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Toca Civil 87/2019
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Tepic, Nayarit; a 08 ocho de mayo de 2019 dos mil diecinueve.
Vistos para resolver en Segunda Instancia los autos del toca civil
número 87/2019, formado con motivo del recurso de apelación hecho valer
por ********** en su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas y para actos de administración del **********, en contra de la
sentencia definitiva de fecha veinticuatro de enero de dos mil diecinueve,
dictada por la Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil con
residencia en Tepic, Nayarit, dentro del juicio civil ordinario expediente
número 389/2017, promovido por el hoy recurrente en contra de la persona
moral denominada **********, y;
R E S U L T A N D O:
1. La sentencia materia del presente análisis, concluyó con los
siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO. Se declara PROCEDENTE la excepción de prescripción
negativa, en relación al derecho de ejercer la acción de nulidad relativa, del
contrato de compraventa contenido en la escritura pública número **********,
de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil tres, ante el notario público,
número ********** de esta demarcación notarial, respecto del inmueble ubicado
en la calle ********** celebrado entre ********** quienes en el año dos mil tres
fungían como ********** de la moral ********** como parte vendedora **********
con la persona moral ********** denominada ********** en consecuencia:
SEGUNDO. Se ABSUELVE a la persona moral ********** denominada
********** de todas y cada una de las prestaciones que les fueron reclamadas
en este juicio, por las razones precisadas en esta resolución.
TERCERO. En razón a que fue declarada procedente la excepción de
prescripción negativa, como quedó demostrado, se hace innecesario entrar al
estudio del resto de las excepciones presentadas por el demandado, así como
de la acción principal ejercitada por el actor, por los argumentos contenidos en
esta sentencia.”
2. Inconforme con dicha sentencia la parte actora por conducto de su
apoderado ********** interpuso en tiempo y forma recurso de apelación,
mismo que fue admitido en ambos efectos por el Juez Primario, lo que fue
confirmado por esta Sala en auto del día ocho de abril de dos mil diecinueve.
En el propio auto se tuvo a la parte recurrente ofreciendo de manera
oportuna los agravios que en su opinión le deparó la determinación
impugnada y se citó a las partes para oír sentencia, la que hoy se pronuncia,
y;
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO. PROCEDENCIA DEL RECURSO.- En confirmación de lo
expuesto por esta Sala mediante auto de fecha ocho de abril de dos mil
diecinueve, se reitera que el medio de impugnación procedente en contra de
la determinación impugnada, es el de apelación, por así disponerlo el artículo
651 fracción V del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad; y por no
actualizarse ninguna de las causales de improcedencia a que se refiere el
artículo 638 del mismo cuerpo normativo.
SEGUNDO. COMPETENCIA.- Esta Sala Civil es competente para
conocer y resolver del presente medio de impugnación por así disponerlo
expresamente el artículo 637 del indicado cuerpo procesal normativo, con
relación a los diversos 32 y 35 apartado 1 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Nayarit.
TERCERO. TEMPORALIDAD DEL RECURSO.- En consideración a que
la resolución impugnada, le fue notificada a la parte recurrente el veintiocho
de enero de dos mil diecinueve, y que interpuso su recurso de apelación el
día ocho de febrero del mismo año, transcurriendo entre ambas fechas ocho
días hábiles, por lo que es dable ratificar la decisión del Pleno de la Sala Civil,
en el sentido de considerar oportuna su interposición, en términos del artículo
641 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad.
CUARTO. MATERIA DEL DEBATE.- La sentencia materia del presente
juicio tuvo como fundamentos y motivaciones jurídicas por parte del Juez de
Primer Grado, los siguientes:
“C O N S I D E R A N D O V. PRUEBAS Y SU VALOR JURÍDICO. 1. Marco
constitucional. Por principio, el artículo 14 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece lo siguiente: “Artículo 14. A ninguna ley se
dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al
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hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía,
y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la
sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la
ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.” El diverso
artículo 17 de la misma Constitución, en sus párrafos primero y segundo,
determina: “Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni
ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y
términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas
judiciales. (…).” Por consiguiente, de acuerdo con la norma constitucional
transcrita, solo mediante juicio seguido ante los tribunales previamente
establecidos se puede privar a una persona de sus propiedades, posesiones o
derechos, y en este caso, dicho juicio deberá seguir las formalidades
esenciales que, para el caso, establece la ley secundaria y los principios
jurídicos. Asimismo, solo ante los Tribunales y mediante juicio se podrán
reclamar los derechos que toda persona en el territorio mexicano alegue en su
favor; tribunales como es el caso de éste órgano jurisdiccional, que debe
emitir la presente resolución de manera pronta, completa e imparcial. 2.
Prestaciones reclamadas: De manera concreta, ********** en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y para Actos de Administración
********** demanda a la persona moral ********** denominada ********** las
siguientes prestaciones: 1. La declaración de inexistencia y cancelación de la
compraventa contenida en la escritura número ********** de fecha dieciocho de
diciembre del año dos mil tres, pasada ante la fe del notario público número
********** de esta demarcación notarial, respecto al bien inmueble, ubicado en
********** de esta Ciudad de Tepic, Nayarit, con una superficie de **********
metros cuadrados, con las siguientes medidas y colindancias; ********** 2. La
cancelación del registro de la escritura de compraventa en el **********
Tenemos que en relación a ello, la parte demandada **********, argumenta,
que es improcedente la prestación que se le reclama toda vez que la personas
que le vendieron, si contaban con la facultad necesaria y autorización de los
miembros otorgada en asamblea para celebrar la operación de compraventa y
por ello, es válida la misma, aunado a que ha operado la prescripción negativa
en perjuicio de la parte actora, toda vez que han trascurrido más de diez años,
desde la fecha de la celebración de la compraventa. En relación a los terceros
llamados a juicio **********, manifiestan que la operación de compraventa fue
celebrada como Secretario general y Secretario del Interior y no a título
personal y que contaban con todas las facultades para su celebración, aunado
al acta de asamblea donde autorizaban la venta los agremiados, de fecha
ocho de abril del año dos mil tres. 3. Estudio de fondo. Se considera
necesario partir de lo dispuesto por el artículo 173 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Nayarit, que señala: “Artículo
173.- El actor debe de probar los hechos constitutivos de su acción y el demandado
los de sus excepciones.” Precepto del que deriva la carga de la prueba relativa a
cada parte. Así, por principio, la parte actora tiene la carga de la prueba para
acreditar los elementos de la acción, mientras que la parte demandada tiene la
carga procesal para la justificación de las excepciones y defensas. Por ende y
atendiendo a la disposición contenida en el artículo 173 del ordenamiento
legal invocado en líneas precedentes, se procederá en primer término a
estudiar las excepciones opuestas y admitidas a la persona moral demandada
**********, como son falta de acción y de derecho, prescripción y
obscuridad en la demanda, puesto que de resultar éstas procedentes, harían
innecesario estudiar la procedencia de las prestaciones reclamadas por el
actor, sin que se cause perjuicio a los intereses del mismo, ya que únicamente
se le podría ocasionar agravio si se declarara procedente una excepción sin
estar fundada ni motivada. En consecuencia se procede al estudio de la
excepción de Falta de Acción, planteada, que se deriva de la parte actora
carece de acción para solicitar la revocación del instrumento materia de
contrato de donación, esta excepción resulta improcedente puesto que no
constituye propiamente una excepción, sino una defensa que hace valer el
demandado, para retardar el curso de la acción o para destruirla y la alegación
de que el actor carece de acción, no entra dentro de esa división. Sine actione
agis no es otra cosa que la simple negación del derecho ejercitado, cuyo
efecto jurídico, solamente puede consistir en el que generalmente produce la
negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la prueba al actor, y
el de obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos de la acción.
