-
La Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia.
Derechos de informacin, de atencin y gestin, de identificacin de
actuaciones y funcionarios, derechos lingsticos.
Derechos frente a los profesionales que asisten y representan al
ciudadano: Abogados, Procuradores, Graduados Sociales.
El Derecho a la Justicia Gratuita.
tema
09 AUXILIO JUDICIAL
202-15
471-13
-
SIMBOLOGA UTILIZADA EN EL TEMARIO
Nota eNlace
Link con otros temas del temario oficial. Para que aproveches al
mximo tu tiempo de estudio y para que tengas en cuenta en todo
momento los bloques de contenido del temario.
coNsejo
Indicaciones, consejos y pequeos trucos que, al margen del
desarrollo expositivo del tema, pueden ayudarte en tu
preparacin.
PreguNta clave
Preguntas de respuesta abierta, situadas al final de un epgrafe
o fragmento del tema, cuya respuesta te da las claves para saber si
has asimilado o no el fragmento que acabas de estudiar o leer.
recordaNdo coNcePtos
Recordatorio de conceptos bsicos o previos, que has de tener en
cuenta para un ptimo estudio del tema. Nociones aclaratorias
vinculadas con el tema tratado.
Nota
Una aclaracin o nota al margen de la exposicin del tema. Slo la
encontrars en casos excepcionales.
coNsulta eN el aNexo
Remisin al apndice o al anexo del temario o del tema en concreto
para que amples la informacin legislativa de tu Comunidad o sobre
cualquier otro aspecto relevante.
-
3
tema 9
auxilio judicial
1. LA CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIA
1.1. JUSTIFICACIN
1.2. ESTRUCTURA DE LA CARTA
2. DERECHOS DE INFORMACIN, DE ATENCIN Y GESTIN, DE IDENTIFICACIN
DE ACTUACIONES Y FUNCIONARIOS, DERECHOS LINGSTICOS
2.1. DERECHOS DE INFORMACIN
2.2. DERECHOS DE ATENCIN Y GESTIN, DE IDENTIFICACIN DE
ACTUACIONES Y FUNCIONARIOS, DERECHOS LINGSTICOS
2.2.1. Una justicia atenta con el ciudadano
2.2.2. Una justicia responsable ante el ciudadano
2.2.3. Una justicia gil y tecnolgicamente avanzada
2.2.4. Proteccin de las vctimas del delito
2.2.5. Proteccin de los menores
2.2.6. Proteccin de los discapacitados
2.2.7. Los inmigrantes ante la justicia
2.2.8. Derechos lingsticos
3. DERECHOS FRENTE A LOS PROFESIONALES QUE ASISTEN Y REPRESENTAN
AL CIUDADANO: ABOGADOS, PROCURADORES, GRADUADOS SOCIALES
3.1. UNA CONDUCTA DEONTOLGICAMENTE CORRECTA
3.2. UN CLIENTE INFORMADO
3.3. LOS GRADUADOS SOCIALES
4. EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA
4.1. PRESCRIPCIONES DE LA CARTA DE DERECHOS
4.2. LA JUSTICIA GRATUITA EN NUESTRO ORDENAMIENTO
4.2.1. Reconocimiento constitucional
4.2.2. Ley Orgnica del Poder Judicial
4.2.3. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica
Gratuita, y desarrollo reglamentario
4.2.4. Otra normativa
-
5
tema 9
auxilio judicial
1 LA CARTA DE DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA JUSTICIALa
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia se aprob como
proposicin no de Ley, aprobada por el Pleno del Congreso de los
Diputados, y por unanimidad de todos los Grupos Parla-mentarios, el
da 16 de abril de 2002.
La numeracin de los puntos o apartados que observars a lo largo
del tema es literal, segn el texto original de la Carta de
Derechos. Observars que estos nmeros no siempre aparecern de forma
consecutiva, sino agrupados conforme a los contenidos exigidos en
el Programa oficial.
1.1. JUSTIFICACIN
En el Prembulo de la Carta se indica que, en los umbrales del
siglo XXI, la sociedad espaola de-manda con urgencia una Justicia
ms abierta que sea capaz de dar servicio a los ciudadanos con mayor
agilidad, calidad y eficacia, incorporando para ello mtodos de
organizacin e instrumentos procesales ms modernos y avanzados. Un
proyecto tan ambicioso slo poda ser afrontado me-diante un amplio
acuerdo de todas las fuerzas polticas que asegurase la unidad y
continuidad de los esfuerzos y garantice el consenso sobre las
bases del funcionamiento de este Poder del Estado. Tal fue,
precisamente, el objeto y finalidad del Pacto de Estado para la
Reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001.
Entre las prioridades del Pacto de Estado figur la elaboracin de
una Carta de Derechos de los Ciu-dadanos ante la Justicia que
atendiera a los principios de transparencia, informacin y atencin
ade-cuada y que estableciera los derechos de los usuarios de la
Justicia. Idntica prioridad se encuentra en el acuerdo quinto de
los adoptados por la Conferencia Sectorial en materia de
Administracin de Justicia, celebrada en Las Palmas de da 22 de mayo
de 2001.
La Carta fue redactada por un Grupo de Trabajo constituido en el
seno de la Comisin de Seguimien-to del Pacto de Estado, por acuerdo
unnime de todos sus integrantes, en el que han intervenido
re-presentantes de los distintos Grupos Parlamentarios y del
Ministerio de Justicia. Este Grupo recogi las iniciativas
presentadas por las fuerzas polticas de la Cmara, as como las
opiniones y sugerencias de las Instituciones y organizaciones
relacionadas con la Administracin de Justicia. Buena parte de estas
aportaciones se integraron en el contenido de la Carta.
1.2. ESTRUCTURA DE LA CARTA
Primera parte
Con la finalidad de conseguir una Justicia moderna y abierta a
los ciudadanos, la Carta desarrolla en su primera parte, denominada
Una justicia moderna y abierta a los ciudadanos, los princi-pios de
transparencia, informacin y atencin adecuada contemplados en el
Pacto de Estado,
-
tema 9
auxilio judicial
6
destacando la importancia de conseguir una Administracin de
Justicia responsable ante los ciu-dadanos, quienes podrn formular
sus quejas y sugerencias sobre el funcionamiento de la misma y
exigir, en caso necesario, las reparaciones a que hubiera
lugar.
