HISTORIA  DE  ESPAÑA   1  

 

Magdalena  García  López.  Departamento  de  Geografía  e  Historia    

 

TEMA 11.- TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS DEL SIGLO XIX: LAS DESAMORTIZACIONES

Introducción En la historia de la economía, el siglo XIX es el siglo de la industrialización. En algunos países (Gran Bretaña, Francia, Alemania) surge una nueva sociedad en la que la industria es la actividad principal. La industrialización implicó un cambio radical en las formas de producir y en la propiedad y una transformación en la organización de la propiedad, la cual recibe el nombre de capitalista. En España, durante el siglo XIX, se produjo una transformación de las estructuras económicas y sociales, propias del Antiguo Régimen. Durante la década de 1830 se iniciaron los primeros intentos de modernizar la estructura económica española, en el marco de la construcción de un Estado liberal: libertad de comercio, de empresa, abolición de los gremios, abolición de los señoríos y desamortizaciones. Sin embargo, el paso a una economía industrial y a una sociedad industrializada fue un proceso lento, condicionado por varios factores, y localizado en áreas periféricas de la Península. Esto significó que España sufriera un retraso económico respecto a otros países europeos que habían seguido al Reino Unido en su proceso de industrialización. A pesar de todo, al final de siglo, las relaciones sociales propias del capitalismo se habían consolidado. Sin embargo la agricultura seguía empleando a más de dos terceras partes de la población, proporción muy similar a la de 1800. Desarrollo 1.- LOS CAMBIOS AGRARIOS EN EL SIGLO XIX Hacia 1833, cuando finalizó el reinado de Fernando VII, la agricultura continuaba siendo la base fundamental de la economía española. Los factores que obstaculizaban entonces el desarrollo del sector agrario en nuestro país eran tanto de carácter natural y físico, como de tipo sociopolítico. Tras la muerte de Fernando VII, los mayores impedimentos de carácter sociopolítico al crecimiento y a la modernización agraria eran el exceso de tierras de “manos muertas”, la carencia de libertades económicas y la desigual distribución de la propiedad de la tierra (la mayoría del campesinado sobrevivía en una situación de extrema pobreza que contrastaba con la extraordinaria riqueza de una minoría latifundista). Sin embargo, a partir de 1833 aumentó rápidamente la superficie de tierra cultivada ya que, como consecuencia de las leyes desamortizadoras, fueron roturados nuevos terrenos y la producción total agraria española (cereales, vid, olivo) experimentó un fuerte crecimiento. Después de desmontar el régimen absolutista, los liberales impulsaron diversas iniciativas con el propósito de reformar la agricultura: la eliminación de los mayorazgos (1836), la introducción de la libertad total de producción y comercio (1836), la supresión de los derechos señoriales (1837) y la desamortización eclesiástica. Con estas medidas, los liberales no pretendían culminar una transformación social para facilitar a los campesinos el acceso a la propiedad de la tierra, sino que, por el contrario, sus reformas sólo tenían objetivos de carácter económico:

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- La liberalización de la agricultura para que el factor productivo tierra circulara libremente en el mercado y

- La eliminación de obstáculos al desarrollo del capitalismo en la agricultura facilitando el traspaso de la propiedad de todas las tierras a manos individuales.

1.1 La reforma agraria liberal: el proceso de desamortización 1.1.1. Antecedentes del proceso desamortizador

Una característica de la mentalidad ilustrada fue considerar que las tierras vinculadas eran mal explotadas por sus propietarios y esto tenía graves consecuencias para la sociedad y además contribuía al atraso de España. A pesar de esto, no se procedió a la desamortización de esas tierras hasta que el Estado no se vio obligado a ello, para sufragar los gastos ocasionados por las guerras o ante los graves problemas de la Hacienda pública. El gobierno de CARLOS IV, agobiado por los gastos ocasionados por las guerras, recurrió a las manos muertas para salvarse de la bancarrota. El rey decidió en 1798 la primera desamortización de los bienes de la Iglesia. Los bienes a desamortizar fueron los de los establecimientos de beneficencia regidos por instituciones eclesiásticas (hospicios, casas de misericordia, etc.). Los bienes se venderían en pública subasta pero la deuda no dejó de crecer y las tierras fueron a parar a los grandes propietarios, pues eran los únicos que podían comprarlas. También hubo un proceso de desamortización durante el reinado de JOSE I BONAPARTE de los bienes del clero y de los aristócratas que se resistieron a la dominación francesa. Las CORTES DE CÁDIZ también emprendieron una obra desamortizadora. Se estableció, por los decretos de 1812 y 1813, la desamortización de los bienes de las comunidades religiosas extinguidas, de los bienes de la Inquisición, de los jesuitas y de las órdenes militares; también contemplaba la reducción a la mitad de las tierras de los ayuntamientos. La desamortización quedó interrumpida en 1814 con el regreso de Fernando VII. La desamortización fue concebida como una medida fiscal, no como una reforma agraria.

