UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE HISTORIA

MAESTRIA EN HISTORIA

EL DILEMA DE LA CIUDADANÍA Y LA LUCHA POR LA NACIÓN EN SINALOA: SUS PUGNAS Y SUS ACTORES,

(1857-1877)

TESIS QUE PRESENTA

MARIA DEL ROSARIO HERAS TORRES

PARA OBTENER EL GRADO DE

MAESTRA EN HISTORIA

DIRECTOR DE TESIS

DR. SAMUEL OCTAVIO OJEDA GASTELUM

CULIACÁN ROSALES, FEBRERO DE 2008.

2

INDICE

pág.

INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………. 7

CAPITULO I

BALANCE HISTORIOGRAFICO

1.1.- Balance nacional y las tendencias latinoamericanas………..……………...23

1.2.- La historiografía nacional………………………………………………….. …30

1.2.1.- Historia épica o crónica de batallas…………………………………………..32

1.2.3.- Nuevas preocupaciones historiográficas en el estado………………....…34

CAPITULO II

SINALOA: SU CONFORMACIÓN INSTITUCIONAL. ENTRE LOS PODERIOS LOCALES Y LA INCIDENCIA CLERICAL

2.1.- Las instituciones públicas en Sinaloa: sus conflictos….…………………….44

2.2.- La incidencia del clero en la vida pública……………………….……………. 53

2.3.- Clanes familiares, institución y vida pública……………………..…………….61

2.4.- La influencia de los comerciantes de Mazatlán………...…………………….67

2.5.Organización de los poderes públicos y sus cambios constitucionales con la reforma liberal…………………………………………………………………………...71

2.5.1.- El poder legislativo y ejecutivo…………………………….………… ………71

2.5.2.- El poder judicial…………………………………………………………………74

2.5.3.- Disputas entre los poderes y ejercicio real………………………….……….78

3

CAPITULO III

MILITARISMO Y CAUDILLISMO: NUEVAS CONFIGURACIONES POLITICAS DURANTE LA INTERVENSIÓN FRANCESA Y LAS REVUELTAS

INTERNAS.

3.1.- Caudillismo y levantamientos militares de mediados del siglo XIX .……….81

3.2.- Las manifestaciones violentas de las aspiraciones políticas del poder……96

3.2.1.- Rebelión de Ángel Martínez………………………………………….……….96

3.2.2.- Las revueltas que suscitan juaristas, porfiristas y lerdistas………………89

3.3. Los caudillos, sus rasgos y motivaciones………………………………….….104

CAPITULO IV

CIUDADANÍA, REPRESENTACIÓN POLÍTICA: PRIVILEGIO Y EXCLUSIÓN

4.1.- La ciudadanía como concepto histórico y su inclusión constitucional en Sinaloa …………………………………................................................................110

4.2.- Vecindad: requisito, derecho o privilegio ciudadano………………….…….116

4.3.- Educación y formación ciudadana………………………………………….…123

4.4.- Una nueva normatividad en Sinaloa………….…………………………..…..129

4.4.1.- Organización electoral en Sinaloa………………………………..…………133

4.4.2.- Dificultades e irregularidades electorales………………….………...........139

4.5.-Ciudadanía irreal…………………………………………………………………142

CAPITULO V.

LA NACIÓN: SURGIMIENTO Y DEFENSA DE UN IDEAL

5.1.- La nación y la lucha por sus soberanía…………………………………….149

5.2.- La guardia nacional: un garante de la soberanía…………………………...154

5.3.- Los problemas por una soberanía estatal no definida……………………...161

4

5.4.- Los conflictos con extranjeros: complicaciones en la lucha por la nación y la soberanía……………………………………………………………………………...166

5.5.- La prensa: espacio de opinión pública………………………………………..167

5.5.1.- Medio elitista para incentivar la integración nacional……………………..169

5.5.2.- Espacio de opinión pública…………………………………………………..181

CAPITULO VI

ELCIUDADANO IDEAL Y LA REALIDAD CORPORATIVA SINALOENSE.

6.1.- Ciudadano: entre lo imaginario y lo real…………………..……….. ……….186

6.2.-Obligación ciudadana y preocupación gubernamental: recaudación tributaria……………………………………………………………..…………………193

6.3.- Las reacciones o interpretaciones contra las leyes..…………………..……200

6.4.-Lo tradicional y lo moderno, resistencia por las leyes de reforma …………………………………………………………………………………………..211

6.5.- Un sociedad tradicional afectada……………………………………………...216

FUENTES

BIBLIOGRAFIA

5

AGRADECIMIENTOS

Para mencionar a todas aquellas personas que de una forma colaboraron para la

realización de este trabajo el espacio sería insuficiente, por lo que haré mención

sólo de algunas, no porque les reste importancia sino porque talvez ahora se me

escapan de la mente.

A la Universidad Autónoma de Sinaloa, por facilitar mi desarrollo académico;

particularmente a la Facultad de Historia porque en sus espacios he tenido un

acercamiento al apasionante mundo del pasado, y porque he encontrado

compañeros, y colegas que me han brindado su amistad y apoyo, Rosario,

Pedro, Javier, Liliana, Rafael Santos, Mabel, Flérida y Elda.

Especialmente quiero agradecer a mi familia: mis padres, mis hermanos, mi

esposo por el apoyo y la fe que siempre me han demostrado; a mi hijo por las

ausencias, los descuidos y los encierros los fines de semana; a todas las que me

apoyaron con el cuidado de mi bebé para que me dedicara a esta investigación:

mi mamá, mis hermanas: Chuyita, Linda, Mari, Irasema y a doña Mirna, porque

se que siempre aceptaron con cariño. A ellas gracias por las demostraciones de

afecto a mi Ramsés.

Brindo un merecido reconocimiento al Doctor Samuel Octavio Ojeda Gastélum,

porque no solo fue asesor sino guía, conductor de lo que este trabajo es, porque

me motivó a observar y decir lo que yo no veía, por su paciencia, y su amistad.

A la institución donde me he desarrollado laboralmente el Archivo Histórico

General del Estado de Sinaloa, y especialmente por el apoyo brindado de su

Director Gilberto López Alanís y Javier León, por el apoyo incondicional. A mis

compañeros de área Alba, profe Carlos, y César por su amistad y comprensión.

A las instituciones archivísticas que me abrieron las puertas para adentrarme en

los repositorios documentales que conservan: Archivo Municipal de Mazatlán a

Aristeo, y don Ernesto; a los que me atendieron en el Archivo Histórico de la

Crónica de Culiacán; a los que laboran en las colecciones especiales de la

6

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, al personal de la Biblioteca Miguel

Lerdo de Tejada.

A todos gracias nuevamente.

7

INTRODUCCION

La construcción de la ciudadanía y la lucha por la nación: viejos y nuevos actores

en Sinaloa 1857-1877, estudia una etapa en la cual se presentó una lucha por

dos proyectos que fueron contrapuestos y se representaron de acuerdo a las

visiones, circunstancias y conveniencias de los grupos portavoces de la política

nacional, liberalismo y el conservadurismo.

El proyecto de Estado de los liberales buscaba eliminar la sociedad corporativa,

estamental, proponiendo una forma de organización mas libre, individual, la

ciudadanía respecto con el ejercicio de sus derechos y obligaciones, proyecto

que tiene cierta influencia de las ideas de la ilustración francesa, emanada de los

derechos humanos.

Uno de los objetivos de esta investigación es explicar como en este periodo el

precepto liberal ciudadanía, enmarcado en la constitución política provocó una

serie de reacciones debido a lo significativo de otorgar la individualidad política a

los hombres, para eliminar la presencia y el peso comunal.

Así que se discute el asunto de la representatividad política, la ciudadanía y la

no ciudadanía, destacando que, al abordar las obligaciones de los ciudadanos es

menester explicar la conformación de la milicia, pues se consideraba un deber

con la patria, según los liberales, mas el alistamiento de civiles en la milicia

presentó resistencia de muchos.

Analizar el papel que juega la conformación de las llamadas “milicias cívicas”

porque la ideología que se promovía era la de defender la nación, la soberanía

mexicana, así que este se convierte en un tema trascendente, debido a la

obligación de los llamados ciudadanos de alistarse a las filas de la milicia, para

defenderse en contra de las intervenciones extranjeras, pero a su vez la

soberanía entre los estados de la federación se relativizó con las invasiones del

ejército en los límites estatales.

El trabajo que se presenta es el resultado de una investigación que busca

contribuir al conocimiento de la historia política de Sinaloa, bajo perspectivas y

8

visiones que modifican las tendencias historiográficas, para dejar atrás, la vieja

forma de hacer historia, donde los grandes acontecimientos son la línea

cronológica que guía las descripciones de las hazañas de los héroes, a través de

los cuales se finca una historia nacional, y patriótica, para ofrecer una visión que

permita comprender el papel que juegan los grupos sociales, del pueblo, que no

forma parte directa en las decisiones y acciones del poder político, pero que sin

embargo, tiene participación por los movimientos que se suscitan a partir de la

construcción de un Estado, de una esfera política de importancia y la creación de

los diferentes espacios públicos de donde resultan participaciones políticas.

En Sinaloa, el imaginario político, la esfera pública y privada, el análisis del

discurso a partir de las propuestas para la construcción de un estado nación no

han sido abordados para el segundo imperio; ni la reforma como revolución

político social y que decir de los espacios políticos, donde se manifiesta la

conformación de la ciudadanía, que también implica imposición de derechos y

obligaciones al votar, pagar impuestos, alistarse a la milicia que aunque para

nuestro país ha sido estudiado desde la década de los noventas, no se conocen

investigaciones al respecto, con esta perspectiva para nuestro estado.

El estudio de preceptos históricamente modernos como la ciudadanía y la nación,

con las manifestaciones que representan sus actores y las diferentes fricciones

que subyacen en su relación, para el caso de Sinaloa, es de suma importancia

porque la mayoría de los trabajos bibliográficos, que sobre la reforma, y la

intervención, acerca del estado se han hecho, tienen la característica de estar en

la historia política tradicional, que ve a la soberanía inserta en la lucha de los

republicanos en contra de la intervención francesa, donde los sinaloenses

jugaron un papel muy importante al defender el territorio nacional y hacerse

presentes en las luchas del centro del país y del propio territorio de Sinaloa y con

ello contribuir a la lucha por la reinstauración la república liberal.

Se requiere el estudio no solamente del principio, desarrollo y fin de las

disidencias de los grupos en el poder, los choques por las posiciones políticas, la

lucha que enfrenta el gobierno contra rebeliones armadas, sino reconstruir con

9

estos elementos y otros más, los procesos políticos, donde aparezcan los

actores sociales, los miembros del pueblo en su esfera pública integrados o no

en la política, olvidados o tomados en cuenta en el marco institucional a través de

las constituciones y leyes, pero luchando a favor o en contra de las elites;

integrados en los bandos militares, acaudillados por líderes tradicionales.

Sobre la ciudadanía no se ha dicho prácticamente nada, solo se refieren a ella al

hablar de las luchas de los liberales, para que se aplique y se respete el voto de

los pueblos, manifestándose aquí la cuestión del sufragio y la validez que

adquieren los gobiernos al haber sido elegidos a través de una elección.

La hipótesis inicial que dio origen a este trabajo consideraba que en estas dos

décadas de lucha armada en Sinaloa, suscitadas por la promulgación de la

constitución federal de 1857 y las Leyes de Reformas existió un escenario

político donde los constantes pronunciamientos, asonadas y revueltas armadas

no permitieron la aplicación de estas medidas liberales en Sinaloa. Mismos

sucesos que no pararon debido a la debilidad del aparato gubernamental, y que

por tanto los actores colectivos, de los que poco ha hablado la historiografía local

tuvieron gran presencia en este periodo de lucha.

Para desarrollar esta hipótesis original fue necesario hacer la revisión de una

serie de fuentes como la prensa de la época, archivos municipales,

correspondencia clerical, expedientes agrarios, correspondencia militar, entre

otros que a la luz de las obras bibliográficas escritas,1 las conjeturas se

transformaron debido a la existencia de varios elementos que permitieron ver los

hechos de manera diferente: la presencia inminente del caudillismo y caciquismo

que dominaron muchos de los rasgos de la política en Sinaloa y que

restringieron la modernidad tan anunciada por las elites liberales, aunque unas

veces expresaron defenderla a toda ultranza y otras la percibieron como

irrealizable. También un elemento que fue el hilo conductor que transformó dicha

hipótesis fue la aparición de dos conceptos como la ciudadanía y la nación a los

1 Son varias las obras que permitieron vislumbrar el panorama de estudio, todas giran en torno a la propuesta de François-Xavier Guerra de la existencia de una sociedad holística donde confluyen una sociedad tradicional y una moderna.

10

que se refieren como hitos de la modernización política cuando en realidad el

ejercicio de la ciudadanía respecto a su participación en elecciones se vulneró

debido a la presencia del caudillismo y el caciquismo.

Y por otro lado, la nación no existía, pues la conciencia acerca de la misma se

empezó a construir con el fenómeno de la intervención francesa, porque los

liberales hacían un llamado al ciudadano para que luchara al lado del gobierno

nacional y los gobierno locales hacían lo propio para evitar la toma de ciudades y

puertos principales del país que se convertirían en núcleos fuertes del

imperialismo.

2. Referentes teórico-conceptuales.

La nueva historia política es una corriente que en los últimos tiempos ha

alcanzado gran desarrollo. Hacia los años setentas del siglo XX, dentro del

campo de los estudios históricos se empezó a desarrollar una renovación

viéndose como un regreso, retorno, o vuelta del interés por el estudio de la

política y de lo político.

Tendencia historiográfica que retoma los avances realizados por otros

investigadores de la llamada nueva historia cultural, centrada en el estudio de la

comunicación, y sus medios, en la circulación de ideas, y consecuentemente en

la multitud de nuevas practicas sociales, que se necesitaban para que los

intercambios se presentaran, o bien en los espacios de sociabilidad que se

produjeron gracias al ciclo de retroalimentación comunicativa.2 De aquí surgió

una convergencia clara entre la vieja historia de las ideas y la no tan vieja historia

de las mentalidades y la historia cultural, el resultado invadió la historia política y

se convirtió en una nueva historia (o una nueva mirada historiográfica) de ésta en

la medida en que integraba ingredientes del mundo de la cultura y de las

practicas sociales.

Dicha corriente tiene varios enfoques, para entender el abordaje a la historia

política no únicamente como narración cronológica de los grandes

2 Guillermo Palacios (coordinador), Ensayos sobre la Nueva Historia Política de América Latina, Siglo XIX, México, El Colegio de México, 2007.

11

acontecimientos, de héroes, o gobernantes sino que a través de algunos

métodos adoptados gracias a la interdisciplinaridad con algunas ciencias

sociales, se puede considerar el estudio de las sociabilidades, de los

imaginarios, y la historia de los conceptos.

Uno de los conceptos que es en buena medida el hilo nodal de la propuesta

teórica es el “espacio público”, que Francois Xavier Guerra, aplica para el caso

latinoamericano, y que recorre toda su obra. Su forma de abordaje remite a los

escritos de Jürgen Habermas, quien en 1962, asoció la emergencia de la

modernidad con el surgimiento de nuevos ámbitos de sociabilidad y formas de

publicidad, es decir, formas modernas de publicación. 3

Guerra en uno de las primeras obras que se conocieron en Iberoamérica, México:

del antiguo régimen a la revolución, no apunta nada en torno a la influencia

habermesiana, y va e ser hasta, Los Espacios Públicos en Iberoamérica.

Ambigüedades y problemas, libro coordinado junto con Annick Lempèriére,

donde para explicar al espacio público se separa de la postura de Habermas por

considerar que tiene una perspectiva teleológica de la historia, pues busca en el

pasado los gérmenes de la modernidad, es decir, a encontrar en las nuevas

formas de sociabilidad que surgen a mediados del siglo XVIII, perdiendo de vista

los vínculos premodernos, que no solo pervivirán en la modernidad, sino que

resultaran determinantes, en la configuración de imaginarios, prácticas y modos

de sociabilidad.4

Para Guerra el concepto esfera pública utilizado por Habermas no es propio para

sociedades no europeas, donde se encuentran una pluralidad de espacios

públicos y no es posible hablar de una sola esfera pública, burguesa, pues a ella

se contrapone el multiculturalismo, o diversidad de esferas alternativas a la

burguesa. La esfera pública se entiende como un espacio abstracto e inmaterial,

3 Elias Palti,”Guerra y Habermas: ilusiones y realidad de la esfera pública latinoamericana,” en: Erika Pani y Alicia Salmerón, (coordinadores), Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, Historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. 461-483. 4 Ibíd., p. 463.

12

con matices de una historia cultural, donde los aspectos más palpables son los

impresos, su difusión, recepción y las prácticas de lectura.5

Para el caso latinoamericano sin duda alguna uno de los autores que más

influyeron para que se iniciara este revisionismo historiográfico de la historia

política fue Francois Xavier Guerra, que en búsqueda de lo moderno, se

interesó en el estudio de las “sociedades del pensamiento” insistiendo en la

importancia del estudio de los actores, para descubrir que durante el siglo XIX

mexicano se presentó la coexistencia de un mundo con referencias

´”tradicionales”´ y un mundo políticamente ´”moderno”´, al lado de esta sociedad

´”holista´´ había ciudadanos, en el sentido moderno de la palabra, la división

esencial era la que separaba a una sociedad holista formada por actores

colectivos, de los partidarios de un concepto que asignaba al individuo el papel

de referencia, tanto político como social. 6

El concepto espacio público, para América Latina se pluralizó por el

multiculturalismo ahí presente, y para abordar este enfoque de estudio, donde los

espacios públicos, son ámbitos, donde los hombres establecen relaciones entre

sí, de manera libre, se discuten y se difunden opiniones para hacerse públicas,

pueden ser espacios colectivos, espacios a donde la gente acude de manera

constante como el mercado, la plaza, la imprenta, el café, e incluso la calle,

donde se desarrollan las sociabilidades, vínculos entre sectores inmiscuidos en

fenómenos políticos. La ciudad lugar por excelencia de la política. Estos espacios

deben ser de constantes encuentros, intercambios intelectuales o diversos, que

provocan el flujo de opiniones produciendo un espacio compartido de las

relaciones personales, del vecindario, del parentesco, y de la pertenencia a las

mismas instituciones.7

5 François Xavier Guerra y Annick Lempèriére, Los Espacios Públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas, México, FCE, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1998, p. 10-11. 6 Elisa Cárdenas Ayala,”Las páginas mexicanas de François-Xavier Guerra: 18 años” en: Erika Pani y Alicia Salmerón, (coordinadores), Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, Historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. (42-75), p. 52. 7 Elías Palti, “Guerra y Habermas”... p. 463.

13

Guerra en busca de la explicación y las características de la modernidad que se

revalida en los discursos revolucionarios del siglo XIX, encuentra que la

transformación de una cultura política estamental y corporativa a una

individualista también se llevó a cabo en la construcción de los nuevos espacios

de “sociabilidad,” abiertos por las elites modernas, las cuales no eran tanto una

clase social como una cultural, poniendo énfasis en las sociedades de amigos,

del país, las tertulias y otros espacios públicos, donde se discutían libremente

una serie de asuntos, sin la influencia del estado, lo que los constituía en una

sociedad civil, en una modernidad alternativa.

La propuesta de Guerra de estudiar la modernidad en América Latina está

influenciada por los trabajos de Francois Furet, precursor de la historia

revisionista de la Revolución Francesa que propone el rescate de las tesis de dos

pensadores Alexis Tocqueville y Augustin Cochin para revalorar la interpretación

que el primero había hecho sobre esta revolución llegando a la conclusión de que

había más continuidades entre la Francia anterior a la de 1789 y la

decimonónica todo lo contrario a lo que pudiera esperarse después de esta gran

revolución y que el transito de una sociedad estamental a una de individuos era

un proceso de mucho tiempo atrás, pues los monarcas absolutistas lo habían

iniciado.8

De Cochin, Furet rescató el estudio de las sociedades del pensamiento que

permitió la formación de una modernidad alternativa que además sirvió como

espacio revolucionario a finales del siglo XVIII en Francia. Francois Xavier Guerra

y otros discípulos de Furet como Pierre Rosanvallon. Mona Ozouf, siguieron el

enfoque de la formación de los espacios públicos así como también aunque con

inclinaciones propias, el alemán Reinhart Koselleck.

Para los estudios latinoamericanos los enfoques de las sociabilidades, análisis de

la convivencia grupal, y los imaginarios, tiene muchos seguidores que

8 Alfredo Ávila, “De las independencias a la modernidad. Notas sobre un cambio historiográfico,” en Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, Historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. (75-112), p. 89.

14

principalmente se ocupan de la problemática de la construcción de las naciones, 9

resultando de ello una serie de trabajos, de modelos de investigación a cerca de

las realidades de diferentes países de América Latina como Argentina, México,

Brasil, Colombia, Chile, Perú, Venezuela, Uruguay, entre otros pero también

estudios y análisis comparativos entre éstos.

La historia de los conceptos, es también propuesta metodológica de esta

corriente, bien manejado por Koselleck, que propone este tipo de historia para

ver lo que sucedió, para almacenar el pasado en el lenguaje y para integrar las

experiencias viciadas en sus capacidades lingüísticas y en su comportamiento. El

ser humano, por su propia naturaleza requiere del lenguaje para moverse, para

mirar, para escuchar, para recordar o para desear o esperar algo, y por tanto,

para actuar y para pensar.10

Koselleck encuentra la existencia de conceptos claves, que debido a los cambios

políticos se modifican más constantemente o es más fácil encontrarlos en las

rupturas, coyunturas de carácter político, social, mental o ideológico. Ejemplos de

éstos son: revolución, progreso, liberalismo, opinión pública, clase social, nación,

patriotismo, democracia, etc.

Existen también conceptos que no se apoyan en las experiencias, sino que

pretenden alguna clase de cambios o bien una orientación hacia el futuro, hacia

lo deseable o idealizable; por lo tanto Koselleck pone como ejemplo el concepto

Estado, término cuyo uso que se pone de moda en tiempos de la revolución

francesa, y contenía aspiraciones normativas de tipo jurídico y moral. Dicho

concepto se enriqueció de un sentido utópico, se convirtió en un concepto de

expectativa. Según Fichte -señala Koselleck- el verdadero estado, es un estado

que educaría a los ciudadanos en el cultivo de su propia independencia. Una vez

que hayan tomado en sus manos las riendas de la administración, estos

9 Antonio Annino, Marcelo Carmagnani, José Carlos Chiaramonte, Pilar González Bernardo, Carlos A. Forment, Alicia Hernández Chávez, Erika Pani, Alicia Salmeron, Annick Lempèrieré, Elias Palti, Roberto Di Estefano, José Murillo de Carvalho, Marie- Danielle Démelas, entre otros. 10 Reinhart Koselleck, Futuro pasado, para una historia semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, p. 28.

15

ciudadanos, serían capaces igualmente de dejar a un lado cualquier clase de

estado y, por ende, la fuerza y la coerción.11

Por su parte, Pierre Rosanvallon, a través de sus estudios, propone la llamada

historia conceptual de lo político, que adopta al objeto político moderno como

preocupación central, donde han de entenderse preceptos como democracia,

nación, estado, para comprender la sociedad, no solo con la articulación de sus

fenómenos económico, social y cultural, sino del estudio de su centro nervioso

como institución. Es decir, la búsqueda de la explicación de fenómenos actuales

que se analizan a largo plazo y que necesariamente tienen que ser explicadas a

través de la historia, como una interacción entre el presente y el pasado.

Pierre Rosanvallon define a la historia conceptual de lo político como aquella que:

se distingue por su objeto de estudio, porque además de la sucesión

cronológica de los acontecimientos, analiza el funcionamiento de las

instituciones, desmenuza los mecanismos de toma de decisiones

publicas, interpreta el resultado de las elecciones, echa luz sobre las

razones de los actores y el sistema de sus interacciones, describe, de los

rituales y los símbolos que organizan la vida. [Es decir], su objeto son los

rasgos de la democracia, de la historia de la misma, de lo inacabado, las

fracturas, las tensiones, los limites y las negaciones que dibujan la

democracia, porque lo político no se deja aprender más que en esos

momentos y situaciones que subrayan que la vida en democracia no es

una vida de conformación como un modelo ideal sino la investigación de

un problema a resolver.12

Para dicho autor, la historia de lo político debe nutrirse de los aportes de la

historia social, la historia de las ideas, la sociología y la teoría política. En el caso

de la primera, el utilizar sus aportes, implicaría no solo detectar un conflicto entre

lo alto y lo bajo de la sociedad; sino una tensión en la noción misma de sufragio

político: tensión del sufragio como símbolo de inclusión social, expresión de la

11 Ibíd., p. 37. 12 Pierre Rosanvallon, Por una historia conceptual de lo político, Buenos Aires, FCE, 2003, p. 49.

16

igualdad entre los ciudadanos (y que por lo tanto exige su universalización) y el

sufragio como expresión del poder social, forma del gobierno de la sociedad.

Por otra parte, al apoyarse en la sociología considera que los estudios deben

considerarse dos dimensiones, estructura e historia. Al nutrirse de la teoría

política, concluye que ésta no debe estar apartada en el estudio de preceptos

teóricos si no que debe considerar la historia como la materia y la forma

necesaria de un pensamiento total de lo político, porque los conceptos políticos

solo pueden comprenderse en el trabajo histórico de su puesta a prueba de sus

intentos de eluditación.13

Por ultimo, separa a la historia de lo político, de la historia de las ideas y de las

doctrinas, porque las grandes obras no pueden ser comprendidas como simples

teorías autónomas, pues son parte de un imaginario social más global, se pueden

considerar no como ente aislado del contexto, sino un testigo que al interpretarse

e investigarse, nos brinda una explicación de la problemática.

Las obras teóricas, que pueden aparecer como un ensayo, un tratado filosófico,

una constitución, o una tesis, significan representaciones e ideas de una

experiencia social de la vida de las sociedades, se piensan, se elaboran se

formulan por los miembros de la misma, que están inmersos en el espacio y un

momento político. Son también representaciones activas, que limitan el campo de

lo posible a través del campo de lo pensable y delimitan el campo de las

controversias porque son un reflejo de las controversias y de los conflictos, ya

que a veces los actores de las mismas son actores directos o indirectos, en una

palabra son actores, no pasivos.

De acuerdo a esta tendencia historiográfica tan diversa de la historia política lo

que este trabajo retoma es el estudio de la modernización de la política, a través

de reformas en los códigos constitucionales, jurídicos, para eliminar la forma de

organización corporativa de la sociedad para proponer formas individualistas

donde el ciudadano se anteponga al peso que tenían las sociedades

estamentales y se consolide el poder civil como regulador de la ciudadanía.

13 Ibíd., pp. 44-45.

17

Conceptos como ciudadanía y nación soberana son preceptos de la historia

moderna que necesitan ser analizados para comprender las discusiones, las

interpretaciones y las distintas utilizaciones que presentaron, para dimensionar el

grado de experiencia y de expectativa que acerca de los mismos se tenía, que

muchas veces no estaba dentro de la realidad y que el concepto ciudadano surge

impregnado de un ideal, de un modelo europeo, o más bien francés, respaldado

en los derechos humanos y que el matiz de los derechos políticos, de

representatividad a través del sufragio, de otorgar al pueblo su soberanía les

permitió a los gobernantes actuar en aras del bien común de sus representados.

La prensa y los impresos en general marcaron un referente importantísimo como

medio promotor de ideas modernizadoras, como la aparición de una cultura

política que requería de este espacio de difusión que a la vez se convertía en

espacio de discusión, donde se manifiestan las opuestas posturas políticas

acerca de una idea de nación moderna, donde el estado debe ser participe

interfiriendo de manera más directa en la vida, la cultura local, coadyuvando o

regulando aspectos electorales, educativos, patrióticos, y de la magnitud de los

impuestos.

Y en la búsqueda de lo moderno, automáticamente encontramos lo tradicional y

se provoca una convergencia entre ambos, porque lo tradicional no puede

eliminarse de manera automática por el hecho de una reforma constitucional,

pues el orden corporativo, las costumbres, las fuerzas locales, los derechos

ancestrales se hacen valer, se manifiestan, se representan en el actuar, en el

orden de la sociedad, es una cultura arraigada que presentó reacciones de

formas diferentes y que al final el Estado tuvo que condensar ideas, proyectos

para lograr la estabilidad.

4.- Fuentes

Para explicar el concepto histórico de la ciudadanía en Sinaloa, y la lucha de la

defensa nacional las fuentes y la forma de interpretarlas ofrecen una mirada en la

cual la prensa de la época, sus artículos, discursos, informes, leyes, decretos,

las constituciones y las discusiones previas a las mismas, o a cualquier ley, o

18

reforma; así como también los juicios legales, los informes de gobierno, de

secretarias o de ministerios, las cartas personales, las partes de guerra del

ejército, las proclamas revolucionarias, o de grupos rebeldes, permiten que este

trabajo se construya con el seguimiento a este concepto y que a su vez presente

los pormenores de su uso, de su interpretación, a veces traslapada por el choque

de intereses políticos.

El índice del Archivo General de Sinaloa 1857-1877. Describe los asuntos que

resuelve el gobierno del estado en los ramos de Justicia, hacienda, fomento, y

que permiten conocer las acciones de las autoridades liberales, y en ocasiones

proporcionan pistas sobre reacciones de los ciudadanos ante los cambios que se

presentan y que afectan sus intereses, aunque en esta fuente es sumamente

difícil encontrar los imaginarios políticos de los grupos disidentes como

conservadores e imperialistas.

Documentos impresos del arzobispado de México y obispado de Sonora.

Ubicados en las misceláneas de la Biblioteca Publica del Estado de Jalisco. En

los cuales se encuentra el llamado que hacen los jerarcas de la iglesia católica en

México, para convocar a sus fieles a manifestarse en contra de las leyes de

reforma y las discusiones que bajo correspondencia sostienen con los juaristas.

Documentos de la Presidencia Municipal de Mazatlán y actas de cabildo. Esta

fuente de archivo es de gran riqueza para la historia política, porque contiene la

correspondencia entre la presidencia del ayuntamiento, con el prefecto, el

gobierno del estado, así que además de encontrarse las disposiciones y

ordenanzas para la regulación de la vida de los pobladores del municipio,

podemos localizar leyes, códigos, reglamentos para todo el Estado. En los

documentos de la presidencia se pueden encontrar los juicios de imprenta, que

tienen que ver con las restricciones a la opinión publica estipulada en la ley de

imprenta en todo el país y ejecutado en las instancias municipales, la

organización para las elecciones, el papel que juega el municipio para coordinar

estos eventos y todas las quejas que hacen los ciudadanos cuando se han

cometido fraudes y demás irregularidades; el bando de policía que permite

19

recrear la vida de los mazatlecos en la época, así también las continuas

demandas que hacen los ciudadanos y los hombres y mujeres comunes y

corrientes para manifestar ante el cabildo sus inconformidades contra

ordenanzas municipales, así como para denunciar injusticias por parte de los que

tienen el poder político y económico en sus manos.

Actas de cabildo del municipio de Culiacán. Sobre el municipal de Culiacán sólo

se pueden localizar de 1872, 1873, 1876, 1877, de este periodo de estudio y los

documentos de la presidencia no se conservaron. Así que las actas de cabildo

presentan las discusiones en las sesiones ordinarias de los regidores, donde

observamos las formas disposiciones y ordenanzas que regulan la vida de los

pobladores del municipio, sus alcaldías y directorias.

Prensa. Esta fuente proporciona una gran riqueza documental, permite

contextualizar el panorama de lo que sucede en Sinaloa en este periodo en

materia política, económica y social. Además, juega un papel muy importante

como promotor de ideas político-democráticas, liberales, que se manifiestan en el

lenguaje que utiliza, en artículos de opinión, en las proclamas de las facciones,

en la utilización constante de nociones como libertad, soberanía, legitimidad, e

igualdad. Así, mas que ser un medio que se utiliza como portavoz de la política

es un actor de suma trascendencia, en muchos de los casos los editorialistas, en

otros los propietarios de la imprenta, los encargados de la publicación son

personas que se dedican a la política, que están dentro de la administración o

que buscan acceder al poder, que socialmente son parte de una facción política.

En esta categoría se puede mencionar algunos de los más significativos órganos

periodísticos que llegaron a las manos de las elites sinaloenses:

El Cinco de Mayo. Periódico de la facción liberal, publicado en 1866 en Culiacán;

año en que Mazatlán estaba tomado por los franceses. Manifiesta su propuesta

en los artículos de opinión, los discursos cívicos en fechas conmemorativas, es

notable la utilización constante y repetida de nociones como igualdad, libertad,

ciudadanía, soberanía, pueblo, etc. Aunque se presenta sólo una parte de la

realidad pintada por los liberales, sus discursos, como proyecto de estado viable,

20

en donde las reformas sociales y económicas convienen como beneficio del

pueblo.

Diario Oficial de la Federación. No podemos olvidar que su función principal en

este periodo es publicar leyes, códigos, reglamentos del gobierno republicano,

pero a su vez en artículos editoriales, memorias, discusiones del congreso, es

posible dilucidar sobre las discusiones que se suscitan a partir de reformas

hacendarías, de justicia y de instrucción publica. Además, se publican los

informes de los ministerios que permiten recrear el panorama de la población, de

las actividades económicas, de los cambios administrativos, de la Guerra, de la

seguridad en los caminos y pueblos.

Diario del Imperio. Órgano de Maximiliano de Hamsburgo, que permite conocer

los proyectos de estado del Segundo Imperio mexicano, descubriéndose que sus

ideas son también liberales, debido a la influencia de los cambios suscitados en

Europa a mediados del siglo XIX.

El Estado de Sinaloa, Periódico Oficial del Estado y El Estado de Sitio. Ambos

son expresiones oficiales del gobierno del Estado de Sinaloa: presentan la visión

de la administración liberal en turno, la expedición de leyes, decretos y

disposiciones que vienen a trastocar en muchos de los casos las formas de vida

de los sinaloenses y provocan reacciones que deben ser atendidas, aunque a

veces se tergiversan las causas de los movimientos que se suscitan.

La prensa independiente. Bajo este rubro son varios los periódicos que se

pueden mencionar que se consultaron: El Pacifico, El Trabajo, El Aguilucho,

Juan sin Miedo, La Tarántula, todos publicados en Mazatlán. Este tipo de prensa

jugó un papel muy importante, no sólo por la variedad de la información que

presenta sino porque tienen un papel político que se manifiesta en sus

editoriales, artículos de opinión en contra o a favor del gobierno, en otros casos

proponen candidatos para los puestos públicos como presidencia de la republica,

gobernadores, diputados, presidentes municipales, ministros de justicia, entre

otros, que así como postulan candidatos pueden desvirtuar al adversario, para

restarle votos, asegurando que las simpatías de la ciudadanía le favorecerán.

21

O simplemente publican en sus páginas informes de presidentes municipales u

de otros, proclamas de causas revolucionarias que enarbolan ideas y difunden

puntos de vista a su favor para ganar adeptos.

En los remitidos de los periódicos se localizan manifestaciones claras en contra

de autoridades, fricciones entre los poderes, como puede ser el ejecutivo y el

judicial, o entre los miembros de grupos que buscan acceder al poder, así como

también quejas, denuncias de particulares o de vecinos contra disposiciones

federales, estatales o municipales; gracias a ésto se puede medir el grado y la

importancia que alcanza la opinión publica.

Volantes o impresos sueltos. La mayoría de éstos fueron localizados en los

expedientes de los juicios de imprenta seguidos por los cabildos municipales, de

acuerdo a la ley de imprenta de carácter nacional, que deja al ayuntamiento la

organización de los jurados cuando un impreso es denunciado por atentar contra

dicha ley. La mayoría de los volantes o impresos se denuncian por el afectado,

culpando casi siempre por atentar la vida privada, y el culpable puede tener hasta

quince o más días de prisión o el pago de una multa. Estos documentos permiten

estudiar casos específicos, donde la opinión pública se sale de los límites legales

o no, porque también se puede considerar la denuncia como innecesaria.

Discursos del Presidente en el Congreso de la Unión y del Gobernador en el

Congreso local. Los del presidente, localizados en la correspondencia de Benito

Juárez y los segundos en el Congreso del Estado de Sinaloa. Formas que utilizan

los gobernantes además de sus informes anuales, para convencer de las

acciones realizadas en sus proyectos administrativos, para persuadir sobre el

destino de los recursos públicos, la aplicación de nuevos impuestos, la

impartición de la justicia. A través de éstos se puede conocer el lenguaje

democrático de los hombres que tienen el poder político.

Correspondencia entre liberales sinaloenses y Benito Juárez. Epistolares que se

encuentran ya publicadas como documentos, bajo el título Discursos y

Correspondencia de Benito Juárez, publicada en década de los setentas del siglo

XX. Dicha correspondencia personal entre Juárez y sinaloenses que enarbolan la

22

causa republicana en esta Guerra de Reforma, son prueba evidente de las

relaciones sociales establecidas entre los hombres donde se aprovecha este

medio, para enterar, discutir y resolver problemas políticos que los atañen en

común.

Haciendo un balance crítico de las fuentes es considerable señalar que por ser la

mayoría de procedencia oficial o de gobierno, donde se encuentran discursos

políticos nacionales y locales que presentan de forma reiterativa la alusión a los

conceptos ciudadanía, nación, soberanía y libertad como una forma de incidir en

la aceptación de los proyectos de la creación de un estado-nación donde la

ciudadanía reemplace a la organización comunal de la sociedad. En los discursos

liberales se nota la defensa a todo trance de la constitución de 1857, por ser el

código al cual deben apegarse sin distinciones los ciudadanos donde se asientan

sus derechos y sus deberes.

Al gobierno sinaloense de este periodo, se observa como el defensor del

proyecto liberal y promotor de las leyes nacionales, las que se buscaba que

fuesen reeditadas y difundidas en Sinaloa, emitiéndolas por correspondencia a

las prefecturas distritales; además surgen leyes secundarias que pueden estar

incluidas en los proyectos de modernización del poder público en contra de

corporaciones, tanto la eclesiástica como las comunidades indígenas.

En general, las fuentes encontradas ofrecen la visión de los liberales, los

defensores del proyecto de república constitucional que establecieron

comunicación con el presidente Juárez, que ocuparon los escaños más altos en

la política estatal, así que la visión plasmada en artículos periodísticos, circulares,

leyes, decretos, proclamas; dicha correspondencia oficial demuestra que su

imaginario político es de carácter liberal y que defienden la construcción de la

integración nacional.

Aunque, es necesario señalar que, en la lucha contra el poder comunal hay una

serie de actores que se enfrentan a los preceptos modernizadores y sus

consecuencias, reapareciendo en el escenario de lucha los clérigos y las

comunidades indígenas. La iglesia por medio de circulares convoca a los

23

feligreses a unirse por la defensa de la fe que estaba siendo asechaba, se opone

terminantemente al juramento de la Constitución de 1857, pareciéndole un

sacrilegio dicha pretensión del poder civil y peor aún la prohibición de su

participación en áreas tan trascendentes como la justicia y la educación.

Por su parte, la resistencia indígena también se manifiesta en las fuentes con

quejas, inconformidades constantes, pleitos y juicios legales y alzamientos

armados a los que las fuerzas militares buscan acallar, enarbolando la búsqueda

de la paz en el estado. Su lucha se presentó en contra de la modernización del

sistema de propiedad de la tierra que prefería al campesino libre e individual,

sobre el sistema comunal de propiedad y asociación, afectando derechos

ancestrales de explotación de la tierra para las colectividades civiles de donde

dependían familias enteras.

En fin, toda una gama de fuentes que ofrecen miradas variadas y rostros diversos

de los actores que en grados y trincheras distintas se involucraron en los

procesos políticos y sociales durante las primeras décadas de la segunda mitad

del siglo XIX. Fuentes que buscan captarse y utilizarse con sentido crítico a lo

largo de los siguientes capítulos.

24

CAPITULO I.

BALANCE HISTORIOGRAFICO

1.1.- Balance nacional y las tendencias latinoamericanas.

En la historiografía política tradicional de nuestro país se observa la llamada

historia liberal épica y nacionalista que se mantuvo durante mucho tiempo, es

identificable la replica entre liberales y conservadores, es decir, publicaron sus

diferentes versiones sobre todo de la etapa del segundo imperio mexicano.

Los trabajos inmediatos a la intervención francesa y la reforma están marcados

por dos derroteros: los que surgieron luego de la salida de los intervensionistas

franceses y del fusilamiento del príncipe Maximiliano de Habsburgo, para

reprobar esta acción y otros justificaron esta y todas las acciones bélicas que se

vivieron como un hecho de legítima defensa de la soberanía nacional, del código

constitucional de 1857 y las propuestas reformistas del gobierno republicano.

Quienes estuvieron involucrados en esta guerra, de un lado o del otro, produjeron

textos donde pretenden exponer su propia visión. Escribieron para defenderse,

para debatir sobre los hechos, dar su propia versión e incluso para mentir y

tergiversarlos.

Por su parte, Francisco de Paula y Arangoiz articuló la defensa de los

conservadores en contra de quienes culpaban de la tragedia mexicana al santo

padre y al clero mexicano.14

Hacia 1904, Francisco Bulnes hizo una crítica irreverente cuestionando con rigor

las tan exaltadas glorias nacionales que hacían de la guerra de intervención un

punto culminante de la epopeya nacional en: El verdadero Juárez y la verdad

sobre la intervención y el imperio. El autor desmentía el levantamiento en masa

del pueblo mexicano en contra de quienes profanaban su patria, su suelo,

aseguraba que el imperio prometía orden y prosperidad y que los improvisados

generales liberales, además de ser patriotas, valientes también eran

14 Erika Pani, El Segundo imperio, pasados de usos múltiples, FCE, México, 2004, p. 21.

25

incompetentes. Para él nadie había salvado a México del Imperio, pues lo que lo

había derrocado era la incompetencia financiera del príncipe austriaco, el imperio

había muerto solo.15

Por su puesto, que las reacciones a estas afirmaciones no se hicieron esperar,

manifestaciones, boicot contra el editor del libro, un sin número de folletos,

artículos que defendían al Benemérito, y el trabajo mas acabado entorno a esto

fue Juárez: su obra y su tiempo, de Justo Sierra, lo catalogaba como el ”gran

representante del derecho” pues su vida era una ´”suprema lección de moral

cívica”. Considera que la lucha estaba encaminada a eliminar el poder de la

iglesia y el ejército porque estas instituciones no permitían el desarrollo de la

unidad nacional. Señala que las reacciones de estos grupos fue una resistencia

al movimiento evolutivo de la sociedad pero que el resultado de la contienda fue

la justicia, el suelo y el ciudadano como valor social. 16

Justo Sierra, con su Evolución política del pueblo mexicano, publicada en 1903,

vendría a pintar a la guerra de reforma y la lucha de intervención como la

segunda guerra de independencia, donde los enfrentamientos armados y el

derrame de sangre se justifica, para que alcanzara la categoría de nación que

recién aparecía, en la que se vislumbraba un etapa de mejora, desarrollo político

y social en manos de uno de los liberales herederos y a la vez salvador del

pueblo mexicano: Porfirio Díaz. 17

Hacia 1954, el trabajo coordinado por Daniel Cosió Villegas de El Colegio de

México, Historia Moderna de México, concientiza acerca de la visión política de la

historia, pues la considera parcial y deforme, dice que se puede completar y

corregir con el relato de la vida económica y política, por ello, su obra está divida

en tres libros: la vida política, económica y social.

Es una obra muy completa que tiene la propuesta de separar la historia moderna

de la antigua y para el autor la segunda se inicia en 1867 porque los cambios 15 Ibíd., pp. 81-82. 16 Justo Sierra, Juárez, su obra y su tiempo, México, Editorial Porrúa S.A, Colección Sepan Cuantos, Nº 146, 1974, p. 16. 17 Justo Sierra, Evolución política del pueblo mexicano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1957, p. 398.

26

suscitados en el porfiriato no son propios de este periodo sino del que le

antecedió, la republica restaurada. Señala el año de 1867 marca el triunfo del

liberalismo sobre la reacción conservadora y muchos de los cambios políticos

modernos en la educación, la economía fueron propuestas juaristas, la

promulgación de códigos legales que habrían de ordenar una serie de aspectos

de manera radical.

En el primer centenario de la muerte de Juárez, Edmundo Gorman provoca gran

polémica, a través de La supervivencia política novo hispana, donde pone en tela

de juicio aquellas construcciones que insisten en la imagen inmaculada del ser

republicano del pueblo de México, y en el anacronismo, maldad y estupidez de

los conservadores, critica las historias que cuentan solo la verdad por una lado y

por otro la mentira. Llama entonces a rescatar a conservadores y monárquicos,

esencialmente para rescatar lo titánico de la empresa republicana. 18

Desde la década de los setentas empiezan a aparecer algunos trabajos que

buscan el estudio de otras líneas de la etapa Juarista, como lo fue el caso de la

investigación del norteamericano T. G. Powel,19 estudia la forma como impacta la

política liberal en el campesinado indígena de México, y sobre la misma

comunidad campesina indígena, donde también se discuten los actos de las

autoridades imperiales, estatales y locales que tuvieron gran significación para el

indígena.

Respecto a este mismo tema Donald J. Fraser20, afirma que la política de

desmancomunación de tierras comunales no es obra de Porfirio Díaz, sino de

una serie de disposiciones del gobierno de Juárez, medidas juristas que a través

de la ley Lerdo ordenaron la división de estas tierras. Que existe una continuidad

en la política de desamortización de las comunidades indígenas durante toda la

época que va de 1856 a 1911.

18 Erika Pani, op. cit. p.104. 19 T.G. Powel, El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850-1876), México, SEP setentas, 1974, p. 7. 20 Donald J. Fraser, “La política de desamortización en las comunidades indígenas 1856-1872”, Revista Mexicana, México, El Colegio de México, Nº 33, 1972.

27

Estos y otros trabajos publicados en la Revista Historia Mexicana a partir de la

década de los setentas serian el preámbulo de la corriente historiográfica Nueva

Historia Política que empiezan a proporcionarnos una serie de libros publicados

de forma colectiva entre países iberoamericanos como Argentina, Brasil, Perú,

México y Uruguay, entre otros.

Esta corriente de los estudios históricos latinoamericanos emanada a partir de las

renovaciones que presentan los trabajos de la escuela historiográfica, construida

alrededor de François Xavier Guerra, que junto con sus seguidores tratan de

utilizar las tendencias historiográficas dominantes en Europa para aplicarlas al

campo iberoamericano, aunque resaltan las propias particularidades y grandezas

de estos pueblos.

Tendencia que ha realizado grandes estudios de la modernización y la tradición,

fincados en la idea de la existencia de una sociedad ´”holista´” que se enfrenta a

los afanes modernizadores que pregonaba el liberalismo latinoamericano.

Específicamente, proponen ahondar en el estudio de las significaciones el

seguimiento de conceptos clave como ciudadanía, espacio y opinión pública.

A partir de los trabajos de Guerra se integró una corriente renovadora de la

historia política latinoamericana inclinada por el estudio de la conformación del

estado colonial al estado nación. Representó una ruptura con la visión positivista

de la historia política inclinada por paradigmas patrióticos. En esta propuesta hay

una inclinación hacia figuras, conceptos discursos del imaginario político al

estudiar como se traslaparon, contradijeron y transformaron aquellos conceptos

clave de la política moderna como soberanía, ciudadanía y opinión pública, para

describir y entender situaciones políticas y culturales radicalmente nuevas e

inexploradas.

Se investigan los poderes con origen social y no político, hay una concepción

donde finca su explicación para el análisis de la vida política mexicana, el

lenguaje de referencia revisando algunos términos socorridos como caciquismo y

caudillismo, militarismo.

28

Nuevos procesos se discuten a partir de diversas dimensiones de estudio que

han surgido como las relaciones entre la sociedad civil y el sistema político,

queda claro que el estudio del poder no es solo atender a las elites dirigentes,

sino también a sectores más amplios de la población que forman parte de la

comunidad política, los historiadores amplían sus focos de acción para analizar la

relación entre gobernantes y gobernados, qué papel juegan los que no están

propiamente en el sistema político, y que rol juega la sociedad en la legitimación

del poder.

Al respecto una de las obras colectivas, Construcción de la legitimidad política en

México21 en la cual la intención clave es el análisis en diferentes trabajos en

torno al estudio de las ideologías plasmadas en el discurso de liberales,

conservadores y socialistas, que les permite el ejercicio hegemónicos de la

autoridad. Se nota en este trabajo la influencia de Francois Xavier Guerra de ver

a la sociedad moderna mexicana compuesta holísticamente, es decir, que oscilan

entre lo moderno y lo tradicional, además desarrollan históricamente la

explicación de conceptos como patria, pueblo, ciudadanía, libertad y nación.

En América Latina la corriente de la nueva historia política esta dando resultados

muy interesantes, para el estudio de la transformación de una cultura política

corporativa a una individualista, donde se construyen espacios de sociabilidad

abiertos a las elites políticas modernas; del estudio de las revoluciones con una

perspectiva de larga duración, donde las diferencias no se explican en el

momento del estallido, sino mucho más atrás, en la institucionalidad, en los

preceptos constitucionales, en las relaciones estamentales; de la problemática

para el reconocimiento de la soberanía internacional; de los imaginarios políticos

de liberales y de los conservadores; de la forma como se va transformando el

lenguaje político en el siglo XIX.

Sin embargo, estas cuestiones han sido abordados desde una perspectiva

nacional, de la política, olvidando que seguramente en cada una de las regiones

21 Brian Connaughton, Carlos Illanes y Sonia Pérez Toledo (coordinadores), Construcción de la legitimidad política en México, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México-UAM-UNAM, 1999.

29

del país adquiere matices diferentes, se manifiestan, se trasforman, o se

soslayan, en las realidades locales, ejercen una influencia muy interesante.

En torno a las tendencias de integrar los estudios históricos de América Latina

bajo la corriente de la nueva historia política han salido a la luz una serie de

obras colectivas como la de: Inventando la Nación, Antonio Aninno y Francois

Xavier Guerra, Ibero América en el siglo XIX, concluyen en que las elites al

darse cuenta de que sus modelos de nación son inmensamente distantes de las

grandes potencias de Europa y de Estados Unidos se dedican a construir la

nación y el pueblo moderno, es decir, un pueblo de individuos libremente

asociados que compartan mitos comunes, para crear los individuos van a

combatir los cuerpos y corporaciones del Antiguo Régimen que estructuraban

todavía la mayoría de la sociedad atacando a los mas poderosos la iglesia y las

comunidades campesinas.22

Otra de las obras es Ciudadanía, política y formación de las naciones,

perspectivas históricas de América Latina, coordinado por Hilda Sabato, quien

deja claro que no tratan de buscar nuevas definiciones sino analizar un conjunto

de procesos sociales que tuvieron lugar en Ibero América cuando la constitución

de la ciudadanía se planteo como problema concreto tratando de responder a las

interrogantes, de cómo se construyeron las comunidades políticas de la región y

cómo se organizó, sostuvo y reprodujo el poder político en cada una de ellas. Es

la conformación de estado-nación lo que preocupa donde sobresalen algunos

campo de estudio inclinados con soberanía popular y la representación moderna,

ciudadanía política, sufragio, las elecciones y otras formas de representación,

como sociedad civil pues subyace que el proceso político implica necesariamente

una conexión social.

Y para el caso de México una de las grandes aportaciones que se inscriben en el

estudio de los imaginarios, es el trabajo de Erika Pani, que se publicó en el año

2001, Para mexicanizar el segundo imperio, el imaginario político de los

imperialistas, obra que se puede considerar como historia de los proyectos del 22 Antonio Annino y Francois Xavier Guerra (Coordinadores), Inventado la Nación, México, FCE, 2003.

30

estado, del proyecto de nación republicano y liberal; de aquellos que imaginaron

cómo podía llevarse un régimen, y de qué manera, de cómo idear y aplicar una

legislación. A la autora le interesa cómo fueron fraguándose una serie de

proyectos de estado tanto liberales como imperialistas, recupera el debate

político desde los primeros años de la segunda mitad del siglo XIX, rescata los

lenguajes políticos donde se discutieron y pensaron la política de Estado.

Poco después de la muerte de Francois Xavier Guerra, se publicó un trabajo

como un homenaje póstumo, coordinado por Erika Pani y Alicia Salieron,

“Conceptualizar lo que se ve” obra que además de destacar la aportación

historiográfica y metodologiíta de Guerra señala que para explicar la nueva

cultura política debemos ocuparnos del mundo editorial y las practicas epistolares

así como las fiestas y las conmemoraciones que contribuyeron a la elaboración

de una nueva memoria para las nuevas naciones. Es necesario poner especial

atención en la consolidación de la opinión publica, las nuevas solidaridades,

participes de la constitución de la modernidad política, donde le mundo editorial

revoluciona la cultura, al multiplicarse, volantes, folletos, periódicos, libros, se

introducen valores, conceptos e ideas modernas; las páginas modernas se

constituían en espacios y debates y los diarios en particular, en voz de facciones

y grupos comprometidos con diferentes proyectos de nación.23

Una de las obras más recientes, que se circunscribe en la historia intelectual y

presenta acertadas explicaciones sobre la política del siglo XIX, es La invención

de una legitimidad, razón y retórica en el pensamiento mexicano del siglo XIX (un

estudio de las formas del discurso político) de Elías José Palti.

Este autor estudia la forma como los discursos públicos, los lenguajes políticos

manifestados en la prensa, la bibliografía, expedientes judiciales, y diarios de

debates de las cámaras, sufrieron una serie de transformaciones a lo largo del

siglo, cuando se veían desgastados y era necesario reconstruirlos, reformularlos

o eliminarlos, porque el consenso de la base se desvanece, y los valores,

categorías, nociones, e instituciones que se habían considerado como normales 23 Erika Pani, Alicia Salmerón (coordinadoras), Conceptualizar lo que se ve, François-Xavier Guerra, historiador, homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. 13 y 14.

31

eficientes y capaces de resolver problemas y situaciones se tornan

problemáticas, siendo objeto directo de criticas y cuestionamiento, tanto que se

deben construir otra vez, pues ya no sostienen la realidad.

Otro de los libros que se han escrito en homenaje a Guerra es Una ausencia que

convoca coordinada por Elisa Cárdenas y Annick Lempérière, en el año 2007,

donde además de ofrecer reflexiones conceptuales y metodológicas presenta

otras rutas alternativas, temas afines, se estudian las revoluciones, la transición

política del imperio a las naciones, la construcción de formas democráticas de la

política. Los grandes ejes que vertebran la discusión de este libro son

revoluciones y espacios públicos, estos son dos temas esenciales dentro de la

obra de Guerra y que tienen entre sí múltiples puntos de contacto: liberalismo y

democracia, legitimidad y conflictos civiles, formas de sociabilidad y nuevos

códigos culturales, formas de mediación entre estructuras sociales y poder

político.24

1.2.- La historiografía regional.

Al hacer una revisión bibliográfica de las obras de carácter histórico sobre

Sinaloa se puede decir que para el periodo de la reforma el abordaje de la

política es lo que domina; las obras del siglo XIX marcaron las tendencias para

escribir la historia de Sinaloa y éstas perduraron hasta buena parte del siglo XX.

La mayoría de los trabajos son de carácter acontecimental, historia heroica, de

batallas militares, o con un sentido apologético y biográfico, además reducidos a

pequeños espacios temporales o muy específicos, como la reforma, guerra de

intervención francesa, o guerra de los tres años.

Las tendencias de la historia épica tradicional y nacionalista rebasaron el siglo

XIX y se prolongó durante el siglo XX, hasta la década de los setentas esta forma

de escribir y explicar el pasado siguió dominando, resaltando los grandes

acontecimientos, los hechos de los gobernadores, describiendo a los héroes y

sus batallas con el fin de que la historia no se olvide y que se conozca la

24 Ibíd., p. 10- 11.

32

participación de Sinaloa en la guerra de reforma y la construcción del régimen

republicano nacionalista.

Dentro de la historiografía sinaloense, la historia política es lo que más se abordó

hasta 1980. La característica de estas publicaciones es una historia de los

grandes hombres, estudios monográficos, o biográficos donde se refiere más a la

política que a lo político, al quehacer de los hombres que se encuentran en el

poder, es decir de los gobernantes y los avatares de sus acciones, la política

como ejercicio del gobierno, la competencia de grupos por el poder, por tener la

autoridad.

