Tendencia Nacional N°9

N 9 / A B R I L 2 0 1 5

DirectorAndrs CabreraEquipo:Carla AmtmannRafael CrisostoEduardo OcampoRodrigo SilvaIvn Vitta

Diseo y Diagramacin.Agencia OPU

3T E N D E N C I A NAC I O NA L

Pgina 4: Editorial

Pgina 7: El dEstaPE dEl Caso Caval y PEnta.

Pgina 12: luksiC En la Mira.

Pgina 16: sQM: El diQuE QuE sE roMPE

Pgina 20: dinEro y PoltiCa En ChilE. sntoMas dE una unin EstruCtural.

4T E ND E NC I A NAC I O NA L

EDITORIALCon el presente nmero de Tendencia Nacional (TN), damos por iniciado un nuevo ciclo de publicaciones referidas al anlisis de la contingencia y coyuntura poltico-social. Tras la realizacin de los primeros ocho ejemplares durante el segundo semestre del 2014, se decidi detener momentneamente la salida pblica de las ediciones durante el cierre del ao, a fin de reevaluar su desempeo y cometido. De este modo, este noveno nmero es por sobre todo el primer fruto de las reestructuraciones internas que el equipo de TN ha fijado en vista a las caractersticas que comienza a asumir el contexto socio-poltico actual. Depender de la evaluacin de nuestra comunidad de lectores si es que este trabajo ha logrado mejorar los rendimientos visuales, informativos y analticos desarrollados en los nmeros previos.

En efecto, esta edicin aborda de manera pormenorizada el eje que ha estructurado la discusin pblica durante los ltimos meses: los casos de corrupcin que han golpeado a la elite poltica y econmica de nuestro pas, cuya consecuencia poltica ms importante es el develamiento de la profunda crisis de representatividad que afecta al sistema poltico y sus principales dirigencias e instituciones. En el marco de este antecedente, los artculos incorporados abordan las caractersticas generales de los casos Penta, Caval y Soquimich, adems de una breve aproximacin a los conflictos, intereses y vnculos polticos mantenidos por el grupo econmico ms importante en el Chile del siglo XXI, el grupo Luksic. Junto a estos abordajes, tambin incorporamos un anlisis ms extenso que indaga en las causas estructurales que sostienen a los actuales casos de corrupcin, esto es: la permanente unin ente el dinero y la poltica forjada al calor del proceso dictatorial y transicional.

Que la crisis poltica tiende a ser ms profunda de lo que algunos imaginan, que toda la clase poltica, tanto de la Nueva Mayora como

de la Alianza, estn de una u otra manera involucrados, que la corrupcin es parte inherente del modelo poltico y econmico existente en nuestro pas y que, por tanto, la soluciones han de ser igual de estructurales, son algunas de las lneas que se argumentan en las siguientes pginas.

Si algunos pensaron que los casos de corrupcin desatados seran sucesos controlables desde la propia elite, hoy nadie duda que el pas est atravesando por una situacin de tal profundidad que puede llegar a traer consigo una crisis poltica de una magnitud que es imposible prever con exactitud.

Para la Nueva Mayora, previo a los destapes de corrupcin, este sera el ao ms complejo. A pasar de cargar con sus propias contradicciones debido a las promesas dadas a la ciudadana en contraposicin a sus compromisos y vnculos con el gran empresariado, el ao comenzaba con un paulatino repunte en las encuestas de opinin, tanto a la gestin de la mandataria como del gobierno. Eran semanas que vaticinaban un buen comienzo de ao que, a diferencia del anterior, no parta con un error no forzado expresado en el plano de designaciones ministeriales y cuya figura icnica se encarn en la nombrada subsecretaria del MINEDUC, Claudia Peirano. Las primeras semanas de enero eran idneas para enfrentar un 2015 en el que segn la propia planificacin del acuerdo poltico gobernante deban enfrentar los puntos ms tensos de su programa.

El 2014 optaron por quitar dicha tensin, bajar los niveles discursivos de promesas, y asumir solo los proyectos ineludibles. No obstante, se saba que este sera un ao ms complejo de enfrentar, ya que en l se entrelazara una agenda legislativa con contrapartes activas dentro de la ciudadana y movimientos sociales. Llegaba la hora de la Reforma Educacional sobre Gratuidad Universitaria y Carrera Profesional Docente, los cambios en el sistema de AFP, Reforma Laboral y el inicio del proceso para el cambio de Constitucin. Todos elementos con contrapartes organizadas y/o demandas activas en el pueblo chileno.


El control de daos e impactos para el Gobierno deba partir, y tomaron algunas medidas de contencin. Se anunci que por economa legistaltiva se optara por no ingresar an el proyecto sobre Financiamiento Universitario. Sobre Nueva Constitucin, solo nos tendramos que remitir a esperar que la Presidenta definiera el mecanismo para tener una nueva carta fundamental, y a la tan anunciada reforma al sistema de AFP se le quit la urgencia.

No obstante, si el 2014 el control de la agenda fue complejo, durante este se abren importantes posibilidades de tensin mayor. Ya que a todas las variables conocidas que ponan este ao como el ms dificultoso, se suman los destapes de corrupcin que involucran de manera transversal a amplios sectores del parlamento y gobierno, existiendo inclusive la posibilidad que el propio hijo de la Presidenta deba enfrentar juico y crcel.

Hoy es la Fiscala la que est controlando la agenda pblica, y por tanto ni los silencios ni la mitigacin con control de organizaciones sociales, obstrucciones o negociaciones legislativas, pueden manejar lo que se ha desatado. Las maniobras para contener, mitigar daos y ganar tiempo tambin aqu han salido a la marcha: Consejo Asesor Presidencial, posicionamiento de liderazgos sin vinculacin con casos de corrupcin, obstrucciones legales, etc. No obstante la Presidenta ha debido ceder y todo el ejecutivo alinearse al caiga quien caiga.

El ao 2015 ser sumamente definitorio. Demandas sectoriales que no podrn esconderse bajo la alfombra ni suspenderse hasta nuevo aviso, junto a la existencia de actores movilizados constituidos y un descontento ciudadano creciente, se sumarn a este descontrol poltico, tensionando desde las demandas populares.

