivos.”ARTICULOS LEGALES VIOLADOS.- ARTÍCULOS 1, 14, 16, 35 Y 41DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOSMEXICANOS.CONCEPTO DE AGRAVIO.- EN LA CONSULTA RESUELTA EN ELACUERDO DE REFERENCIA, SE ME INFORMA DE LA QUE NOPUEDO SER CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE SITALA,CHIAPAS, POR SER HERMANO DEL ACTUAL PRESIDENTE DE ESEMUNICIPIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN ELARTICULO 68, FRACCION VI, QUE DICE EN SU PARTECONDUCENTE “PARA SER MIEMBRO DE UN AYUNTAMIENTO SEREQUIERE…IV sic DEBIENDO SER .VI. NO SER CONYUGE OCONCUBINO, HERMANA O HERMANA, MADRE, PADRE, HIJA, HIJOO TENER PARENTESCO CONSANGUINEO HASTA EL CUARTOGRADO, ASI COMO TAMPOCO TENER PARENTESCO PORAFINIDAD, HASTA EL SEGUNDO GRADO EN EL PRESIDENTEMUNICIPAL O SINDICO EN FUNCIONES SI SE ASPIRA A LOSCARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL O SINDICO”.(sic)EL ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL EN DONDE SE DESAHOGALA CONSULTA QUE LES REALICE, CLARAMENTE SEÑALA ELIMPEDIMENTO QUE TENGO PARA SER POSTULADO COMOCANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CONEL ARTICULO 68, FRACCION VI, DE LA CONSTITUCION POLITICADEL ESTADO DE CHIAPAS, POR SER HERMANO DEL PRESIDENTEMUNICIPAL, LO QUE ME UBICA CLARAMENTE EN LA HIPOTÉSISJURIDICA QUE AFECTA MIS DERECHOS DE SER POSTULADO PORUN PARTIDO POLITICO.(sic)LA RESPUESTA DEL ENTE COLEGIADO, ME CAUSA AGRAVIOS,PUES CONSTITUYE LA ANTESALA PARA QUE MI REGISTRO COMOCANDIDATO SEA IMPUGNADO O RECHAZADO, LO QUE SIN DUDAGENERARA UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE ENTRE ELELECTORADO Y ELLO ME COLOCARIA EN UN ESTATUS PORDEBAJO DE MIS ADVERSARIOS POLITICOS LO QUECONTRAVIENE TAMBIEN EL PRINCIPIO DE CERTEZA EN MATERIAELECTORAL Y POR ENDE EL DE EQUIDAD ENTRE LOSCONTENDIENTES, CUESTION QUE LA AUTORIDAD
TEECH/JDC/008/2015
11
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
ADMINISTRATIVA TIENE QUE GARANTIZAR, LO QUE NO OCURREEN EL PARTICULAR ASUNTO QUE NOS OCUPA, PUES EL HECHOYA DE RESPONDER EN FORMA NEGATIVA A MI PRETENSIÓN,CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN EN MI PERJUICIO COMOINTERESADO EN CONOCER MI ESTATUS DE PROTECCION EN ELEJERCICIO DE MIS DERECHOS.(sic)SIRVE DE APOYO LA SIGUIENTE JURISPRUDENCIA APROBADAPOR LA SALA SUPERIOR DEL TEPJF.CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE UN ACTO DEAPLICACIÓN DE LA NORMA CORRESPONDIENTE CUANDO DELCONTEXTO JURÍDICO Y FÁCTICO DEL CASO SE ADVIERTA, QUEFUE APLICADA AL GOBERNADO.—Si bien es cierto que paradeterminar si existe un acto de aplicación de una norma, debeatenderse a si éste ha irrumpido en la individualidad del gobernado, yasea que se le aplique formal o materialmente, de manera escrita o dehecho, de tal suerte que se materialice sus efectos en el mundo fácticoy altere el ámbito jurídico de la persona, también lo es que el conceptode acto de aplicación no se limita a esas hipótesis, ya que éstas másbien persiguen la finalidad de poner de manifiesto, de manera clara yevidente, que una ley está siendo aplicada y que afecta de maneraparticular y concreta a un gobernado. Es así que el concepto de actode aplicación debe entenderse en sentido extensivo, ya sea queprovenga de una autoridad, del propio particular, o incluso emanede un acto jurídico en el que no intervenga la voluntad humana,siempre y cuando ponga de manifiesto la afectación apuntada. Portanto, para considerar que la respuesta dada a una consulta tieneel carácter de acto de aplicación, debe atenderse al contextojurídico y fáctico que permita determinar razonablemente, si dicharespuesta reviste la característica esencial de poner de manifiesto,que el gobernado esté colocado en la hipótesis jurídica que afectasus derechos.LAS ANTERIORES CONSIDERACIONES DEVIENEN EN PERJUICIOSA MI ESFERA DE DERECHOS PUES LO PREVISTO POR ELARTICULO 68, FRACCION VI, DE LA CONSTITUCION POLITICA DELESTADO DE CHIAPAS ES LIMITATIVA AL INHIBIR MIPARTICIPACION POLITICA POR SER HERMANO DEL PRESIDENTEMUNICIPAL DE SITALA, CHIAPAS, COMO LO SEÑALEANTERIORMENTE. EN DIVERSAS RESOLUCIONES DE ESAAUTORIDAD ELECTORAL, OBRAN CIRTERIOS EN EL SENTIDO DEINAPLICAR LAS DISPOSICIONES DE LAS CONSTITUCIONESLOCALES QUE RIÑEN CON LOS DERECHOS POLITICOELECTORALES DEL CIUDADANO Y BASICAMENTE CON LOSDERECHOS HUMANOS EN LA MATERIA DE LOSGOBERNADOS.(sic)COMO ES DE APRECIAR, EL ARTICULO LOCAL CONSTITUCIONALCOMBATIDO DEL QUE SE PIDE LA NO APLICACIÓN EN MI CASOCONCRETO, VULNERA MIS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALESEN SU VERTIENTE DE SER VOTADO, ESTANDO DICHO DERECHOTUTELADO EN LOS ARTÍCULOS 1, 35 FRACCIÓN II, DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3, 4, 5, 14, 25 Y 26 DEL PACTOINTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS.PARA MAYOR ILUSTRACIÓN, RESULTA PERTINENTE SEÑALARQUE POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LAFEDERACIÓN EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL ONCE, EN VIGOR APARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN, SE REFORMÓ Y
12
ADICIONÓ EL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUEDAR EN LOSSIGUIENTES TERMINOS:ARTÍCULO 1º EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LASPERSONAS GOZARÁN DE LOS DERECHOS HUMANOSRECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOSINTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEAPARTE, ASÍ COMO DE LAS GARANTÍAS PARA SU PROTECCIÓN,CUYO EJERCICIO NO PODRÁ RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE,SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTACONSTITUCIÓN ESTABLECE.LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SEINTERPRETARÁN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCIÓNY CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIAFAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LAPROTECCIÓN MAS AMPLIA.TODAS LAS AUTORIDADES. EN EL ÁMBITO DE SUSCOMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE PROMOVER,RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOSHUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DEUNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD YPROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERÁPREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LASVIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TÉRMINOSQUE ESTABLEZCA LA LEY.ESTÁ PROHIBIDA LA ESCLAVITUD EN LOS ESTADO UNIDOSMEXICANOS. LOS ESCLAVOS DEL EXTRANJERO