Segunda parte
La segunda parte de la Carta se centra en la necesidad de
prestar una especial atencin y cuidado en la relacin de la
Administracin de Justicia con aquellos ciudadanos que se encuentran
ms desprotegidos. En primer lugar, la vctima del delito, sobre todo
en los supuestos de violencia domstica y de gnero. En segundo
trmino, los menores de edad, para evitar que se vea afec-tado su
correcto desarrollo evolutivo. En tercer lugar las personas que
sufran una discapacidad sensorial, fsica o psquica, para superar
sus problemas de comunicacin y acceso a los edificios judiciales.
Finalmente los extranjeros inmigrantes en Espaa a quienes se debe
asegurar la aplica-cin de los principios y derechos recogidos en
esta Carta.
Tercera parte
La Carta se ocupa en su tercera parte de aquellos derechos que
son caractersticos de la relacin del ciudadano con los Abogados y
Procuradores, habiendo resultado especialmente tiles en esta
materia las aportaciones recibidas del Consejo General de la
Abogaca y del Consejo General de Colegios de Procuradores de los
Tribunales de Espaa.
Parte final
Finalmente, la Carta de Derechos concluye con una previsin
relativa a las condiciones necesarias para su eficacia. De este
modo, se proclama la exigibilidad de los derechos reconocidos y la
vin-culacin a los mismos de los profesionales e instituciones que
trabajan y cooperan con la Admi-nistracin de Justicia, y se
encomienda a una Comisin del Congreso el seguimiento y evaluacin
del desarrollo y cumplimiento de la Carta:
1. Los ciudadanos tienen derecho a exigir el cumplimiento de los
derechos reconocidos en esta Carta. Estarn vinculados a ella Jueces
y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, mdicos forenses,
funcionarios pblicos, Abogados, Procuradores y dems personas e
Instituciones que cooperan con la Administracin de Justicia.
2. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autnomas con
competencias en la materia, el Consejo General del Poder Judicial,
la Fiscala General del Estado y los Colegios profesionales
competentes adoptarn las disposiciones oportunas y proveern los
medios necesarios para garantizar la efectividad y el pleno respeto
de los derechos reconocidos en esta Carta.
3. El Congreso de los Diputados, a travs de la Comisin de
Justicia e Interior (actualmente Co-misin de Justicia), llevar a
cabo un seguimiento y evaluacin permanente del desarrollo y
cumplimiento de esta Carta, a cuyo efecto ser regularmente
informado por el Gobierno y los rganos del Estado e Instituciones
pblicas a los que se solicite.
La memoria anual, elevada por el Consejo General del Poder
Judicial a las Cortes Generales, incluir una referencia especfica y
suficientemente detallada a las quejas, reclamaciones y sugerencias
for-muladas por los ciudadanos sobre el funcionamiento de la
Administracin de Justicia.
La mencionada memoria anual informa a las Cortes sobre el
estado, funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los
Juzgados y Tribunales de Justicia, incluyendo las necesidades de
personal, instalaciones y recursos, as como un captulo sobre el
impacto de gnero en el mbito judicial.
-
7
tema 9
auxilio judicial
2 DERECHOS DE INFORMACIN, DE ATENCIN Y GESTIN, DE IDENTIFICACIN
DE ACTUACIONES Y FUNCIONARIOS, DERECHOS LINGSTICOSLa Carta de
Derechos se ocupa de los mbitos indicados en este epgrafe del
siguiente modo:
2.1. DERECHOS DE INFORMACIN
Incluiremos aqu los contenidos iniciales de la Carta, recogidos
en los primeros cuatro puntos que se incardinan bajo la denominacin
Una justicia transparente:
1. El ciudadano tiene derecho a recibir informacin general y
actualizada sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y
sobre las caractersticas y requisitos genricos de los distintos
pro-cedimientos judiciales.
Se impulsar la creacin y dotacin material de Oficinas de Atencin
al Ciudadano, asegurando su implantacin en todo el territorio
nacional.
La informacin sobre los horarios de atencin al pblico se situar
en un lugar claramente visible en las sedes de los rganos
jurisdiccionales.
2. El ciudadano tiene derecho a recibir informacin transparente
sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes
de todos los rganos jurisdiccionales de Espaa.
El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autnomas con
competencias en la materia, as como el Consejo General del Poder
Judicial canalizarn esta informacin para facilitar su con-sulta en
el marco de un plan de transparencia.
3. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido actualizado
de las leyes espaolas y de la Unin Europea mediante un sistema
electrnico de datos fcilmente accesible.
4. El ciudadano tiene derecho a conocer el contenido y estado de
los procesos en los que tenga inters legtimo de acuerdo con lo
dispuesto en las leyes procesales.
Los interesados tendrn acceso a los documentos, libros, archivos
y registros judiciales que no tengan carcter reservado.
Las autoridades y funcionarios expondrn por escrito al ciudadano
que lo solicite los motivos por los que se deniega el acceso a una
informacin de carcter procesal.
2.2. DERECHOS DE ATENCIN Y GESTIN, DE IDENTIFICACIN DE
ACTUACIONES Y FUNCIONARIOS, DERECHOS LINGSTICOS
2.2.1. Una justicia atenta con el ciudadano
9. El ciudadano tiene derecho a ser atendido de forma respetuosa
y adaptada a sus circunstancias psicolgicas, sociales y
culturales.
10. El ciudadano tiene derecho a exigir que las actuaciones
judiciales en las que resulte preceptiva su comparecencia se
celebren con la mxima puntualidad.
El Juez o el Secretario Judicial deber informar al ciudadano
sobre las razones del retraso o de la suspensin de cualquier
actuacin procesal a la que estuviera convocado.
-
tema 9
auxilio judicial
8
La suspensin se comunicar al ciudadano, salvo causa de fuerza
mayor, con antelacin sufi-ciente para evitar su desplazamiento.
11. El ciudadano tiene derecho a que su comparecencia personal
ante un rgano de la Administra-cin de Justicia resulte lo menos
gravosa posible.
La comparecencia de los ciudadanos ante los rganos
jurisdiccionales solamente podr ser exigida cuando sea
estrictamente indispensable conforme a la Ley.
Se procurar siempre concentrar en un solo da las distintas
actuaciones que exijan la compa-recencia de una persona ante un
mismo rgano judicial.
Se tramitarn con preferencia y mxima celeridad las
indemnizaciones econmicas que corres-ponda percibir al ciudadano
por los desplazamientos para acudir a una actuacin judicial.