Sin embargo, hacia la década de los ochentas se observa la preocupación de

deslindarse de la historia política tradicional y los historiadores y maestros

formados muchos de ellos en las aulas de la Universidad Autónoma de Sinaloa,

en la maestría en Historia de la recién creada Escuela de Historia, inclinan sus

inquietudes hacia la historia económica, tratando de encontrar otras vertientes

que expliquen la historia de Sinaloa, abandonan la historia política que había

dominado no solo el siglo XIX sino casi todo el veinte.

Así, buena parte de la historia de la reforma se interpreta con las miradas lejanas

a la historia de héroes y villanos, porque las corrientes historiográficas de esta

escuela apuntaron a fuentes como el Archivo de Notarias y sobre los fondos de

tesorería y contribuciones de los ayuntamientos para detectar la afectación en

ventas y préstamos monetarios o bien analizando los proyectos internacionales

del mundo global para explicar a una economía de mercado internacional donde

el puerto de Mazatlán empieza a ser polo de atracción para franceses e ingleses.

Es necesario señalar que el estudio de las elites políticas de poder llama la

atención de algunos historiadores académicos a partir de lo noventas siguen una

preocupación ya incursionada por otros investigadores del país, en Sinaloa, Félix

Brito Rodríguez25 y Arturo Carrillo Rojas,26 son autores de obras que siguen esta

temática y que han inclinado su mirada a la historia política, sosteniendo que los

25 Félix Brito Rodríguez, La política en Sinaloa durante el porfiriato, Culiacán, DIFOCUR, 1998. 26 Arturo Carrillo Rojas, Conflictos por el poder Sinaloa de 1831 a 1880, Culiacán, DIFOCUR, 2000.

33

grupos de poder local económicamente fuertes ejercían y dominaban los puestos

de importancia gubernamental a través de una red de control político fincada en

lazos familiares y de compadrazgo.

Para este recuento se eligieron los trabajos elaborados en el siglo XIX, aunque

algunos fueron publicados hasta el XX, y respecto a las obras de este último siglo

se revisaron los trabajos publicados a partir de los años cuarentas, haciendo un

corte en los ochentas, debido a la aparición de la producción historiográfica que

abandona la historia política tradicional, y los estudios de la reforma se ven

influenciados por estudiar su problemática con una visión económica-social.

Es menester destacar que no se abordarán todas las obras relativas al tema,

algunas quedan fuera, pero -en general- la mayoría de las ausentes se inscriben

en historia tradicional, pues se escriben para que destacar glorias del pasado y

preservarlas en la memoria de la sociedad, para exaltar a héroes como Juárez,

Rosales, Corona, para construir remembranzas de batallas y hazañas militares.

1.2.1.- Historia épica o crónica de batallas.

Uno de los primeros trabajos que particulariza sobre los acontecimientos en

Sinaloa, es el Ensayo Histórico del Ejército de Occidente de José María Vigil y

Juan B. Hijar y Haro,27 crónica militar que narra los sucesos, las acciones

militares de este ejército que estaba conformado por fuerzas de Jalisco, Colima,

Sonora y Sinaloa. La lucha contra la intervención era reciente y este libro como

muchos otros se declara abiertamente a favor de los republicanos.

La acepción de soberanía que adopta el autor, es de la causa de los mexicanos

para defenderse de la intervención francesa, la ciudadanía como derechos y

obligaciones que se otorgan a los miembros de un estado democrático, no está

presente.

27 José María Vigil, Ensayo Histórico del Ejército de Occidente, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana (INEHRM), México, 1987.

34

Eustaquio Buelna escribe su legado de obras históricas en las dos últimas

décadas del siglo XIX y los primeros años del XX. En sus publicaciones28 se

observa la historia positivista donde el culto al documento esta presente, tratando

de respetar las reminiscencias que quedaron del pasado, aunque en Apuntes

para la historia de Sinaloa 1821-1882, no lo logra, pues su carácter es notable,

pero vaya recordar que estas efemérides no estaban acabadas para publicación

y que algunos han considerado como memorias escritas que dejó al morir en

1907 y que hasta 1924, salieron a la luz.

En toda su obra historiográfica se mantiene latente la preocupación por describir

lo más trascendente de los sucesos políticos del Estado, ocupándose casi

siempre, de narrar lo que concierne a la política desde el gobierno.

Por su parte, José María Gaxiola, es autor de toda una serie de ensayos29 en los

cuales se esfuerza por demostrar que Sinaloa no va a la zaga en su marcha del

progreso de los demás Estados de la federación. Elabora las biografías de los

héroes de Sinaloa, sus obras demuestran la visión que tiene el autor de resaltar

las fechas de una historia heroica, donde los grandes hombres merecen ser

recordados. El significado que la soberanía y la ciudadanía tiene en sus trabajos

se remonta a las acciones hechas por el gobernador del Estado Rafael de la

Vega, en tiempos de la intervención norteamericana, cuya voz a pesar de sus

previas acciones, se deja de escuchar por las luchas políticas locales que

enfrenta Sinaloa en ese periodo.

En los trabajos de José Maria Vigil, Buelna y Gaxiola, existe la idea de una

historia común para los mexicanos, como las pretensiones de las obras de

historia nacional de Justo Sierra, pero también resaltan la contribución de los

sinaloenses en esta construcción.

28 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la Historia de la Guerra de la Intervención Francesa en Sinaloa, Universidad de Sinaloa 1964; Apuntes para la historia de Sinaloa, 1821-1882, Secretaria de Educación, 1924. 29 José María Gaxiola, “La Invasión norteamericana 1845 a 1849”, Revista Histórica del Estado Sinaloa, México, Imprenta de Antonio Rosas, 1891 p. 1-294; “Sinaloa de 1850 a 1851”, Revista Histórica del Estado, México, Imprenta y Encuadernación de Irineo Paz, 1894, pp. 1-37.

35

Para estos historiadores los héroes encarnados en el pueblo lograron la libertad

interna y de la independencia nacional. Era esta una segunda revolución y la

significación la tenían la iniciación de la independencia por Hidalgo en 1810 y la

culminación de esta con Juárez batiendo los rezagos de la colonia, aquí se

forjaba la nación soberana, liberal y republicana.30 Así que los demás ensayos de

gobierno había que enterrarlos, como la etapa del imperio de Maximiliano.

1.2.3.- Nuevas preocupaciones historiográficas en el estado.

Desde la década de los cuarentas hasta setentas del siglo XX, se observa una

intensa labor de historiadores por afición que se entregan a la búsqueda e

indagación de la historia de Sinaloa. Al revisar sus obras observamos que se

preocupan por construir la historia general de Sinaloa, cada uno por su lado, sin

separarse de la tendencia de la descripción de hechos políticos con un carácter

liberal, épico y nacionalista influencia venida desde el siglo XIX, como modelo de

la construcción de la nación, de la historia patria.

Al ser éstas las características, que permanecen en los trabajos del siglo XX

sobre el XIX, la soberanía sigue únicamente abordada de manera expresa en el

ejercicio de la defensa del territorio mexicano y sinaloense, así que la soberanía,

por ende la ciudadanía, como preceptos modernos de la instauración del sistema

democrático, representativo siguen sin ser considerados.

José Mena Castillo31 emprende una investigación de la historia de Sinaloa

unificada donde se refleja la impresión de un todo. Busca un ensayo propio de

Sinaloa desde la época de la conquista hasta el porfiriato donde une los sucesos

de Sinaloa y hace referencia al proceso general de la historia patria.

El trabajo escrito por Filiberto Leandro Quintero,32 respecto a la etapa de la

reforma liberal, su contribución es importante porque la descripción de su historia

no se limita a los hechos acaecidos en el Distrito del Fuerte sino que al dar

30 Ibíd. 31 José Mena Castillo, Historia Compendiada del Estado de Sinaloa Tomo I y II, México, Gobierno del Estado de Sinaloa, 1941 y 1943. 32 Filiberto Leandro Quintero, Historia integral de la Región del Río de Fuerte, Mochis, Ediciones, El Debate, 1977.Mismo que a su muerte en 1969 no pudo ver publicado, pero que en 1979 descubren su contribución y se hace realidad impresa.

36

seguimiento a sus personajes políticos aporta sobre sus acciones en buena

parte de Sinaloa y sur de Sonora.

Es obvio, que sobre este periodo, tiene la clara intención e seguir los hechos de

los gobernadores y la problemática de la erección de un Estado y la

conformación de poder legislativo.

Antonio Nakayama, tiene un legado de obras que contribuyeron al conocimiento

de periodos y temas muy variados, entre los cuales, el libro Sinaloa un bosquejo

de su historia, dedica no pocas páginas al movimiento de la reforma, el

liberalismo y la intervención francesa y la restauración de la república. Aquí

describe cronológicamente los hechos, o acontecimientos del gobierno de

Sinaloa, las acciones militares contra los franceses, detalla sobre las mismas y a

la vez describe los enfrentamientos de hostilidad que se suscitaron entre las

facciones liberales.

Este mismo autor publicó una interesante investigación titulada Realidad y

mentira de Plácido Vega, que permaneció inédita a su muerte en 1978 y

rescatada para su edición hasta 1993, donde cambia la visión que sobre este

personaje había creado su acérrimo enemigo Eustaquio Buelna, así que

Nakayama lo saca a la luz, le da brillo a su trayectoria política con una serie de

documentos encontrados en la Biblioteca de Bancroft. Nakayama considera a

Plácido Vega como el personaje más destacado en el Sinaloa del siglo XIX,

encuentra en él una gran personalidad, descubre a un hombre que posee

pasiones, virtudes y defectos, pero su reivindicación es evidente, pues afirma que

logró que Sinaloa fuera conocido en los cuatro puntos cardinales.33

En 1975, sale a la luz su obra Sinaloa el drama y sus actores, donde elabora las

biografías de los héroes de Sinaloa en todas sus épocas, haciendo la apología

descriptiva de sus vivencias en los avatares de la política de la región.

Nakayama, en la biografía colectiva que sobre los hombres de la reforma en

Sinaloa hace, no solo se limita a resaltar los pormenores de los hombres de

33 Antonio Nakayama, Realidad y mentira de Plácido Vega, Culiacán, Centro de Estudios Históricos del Noroeste A. C., 1993.

37

armas, los héroes, los gobernantes, sino que otorga especial interés a los

clérigos, al papel que juegan en la historia política del Estado, y circunstancias y

pormenores del periodo que rescata desde la separación del Estado de

Occidente, las luchas entre las facciones políticas representadas por grupos de

poder, en El fuerte, El Rosario, Cosalá y Mazatlán, y Culiacán. También

contribuye al estudio de familias económica y políticamente fuertes, como los

Iriarte, los de la Vega, etc.

Este autor entiende a la política, con actores variados donde no solo figuran

gobernadores, comandantes y fuerzas militares, sino obispos, y familias

poderosas, que tienen una participación directa que se facilita gracias a las

relaciones que establecen entre sí.

Otro importante filón de la historiografía sinaloense es obra de Héctor R. Olea.34

Este investigador contribuye al estudio de las instituciones políticas en torno a los

textos constitucionales, que han estado vigentes, en Sinaloa en el marco

histórico- político, aunque también detalla las condiciones que precedieron a la

primera constitución haciendo mención de los sujetos políticos de relevancia

nacional y local, de los personajes que en el estado tuvieron relevante

participación.35

Su obra ha servido para revalorar la necesidad de llevar a cabo las

investigaciones sobre los estudios constitucionales, revelar la importancia de

Sinaloa en la búsqueda del sistema liberal mexicano, proponiendo en esto, otra

veta para analizar la historia política, donde las constituciones, y las leyes son

parte integrante de este abordaje histórico.

Gracias a este trabajo la historia política cambia de rostro, acercándose a los

documentos propiamente jurídicos, que a su vez revelan las luchas y las

diferencias, en la búsqueda por alcanzar un consenso que reordene los intereses

de las facciones reformistas locales.

34 Héctor R. Olea, Eustaquio Buelna, Fundador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, UAS, 1987 y Sinaloa a través de sus constituciones, México, UNAM, 1985. 35 Diego Valadés,”Introducción”, en Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus constituciones, México, UNAM, 1985, p. 8.

38

1.3.- La búsqueda de la historia regional.

En la década de los ochentas el proyecto de regionalizar y desconcentrar la

educación superior, la investigación científica y la cultura, tuvieron efectos

bibliográficos y con la contribución del Gobierno del Estado y del Instituto Mora

se hizo una compilación de las obras escritas en y de Sinaloa.

Como resultado de esto se publicó, Sinaloa Textos de su Historia, de Sergio

Ortega y Edgardo López Mañón, dieron cuenta de la situación nada halagadora

de nuestro Estado pues encuentran el dominio del abordaje de acontecimientos

políticos y militares con una marcada tendencia a la descripción cronológica y el

seguimiento de la vida heroica, de hombres a los cuales historia de bronce a

edificado como tales, siendo considerados los hechos que se piensa dejaron

huella de la memoria histórica, preocupándose por la biografía de sus

protagonistas, la monografía histórica, relegando a los actores que no fueron

figuras en el poder político.

Muchas de las nuevas preocupaciones no sólo de Sinaloa sino del noroeste de

nuestro país han sido influenciados por uno de los historiadores más prolíficos de

México, Don Sergio Ortega Noriega, que tiene una serie de trabajos,36 sus

investigaciones abrieron líneas de investigación hacia el porfiriato, aunque su

propuesta era el estudio de lo económico, político y social, fue la primera, la más

socorrida en Sinaloa, dejando al margen lo político.

Ortega hace notar en su libro Breve Historia de Sinaloa, que la política no es una

sucesión de hechos impactantes y particularmente trascendentes, en la vida de

los pueblos, sino que están impregnados por una realidad interna y externa,

donde la geografía, la conformación étnica racial y social, la religión, la economía,

los grupos locales poderosos, y las circunstancias nacionales le otorgan a la

política matices propios de la región. Así que su trabajo enmarca esta serie de

caracteres para hablar de la política desarrollada a través de la historia en

36 Sergio Ortega Noriega, El Edén Subvertido, la colonización de Topolobampo, 1886-1896, México, SEP, INAH, Departamento de Investigación Histórica, 1978; Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, FCE, 1999.

39

nuestro estado, donde efectivamente con todos estos agravantes, las decisiones

y reacciones de los hombres del quehacer político, se expresa y se entiende a

través de estos escenarios.

Por otra parte, las corrientes históricas en México, empiezan a ser influenciadas,

por la tendencia construir la historia regional, a partir de la década de los

setentas, por su parte, la Universidad Autónoma de Sinaloa amplió su

preocupación a través del Instituto de Investigaciones de Económicas y Sociales,

así como también hizo posible el proyecto de una Escuela de Historia en 1987,

que inicio primero con la maestría y poco después con licenciatura.

Con el objetivo de la formación de la investigación histórica que permitiera la

reconstrucción de la historia regional, se puede hablar una serie de trabajos que

han tenido como foro el Congreso anual de Historia que organizan junto con el

Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la misma Universidad, y la

publicación de la revista Clío, de la ahora Facultad.

Respecto a la investigación del periodo de la reforma, han incursionado,

Rigoberto Arturo Román Alarcón, María del Carmen Azalia López González,

Rigoberto Rodríguez Benítez, Columba Norzagaray Gámez, Arturo Carrillo Rojas,

algunos únicamente con ensayos cortos, otros con tesis o libros publicados.

En los trabajos de Rigoberto Arturo Román Alarcón, Azalia López González y

Rigoberto Rodríguez Benítez, se observa la influencia del enfoque de la historia

económica pues estos fenómenos que pudieran entenderse como parte de la

política, los entienden y los explican con una teoría donde los fenómenos de la

etapa reformista en Sinaloa se representan por una lucha entre potencias

mundiales, para la explotación de un centro comercial importante; señalando que

los problemas locales es un conflicto entre elites económicamente fuertes; o bien

razón de la modernización de la economía orientada hacia la individualización del

campesino que afectó a la propiedad comunal o tomando en cuenta la afectación

en las ventas urbanas y las sociedades de préstamos.

Pero también se ocupan de problemas entre iglesia – estado, tratando de

entender los conflictos que se suscitaron a partir de las leyes de reforma donde

40

las elites de poder representadas por gobernadores y obispos, se enfrentan para

defender por un lado, los preceptos católicos y por el otro las leyes establecidas

en la carta magna de la nación.

Rigoberto Arturo Román Alarcón, a lo largo de varios ensayos37 ofrece una

visión en la cual señala que el móvil que lleva a los franceses a tomar Sinaloa es

la atracción de un importante centro comercial, el más prospero del noroeste,

porque la conquista de la zona del noroeste era clave para los planes de convertir

a Sonora en una zona de explotación de algodón que sustituyera a la Lousiana y

que ofreciera competencia a la misma, pues gracias a su materia prima Inglaterra

podía posible mantener el monopolio comercial del algodón, o sea que en

resumidas cuentas esta zona de conflicto intervencionistas es también una lucha

entre las potencias mundiales, Inglaterra y Francia.

Estos problemas locales tenían que ver con los poderíos económicos, que

generaron movimientos políticos por pugnas o choques entre familias poderosas

como los de la Vega contra los comerciantes de Mazatlán quienes provocaban

revueltas y motines aliados con los militares para hacer fácil y efectivo el

contrabando de mercancías y dinero por el puerto.

Por su parte, Azalia López González, que tiene una serie de trabajos38 donde

plasma los cambios ocurridos en el país a raíz de la revolución de Ayutla poco

se minimizaron en Sinaloa debido a los problemas locales de los grupos de poder

de Mazatlán y Culiacán, aunque la Ley Lerdo, provocó repercusiones en la

transformación urbana de Mazatlán, sin embargo, considera que las relaciones

37 Rigoberto Arturo Román, “El movimiento separatista de Mazatlán de 1852”, Memoria del VII Congreso de Historia Regional, Culiacán, UAS, 1991, pp. 184-195; El contrabando de mercancías y Mazatlán 1871-1872; La dominación francesa 1864-1866, Revista Clio, Culiacán, UAS, Escuela de Historia, nº 2., 1991; y La amortización de la moneda de cobre en Sinaloa, 1872-1875. 38 Maria del Carmen Azalia López González, “Las leyes de Reforma y la propiedad Civil en Sinaloa”, Memoria del X Congreso Nacional de Historia Regional, Culiacán, UAS, 1996; “La Reforma y el Imperio”, Historia de Sinaloa, tomo II, Tomo II, Jorge Verdugo Quintero (coord.), Culiacán, DIFOCUR, 1997; “Reforma y Desamortización en Mazatlán (1859—1889)´´, Historia de Mazatlán, Arturo Carrillo (coord), Culiacán,…… 1999; “Iglesia y Estado: la transición”, Memoria del XV Congreso de Historia Regional, Culiacán, UAS, Ayuntamiento de Mazatlan, 1998; ´´Plácido Vega visto por Buelna y Nakayama´´, Revista Enlace, Culiacán, SEPyC, nº 22, 2001; “La iglesia decimonónica en Sinaloa”, Revista Clío, Facultad de Historia, UAS, nº 28, 2002; “Política y religión en Sinaloa, siglos XIX y XX”, I Congreso de Religión y sacralidad, Guerrero, Universidad de Guerrero, 2003.

41

entre la iglesia y el estado tuvieron serias afectaciones en el obispado de Sonora

y Sinaloa pues el obispo se mantuvo exiliado durante varios años, apreciándose

en sus trabajos una lucha entre dos grupos fuertes que luchaban por obtener la

supremacía. Las fuentes que Azalia López González consulta son variadas el

Archivo municipal revisando las ventas urbanas y El archivo del Congreso del

Estado, donde revisa principalmente periódicos oficiales.

Los trabajos de Rigoberto Rodríguez Benítez,39 en los cuales tiene dos

intenciones, en el primero cuantificar las acciones de ventas, préstamos y

sociedades mercantiles, es decir cómo los hechos de armas afectan o no los

derechos de propiedad urbana y rural, son los registros notariales su fuente

principal. En el segundo son los problemas sociales de la criminalidad, la

delincuencia, sus fuentes principales son los informes de Supremo Tribunal de

Justicia publicados en el Boletín Oficial, donde la cuantificación delictiva es la

información que más destaca.

Otro trabajo sobre el tema proviene de la pluma de Columba Norzagaray

Gámez,40 quien hace una investigación donde destaca la relación existente entre

el liberalismo y la propiedad de la tierra en Sinaloa y considera que el proceso de

privatización el tierra estipulado desde 1857, fue aplicado en Sinaloa de forma

tardía. Según su hipótesis los éxitos económicos del porfirismo, fueron en gran

medida posibles, gracias a que en la etapa reformista se generaran

trascendentes cambios que heredaron los liberales tuxpecanos.

Arturo Carrillo Rojas41, hace un estudio de las luchas por el poder político, y de

los diferentes conflictos locales entre las elites poderosas para tener entre sus

manos la máxima autoridad. Así que analiza los enfrentamientos y los

diferencias entre los grupos de poder de Culiacán y Mazatlán, donde en el

primero de los casos los vínculos de la familia de la Vega, económicamente

39 Rigoberto Rodríguez Benitez, “Sinaloa 1867-1877: ventas préstamos y sociedades” y ´”Delincuencia y bandidos en Sinaloa”, 1867-1877, Memoria del Congreso de Historia Regional, Culiacán, UAS, IIES, 2002. 40 Columba Norzagaray, Liberalismo y propiedad de la tierra en Sinaloa (1870-1910), tesis de maestría, Culiacán, UAS, Facultad de Historia, 1998. 41 Arturo Carrillo Rojas, op. cit.

42

poderosos, gracias a una serie de garantías que le daba el tener el poder político

del Estado. Para Mazatlán, gran influencia ejercieron los comerciantes

extranjeros que sostuvieron una lucha acérrima contra disposiciones hacendarías

y estuvieron en complicidad con los militares de la plaza para propagar

desordenes que les favorecían en el contrabando comercial. Aborda también las

contradicciones internas del grupo liberal con una pugna entre civiles y militares.

La característica común en estos trabajos es entender la historia política, donde

la lucha por el poder, y las acciones realizadas por el mismo, como reformas

constitucionales, aplicación de leyes innovadoras, del gobierno, están

influenciadas por grupos de poder económicamente fuertes en el ámbito local y

por el peso que tiene el desarrollo del capitalismo mundial.

1.4.- Un breve balance y reflexión

A través de este recuento bibliográfico se han mostrado las tendencias y

preocupaciones de los historiadores que escribieron sobre el siglo XIX en su

propio siglo y en el XX, y en lo que se refiere a la materia política es lo que mas

se abordó hasta la década de los setentas del siglo XX, este tipo de historia dejó

de hacerse con las investigaciones de las obras de corte académico.

Los estudios de la reforma en Sinaloa fueron a la par de tendencias de la historia

política en forma tradicional épica y nacionalista, son los trabajos de los

historiadores por afición los que más han contribuido al conocimiento del periodo

de la reforma, porque los de corte académico abandonaron prácticamente este

periodo prefiriendo las investigaciones sobre el porfiriato con una interpretación

económica, como etapa donde se desarrollan una serie de actividades

económicamente importantes, de flujos comerciales, y de política estable.

Son pocos los historiadores académicos que indagan sobre la etapa reformista y

de la republica restaurada, los que lo hacen en su mayoría trataron de explicar

este periodo en razón de la trascendencia económica, son pocos los trabajos de

mayor alcance pues la mayoría se publicaron como ponencias en los congresos

o artículos de la revista Clío de la Facultad de Historia.

43

Aunque es destacable que los trabajos de Columba Norzagaray y de Arturo

Carrillo Rojas son tesis de maestría y de doctorado que versan sobre este

periodo, el primero sobre el asunto del reparto de tierras como consecuencia de

la política de desamortización y el segundo sobre la conformación de las elites de

poder que conformaron el gobierno liberal de Sinaloa.

De esto se puede concluir que la historia de lo político no esta presente, hay un

olvido del papel que juegan los grupos sociales que no necesariamente son parte

de las elites, del pueblo en su acepción original, su participación en los

movimientos suscitados a partir de la construcción de un Estado fuerte, de una

esfera política de importancia y la creación de los diferentes espacios públicos

donde se ubica.

El abordaje del estudio del imaginario político, de las sociabilidades, de la esfera

publica y privada, del estudio del discurso a partir de las propuestas por construir

un estado nación no han sido abordados para el estudio del segundo imperio, la

reforma como revolución político social no ha sido estudiada y que decir de los

espacios políticos, de los que representa la conformación de la ciudadanía para

la imposición de derechos y obligaciones de los individuos al votar, pagar

impuestos, y formar parte de la milicia que aunque en nuestro país ha sido

trabajado desde la década de los noventas, no se conoce un solo trabajo con

esta perspectiva para Sinaloa, por ello esta propuesta:

La construcción de la ciudadanía y la soberanía con sus pugnas y actores:

Sinaloa 1857-1877, que tiene como fin el estudio de una etapa en la cual los

preceptos liberales ciudadanía y soberanía enmarcados en la constitución política

provocaron una serie de reacciones debido a lo significativo de otorgar la

individualidad política a los hombres, para eliminar el poderío comunal. Así que

se discutirá el asunto de la representatividad política, los derechos y obligaciones

de los ciudadanos, la ciudadanía y la no ciudadanía.

Al abordar las obligaciones de los ciudadanos es menester explicar la

conformación de la milicia y la resistencia a alistarse a los cuerpos de la guardia

44

nacional, pues se consideraba un deber y una obligación donde las personas se

comprometían con la institucionalidad republicana, por la salvación de la misma.

45

CAPITULO II.

SINALOA: SU CONFORMACION INSTITUCIONAL. ENTRE LOS PODERIOS LOCALES Y LA INCIDENCIA CLERICAL

2.1.- Las instituciones públicas en Sinaloa: sus conflictos.

Hasta 1821 las provincias de Sonora y Sinaloa se agrupaban políticamente bajo

la designación de Intendencia de Arizpe, pero con la declaración de

independencia el proyecto de federalización llegó a cada uno de los antiguos

territorios de la Nueva España. Con la desaparición del imperio de Iturbide,

México adoptó la forma republicana Guadalajara y Nueva Vizcaya se

federalizaron.42

Al generalizarse este movimiento por el resto de las antiguas provincias del

imperio, en el Rosario43 empezó a gestarse una propuesta con la llegada de

Mariano Urrea, que tenía el cargo de, jefe político y Superior de Sonora y

Sinaloa, desde allí se manifestaron por la federalización, y al mismo tiempo

separación de las provincias, tal vez por encargo del Supremo Gobierno.44 Esta

propuesta se concretizó mediante el llamado Plan del Rosario del 14 de junio de

1823, las Provincias de Sonora y Sinaloa, se denominarían en lo sucesivo,

Estado Libre de Sonora, integrándose con los trece partidos que componían la

42 El hecho de que el fenómeno de federalización de territorios como Guadalajara y Nueva Vizcaya haya hecho eco en las provincias de Sonora, tenía un significado histórico-político ya que hasta la tercera década del siglo XVIII los alcaldes mayores de las provincias de Sonora y Sinaloa dependían de diferentes autoridades, al alcalde mayor de Culiacán al reino de Nueva Galicia o sea la Audiencia de Guadalajara y los demás a Nueva Vizcaya. En 1733 el gobierno virreinal para solucionar esto decidió unificar dichas provincias en una sola gobernación, llamada de Sinaloa y provincias agregadas o Gobernación de Sonora y Sinaloa. Esta gobernación se sujetaría al virrey en los ramos de gobierno, hacienda, y guerra, es decir el gobernador sujeto al virrey, mientras en el ramo de justicia a la Audiencia de Guadalajara.(Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 100-101. 43 El Rosario era una villa importante debido a la explotación minera, con una ventajosa posición topográfica, por hallarse situada tierra adentro e inmediata al presidio de Mazatlán. Además el comercio le otorgaba riqueza marítima sobresaliente y de mayores recursos en las provincias de Sonora y Sinaloa. Era cabecera de partido, residía allí un juzgado de Distrito, una oficina de ensaye, una aduana terrestre y algunas casas de Comercio. Esta información la proporciona Juan M. Riesgo y Antonio J. Valdés en su “Memoria Estadística del Estado de Occidente”; tomado de Sergio Ortega Noriega, Sinaloa textos de…, p. 107. 44 Antonio Nakayama, El Estado de Occidente, espejismo y fracaso de una entidad, Culiacán Centro de Estudios Históricos del Noroeste, 1998, p. 23.

46

intendencia, la nueva entidad pasó a ser libre, independiente y soberana de si

misma, y no reconocería otras relaciones con los demás estados o provincias

que las de fraternidad y confederación.

Aunque dicho Estado tuvo una efímera duración, pues el 21 de junio de ese

mismo año fue revocado por orden del Supremo Gobierno. Sin embargo, sirvió

de base para posteriormente implantar un sistema que tendría la forma popular

representativa, con los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, jamás deberían

recaer en una sola persona o corporación, ni en dos de ellos.

Se estableció que las leyes generales del momento expedidas por el Congreso

Nacional con la calidad de meras providencias serían obedecidas puntualmente e

igual sucedería con la que emanaran del Supremo Poder ejecutivo. También

tendrían derecho a decretar una convocatoria para sus representantes en el

Congreso de la Nación.

Pese a esto, por decreto el día 21 de junio de 1823, se declaró que Sinaloa y

Sonora seguirían unidas, lo que vino a finiquitar el intento de federalización del

Rosario, dichas provincias conformarían el llamado Estado Interno de Occidente,

proceso que se coronaría años más tarde, y las elites políticas de Sinaloa

pudieron ver realizada la separación hasta 1831.

El asunto de la separación nunca dejó de tener eco y ser motivo de grandes

debates dentro y fuera del Congreso local. Por su parte, los legisladores de la

provincia de Sonora se mostraban renuentes, mientras que los de Sinaloa

consideraban que tomar el rumbo como un estado más de la federación les

traería grandes beneficios.

La polémica trajo tanta trascendencia que los legisladores decidieron consultar a

los ayuntamientos y la mayoría se manifestó por la separación. Como

consecuencia de ello, el 29 de enero, a legislatura estatal –desde Cosalá- de

manera unánime solicitó al Congreso de la Unión la declaración de la

separación.45

45 Filiberto Leandro Quintero, op. cit., p. 4.

47

Fue hasta el 13 de octubre de 1830, cuando el Congreso constituyente aprobó la

división, un día después, el congreso local, dio a conocer las pautas pertinentes

para la conformación de ambas entidades.

La nación adoptó el sistema de república federal, precisamente por el peso que

tenían las provincias al redactar la constitución de 1824, los estados precedían y

dominaban en muchas ocasiones el poder central, que en esa época era muy

débil, el país estaba arruinado por las guerras de independencia; la debilidad del

aparato de Estado, por la desaparición de la administración peninsular; la

incapacidad de establecer un sistema fiscal eficaz, en un estado central con

funciones mal definidas, y que tenía que gastar lo mejor de sus recursos en el

mantenimiento del ejército.46

La república federal fincó sus bases en una nueva constitución como estructura

política renovada, sin embargo, aunque se ha señalado que este sistema era

totalmente foráneo e importado de Gran Bretaña, de Estados Unidos y Francia.

Con respecto a este proceso, el investigador Jaime Rodríguez considera que se

fincaron en las bases de los americanos españoles donde ya existían los

conceptos políticos modernos como libertad, soberanía popular y gobierno

representativo, ideas fundadas en el pensamiento clásico de la antigüedad, en

las teorías católicas y en pensadores españoles del siglo XVI y XVII.47

Por otro lado, al promulgarse la ley para la división del Estado Interno de

Occidente, el congreso quedó instalado en Culiacán el 13 de marzo de 1831,

fecha oficial de la creación del Estado Soberano, Libre e independiente de

Sinaloa.48

El Congreso nombró como gobernador a Francisco Iriarte y vice gobernador a

Fernando Escudero, pero en ausencia de ambos, el 14 de marzo asume

interinamente el cargo Agustín Martínez de Castro. Francisco Iriarte, a pesar de

la incansable lucha que realizó, para la división del estado de occidente, no llegó 46 François Xavier Guerra, México del antiguo régimen a la…, p, 45-46. 47 Jaime Rodríguez, “Organización política de los Estados”, Josefina Zoraida Vázquez, Miño Grijalva (coordinadores) La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, París, UNESCO, TROTTA, Colección Historia General de América Latina, Volumen IV, 2007, p. 234. 48 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa, México, El Colegio de México, FCE, 1999.

48

a tomar posesión, debido a, su delicada salud y muerte en septiembre de 1832,

fue Fernando de Escudero quien tuvo que tomar interinamente posesión del

cargo.

Por su parte, el Congreso del Estado -en el cumplimiento de sus funciones-

sancionó la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que se ceñía a los

lineamientos del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y de la Constitución

Federal de 1824. Pero además de someterse a estas leyes generales, los

diputados integran algunos principios liberales que la carta magna no tenía,

como la prohibición de la adquisición de propiedades de las manos muertas, en

el artículo diez; el otorgar garantías individuales como la libertad individual y de

seguridad personal, el libre uso de la prensa, el derecho de propiedad, e igualdad

ante la ley y el derecho de petición.49

Los grupos en aras de obtener el poder político del estado, provocan

movimientos de inestabilidad en la administración de Manuel María Álvarez de la

Bandera, pues no era adepto a sus intereses, ya que en 1834 el clan de la

Vega50 ofreció un soborno a las fuerzas militares federales, al mando de Carlos

Cruz Echeverría y el coronel José Urrea, para derrocar al gobierno y buscar

posesionarse del poder ejecutivo. Más el gobernador ofreció resistencia hasta el

23 de enero de 1835, fecha en que renunció a su cargo, por las presiones locales

y la del comandante militar del estado, José Mora, enviado por el presidente

Antonio López de Santa Anna, a partir de este suceso empezó así la dominación

política del clan de la Vega que prolongaría por caso veinte años. 51

Sin embargo, en 1836, Antonio López de Santa Anna, optó por otro régimen, la

república central, y desconoció la carta magna. Sinaloa como los demás

estados quedó conformado como un departamento. El periodo centralista abarcó

de 1836 a 1846.52

49 Ibíd, p. 191. 50 Clan aglutinado en torno una familia que tenía asentado poder económico en Culiacán durante varias décadas y que en los siguientes apartados se desarrollara más ampliamente. 51 Ibíd., p. 192-193. 52 Filiberto Leandro Quintero, op. cit., p. 17.

49

El Gobierno de Santa Anna, ordenó en Sinaloa, el nombramiento de un

encargado del Gobierno del Departamento, que recayó en Pedro Sánchez, quien

a la vez era el Comandante de la guarnición en Mazatlán, y fungía como primer

vocal y presidente de la junta Departamental para sustituir al Congreso. Además

se declaró que las leyes sobre prescripciones, reformas religiosas, es decir,

donde se establece que las manos muertas no pueden adquirir bienes raíces en

el estado, son contrarias a la voluntad del Estado, y por ende derogadas junto

con la ley de imprenta y la de no reelección.

Pero esta etapa de centralismo no gozó siempre de estabilidad, pues el 7 de

noviembre de 1844, la guarnición de Mazatlán, se pronunció por el plan de

Guadalajara, desconociendo al gobierno de Santa Anna y recobrándose esta

plaza a favor del federalismo, que se restableció con exactitud, en agosto de

1846, fecha en la que Rafael de la Vega apareció como gobernador después de

la expedición de la convocatoria para elecciones.

Pero las facciones centralistas, no conformes con esto, al año siguiente

realizaron pronunciamientos en el puerto a favor de Santa Anna, para colmo de

males la intervención Norteamérica, los sorprende en medio de esta crisis,

Mazatlán poca resistencia ofreció contra los intervencionistas, no se hizo nada

para defender el puerto, el comandante militar del gobierno general Rafael Téllez,

que había sido nombrado protector de la Alta California, precisamente por la

amenaza extranjera, tenía a su mando una importante sección de tropa, pero sin

oponer resistencia desalojó la plaza, casi de manera inmediata.

En cambio, de 1847 a 1852, lo que se observa es que en Sinaloa existía una

relativa calma en cuanto a las luchas entre centralistas y federalistas se refiere, lo

que si es notable son las luchas de poderes locales, donde la elite política de

Culiacán protagonizada por la familia de la Vega, se enfrentaba de manera

abierta contra los comerciantes de Mazatlán.

En 1852, al tomar posesión Francisco de la Vega, quien realizó reformas

hacendarías, encontró grave oposición con los mazatlecos debido a la renuencia

de acatar las disposiciones. Debido a ello, Pedro Valdés, Comandante de la

50

guarnición, se puso a la cabeza de un movimiento sedicioso que logró derrocar

al gobernador para quedar al mando del poder ejecutivo y posteriormente

sumarse a las causas centralistas.

Durante el periodo santanista, la relación entre los gobernadores de los

departamentos, presidentes de ayuntamientos y prefectos municipales con el

Gobierno Central, se hacían de manera directa, las ordenanzas y disposiciones

se enviaban desde el centro; los nombramientos de miembros de gobierno

departamental, del ayuntamiento y del municipio, se proponían al Presidente de

la República, y después del visto bueno, eran expedidos los nombramientos.

Más el centralismo y el despotismo adoptado por Santa Anna, suscitó un

movimiento nacional en su contra, así que en 1854 Juan Álvarez e Ignacio

Comonfort, se pronunciaron a favor del republicanismo y contra el dictador,

mediante el Plan de Ayutla. También se pugnaba por una nueva constitución.

Ante esta amenaza, en mayo de 1854 la prefectura de Mazatlán recibió una

circular53 enviada por el mismo Santa Anna donde prevenía a los empleados de

la administración pública de ese Departamento para al recibir el plan de

proclama de Don Juan Álvarez, entregaran los documentos a la primera

autoridad política, ya que al ser encontrados en su poder, serían juzgados y

castigados conforme a las leyes. 54

En Sinaloa en ese mismo año se levantó en Mazatlán un acta, condenando el

pronunciamiento de Juan Alvárez, y por algunos meses las autoridades del

puerto trataron de mantenerse neutrales en este movimiento, pero el 27 de

septiembre de 1855, declararon en su adhesión en todas sus partes, tal vez

porque tenían noticias que en Guadalajara, Santos Degollado, gobernador

provisional de Jalisco, era el jefe de la revolución con amplias facultades de

Comonfort.

53 Nota que se envió a todas las jurisdicciones de la nación. 54 Archivo Histórico Municipal de Mazatlán, (AHMM), “Circular enviada por el gobernador del Departamento de Sinaloa,” mayo 23 de 1854, Presidencia Municipal, Caja 23 (1852-1860), Exp. 1854.

51

En noviembre de ese mismo año Juan Álvarez, nombró como gobernador nada

menos que a Pomposo Verdugo, miembro de una de las familias de fuerte

raigambre en Culiacán, cacique, con ideas conservadoras, y además

emparentado con los de la Vega. Y con el afán de establecer los poderes

aparentemente democráticos, en contraparte con el sistema centralista anterior,

se publicó el Estatuto Orgánico de Sinaloa el 3 de enero de 1856, que prometía

arreglar la administración interior y respetar las leyes y disposiciones emanadas

del gobierno del general Álvarez.

Además dicho estatuto dividía o reinstalaba al poder público en tres órganos

ejecutivo, legislativo y judicial, depositando en el primero a Pomposo Verdugo por

órdenes del presidente interino, y establecía un consejo como poder legislativo

que se formaría por cinco ciudadanos que se distinguieran por su patriotismo e

ideas liberales recayendo estos puestos en Miguel Ramírez, Agustín Martínez de

Castro, T. Murphy, Lic. Jesús Escudero y Eustaquio Buelna.55

Debido al triunfo de la revolución de Ayutla, en febrero de 1856, el Ministro de

Justicia envío una misiva a todos los gobernadores, y comandantes generales del

país para que colaboraran con la recaudación documentada contra Antonio

López Santa Anna y todos los funcionarios públicos que le sirvieron. Dicha

información debía contener todos los datos que sirvieran para demostrar su

participación, de modo que fuera posible enjuiciarlos para reclutarlos en prisión.56

Más esto parece que no tuvo grandes alcances porque dos meses después de

febrero de 1856, se envía una circular recordando que no había llegado

información sino solo las memorias de la administración que no bastaban para

mostrar la culpabilidad de sus delitos y que en caso de Santa Anna necesitaba

comprobarse también la posesión de bienes que tenía en Veracruz.57

55 Francisco Xavier Gaxiola, “Estatuto Orgánico de Sinaloa de 1856”, en Sergio Ortega Noriega y Edgardo López Mañón (compiladores), Sinaloa textos de su historia, México, Gobierno del Estado de Sinaloa, DIFOCUR, Instituto Mora, 1987, pp. 384-385. 56 AHMM, “Documento remitido del Gobierno del Estado a la presidencia municipal de Mazatlán,” 22 de febrero de 1856. Presidencia 1852-1860, Exp. 1856. 57 AHMM, “Documento remitido del Gobierno del Estado a la presidencia municipal de Mazatlán,” 24 de abril de 1856. Presidencia 1852-1860, Exp. 1856.

52

Pero los conservadores no estaban dispuestos a rendirse tan pronto y en

Mazatlán, el jefe de la guarnición de Mazatlán, se pronunció por el plan de

Tacubaya y la secunda José María Yánez, jefe de la cuarta línea militar en el

país, quien fue nombrado gobernador y regía a través de un consejo compuesto

por cinco personas, más los problemas se sucedían uno a uno, en Cósala, un

grupo de presos dieron libertad a los demás, poniéndose a la cabeza de una

tropa con la que sorprendieron al cuartel, y a las autoridades del lugar y

levantaron un acta apoyando dicho plan, más el jefe de la guarnición del lugar los

derrotó, pero dicha gavilla se reunió nuevamente causando desmanes en Tominil

y San Juan donde fueron definitivamente dispersos.58

Con el apoyo de las fuerzas federales a favor del centralismo, la defensa del

gobierno republicano siguió perdiendo terreno, por ello en julio de 1858, un grupo

de jóvenes liberales del Distrito del Fuerte, iniciaron una insurrección popular en

defensa de la Constitución, y el día 25, Plácido Vega, Ramón Félix y Buelna,

Mariano Delgado, y Manuel Vega. Pesqueira se dirigieron al gobernador de

Sonora, Ignacio Pesqueira, pidiéndole auxilio; quien contestó que apoyaría a los

liberales sinaloenses y mandó establecer sus fuerzas en la ciudad de Álamos,

mientras daba la orden a Jesús García Morales para que cooperara con su

contingente para arrojar a los reaccionarios de Mazatlán.59

Un día antes del pronunciamiento, en la noche del 18 de agosto de 1858, al

celebrarse en la villa de El Fuerte, el festejo del onomástico de la señorita Clara

de la Vega, en la casa de sus padres, don Ponciano de la Vega, Plácido de la

Vega, quien era pretendiente o novio de Clara, en el momento de hacer el brindis

lanzó vivas a la Constitución. Esa noche invitó a todos los allí reunidos, para que

al día siguiente asistieran a una serenata que él ofrecía, misma que fue muy

concurrida, pero a la hora conveniente despidió a las familias, que a la audición

asistieron, quedándose muchos jóvenes comprometidos con el complot, quienes

58 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de…, p. 46-48. 59 Francisco Javier Gaxiola, ”Antonio Rosales”, Revista literarias sobre escritores sinaloenses, México, 1890, p. 43.

53

se dirigieron a tomar el cuartel, y se apoderaron del banco de armas y del cuartel

que a la vez era cárcel. 60

Al día siguiente requisitaron los fondos de la recaudación de rentas e imponen a

algunos vecinos préstamos forzosos, a usanza de los grupos rebeldes, y

procedió Placido Vega a distribuir entre los campesinos algunas tierras de la

propiedad del criollo, Francisco Camilo Orrantia, caique de la región.61

Por otra parte, el día 20, en Culiacán, se pronunciaron, el teniente coronel

Ignacio Martínez Valenzuela y Eustaquio Buelna, contra el mismo Plan de

Tacubaya, mismo que fue secundado por la guarnición, quedando preso el jefe

de la misma, coronel Ochoa y a su vez en Concordia, se pronunciaron, por lo

mismo, un mes después.62

García Morales, esperó a las fuerzas unidas de Sonora y Sinaloa, a las que se

incorporó una fuerza de Chihuahua, finalmente toman por asalto Mazatlán, el 6

de abril de 1859, Ignacio Pesqueira,63 luego de fungir como, gobernador de

Sonora y provisional de Sinaloa, nombró a Plácido Vega, jefe del ejecutivo del

estado.

Aunque en Sinaloa se puede decir que triunfó el liberalismo, la lucha continuó en

el resto del país, y para Plácido Vega, era muy importante consolidar al

movimiento para evitar trastornos que demoraran la derrota de los

conservadores, la rebelión indígena de Manuel Lozada, asechó a Sinaloa y para

contrarrestar su avance se recurrió al préstamo forzoso, el cual se hizo en

muchas ocasiones para atraer recursos para la guerra.

Para cerrar este apartado es necesario señalar que las propuestas de

institucionalidad con un régimen de gobierno libre y soberano, que a la vez

formaría parte del sistema federal, surgió desde el llamado Estado Libre de

60 Filiberto Leandro Quintero, op. cit, p. 436 - 437. 61 Ibíd. 62 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de…, p. 48. 63 Liberal, Juarista, entonces gobernador de Sonora, máximo representante en la lucha contra el conservadurismo en el noroeste del país, que entró en relaciones con los liberales del Fuerte ofreciendo su ayuda al movimiento encabezado por Placido Vega en 1858. Pesqueira al mando de su ejército que unido con el del caudillo sinaloense, toma Mazatlán el 3 de abril del siguiente año.

54

Sonora en 1823, que comprendía a las antiguas provincias de Sonora y Sinaloa,

posteriormente como Estado Interno de Occidente que va de 1824 a 1830 y

finalmente cuando las provincias se separaron y cada una conformó su estado.

Por su parte Sinaloa en la Constitución local de 1831, asentaba preceptos

liberales en diversas materias tales como desamortización de manos muertas,

ciudadanía, libertad de expresión, derecho de imprenta, más su vigencia duraría

poco tiempo, cerca de cinco años pues la decisión de optar por el régimen

centralista la dejó inaplicable.

De 1836 a 1847, los conservadores ejercieron el poder en la capital del estado,

el puerto de Mazatlán, residiendo allí los gobernadores del régimen centralista,

que casi siempre eran los propios comandantes militares; y los años sucesivos

se caracterizaron por una lucha en la que los federalistas a veces retomaron y

otras perdieron el poder, fase que se prolongaría más de diez años.

No obstante, en esta etapa surgió una propuesta liberal, curiosamente durante la

administración de Francisco de la Vega64 promulgaron una nueva constitución

para Sinaloa en 1852, misma que tuvo como redactores a Ignacio y Miguel

Ramírez, prominentes liberales, con experiencias en gobiernos en otros estados

de la republica. Más debido a una serie de conflictos políticos, donde los actores

principales fueron el clan de la Vega de Culiacán y los comerciantes de Mazatlán,

la constitución no se adoptó y el centralismo perduró tres años más hasta que en

1855 la revolución iniciada en Ayutla derrocó a Santa Anna, se nombró

presidente provisional a Juan Álvarez y este a su vez decidió que Pomposo

Verdugo, ejerciera el mando del gobierno de Sinaloa, restableciendo el sistema

de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.

Al parecer la propuesta política liberal emanada de los líderes e ideólogos

mexicanos no se había consolidado en Sinaloa, pues entre 1855 y 1857 el estado

se enfrascó entre las diferencias de los grupos locales y los pronunciamientos

64 Cacique y caudillo, originario de Culiacán, miembro del clan de la Vega, que ejerció gran dominio político y económico gracias al comercio ilegal por el puerto de Altata y a la condición de privilegio por figurar en los escaños altos de la política estatal. Sobre esto volveremos más adelante.

55

externos que hacían eco en ciudades como Mazatlán, Culiacán o El Fuerte a

favor o contra el sistema republicano.

El movimiento liberal ya contaba con fervientes defensores en Sonora, así que

los vínculos sociales se ejercieron con jóvenes del Fuerte, para concretizar un

pronunciamiento político a favor del juarismo en 1858, tomando finalmente en

abril de 1859 Ignacio Pesqueira, gobernador de Sonora, la capital del Estado

sinaloense, al unir sus fuerzas con las de un hombre que se empezaba a

vislumbrar como un caudillo fuerte, capaz de emprender la lucha por la causa

republicana, Plácido Vega.

2.2.- La incidencia del clero en la vida pública.

A la par de los poderes civiles, durante las primeras tres décadas del Sinaloa

independiente, una institución de fuerte raigambre fue la iglesia. Misma que se

estableció como institución de gran trascendencia en el noroeste gracias a la

herencia de los jesuitas en los siglos de la época colonial, que legaron una gran

cantidad de parroquias que aún en el siglo XIX muchas de ellas se conservaban

en algunos pueblos, propagando la educación en los indígenas, a la vez que la

doctrina cristiana en un sin número de fieles.

Su desarrollo como institución tiene sus propias lógicas y particularidades con la

creación del obispado de Sonora en 1779, tenia como objeto que el territorio de

la Intendencia de Arizpe, se mantuviera integrada al poder de la Corona, los

obispos actuaban más como ministros del rey que como pastores, pues

respaldaban plenamente la política del monarca.65 Además, la posición de

autoridad que tenían en el régimen colonial les permitió ejercer gran influencia

en la política, ocupando puestos e incidiendo en la toma de decisiones de

carácter civil, el obispo de Sonora y Sinaloa Fray Bernardo del Espíritu Santo,

quien ocupó el cargo de 1817 a 1825, ejerció gran influencia en la política del

noroeste, fue diputado de la Junta Provisional Gubernativa de 1821, gracias al

65 Sergio Ortega, Breve historia de Sinaloa … p. 145.

56

apoyo incondicional que siempre le tuvo Agustín de Iturbide, al que demostró

gran fidelidad, además fue diputado de la provincia de Arispe en 1822.

Estuvo mezclado en la política, sirviéndose de ésta para dominar Sonora y

Sinaloa, en dos presbíteros confió la ayuda para lograr el poder, Miguel Maria y

Carlos Espinoza de los Monteros. El segundo fue diputado en la junta provincial

de 1822 a 1824. El hermano de ambos, Fernando, fue nombrado jefe político de

la provincia de Sinaloa y así es posible comprender que el dominio del poder civil,

tuvo influencia directa de los representantes de la iglesia, que era una de las

herencias coloniales, y que en la ocupación de los cargos públicos más

importantes evidenció durante mucho tiempo los vínculos tradicionales entre la

clase clerical.66

La presencia del clero se manifestó de forma palpable en el Congreso

Constituyente del Estado Libre de Occidente, de 1824-1825, donde de once

representantes tres eran sacerdotes, Francisco de Orrantía, Carlos Espinoza de

los Monteros, y Antonio Fernández Rojo; en la primera legislatura de dicho

estado de 1826 a 1828, estuvieron José Salvador Salido, Juan Crisóstomo Elías

González y en 1828-1830 sólo el cura Antonio Fernández Rojo y en la tercera de

1830-1831 únicamente Juan Francisco Escalante y Moreno.67

La influencia política que ejerció Fray Bernardo del Espíritu Santo sufrió una

trascendente caída, debido a su absolutismo y su fobia a la forma democrática de

gobierno, se convirtió en un blanco de ataque de los criollos, entre éstos

Francisco Iriarte, los de la Vega, etc., que esperaban la oportunidad para

apoderarse de los destinos de la región.

Por otra parte el obispo recibió una queja de los vecinos de Tepahui jurisdicción

de Navojoa, que involucraba a los hermanos Espinoza de los Monteros,

protegidos suyos. La manifestación se turnó por escrito al Ministerio de Estado y

Negocios Eclesiásticos, y el titular del mismo se dirigió al prelado para dejar en

66 Antonio Nakayama, ”Fray Bernardo del Espíritu Santo, Quinto Obispo de Sonora”, Sergio Ortega Noriega, Sinaloa Textos de su historia…p. 119. 67 Antonio Nakayama, El Estado de Occidente, espejismo y fracaso de… pp. 137-138.

57

claro que los párrocos y eclesiásticos deberían abstenerse de mezclarse en

asuntos profanos y políticos, debiendo sujetarse al ejercicio de sus funciones.68

Fray Bernardo contestó de forma poco diplomática e irresponsable al presidente

Guadalupe Victoria, y finalmente este incidente terminó con un documento donde

el obispo aceptó respetar y reconocer la suprema autoridad del poder ejecutivo.

Al efectuarse las elecciones para diputados constituyentes del Estado Libre de

Occidente el obispo que ya tenía sus candidatos lucho por nulificar a los de sus

enemigos, que precisamente también eran presbíteros, Francisco de Orrantia y

Antonio Fernández Rojo. Al primero lo culpó de supuestos delitos y al segundo lo

suspendió del curato, pero al final siempre lograron entrar a la asamblea.

Después la lucha continuó en asamblea cuando los diputados enemigos del

obispo decidieron reformar los aranceles eclesiásticos, solo que no ganaron la

pelea porque el asunto caía en la jurisdicción federal y no en el estado. 69

Pero tardo muy poco este personaje en expresar su oposición a las ideas

democráticas, pues en un documento titulado “Defensa de la soberanía” del

altísimo” donde defendía el dogma católico pues lo consideraba insultado por los

liberales y repudiaba el proyecto de república en México.

La autoridad política que había alcanzado alrededor de el se encontraba en

declive recibía ataques del Congreso local, y de algunos puntos populosos del

noroeste y de la ciudad de México, aunque contaba con elementos fieles no le

alcanzó pues la fuerza que tenían la habían obtenido a través del obispo.

Después de su muerte en 1825, la diócesis de Sonora estuvo vacante, por trece

años, hasta que en 1837, España reconoció la independencia de México y el

papa se atrevió a nombrar obispo, don Lázaro de la Garza y Ballesteros. El

nombramiento fue aceptado por los gobiernos de Sonora y Sinaloa, sin

inconvenientes.70

68 Antonio Nakayama, Sinaloa un bosquejo…p.254. 69 Ibíd. 70 Antonio Nakayama, “Lázaro de la Garza y Ballesteros, padre de la cultura del noroeste”, Sergio Ortega Noriega, Sinaloa textos de su historia…, pp. 327.

58

Según Antonio Nakayama, en 1842 principió una de las etapas más prolíficas del

obispado, pues se inició la construcción de la catedral en Culiacán y se erigieron

los colegios San Juan Nepomuceno, y Santo Tomas de Aquino y se fundó el

panteón San Juan.

Además se inició una preocupación por la formación educativa de jóvenes que se

inclinarían por el sacerdocio o bien por una vida civil fue de gran importancia,

primero porque se necesitaban hombres dedicados a la entrega pastoral y por

otro lado el Seminario y los Colegios permitieron establecer vínculos estrechos

con las elites poderosas y con la clase instruida de la región. El Seminario

Tridentino de Sonora y Sinaloa, espacio por excelencia para obtener la

instrucción educativa para los hijos de las clases prominentes, siendo los clérigos

los encargados de una educación formal que incluían además de los

conocimientos para enfrentar la vida, la pretensión de que no se apartaran del

temor de Dios, que fueran atentos a las cosas espirituales, pero su vez se

generaban lazos o vínculos con las familias pudientes en el constante trato

formativo de los alumnos.

La iglesia católica conservó la ingerencia en la vida publica, pues aún después

de la independencia se observaba el respeto y la cercanía que los hombres del

gobierno tenían con los clérigos, de tal forma que, durante el gobierno de

Joaquín de Herrera, presidente interino un año, entre 1844 y 1845, en un

documento enviado por el gobernador a la prefectura de Mazatlán, el presidente

del país, ordenó que en todas las iglesias, catedrales, parroquias y conventos se

hicieran oraciones solemnes por su Santidad Sr. Pio IX, durante tres días, a

donde habían de asistir el ultimo de esos días, a la iglesia metropolitana el

presidente de la república; y en las respectivas capitales, los gobernadores y los

jefes políticos de los demás territorios. Comprometiéndose además a realizar un

donativo de veinticinco mil pesos en clase de voluntario destinados al pontífice.71

En poco tiempo quien requeriría recursos económicos de parte de la institución

eclesiástica fue el gobierno civil, que con la emergencia provocada por la guerra 71 AHMM, Correspondencia del prefecto del Distrito de Mazatlán, marzo 16 de 1849, Presidencia Municipal 1849-1860, Caja 23, Carpeta 1849, Exp. 3.

59

con los Estados Unidos de América en 1847, y con el afán de los gobiernos por

allanarse de recursos para evitar la invasión de las tropas norteamericanas, los

legisladores de la cámara nacional, decretaron el 13 de enero de ese mismo

año la Ley de manos muertas para proporcionarse hasta quince millones de

pesos.