Entrado el mes de abril y dando inicio a las primeras movilizaciones nacionales, es posible que la agenda pblica hoy marcada por los ritmos de la fiscala pase a la calle, pudiendo

ser tomada por la fuerza de demandas tan relevantes como la renuncia de parlamentarios, la gratuidad universitaria, e inclusive Asamblea Constituyente.

Todo est por verse.


EL DEsTApE DEL cAsO pENTA y cAvALPor Rodrigo Silva.

Lo que caval y penta han dejado en evidencia es que la magnitud del problema no nos remite nicamente a la falta de cumplimiento de normativas, menos an, a un conflicto entre privados, como sealara indecorosamente el Ministro del Interior, Rodrigo peailillo. Lo que existe realmente, es un importante nmero de polticos y empresarios cuyo objetivo ha consistido en burlar la ley a travs de una capa de tecncratas dispuestos a utilizar los resquicios que otorga nuestra institucionalidad.

Durante los ltimos meses, la corrupcin ha sido la temtica que se ha encontrado en el ojo del huracn, copando la agenda meditica, y forzando al gobierno a posponer reformas

fundamentales estipuladas en su programa.

Situacin que remeci a la elite, afectando primeramente a la derecha y a la UDI, en particular con el caso Penta, cuya arista poltica se evidenci a mediados de septiembre de 2014, producto de las declaraciones del ex gerente general del grupo Penta, Hugo Bravo1. Luego se ramific hasta la Nueva Mayora, mediante la veta abierta por el caso SQM2 y el denominado caso Caval, el cual fue conocido a raz del reportaje: Un negocio Caval, publicado el 5 de febrero en la revista Qu Pasa3.

Con estos casos qued evidenciado, con mayor radicalidad que en ocasiones anteriores,


que los vnculos entre negocios y poltica no son materia exclusiva de la derecha, sino que constituyen una situacin comn a todo el duopolio poltico que ha gobernado Chile desde la transicin. Sin embargo, esto no fue lo nico que se puso de manifiesto, ya que los tres casos anteriores coinciden en su capacidad de graficar la existencia de profusos vnculos entre empresarios, polticos, tecncratas y la institucionalidad neoliberal que los cobija.

Al inicio del desarrollo de estos casos (agosto del 2013), el llamado fraude al FUT dej al descubierto una red de funcionarios dispuestos a servirse de los forados de la institucionalidad para realizar acciones fraudulentas, en vista de su beneficio personal. Ivn lvarez, uno de los hombres claves de dicho caso, vulneraba desde 2007 el servicio informtico del SII y contaba con una red de funcionarios que formaban parte del millonario negocio realizado a costa de las arcas fiscales. Estos funcionarios se relacionaban con contadores como Jorge Valdivia, que operaban como nexo con las empresas del grupo Penta. lvarez mencionaba en sus declaraciones del 15 de enero, ante el fiscal Carlos Gajardo, que el trabajo del contador Jorge Valdivia consista en hacer lobby y en mover sus contactos para que en el SII todo saliera limpio. Con este modus operandi se reclut a un total de

122 contribuyentes, empresas que falsearon boletas para pagar menos impuestos, recibir devoluciones abultadas y financiar campaas polticas.

Tal y como es sabido, en el caso figuran personajes polticos como el ministro de Obras Pblicas Alberto Undurraga (DC), el senador Ivn Moreira (UDI), la senadora Ena Von Baer (UDI), los diputados Ernesto Silva (UDI) y Felipe de Mussy (UDI), el ex candidato presidencial Andrs Velasco (Fuerza Pblica), el ex presidente Sebastin Piera, el coronel Jovino Novoa (UDI), Lawrence Golborne y, quien cumple prisin preventiva, Pablo Wagner, ex subsecretario de Minera de Sebastin Piera y ex UDI. En relacin a este ltimo grupo vinculado a Penta, la Fiscala ha abierto nuevamente una ronda de declaraciones citando a Jovino Novoa, Ena Von Baer, Ivn Moreira y Felipe de Mussy.

Por otra parte, respecto a lo acaecido con Caval, en una columna de Edison Ortiz (Profesor y Doctor en Historia) publicada en el El Mostrador el 10 de marzo, se describe la estructura que haba posibilitado dicho caso4. Ortiz da cuenta del creciente poder que los parlamentarios poseen a nivel local. Segn l, la relacin entre congresistas y el Estado

Ganancia deBANCO DE CHILE

(1.000 millones de pesos)

Ganancia deCAVAL

(2.500 millones de pesos)

PRSTAMO

PRIMERPRSTAMO

En Diciembre de 2013, el Banco de Chile

otorg crdito por 6.500 millones de pesos a Caval Limitada, empresa de

la nuera de Bachelet, para compra de

terrenos en Machal, VI Regin. Por la

operacin, el banco gan 500 millones de

pesos.

En definitiva, el Banco de Chile gana poco ms de mil millones de pesos financiando operaciones de especulacin inmobi-liaria, con muy bajo riesgo: lo que le presta a Silva le vuelve inmediatamente como pago de prstamo a Caval.

SEGUNDOPRSTAMOCasi un ao despus, el Banco de Chile tambin financi la compra de los mismos terrenos a Caval por la empresa inmobiliaria Ruta 68, del empresario Hugo Silva. Silva adquiri la propiedad en 9.500 millones, de los cuales 7.000 millones fueron financiados por el banco de Luksic. La

ganancia estimada es de poco ms de 500 millones de

pesos.

Un ejemplo de cmo la elite amasa su fortuna


Central est dada por el intercambio de votos a cambio de altsimos niveles de autonoma para impulsar gestiones a nivel local, de modo que tanto las designaciones del Estado, como la relacin con proyectos de negocios, pasan necesariamente por los senadores y diputados. De esta forma, se establece una relacin entre agentes del mundo pblico y privado, en la que se entrelazan alcaldes, funcionarios pblicos, especuladores y empresarios.