Las dependencias judiciales accesibles al pblico, tales como
zonas de espera, salas de vistas o clnicas mdico-forenses, debern
reunir las condiciones y servicios necesarios para asegurar una
correcta atencin al ciudadano.
12. El ciudadano tiene derecho a ser adecuadamente protegido
cuando declare como testigo o colabore de cualquier otra forma con
la Administracin de Justicia.
13. El ciudadano tiene derecho a conocer la identidad y categora
de la autoridad o funcionario que le atienda, salvo cuando est
justificado por razones de seguridad en causas criminales.
Los datos figurarn en un lugar fcilmente visible del puesto de
trabajo.
Quien responda por telfono o quien realice una comunicacin por
va telemtica deber en todo caso identificarse ante el
ciudadano.
14. El ciudadano tiene derecho a ser atendido personalmente por
el Juez o por el Secretario Judicial respecto a cualquier
incidencia relacionada con el funcionamiento del rgano
judicial.
Las declaraciones y testimonios, los juicios y vistas, as como
las comparecencias que tengan por objeto or a las partes antes de
dictar una resolucin, se celebrarn siempre con presencia de Juez o
Tribunal de acuerdo con lo previsto en las leyes.
15. El ciudadano tiene derecho a ser atendido en horario de
maana y tarde en las dependencias judiciales de aquellos rganos en
los que, por su naturaleza o volumen de asuntos, resulte nece-sario
y en los trminos legalmente previstos.
16. Reproduciremos el punto 16 de la Carta ms adelante.
2.2.2. Una justicia responsable ante el ciudadano
17. El ciudadano tiene derecho a formular reclamaciones, quejas
y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la
Administracin de Justicia, as como a recibir respuesta a las mismas
con la mayor celeridad y, en todo caso, dentro del plazo de un
mes.
Podr presentar las quejas y sugerencias ante el propio Juzgado o
Tribunal, sus rganos de gobierno, las Oficinas de Atencin al
Ciudadano, el Consejo General del Poder Judicial, el Minis-terio de
Justicia y, en su caso, ante las Administraciones de las
Comunidades Autnomas.
Las Administraciones Pblicas competentes implantarn sistemas
para garantizar el ejercicio de este derecho por va telemtica.
En todas las dependencias de la Administracin de Justicia estarn
a disposicin del ciuda-dano, en lugar visible y suficientemente
indicado, los formularios necesarios para ejercer este derecho.
18. El ciudadano tiene derecho a exigir responsabilidades por
error judicial o por el funcionamiento anormal de la Administracin
de Justicia.
-
9
tema 9
auxilio judicial
Los daos causados en cualesquiera bienes o derechos de los
ciudadanos darn lugar a una in-demnizacin que podr ser reclamada
por el perjudicado con arreglo a lo dispuesto en la Ley.
Las reclamaciones indemnizatorias se tramitarn con preferencia y
celeridad.
2.2.3. Una justicia gil y tecnolgicamente avanzada
19. El ciudadano tiene derecho a una tramitacin gil de los
asuntos que le afecten, que debern resolverse dentro del plazo
legal, y a conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso.
El Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder
Judicial elaborarn un programa de previsiones con la duracin debida
de los distintos procedimientos en todos los rdenes
juris-diccionales, al cual se dar una amplia difusin pblica.
20. El ciudadano tiene derecho a que no se le exija la aportacin
de documentos que obren en po-der de las Administraciones Pblicas,
salvo que las leyes procesales expresamente lo requieran.
21. El ciudadano tiene derecho a comunicarse con la
Administracin de Justicia a travs del correo electrnico,
videoconferencia y otros medios telemticos con arreglo a lo
dispuesto en las leyes procesales.
Los poderes pblicos impulsarn el empleo y aplicacin de estos
medios en el desarrollo de la actividad de la Administracin de
Justicia as como en las relaciones de sta con los ciudadanos.
Los documentos emitidos por los rganos de la Administracin de
Justicia y por los particula-res a travs de medios electrnicos y
telemticos, en soportes de cualquier naturaleza, tendrn plena
validez y eficacia siempre que quede acreditada su integridad y
autenticidad de confor-midad con los requisitos exigidos en las
leyes.
2.2.4. Proteccin de las vctimas del delito
Ya en la segunda parte de la Carta, titulada genricamente Una
justicia que protege a los ms dbi-les, encontramos derechos de
atencin dirigidos a determinados colectivos que merecen especial
proteccin. Los reproducimos en ste y los siguientes
subepgrafes.
22. El ciudadano que sea vctima de un delito tiene derecho a ser
informado con claridad sobre su intervencin en el proceso penal,
las posibilidades de obtener la reparacin del dao sufrido, as como
sobre el curso del proceso.
Se asegurar que la vctima tenga un conocimiento efectivo de
aquellas resoluciones que afec-ten a su seguridad, sobre todo en
los casos de violencia dentro de la familia.
Se potenciarn los cometidos de las Oficinas de Atencin a la
Vctima y se ampliarn sus fun-ciones buscando un servicio integral
al ciudadano afectado por el delito, asegurando que pres-ten
servicio en todo el territorio nacional.
23. El ciudadano que sea vctima de un delito tiene derecho a que
su comparecencia personal ante un Juzgado o Tribunal tenga lugar de
forma adecuada a su dignidad y preservando su intimidad.
Se adoptarn las medidas necesarias para que la vctima no
coincida con el agresor cuando ambos se encuentren en dependencias
judiciales a la espera de la prctica de cualquier actua-cin
procesal.
Las autoridades y funcionarios velarn especialmente por la
eficacia de este derecho en los su-puestos de violencia domstica o
de gnero, otorgando a las vctimas el amparo que necesiten.
24. El ciudadano que sea vctima de un delito tiene derecho a ser
protegido de forma inmediata y efectiva por los Juzgados y
Tribunales, especialmente frente al que ejerce violencia fsica o
psqui-ca en el mbito familiar.
-
tema 9
auxilio judicial
10
Se facilitar el uso de aquellos medios tcnicos que resulten
necesarios para la debida protec-cin de la vctima, tales como los
instrumentos de localizacin de personas, los mecanismos de
teleasistencia y otros similares.
25. El ciudadano que sea vctima de un delito tiene derecho a ser
protegido frente a la publicidad no deseada sobre su vida privada
en toda clase de actuaciones judiciales.