La iglesia que tenía noticias de que con esta decisión resurgían las ideas

liberales, rechazó el decreto, y por su parte Don Lázaro de la Garza y

Ballesteros, obispo de Sonora a través de una carta pastoral, publicada en

Culiacán, se manifestó en contra de la hipoteca o venta en subasta pública de los

bienes del clero. Considerando como tales a las fincas rusticas y urbanas

propiedad de las corporaciones civiles o eclesiásticas de la república que se

establecieron con el carácter de duración perpetua o indefinida.72

El obispo, al contestar la circular que le había enviado el ministerio de Justicia y

negocios eclesiásticos en la misma fecha, señaló no estar en sus arbitrios ni dar

a los bienes de esta sagrada mitra otro destino sino el que la iglesia decidiera, ni

sujetarlos para su manejo a otros reglamentos ya que juró guardar las leyes de la

iglesia, mismas que no permitían la observancia de dicha disposición.73

Aunque existieron una serie de proyectos sobre bienes eclesiásticos que

provocaron fricciones entre el Estado y la iglesia en México, durante varias

décadas, lo cierto es que nunca llegaron para quedarse de forma definitiva, pues

continuamente se derogaron, debido a, los cambios políticos originados por las

revoluciones.

Por tanto, la iglesia y el Estado siguieron conservando una relación muy

estrecha, resolvían algunas diligencias entre ambos, por ejemplo, en el gobierno

general uno de los ministerios se encargaba de la justicia, negocios eclesiásticos

e instrucción publica, se coordinaban las autoridades civiles y eclesiásticas, de tal

manera que, como prueba de esto, en febrero de 1854, el presidente dispuso que

en todas las escuelas de la república se enseñara la doctrina cristiana por el

72 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Colecciones especiales, (BPEJ), Cartas sobre diversas materias del obispo, Lázaro de la Garza y Ballesteros, 1847-1867, Miscelánea N. 636. 73 Ibíd.

60

catecismo del padre Ripalda, aprobado, por su puesto, por el arzobispo de

México.74

La recolección de diezmos se hacía por los gobiernos municipales y era

canalizada a los clérigos, o bien la comunicación necesaria entre gobernador y

obispo cuando se iniciaba la construcción de parroquias, se propone una terna

para nombrar a un encargado de coordinar la edificación, que a la vez se haría

cargo de administrar los donativos de los vecinos, de dicha terna el obispo

concede el honor a uno de ellos y se envía la resolución que se hace llegar al

prefecto municipal. 75

De forma definitiva los estrechos vínculos entre la elite eclesiástica y la elite

política empezaron a romperse cuando los liberales se dieron cuenta que muchos

de sus problemas hacendarlos, podrían resolverlos eliminando el poder material

de la iglesia, otorgándole solo el espiritual. Dictaron una serie de reformas a las

que consideraban sociales, las cuales empezaron a promulgar desde 1856, con

la llamada ley de 25 de junio de ese año, Desamortización de Bienes

Eclesiásticos, ley que declara nacionales los bienes eclesiásticos, 12 de julio de

1859, entre otras.

Las instrucciones de carácter nacional que los obispos debían acatar se hicieron

llegar al Obispo de Sonora y Sinaloa a través del gobernador Plácido Vega, las

cuales consistían en jurar la constitución de 1857, aceptar todas las leyes bajo fe

de juramento, entregar facturas e instrumentos públicos de los bienes

eclesiásticos, hacer un préstamo de 200 mil pesos al tesoro público, reintegrables

de los productos de los bienes eclesiásticos. 76

Por supuesto, que el clérigo las rechazó y se sumó a las protestas por la

eliminación de los privilegios eclesiásticos y de los bienes de la iglesia, por

medio de varias cartas pastorales, sin embargo, al promulgarse las leyes de

desamortización propuso que todo se arreglara con el papa, pero la lucha se 74 AHMM, Circular que el gobernador de Sinaloa dirige al Presidente Municipal, febrero 27 de 1854, Presidencia Municipal, Caja 23, 1849-1860, Carpeta 1854, Exp. 3. 75 AHMM, Correspondencia del prefecto con el gobernador, mayo 27 y junio 8 de 1856, Presidencia Municipal, Caja 23,1849-1860, Carpeta 1856, Exp. 3. 76 Antonio Nakayama, Realidad y mentira de…, p.104-105.

61

recrudeció y en 1861 fue desterrado del estado y el país, por desavenencias con

el gobernador de Sinaloa, Plácido Vega.

En medio de la intervención francesa en 1866, solicitó su regreso a estas tierras

y el propio gobierno de Sinaloa en manos de los liberales radicados en Culiacán,

aceptó públicamente en su periódico oficial 5 de mayo, el regreso del Obispo

esperando, que estableciera nuevamente el plantel de Instrucción secundaria y

profesional, Seminario Tridentino de Sonora y Sinaloa.

Esto fue posible, gracias a la ley publicada desde el 4 de diciembre de 1860, la

cual abrió las puertas en todo el país a los sacerdotes de todos los cultos de

otras naciones, así que la tan discutida tolerancia de cultos se aceptó y el

gobierno debía proteger a los católicos, gracias a la libertad religiosa. Con esto,

todos los sacerdotes, podían volver al ejercicio de su ministerio, como lo hizo el

obispo de Sonora, Don Pedro Loza pidió permiso para volver a su antigua

residencia en Culiacán, en marzo de 1866, después de permanecer en los

puertos de Mazatlán y Guaymas ejerciendo su ministerio. 77

Los sacerdotes que ingresaron nuevamente al país después del exilio tuvieron

que comprobar que no sirvieron a la intervención, ni al imperio para ser excluidos

de la Ley de traidores, en el caso de Pedro Loza, al radicar ya en Culiacán,

recibió un certificado que le extendió el presidente del ayuntamiento de Culiacán,

Tomás Gómez, donde confirmaba que el prelado no participó con los

imperialistas que realizaron saqueos en esta ciudad, este documento fue

enviado, a la Secretaría de Estado y el Despacho de Hacienda y Crédito Público,

consiguiendo la certificación para quedar libre de tales acusaciones.78

El rol de la iglesia en la institucionalidad sinaloense fue clara, pues en materia

política, los clérigos ocuparon cargos en los congresos locales, incidieron en

decisiones para puestos como gobernador y en las primeras constituciones

sobre todo la del Estado Interno de Occidente, fueron pieza clave para la

77 El Cinco de Mayo, Periódico del Estado de Sinaloa (CM) Culiacán, 10 de marzo de 1866, N. 3., p. 25. 78 DO, Juicio que llevó a cabo Joaquín de la Vega, 23 de marzo de 1869, N. 82, F. 159.

62

elaboración de la constitución que serviría de base a la del posterior Estado de

Sinaloa en 1831.

Los clérigos al visualizar el movimiento liberal republicano que buscaba fortalecer

el poder civil y romper los vínculos políticos con el eclesiástico en sus diferentes

etapas, como el de 1833 con Valentín Gómez Farias, o el de 1857 y 1859 de

Ignacio Comonfort y Benito Juárez, 79 reaccionaron defendiendo sus intereses

convocando a la defensa de la fe. Sin embargo, terminado el largo proceso de

lucha civil, fue necesario conciliar con el gobierno mexicano para reordenar y

reedificar la administración eclesiástica y fortalecer la vida espiritual tan

degradada por los enfrentamientos armados.

Así, el proceso de secularización que tantas rencillas causó permitió la

separación del poder civil y el eclesiástico y cada uno de estos se conformaría

como una esfera separada, con respeto mutuo e independencia para fortalecerse

interiormente.

2.3.- Clanes familiares, institucionalidad y vida pública.

Tras la caída del dominio español, en los territorios de la Nueva España, los

puestos administrativos que anteriormente se reservaban para los peninsulares,

fueron ocupados por los residentes de la república; las clases pudientes de las

provincias vieron la posibilidad de colocarse, mantenerse y perpetuar el poder

político en sus manos.

Con el debilitamiento del marco institucional central de la república y de las

funciones administrativas de los gobiernos estatales, debido a, la continua

amenaza de guerra, por las intervenciones extranjeras, revueltas etc, se

acrecienta la privatización absoluta del poder en manos de potentados locales.

Los cuales empiezan a actuar con sentimientos de los representantes de Estado

liberándoles de funciones administrativas y de justicia que no alcanzaban a

ejercer, por otra parte, en una entidad tan lejana del centro del país, o del lugar

79 Proyectos de los que más adelante se detallará al hablar del proceso y reacción de la constitución de 1857 y de las Leyes de Reforma.

63

de donde despachaba el ejecutivo nacional, les permitió ejercer un dominio sin

precedentes.

Aunque en política al revisar la prensa de la época se habla de ciudadanos,

elecciones, partidos, opinión pública, mayoría, oposición, pueblo, nación,

prosperidad, al analizar desde otra perspectiva, también se perciben situaciones

que pueden chocar con esta terminología parece que todo pinta con buenas

intensiones, pues se descubre que hay rebeliones, alzamientos, motines,

revueltas, enajenación y ocupación de terrenos, manifestaciones contra las leyes,

contrabando marítimo, confiscación de bienes, reos políticos, que nos permiten

adentrarnos en una realidad que se aleja del universo político moderno, a la que

tanto se alude para percibir que estos grupos están integrados por vínculos

esencialmente tradicionales, que las elites de dominio se cohesionaron a través

del parentesco, amistad, fidelidad, lealtad.

En Sinaloa los grupos del poder político se ligaban por el parentesco cercano

como hijos, hermanos, primos, y de más, se cohesionaron por lazos afectivos e

intereses comunes y solidarios que casi siempre tenían que ver con lo económico

y con el afán de poder. Otro tipo de vínculo que no necesariamente era de sangre

pero si espiritual, porque tiene que ver con el catolicismo, es el compadrazgo y

que vino a delimitar muchos de los puestos públicos.

Pero no solo los intereses positivos se heredaban entre las familias sino también

los conflictos, los odios, las venganzas, las inconformidades que enfrentaron a

familias y descendientes, aún estando separados por generaciones.

A principios de la tercera década del siglo XIX, al haberse ya separado Sonora y

Sinaloa, tras las luchas por la institucionalidad política, que habían sacado del

escenario a Fray Bernardo del Espíritu Santo, los políticos sinaloense quedaron

divididos en facciones, siendo esto más obvio en Culiacán, donde familias como

Fernández Rojo, Verdugo, Espinoza de los Monteros, de la Vega y otras, se

enfrascaron en pleitos mas banales, así que al nombrar el primer gobernador

estaban divididos y el puesto recayó en quien se encontraba a la cabeza de una

familia de Cosalá, Don Francisco Iriarte.

64

La familia Iriarte era dueña de propiedades mineras de mucha importancia, con

una gran fortuna y con haciendas de labor. Don Francisco Iriarte alcanzó

puestos políticos aún estando unidas las provincias de Sonora y Sinaloa en 1824,

apareció, primero, como jefe político; después, en octubre, el Congreso nombró

como gobernador a Simón Elías González, y a él vicegobernador, pese a sus

protestas de no aceptar el cargo. Su mayor logro fue la separación de Sonora y

Sinaloa, por ello fue nombrado nuevamente gobernador en 1831, pero no pudo

tomar posesión del cargo porque se le concedió una licencia de seis meses para

salir a la capital de la República a curar sus enfermedades. 80

Los nexos políticos que alcanzó Francisco Iriarte, además de ser tradicionales

pues se decía que estaba emparentado con el entonces Presidente de la

república Guadalupe Victoria, parentela que le venía de su antecesores en

Durango, pero además era en Sonora y Sinaloa la cabeza visible del rito

masónico escocés, vínculo social de carácter moderno que cohesionaba a buena

parte de los políticos mexicanos.

Al no poder ocupar el puesto Francisco Iriarte por su enfermedad el mando

recayó, después de un interinato, en el vice gobernador Manuel Maria Álvarez de

la Bandera, del clan de Cosalá. Su periodo solo duró dos años, pues el grupo de

Culiacán promovió una revuelta con las fuerzas federales derrotando al

gobernador Álvarez de la Bandera, un año después. En hasta 1835 cuando los

de la Vega lograron su objetivo, pues Manuel María de la Vega fue nombrado por

la legislatura, gobernador provisional del Estado, iniciándose así una dominación

política y económica en Sinaloa que se extendió por catorce años.

Al llegar Manuel María de la Vega a la gubernatura en 1835, la familia, ocupó

otros cargos públicos, especialmente en el área de Rentas, donde los beneficios

eran cuantiosos. Su hermano Rafael fue administrador principal de Rentas del

Tabaco en los departamentos de Sonora y Sinaloa, y su hermano Cosme fungió

como administrador y dueño del ramo del tabaco de Culiacán. De estas

prerrogativas se aprovecharon para comercializar el tabaco por medio de la casa 80 Antonio Nakayama, “Don Francisco de Iriarte”, Sergio Ortega Noriega y Edgardo López Mañón (compiladores), Sinaloa textos de su historia… pp. 188-196.

65

comercial Vega Hermanos, de Mazatlán, propiedad de Rafael, Manuel María y

Antonio. Fueron diputados, ministros del tribunal, alcaldes, regidores y miembros

de la fuerza pública.

En el sector minero, los De la Vega obtuvieron cargos claves, como la

Administración de Rentas del mineral de Cosalá, desempeñado por Cruz

Echevarria gracias al apoyo de Antonio de la Vega; y el manejo de Rentas de la

receptoría de San Ignacio con Francisco Rodríguez, cuyo fiador fue Ignacio de la

Vega.81

A partir de entonces, los De la Vega y sus aliados, dominaron el estado, con

grandes beneficios económicos, y sobre todo les sirvió para ampliar y fomentar

sus relaciones comerciales. Dicho beneficio se dio, no sólo a través del cobro de

derechos aduanales, sino controlando el comercio en el centro y norte del

estado, utilizando al puerto de Altata para la entrada de mercancías extranjeras

de contrabando. La extensa red extensa de protegidos que crearon no solo eran

distribuidores de las mercancías importadas sino leales agentes políticos para el

control de las elecciones.

Pero en 1836, al implantarse en el país la República Central, los De la Vega se

vieron afectados en sus intereses, porque el gobernador del Departamento

recibió del centro del país su nombramiento, y éste recaía en el comandante

militar en turno que residía en Mazatlán.

Ante esta situación, los De la Vega inmediatamente movieron sus amplias

relaciones y aprovechan la sublevación de la guarnición de Mazatlán, a la que

persuadieron para que reconociera como gobernador a Pomposo Verdugo,

casado con una hermana de Rafael de la Vega. Al volver, Rafael como

gobernador del Estado, en 1846, encaró una constante lucha contra los

comerciantes de Mazatlán y con el propio gobierno central, que aparentemente

preocupado de la situación de Sinaloa, convocó a una junta en el Ministerio de

Relaciones, con la asistencia del Secretario de este ramo, Anastasio Bustamante,

nombrado jefe del Ejercito de Occidente, y don Juan Manuel Espinosa, enemigo

81 Félix Brito Rodríguez, op. cit., pp. 131-133.

66

de los de la Vega, que hizo que la decisión se inclinara hacia Gumersindo Layja

como gobernador,82 a quien se le expidió el nombramiento con fecha 5 de

septiembre. Sabiendo esto, los de la Vega, ya lo habían mandado desterrar hasta

Tepic.83

Rafael convocó a elecciones para elegir la legislatura que a su vez legitimaría el

poder que le había entregado su cuñado Pomposo Verdugo. Las elecciones se

llevaron a cabo con una serie de irregularidades y después de una intensa lucha

legal que llevo varios meses, en el congreso nacional, De la Vega fue reconocido

como gobernador del estado.

Sin embargo, dejó la gubernatura en marzo de 1848, y tres meses más tarde

falleció inesperadamente. Con este suceso, la élite veguista sufrió un fuerte

golpe, pues su líder, quien planificó la forma en que su familia y seguidores

tomarían las riendas del control político y económico del estado, murió antes de

cumplir los cincuenta años de edad, cuando aún estaba moviendo las piezas que

le permitiría consolidarse como élite en el poder.

Los de la Vega, en lo político alcanzaron el más alto puesto a nivel estatal; en lo

económico lograron acumular una considerable fortuna, prueba de ello es el

establecimiento en Culiacán de la primera fábrica de hilados y tejidos de la

entidad, denominada El Coloso de Rodas; en lo militar estuvieron al frente de sus

tropas para defender su autoridad.84

En el siguiente periodo gubernamental asumió el poder Pomposo Verdugo, quien

gobernó con la oposición de la élite de Mazatlán, que organizaba constantes

motines y levantamientos. En las elecciones de 1852, Francisco de la Vega,

sucesor de Rafael en la jefatura del grupo, se presentó como candidato a

82 Señala Francisco Xavier Gaxiola que Layja –quien era oriundo de la Hacienda de Pericos- apareció desempeñando papeles de importancia hasta 1839; era entonces vocal Suplente del Supremo Tribunal de Justicia, usurpó la presidencia de éste y persiguió a los magistrados que eran partidarios del sistema federal, trato también de hacer armas contra el gobernador Luís Martínez de la Vea logrando alterar el orden en algunos pueblos. Al respecto véase, Francisco Xavier Gaxiola, La Invasión Norteamericana en Sinaloa, 1845-1849, 83 Ibíd., p. 58 y 59. 84 Arturo Carrillo Rojas, La política de las elites, Sinaloa: 1877-1909, Culiacán, UAS/IIES, [Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, inédita], 2000, p. 50.

67

gobernador, y obtuvo el triunfo mismo que no le duró mucho debido a, una serie

de reformas hacendarías y la promulgación de la Constitución local del grupo de

los comerciantes de Mazatlán auspiciaron motines que permitió su derrocamiento

final en marzo de 1853.

Dicho grupo familiar asume nuevamente el poder en 1855, pues al proclamarse

el Plan de Ayutla, Juan Álvarez, jefe de las fuerzas revolucionarias, nombró

gobernadores en todos los estados para contrarrestar el poder centralista al que

habían derrocado, dispuso que sea Pomposo Verdugo, cuñado de Rafael y

Francisco de la Vega quien atendiera la gobernatura.

Los gobernadores en los Estados se convierten en amos y señores de una

región, poseían los destinos de la gente, se movían por sus propios intereses de

familia, administran, explotan y negocian recursos a su antojo, disponían de la

fuerza armada y pueden manipular a la comandancia militar del gobierno general

a su favor cuando sus intereses de grupo son afectados, podían utilizar y

administrar la política a su antojo.

Un ejemplo claro que patentizó el caciquismo fue cuando el gobernador Pomposo

Verdugo, aprovechándose del poder político que poseía, al ver que en un asunto

judicial con los dueños del mineral de Guadalupe de los Reyes, se había

declarado el fallo por la Suprema Corte a favor de la familia Iriarte, y en contra de

la Compañía Vega y hermanos, decide trasladarse al mineral, el 7 de diciembre

de 1855, tomarlo por asalto, sus minas y haciendas acompañado del comandante

general y de casi toda la guarnición del estado, realizando una serie de ultrajes y

saqueos en las casas de los administradores. Apoyado también por un piquete

del escuadrón de seguridad publica de Jalisco. Persigue después, con pretexto

de sedición al gobierno a todos aquellos empleados de la negociación que se

manifestaron en contra del despojo a la familia Iriarte.85

85 BPEJ, Colecciones especiales, Exposición de los hechos concernientes a la ocupación violenta de las minas y haciendas de beneficio de Guadalupe de los reyes en el partido de Cósala que ha motivado la denuncia elevada al Supremo Gobierno de la Unión contra el Exmo. Sr. D. Pomposo Verdugo, por Antonio de Mijares Díaz, Miscelánea N. 196, Cédula N. 3198.

68

Se ha considerado que el encumbramiento de la familia de la Vega de Culiacán,

tuvo su fase culminante cuando Francisco de la Vega perdió la gubernatura en

manos de Pedro Valdés, jefe militar que por influencia de los comerciantes de

Mazatlán, comandó un movimiento incluso de separación del puerto, sin

embargo, tal vez ya no alcancen durante mucho tiempo el poder ejecutivo del

Estado, pero sus descendientes, Joaquín, Ignacio, Adolfo, Miguel de la Vega, en

el Distrito de Culiacán, en ayuntamiento propiamente, seguirían ocupando

puestos como tesoreros, presidente del ayuntamiento, y regidores.

El primero de ellos fue diputado federal en la administración juarista, y el último

juez del poder judicial en 1868. La explotación comercial les permitió sostener la

riqueza familiar y los intermediarios comerciales no terminaron de la noche a la

mañana, pues siguieron ejerciendo dominio en este sector, de tal forma que, uno

de sus administradores José Roiz gozaba de gran favoritismo en la aduana

marítima de Altata. 86

2.4.- La influencia de los comerciantes de Mazatlán.

A raíz de la independencia se favoreció un proceso de desarrollo comercial en el

puerto que atrajo a alemanes, franceses, ingleses y españoles que ya sea por su

cuenta o en representación de casas comerciales de Londres, Hamburgo, Bilbao,

Bremen, entre otras arribaron al puerto y se favorecieron con las importaciones

provenientes de Europa y estados Unidos principalmente, además se vieron

beneficiadas con la ampliación de un mercado regional que comprendía a

Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Baja California y Alta

California.87

Las casas comerciales que se establecieron también hacían préstamos a

agricultores, mineros, y a funcionarios públicos mismos que utilizaron los créditos

para cubrir gastos de la entidad, y en los periodos de guerra el endeudamiento

era mayor. Así las actividades de los comerciantes se ligaban con los miembros 86 Archivo Municipal de Culiacán (AMC), Actas de cabildo, de 1873 y 1876. 87 Luis Antonio Martínez Peña, “Mazatlán historia de su vocación comercial (1823-1910)”, Arturo Carrillo Rojas, Guillermo Ibarra Escobar (coordinadores), Historia de Mazatlán, Culiacán, UAS-H. Ayuntamiento de Mazatlán, 1998, p. 94.

69

de la política, por lo cual estaban al tanto de conflictos militares y revueltas de

gran alcance.

Los caudillos aprovecharon estas relaciones para establecer alianzas con los

intereses de las compañías comerciales, a través de los cónsules o bien

representantes de los negocios de transacción, que muchas veces se

favorecieron con revueltas y rebeliones para evadir pagos aduanales.

El movimiento mercantil puso a Mazatlán como el primer puerto del pacífico, los

comerciantes extranjeros establecidos eran las personas más poderosas

económicamente de la zona y empezaron a competir con los grupos de poder de

otras ciudades, como El Rosario, Cosalá, y Culiacán.88

Entre estos comerciantes figuraban José Martín Echeguren, español, Pedro Fort,

francés, además Lino Arizqueta, también español, Agapito Somellera, entre otros,

que intervinieron de formas palpables en la política de la entidad pues sus

intereses comerciales estaban en juego, al introducirse el sistema de alcabalas

por el de impuesto directo.

Con Culiacán se presentó una rivalidad teniendo como razones de peso en un

principio las desavenencias por el comercio, pues la familia de la Vega ejercía la

mayoría de los puestos gubernamentales en el estado y se favorecía como ya se

mencionó, así que pronto esto incentivó la codicia de los comerciantes por la

situación de desventaja en que realizaban su actividad. Tal fue el caso que

durante la intervención norteamericana, en 1847, el gobernador Rafael de la

Vega y Rafael Téllez, enviado del gobierno central para proteger el avance de los

norteamericanos en el noroeste, se enfrascaron en una lucha pues el segundo

de estos en contubernio con los comerciantes extranjeros inició una revuelta

contra el gobierno del Estado.

Los comerciantes de Mazatlán tuvieron la ventaja de que en el puerto residía la

capital del estado, la comandancia militar y por supuesto autoridades federales

como la jefatura de aduana marítima. Estos comerciantes ejercieron gran

influencia sobre los militares y otras veces manipularon sus acciones en beneficio 88 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sinaloa…, p. 195.

70

propio, al incitar revueltas o motines para descargar la mercancía de contrabando

acrecentando sus riquezas monetarias, o bien negociando directamente con los

empleados u oficiales de la aduana para no pagar impuestos.

En 1852, la decisión del gobernador Francisco de la Vega de sustituir las

alcabalas por un impuesto directo, abrió una vez más el conflicto con los

cónsules residentes en Mazatlán y algunos comerciantes nacionales.89

Como efecto de esto entra a escena un militar que acaudilla un movimiento que

al final buscaba separar políticamente a Mazatlán, suceso que ya se detalló en

páginas anteriores. Este caudillo era un oficial militar de nombre Pedro Valdés,

que se sumó al plan del 13 de septiembre de 1852 dado en Guadalajara que

culminó con la deposición del general Mariano Arizta, y el regreso de Antonio

López de Santa Anna, quién reconoció a Váldés como gobernador interino del

Estado.

En Mazatlán eran constantes los motines y alzamientos, provocados en la

mayoría de los casos por los comerciantes, quienes a la hora del desembarco de

sus mercancías y el embarque de metales preciosos como plata y oro,

sufragaban rebeliones para que el desorden les permitiera no pagar impuestos, al

mismo tiempo se hacían llamar cónsules honorarios y intervenían en asuntos

políticos, en muchas ocasiones amenazaron con la intervención militar de sus

países de origen y no pocas veces realizaron bloqueos en el puerto para no

permitir ni entrada ni salida de las embarcaciones.

Eran una clase comerciante fuerte que se valía de los funcionarios coludidos con

sus intereses y cuando no se veían favorecidos por el gobierno, organizaban

masas de individuos, recurriendo al motín del pueblo, mismos que ya

enardecidos asaltaban a las sedes del gobierno, la aduana marítima, paralizando

la ciudad.

Eran frecuentes las constantes reclamaciones de los extranjeros, ingleses,

alemanes, franceses, norteamericanos, que entorpecían la campaña contra el

conservadurismo, claro es que las potencias extranjeras al no estar de acuerdo 89 Luís Antonio Martínez de la Peña, op. cit., pp. 98 y 99.

71

con el triunfo liberal y sus marinas de guerra lo reflejaron, en algunos casos

evidentes, cuando el gobernador, Pesqueira de Sonora, apoyando al grupo de

jóvenes liberales que se manifestaron en el Fuerte, intentaron tomar Mazatlán, la

Fragata de Guerra inglesa, Alarma, captura al pailebot nacional Iturbide, armado

por los constitucionalistas, que tiene como objetivo hostilizar la plaza por mar y

bloquear el puerto con el apoyo de otras embarcaciones. 90

Mientras el gobernador, se encontraba tratando de resolver los problemas con la

marina inglesa, debido a que, un juez dictó el decomiso de sus mercancías por

contrabando, se descubrió una conspiración, por parte del comerciante español,

Martín Echeguren y un capitán conservador, que anteriormente había sido

perdonado llamado Higinio Seguame, solo que esta vez no corrió la misma

suerte, pues fue fusilado; el comerciante español, era uno de principales

instigadores de los motines y asonadas que continuamente estallan en el puerto

y para no correr la misma suerte que el capitán huyó a España.91

Todos estos factores y las diferencias con los demás grupos de poder del resto

del Estado, se conjugaron de tal manera que, por mucho tiempo se manifestaron

alborotos públicos, cuestiones internacionales, repentinos cambios de

gobernadores y autoridades residentes en Mazatlán, o bien desavenencias de los

oficiales de las aduana con particulares como el caso de un súbdito español de

nombre José Rois, residente de Altata, consignatario de los comerciantes de

estas costas, representante de casa Barrón y Compañía, con sede en Tepic,

que entró en conflicto con los empleados de la aduana que conseguía que estos

fueran removidos constantemente.92

90 Antonio Nakayama, Realidad y mentira de…, p. 59. 91 Ibíd, p. 68. 92 CM, 26 de mayo de 1866. p. 64.

72

2.5.- Organización de los poderes públicos y sus cambios constitucionales con la reforma liberal.

2.5.1.- El poder legislativo y el ejecutivo.

En 1823, una vez que México adoptó el sistema de gobierno federal, los poderes

se dividieron para su ejercicio en: ejecutivo, legislativo y judicial, a partir de

entonces, el poder legislativo, Congreso de la Unión, se conformó como una

asamblea única soberana con un amplio abanico de poderes.

Al poder legislativo, se le concedió amplio dominio sobre el presidente, a partir

de la formulación de la constitución de 1857, al ser esta el resultado de la

revolución de Ayutla, donde un grupo de liberales derrocó a la dictadura de

Santa Anna y por ende tuvo como herencia contrarrestar el poder que el ejecutivo

podía ejercer.

El ejecutivo se conformó como un cuerpo amplio de acuerdo al sistema federal,

donde figuraba el presidente de la república con sus respectivos secretarios a

cargo de las instituciones del gobierno nacional. Aunque la Constitución de 1857,

limitó sus facultades, al no poder ejercer ningún medio legal de presión sobre el

congreso, ni siquiera eran libres de crear nuevos ministerios, ni de nombrar a sus

diplomáticos, ni conferir grados militares superiores a coronel.

Pero ningún presidente actuó dentro de los limites de estos preceptos, incluso,

Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada gobernaron con suspensión de

ciertas garantías constitucionales, a pesar de lo establecido en la constitución

ellos ejercieron un poder muy amplio, era el actor esencial de la vida política

mexicana, o con facultades extraordinarias en diferentes ámbitos.93

De acuerdo con el sistema federal, en cada Estado residía una organización de

poderes inspiradas con pocas diferencias en el de la Federación. Al lado del

gobernador encontramos una legislatura local, que funcionaba como una

asamblea única y soberana, a esta le correspondía la aprobación de los

93 Ibíd, p. 56.

73

presupuestos, la elaboración de la constitución del estado, sus códigos y leyes

de impuestos.

La Constitución de 1857, consignó que todos los estados de la república

participaran en la elección popular de los poderes de la unión al elegir

presidente y magistrados de la Suprema Corte de Justicia y debían enviar cuatro

diputados y dos senadores al Congreso nacional.94

En lo que se refiere a Sinaloa poder ejecutivo en Sinaloa estaba depositado en

un gobernador que duraba cuatro años, que no debía ser reelecto en un periodo

inmediato sino habiendo pasado cuatro años de haber cesado en sus funciones,

por ello vemos a hombres que repitieron en el cargo del ejecutivo, pero en

periodos interrumpidos como Francisco Iriarte, Pomposo Verdugo, Plácido Vega,

Domingo Rubí, entre otros.

Sin embargo, debido al estado de lucha constante en el que se encontraba

Sinaloa casi dos décadas no pudieron llevar al pie de la letra los códigos que en

materia de ejercicio real del poder se refieren, pues los constantes

pronunciamientos y la lucha contra la intervención extranjera, provocaron que al

declararse el estado de sitio se concentrara el poder en manos del gobernador y

con la inexistencia de la legislatura local todos los poderes quedaban a su

mando.

Según lo estipulado tanto el legislador debían tener un año de residencia en el

Estado para poder electos. Al ausentarse el gobernador un vice gobernador lo

cubría, aunque legalmente estaba asentado que este puesto debía ser elegido

popularmente, el gobernador realmente lo depositaba en un familiar, amigo,

compañero de armas, y/o comandante militar, siendo esto prueba de los vínculos

tradicionales que dominaron la política.

Las instancias federales que existían en Sinaloa en los años cincuentas del siglo

XIX, existencia que se remontaba a 1823 con la aprobación del sistema

federalista, en 1823 por las provincias de Sonora y Sinaloa, siendo las

siguientes: El Tribunal de Circuito, el Juzgado del Distrito, la jefatura superior de 94 Ibíd., p. 87.

74

Hacienda, las administraciones principales de correos y del Timbre, la

administración de la aduana marítima de Mazatlán, todas las cuales funcionaron

en esta ultima población, así como la Capitanía del puerto.95

La división política del Estado se componía en 1861 por los distritos, del Rosario,

Mazatlán, San Ignacio, Cosalá, Culiacán y el Fuerte. Para organizar la

administración y definir las funciones de los ayuntamientos, Plácido Vega,

decretó una Ley de municipalidades, aprobada por el Congreso local. En ella se

determinó que en las poblaciones que unidas a las que estén anexas, tuvieran de

tres a cinco mil habitantes, se elegirían cuatro regidores y un síndico: en las que

hubiera más de cinco mil habitantes sin llegar a ocho, se elegirían seis regidores

y dos síndicos.

El ayuntamiento tenía un presidente elegido cada seis meses, había también un

vicepresidente y un secretario del ayuntamiento. Los ayuntamientos deberían

tratar y arreglar los negocios de acuerdo a los principios de los cuerpos

legislativos; para lo cual existía su reglamento interior. El poder ejecutivo del

municipio residía en el prefecto o director que ejercía dicha autoridad.

Las funciones que tenían los ayuntamientos era cuidar de las plazas y paseos

públicos; procurar la difusión del conocimiento, promover las bibliotecas y todo

género de establecimientos de enseñanza; cuidar la salubridad. Correspondía al

ayuntamiento decretar los impuestos que sean necesarios para cubrir su

presupuesto anual de gastos. Mantener en buen estado las cárceles, hospicios,

hospitales y casas de beneficencia. Vigilar que en los mercados, boticas y

expendios de materias alimenticias, no se vendieran sustancias perjudiciales a la

salud.

Entre las atribuciones del prefecto se encontraban tener a sus órdenes la fuerza

pública para cuidar de la seguridad de la población; los agentes de policía serán

nombrados y removidos de acuerdo con el ayuntamiento a quien corresponde

95 Eustaquio Buelna, Compendio histórico, Geográfico y Estadístico, Sinaloa 1877, Culiacán, Noroeste, 1978, p. 88.

75

fijar el número de ellos y sus sueldos. La tesorería municipal se encargaba de la

recaudación e inversión de los fondos municipales.

Los ayuntamientos no solo se establecen en las cabeceras de los Distritos, pues

en las juecías mayores deben residir también componiéndose de cuatro

regidores y un síndico. Según dicha Ley de 1861 las juecías mayores eran:

Escuinapa del Distrito del Rosario, Villa Unión, Siqueros y la Noria del de

Mazatlán; Coyotitan del de San Ignacio; Elota, Guadalupe de los Reyes del

Distrito de Cosalá; Badiraguato y Quilá del de Culiacán; y por último Choix del

Distrito del Fuerte.96

En los años en que Mazatlán estuvo ocupado por los franceses, se estableció el

Departamento de Sinaloa en Mazatlán, integran el órgano de gobierno con

residentes del propio puerto, aunque quien nombraba las autoridades era el

llamado cuerpo expedicionario de México, la primera división del ejército franco

mexicano bajo el mando del general De Castagny, con apoyo de los locales.97

El cuerpo político que nombrado era al siguiente: un prefecto político del

Departamento de Sinaloa, un prefecto municipal que correspondía a Mazatlán, su

respectivo ayuntamiento con un presidente del mismo y siete regidores, además

dos síndicos y tres alcaldes. También conformaron un órgano tribunal superior de

Justicia con un ministro, un fiscal y dos jueces de juzgado.

Como puede observarse los puestos del órgano de gobierno del Departamento

de Sinaloa no difiere mucho del programa de la república, porque ambas formas

de ejercer el poder están dentro del liberalismo, que se había alcanzado en

Europa y que estas ideas de república constitucional adoptó Maximiliano de

Habsburgo en el llamado segundo imperio mexicano.

Aunque había serie de lineamientos plasmados en la constitución, la realidad se

trastocaba, este sistema representativo inclusive de no reelección, era

infinitamente trastocado, la sociedad política estaba conformada por un sin

96 AHMM, Bandos y demás disposiciones del Ayuntamiento de la ciudad de Mazatlán, basados en la ley de 26 de 1861, 20 de enero de 1861. Acta de cabildo. F. 35. 97 DO., 8 de diciembre de 1868, Nº 343, f. 136, Columna 284.

76

número de caudillos que a la primer provocación enarbolaban banderas

reaccionarias en contra del gobierno federal o por conflictos entre las elites o

clanes familiares más focalizados en los estados.

Los gobernantes por su parte justificaban la permanencia, las arbitrariedades, los

abusos en los movimientos rebeldes; las elecciones casi nunca se llevaron en

paz, pues los partidarios de tal o cual candidato local o nacional que en su

mayoría participaron miembros del ejército (caudillos militares) que provocaban

disturbios, que manchaban los procesos electorales.

La legislatura que era una fuerza aparentemente representativa del pueblo, se

integró muchas veces por adeptos del gobernador en turno, así que la elección

de sus miembros manipulaba de acuerdo al interés del gobernador.

2.5.2.- El Poder judicial

La existencia del poder judicial en Sinaloa quedó estipulado en la constitución

local de 1831, con el llamado Tribunal Superior o Alta Corte de Justicia, que

residía en el lugar de la Asamblea legislativa, sus miembros eran letrados,

ciudadanos, mejicanos en el ejercicio de sus derechos y mayores de 28 años.

Con la constitución de corte liberal de 1852, promulgada durante la

administración de Francisco de la Vega, se reivindicó la idea de autonomía de

este poder y además quedó estipulado que su formación debía ser acorde con

las profesiones liberales que estaban adquiriendo gran trascendencia en la vida

del país, así los ministros del Tribunal de Justicia del Estado deberían ser

abogados con al menos cuatro años de ejercicio. El Supremo Tribunal de Justicia

tenía que estar compuesto por jueces y letrados inferiores. 98

El propio Francisco de la Vega, un mes después de la promulgación de la

constitución local, el 13 de febrero, emite un decreto para que los asuntos civiles

98 Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus constituciones, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1985, p. 171.

77

y judiciales de Mazatlán quedaran separados en un juzgado de primera instancia

y otro de segunda donde se resolverían los asuntos de ese partido. 99

Este poder fue reorganizado por algunas leyes nacionales con la llegada del

grupo liberal al poder ejecutivo de la república, en 1855, se promulgaron algunas

leyes para reorganizar la administración de la justicia entre ellas la llamada ley

Juárez que estipuló que Supremo Tribunal de Justicia debía coordinar a los

Tribunales de Justicia y a los de Distrito y de circuito así como controlar la

Justicia Civil y criminal del Distrito y territorios.100 De acuerdo a la ley, se ordenó

que todas las disposiciones de justicia fueran generales para toda la república y

que los Estados no pudieran variarlas ni modificarlas.

Con fecha del 27 de noviembre de 1855, Lázaro de la Garza y Ballesteros, que

había sido obispo de Sonora, y tenía el cargo de Arzobispo de México, en

contestación al Ministro de Justicia y negocios eclesiásticos, Benito Juárez

protestó contra los artículos 42 y 44 de la ley y el 4º. De los transitorios, por

atentar a los derechos de la iglesia, y contrariar la disciplina establecida en los

sagrados cánones.

De acuerdo al articulo 42, quedaron suprimidos los Tribunales especiales, que

juzgaban los asuntos de eclesiásticos y militares; se disponía que los tribunales

eclesiásticos cesaban de resolver los negocios civiles y continuarían conociendo

de los delitos comunes de su fuero, mientras se expedía una Ley que arreglara

este punto. Su poder se depositó en un tribunal supremo compuesto de tres

ministros y un fiscal, en jueces de primera instancia y en alcaldes. Los ministros

eran electos popularmente y duran en su cargo cuatro años y podían ser

reelectos.

Funcionaron solo en una sala con dos instancias, en cada cabecera de distrito

había un juez de primera instancia nombrado por el tribunal, cuya duración era

menor de cuatro años. El alcalde ubicado en cada alcaldía que era un agente

inmediato del poder ejecutivo en materia administrativa de la municipalidad,

99 AHMM, Decreto que comunica el gobernador a la prefectura, Presidencia, 1852-1860, caja 23, Exp. 1852. 100 Francois Xavier Guerra, op. cit., p. 51.

78

también ejercía funciones judiciales a excepción del realizado en las cabeceras

de municipalidad que solo ejercen como jueces.101 Hasta antes de la reforma de

1886, correspondía al presidente de la Suprema corte de Justicia reemplazar al

presidente en caso de muerte o destitución.

El articulo 42 de la misma ley declaró la supresión de los Tribunales especiales,

conexión de los eclesiásticos y militares; pero al mismo tiempo dispuso que los

tribunales eclesiásticos cesaran de conocer en los negocios civiles, continuarían

conociendo de los delitos comunes de su fuero, mientras se expedida una Ley

que arreglaría este punto.

En cuanto a los tribunales militares, el propio artículo 42 prescribe que dejarían

de conocer de los negocios civiles y que conocerían tan solo de los delitos

puramente militares o mixtos de los individuos sujetos al fuero de guerra. 102

La ley de administración del Ministerio de Justicia encontró en los clérigos los

más fervientes opositores y fueron muchas las cartas pastorales emitidas desde

la sede apostólica, arzobispado de México, en contra de dichas disposiciones.

Con la expedición de las leyes de Reforma en 1859, el gobierno que residía en

Veracruz a causa de la guerra de los tres años, señaló que era necesaria la

formación de códigos claros y sencillos sobre negocios civiles y criminales y

sobre procedimientos, con la intención de uniformar la justicia en toda la nación,

para hacer expedita la acción de los tribunales y poniendo el conocimiento de las

leyes al alcance de todos.103

En 1861, en materia de administración judicial fueron suprimidos los Juzgados de

Distrito y Tribunales de circuito establecidos fuera de la capital de la república.

Las funciones de estos juzgados y Tribunales de Circuito, se desempeñaran por

los jueces de Hacienda de los Estados, la de los primeros y las de los segundos

por los Tribunales Superiores de los mismos, sujetándose dichos jueces y

tribunales a las leyes orgánicas de procedimientos y de responsabilidad de los

101 Ibíd., p. 90. 102 Jorge L. Tamayo, Benito Juárez, Documentos, Discursos y correspondencia, Tomo 4, (Documento de Reformas al poder judicial), México, 1971, p. 70. 103 Ibíd., tomo 2, p. 485-500.

79

estados respectivos en los negocios comunes y a las generales de la Unión en

los concernientes a ellas.

Este poder se encontraba, en este periodo, en la disyuntiva de defender las

garantías individuales aún cuando las autoridades civiles y militares, las

legislaturas de los Estados o el mismo Congreso de la Unión, fuera de los

términos constitucionales, expidan órdenes, decretos o leyes que suspendían o

atacaban las garantías, el poder judicial, buscando no provocar antagonismos

peligrosos entre los poderes públicos, se limitaba a proteger y amparar al

individuo cuyas garantías se atacaban.104

A los tribunales federales acudían los ciudadanos que creían violadas sus

garantías por leyes, o actos de las legislaturas de los Estados, de las

autoridades civiles o militares de la federación o de los mismos Estados y los

tribunales federales que administraban la justicia.

2.5.3.- Disputas entre los poderes y ejercicio real.

En materia constitucional los poderes debían regirse conforme a la Carta Magna

de 1857 y de las constituciones locales pero las elites políticas que dominaban el

poder en México en este periodo actuaban de manera muy diversa y se movían

por una serie de elementos.

Este orden institucional se relativizó, debido a que, los vínculos personales de

corte tradicional y moderno delineaban a los actores que ejercían el poder, el

asunto de la elección popular desde los gobernadores, diputados, los ministros

del tribunal, se determinaba en Sinaloa de acuerdo a grupos de poder como la

milicia, elite política y económica, donde las clases fuertes eran los comerciantes

de Culiacán, los de Mazatlán y los caudillos emergentes del periodo de luchas

armadas que se pronunciaban como partidarios de las ideas liberales,

republicanas y constitucionalistas.

La sociedad sinaloense estaba conformada no por individuos autónomos, sino

por conjuntos, por grupos de hombres unidos por vínculos familiares, a una

104 Ibíd., Tomo 13, p. 328- 330.

80

colectividad como la hacienda, un pueblo, por lazos personales; en el poder

existían los vínculos personales; el poder era relación y no un atributo de los

actores. Aunque también existían ciudadanos en el sentido moderno, individuos

asociados en logias, partidos, clubes, sociedades de pensamiento. 105

Además, al parecer, las facultades entre autoridades no estaban delimitadas de

manera exacta, porque los registros oficiales permiten conocer una serie de

disputas suscitadas entre representantes del poder ejecutivo, y judicial de tal

manera que, era común que ante la Secretaria de Gobierno se presentaron

quejas y acusaciones que fueron más recurrentes en el periodo de la llamada

república restaurada, por ejemplo: el prefecto de Cosalá, Conrado Bátiz se quejó

contra del juez de primera instancia; se inició la investigación contra el juez

mayor de Guadalupe de los Reyes por ebrio consuetudinario, en noviembre de

1867; un año después el director político de Agua Caliente, José Valdés, fue

causado por indicio de homicidio; el Director político de Conitaca, Luís Gómez, se

quejó ante el Gobierno del Estado de los procedimientos contra él, por el juez de

segundo de dicha cabecera, en mayo de 1869.

Lo cierto es que estas manifestaciones entre los encargados de la administración

de los recursos, que deberían estar al cuidado de acciones como la construcción

de caminos, la organización de la vida y el orden de las comunidades; al estar

plagado de quejas, reclamos, acusaciones por arbitrariedades de las propias

autoridades, tales como presidentes de ayuntamientos, prefectos, síndicos,

directores políticos, jueces, jefes militares, capitán de puerto, administradores de

rentas públicas, denotan la debilidad del ejercicio de la administración publica.

Prueba de esto fueron las desavenencias suscitadas entre el General de Marina

de Altata contra el juez mayor por denuncia de procedimiento arbitrarios del

primero contra un particular; en Mocorito, la prefectura acusa al administrador de

Rentas Jesús Pérez de malversador de fondos públicos, en febrero de 1860; el

Recaudador de contribuciones se queja contra el presidente del ayuntamiento, y

contra juez de primera instancia, en Cosalá, en septiembre de 1867; el

105 François-Xavier Guerra, México: del antiguo régimen…p. 127.

81

comandante militar se quejó del teniente del segundo batallón; se inició una

averiguación en el Fuerte contra Octaviano Vega por cohecho e intrigas para ser

nombrado subteniente del Batallón Reforma.

El prefecto de Cosalá le impuso una multa al presidente del ayuntamiento de

Conitaca por haber desatendido sus deberes; en noviembre de 1868, Francisco

Cañedo, receptor de rentas de San Javier, Distrito de San Ignacio, se quejó del

procedimiento que contra el ejecutó el Director político del mismo pueblo;

protestó el director político de Choíx, José Maria Cota, contra el alcalde de aquel

lugar, Adolfo Valderrama por injerencia de este ultimo en atribuciones del primero

en enero de 1870; el director político de Quila se quejó ante la prefectura de

Culiacán de los ultrajes por parte de algunos jefes de las fuerzas federales, abril

de 1874. 106

El poder judicial, que por su parte tenía como atribuciones fundamentales el

ejercicio de las garantías individuales, reconoció en 1868, públicamente que las

resoluciones de este poder, no eran acatadas como se debía, ya que en muchos

casos se ha negado la obediencia por parte de las autoridades, sin explicar los

motivos de su conducta.

La violación de las garantías individuales, se manifestaba de forma diversa, y no

era extraño las quejas contra el los prefectos en Sinaloa, por azotar

públicamente a individuos por delitos menores, o la utilización del uso de la

fuerza y la represión de la libertad para acrecentar las filas de la guardia militar o

bien que oficiales militares siguieran ejerciendo justicia por sus propias manos.

Estas disputas a nivel más focalizado entre miembros o representantes del

gobierno llámense prefectos, directores políticos, jueces, síndicos, jefes militares,

lo que hicieron fue patentizar que no existía una armonía política y aunque el

registro en el Índice del Archivo de la Secretaria de Gobierno de Sinaloa no da

pormenores de los casos y al parecer no son abundantes pues en cinco años se

contabilizan alrededor de quince casos, más si lo conjugamos con las crónicas,

106 AHGES, Fondo Secretaría de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaría de Gobierno 1857- 1874.

82

notas periodísticas e informes de gobierno es posible deducir que los

gobernadores, los comandantes militares, los prefectos de distrito, entre otros,

reflejan en su actuar una especie de bipolarización de actitudes, pues mientras

había que ser fiel a los intereses de la facción política, para no perder la fortaleza

que significaba tener vínculos o nexos con el grupo gobernante, también

coexistía un factor que matiza sus acciones, lo personal, el creer que el poder no

se deroga sino que se ejerce, el tiempo que dure, es decir una especie de ¡él

poder soy yo!

83

CAPITULO III.

MILITARISMO Y CAUDILLISMO: NUEVAS CONFIGURACIONES POLITICAS Y REBELIONES INTERNAS.

3.1.- Caudillismo y levantamientos militares de mediados del siglo XIX.

La milicia, grupo que se consolidó como uno de los más poderosos del siglo XIX,

sostuvo su poder del ejercicio de la fuerza bruta demostrada en los años de

guerras civiles durante las cuales ejerció el imperio más absoluto. Por su parte,

caudillos y caciques encontraron campo abierto para extender sus dominios, con

la caída de la corona. Tanto las leyes, como la magistratura, gobierno, personas,

fondos públicos y particulares estuvieron sometidos al poder militar.107

Los grupos militares se consolidaron, con la necesidad de su existencia para

defenderse de naciones extranjeras, y debido a que el gobierno nacional

necesitaba conformar un grupo armado que garantizara la permanencia del

poder, en el enfrentamiento ante tantas sublevaciones e insurrecciones indígenas

y que fuera capaz de garantizar la paz. Su unión era un vínculo de carácter

tradicional, surgidos por compañerismo en épocas de conflictos armados,

integraron un tipo de relación afín y también de conveniencia de intereses, de

sentido de pertenencia, de lealtad.

Este cuerpo a veces parecía que atacaba al gobierno otras que actuaba en su

defensa, se consideró un cuerpo independiente, que vivía en la sociedad para

dominarla y hacerla cambiar de formas administrativas y principios políticos,

cuando no correspondían a los suyos.

Debido a los años de guerra, muchos jefes militares ambiciosos se convirtieron

en mandamases regionales o prototipos de caudillos, con control sobre la

política, las redes de influencias, la industria, la minería, la agricultura, la

ganadería, las comunicaciones, los transportes y el comercio. Extraían provecho

de la inestabilidad política de la autoridad central, movilizaron poblaciones de sus

107 José María Luis Mora, Dialéctica Liberal, México, Gobierno del Estado de Guanajuato, 1977, p. 135.

84

dominios para, en muchas ocasiones, consolidar de forma duradera las bases de

su poder.108

Los intelectuales liberales del siglo XIX, no se cansaban de expresar su profunda

aflicción por los tumultos, guerras, civiles, alzamientos y pronunciamientos

(insurrecciones en las que los jefes militares hacían público un plan con su

programa y lista de agravios) que una y otra vez desbarataban la paz y parecían

arruinar cualquier oportunidad de progreso de las nuevas naciones.109

Como ejemplo de estas afirmaciones al hacer una revisión de los hechos que

rescata Eustaquio Buelna se pueden enumerar las manifestaciones de desorden

protagonizadas por estos caudillos nada más en nuestra entidad: en 1834 las

fuerzas del gobierno del estado fueron atacadas por el destacamento federal que

estaba a las órdenes de Manuel María de la Bandera; el teniente coronel Juan

Ignacio Bram, encabezó una manifestación en noviembre de 1844, en

desconocimiento a Santa Anna; el coronel Rafael Téllez en enero de 1847, se

pronunció por la dictadura de Santa Anna, cuando los americanos casi

penetraban en el centro del país; nuevo escándalo de la guarnición federal en

Mazatlán en febrero de 1847 pidiendo la amnistía por su participación en

revueltas políticas; en 1852 Pedro Valdés, inició un pronunciamiento contra el

gobernador Francisco de la Vega, y así fue una constante permanente durante

buena parte del siglo XIX.

Para los militares era normal sublevarse contra una Constitución y deponer a un

gobierno que trataba de someter a la clase a la que pertenecía, ya sea

sujetándole a las leyes que le eran peculiares, o reformando esta en todo o en

partes; los hombres de esta clase se creían con derecho exclusivo ocupar todos

los puestos públicos y a consumir las rentas nacionales.110

La primera oportunidad real de domesticar al ejercito mexicano surgió en un

contexto caótico de intrigas, rebeliones, pronunciamientos militares, y guerra civil 108 Christon I. Archer, “Ejército y milicias, 1820-1870”, Josefina Z. Vázquez, (Directores del volumen), La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, París, UNESCO, TROTTA, Colección Historia General de América Latina, Volumen IV, p. 207. 109 Ibíd, p. 209. 110 José María Luis Mora, op cit. p. 134.

85

entre bandos enfrentados del ejercito, cuando Santa Anna cedió el poder

temporalmente al vicepresidente Valentín Gómez Farias, liberal ilustrado y de

corte político reformista. Durante un corto período entre 1833 y 1834, los liberales

promulgaron leyes en el Congreso encaminadas a reducir el tamaño del ejército y

abolir los fueros tanto militares como eclesiásticos. Los pronunciamientos no se

hicieron esperar; numerosos jefes castrenses regionales amenazaron con una

guerra civil y se negaron a tolerar la menor restricción de sus privilegios y

poderes.111

Los pronunciamientos militares que se suscitaron contra las reformas del

vicepresidente, proclamaban a Santa Anna como presidente y en ocasiones

como supremo dictador, se pensaba que la curación de todos los males del país

estaba en este caudillo. Santa Anna, asumió de nuevo la presidencia en 1834,

cargo que ocuparía en once ocasiones distintas a lo largo de su carrera,

consagrándose así como el máximo ejemplo de caudillismo de su tiempo.

Una segunda etapa sobrevendría contra la desaparición de los fueros militares.

En 1855, la Revolución de Ayutla, dirigido por antiguo cabecilla insurgente Juan

Álvarez, al poder a una generación de líderes mexicanos, opositores del

centralismo, conservadurismo que abogaban los numerosos oficiales del

ejército.112 Este grupo responsabilizaba a los militares de todos los desastres,

alzamientos y derrotas, incluida la reciente humillación sufrida ante los Estados

Unidos.

Uno de los cambios al respecto fue la denominada ley Juárez que imponía

restricciones a los tribunales militares y situaba tanto a los militares como al

clérigo bajo las jurisdicciones comunes de amito estatal o federal. Y los militares

como reacción resucitaron el grito religión y fueros.113

En Sinaloa se registró -el 5 de noviembre de 1857- una manifestación armada

comandada por Juan francisco Garay e Ignacio Rendón, proclamando este lema

de religión y fueros de los militares en contra de la ley Juárez, mas no parece

111 Ibíd.,, p. 211. 112 Ibíd., p. 212. 113 Ibíd.

86

tener grandes alcances en la entidad, pues se remitió a un asalto al mineral de

Guadalupe de los reyes, de Cosalá. Tres meses después, estos dos individuos,

presos en la cárcel de Cosalá a consecuencia de los asesinatos cometidos por el

asalto al mineral, se fugaron y dieron libertad a los demás presos; además,

atacaron el cuartel y levantaron un acta secundando el Plan de Tacubaya, más

fueron dispersados por el jefe de la guarnición de Guadalupe de los Reyes. La

gavilla que formaron estos hombres se volvió a reunir y causaron disturbios en el

Tominil, Ajoya y San Juan y en este último punto fueron definitivamente

dispersos.114

La lucha con el ejercito era principalmente política; un poder en el centro

disponiendo del ejercito permanente acabaría de seguro por imponerse a los

estados, débiles por tanta amenaza en su mayor parte o necesitados del auxilio

federal para ayudarlos contra las depredaciones de los salvajes de las fronteras,

o desgarrados por bandos que se disputaban el poder o las arcas públicas y uno

de los cuales buscaba siempre el arribo de la fuerza federal.

En Sinaloa hubo de manera permanente un numeroso destacamento del ejército

federal cuyo cuartel estaba en Mazatlán su función era resguardar el puerto y los

caudales de la aduana. En 1854 sus miembros eran: un jefe de división, tres

coroneles, seis tenientes, cuatro comandantes de batallón, cinco comandantes

de escuadrón, veinte capitanes, quince tenientes, veinticinco cornetas y

tambores, ochenta y tres cabos y los demás entre auditores de guerra, segundos

ayudantes, subtenientes y alférez, sargentos primeros, sargentos segundos, y

soldados daban el total de 1,129.115

Los comandantes de la fuerza federal no estaban sujetos a las autoridades

locales y con frecuencia abandonaban sus responsabilidades para intervenir, en

los asuntos políticos del estado. Muchas veces los soldados federales actuaron

114 AHGES, Fondo Secretaría de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaría de Gobierno, 1857-1870. 115 Karina Busto Ibarra, “Mazatlán: estructura económica y social de una ciudad portuaria, 1854-1869,” Manuel Miño Grijalva, (coordinador), Núcleos urbanos mexicanos siglos XVIII Y XIX, Mercado, perfiles sociodemográficos y conflictos de autoridad, México, El Colegio de México, 2006. p. 311.