QUE ENTREN ALTERRITORIO NACIONAL ALCANZARÁN, POR ESTE SOLO HECHO,SU LIBERTAD Y LA PROTECCIÓN DE LAS LEYES.QUEDA PROHIBIDA TODA DISCRIMINACIÓN MOTIVADA PORORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, EL GÉNERO, LA EDAD, LASDISCAPACIDADES, LA CONDICIÓN SOCIAL, LAS CONDICIONES DESALUD, LA RELIGIÓN, LA OPINIONES, LAS PREFERENCIASSEXUALES, EL ESTADO CIVIL O CUALQUIER OTRA QUE ATENTECONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y TENGA POR OBJETO ANULARO MENOSCABAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LASPERSONAS”DE LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL EN COMENTO SEDESTACA QUE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOSHUMANOS SE INTERPRETARÁN DE CONFORMIDAD CON LAPROPIA NORMA FUNDAMENTAL Y CON LOS TRATADOSINTERNACIONALES EN LA MATERIA SUSCRITOS POR EL ESTADOMEXICANO, FAVORECIENDO EN TODO MOMENTO A LASPERSONAS CON LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.ASIMISMO, RESPECTO A LA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL ENCOMENTO, SE PRECISA QUE TODAS LAS AUTORIDADES (SINEXEPCIÓN Y EN CUALQUIER ORDEN DE GOBIERNO), EN ELÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DEPROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOSDERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOSDE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD YPROGRESIVIDAD; Y QUE, EN CONSECUENCIA, EL ESTADODEBERÁ PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LASVIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TERMINOSQUE ESTABLEZCA LA LEY.EN ESE SENTIDO, CUANDO EL PRECEPTO CONSTITUCIONALBAJO ANÁLISIS DISPONE QUE TODAS LAS AUTORIDADES DEBEN
TEECH/JDC/008/2015
13
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
PROMOVER RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOSDERECHOS HUMANOS, ELLO IMPLICA QUE SE REALICE DEMANERA UNIVERSAL, ESTO ES, A TODAS LAS PERSONAS PORIGUAL, LO QUE IMPLICA QUE EL EJERCICIO DE UN DERECHOHUMANO NECESARIAMENTE DEBE SER RESPETADO YPROTEGIDO, CONJUNTAMENTE CON LOS DEMÁS DERECHOSVINCULADOS; LOS CUALES NO PODRÁN DIVIDIRSE NIDISPERSARSE, Y CUYA INTERPRETACIÓN SE DEBE REALIZAR DEMANERA PROGRESIVA PROHIBIENDO CUALQUIER RETROCESOEN LOS MEDIOS ESTABLECIDOS PARA EL EJERCICIO DE LOSMISMOS.DE AHÍ QUE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL ELECTORALFEDERAL, EN SU CARÁCTER DE MÁXIMAN AUTORIDAD ENMATERIA ELECTORAL, CON EXCEPCIÓN DE LAS ACCIONES DEINCONSTITUCIONALIDAD, CUYA COMPETENCIA CORRESPONDE,EN FORMA EXCLUSIVA Y EXCLUYENTE, A LA SUPREMA CORTEDE JUSTICIA DE LA NACIÓN, TIENE LA OBLIGACIÓNCONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOSDERECHOS HUMANOS DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL.ASÍ, ES DABLE SEÑALAR QUE EL TRIBUNAL PLENO DE LASUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL RESOLVER ELEXPEDIENTE VARIOS 912/2010, EN SESIÓN DE CARTORCE DEJULIO DE DOS MIL ONCE, DETERMINÓ, ENTRE OTRASCUESTIONES, LO SIGUIENTE:- ES UN HECHO INOBJETABLE QUE LA DETERMINACIÓN DESUJECIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LAJURISDICCIÓN DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS, ES UNA DECISIÓN YA CONSUMADA DEL ESTADOMEXICANO.- QUE LAS RESOLUCIONES PRONUNCIADAS POR AQUELLAINSTANCIA INTERNACIONAL CUYA JURISDICCIÓN HA SIDOACEPTADA POR EL ESTADO MEXICANO, SON OBLIGATORIASPARA TODOS LOS ÓRGANOS DEL MISMO EN SUS RESPECTIVASCOMPETENCIAS, AL HABER FIGURADO COMO ESTADO PARTE ENUN LITIGIO CONCRETO. POR TANTO, PARA EL PODER JUIDICIALSON VINCULANTES NO SOLAMENTE LOS PUNTOS DERESOLUCIÓN CONCRETOS DE LA SENTENCIA, SINO LATOTALIDAD DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA SENTENCIAMEDIANTE LA CUAL RESUELVE EL LITIGIO.- POR OTRO LADO, EL RESTO DE LA JURISPRUDENCIA DE LACORTE INTERAMERICANA QUE DERIVA DE LAS SENTENCIAS ENDONDE EL ESTADO MEXICANO NO FIGURA COMO PARTE,TENDRÁ EL CARÁCTER DE CRITERIO ORIENTADOR DE TODASLAS DECISIONES DE LOS JUECES MEXICANOS, PERO SIEMPREEN AQUELLO QUE LE SEA MÁS FAVORECEDOR A LA PERSONA,DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1 CONSTITUCIONAL, CUYAREFORMA SE PUBLICÓ EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL ONCE ENEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN PARTICULAR EN SUPÁRRAFO SEGUNDO, DONDE ESTABLECE QUE: “LAS NORMASRELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE INTERPRETARÁN DECONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCIÓN Y CON LOSTRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDOEN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁSAMPLIA.”- EN MÉXICO, SE PRESENTA UNA SITUACIÓN PECULIAR, YA QUEHASTA AHORA Y DERIVADO DE UNA INTERPRETACIÓN
14
JURISPRUDENCIAL, EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD SEHA EJERCIDO DE MANERA EXCLUSIVA POR EL PODER JUDICIALFEDERAL MEDIANTE LOS MECANISMOS DE AMPARO.CONTROVERSIAS Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DEMANERA EXPRESA A ESTOS MEDIOS DE CONTROL SE ADICIONÓEL QUE REALIZA EL TRIBUNAL ELECTORAL MEDIANTE REFORMACONSTITUCIONAL DE PRIMERO DE JULIO DE DOS MIL OCHO, ENEL SEXTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓNPOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,OTORGÁNDOLE LA FACULTAD DE INAPLICAR LAS LEYES SOBRELA MATERIA CONSTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN ASÍ, LADETERMINACIÓN DE SI EN MÉXICO HA OPERADO UN SISTEMA DECONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYESEN ALGÚN MOMENTO, NO HA DEPENDIDO DIRECTAMENTE DEUNA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL CLARA SINO QUE,DURANTE EL TIEMPO, HA RESULTADO DE DISTINTASCONSTRUCCIONES JURISPRUDENCIALES.- A LA LUZ DEL ARTÍCULO 1 CONSTITUCIONAL REFORMADO,TODAS LAS AUTORIDADES DEL PAÍS, DENTRO DEL AMBITO DESUS COMPETENCIAS, SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A VELAR NOSÓLO POR LOS DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LOSINSTRUMENTOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR EL ESTADOMEXICANO, SINO TAMBIÉN POR LOS DERECHOS HUMANOSCONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ADOPTANDO LAINTERPRETACIÓN MAS FAVORABLE AL DERECHO HUMANO DEQUE SE TRATE, LO QUE SE ENTIENDE EN LA DOCTRINA COMO ELPRINCIPIO PRO PERSONAE.