Los Jueces y Magistrados, as como el Ministerio Fiscal, velarn
por el adecuado ejercicio de este derecho.
2.2.5. Proteccin de los menores
26. El menor de edad tiene derecho a que su comparecencia ante
los rganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su situacin y
desarrollo evolutivo.
Para el cumplimiento de este derecho podrn utilizarse elementos
tcnicos tales como circui-tos cerrados de televisin,
videoconferencia o similares.
Se procurar evitar la reiteracin de las comparecencias del menor
ante los rganos de la Ad-ministracin de Justicia.
27. El menor de edad que tuviere suficiente juicio tiene derecho
a ser odo en todo proceso judi-cial en que est directamente
implicado y que conduzca a una decisin que afecte a su esfera
personal, familiar o social, as como a que las distintas
actuaciones judiciales se practiquen en condiciones que garanticen
la comprensin de su contenido.
El Ministerio Fiscal velar por la efectividad de este derecho,
prestando al menor la asistencia que necesite.
28. El menor de edad tiene derecho a que las autoridades y
funcionarios de la Administracin de Justicia guarden la debida
reserva sobre las actuaciones relacionadas con ellos, que en todo
caso debern practicarse de manera que se preserve su intimidad y el
derecho a su propia imagen.
2.2.6. Proteccin de los discapacitados
29. El ciudadano afectado por cualquier tipo de discapacidad
sensorial, fsica o psquica, podr ejer-citar con plenitud los
derechos reconocidos en esta Carta y en las leyes procesales.
Solamente deber comparecer ante el rgano judicial cuando resulte
estrictamente necesario conforme a la Ley.
Los edificios judiciales debern estar provistos de aquellos
servicios auxiliares que faciliten el acceso y la estancia en los
mismos.
30. El ciudadano sordo, mudo, as como el que sufra discapacidad
visual o ceguera, tiene derecho a la utilizacin de un intrprete de
signos o de aquellos medios tecnolgicos que permitan tanto obtener
de forma comprensible la informacin solicitada, como la prctica
adecuada de los ac-tos de comunicacin y otras actuaciones
procesales en las que participen.
Se promover el uso de medios tcnicos tales como videotextos,
telfonos de texto, sistema de traduccin de documentos a braille,
grabacin sonora o similares.
Se comprobar con especial cuidado que el acto de comunicacin ha
llegado a conocimiento efectivo de su destinatario y, en su caso,
se proceder a la lectura en voz alta del contenido del acto.
-
11
tema 9
auxilio judicial
2.2.7. Los inmigrantes ante la justicia
31. El extranjero tiene derecho a ser atendido por todos los que
prestan sus servicios en la Adminis-tracin de Justicia de acuerdo
con lo establecido en esta Carta y sin sufrir discriminacin alguna
por razn de su raza, lengua, religin o creencias, particularmente
cuando se trate de menores de edad y conforme a lo dispuesto por
los convenios internacionales ratificados por Espaa ().
32. Los extranjeros inmigrantes en Espaa tienen derecho a
recibir una proteccin adecuada de la Administracin de Justicia al
objeto de asegurar que comprenden el significado y trascendencia
jurdica de las actuaciones procesales en las que intervengan por
cualquier causa.
Los Jueces y Tribunales as como el Ministerio Fiscal velarn en
todo momento por el cumpli-miento de este derecho.
2.2.8. Derechos lingsticos
Volveremos a los primeros apartados de la Carta, relativos al
objetivo de acceder a una justicia com-prensible, as como al punto
16, de gran trascendencia para el administrado, y a la segunda
parte del punto 31, referida al uso de intrprete en determinados
casos.
5. El ciudadano tiene derecho a que las notificaciones,
citaciones, emplazamientos y requerimien-tos contengan trminos
sencillos y comprensibles, evitndose el uso de elementos
intimidato-rios innecesarios.
6. El ciudadano tiene derecho a que en las vistas y
comparecencias se utilice un lenguaje que, respetando las
exigencias tcnicas necesarias, resulte comprensible para los
ciudadanos que no sean especialistas en derecho.
Los Jueces y Magistrados que dirijan los actos procesales velarn
por la salvaguardia de este derecho.
7. El ciudadano tiene derecho a que las sentencias y dems
resoluciones judiciales se redacten de tal forma que sean
comprensibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y
estructura sencillas, sin perjuicio de su rigor tcnico.
Se deber facilitar especialmente el ejercicio de estos derechos
en aquellos procedimientos en los que no sea obligatoria la
intervencin de Abogado y Procurador.
16. El ciudadano tiene derecho a utilizar con la Administracin
de Justicia del territorio de su Co-munidad la lengua oficial que
escoja, y a ser atendido en los trminos establecidos por la Ley
Orgnica del Poder Judicial, y los Estatutos de Autonoma y sus
normas de desarrollo.
31. (in fine). Se garantizar el uso de intrprete cuando el
extranjero que no conozca el castellano ni, en su caso, la lengua
oficial propia de la Comunidad Autnoma, hubiese de ser interrogado
o prestar alguna declaracin, o cuando fuere preciso darle a conocer
personalmente alguna reso-lucin.
Relaciona el contenido de este epgrafe con el tema siguiente,
referente a los medios tecnolgicos para facilitar en las oficinas
judiciales el ejercicio de estos derechos, as como con el tema
relativo a los actos de comunicacin a las partes y otros
intervinien-tes en el proceso.
-
tema 9
auxilio judicial
12
3 DERECHOS FRENTE A LOS PROFESIONALES QUE ASISTEN Y REPRESENTAN
AL CIUDADANO: ABOGADOS, PROCURADORES, GRADUADOS SOCIALESLa parte
tercera de la Carta de Derechos recoge una serie de principios bajo
la denominacin comn Una relacin de confianza con Abogados y
Procuradores, relacin que en muchos trminos puede hacerse
extensible a la figura del Graduado Social.
3.1. UNA CONDUCTA DEONTOLGICAMENTE CORRECTA
33. El ciudadano tiene derecho a la prestacin de un servicio
profesional de calidad por parte del Abogado en el cumplimiento de
la misin de defensa que le encomiende, as como por el Pro-curador
en la representacin de sus intereses ante los rganos
jurisdiccionales.
34. El ciudadano tiene derecho a denunciar ante los Colegios de
Abogados o de Procuradores las conductas contrarias a la deontologa
profesional y a conocer a travs de una resolucin suficien-temente
motivada el resultado de la denuncia.