87

como brazo armado de los comerciantes extranjeros, quienes remuneraban sus

servicios.116

El 24 de abril de 1865, Manuel Lozada entró a la ciudad de El Rosario y dio

muerte a todos los enfermos que encontraban en el hospital republicano. Y que

decir del incendio del pueblo de la Noria, por no querer cooperar con la causa de

los nacionalistas.1

Las consecuencias de los continuos enfrentamientos armados provocaron la

desolación de las poblaciones principalmente del sur de Sinaloa, campos talados,

tierras sin cultivo, caballerías sin forraje, soldados y vecinos, sin elementos de

subsistencia.

Eran tales los caudales que se destinaban para sostener este grupo que con

frecuencia se imponían préstamos forzosos para cubrir las filas de la milicia; los

sueldos de los empleados civiles del estado casi siempre estaban vencidos pues

se le daba prioridad al pago de los efectos militares; fueron muchas las peticiones

que se registraron luego de la muerte de hombres caídos en la lucha para que

se otorgaran pensiones a familiares cercanos; era necesario tener habilitado el

Hospital militar ubicado en Mazatlán; además otorgar una pensión a los soldados

retirados. Durante el periodo centralista el propio gobierno general nombraba

desde México al gobernador del Departamento y casi siempre esta autoridad

recayó en manos de militares; los nombres que se pueden mencionar al respecto

son Agustín Yañez, Rafael Téllez, Pedro Sánchez, Ángel Miramón, Ventura

Mora, Miguel Blanco, Manuel Zelayeta, José Maria Yañez.

La mayoría de los movimientos subversivos estuvieron acaudillados por los jefes

y oficiales de la guarnición de Mazatlán, al derrocamiento de la dictadura

santanista, fueron ellos los que en Sinaloa se levantaron en armas defendiendo

el Plan de Tacubaya, proclamado por Félix Zuluaga y secundado en Mazatlán por

116 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sin…. p. 195-196.

88

Pedro Espejo, jefe de la guarnición, el 17 de diciembre de 1857, declarando a

José María Yañez, gobernador y a Ignacio Comonfort como presidente.117

También los pronunciamientos militares a favor del federalismo, en defensa de la

constitución de 1857, les favoreció a algunos que pasaron a formar parte de la

elite político militar como: Rafael de la Vega, Plácido Vega, Jesús García

Morales, Antonio Rosales, Domingo Rubí, entre otros.

Estos grupos armados muchas veces ellos mismos provocaron los

enfrentamientos por conflictos internos o bien por alinearse a grupos de poder,

ocasionaron revueltas, asonadas y motines en Mazatlán, ya que el destacamento

del ejército federal se convirtió en un grupo de poder importante aunque su

función era resguardo del puerto conjuntamente con la aduana marítima. Sus

comandantes no estaban sujetos a las autoridades locales, y con frecuencia

abandonaban sus responsabilidades para intervenir, en los asuntos políticos del

Estado.

Ante todo esta serie de conflictos, el gobierno federal propuso la existencia de la

milicia cívica como una medida para disminuir el peso del ejército que con

frecuencia suscitaba movimientos sediciosos contra la misma autoridad

constituida.

Y es que la inestabilidad estaba a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, en el

puerto de Mazatlán, mucho tiempo capital del Estado, al aproximarse la estación

de arribo de expediciones procedentes de Europa, era costumbre del comercio

de mala fe promover asonadas con objeto de defraudar al erario los derechos de

importación y exportación de mercancías. Las asonadas se preparaban con

tiempo, usando del oro para seducir empleados o bien a los soldados que se

podían prestar a trastocar el orden para aprovecharse de la situación, seguros de

que cuanto el gobierno supremo calmara estos, los hechos habían sido

consumados y las mercancías de contrabando allanadas.118

117 AHMM, Acta de Cabildo donde el prefecto comunica al ayuntamiento de Mazatlán los documentos relativos al pronunciamiento, 2 de enero de 1858. 118 DO, “Correspondencia de Ramón Corona, jefe de la Cuarta División de Occidente, al Ministerio de Guerra y Marina”, 22 de septiembre de 1868, Nº 66.

89

En este periodo, la fuerza y el poder se fincaba en los caudillos que surgieron de

las filas del ejército, porque este representaba una forma de obtener los poderes

políticos, su significado también residía en la necesidad que tenían los nuevos

estados nación para mantenerse en plena lucha contra naciones extranjeras; por

los conflictos territoriales, y las disputas internas que se suscitaron entre las

facciones partidarias.

Plácido Vega, que gobernó en un periodo que va de 1860 a 1864, miembro de la

elite política militar, que gracias a su adhesión al lado de liberales como Ignacio

Pesqueira de Sonora y al vencer el liberalismo sobre el conservadurismo en

Sonora y Sinaloa, además, su posición en las familias de fuerte raigambre en el

norte de Sinaloa, le facilitó la entrada a la política de esta región.

Estableció el dominio general en el estado y fue culpado por los propios liberales,

seguramente enemigos suyos, en correspondencia enviada a Juárez,119 de

dictador, dominante, incluso, sultán de la entidad, al no obedecer las ordenes del

Gobierno General, y tener sujetos a los empleados federales a sus caprichos o

expuestos a ser embarcados o desterrados a la menor oposición.

Este caudillo llegó al poder en Sinaloa, gracias a un movimiento político

revolucionario, en 1859, enarbolando las causas del Plan de Ayutla en contra de

Santa Anna, ejerció gran poder en el Estado, con el carácter que le otorgaron los

tiempos, pues a todos las entidades de la república que fuesen declaradas en

estado de Sitio120, se les concedían facultades extraordinarias a los

gobernadores y comandantes militares, en defensa de la seguridad de su

territorio.

Gracias al llamado estado de sitio el poder residía en una solo persona, el

gobernador y comandante general del Estado, que sin la cámara del congreso las

decisiones eran de uno solo y respecto a los ingresos, los gobernadores al ver

amenazada su soberanía, tratarían de hacer frente a la situación organizando los

119 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 7, (Documentos José María Patoni, Manuel Doblado, Ramón Corona, envían información de Sinaloa a Benito Juárez), p. 210-220. 120 La declaración del Estado de Sitio se hizo valida gracias a un decreto presidencial de Benito Juárez de 17 de Julio de 1863, dado en Palacio Nacional de San Luis Potosí.

90

pocos recursos con que contaban y solicitando prestamos de comerciantes. Sólo

que Plácido Vega recibió muchas criticas, de parte de otros jefes militares como

Manuel Doblado, Patoni, el visitador de rentas federales, por excederse en el

manejo de los recursos federales, imponer préstamos y contribuciones, para

condonar pagos rentas del estado o de la federación.

La declaración del estado de sitio en abril de 1862, dejó en sus manos según la

respectiva ley nacional la promulgación de las providencias que condujeran a la

paz, el poder de legislar sobre otros asuntos, cesando así la cámara del

congreso, sin embargo debía notificar al gobierno federal los cambios en esta

materia y entregar un informe detallado sobre los ingresos mensuales de las

rentas del estado y las federales, no debiendo suspender las garantías

individuales a menos que fuera tomada la plaza por el enemigo.

Las desavenencias por los recursos de las rentas federales eran frecuentes entre

los visitadores de la renta y Plácido Vega, pues Juan de la Peña, acusó al

gobernador de estar acostumbrado a manejar las rentas federales sin restricción

alguna, y ver a estos recursos como propiedad de su gobierno, incluso de

atreverse a negociar la entrada de buques extranjeros con descuentos hasta del

cuarenta por ciento, cuando las entradas de cuotas aduanales eran

exclusivamente recursos federales. Los nombramientos de los principales

puestos en el estado, se daban por la gratitud, para que en caso de problemas

guardaran absoluta lealtad.121

En 1863, antes de partir Placido Vega al mando del batallón Brigada Sinaloa, con

destino al centro del país, celebró una serie de contratos con comerciantes ya

que este y el anterior visitador de rentas don Manuel Díaz Vera, estaban en

contubernio y no se reportaba completa las renta por el papel sellado.122

Además, Plácido Vega, se convirtió en uno de los defensores acérrimos del

proyecto republicano-democrático, a su vez era el caudillo por excelencia de la

revolución, de la lucha contra la intervención francesa, al organizar y partir al

121 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 7, (Documento donde Doblado recibe malas noticias de Placido Vega, desde Mazatlán, Diciembre 23 de 1862), p. 210-212. 122 Ibíd.

91

frente de la llamada Brigada Sinaloa, para sumarse a los ejércitos del oriente del

país. Vega consolidó el poder político del estado en sus manos, administrando

los negocios militares llegando a convertirse en el amo y señor de todo en el

Sinaloa.

Las recepciones organizadas a su alrededor al regreso de sus travesías

militares hacia el centro del país, comandando fuerzas en aras de la lucha por la

república, denotan la magnificente, algarabía que suscitaban las fuerzas militares

a su regreso.

La crónica de su llegada se convertía en una fiesta, el pueblo se acercaba a las

afueras de la ciudad para cerciorarse de su entrada, con alegría esperando ver

los rostros de sus allegados que habían partido a la lucha, otros se apresuran a

saludar a los jefes militares como Plácido Vega, el desembarque era solemne

con iluminaciones y serenata, donde el pueblo vitoreaba la bienvenida de los

patriotas, al caer la noche, el baile daba inicio con música de viento y cuerdas,

culminando con cohetes.123

Por otro lado, las desavenencias entre los caudillos que gozaban de poder de

mando, obtenido mediante relaciones establecidas con miembros o exmiembros

de sus bandos, provocaron que fueran frecuentes las diferencias por

inconformidades con sus iguales o sus rivales. Esta forma de caudillismo

manifestado en las esferas más altas, era capaz de mover ejércitos en contra de

los gobiernos estatales, afectando a la población, asaltando, robando bajo la

bandera de sublevación con fines de bien común.

Además, algunos que al haber probado las mieles del poder en tiempos,

anteriores ya fuese como gobernador y jefe de las fuerzas armadas demostrando

su entrega y valor a las causas liberales se asumen como potentados, capaces

de enarbolar la bandera de las armas y tener detrás de sí una gran cantidad de

hombres a sus órdenes, creyéndose capaces de salvar a los pueblos de las

iniquidades del gobierno y de la pésima condición en que se encontraban,

después de varias décadas de devastadora guerra civil.

123 El Pacifico (EP), 31 de Diciembre de 1861, Nº 20, Año 1.

92

Como ejemplo de estos hombres, Plácido Vega, al cual los juegos políticos

manejados en el gobierno federal, el jefe del Ejercito de Occidente y otros lideres

liberales, lo excluyeron de la esfera política dominante, buscó refugio en el

Cantón de Tepic, con Manuel Lozada, continuó desde allí organizando grupos

armados que mantuvieron en zozobra a las autoridades del Estado de Sinaloa,

sumándose a la vez al plan de García de la Cadena, levantado en Zacatecas

para derrocar a Benito Juárez, y haciendo valer aparentemente esta lucha en

las incursiones de 1870 y 1871, en el distrito del Rosario, Escuinapa y

Mazatlán.124

Los militares de las fuerzas armadas se adjudicaban muchas veces facultades

que no les correspondían el coronel, Fortino León, aprovechándose de la salida

de Plácido Vega, para reforzar los ejércitos del centro del país contra la

intervención francesa, hostiliza a Francisco P. Maldonado que fungía como

gobernador y dispone de caudales de la jefatura de hacienda para el pago de la

guarnición, separa a Maldonado del gobierno y nombra como sustituto a Ignacio

Lerdo de Tejada.

Evidentes muestras de caudillismo encontramos cuando militares que tenían

diferencias marcadas con la facción poderosa por su cercanía al presidente;

gobernadores desterrados o excandidatos a la gubernatura declararon elecciones

fraudulentas, manifestando sus inconformidades a través de proclamas públicas,

convocando al pueblo para que unidos se revelen contra sus opresores,

defiendan la justicia, la ley, manifestando que estaban dispuestos al sacrificio

para hacer valer los derechos del pueblo.

Las luchas entre si de caudillos militares, provocaban distorsión, conflictos y

desatenciones en algunas situaciones; en materia de administración de recursos

para la Guerra, se presentaron muchas inconformidades manifestadas en la

correspondencia entre los lideres de las fuerzas, comandantes militares que a la

vez eran gobernadores, jefes de los mandos mas altos de la milicia, o bien de los

menores como de batallones, etc.

124 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, p. 108-112.

93

La prensa publicaba grandes ejemplos de caudillismo en Sinaloa, pues el 14 de

agosto de 1861 tuvo lugar en la villa de El Fuerte una rebelión entre las fuerzas

que estaban temporalmente en dicho lugar, pues una facción de poco más de

cien hombres al mando de Antonio Estévez se sublevaron contra su jefe el

teniente coronel Eustaquio Cota.125 Sus acciones no se remitían sólo a

enfrentamientos armados sino que se acompañaban en la mayoría de robos y

saqueos a comercios y casas de particulares.

En septiembre de 1864, Francisco de la Vega, coronel retirado y exgobernador,

se levantó en armas en Culiacán, supuestamente contra el orden establecido,

poco antes de la toma de Mazatlán durante la intervención francesa, reunió gente

del pueblo, en septiembre de 1864, y sorprendió por la madrugada al cuartel de

Culiacán, puso presa a algunas autoridades ya gente poderosa, después

despachó una fuerza sobre Mocorito.126 Este caudillo y cacique, que en 1852

estuvo bajo la causa liberal proponiendo reformas hacendarias y preceptos

constitucionales reformistas, curiosamente se sumó en 1864 a las fuerzas

imperialistas y demostró con reclutamiento en Culiacán que era capaz de

aglutinar hombres no solo por su liderazgo sino para sumar adeptos a la

intervención.

Pero, en medio de las amenazas intervensionistas las facciones militares no

cedían ante sus inconformidades y desavenencias, así que en el Rosario, en

octubre del mismo 1864, Joaquín Sánchez Román, comandante del resguardo de

la Aduana Marítima de Mazatlán, Ramón Corona jefe de la Brigada de Tepic y

Antonio Rosales, se pronunciaron contra el gobernador Jesús García Morales,

después tomaron el puerto, el gobierno se rindió, se convoca a elecciones y

Rosales fue nombrado gobernador, sólo que no obtuvo el reconocimiento de

Benito Juárez, sino hasta luego del triunfo que logró contra los franceses en San

Pedro.127

125 EP, 4 de Septiembre de 1861. No. año. 1. 126 Ibíd., p. 36. 127 Ibíd.

94

En 1868, luego de las elecciones se reelige Domingo Rubí, y Ángel Martínez

apoyado por gran parte de los militares inició una revuelta armada contra el

resultado electoral; al regreso de Placido Vega, en 1870, tomó por asalto

algunos puertos del pacífico para allanar recursos que permitieran ascender

nuevamente el poder de Sinaloa, mientras Adolfo Palacio, iniciaba una rebelión

armada en contubernio con Placido Vega, y así podemos seguir encontrando

casos de esta naturaleza.

Las infamias a causa del militarismo fueron innumerables en tiempos de la

intervención francesa, por una parte, las tropas imperialistas, tratando de

claudicar el movimiento nacionalista y por el otro, los republicanos que en su

lucha contra el extranjero en ocasiones castigaron poblaciones enteras por

simpatizar con ellos.

De esto se pueden mencionar muchos ejemplos, el incendio de Concordia el 12

de febrero de 1865, después del saqueo de la ciudad, el robo a los pobladores en

busca de pertenencias de valor, lo mismo en Matatán, El Tamarindo y Zopilote,

poblaciones aledañas a Concordia.

Manuel Lozada el 24 de abril de 1865, entró al Rosario y da muerte a todos los

enfermos que encuentra en el hospital republicano. Y que decir del incendio del

pueblo de la Noria, por no querer cooperar con la causa de los nacionalistas.128

Las consecuencias de los continuos enfrentamientos armados fueron desolación

de las poblaciones principalmente del sur de Sinaloa, campos talados, tierras sin

cultivo, caballerías sin forraje, soldados y vecinos, sin elementos de subsistencia.

Las huestes de Lozada tenían su radio de acción en el cantón de Tepic, y las

fuerzas de Sinaloa que se unieron a las de Jalisco sufrieron en muchas

ocasiones bajas considerables, además desde principios de la guerra de reforma

comenzaron a emigrar liberales de Tepic, debido a, las persecuciones de Manuel

Lozada y -según Eustaquio Buelna- conformaron una colonia de hombres en su

128 Manuel Lozada, caudillo que enarboló un movimiento indígena por la defensa de la tierra en el llamado Cantón de Tepic, línea divisoria entre Sinaloa y Jalisco, que mantuvo en jaque a las fuerzas armadas y atacó en diversas ocasiones a la región del sur de Sinaloa, y se sumó a las causas imperialistas de Maximiliano de Habsburgo.

95

mayor parte industriosos y resueltos, que en muchas ocasiones pusieron en

conflicto al Estado, en el que desarrollaron un providencialismo inexplicable,

queriendo ellos absorber todos los principales destinos y dirigir el país.

Los miembros del ejército se convirtieron en actores políticos, en ocasiones

participaron como candidatos en campañas, otras eran los encargados de

amenazas en caso de derrotas, o bien financiados por los grandes comerciantes

para que se pusieran al frente de pronunciamientos y rebeliones, permitiéndoles

la evasión de impuestos, o manifestarse contra nuevas contribuciones.

Al concluir la guerra extranjera, el ejército nacional contaba con un número de

más de veinte mil hombres, pero viendo el gobierno que se destinaban muchos

recursos a la Guerra que ya no eran necesarios, ordenó una reducción en Julio

de 1867, donde se limita a cinco divisiones de cuatro mil cada una, distribuidos

convenientemente para reprimir cualquier desorden que apareciera en el extenso

territorio de la república.129

La cuarta división, la de Occidente, estaba al mando de Ramón Corona;

comprendía a las guarniciones de los puertos de Manzanillo y Mazatlán, y la de

Tepic, teniendo su cuartel general en Guadalajara. 130

Con esta reducción, se darían de baja en primer lugar a los soldados inútiles; en

segundo a los casados que tenían hijos y en tercero a los casados que no

tenían.131 Esta ordenanza perjudicó a todas las divisiones militares del país,

Ramón Corona, jefe de la Cuarta, expuso las dificultades que enfrentaría la

nueva organización, ya que al aproximarse la estación de llegada de

expediciones de Europa, que iniciaba en octubre y noviembre, el comercio de

mala fe, durante muchos años buscaba la manera de introducir sus efectos

129 DO, 17 de septiembre de 1868, n. 29, f, 51, Columna 210, 211. 130 DO, 30 de abril de 1869, N. 120, H. 1, Tomo III. 131 El Estado de Sinaloa. Periódico Oficial del Gobierno del Estado (ES), febrero 21 de 1876, Nº 17. p. 3.

96

defraudando los derechos del erario, a través de la utilización de toda clase de

medios, sin excluir el de las asonadas. 132

Estas se preparaban con anticipación, usando del oro para seducir empleados si

estos eran sobornables, o a los soldados si encontraban algunos, que se prestan

a trastocar el orden para aprovecharse de la situación, seguros de que cuando la

acción del supremo gobierno se hiciera sentir, los hechos habrían sido

consumados.

No faltaban militares que se prestaran a esto, y si el gobierno generaba

descontentos en los jefes y oficiales al darlos de baja de la Cuarta División

Militar, para reducir el número de cuerpos, evidentemente los pondría en

situaciones complicadas, al carecer de medios de subsistencia y de capital para

trabajar.

Las consecuencias del militarismo no solo se vivieron en los tiempos de la

intervención, porque después de esta, al quedar tantos hombres acostumbrados

al saqueo y la rapiña en la Guerra, no conocer durante tantos años otro medio de

vida que este, ni desempeñar oficio alguno, se acaudillaron en cualquier

movimiento sedicioso que se presentó, en otras ocasiones formaron gavillas que

merodean los caminos y asaltaban los pueblos, tomando ciudades, y otros en su

carácter de jefes militares, que organizaron pronunciamientos contra el gobierno

estatal o nacional.

En la cuarta división, había multitud de hombres originarios del cantón de Tepic,

de donde salieron abandonando sus familias e intereses para hacer la guerra a

Lozada. Estos hombres no pudieron volver a sus pueblos, porque serian victimas

de su poderoso enemigo, ¿qué harían, pues, dados de baja en tierra extraña y

sin medios de trabajar para subsistir honradamente?133

Con la reducción del ejército, las afectaciones en esta región fueron

innumerables, por ejemplo, se incrementó la colonia de jaliscienses que había

132 DO, Respuesta que envía Ramón Corona, Jefe de la cuarta División Militar, al Ministerio de Guerra y Marina, por la circular que envía de la reducción del ejercito en México, 22 de septiembre de 1868, N. 266, F. 162. 133 Ibíd.

97

participado en los tiempos de la intervención solo que en 1870, se dieron de Baja

del ejercito, provocando que a la menor intentona de revuelta los caudillos

encontrarán en ellos hombres que enarbolaran su causa provocando males en la

población pacifica de pueblos como, El Rosario, Escuinapa, Cósala, Mazatlán y

Concordia.

Acerca de esta colonia, Eustaquio Buelna refiere que los grupos militares,

conformados por hombres que venían huyendo de las huestes de Lozada,

desarrollaron un providencialismo inexplicable queriendo muchos de ellos

absorber los principales destinos y dirigir la política del país, pretendían dominar

los territorios donde residían, no había sosiego en los lugares donde ellos

abundaban, se les acusó de apoyar la rebelión de Placido Vega de 1870, muchos

de ellos habían sido jefes y oficiales solo aspiraban a la revolución para medrar,

cometiendo intolerables excesos. En el distrito de Mazatlán se quejaban de que

muchos de los traficantes y los encargados de robos eran soldados de la cuarta

división militar, disfrazados de gente de indígenas salían a los caminos a hacer

depredaciones y muertes.

Por otro lado, en la demarcación del Cantón de Tepic se formaron gavillas de

bandoleros que mas de tres ocasiones asaltaron y saquearon la villa de

Escuinapa y la ciudad del Rosario, y a pesar de las reclamaciones del gobierno,

no fueron aprehendidos, porque gozaban de impunidad, que en ocasiones les

permitió organizar elementos de guerra y pronunciarse.

Las gavillas se formaban de manera constante, pues son muchas las denuncias

que hicieron autoridades municipales, cuando estas merodean sus limites, como

lo harían Escuinapa y Siqueros en febrero de 1871, o cuando se manifestaron

ataques como la registrada en Culiacán por Cristóbal Andrade que trató de

sorprender la plaza con sesenta hombres, poniendo en libertad a los presos de la

cárcel, más la gavilla fue replegada por los soldados de seguridad y los vecinos,

o bien la del 7 de Julio de 1872 que asaltó a la población del Rosario por una

gavilla de bandidos, que robaron la mayoría de las casas de comercio.

98

Pero hubo otros casos en los cuales los movimientos políticos echaron mano de

las gavillas para maniobrar en contra de los procesos electorales normales, en

1875, con motivo de las elecciones, donde Buelna, debía ser sucedido, surgieron

movimientos revolucionarios pero también formas de rebelión disfrazados, donde

participaron gavillas en diferentes puntos del Estado, para hacer notar una

inconformidad social y que se declarara estado de sitio no pudiendo llevarse a

cabo las elecciones para tomar el poder por medio de las armas.134

3.2.- Las manifestaciones violentas de las aspiraciones políticas del poder.

3.2.1.- Rebelión de Ángel Martínez.

Los pronunciamientos, revueltas y rebeliones encontraron situaciones propicias

en el país, derrotada la intervención francesa, la gran cantidad de jóvenes que

habían fincado su vida, como proyecto y medio para alcanzar el poder, el honor y

el reconocimiento de la sociedad, al ver que no había para todos, que solo los

más fuertes, pueden alcanzar los triunfos anhelados, y a éstos intereses

personales se integra el hecho de que por orden del gobierno general, Benito

Juárez, quien además se reelige en más de dos ocasiones, con justificación en

reformas fiscales, redujo el ejercito de 60, 000 a 20,000, el número de hombres,

provocándose la desocupación de muchos que tenían como medio de vida el uso

de las armas, así que Sinaloa fue afectado incrementándose la inseguridad en

los caminos, pues muchos de estos acudían a la rapiña, los asaltos y el

bandidaje en general.135

Las irregularidades que la prensa y documentación de la época en materia

electoral registra permite observar que los problemas poselectorales eran una

constante, algunas rebeliones se generan a causa de las inconformidades de los

resultados de elecciones, como lo fue cuando Domingo Rubí es declarado

reelecto como gobernador, derrotando al general Ángel Martínez en 1867, las

134 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa… p. 167. 135 DO, Exposición que el Secretario de Estado y del Despacho de Guerra y Marina hace al Congreso de la Unión, sobre las dificultades en la ejecución de la ley de presupuesto del 17 de junio último, 22 de septiembre de 1868, N.266. F. 162.

99

acusaciones por parte de sus opositores consisten en el uso de fuerza y presión

para obtener sufragios.

En septiembre de 1867, después de la retirada de las tropas francesas se

convocó a elecciones y al celebrarse las mismas en medio de un clima de

pasiones encendidas en toda la republica, de los abusos del poder local en

manos de Domingo Rubí, por decisión casi unánime del jefe del Ejercito de

Occidente, Ramón Corona, y como contraparte la simpatía, los compromisos y

esperanzas que los miembros de las tropas tienen por uno de los candidatos,

Ángel Martínez, Comandante militar del Estado, por el cual, se atreven a

amenazar durante la campaña política con una rebelión de no resultar

ganadores.

En diciembre de 1868, al declarar el congreso reelecto a Domingo Rubí, surgen

los problemas pos-electorales, iniciándose la sublevación del general Ángel

Martínez, los coroneles militares Jorge G. Granados, Adolfo Palacio y el

licenciado Irineo Paz, quien recientemente renuncia al cargo de secretario de

gobierno, se pronunciaron en Culiacán contra la elección, desconociendo a Rubí

como gobernador constitucional, acusándole del uso de la fuerza y presión para

hacerse nombrar por el congreso. Pocos días después extraen de la casa de

moneda de Culiacán 72,000 pesos y se los reparten como motín. 136 Diez días

después, el general Jesús Toledo, y los coroneles Adolfo Palacio y Jorge G.

Granados, reforman el plan de Culiacán, proclamando en Elota un plan que

tiene como objetivos, desconocer a las autoridades emanadas de las elecciones

pasadas; proclamar a Ángel Martínez para el mando político ínterin, y que se

convoque a nuevas elecciones.

Según Ángel Martínez, las razones principales del movimiento conforme al plan

de Elota del 14 de enero de 1868 era: corresponder al llamamiento de los

pueblos oprimidos durante la administración de Rubí, despojados del derecho de

omitir libremente su voto en el último periodo electoral, barrenándose los

136 Eustaquio Buelna, op cit., p. 101.

100

principios constitucionales y las leyes electorales; y la segunda, salvar al referido

Estado de los horrores de la guerra civil.137

La guerra civil cunde en el estado, son muchos los pueblos que se integran a la

causa rebelde, se levantan actas secundando el plan en: la cabecera municipal

de Mocorito, en algunas de sus directorias o celadurías, tales como Alhuey, San

Benito, El valle, Capirato; la villa del Fuerte, la villa de Sinaloa, y Bamoa también

de este Distrito, en la prefectura de Badiraguato, y la directoria de la Ciénega, en

la celaduría de Culiacáncito, Aguaruto y San Pedro, del distrito de Culiacán, así

también en la ciudad de Concordia, Mesillas y Malpica, del mismo distrito. 138

En algunos pueblos fueron las propias autoridades las que firmaron estas

proclamas en sus respectivos lugares, que bien podía ser en la casa de gobierno

municipal, en la comandancia o domicilio particular de jueces mayores o

menores, de los pueblos, donde se reúnen ciudadanos, autoridades, municipales,

como prefectos o directores políticos, empleados públicos, vecinos del lugar, o

miembros de escuadrones militares, los cuales validan su posición política.

Del 14 de enero a 15 de abril del mismo 1868, la rebelión hizo alarde de una

serie de encuentros armados entre grupos militares disidentes que se alistaron a

la causa contra las fuerzas del gobierno estatal, que fue apoyado por el ejército

de Occidente, el Ministerio de Guerra y Marina federal, despachando

particularmente las fuerzas militares al mando del general Donato Guerra, para

acabar con este movimiento que en un principio parece circunscribirse

localmente pero que sus alcances demandaron el apoyo del gobierno nacional.

Es de considerarse que esta rebelión adquirió un gran número de adeptos, pues

se refiere que en una batalla en Villa Unión, el 8 de abril de 1868, Donato

Guerra, jefe de la columna de vanguardia de la cuarta División militar se enfrentó

137 DO, Documentos que decomisan las fuerzas armadas al derrotar y aprender a Ángel Martínez, 7 de mayo, 1868, N. 128, F. 73. 138 ES, Mazatlán, 28 de febrero de 1868, N. 18. foja 1-4.

101

contra un ejercito de mil setecientos hombres de las tres armas, al mando del

general Martínez.139

Ángel Martínez, se puso a la cabeza de un movimiento que parecía no tener

mayores alcances que manifestar la inconformidad contra los resultados de una

elección en el Estado, se ve envuelto en una guerra sin fin, ya que el congreso

del Estado, al ver rebasadas las fuerzas militares de Domingo Rubí, solicitó el

apoyo del gobierno federal, misma que no se escatima por la influencia que tiene

Ramón Corona, entrando estas fuerzas a allanar el movimiento, por su parte,

Martínez, buscando no entrar en hostilidades con el gobierno federal se

comunicó a través de correspondencia escrita con el Ministro de Gobernación,

Sebastián Lerdo de Tejada, a quien aseguró que su nombramiento como

gobernador a través del Plan de Elota, era expresión de la voluntad general del

Estado y consideraba necesario mandar a un comisionado para que

personalmente le explicara la situación, sin embargo la respuesta de Lerdo de

Tejada fue tajante ya que no aceptar el gobierno general que un grupo de

rebeldes tomaran el poder en Sinaloa, así que libró órdenes para que las fuerzas

competentes se trasladaran a Sinaloa para restablecer la paz y las autoridades

constitucionales.140

El cabecilla de esta rebelión, a pesar de, recibir esta orden el 11 de febrero del

mismo año, se resistió someterse a ella, pero con la derrota que Donato Guerra,

general del gobierno federal, les infringe, el 8 de abril, decidió días después en un

documento que oficializa el 15 del mismo mes, desde Culiacán, que deja las

armas para sacrificarse por los pueblos del Estado, pues la lucha ya no es contra

el gobernador Rubí, sino contra el gobierno supremo; ´´la lucha no debe

continuar, es mejor, nos obligan razones muy fuertes como son: no sacrificar a

los pueblos, y guardar la obediencia debida al poder supremo.´´ la confianza en

que el gobierno general respetaría la voluntad de los sinaloenses queda fuera de

sus pensamientos y hace un llamado a sus compañeros de armas para que se

139 DO, Parte militar que envía, Donato Guerra al Ministerio de Guerra y Marina, 1º de mayo 1868, N. 122, F. 60. 140 Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México, la República restaurada, la vida política, México, El Colegio Nacional, Hermes, 1955.

102

retiren a la vida privada, mientras el viaja a la ciudad de México para pedir el

indulto.141

El coronel Adolfo Palacio, preso en Mazatlán por su complicidad en el

pronunciamiento de Ángel Martínez, se fugó de la cárcel el 25 de febrero de

1869, sorprende el 13 de marzo la guardia de la cárcel de Culiacán,

acompañado de 14 hombres, engrosó sus filas con los presos, imponiendo al

vecindario un préstamo de cinco mil pesos y de la casa de moneda saca otros

cinco mil, iniciando con esto, un movimiento para desconocer a Domingo Rubí y

proclama a Don Placido Vega, gobernador. En Mocorito, impone otro préstamo y

uno de sus hombres Victoriano Cruz en Escuinapa, recluta elementos y dinero

para la causa, en el Rosario este mismo, redujo a prisión a algunos de sus

vecinos.142

En una proclama, que remite Palacios el día de su levantamiento en Culiacán

hace un llamado para combatir una administración torpe y absurda, uniendo

esfuerzos para librarse de la esclavitud y abatimiento en que se vive, colocando a

Sinaloa en puesto que le corresponde por sus sacrificios continuos y por su amor

a la independencia, libertad y principios republicanos. En esta misma propone a

Placido Vega para asumir el gobierno provisional, por su carrera pública de más

garantías para el porvenir, mientras termina la guerra para luego proceder a

nueva elección.143

Sin embargo, esta revuelta no tuvo mayores alcances que la invasión de algunos

pueblos, principalmente del centro y norte del estado, porque el 18 de abril

Eulogio Parra, con las guardias nacionales de varias localidades que se alistaron

para acabar con los sublevados, el dieciocho de abril, después de derrotar a la

gavilla de Victoriano Cruz, encuentran a la fuerza pronunciada en la Sierra de la

141 DO, Documentos que se anexan a los resultados de la derrota de Ángel Martínez, 1º de mayo 1868, No. 122, F. 60. 142 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, pp. 106-107. 143 DO, Documentos que envía Eulogio Parra, Comandante militar, en comunicación con el Ministerio de Guerra y Marina, 20 de marzo de 1869. No. 88. F. 171.

103

Soledad, el Fuerte, derrotándola completamente y fusilando al mismo Adolfo

Palacios.144

Los problemas poselectorales en Sinaloa, se veían alentados, seguramente por

la situación que vivía el país, ya que la reelección de Benito Juárez como

presidente se cuestionaba incesablemente en la prensa nacional y local, la

revista, el Monitor y el Globo, aseguran que en las elecciones de 1869, se

evidenciaron personas como comisionados de candidaturas oficiales de compra

de votos; e incluso que el pueblo votante no participó, de la forma como arrojan

resultados, que fue mucha la indiferencia, el Diario Oficial, por su parte, rechaza

las críticas que se generan, señala que no es posible sembrar el terror en todo el

país con solo 16,000 hombres del ejército y que la voluntad del pueblo se ha

reconocido en el conteo de votos.145

3.2. 2.- Las revueltas de juaristas, porfiristas y lerdistas.

Las elecciones para presidente de la república, vinieron a complicar el panorama

de inestabilidad político–militar, las diferentes facciones juaristas, porfiristas, y

lerdistas que existían en el país, inician todo tipo de fricciones, utilizando

maniobras, y estrategias sin fin, para hacerse de adeptos a su partido.

La convocatoria electoral de 1871 en Sinaloa, se movía en dos facciones

políticas, contendieron como candidatos a la gubernatura, Eustaquio Buelna y el

general Manuel Márquez de León, cuyos bandos se movían el primero con Benito

Juárez y el segundo con Porfirio Díaz.

En los comicios celebrados el 2 de julio resultó triunfante Buelna, y Benito Juárez

en la presidencia de la república, el 20 de noviembre el primero es declarado

gobernador constitucional y entró a ejercer el día 27 de acuerdo con lo que

disponía la ley. Pero los derrotados que eran miembros del ejercito, en cuanto se

dieron cuenta que la elección no les favoreció, hicieron estallar en Culiacán un

levantamiento encabezado por Francisco Cañedo, contra los resultado de las

144 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa.. p. 107. 145 DO, 9 de julio 1869, N. 190, F. 17ª.

104

elecciones, pocos días más tarde, Eulogio Parra, secunda en el sur del estado la

revuelta de Cañedo, más este último es derrotado en Imala, cae prisionero y sus

tropas fueron dispersadas, en tanto que el segundo es derrotado por fuerzas

federales auxiliadas por la guardia nacional.146

A pesar de esto, la lucha no se detuvo pues los resultados de las elecciones

presidenciales generaron una serie de inconformidades, dándose una rebelión

que se propagó en todo el país, las facciones porfiristas no aceptaron su derrota

y, en Sinaloa, está revolución comenzó el 17 de noviembre en Mazatlán con el

cuartelazo de la guarnición del puerto, encabezado por José Palacio en contra de

Benito Juárez y de Eustaquio Buelna, que tiene como fin sumarse al llamado

Plan de la Noria, proclamado nueve días antes por Porfirio Díaz y que tiene por

fines: oponerse a la perpetuación de Benito Juárez en el poder, la observancia de

la constitución de 1857 y la consagración del sufragio libre.

Buelna, al escapar prácticamente de manos de los pronunciados, se trasladó a

Altata y de ahí a sucesivamente desembarcó en al estero del Tule para

finalmente llegar a Mocorito.147 Las fuerzas porfiristas en Sinaloa se habilitaron

con sin número de miembros, Francisco Cañedo y Eulogio Parra, que estaban

presos en Mazatlán quedan libres gracias al pronunciamiento de José Palacio,

Cañedo inició el 9 de diciembre una campaña recorriendo los distritos del sur y,

asechando los pasos de Eustaquio Buelna, que al verse en plena desventaja

solicitó y recibió ayuda del gobernador de Sonora Ignacio Pesqueira a sabiendas

de que defendía las causas juaristas.

Mientras tanto, en Culiacán en los primeros de diciembre, el general Manuel

Márquez de León, obtuvo el nombramiento para gobernador, de Donato Guerra,

quien habiendo sumado a las filas porfiristas, se convirtió en jefe de la llamada

Segunda División del Ejercito regenerador. Comenzando así la época en la que

146 Filiberto Leandro Quintero, op cit., p.488-489. 147 Ibíd., p. 489-490.

105

existen dos gobernadores, Buelna de las facciones Juarístas y Márquez de las

porfiristas en revolución.148

La lucha continúo hasta la toma de Culiacán el primero de marzo de 1872,

Buelna no pudo sostener sólo la campaña contra este movimiento, que se

convirtió en nacional, por ello el propio Ignacio Pesqueira, pisó tierras

sinaloenses, con sus tropas, destinando buena parte de los recursos del erario de

Sonora, para fortalecer y rehabilitar los ejércitos, luego de fuertes choques

violentos entre las facciones militares, Álamos se convirtió durante esta

revolución en el punto exclusivo por excelencia de los contingentes armados de

Sonora y Sinaloa para su fortalecimiento y reorganización.

En esta revuelta, se habla de poco más de mil quinientos hombres acaudillados

por Pesqueira y Buelna y más de mil con los porfiristas, y a esto agregamos que

el 5 de mayo llegó a Mazatlán, el General Sóstenes Rocha, con mas dos mil

hombres de las fuerzas federales, quien acudió a Culiacán para informar a

Pesqueira de sus operaciones, éste ultimo se embarcó de Mazatlán para Sonora

al no ser necesarias ya sus fuerzas. A solo tres días de que Buelna podía

considerar que logró el triunfo, la llegada de Sóstenes Rocha cambió el proyecto

político, la órdenes del gobierno nacional parecían ser otras, Rocha declaró a

Sinaloa estado de sitio y nombró como gobernador y comandante militar del

Estado a Domingo Rubí.

El desorden no terminó, los porfiristas se dispersaron en guerrillas en la sierra

limítrofe con Durango, hasta que una sorpresa alcanzó a la mayoría, el

fallecimiento de Benito Juárez en julio de 1872, el movimiento nacional ya no

tenía razón de ser, pero el local no terminó, Francisco Cañedo y el coronel

Doroteo López, continuó en su oposición a Buelna.

El orden legal, pudo restablecerse hasta el 5 de febrero de 1873, Buelna se hizo

cargo nuevamente del poder aunque sólo hasta el 11 de mayo de 1875, viéndose

obligado a renunciar pues la campaña política para gobernador suscita una vez

148 Ibíd., p. 492.

106

más grandes inspiraciones ahora entre porfiristas y lerdistas y lo mejor es que no

tome partido, por los candidatos José Rojo y Eseverri y Jesús Maria Gaxiola.

En año de 1876 se presentó otra revuelta militar con alcances nacionales: la de

Porfirio Díaz en Tuxtepec; en contra de la reelección de Sebastián Lerdo de

Tejada, como presidente de la república. Los adeptos que ésta tuvo en Sinaloa,

hizo pensar a los partidarios de ésta, que cundiría en todo el estado, debido a la

aparición de varias partidas de pronunciados en los distritos del sur, a la vez que

los revolucionarios de Durango amagaban el distrito de Cosalá y los del Cantón

de Tepic al de Rosario.149 Además, las inconformidades indígenas le dieron otro

matiz a esta rebelión, pues entre mayo y junio, los indígenas de Ajoya, a las

órdenes de Feliciano Roque, atacaron San Ignacio primeramente y lo tomaron,

luego, Cosalá, haciendo lo mismo con éxito y además amenazaron Culiacán

aunque son repelidos.

Con este escenario político, Francisco Cañedo y Jesús Ramírez, Terrón se

pronunciaron el 11 de julio del mismo 1876, por el Plan de Tuxtepec de Porfirio

Díaz, solo que posteriormente serían derrotados por las fuerzas federales que

permanecieron fieles al gobierno. Cañedo se retractó de la sublevación y sólo

Jesús Terrón, permaneció en rebeldía en el sur del Estado. No así los

tuxpecanos triunfaron en todo el país, Ramírez Terrón fue reconocido gobernador

en marzo de 1877 y convocó a elecciones en abril, de las cuales, resultó

triunfador Francisco Cañedo.150

Según la prensa oficial del estado, la revuelta tuvo el rechazo de los sinaloenses

que se manifestó con la participación de los vecinos de algunas poblaciones

como Cosalá y El Rosario, que colaboraron con armas y recursos a la defensa

en contra de los partidarios que hicieron su entrada de Durango y el Cantón de

Tepic respectivamente, fortaleciéndose con este apoyo las fuerzas del estado y

federales. Aunque es necesario agregar, que el gobierno utilizó algunos medios

para infringir temor en la población, de tal forma que no es extraño que afirme el

periódico oficial, la inconveniencia de que un movimiento que inició en Oaxaca, 149 ES, “El Estado actual”, 29 de abril de 1876, No. 16, f. 139. 150 Sergio Ortega Noriega, Breve historia de Sin., p. 240.

107

se haya extendido en otros estados de la república haciéndolos presas de la

guerra, invalidando las garantías que la ley concedía al hombre y al ciudadano.151

A pesar de que en Sinaloa, Francisco Cañedo y Jesús Ramírez Terrón fueron

derrotados, es decir, que el movimiento porfirista, no tuvo buen fin, los éxitos que

este alcanzó como movimiento nacional, al llegar Porfirio Díaz a la presidencia de

la Republica, a las facciones porfiristas le permitieron tomar el poder ejecutivo de

Sinaloa, de tal forma, que Ramírez Terrón ocupó el gobierno como interino y

convoca a elecciones en 1877, mismas que tuvieron una serie de denuncias

principalmente porque se presentaron algunas aprehensiones, por parte de

generales y comandantes militares.

3.3.- Los caudillos: sus rasgos y motivaciones.

La tipología de los hombres que militaron en las filas republicanas es variada y

debido a esto, se provocaron fricciones entre un caudillismo local que tuvo en un

momento como máximo representante a Plácido Vega, originario de El Fuerte,

que conformó su séquito de seguidores por amiguismos o compañerismo de

batalla o bien compromisos personales con Jesús García Morales y Fortino

León, principalmente.

Mismos que en poco tiempo se enfrentaron a una clase experimentada también

en la lucha militar solo que poseían la característica de ser letrados venidos de

Jalisco como Antonio Rosales y Adolfo Palacio, entre otros, aunque el primero de

estos fue colaborador de la administración de Plácido Vega como Secretario de

Gobierno por algunos meses.

Más Antonio Rosales poco tardó en entrar en fricciones y enemistarse por

completo con el caudillo sinaloense. Se unió a un pronunciamiento contra Fortino

León, gobernador interino de Vega y en la segunda ocasión en 1861 a tan sólo

ocho meses del primer caso fue culpado de organizar un movimiento subversivo

contra Plácido Vega, así que éste y Adolfo Palacio fueron encarcelados y

desterrados de la entidad.

151 ES, “El Estado actual”, 29 de abril de 1876, f. 139.

108

Este escenario de caudillos militares partidarios y defensores del liberalismo y la

Constitución de 1857 que lucharon en Sinaloa por restablecer el orden, auxiliados

por sonorenses como Ignacio Pesqueira y Jesús García Morales, se acrecentó

manifestándose las pugnas por el poder con los procedentes de Jalisco.

Con la toma de la capital de Sinaloa el proyecto de los liberales de Occidente

entre ellos Pedro Ogazón gobernador de Jalisco e Ignacio Pesqueira de Sonora,

ganaron como aliado para esta lucha en contra del conservadurismo al gobierno

del estado de Sinaloa. Además los jaliscienses ante la constante amenaza del

líder de los indígenas del Cantón de Tepic Manuel Lozada, que tenía amplias

relaciones con los conservadores, solicitaron la ayuda del gobernador de Sinaloa.

En esta ambiente de hostilidad entre el gobierno de Jalisco y Manuel Lozada,

aparecieron otros caudillos con un carácter regional que además establecieron

una relación directa con Benito Juárez como lo fue Ramón Corona. Este último

empezó a tener presencia en la entidad gracias a la comandancia de las

llamadas Brigadas de Sinaloa y Jalisco que después se denominaría

flamantemente Ejército de Occidente.

La comunicación que estableció Ramón Corona como jefe del ejercito le permitió

que en sus informes militares enviados al Ministerio de Guerra pusiera al tanto

obviamente de acuerdo a su percepción, punto de vista y conveniencia de lo que

en Sinaloa sucedía planeando en un principio la eliminación del poder alcanzado

por caudillo local Plácido Vega, señalando su resistencia a cooperar con recursos

para la lucha contra los imperialistas.

Para lograr el objetivo de derrocarlo llevaron a acabo una campaña de

desprestigio que tuvo varias fases: por órdenes del presidente Benito Juárez

nombraron a Juan de la Peña, jefe de la Aduana Marítima de Mazatlán, mismo

que a su llegada daría los pormenores del manejo arbitrario de los recursos de la

Aduana; después destituyó a los que en la oficina aduanal fueran partidarios del

gobernador de Sinaloa. A su vez a de la Peña se le otorgó el poder para hacer

entrega de dinero al jefe de las Brigadas de Sinaloa y Jalisco para continuar en la

lucha contra Lozada.

109

Los límites geográficos entre Jalisco y Sinaloa, y las derrotas infringidas contra el

ejército de los jaliscienses provocaba que se replegaran hasta la zona de

Escuinapa, El Rosario y Mazatlán para buscar la recuperación física y material de

las tropas, por ello, solicitaron la ayuda de los gobiernos de la entidad para

continuar la lucha que amenazó muchas veces al estado de Sinaloa, justamente

porque aquí los liberales administraban la política y participaban con fuerzas

armadas contra los lozadistas.

Los caudillos regionales procedentes en su mayoría de Jalisco al establecerse en

Sinaloa a causa de la guerra de intervención buscaron ocupar los puestos

públicos, formar parte de la institucionalidad y lo que lograron fue trastocarla por

los diversos intereses entre los mismos.

Antonio Rosales, caudillo que había tenido serias desavenencias con Plácido

Vega, logró sostenerse y maniobrar junto con Ramón Corona la caída de García

Morales,152 a través de la forma más común que los militares usaban para tomar

el poder, un pronunciamiento en Villa Unión en octubre de 1864. Con esto se

quitaron de encima a un caudillo más que sostenía el gobierno local en Sinaloa.

Por su parte, Rosales fue elegido gobernador a raíz de dicho pronunciamiento,

cargo que sostuvo por poco tiempo, porque también un movimiento rebelde de

carácter militar proclamado por Ascensión Correa, uno de los jefes de milicia de

Corona, que al mando del Batallón Hidalgo lo desconoció como gobernador, aun

en medio de la intervención francesa en la entidad.

En pocos días, Ramón Corona regresó a Culiacán, lugar donde se había dado el

reciente levantamiento, se entrevistó con Rosales, y este último pidió que Correa

sea procesado para reivindicar su investidura, con lo cual Corona no estuvo de

acuerdo adoptando una actitud conciliadora que el gobernador de Sinaloa no

aceptó presentando su renuncia al gobierno. Es aquí cuando apareció para

sustituirlo un jefe militar de origen sinaloense, Domingo Rubí; con estos hechos

Corona había logrado deshacerse de Rosales que con su personalidad tan fuerte

empañaba sus acciones políticas y militares.

152 Caudillo del grupo de Plácido Vega que fungía como gobernador en 1864.

110

A la renuncia de Rosales le siguieron la de los coroneles Sánchez Román,

Manuel Banda y los tenientes coroneles Jorge G. Granados y Francisco G.

Miranda. Este hecho demostraba que el nombramiento de Rubí era núcleo de un

grupo divisionista de partidarios, en el seno de las corporaciones militares

destacadas en Culiacán y explica las preferencias políticas, de ambas

facciones.153

Respecto a esto, los intereses por el control de los provechos fiscales también

eran motivo de disputas entre los caudillos. Prácticamente desde San Ignacio al

norte, el gobierno de Rosales había controlado durante su gobierno la totalidad

de los de recursos del fisco, del estado y federales, pues esta porción de la

entidad gozaba prácticamente de compl. eta paz. De San Ignacio al sur, es decir,

los distritos de Concordia, Mazatlán, El Rosario, quedaron como única fuente de

recursos para las tropas de Corona.154

Más con el nombramiento de Domingo Rubí como gobernador en 1866, Ramón

Corona consolidó su poder en Sinaloa, ya como jefe del llamado Ejército de

Occidente, pues incidió en la decisión federal para que Francisco Sepúlveda

antiguo conocido suyo fuese nombrado Administrador de la Aduana Marítima de

Mazatlán y Atanasio Aragón como Jefe Superior de Hacienda.

Con lo anteriormente descrito es posible confirmar que la unión entre caudillos

surgidos y sostenidos por la milicia estaba sostenida con vínculos de carácter

tradicional, surgidos por compañerismo en épocas de conflictos armados, se

integraban por relaciones afines y de conveniencia de intereses, de sentido de

pertenencia de lealtad, como lo afirma François-Xavier Guerra.

También es notable la lógica del poder individual, donde lo dominante es la

presencia de autores individuales, los caudillos, en detrimento de la

institucionalidad, pues estaba ausente el marco legal al no tener vigencia en el

espacio político de Sinaloa. La lucha por destacar de estos actores individuales,

los caudillos, dejaron fuera de las grandes esferas públicas a los actores

153 José Mena Castillo, Historia compendiada del Estado de Sinaloa, Segunda Parte, México, 1943, p. 164. 154 Ibíd, p. 165.

111

colectivos, ya que poco hicieron uso de voz o presencia en el escenario político

que se ilustra.

Los existencia del caudillismo y el escenario problemático que este fenómeno

propició permite encontrar a una sociedad que tenía rasgos pronunciados del

tradicionalismo, y que en buena medida se movía en torno a los caudillos porque

dominaron la política con rasgos ancestrales y curiosamente en muchos casos

fueron ellos los que anunciaban y defendían la adopción del régimen con carácter

modernizador donde encontramos a la ciudadanía, asunto que se trata en el

siguiente capítulo.

112

CAPITULO IV.

CIUDADANÍA, REPRESENTACIÓN POLÍTICA: PRIVILEGIO Y EXCLUSIÓN.

4.1.- La ciudadanía como concepto histórico y su inclusión constitucional en Sinaloa.

El concepto de ciudadanía surge ligado a otros como soberanía, nación, patria,

representación y estado, porque todos ellos constituyeron novedades del mundo

moderno, que empezaron a tener auge a partir de los primeros frutos de la

Revolución Francesa, con los llamados derechos del Hombre y del ciudadano,

con la Constitución de los Estados Unidos de América, que declaró, que el

principio de toda soberanía reside en la nación.

Fue en la Constitución de Cádiz en 1812 para el caso de las colonias españolas

donde por primera vez, se encontró el reconocimiento a la existencia del

ciudadano, así el poder soberano que antes residía en el rey, se otorgó al pueblo.

Con ello surgió la nueva forma de entender la soberanía como: atributo de la

comunidad ciudadana, pueblo o nación.

La crisis político social generada a partir de las intervenciones extranjeras, desde

la francesa en España en 1808, hasta la que sufrió América Latina, luego de las

independencias en muchas regiones, pusieron de nuevo a la soberanía en

jaque, y ésta fue discutida reconformándose como el derecho que tienen los

pueblos para organizarse políticamente ellos mismos, con autonomía, utilizando

toda su fuerza para contrarrestar el asecho de civilizaciones extranjeras en el

siglo XIX.

Los países de América Latina, buscaron hacer valer sus derechos como naciones

libres para no ser intervenidas, primero por España, luego por Estados Unidos o

bien Francia, otras veces por Inglaterra; de tal manera que, conceptos como

ciudadanía, soberanía, componentes básicos del liberalismo fueron adoptados y

plasmados en las constituciones, y en ocasiones reinterpretados en discursos

periodísticos o del presidente, gobernadores, diputados, etc.

113

Desde la mencionada constitución de Cádiz de 1812, era necesaria una idea de

pertenencia a una identidad colectiva común de la nación con derechos

universales, como propiedad, igualdad, seguridad, sufragio. En México estos

principios tomaron rumbos diferentes por el protagonismo de los pueblos y la

crisis del imperio español.155 Por su parte, los poderes locales aprovecharon a su

manera este precepto de ciudadanía y asientan algunos requisitos para definir

quien era ciudadano, quien no y quien dejaba de serlo en determinado caso.

Las discusiones sobre la ciudadanía en la historia europea y americana se

originaron cuando el poder soberano que reside en el monarca, trasmitido a

través de la dinastía, se pretende sea transmisible para entenderse y declararse

fenómeno social, derecho de la comunidad política.

La tradición de la monarquía española ofreció resistencia, los movimientos de

independencia y revolución surgieron como etapas previas al reconocimiento de

la soberanía como potestad emanada del pueblo, como parte de la comunidad

política, del ejercicio de la representatividad originada de los ciudadanos.

La sola idea de este tipo de soberanía generó conflictos en la monarquía, no sólo

por la común -y en general- asociación de la soberanía con monarquía y dinastía,

sino más aun, por la tradicional de distancia de comunicación de carácter político

entre rey y reino, ausentes de cuerpos de intermediación política entre ambos. A

su vez, existía una ausencia de instituciones donde desarrollar la dimensión

ciudadana de participación política de los súbditos, pues no existía una

constitución que integrara esto.156

El ciudadano se fue construyendo a la par de las autoridades civiles, los valores

públicos, lo cívico, es un sistema de usos y costumbres, de formas de acción,

dotadas de un sentido para hacer valer la razón de la existencia del poder

estatal, la organización de la función publica como tal, el porqué, el para qué, de

155 Francois Xavier Guerra, ´´El Soberano y su reino, reflexiones sobre el ciudadano en América Latina´´ en: Hilda Sabato, Ciudadanía política y formación de las naciones, perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, FCE, 1999, p. 30.

156 José Maria Portillo Valdés,´”Soberanía”, Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (directores), Diccionario político y social del siglo XIX español, Madrid, Alianza Editorial 2002. p. 648.

114

su existencia, con fines a resolver de manera pacífica las diferencias en

sociedad.

La aparición de la ciudadanía tuvo un rasgo fácilmente comprensible porque se

necesitaba de la lealtad individual hacia las crecientes instituciones públicas,

bajo la forma de Estado: para abandonar las maneras tradicionales,

reminiscencias del colonialismo español como las comunidades y corporaciones.

Fundando una forma particular establecida ya en Francia y Estados Unidos, que

implicaba un tipo de obediencia política con matices modernos, productos de la

Revolución Francesa.

En la Revolución Francesa la cuestión de la ciudadanía estaba implícita, por ser

una revolución de la igualdad, que tuvo su origen en el odio a los privilegios, se

conjuga con la reapropiación colectiva de la soberanía real para coronar al

pueblo, es decir, que el derecho al sufragio es entendido como un derecho

natural.157

En este marco, la institución de la ciudadanía ocupó un lugar central, porque le

otorgan derechos políticos al individuo, y lo convierten en miembro de una

comunidad. Este campo problemático se interroga por las elecciones, el sufragio,

las prácticas electorales, por la opinión pública y la esfera pública, por las milicias

y la ciudadanía armada, y por otras facetas de las relaciones entre la sociedad

civil y la sociedad política.158

Así se explica también la aparición en la mayoría de las constituciones locales de

los recientes estados federalizados en México, reafirmando la necesidad y

existencia de los poderes emanados del voto, de las elecciones. Aunque no se

agotó ahí porque se estipularon derechos y obligaciones para todos

independientemente que fueran reconocidos por el poder legislativo de las

cámaras locales o no como ciudadanos.