- DE ESTE MODO, ESTE TIPO DE INTERPRETACIÓN POR PARTEDE LOS JUZGADORES PRESUPONE REALIZAR:A) LA INTERPRETACIÓN CONFORME EN SENTIDO AMPLIO. ELLOSIGNIFICA QUE LOS JUECES DEL PAÍS, AL IGUAL QUE TODASLAS DEMÁS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO, DEBENINTERPRETAR EL ORDEN JURÍDICO A LA LUZ Y CONFORME ALOS DERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LACONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOSCUALES EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, FAVORECIENDO ENTODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA.B) INTERPRETACIÓN CONFORME EN SENTIDO ESTRICTO. ELLOSIGNIFICA QUE CUANDO HAY VARIAS INTERPRETACIONESJURÍDICAMENTE VÁLIDAS, LOS JUECES DEBEN, PARTIENDO DELA PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES,PREFERIR AQUÉLLA QUE HACE A LA LEY ACORDE A LOSDERECHOS HUMANOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN YEN LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS QUE EL ESTADOMEXICANO SEA PARTE, PARA EVITAR INCIDIR O VULNERAR ELCONTENIDO ESENCIAL DE ESTOS DERECHOS.C) INAPLICACIÓN DE LA LEY CUANDO LAS ALTERNATIVASANTERIORES NO SON POSIBLES. ELLO NO AFECTA O ROMPECON LA LÓGICA DEL PRINCIPIO DE DIVISIÓN DE PODERES Y DELFEDERALISMO, SINO QUE FORTALECE EL PAPEL DE LOS JUECESAL SER EL ÚLTIMO RECURSO PARA ASEGURAR LA PRIMACÍA YAPLICACIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS HUMANOSESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOSINTERNACIONALES DE LOS CUALES EL ESTADO MEXICANO ESPARTE.- FINALMENTE ES PRECISO REITERAR QUE TODAS LASAUTORIDADES DEL PAÍS, EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS
TEECH/JDC/008/2015
15
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACIÓN DE APLICAR LASNORMAS CORRESPONDIENTES HACIENDO LA INTERPRETACIÓNMAS FAVORABLE A LA PERSONA PARA LOGRAR SU PROTECCIÓNMAS AMPLIA, SIN TENER LA POSIBILIDAD DE INAPLICAR ODECLARAR LA INCOMPATIBILIDAD DE LAS MISMAS.CONFORME A LA EJECUTORIA REFERIDA, ENTRE OTRAS, SEEMITIERON LAS TESIS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL PLENODE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CUYOSRUBROS SON DEL TENOR SIGUIENTE:1. CONSULTABLES EN EL SITIO: WWW.SCJN.GOB.MX“PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD YCONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOSHUMANOS”“CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELODE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD”“PARAMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EXOFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS”“SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDENJURÍDICO MEXICANO”“SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DEDERECHOS HUMANOS. SON VINCULANTES EN SUS TÉRMINOSCUANDO EL ESTADO MEXICANO FUE PARTE EN EL LITIGIO”“CRITERIOS EMITIDOS POR LA CORTE INTERAMERICANA DEDERECHOS HUMANOS CUANDO EL ESTADO MEXICANO NO FUEPARTE. SON ORIENTADORES PARA LOS JUECES MEXICANOSSIEMPRE QUE SAN MAS FAVORABLES A LA PERSONA ENTÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1º DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”EN ESA TESITURA, CONSIDERO PERTINENTE REFERIRME A LOSINSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE REFIEREN ALDERECHO A SER VOTADOAL RESPECTO, ES OPORTUNO TRANSCRIBIR Y RESALTAR LASPARTES RELEVANTES DE LOS ARTÍCULOS 2 PÁRRAFOS 1 Y 2, 3,25 Y 26 DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES YPOLÍTICOS, ASÍ COMO 1 PÁRRAFO 1, 2, 23, 29, 30 Y 32 PÁRRAFO2, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOSHUMANOS:PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS“ARTICULO 21. CADA UNO DE LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTEPACTO SE COMPROMETE A RESPETAR Y A GARANTIZAR ATODOS LOS INDIVIDUOS QUE SE ENCUENTRE EN SUTERRITORIO Y ESTÉN SUJETOS A SU JURISDICCIÓN, LOSDERECHOS RECONOCIDOS EN EL PRESENTE PACTO, SINDISTINCIÓN ALGUNA DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGIÓN,OPINIÓN POLÍTICA O DE OTRA ÍNDOLE, ORIGEN NACIONAL OSOCIAL, POSICIÓN ECONÓMICA, NACIMIENTO O CUALQUIEROTRA CONDICIÓN SOCIAL.2. CADA ESTADO PARTE SE COMPROMETE A ADOPTAR, CONARREGLO A SUS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES Y A LASDISPOSICIONES DEL PRESENTE PACTO, LAS MEDIDASOPORTUNAS PARA DICTAR LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS ODE OTRO CARÁCTER QUE FUEREN NECESARIAS PARA HACEREFECTIVOS LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN EL PRESENTEPACTO Y QUE NO ESTUVIESEN YA GARANTIZADOS PORDISPOSICIONES LEGISLATIVAS O DE OTRO CARÁCTER...
16
ARTÍCULO 3LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PACTO SECOMPROMETEN A GARANTIZAR A HOMBRES Y MUJERES LAIGUALDAD EN EL GOCE DE TODOS LOS DERECHOS CIVILES YPOLÍTICOS ENUNCIADOS EN EL PRESENTE PACTO...ARTÍCULO 25TODOS LOS CIUDADANOS GOZARÁN, SIN NINGUNA DE LASDISTINCIONES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 2, Y SINRESTRICCIONES INDEBIDAS, DE LOS SIGUIENTES DERECHOS YOPORTUNIDADES:A) PARTICIPAR EN LA DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOSDIRECTAMENTE O POR MEDIO DE REPRESENTANTESLIBREMENTE ELEGIDOS;B) VOTAR O SER ELEGIDOS EN ELECCIONES PERIÓDICAS,AUTÉNTICAS, REALIZADAS POR SUFRAGIO UNIVERSAL E IGUAL YPOR VOTO SECRETO QUE GARANTICE LA LIBRE EXPRESIÓN DELA VOLUNTAD DE LOS ELECTORES;C) TENER ACCESO, EN CONDICIONES GENERALES DEIGUALDAD, A LAS FUNCIONES PÚBLICAS DE SU PAÍS.ARTÍCULO 26TODAS LAS PERSONAS SON IGUALES ANTE LA LEY Y TIENENDERECHO SIN DISCRIMINACIÓN A IGUAL PROTECCIÓN DE LALEY. A ESTE RESPECTO, LA LEY PROHIBIRÁ TODADISCRIMINACIÓN Y GARANTIZARÁ A TODAS LAS PERSONASPROTECCIÓN IGUAL Y EFECTIVA CONTRA CUALQUIERDISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA,RELIGIÓN, OPINIONES POLÍTICAS O DE CUALQUIER ÍNDOLE,ORIGEN NACIONAL O SOCIAL, POSICIÓN ECONÓMICA,NACIMIENTO O CUALQUIER OTRA CONDICIÓN SOCIAL.”CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS“ARTÍCULO 1. OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS1. LOS ESTADOS PARTES EN ESTA CONVENCIÓN SECOMPROMETEN A RESPETAR LOS DERECHOS Y LIBERTADESRECONOCIDOS EN ELLA Y A GARANTIZAR SU LIBRE Y PLENOEJERCICIO A TODA PERSONA QUE ESTÉ SUJETA A SUJURISDICCIÓN, SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA POR MOTIVOS DERAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGIÓN, OPINIONES POLÍTICASO DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, ORIGEN NACIONAL O SOCIAL,POSICIÓN ECONÓMICA, NACIMIENTO O CUALQUIER OTRACONDICIÓN SOCIAL.…ARTÍCULO 2. DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHOINTERNO.SI EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADESMENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 1 NO ESTUVIERA YAGARANTIZADO POR DISPOSICIONES LEGISLATIVAS O DE OTROCARÁCTER, LOS ESTADOS PARTES SE COMPROMETEN AADOPTAR, CON ARREGLO A SUS PROCEDIMIENTOSCONSTITUCIONALES Y A LAS DISPOSICIONES DE ESTACONVENCIÓN, LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS O DE OTROCARÁCTER QUE FUEREN NECESARIAS PARA HACER EFECTIVOSTALES DERECHOS Y LIBERTADES.…ARTÍCULO 23. DERECHOS POLÍTICOS1. TODOS LOS CIUDADANOS DEBEN GOZAR DE LOS SIGUIENTESDERECHOS Y OPORTUNIDADES:
TEECH/JDC/008/2015
17
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
A) DE PARTICIPAR EN LA DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOSPÚBLICOS, DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE REPRESENTANTESLIBREMENTE ELEGIDOS.B) DE VOTAR Y SER ELEGIDOS EN ELECCIONES PERIÓDICASAUTÉNTICAS, REALIZADAS POR SUFRAGIO UNIVERSAL E IGUAL YPOR VOTO SECRETO QUE GARANTICE LA LIBRE EXPRESIÓN DELA VOLUNTAD DE LOS ELECTORES, YC) DE TENER ACCESO, EN CONDICIONES GENERALES DEIGUALDAD, A LAS FUNCIONES PÚBLICAS DE SU PAÍS.2. LA LEY PUEDE REGLAMENTAR EL EJERCICIO DE LOSDERECHOS Y OPORTUNIDADES A QUE SE REFIERE EL INCISOANTERIOR EXCLUSIVAMENTE POR RAZONES DE EDAD,NACIONALIDAD, RESIDENCIA, IDIOMA, INSTRUCCIÓN, CAPACIDADCIVIL O MENTAL, O CONDENA POR JUEZ COMPETENTE, ENPROCESO PENAL.ARTÍCULO 29. NORMAS DE INTERPRETACIÓNNINGUNA DISPOSICIÓN DE LA PRESENTE CONVENCIÓN PUEDESER INTERPRETADA EN EL SENTIDO DE:A) PERMITIR A ALGUNO DE LOS ESTADOS PARTES, GRUPO OPERSONA, SUPRIMIR EL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOSY LIBERTADES RECONOCIDOS EN LA CONVENCIÓN OLIMITARLOS EN MAYOR MEDIDA QUE LA PREVISTA EN ELLA;B) LIMITAR EL GOCE Y EJERCICIO DE CUALQUIER DERECHO OLIBERTAD QUE PUEDA ESTAR RECONOCIDO DE ACUERDO CONLAS LEYES DE CUALQUIERA DE LOS ESTADOS PARTES O DEACUERDO CON OTRA CONVENCIÓN EN QUE SEA PARTE UNO DEDICHOS ESTADOS;C) EXCLUIR OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS QUE SONINHERENTES AL SER HUMANO O QUE SE DERIVAN DE LA FORMADEMOCRÁTICA REPRESENTATIVA DE GOBIERNO, YD) EXCLUIR O LIMITAR EL EFECTO QUE PUEDAN PRODUCIR LADECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS Y DEBERES DELHOMBRE Y OTROS ACTOS INTERNACIONALES DE LA MISMANATURALEZA.ARTÍCULO 30. ALCANCE DE LAS RESTRICCIONESLAS RESTRICCIONES PERMITIDAS, DE ACUERDO CON ESTACONVENCIÓN, AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS YLIBERTADES RECONOCIDAS EN LA MISMA, NO PUEDEN SERAPLICADAS SINO CONFORME A LEYES QUE SE DICTAREN PORRAZONES DE INTERÉS GENERAL Y CON EL PROPÓSITO PARA ELCUAL HAN SIDO ESTABLECIDAS.ARTÍCULO 32. CORRELACIÓN ENTRE DEBERES Y DERECHOS.2.- LOS DERECHOS DE CADA PERSONA ESTÁN LIMITADOS PORLOS DERECHOS DE LAS DEMÁS, POR LA SEGURIDAD DE TODOSY POR LAS JUSTAS EXIGENCIAS EL BIEN COMÚN, EN UNASOCIEDAD DEMOCRÁTICA.”CUALQUIER CONDICIÓN QUE SE IMPONGA AL EJERCICIO DE LOSDERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEBERÁ BASARSE ENCALIDADES INHERENTES A LA PERSONA, ASÍ COMO ENCRITERIOS OBJETIVOS Y RAZONABLES Y, POR TANTO, ELEJERCICIO DE TALES DERECHOS POR LOS CIUDADANOS NOPUEDE SUSPENDERSE NI NEGARSE, SALVO POR LOS MOTIVOSPREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN Y SEAN RAZONABLES YOBJETIVOS.ASIMISMO, LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS, EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL CINCO, AL
18
RESOLVER EL CASO YATAMA VS. NICARAGUA, SEÑALÓ QUE: “LAPREVISIÓN Y APLICACIÓN DE REQUISITOS PARA EJERCITAR LOSDERECHOS POLÍTICOS [CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 23 DELA CONVENCIÓN AMERICANA] NO CONSTITUYEN, PER SE, UNARESTRICCIÓN INDEBIDA A LOS DERECHOS POLÍTICOS. ESOSDERECHOS NO SON ABSOLUTOS Y PUEDEN ESTAR SUJETOS ALIMITACIONES. […] DE ACUERDO AL ARTÍCULO 23.2 DE LACONVENCIÓN SE PUEDE REGLAMENTAR EL EJERCICIO DE LOSDERECHOS Y OPORTUNIDADES A LAS QUE SE REFIERE ELINCISO 1 DE DICHO ARTÍCULO, EXCLUSIVAMENTE POR LASRAZONES ESTABLECIDAS EN ESE INCISO. LA RESTRICCIÓNDEBE ENCONTRARSE PREVISTA EN UNA LEY, NO SERDISCRIMINATORIA, BASARSE EN CRITERIOS RAZONABLES,ATENDER A UN PROPÓSITO ÚTIL Y OPORTUNO QUE LA TORNENECESARIA PARA SATISFACER UN INTERÉS PÚBLICOIMPERATIVO, Y SER PROPORCIONAL A ESE OBJETIVO2.2. CONSULTABLE EN LA PÁGINA DE LA CORTE INTERAMERICANADE DERECHOS HUMANOS, EN EL PORTAL DE INTERNET:HTTP://WWW.CORTEIDH.OR.CR/DOCS/CASOS/ARTICULOS/SERIEC_127_ESP.PDFDE TAL SUERTE, EL DERECHO A SER VOTADO O ELEGIDO Y DEACCESO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS DEL PAÍS, ESTÁ SUJETOAL DESARROLLO LEGAL QUE EFECTÚE EL ÓRGANOLEGISLATIVO COMPETENTE EN EL SISTEMA FEDERALMEXICANO, AUNQUE CON LA LIMITACIÓN DE QUE DICHASPRESCRIPCIONES LEGALES SEAN CONFORMES CON LOSDERECHOS, EXIGENCIAS COLECTIVAS Y NECESIDADESIMPERANTES EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.EN ESE ORDEN DE IDEAS, TALES ASPECTOS PRINCIPALMENTEPUEDEN CIRCUNSCRIBIRSE EN LA REALIZACIÓN DE LADEMOCRACIA REPRESENTATIVA A TRAVÉS DE ELECCIONESLIBRE, AUTÉNTICAS Y PERIÓDICAS; LA PRÁCTICA DEL SUFRAGIOUNIVERSAL, LIBRE, SECRETO Y DIRECTO, ASÍ COMO LAVIGENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE CERTEZA, LEGALIDAD,INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD COMORECTORES DEL PROCESO ELECTORAL, ADEMÁS DELFORTALECIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE UN SISTEMA PLURALDE PARTIDOS POLÍTICOS, EN TERMINOS DE LO PREVISTO ENLOS ARTÍCULOS 40, 41 PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDOFRACCIÓN I, 116 PÁRRAFO SEGUNDO FRACCIÓN IV INCISOS A) YB) Y 122 PÁRRAFO SEXTO APARTADO C BASE PRIMERAFRACCIONES I Y V INCISO F) DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, YESPECIALMENTE LAS CONDICIONES GENERALES DE IGUALDADPARA PERMITIR EL ACCESO A LAS FUNCIONES PÚBLICAS DELPAÍS.EN EFECTO, ACORDE AL MARCO INTERNACIONAL, LA FACULTADLEGISLATIVA PARA REGLAMENTAR EL EJERCICIO DEL DERECHODE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, ESENCIALMENTE PUEDE HACERSEPOR RAZONES DE EDAD, NACIONALIDAD, RESIDENCIA, IDIOMA,INSTRUCCIÓN, CAPACIDAD CIVIL O MENTAL, O CONDENA PORJUEZ COMPETENTE, EN PROCESO PENAL, ADEMÁS EN LAPROPIA CONVENCIÓN (ARTÍCULO 32, PÁRRAFO 2) SE ADMITE LAEXISTENCIA DE UNA CORRELACIÓN ENTRE DEBERES YDERECHOS, EN LA CUAL SE ESTABLECE QUE HAY LIMITES QUEESTÁN DADOS POR LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS, LASEGURIDAD DE TODOS Y LAS JUSTAS EXIGENCIAS DEL BIENCOMÚN, EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.