35. El ciudadano tiene derecho a conocer, a travs del Colegio
Profesional correspondiente, si un Abogado o Procurador ha sido
objeto de alguna sancin disciplinaria, no cancelada, por alguna
actuacin profesional.
Los Colegios respectivos establecern un sistema para que el
ciudadano pueda conocer de forma efectiva las sanciones
disciplinarias, no canceladas, impuestas a un profesional en todo
el territorio nacional.
36. El ciudadano tiene derecho a que los profesionales que le
representen, asesoren o defiendan guarden riguroso secreto de
cuanto les revelen o confen en el ejercicio de estas funciones.
3.2. UN CLIENTE INFORMADO
37. El ciudadano tiene derecho a conocer anticipadamente el
coste aproximado de la intervencin del profesional elegido y la
forma de pago.
Los Abogados y Procuradores estarn obligados a entregar a su
cliente un presupuesto previo que contenga los anteriores extremos.
A estos efectos se regular adecuadamente y fomentar el uso de las
hojas de encargo profesional.
El cliente podr exigir a su Procurador rendicin de cuentas
detalladas de los asuntos enco-mendados.
38. El ciudadano tiene derecho a obtener del Abogado y
Procurador informacin precisa y detallada sobre el estado del
procedimiento y de las resoluciones que se dicten.
El profesional deber entregar a su cliente copia de todos los
escritos que presente y de todas las resoluciones judiciales
relevantes que le sean notificadas.
El ciudadano podr consultar con su Abogado las consecuencias de
toda actuacin ante un rgano jurisdiccional.
Se potenciarn los Servicios de Orientacin Jurdica, dependientes
de los Colegios de Aboga-dos, que ampliarn sus funciones para
informar al ciudadano sobre sus derechos en la relacin de confianza
con su Abogado.
-
13
tema 9
auxilio judicial
39. El ciudadano tiene derecho a ser informado por su Abogado y
por su Procurador, con carcter previo al ejercicio de cualquier
pretensin ante un rgano judicial, sobre las consecuencias de ser
condenado al pago de las costas del proceso y sobre su cuanta
estimada.
Los respectivos Colegios profesionales elaborarn un estudio de
previsiones sobre la cuanta media aproximada de las costas de cada
proceso, dependiendo tanto del tipo de procedimien-to como de su
complejidad, que ser actualizada peridicamente.
3.3. LOS GRADUADOS SOCIALES
Figura no reconocida explcitamente en la Carta, sin embargo su
funcin es importante en el orden jurisdiccional social. Segn el
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de
Espa-a, el Graduado Social, una vez finalizada su carrera
universitaria se incorpora obligatoriamente, si pretende ejercer
como tal, al colegio profesional donde se encuentre ubicado su
despacho profe-sional. Ya colegiado, se convierte en un Tcnico en
materias sociales y laborales y, como tal, estudia, asesora,
representa, gestiona, sin apoderamiento especial, todos aquellos
asuntos laborales y de Seguridad Social que le sean encomendados
por particulares, administracin y terceros.
El Graduado Social, entre sus principales competencias, asiste
en representacin ante los Tribunales del orden social (Juzgados de
lo Social) en todos aquellos asuntos que le sean encomendados por
empresas, trabajadores, pensionistas, sindicatos, corporaciones,
etc., teniendo en exclusiva la facul-tad de confeccionar
mensualmente las liquidaciones a la Seguridad Social que realizan
las empresas, as como tramitar y asesorar todos los expedientes de
jubilacin, incapacidad, viudedad, orfandad, favor de familiares y
todas aquellas prestaciones que se realizan ante la Seguridad
Social.
Por todo, el Graduado Social es hoy en nuestra sociedad un
valedor importante de todas las actua-ciones que se realizan en el
mundo del trabajo y de la Seguridad Social.
En cuanto a su normativa de aplicacin, destacamos el Real
Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados
Sociales.
Accede a ms informacin sobre las funciones de esta figura y su
estructura colegial en la pgina web del Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de Espaa:
www.graduadosocial.com
-
tema 9
auxilio judicial
14
4 EL DERECHO A LA JUSTICIA GRATUITA
4.1. PRESCRIPCIONES DE LA CARTA DE DERECHOS
40. El ciudadano tiene derecho a ser asesorado y defendido
gratuitamente por un Abogado suficien-temente cualificado y a ser
representado por un Procurador cuando tenga legalmente derecho a la
asistencia jurdica gratuita.
Los Colegios respectivos velarn por el correcto desarrollo de su
funcin por parte del profe-sional designado.
41. El ciudadano tiene derecho a exigir una formacin de calidad
al profesional designado por el turno de oficio en los supuestos de
asistencia jurdica gratuita.
Los Colegios de Abogados adoptarn las medidas adecuadas para
asegurar el cumplimiento de este derecho.
Relacionado con este principio de gratuidad, concluiremos la
regulacin de la Carta con un aparta-do que, si bien no se refiere
al denominado beneficio de justicia gratuita (se encuentra en el
grupo denominado Una justicia comprensible, s entendemos
conveniente mencionarlo aqu:
8. El ciudadano tiene derecho a disponer gratuitamente de los
formularios necesarios para el ejer-cicio de sus derechos ante los
tribunales cuando no sea preceptiva la intervencin de Abogado y
Procurador.
4.2. LA JUSTICIA GRATUITA EN NUESTRO ORDENAMIENTO
4.2.1. Reconocimiento constitucional
Citaremos, en primer lugar, el artculo 24.1, que establece que
todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de
los que jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e
intereses legtimos, sin que, en ningn caso, pueda producirse
indefensin.
Asimismo, el artculo 24.2 concluye que todos tienen derecho al
Juez ordinario predeterminado por la Ley, a la defensa y a la
asistencia de letrado, a ser informados de la acusacin formulada
contra ellos, a un proceso pblico sin dilaciones indebidas y con
todas las garantas, a utilizar los medios de prueba pertinentes
para su defensa, a no declarar contra s mismos, a no confesarse
culpables y a la presuncin de inocencia.
Y as, el Ttulo VI, relativo al poder judicial, estima necesario
garantizar el anterior principio con un artculo, el 119, que
proclama el derecho a la gratuidad de la justicia en determinadas
circunstancias: la justicia ser gratuita cuando as lo disponga la
Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia
de recursos para litigar.