157 Pierre Rosanvallon, La Consagración del Ciudadano, Historia del Sufragio Universal en Francia, México, Instituto Mora, 1999, p. 39. 158 Hilda Sabato y Alberto Lettieri (Compiladores), La vida política en la Argentina del siglo XIX, armas, votos y voces, México, 2003.p. 10-12.

115

Al instaurarse el federalismo, la mayoría de los estados de la República Mexicana

asentaron en su constitución local las formas de alcanzar la ciudadanía. Por su

parte, el Estado Libre de Occidente compuesto por las provincias de Sonora y

Sinaloa en 1825 estipularon en su primera constitución los derechos políticos de

los ciudadanos del Estado, señalando que se necesitaba ser avecindado del

estado y con veintiún años cumplidos o en caso de ser casado sólo dieciocho,

también podían adquirir estos derechos los naturales de otras republicas

americanas o territorio de la federación que hayan obtenido por el estado su carta

de ciudadanía solo que se fijara con alguna industria o capital por un lapso

mínimo dos años siempre y cuando fueran fieles a la nación y forma de gobierno;

los extranjeros de cualquier otro país debían obtener del Congreso del estado su

carta de ciudadanía, que podía ser solicitada al tener cuatro años de residencia o

bien dos, si estaban casados con mujer natural del estado, o bien tener

propiedad territorial, profesión o industria productiva.

La ciudadanía podía perderse según la constitución en caso de adquirir

naturaleza en un país extranjero, cuando sin permiso de los Estados Unidos

Mexicanos se admitiese empleo, condecoración o pensión de un gobierno

extranjero, a los fueren procesados por delitos, en caso de vender o comprar

votos en las juntas electorales.

El ejercicio de estos derechos sería suspendido por incapacidad física o moral,

por no tener veinte años cumplidos, por ser deudor a los caudales públicos, los

ociosos y los vagos se excluían, y moralmente los que anduvieran desnudos, a

excepción de los indígenas hasta 1850, al no acudir al llamado de las

autoridades, al ser sirviente doméstico, a los hijos ingratos debiendo existir un

juicio demandado por los padres, a los que se hubiesen separado de su mujer

legítima sin las formalidades de las leyes, y también por no saber leer y

escribir.159

La ciudadanía de acuerdo a las decisiones del gobierno y lo que la prensa

expresa, empezó a replantearse como parte de una renovación democrática a

159 Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus… p. 42-45.

116

partir de la guerra de reforma. Los postulados de la constitución de 1857 y las

leyes secundarias del periodo, que se plantean de manera concreta cuando en la

carta magna se consignan una serie de principios, que a la vez que otorgan la

legitimidad como gobierno emanado de la voluntad del pueblo, de la soberanía

del mismo, compromete las aspiraciones a asegurar sin distinción de clases ni

condiciones, que los ciudadanos puedan disfrutar de cuantos derechos y

garantías sean compatibles con el orden de la sociedad.160

Así como también para que se administre, de manera que, todas las autoridades

cumplan sus deberes y atribuciones, sin excederse del círculo marcado por las

leyes y, finalmente a que los estados de la federación usen las facultades que les

corresponden para administrar libremente sus intereses, así como para promover

todo lo conducente a su prosperidad siempre y cuando no se oponga a los

derechos e intereses generales de la república.

La ciudadanía define, en particular, la naturaleza del vínculo del estado y sus

súbditos, era el eje de un modelo moral que exigía que el estado respondiese a la

Voluntad General- o a un consenso formado por el público, imponiendo la

obediencia como contribución al bien común. 161

Los liberales del periodo de la reforma expresaron a la ciudadanía como un

modelo de la Francia de la ilustración, fincada en los derechos del hombre; el

ideal de ciudadanía descansó sobre los valores y supuestos del individualismo,

porque antes que otra cosa el ciudadano era un individuo y como tal la realidad

básica de la vida social, era el valor, el producto idealizado de una configuración

histórica que dependía del desarrollo del mercado y de la soberanía estatal. 162

Aunque también, en esta concepción de mediados del siglo XIX, tiene un peso

importante el mercado que obliga a la individualidad, la jerarquía tiende a

160 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, (Justificación de las leyes de reforma, manifiesto a la nación). p. 485-500. 161 Ibíd., p. 51. 162 Fernando Escalante Gonzalbo, Ciudadanos Imaginarios, memorial de los afanes y las desventuras de la virtud y la apología del vicio triunfante en la República Mexicana, Tratado de moral pública, México, El Colegio de México, 1992, p. 22.

117

desaparecer, el gobierno debe cambiar junto con esto, pues ahora le toca

brindar protección de los derechos e intereses individuales.

En Sinaloa, el fenómeno del liberalismo se manifestó en algunas ciudades como

Mazatlán; pues, desde los años cuarentas y cincuentas al puerto, se le empezó a

ver como ejemplo de prosperidad, donde el comercio se desarrollaba con

grandes concesiones por parte de la administración y según explicaban los

liberales, esto sería benéfico para el desarrollo del Estado, para las familias y los

residentes, entendiendo con esto que el mercado y la individualidad vendrían a

ser pormenores sugerentes de la consagración y del desarrollo de la propiedad

particular.

Tal como afirma Fernando Escalante Gonzalbo, ni la ciudadanía ni el

individualismo eran hechos espontáneos, si no integrados en un modelo cívico

que en todo el mundo se impuso de manera muy lenta a través de un proceso a

veces sangriento, por ello las luchas políticas del siglo XIX, en España, en

Francia, en Italia y en Latinoamérica, para crear ciudadanos.163

Sin embargo, en esta materia y en asuntos de ley justa y de democracia en

México era decepcionante, pues sobre cualquier asunto informaba la prensa con

sus exageraciones o bien decidía un magistrado corrupto, imponiéndose la

influencia de un político, amparándose en una logia o una camarilla, en el

desesperante paisaje de un pueblo distante, incomprensible.164

La propia interpretación que se hizo de la ley Lerdo, expedida en 1856, tendiente

a la desamortización de los bienes eclesiásticos y de propiedad comunal,

respecto a que dicha ley tenía por objeto quitar las trabas al desarrollo de la

economía mexicana y fomentar la creación de una ciudadanía de propietarios.165

163 Ibíd., p. 22. 164 Ibíd., p, 25. 165 Annick Lemperiere, “Reforma escenario complejo, dicotomía Estado pueblos”, Antonio Annino y Francois Xavier Guerra, Inventando la nación, Iberoamérica siglo XIX, (coordinadores), México, FCE, 2003, p. 343. Donde también señala que detrás del orden económico de las tierras y de la resistencia de las comunidades se encontraban una serie de razones simbólicas y culturales, que la posesión de bienes en las cofradías, pueblos, y comunidades indígenas las permitía cumplir con las obligaciones y deberes religiosos, tales como servicios públicos, como cultos, procesiones, fiestas a los santos, novenarios, etc.

118

4.2.- Vecindad: requisito, derecho o privilegio ciudadano

Uno de los requisitos para obtener la ciudadanía al instaurarse

constitucionalmente como derecho político, fue la residencia comprobada por la

vecindad, misma que seguiría teniendo gran peso para la diferenciación entre

ciudadanos y no ciudadanos, pues vagabundos y forasteros sin oficio, ni

propiedades comprobadas, jamás accedieron a este privilegio, que tiene una

explicación que se remonta hasta la época colonial.

Así, en 1776, un diccionario de la lengua española, define al ciudadano como el

vecino de una ciudad que goza de sus privilegios y está obligado a sus cargas,

no se pueden considerar ciudadanos los extranjeros, ni los vasallos del rey, ni los

que dependen de un señor laico o eclesiástico, en América, de un hacendado, o

los que viven dispersos en el campo o en localidades sin estatuto político

reconocido. Tampoco lo son, dentro de una ciudad los forasteros, o en los

pueblos, los agregados.166

Los vecinos gozaban de un estatuto privilegiado, lo que se deduce en

desigualdad obvia entre los que no eran ciudadanos, se dio también entre los

vecinos mismos. Incluso las propias ciudades tenían jerarquía de privilegios entre

sí, villas y pueblos, algunas de esas comunidades poseían fueros particulares.

Existía desigualdad porque dentro de una misma ciudad algunos vecinos poseían

privilegios suplementarios, resultado de nobleza o de hidalguía.167

Muy diferente es el ciudadano que surge de manera progresiva en los textos

constitucionales de la época revolucionaria y, sobre todo, el que definía la

constitución de Cádiz. En dicha constitución de la monarquía española se adoptó

la idea de la composición de la nación por individuos: ´”la nación española era la

región de todos los españoles de ambos hemisferios”.168

La ciudadanía obtuvo después de la independencia rasgos precisos, los

derechos políticos se le reconocen sólo a quien tenía el estatuto de vecino, quien

166 Francois Xavier Guerra, “El Soberano y su reino…” p. 32. 167

Ibíd. 168

Ibíd.

119

los ejercía al sufragar como elector. Todas las leyes electorales, de 1812 hasta

la 1855, establecían una serie de requisitos para ser acreditado como ciudadano,

como elector primario o secundario; el requisito primordial era ser vecino de una

localidad y tener un modo honesto de vivir.169

La vecindad siguió siendo de alguna manera la característica esencial de la

ciudadanía, se mantuvo como requisito principal para ser elector. Al ser

fundamental la importancia al reconocimiento social de los grupos locales, que

debían certificar, que el individuo viviera en una comunidad el tiempo que se

requería, para que representaran a determinada comunidad en la votación

indirecta. Así, Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández, señalan que México

nació a la vida independiente como una sociedad de sociedades, y que siguió

siéndolo hasta buena parte del siglo XIX.

La instauración del sistema federal, dejó en claro desde la Constitución de 1824,

las obligaciones y los derechos del ciudadano, en el periodo centralista de

Antonio López de Santa Anna, se asignaron nuevamente cargas concejiles a los

vecinos, por parte, de los alcaldes de los ayuntamientos, de acuerdo a una ley

del 20 de marzo de 1837, debido a, la necesidad de pedir guías o bestias para

bagajes requeridas para la policía. 170

De dichas cargas, en un principio, se liberaba a los empleados del ramo de

hacienda por la exigencia del buen servicio a su cargo, pero poco tiempo

después, llegó la noticia en correspondencia oficial al despacho de Gobernación

del Departamento de Sinaloa, que el presidente Antonio López de Santa Ana,

ordenaba que ningún individuo goce de la excepción de las cargas concejiles,

porque se decía que muchos con el objeto de liberarse de estos, procuraban

empleos o encargos de ramo de hacienda sin servirlos por si mismos y este

169 Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández, ´´Ciudadanía orgánica mexicana´´, en Hilda Sabato, Ciudadanía política y formación de las naciones, perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México, FCE, 1999, p. 372. 170 AHMM, “Circular que recibe la Presidencia Municipal de Mazatlán enviada por el gobernador del Departamento de Sinaloa,” 13 de enero de 1854, Caja 23-1853-1860, Exp. 1854.

120

abuso reflejó un perjuicio de los vecinos de las poblaciones porque se limitó la

posibilidad de que otros ocuparan dichos puestos. 171

Pero, así como los vecinos tenían obligaciones con el gobierno también podían

ejercer derechos, de tal forma que en 1854, en Mazatlán se presentaron

solicitudes por parte de los mismos, claro en común, de donación de terrenos

para ejidos de la población y pidiendo además la aclaración de un nuevo

impuesto que sobre el carbón, madera y otros artículos por el uso de terrenos. 172

Las definiciones en diccionarios de la época afirmaron que en la acepción

ciudadanía se requiere del sujeto, el ciudadano, mismo que en 1849, se

comprende de acuerdo al origen etimológico de la palabra vecino de alguna

ciudad o la persona avecindada en ella, de tal forma que, la residencia seguía

teniendo gran peso. Desde el punto de vista político, ciudadano comprendía a

toda persona que tiene el derecho de ciudadanía, esto es, los privilegios,

deferencias, opción al desempeño de los cargos públicos, etc, que bajo ciertas

condiciones reconoce, concede y garantiza la constitución del Estado, así a los

indígenas como a los extranjeros naturalizados y de residencia fija.

Se consideraba ciudadano no exclusivamente al residente de la ciudad porque el

vecino de cualquier población, es también un ciudadano. No cualquiera podía

alcanzar la ciudadanía, ya que los requisitos solo posibilitaron a los hombres que

tenían un estatus medio en la estructura social. No había ciudadanas (lo expresa

un diccionario de la lengua Española de 1849), porque las mujeres siguieron

estando excluidas de este derecho reservado al género masculino.173

La idea expresada en este diccionario seguramente tuvo alguna profusión en la

zona del occidente y noroeste de nuestro país, señalaba la existencia de una

relación entre el origen del ciudadano y el residente de la ciudad, porque la

ciudad permite en un primer momento hablar de ciudadanía, aunque 171 AHMM, “Ordenanza del Presidente de México, Antonio López de Santa Anna que envía el gobernador de Sinaloa al Presidente Municipal de Mazatlán,” 2 de marzo de 1854, caja 23- 1853-1860, Exp. 1854.. 172 AHMM, “Solicitudes hechas al cabildo municipal, 22 de julio y de 1º de agosto de 1856,” Caja 23, Exp. 1856 (3). 173 Ramón Joaquín Domínguez, Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española, el más completo de los léxicos publicados hasta el día, Tomo II, Madrid 1849, p. 50.

121

posteriormente el concepto no se limitó al habitante de la misma, pero de

cualquier manera, es necesario decir que la ciudad en 1849, se entiende como:

población comúnmente grande que goza de mayores preeminencias que las

villas. Algunas podían ser cabezas del reino (en este sentido dicho concepto

seguía manejando la organización política para el caso español en reinos) y

otras tienen este título por privilegio. También comprendía dicha acepción a los

espacios físicos, es decir, el conjunto de calles, casas, y edificios que componen

la ciudad, como cuerpo que moralmente la personifica. Pero a la vez, aparece la

idea de representación moderna que reside en el cuerpo de diputados o

procuradores con voto en cortes, que representaban las ciudades del reino.

La ciudadanía moderna, de la cual mucho presumen los liberales de la época de

la reforma, fuera de lo que pudiera pensarse, iba aparejada con una concepción

corporativa o comunitaria de lo social. Una ciudad, un pueblo, un barrio, una

comunidad, son cuerpos que constituyen la sociedad, el hombre se define a

través de la residencia por su pertenencia a un grupo, a un estado, territorio o

corporación. Todo aquel que no pertenecía a uno de estos grupos estaba fuera

de la sociedad: vagabundos, mendigos, marginales de todo tipo.

Por ultimo, hay que señalar que contrariamente al ciudadano moderno,

componente individual de una colectividad abstracta la nación o el pueblo-, el

vecino es siempre un hombre concreto, territorializado, enraizado: se es vecino

de esta ciudad o de esta otra, en esta pertenencia se basa su identidad y su

orgullo.174

El peso de la vecindad, siguió siendo importante, pues en documentos de las

décadas 1850, e incluso hasta 1870, ante las prefecturas los vecinos hacían

peticiones, proponiendo en común la organización de comités de obras publicas,

organización de fiestas como el carnaval, o quien ocupa el puesto de policía de la

ciudad, solicitan donación de terrenos para ejidos o bien exoneraciones del pago

de contribuciones o del servicio militar. 175

174 Francois Xavier Guerra, op cit., p. 33. 175 AHMM, Actas de Cabildo 1850-1870.

122

Denunciaban quejas contra las autoridades, que podían ser contra el

administrador de rentas, el prefectos, el sindico, el director político, contra

impuestos municipales, contra un juez, o pidiendo se anulen las elecciones

locales, para que se erija en municipalidad a alguna alcaldía.

En las quejas ante y contra autoridades eran muchos los individuos que al

manifestar sus inconformidades a veces personales y otras de afectación

colectiva se manifestaron como vecinos, aunque hubo otros que como

ciudadanos, esto tiene que ver con que no todos podían considerarse

ciudadanos, pero lo cierto, es que el derecho para opinar sobre tales o cuales

situaciones, por la mala administración publica, por un funcionario estatal o

municipal que arbitrariamente decidía algo que les afecta, era para todos los

vecinos.

De esto se pueden ofrecer muchos ejemplos; vecinos de Escuinapa hicieron

acusaciones contra el ex director político del mismo pueblo en febrero de 1867;

contra el director político de Villa Unión por tropelías e injurias, en noviembre de

1867, contra el Recaudador de contribuciones por sus procedimientos al hacer

efectivo el pago de sus adeudos; reclamaciones contra el director político de

Quilá por no haber devuelto un caballo en julio 1869; un individuo se manifestó

por haber sido azotado en la plaza pública de Concordia por orden del prefecto,

en noviembre de 1868; vecino de Culiacán emite una queja por el cobro de más

que le pidió el juez civil al facultarle una bóveda para inhumación, en noviembre

1868; incluso aparecen muchas quejas de mujeres, como la de vecina de

Escuinapa, se quejó contra el director político por actos arbitrarios en abril 1869;

en Bamoa se manifiestaron en contra del cobro que impuso el ayuntamiento para

construir un edificio, abril de 1869; contra el prefecto de Cosalá se quejó un

propietario, Leonardo Aguilar, por que repartió unos terrenos a indígenas, en abril

de 1869; un vecino de Culiacán se quejaba del Diputado de Minería que se negó

a admitirle el denuncio de una mina, en mayo de 1869.176

176 AHGES, Fondo Secretaria de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaria de Gobierno, 1857- 1870.

123

Las quejas registradas ante las autoridades son innumerables, no solo contra el

gobierno del estado también contra jueces, prefectos, ayuntamientos, quedando

de manifiesto el protagonismo del ciudadano o bien del vecino en la vida pública,

usando la institución liberal para dejar asentado su desacuerdo contra los que

detentaban el poder.

Por otro lado, se empezó a hablar de vecinos ya no en plural sino en singular,

encontramos un buen número de quejas de particulares donde se manifiestan de

manera personal ante las autoridades en muchos de los casos contra

funcionarios o empleados públicos por actos arbitrarios de jueces, prefectos y

directores políticos principalmente.

Para los liberales, la ciudadanía era una garantía para el cuerpo social, una

conquista de la libertad de pensamiento, de conciencia, como derechos propios

del ciudadano para conservar su libertad, de culto, de trabajo, de propiedad,

aludiendo a que solo con ella se podía alcanzar una verdadera igualdad y

fraternidad, condiciones esenciales de la democracia. 177

Sin embargo, es innegable que el carácter esencial de la sociedad era plural, en

buena medida por una notoria diferenciación económica y social, además cada

entidad federativa tenía sus propias leyes y reglamentos particulares, existían

derechos territoriales, que confieren a la vecindad una connotación distinta a

cada localidad, porque los regionalismos eran tan diversos, debido a, una serie

de factores como las distancias geográficas, los poderíos económicos, los

caciquismos, y la debilidad del poder político mexicano.178

Los asuntos relativos a los derechos territoriales, manifestaron gran resistencia

social y política, debido a, la oposición de transferir en propiedad privada los

derechos ancestrales, de tal manera que, la elite liberal debía reconocer el

respeto a la libertad de derechos y costumbres, para ofrecer armonía a través de

la ilustración y del progreso de la época. Dicho de otra forma, el paso de una

concepción relativa de la propiedad y el derecho a una, fundada en una ley igual

177 CM, 17 de septiembre de 1866, p. 24. 178 Marcelo Carmagnani y Alicia Hernández, op cit., p. 374.

124

para todos, y aceptación del derecho individual, representó una radical

transformación social y cultural. En este sentido, los legisladores orientaron el

derecho territorial y la vecindad hacia un horizonte federal y liberal, pero debían

cuidarse de no violentar las partes, resguardando el derecho particular de cada

entidad.179

Los liberales mexicanos adquirieron muchos portavoces en los estados, así que,

en los diversos territorios del país, grupos políticos locales, se pronunciaron a

favor de la causa liberal, la constitución política de 1857, estipuló que está tendría

el significado de Ley Suprema o ley fundamental, porque en ella, constaban las

bases del ser social, los derechos o libertades de todo habitante del país en

virtud de ser hombre. Esto significó un pacto federal, que no es otra cosa sino un

consenso para respetar la ley Suprema. 180

De acuerdo a la Ley electoral de 1857, los derechos políticos que ya habían sido

definidos en leyes que regían la nación adquieren vigencia, y en los vecinos

continuó la titularidad de estos derechos, los vecinos se diferenciaron de los

forasteros, ya que estos no podían intervenir en los asuntos públicos, como

elector o como elegible, los residentes tampoco ejercían este derecho, a menos

que estuvieran de forma permanente en la localidad pero la perdían al salir del

lugar.181

Los derechos civiles no sólo se expresaban en el espacio de condena hacia los

funcionarios públicos, sino en la participación como agentes de la vida pública

con derechos políticos que podían ejercer como electores, cosa que se tratara

más adelante.

4.3.- Educación y formación ciudadana.

Respecto a la instrucción de los ciudadanos, el impulso para su formación se

generó en dos niveles: la búsqueda de que las jóvenes generaciones de las

179 Ibíd., p. 374-375. 180 Justo Sierra, Historia patria, lecciones para la niñez, Campeche, Gobierno del Estado, 1982, p. 65. 181 Ibíd., 375.

125

escuelas primarias y secundarias, conocieran y reflexionaran sobre la

Constitución política, pues según una circular del gobierno del Estado de Sinaloa

en 1857, se adoptó como uno de los libros de instrucción para los niños más

adelantados de las escuelas, por estar ellos más próximos a entrar en la

sociedad, y por otro lado, la capacitación al pueblo trabajador, como hombre,

ciudadano; además de ofrecer los conocimientos para el desempeño de sus

labores.

En relación a la formación de los niños, los directores de las escuelas tendrían a

cargo la responsabilidad de estar observando el seguimiento de esta ley. Los

resultados de esta ordenanza deberían ser la paz, el respeto al gobierno y con el

tiempo los jóvenes podrían ser dignos ciudadanos patriotas y conocedores de los

derechos y entonces, ya no será fácil que sobreviniese la turbulencia de los

enemigos de la libertad y del progreso.182

Una de las prioridades de su gobierno, según, el discurso juarista, sería,

aumentar los establecimientos de enseñanza primaria, pues para ellos la

instrucción, era la base de la prosperidad de un pueblo, comprometiéndose a la

publicación y circulación de manuales sobre derechos y obligaciones del hombre

en sociedad.

En otro aspecto, la educación cívica, fue una táctica del gobierno en aras de la

integración nacional, debido a, la lucha contra los franceses, utilizando discursos

que se difundían en eventos conmemorativos, claves para este fin, donde se

hacía alusión a la defensa del orden constitucional, la legalidad, los derechos

ciudadanos, publicándose estos en la prensa, porque de lo contrario la

indiferencia del ciudadano común seguiría caracterizando a las generaciones

venideras.

Los cambios en la educación vislumbraban los proyectos liberales pues

buscaban la implantación del conocimiento de las ciencias prácticas para que los

niños adquirieran conocimientos encaminados a la explotación de las actividades

182 Alejandro Hernández Tyler, De cómo fue jurada en Sinaloa La Constitución de 1857, Culiacán, Publicaciones del Gobierno del Estado, 1928, p. 5.

126

comerciales e industriales, para formar a los ciudadanos emprendedores,

capaces de proyectar la explotación de minas, de levantar fabricas en las orillas

de los ríos y de transformar los recursos naturales en objetos de industria, es

decir en estos proyectos estaba implícita la idea de progreso ligada ala desarrollo

económico.183

Las intensiones del gobierno en materia educativa podían ser muy ambiciosas

pero la realidad estaba lejos de conocer la efectividad de los mismos, mientras

tanto, en el país apenas se buscaba la laicización de la instrucción publica, solo

en la capital existían establecimientos de toda clase de diversas profesiones. En

la mayoría del país el sistema de educación era limitado, casi todas las escuelas

se encontraban en los principales centros de población y en algunos casos un

seminario donde se enseñaba un poco de latín y algo de lógica y metafísica.

En enero de 1861, en Mazatlán se estableció una escuela mercantil; el colegio

fue establecido y colocado bajo el patronazgo de una junta directora de estudios,

compuesta de las personas más respetables de este Puerto. El gobierno del

Estado, en busca de impulsar la educación expidió una ley disponiendo, que las

municipalidades del estado sostuviesen en el colegio veinte discípulos y cada

uno de estas tendría derecho a enviar alumnos al Colegio, pero la indiferencia

era tal que solamente los distritos de Mazatlán y de San Ignacio enviaron sus

alumnos y pagaron sus pensiones: Concordia, El Rosario, El Fuerte y Cosalá

mandaron alumnos pero después de ocho meses no remitieron fondos; de

Badiraguato escribieron que no había personas acaudaladas y tampoco jóvenes

que se interesaran en estudiar; en Mocorito se declararon insolventes para

sostener un alumno; en Sinaloa y Culiacán prefirieron no decir nada al

respecto.184

A pesar de los proyectos en esta materia, la guerra de los tres años y la lucha

contra los franceses, aplazó estas reformas, de tal manera que, en Sinaloa el

ramo de instrucción en 1866, estaba en completo abandono, razón por la cual, el

gobernador Domingo Rubí, expidió un decreto donde se estableció la Junta de 183 EP, “Editorial, instrucción pública,” 25 de septiembre de 1861, No. 8, Año 1. 184

Ibíd.

127

Instrucción Pública, y además, solicitó el apoyo de los prefectos, para que dieran

cuenta pormenorizada del número de escuelas existentes en sus localidades,

número de niños, materias que se enseñaban y fondos con que contaban. 185

Al restaurarse la república, se dieron nuevos impulsos a la formación de la

juventud, se expidió la Ley de Instrucción Pública en 1867, que se remitía a

través de una circular del gobierno estatal, donde era notable la influencia del

pensamiento de Gabino Barreda, formado en el positivismo europeo de la época,

quien consideraba que el estudio de los fenómenos de la naturaleza, cultivan el

entendimiento y los sentidos, sin la imposición de opiniones, dogmas políticos o

religiosos.

Esto se pensaba, traería una serie de satisfacciones, como preliminar de la paz y

del orden social, porque pondría a todos los ciudadanos en actitud de apreciar

los hechos de manera semejante y por lo mismo permitiría la igualdad de

opiniones hasta donde fuese posible, de tal forma que las nuevas generaciones

formadas en el conocimiento positivista, lograrían mejores consensos, en aras de

un ideal de la ciudadanía futura.

Las opiniones serían siempre el móvil de todos los actos de los hombres, y a

través de este, pasados diez, quince o veinte años en la vida de la nación, se

podrán cimentar los medios para conciliar la libertad con la concordia, el progreso

con el orden social. 186

Por otro lado, en materia de formación educativa, se presentaron referentes con

el fin de que el pueblo trabajador, pudiera acceder a la instrucción,

capacitándose, señalan los discursos oficiales, en tres caracteres de su vida:

como hombre, ciudadano y trabajador. Pues se le consideraba parte integrante

de la sociedad, igual a todos los hombres en naturaleza, e igual a todos los

hombres en derechos. La educación como hombre debía tener dos enseñanzas,

moral y religiosa; la educación como ciudadano otras dos: la enseñanza de los

derechos humanos y la enseñanza de sus deberes para con la sociedad en que

185 CM, “Decreto del Gobierno del Estado,” 24 de marzo de 1866. 186 Jorge L. Tamayo, op cit., Tomo 12, p. 754-755.

128

vivía. La educación como trabajador debía tener dos partes: la primera relativa a

las condiciones morales y económicas del trabajo; y la segunda, la enseñanza

del trabajo a que consagrara sus fuerzas.187

Con todo, presuponen que el trabajador dejaría de integrarse a la servidumbre,

procuraría no dejarse explotar o ser una traba a las leyes económicas. Ser buen

ciudadano, para no prestarse de instrumento de la tiranía, dar apoyó a la libertad

y a la justicia.

Está implícita la intención de eliminar las reminiscencias del régimen feudal, que

el trabajo se convirtiera en propiedad de quienes lo realizan, y no del señor

feudal, o de explotadores, a partir de aquí, se pretende que, el arte la ciencia, la

industria y en general todas las profesiones tanto mecanizadas, como científicas

y literarias sean libres para ofrecer salidas viables al desarrollo de la sociedad.

Consideraban que uno de los principales deberes que debía tener el gobierno era

infundir amor al trabajo, proteger la industria y todas las demás profesiones;

proteger la clase fabril y manufacturera promoviendo de este modo el adelanto

material de las localidades; organizando escuelas de adultos, escuelas de artes y

oficios; escuelas de agricultura, fundar cajas de ahorros, y dictar otras medidas

para mejorar la condición moral de las clases laboriosas, para que la ociosidad y

la vagancia no siguieran perjudicando el orden público.188

Los impulsos encaminados a la formación e instrucción de jóvenes y adultos,

eran más notables en periodos de estabilidad, aunque la mayoría de estos

proyectos conocidos por decretos y ordenanzas oficiales, discutidos o explicados

casi siempre de manera previa o posterior en la prensa, poco se puede

considerar que lograron avances evidentes, en este periodo, lejos de leyes de

instrucción, decretos de gobiernos de los Estados, impulsos por construir

escuelas y capacitar a los preceptores. Lo que si se percibe, es la intensión de

una formación encaminada al conocimiento de las leyes sociales y naturales,

porque el positivismo empieza a adquirir seguidores en México, y van a ser ellos,

187 CM, 18 de octubre de 1866, No. 25. p. 107-108. 188 Ibíd.

129

como Gabino Barreda, Justo Sierra, entre otros, quienes participaron de manera

directa en la construcción de proyectos en materia educativa.

Los cabildos municipales eran los encargados de coordinar la instrucción básica,

a través de la comisión del ramo integrada por miembros del propio cabildo, las

peticiones para apertura de escuelas, quejas por las grandes distancias para

llegar a estas, requerimiento de maestros, necesidades de contribución para los

mismos, abastecimiento de recursos didácticos, y materiales se hacían a los

munícipes.

En algunas ocasiones el municipio prorrogaba la entrega de recursos para el

establecimiento de escuelas porque le daba prioridad a la edificación de obras

públicas como la construcción del un cementerio, y el empedrado de calles,

etc.189

La organización de la educación básica era función de los municipios, las

carencias eran innumerables, constantemente vecinos de ranchos y poblaciones

menores se quejaban de la inexistencia de escuelas, suspensión de las mismas,

malas condiciones, falta de infraestructura adecuada, de la carencia de

instructores, la falta de pagos a los mismos, por ello enviaban propuestas a los

cabildos municipales para administrar con sus propios recursos las necesidades

de la escuela con la condición de que les fueran exceptuados algunos impuestos.

En Sinaloa, el cumplimiento de la implantación de una educación superior acorde

con las leyes de 1857 se retrasó más de una década, debido a una serie de

causas: el aislamiento por falta de vías de comunicación eficientes, el militarismo,

frecuentes rebeliones locales, la negación del clero por jurar las leyes de reforma,

incitando a que la sociedad sinaloense tampoco aceptara la educación laica

asentada en el articulo tercero constitucional, el dominio que se ejercía desde el

189 AMM, “Oficio que envía el ayuntamiento en contestación a la solicitud de recursos para abrir una escuela en Mazatlán de parte de David Urrea”, 4 de mayo de 1869, Presidencia, Caja 32, Exp.3.

130

Seminario Conciliar de Sonora como promotor de ideas en contra del liberalismo,

por ultimo la precaria situación del erario estatal y los municipales. 190

Las intensiones loables a este respecto se dieron durante la administración de

Plácido Vega, pues en enero 1861, se fundó el Colegio Mercantil, Centro de

Educación Superior que buscaba que la juventud se formara en el estudio de

profesiones laicas, para contrarrestar la influencia de la religión en esta

materia.191

Después sobrevino una etapa violenta donde los gobiernos se enfrascaron en la

defensa del territorio y después las luchas partidistas, así que no se conoce

instalación de instituciones educativas de renombre hasta que la Compañía

Lancasteriana, se inició en julio de 1869, con carácter filantrópico, que promovía

la ilustración de los niños que carecían de recursos por medio del método de

enseñanza mutua; y la fundación del Liceo Rosales, que se fundó el 5 de mayo

de 1873, como Colegio de Instrucción secundaria.

El impulso a la educación laica en manos del gobierno fue una medida

implantada donde el poder civil buscaba participar en los espacios de la vida

social de las personas para incidir en la formación o instrucción de las

generaciones futuras y con ello impulsar un modelo cívico y que la libertad de las

profesiones fueran la base medular del progreso de la nación. 192

4.4.- Una nueva normatividad electoral en Sinaloa.

Para nuestro país, la historia de la democracia es propia del siglo XIX: es parte

de la introducción de las ideas liberales que buscaron que la recién creada

nación mexicana, surgiera bajo el carácter, de Republica Representativa y

Popular, donde el voto de todos aquellos que cumplían con los requisitos que

estableció la ley para ser ciudadano, podían ejercer este derecho que va a 190 Héctor R. Olea, Eustaquio Buelna, fundador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Culiacán, UAS, 1987, p.53. 191 Antonio Nakayama, Sinaloa un bosquejo… p. 311. 192 Se entendía como modelo cívico a la tendencia de que el individuo se formara con los conocimientos y la conciencia necesaria de la existencia de una serie de preceptos institucionales que otorgaban derechos y obligaciones como ciudadano capaz de participar en el espacio público.

131

permitir a las facciones partidistas ocupar los escaños más altos de la política

para administrar los recursos en aras del bien común.

Las elecciones en México durante la reforma, significaron un modo de legitimidad

política que se oponía a la derrocada administración centralista de Antonio López

de Santa Anna, argumentando los liberales que se daría inicio a una nueva etapa

para el país.

El sufragio de los ciudadanos se convirtió en la representación de la democracia,

pues el pueblo a través del voto otorgaba el poder soberano a sus gobernantes.

La participación ciudadana pasó a ser un momento culminante del día de la

elección y los resultados permitían el reconocimiento de los próximos

representantes del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, En 1857 Comonfort

contó con 8,084 votos, Benito Juárez en 1867, con 7, 282, en 1872, Lerdo de

Tejada por 9, 520 votos. 193

La organización de las elecciones, los tiempos previos a las mismas, provocaron

una serie de dimes y diretes entre las facciones políticas. La prensa oficial

pintaba las elecciones como justas, sin mancha, en cambio la oposicionista,

denunció, muchas veces indiferencia de electores, abusos, uso de la fuerza

militar etc.

En este periodo aparecen una serie de discusiones acerca del sufragio, mas se

estaba lejos de plantearse como acrecentar el padrón que era tan limitado, pues

en 1876, existían en el país, 14, 000 electores, con 198 distritos electorales, y en

promedio se solo alrededor de 62 electores que hacían valer su voto en promedio

en cada uno.

Las condiciones del periodo inmediatamente posterior a la Guerra de

intervención, le dieron a las discusiones del sufragio un matiz diferente a lo que

en tiempos de paz se podía cuestionar, porque se presentó una desconfianza

para otorgar el derecho de la emisión del voto a todos aquellos simpatizantes del

193 El Estado de Sitio (EES), “Elecciones en México”, 25 de noviembre de 1876, No. 21. p. 3.

132

imperio, parecía que en lugar de buscar la inclusión de mas ciudadanos, buscaba

la manera de excluirlos con tanta restricción. 194

De acuerdo a la ley de agosto de 1863, los considerados traidores de la patria se

fueron privados de los derechos de ciudadanos, no teniendo voto pasivo ni

activo, hasta que se les restituya por el Congreso de la Unión.

La libertad del derecho electoral en este periodo, es comprendido en torno a

activar los derechos ciudadanos a los llamados traidores de la patria, en agosto

de 1867, el gobierno general convocó a elecciones y además promulga una ley

para restablecer los derechos ciudadanos de los acusados de este delito.

Sin duda, en este escenario político, Juárez necesitaba legitimar su mandato,

por ello, en 1867 buscó la reelección inmediatamente de derrotado el imperio de

Maximiliano, convocando a elecciones de presidente de la republica, presidente

de la Suprema Corte de Justicia y magistrados de la misma. Además, hizo un

llamado a los gobernadores interinos de los Estados para que convocaran a

elecciones para designar diputados locales, gobernadores, autoridades

municipales y en general hagan elecciones para cubrir todos los puestos de

elección popular.

Para ampliar la acción electoral, el presidente decidió devolver la ciudadanía a

los que carecían de los ejercicios políticos de este derecho, voto activo a los que

prestaron servicios o ejercieron actos expresos de reconocimiento de la

intervención extranjera, o del llamado gobierno imperial y los que habían tenido

cargos o empleos públicos bajo el gobierno republicano, más sin embargo,

permanecieron después en lugares sometidos del enemigo. Para ejercer el voto

activo, habilitó a los que habiendo tenido cargos o empleos públicos durante la

194 A diferencia de Francia donde las luchas que se presentaron fueron por la universalización electoral, según afirma Pierre Rosanvallon en su investigación, La consagración del ciudadano, historia del sufragio universal en Francia, las luchas por la participación política se presentaron desde 1817 hasta 1830, cosa que permitió que en la elección de 1834 aunque no se logró el voto universal, el padrón electoral se incrementó- impresionantemente y un gran número de campesinos, artesanos pequeños comerciantes, y obreros se socializaron políticamente. Y fue en 1842 cuando el gobierno instituyó el sufragio universal directo y todos los hombres mayores de 21 anos, fueron llamados a elegir a sus diputados, sin restricción alguna.

133

administración juarista, permanecieron en lugares sometidos al enemigo sin

prestarle ningún servicio, a los que solo firmaron actas de reconocimiento del

enemigo o a aquellos que desempeñaron cargos municipales gratuitos bajo la

dominación del enemigo, los que sirvieron en la clase de tropa. También a los

que prestaron servicios al imperio ya sea con las armas o con empleos públicos.

Y rehabilitan aunque solo de voto pasivo195 a los que bajo el Gobierno nacional

tenían sueldos de menos de 2 mil pesos y permanecieron en lugares sometidos

del enemigo, sin ejercer actos expresos de reconocimiento, sin prestarle ningún

servicio; los que habiendo prestado servicio al enemigo, los prestaron luego a la

causa nacional antes del 1º de junio de 1866, ya con las armas o ya

desempeñando cargos o empleos públicos.

Los que necesitaron rehabilitación individual para ejercer el voto pasivo fueron los

que bajo el gobierno nacional tenían cargos o empleos, con sueldo de más de

2000 pesos anuales, permanecieron luego en territorio del enemigo sin ejercer

actos de reconocimiento, ni prestarle ningún servicio.

Por otra parte las personas que prestaron otros servicios o aceptaron

condecoraciones de cualquier clase y formaron actas de reconocimiento de la

intervención extranjera o del llamado gobierno que pretendió establecer, quedó

reservado al Congreso de la Unión, resolver sobre el modo y tiempo en que

debían ser rehabilitados.196

Por otra parte, las dos elecciones que tuvieron el mayor numero de votantes, fue

la presidencial de 1872 donde eligieron presidente y la de magistrados de la

Suprema Corte de Justicia, de mayo de 1873. La elección presidencial de 1871

en la que ninguno de los tres candidatos alcanzó la mayoría absoluta tuvo 12,363

votos, repartidos en 198 distritos, a razón de 62 electores cada uno por termino

195 Voto pasivo era el que se efectuaba por los ciudadanos de una comunidad, que elegían a un representante para que emitiera el voto directo en la junta electoral. Se pude considerar como un invento para dar a las masas la ilusión de participación. 196 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 12, p. 334.

134

medio, siendo esta la elección donde se computan más electores en la república

los que dejaron de votar son 1798, fueron 29 distritos los que dejaron de votar. 197

La elección de 1875 para la renovación de la suprema Corte de Justicia, aunque

en número de votos fue inferior a la de 1871, la superó en cuanto al número de

colegios que funcionaron. Sufragaron 12, 231, pero funcionaron 201 colegios en

promedio 60 votos cada uno.198

Las convocatorias nacionales eran para elegir presidente de la república,

presidente de la Suprema Corte de Justicia y magistrados de la misma y a las

locales se convocó para elegir gobernador del Estado, diputados, ministros del

Supremo tribunal de Justicia del Estado, así como las a las autoridades

municipales, directores políticos, alcaldes y síndicos de alcaldías.

4.4.1. Organización electoral en Sinaloa.

El requisito de demostrar ser residente o vecino de una ciudad, era también una

limitante para otorgar el derecho al sufragio a solo una parte de la población

adulta, este, requisito tuvo su origen en la teoría fisiócrata del siglo XVII, cuando

el ciudadano positivo, era el ciudadano propietario y con ello se ejercía la

referencia casi natural en materia de derecho político. La tesis sostenía que la

propiedad hacía al ciudadano; todo hombre al tener posesiones en el Estado, se

interesaba por él, que las asambleas representativas tenían como finalidad

discutir el impuesto y dar a conocer al soberano los recursos y las fuerzas del

país, interesando estas cuestiones a aquellos que están directamente implicados.

Pero, porque el ciudadano propietario y no solamente el ciudadano contribuyente,

a aquel que pagaba un impuesto. Para los fisiócratas, la riqueza residía en la

tierra y los únicos que debían tener derechos eran los que pagaban impuestos

por posesión de la tierra.199

197

EES, “Elecciones en México”, 25 de noviembre de 1876, No. 21. h. 3. 198 Ibíd. 199 Pierre Rosanvallon, La Consagración del ciudadano, Historia del sufragio Universal en Francia, México, Instituto Mora, 1999.

135

Al estipularse los requisitos para la ciudadanía en México, se impuso el carácter

de territorialidad, pues radicar en una población, ser reconocido como habitante

de tal asentamiento y además de condición honorable, quedando estipulada ésta

condición no solo por el conocimiento común de un ente social, sino por residir,

tener propiedad en un territorio determinado.

En el sistema representativo, las cifras poblacionales eran determinantes, sin la

existencia del sufragio universal, el levantamiento de los censos electorales,

estaba basado en la población total, para promediar los votantes activos, es decir

los representantes de cada quinientos habitantes.

Los censos de más tradición eran los que se realizaban para efectos de las

elecciones, ya que se necesitaba conocer los datos poblacionales de cada distrito

para determinar el número de secciones del Estado, y la cantidad de votantes

primarios y secundarios de cada una, pero la problemática era tal que algunos

gobernadores manifestaron en sus informes, como lo hizo Domingo Rubí en

1869, que los censos no arrojaban con exactitud la totalidad de la población. Ya

que a veces se apreciaba bastante disminuida, debido a la ocultación que hacían

los moradores de las poblaciones, por el temor de contribuciones o de servicios

militares.200

Por su parte, el gobierno de Juárez consideró a la formación de la estadística,

como una función más su gobierno y de los Estados, para reunir constantemente

cuantos informes fueran posibles, para conocer el verdadero estado que

guardaba la nación en todos sus ramos. Datos que debían ser publicados en la

prensa ya que eran de importancia no solo para el gobierno, sino para toda la

sociedad. 201

Al no ser exactos los censos, considerados de base para determinar el número

de votantes, la ciudadanía política se relativizó con estas inexactitudes y, por otra

parte, este temor ciudadano reflejaba la desconfianza del pueblo hacia las

autoridades, en el sentido de que la información que pudiera dar acerca de su

200 Domingo Rubí, Memoria de Gobierno del Estado de Sinaloa, p. 11. 201 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500.

136

familia fuera utilizada de forma lateral para otras cuestiones, como para

alistamiento de la guardia nacional.

Además de la problemática del levantamiento de los censos electorales, los

requisitos para la ciudadanía deslindaron a muchos de este derecho, y la realidad

arroja que en Sinaloa en 1877, de una población que, según Buelna,202 es mayor

a los 180,000 habitantes sólo 210 son votantes, ya que la ley electoral estipulaba

que de cada población con 500 habitantes de todo sexo y edad, era elegido un

elector y cuando fueran mayores de 251 también debían nombrar un elector, pero

los que tenían menos de esta cifra debían agregarse a la sección electoral más

inmediata. 203

Para la división de un distrito electoral, según la Ley electoral de 1857 que siguió

vigente hasta principios del porfiriato, debía tener cuarenta mil habitantes,

designando como centro de cada demarcación, el lugar o sitio que a su juicio

fuere más cómodo para la concurrencia de electores que se nombre en las

secciones de que se hablará.

En las poblaciones por cada 500 habitantes de todo sexo y edad debería

nombrarse un elector. Si quedare una fracción que no llegue a esta cifra, pero

que no bajara de 250, nombraban también un elector. Las fracciones menores de

251 habitantes se agregarían a la sección más inmediata, para que los

ciudadanos concurriesen a nombrar su elector.204 Los datos del padrón que

levantaban los ayuntamientos contenían, número de la sección y el número, letra

y seña de la casa: nombre de los ciudadanos, su estado, profesión, o ejercicio,

edad, y si sabían o no escribir.

Según decreto del gobernador del Estado de Sinaloa, Jesús Maria Gaxiola, a

partir de1857, las juntas electorales municipales debían renovarse anualmente

202 Eustaquio Buelna, Compendio histórico…1978, p, 94. 203 ES, 3 de septiembre de 1877, N. 28, Folio 172. 204

Ibíd., 4 de junio de 1876, Nº 21, Folio 169.

137

en la mitad de sus miembros, saliendo los más antiguos de primer nombramiento,

en los distritos en que se había verificado la elección de Junta Municipal.205

Con anticipación de ocho días, los empadronadores fijaban listas de los

ciudadanos a quienes juzgaban con derecho de votar, poniendo estas listas en el

paraje más público de la respectiva sección para que los ciudadanos que no

estaban comprendidos en el registro pudieran reclamar al empadronador, y si

este no los atendía ponían la queja ante la mesa de votación.

Los distritos electorales que tenia Sinaloa en 1876, según decreto del

gobernador, Jesús María Gaxiola, que con motivo de las elecciones de

Presidente de la República, y Magistrados de la Suprema Corte de Justicia y

Procurador General de la Nación, eran cuatro.

El primero estaba formado por Culiacán, Mocorito, y Badiraguato con sus

respectivas municipalidades y su cabecera era la capital del Estado; el segundo

conformado por Mazatlán, Concordia y Rosario, siendo cabecera Villa Unión; el

tercero Cosalá y San Ignacio, siendo cabecera el pueblo de Elota y el cuarto se

formaba con el Fuerte y Sinaloa y municipalidades anexas, teniendo por

cabecera el pueblo de Ocoroni.206

Las secciones electorales que tenía el Distrito de Culiacán eran cinco, la primera

conformada por las celadurías de la Lima, Itayé, Ayuné, que instalaría la mesa

electoral en casa de José Roiz; la segunda sección formada con las Juntas,

Humaya, Macurimi, Bella Vista, y Rosa, la mesa para votar se ubicaría en el

portal de La Lonja, la tercera con el Ballado, Palmito, y Flores, misma mesa se

instalaba la casa que don Fernando Escudero. La cuarta por el Llano, Barrio,

Moras, Carrizalgo y Laguna Colorada. la mesa se instalará en la casa de don

Valentín Vidaurreta, la quinta por las Celadurías de Mojolo, La Puerta,

Paredones, Mirasoles, Tierra Blanca y mezcales. Instalación casa de Miguel

Uriarte. 207

205 AHMM, “Documento que remite la Junta Municipal de Mazatlán que le ha enviado el vice – gobernador”, Enero 5, Presidencia Municipal, Caja 23, 1853-1860, Exp. 1857. 206 ES, 29 de abril de 1876, No. 16. f. 139. 207 AMC, Acta de Cabildo, 9 de diciembre de 1872, f. 44-46.

138

Por su parte, las demás municipalidades del distrito de Culiacán, como Quilá,

debían hacer las propias divisiones de sus respectivas funciones. Las alcaldías

que se dividieron en una sola sección fueron Imala, Aguaruto, las Tapias. Cada

una de las alcaldías debía enviar el padrón electoral para que se hiciera la

división de secciones electorales en la municipalidad de Culiacán.

Según la Constitución de 1857, para ser diputado se requería ser vecino del

estado, Distrito o territorio de la elección y pertenecer al estado seglar. Esto

quería decir que la territorialidad tenía un peso importante para representar a un

pueblo, por ello se necesitaba demostrar ser residente del distrito electoral de

donde sería elegido.

Sin embargo, en 1864, el gobierno nacional hizo modificaciones, en razón de la

guerra que se presentaba, debido a los cambios de sede administrativa del

gobierno republicano y de los ejércitos de un estado a otro, con el decreto del 16

de Julio, declaró no válidas las restricciones para que pudieran ser electos

diputados, aunque no fueran vecinos del estado o territorio en que se hiciere la

elección, además capacitó a los eclesiásticos para ser votados bajo este mismo

cargo y, a su vez, a los funcionarios federales.208

Además, hubo un momento de la guerra de intervención que los liberales

moderados, en aras de la unión y la libertad electoral, se pronunciaron por dejar

a los eclesiásticos hacerse nombrar diputados confiando en la discreción de los

electores al votar, y porque no consideraban tan peligrosa la influencia de los

eclesiásticos para hacerse elegir así mismos. 209

Respecto de los funcionarios federales, excluidos por el artículo 34 de la ley

electoral, tampoco parecía justo privarlos de su derecho; ni parecía motivo

suficiente para esto la sola presunción que puedan ejercer una influencia

ilegitima, supuesto que los excluía de la Ley electoral, sin excluir también a los

funcionarios de los Estados que en la generalidad de los casos pudieran ejercer

una influencia más eficaz.

208 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 12, p. 325-332. 209 Ibíd.

139

La coordinación de las elecciones estaba a cargo de los poderes locales, pues

eran los ayuntamientos los que tenían la responsabilidad de nombrar a los

individuos que conformaban el padrón electoral e instaban la casilla en cada

sección. El empadronamiento de los vecinos ciudadanos se formaba por medio

de comisionados, vecinos de las mismas secciones, quienes enlistaban a las

personas que había en las comunidades y tengan derecho a votar, a cada uno de

los cuales se daba una boleta para que votaran con ella. Para ello se calificaba a

partir de criterios como honradez, prestigio, modo de razonar, estima, servicios a

la comunidad y riqueza, si un habitante podía ejercer el derecho para votar o

no.210

Y las juntas electorales eran presididas por la primera autoridad política local,

para solo el nombramiento de la mesa. Cuando había más de un distrito electoral

en una municipalidad, presidían a la instalación, en una junta, dicha autoridad

política, en otra el presidente del ayuntamiento, y en las demás los regidores más

antiguos.211

El presidente de las juntas primarias, en quienes residía la elección de electores

primarios, era el alcalde del pueblo. Los electores primarios también eran

elegidos por votación, el que obtenía el mayor número de votos por parte de los

ciudadanos sería parte de la Junta electoral.

Para formar las juntas secundarias, de cada diez electores primarios, de todos

los pueblos del partido, se elegían tres secundarios. Las juntas secundarias

elegían a los diputados sufragaban para gobernador, vice gobernador y

consejeros de nombramiento popular.

Se nota solemnidad, porque al conformarse la junta secundaria es necesario

realizar un juramento ante el presidente de la Junta, en una mesa donde está la

imagen de cristo crucificado y el libro de los evangelios. Se juraba por Dios y los

santos evangelios, nombrar diputados por este departamento al Congreso a

particular del Estado, a aquellos ciudadanos que fuesen hombres de ilustración,

210 Ibíd., p. 377. 211 Ibíd.

140

de juicio y de probidad, adictos a la independencia de la nación y a su forma de

gobierno. 212

4.4.2.- Dificultades e irregularidades electorales.

Las irregularidades electorales eran una manifestación real de un sistema

representativo que dejaba fuera a una buena parte de la población

aparentemente integrada en los conteos generales, para que de 500 habitantes

de todo sexo y edad uno de ellos los representara.

Fueron muchas las quejas por faltas a la ley electoral, que ante los cabildos

municipales se presentaron, en votaciones de carácter nacional y local, incluso

llegaron al Congreso Estatal, que fungía como órgano regulador cuando las

inconformidades lo ameritaban. Entre sus facultades estaba considerar a favor o

en contra de una denuncia de nulidad de votos, más cuando los comicios eran

generales, es decir, que se elegía presidente de la república o integrantes de la

Suprema Corte de Justicia, era el Congreso de la Unión el encargado de

resolverlo.

Las causas por las que se podía declarar nula la elección podía ser, la falta de

algún requisito legal en el electo, porque en el nombramiento interviniera

violencia de la fuerza armada; por medio de soborno o cohecho en la elección;

por error o fraude en la computación de los votos, y para esto el inconforme

debía, presentar la denuncia por escrito antes del día de la resolución para

declarar ganadores virtuales, además probar la infracción de la ley. 213

La mayoría de las denuncias por delitos electorales giraron en torno a

ocultamiento y eliminación de boletas; robo, secuestro y extravió de las mismas,

la no instalación de mesas electorales, cierre a destiempo de estas y conteo de

los votos al día siguiente de la elección.

Ante los cabildos de Culiacán y Mazatlán se presentaron solicitudes para

invalidar elecciones locales, documentos firmados por ciudadanos denunciando

212 Héctor R. Olea, Sinaloa y sus constituciones…p. 45-50. 213 ES, 4 de junio de 1876, No. 21. f. 169.

141

irregularidades, tales como: un vecino de la hacienda de Palmillas, Mazatlán, se

queja en enero de 1870, ya que al instalarse la mesa e iniciarse la votación,

para elegir regidor, un residente del Rincón de Urías, Manuel Andrade, comenzó

a romper todas las postulaciones a favor de uno de los candidatos de apellido

Cortés y a escribir al reverso el candidato de su interés el señor Jesús M.

Ferreira.

Otras denuncias fueron en torno a que en una de las mesas de Culiacancito, en

las elecciones para Ministro del Supremo Tribunal de Justicia, diputados locales

y prefectos, en una de las mesas electorales figuró como presidente Agustín

Camacho, criminal prófugo de Culiacán. Dicho individuo recibió la votación hasta

oscurecer y no hizo el conteo de votos al levantar la ánfora, sino hasta el día

siguiente.

Así pues, en las elecciones federales para diputados del Congreso de la Unión,

de 1873, en Badiraguato y Culiacán se registraron una serie de arbitrariedades:

en la municipalidad de Badiraguato al instalarse una de las mesas, el director

político don Javier Uriarte, salió a la plaza con diez hombres armados intimidando

a todos los ciudadanos y a dos de estos los encarcelo dejándolos libres hasta el

día siguiente. Este mismo funcionario, antes del cierre de las votaciones le quitó

la mesa al ciudadano encargado de la misma, llevándola a la casa del

empadronador y amenazando con la escolta del candidato a director político

Felipe Escobar, a quien se las pidiera para hacer el escrutinio.

En el camino real, dos individuos asaltaron a Juan Yañez que venía de

Badiraguato conduciendo cinco expedientes de las elecciones, uno de ellos era

empleado de seguridad pública de Culiacán esta y el otro colector municipal fue

quien le quitó los cinco expedientes y cuatro gamuzas que traía para vender.214

Tales infracciones a la ley electoral provocaron las protestas escritas que se

enviaron al cabildo municipal exigiendo se tomaran medidas en la ciudadanía, la

214 AMC, Acta de Cabildo, 21 de julio de 1873, f. 141.

142

equidad, la justicia, la armonía y la paz de los pueblos, porque de lo contrario el

podía una vez más envolverse en los horrores de los guerra civil.

El cabildo Culiacán resolvió la suspensión, es decir la eliminación en el conteo de

los expedientes de elecciones relativos a S. Luís Sonatita, S. Javier, Santiago y

Bamopa del municipio de Badiraguato, mismos que fueron los del asalto, así

como también los de las Tapias y Culiacancito de esta municipalidad.215

Hubo lugares donde no se llevaron a cabo las elecciones: Otameto y Altata, por

no concurrir el número de electores que marca la ley. Lo mismo en las sesiones

primera, segunda, tercera, cuarta y quinta del municipio de Culiacán.