TEECH/JDC/008/2015
19
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
ESE TIPO DE LIMITACIONES SON DE CARÁCTER PERSONAL,INTRÍNSECOS AL SUJETO, DE LO CUAL SE ADVIERTE QUE LASLIMITACIONES AL DERECHO FUNDAMENTAL DE SER VOTADODEBEN SER, PRIMORDIALMENTE DE ESA NATURALEZA, SIN QUEESTO SIGNIFIQUE LA IMPOSIBILIDAD PARA ESTABLECERLIMITACIONES TENDENTES A SALVAGUARDAR LOS PRINCIPIOSCONSTITUCIONALES DE CUALQUIER ELECCIÓN, COMO SON, LOSDE IGUALDAD, EQUIDAD EN LAS LIMITACIONES ADOPTADASDEBERÁN SER, NECESARIAS, PROPORCIONALES E IDÓNEASPARA LA OBTENCIÓN DE LA FINALIDAD PERSEGUIDA.DE ESTA MANERA, ATENDIENDO A LAS IMPLICACIONESFORMALES Y MATERIALES DEL DERECHO POLÍTICO ENCUESTIÓN, ASÍ COMO A SUS ALCANCES QUE SE PREVÉN ENNORMAS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA JURÍDICO NACIONAL,PARTICULARMENTE EN LOS INVOCADOS INSTRUMENTOSINTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS, DEBECONCLUIRSE QUE LA PRERROGATIVA DEL CIUDADANO PARAPODER SER VOTADO A LOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR YNOMBRADO PARA CUALQUIER OTRO EMPLEO O COMSIÓN,COMO SE ANTICIPÓ, NO TIENE CARÁCTER ABSOLUTO SINO QUESE TRATA DE UN DERECHO FUNDAMENTAL DE BASECONSTITUCIONAL Y CONFIGURACIÓN LEGAL, CUYOSCONTORNOS DEBEN ESTABLECERSE POR EL ORGANOLEGISLATIVO CORRESPONDIENTE, GARANTIZANDOCONDICIONES DE IGUALDAD QUE RESPETEN LOS PRINCIPIOS YBASES DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO NACIONAL, PERO COMO SESEÑALÓ CON ANTELACIÓN, LA RESTRICCIÓN DEBE SERADECUADA PARA ALCANZAR EL FIN PROPUESTO, NECESARIA ENCUANTO NO PRESENTE UNA MEDIDA GRAVOSA PARA ELINTERESADO, Y PROPORCIONAL EN SENTIDO ESTRICTO, A FINDE QUE NO CONSTITUYA EN MEDIDA EXCESIVA DEL DERECHO OINTERÉS SOBRE EL QUE SE PRODUCE LA INTERVENCIÓNPÚBLICA.EN EL CASO, EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN VI, DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS ESTABLECELO SIGUIENTE:ARTÍCULO 68.- PARA SER MIEMBRO DE UN AYUNTAMIENTO SEREQUIERE:…VI. NO SER CÓNYUGE O CONCUBINO, HERMANA O HERMANO,MADRE, PADRE HIJA, HIJO, O TENER PARENTESCOCONSANGUÍNEO HASTA EL CUARTO GRADO, ASÍ COMOTAMPOCO TENER PARENTESCO POR AFINIDAD HASTA ELSEGUNDO GRADO, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL O SÍNDICOEN FUNCIONES, SI SE ASPIRA A LOS CARGOS DE PRESIDENTEMUNICIPAL O SÍNDICO.COMO SE ADVIERTE EN EL MARCO CONSTITUCIONAL LOCAL,RESULTA EVIDENTE QUE EXISTE UNA RESTRICCIÓN ALDERECHO POLÍTICO-POLÍTICO ELECTORAL EN SU VERTIENTE DESUFRAGIO PASIVO, CONSISTENTE EN QUE PARA SER MIEMBRODE UN AYUNTAMIENTO, ENTRE OTROS REQUISITOS, ELCIUDADANO INTERESADO NO DEBE SER HERMANO DELPRESIDENTE MUNICIPAL O SÍNDICO EN FUNCIONES, SIASPIRARA A DICHOS CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.AHORA BIEN, DEL MARCO NORMATIVO DEFINIDO POR LOSTRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL ESTADO
20
MEXICANO, SE ADVIERTE QUE EL EJERCICIO DEL DERECHO ASER VOTADO PARA UN CARGO DE LECCIÓN POPULAR PUEDESER SOMETIDO, VÁLIDAMENTE, A REGLAMENTACIÓN PORPARTE DE LA LEY SECUNDARÍA; EMPERO, LOS FACTORESRELATIVOS A ESE DERECHO QUE ADMITEN SERREGLAMENTADOS SON LOS VINCULADOS A LA EDAD,NACIONALIDAD, RESIDENCIA, IDIOMA, INSTRUCCIÓN, CAPACIDADCIVIL O MENTAL, O CONDENA EN PROCESO PENAL, DEL SUJETOTITULAR DEL DERECHO.EVIDENTEMENTE, LA REGULACIÓN DEL DERECHO EN COMENTO,EN FUNCIÓN DE LOS REFERIDOS ASPECTOS, INDICA QUE SÓLOPUEDE SER LIMITADO FUNDAMENTALMENTE POR RAZONES DEÍNDOLE PERSONAL, INTRÍNSECAS AL CIUDADANO, ES DECIR,INHERENTE A SU PERSONA Y NO DEPENDIENTE DECONDICIONES EXTERNAS A ÉL, COMO SERÍAN LOS ACTOSJURÍDICOS DE TERCEROS EN FUNCIÓN DE LOS CUALES ELSUJETO TITULAR DEL DERECHO, SIN PARTICIPAR EN ELLOS.TAMPOCO ES UNA MEDIDA NECESARIA, IDÓNEA YPROPORCIONAL, DE CONFORMIDAD CON LOS CRITERIOS PARADETERMINAR LA VALIDEZ DE LAS RESTRICCIONES A DERECHOSFUNDAMENTEALES, ASUMIDOS POR LA CORTEINTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL CASO DEYATAMA VS. NICARAGUA, EN LA SENTENCIA DE VEINTITRÉS DEJUNIO DE DOS MIL CINCO, DE CONFORMIDAD CON LOSIGUIENTE:LA LIMITACIÓN O RESTRICCIÓN DEBIDA DE LOS DERECHOSFUNDAMENTALES TENDRÁ TALES CUALIDADES, AL CUMPLIR LASSIGUIENETS TRES CONDICIONES: A) LA RESTRICCIÓN DEBE SERADECUADA PARA ALCANZAR EL FIN PROPUESTO; B) LARESTRICCIÓN DEBE SER NECESARIA, EN CUANTO A QUE NOQUEPA UNA MEDIDA ALTERNATIVA MENOS GRAVOSA PARA ELINTERESADO Y C) LA RESTRICCIÓN DEBE SER PROPORCIONALEN SENTIDO ESTRICTO, EN VIRTUD DE QUE NO SUPONGA UNSACRIFICIO EXCESIVO DEL DERECHO O INTERÉS SOBRE EL QUESE PRODUCE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA.EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD NO DEBE SIGNIFICARSEPORQUE LA SATISFACCIÓN DE LOS INTERESES DE LOSPARTICULARES, A TRAVÉS DE LA BÚSQUEDA DE UN PUNTO DEEQUILIBRIO O DE “RAZONABILIDAD”. CRITERIO SOSTENIDO PORLA SALA SUPERIOR DE ESTE TRIBUNAL AL RESOLVER ELEXPEDIENTE SUP-JDC-695/2007.EN ESE SENTIDO, LA RESTRICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO68, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADODE CHIAPAS NO ES IDÓNEA PARA ALCANZAR LA FINALIDADPERSEGUIDA CONSISTENTE EN LOGRAR EL ADECUADO Y ELRESPONSABLE DESEMPEÑO DE UN CARGO DE ELECCIÓNPOPULAR, PUES ÉSTE ESTÁ ASEGURADO A TRAVÉS DEDIVERSOS MECANISMOS CONSTITUCIONALES, ENTRE LOSCUALES PUEDEN UBICARSE:I.- LOS PREVENTIVOS, CUYO DESARROLLO ES IDÓNEO PARAASEGURAR, INCLUSO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOSFIJADOS EN LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO MUNICIPAL YLEGISLATIVOS (CON INDEPENDENCIA DE LASRESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES, PENALES YPOLITICAS), ENTRE LOS CUALES PUEDEN MENCIONARSE LAREVISIÓN, EL ANÁLISIS, LA AUDITORÍA Y LA DICTAMINACIÓN DELAS CUENTAS PÚBLICAS ANUALES (ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN
TEECH/JDC/008/2015
21
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
XXVI Y 31 DE LA CONSTITUCIÓN ESTATAL); LA PLANEACIÓNDEMOCRÁTICA DEL DESARROLLO ESTATAL Y MUNICIPAL, ASÍCOMO EL LEGISLATIVO (ARTICULO 26 DE LA CONSTITUCIÓNFEDERAL, ASÍ COMO 27, FRACCIÓN XXXV; 38 Y 39 DE LACONSTITUCIÓN LOCAL); LA APROBACIÓN O LA REPROBACIÓN DELOS CONVENIOS SOBRE CUESTIÓN DE LÍMITES TERRITORIALESCON LAS ENTIDADES DE LA FEDERACIÓN ( ARTÍCULO 30,FRACCIÓN XXIII, DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL); ELOTORGAMIENTO DE PREMIOS O RECOMPENSAS A LASPERSONAS QUE PRESTEN SERVICIOS DE IMPORTANCIA YDECLARAR BENEMÉRITOS (ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN XVIII, DELA CONSTITUCIÓN ESTATAL); LA DIVISIÓN DE PODERES(ARTÍCULOS 16, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓNLOCAL), Y LA TOMA DE DECISIONES COLECTIVA EN ELCONGRESO DEL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS MUNICIPALES( ARTICULOS 19 Y 66 DE LA CONSTITUCIÓN DE DICHA ENTIDADFEDERATIVA);II. LOS CORRECTIVOS, ENTRE LOS CUALES ESTÁN CUANDO ELCONGRESO DEL ESTADO SUSPENDE HASTA POR TRES MESES,PREVIA GARANTÍA DE AUDIENCIA, A LOS MIEMBROS DE LOSAYUNTAMIENTOS POR SÍ O A PETICIÓN DEL EJECUTIVO CUANDOELLO SEA INDISPENSABLE PARA LA PRÁCTICA DE ALGUNAAVERIGUACIÓN, Y EN SU CASO, SEPARARLOS DEL CARGOPREVIA FORMACIÓN DE CAUSA (ARTÍCULO 30, FRACCIÓN XXXIII,DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, ASÍ COMO CONOCER, COMOJURADO DE ACUSACIÓN, DE LOS PROCEDIMIENTOS QUE PORRESPONSABILIDAD POLÍTICA SE INICIEN CONTRA LOSSERVIDORES PÚBLICOS A QUE SE REFIERE LA CONSTITUCIÓNDEL ESTADO (FRACCIÓN XXXIV DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL), YIII.LOS SANCIONATORIOS O LOS PUNITIVOS, COMO OCURRECON LA SUSPENSIÓN O DESAPARICIÓN DE AYUNTAMIENTOS, OBIEN, LA SUSPENSIÓN O LA REVOCACIÓN DE LOSAYUNTAMIENTOS; LA DELCARACIÓN DE PROCEDENCIA CONTRALOS SERVIDORES