4.2.2. Ley Orgnica del Poder Judicial
El Ttulo Preliminar de esta Ley, al tratar el poder judicial y
el ejercicio de la potestad jurisdiccional, tambin remite a la
regulacin de las leyes en este mbito (artculo 20):
1. La justicia ser gratuita en los supuestos que establezca la
Ley.
2. Se regular por Ley un sistema de justicia gratuita que de
efectividad al derecho declarado en los artculos 24 y 119 de la
Constitucin, en los casos de insuficiencia de recursos para
litigar.
-
15
tema 9
auxilio judicial
3. No podrn exigirse fianzas que por su inadecuacin impidan el
ejercicio de la accin popular, que ser siempre gratuita.
4.2.3. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica
Gratuita, y desarrollo reglamentario
Esta Ley tiene por objeto determinar el contenido del derecho a
la asistencia jurdica gratuita, as como regular el procedimiento
para su reconocimiento y efectividad. Sus disposiciones son de
apli-cacin general en todo tipo de procesos, incluidos los recursos
de amparo constitucional, as como el asesoramiento previo al
proceso contemplado en la propia Ley.
En los trminos y con el alcance previstos en esta Ley y en los
tratados y convenios internacionales sobre la materia en los que
Espaa sea parte, tendrn derecho a la asistencia jurdica
gratuita:
a) Los ciudadanos espaoles, los nacionales de los dems Estados
miembros de la Unin Europea y los extranjeros que se encuentren en
Espaa, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
b) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad
Social, en todo caso.
c) Las siguientes personas jurdicas cuando acrediten
insuficiencia de recursos para litigar:
Asociaciones de utilidad pblica.
Fundaciones inscritas en el Registro Pblico correspondiente.
d) En el orden jurisdiccional social, adems, los trabajadores y
beneficiarios del sistema de Seguri-dad Social, tanto para la
defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la
efectividad de los derechos laborales en los procedimientos
concursales.
Asimismo, el derecho a la asistencia jurdica gratuita se
reconoce a los trabajadores y beneficia-rios de la Seguridad Social
para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el
orden contencioso-administrativo.
e) En el orden contencioso-administrativo, as como en la va
administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten
insuficiencia de recursos para litigar tendrn derecho a la
asistencia letrada y a la defensa y representacin gratuita en los
procedimientos que puedan llevar a la de-negacin de su entrada en
Espaa, a su devolucin o expulsin del territorio espaol, y en todos
los procedimientos en materia de asilo.
f) En los litigios transfronterizos en materia civil y
mercantil, las personas fsicas contempladas en la propia Ley.
En cuanto a los requisitos bsicos, se reconocer el derecho de
asistencia jurdica gratuita a aque-llas personas fsicas cuyos
recursos e ingresos econmicos, computados anualmente por todos los
conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario
mnimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la
solicitud. Constituyen modalidades de unidad familiar:
La integrada por los cnyuges no separados legalmente y, si los
hubiere, los hijos menores con excepcin de los que se hallaren
emancipados.
La formada por el padre o la madre y los hijos que renan los
requisitos a que se refiere la regla anterior.
Los medios econmicos podrn, sin embargo, ser valorados
individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de
intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se
solicita la asis-tencia.
-
tema 9
auxilio judicial
16
El derecho a la asistencia jurdica gratuita slo podr reconocerse
a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios,
previendo la Ley la posibilidad de que los detenidos o presos en
de-terminadas circunstancias, as como las vctimas de violencia de
gnero o de terrorismo, no acredi-ten inicialmente la carencia de
recursos, sin perjuicio de que se exija este extremo
posteriormente.
En atencin a las circunstancias de familia del solicitante,
nmero de hijos o familiares a su cargo, estado de salud,
obligaciones econmicas que sobre l pesen, costes derivados de la
iniciacin del proceso u otras de anloga naturaleza, objetivamente
evaluadas, y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la
condicin de ascendiente de una familia numerosa de categora
especial, la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita ante la que se
presente la solicitud podr conceder excep-cionalmente, mediante
resolucin motivada, el reconocimiento del derecho a las personas
cuyos recursos e ingresos, aun superando los lmites previstos
legalmente, no excedan del cudruplo del salario mnimo
interprofesional.
En las mismas condiciones se podr reconocer el derecho a la
asistencia jurdica gratuita a las per-sonas con discapacidad, as
como a las personas que los tengan a su cargo cuando acten en un
proceso en su nombre e inters.
El derecho a la asistencia jurdica gratuita comprende las
siguientes prestaciones:
Asesoramiento y orientacin gratuitos previos al proceso a
quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e
intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o
ana-lizar la viabilidad de la pretensin.
Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera
designado, para cualquier diligencia policial que no sea
consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera
compare-cencia ante un rgano jurisdiccional, o cuando sta se lleve
a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no
hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.
Defensa y representacin gratuitas por abogado y procurador en el
procedimiento judicial, cuan-do la intervencin de estos
profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no sindolo, sea
expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto
motivado para garantizar la igualdad de las partes en el
proceso.
Insercin gratuita de anuncios o edictos, en el curso del
proceso, que preceptivamente deban publicarse en peridicos
oficiales.
Exencin del pago de depsitos necesarios para la interposicin de
recursos.
Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal
tcnico adscrito a los rganos juris-diccionales, o, en su defecto, a
cargo de funcionarios, organismos o servicios tcnicos dependien-tes
de las Administraciones pblicas.
Obtencin gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas
notariales, en los trminos pre-vistos en el Reglamento
Notarial.
Reduccin del 80% de los derechos arancelarios que correspondan
por el otorgamiento de es-crituras pblicas y por la obtencin de
copias y testimonios notariales no contemplados en el nmero
anterior, cuando tengan relacin directa con el proceso y sean
requeridos por el rgano judicial en el curso del mismo, o sirvan
para la fundamentacin de la pretensin del beneficiario de la
justicia gratuita.
Reduccin del 80 % de los derechos arancelarios que correspondan
por la obtencin de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e
inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando
tengan relacin directa con el proceso y sean requeridos por el
rgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la
fundamentacin de la pretensin del beneficiario de la justicia
gratuita.
-
17
tema 9
auxilio judicial
Los derechos arancelarios a que se refieren los dos ltimos
apartados no se percibirn cuando el interesado acredite ingresos
por debajo del salario mnimo interprofesional.
En lo que se refiere a su extensin temporal, la asistencia
jurdica gratuita en el transcurso de una misma instancia se
extiende a todos sus trmites e incidencias, incluida la ejecucin,
pero no podr aplicarse a un proceso distinto.