Por otra parte, las autoridades municipales que se elegían a través del sufragio

eran directores políticos, alcaldes y síndicos de alcaldías. En tiempos electorales,

a través del periódico se hacía un llamado a los jefes del cuartel y sus

subalternos para que se abstuvieran de intervenir en los actos electorales y

dejaran a los ciudadanos en absoluta libertad para que ejerzan el derecho del

sufragio; en contra parte, se harían acreedores de un severo castigado por la

violación de dicha prescripción. 216

En las elecciones municipales de 1877 para prefecto político del Distrito

Mazatlán, y autoridades locales de Siqueros, Jesús Magaña pedía la declaración

de nulidad, de ambas, de donde resulta electo Alejandro Narcio, para prefecto,

más el consejo electoral del puerto, declara que dicha petición no puede ser

validada por que dicha solicitud es extemporánea de acuerdo a la ley electoral.217

Hubo lugares donde se requería convocar de nuevo a los pueblos, donde no se

instalaron las mesas electorales, en las elecciones de mayo de 1876, para

ministros del supremo tribunal de justicia.218

Por lo general, estos casos de denuncia para anular elecciones tuvieron las

mismas respuestas del consejo electoral que recaía en manos del Congreso

215 Ibíd. 216 Boletín Oficial, del Congreso del Estado, 10 de noviembre de 1873. 217 AMM, Presidencia, “Dictamen de la Comisión de elecciones,” 7 de junio de 1877, Caja 44, legajo 35, Exp. 32. 218 ES, 24 de mayo de 1876, No. 20. f. 161.

143

Local, señalando que estaban fuera de temporalidad las inconformidades

presentadas o que las pruebas escritas no eran suficientes, o bien que las quejas

eran infundadas, denotando con estas respuestas que el sistema de

representatividad era una falacia, un simulacro, pues los arreglos entre facciones

políticas se daban en otros campos, se llevaba a la lucha armada, abierta durante

las campañas o se levantaban en armas luego de los resultados electorales, más

cuando se daban en paz era por la coexistencia de los arreglos caciquiles con los

grupos en el poder.

4.5.- Ciudadanía irreal.

Durante buena parte del siglo XIX, las subsecuentes asonadas, revueltas,

rebeliones no permitían la ejecución de las prescripciones jurídicas instauradas

incluso desde la constitución de 1824; referente a derechos ciudadanos y libertad

de imprenta, así como propuestas revolucionarias de la reforma liberal de 1831 a

1833, para secularizar el poder civil, laicizar la educación, permitir la libertad de

pensamiento y de culto.

Dichas propuestas tuvieron una etapa decisiva entre 1855 y1859 al promulgarse

leyes como la de administración de justicia de 1855, la de desamortización de

bienes eclesiásticos de 1856, la Ley electoral de 1857, la de imprenta,

promulgada el mismo año, y las que declararon la nacionalización y ocupación de

bienes eclesiásticos en 1859, no obstante, la oposición que encontraron desató la

llamada guerra de los tres años y posteriormente la lucha contra la intervención

francesa, mismas que no permitieron que se llevaran a efecto lo que se

declaraba.

La reforma juarista buscó promover, organizar y difundir al registro civil, los

censos estadísticos, los comités electorales, la educación cívica, sin embargo, la

realidad se proyectó en la resistencia de acudir a declarar los nacimientos y los

matrimonios, pues siguieron asistiendo tradicionalmente a las parroquias

eclesiásticas, de tal forma que, hasta la consolidación, tanto del poder civil como

del eclesiástico, obviamente, cada uno por su lado, se logró estabilizar esta

situación. Por su parte, los gobernadores siguieron quejándose de la poca

144

asistencia a los juzgados del Registro Civil, así lo hicieron Domingo Rubí,

Eustaquio Buelna e incluso Francisco Cañedo; de este último, al menos en los

primeros años de su administración. 219

A pesar de circulares, disposiciones y demás, por parte de la Secretaria de

Gobierno e inclusive en ocasiones de la Comandancia Militar del Estado, para

que las prefecturas vigilarían el cumplimiento de la ley, y se aplicaran las penas

que señalaban a los contraventores, los estados que se remitían al gobierno

mensualmente de los juzgados del estado civil reflejaban que no se cumpla con

la ley en lo concerniente al deber que los ciudadanos tenían de registrar en las

respectivas oficinas los nacimientos matrimonios y fallecimientos.

El levantamiento de los censos estadísticos encontró toda una serie de

inconvenientes, porque la gente se resistía a declarar datos familiares que

podrían perjudicar a los suyos a la hora de requerirse miembros para las fuerzas

militares, o del mismo cobro de impuestos.

El impulso por el conocimiento de la civilidad provenía de las autoridades porque

de lo contrario para el ciudadano común la defensa de la constitución, las fiestas

cívicas y la historia nacional, hubieran pasado completamente desapercibidas.

La organización de las elecciones al quedar en manos de las autoridades

municipales, eran el incentivo de los cotos del poder político local, en manos del

presidente municipal y una comisión de regidores, en ellos recaía la organización,

el levantamiento del censo y del padrón electoral, es decir, la decisión de quien

ejercía el derecho ciudadano de acudir a emitir un sufragio, y la organización de

las mesas electorales, así como la conformación de sus integrantes y los lugares

donde deberían instalarse; el Congreso, en caso de elecciones locales

controvertidas, decidía la validez o nulidad de la elección, así que todo esto se

arreglaba en la esfera del poder, la perpetuidad en manos de un grupo lo

decidían sus vínculos y sus diferencias personales.

La obligatoriedad y la continua demanda de hombres para la conformación de

ejércitos, debido a la intervención francesa, poco, permitieron fuera de polémicas 219 François Xavier Guerra, México del antiguo régimen a la… p. 105.

145

en foros como el congreso, la prensa, protestas en tiempos postelectorales, para

hacer valer la igualdad de derechos, el respeto a la ley, la reforma de los

sistemas electorales, incluso, por ejemplo, algunas leyes secundarias, como

electoral de 1857, con un carácter nacional, fue traslapada y adicionada ya que

en 1871 tiene una serie de adiciones, y en 1877 se retoma y se publica para

hacerla efectiva en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

Y que decir de la gran cantidad de la población que sólo fue aparentemente

tomada en cuenta en los conteos censales para determinar cuantos ciudadanos

los representarían en las elecciones, o bien los que nunca alcanzaron la

ciudadanía o la perdieron por causas diversas. Porque desde 1831, la

Constitución de Sinaloa como Estado Libre y Soberano, menciona la existencia

de los no ciudadanos, es decir los que pierden el derecho de ciudadanos, al estar

procesados por causas criminales o de responsabilidad, por quiebra fraudulenta

calificada, los vagos y mal entretenidos, y a partir de 1857 los tahúres de

profesión, y los ebrios consuetudinarios, tampoco ejercen ese derecho.

Con esto, se puede decir que, de acuerdo a los elementos requeridos como

residencia, edad, posición, ocupación, moral e instrucción, aunque ésta última no

sería motivo de exclusión a partir de las leyes electorales de 1857, para acceder

a la ciudadanía, como derecho político se excluía a un buen número de la

población, por ello, al revisar las listas de las juntas electorales tenemos a un

mínimo de habitantes ejerciendo el derecho a votar, además que la llamada

votación indirecta permitía a pocos emitir el sufragio.

A pesar de que en este periodo la institucionalidad republicana aseguraba tener

grandes avances, los tratos de los amos a sus sirvientes eran opresivos, los

sirvientes tampoco tenían derecho al ejercicio de la ciudadanía, por su condición

de dependientes de otro, siendo esto, una exclusión, una prueba de las

desigualdades existentes gracias al sistema de cacicazgo que regía la vida

económica, social y las reminiscencias del sistema colonial.

Aunque también las ausencias legales para protegerlos permitían que leyes

como la estatal del 16 de noviembre de 1831 que advertía que los amos podían

146

amarrar o aprisionar a sus sirvientes, se seguía aplicando, pues familias como los

de la Vega de Culiacán, fueron criticados por el abuso constante contra su

servidumbre. El hecho de no derogarse provocaba que algunos las efectuaran en

detrimento de este sector social. A pesar de que la constitución federal de 1857,

establecía en el artículo quinto que nadie podía ser obligado a trabajos

personales sin su consentimiento y sin ser debidamente retribuido. 220

En la etapa posterior a la intervención francesa el gobierno juarista buscó

recobrar el orden jurídico, discutir, reordenar algunas cuestiones como la justicia,

la educación, entre otras, sin embargo, en materia electoral seguían siendo

muchos los excluidos, en Sinaloa la ley de vagos, promulgada en 1861, recobró

vigencia pues el Congreso local, la publicó nuevamente el 22 de agosto de 1868

para que no cayera en desuso y se recordara su cumplimiento.

Los que no podían ser ciudadanos según dicha ley era una lista inmensa de

personas, considerados sin oficio ni ocupación a las que además se les podía

denunciar ante las autoridades como vagos, y de comprobarse su condición, se

les condenaba a pagar una multa o bien a trabajar, aún sin su consentimiento en

fábricas, obrajes, haciendas de labor, o minas.

Las persecuciones de individuos llamados vagos eran frecuentes, y el vago

reincidente, o que se fugare antes de cumplir su condena, era reaprendido y

condenado por la autoridad política, al servicio de las armas en algún cuerpo

permanente o activo.221

En la interminable lista de vagos estaban considerados aquellos sin oficio,

profesión hacienda, renta, sueldo, ocupación o medio lícito de vivir. Los que

teniendo oficio, profesión o industria, no trabajaban habitualmente en ella, los que

tenían renta o patrimonio, pero acostumbraban asistir a casas de juego de

prostitución, cafés, tabernas o amistaban con personas de mala fama. También

eran vagos los que sin oficio mendigaban por las ciudades o pueblos.

220 EP, “Artículo sobre la iniciativa de ley de sirvientes que presenta el diputado Eustaquio Buelna ante el Congreso local.” 15 de agosto de 1868, t.1. No. 3. 221 EP, “Ley de vagos,” 22 de agosto de 1868, t. I, No. 4. h. 3.

147

Esto comprendía también a los inhabilitados de algún miembro que necesitaban

de otros para subsistir; los jornaleros u operarios de minas que sin causa justa

trabajaban solamente la mitad, o menos de los días útiles de la semana, pasando

el resto de la semana sin ocupación honesta; los que andaban de un pueblo a

otro con títeres o algunos instrumentos de música, o bien con animales

adiestrados, chuzas, dados u otros juegos de suerte y azar para ganar su

subsistencia.

Aquellos que sin ocupación se dedicaban a dar música con arpas vihuelas u

otros instrumentos en las vinaterías; los demandantes que con imágenes de

mercancías andaban en las calles, o de pueblo en pueblo pidiendo limosna sin la

licencia del gobernador; los tahúres de profesión, o los que ocupaban mucho

tiempo en este vicio; los huérfanos o abandonados de sus padres que no tenían

otro ejercicio que pedir limosna y los ebrios consuetudinarios.222

Los conocidos como “huizacheros”, es decir que sin título ejercían como

abogados, catalogados como agentes intrusos que causantes de males a la

sociedad, ya que sacrificaban a los pobres, exigiéndoles crecidos honorarios, y

en otras apoderándose de los bienes o cantidades que en nombre de aquellas

demandan, a veces provocando pleitos sin necesidad.223 Así también a los

médicos cirujanos o del arte de obstetricia que ejercían sin titulo legal, en los

lugares donde residían facultativos.

Por otro lado, las mujeres no tenían derecho a la ciudadanía por ser

dependientes de un hombre, que podía ser según los casos de las solteras el

padre u hermanos y las casadas del marido. Se sabe que del periodo de la

reforma a que las mujeres obtengan los derechos para votar va a pasar alrededor

de un siglo, pero lo que es cierto es que los proyectos educativos juaristas les

reconocían su papel de formadoras de ciudadanos como madres de familia y el

rol que empezaron a jugar en la instrucción publica de carácter laico. Así también

222 Ibíd. 223 DO, “Informe del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública que en aras de reorganizar el sistema judicial publica una Ley el 11 de septiembre de 1867, en la cual regula los negocios judiciales, prohibiendo a estos individuos el ejercicio de abogado sin titulo”, 5 de abril de 1868, No. 96, p. 3.

148

aparecían como propietarias de solares y de fincas tal vez por la presencia que

tenían en la vida familiar.

No obstante, todo parece indicar que, en materia de justicia, las mujeres casadas

requerían del permiso del esposo para interponer recursos judiciales, pues en

Mocorito una mujer de nombre Jesús Cázares de Pérez -vecina de Capirato-

protestó en el juzgado de primera instancia del distrito, por un juicio de rebeldía

que se le seguía manifestando no haber podido presentarse en el juzgado por el

hecho de que su marido no se encontraba y se requería licencia del mismo para

hacer presencia y defenderse de lo que se le acusaba.224

En 1868, Eustaquio Buelna, siendo diputado, promovió una ley de sirvientes en la

que era necesario matizar que no discutía nada sobre sus derechos políticos

pero si implicaba una critica a este sector pues consideraba que sus actitudes se

habían relajado gracias a la guerra alterándose las relaciones entre patrones y

sirvientes en perjuicio de las ganancias económicas de aquellos dedicados a la

agricultura y a la industria. Señalaba que se abusaba del uso de la aplicación del

artículo quinto de la Constitución Federal de 1857 pues los sirvientes solían

revelarse con frecuencia, a veces fomentados por algunos miembros de la

autoridad conspirando contra la propiedad al promover la abolición de deudas. 225

Este escenario daba como resultado el déficit en las cosechas, la paralización de

giros industriales y la pobreza general, así como la desconfianza para la

introducción de empresas que requieran de mano de obra.

La iniciativa de ley de sirvientes de Eustaquio Buelna de agosto de 1868 que fue

aprobada poco tiempo después, estaba implícita obviamente una critica contra

este sector social, por sus vicios y la poca afección al trabajo. Así que plantea

que con este precepto legal el sirviente firmaría un contrato en el que se

comprometía a no retirarse del servicio hasta cumplir el mismo.

Las pretensiones de establecer normas jurídicas, para el modelo de las acciones

de los ciudadanos estaban implícitas en un programa moderno que buscaba

224 ES, “Protesta de Jesús Cázares de Pérez”, 9 de mayo de 1876, t. I. No. 23. p. 4. 225 EP, ´”Artículo sobre la iniciativa de ley de sirvientes…loc cit.

149

contrarrestar el poder comunal, que había regido durante el periodo colonial para

optar por un régimen que tuviera presencia en acciones más ordinarias de la

sociedad como la recaudación tributaria, las etapas de la vida como el

nacimiento, matrimonio y muerte, las normatividades electorales que además

eran una forma de otorgar legitimidad a los gobiernos.

Es importante destacar que el ciudadano tenía obligaciones y una de ellas era

alistarse a la guardia militar que se convirtió en una necesidad extraordinaria para

luchar por la soberanía nacional, por lo cual, se ha dedicado el capitulo siguiente

entorno a esta cuestión.

150

CAPITULO V

LA NACIÓN: SURGIMIENTO Y DEFENSA DE UN IDEAL.

5.1.- La nación y la lucha por su soberanía.

Nación es un concepto que tuvo gran difusión en nuestro país durante la guerra

de reforma porque tanto liberales como conservadores, al enfrentarse por un

proyecto para el país se produce un choque pues sus visiones acerca de la

misma se contraponen, mientras los liberales pensaban que el futuro de la nación

dependía de los cambios radicales que permitieran consolidar el poder civil, laico,

separado de la iglesia y fuerte económicamente para administrar buena parte de

las acciones sociales.

Por otro lado, los conservadores consideraban que defender la nación era

rescatar las reminiscencias de la institucionalidad colonial, veían en la monarquía

la supervivencia de México como nación civilizada e independiente.226

La búsqueda por integrar políticamente a la nación, surgió como una necesidad

inaplazable debido a la reciente experiencia de fracasos contra las invasiones

extranjeras como fue la norteamericana, donde México al encontrarse

completamente disperso no hizo frente común ante la entrada y avance de las

tropas norteamericanas que tomaron ciudades y puertos.

Ante otra amenaza como la francesa, el gobierno republicano se refugió en una

idea de nación para llamar a la conformación de ejércitos conformados por

civiles, y con ello reforzar a la milicia regular y recolectar bienes que deberían

cubrir las necesidades de armas, vestido y municiones de las tropas. Los

liberales se justificaron en la defensa de la territorialidad, de la legalidad de las

autoridades, contra el proyecto de los conservadores de restablecer el orden

imperial para rescatar y evitar la destrucción del país en una guerra sin fin.

226 Erika Pani, Para mexicanizar el segundo… p. 18.

151

Acerca del concepto de nación algunos de los estudiosos contemporáneos

señalan que es una comunidad histórico cultural con un territorio que considera y

sobre el que reclama una especie de soberanía, de forma que la comunidad

cultural se contempla así misma con una conciencia propia, como una comunidad

también territorial y política, más unida horizontalmente por razón de la autoridad

del Estado.227

El concepto nación está ligado al de estado, porque los proyectos de entrada a la

política moderna buscan construir a los llamados estados- nación. La idea del

estado moderno tiende a contrastar con el estado tradicional por su cantidad de

interferencias en la vida y la cultura locales mediante creaciones y la ampliación

de la institucionalidad, el refuerzo de los criterios de uniformidad, del control de

loso sistemas recaudatorios de impuestos y del control de la instrucción

formación educativa. 228

El liberalismo constitucional español de 1812 otorgó a la nación sus derechos y

señas de identidad ya que la entendía como soberana independiente y libre.

Tenía el derecho de establecer sus leyes fundamentales y debía proteger con

leyes justas los derechos de los españoles. Con esto el Rey pasaba a ser

ciudadano como los demás, que recibe su autoridad de la nación. La nación era

el nuevo soberano. 229

La idea de nación estaba ligada al concepto de soberanía pues en la Constitución

de 1812, por primera vez se estableció el principio de la soberanía nacional, con

la correspondiente “domesticación” constitucional del príncipe. A la nación se le

atribuyó el supremo poder o soberanía, y se definió, también como reunión de

todos los españoles de ambos hemisferios. Sin embargo, no a todos se les

asignó la soberanía, pues los ciudadanos españoles, sujetos capacitados

227 Adrian Hastings, La construcción de las nacionalidades, Madrid, Cambridge University Press, 2000, p. 40. 228 Ibíd, p.45. 229 José María Portillo Valdés, op. cit, “Soberanía”, Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes (compiladores), op. cit., p. 470.

152

políticamente, eran un conjunto delimitado por el género masculino, religión

católica, cultura europea y condición social no dependiente.230

En este periodo la nación soberana no dio oportunidad a más soberanía que la

propia, es decir, las posibilidades de una evolución federal de la nación española

no fueron aceptadas, pues diputaciones provinciales y ayuntamientos, aun siendo

representativos no tenían derechos a más expresiones de soberanía, así la

reclamación que hicieron diputados americanos no fue tomada en cuenta.

Los historiadores de la ilustración española discutieron ampliamente sobre el

concepto nación, encontrando que el siglo XVIII ofrecía dos líneas sobre el

mismo. Por un lado la continuidad en el uso del término nación como indicativo

de procedencia e identidad cultural en la que se combinada una idea de

pertenencia a la monarquía española con otras formas de identidad de territorios,

reinos, provincias o lugares.231

Por otro lado este concepto se conectaba al de patria que se asociaba al de

ciudadanía, de posibilidades de participación política para la que lógicamente la

monarquía ofrecía menos posibilidades.

Esta definición se enriqueció con la aparición de una acepción distinta, soberanía

nacional, como poder que reside en el pueblo, que le permite en un dado caso

quitar o poner gobernantes; debido a, esta nueva atribución del pueblo, en varias

décadas del siglo XIX, las voces de líderes de movimientos sociales, se cobijaron

y se atribuyeron la potestad del pueblo para sublevarse contra del orden

establecido.

Aunque el soberano seguiría siendo un adjetivo entendido como excelso,

sublime, elevado, encumbrado, alto, supremo, rey, monarca, emperador, príncipe

investido de la suprema autoridad, aparece en esta definición, el jefe o cabeza

de Estado, que constitucionalmente ha sido nombrado, gracias al derecho de la

soberanía nacional. 232

230 Ibíd. 650. 231 Ibíd. 232 Ramón Joaquín Domínguez, op cit. p. 1595.

153

En el mundo hispánico la nación se afirma primero contra un adversario exterior.

Napoleón en una primera fase; la España peninsular después, una vez

comenzado el proceso de independencia. Se manifiesta la lucha por la soberanía

interna y externa, la primera implica una demanda social en el seno de las elites,

la segunda es independiente de la evolución de los espíritus y compatible con la

existencia de imaginarios tradicionales, impuesta por circunstancias exteriores e

inesperadas.233

A mediados del siglo XIX, en Europa, se abrió paso a una idea democrática,

donde la soberanía nacional se convirtió en el principio fundamental del derecho

político y de la democracia, su representación lógica. En México las luchas de

los liberales del periodo de la reforma juarista propugnaron por los derechos

democráticos para que por medio del sistema representativo el pueblo eligiera a

sus gobernantes, otorgando a estos la soberanía que reside en los ciudadanos.

El planteamiento de la soberanía como atribución a la nación de ciudadanos se

vio ampliado por la concepción federal. Si se aceptaba como criterio de libertad y

de organización del estado donde municipios y territorios podrían dotarse de

organización constitucional propia, también seria necesario reconocer la

existencia a esos efectos de soberanía local y territorial, que en México

alcanzaron matices distintos, debido a la defensa que harían buena parte de los

partidos, provincias, o comunidades, como lo fue Yucatán, Chiapas, o los pueblos

indígenas como la región de los yaquis y mayos, el caso de Chalco, y del Cantón

de Tepic, que se mantuvieron en rebeldía constante. 234

En la Constitución de 1857, se reiteró el federalismo constitucional, el artículo

cuarenta de la carta magna, declaró que la voluntad del pueblo mexicano era

constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de

Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero

unidos en una federación.

233 Francois-Xavier Guerra, El soberano y su reino…p. 36. 234 José Maria Portillo Valdés, op cit. p. 651.

154

Con el pacto federal, la soberanía de todo el pueblo mexicano se depositó en los

supremos poderes nacionales, y a su vez los ciudadanos de cada entidad que se

enuncia como libre y soberana, tienen el privilegio, de elegir a los diputados,

gobernadores, autoridades de distrito y municipal.

Internamente cada uno de los estados se administrarían así mismos, y no debía

existir ingerencia entre unos y otros, pues se violaba la soberanía de estos, el

artículo 41 constitucional, más en ningún caso podrán contravenir a las

estipulaciones del pacto federal, y por otro lado, el artículo 117, previene que las

facultades que no están expresamente concebidas en esta constitución a los

funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.235

A partir de la intervención francesa y del establecimiento del imperio de

Maximiliano, la soberanía adquirió en su interpretación la idea de defensa, de

derecho del pueblo mexicano, contra la amenaza a su independencia y

autonomía para gobernarse como nación.

En la prensa sinaloense de la etapa de la intervención, se hizo un llamado

constante a los ciudadanos por parte del gobierno del estado, para luchar por la

patria, tomar las armas en defensa y rechazo del ataque francés al territorio

mexicano. Los gobiernos estatales buscaron la conformación de fuerzas armadas

para hacerse presentes en la lucha en el centro de la república en 1862, se

vieron obligados por decretos presidenciales a sumarse a la causa demostrando

el apoyo a través de la conformación de tropas o con dinero. Juárez hizo un

llamado general a los estados pidiendo víveres, municiones, tiendas de campaña,

para evitar la derrota del ejército por el hambre, pues estando enteramente

arruinadas las poblaciones inmediatas, a la zona de batalla, en junio de 1862, no

podían dar el auxilio que era preciso llevar.236

Todo esto puso de manifiesto la idea de defensa de la soberanía nacional donde

se requería de la participación de todos los estados de la federación que debían

235 Jorge L. Tamayo, op. cit., tomo 4, p. 207-209. 236 Ibíd., tomo 6, p. 779.

155

acudir al llamado de defensa por la nación, la patria, para defender los límites

territoriales, y las costas del enemigo externo que invadía a México.

Al iniciarse las hostilidades de los franceses contra México, el gobierno declaró la

ley de amnistía, tratando de lograr la unión entre los mexicanos, se convocó a la

guardia nacional para unir fuerzas en la defensa común de los estados, sabiendo

que las zonas de frontera marítima serían las más asechadas.

El vice gobernador, Manuel Márquez, decretó el 2 de diciembre de 1861, que el

gobierno del Estado de Sinaloa se encontraba facultado para disponer de todos

los recursos en los ramos de hacienda y guerra, con el fin de acudir a la defensa

del territorio nacional, dictando disposiciones para equipar armamentos, e instruir

a la guardia, se agrega que todo aquel que en tales circunstancias , y durante la

guerra extranjera promueva, motines, asonadas y sediciones contra la paz y el

orden publico, o incite a la desobediencia será considerado como traidor a la

patria y juzgado por un jurado establecido por la ley.237

5.2.- La guardia nacional: un garante de la soberanía.

Debido a la necesidad de contar con fuerzas armadas para la defensa y la

seguridad por el asecho de ejércitos enemigos, en la época colonial surge la

ordenanza de 1767, pues se intentan organizar fortalezas armadas, solo que no

tuvieron éxito.

Las llamadas Milicias Provinciales eran una especie de ejército de reserva y el

llamado al alistamiento fue general. Los hombres huían en cuanto se anunciada

un sorteo, los delegados retrazaban la publicación de las órdenes de

reclutamiento para evitar la oportunidad de su huida y los disturbios. Los que

podían pagaban por su exención del servicio, otros buscaban protección de las

autoridades o, de plano se fugaban. Los dueños de minas procuraban exceptuar

a sus trabajadores, lo mismo que los hacendados. 238

237 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia de la…, p. 6. 238 Fernando Escalante Gonzalbo, op. cit., p. 198.

156

Después de la independencia esta Milicia Provincial Novohispana, creó las bases

del nuevo ejército, solo que junto a ella prosperó la idea de la organización de la

milicia puramente civil bajo la responsabilidad de las autoridades locales, siendo

este el modelo de otro ejército posible, la ciudadanía armada. 239

Con el sistema de república para que no caiga victima de la indiferencia de sus

ciudadanos, estos deben poseer el valor y la determinación necesarios para

defenderlo hasta la muerte, además de la prudencia, la entrega y los valores

cívicos son necesarios su papel efectivo dentro de la política. De tal forma que la

libertad de la República depende directamente de los ciudadanos, de su

capacidad para sacrificar el interés individual en aras del bien común. 240

En la Constitución del Estado Libre de Occidente en 1825, entre las obligaciones

de los sonorenses era ser útil a la patria y defenderla con la armas cuando la ley

requiriese este deber. Y en la primera constitución del Estado de Sinaloa 1831,

se estipuló que todo aquel que siendo llamado para el auxilio de las autoridades y

se negara, dejaría de ser ciudadano. 241 Es en este mismo año cuando

constitucionalmente en el título XIV se estipula la existencia de una fuerza pública

del Estado, formada por su milicia cívica de acuerdo a las bases dictadas por la

unión, de la república.

Pero la Guerra con los Estados Unidos encontró desprevenidos al gobierno de

México y fue en ese momento cuando el gobernador de Sinaloa, Rafael de la

Vega que al valorar que Mazatlán sería un puerto clave para los

norteamericanos, hizo un llamado en aras del patriotismo para demandar la

cooperación de los habitantes del Departamento en abril de 1845, para sostener

las providencias de acuerdo con el Congreso Nacional. 242

En este mismo año, publicó en Cosalá, el título segundo del tratado número 13,

de la ordenanza del ejército, con el fin de intimidar a los soldados para que no

desertaran de las filas republicanas, en la guerra que se preparaba contra los

239 Ibíd. 240 Erika Pani, El Segundo imperio, Herramientas para la Historia, México, FCE, 2004, p. 30. 241 Héctor R. Olea, op.cit., pp. 118 y 119. 242 Francisco Xavier Gaxiola, La invasión norteamericana en Sin…p. 21.

157

norteamericanos. El gobernador, hizo notar el vicio de la deserción que habían

alcanzado los miembros del ejército, y deseaba poner fin a esos abusos para no

fracasar en la defensa nacional.243

Fue hasta la de 1861, cuando sen las constituciones locales se habla de una

guardia nacional propiamente dicha y se establece como una obligación del

ciudadano sinaloense alistarse a la misma y tomar las armas al ser llamados por

las autoridades, aunque en la práctica ya existía tal vez por leyes o decretos, en

las constituciones se había consignado como deber del ciudadano de acudir al

este llamado cuando una situación extrema lo requiriese.

En el periodo más intenso de la lucha contra la intervención francesa, las

guardias militares se convierten en carne de cañón, llamados ejércitos de sangre,

porque muchos de los hombres que engrosaron las filas de las fuerzas federales,

terminaron asesinados, más los gobiernos justificaron estos hechos como

hazañas heroicas, compromiso con la patria, con el pueblo, defensa del territorio,

de la familia.

Continuamente aparecían llamados de los prefectos de distritos, para defender a

la nación de la Francia, la libertad de la patria, defensa del honor, los derechos,

los hogares, la independencia, el pueblo soberano, los supremos poderes de la

nación. Se definía a la guardia nacional como la institución y base más sólida

para el descanso de la soberanía del pueblo, guardián de la forma de gobierno

democrático y garantía de la autonomía del país. Sin embargo, se acepta que

cometían una serie de abusos que la estaban convirtiendo en odiosa esta

institución.244

La alarma por el avance de los ejércitos franceses en 1862, era tal que se

convirtió en parte de lo ordinario que los jueves y los domingos en la capital del

estado, Mazatlán, se cerraran talleres y establecimientos, reuniéndose los

cuerpos de ciudadanos para ir a aprender los deberes del soldado.

243 Ibíd, p. 23. 244 EP, ”Arenga cívica del Prefecto de Cosalá”, 25 de mayo de 1862, N. 54, Año II.

158

Los batallones podían conformarse de individuos de todas las clases de la

sociedad, por patriotismo, afirmaba la prensa liberal:

el artesano se une con el marino, el labriego con el rico propietario, el

hombre inculto con los que profesan las ciencias del saber humano, es

decir, que el pueblo se levanta potente y amenazador cuando se trata de

su existencia política seriamente comprometida, no las dejara de la mano

hasta que no prueben su independencia y libertad de la patria o sucumba.

Hemos visto presentarse a formar los cuerpos de guardia nacional, aun a

los altos funcionarios de la federación y del estado.245

La guardia nacional alistada en Mazatlán se dividió en varios cuerpos: los

comerciantes y empleados formaban el batallón Guerrero 240 h. El Hidalgo y el

Abasto, eran artesanos; el primero de estos contaba con 845 plazas y el segundo

300. Había además una batería de artillería y un escuadrón con el nombre de

Guerrilla Independencia, la primera estaba formada por armeros y herreros que

combatieron en la pasada guerra anterior, y en la segunda se reúnen personas

de todas categorías, y aun de diversas comuniones políticas. 246

La prensa liberal, por su parte, relataba con pasión los pormenores de la revista

general de la guardia nacional, en los Distritos, como lo hizo el periódico, el

Pacífico, que describe que en el Rosario, habiendo un campo construido por el

prefecto para los ejercicios del guardia nacional, se preparó un templete,

adornado vistosamente. En su principal fachada y sobre un escudo se veían las

armas de la nación, y se hallaba colocado el pabellón tricolor, que ondeaba,

haciendo latir a millares de corazones.

Eran más de dos mil guardias nacionales que después de pasar revista,

desfilaron frente al pabellón nacional, dirigiéndose a sus cuarteles. En la tarde del

mismo día tuvo lugar la bendición de la bandera, acto que entusiasmó a la

concurrencia. Como a las cuatro de la tarde, el Primer pabellón ligero del

Rosario, en número de 800 hombres marchaban en columna hacía el campo de

245 EP, 27 de marzo de 1862, N. 32, Año II. p. 1. 246 Ibíd.

159

ejercicio, con sus dos primeras compañías a la cabeza, bien y uniformemente

vestidas y armadas.247

Estos eventos curiosamente se acompañaban de una ceremonia religiosa,

música del batallón, que resonaban en el aire arrancando entusiastas vivas a

México, a la independencia, al presidente, al ciudadano libertador del estado y al

jefe del distrito, así como mueras a Francia, a los invasores y a Napoleón III. A

estas practicas podían acudir, los familiares cercanos de los reclutas como

esposas, hijas, madres, que con gran entusiasmo los despedían y no pocas

veces con lagrimas en sus ojos, pues se concentraban para defender con las

armas el territorio nacional y la incertidumbre de un futuro a su lado estaba

presente.248

Y por otra parte, a partir de 1857, los individuos de clase de tropa permanente y

de milicia activa que estén sobre las armas o en asamblea deben votar como

simples ciudadanos en su respectiva sección a donde correspondan las casas en

que estén alojados. No podrán dar su voto, si se presentan formados

militarmente o son conducidos por jefes, oficiales, sargentos, cabos. Además se

requiere pertenecer al estado seglar y no ejercer mando político ni jurisdicción de

ninguna clase en la misma sección.249

El gobernador Jesús García Morales, expone que los ejércitos, que tiene Sinaloa

y que pudiera enviar al centro de la república para contrarrestar los avances

franceses no servirían de mucho ya que la gente que compone dichos cuerpos

no está acostumbrada a salir lejos de sus hogares-, sufriría en el transito tan

considerable deserción, que haría infructuosos los gastos que se emprendieron

en su equipo, armamento y envío al interior. Esto sin tomar en cuenta el tiempo

que se necesita para tales operaciones.

La conformación de la guardia civil, no se remite solo al periodo de la

intervención, si no a la etapa posterior a la misma, pues el país continúo en la

zozobra a causa de la inseguridad provocada por las constantes revueltas

247 EP, “Informe del Prefecto del Distrito del Rosario”, 23 de diciembre de 1863, N. 123, año III. 248

Ibíd. 249 ES, 4 de Junio de 1876, N. 21. Folio 169.

160

militares, el bandidaje, los problemas electoreros, los alzamientos indígenas, las

amenazas de buques internacionales, y por su puesto la reducción

presupuestaria para gastos de guerra de 1868, que disminuyó en gran medida

las fuerzas militares federales.

Con todo esto, no es extraño que el gobierno juarista haga un llamado

persistente a los ciudadanos para el servicio de las armas, promulgue una ley

orgánica de la guardia civil, que tenía como objeto garantizar la seguridad pública

en cada estado, defender la independencia, la integridad de la patria; y sostener

las instituciones y autoridades del país.

Esta guardia nacional tenía a su cargo, no solo la seguridad de las poblaciones y

caminos, sino la vigilancia de cárceles, y custodia de presos rondas, patrullas y

otros de esta especie, que en algunas poblaciones se hacía por carga vecinal,

sería obligatorio a los ciudadanos, como servicio de Guardia Nacional.

Los registros de la guardia nacional los levantaban los ayuntamientos y nadie

podía ser elector ni elegible, ni obtener empleo público sin estar escrito en estas

listas. Los que podían ser exceptuados, con una previa multa, de dos reales a

dos pesos, solían ser los funcionarios y empleados públicos de la federación y

del estado; los ministros de todos los cultos; los médicos cirujanos en ejercicio y

los profesores de farmacia que despachaban de medicinas; los preceptores y

directores de enseñanza primaria y secundaria, directores de fábricas y maestros

de talleres de artes y oficinas que tuvieran por lo menos 6 aprendices, mismos

que también quedaban exentos. Solteros y viudos sin hijos mayores de 55, los

que tenían 5 hijos varones y dos en servicio del ejercito y de la guardia; casados

o viudos con familia mayores de 55; Militares retirados; impedidos física y

perpetuamente; el hijo único de viuda o el que ésta eligiera si tenía dos o más, el

que tuviera hermanas huérfanas sin casar de cualquier edad o el que tenía

hermanos en esa condición menores de edad; y los recién casados, durante los

dos primeros años.250

250 DO, “Ley de la Guardia Nacional,” 22 de abril de 1869, N. 112, T. 111.

161

La conformación de la guardia nacional se convirtió en una obligación para los

gobiernos estatales, de tal forma que, en todas las poblaciones se levantan listas

de los individuos que están aptos para el servicio, en Sinaloa suman siete mil

ochocientos siete los hombres exceptuados de él pero tienen la obligación de

pagar la contribución de excepción, once mil ochocientos treinta y cinco; de tal

forma, servir o no, implica poseer o no dinero para cubrir la cuota. 251

Las prácticas de reclutamiento forzosa se siguieron realizando, en documentos

del gobierno del Estado de 1862 y 1866 de Sinaloa, se localiza que nombran

comisionados del gobierno para reclutar a todo individuo que sea vago,

pernicioso, desde la edad de 16 hasta 50 años para que sean remitidos como

reemplazos militares.

La necesidad por la conformación de las fuerzas armadas se intensifica a partir

de la amenaza y la intervención francesa en México, las luchas republicanas e

imperialistas, requieren que muchos hombres se sumen de manera voluntaria o

involuntaria a la milicia, pero la resistencia al alistamiento se manifiesta en no

pocas regiones, de formas diferentes, en Sinaloa en el pueblo de la Noria en

agosto de1862 una comisión encargada de recoger desertores es asaltada; las

listas de desertores se incrementan, persisten quejas de madres porque sus hijos

son consignados al servicio de las armas, la Cuarta división militar sufre de

deserciones y con frecuencia realiza campañas para la recuperación de

hombres; las deserciones a veces son numerarias como que se da en Agua

Caliente de 129 soldados del Batallón Juárez en Noviembre de 1866; incluso se

dan quejas de preso de cárceles que denuncian, se queja al juez de lo criminal

por consignarlos al servicio de las armas; vecinos de pueblos que solicitan al

gobierno del Estado para que se les exima de dar servicio militar. 252Llama la

251 Domingo Rubí, Memoria que el gobernador del Estado de Sinaloa presenta al Congreso, 15 de octubre de 1869, Mazatlán, Imprenta Retes, 1869. p. 10. 252 AHGES, Fondo de Gobierno, Índice del archivo de la Secretaria de Gobierno del Estado, 1860 – 1870.

162

Atención que en 1870 la legislatura del estado remite un acuerdo a través del

cual no se debía permitir tomar soldados de leva.253

Francisco de la Vega en septiembre de 1864 en su proclama donde reunió gente

para protestar en contra del gobierno, entre otras cosas, considera, que la leva

forzosa que se ha mandado levantar en este distrito y los del interior, es

notoriamente perjudicial, no solo porque deja sin brazos los diversos ramos de la

sociedad y sume a multitud de familias en la orfandad y la miseria, sino porque

esta clase de reclutamientos siempre recae en la clase más desvalida de la

sociedad.

Considera que el reclutamiento de hombres por la fuerza, contraria las leyes

fundamentales de la Nación, ataca la libertad individual del ciudadano, lo arranca

de la familia y sus quehaceres para reclutarlo en inmundos calabozos y luego

convertirlo en soldado de la patria. Propone que los gobernantes deben emplear

otros medios para proporcionar soldados que cumplan con los deberes de su

profesión, inculcando el honor, la disciplina, el sentimiento de la nacionalidad.254

5.3.- Los problemas por una soberanía estatal no definida.

Con la lucha entre conservadores y liberales, la soberanía entre los estados ,

aunado a que era muy endeble constitucionalmente, porque ambos grupos solían

tener adeptos en todo el país, incluso en un mismo estado de la república cuando

las fuerzas político militares dominaban o tomaban las plazas de un estado

buscaban expandir su poder a los pueblos aledaños.

Sinaloa, territorio donde los liberales dominaron, a excepción de las ocasiones en

que se levantan pronunciamientos armados para unirse al grupo conservador, y

donde fueron frecuentes las luchas contra los conservadores que se encontraban

en Durango, en el Cantón de Cantón de Tepic, así como también los asechos

de fuerzas militares de carácter conservador en los limites de Sinaloa, como

Cosalá, San Ignacio, Escuinapa, y las invasiones al Rosario.

253 AHGES, Fondo Secretaría de Gobierno, Indice del Archivo de la Secretaría de Gobierno, Julio de 1870. 254 Eustaquio Buelna, Breves apuntes, op cit., 1884, pp. 33- 35.

163

Debido a factores políticos y también geográficos con Durango se presentaron

varios problemas jurisdiccionales, pues la sierra entre Sinaloa y Durango se

prestaba para refugio de revolucionarios, como lo fue para el grupo de liberales

del Distrito de Culiacán, en 1855, que al ser rechazados por las fuerzas del

comandante militar José Inguanzo, se refugiaron en Tamazula Durango, Plácido

Vega, Miguel Ramírez, Eustaquio Buelna, entre otros, desde donde se dedicaron

a combatir a la gente de Inguanzo. Al ser nombrado gobernador, el 18 de octubre

de 1855, Pomposo Verdugo, por Juan Álvarez, se encontró con la oposición del

comandante Inguanzo, que se pronunció contra el gobierno federal y el de la

entidad, el gobernador pone al frente de una expedición militar a Plácido Vega

con el cargo de teniente.

La persecución de dicho comandante, dio lugar a que la “Sección Libertadora de

Sinaloa”, que así se denominó se internara en el Estado de Durango, motivando

serias reclamaciones del gobierno de aquel Estado, de tal forma que, el

gobernador de Durango solicitó la extradición de Plácido Vega para que fuera

juzgado por las autoridades competentes, llegando el asunto hasta el Ministerio

de Gobernación y la Presidencia del República.255

Antonio Rosales256 defendió con artículos periodísticos a Plácido Vega al

señalar en artículos de prensa oficiales en tres puntos este problema: la violación

del territorio de Durango por las fuerzas de Sinaloa; los excesos de estas

haciendo vejaciones en sus intereses y honor a habitantes pacíficos de aquella

demarcación, y la solicitud de que sean remitidos al gobernador de Durango los

culpables para que sean castigados.257

Rosales reconoció no estar seguro de la latitud del carácter de inviolabilidad de

los Estados, lo poco clara que era en esos tiempos la soberanía de los estados:

explica, que considera un absurdo que esta debiera sujetarse a las

255 Antonio Nakayama, Realidad y mentira… p. 28. 256 Antonio Rosales era Secretario de Gobierno y redactor del Periódico Oficial, de Sinaloa, tomó la defensa de Plácido Vega y acerca del caso escribió diversos artículos, como el del número 26 de La Bandera de Ayutla publicado el 28 de junio de 1856, donde remite un artículo titulado “Invasión de tropas de Sinaloa en el territorio de Durango.” 257 Antonio Nakayama, Realidad y mentira… p. 29.

164

prescripciones del derecho internacional, y que los delincuentes de uno pudieran

refugiarse en el territorio de otro como si fuera un pabellón extraño. No había

noticias de que entre los Estados de la Confederación Mexicana se hubiera

celebrado algún tratado de extradición.

A cerca de esto la prensa nacional también abordó el problema, el Monitor

Republicano refería que respecto a la solicitud del gobernador de Durango ante

el Supremo Gobierno de la Nación del 9 de mayo de 1856, la redacción de dicho

periódico opinaba - que no debería permitirse las incursiones de tropas de un

Estado a otro, pero tampoco debe llevarse al exclusivismo hasta el grado de

considerara como naciones independientes los Estados de la federación.258

La defensa que hizo Antonio Rosales, surgió efectos, pues comprobó que en la

revuelta de Inguanzo, que asaltó Cosalá, participaron individuos de los puntos

del estado vecino y que en todo caso, quien debería determinar la culpabilidad

era la autoridad judicial federal.

Durante la guerra de reforma Juarista y la intervención francesa, la soberanía de

los estados se relativizó, de manera constante, por la entrada y salida de

ejércitos que a razón de la declaración de sitio, siendo una de las prioridades de

los liberales la cooperación abierta de los gobiernos de los Estados para la

conformación de tropas, y además, mantenerse en la expectativa cuando grupos

invasores extranjeros, como los franceses pudieran atacar.

La soberanía nacional se convirtió en un discurso recurrente de los gobiernos,

pero las relaciones internas entre los Estados se descuidaron y con frecuencia

vemos afectaciones territoriales entre los mismos, fuerzas militares de un Estado

que invaden otro, en el ataque a grupos enemigos, se olvidan del respeto a las

líneas limítrofes.

De esto se pueden dar muchos ejemplos: en 1859, el gobernador de Sonora.

Ignacio Pesqueira, en apoyo al movimiento liberal para derrocar a los

conservadores, participa junto con su ejército en la tomó de la capital del Estado

de Sinaloa, Mazatlán y al efectuarse la misma se nombró gobernador de Sonora 258 Ibíd, p. 30.

165

y provisional de Sinaloa; por otro lado, Plácido Vega, siendo gobernador de

Sinaloa, el 3 de agosto de 1863, envió una carta al presidente Benito Juárez,

donde comunicó de las relaciones entre el gobernador de Durango, José María

Patoni y Sinaloa para unir fuerzas para la causa. 259

Sin embargo, hay otras decisiones que se salieron de la concordia entre los

gobiernos de los Estados, por ejemplo, en este mismo año, José María Patoni,

de Durango, interviene con sus fuerzas armadas para derrocar el movimiento

subversivo de Francisco de la Vega, en Sinaloa y Mocorito, desconociendo así a

Rosales que fungía como gobernador del Estado, suscitándose por esta

injerencia fricciones entre Patoni y el gobernador. 260

A su vez, en la correspondencia entre liberales no es extraño que los

gobernadores de diferentes estados se ofrezcan ayuda entre si para resolver

problemas políticos internos, que se consideran de carácter nacional. Por ello,

una vez más, en septiembre de 1864, el gobernador de Sonora envió una misiva

a su similar de Sinaloa Jesús G. Morales, donde señaló que de los sucesos de la

defensa de Mazatlán, depende la de Sonora, por ello reitera el apoyo del

gobierno de Sonora, estando resuelto Pesqueira a marchar personalmente con

mil o más hombres para reforzar la guarnición de Mazatlán. También añade que

escribirá al gobernador de Chihuahua para que colabore con la defensa de

Sinaloa. 261

La cuestión de la soberanía no se relativizó únicamente por el estado de guerra

en el país, ya que constitucionalmente -en la carta magna de 1857- no existía

una solución clara, expresa y terminante para este tipo de conflicto. Sólo se

refería a los casos de invasión exterior, de sublevación y de trastorno interior,

según el artículo 116 podía intervenir la fuerza federal; pero no precisaba,

entorno a conflictos entre los poderes de un Estado. Es decir, la constitución de

259 Jorge L. Tamayo, Juárez, op cit., tomo 9, p. 205-206. 260 Ibíd, p. 596 a 597. 261 Ibíd., 384.

166

1857, no consignó la ingerencia o intervención que los poderes federales debían

tener en las dificultades que aparecieran entre los Estados. 262

Y en caso de conflicto entre los poderes de un Estado, tampoco se señalaba el

papel de la intervención cuando esta debía asegurar la paz y hacer respetar las

instituciones republicanas. Si el conflicto tomaba el carácter de contienda

armada, una de las soluciones que empiezan a discutirse en la prensa nacional,

a raíz de una iniciativa de ley, es que cuando los poderes locales no llegan a las

vías del hecho para decidir sus diferencias, lo prudente era que el Congreso de

la Unión examinara el conflicto; y el medio más eficaz para hacer un examen

imparcial y detenido, sería someter la conducta de los gobernadores de los

estados al juicio del gran jurado nacional, en cuyo caso no ejerciese el Congreso

sino una facultad constitucional.263

Es hasta septiembre de1870, cuando apareció una iniciativa del ejecutivo que

buscaba acabar con estas arbitrariedades entre los estados, ocupándose de tres

casos: invasión exterior, sublevación o trastorno interior, y conflicto entre los

poderes de un Estado, ya que éstas afectaban las relaciones que debían tener

con los poderes federales; implicaban también cuestiones constitucionales y,

ponían en peligro el orden y buena administración de los Estados, y la paz y la

tranquilidad de la federación.

También empezaron a discutirse las relaciones del gobierno general con los

particulares de los Estados. Se planteó por primera vez, que el ejecutivo de la

unión debía proteger -conforme a la parte primera del art. 116 de la constitución-

disponiendo de la fuerza armada permanente, y si fuese necesario, incluso la

utilización de la guardia nacional fuera de sus respectivos Estados o territorios,

previo consentimiento del Congreso, o de la diputación permanente; el ejecutivo

de la Unión debiera proteger de la misma manera a los poderes de los Estados

en caso de sublevación o trastorno interior contra aquellos, siempre que fuese

262 DO., 18 de septiembre de 1870. N. 261, H.1. f. 154. 263 Ibíd.

167

requerido por la legislatura del Estado, o por su gobernador si aquella no

estuviese reunida.264

En dicha propuesta al ver que la invasión exterior podía provenir, no solo de un

Estado extranjero sino también de algunos de la federación. El Estado invadido

puede hacer valer el derecho de la protección, al verse amenazado en su

soberanía e independencia, aunque la amenaza proviniese de otro estado de la

federación, se reconoce, sin embargo, una causa exterior, porque se trata de

dos soberanías distintas.

5.4.- Los conflictos con extranjeros: complicaciones en la lucha por la nación y por la soberanía.

El gobierno de Sinaloa tuvo que lidiar de forma recurrente con la actitud de los

comerciantes extranjeros radicados en Mazatlán, que tenían apoyo de sus

respectivos cónsules que con cualquier pretexto amenazaban con la marina de

sus países. El gobernador Plácido Vega, con la necesidad de dinero para cubrir

los gastos de la guerra, el 13 de julio de 1859, expidió un decreto imponiendo

una contribución extraordinaria para nacionales y extranjeros, misma que los

segundos se resistieron a pagar.

Acostumbrados los comerciantes extranjeros a embarcar y desembarcar

mercancías sin pagar los respectivos gastos a la aduana marítima de Mazatlán,

vieron con desdén la postura del gobernador, así que se inicio el 9 de agosto de

1859, un conflicto con el vice cónsul inglés, porque el juez Pablo María Rivera

embargó unos efectos de su propiedad por causa de contrabando y selló las

puertas del almacén, dándose reiteradas quejas por parte del inglés que

consideró que se había atacado a las armas de la Gran Bretaña. 265

Además, durante el periodo de lucha entre conservadores y liberales, las marinas

de guerra de las potencias extranjeras no se mantuvieron neutrales, acerca de

esto se pueden mencionar un ejemplo, cuando el general conservador Leonardo

Márquez llevó a Tepic una conducta de caudales para ser embarcada, la fragata

264 DO., 18 de septiembre de 1870. No 261, h.1. 265 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sin…p. 55.

168

de guerra inglesa Calypso la recibió a bordo en Santa Cruz, a corta distancia de

San Blas, sin importarle las protestas del Coronel Manuel Márquez de León, y el

envió que el gobierno de Sinaloa había hecho del bergantín Ipala para que

impidiera el embarque, lo que no se logró porque la fragata amenazó con echarlo

a pique si oponía resistencia.266

El embarcó ilegal de la plata de los conservadores la hizo J. F. Allsop, quien

ejercía las funciones de cónsul de Inglaterra en Tepic, ésta operación la efectuó

como empleado de la casa Forbes, Barrón y Compañía, por lo que el general

Coronado le exigió el pago de los derechos aduanales. Al negarse Allsop fue

encarcelado por cinco horas, y así obligado a pagar poco más de 13, 578

pesos.

Pocos días después, Allsop se embarcó en la fragata de guerra inglesa

Amethyst, que al mando del capitán Sydney Greufell se dirigía a Mazatlán y ya en

el puerto, Greufell presentó una demanda ante el gobierno de Sinaloa,

amenazando el bloqueo del puerto sino aceptaban sus condiciones entre las

cuales pedía la destitución del general Coronado, que se devolviera la cantidad

de dinero entregada y que se rindieran honores a la fragata ofendida.

Estos problemas complicaban la marcha administrativa, pues el gobierno estaba

ocupado en la lucha contra los conservadores y además la nación no contaba

con una marina de guerra poderosa para hacer frente a la insolencia de cónsules

y marinas extranjeras.267

En diciembre de 1860 un nuevo incidente se presentó con las marinas de guerra

extranjeras, esta vez fue con Napoleón III, emperador de Francia, el gobierno de

Sinaloa había adquirido la goleta Swing, a la que artilló con ocho cañones

llamándola Reforma, destinada como guarda costa y estando en la bahía de San

Blas, fue aprendida como represalia por los daños causados al vice cónsul

francés por parte del comandante Antonio Rojas. Plácido Vega ordenó la salida

de una escuadrilla naval quien se puso en contacto con el comandante de la

266 Antonio Nakayama, Sinaloa, un bosquejo de su… p. 298. 267 Ibíd, p. 299.

169

fragata francesa M. Javin, el cual manifestó que la Reforma, continuaría como

presa de empeño hasta que se indemnizara al vicecónsul y se hiciera un saludo

de veintiún cañonazos al pabellón francés. 268

Los cónsules ingleses y franceses aprovechándose de los conflictos internos que

tenía el país, de la debilidad del poder político mexicano, y la endeble marina

mercante nacional y de la fuerza militar en general, obviamente comparada con

la suya, con cualquier diferencia con los oficiales de las aduanas, y a la menor

provocación, hacían reclamos a las autoridades estatales y si no se les

concedían sus antojos amenazaban con acciones severas, tales como bloquear

las entradas de las embarcaciones, inclusive bombardear ciudades porteñas.

No había mucho de extraño es este conflicto de carácter internacional, pues

dicha situación desde hacía mucho tiempo atrás se vivía en este puerto y en los

demás de la república, por causas más o menos idénticas, y con buques de la

propia escuadra. Son interminables las reclamaciones, apoyados casi en todas

las ocasiones en la fuerza de los cañones.

El puerto de Mazatlán padeció mucho tiempo este tipo de cuestiones, el 16 de

junio el capitán ingles, Mr. Walace, pagador del buque Chanticler, que pretendía

embarcarse, al pasar por la Aduana Marítima, no reportó el dinero que llevada,

los oficiales de la aduana procedieron a registrarlo encontrando en sus bolsillos

378 pesos que llevaba sin cubrir los requisitos necesarios.

En este incidente el coronel inglés Guillermo W. Bridge, manifestó al jefe de la

Cuarta División Militar, Ramón Corona, que dicho insultó debería ser

recompensado y devuelto el dinero decomisado. Ramón Corona, por su parte

manifestó la incompetencia para la resolución del caso, por ser exclusiva de los

tribunales de la federación.

El comandante inglés al no conformarse con esta contestación señaló que

tomaría las providencias necesarias para allanar el insulto, considerando los

empleados que lo insultaron, debían ser castigados en el buque ofendido y

solicitaba la devolución inmediata del dinero extraído. Daba como plazo para el 268 Ibíd, p. 309.

170

cumplimiento de sus peticiones 24 horas o de lo contrario se atuvieran a sus

maneras de hacer respetar su honorabilidad.

Los ingleses, anunciaron desde el medio día del 20 de junio de 1868, la toma del

puerto de Mazatlán, y señalaron que el gobierno mexicano ofrecía resistencia, ó

si sus reclamaciones, no se atiendan en 48 horas, tomaría otras medidas más

fuertes.269

El día 21 se desprendieron de la Chantincler, cuatro embarcaciones menores

armadas, que se dirigieron rumbo al muelle del puerto sinaloense, y frente al

edificio de la aduana marítima, amenazando con llevarse los buques nacionales

allí anclados.

Con anterioridad el ciudadano general en jefe de la 4ta. División, había situado

en la parte superior del edificio, tres piezas de artillería, a las órdenes del teniente

coronel Adolfo Riestra, y apoyados por una columna de doscientos infantes, cuya

fuerza al ver la actitud de los botes ingleses, se preparó á cumplir su deber y en

estos momentos, el pueblo se agrupó, en apoyando la causa. Los botes viraron

inmediatamente, volviendo sin detenerse al buque al que pertenecían. 270

Debido a este atentado, se vieron afectados los intereses de la población, y

amenazada la soberanía de la nación, por ocho días, más dejó de manifiesto que

el pueblo de Mazatlán no estaba conforme con la manera tan soberbia y altanera

como actuaban algunos extranjeros, así como tampoco con el intervensionismo

al que estaba propensa la capital sinaloense.

En otro escenario un sinaloense, del que se ha hablado anteriormente en este

trabajo, se convirtió en el actor principal, de la denuncia de la prensa nacional

que consideraba el siguiente hecho como un atentado a la soberanía mexicana.

En 1870, Plácido Vega provocó un escenario donde se cuestionó de forma

evidente la soberanía del país, porque este personaje, ordenó a un grupo de

facciosos procedentes del cantón de Tepic, para que asaltaran la Aduana de

269 DO. ´´Parte Oficial que envía el jefe de la Cuarta División Militar, Ramón Corona al Ministerio de Guerra y Marina,´´ 5 de julio de 1868, N. 187, F. 9. 270 Ibíd.

171

Guaymas, después de realizada esta acción, en un vapor de origen americano, el

forward, dirigido por Fortino Vizcaíno, denominado jefe de la expedición de

Sinaloa, se apoderaron de la población y exigieron un pago a los comerciantes

que tenían adeudos con la Aduana por el cargamento de una reciente barca.