PÚBLICOS, Y EL JUICIO POLÍTICO (ARTÍCULOS30, FRACCIÓN XXIV, 79, 80, 81, 82, 83 Y 84 DE LA CONSTITUCIÓNDEL ESTADO).EN ESTE SENTIDO LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 68,FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DECHIAPAS, AL NO SER ACORDE AL MARCO CONSTITUCIONAL EINTERNACIONAL, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOSARTÍCULOS 1 Y 35, FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,EN REALCIÓN CON LOS INSTRUMENTOS DE DERECHOCOMUNITARIO ANTES ANALIZADOS, RESULTA FUNDAMENTALSALVAGUARDAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE LOSINDIVIDUOS DE SER VOTADOS, EN LA ESPECIE, ASPIRAR A SERELECTO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE UN AYUNTAMIENTODEL ESTADO DE CHIAPAS, CON INDEPENDENCIA DELPARENTESCO QUE EXISTA CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENFUNCIONES, EN LA ESPECIE, PRESIDENTE Y SÍNDICOSMUNICIPALES.LA CONCLUSIÓN ANTERIOR, ES ACORDE CON LAINTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA SUPREMA CORTE DEJUSTICIA DE LA NACIÓN, ACERCA DEL ARTÍCULO 35, FRACCIÓNII, CONSTITUCIONAL.EN RELACIÓN CON EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE SERVOTADO Y EL SENTIDO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 35,
22
FRACCIÓN II, CONSTITUCIONAL, EN LA ACCIÓN DEINCONSTITUCIONALIDAD 28/2006 Y ACUMULADAS, LA SUPREMACORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CONSIDERÓ, EN LO QUEINTERESA, LO SIGUIENTE:1. EL RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER DE FUENTE NORMATIVADE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR ELPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y RATIFICADOS POR EL SENADO,EN MATERIA DE DERECHOS POLÍTICOS.2. LA CONSAGRACIÓN DEL DERECHO A SER VOTADO PARACARGOS DE ELECCIÓN POPULAR, EN EL ARTÍCULO 35CONSTITUCIONAL.3.-EL ALCANCE QUE EL ÓRGANO REFORMADOR DE LACONSTITUCIÓN FEDERAL EL ATRIBUYÓ AL CONCEPTO“CALIDADES QUE ESTABLEZCAN LA LEY”, REFERIDO EN LAFRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 35 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,ES QUE LAS LIMITACIONES AL DERECHO DE SER VOTADO,ENCUENTRA JUSTIFICACIÓN CUANDO SE REFIERENFUNDAMENTALMENTE, A CIRCUNSTANCIAS INHERENTES A LAPERSONA, CON LO CUAL, EVIDENTEMENTE, SE EXCLUYENOTRO TIPO DE ATRIBUTOS O CIRCUNSTANCIAS QUE LIMITENESE DERECHO, CUANDO NO SEAN ESENCIALES O INTRÍNSECOSA LA NATURALEZA DEL SUJETO EN CUESTIÓN, LO CUAL SECORROBORA CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 55, 58,59, 82, 115, 116 Y 122 DE LA PROPIA NORMA FUNDAMENTAL, ENLO RELATIVO A OCUPAR LOS CARGOS DE DIPUTADOS YSENADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE PRESIDENTE DELOS ESTADO UNIDOS MEXICANOS, DE INTEGRANTES DE LOSAYUNTAMIENTOS MUNICIPALES, ASÍ COMO DE GOBERNADORESY DE DIPUTADOS A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS,ADEMAS DE DIPUTADOS A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Y DE JEFEDE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.LA INTERPRETACIÓN SUSTENTADA POR LA SUPREMA CORTE,RESPECTO DE LA FORMA EN QUE SE DEBE ENTENDERSE ELARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL SIRVE DE CRITERIOORIENTADOR PARA INTERPRETAR LO DISPUSETO EN ELARTÍCULO 68, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DELESTADO DE CHIAPAS, PUESTO QUE, EN LA PARTE CONDUCENTELIMITA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SUFRAGIO PASIVO,SOBRE LA ÚNICA BASE DE TENER PARENTESCO DE HERMANO,CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL O SÍNDICO EN FUNCIONES, SISE ASPIRA A ACCEDER A DICHOS CARGOS DE ELECCIÓNPOPULAR AL NO CORRESPONDER ÉSTA, A CALIDADESINHERENTES A LA PERSONA.EN ESE ORDEN DE IDEAS, SE DEBE OBSERVAR LO DISPUESTOEN LOS ARTÍCULOS 1 Y 35 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓNFEDERAL, POR SER EL PRECEPTO DE SALVAGUARDA Y TUTELAEL EJERCICIO DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE SER VOTADO,HABIDA CUENTA QUE GARANTIZAN LOS DERECHOS PROHOMINE O PRO LIBERTATE, QUE TIENE COMO DIRECTRIZFAVORECER UNA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA A FAVOR DELOS INDIVIDUOS, ESTO ES, IMPLICA CONSIDERAR A LA LIBERTADCOMO UNO DE LOS VALORES DE LA MAYOR IMPORTANIA EN UNESTADO DE DERECHO, SI SE TIENE EN CUENTA QUE LOSPRINCIPIOS SON LAS PIEZAS MAS IMPORTANTES DEL SISTEMAJURÍDICO, PUESTO QUE REPRESENTA EL PODER EN EL CAMPODE LA ACCIÓN DEL INDIVIDUO NECESARIO PARA SUDESARROLLO Y AUTORREALIZACIÓN, LO CUAL REDUNDA EN
TEECH/JDC/008/2015
23
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
BENEFICIO DE LA SOCIEDAD, Y COMO TAL, CONSTITUYE UNFRENO AL PODER DEL ESTADO, PARA IMPEDIR EL ABUSO DELOS GOBERNANTES.EN ESE SENTIDO, EN UN ESTADO DE DERECHO LA TENDENCIAEN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS Y LA INTERPRETACIÓNJURÍDICA APUNTA A LOGRAR LA MAYOR LIBERTAD POSIBLE ENEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOSGOBERNADOS, DE MANERA QUE EL JUEZ DEBE RESOLVERMEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMA QUE MEJOR PROTEJALA LIBERTAD, O QUE LA HAGA POSIBLE EN MAYOR MEDIDA(CRITERIO SOSTENIDO POR LA SALA SUPERIOR AL RESOLVEREL EXPEDIENTE SUP-JDC-695/2007).LUEGO ENTONCES, EL DERECHO AL VOTO PASIVO AL SER UNDERECHO FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 35,FRACIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LOS INSTRUMENTOS DECARÁCTER INTERNACIONAL, NO DEBE SER RESTRINGIDO LOPREVISTO EN EL ARTÍCULO 68, FRACCIÓN VI, DE LACONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, PUESCONCULCA EL DERECHO DEL INDIVIDUO A SER VOTADO.ESTE CRITERIO ENCUENTRA SUSTENTO, EN TESIS DEJURISPRUDENCIA 29/2002 SUSTENTADA POR LA SALA SUPERIORDE ESTE TRIBUNAL, CUYO RUBRO ES: “DERECHOSFUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SUINTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SERRESTRICTIVA”POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, SOLICITO A USTEDESSEÑORES MAGISTRADOS LA DESAPLICACIÓN DEL ARTICULO 68,FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DECHIAPAS, EN LO QUE RESPECTA AL IMPEDIMENTO QUE TENGOPARA SER CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR SERHERMANO DEL ACTUAL EDIL, ELLO EN VIRTUD DE QUE LAAUTORIDAD RESPONSABLE ADMINISTRATIVA, NO TUVO LACAPACIDAD DE INTERPRETAR PRO HOMINE EL CASO CONCRETOPLANTEADO EN LO RELATIVO A MI SITUACION, ACORDE ALPRINCIPIO DE CONVENCIONALIDAD, PUES LAS NUEVASREFORMAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS OTORGA LAFACULTAD A CUALQUIER AUTORIDAD PARA IMPONER LOSCRITERIOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCION Y LOSTRATADOS SOBRE LEYES SECUNDARIAS QUE AFECTEN ESTOSDERECHOS.SIRVE DE APOYO LA JURISPRUDENCIA QUE AL RUBRO DICE:“DERECHOS FUNDAMENTALES CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓNNO DEBE SER RESTRICTIVA”, consultable en la Compilación Oficialde Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 97-99.COMO COROLARIO DE LO EXPUESTO, SOLICITO A USTEDESSEÑORES MAGISTRADOS QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE YDE SER NECESARIO, SE SUPLA LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA YTOMEN EN CUENTA AL RESOLVER, QUE EL MUNICIPIO DESITALA, CHIAPAS, DONDE PRETENDO PARTICIPAR, ESPREDOMINANTEMENTE INDIGENA (MAS DEL 70% DE LAPOBLACION ES HABLANTE DE UNA LENGUA INDIGENA, DECONFORMIDAD CON EL CENSO DEL INEGI DE 2010),SOLICITANDO SE DESAPLIQUE EL ARTICULO 68, FRACCION VI,EN LO QUE A MI RESPECTA, PARA EFECTO QUE PUEDA
24
INSCRIBIR MI PRECANDIDATURA O CANDIDATURA, POSTULADOPOR EL PARTIDO EN EL QUE MILITO
VI.- Estudio de Fondo. En este apartado se analizarán
los argumentos que el impetrante hizo valer en el juicio
ciudadano local.