El derecho se mantendr para la interposicin y sucesivos trmites
de los recursos contra las resolu-ciones que pongan fin al proceso
en la correspondiente instancia. Cuando la competencia para el
conocimiento de dichos recursos corresponda a un rgano
jurisdiccional cuya sede se encuentre en distinta localidad, el
Secretario Judicial, una vez recibido el expediente judicial,
requerir a los respectivos Colegios la designacin de abogado y
procurador de oficio ejercientes en dicha sede jurisdiccional.
El derecho se mantendr para la interposicin y sucesivos trmites
de los recursos contra las reso-luciones que pongan fin al proceso
en la correspondiente instancia. Cuando la competencia para el
conocimiento de los recursos a los que se refiere el apartado
anterior corresponda a un rgano jurisdiccional cuya sede se
encuentre en distinta localidad, el Juzgado o Tribunal, una vez
recibido el expediente judicial, requerir a los respectivos
Colegios la designacin de abogado y procurador de oficio
ejercientes en dicha sede jurisdiccional.
Por otra parte, la Ley reconoce la insuficiencia econmica
sobrevenida: no se reconocer el de-recho a la asistencia jurdica
gratuita al actor una vez presentada la demanda, o al demandado una
vez formulada su contestacin, salvo que en su solicitud acrediten
ante la Comisin de Asistencia Jurdica Gratuita que las
circunstancias y condiciones necesarias para obtener aqul
sobrevinieron con posterioridad a la demanda o contestacin,
respectivamente.
Cuando el actor o el demandado pretendan el reconocimiento del
derecho en la segunda instancia sin haberlo solicitado en la
primera, debern acreditar ante la Comisin de Asistencia Jurdica
Gra-tuita que las circunstancias y condiciones precisas
sobrevinieron en el curso de la primera instancia o con
posterioridad a ella.
La misma regla ser aplicable al que pretenda el reconocimiento
del derecho para interponer o seguir el recurso de casacin respecto
de la segunda instancia.
Por ltimo, la Ley se completa con: prescripciones sobre
competencia y procedimiento para el re-conocimiento del derecho;
organizacin de los servicios de asistencia letrada, defensa y
represen-tacin gratuitas; designacin de abogado y procurador de
oficio; subvencin y supervisin de los servicios de asistencia
jurdica gratuita; rgimen disciplinario; aplicacin en nuestro pas de
tratados y convenios sobre este mbito; y la asistencia en los
litigios transfronterizos de la Unin Europea.
El Reglamento de la Ley se aprob mediante Real Decreto
2013/1996, de 20 de septiembre, modifi-cado en diversas ocasiones y
derogado por el vigente real decreto 996/2003, de 25 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurdica Gratuita. Es
de aplicacin, con determinadas excepciones, al reconocimiento por
la Administracin General del Estado del derecho de asistencia
jurdica gratuita en relacin con:
Todo tipo de procesos ante juzgados y tribunales con jurisdiccin
en todo el territorio nacional o en el territorio de una comunidad
autnoma que no haya recibido los traspasos en materia de provisin
de medios al servicio de la Administracin de Justicia.
Los procedimientos administrativos cuya tramitacin y resolucin
corresponda a rganos de la Administracin General del Estado,
siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho de
asistencia jurdica gratuita.
-
tema 9
auxilio judicial
18
4.2.4. Otra normativa
XX Procuradores de los tribunales
El real decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se
aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales
de Espaa (modificado en diversas ocasiones) establece, en lo que se
refiere a la asistencia jurdica gratuita y el turno de oficio:
servicio de representacin gratuita: los Colegios de Procuradores
organizarn un servicio de representacin gratuita, con la finalidad
de atender las peticiones de representacin procesal que se deriven
del reconocimiento del derecho a la asistencia jurdica gratuita.
Cada Colegio de Procuradores establecer un sistema de distribucin
objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la
designacin de los profesionales de oficio. Dicho sistema ser pblico
para todos los colegiados y podr ser consultado por los
solicitantes de tal asistencia.
Criterios de organizacin del servicio: al organizar los
servicios de representacin gratuita, los Colegios debern guiarse,
en todo caso, por los siguientes principios: la designacin
realizada por el Colegio es de aceptacin obligatoria para los
colegiados (slo en casos excepcionales la Junta de Gobierno, previa
audiencia y mediante acuerdo motivado, podr dispensar al desig-nado
y nombrar otro procurador); los Colegios de Procuradores
garantizarn la prestacin de la representacin gratuita y adoptarn
frmulas que impidan que los servicios de asistencia queden
desprovistos del nmero de colegiados necesarios para su adecuado
funcionamiento; podrn ser adscritos a este servicio quienes cumplan
los requisitos establecidos por las Juntas de Gobierno de los
Colegios y de conformidad con las disposiciones legales.
representacin en el supuesto de asistencia jurdica: los
servicios de representacin presta-dos a quienes sean acreedores al
derecho de asistencia jurdica gratuita no tendrn coste para sus
beneficiarios, sin perjuicio de las indemnizaciones que pudieran
establecer las distintas Admi-nistraciones pblicas y corporativas.
La representacin ir inexcusablemente unida a la defensa de oficio,
de tal suerte que en ningn caso podr beneficiarse de este tipo de
representacin quien haga uso de abogado de libre eleccin, salvo
algunas excepciones; si el derecho no fuera reconocido, los
procuradores intervinientes tendrn derecho a percibir de sus
representados los derechos correspondientes a las actuaciones
practicadas.
turno de oficio: garantiza la representacin procesal de
justiciable al amparo de lo preceptuado en el artculo 24 de la
Constitucin. Los Colegios de Procuradores designarn procurador, por
turno de oficio, cuando, sea o no preceptiva su intervencin, el
rgano jurisdiccional ordene que la parte sea representada por
procurador. Asimismo, efectuarn la designacin a instancia del
interesado. La designacin de oficio dar lugar al devengo de
derechos, si bien el procurador estar exento del deber de
satisfacer los gastos causados a su instancia salvo que su
representado le hubiera hecho provisin de fondos suficientes. La
adscripcin al turno de oficio ser obligatoria salvo que los
Estatutos particulares de los Colegios dispongan otra cosa.
rgimen especial de los miembros de la junta de gobierno: los
componentes de las Juntas de Gobierno que as lo soliciten, y
durante su mandato, podrn quedar liberados de la obligacin de
pertenecer a la asistencia jurdica gratuita y al turno de
oficio.