As Caval Ltda. -empresa de la nuera de Michelle Bachelet-, obtiene de los funcionarios pblicos la informacin relevante para emprender su negocio especulativo. Cynthia Ross Wiesner (funcionaria de la Municipalidad de Machal) y Jorge Silva (director de Obras Pblicas del Municipio) son quienes entregan informacin respecto de la posibilidad de modificar el plan regulador intercomunal de Machal. Luego de ello, comienzan las gestiones para obtener prstamos y se suscita la conocida reunin con Andrnico Luksic, en la que, Sebastin Dvalos y su esposa Natalia Compagnon (duea del 50% de Caval) consiguen el prstamo que les permitira realizar su funesto negocio. El caso se desarrolla a sabiendas de Juan Pablo Letelier (PS), senador por la Regin de OHiggins y de Juan Luis Castro (PS) diputado por el distrito 32 (Rancagua), la intendenta Morn Contreras, quien habra intentado acelerar el trmite de inscripcin de terrenos a nombre de Caval y el Seremi de Vivienda Local Wilfredo Valds, que opero como tasador del terreno.

Respecto al desarrollo del caso, las declaraciones de los involucrados se realizarn durante la segunda quincena de abril. Sebastin Dvalos, Natalia Compagnon y Andrnico Luksic, forman parte de la lista que analiza el grupo dirigido por el fiscal de OHiggins, Luis Toledo5. Ante los hechos presentados, lo que Caval

y Penta han dejado en evidencia es que la magnitud del problema no nos remite nicamente a la falta de cumplimiento de normativas; menos an, a un conflicto entre privados6, como sealara indecorosamente el Ministro del Interior, Rodrigo Peailillo. Lo que existe realmente, es un importante nmero de polticos y empresarios cuyo objetivo ha consistido en burlar la ley, a travs de una capa de tecncratas dispuestos a utilizar los resquicios que otorga nuestra institucionalidad. Es evidente que la expresin utilizada por el fiscal Carlos Gajardo, segn la cual nos encontramos ante una aceitada mquina que no tiene inconveniente alguno en defraudar al fisco7, es vlida para ambos casos.

La complejidad de las situaciones anteriores, nos remiten necesariamente a la pregunta respecto de la dimensin real de la problemtica, ya que en vista de los hechos anteriormente descritos, puede juzgarse si es que la creacin de comisiones, o la realizacin de modificaciones parciales a la legislacin actual, se presentan como alternativas legtimas desde la perspectiva de su efectividad para terminar con el problema, o si ms bien, las medidas anteriores resultarn estriles.

En este escenario pareciera ser que una respuesta realista al extendido problema de la corrupcin no podr surgir dentro de los mrgenes del binominalismo y su magnitud no cabr en los lmites de la democracia pactada, sino que deber hacerlo desde fuera de ella, para rebasarla y robustecerla. El deber de conquistar una institucionalidad que sea capaz de asegurar derechos sociales y de proteger a las mayoras contra el desmedido poder de los negocios, es una tarea que debe ser asumida por la ciudadana y por aquellos que aun portan la legitimidad para realizar cambios: los movimientos sociales.

1 Vase: http://www.elmostrador.cl/pais/2014/09/26/pentagate-los-nombres-de-los-politicos-que-aparecen-en-la-investigacion-de-la-fiscalia/2 El 12 de enero de 2015 el SII presenta querella contra Pablo Wagner, lo que genera la apertura de la arista SQM. http://especiales.pulso.cl/crono_SQM/index.html3 http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/02/1-16218-9-un-negocio-caval.shtml 4 Vase: http://www.elmostrador.cl/opinion/2015/03/10/el-caso-caval-y-la-feudalizacion-de-las-regiones/ 5Vase:http://www.emol.com/noticias/nacional/2015/03/25/709691/caso-caval-fiscal-iniciaria-etapa-de-declaraciones-en-la-segunda-quince-na-de-abril.html 6Vase:http://www.latercera.com/noticia/politica/2015/02/674-616443-9-penailillo-por-cuestionamientos-a-davalos-todo-esto-lo-tiene-que-re-sponder-el-en.shtml 7http://www.biobiochile.cl/2015/03/04/comienza-formalizacion-de-10-imputados-por-caso-penta.shtml

10

T E ND E NC I A NAC I O NA L

11

T E N D E N C I A NAC I O NA L

12


El Grupo Luksic es uno de los principales grupos econmicos de Chile, tiene participacin en los sectores minero, financiero, bebidas y alimentos, manufacturero, energa, transporte, servicios portuarios y navieros, telecomunicaciones y hoteles. Segn el ranking Forbes 2014, la familia Luksic representa la mayor fortuna del pas, siendo la nica entre las mayores 100 del mundo, figurando en el puesto 82 con un patrimonio de US $13.500 millones1.

Por sus caractersticas, es altamente relevante en la vida poltica del pas, ejerciendo influencia y presin sobre actores e instituciones, situacin que le ha generado cuestionamientos crecientes de parte de distintos grupos y sectores de la sociedad chilena pese a su particular discrecin y reserva, dado el estallido de mltiples conflictos en los que sus empresas e intereses intervienen directamente.

En cuanto a su historia y desarrollo, el Grupo Luksic fue fundado por Andrnico Luksic Abaroa a comienzos de la dcada de los 50s en Antofagasta, con actividades iniciales principalmente en la minera del cobre. En

los 60s se ampli hacia sectores como el de procesamiento de metales, energa, manufactura, agricultura, pesca, alimentos y forestal. Durante el gobierno de Salvador Allende, y producto de la materializacin de importantes iniciativas para la planificacin de la economa nacional, a travs de la accin estatal, debi redirigir sus actividades hacia Argentina, Colombia y Brasil. Luego, como consecuencia de la implementacin del neoliberalismo por la Dictadura Militar, y por tanto de extensas privatizaciones y de la desregulacin de amplias esferas de la economa anteriormente consagradas a la propiedad o el control estatal, logr expandirse considerablemente durante de la dcada de los 80s, consolidando sus posiciones en las administraciones de los Gobiernos Concertacionistas de las ltimas dos dcadas2.

Entre el Grupo Luksic y la lite poltica del pas se ha establecido una relacin de mutua correspondencia que al menos cuenta con dos grandes rasgos esenciales: por un lado, tanto el grupo econmico como la lite poltica se posicionan de manera unitaria, frente

LuksIc EN LA MIRAPor Eduardo ocamPo.

Autoridades y destacados actores polticos son parte o han pasado por los directorios de sus empresas donde sobresalen personeros de la concertacin y la Nueva Mayora, lo que desestima el tradicional prejuicio de que slo la derecha poltica cuenta con vnculos preferenciales con las grandes fortunas y grupos econmicos.