En apoyo a lo anterior, se cita el criterio sustentado, por el SEGUNDO
TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO, publicado en el Tomo:
Tomo IV, Parte TCC. Tesis: 612. Página: 449, de la octava época (época), del
Apéndice de 1995, que refiere: “SINE ACTIONE AGIS. La defensa de carencia de
acción o sine actione agis, no constituye propiamente hablando una excepción, pues
la excepción es una defensa que hace valer el demandado, para retardar el curso de
la acción o para destruirla, y la alegación de que el actor carece de acción, no entra
dentro de esa división. Sine actione agis no es otra cosa que la simple negación del
derecho ejercitado, cuyo efecto jurídico, solamente puede consistir en el que
generalmente produce la negación de la demanda, o sea, el de arrojar la carga de la
prueba al actor, y el de obligar al juez a examinar todos los elementos constitutivos.”.
En las relatadas condiciones, es de advertirse que el hoy demandante tiene
todo el derecho de acudir ante los Tribunales con la finalidad de satisfacer sus
pretensiones, sin embargo, para lograr tal cometido, debe demostrar la
coexistencia de los elementos constitutivos de la acción que ejercita, por ende,
al realizar el estudio de la procedencia o no de su acción, es donde podrá
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abordarse si efectivamente tiene derecho o no a la satisfacción de sus
pretensiones y por tanto, será en dicha etapa donde se abordará en integridad
el estudio de la procedencia de la acción ejercitada por éste, no pudiendo
pronunciarse al respecto en este apartado. Por lo que se procede al estudio
de la excepción de prescripción de la acción, considerada como
prescripción negativa, es decir, que ha transcurrido el tiempo necesario para
exigir algún derecho u obligación, sin que se haya ejercitado. Al efecto se
acude a lo previsto por los siguientes artículos del Código Civil vigente en el
Estado a la letra señalan: “Artículo 1142.- La prescripción negativa se verificará
por el sólo transcurso del tiempo fijado por la ley. Artículo 1143.- Fuera de los casos
de excepción, se necesita el lapso de diez años, contados desde que una obligación
pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento. Si no se
obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños y perjuicios a
quien indebidamente contrató. Artículo 1597.- El acto jurídico inexistente por la falta
de consentimiento o de objeto que pueda ser materia de él no producirá efecto legal
alguno. No es susceptible de valer por confirmación, ni por prescripción; su
inexistencia puede invocarse por todo interesado. Artículo 1598.- La ilicitud en el
objeto, en el fin o en la condición del acto produce su nulidad, ya absoluta, ya relativa,
según lo disponga la ley. Artículo 1599.- La nulidad absoluta por regla general no
impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales será destruidos
retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse
todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción. Artículo 1600.-
La nulidad es relativa cuando no reúne todos los caracteres enumerados en el artículo
anterior. Siempre permite que el acto produzca provisionalmente sus efectos. Artículo
1167. Para la existencia del contrato se requiere: I. Consentimiento; II.- Objeto que
pueda ser materia del contrato. Artículo 1168. El contrato puede ser invalidado: I. Por
incapacidad legal de las partes o de una de ellas; II. Por vicios del consentimiento; III.
Porque su objeto, o su motivo o fin sea ilícito; IV. Porque el consentimiento no se haya
manifestado en la forma que la ley lo establece. Artículo 1176. El consentimiento
puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito
o por signos inequívocos, El tácito resultará de hechos o de actos que lo presupongan
o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la
voluntad deba manifestarse expresamente. Artículo 2054.- Los socios tienen derecho
de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y con ese
objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta. Artículo
1175.- Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo
representante, serán nulos a no ser que la persona a cuyo nombre fueron celebrados
los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha
con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley”. De lo señalado, se
obtiene que para que se actualice la inexistencia en el acto, se requiere que
concurra la falta de consentimiento o del objeto que pueda ser materia de
él, la ilicitud en el objeto, con el fin o en la condición, la falta de forma
establecida por la ley, si se trata de actos solemnes, así como el error, el dolo,
la violencia, la lesión, la incapacidad de cualquiera de los actores del acto. Así
pues, de los hechos en que el actor funda su demanda, se advierte que la
acción de inexistencia del acto jurídico la hace consistir en que los terceros
llamados a juicio ********** al momento de realizar la compraventa, si bien
tenían el cargo de Secretario General y Secretario del Interior de la persona
moral, no tenían la autorización de los miembros que integran la asamblea y
por ello es inexistente por falta de consentimiento la operación de
compraventa celebrada con la persona moral demandada. De donde se
infiere, que el acto jurídico es la manifestación exterior de la voluntad,
tendientes a la producción de efectos de derecho sancionados por la Ley, y
para su formación precisa de ciertos elementos esenciales sin los cuales no
existe: Consentimiento, la voluntad de celebrar el acto, su motor principal. El
cual puede ser expreso o tácito, será expreso, cuando la voluntad se
manifiesta verbal, por escrito, o mediante cualquier recurso tecnológico o por
signos inequívocos. El tácito, resultará de hechos o de acciones que lo
presupongan o permitan presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por
convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Objeto,
entendiéndose las obligaciones engendradas en el contrato, y que puede
consistir en dar, hacer o no hacer. El objeto debe estar en la naturaleza, para
que no excluya su realización; un vínculo jurídico establecido respecto de una
cosa indeterminable no es posible, porque, al no proporcionarse las bases
para su individualización, no se sabrá por las partes que intervienen, la cosa a
exigir, ni se conoce la cosa a entregar, de ahí que, deba ser determinado o
determinable en cuanto a su especie; por último, debe estar en el
comercio, hay bienes que no pueden ser objeto de apropiación por parte de
los particulares que no pueden ingresar a su patrimonio, de nada serviría un
contrato en donde convinieran adquirir tales bienes, su voluntad se enfrentaría
a un obstáculo insuperable. En el caso de la nulidad absoluta, tenemos que
el objeto directo del negocio jurídico es su ingrediente substancial; se trata y
representa el contenido material de la figura negocial. Dicho objeto son los
efectos jurídicos, las consecuencias de derecho que el negocio general, este
consiste ciertamente en la creación, transmisión, modificación o extinción de
derechos y obligaciones. Debe ser posible y lícito, ello significa que los
derechos y obligaciones de los que su creación, transmisión, modificación o
extinción se pretende, no se oponga a una norma jurídica que sea un
obstáculo insalvable para que aquello tenga lugar, es decir, que dentro del
orden jurídico no haya alguna disposición que impida el nacimiento de esas
consecuencias. También, la capacidad, es el primer atributo de la
personalidad, en sentido amplio, entendemos la aptitud del sujeto para ser
titular de derechos y obligaciones, de ejercitar los primeros y contraer y
cumplir las segundas en forma personal y comparecer en juicio por propio
derecho. De donde se desprenden dos especie, la capacidad jurídica o
capacidad de goce, que es la aptitud del sujeto para ser titular de derechos y
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obligaciones, misma que se tiene dese la concepción y se pierde por la
muerte; y la capacidad de obrar o capacidad de ejercicio, esto es, la aptitud