XX Abogados
El real decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba
el Estatuto General de la Abogaca Espaola, indica:
asistencia jurdica gratuita: corresponde a los abogados el
asesoramiento jurdico y defensa de oficio de las personas que
tengan derecho a la asistencia jurdica gratuita, conforme a la
legisla-
-
19
tema 9
auxilio judicial
cin vigente. Asimismo, les corresponde la asistencia y defensa
de quienes soliciten abogado de oficio o no designen abogado en la
jurisdiccin penal, sin perjuicio del abono de honorarios por el
cliente si no le fuere reconocido el derecho a la asistencia
jurdica gratuita. La invocacin del derecho de autodefensa no
impedir la asistencia de abogado para atender los asesoramientos
que al respecto se le soliciten y asumir la defensa si se le
pidiere. Igualmente, corresponde a los abogados la asistencia a los
detenidos y presos, en los trminos que exprese la legislacin
vigente.
desarrollo de sus funciones: los abogados desempearn las
funciones antes sealadas con la libertad e independencia
profesionales que les son propias y conforme a las normas ticas y
deontolgicas que rigen la profesin. El desarrollo de dichas
funciones ser organizado por el Consejo General, los Consejos de
Comunidades Autnomas, en su caso, y los Colegios de Abo-gados,
procediendo a la designacin del abogado que haya de asumir cada
asunto, al control de su desempeo, a la exigencia de las
responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar y al
establecimiento de las normas y requisitos a que haya de atenerse
la prestacin de los servicios correspondientes. La Administracin
pblica abonar la remuneracin de los servicios que se presten en
cumplimiento de lo establecido en este captulo y podr efectuar el
seguimiento y control peridico del funcionamiento del servicio y de
la aplicacin de los fondos pblicos a l destinados, en la forma
legalmente establecida.
Accede a la normativa sobre asistencia jurdica gratuita, y
estudia sus principales pre-ceptos, a travs de nuestro campus
virtual: www.cenoposiciones.com.
-
tema 9
auxilio judicial
20
REFERENCIAS LEGISLATIVAS
Constitucin espaola de 1978.
Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita.
Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, por el que se aprueba el
Estatuto General de la Abogaca Espaola.
Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre, por el que se aprueba
el Estatuto General de los Procura-dores de los Tribunales de
Espaa.
Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Asistencia Jurdica Gratuita.
Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, proposicin
no de ley del Congreso de los Dipu-tados, de 16 de abril de
2002.
WEBGRAFA
www.mjusticia.esPgina web del Ministerio de Justicia.
-
1 AUTORES DEL TEMARIODireccin editorial: scar G. Corts i
Oliver
Coordinacin editorial: Vctor Borreguero Fuster
XX Equipo de redaccin
Mara del Carmen Almagro Mombln
Funcionaria del Cuerpo de Tramitacin Procesal y Administrativa,
ocupa plaza en el Juzgado de Instruccin nmero 2 de Las Palmas de
Gran Canaria. Profesora del rea de Justicia en el centro de
cenoposiciones en Las Palmas de Gran Canaria.
Susana de la Barrera Garca
Funcionaria del Cuerpo de Gestin Procesal y Administrativa,
desarrolla su trabajo en el Juzgado de Primera Instancia nmero 18
de Valencia. Profesora del rea de Justicia de cenoposiciones en
Valencia.
Jos Espinosa Martn
Gestor Procesal y Administrativo desde 1993, con experiencia en
los rdenes civil y penal y en el Servicio Comn de Notificaciones y
Embargos de Sevilla. Ocupa plaza en el Juzgado de Primera Instancia
e Instruccin numero 5 de Dos Hermanas (Sevilla). Profesor del rea
de Justicia de ceno-posiciones en Sevilla.
Mara del Carmen Garca Garca
Secretaria Judicial desde 2002, con experiencia en los rdenes
civil y penal. Actualmente es titular del Juzgado de Violencia
sobre la Mujer nmero 3 de Mlaga, tras aos como Secretaria de un
Juzgado de Instruccin. Profesora del rea de Justicia de
cenoposiciones en Mlaga.
Roberto Gutirrez Lpez
Gestor Procesal y Administrativo con amplia experiencia
profesional en rganos del orden juris-diccional civil y penal.
Actualmente ocupa plaza en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer
de Parla (Madrid). Tutor a distancia y on-line del rea de Justicia
en cenoposiciones.
Mariana Clara Marn Montero
Gestora Procesal y Administrativa, ha trabajado desde 1982 en
diversos Juzgados y Tribunales, especialmente en los rdenes
jurisdiccionales penal y contencioso-administrativo. Actualmente
ocupa plaza en la Fiscala de Madrid. Profesora del rea de Justicia
de cenoposiciones en Madrid.
Nria Parra Bueno
Secretaria Judicial desde 2008, destinada en el Juzgado de
Primera Instancia nmero 6 de Bada-lona. Tiene gran experiencia en
como Formadora del personal al servicio de la Administracin de
Justicia dependiente del Centro de Estudios Jurdicos y Formacin
Especializada del Departa-mento de Justicia de la Generalitat de
Catalua y preparadora de oposiciones a diversos cuerpos. Profesora
del rea de Justicia de cenoposiciones en Barcelona.
21
tema 9
auxilio judicial
-
Mara del Carmen Ramos Fernndez
Secretaria Judicial desde 1997, ocupa plaza en el Juzgado de
Primera Instancia e Instruccin n dos de Paterna (Valencia).
Especializada en los rdenes civil y penal, es profesora del rea de
Jus-ticia de cenoposiciones en Valencia.
Esther Serrano Reddaway
Secretaria Judicial, titular de la Seccin 1 de la Audiencia
Provincial de Alicante (de lo Penal), tras ejercer funciones desde
2002 en los rdenes penal, civil y contencioso-administrativo.
Profesora del rea de Justicia de cenoposiciones en Alicante.
David Vzquez Garca
Secretario Judicial desde 1992, tiene experiencia en distintos
rdenes y tambin en el campo do-cente. Actualmente ocupa plaza como
Secretario titular del Juzgado de Primera Instancia nmero 4 de
Fuenlabrada (Madrid). Profesor del rea de Justicia de
cenoposiciones en Madrid.
tema 9
auxilio judicial
22