Luego de este atraco, el Forward, fue mandado perseguir por el cónsul de los

Estados Unidos en Guaymas, con buques americanos. La persecución empezó

el 17 de junio y terminó el 18 con la destrucción del buque, acusado de pirata, así

que el incendio de este se efectuó en altamar. 271

Según comunicación que se decomisó a miembros de la expedición, Plácido

Vega encomendó que luego del puerto de Sonora le seguirían Sinaloa y Baja

California.

Los planes de Vega eran de carácter político, al ordenas a sus seguidores, que

robaran las armas de los depósitos públicos del puerto de Guaymas, mismas

que el había enviado de San Francisco,

Un interesante debate político se generó en torno a esto, el Diario oficial del

Federación lo retomó para minimizar los hechos y declarar su postura. Por otra

parte una de las cuestiones que se discuten es el hecho de que ¿Dónde queda la

soberanía mexicana, cuando un buque de guerra de los estados Unidos, el

Michigan, persigue en aguas mexicanas e incendia el Forward y cuyo capitán

ejecuta a seis marineros de la tripulación del mismo?

Además, el Forward llevada bandera mexicana como podía el Michigan, atacar

en nuestro territorio, sin autorización del gobierno mexicano. La prensa oficial por

su parte remite en La Opinión Nacional, lo que considera como legislación

vigente del 12 de abril de 1839, sobre el hecho de desconocer la bandera de la

nación en buques armados sin patente legal del gobierno mexicano, debiendo

estos ser considerados y tratados como piratas por los buques de guerra de

todas las naciones, salvándose el gobierno mexicano de toda responsabilidad de

los daños que los buques pueden causar al comercio de las naciones

271 DO., 2 de julio de 1870, N. 183, F.2.

172

extranjeras. Disposición que, se dice, fue aplicada al caso de la escuadrilla de

Marín capturado en Antón Lizardo por el Saratoga.272

Pero, señalan que en todo caso, el buque americano estaba obligado a

someterse a la jurisdicción de la república. Ante la serie de cuestionamiento el

gobierno mexicano, requería aclarar este suceso y lo hace en la prensa indicando

que en primer lugar se catalogó como un buque pirata, y no se puede asegurar

que el vapor Forward haya sido incendiado en las aguas territoriales de

México.273

5.5.- La prensa: espacio político nacionalista o medio de opinión pública.

5.5.1. Medio elitista para incentivar la integración nacional.

Debido a la guerra de reforma y la intervención francesa los liberales utilizaron al

periódico como medio impreso por excelencia para crear un efecto multiplicador

sobre la capacidad de las personas de imaginarse como miembros de una

nación, porque esto no podía dejarse a la imaginación ya que requería de bases

para crear o aumentar la conciencia de que existían ciertas características

comunes de importancia y de una preocupación por ellas.274

Ante la amenaza de las tropas francesas e imperialistas, los gobiernos

republicanos recurrieron al uso del discurso, patriótico, para buscar la unión de

los mexicanos, y que la indiferencia no ganara la batalla como lo fue en tiempos

de la intervención norteamericana, cuando por más esfuerzos que hubiese hecho

el gobierno nacional, las dificultades no fueron superables y los norteamericanos

tomaron la capital del país de 1846 a 1847.

Los gobiernos liberales incrementaron las llamadas festividades cívicas donde se

hacía alusión a la nación, patria, soberanía, para formar y educar, al ciudadano y

a la población en general, acerca del significado del momento crítico que vivía el

272 Ibíd. 273 DO, 10 julio de 1870, N. 191, H. 2. 274 Quien define este llamado efecto multiplicador del nacionalismo como fenómeno multicultural porque se manifiesta no solo en las culturas occidentales sino en las orientales aunque establece sus propios matices es Adrian Hastings en La construcción de las nacionalidades, Madrid, Cambridge University Press, 2000, p. 40.

173

gobierno, por el asecho extranjero, y con frecuencia hacían referencia a hechos

históricos que podían generar indicios de una conciencia común, de los

mexicanos; sus discursos aludían a la guerra de independencia, la declaración de

la misma en 1821, considerando que la constitución de 1857 debía ser defendida,

porque permitiría la consolidación de la autonomía nacional y del poder civil.

En estos momentos extremos los juaristas sabían que además de necesitar el

apoyo físico requerían del moral de todos los pueblos así que optaron por

concienciar a la población sobre la importancia de su participación para la

subsistencia de la nación. Porque en opinión de Adrian Hastings, el nacionalismo

es a menudo una presencia latente, algo que se inflama con extrema rapidez en

tiempos de guerra o cuando se produce una amenaza real o imaginaria y que

puede convertirse en una fuerza abrumadora e irracional, para apagarse de

manera casi tan rápida cuando las circunstancias cambian.275

Es cierto que para lograr esta difusión de las ideas los libros coadyuvan a que el

efecto se multiplique más en este proceso eran los periódicos, donde redactores

a veces dueños de imprentas se ocupaban de publicar sus ideas y posturas

acerca del momento, referente la modernización de la política que se estaba

presentando y las reacciones que provoca y el papel que asumen los gobiernos

como promotores su propia causa.

La prensa era un espacio público utilizado por las elites para educar, formar y

construir un espíritu ciudadano, a través de un discurso que asumía una función

didáctica buscando integrar o presentar al individuo como parte de una unidad,

que se dejaba a expensas de la decisión del mismo, y que la salvación de la

nación dependía de la defensa que se hiciera de ella.

Los discursos cívicos con carácter conmemorativo que se recitaban, organizados

por las juntas patrióticas de los ayuntamientos hacían uso de la oratoria ante el

público congregado en las plazas públicas y por ultimo se imprimían y se

difundían dejando prueba escrita, para que el discurso sobre la nación

contribuyera a la suma de adeptos de los republicanos.

275 Adrian Hastings, op cit, p. 37.

174

Esto se reflejaba en la prensa sinaloense de esos años. Por ejemplo, el periódico

El Pacífico en sus editoriales de 1861 a 1864 hizo una defensa de la república y

la constitución, preocupándose por definir frecuentemente conceptos como

patria, libertad, democracia, promovía la toma de las armas para la defensa de la

soberanía a través de la guardia nacional, hacía una critica constante a la iglesia.

Desde 1861 se observaba en las paginas de este periódico publicado en

Mazatlán la idea de que la república era una conquista de la nación que debía

defenderse a todo transe, pues implicaba la libertad como derecho y virtud de la

organización social de una nación para conseguir las bases de la libertad política

e individual de sus asociados. Anuncia la amenaza del despotismo que

provocaría la paralización del progreso de la nación.276

Señala que los opositores del sistema republicano confundían a la opinión

pública tachando a los seguidores del liberalismo como defensores de una

democracia que no existe que se estanca en la demagogia, en el discurso.

Obviamente que el redactor Jesús Río se defiende magistralmente acusando a

estos como enemigos de la libertad, de la ilustración, y del progreso. 277

Explica que su democracia no era la autorización de crímenes, tampoco el

empleo de la fuerza o la violencia, contra el derecho y la justicia, porque eso era

propio del despotismo, ya fuera por uno solo y por un grupo que usurpara el

poder de la nación. La propuesta democrática no estaba avalada como lo decían

las críticas por una clase de personas ignorantes, no aptas para dirigir el timón

de un estado, pues personas conocedoras de la ciencia y con bastante razón

para comprender el mecanismo de la administración.278

Deja en claro que el gobierno democrático debía ser ejercido por la clase media

que era la más activa e inteligente; apoyada por esa gran población formada de

ciudadanos honrados y laboriosos a los que se les quiere distinguir con el

276 EP, 21 de diciembre de 1861.n. 18, año 1. 277Jesús Río, formado en la abogacía fue nombrado Secretario de Gobierno, durante la administración de Manuel Márquez en el gobierno de Sinaloa en 1863, era redactor de El Pacifico, además era teniente coronel del Batallón Hidalgo de las Brigadas Unidas de Sonora y Sinaloa en este mismo año, véase El Pacífico, Febrero 18 de 1863. N. 77, año III. p.4. 278

EP. 9 julio de 1862, no. 47, año ll, p.1.

175

nombre de pueblo, siendo así que todos lo somos, y la cual no es otra cosa que

los brazos que se encuentran dispuestos a defender la patria, la libertad y la

justicia que son sus verdaderos derechos.

La preocupación por la conformación de fuerzas se manifestaba en este medio y

se proponía como viable que el ciudadano se concientizara y conociera a través

de la imprenta el deber que afrontaba para salvar a su patria, para que con esto

no se necesitara de apremios debido a la carencia de recursos, ni gente obligada

para conformar el numeroso ejército que se necesitaba.

El nacionalismo surge principalmente cuando una identidad étnica o nación

determinada se siente amenazada en lo referente a su propio carácter, extensión

o importancia, ya sea por un ataque externo o bien por el sistema estatal del que

hasta el momento ha formado parte. La idea de nación necesita de un efecto

multiplicador sobre la capacidad de las personas de imaginarse como miembros

de una comunidad tan amplia como una nación. Sin embargo, nunca podría ser

cuestión de imaginación sin base, sino un aumento de la conciencia de que

existen ciertas características comunes de importancia y de una preocupación

por ellas.279

El 31 de marzo de 1863 apareció en el Diario Oficial de la Federación la siguiente

nota:

He visto desfilar a esa brigada de todo elogio por su patriotismo, y que

tanto ha sufrido, atravesando después de un largo viaje desde su Estado,

más de cien leguas, de Zihuatanejo, por un clima mortífero y lleno de

privaciones, careciendo de medios de transporte y a veces hasta de

alimentos; de tal suerte, que el general y su estado mayor salieron a pie

de Acapulco, de donde algunos buenos vecinos les mandaron sus

caballos. Dejaron atrás sus equipajes y sus dos músicas, antes de

abandonar sus armas y pertrechos: también quedaron en Acapulco sus

uniformes que para la brigada llegaron de San Francisco y 500 fusiles.

Con lágrimas que la emoción hacía brotar a mis ojos, vi desfilar a esos

279 Adrian Hastings, op cit, p. 37.

176

fronterizos tan sufridos, enfermos y casi desnudos; la oficialidad en su

mayor parte a pie y de huaraches, pero saludando con cariño, llenos de

entusiasmo. La brigada tuvo algunas bajas por enfermos que han sido

enviados a Mazatlán o quedando por los pueblos de tránsito, y vienen

todavía un centenar de enfermos que han querido seguir trayendo el fusil

a remolque. También ha tenido la brigada bastantes muertos.280

Esta narración tan romántica que expresa el amor a la patria y con tanta

exaltación narra acciones heroicas, es un pasaje de la trayectoria de un cuerpo

militar acaudillado por Plácido Vega denominado Brigada Sinaloa, compuesta de

soldados sinaloenses aunque es probable que poco tenía de patriota ya que

muchos de sus miembros fueron levantados por la leva, de manera forzosa sin su

consentimiento. Pero el caudillo liberal, con ese reclutamiento demostraba en

1863 su colaboración “bienhechora” a la lucha contra la intervención, su

capacidad de integrar fuerzas bajo su mando y su adhesión al gobierno federal.

La lucha contra la intervención apareció en medio de la guerra civil, que tenía

como actores a conservadores y liberales, los primeros se trasladaron a Europa

solicitando el apoyo de algunas naciones y lo consiguieron de Francia, misma

que envió tropas al territorio mexicano, los conservadores consideraban que con

ello podían lograr la pacificación y el orden del país iniciándose así una campaña

de conquista y de defensa del proyecto imperialista que coronó al príncipe

austriaco Maximiliano de Hamsburgo como el segundo emperador en México.

Mazatlán era un punto estratégico para el dominio de la zona del pacífico y el 26

de marzo de 1864, la fragata francesa Cordeliere, se presentó ante el puerto,

desprendiendo catorce lanchas con cuatrocientos infantes de marina y seis

piezas rayadas, colocándose a medio tiro de cañón de la playa de Puerto Viejo,

para hostilizar las fortificaciones, pero el coronel Sánchez Ochoa, logró rechazar

el desembarque. 281

280 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia…op cit., p. 20. 281 Antonio Nakayama, “Las operaciones militares contra los franceses en Sinaloa,” Memoria del Primer Congreso Nacional de Historia de la guerra de intervención, México, 1963. pp.

177

Es menester mencionar el grado de patriotismo que tenían los mazatlecos a

pesar de que la historiografía tradicional ha estigmatizado a este pueblo en el

siglo XIX señalando que nunca ofrecieron resistencia a la intervención francesa,

como tampoco lo habían hecho contra la norteamericana.

Sin embargo, las descripciones acerca de una de las primeras batallas contra la

fragata francesa Cordeliere en marzo de 1864 coinciden en señalar que el

pueblo de Mazatlán se sumó a la lucha, que vitoreaba cada disparo del gobierno

nacional que hacía blanco en la fragata francesa.

La intervención no estuvo compuesta por solo un grupo de extranjeros que

incursionaron en un país a costa de todo, sino que fue acogida por aquellos que

no estaban de acuerdo con la introducción de las ideas liberales, con la llegada y

la permanencia de Juárez en el poder, con la constitución de 1857, que vino a

trastocar una serie de circunstancias, con la idea de que el dominio de la iglesia

desde la época colonial debía ser contrarestado, pues al término de poder

español, la propiedad feudal de la iglesia se encuentra intacta.

A esto es necesario agregar, que a su llegada al país, la unión del pueblo como

nación no existía aunque los liberales trataron de hacer un llamado a la

integración del pueblo mexicano a través del nacionalismo, con la

conmemoración de fechas como el 16 de septiembre, después el 5 de mayo,

organizando cada año celebraciones con vivas a la patria y discursos alusivos a

la fecha y música.

Pese a esto, recurrieron a la leva, reclutamiento forzoso para la conformación de

sus ejércitos, además muchos miembros o ex miembros de los ejércitos

republicanos se unieron a la causa imperialista, como lo hizo en Sinaloa, Jorge

Carmona, quien se alistó a las filas del imperio y en la incursión para tomar

Culiacán en 1864 trató de convencer a Rosales, para que se integrara a ellos.

El propio Francisco de la Vega, ex gobernador expulsado del poder por el

levantamiento de Pedro Valdés en 1852, contra las reformas fiscales; poco antes

de la toma de Mazatlán por los franceses, reunió gente del pueblo, en

septiembre de 1864, y sorprendió por la madrugada el cuartel en Culiacán, puso

178

presas a algunas autoridades y a gente poderosa, después despacha una fuerza

sobre Mocorito, pero es rechazada.282 Todo parecía indicar que el líder de dicho

pronunciamiento tenía planes con los imperialistas y subordinaría sus

operaciones con las de los franceses.

El 13 de noviembre llegó a Mazatlán el grueso de la escuadra francesa del

Pacífico, para bloquear el puerto, al mismo tiempo que Lozada lanzó sus fuerzas

contra el sur del Estado; Rosales y Corona decidieron desamparar la plaza, pues

el número de imperialistas los superó, y optaron por el sistema de guerrillas, ya

que un ejército unido sería muy difícil sostenerlo por la pobreza en que se

encontraban los pueblos, así que dispersaron sus fuerzas empezando a hostigar

al enemigo mediante golpes sorpresivos. 283

Los imperialistas utilizaron algunas estrategias para justificar el dominio político

que establecieron en las poblaciones, como la recolección de firmas de personas

que habiendo ostentado cargos públicos en tiempos de la republica, debían

declarar la no hostilidad al gobierno imperial, acción que realizada en Mazatlán

con carácter obligatorio para veintiuna personas en noviembre de 1865.284

Los cargos de gobierno que establecieron en el puerto, fueron los mismos que

tenía la prefectura antes de su llegada ya que nombraron prefecto político y

municipal, al presidente del ayuntamiento, a los siete regidores, al síndico y al

alcalde, con personas residentes de la misma ciudad, solo que es a través de la

fuerza como los nombramientos debían ser acatados, si algún elegido se resistía

era amenazado con seis mes de prisión por no tomar el cargo.

Tal es el caso que al hacer una renovación de poderes, el 17 de enero de 1865,

al nombrar a los miembros del Tribunal de Justicia, uno de los designados como

juez, José Gaona, envió una carta argumentando no poder aceptar el cargo por

encontrarse enfermo, la cual fue tomada por Castagny como resistencia, así que

lo manda encarcelar hasta que aceptó el cargo, solo pasan tres días para que

282 Eustaquio Buelna, Apuntes para la historia de Sinaloa, p. 33 283 Ibíd., p. 74. 284 DO., Correspondencia enviada el Departamento de Washington en noviembre de 1865 y publicada el 8 de Diciembre de 1868, N., 343, F. 142, Columna 247.

179

este cambie de opinión y sea puesto en libertad entrando a desempeñar el

puesto.285

La ocupación de Sinaloa se remite prácticamente a Mazatlán, y algunos pueblos

del sur pero no de manera permanente; Culiacán se vio amenazado el 22 de

diciembre de 1864, más la defensa de Antonio Rosales, no permitió la llegada de

la expedición.

La victoria de San Pedro, no solo salvó a Culiacán de la presencia del enemigo

extranjero, sino también del compromiso de muchos de sus vecinos con la

intervención. Con todo y que en Sinaloa dominaban las ideas constitucionalistas,

los excesos de los gobiernos atrajeron en el estado y en esta ciudad, muchos

partidarios al imperio.286

La salida de los imperialistas de Mazatlán no se debe solo a la capacidad de las

tropas republicanas si no una serie de circunstancias internas y externas del

gobierno imperial: el puerto las únicas entradas de dinero procedía de las

exportaciones, mismas que disminuían buena parte del año; a San Francisco,

California eran encargadas las armas, era necesario cubrir los gastos de

autoridades civiles y militares, y otros gastos de la guarnición francesa; el apoyo

a la tropa de Sonora, que estaba carente de haberes.

La evacuación del puerto de Guaymas se apresuraba por el avance de los

liberales y esto vino a inestabilizar la estancia de los franceses en Mazatlán, pues

el sostenimiento de tal ejército era imposible.287

Para cerrar, es cierto que el territorio sinaloense fue asechado por los franceses

que apoyaban el establecimiento del imperio mexicano, Mazatlán entonces,

capital del Estado, y uno de los puertos estratégicos del pacifico, para las

campañas imperialistas en el norte de México, se convirtió en blanco perfecto de

285 Ibíd. 286 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia de la guerra de intervención en Sinaloa, Culiacán, Universidad de Sinaloa, 1964, p. 95. 287 CM, Informe que rinde el Comisario imperial de la octava división sobre lo ocurrido desde el 14 de agosto hasta el 13 de noviembre de 1866, que fue abandonada a los disidentes por las guarniciones francesas de Mazatlán y Guaymas, dirigida al Ministro de Gobernación, México, 28 de febrero de 1867, p, 155.

180

la intervención, que se hizo más fuerte por la gran cantidad de mexicanos que

apoyaron el plan de Tacubaya, debiendo señalar, que existen fuentes que hacen

notar que las administraciones aparentemente francesas, tenían muchos

mexicanos que aportaron las ideas de dicho plan.

Aunque también muchos sinaloenses se armaron para la lucha contra el imperio,

en el ejército conformado por Placido Vega en 1863, fueron muchos los hombres

que se alistaron en la defensa de sus pueblos, aunque a veces no les quedaba

más alternativa que aceptar la milicia que también podía brindarles relativa

seguridad en medio de tanta rebelión, alzamiento, bandidaje.

Además los grupos indígenas con el afán de defender su medio único de

subsistencia, en contra de las leyes de desamortización, se levantaron en armas

de manera constante apoyando en algunas ocasiones al imperio; Culiacán que

nunca fue tomada por los imperialistas, no obstante si sufrió vejaciones por la

diferentes facciones del grupo liberal y asechada en diciembre de 1864, por los

franceses que habían desembarcado en Altata, con miras a tomarlo, más fueron

repelidos por Rosales.

Concordia se convirtió en la sede principal de las guerrillas republicadas; La

Noria al contrario fue famosa por la caballería de la guardia Rural a favor de los

Imperialistas, por ello, quemada y devastada por sus enemigos republicanos, por

considerarlos traidores a la patria; Villa Unión a favor de los republicanos y al

término de la guerra, irónicamente de las comunidades más afectadas por las

leyes de desamortización, pues Juárez declaró sus tierras propiedad nacional

expidiendo un título de propiedad a favor de un cónsul alemán y de Fortino León,

gobernador interino en varias ocasiones durante el mandato de Plácido Vega.

En Sinaloa, uno de los periódicos por excelencia del grupo liberal, era el Cinco de

Mayo, publicado en Culiacán 1866, fue portavoz de las intensiones republicanas,

su objeto era motivar la lucha que encausaba Sinaloa por la nacional, defendía

las leyes, la constitución, el sistema de gobierno y la lealtad al gobierno para que

no se inclinaran por el partido conservador.

181

Sus redactores consideraban que a su vez ocupaban cargos federales

administrativos o militares en Sinaloa,288 que el sacrificio de los ciudadanos que

formaban parte de las milicias cívicas sería recompensado porque la historia no

podría olvidarlos, los elevaría dignamente con el nombre de mexicanos

recociéndoles su lucha por la independencia y la libertad de la patria que sus

hijos serían reconocidos por la nación por ese precioso legado que habrían de

dejar.

El periódico aprovechaba cualquier batalla ganada por los republicanos por

pequeña que fuera para enaltecerla, magnificarla como lo fue la batalla de Villa

Unión del 3 de abril de 1863.

Además, el gobierno de Domingo Rubí publica en este órgano de difusión, un

decreto expedido por él y la Comandancia militar, para solicitar al Ministerio de

Guerra la erección de una medalla para incentivar el ideal de la lucha, y con ello

premiar el comportamiento de jefes, oficiales y tropa que participaron en los días

19, 20 y 21 de marzo en las batallas de Villa Unión, y 1º de abril en Concordia.

Las medallas serían de plata y en el anverso llevarían la inscripción al derredor

“Brigadas Unidas de Sinaloa y Jalisco.289

El 19 de mayo de 1866 apareció una narración sobre la forma como se celebró el

Aniversario del Cinco de Mayo, señalando que era una fecha de gloria nacional

ay que por tanto se festejaba en varios pueblos del estado con composiciones

poéticas leídas en los actos y que las jóvenes tomaban parte en las festividades

cantando el himno nacional.

Era una fuente que servía también para agradecer a todos los que colaboraban

con donativos para la recuperación de los heridos que se encontraban en los

llamados hospitales de sangre del ejército de Occidente. Destacando de esto la

colaboración de los norteamericanos residentes en pueblos como El Presidio y

Mazatlán así de mexicanos residentes en Estados Unidos, principalmente el

Estado de California. Y las listas que envían los prefectos de los donativos en los

288 Como lo fueron: Francisco Cortés, jefe de redacción y publicación, Francisco Cortés, Cipriano Piña, redactor encargado, y también José C. Valadés. 289 Ibíd, 20 de abril de 1866, p. 52.

182

pueblos de Sinaloa como un reconocimiento a todos los que colaboraban con

esta causa.

Es curioso como el redactor de El Cinco de Mayo utilizaba este medio para

plasmar su desacuerdo respecto a la exageración de las fechas conmemorativas

ya que debía ser indispensable reducir el número de las mismas en lo que fuese

posible para no cansar, ni gravar al pueblo, ya que antes de la reforma estaban

obligados a que la tercera parte del año guardaran tantos días de fiestas

religiosas perjudicando a la agricultura y a todos lo ramos de la riqueza.290

5.5.2.- Espacio de opinión publica.

Debido a los conflictos políticos e ideológicos la prensa en el siglo XIX, se

convirtió en uno de los primeros ámbitos de discusión pública y una manera de

hacer política, pero también fue protagonista de la historia y se convirtió en una

de las principales varas con las que se midió el grado de libertad de un gobierno

y el nivel de civilización de una sociedad.291

Los diarios y periódicos oficiales, así como otros órganos semi-oficialistas tenían

un papel clave en las elecciones, no exclusivamente por su capacidad en tanto

que vehiculo para su difusión de ideas, o por los argumentos y el efecto

persuasivo que podían producir en sus eventuales lectores, si no que lo decisivo

era su capacidad para generar hechos políticos (sea orquestando campañas

haciendo circular rumores, etcétera).292 Intervenían en la escena política

vanagloriando a la tendencia que pertenecían, dedicando artículos de crítica a los

opositores, denostando sus acciones cuando de candidatos oficiales se trataba.

En las editoriales la dirección de los periódicos trasmitía los mensajes que quería

hacer llegar a la sociedad, porque aunque también se dirigía en ciertas

290 CM, 6 de octubre de 1866, n. 24. 291 Paula Alonso (compiladora), Construcciones impresas, panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, FCE, 2003, p. 8 292 Elías Palti, “Los diarios y el sistema político mexicano en tiempos de la República Restaurada (1867-1876),” Paula Alonso op cit., p. 177.

183

coyunturas a la parte oficial, su principal interés era influir en la primera para

crear una opinión pública ligada a su perspectiva de grupo.293

Por otra parte, la prensa de oposición facilitaba el camino de tal o cual candidato,

apoyado por un grupo o facción que además de utilizar la fuerza física armada

requería del poder de la pluma, del poder intelectual para ganar adeptos, y crear

una opinión pública a favor de un escenario político propicio a la facción que

buscaba acceder al poder.

Sin embargo al cubrirse el objetivo y los candidatos pasaban a ser gobierno, la

prensa a la que habían motivado para su encumbramiento era necesario aplacar

o eliminarla. A través de una nota del Diario Oficial es posible apreciar una crítica

que parece reproducirse en órganos locales; en el sentido de que se abusaba de

la libertad de expresión que tenía la prensa, pues la ha convirtió en un medio

eficaz de propaganda, que procuraba distraer el criterio de la sociedad para

cumplir el objetivo de una facción caprichosa que desconocía principios y

personas. Y que podían dar al traste con la nacionalidad mexicana, al generar

discordia con una revolución.294

La prensa también era un medio de defensa de ideales democráticos,

manifestados en el lenguaje que utilizado, en artículos de opinión, en las

proclamas de las facciones, en la utilización constante de nociones como libertad,

soberanía, legitimidad, e igualdad. El lenguaje político se reflejaba de manera

clara en los medios impresos aunque también en las correspondencias

personales y oficiales, entre autoridades, adeptos a un partido, a un régimen,

como prueba de relaciones que se establecían entre los individuos que formaban

parte de grupos o colectividades, en la búsqueda de discutir o resolver problemas

políticos en común.

Otro forma de información escrita eran los volantes, los cuales se convirtieron

en un medio para generar opiniones entre los ciudadanos o del publico en 293 Azalia López González y Mabel Sánchez Valencia, “Prensa y cultura política en Sinaloa: El Correo de la tarde (1885-1909),” Carlos Maciel (coordinador), Historias y estudios de género: una ventana a la cotidianidad, Culiacán, UAS, 2006, p. 141. 294 DO. 24 de julio 1869 No. 205, t. III, f. 39, p. 2.

184

general; informaban sobre acciones militares, la realidad podía tergiversarse a

favor del grupo que la expedía, otras veces se exageraba en datos para

amedrentar al enemigo; fueron también una estrategia, pero en conclusión un

mecanismo para persuadir sobre tal a cual propuesta rebelde. Los nombres de

caudillos sinaloenses que se pueden encontrar firmando volantes, proclamas y

demás son: Plácido Vega, Francisco de la Vega, Ignacio Pesqueira, Ángel

Martínez, Jaime Palacio, Ramón Corona entre otros.

Como vimos la prensa servia de órgano revolucionario con la publicación de

planes de pronunciamientos, y decretos en los que a veces amenazaban con el

desorden, la pérdida de las libertades otorgadas al ciudadano.

La promesa de una nueva libertad de expresión prometida por las elites liberales

fue puesta en dilema por la existencia de los jurados de imprenta, pues dicha

instancia limitaba la practica periodística al castigar los abusos de la libertad

escrita en medios públicos que atentaban contra la libertad y el honor de los

ciudadanos, y que siguió utilizándose durante las administraciones juaristas.295

Casi todos las disposiciones entorno a la libertad de prensa iniciaban el discurso

explicando que era inviolable la libertad y publicación de escritos de cualquier

materia, que ninguna ley podía censurar este derecho porque no se podía coartar

esa libertad, pero limitaba este derecho cuando atentaba contra la vida privada,

la moral y la paz pública.

Y con esto surgieron reglamentos de algunos artículos para organizar la forma

como debían operar los jurados de imprenta que estaban coordinados por los

ayuntamientos, mismos que en caso de una denuncia por la infracción a esta ley

debían reunir a un comité de personas que estuvieran gozando de derechos

ciudadanos.296

295 Pablo Piccato, “Jurados de imprenta en México: el honor en el construcción de la esfera pública, 1821-1882,” Paula Alonso, op cit., p. 139. 296 Los jurados de imprenta se utilizaban en México desde 1821, desde la Constitución de Cádiz en 1812 se garantizaba la libertad de escribir, imprimir y publicar las ideas políticas, pero el reglamento de la libertad de imprenta aparecido un año después advertía la existencia de delitos de prensa. Esto lo aborda Pablo Piccato, op cit., p. 141.

185

Cuando no se podía considerar como delito de imprenta tal o cual artículo que

aparecía en periódicos de oposición, la inmediata respuesta se presentaba en los

periódicos de corte oficial como lo hizo El Estado Sitio para minimizar lo que

publicó el Porvenir de Sinaloa, (ambos editados en Mazatlán) respecto a la critica

hacia la legislatura del estado pues consideraba que habían dejado activos una

exagerada cantidad de impuestos heredados de administraciones pasadas.297

El artículo séptimo de la constitución de 1857 garantizó la libre expresión de las

ideas que no infringieran el respeto a la vida privada, a la moral, y a la paz

pública. Benito Juárez decretó una ley de prensa el 2 de febrero de 1861 que

reglamentaba el jurado y establecía múltiples mecanismos para proteger a los

periodistas encausados: se eliminaba el fiscal de imprenta, penaban las faltas

con un máximo de prisión de doce meses de prisión o destierro del estado.

Muchas de las acusaciones que encontramos en Sinaloa y que llevaron a los

redactores de artículos periodísticos o impresores eran contra funcionarios

públicos y estos al denunciar matizaban la ofensa contra su familia, su vida

privada y el honor. En no pocos casos los miembros del jurado ciudadano

resolvieron a favor del ofendido, tal vez por que el carácter de funcionario de

gobierno era de gran valía en casos como este.

El movimiento nacional provocado por los porfiristas para derrocar a Sebastián

Lerdo de Tejada y debido a la Gran cantidad de adeptos que se había ganado

este caudillo (Porfirio Díaz), provocó que el presidente Sebastián Lerdo de

Tejada buscando contrarrestar el poder de la prensa oposicionista que se había

desbordado, haciendo uso de la libertad que concedía el art. séptimo de la

constitución. El presidente Lerdo de Tejada, suspendía algunas libertades

individuales publicando la Ley para castigar los delitos contra la nación y la plaza

pública, divulgó en el Diario Oficial La Ley de imprenta que había sido expedida

durante la administración de Ignacio Comonfort.

Es probable que por estas medidas algunos periodistas del puerto de Mazatlán

como José C. Cayetano Valadés, con una trayectoria por demás interesante

297 EES, 9 de enero de 1876, p. 5. t. 1

186

como impresor y redactor de periódicos en Sinaloa haya optado por abandonar la

línea política, (aunque también hay que decir que fungía como tesorero del

ayuntamiento del puerto), lo cierto es que opta por una línea menos complicada

para esos tiempos. Con un periódico titulado El trabajo optó ser medio

publicitario para el comerciante el agricultor, el industrial, con notas sobre

literatura y abordaba la problemática social en 1876.298

Aunque con estas medidas el presidente no logró acallar el movimiento suscitado

en torno a la oposición de Porfirio Díaz y en Sinaloa la prensa tuvo un papel muy

importante en el apoyo a este caudillo, periódicos como El clamor publicado en

Mazatlán que apoyaba a Francisco Cañedo en su rebelión contra Buelna, salió a

luz. Y por otro lado, La Tarántula con una prosa satírica criticaba a las

autoridades civiles y militares sin distinción.

298 El Trabajo 1876, Mazatlán junio 23 de 1876. AMM.

187

CAPITULO VI.

EL CIUDADANO IDEAL Y LA REALIDAD CORPORATIVA SINALOENSE.

6.1. Ciudadano: entre lo imaginario y lo real.

Aunque en el capitulo IV se hablaba de la ciudadanía, es necesario matizar cual

era el significado de ser ciudadano porque aquí podemos encontrar que oscila

entre lo imaginario y real, entre lo decían los discursos políticos y los cambios

que la sociedad pudo haber presentado.

El ideal acerca del ciudadano en el siglo XIX, estuvo ligado a una serie de

preceptos, conceptos, imaginarios y circunstancias presentes, así como los

escenarios del pasado por las críticas que surgieron hacia el orden colonial

donde lo que tenía peso era la colectividad, lo comunal.

El movimiento reformista mexicano, que buscaba consolidar el poder civil de

forma alterna, libre y separada de la iglesia, tuvo que enfrentar a buena parte de

la sociedad que se regía corporativamente porque de forma tradicional, dicha

manera de organizarse era una herencia que durante siglos se había mantenido.

Fueron muchos los programas estratégicos que necesitaban llevarse a cabo para

que las fuerzas tradicionales se dieran cuenta que el movimiento heredado de la

revolución de Ayutla no tenía vuelta atrás. La desamortización de los bienes

eclesiásticos y corporativos; la eliminación del poder económico acumulado por la

iglesia, que implicaba también congregaciones humanas en un núcleo de poder;

la preocupación para que se aceptara la tolerancia de cultos, con la intensión de

atraer al inmigrante extranjero que preferentemente tuviera un oficio o capital

para empresa. Laicizar la educación para que la iglesia no interviniera en la

formación de los futuros ciudadanos a los que se pretendía formar como hombres

conocedores de los códigos civiles, la constitución, la historia nacional,

preparados en un oficio, y en las ciencias naturales.

En el modelo “ciudadano” las leyes jugaron un papel trascendental para la

formación ciudadana, ya que el conocimiento de estas permitía el ejercicio de los

188

derechos y deberes individuales. Con el proceso de solidez y estabilidad de la

autoridad estatal se pretendía ofrecer al individuo, la seguridad a través de las

leyes, preceptos constitucionales, sistemas judiciales, es decir, reemplazar la

seguridad que otorgaba el hecho de ser miembro de una comunidad, cofradía,

pueblo, linaje, gremio, para que estas formas tradicionales dejaran de ser

absolutamente necesarias otorgando la confianza en las autoridades. 299

Se llevaron a cabo una serie de acciones con la intensión de ciudadanizar a los

mexicanos, incluso las reformas hacendarías estaban ligadas a esto, el hecho de

impulsar la recaudación por contribución directa, la formación de los individuos en

oficios por sus gustos, aptitudes y virtudes, la posibilidad de aceptar un credo

religioso de forma libre, y de ser tolerada una religión diferente a la católica por el

estado, promover legalmente la disgregación de las tierras de propiedad

comunal, impulsando la existencia de propietarios individuales.

Al pretender dar la definición del ciudadano resulta que se finca en un modelo

cívico que reside en los derechos de la humanidad, lo cierto es que se habían

apuntado en la constitución nacional y las locales desde 1824, para Sonora y

Sinaloa desde 1825, se estipularon entre los derechos de todos los pobladores

del Estado de Occidente, la libertad individual, seguridad personal, propiedad y la

igualdad ante la ley, se otorgaba la libertad de escribir, imprenta y publicación de

ideas políticas sin necesidad de licencia. Además se otorgaba la libertad

individual de ejercer una clase de industria y cultivo, para gozar y disponer de sus

propiedades, se hacía una declaración de igualdad de los hombres ante la ley,

estando en aptitud cualquiera de obtener los empleos públicos. 300

Muchos de estos preceptos que tenían su origen en el desarrollo de los derechos

humanos con mayores alcances en Europa, se estipularon en las constitución

mexicana, solo que se estuvieron aplazando o bien adoptaron vertientes

distintas, debido a, la inestabilidad política del país, cambio de régimen, etc, de

tal manera que, a partir de 1857, se retoman nuevamente, reelaborándose, y

detallando o explicitando por los cambios que estas materias estaban 299 Fernando Escalante Gonzalbo, op. cit., p. 37. 300 Héctor R. Olea, Sinaloa a través de sus…p. 40-41.

189

presentando, así podemos hablar de la renovación del sistema judicial, la ley de

imprenta, abolición de los grados de excelencia para que cualquiera pudiese

obtener un empleo público, y las intensiones de extinguir los oficios vendibles y

renunciables, entre otros.

El ciudadano, antes que otra cosa es un individuo, y la pretensión era que se

valorara como realidad humana; el individuo se construye en contra de las

fórmulas jerárquicas y corporativas, y transforma la trama entera de las

relaciones políticas. Ya no es un grupo sino un individuo el que se concibe como

ser real, la estructura jerárquica desaparece, en tanto surgen las atribuciones de

los agentes de autoridad, el gobierno. Se construye un poder por encima de los

individuos que se justifica en aras del bien común, ahora al gobierno le toca velar

por los intereses de los individuos 301

Al colocar al individuo como base de la sociedad el estado busca edificarse

solidamente y a la vez disgregar el poder que residía en los clérigos, y las

corporaciones civiles, pues ancestralmente dominaban varios aspectos de la

sociedad como la educación, la propiedad, la justicia, en las formas

administrativas orgánicas se resumía esta situación: parroquias, comunidades,

corporaciones, congregaciones, etc.

La construcción de un estado sobre la base de un sistema político republicano

implicaba el desmantelamiento de las reminiscencias del antiguo régimen, en

algunos aspectos todavía intactos. En parte implicaba imponer una única

soberanía en lugar de la infinidad de jurisdicciones antiguas y la constitución de

una sociedad integrada por ciudadanos jurídicamente iguales en lugar de la

jerarquía de diferencias del mundo colonial. 302

Luego de la independencia la discusión sobre el ciudadano y la nación soberana,

empiezan a sonar entre los grupos políticos, entendiendo que la nación se

componía, no ya de cuerpos y estamentos que normaban a la sociedad de la

colonia, sino de individuos autónomos. Todos al ser miembros de una entidad

301 Fernando Escalante Gonzalbo, op. cit., p. 38. 302 Roberto Di Estéfano, El Pulpito y la plaza, clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista, Argentina, Siglo XXI, 2004, p. 193.

190

soberana, serían, por tanto, ciudadanos, el estado debía asegurar o facilitar, la

felicidad y prosperidad de sus asociados, proteger los derechos de los

gobernados.303

Una de las intensiones más fuertes de la reforma juarista fue acabar con las

reminiscencias del periodo colonial, abolir privilegios heredados tradicionalmente

a corporaciones, grupos, familias, por ello, el gobernador Plácido Vega, recién

llegado al poder, al rodearse de liberales puros como Antonio Rosales, que

ocupaba el cargo de Secretario de Gobierno, expide un decreto, el 15 de

noviembre a través del Congreso local, en el que son abolidos los tratamientos

de excelencia y señoría.

Estos títulos se oponían a los principios democráticos por ser tratamientos

especiales que se daban a los ciudadanos encargados de la autoridad y empleos

públicos y que de tal distinción, no necesitaban pues la autoridad la confiere el

pueblo para que sean respetados y obedecidos en el ejercicio de gobiernos

legítimos.304

Al promoverse los gobernantes como garantes de la prosperidad y la felicidad de

los ciudadanos, el concepto libertad era parte del discurso reiterativo de la clase

política. Entre ellos se destacaba el derecho del individuo a “organizar su vida

como mejor le pareciera, decidir como vivir, en donde, a que dedicarse, en que

oficio formarse, por quien votar, que credo seguir. 305

Para otros incluso, era una obligación ciudadana procurar la paz y la tranquilidad,

así que en medio de la intervención en Sinaloa, Jesús Andrade, gobernador

provisional, pedía el reconocimiento a la opinión ciudadana, el 28 de octubre de

1864, solicitando de viva voz y por escrito a autoridades, empleados y vecinos de

303 Erika Pani, Para mexicanizar el segundo… p. 27. 304 Antonio Nakayama, Realidad y Mentira de Plácido Vega, Culiacán, Colección

Documentos para la historia de Sinaloa (4), Centro de Estudios Históricos del Noroeste

A.C., 1993, p. 98. 305 Ibíd., p. 27.

191

la ciudad de Culiacán para que manifestaran su conformidad para reconocer la

autoridad de Andrade como Gobernador. 306

La cuestión de la tolerancia religiosa también significa para los liberales del siglo

XIX un derecho que debe ejercer el ciudadano, relacionado o equiparado con la

libertad de pensamiento y de la propiedad, derechos de los que el estado se

confirma como garante. La religión no como “una religión de padres” sino como

una elección racional y de conciencia absoluta libre de cada individuo, que no es

empujado a abrazarla u otra fe por tradición, sino guiado por “consejos de su

razón” y “los sentimientos de su conciencia”. 307

Además, en algunos países de Latinoamérica con ideología política y económica

liberal como Argentina y México, la tolerancia religiosa era un factor determinante

ya que permitiría admitir los cultos disidentes, pues de lo contrario se privarían

de la afluencia de extranjeros industriosos que no aceptarían vivir en un país que

les negase el derecho de profesar libremente su fe.

El trasfondo de la lucha entre la iglesia y el estado que se intensificó luego de la

promulgación y el juramento de la constitución de 1857, fue la lucha entre

modernidad y tradición donde el estado y sus representantes se convierten en los

defensores de una modernidad fundada en el individuo y por otro lado,

colectividades de todo tipo, clanes, corporaciones, barrios, cofradías, provincias,

grupos étnicos, que deseaban preservar su cohesión, sus fueros y su visión del

mundo, aunque fuese a costa de rebeliones y de guerras civiles, por la

resistencia a perder privilegios o derechos que habían tenido antes de las ideas

avasallantes de los representantes de la autoridad estatal.

Los programas políticos de los liberales, en nuestro país, tuvieron grandes

efectos, al introducirse las primeras leyes de reformistas y la constitución, las

diferentes facciones se enfrentaron, resurgiendo una resistencia de grupos que

conservaban privilegios procedentes desde la época colonial como el clero, los

306 Eustaquio Buelna, Breves apuntes para la historia de la… p. 54. 307 Roberto Di Estéfano, op. cit., p. 175.

192

militares y las comunidades indígenas a los que no convenía la desamortización

de la propiedad territorial.

Así pues, los conflictos bélicos, como revueltas, rebeliones, significaron un

enfrentamiento de ideas identificables en la prensa como proclamas, editoriales,

discursos de festividades, nuevas disposiciones y leyes, defendiendo la

introducción de preceptos modernos en materia de organización de la vida

pública, expresado en: el establecimiento de un gobierno civil para contrarrestar

el poder de la iglesia; pugnar porque las fuerzas locales encaminaran su

accionar político en torno a la unidad nacional, la conformación del carácter

ciudadano en el pueblo mexicano; la instauración del estado nación; medidas que

vinieron a atentar directamente contra el derecho de propiedad comunal, el

ejercicio de costumbres y de grupos locales de fuerte raigambre.308

A pesar de las reformas, leyes y discursos, la realidad de México, era otra, pues

con el análisis de la conducta política, queda reflejado que el orden comunitario

era el dominante, los vínculos tradicionales, donde las familias, los grupos, las

relaciones de origen, de pertenencia, de parentesco, compadrazgo, obstruían lo

que se estipulaba en el papel, en el discurso, es decir, lo que se oficializó como

cívico, entendido como lo relativo a la ciudadanía, porque era muy difícil de

lograr, pues, los hacendados, las elites económicas, continuaron con su sistema

clientelista.

El clero y el ejército se enfrascaron en defender los intereses corporativos, los

fueros; y los políticos procedentes muchos de los liderazgos militares, o del

caudillismo, del siglo XIX, más que ser representantes de la ciudadanía, eran

intermediarios, unas veces obedecían y otras no, de acuerdo a sus intereses o

posibilidades de obtener el poder.

En el siglo XIX, aparece un discurso en las editoriales periódicas, los informes de

gobierno, las intervenciones en las cámaras legislativas, en boletines militares,

entre otros documentos donde de forma constante utilizan una serie de

conceptos que pintan según su percepción la existencia de una nación, que lucha

308 Francois Xavier Guerra, México del antiguo régimen…p. 190.

193

por su soberanía, por conservar los preceptos democráticos que fueron

otorgados a través del voto del ciudadano.

Más la realidad era otra, el régimen político era sumamente contradictorio con los

principios de su sociedad; la consideraban individualista olvidando que la lucha

comunal por la posesión de tierras en manos de colectividades indígenas

causaron en muchas ocasiones el envió de tropas al norte de estado de Sinaloa y

su de Sonora, que cuando se sumaron a la causa imperialista que les ofreció

respetar sus derechos ancestrales debilitaron en buena medida las fuerzas

republicanas.

Mientras la política moderna exigía una función especifica del hombre, la

manifestación de sus inquietudes individuales, donde la voluntad del pueblo no

era representable sino que se expresó por el voto a favor de los gobernantes,

siendo esta una legitimidad que buscó reemplazar a las tradicionales, por la

legitimidad del pueblo, porque vino a ser de esta forma como se otorgaba el

prestigio a una institución de carácter civil.309

Supuestamente existía un sistema democrático pero el voto era meramente

ficticio, tenían gran peso en las elecciones los caciques de la región y los

caudillos figuraban en los procesos electorales como candidatos, se organizaban

facciones militares a favor o en contra de tales o cuales candidatos y cuando no

se veían favorecidos por los resultados se levantaban en armas provocando

movimientos sediciosos cuestionando los códigos electorales o las infracciones a

los mismos.

La iglesia seguía conservando legitimidad ante la mayoría de la población a ella

se acudía a bautizar, casarse y en buena parte para solicitar permiso para

enterramientos. Son muchos los casos de liberales que declararon que la

institucionalidad debería ser laíco, más no se podían considerar ateos, nunca

negaron la existencia del poder divino sino al contrario se casaron por la iglesia,

siguieron bautizando a sus hijos, en su lecho de muerte solicitaban los santos

oleos.

309 Francois-Xavier Guerra, México del antiguo régimen a la…p. 197.

194

Por ejemplo, Plácido Vega, se casó en El Fuerte con su prima Clara de la Vega,

requiriendo una dispensa matrimonial clerical por el parentesco entre él y la

novia. Ramón Corona bautizó a su hija en Durango, en 1870, siendo padrino, el

presidente Benito Juárez, aunque no hizo acto de presencia sino a través de un

poder escrito. En la mayoría de los decesos de reconocidos liberales, se

publicaban oraciones fúnebres en periódicos donde evidenciaban sus creencias

en lo divino, en la fe y la esperanza de una vida eterna al lado del todo poderoso.

Mientras la política moderna exige una función especifica del hombre, la

manifestación de sus inquietudes individuales, donde la voluntad del pueblo no

es representable sino que se expresa por el voto a favor de los gobernantes,

siendo esta una legitimidad que busca reemplazar las tradicionales, por la

legitimidad del pueblo, porque va a ser de esta forma como se otorga el prestigio

a una institución de carácter civil.310

El ejercicio de poder tenía un origen social más que político, articulado por lazos

primarios- estructurando en forma privilegiada a los actores individuales. La

sociedad sumergida en una trama de lazos personales, de vínculos variados. Su

permanencia daba lugar a conjuntos de individuos entre si, con toda seguridad

como actores colectivos. 311

6.2.- Obligación ciudadana y preocupación gubernamental: recaudación

tributaria.

Eran muchos los problemas del erario mexicano y en la óptica de las autoriddaes

era necesaria la concurrencia de los ciudadanos; por ello, los proyectos fiscales

requerían de mecanismos que permitieran aumentar la recaudación del tesoro

público, las interminables guerras no permitían que los caudales crecieran, las

aduanas eran la principal entrada de dineros, y en ellas el contrabando era el

ganador mas importante; además muchas de las actividades productivas se

paralizaban con la inseguridad que provocaban los movimientos armados, y el

asecho de bandidos en los caminos.

310 Ibíd., p, 197. 311 Ibíd, p. 22.

195

Debido a la pobreza en la que se encontraban los pueblos, las reformas

hacendarías y las cargas de impuestos a los contribuyentes, que entendían otro

tipo de ciudadanía, donde una de las obligaciones era el pago oportuno de las

contribuciones; las intensiones de establecer el sistema directo de recaudación,

la aplicación de impuestos por la posesión de fincas urbanas y rusticas, que

cobraban los ayuntamientos, así como los pagos por títulos territoriales,

sumadas eran cargas tributarias tan altas que se convertían en factor proclive de

resistencia e inconformidad, que muchas veces culminaron en rebeliones

armadas.

Corría el año de 1852, cuando en Sinaloa se promulgó una constitución que

provocó una serie de descontentos, en ella, se plasmaron los principios liberales

que dominaban en el mundo. Las reformas introducidas de administración fiscal

afectaban directamente los intereses particulares de las empresas, y comercios o

bien a las clases bajas, a su poder adquisitivo de recursos básicos de

subsistencia, así que en la mayoría de los casos provocó una reacción de

defensa que muchas veces imbricaría en lo político.

La ley hacendaría, aprobada el 31 de enero 1852, por el Congreso del Estado,

donde se abolía el sistema de alcabalas, implantaba las contribuciones directas

para la industria y el comercio, impuesto que se establecía en base a las

existencias en los establecimientos, provocó una serie de descontentos.312

Esta constitución que tanta resistencia tuvo en el puerto de Mazatlán había sido

jurada por la propia junta Municipal el día 23 de febrero en presencia del Jefe del

Distrito, de Hacienda federal, Administrador de la Aduana Marítima, administrador

de correos, juez de primera instancia, Tesorero real de Hacienda, alcaldes

conciliadores, jefes de cuartel, empleados municipales y un número considerable

de ciudadanos, quienes opusieron resistencia al jurarla y no asistieron al evento

312 Rigoberto Arturo Román, “El movimiento separatista de Mazatlán”, Memoria del VII Congreso de Historia Regional, Culiacán, IIES, Área de Historia, Escuela de Historia, 1991, p. 188.

196

fueron el Comandante General de la Guarnición quien envió su oposición en

correspondencia oficial.313

En un primer momento los comerciantes no se manifestaron porque las

llamadas juntas calificadoras, podían ser manipuladas, más al enterarse el

gobernador de esto aumentó al doble el pago de las contribuciones. Esto provocó

que los comerciantes extranjeros de Mazatlán auspiciaran nuevos motines,

reuniendo buena parte del pueblo ofreciendo dinero y bebidas embriagantes y

proporcionándoles una manta con una inscripción ¡abajo las contribuciones.

Sin duda alguna, esta era una forma tradicional de convocar, de hacer notar la

fuerza que eran capaces de obtener para no permitir la ejecución de cambios

administrativos del gobierno que afectaban directamente sus intereses y el poder

que ejercían sobre una región y sobre una actividad lucrativa.

Los comerciantes auspiciaron al coronel Pedro Valdés, para que se pusiera al

mando de los sublevados, apresaron al comandante general del estado y

atacaron las fuerzas gobiernistas, logrando tomar prisionero al propio

gobernador, quien tuvo que negociar su libertad dejándoles armas y dinero.

Mediante este movimiento solicitaron al gobierno federal la separación de

Mazatlán del Estado de Sinaloa, iniciativa que el gobierno rechazó pues no

convenía debido a la influencia que tenían los extranjeros en el puerto.

No conforme con el triunfo, Pedro Valdés se autonombró gobernador y

comandante general. Después, envió una expedición militar a tomar Culiacán,

donde causó destrozos y saqueó las mercancías que tenían almacenadas los De

la Vega, fruto de sus actividades comerciales y el contrabando; además asaltó

negocios que no tenían relación con los veguistas. Francisco de la Vega,

recuperó la plaza de Culiacán y, ante las amenazas de nuevas fuerzas militares

313 AHMM, “Acta de juramento a la Constitución del Estado,” febrero 23 de 1852, Cabildo Municipal, Caja 23, 1853-1860, carpeta N. 21.

197

provenientes de Mazatlán, se retiró a El Fuerte, donde en marzo de 1853 fue

derrotado contundentemente314.

Los preceptos liberales en su búsqueda por afianzar el poder civil introdujeron

una serie de reformas administrativas en materia hacendaría, establecen

principios en la constitución de 1857, y al publicar las leyes de reforma en 1859

también retoman el caso de la hacienda publica nacional, dejaron en claro cuales

eran sus propósitos en está materia, que requería de reformas muy radicales, en

el sistema de impuestos, destruyendo los errores del régimen colonial, para

buscar salir de la bancarrota al erario publico.

El asunto de la abolición de las alcabalas, era una decisión que el gobierno

nacional debía considerar para todos los estados, determinación que se había

estado aplazando, aunque se consideraban excesivos los gastos de

contrarregistros, los peajes, y en general, todos los impuestos que se recaudaban

en el interior de la república sobre el movimiento de transportes que conducían

unas y otras, porque tales impuestos eran, bajo todos aspectos, contrarios a la

prosperidad de la República.315

En materia de clasificación de rentas no estaba completamente definido, cuáles

pertenecían a los Estados y cuáles al Gobierno General, así que una de las

propuestas también contendientes en las leyes de reforma, que consistía en que

todos los impuestos directos sobre las personas, las propiedades, los

establecimientos de giro o industria, las profesiones y demás objetos imponibles,

pertenecerían a los primeros y los directos al segundo o sea al gobierno

nacional.316

La razón fundamental de esta separación, se apoyaba en el principio de que solo

el gobierno supremo, es quien atendía los gastos y obligaciones de la Nación, es

también quien tenía el derecho de recaudar impuestos que grabaran en general a

314 Antonio Nakayama, “El poderoso clan De la Vega”, pp. 273-290 y José G. Heredia, “Separatismo en Mazatlán”, en: Sergio Ortega Noriega. y Edgardo López Mañon, Sinaloa Textos de su…pp. 326-327. 315 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500. 316 Ibíd.

198

todos los habitantes, mientras que los de los Estados no lo tenían sino para

gravar los de sus respectivos territorios.

Así, los estados se verían libres del poder del centro en materia de recursos, que

era la base de la libertad de todos sus demás ramos. Adoptando este sistema no

habrá tampoco la obligación, por parte de los Estados, de contribuir con un

contingente de sus rentas para los gastos del Gobierno General.317

Estos proyectos nacionales no se realizaron se estuvieron aplazando debido a, la

etapa de guerra, así que entre 1866 y 1867 se busca nuevamente hacer valer las

disposiciones que pretendían organizar la recaudación de los recursos públicos.

Uno de los males que aquejaban a los gobernadores de zonas costeras como

Sinaloa era el contrabando y el sistema de alcabalas. Aunque en este Estado se

habían decretado artículos especiales aún en tiempo de lucha como el de 17 y 18

de marzo de 1866 para castigar el contrabando. Existía la intensión de suprimir

las aduanas interiores, los impuestos directos como medio equitativo buscando

conseguir que la propiedad, y la riqueza fueran los máximos contribuyentes para

los gastos públicos y no el trabajo. Y poniendo especial interés en las aduanas

marítimas porque era por donde se defraudaba. 318

Por ello, el Gobernador Domingo Rubí, lanza un decreto para el decomiso de

todas las cargas que fueran descubiertas de contrabando, en el cual los arrieros

o conductores serían castigados con una multa de la cuarta parte del valor del

efecto o consignados por un año al servicio de las armas. 319

A pesar de las pretensiones de regularizar el sistema rentístico en los proyectos

reformistas de 1857, entre ellos el cobro de alcabalas en los puertos, los

principios constitucionales, en 1866 no se habían realizado pues la guerra no lo

permitía.

Al término de la guerra de intervención se pensaba que muchos de los impuestos

que pesaban en la sociedad serian eliminados, sin embargo, los problemas del

317 Ibíd. 318 CM, 26 de mayo de 1866, p. 64. 319 CM, 24 de marzo de 1866, p. 34.

199

erario nacional no recomponían debido a que la recaudación por las aduanas

marítimas, se debilitaba en buen medida por las malas estaciones en los puertos,

además sobre el tesoro nacional pesaban aún los intereses de la deuda publica y

extranjera.