del sujeto para ejercitar sus derechos y contraer y cumplir obligaciones en
forma personal así como para comparecer en juicio por derecho propio, se va
alcanzando gradualmente en su madurez mental, se parte de una plena
incapacidad de ejercicio hasta una cabal capacidad de ejercicio, sin más
limitaciones que las establecidas por la ley al efecto. Aun cuando el artículo
1597 del Código Civil para el Estado, emplea la expresión “acto jurídico
inexistente”, en la que pretende basarse la división tripartita de la invalidez de
los actos jurídicos, según la cual se les agrupa en inexistentes, nulos y
anulables, tal distinción tiene meros efectos teóricos, porque el tratamiento
que el propio código da a las inexistencias. Asimismo, se considera que la
configuración deficiente de un negocio jurídico, al verse privado de alguno de
sus elementos, esencial o de validez, trae consigo consecuencias negativas
que puede ser de tres diversos grados: 1.- El acto puede padecer de
inexistencia por faltarle la manifestación de voluntad o el consentimiento en su
caso, por imposibilidad de sus objetos o por no observar la solemnidad, si se
trata de un negocio solemne. 2.- Puede sufrir una nulidad absoluta, si su
objeto, directo o indirecto, su motivo, fin o condición contrarían disposiciones
de orden público o buenas costumbres. 3.- Existe también la posibilidad, por
último, de que su padecimiento sea una nulidad relativa, cuando haya tal
contrariedad o faltante en su pretendida integración sea algún otro de los
elementos de validez. La nulidad absoluta, indica Rojina Villegas, tiene como
característica, en nuestro derecho, la que produce por regla general, efectos
provisionales que quedarán destruidos por sentencia cuando se declare la
nulidad. Esta regla general tiene sus propias excepciones. Simplemente, los
actos jurídicos ilícitos, que están afectados de nulidad absoluta, por regla
general producen efectos provisionales. Se necesita de una sentencia que
declare la nulidad, pronunciada ésta, el acto jurídico no puede ya seguir
produciendo efectos y los que produjo se destruyen, es decir, la nulidad opera
retroactivamente para que aquellos efectos de carácter provisional queden sin
valor alguno, por disposición expresa del artículo 1599 del Código Civil en el
estado, al señalar que: “La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto
produzca provisionalmente sus efectos los cuales serán destruidos retroactivamente
cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y
no desaparece por la confirmación o la prescripción.” Tenemos que cualquier
interesado puede prevalerse de ella, es decir, como los intereses de
carácter general que se tutelan con esta nulidad, al sancionar con ella a los
actos cuyo objeto, fin, motivo o condición contrarían las disposiciones de
orden público o buenas costumbres en su caso, es entendible que pueda
hacerla valer cualquiera persona con interés jurídico en la declaración de
nulidad. No es confirmable, cuando un negocio sufre esta nulidad, está
descartada la posibilidad de su confirmación, esto es, que pudiera
convalidarse por su ratificación, fuere esta expresa o tácita, de tal manera que
dicha convalidación implicara además su retrotracción a la fecha de
celebración del negocio, porque su confirmación no la haría librarse de tal
ilicitud. No se convalida por prescripción, significa, que el negocio está
afectado por ella, sea cual fuere el tiempo transcurrido a partir de la
celebración del acto así nulo, éste no se liberará de la nulidad, pues mientas el
criterio legal y social se mantenga orientado en el mismo sentido respecto de
lo lícito y de lo ilícito durante todo ese tiempo el alivio del negocio es
inadmisible, ni aún por prescripción. Norma el criterio anterior, la tesis aislada
en materia civil, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, consultable en la Cuarta Parte, XCVI, página 67, de la
Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, registro: 270,028, que
dice: “NULIDAD E INEXISTENCIA. SUS DIFERENCIAS SON MERAMENTE
TEÓRICAS. El artículo 2224 del Código Civil del Distrito no tiene, en cuanto a la base
que pretende dar para establecer la distinción entre la inexistencia y la nulidad, sino
meros efectos teóricos, ya que el tratamiento que en él reciben las inexistencias es el
de las nulidades, como lo demuestra el siguiente análisis de casos de inexistencia
tratados como si fueran de nulidad: la falta de objeto hace inexistente el acto según
dicho artículo 2224; mas sin embargo, en los artículos 1427 ,1422, y 1434, se prevén
factiespecies de inexistencia y se les trata como nulidades. Los contratos sobre cosas
que están fuera del comercio, técnicamente carecen de objeto; pero los artículos 1826
y 2950, fracción III, que se refieren a la transacción sobre una sucesión futura, prevén
uno de estos casos de falta de objeto y lo tratan por medio de la nulidad. El objeto de
la compraventa es, indiscutiblemente, la transferencia del derecho de propiedad,
según el artículo 2248; pero ello obstante, a la venta de cosa ajena se le llama nula en
el artículo 2270. Y si de la venta de un crédito inexistente se trata, mismo que en el
momento de la cesión engendra, según el artículo 2042, el efecto de obligar al
cedente a presentar la garantía de su existencia, no hay sino decir que esta situación
no se compagina con la institución de la inexistencia, que es la nada jurídica. Lo
mismo puede decirse en el caso del contrato de renta vitalicia declarado nulo por el
artículo 2779, si el beneficiario muere antes del otorgamiento. Y si a falta de
consentimiento se refiere, los artículos 1802 y 2183 que prevén algunos de estos
casos, le dan el tratamiento de la nulidad, mismo que deberá darse por falta de texto
adecuado, al caso del acto celebrado por un incapaz en quien la ausencia de
consentimiento es absoluta, pues habrá que tratarlo por el sistema de las
incapacidades, originadora de la nulidad relativa, según el artículo 2230; el profesor
Borja Soriano, que según las "Notas" de García Tellez inspiró la adopción de las
inexistencias en el Código Civil vigente, pasa de la inexistencia a la nulidad sin puente
alguno al referirse precisamente al artículo 1802: "Cuando una persona, dice (Teoría
de las obligaciones, tomo I, páginas 361 y 362, primera edición), celebra un contrato a
nombre de otra sin ser su representante, a ese contrato le falta uno de los elementos
esenciales: el consentimiento del representado. No hay hasta entonces la oferta del
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otro contratante; no existe aún contrato por falta de consentimiento. Esta es, pues, la
naturaleza de la nulidad a que se refieren los artículos citados en el número anterior".
Ahora bien, según los artículos 2162, 2163 y 2164 del Código Civil del Estado de
Hidalgo (iguales a los números 2180, 2181 y 2182 del Código del Distrito), es
simulado el acto en que las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad
no ha pasado o no se ha convenido entre ellas, siendo la simulación absoluta cuando
el acto simulado nada tiene de real, y relativa cuando a un acto jurídico se le da una
falsa apariencia que oculta su verdadero carácter, no produciendo ningún efecto
jurídico la simulación absoluta, mientras que en tratándose de la relativa descubierto
el acto real que la oculta, ese acto no será nulo si no hay ley que así lo declare. Si la
simulación planteada es absoluta, naturalmente que también se plantea como herida
de nulidad absoluta, según el texto legal correspondiente antes citado, pero que
dentro del más riguroso logicismo de la teoría tripartita de la invalidez podría ser un
caso de inexistencia, por lo que tomando en cuenta que conforme al citado artículo
2206 y el 2208 del Código Civil, bien que se trate de un caso de inexistencia o bien de
nulidad, la acción correspondiente es imprescriptible.” Época: Novena Época
Registro: 168113 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIX, Enero de 2009
Materia(s): Civil Tesis: 2a. CLXIII/2008 Página: 785 INEXISTENCIA Y NULIDAD
DE LOS ACTOS JURÍDICOS. DEBEN DETERMINARSE JURISDICCIONALMENTE.