13


a un conjunto de materias relativas a las grandes propiedades y negocios que el grupo administra, consagrando el mayor nivel de ganancia. Por otro lado, existe una participacin conjunta en los beneficios provenientes de estas propiedades y negocios, principalmente a travs de una incorporacin subordinada de miembros de la lite poltica a posiciones de mando al interior de las empresas, que este grupo controla.

De esta forma, autoridades y destacados actores polticos son o han sido parte de los directorios de sus empresas, donde sobresalen personeros de la Concertacin y la Nueva Mayora, lo que desestima el tradicional prejuicio de que slo la derecha poltica cuenta con vnculos preferenciales con las grandes fortunas y grupos econmicos. Ejemplos de ello hay varios, como el Ministro de Educacin Nicols Eyzaguirre (PPD), de Hacienda Alberto Arenas (PS), de Minera Aurora Williams (PR), el ex ministro y ex Presidente del Banco Central Jos de Gregorio (DC), y el ex Presidente del Banco del Estado Jaime Estvez (PS), entre muchos otros.

Esta relacin de mutuos intereses se ha develado ante una parte de la opinin pblica, tras el conocimiento de casos que han derivado en escndalos y en los que se demuestran los rasgos esenciales de la relacin entre el Grupo Luksic y la lite poltica, en donde al menos tres de ellos tienen fuerza ejemplificadora.

Primero, a fines del ao 2000, el Banco Estado particip en la prestacin de un cuestionado crdito por un valor de US $ 120 millones a favor de Quienco, matriz del grupo Luksic, lo que permiti a sta ltima completar una operacin en la que tom control del Banco Chile. En este procedimiento tuvo un rol protagnico Jaime Estvez (PS), en su calidad de presidente de dicha institucin, designado en aquel entonces por Ricardo Lagos, quin pas en unos aos desde directorio del Banco Estado al directorio del Banco Chile, por expresa voluntad del ahora grupo controlador.

Segundo, hecho que permanece hoy en la agenda pblica, el prstamo de $ 6.500 millones

del Banco de Chile a Natalia Compagnon, esposa de Sebastin Dvalos, hijo de la Presidenta Michelle Bachelet y ex Director Sociocultural de la Moneda. Crdito que fue gestionado personalmente por los ltimos en una reunin que cont con la participacin del mismo Andrnico Luksic Craig y que posteriormente fue aprobado un da despus de la victoria de Michelle Bachelet, tras los comicios de la segunda vuelta presidencial. Este prstamo tuvo por objetivo concretar una enmaraada transaccin basada en la especulacin inmobiliaria, la que le reportara a la nuera e hijo de la presidenta de la Repblica una ganancia de ms de 2.500 millones de pesos. Lo que se ha conocido como Caso Caval, por el nombre de la sociedad en medio de la polmica en la que participa el matrimonio, o Nueragate, hoy definido por el desarrollo de la investigacin y diligencias dirigidas por el Ministerio Pblico y la posible imputacin de delitos3.

Y tercero, el conflicto donde se oponen, desde mediados de la dcada pasada, los intereses del Grupo Luksic a travs de Minera Los Pelambres de Antofagasta Minerals, ubicada en la comuna de Salamanca y dedicada a la produccin y explotacin de cobre y molibdeno, con los del pueblo de Caimanes de la comuna de Los Vilos, Provincia del Choapa, por el acceso y uso de las aguas, dado que la minera ha logrado imponer sistemticamente sus criterios y condiciones con el emplazamiento de un tranque de relaves txicos sobre el Estero Pupo, y sus correspondientes impactos sobre el cauce de las aguas, la calidad del recurso, la contaminacin del medio ambiente, afectando, en general y aclas dinmicas de convivencia social de la poblacin.

Todo esto ha generado una respuesta contundente desde la comunidad, expresada en mltiples formas de movilizacin y protesta, las cuales alcanzaron su punto ms alto de radicalizacin a comienzos de este 2015, con la toma de ms de 60 das de los caminos de acceso a la minera. Es un conflicto en donde la lite poltica, particularmente el sector representado en el gobierno de la Nueva Mayora, ha tomado una posicin de abierta parcialidad con Minera Los Pelambres

14


y el Grupo Luksic, omitiendo referirse pblicamente a las movilizaciones y protestas. Al mismo tiempo, el gobierno dispuso desde la gobernacin de la Provincia del Choapa de importantes contingentes de Fuerzas Especiales de Carabineros, que actuaron contra la comunidad, llevando a cabo acciones represivas que derivaron en heridos de diversa gravedad. Todo esto, a pesar de los distintos dictmenes del poder judicial, que ordenaban a Los Pelambres a reestablecer el cauce natural de las aguas y luego a destruir el tranque para cumplirlo4.

Ejemplos que, adems de evidenciar rasgos de una relacin basada en la mutua correspondencia, demuestra la imposibilidad de una democracia plena con la existencia de estos grupos econmicos, los cuales a su

vez se sostienen sobre la base material de un proceso histrico basado en la privatizacin y desregulacin de esferas econmicas, que anteriormente estaban bajo la propiedad y control estatal y pblico, donde la lite poltica se sita como actor subordinado y funcional, determinando el sentido de las instituciones y el debate pblico.

Dicho de otra manera, poner al Grupo Luksic y sus vnculos polticos en la mira es tambin hacerlo sobre la falsa promesa de la democracia en tiempos del neoliberalismo.

1 El Ranking Forbes es elaborado anualmente por la Revista Forbes, especializada en las grandes fortunas del mundo.2 Las distintas etapas de la historia y desarrollo del Grupo Luksic estn provistos por la fuente del mismo grupo. Vase: www.quinenco.cl3 Vase en este mismo nmero: El destape de los casos Penta y Caval.4 En una primera instancia fue la Corte Suprema la que fall en octubre pasado a favor del restablecimiento del cauce natural de las aguas obligando a Los Pelambres a tomar medidas al respecto Luego, en marzo de este ao y dada la insuficiencia del plan de ejecucin de obras de la minera, el Juzgado de Los Vilos orden la demolicin total o parcial del tranque.

15


16


sQM: EL DIQuE QuE sE QuIEBRAPor Rafael Crisosto.