1.1.2. La desamortización eclesiástica (1836-1837) A modo de introducción diremos que la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen estaba en manos de la Iglesia, de la nobleza rentista, del Estado o de los municipios; habitualmente se denunciaba su explotación poco racional que impedía obtener el mejor rendimiento. Estos beneficiarios se consideraban como “manos muertas”, por lo que el proceso de hacer pasar las tierras de ellos a otros propietarios dispuestos a obtener una mejor explotación económica en beneficio propio se denomino DESAMORTIZACIÓN. Este proceso constituye un elemento esencial para comprender el tránsito de la sociedad del Antiguo Régimen al liberalismo, en el que la propiedad se concibe como individual en su capacidad de gestión. El progresista Juan Álvarez Mendizábal (primero como jefe de Gobierno y luego como ministro de Hacienda) emprendió una gran desamortización eclesiástica mediante la nacionalización y venta en pública subasta al mejor postor de los bienes expropiados previamente a la Iglesia. Además, se ordenó la supresión y venta de los monasterios y conventos de las órdenes religiosas masculinas y femeninas del clero regular, a excepción de los edificios destinados a la beneficencia y

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la educación. Todas las fincas rústicas y los bienes inmuebles urbanos desamortizados fueron subastados, en presencia del juez, en los locales de los distintos ayuntamientos. Mendizábal pretendía alcanzar tres objetivos con esta desamortización eclesiástica:

• El objetivo prioritario era de carácter financiero: conseguir ingresos extraordinarios para pagar las deudas contraídas por el Estado. Con el dinero recaudado se aspiraba a resolver los graves problemas hacendísticos y, además, se obtenían nuevos fondos para costear la guerra contra los carlistas.

• El objetivo político de la desamortización consistía en ampliar el número de simpatizantes del liberalismo, ya que los compradores de bienes eclesiásticos desamortizados perderían las tierras adquiridas en caso de una victoria del bando carlista. Los partidarios de don Carlos habían anunciado su disposición a devolver las propiedades al clero.

• La creación de una clase media agraria de campesinos propietarios era otro de los objetivos, éste de tipo social.

Sin embargo, esta desamortización sólo sirvió para aliviar parcialmente el abultado déficit público estatal. Entre los compradores de tierras desamortizadas destacaron los latifundistas y los ricos hombres de negocios residentes en Madrid y Barcelona (que adquirieron parcelas para especular y revenderlas luego), pero también hubo muchos pequeños agricultores y modestos campesinos. Sin duda alguna, el desmantelamiento de los fundamentos materiales del poder económico de la Iglesia y el aumento del distanciamiento entre el clero y el nuevo régimen liberal fueron dos de las principales consecuencias de esta desamortización. El clero católico (que también había perdido el diezmo en 1837) fue despojado de casi todas sus propiedades, tierras, edificios y fincas urbanas. La interrupción de la obra desamortizadora, fue obra de Narváez (Década Moderada 1844-1854). No será hasta el Bienio Progresista (1854-1856), siendo ministro de Hacienda Pascual Madoz, cuando se complete la obra desamortizadora.

1.1.3. La desamortización municipal (1855) La Ley General de Desamortización de Mayo de 1855, venía a completar la obra de Mendizábal. Esta nueva ley afectó a las tierras de propiedad municipal y significó la desaparición definitiva de los bienes de “manos muertas” en España. Como en ocasiones anteriores, la recaudación de fondos suplementarios para reducir el déficit estatal y la obtención de nuevos ingresos para financiar obras públicas volvían a ser los objetivos. Sin embargo, la venta de las tierras municipales arruinó a muchos ayuntamientos y perjudicó a los vecinos más pobres, que perdieron la utilización de los terrenos comunales de su municipio (unos terrenos de aprovechamiento libre y gratuito donde podían recoger leña o llevar a pastar su ganado). Esto forzó a una parte de la población rural a emigrar a las ciudades. En cualquier caso, el alcance y la importancia cuantitativa de las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz fue extraordinario, ya que afectaron al 20% del suelo español.

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1.1.4. Consecuencias del doble proceso desamortizador 1. Sociales

• No se crea una clase media campesina. La estructura de la propiedad sigue siendo similar a la época anterior.

• Sirvió para liquidar el poder económico de determinados sectores estamentales y para dotar de base territorial a la naciente burguesía que carecía de ella.

• Impuso una mayor miseria a los campesinos, ya que los nuevos propietarios hicieron más duras las consecuencias de los contratos o empleaban a jornaleros.

• Se crea una nueva oligarquía, la de los burgueses terratenientes, que no trasformaron sus explotaciones sino que se convirtieron en absentistas, que viven de las rentas, sin preocuparse de la modernización.

2. Económicas

• Aumentó la extensión de las tierras cultivadas. • No se produjo el proceso de renovación técnica que debía traer un aumento de

productividad. Los rendimientos por hectárea eran bajos. • En España, apenas tuvo incidencia la revolución agrícola europea, y el campo adoleció

de inversiones que permitieran la modernización. • Los Ayuntamientos perdieron una de las más importantes fuentes de ingresos, lo que

ocasionó una mayor centralización al depender del Ministerio de Gobernación.