Si bien es cierto que tanto el Código Civil Federal como la doctrina establecen
diferencias entre inexistencia y nulidad (absoluta y relativa), también lo es que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado, en algunos precedentes, que
esas diferencias son meramente teóricas y, en otros, que sí existen, lo que denota que
las distintas integraciones del Máximo Tribunal de la República no han escapado al
debate doctrinal suscitado al respecto. No obstante, la doctrina, la ley y la
jurisprudencia de este Alto Tribunal, en sus distintas épocas, convergen en que es
necesaria la intervención jurisdiccional para comprobar la inexistencia del acto, o bien,
para declarar su nulidad, de donde deriva que tanto la inexistencia como la nulidad de
los actos jurídicos deben determinarse jurisdiccionalmente. Sin embargo, tenemos
que analizada que es la prestación que reclama el actor, se llega a la
conclusión que en inicio como quedó explicado, al referirse a la inexistencia
del acto jurídico, se trata de nulidad. Por otra parte, se debe precisar qué
tipo de nulidad es la que se reclama ya sea absoluta o relativa, de esto,
tenemos que en base a su narración de hechos y medios de prueba
aportados, así como el conjunto de actuaciones que integran el expediente, se
obtiene que se reclama la nulidad del contrato de compraventa contenido
en la escritura pública número **********, de fecha dieciocho de diciembre
del año dos mil tres, que celebraron ********** quienes en el año dos mil tres
fungían como Secretario General y Secretario del Interior, de la persona moral
**********, argumentando que no contaban con la autorización de los socios,
otorgada en asamblea, siendo esta la máxima autoridad. Precisado lo anterior,
se advierte que la nulidad absoluta, versa sobre actos que no pueden ser
convalidados, toda vez que adolece de consentimiento, objeto o licitud en el
motivo o fin y que con ello, no pueden estos efectos desaparecer por
confirmación ni por prescripción y que pueden hacerse valer por todo aquel
que tenga interés en que el acto no produzca efectos. En el caso de la
nulidad relativa, si bien carece de dichos elementos, pero existe la posibilidad
de convalidarlos, estamos ante la nulidad con carácter relativa, es decir, se
caracteriza por no reunir todos los datos que distinguen a la nulidad absoluta,
teniendo aplicación el siguiente criterio de la corte: “Época: Quinta Época
Registro: 385404 Instancia: Sala Auxiliar Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario
Judicial de la Federación Tomo CXVI Materia(s): Común Tesis: Página: 156
NULIDADES ABSOLUTA Y RELATIVA. Si la nulidad de un acto es absoluta, nada
puede convalidarlo, porque ello será contrario al interés público, y cuando la misma
ley adopta la posibilidad de su convalidación, esto significa que la nulidad es relativa”.
Tenemos que el acto jurídico que reclama el actor su nulidad (inexistencia),
versa sobre si los representantes de la persona moral actora como lo eran
********** quienes en el año dos mil tres fungían como Secretario General y
Secretario del Interior, contaban con la autorización de los socios otorgada en
asamblea, para realizar la venta, luego entonces, es de advertirse, que la falta
de consentimiento que alega el actor, tiene la naturaleza de ser convalidada,
toda vez que no carece de voluntad, sino de capacidad legal, pues para el
caso, tenemos que como mandatarios de la persona moral actora, si para el
caso extralimitando sus facultades y sin que dicho acto hubiere sido ratificado
por el mandante en este caso la asamblea, tenemos que está afectado de
nulidad relativa, toda vez que no se trata de la venta de cosa ajena, lo que sin
lugar a dudas no genera por motivo alguno su convalidación y que conlleva a
la nulidad absoluta por falta de consentimiento, teniendo aplicación el
siguiente criterio de la corte: Época: Sexta Época Registro: 270051 Instancia:
Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la
Federación Volumen XCIV, Cuarta Parte Materia(s): Civil Tesis: Página: 162.
VENTA DE COSA AJENA, NULIDAD ABSOLUTA DE LA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE VERACRUZ). Tratándose de una venta de cosa ajena, su nulidad es
absoluta de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2202 del Código Civil del
Estado de Veracruz, que previene, que ninguno puede vender sino lo que es de su
propiedad. En efecto, la confirmación de la nulidad relativa, únicamente se establece
en favor del afectado por dolo, error o lesión, del incapaz cuando llega a ser capaz o
de cualquiera de las partes cuando no se observa la forma debida en el acto jurídico, y
tiene por objeto que el perjudicado por la nulidad pueda sostenerlo ratificándolo; es
decir, por ser el único perjudicado, tiene libertad para renunciar a la acción de nulidad.
En cambio, en la venta de cosa ajena no sucede lo mismo, por ser ilícita, delictuosa,
un acto ejecutado en contra de una ley prohibitiva, en la cual no se trata del
cumplimiento voluntario del perjudicado, ni por ende el comprador puede ratificarlo. El
artículo 2204 del código citado, al prevenir: "El contrato quedará revalidado, si antes
de que tenga lugar la evicción, adquiere el vendedor, por cualquier título legítimo, la
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propiedad de la cosa vendida" no establece, pues, la convalidación por ratificación;
solamente dispone que el contrato queda revalidado porque, en ese caso, el dueño ya
no puede impugnar aquélla venta de nula, puesto que transmite la propiedad y deja de
ser dueño. Sin embargo, en el caso de estudio, tenemos que cuando pudiera
estimarse que la venta, adolece de ausencia o falta total de consentimiento,
como elemento de existencia del contrato de compraventa celebrado con la
parte demanda, esta ausencia es susceptible de convalidarse por ratificación,
conforme a los artículos 1175 y 2054 del Código Civil vigente para el Estado,
que disponen: “Artículo 1175.- Los contratos celebrados a nombre de otro por quien
no sea su legítimo representante, serán nulos a no ser que la persona a cuyo nombre
fueron celebrados los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La
ratificación debe ser hecha con las mismas formalidades que para el contrato exige la
ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de exigir daños
y perjuicios a quien indebidamente contrató. Artículo 2054.- Los socios tienen
derecho de vigilar que las cuotas se dediquen al fin que se propone la asociación y
con ese objeto pueden examinar los libros de contabilidad y demás papeles de ésta”.