El caso sQM deja claro cmo se cruzan los intereses de polticos de ambos bandos (Nueva Mayora y la Alianza) y el empresariado. Basta pensar en lo impresentable que resulta que una empresa controlada por el ex yerno de pinochet financie a senador socialista Fulvio Rossi, mediante boletas ideolgicamente falsas a dos de sus asesoras.

Se ha ido difundiendo paulatinamente en la opinin pblica, la conviccin de que detrs del dique que intenta contener la verdad sobre el caso Soquimich, se estancan aguas ms turbias que las que hemos visto hasta ahora en otros casos de corrupcin. La intuicin ciudadana sobre la gravedad de esta arista se encuentra de sobremanera justificada, ya que el caso SQM refleja de forma ntida los problemas del Chile de la Dictadura, la transicin y la post-transicin.

Y es que si revisamos el historial del caso y el pasado de la empresa, pareciera que al comenzar a filtrarse al agua, se avecinar un caudal que se llevar consigo la poca confianza que an queda en los partidos polticos, el empresariado y el gobierno. Una corriente que dejar al descubierto varios de los pilares antidemocrticos del pas, desde las privatizaciones, que saquearon al Estado en los ochenta, pasando por la impunidad del empresariado nacional y su vnculo con

17


los polticos, hasta chocar con la Constitucin y sus protectores. Encontramos en el caso SQM y su pasado, una historia particular que resume y simboliza perfectamente la historia del conjunto del pas en los ltimos 30 aos.

Las privatizaciones de la dictadura y el yerno de pinochet

La Sociedad Qumica y Minera de Chile (Soquimich o SQM) fue creada en 1968 como una empresa mixta, siendo adquirida en 1971, en un 100% por la Corfo, pasando as a ser totalmente propiedad del Estado. En 1980, el entonces yerno de Pinochet, Julio Ponce, asuma la gerencia de la Corfo y, mediante ella, la presidencia de varias empresas estatales, entre las que se encontraba SQM. Su asenso expedito y el enriquecimiento repentino que lograba, despertaban el recelo de otros empresarios, como Ricardo Claro. Fue ste quien financi parte de una investigacin periodstica, que en 1983 se difunda mediante un panfleto annimo. En este volante se acusaba a Julio Ponce de haber obtenido privilegios, mediante su posicin en la direccin de empresas pblicas, para llegar a ser uno de los hombres ms ricos de Chile. Ante la presin, el yerno de Pinochet debi dejar su cargo, el caso tuvo un breve pasar por tribunales, y la periodista que redact el panfleto, parti a una permanente estada en el extranjero1.

Pero Julio Ponce, tal Natalia Compagnon en la actualidad, no renunciara a su vocacin de emprendedor ni al apellido de su suegro. Ya fuera de la CORFO, en 1988, terminado el ciclo de privatizacin de SQM, se haba hecho con el control de la compaa por un precio muy inferior al del mercado. Si bien las prdidas para el Estado fueron investigadas por la contralora y por comisiones parlamentarias, ninguno de sus negocios sera tocado en las dos dcadas siguientes2.

Es as como el origen de SQM no fue muy glamoroso. Fue su oportunismo para saquear al Estado el que hizo rico a Julio Ponce, no su gran destreza en los negocios. Caso similar se repite en otros grupos econmicos nacidos de privatizaciones autoritarias, como la del Instituto de Seguros del Estado (ISE), que fue la base del grupo Penta3.

Julio ponce y el carcter del empresariado chileno

Ya en democracia, Julio Ponce despleg las mejores cualidades del empresariado chileno: obtener rentabilidad en el menor tiempo posible y de cualquier forma. La licitacin del litio y el caso Cascadas son suficientes para ejemplificar el punto.

Pablo Wagner, antes de pasar a prisin preventiva, en el marco del proceso judicial del caso Penta, fue conocido por su labor al frente de la subsecretaria de Minera, en el gobierno de Sebastin Piera. Era el ao 2012 y el gobierno insista en la idea de licitar la explotacin de litio a privados. La licitacin, que ya era criticada como una forma de privatizar un recurso estratgico, fue adjudicada por SQM. La alegra de Piera pronto se transform en un nuevo fiasco para su gobierno. La empresa no cumpla con los requisitos administrativos de la licitacin, al tener litigios con el Estado por juicios tributarios con el SII, por montos cercanos a 5 millones de dlares. Wagner argument que el propio controlador de la empresa le haba asegurado que cumpla con los requisitos. Quedaba al descubierto as los los de SQM con el SII y los vnculos entre Wagner y el ahora ex yerno de Pinochet4.

El Caso Cascadas fue ms grave an. Este consista en un complejo esquema de control de empresas relacionadas, por medio del cual Julio Ponce, aprovechando su posicin dominante, venda acciones a bajo valor, las que luego eran recompradas a un precio superior, significando esto ganancias para l y prdidas para otros accionistas minoritarios, entre ellas algunas AFP. El caso deriv en una larga disputa entre la SVS, Julio Ponce (indicado como el idelogo del esquema) y sus socios, lo que termin con la aplicacin de las multas ms altas de la historia en sta materia5

Los empresarios, los polticos chilenos y la constitucin

Durante aos los polticos de la Concertacin (hoy Nueva Mayora) se escudaron en los amarres constitucionales para justificar los

18


nulos cambios al modelo heredado de la dictadura. A eso se sum el nulo inters por sancionar el saqueo que se haba producido en la privatizacin de las empresas pblicas. Hoy, es indiscutible que la inaccin de la Concertacin se bas ms en la actitud complaciente hacia el Chile actual, que al martirio de querer generar cambios y no poder concretarlos. Que mejor prueba de ello que los vnculos que hoy existen entre antiguos enemigos.

El caso SQM deja claro cmo se cruzan los intereses de polticos de ambos bandos (Nueva Mayora y la Alianza) y el empresariado. Basta pensar en lo impresentable que resulta que una empresa controlada por el ex yerno de Pinochet financie a senador socialista Fulvio Rossi, mediante boletas ideolgicamente falsas a dos de sus asesoras. A lo que se suman otros nombres ligados a la Nueva Mayora: el subsecretario general de Gobierno, Rodolfo Baier, el ex embajador Marcelo Rozas (DC), ligado a Gutenberg Martnez; la Fundacin Chile 21, ligada al progresismo, con Carlos Ominami a la cabeza y Girardi como presidente de su consejo ampliado y el Cegades, entidad dirigida por Carolina Leitao (alcaldesa DC de Pealoln). Mientras, por el otro bando, se nombra a Pablo Zalaquet y dirigentes regionales de la UDI.