Una de las grandes aspiraciones del gobierno era la consolidación de la paz, con

el renacimiento de la confianza publica y el restablecimiento del imperio, de la

ley, del orden y moralidad en la nación, se pensaba que alcanzando esto, se

podían disminuir los gravámenes altos de las contribuciones

En septiembre de 1868, el gobierno federal consideraba que cualquier sacrificio

en aras de la paz era justa, incluso reconocía que había mucho que mejorar en

el sistema de impuestos pero al no encontrarse el país tranquilo no convenía

echar a andar reformas radicales, incluso recientes manifestaciones hechas por

los estados contra impuestos, lograron que el Congreso los derogara. 320

El gobierno consideraba que se percibía muy poco mediante el cobro de

impuestos por oficios vendibles y renunciables como el de escribano, alguaciles,

de audiencias, escribanos de cámara, de crimen, de juzgados, de cabildos,

depositarios con títulos, tesoreros de casas de moneda, ensayadores, escribanos

de casas de monedas, marcados, blanqueador, acuñadores, vaciadores,

contadores de cuentas, defensor general de bienes de difuntos y menores.

Oficios que desde la época colonial se habían mantenido con poco movimiento

no habían salido prácticamente de las mismas familias, no se habían vendido y

mucho menos renunciado a ellos desde la época colonial los poseían.

El gobierno reformista previendo que con la libertad de oficios podría no sólo

recaudar más impuesto si no agilizar la economía, en 1861 con la ley del 30 de

abril mandó extinguir todos los oficios vendibles y renunciables, para indemnizar

a sus dueños, pagándoles la mitad de lo que hubieran tenido en su última venta o

remate. Pero está medida se encontró con una serie de intereses de grupo, es

decir una vez más, las reformas liberales se toparon con la realidad comunal.

320 DO, 4 de octubre de 1868, “Memoria de Hacienda y Crédito Público, que el Secretario del ramo presenta al Congreso de la Unión,” el 28 de septiembre de 1868, n. 278, tomo II, f. 7 Y 8.

200

Pero, el 29 de noviembre de 1867, el presidente quiso que de nuevo se

suprimieran los oficios vendibles, dispuso que la supresión de los oficios se haría

gradual, para no reducir a la miseria a los actuales dueños, y que cuando que

cuando algunos de los poseedores fallezca, se indemnizaría a aquellos

herederos y sucesores del valor del oficio. De esto modo, además, consideraban

que los escribanos gozarían de ciertos estudios para bien de la sociedad, es

decir, mejores hombres para el servicio de los ciudadanos.321

En 1867, Benito Juárez, en correspondencia con Ramón Corona -Jefe del

Ejercito de Occidente- y Domingo Rubí -gobernador de Sinaloa- dejó clara su

postura de establecer un orden en la hacienda pública, informó a Corona el

rechazo de rebajar los aranceles y dar plazos para el pago de los derechos

aduanales a los comerciantes; y al respecto al gobernador, esta en tajante

desacuerdo con la idea de hacer un arreglo con comerciantes de Mazatlán para

disponer de fondos aduanales que requiere la administración sinaloense. 322

Pero las medidas hacendarías no solamente se encaminaron a restringir los

amplios intereses de los sectores prominentes, sino que también afectaron a los

intereses menesterosos. Así años más tarde debido a la depreciación de la

moneda de cobre en 1872, (durante el mandato de Eustaquio Buelna) se afectó

directamente el poder adquisitivo de las clases bajas en Mazatlán. Lo que

permitió la aparición de un amotinamiento el 12 de diciembre de 1872, en contra

de una medida gubernamental que decretó la depreciación de un diez por ciento

de la misma.

El problema de la amortización de la moneda de cobre que durante varios años

se veía venir provocó una serie de reacciones en el estado de Sinaloa en 1872,

pues su rebaja por disposición de la legislatura a una tercera parte de su valor,

fue una noticia que produjo en el comercio y especialmente en la clase proletaria

gran excitación, llegando al extremo de que algunos comerciantes se resistían a

321

DO., 7 de abril de 1868, “Memoria del Secretario de Estado y Despacho de Justicia e Instrucción Pública, presentada ante el Congreso de la Unión,” 5 de marzo de 1868, No. 98, h. 2. 322 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 12, p. 653-654.

201

recibir el cobre por el valor que representaba y, la prefectura de Mazatlán, porque

allí se concentraron los mayores descontentos, recibió innumerables quejas.

Los trabajadores al ver minado su poder adquisitivo por recibir un pago de jornal

de trabajo en una moneda de cobre denominada ``cuartilla`` cuando dos días

antes las casas comerciales del puerto, decidieron recibir esta moneda con un

descuento del 50 % cuando sólo había sido del diez. Los salarios de los

trabajadores quedan reducidos a la mitad al hacer cualquier compra y además

sobreviene la desconfianza general y los comerciantes decidieron no admitirla en

sus compras.323

Por otro lado, en Culiacán, el prefecto, acompañado de varios comerciantes de la

ciudad se presentó ante el ayuntamiento con el fin tomar una solución para

calmar la ansiedad pública que agitaba a todas las clases del pueblo. En una

reunión extraordinaria del 24 de diciembre de 1872, dictaron una disposición que

obligaba a todos los comerciantes del municipio a recibir la moneda por el valor

que representaba, omitiendo lo que había estipulado el Congreso por que no les

había llegado tal decreto, solo la noticia de este por rumores de viajeros.324

Así que la multitud se amotinó, ejerció presión primero ante el ejecutivo y

después sobre el congreso para que amortizara la moneda, llegando a abofetear

a uno de los diputados para obligarlo a asistir a las sesiones. Pero en todo este

movimiento esta el conflicto entre la problemática de contribuciones que tiene el

gobierno con los comerciantes de Mazatlán, incluso con el pago de derechos

aduanales y también las diferencias políticas entre el poder ejecutivo y el

legislativo porque éste último dictó resoluciones condonando contribuciones a

algunos comerciantes del puerto.

Este breve incidente corrobora lo afirmado por Goerge Rudé, relativo a que las

revueltas sufren cambios progresivos, pues de luchar contra el hambre se

transforman en movimientos directos contra las leyes y las acciones

gubernamentales. Aunque pesa sobre ellas un matiz o impulso suscitado por las

323 Rigoberto Arturo Román Alarcón, La amortización de la….P. 35. 324 AMC, Acta de Cabildo, 24 de diciembre de 1872, f. 48.

202

crisis económicas y por los acontecimientos políticos, así que no se les puede

considerar como explosión puramente espontánea. 325

La moneda de cobre se había emitido por el gobierno federal, y por el del estado,

en diversa épocas para salvar las necesidades publicas, más su valor era

representativo y no tenía buena recepción en los comerciantes; sin embargo se

asignó su circulación y al ser la única circulante se trastocaron todos los valores

incluso los de oro y plata.

Cuando más difundida estaba en todo el estado, y era el haber monetario de los

pequeños comerciantes y de las clases propietarias artesanas y jornaleras, vino

la idea en los altos comerciantes del Puerto de Mazatlán de repudiarla señalando

que existía de ella una gran cantidad falsificada.

Los efectos del descrédito de la moneda se generalizaron en Mazatlán, y se

produjo una conmoción popular que puso en peligro, la condición social de la

ciudad, alarmados los poderes del estado determinaron que se restableciera la

circulación del cobre, bajo la multa de 5 a 300 pesos que cobrarían a los que se

rehusaran a aceptarla. El comercio aceptó solo que con el intercambio de

mercancías redujo su valor a la mitad.

Fueron varias las interpretaciones que seguramente se dieron acerca de esté

fenómeno de crisis económica, por su parte Pomposo Verdugo, que los tiempos

en que la familia de la Vega, ejercía el poder del estado, fue gobernador como

miembro de este clan político, y que en marzo de 1873, fungía como presidente

del ayuntamiento, catalogo a este problema como castigo divino, pues el estado

acababa de pasar de una revolución, empobrecido, y afectando esta medida de

forma desesperante a las clases pobres.326

El estado buscando remediar dicha situación dictó el decreto número 35, donde

sancionó la repulsa del cobre en las oficinas del estado, así que la moneda de

cobre quedó fuera de circulación y el hambre pública no se hizo esperar apenas

325 George Rudé, La multitud en la historia, los disturbios populares en Francia e Inglaterra 1730-1848, México, Siglo XXI, 1998, p. 210. 326 AMM, Acta de Cabildo, 10 de marzo de 1873, f. 96-101.

203

aguantable. Por su parte, el 3 de marzo de 1873, el ayuntamiento de Culiacán

proponía que para clamar las agitaciones del pueblo el precio del amoneda se

restableciera.

6.2 .- Las reacciones e interpretaciones contra las leyes

La teoría liberal tenía una serie de antecedentes respecto a propuestas para

intervenir los bienes materiales que poseía la iglesia, sin embargo éstas que se

presentaron en varios periodos se enfrentaron a la resistencia de los clérigos y

de la sociedad mexicana, lograron que se aplazaran durante varias décadas, que

se derogaran en otros, pero al final que se mantuvieran inaplicables.327

El 11 de enero de 1847, se publicó un decreto para proporcionarse quince

millones de pesos, a fin de sostener la guerra con los Estados Unidos del norte,

hipotecando o vendiendo en subasta publica bienes de manos muertas, donde se

consideraba la enajenación de propiedades de la iglesia, por su parte, los

clérigos reaccionaron en contra de tal disposición, el obispo de Sonora, Don

Lázaro de la Garza y Ballesteros, residente en Culiacán, a través de una circular,

comunicó a sus fieles, que en correspondencia con el gobierno había

manifestado el 6 de febrero que no dará a los bienes otro destino que lo que la

iglesia determinara y que no debía la autoridad secular inferir en estos puntos. 328

Años más tarde la ley sobre desamortización de bienes eclesiásticos, también

llamada Ley Lerdo, aprobada el 25 de junio de 1856, donde se estipuló la

adjudicación de fincas rústicas y urbanas administradas por corporaciones, civiles

o eclesiásticas de la república encontró resistencia en las comunidades

agrarias.329

327 Acerca de esto, Maria del Carmen Azalia, López González, hace un estudio sobre la condición de la iglesia en Sinaloa en el siglo XIX, donde afirma que el obispado de Sonora era tan pobre que poco le afectó la desamortización de bienes clericales. [María del Carmen Azalia López González, La iglesia decimonónica en Sinaloa, XIV Congreso Nacional de Historia Regional, Culiacán, UAS, 1998.] 328 BPEJ, “Lázaro de la Garza y Ballesteros, cartas sobre diversas materias como obispo de Sonora 1847- 1861,” Fondo reservado, Miscelánea Nº 636. 329 Manuel Payno, op cit., 85.

204

Además, en la guerra civil desatada en nuestro país a partir de la promulgación

de la Constitución Política de 1857 y de las leyes de Reforma dos años después,

mucho tuvo que ver la interpretación que acerca de esto generaron las

instituciones eclesiásticas, ya que al percibir la afectación de sus fueros,

encomendaron a cada uno de los vicarios por medio de circulares y cartas para

que propagaran la resistencia civil del pueblo, apelando a las creencias sagradas

depositadas en las comunidades, utilizando la representación moral y espiritual

de que gozaban.

El clero buscó medios para apelar y combatir a sus adversarios a través de la

prensa, el púlpito, el confesionario.330 Cada obispo, cada curato, era un medio de

propagación de ideas, utilizó circulares, para con sus feligreses, las

informaciones y alteraciones de las consecuencias de las leyes llegaron hasta el

interior de las familias y las mujeres fueron un medio eficaz para propagar las

ideas en contra de los preceptos liberales.

Esta cadena de comunicación que podía ir del obispo al párroco, de este al

indígena, a las mujeres, trajeron manifestaciones, y desavenencias que cada vez

fue mas difícil controlar, porque, para el caso de las comunidades indígenas,

implicaba no solo el atentado a sus creencias religiosas tan arraigadas sino la

desorganización de la vida tradicional de las comunidades al perder su medio

de subsistencia, la tierra.

Los sacerdotes rurales, debido a la permanencia en las comunidades fueron los

promotores de lo que a nivel nacional se discutía, y se convirtieron en agitadores

subversivos, pues a menudo agitaban a las comunidades indígenas a las que

también afectaría la Ley Lerdo, a amotinarse contra el gobierno. 331

Era tal el analfabetismo y el tradicionalismo que difícilmente los pobladores

podían analizar por ellos mismos lo que acontecía y aunque estaba escrito en la

prensa a través de crónicas, artículos y editoriales, las formas tradicionales de la

transmisión de la información eran las que permitieron que los adeptos a la

330 José María Vigil, Ensayo Histórico del Ejercito de…p. 8. 331 T.G. Powell, El liberalismo y el campesinado en el centro de México (1850 a 1876), México, SEP Setentas, p, 65.

205

iglesia se integraran para defender lo que ellos consideraban un atentado a lo

divino. Muchas de las ideas se difundían por rumores en la vía pública, las fiestas

y ceremonias religiosas y círculos de estudio doctrinal, en ciudades los mercados

juegan un importante rol para buscar apoyos.

El clero, por su contacto cotidiano con la sociedad, ejercía gran influencia sobre

la misma, sabía que apoyado en el derecho divino y lo que la fe representaba en

el pueblo, podía con una serie de llamados, incitar reacciones en contra de los

atentados a sus intereses, hábitos y las leyes que sostenían dichos privilegios.

El asunto clave de los rumores que se propagaron en torno a las desavenencias

entre la clase clerical y los miembros del gobierno republicano, fue la exigencia

por parte de los segundos para jurar la Constitución de 1857.

Cierto era que a ésta ya le antecedía la ley de desamortización de bienes de

1856, más la mayor ofensa a la moral religiosa fue que el 17 de marzo de 1857,

se publicó un decreto que estipulaba que todas las autoridades y empleados del

gobierno, civiles y militares, juraran la constitución, de lo contrario perderían el

empleo. Obviamente que para los católicos no era propio jurar la constitución, y

los obispos en sus circulares condenaron el juramento.

El jueves santo se le negó la entrada a la catedral metropolitana al gobernador

del Distrito, Juan José Baz, y a los regidores del Ayuntamiento, dicho escándalo

provocó que se encarcelara al arzobispo y a los canónicos de la catedral. Las

fricciones eran obvias, para la iglesia los que juraran la constitución serían

culpables de un gran pecado. El arzobispo declaró que quedarían excomulgados.

El juramento al que obligaba el gobierno establecía como incuestionable la

autoridad del estado, al menos a quienes participaban en la administración. De

esta manera, la potestad civil se erigía suprema; no podía ser una lealtad dividida

entre Estado e iglesia. El estado quería expulsar de manera definitiva a la iglesia

del espacio público.332

Aunque era cierto que algunas constituciones estatales (como la de Sinaloa en

1852) ya habían asentado precedente respecto a que las manos muertas no

332 Erika Pani, Para mexicanizar el segundo imperio… p.152-153.

206

podían adquirir ninguna propiedad raíz en el estado, pero debido a las

confrontaciones armadas, al periodo centralista y demás esto había quedado en

el olvido, y seguramente que el significado de que se estipulara en la Ley

Federal, es decir, para todo el país tendría otro tipo de repercusiones.

Era tal el significado que adquirió el hecho de los obispos enviaran circulares a

las parroquias señalando una rotunda oposición al juramento y ante la amenaza

de excomunión que el gobernador de Sinaloa, Pomposo Verdugo se negó a

hacerlo, razón por la cual, se reportó enfermo y delegó en Miguel Ramírez, de

facción liberal la facultad de hacerlo como gobernador interino.

Por su parte, el Obispo Pedro Loza de la Garza y Ballesteros, obispo de Sonora,

con sede en Culiacán encabezó las protestas contra la Constitución de 1857 en

la entidad, dirigió circulares a los jueces, celadores de los pueblos y católicos en

general prohibiendo el juramento pues ele que lo hiciere no podría ser absuelto ni

en su lecho de muerte.333

Al proceder el juramento en los pueblos del estado se convocó a las autoridades

y los pobladores, siendo necesaria la cooperación de los párrocos para que

permitieran la utilización de las campanas de la iglesia para el llamado de la

población y por lo significativo del acto solemne donde el juramento debía ser

ante el libro de los santos evangelios y un crucifijo. Por su puesto que en pocos

casos el requerimiento se efectuó y en muchos de los pueblos el juramento y el

acto cívico fueron desairados.

En el caso del Rosario al tener la negativa del vicario las autoridades civiles

forzaron la puerta para que pudiera haber repique. Por su parte, la población fue

atemorizada creyendo que la constitución atacaba los principios de la religión

católica, razón por la cual, muchos no se presentaron a jurarla.

En otros casos, como en Cacalotán, el alcalde procedió al juramento teniendo en

la mesa el libro de los santos evangelios, un santo cristo y dos velas ardiendo al

término del acto mando repicar las campanas y tirar cohetes en señal de

333 María del Carmen Azalia López González, “Reforma y desamortización en Mazatlán (1859-1889),” Arturo Carrillo Rojas y Guillermo Ibarra Escobar, op cit., p. 74.

207

solemnización de dicho acontecimiento. Se realizaron desfiles por las calles,

pero en otros pueblos como Ocoroni las propias autoridades locales se rehusaron

a jurarla, en muchas localidades habiéndose jurado por las autoridades locales

los párrocos hicieron negarla. 334

Después de haberla jurado en la mayoría de las regiones de nuestro país, hubo

oposiciones importantes, para el caso de Sinaloa se presentaron manifestaciones

bajo el lema de ¡religión y fueros!, en Guadalupe de los Reyes, un grupo de gente

armada, entró al mineral con ayuda de los operarios, para después atacar la

hacienda de Dolores, haciendo varias victimas, aunque se dijo que

especialmente hicieron robos y destrozos, según relata don Eustaquio Buelna.

Movimientos similares aparecieron en Cosalá bajo el mismo lema y en Villa Unión

entre 1858 y 1860 con efectos muy parecidos. Sin embargo, queda la duda que si

el motivo que los movía era creencia o el hambre porque el atentado era

directamente contra empresas que generaron un usufructo y no contra las

autoridades.

Por su parte el Obispo de Sonora y Sinaloa, Don Pedro Loza y Pardavé,

representante católico defiende los derechos del clero, suscitándose un conflicto

con el gobierno de Sinaloa, siendo desterrado el prelado a fines de 1858 y

retornando en 1860 para continuar con la defensa de la iglesia; Plácido Vega,

gobernador del Estado, por su parte, tratando de atacar el problema intenta que

éste jure la constitución y suspenda las circulares que había expedido, contra los

que jurasen la constitución, por lo cual, muchos incluso autoridades de los

pueblos, no lo hacen.

Así que el gobernador de Sinaloa lo acusó se apoyar al imperio y el 21 de

diciembre del mismo año, se embarca con destino a Acapulco con instrucciones

de rumbo a otro país. El gobernador al ver que la gente no vería con buenas ojos

esta acción justificó el hecho de la siguiente manera: he tenido la necesidad de

desterrar de la República al Sr. Loza para que así puedan vivir pacíficos los

334 Alejandro Hernández Tyler, op cit., p. 8.

208

habitantes del Estado, no teniendo quien explote por más tiempo sus creencias

religiosas en perjuicio de un gobierno constituido.

Entre 1860 y 1870 era común que la autoridades judiciales consignaran curas

debido a la exigencia que estos hacían a peticionarios de matrimonio para que se

retractaran del juramento a la constitución, por su resistencia a la adjudicación

de bienes eclesiásticos, o por el cobro de inhumaciones clandestinas, pues no

debían tener ingerencia en camposantos, en general eran merecedores de juicio

al contrariar las leyes de reforma y por negarse a obedecer las leyes del Registro

Civil, además los clérigos tenían prohibido el uso del traje eclesiástico, y

quedaban prohibidas las procesiones en las calles durante la semana mayor.335

Para algunos liberales que remitían artículos en los periódicos locales de la

capital sinaloense, Mazatlán, la lucha no debía parar, pues el pueblo mexicano, al

reivindicar sus derechos sellando con su sangre los códigos fundamentales y

leyes de reforma, abrió el camino de la era de la emancipación, libertándose del

yugo clerical. El clero oponiéndose obsesivamente a las leyes de reforma, y

apoyándose en la independencia que el Supremo de la nación ha querido se

resguarden, influía sobre el pueblo que desconocía en la mayoría de los casos el

significado de la Reforma.336

La resistencia de los curas en otros casos se manifestaba al oponerse

personalmente a casar o a otorgar los santos oléos a aquellos que se sabía eran

liberales y que en determinado momento asistían o solicitaban de su presencia

a recibir estos sacramentos, así lo hizo el padre de apellido Espinoza, al

encontrarse en su lecho de muerte, el 23 de septiembre de 1861, Manuel

Serrano, reconocido liberal, en ese entonces diputado del Congreso del Estado.

El cura para confesarlo le exigía se retractara del juramento a la Constitución de

1857, el diputado le aseguraba que esta no era herética, y que no por esto

335 AHGES, Fondo Secretaria de Gobierno, Índice del archivo de la Secretaría, 1862, 1867-1869 y 1874. 336 EP, “Remitido de Jesús Cuevas,” 2 de abril 2 de 1862, n. 33, año II, p. 2.

209

dejaba de ser católico. La insistencia del clérigo era tal que un familiar del

enfermo suplico que se fuera.337

La resistencia que presentaba el clero era parte de un escenario de disputas

divergentes de ideas, de la concepción del mundo, de los poderes celestiales y

los terrenales. Otro de los curas que ofreció gran resistencia contra las nuevas

leyes fue Manuel Lacarra, vicario de una iglesia en Mazatlán, que 1862,

manifestaba que teniendo el matrimonio dos propiedades esenciales una

temporal y civil, que era el contrato, y otra espiritual el sacramento, no era posible

que la primera estuviera sujeta al soberano temporal, es decir, al gobernante,

pues todo lo reconocía bajo la inspección de la iglesia, a quién le otorgaba el

derecho de estatuir en el matrimonio, por haber sido elevado al rango de

sacramento.338

En cambio, para muchos de los liberales el matrimonio debía sancionarse de

acuerdo a las leyes civiles, por las autoridades civiles, por ser este un acto civil y

temporal y profano en que no tienen injerencia la jurisdicción espiritual que ejerce

el obispo en su Diócesis.

Sin embargo, muchos defensores de las leyes, solían considerar que recibir el

sacramento con que dios santificó las nupcias, podía contribuir a la felicidad

eterna. Con esto quedaba claro que su idea de organizar el poder civil en la tierra

no significaba la negación de lo divino, lo espiritual, pues más allá de lo que

consideraban propio para la organización de la sociedad seguirían creyendo en lo

divino, lo sagrado, incluso el más allá.

Los párrocos Lácarra siguieron teniendo problemas en Mazatlán y el 25 de

septiembre de 1876 se editó una circular en el periódico el Estado de Sitio,

ordenando su salida de la ciudad por decisión del presidente de la republica,

Lerdo de Tejada, el gobernador y comandancia militar del Estado, el 25 de

septiembre, por menosprecio a las leyes y a la moral pública.339 A los pocos días

337 EP, 2 de octubre 1861, No. 9, año1, p. 4. 338 EP, 2 de abril de 1862, No. 33, año II, p. 3. 339 EES, 7 de octubre de 1876, No. 41, h. 1.

210

después, algunas señoras de Mazatlán dirigieron una solicitud al general Arce,

gobernador, para que no desterrase al cura siendo negada tal solicitud.

Otra de las cuestiones sumamente discutidas en el Congreso Nacional fue la

tolerancia de cultos, pues los liberales sostenían que debía otorgarse como un

derecho individual para decidir por una religión u otra, que garantizaría la libertad

de decisión, de opinión. Sin embargo, detrás de este argumento se ubicaban los

proyectos de atraer la inmigración extranjera y permitir el ejercicio de su religión.

Consecuentemente con el sustento a la colonización la propiedad de la tierra

también entró en discusión ya que según este proyecto se buscarían tratos con

propietarios de vastos terrenos en la parte central y más poblada de la república,

para que por su propio interés, y por el bien de la Nación, cedieran algunos a los

emigrados que vengan a establecerse, celebrando contratos de venta o

arrendamiento provechoso mutuamente. 340

Sin embargo esto no fue así y las resoluciones de desamortización de terrenos,

decretos por deslinde de terrenos considerados baldíos y/o de carácter nacional

se dictaban desde el centro del país a través del Ministerio de Fomento,

Cotización Industria y Comercio desconociendo las condiciones legales de tierras

que de manera ancestral o durante la colonia se habían entregado a

corporaciones civiles, muchas veces de origen indígena, donde un sin número de

familias perdía su medio de vida, la tierra.

Finalmente, congruentes con lo plasmado desde la promulgación de la

Constitución de 1857, los liberales -a pesar de la resistencia- promovieron las

llamadas leyes de reforma. Como también siguieron defendiendo la tolerancia de

cultos y prometiendo la redacción de leyes especiales de colonización, donde

estarían implícitos el ofrecimiento de terrenos y una serie de excepciones a los

inmigrantes. 341

340 Ibíd. 341 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500.

211

6.3.- Lo tradicional y lo moderno, resistencia por las leyes de Reforma.

Al promulgarse las leyes de Reforma en Veracruz el 7 de julio de 1859, se

suscitaron enfrentamientos mucho más fuertes y abiertos por la separación de la

iglesia y el Estado, los liberales de este periodo reconocieron que muchas de

estas ideas y principios ya habían sido consignados, con más o menos extensión,

en los diversos códigos políticos que había tenido el país desde su

independencia, y más recientemente en la Constitución de 1857.

El trasfondo de estas discusiones eran las pretensiones del liberalismo, de

constituir un poder civil fuerte, y lógicamente implicaba disminuir el religioso,

minar el poder económico de la iglesia católica, que aún era reminiscencia de la

etapa colonial, yugo del que había que liberarse, conformando una nación

moderna que abriera sus puertas al mundo principalmente europeo y

norteamericano.

En un etapa coyuntural como fue la guerra de reforma, se discutía sobre las

creencias, el culto, la divinidad, los principios morales, porque estaba en juego la

construcción de un gobierno civil poderoso que pudiera retomar las riendas del

país, que apostaba prácticamente todo a la constitución, a la legislación porque

debían ser estas las que dictaran las formas de ordenar la vida civil y esto trajo

una repercusión en las cuestiones que se refugiaban en lo espiritual porque la

iglesia católica mexicana en este periodo ejercía gran poder en lo económico, lo

político y lo social.

La pretensión era eliminar las riquezas e intereses que la iglesia había heredado

del sistema colonial y que servían de apoyo para su dominio, y que tenían como

fin último lograr la completa independencia entre los negocios del Estado y los

puramente eclesiásticos.

En las disposiciones de 1859 se estipulaba la supresión de todas las

corporaciones de regulares y los puramente regulares del sexo masculino, sin

excepción, secularizándose los sacerdotes que se encontraban en ellas, la

extinción de todas las corporaciones religiosas; el cierre de noviciados y

conventos de monjas; se declaró propiedad de la Nación todos los bienes que

212

administraba el clero secular y regular; se legalizó la enajenación de todos los

bienes eclesiásticos y por ultimo declararon que la autoridad civil no intervendría

más en los negocios de la iglesia ya que estos deberán administrarse con los

recursos que otorgaban los fieles por los sacramentos.342

Pocos días después de la promulgación de dichas leyes desde Veracruz, se

proclamó la Ley sobre el Estado Civil de las personas, el 28 de julio, siendo ésta

una de las cuestiones mas polémicas del periodo, los liberales, consideraban que

el establecimiento del registro Civil era una de las medidas que con urgencia

reclamaba la sociedad, para quitar al clero esa forzosa y exclusiva intervención

que ejercía sobre los principales actos de la vida.343

Esta ley de carácter oficial fue reconocida y estipulada como precepto legal en

los estados que simpatizaban con el liberalismo, así que en Sinaloa se sancionó

y publicó por el gobernador Plácido Vega.

Sin embargo, casi diez años después, fue necesario reiterar su ejercicio e

importancia, por eso Domingo Rubí, publicó en El Periódico Oficial en 1867 una

circular con carácter de disposición que prevenía a la población que si pasados

cinco días del nacimiento y éste no se había denunciado en el registro, se

castigaría con una multa de cinco pesos o bien con un mes de reclusión; para el

caso de los clérigos que efectuaran bautizos o matrimonios que no habían sido

registrados se multarían con veinticinco o dos meses de cárcel.344

No obstante, a pesar de sus disposiciones, Rubí dos años después reconoció

que la institución del Registro Civil no tenía eficacia, pues debido a la ignorancia

y a la desentendimiento, los nacimientos y los matrimonios jamás se registraban

sino es en una mínima parte, lo que no sucedía con los fallecimientos, porque los

Jueces de Registro Civil inspeccionaban los camposantos para que hiciera

inhumación sin su conocimiento.345

342 Ibíd. 343 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2. p. 490. 344 ES, 5 de febrero de 1867, n. 12. 345 Domingo Rubí, Memoria que el gobernador del…p. 17.

213

Los liberales justificaron a las leyes de reforma como una la prioridad para la total

separación de los asuntos de la iglesia y el Estado, y a su vez para la completa

organización de los negocios civiles procurando bajo principios liberales, la

búsqueda de que los ciudadanos disfrutaran de los derechos emanados de las

leyes, regular la justicia a través formación de códigos claros y sencillos sobre

negocios civiles y criminales, secularizar la instrucción pública, precisar las

relaciones del gobierno general con los particulares de los Estados; atender en la

seguridad de los caminos y poblaciones; organizar la hacienda pública, arreglar

el ejercito, subdividir la propiedad territorial; instaurar el registro civil.

Las disposiciones de Veracruz provocaron una reacción inmediata de los obispos

que hacían circular una serie de cartas pastorales en todas las diócesis del país,

consideraban justo declarar a todo al mundo, que las Leyes de Reforma, eran

anticatólicas, atacaban al dogma de la independencia de la iglesia. 346

El problema es que consideraron que el poder civil se salía de su esfera de

atribuciones incitando una conspiración contra la autoridad espiritual, con la

intensión de arreglar la iglesia sin considerarla a ella misma y no estaban

dispuestos a obedecer a una legislación profana.

Se defendieron de las declaraciones que se hicieron en el manifiesto a la nación

como introducción de las leyes de reforma de julio de 1859, en el sentido de

querer que permaneciera el despotismo, señalando que lo único que pretendían

era defender la libertad de culto y de la disciplina, negaron haber levantado el

estandarte de la rebelión.347

La soberanía de la iglesia para ellos implicaba libertad de administración de los

santos sacramentos; de su doctrina, de su legislación, de su moral, de sus

medios de perfección, de sus votos, de sus establecimientos religiosos, de sus

propiedades y bienes destinados al culto de Dios, al sostén de sus sacerdotes y

apoyo de los pobres.

346 BPEJ, “Manifestación que hace el obispo de Guadalajara contra las leyes de reforma,” Loc cit p. 1. 347 Ibíd, p.7.

214

Las leyes de Veracruz, para los clérigos eran el desconocimiento del derecho

natural y divino que tenían los eclesiásticos; derecho dado por Dios a su iglesia;

derecho que los soberanos pontífices, los concilios, los obispos, y los canonistas

habían reivindicado y sostenido; derecho que el clero mexicano tenía reivindicado

por sus capellanías y patrimonios eclesiásticos, y con la subsistencia común

organizada de los establecimientos monásticos.348

Consecuencias que vislumbraban los clérigos; para los mexicanos, al no contar la

iglesia, con recursos legítimos: la nacionalización de los bienes eclesiásticos

sería provechosa a los gobernantes y empleados civiles, pero sumamente

perjudicial al resto de la sociedad, porque quitarían a la iglesia la propiedad

bienhechora que había favorecido a todas las clases de la sociedad, como

agricultores de todo el país que contaban con los bienes eclesiásticos, como un

banco de avio, para dar impulso a sus giros; educación primaria y secundaria

gratuita en establecimiento eclesiásticos a niños pobres; o los que se

beneficiaban en hospitales; los asilos, evangelización de las tribus bárbaras por

misioneros. 349

Sus manifestaciones concluyeron en lo siguiente: rechazaron haber promovido y

fomentado la guerra, con el fin de independerse de la autoridad civil; declararon

que se había faltado a la verdad asegurando que con la ley del 25 de junio, se

mejoraron las rentas del clero; pues lo que realmente se hizo fue dejarlo de uso

fructuario, atacando la propiedad eclesiástica; desconocieron a Benito Juárez por

atentar contra los bienes de la iglesia y por quitar la subsistencia, expeler de sus

casas, hacer variar el vestido e impedir el cumplimiento de sus votos a tantos

mexicanos que componen las corporaciones religiosas, y que con la más cruel

injusticia ha intentado suprimir.350

Las cartas pastorales de los obispos, se convirtieron durante este periodo en un

espacio (con matices políticos) pues informaban acerca de la postura clerical,

daban seguimiento escrito a la relación con el gobierno civil, por ello, al revisar

348 BPEJ, Manifestación que hace el obispo de Guadalajara contra las… p. 14. 349 Ibíd, p. 21. 350 Ibíd, p. 34.

215

colecciones de documentos de origen eclesiástico de obispados o del

arzobispado, se encuentra una gran riqueza de contestaciones habidas entre los

altos mandos de la iglesia y Benito Juárez.

Documentos que seguramente se enviaron a las parroquias para que los fieles se

enteraran de las circunstancias a través de los curas y que con ellos se pudiera

incidir en la formación de la opinión pública respecto a la posición de la iglesia en

torno a la relación con el Estado.

Por otra parte, surgieron publicaciones periódicas como el caso de La ilustración

del Pueblo publicado en Culiacán, órgano de la sociedad católica, publicado en

1876, que entró en serios dilemas con medios como el periódico oficial respecto

a una circular expedida por el gobierno del estado que recomendaba a las

autoridades de los diferentes distritos el estricto cumplimiento de las Leyes de

Reforma en lo correspondiente a la prohibición de que los ministros del clero

portaran fuera de sus templos sus trajes distintivos.

Dicho periódico católico calificaba como crueles a los autores de esta

determinación y sostenía que las decisiones del Concilio de Trento deberían

superiores a las de las autoridades de la nación. Así las cosas, este órgano

católico y el periódico oficial discutieron este asunto en sus respectivas páginas,

tratando cada uno por su cuenta de generar puntos de vista u opiniones para

sus respectivas causas.

Mientras el periódico oficial soportaba su discurso en que en México el estado el

tutela del poder eclesiástico había terminado gracias a la Reforma que había

proclamado no la separación iglesia-estado sino la libertad de conciencia, la

libertad de cultos para abolir los privilegios de los gozaba la iglesia y sus

ministros y que por tanto el cumplimiento de las leyes era obligatoria a estos y a

todos los habitantes de la república. Por su parte, La ilustración del Pueblo,

manifestaba su repudio acerca de que los mandatarios exigieran el cumplimiento

216

de la ley, interviniendo en la disciplina de la iglesia atropellándola y

humillándola.351

6.4.- Una sociedad tradicional afectada.

La llamada Ley Lerdo no sólo pretendía la desamortización de propiedades

eclesiásticas sino también las comunales, donde se perjudicarían las

colectividades de todo tipo fuesen clanes, corporaciones, barrios, cofradías,

provincias, grupos étnicos, por lo cual muchos se rebelaron, principalmente los

indígenas, así se amplio la gama de reacciones en contra de los preceptos

legales.

Las leyes de Desamortización de tierras provocaron una serie de conflictos

acrecentándose el panorama de inestabilidad debido a las afectaciones de las

propiedades indígenas. Desde la visión de los liberales reformistas la destrucción

de este tipo de propiedad permitiría la integración y la modernidad de la

economía aludiendo a la laboriosidad y a la iniciativa del campesino individual,

pero se encontraron con una lucha de resistencia suscitándose un

enfrentamiento con las bases tradicionales fincadas en la jurisdicción colonial.

Uno de los fines de los postulados liberales era declarar las tierras como

propiedad nacional para luego enajenarlas a particulares.

La historia de la propiedad ha sido abordada por la historia social inglesa,

Edward Thompson352, sostiene que la tenencia es dependiente, definida por el

aspecto legal, en el derecho de precedentes, pero la costumbre tiene una

dimensión sociológica reconocida en el derecho por la reserva, por ello las leyes

deberían estar en equilibrio con las relaciones sociales y cuando esto se trastoca

o no se considera surgen conflictos entre las partes entre las autoridades y los

pueblos poseedores del derecho natural de la explotación de este recurso

natural. AsÍ que se generan conflictos entre las definiciones del derecho y la

351

ES, 13 de enero de 1876, Culiacán, 18 de enero de 1876, Nº 2, f. 9. 352 Edward Thompson, Tradición, revuelta y conciencia de clase, España, Editorial Critica, 1979, p. 157.

217

costumbre local que pueden terminar en conflictos armadas como lo fue el caso

de las propiedades comunales de yaquis y mayos.

Thompson considera que de manera gradual el entramado hereditario por la

tierra, que tiene imbricaciones de derecho, costumbre, ligado a vínculos

familiares y le da peso como factor explicativo a los endeudamientos procesos

económicos con buenos abogados mas que una expropiación forzada, es decir el

viejo entramado comunal había sido consumido por la ley y el dinero pero en

muchos casos se procedía a la violencia, asesinato, amenaza, incendios, pues a

la gente desprotegida también le interesaba asegurar el futuro de sus familias.353

Las revueltas, aunque fincan su proceder en una mejora social, se enmarcan en

intereses políticos, las crisis sociales se agudizan a causa de la tensión política y

por la carestía de productos básicos.

La mayoría de la gente lucha en estos casos por un derecho colectivo como

tierra, trabajo, dinero y alimentación, agrupándose en torno de que el bienestar

de un estado y o de su población debería tener prioridad sobre el cualquier

segmento de éste, aunque el bienestar general quedaba sostenido con la

persecución individual de los intereses personales.

Por su parte, uno de los grupos más afectados y que ejerció gran resistencia en

Sinaloa contra la Ley Lerdo, fueron las comunidades indígenas que asestaron

una serie de golpes contra las autoridades locales, según registros oficiales de

1857, se suscitaron una serie de quejas contra uno de los caciques de la región,

Joaquín Vega por la afectación del predio de Culiacancito, dos años después los

indígenas mayos piden restitución de tierras y se inicia una campaña en su

contra.

En 1861, el denuncio de tierras por Ramón Félix Buelna, en los pueblos de

Mochicahui y San Miguel de la Villa del Fuerte, provoco la oposición de

diecinueve indígenas que alegaron que las fincas que tienen en las tierras

denunciadas pertenecen y que de ellas dependía la subsistencia de más de 200

familias y adjuntando los documentos necesarios para comprobar el 353 Ibíd.

218

reconocimiento legal de esas tierras. Además, solicitaban del supremo gobierno

del Estado, un nuevo título de esas tierras por habérseles perdido, el que les

expidió el gobierno español.354

En 1865, los indios de Mochicahui se levantaron contra las autoridades del

Estado debido a la propuesta del gobernador Domingo Rubí quien, al tratar de

resolver la falta de recursos del erario propone la revaloración de las fincas

urbanas y rústicas y la exigencia de que los terrenos comunales sean

desamortizados agilizando estas gestiones.

Las sublevaciones indígenas se manifiestan en la región de mayos y yaquis de

Sonora y Sinaloa, en algunos pueblos como: Álamos, Agiabampo, Mayari,

Tehueco, Charay, Ocoroni, Mochicahui, la Villa de Sinaloa, El Fuerte, entre 1865

y 1866; esto se ve con frecuencia, porque en tiempos del imperio, se sumaron a

la causa intervencionista, se declaran en lucha abierta contra los encargados de

ejecutar localmente las leyes de desamortización de tierras comunales, prefectos,

directores, políticos, autoridades del régimen republicano, de tal forma que, el

gobierno federal a través de la llamada Brigada de Occidente comandada por

Ángel Martínez, se encargaba de hacer el despliegue de fuerzas en su contra.

Las autoridades de la época atribuyeron como causa de estas sublevaciones a

la incitación e influencia de mexicanos adeptos al régimen intervencionista, así

que el jefe de la fuerza armada de Occidente Ángel Martínez decreta en Álamos,

Sonora, en marzo de 1866, considera que al ser engañada la clase indígena

respecto a sus verdaderos intereses merece

La fuerza indígena llevó a que en Álamos Sonora, un indulto a los indios del

Distrito del Fuerte y Sinaloa que hayan estado y estén con las armas en la mano

en oposición a las legítimas autoridades de la Nación y además se faculta a los

prefectos y comandantes militares de estos distritos para conocer y resolver

sobre las cuestiones pendientes de terrenos que hayan pertenecido o

354 Archivo del Registro Agrario Nacional (ARAN), Delegación Sinaloa, Caja 32, Exp. 115, del Ejido San Miguel Zapotitlán, F. 06 y 07.

219

pertenezcan a los indios; poniéndolos desde luego en posesión de aquellos

cuyos títulos no acrediten legalmente haber pasado a propiedad particular.355

En esto se considera, según el decreto, que uno de los deberes de prefectos y

comandantes militares de los distritos de El Fuerte y Sinaloa debe ser, vigilar

sobre los intereses de los indios, teniendo el mayor cuidado de evitarles

cualesquier perjuicio y, sobre todo, para que no se les defraude la paga y justas

retribuciones que se les dan por su trabajo, a fin de que ellos experimenten de un

modo material las ventajas y bienestar que les resulta el mantenerse fieles y

obedientes al gobierno legítimo de la nación. 356

A pesar de este decreto, las luchas continuaron y las familias pudientes,

afectadas por esto movimientos, organizaron una guerrilla de 40 hombres para

combatir contra los indios de Mochicahui y Tehueco, Charay promovían este

contraataque los Vega, Gaxiola, Buelna, Pacheco y sus vaqueros, rancheros

adinerados.

Los indígenas de El Fuerte y Sinaloa derrotaron al prefecto de Sinaloa; mataron y

atacaron propiedades; era tal el asecho, que no pocos rancheros y residentes de

pueblos pequeños se trasladaron al Fuerte o emigraron a Baja California.

En 1866, indígenas mayos incendiaron el puerto de Agiabampo y el pueblo de

Mavari al mando de su capitán y gobernador Galaviz, combatieron con el director

político del partido de Mochicahui, Patricio Robles. Este último personaje los

derrotó en el cantón de Jazoni, en respuesta intentaron tomar Higueras de

Zaragoza, pero fueron rechazados por un norteamericano, así que se refugiaron

en Sonora, para posteriormente ser desechos por fuerzas de Álamos.

Lo que estaba fuera de toda duda era que el proyecto del gobierno federal era la

subdivisión de la propiedad territorial; en la búsqueda de una mejora progresiva

que experimente la sociedad, a consecuencia de las reformas que en ella tienen

355 CM, 24 de marzo de 1866, p. 35 356 Ibíd., p. 35

220

que ejecutarse, así como de las mejoras de sus actuales vías de comunicación,

y del aumento de su población y consumos.357

El gobierno buscó a través de Leyes como la Lerdo, ley de terrenos baldíos de

1863, y los sucesivos decretos federales, a los que estaban obligados a ejecutar

los gobiernos locales terminar con los obstáculos para la subdivisión, en busca

también de ventas o arrendamientos, para mejorar la situación de los pueblos

labradores.358

Con estas intensiones los liberales tuvieron que esperar hasta vencer a los

imperialistas para llevar a cabo sus propósitos así que a partir en 1867,

empezaron a hacer efectivas sus proyectos. De tal manera que, por

disposiciones del Ministerio de Fomento, entre 1867 y 1868, se llevó a cabo el

reparto de tierras en pueblos donde tradicionalmente eran de propiedad comunal

como en las Vegas de los ríos a indios de pueblos ribereños, expidiendo

constancias de propiedad, en el Distrito de El Fuerte, haciendo la entrega el

prefecto, José Corona.359

Un año después, en otros lugares del estado, como en Cosalá, se registraron

quejas contra el prefecto por reparto de tierras indígenas, en ese mismo año en

Bachigualato se presentó un despojo de tierras a indígenas.

En el distrito de Mazatlán, el Ministerio de Fomento, colonización e industria,

declaró, tierras enajenables, de propiedad nacional, y con carácter de

adjudicables a 4 087 has, 6 aras, en el rancho de Palmillas, a favor de Carlos

Fuhrken y D. Fortino León, estipulando que resultaba ventajoso a la industria y a

la población, que terrenos baldíos se relucieran a propiedad particular. 360

Pero se daba casos donde los propietarios tradicionales en busca de hacer valer

sus derechos y de no ser despojados de la forma de subsistencia para sus

familias acudían a todas las instancias primero promueven un juicio ante el juez

357 Jorge L. Tamayo, op cit., tomo 2, p. 485-500. 358 Ibíd. 359 ARAN-Delegación Sinaloa, Expediente del Ejido San Miguel Zapotitlán, Caja 32, Exp. 115, f. 06 y 07. 360 DO, 23 de octubre 1867, No. 65.

221

de distrito de Sinaloa, y al negar esto el amparo, acuden a la Suprema Corte de

Justicia la Unión.

En resolución del 23 de junio de 1868, Benito Juárez declaró como tierras

propiedad de la nación y posteriormente terrenos baldíos, a los del antiguo

presidio de Mazatlán, hoy Villa de Unión, quienes poseen documentos legales de

la época colonial, de año, 1731, terrenos que desde antes, los poseedores de los

terrenos han ejecutado trabajos para hacerlos útiles, desmontado, cercado,

cultivando, y otras obras.361

Las familias 800 familias -o sea más de 5,000 personas- solicitaron un amparo

ante la Suprema Corte de Justicia de la Unión, y al realizar esta los estudios

necesarios consideraban como agravantes el hecho de que unos cuantos

denunciantes, proclamen dominio, los arrojen de sus casas, de sus campos y

propiedades. De acuerdo a estas consideraciones, la Suprema Corte revocó la

sentencia de juez de distrito de Sinaloa, ampara, y protegió a dichos vecinos y

ayuntamiento contra la resolución del ejecutivo, el 22 de diciembre de 1869.362

Estos movimientos que debía enfrentar el gobierno provocó que de enero de

1871 hasta 1874, se prohibieran las leyes que reglamentaban la repartición de

tierras indígenas, sin embargo en 1873, el fundo legal del pueblo de Navolato se

vio afectado por el denuncio legal a favor de la sociedad, ´“Jesús Almada y

Hnos”, quedando en sus manos una gran cantidad de tierras, propiedad de los

indígenas.363

Fueron una constante, las discusiones en los juzgados por la posesión de tierras,

dándose aquí una lucha entre autoridades y pueblos de indios, así como los

alegatos a favor o en contra de las causas indígenas registradas en la prensa.

*

361 DO, Resolución emitida por el Ministerio de Fomento, 23 de diciembre de 1869. N. 357, F. 137. 362 DO, Amparo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 23 de diciembre de 1869. No. 357, F. 137. 363 AHGES, Fondo Secretaria de Gobierno, Índice del Archivo de la Secretaría de Gobierno, 1869-1874.

222

CONCLUSIONES

Los antecedentes del establecimiento de un sistema liberal en nuestro país no

son propios de la segunda mitad del siglo XIX, porque se manifestaron en una

lucha constante poco después de la independencia. Centralistas y federalistas

fueron los actores de los enfrentamientos en el ámbito intelectual y en las

acciones armadas.

Durante estos encuentros se estuvieron sucediendo diversas administraciones;

en la de centralistas todo se determinaba desde el centro del república y la

segunda forma, que había sido propuesta desde la constitución de 1824, donde

las llamadas provincias de la republica jugaron un importante papel para su

adopción, determinaron la conformación de una república con una serie de

órganos gubernamentales, donde existiría un congreso donde cada uno de los

estados estaría representado en el Congreso General.

Las provincias al federalizarse, se organizaron políticamente como los poderes

del centro en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, este sería el modelo adoptado

por todos, la constitución General el precepto legal de la nación y a su vez cada

Estado formularía la suya.

El surgimiento de la institucionalidad civil fue un proceso que se estuvo

interrumpiendo debido a la influencia de factores como el caciquismo y

caudillismo, porque se suscitaron continuas rivalidades entre las elites políticas

que aplazaron, derogaron u omitieron la política liberal que se había plasmado

desde la Constitución de 1824 y que Sinaloa adoptó en la local de 1831.

Los afanes modernizadores de las elites políticas se enfrentaron a una sociedad

que se regía comunalmente, con un carácter tradicional, que hacía valer su

presencia en corporaciones y que estuvo dispuesta a ofrecer resistencia con tal

de seguir manteniendo las antiguas formas de organización que le procuraba el

poder político.

Y en esto se puede mencionar a clérigos, caciques, caudillos militares y

comunidades campesinas que irrumpieron en el escenario sinaloense durante

223

varios periodos, sin embargo, lo que vino a prender la mecha para que los

pronunciamientos, las asonadas y revueltas no pararan fue la promulgación de la

Constitución de 1857 y las leyes que figuraron antes y después de la misma pero

que tenían el mismo carácter, reformar el régimen político y con ello construir un

poder civil fuerte que hiciera acto de presencia en acciones más ordinarias de la

sociedad que le permitirían tomar las riendas de la administración pública donde

había tenido clara incidencia de la iglesia.

Por, ello la carta magna de 1857, y las leyes como la de desamortización de

bienes de manos muertas, la nacionalización de bienes eclesiásticos, la

educación laica, para que el gobierno civil se encargara de la instrucción pública;

y las reformas al sistema tributario, la creación de una milicia civil que

contrarrestara la influencia política, amenazante que habían adquirido los

miembros del ejercito regular, por los privilegios que tenían y el poder que les

otorgaban las armas, fueron algunos de los mecanismos implementados por la

elite liberal para modernizar la política.

Los proyectos modernizadores se revelaron en el periodo juarista con las leyes

que buscaban la ciudadanía en sus respectivos aspectos, impulsados a través

del discurso pero también de leyes, ordenanzas y circulares que reglamentaban

los derechos de los individuos para participar en los procesos electorales; que

impulsaron la educación cívica para que las jóvenes generaciones se formaran

en el conocimiento de la existencia de códigos que normarían la vida de los

mexicanos, impulsando también a los hombres para que adquieran conciencia de

la defensa de la nación contra las intervenciones extranjeras siendo la prensa a

través de medios como el periódico el principal formador, educador de la

importancia de la unión y de los requerimientos de fuerzas armadas en los

tiempos de lucha.

En Sinaloa fueron muchos los actores que dominaron la política, primero los

clérigos tenían gran presencia, después los clanes familiares de fuerte raigambre

que maniobraron para la caída de los miembros del clero y en los periodos de

guerra civil una nueva clase política integrada por caudillos militares regionales

224

que entraron en serias disputas, trastocando la institucionalidad y se apoderaron

de los puestos públicos más importantes en Sinaloa.

Por otro lado, el uso y la utilización del discurso modernizador giró entorno a la

ciudadanía, la nación y la soberanía, preceptos procedentes de la ilustración

europea, que para el caso de nuestro país y del estado de Sinaloa, se

encontraron marcados cambios, en torno a los matices e interpretaciones que

alcanzan en las constituciones, fueron referentes de autoridad, representación y

derechos: En la etapa intervensionista, la soberanía significaba libertad de

gobernarse así mismo, derecho consuetudinario, que tienen las naciones para

conservar la independencia respecto a otros, y en la época de la república

restaurada, se pretende que el conocimiento de las leyes, la asimilación de los

hombres como ciudadanos permitiese los consensos y el restablecimiento del

orden democrático.

Los actores de la época: presidente, gobernadores, legisladores, pensadores,

articulistas de periódicos, sublevados, entendieron a estos conceptos en la

mayoría de los casos vistos en prensa, discursos oficiales, con una filosofía

liberal, venida de Europa, y respaldada en el desarrollo que alcanza el país

vecino, Estados Unidos.

Sin embargo, la ciudadanía y la soberanía no eran innovaciones de la etapa

reformista, porque estaban estipuladas desde la constitución de 1825, para el

caso del estado interno de Occidente, que comprendía a Sonora y Sinaloa

procedentes y ya planteadas en la Constitución de Cádiz en 1812. Tan así, que

uno de los requisitos fundamentales para obtener la ciudadanía como derecho,

era la vecindad, misma que antiguamente daba privilegios, y estatus sobre

personas sin oficio o extranjeros.

Los ayuntamientos desde su instauración fueron los encargados de establecer

las cargas concejiles a los vecinos, y proveer de tierras y pastos, derecho de

explotación predilecta para vecinos, y posteriormente, organizar las juntas

electorales donde los ciudadanos debían acudir a votar. De tal forma, que en este

225

sentido, el ayuntamiento practicaba de manera directa, el orden y la organización

para con los ciudadanos, en tiempos electorales y no electorales.

La soberanía nacional y la ciudadanía, se conjugaron y adquieron vigencia

durante la etapa intervencionista, en Sinaloa, porque según los partidarios del

sistema republicano mexicano, como así lo expresan, la soberanía del pueblo se

consolida con el respeto a la decisión del mismo para gobernarse, para elegir a

sus representantes. La soberanía de un pueblo, sostenían, emanaba de los

ciudadanos que otorgan su voto de confianza y también la facultad de que se

tomen las correctas decisiones en aras del bien común.

Más buena parte de la sociedad no gozaba, ni está integrada, en el carácter de

ciudadano que a solo algunos les permitía, decidir, representar o ser portavoces

de la llamada soberanía a través de la emisión del sufragio, otros simplemente

eran contados aunque con muchas imprecisiones, para aparentemente ser

considerados en esta forma de democracia, que era más excluyente que

incluyente, donde el voto universal parecía estar lejos de discutirse.

Lo que si es cierto, sus deberes eran más incluyentes, como la obligación de

alistarse a las filas militares, donde los vagabundos y personas sin oficio eran los

primeros en ser levantados por la leva, donde campesinos y padres de familia

tampoco se salvaron del reclutamiento en estos menesteres tan desagradables

para la mayoría. Y las autoridades, los militares, las familias ricas siguieron

gozando del poder que localmente ejercieron durante mucho tiempo,

manipulando preceptos legales, funcionarios del orden administrativo, fiscal o

judicial a sus propios intereses.

La misma soberanía adquirió acepciones distintas, cuando en la defensa de la

misma, los estados se organizan para cumplir con el gobierno nacional, la

exigencia de envío de tropas, y el movimiento de la mismas en diversas regiones

del país, requieren de la unión de gobernadores de estados, para el caso

nuestro, Sinaloa se une con Sonora, Durango, Chihuahua, a veces con Colima,

Jalisco, relativizando la soberanía de los estados para defender la de la nación,

por otra parte, los imperialistas a la vez se coordinaban y en muchos estados

226

surgieron simpatizantes de la intervención, mismos que, formaban sus propios

ejércitos y la soberanía era puesta en tela de juicio.

Por su parte, los historiadores, que escribieron durante la república restaurada y

en el porfiriato sobre Sinaloa, que expresaron su forma de entender la

ciudadanía, y la soberanía nacional estaban en busca de una historia común,

que permitiera integrar todas las posiciones políticas, para que la dispersión de

concepciones que generaron una serie de revueltas, no se herede a las nuevas

generaciones y que la formación patriótica de la nación permitiese integrar a los

sinaloenses en la historia, donde además, fuera reconocida la participación que

tuvieron en la defensa de la nación.

Las reacciones ante la implantación de las leyes de reforma chocaron con la

realidad mexicana que tenía fincada sus bases en un espacio donde la iglesia

poseía el poder espiritual y podía mover al pueblo para que lucharan en defensa

de sus privilegios consagrados.

Los antecedentes del establecimiento de un sistema liberal en nuestro país no

fueron propios de la segunda mitad del siglo XIX, porque se manifestaron en una

lucha constante poco después de la independencia. Centralistas y federalistas

fueron los actores de los enfrentamientos en el ámbito intelectual y en las

acciones armadas.

Durante estos encuentros se estuvieron sucediendo diversas administraciones;

en la de centralistas todo se determinaba desde el centro del república y la

segunda forma que había sido propuesta desde la constitución de 1824, donde

las llamadas provincias de la republica jugaron un importante papel para su

adopción, determinaron la conformación de una república con una serie de

órganos gubernamentales, y a la vez existiría y congreso donde cada uno de los

estados estaría representado en el Congreso General.

227

FUENTES DE ARCHIVO Y HEMEROGRAFICAS

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Secretaría de Gobierno.

• Índice del Archivo de la Secretaria de Gobierno

• Diario Oficial de la Federación

• Periódico Oficial del Estado

Archivo Histórico

Archivo Histórico de Mazatlán: Fondo Presidencia.

• Actas de Cabildo

• Fondo Presidencia Municipal.

• Periódicos: El Estado de Sitio, El trabajo, y El occidental.

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco

• Fondo reservado, colecciones especiales.

Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada

Periódicos: El Pacífico, y El Fénix.

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