De su análisis, tenemos que el primer numeral contiene que los contratos
celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante,
serán nulos, a menos que los ratifique la persona a cuyo nombre fueron
celebrados y por su parte el segundo numeral contiene la hipótesis que los
actos que en este caso los mandatarios practiquen a nombre de la moral
mandante, pero traspasando los límites expresos del mandato, serán nulos
con relación al mandante, si no lo ratifica tácita o expresamente, lo que se
traduce en un elemento de validez y no de existencia, que lleva a concluir
que se trata de una nulidad relativa, teniendo aplicación la siguiente
jurisprudencia: “Época: Novena Época Registro: 172566 Instancia: Primera Sala Tipo
de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Mayo de 2007 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 7/2007 Página: 251
CONTRATOS. SE AFECTAN DE NULIDAD RELATIVA CUANDO SON
CELEBRADOS POR FALSO REPRESENTANTE O TRASPASANDO LOS LÍMITES
DEL PODER CONFERIDO, SIN QUE SE RATIFIQUE POR EL MANDANTE. Los
actos celebrados en nombre de otra persona, cuando exceden los límites del poder
conferido, sin haber sido ratificados por parte del representado o por su mandante,
están afectados de nulidad relativa. La anterior conclusión deriva de la interpretación
armónica de los artículos 2225, 2226 y 2227 del Código Civil para el Distrito Federal,
que establecen, respectivamente, que la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto
puede dar lugar a la nulidad absoluta o a la nulidad relativa del mismo; que las
características que debe reunir la nulidad absoluta es que no desaparece por
confirmación ni por prescripción y que puede hacerse valer por todo aquel que tenga
interés que el acto no produzca efectos; y, que la nulidad relativa se caracteriza por no
reunir todos los datos que distinguen a la nulidad absoluta. Por tanto, el acto
celebrado ya sea por el representante o el mandatario extralimitando sus facultades, o
sin ser legítimo representante, y sin que dicho acto hubiere sido ratificado por el
mandante, está afectado de nulidad relativa, pues aun cuando pudiera estimarse que
adolece de ausencia o falta total del consentimiento, como elemento esencial o de
existencia del contrato celebrado con el tercero, esta ausencia es susceptible de
convalidarse por ratificación, por disposición expresa de los artículos 1802 y 2583 del
Código Civil para el Distrito Federal, los cuales, como quedó asentado en párrafos
precedentes, establecen, el primero de ellos, que los contratos celebrados a nombre
de otro por quien no sea su legítimo representante, serán nulos, a menos que los
ratifique la persona a cuyo nombre fueron celebrados; y el segundo, que los actos que
el mandatario practique a nombre del mandante, pero traspasando los límites
expresos del mandato, serán nulos con relación al mandante, si no lo ratifica tácita o
expresamente. Esta ratificación constituye la manifestación de voluntad del mandante
de aceptar los efectos del negocio realizado por quien dijo ser su representante y lo
perfecciona, porque cuando el representante realiza actos más allá de los que le
fueron autorizados, no se compromete la responsabilidad del mandante ni puede
obligarlo a su cumplimiento; y es sólo con la ratificación que este último haga del
negocio jurídico celebrado en su nombre y representación, que los efectos jurídicos
realizados por el mandatario recaerían directa y retroactivamente en él. De igual
forma se robustece con la siguiente tesis: “Época: Novena Época Registro:
201462 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IV, Septiembre de 1996
Materia(s): Civil Tesis: XIV.2o.7 C Página: 680 NULIDAD. EL CONTRATO
CELEBRADO POR QUIEN CARECE DE FACULTADES LEGALES PRODUCE
NULIDAD RELATIVA Y NO ABSOLUTA. La firma de un contrato a nombre de otro
sin tener facultades legales para ello, no puede traducirse en la falta de voluntad apta
para generar la nulidad absoluta del contrato, dado que esa carencia de facultades de
representación constituye una falta de capacidad legal y no de voluntad, cuya omisión
no puede originar la nulidad absoluta sino la relativa, por tratarse de un elemento de
validez y no esencial de los contratos. Por lo que del estudio anterior, se precisa
que se está reclamando por parte del actor, la nulidad relativa del contrato
de compraventa contenido en la escritura pública número **********, de
fecha dieciocho de diciembre del año dos mil tres, luego, se procede a
realizar el estudio de la excepción de la prescripción negativa promovida
por la parte demandada y se requiere la acreditación de los siguientes
elementos: 1. La existencia del acto jurídico. 2. Que haya transcurrido el
lapso de diez años desde su celebración, sin que se haya demandado su
nulidad relativa. Visto lo anterior, en este caso, tenemos que el primer
elemento consistente en: 1.- La existencia del acto jurídico. Tenemos que
encuentra su comprobación, con la documental pública consistente en el
contrato de compraventa, contenido en la escritura pública número **********,
de fecha dieciocho de diciembre del año dos mil tres, ante el notario público,
número ********** de esta demarcación notarial, respecto del inmueble ubicado
en la calle ********** celebrado entre ********** quienes en el año dos mil tres
fungían como Secretario General y Secretario del Interior de la moral **********
como parte vendedora ********** con la persona Moral ********** denominada
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********** que se encuentra visible a hojas de la 18 a la 24 de autos, prueba
desahogada en la audiencia de fecha veintinueve de octubre del año dos mil
dieciocho, a la cual se le concede valor pleno de conformidad con el artículo
238 fracción VIII, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, el cual fue
reconocido por ambas partes, tanto en el escrito de demandada como en el de
contestación, documento de cuyo contenido deriva la voluntad expresa de las
partes para la elaboración de un contrato de compraventa. Por lo que este
medio de prueba queda acreditado el primero de los elementos de la acción
en estudio. Se procede a analizar el segundo de los elementos, consistente
en: 2. Que haya transcurrido el lapso de diez años desde su celebración,
sin que se haya demandado su nulidad relativa. Tenemos que el segundo
elemento se acredita con la documental pública consistente en el contrato de
compraventa, contenido en la escritura pública número **********, de fecha
dieciocho de diciembre del año dos mil tres, ante el notario público, número
********** de esta demarcación notarial, pues de la misma se determina la
fecha en que fue celebrado el acto, siendo este momento en el cual comienza
el término para poder contar el computo de diez años, a que hace referencia el
artículo 1143 del Código Civil vigente para el Estado, teniendo aplicación el
siguiente criterio de la corte: Época: Novena Época Registro: 168290
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVIII, Diciembre de
2008 Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C.154 C Página: 1065 PRESCRIPCIÓN
NEGATIVA. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE, RESPECTO DE
ACTOS AFECTADOS DE NULIDAD RELATIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
JALISCO). En términos de los artículos 2147 y 2148 del Código Civil del Estado de
Jalisco abrogado, el acto jurídico afectado de nulidad relativa produce efectos
provisionalmente y es susceptible de valer por confirmación o prescripción. En el
anterior contexto, si se demanda la nulidad absoluta de actos jurídicos celebrados por
quien carecía de capacidad legal para ello, y éste, al contestar la demanda, opone la
excepción de prescripción negativa, por haber transcurrido el término de diez años
que para tal efecto prevé el artículo 1188 de la codificación sustantiva apuntada, el
cómputo de dicho plazo debe comenzar desde la fecha en que fue celebrado el acto
tildado de nulo, siempre y cuando no exista controversia en cuanto a aquélla, pues
conforme lo dispone el numeral 1187 del precitado ordenamiento legal, la prescripción
negativa se verifica por el solo transcurso del tiempo fijado por la ley. Luego, dado que
la celebración del contrato produce una serie de repercusiones, tanto para las partes
participantes en el mismo, como para las personas que no han contratado, lo que se
justifica, teniendo en cuenta que el interés público exige que los derechos resultantes
de los contratos no permanezcan por mucho tiempo inciertos, y porque el silencio de
los contratantes durante el plazo señalado por la ley, hace presumir, con entera
justicia, la ratificación de éstos, es correcto computar el término para que opere la
prescripción negativa a partir de la celebración del acto jurídico tildado de nulo;
máxime cuando el vicio o defecto materia de la nulidad relativa, es contemporáneo a
la celebración de aquél. Ahora bien, tenemos que del legajo de copias
certificadas que acompaño la parte actora, se cuenta con el lapso cronológico
de los comités nombrados en asamblea, de la persona moral actora e inscritos
en la Junta de Conciliación y arbitraje, de lo anterior se advierte que en
relación a los terceros llamados a juicio **********, Secretario General y
Secretario del Interior, consta en el auto emitido por la citada junta en fecha
veintisiete de mayo del año dos mil tres, visible en la hoja 287 de autos y que
con esta representación realizaron la venta del inmueble, ya que la misma fue
celebrada el día dieciocho de diciembre del año dos mil tres. Posterior a ello,
tenemos que sé registro con fecha trece de julio del año dos mil cuatro el
nombramiento de **********, como Secretario General y Secretario del Interior,
visible en la hoja 321 de autos. Después en fecha quince de febrero del año
dos mil cinco el relevo a cargo de **********, como Secretario General y
Secretario del Interior, visible en la hoja 321 de autos. Tenemos que en fecha
siete de diciembre del año dos mil seis, se nombró a **********, como
Secretario General y Secretario del Interior, visible en la hoja 339 de autos. En
fecha diez de septiembre del año dos mil doce, se designó a **********, como
Secretario General y Secretario del Interior, visible en la hoja 387 de autos. De
ahí el día siete de diciembre del año dos mil doce se nombró a **********, como
Secretario General y Secretario del Interior, visible en la hoja 399 de autos.