Para completar el puzle, ha sido la propia institucionalidad de la dictadura la que ha salido a proteger a los polticos, cuando el Tribunal Constitucional, ese enclave antidemocrtico que fiscaliza que todo quede igual a como el general lo dej, sali a defender a SQM ante la Fiscala, mediante un recurso presentado por el abogado Samuel Donoso (PPD), en representacin del ex gerente general de la empresa, Patricio Contesse. Ante la resolucin del TC, que paraliz la investigacin de la fiscala contra SQM, hasta el 25 de marzo, fue evidente el silencio de los parlamentarios y los voceros de la Nueva Mayora. A lo que se sumaba la desgana del SII y su director, Michel Jorratt, para querellarse por delitos tributarios contra SQM. Cualquier intento de crtica era contenida desde la Nueva Mayora, una accin que destaca es la gestin de Girardi para frenar la iniciativa de los diputados del PPD para interpelar al SII 6. As, parece ser que ha sido la presin meditica constante, ante lo impresentable de ambas

medidas, la que finalmente ha llevado a revertir estas situaciones.

El silencio del progresismo y la tormenta que se avecina

Ante un panorama de corrupcin tan ampliado, ante un silencio tan extendido de los viejos polticos sobre el hacer y deshacer de los empresarios dueos del pas, parecera que el escenario queda abierto para que polticos desligados de la vieja Concertacin capitalicen el descontento. Pero lo extendido de las tibias declaraciones o insinuaciones de empate de toda la clase poltica desvanecen esa posibilidad. Se podra haber esperado, por ejemplo, que fuera Marco Enrquez-Ominami quien, libre de toda culpa, golpeara al gobierno, a la Nueva Mayora y la derecha. Pero su pasividad, ms all de unas cuantas declaraciones, genera dudas sobre sus reales intenciones. Una posibilidad es que est tan interesado en

Edificio Soquimich.

19


participar en las primarias de la Nueva Mayora, que ha preferido callar y no acusar a sus futuros aliados. Otra, que el financiamiento de su campaa y sus actividades diste tambin de ser la ms transparente. O, finalmente, puede ser que est esperando el momento oportuno para salir a barrer con los polticos corruptos. Pero esta ltima parece ser la opcin menos posible ante los hechos.

Observando el escenario que se conforma, se pronostica una crisis en la poltica chilena. Una fuerte corriente de descontento que, de la mano de SQM y todo su simbolismo,

1 Para profundizar en la disputa entre Ricardo Claro y Julio Ponce: http://ciperchile.cl/2008/12/31/los-archivos-secretos-de-ricardo-claro-y-sus-actua-ciones-en-las-sombras/2 Sobre las privatizaciones y el saqueo del Estado en la dictadura, se recomienda consultar el libro de Mara Olivia Monckeberg: El saqueo de los grupos econmicos al Estado chileno (Ediciones B, 2001).3 Vase en este mismo nmero: El destape de los casos Penta y Caval.3 Sobre el origen del grupo Penta en las privatizaciones de la dictadura, consultar: http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/21/el-origen-del-grupo-penta-en-las-oscuras-privatizaciones-de-la-dictadura-militar/4 Cfr. http://www.elmostradormercados.cl/destacados/duro-golpe-a-julio-ponce-gobierno-invalida-la-licitacion-del-litio-y-dice-que-sqm-no-cumplio/5 Cfr. http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/09/655-594204-9-caso-cascadas-las-multas-mas-altas-de-la-historia.shtml6Cfr.http://www.elmostrador.cl/pais/2015/03/20/la-gestion-de-guido-girardi-para-frenar-ofensiva-de-diputados-ppd-para-lograr-que-el-servicio-de-impuestos-internos-se-querelle-contra-sqm/

llevar la representatividad y la legitimidad de los partidos, el empresariado y el gobierno a hundirse en el barro. Y la crisis parece larga, ante la falta de una alternativa constituida que se fortalezca del descontento y la indignacin ciudadana. Quedar esperar que sea el nico refugio de legitimidad que an queda en este pas, ese que portan los movimientos sociales y que impulsa la gente comn, los trabajadores, los estudiantes y los pobladores, el que comience a cimentar los nuevos pilares sobre los que se debe forjar un pas libre de corrupcin.

20


DINERO y pOLTIcA EN chILE: sNTOMAs DE uNA uNIN EsTRucTuRALPor Andrs Cabrera

se tender a confirmar que los hechos de corrupcin no son meros eventos aislados, sino que, por el contrario, representan sntomas que se encuentran concatenados a la reproduccin misma del patrn de acumulacin neoliberal. En este plano, cabe preguntarse: Qu responsabilidad compete al dualismo poltico durante el perodo transicional?

No cabe duda de que la crisis de representatividad, que afecta a las principales instituciones y actores poltico-sociales del pas, ha sido la matriz que ha estructurado la discusin pblica desarrollada durante los ltimos meses.

Los diversos delitos atribuidos a los principales actores provenientes del mundo empresarial y poltico, en el marco de los casos Penta, Caval y Soquimich, han pasado a formar parte de la extensa batera de argumentos utilizados por la ciudadana para criticar y denunciar este tipo de prcticas. Cuestin que no ha hecho ms que expandir el distanciamiento entre el sistema poltico y el pueblo de Chile.

Tanto el Track Semanal de Opinin Pblica realizado por Plaza Pblica Cadem, como la Encuesta: Evaluacin Gestin de Gobierno, efectuada por GFK ADIMARK, han sido concluyentes al momento de graficar los escasos niveles de representatividad que mantienen las principales dirigencias, organismos e instituciones del pas ante la ciudadana1.

En un plano menos estadstico, aunque igualmente significativo, se encuentra la innumerable cantidad de comentarios que abarrotan las plataformas virtuales, plasmando sus resonancias en un proceso de impugnacin transversal y diversificado que durante estas ltimas semanas ha visto emerger

algunas iniciativas de protesta ciudadana similares a las manifestaciones regionales que desencadenaron el ascenso del movimiento social durante el ao 20112.