De la demanda referida se advierte que el justiciable
aduce que la respuesta dada a su consulta de fecha doce de
febrero del año en curso, por parte del Consejo General del
Instituto Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, a través del Secretario Ejecutivo viola en su perjuicio
los artículos 1º, 14, 16, 35 y 41, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados
internacionales suscritos por México en la materia.
Lo anterior, porque en concepto del enjuiciante la
respuesta viola su derecho político electoral de ser votado, en
razón de que apriorísticamente se le está vetando de la
oportunidad para aspirar al cargo de Presidente Municipal.
Considera que la fracción VI, del artículo 68, de la
Constitución Política de Chiapas, causa agravio en el sentido
de establecer si en su caso, puede ser postulado por un
partido político para ser candidato a Presidente Municipal
de Sitalá, Chiapas, ya que tal como lo refiere tiene
parentesco por consanguineidad con quien actualmente
ocupa dicho cargo.
Como se ve, la pretensión del enjuiciante es que se le
inaplique en su esfera jurídica, la fracción VI del artículo 68, de
la Constitución Política del Estado de Chiapas.
TEECH/JDC/008/2015
25
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
Los agravios que hace valer el actor son infundados por
las consideraciones siguientes.
Es menester precisar que para que proceda el estudio
sobre la inaplicación de una norma, por inconstitucional, es
necesario que se cumplan dos requisitos:
a). Debe existir un acto de aplicación de la norma cuya
inaplicación se solicita; y,
b). Quien solicite la inaplicación de la norma debe señalar
los preceptos constitucionales que contraviene y las razones
que sustentan su petición.
Por lo que a continuación se analizan tales elementos,
previo a su aplicación en el caso concreto que nos ocupa.
En lo que respecta al "acto de aplicación", dicho
concepto ha sido desarrollado por la doctrina y la
jurisprudencia, derivado del ejercicio de la facultad de los
gobernados para impugnar leyes, por ello resulta pertinente
precisar que el estado de derecho constitucional otorga
garantías de seguridad jurídica, entre ellas, el acceso a la tutela
judicial efectiva, y que tal acceso conlleva el alcance de otorgar,
a través de vía acción, el derecho de controvertir leyes que se
consideren contrarias a la Carta Magna.
De lo anterior, se advierte que la facultad para impugnar
leyes electorales debe ejercitarse para casos concretos, es
decir, cuando la norma afecta una situación particular del
26
gobernado. De ahí la importancia del concepto "acto de
aplicación".
En ese sentido, para identificar los casos en que la ley
produce una afectación, la doctrina y la jurisprudencia son
coincidentes en los siguientes conceptos:
a). Ley autoaplicativa o de individualizaciónincondicionada, entendida como la que con su sola entrada en
vigor afecta la esfera de derechos del gobernado, debido a que
crea, modifica o extingue situaciones jurídicas determinadas; y,
b). Ley heteroaplicativa o de individualizacióncondicionada, que es la que no genera esa afectación con su
sola entrada en vigor, sino que requiere ser particularizada a un
caso concreto, que produzca un menoscabo en la esfera
jurídica del sujeto al que, precisamente, le está siendo aplicable
la disposición.
Dicha afirmación, es conforme con la jurisprudencia
número 328, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y
HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL
CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA."3
Es así, que los conceptos "autoaplicativas","heteroaplicativas", "individualización incondicionada" e"individualización condicionada", han ido conformando
criterios útiles para poner de manifiesto el elemento común, y a
3 Consultable en la página 383, del Apéndice 2000, Tomo I, Constitucional, Jurisprudencia
SCJN, Novena Época, Materia Constitucional.
TEECH/JDC/008/2015
27
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
la vez, requisito esencial para que una ley admita ser
impugnada por ser contraria a la Constitución; dicho requisito
es: que la ley produzca una afectación en la esfera jurídicadel gobernado.
La importancia de puntualizar los anteriores conceptos,
estriba en que, de acuerdo con la Constitución y la ley, las
normas electorales susceptibles de ser impugnadas se
encuentran vinculadas con lo que el criterio jurisprudencial
invocado refiere como leyes "heteroaplicativas", o de"individualización condicionada".
Es decir, los anteriores conceptos admiten ser
identificados y relacionados forzosamente con el concepto de
"acto de aplicación", ya que se trata de la acción necesaria para
que la ley adquiera individualización que actualice un perjuicio
en el gobernado.
De ahí la importancia de definir lo que debe entenderse
como acto de aplicación de la norma electoral, para efectos
de su impugnación.
Al respecto, se han identificado ciertos elementos para
configurar un concepto, en sentido estricto, de "acto de
aplicación", al establecer que es el acto de autoridad en contra
de un gobernado, positivo o negativo, de hecho o de derecho,que de forma particular, específica y concreta actualiza una
hipótesis normativa y produce una afectación en sus derechos.
Y como elemento del acto de aplicación de la ley, se
encuentra el hecho de que éste haya irrumpido en la
28
individualidad de un gobernado, al grado de ocasionarle un
agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o
materialmente, de manera escrita o de hecho, y que basta que
dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico
y altere el ámbito jurídico del individuo, para que se estime
aplicada.
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-REC-15/2011, ha precisado que los elementos enunciados en los
párrafos precedentes no persiguen la finalidad de circunscribir y
limitar el concepto de "acto de aplicación" de manera restrictiva
a esas hipótesis, en virtud de que se señalan de manera
enunciativa, no limitativa; sino que se inclinan a poner de
manifiesto, de manera clara y evidente, que una ley que está
siendo aplicada, afecta de manera particular y concreta a un
gobernado.
De ese modo se justifica plenamente, que la intervención
del Órgano Constitucional es necesaria para el análisis de una
ley que pudiendo ser contraria a la Constitución, sea aplicada
en perjuicio de un gobernado. Y por el contrario, la ausencia de
tales elementos constituye la evidencia de que la ley
impugnada en realidad no está desplegando efecto alguno
sobre los derechos del ciudadano, de tal suerte que su
impugnación ante el órgano jurisdiccional constitucional no se
encuentra justificada.
Es por ello que el concepto "acto de aplicación" no está
restringido al actuar de una autoridad que, por sí mismo y de
manera directa determine la aplicación de una ley a un
gobernado y que produzca la afectación de sus derechos.
TEECH/JDC/008/2015
29
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
Lo anterior es así, porque los actos con las características
y los elementos mencionados no son los únicos que ponen de
manifiesto, que una ley o dispositivo normativo está siendo
aplicado en perjuicio de un sujeto, dado que el concepto de
"acto de aplicación" se encuentra asociado al de
"individualización condicionada" de la norma, como referente de
las leyes heteroaplicativas.
En tal sentido, la condición (o concreción del acto de
aplicación), para que se surta la procedencia de la impugnación
de una ley que se estime contraria a la Constitución Federal,
heteroaplicativa o de individualización condicionada, puede
consistir en:
a). La realización de un hecho jurídico necesario para que
la ley adquiera individualización, el cual puede ser, a su vez: i)administrativo; o, ii) jurisdiccional;
b). La creación de un hecho jurídico emanado de la
voluntad del propio gobernado; y,
c). La producción de un hecho jurídico ajeno a la voluntad
humana.
Hipótesis todas estas, que sitúan al particular dentro del
supuesto legal controvertido.