Tenemos que en fecha veintiséis de agosto del año dos mil dieciséis, se
nombró a **********, como Secretario General y Secretario del Interior, visible
en la hoja 519 de autos. Del anterior medio de prueba, queda en evidencia
que han renovado miembros de del comité de la moral actora, el cual ha
recaído en diversas personas y que diversos comités fueron nombrados, sin
que ninguno de ellos, se haya inconformado con relación a la venta del
inmueble que hoy se demanda y tenemos que el día dieciocho de diciembre
del año dos mil trece, ya existían nuevos integrantes del comité, sin que haya
ejercitado acción de nulidad alguna, por lo que es en esta fecha, cuando se
cumplían diez años de la existencia del acto que se reclama, en este caso la
compraventa, pues no se aporta medio de prueba alguno tendiente a acreditar
que se hayan ejercitado acciones de inconformidad del acto jurídico, situación
que se corrobora con la documental privada, consistente en la demanda
presentada por ********** en su carácter de Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas y para Actos de Administración **********, la cual fue presentada en
fecha cinco de septiembre del año dos mil diecisiete, es decir dieciséis años,
ocho meses y veintiún días, con lo cual queda de manifiesto que han
trascurrido con exceso el lapso de diez años, a que hace referencia el numeral
1143 del Código Civil, sin que se haya reclamado la nulidad, en este caso
relativa de la cual probablemente o no, el acto se encontraba afectado,
acreditando con ello, el segundo elemento de la excepción de prescripción
negativa en estudio. Por lo que con los anteriores medio de prueba, queda
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acreditado para esta Autoridad, que se cumplen los extremos del artículo 1143
del Código Civil vigente para el estado de Nayarit, teniendo aplicación el
siguiente criterio de la corte: “Época: Novena Época Registro: 171674 Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Agosto de 2007 Materia(s): Civil Tesis:
I.3o.C.628 C Página: 1779 PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. CARGA DE LA PRUEBA
DE LOS ELEMENTOS DE LA ACCIÓN. De la interpretación sistemática y teleológica
de los artículos 1135, 1136, 1158, 1159 y 1168 del Código Civil para el Distrito
Federal, se advierte la existencia de dos elementos estructurales de la prescripción
negativa, a saber: la existencia de una obligación y el solo transcurso del tiempo
contado a partir de que aquélla pudo exigirse por el tiempo previsto por la ley, lo cual
demuestra que se atribuye implícitamente una inactividad al acreedor de ejercer el
derecho de crédito que tiene a su favor, que permite establecer la intención del
legislador de sancionar la inercia de las partes en el cumplimiento de una obligación y,
fundamentalmente, del abandono del titular del derecho durante un tiempo
determinado, conforme al cual el ordenamiento jurídico se desentiende de dicho
interés privado impidiendo el cobro coactivo de dicha obligación. Derivado de lo
anterior, cuando se ejerce la acción de prescripción negativa se desprende de manera
clara que los hechos que deben probarse por el actor son: a. La existencia de una
obligación, y b. Que a partir de la fecha en que la obligación se volvió exigible ha
transcurrido el tiempo previsto en la ley para que opere la prescripción negativa. En
ese sentido, si bien es cierto que el artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles
para el Distrito Federal dispone que las partes asumirán la carga de la prueba de los
hechos constitutivos de sus pretensiones, y que la fracción IV del artículo 282 del
mismo ordenamiento señala claramente que el que niega sólo está obligado a probar
cuando la negativa sea un elemento constitutivo de la acción, dicha regla general no
es aplicable al caso de la acción de prescripción negativa, tanto porque se apoya en el
hecho de que el acreedor de una obligación no ha exigido el cumplimiento de la
obligación por determinado tiempo, lo que implica atribuirle al acreedor demandado
una conducta de abstención o negativa, que no es propia del actor; como porque la
ley sustantiva al configurar la institución de la prescripción negativa estableció una
presunción a favor del deudor en el sentido de que la falta de cumplimiento proviene
de una inactividad del acreedor, por lo cual si la enjuiciante hace valer las
consecuencias de la expiración de un plazo que dará lugar a que no sea exigible una
obligación, sólo debe probar la existencia de la obligación, cuándo fue exigible y
cuándo expiró, y el acreedor debe demostrar que sí requirió de pago o se actualizó
alguno de los casos de interrupción de la prescripción previstos en el ordenamiento
jurídico. Se declara PROCEDENTE la excepción de prescripción negativa, en
relación al derecho de ejercer la acción de nulidad relativa del contrato de
compraventa contenido en la escritura pública número **********, de fecha
dieciocho de diciembre del año dos mil tres, ante el notario público, número
********** de esta demarcación notarial, respecto del inmueble ubicado en la
calle ********** celebrado entre ********** quienes en el año dos mil tres fungían
como Secretario General y Secretario del Interior de la moral ********** como
parte vendedora ********** con la persona moral ********** denominada
********** por lo que: Se ABSUELVE a la persona moral ********** denominada
********** de todas y cada una de las prestaciones que les fueron reclamadas
en este juicio, por las razones precisadas en esta resolución. En razón a que
fue declarada procedente la excepción de prescripción negativa, como quedó
demostrado, se hace innecesario entrar al estudio del resto de las
excepciones, así como de la acción principal, toda vez que su estudio y
acreditación en su caso, en nada favorecería a la parte actora y por ello se
determina no entrar a su estudio, sirviendo el siguiente criterio: Época: Octava
Época Registro: 219822 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de
Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IX, Abril de
1992 Materia(s): Civil Tesis: III.2o.C.366 C Página: 573 PRESCRIPCIÓN
NEGATIVA, EXCEPCIÓN DE. CUANDO ES PROCEDENTE, NO ES NECESARIO
ESTUDIAR, PREVIAMENTE LA ACCIÓN INTENTADA. Es intrascendente que se
estudie una excepción perentoria, como lo es la prescripción negativa, de manera
previa al examen de los elementos de la acción intentada, porque si el Juez advierte la
procedencia de la misma, por simple economía procesal válidamente puede
abstenerse de estudiar la acción, la cual no podría prosperar por haber quedado
desvirtuada con la defensa jurídica de mérito y devendría, consiguientemente, ocioso
su examen. Por tanto, es factible aseverar que la forma y orden en que el
sentenciador lleve a cabo el análisis de los elementos del proceso para absolver o
condenar, como le indica el artículo 80 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco,
no irroga perjuicio a los intereses del demandante, ya que éste solamente se podría
ocasionar si se declarara procedente una excepción sin estar probada ni fundada.”