En este contexto, dos han sido las lecturas predominantes al momento de explicar el estallido meditico de los casos de corrupcin que sacuden al pas. Para unos, la larga lista de acusaciones por la que varios empresarios y polticos estn siendo procesados y/o investigados, son expresin de conductas desviadas que, aun cuando sean indicadas como faltas graves contra la tica y probidad, constituyen prcticas aisladas, imposibles de extender a las lgicas que sustentan y reproducen la sociedad de mercado.

Para otros situados en las antpodas de la lectura precedente, las denuncias de cohecho, financiamiento irregular de campaas, corrupcin, fraude al fisco, uso de informacin privilegiada, trfico de influencias, etc., reflejan idneamente las caractersticas estructurales de un modelo social que favorece sistemticamente la acumulacin de capital y/o poder en manos de una elite poltico-econmica, que se encuentra separada de los innumerables estragos que, en distintas esferas sociales, como trabajo, salud y educacin, debe soportar el ciudadano de a pie.

Consecuentemente, el actual debate poltico demanda identificar con claridad la residencia

21


en la que efectivamente cohabita el dinero y la poltica. En este sentido, resulta necesario volver a preguntarse si la morada del cuestionado maridaje radica slo en la inescrupulosa emisin de boletas ideolgicamente falsas, o ms grave an el refugio del desacreditado vnculo se encuentra en la estructura misma de las instituciones, forjadas durante el proceso dictatorial y transicional.

La corrupcin del modelo chileno en retrospectiva

Hace casi quince aos, la obra de la periodista y Premio Nacional de Periodismo, Mara Olivia Mnckeberg: El Saqueo de los Grupos Econmicos a Estado Chileno (2001), desclasific sin eufemismo alguno los nombres de los agentes y grupos econmicos que forjaron sus riquezas al amparo de la dictadura militar, iluminando con ello un legado investigativo que interpela la capacidad poltica de la ciudadana. Y es que, a pesar del importante develamiento meditico, hoy, tal como en esos aos, nada o muy poco se ha dicho sobre la actividad privada que se oculta en el da a da del mundo de los grandes negocios efectuados a expensas de los chilenos. Hoy, cuando el dominio entre lo pblico y privado es muy difuso, la actividad privada debe ser parte de este objetivo para transparentar los hechos3.

En efecto, los nombres de los gerentes y empresas asociadas a la derecha poltica que hoy se encuentran en el ojo del huracn, fueron parte importante del sustento civil que blindaba intelectualmente la instauracin neoliberal ejercida por la dictadura militar. Resulta altamente paradjico constatar, que la tradicional crtica lanzada por los crculos de derecha en contra del exceso de grasa burocrtica acumulada por el Estado, sea un fenmeno caracterstico de estos mismos sectores. Despus de todo, fueron los altos funcionarios civiles del rgimen militar los que se posicionaron sin escrpulo alguno a la cabeza del proceso de privatizacin de las empresas y reas estratgicas del Estado.

El origen del grupo Penta es sintomtico al respecto, ya que forma parte de la segunda

oleada privatizadora desarrollada bajo la conduccin del ex ministro de Hacienda del rgimen militar, Hernn Bchi, durante la segunda mitad de la dcada de 1980.4 El grupo liderado por Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn,5 se form a travs de las privatizaciones en el sector de los seguros, sumando a ello, la apropiacin del Instituto de Seguros del Estado. Ya en la dcada de los noventa, el grupo comenzara a participar en el negocio de la educacin universitaria (ligado a la Universidad del Desarrollo), ingresando tambin al negocio de las AFP a travs de Cuprum,6 la que fue vendida en 2012, a la compaa estadounidense Principal Financial Group, por ms de mil quinientos millones de dlares.7

Por su parte, Soquimich, el imperio de Ponce Lerou,8 reviste especial inters. Tal como destaca la Premio Nacional de Periodismo, no slo por lo que el salitre, el yodo y el litio significan como recursos, sino por el papel determinante que en la gestin y posterior privatizacin de la empresa y de esos recursos ha jugado el ex yerno del general (R) Pinochet, el ingeniero forestal, Julio Ponce Lerou como Presidente de su Directorio y cabeza del holding de empresas que ha creado con la colaboracin estrecha de su colega y amigo Patricio Contesse y en el que estn tambin incorporados sus hermanos. La Empresa Qumica y Minera de Chile, Soquimich, productora de salitre y yodo, era totalmente estatal al 11 de septiembre de 1973. Desde 1988 est enteramente en manos privadas9. Slo para graficar lo problemtico del asunto, valga mencionar que la estimacin atribuida a la prdida patrimonial el Estado en el proceso de privatizacin de Soquimich implic 261,9 millones de dlares menos que el valor real.10

En este ltimo sentido, ante el estallido noticioso que ha puesto al desnudo el modus operandi con el que ambos holding han acumulado su riqueza, se vuelve un imperativo recordar los datos entregados por la Primera y segunda Comisin Investigadora de la Cmara de Diputados (1991 y 2005-2006, respectivamente), cuyo objeto era evaluar la prdida patrimonial del Estado de Chile producto del proceso privatizador.

22


En efecto, la primera comisin seal que el proceso de privatizacin ejecutado en Chile entre 1985 y 1987 signific la venta de 32 empresas pertenecientes a CORFO, con una prdida patrimonial de 2.209 millones de dlares en 1989. A ello se agrega que CORFO asumi los pasivos de las empresas enajenadas, aumentando sus deudas en 131% en relacin a 1984. Por su parte, la segunda comisin, basndose en los datos proporcionados por la Contralora General de la Repblica, establece que slo por la venta de 30 empresas enajenadas durante el perodo comprendido entre 1978 y 1990, el pas perdi US$ 2.223.163.439,98 lo que a 1990 corresponda al 6,4% del PIB.11

Estos antecedentes demuestran que los casos de corrupcin develados, son mucho ms amplios e intensos de lo que suponen las interpretaciones de los defensores del modelo. Es un hecho que, de prosperar el avance de los procesos e investigaciones en curso (ya sea a travs de sus ramificaciones judiciales, periodsticas o cvicas), se tender a confirmar que los hechos de corrupcin no son meros eventos aislados, sino que, por el contrario, representan sntomas que se encuentran concatenados a la reproduccin misma del patrn de acumulacin neoliberal. En este plano, cabe preguntarse: Qu responsabilidad compete al dualismo poltico durante el perodo transicional?