Como se puede apreciar, existen diversos actos o hechos,
jurídicos, que admiten ser considerados como la condición
necesaria para la aplicación de una ley en el ámbito de
derechos de un gobernado, y constituyen un requisito
indispensable para su impugnación, los cuales le otorgan el
30
carácter de ley heteroaplicativa o de "individualización
condicionada" y no solamente el acto de autoridad, positivo o
negativo, de hecho o de derecho, que de manera directa,
particular, específica y concreta determine la aplicación de una
ley a un gobernado, y como consecuencia de ello produzca la
afectación inmediata de sus derechos.
Por tanto, el concepto "acto de aplicación" también debe
entenderse en sentido extensivo, en la medida de que puede
provenir de una autoridad, del propio gobernado, o incluso
emane de un acto jurídico en el que no intervenga la voluntad
humana, siempre y cuando ponga en evidencia que la ley
impugnada está siendo aplicada al justiciable, con influencia y
efectos en el cúmulo de derechos de éste. Es decir, el concepto
de "acto de aplicación" admite ser extensivo a casos respecto
de los cuales pueda deducirse lógicamente del contexto, como
razonablemente incluidos en dicha concepción, por virtud de
que se surte el rasgo esencial indicado.
Lo anterior se justifica en el método de interpretación propersona, contenido en el artículo 1°, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que el tema
incide en la protección de derechos humanos y la optimización
de las garantías de los gobernados.
Con base en lo antes expuesto, se analiza si en el caso
concreto la respuesta emitida por el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, constituye un acto de aplicación de la fracción VI, del
artículo 68, de la Constitución Política local, que afecte el
derecho de ser votado de Sandro de la Cruz López.
TEECH/JDC/008/2015
31
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
Como se advierte de los antecedentes, el doce de febrero
del año dos mil quince, Sandro de la Cruz López realizó la
consulta al Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, sobre si podría
participar en las próximas elecciones como candidato a
Presidente Municipal de Sitalá, Chiapas. El inmediato primero
de mayo, se le hizo del conocimiento mediante oficio
IEPC/SE/270/2015, derivado del acuerdo numero IEPC/CG/A-033/2015, emitido por el Consejo citado, en el que le dejaba a
salvo el derecho del actor para que en su oportunidad, cuando
el mencionado consejo resolviere sobre las candidaturas y él
éstuviera, en el supuesto, promoviera lo que a su interés
convenga a través de los mecanismos legales respectivos, esto
es que en ningún momento la autoridad responsable le
manifestó que por ser hermano del actual Presidente Municipal
en funciones de Sitalá, Chiapas; tenga impedimento
constitucional para ser candidato al cargo que pretende
contender.
Al caso, tiene aplicación la jurisprudencia 1/2009, emitida
por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación del
rubro siguiente: "CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE
UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA
CORRESPONDIENTE CUANDO DEL CONTEXTO JURÍDICO
Y FÁCTICO DEL CASO SE ADVIERTA, QUE FUE APLICADA
AL GOBERNADO".4
En la referida jurisprudencia se sostiene que si bien es
cierto, para determinar si existe un acto de aplicación de una
4 Compilación 19972013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral. Jurisprudencia, Volumen
1, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, p.240241.
32
norma, debe atenderse a si éste ha irrumpido en la
individualidad del gobernado, ya sea que se le aplique formal o
materialmente, de manera escrita o de hecho, de tal suerte que
se materialicen sus efectos en el mundo fáctico y altere el
ámbito jurídico de la persona, también lo es, que el concepto de
acto de aplicación no se limita a esas hipótesis, ya que éstas
más bien persiguen la finalidad de poner de manifiesto, de
manera clara y evidente, que una ley está siendo aplicada y
que afecta de manera particular y concreta a un gobernado.
Además, se señala que para considerar que la respuesta
dada a una consulta tiene el carácter de acto de aplicación,
debe atenderse al contexto jurídico y fáctico que permitadeterminar razonablemente, si dicha respuesta reviste lacaracterística esencial de poner de manifiesto, que elgobernado esté colocado en la hipótesis jurídica que afectasus derechos.
Para mayor ilustración, el artículo 219, del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas,
señala que el proceso electoral comienza la primera semana
del mes de octubre del año anterior a aquel en que se celebre
las elecciones, lo que se traduce en que el proceso electoral en
el Estado, dió inicio el siete de octubre de la pasada anualidad.
Así mismo, el Código referido establece en el numeral
225, que las precampañas no podrán exceder de diez días y
que en el caso de miembros de Ayuntamientos, darán inicio
cincuenta y nueve días antes de la elección y concluirán
cincuenta días antes de la elección; esto es del veintiuno al
treinta de mayo del año en curso.
TEECH/JDC/008/2015
33
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
Además, el diverso 233 del código de referencia prevé que
los plazos para solicitar el registro de las candidaturas
postuladas por los partidos políticos, en el caso de
ayuntamientos, comenzará treinta y nueve días antes de la
elección y terminará treinta y siete días antes de la misma, lo
que se traduce del diez al doce de junio de la presente
anualidad.
Del contenido de tales disposiciones se advierte que, la
autoridad administrativa electoral local contestó la consulta con
aproximadamente veinte días previos al inicio de las
precampañas, y por ende, de que el actor tuviera la posibilidad
real y material, en ese momento, de ser propuesto como
precandidato o candidato a Presidente Municipal por algún
partido político en Sitalá, Chiapas, y en consecuencia, de
resultar electo en el proceso interno correspondiente, de ser
registrado como precandidato o candidato a dicho cargo de
elección popular.
En consecuencia, para que este órgano jurisdiccional se
encuentre en la posibilidad de inaplicarle la fracción VI, del
artículo 68, de la Constitución Política del Estado de Chiapas,
era necesario que por lo menos algún partido político ya lo
hubiera propuesto como precandidato o se hubiese presentado
ante el órgano administrativo electoral local, la intención de
registrarse como candidato independiente al cargo de
Presidente Municipal de Sitalá, Chiapas, porque sólo de esa
manera Sandro de la Cruz López tendría la posibilidad real de
ser postulado para dicho cargo.
34
En ese orden de ideas, dada la temporalidad y
características concretas en la que se contestó la consulta al
actor, no existe en este momento un acto de aplicación del
mencionado artículo 68, fracción VI, de la Constitución Política
del Estado de Chiapas, que afecte la esfera jurídica de quien
acudió a esta instancia jurisdiccional.
Por las consideraciones anteriores, al resultar los agravios
infundados, se declara improcedente la inaplicación del artículo
68, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, a favor de Sandro de la Cruz López.
Por lo expuesto y fundado, se,
R E S U E L V E
Primero.- Ha procedido el Juicio para la Protección de los
Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por
Sandro de la Cruz López.
Segundo.- En consecuencia, se confirma, en lo que fue
materia de impugnación, el acuerdo número IEPC/CG/A-033/2015 emitido por el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana del Estado.
Notifíquese, personalmente al actor en el domicilio
señalado en autos; por oficio acompañado de copia certificada
de la presente resolución a la autoridad responsable y, por
estrados para su publicidad. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 390, 391, 392, fracción IV y 397, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
TEECH/JDC/008/2015
35
Tribunal Electoral delEstado de Chiapas
En su oportunidad, archívese este expediente como asunto
total y definitivamente concluido, previa anotación que se
realice en el Libro de Gobierno correspondiente. Cúmplase.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos los
Magistrados Licenciados Guillermo Asseburg Archila, Angelica
Karina Ballinas Alfaro, Arturo Cal y Mayor Nazar, Mauricio
Gordillo Hernández y Miguel Reyes Lacroix Macosay, siendo
Presidente y ponente el tercero de los nombrados, quienes
integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas,
ante la Ciudadana María Magdalena Vila Domínguez,
Secretaria General de Acuerdos y del Pleno, con quien actúan y
da fe.
Arturo Cal y Mayor NazarMagistrado Presidente
Guillermo Asseburg ArchilaMagistrado
Angelica Karina BallinasAlfaro
Magistrada
36
Miguel Reyes LacroixMacosay
Magistrado
Mauricio GordilloHernándezMagistrado
María Magdalena Vila DomínguezSecretaria General de Acuerdos y del Pleno
Certificación. La suscrita María Magdalena Vila Domínguez, Secretaria General deAcuerdos y del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, con fundamento enel artículo 513, fracción V, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y 27,fracción XI, del Reglamento Interno de este Órgano Colegiado. HACE CONSTAR, quela presente foja forma parte de la resolución pronunciada el día de hoy, por el Pleno deÓrgano Jurisdiccional en el Juicio para la Protección de los Derechos PolíticoElectorales del Ciudadano TEECH/JDC/008/2015, y que las firmas que lo calzancorresponden a los magistrados que lo integran. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiochode mayo de dos mil quince.