Por lo que hace a los agravios expresados por la parte actora por
conducto de su apoderado, esta Sala Civil los tiene por reproducidos en
obvio de repeticiones, y además porque ninguna disposición jurídica obliga a
su trascripción, siempre y cuando sean valorados, conforme a derecho
corresponda, por este Tribunal de Alzada, tal como lo ha interpretado el
Poder Judicial Federal en la ejecutoria visible en la página 288 del tomo XII,
correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y tres, del
Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
“AGRAVIOS. LA FALTA DE TRASCRIPCIÓN DE LOS MISMOS EN LA
SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN DE GARANTÍAS. El hecho de
que la sala responsable no haya trascrito los agravios que el quejoso hizo
valer en apelación, ello no implica en manera alguna que tal circunstancia sea
violatoria de garantías, ya que no existe disposición alguna en el Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal que obligue a la sala a
transcribir o sintetizar los agravios expuestos por la parte apelante, y el artículo
81 de éste solamente exige que las sentencias sean claras, precisas y
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congruentes con las demandas, contestaciones, y con las demás pretensiones
deducidas en el juicio, condenando o absolviendo al demandado, así como
decidiendo todos los puntos litigiosos sujetos a debate.”
QUINTO. ANÁLISIS DE AGRAVIOS. Los conceptos de violación que
hace valer la parte disconforme son unos inoperantes y otros infundados,
como aquí se explica:
El inconforme esencialmente en el primero de los agravios se
duele que el A quo al estudiar y resolver la sentencia veinticuatro de enero
de dos mil diecinueve, perfecciona los puntos de la contestación de la
demanda formulada por la ********** al poner argumentos y palabras que no
esgrimieron en su contestación, como se advierte en la página dos de la
contestación, la que se asentó:
“...En cuanto a las prestaciones, se contesta: A). Es infundada esta prestación
pues la parte actora no cuenta con argumentos ni medios probatorios que
funde de manera alguna su declaración de inexistencia y cancelación de la
escritura número ********** de fecha 18 de diciembre del año 2003 a favor de
la **********...”.
Así también en foja 13 de la contestación de la demanda, visible en foja
92 del expediente de origen 389/2017, la parte demandada, dice:
“...así mismo se opone la excepción de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN,
como puede verse en el escrito inicial de demanda, la parte actora reconoce
que la compraventa realizada con sus representantes y mi representada fue
realizada en el año 2003, siendo entonces que desde esa fecha la parte
actora tuvo derecho. De ejercer su acción de nulidad, sin embargo, es hasta el
2007 que hace valer dicho derecho, siendo entonces que el mismo ya
prescribió, tal y como lo establece el artículo 1143 del Código Civil Vigente en
el estado que a la letra se señala...”.
Arguyendo que con esos manifiestos perfeccionados, el A quo
determina que es procedente la excepción de prescripción de la acción y la
categoriza como prescripción negativa a favor del demandado principal,
violando el principio de imparcialidad y de igualdad de las partes previsto por
el artículo 17 constitucional.
Argumentos de agravios que se tiene como inoperante, en razón,
que el recurrente, únicamente se concreta en señalar como punto de
agravio que el A quo perfeccionó los puntos de la contestación de la
demanda formulada por la ********** al poner argumentos y palabras que no
esgrimieron en su contestación de demanda, como se advierte en la página
dos de la misma: “...En cuanto a las prestaciones, se contesta: A). Es infundada
esta prestación pues la parte actora no cuenta con argumentos ni medios
probatorios que funde de manera alguna su declaración de inexistencia y
cancelación de la escritura número ********** de fecha 18 de diciembre del año 2003
a favor de la **********”. Así también en foja 13 de la contestación de la
demandada, visible en foja 97 del expediente de origen 389/2017. La parte
demandada, dice: “...así mismo se opone la excepción de PRESCRIPCIÓN
DE LA ACCIÓN. Como puede verse en el escrito inicial de demanda, la parte
actora reconoce que la compraventa realizada con sus representantes y mi
representada fue realizada en el año 2003. Siendo entonces que desde esa
fecha la parte actora tuvo derecho de ejercer su acción de nulidad. Sin
embargo, es hasta el 2017 que hace valer dicho derecho, siendo entonces
que el mismo ya prescribió, tal y como lo establece el artículo 1143 del
Código Civil Vigente en el estado que a la letra se señala...”, toda vez, que al
resolver, el Natural señaló: “Tenemos que en relación a ello, la parte demandada
“**********”., argumenta que es improcedente la prestación que se le reclama, toda
vez, que las personas que le vendieron, si contaban con la facultad necesaria y
autorización de los miembros otorgada en asamblea para celebrar la operación de
compraventa y por ello, es válida la misma, aunado a que ha operado la
prescripción negativa en perjuicio de la parte actora, toda vez, que han trascurrido
más de diez años, desde la fecha de la celebración de la compraventa”, arguyendo
que con esos manifiestos perfeccionados, el A quo determinó que es
procedente la excepción de prescripción de la acción y la categoriza como
prescripción negativa a favor del demandado principal, violando el principio
de imparcialidad y de igualdad de las partes previsto por el artículo 17
constitucional, sin embargo, no expone argumento tendiente a desvirtuar las
consideraciones que tuvo la juez de primer grado, para considerar que se
justificó la excepción de prescripción negativa, en relación al derecho de
ejercer la acción de nulidad relativa al contrato de compraventa contenido de
la escritura pública ********** de dieciocho de diciembre de dos mil tres, ante
el Notario público ********** de esta demarcación notarial, pero sin emitir
consideración alguna al respecto que represente una impugnación, es decir,
solo expresó que el Juez de origen perfeccionó la contestación de la
demanda, sin hacer manifestación alguna, respecto a la procedencia de la
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excepción de prescripción, opuesta por la demandada ********** por ello, lo
inoperante de su agravio.
En apoyo a lo anterior, tiene aplicación la Tesis de Jurisprudencia
número J/1 sustentada por segundo Tribunal Colegiado de Circuito del
Centro Auxiliar de la Quinta Región, visible en la página 1683 del Libro 22,
Septiembre de 2015, Tomo III del Libro 22, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro
y texto rezan:
“CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE
POR "RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR
PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización
que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los
elementos de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y
un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es
acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no
implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras
afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en
los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer,
razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que
reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido
qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores
destacados han expuesto sobre este último, se establece que un
razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante
las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica
formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias
obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que,
trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un
verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que
se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el
acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la
confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable
(de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o
conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y
fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de
estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin
sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un
verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin
que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que
ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento,
entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición
en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al
fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y
otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre
resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no
satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no
esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en
asuntos en los que dicha figura está vedada.”