23


1 La encuesta Plaza Pblica Cadem publicada el 23 de marzo pasado es sintomtica al respecto. Segn los encuestados, las tres instituciones donde ms se extiende la corrupcin son: 1. Los partidos polticos, 2. El Congreso y 3. Las grandes empresas privadas. Sin derecho a podio, pero en un expectante cuarto lugar, se encuentra: 4. El Gobierno. Vase: http://www.elmostrador.cl/media/2015/03/cadem_23-marzo_2015.pdf 2 El levantamiento del pueblo de Caimanes en contra de la Minera Los Pelambres perteneciente al grupo Luksic; la Macha de los Indignados que reuni a ms de 4 mil personas de Alto Hospicio e Iquique en el centro de la ciudad tarapaquea el pasado viernes 20 de marzo e incluso las protestas efec-tuadas por los pescadores artesanales en Talcahuano, Lota y Coronel, a lo que se suman recientes llamamientos contra la corrupcin como el realizado el lunes 23 de marzo con la demanda central por plebiscito y asamblea constituyente, son algunos de los conflictos latentes que no han dejado de ser monitoreados por el Ministerio del Interior.3 Mnckeberg, M. O. (2001). El Saqueo de los Grupos Econmicos al Estado Chileno. Ediciones B, Santiago, pp. 13.4 Vase: http://www.elmostrador.cl/pais/2015/01/21/el-origen-del-grupo-penta-en-las-oscuras-privatizaciones-de-la-dictadura-militar/ 5 Durante el rgimen militar, el primero ofici de Asesor del Ministerio de Salud, mientras que el segundo, tuvo a su cargo la Superintendencia de Se-guros, adems de la presidencia del Consorcio Nacional de Seguros. 6 Vase: http://www.theclinic.cl/2014/08/28/maria-olivia-monckeberg-desgrana-el-choclo-y-explica-como-ha-operado-el-largo-brazo-de-penta/7Vase:http://www.emol.com/noticias/economia/2012/10/08/563744/principal-acuerda-con-penta-la-compra-de-afp-cuprum-por-unos-us-1500-millones.html8 Durante la dictadura militar, Julio Ponce Lerou ocup el cargo de Gerente General de CORFO.10 Mnckeberg, M. O. (2001). El Saqueo de los Grupos Econmicos al Estado Chileno. Ediciones B, Santiago, pp. 86-87. Complementariamente, resulta ilus-trativo observar la actual composicin del Directorio y Administracin de Soquimich, la cual incluye dentro de su plana al ya mencionado Julio Ponce Lerou, Wolf von Appen, Hernn Bchi y Patricio de Solminihac, entre otros. Vase: http://www.sqm.com/es-es/acercadesqm/directorioyadministracion.aspx11 Vase: http://www.archivochile.com/Chile_actual/21_est_ide/chact_estidea0001.pdf12 Fuentes, C. (2012). El Pacto. Poder, Constitucin y Prcticas Polticas en Chile (1990-2010). Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, pp. 16-17.13 Vase: http://www.cdh.uchile.cl/corrupcion/

Un buen punto de partida para abordar esta interrogante, se encuentra en la interpretacin otorgada por Claudio Fuentes en torno al Poder, Constitucin y Prcticas Polticas desarrolladas en Chile, durante el perodo 1990-2010. En su obra El Pacto (2012), Fuentes es claro en sealar que la crisis de representatividad que afecta al sistema poltico chileno durante los ltimos aos, se debe a que las elites que condujeron la transicin actuaron basndose en el principio de representacin: como el pueblo los haba elegido, entonces tenan la potestad para disear los destinos de la nacin. El principio de representacin la delegacin del poder en manos de unos pocos fue alejando a esta elite de las aspiraciones y los deseos de la ciudadana, y el debate constitucional poco a poco se fue convirtiendo en una serie de complejas negociaciones entre los que tenan el poder. De este modo, el ciclo poltico 1990-2010 se caracteriza precisamente por la ausencia de la ciudadana12.

Ciertamente, este abismo que separa a una elite poltica cerrada sobre s misma de una ciudadana que comienza a transitar desde la apata a la crtica, concluy por transformarse en el espacio apropiado para que se reprodujera, sin tapujos de ningn tipo, el maridaje entre el dinero y la poltica. La gravedad intrnseca de este asunto, no debiese subvalorar los constantes registros de corrupcin que han emergido en las dcadas previas.

La recopilacin investigativa desarrollada por el Centro de Derechos Humanos asociado a la Facultad de Derecho de la Universidad de

Chile,13 incorpora un sinnmero de casos de corrupcin que, nuevamente, comienzan a aflorar en la memoria de la ciudadana. El crudo registro del perjuicio fiscal ocasionado por el caso MOP-Gate (avaluado en $1.253.352.295 de pesos, slo en la causa principal), no slo es emblemtico por los ilcitos cometidos, sino tambin, lo es por la tregua poltica gestada entre el presidente de ese entonces, Ricardo Lagos, y el ex senador de la Unin Demcrata Independiente (UDI), Pablo Longueira: Estar esta vez la ciudadana dispuesta a aceptar una nueva reedicin de la deslegitimada poltica de los acuerdos?

En la actualidad, y en consideracin de los antecedentes retrospectivos retratados, los hechos de corrupcin develados por la opinin pblica proveen una leccin difcil de contrarrestar: La nica opcin de levantar una muralla China entre el dinero y la poltica es transformando sustancialmente las instituciones del modelo neoliberal. Cuestin que equivale a demoler el reducto donde cohabitaba dicho maridaje: Podr la activacin poltica de la ciudadana y los movimientos sociales demoler la morada que cobija en estrecho vnculo al dinero y la poltica? No cabe duda que el devenir del ao 2015 otorgar ms de una respuesta a tan menuda interrogante.

San Ignacio 1230, Santiago de Chile.

FundacinCrea@Fundacioncrea

www.fundacioncrea.cl

Documents

Tendencia Nacional N°9