En el segundo de los agravios expresados por el inconforme,
señala que el A quo no observó que la acción emprendida por la actora, es la
de inexistencia y cancelación de la compraventa contenida de la escritura
**********, de fecha dieciocho de diciembre del año 2003, pasada ante la fe
del notario público número ********** de esta demarcación notarial, respecto
del bien inmueble, ubicado en calle ********** de esta ciudad de Tepic,
Nayarit, arguyendo que es un acto jurídico y no se cumplieron los requisitos
de existencia o validez de dicho acto, conforme los requisitos que prevé el
código civil para el estado de Nayarit, en su artículo 1167, que dice: Para la
existencia del contrato se requiere:
I. Consentimiento;
II. Objeto que pueda ser materia de contrario.
En el contrato que está contenido en la escritura ********** de la notaría
**********, de esta ciudad de Tepic, Nayarit, mi representada no dio su
consentimiento de ninguna forma prevista por la ley, para trasladar el
dominio del inmueble que el contrato contenido en ella cita, argumentos de
agravios que son inoperantes, en razón, que el disconforme, señala que
el A quo no observó que la acción emprendida por la actora, es la de
inexistencia y cancelación de la compraventa contenida de la escritura
********** de fecha dieciocho de diciembre del año 2003, pasada ante la fe del
notario público número ********** de esta demarcación notarial, respecto del
bien inmueble, ubicado en calle **********, sin embargo, no expone agravios
que vengan a desvirtuar los razonamientos que llevó a concluir a la Natural
que se tenía justificando la excepción de prescripción negativa, en relación al
derecho de ejercer la acción de nulidad relativa al contrato de compraventa
contenido de la escritura pública **********, de dieciocho de diciembre de dos
Toca Civil 87/2019
21
mil tres, ante el Notario público ********** de esta demarcación notarial, sin
emitir un razonamiento jurídico que presuponga su motivo de inconformidad,
con un verdadero razonamiento -independientemente del modelo
argumentativo que se utilice-, traduciéndose en la mínima necesidad de
explicar por qué la resolución recurrida se aparta del derecho, es decir, solo
expresa el recurrente que el Natural no observó que la acción ejercitada por
la actora, era la de inexistencia y cancelación de la compraventa contenida
de la escritura ********** de fecha dieciocho de diciembre del año 2003,
pasada ante la fe del notario público número ********** de esta demarcación
notarial, respecto del bien inmueble, ubicado en calle ********** omitiendo
expresar, el agravio que le causa que la de origen haya declarado
procedente la excepción de prescripción, en relación al derecho de ejercer la
acción de nulidad relativa al contrato de compraventa en cita, sirviendo de
apoyo la tesis jurisprudencial ya trascrita en el agravio que antecede.
En otro punto de agravio, señala el inconforme que el A quo debió
entrar primeramente al estudio de la inexistencia de la compraventa
contenida en la escritura ********** con respecto a la excepción de
prescripción de la acción interpuesta por la demandada. Toda vez que el
fundamento del reclamo que hace la demandada es precisamente la falta de
consentimiento de los actos de comercio(sic) contenidos en la escritura
pública ********** de notaría pública **********, misma que la hace inexistente,
lo aquí manifestado, está demostrado, con todas y cada una de las pruebas,
que el juzgado de primera instancia no valoró al dictar la resolución, como
son las documentales debidamente certificadas y agregadas en tiempo y
forma y contienen o estatutos de nuestra organización y en ellos se observan
los derechos y los obligaciones de los socios, así como la capacidad de
representación de los integrantes del comité directivo ********** del municipio
de Tepic, de las asambleas y su validación, señalando que todo ello conlleva
el consentimiento de la persona moral que representa y nunca se dio por los
socios, agravio que es infundado, porque la actora al haber ejercitado la
acción de nulidad relativa del contrato de compraventa ********** de dieciocho
de diciembre de dos mil tres, pasada ante el Notario Público número
********** ante el Licenciado ********** de la ********** demarcación territorial,
la demandada al dar contestación a la demanda de conformidad al artículo
152 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Nayarit, hizo
valer la excepción de prescripción para ejercer el derecho a la acción de
nulidad promovida en su contra, como correctamente lo determinó el Natural,
quien al entrar al estudio primeramente resolvió la excepción de prescripción
al derecho de ejercer la acción de nulidad relativa, hecha valer en la
contestación de la demanda, y al tratarse de una excepción dilatoria, el
Natural estaba obligado de estudiar y resolver preponderantemente la
excepción de prescripción relativa a ejercer la acción de nulidad, toda vez,
que de declararse procedente como aquí aconteció, el A quo tenía la
obligación de abstenerse de resolver la acción principal –nulidad por
inexistencia por falta del consentimiento-, de conformidad con el artículo 253
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, como aquí
reza:
“Artículo 253. Cuando en la sentencia definitiva se declare procedente alguna
excepción dilatoria, que no fuere de previo y especial pronunciamiento, se
abstendrá el Juez de fallar la cuestión principal, reservando el derecho del
actor”.
Por tanto en ese tenor y tomando en cuenta que en la especie, se
actualiza la hipótesis que prevé el artículo 283 Fracción IV, del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, consistente en que siempre
serán condenados en costas, quienes interpongan el recurso de apelación,
cuando en la sentencia de segunda instancia se confirme la de primer grado,
en cuyo supuesto la condenación comprenderá ambas instancias con
independencia de que se hubiere hecho o no pronunciamiento alguno en
relación a las costas en la sentencia de primera instancia.
En efecto, si como ya se vio el recurso de apelación materia de éste
análisis, interpuesto por ********** en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas y para actos de administración del **********,
resultó infructuoso, se ubicó en los extremos normativos previstos por el
dispositivo invocado, es decir, que aún sin existir pronunciamiento alguno, y
desde luego condena en Primera Instancia al pago de gastos y costas
procesales, por el sólo hecho de no haber obtenido resolución favorable en la
Segunda Instancia, al haber sido confirmada la resolución impugnada, de
conformidad a la disposición invocada, debe en consecuencia hacerse
responsable de cubrir los gastos y costas procesales erogados por su
colitigante en ambas instancias las que en su caso deberán ser acreditadas y
cuantificadas en el Incidente respectivo, por tanto se condena **********
Toca Civil 87/2019
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**********, por conducto de su representante legal, al pago de gastos y
costas procesales por las consideraciones anteriormente expuestas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 62, 63,
249, 250, 258, 637, 643, 651 Fracción V y 653 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente y numerales 32 y 35.I de la Ley Orgánica del Poder Judicial
del Estado, se resuelve el presente toca de acuerdo con los siguientes
puntos:
R E S O L U T I V O S:
PRIMERO. Los agravios expresados por ********** en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de
administración del **********, se califican de unos inoperantes y otros
infundados, por tanto;
SEGUNDO. Se confirma la sentencia definitiva de fecha veinticuatro de
enero de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Segundo de Primera
Instancia del Ramo Civil, con residencia en Tepic, Nayarit.
TERCERO. Se condena ********** **********, por conducto de su
representante legal, al pago de gastos y costas procesales por las
consideraciones anteriormente expuestas.
CUARTO. Dentro de los tres días siguientes a la notificación del
presente fallo, remítase testimonio autorizado del mismo al juzgado de
origen, junto con los autos originales del expediente número 389/2017, en
seiscientas setenta y cuatro fojas útiles (dos tomos), para su conocimiento y
fines legales.
Notifíquese personalmente; y en su oportunidad archívese el presente
toca.
Así lo resolvió por unanimidad el Pleno de la Sala Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Nayarit, integrado por los Ciudadanos
Magistrados Licenciados, Roberto Arturo Herrera López Presidente, Rocío
Esther González García Ponente, y Rodolfo Adrián Rodríguez Alcantar;
por y ante la Licenciada Margarita Zavalza Zavala, Secretaria de Acuerdos
que autoriza y da fe.
